Legislatura LIII - Año II - Período Extraordinario - Fecha 19870427 - Número de Diario 7
(L53A2P1eN007F19870427.xml)Núm. Diario:7ENCABEZADO
LIII LEGISLATURA
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de 2a. clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
AÑO II México, D.F., lunes 27 de abril de 1987 NÚM. 7
PERIODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
APERTURA
ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 73, 94, 97, 101, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
Proyecto de decreto que reforma los artículos mencionados.
DICTAMEN A DISCUSIÓN
ARTÍCULOS 27 Y 73 CONSTITUCIONALES
Proyecto de decreto que reforma y adiciona estos artículos. El C. Antonio Brambila Meda fundamenta el dictamen.
A discusión en lo general. Usan de la palabra los CC., para razonar su voto Gabriela Guerrero Oliveros, Manuel Terrazas Guerrero, Jaime Haro Rodríguez, Alejandro Gascón Mercado, María Esperanza Morelos Borja; por la comisión María Guadalupe Ponce Torres. Se aprueba en lo general.
A discusión en lo particular. Hablan los CC., para proponer una adición al artículo segundo Sergio Teodoro Meza López; por la comisión Blanca Esponda de Torres; para hechos, Jesús Galván Muñoz, Martín Tavira Urióstegui y Jaime Delgado Herrera. Se desecha la adición. Se aprueba el proyecto de decreto. Pasa a los congresos de los estados.
PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA
El C. Juan Manuel Lucia Escalera hace una proposición relacionada con los problemas actuales de la enseñanza en todos sus grados. Se turna a comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL C. ARNULFO J. VILLASEÑOR SAAVEDRA
(Asistencia de 302 ciudadanos diputados)
APERTURA
El C. Presidente (a las 11:05 horas): -Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El C. secretario Antonio Melgar Aranda:
«Cámara de Diputados.
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso de la LIII Legislatura.
Orden del día
27 de abril de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen de Primera Lectura
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Ecología, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 27 y adiciona una fracción XXXIX-G al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El mismo C. Secretario:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso de la Unión, efectuada el día veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y siete.
Presidencia del C. Arnulfo J. Villaseñor Saavedra
En la ciudad de México, a las once horas y cinco minutos del sábado veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y siete, la presidencia declara abierta la sesión una vez que la Secretaría manifiesta una asistencia de doscientos setenta y cinco ciudadanos diputados.
Lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior verificada el día de ayer, misma que sin discusión se aprueba.
Se da cuenta con los asuntos en cartera:
Dictamen con proyecto de decreto suscrito por la Comisión de Ecología, que reforma el tercer párrafo del artículo 27 y adiciona una fracción XXIX-G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, la Asamblea en votación económica, le dispensa la lectura. Queda de primera lectura.
La Comisión de Salubridad y Asistencia emite un dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Salud.
Por las mismas razones del caso anterior, la Asamblea dispensa el trámite de segunda lectura al dictamen.
El C. Manuel Germán Parra Prado aborda la tribuna para fundamentar el dictamen.
A discusión en lo general el proyecto de decreto.
Usan de la palabra, para razonar su voto los CC. Carlos Barrera Auld, Nabor Camacho Nava, Hildebrando Gaytán Márquez, Rosalía Peredo Aguilar, José Ángel Aguirre Romero, José Camilo Valenzuela, por la Comisión el C. José Berber Sánchez, para hechos los CC. Nabor Camacho Nava y José Berber Sánchez.
Suficientemente discutido en lo general, en votación nominal se aprueba este sentido, con los artículos no reservados para su discusión, por doscientos sesenta y cinco votos en pro y diez abstenciones.
A discusión en lo particular el proyecto de decreto.
Hacen uso de la palabra, para proponer modificaciones a los artículos 67 y 308 el C. Magdaleno Yáñez Hernández; para proponer modificaciones a los artículos 67, 308 y 325 el C. Eraclio Zepeda Ramos; para proponer modificaciones a los artículos 134, 235, 247, 351, 187, 194, 260 y la adición de un artículo 3o. Bis el C. Genaro José Piñeiro López; por la Comisión Dictaminadora el C. Darío Maldonado Casiano; para hechos el C. Genaro José Piñeiro López; para insistir en sus argumentos el C. Eraclio Zepeda Ramos; para una modificación el artículo Cuarto Transitorio el C. Jaime Delgado Herra; para proponer modificaciones a los artículos 67 y 332 la C. Cecilia Romero Castillo; por la Comisión el C. Bulmaro Andrés Pacheco Moreno.
Presidencia de la C. Guadalupe López Bretón
Continúan, para proponer modificaciones al artículo 325 el C. Juan Alcocer Bernal, para proponer modificaciones a los artículos 67, 194 y 332 la C. Rosalía Peredo Aguilar; por la Comisión el C. Federico Granja Ricalde.
Presidencia del C. Arnulfo J. Villaseñor Saavedra
En votaciones económicas sucesivas, la Asamblea no admite las proposiciones presentadas por las diversas fracciones parlamentarias; que en seguida se expresan:
Artículos, 3o. Bis del PST. 67 del PDM. 67 del PSUM. 67 del PAN. 67 del PRT. 134 del PST. 187 del PST. 235 del PST. 194 del PRT. 235 del PST. 332 del PRT. 247 del PST. 260 del PST. 308 del PSUM. 308 del PDM. 325 del PSUM. 325 del PAN. 332 del PAN. 351 del PST. y Cuarto Transitorio del PAN, y en consecuencia se dan por desechados.
Suficientemente discutidos los artículos 67, 134, 187, 194, 235, 247, 260, 308, 325, 332, 351 y Cuarto Transitorio, en votación nominal se aprueban en sus términos en la siguiente forma:
El artículo 67 por doscientos treinta y nueve votos en pro y treinta y uno en contra.
Los Artículos 134, 187, 194, 235, 247 y 260 por doscientos cincuenta y siete votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones.
El artículo 308 por doscientos cincuenta y siete votos en pro y trece en contra.
El artículo 325 por doscientos sesenta y un votos a favor y nueve en contra.
El artículo 332 por doscientos cuarenta y ocho votos en pro, trece en contra y nueve abstenciones.
Los artículos 351 y Cuarto Transitorio por doscientos cincuenta y nueve votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El C. Eraclio Zepeda Ramos, en los términos del artículo 124 del Reglamento propone, a nombre del PPS, PRT, PAN, PMT, PDM, PARM, PST y PSUM, una adición al artículo 67 del proyecto de decreto que acaba de aprobarse.
Previa lectura del artículo 125 del Reglamento, la Asamblea no admite la adición y por tanto se desecha.
Por su parte, el C. Efraín Calvo Zarco da lectura a un escrito de la Asociación Civil de Colonos e Inquilinos Democráticos de San Miguel Amantla, de Azcapotzalco, en el que dan a conocer la lucha que vienen sosteniendo por más de 18 años, para obtener la regularización y tenencia de la tierra en su Colonia.
A nombre del PMT, del Psum y del PRT, solicita que este asunto se turne a la Comisión, de Información Gestoría y Quejas.
La presidencia, como lo solicitan, turna la denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
A su vez el C. Jesús González Schmal, se refiere a los problemas de los campesinos productores de algodón de la Comarca Lagunera, por la comercialización de sus productos, y propone que una comisión de esta Cámara requiera del Banco de Crédito Rural Centro Norte, S.A., información sobre el monto que ese banco celebró a futuros y el precio por quintal convenido con ellos. El precio por quintal en el mercado en el momento que entregaron la fibra y las razones que motivan que el banco celebre en condiciones desventajosas para los campesinos productores, tales operaciones a futuro.
Para oponerse a la proposición interviene el C. Salvador Robles Quintero, quien propone que se espere a la gestión y buenos oficios que, como presidente de la Comisión de Agricultura y como Coordinador de los diputados del Sector Campesino realizarán en la semana próxima, para informar el resultado de las gestiones a los ciudadanos diputados que formularon la denuncia.
Para hechos y expresar que retiran el punto de acuerdo propuesto y que esperarán a la reunión del lunes a que ha convocado el C. Robles Quintero, interviene el C. Ricardo Francisco García Cervantes.
Agotados los asuntos en cartera se da lectura al orden del día de la sesión próxima.
A las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el lunes veintisiete de los corrientes, a las diez horas.»
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobada, señor presidente.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 73, 94, 97, 101, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN
«Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia fue turnada para su análisis y dictaminación la minuta de proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo de conformidad con el artículo 71 de nuestro Código Político, adiciona una fracción XXIX-H al artículo 73, una fracción I-B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107, reforma el artículo 94, el artículo 97 en su primero y segundo párrafo, el artículo 101, el artículo 107 en el inciso a) de su fracción III, el primer párrafo e inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI; y deroga los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104, así como el segundo párrafo de la fracción IX del artículo
Esta iniciativa que habrá de analizar el Constituyente permanente es parte fundamental de la Reforma Judicial, que dentro del esfuerzo por el mejoramiento de la administración de la Justicia han venido realizando los Poderes de la Unión en base a los requerimientos y aspiraciones de la población recogidas a través de las consultas nacionales efectuadas en la materia.
Tal como lo señala la Honorable Colegisladora el propósito fundamental de la iniciativa que nos ocupa es el de redefinir competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales Colegiados de Circuito.
Según acontece hasta ahora la distribución de competencia entre la Suprema Corte de
Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito se basa en la cuantía del negocio, la naturaleza de la pena o en caracteres particulares de los asuntos judiciales.
Sin embargo la asignación de competencias de acuerdo a este esquema no responde cabalmente a una integra y justa administración de Justicia, además de que ocasiona un cúmulo excesivo de asuntos que provocan un importante rezago en nuestro Tribunal Supremo.
Por ello la presente iniciativa asigna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la trascendental función de máximo intérprete de la Constitución que le permite ejercer el tutelaje de la Constitucionalidad, según debe corresponder al Tribunal Supremo de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte los Tribunales Colegiados de Circuito, codepositarios del Poder Judicial Federal serán los encargados de ejercer el control de la legalidad lo cual garantizará no sólo la descentralización y la cercanía de la justicia al pueblo al que se le imparte debido a la amplia distribución de estos tribunales en el Territorio Nacional, sino también a la verticalidad de sus tareas, encargadas a juzgadores de probada carrera judicial.
Después del estudio de la Minuta la Comisión de Justicia emite opinión totalmente favorable a la reforma y adición propuesta por el Senado, ya que estima que dicha reforma fortalece al Poder Judicial Federal; suprime el criterio cuantitativo en materia de competencia, para sustituirlo por un criterio cualitativo, que estimamos más congruente, más justo y más jurídico; coloca a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el más alto sitial en materia de justicia; le otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito, tareas y responsabilidades, que sin duda repercutirán en beneficio de la pronta y expedita administración de justicia, que es uno de los elementos esenciales con los que debe de contar una democracia como la nuestra; y al dejarse a los Tribunales Colegiados de Circuito la resolución de los problemas de legalidad, indudablemente que el rezago acumulado en los últimos años desaparecerá, o llegará a su mínima expresión.
Por lo que respecta al artículo 73 fracción XXIX-H de la minuta que nos ocupa debemos decir que esta adición no crea una atribución más en favor del H. Congreso de la Unión, sino que depura técnicamente nuestra Ley Fundamental. La existencia posible de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ya estaba contenida en el artículo 104, por lo que la iniciativa sólo cambia de numeral la existencia y funcionamiento de dichos Tribunales, para que en lo sucesivo formen parte del artículo 73 y, en consecuencia, el Congreso de la Unión en su caso y en su momento expida la ley correspondiente.
En cuanto a la adición al artículo 104, en este precepto de proyecto se suprime lo referente a la creación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ya que esa disposición, conforme a la propia iniciativa pasa a formar parte del artículo 73.
Por lo que se refiere a la fracción I-B del artículo 104 se conserva la atribución en favor de los Tribunales de la Federación para conocer de las revisiones que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, pero dándole congruencia y armonía a esa revisión, ya que por tratarse de problemas de legalidad, su conocimiento será competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Por lo que se refiere a la adición del artículo 107 fracción V a que alude la citada minuta podemos manifestar que como se ha dicho con anterioridad, la esencia de las reformas consiste en darle a la H. Suprema Corte de Justicia la máxima rectoría en materia de administración de justicia, para que dentro de su ámbito de competencia emita los criterios de interpretación y aplicación de la Constitución, que posteriormente sirvan de guía a todos los tribunales de autoridades del país.
Hay ocasiones en las que determinados asuntos que se plantean ante los Tribunales de la Federación resultan de tal importancia y trascendencia, que en el fallo que se pronuncie en ese juicio, pueden quedar involucrados o derivadas consecuencias que atañen al Estado Mexicano, por lo que el conocimiento de esos asuntos en muchas ocasiones es conveniente que sea del conocimiento de la H. Suprema Corte de Justicia como máximo tribunal dentro del Estado Mexicano.
En la iniciativa se conserva la competencia en favor de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de esos juicios importantes y trascendentes, conservándose asimismo la facultad de nuestro más alto Tribunal para decidir oficiosamente o bien a petición de los H. H. Tribunales Colegiados de Circuito si, conforme a su juicio, ese asunto efectivamente reviste importancia y trascendencia que amerite que sea nuestro más alto Tribunal el que lo resuelva.
La innovación que se da en el proyecto de reforma, consiste en que al C. Procurador General de la República, se le otorgan constitucionalmente facultades para pedir que un asunto por considerar que es trascendente, deba ser resuelto por la H. Suprema Corte de Justicia.
Esta reforma y, en consecuencia, faculta al C. Procurador General de la República, nos parece muy importante y además congruente con el texto del artículo 102 de la propia Constitución, ya que el Procurador General de la República además de ser el
consejero jurídico del gobierno cuenta con atribuciones para intervenir en los principales negocios en los que la Federación está interesada y, desde luego, que dicho alto funcionario por imperativo y en congruencia con sus atribuciones, puede solicitar que un negocio sea resuelto por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que al estar en contacto permanente con los grandes problemas jurídicos, políticos y de seguridad en el país, cuenta con la sensibilidad y el conocimiento de causa que le indiquen que un determinado negocio puede repercutir más allá de los intereses de particulares, para incidir en el ámbito de conocimiento o de interés de la Federación.
La reforma al artículo 94, aparte de depurar técnica y legislativamente el precepto, lo importante es que a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo Tribunal del país, responsable de la buena marcha de la justicia, se le otorgan facultades para que conforme a las necesidades del país se vayan creando Tribunales de Circuito, con la competencia por territorio y por especialidad, que sean necesarias, conforme a la dinámica del país. Con esto se evita la rigidez con que hasta la fecha han funcionado los circuitos jurisdiccionales, para sustituir esa rigidez por la dinámica que necesita un país en pleno desarrollo, como el nuestro.
Por lo que se refiere a la reforma del artículo 97, el aspecto sustantivo de la reforma consiste en que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito en lugar de que sean ratificados a los cuatro años, como se establece, en el precepto vigente, se propone que su ratificación sea a los seis años, a partir de lo cuales, en caso de ser ratificados adquieren su inamovilidad.
También la experiencia ha indicado que los cuatro años que están previstos actualmente, en muchos casos resultan insuficientes para valorar la verdadera capacidad y vocación de un Juez o Magistrado de circuito, por lo que al aumentar el término de la valoración y, en su caso ratificación, redundará indudablemente en el fortalecimiento del elemento humano con que se forma el Poder Judicial Federal.
Muy loable resulta la reforma al artículo 101 en el sentido de que a los altos funcionarios del Poder Judicial Federal se les permita desarrollar labores docentes, en beneficio de nuestras instituciones educacionales y para que los estudiantes se nutran con los conocimientos y experiencia de esos dignos maestros pertenecientes al Poder Judicial Federal. Hasta ahora este precepto se había prestado a diversas interpretaciones que limitaban la vida docente del personal que integra el Poder Judicial Federal, con la reforma se da claridad a este precepto y la limitación sólo consiste en que los cargos no sean remunerados, precisamente para conservar en alto la dignidad, moral e independencia del Poder Judicial Federal.
Y por último por lo que respecta a la reforma al artículo 107 en la fracción III y fracción V, se adiciona el término "Resoluciones que pongan fin al juicio", con esta reforma se introduce un nuevo caso de procedencia del Juicio de Amparo Directo, ya que hasta la fecha éste sólo procedía contra sentencias definitivas o laudos definitivos, pero no contra resoluciones definitivas, por lo que actualmente para hablar de amparo directo es necesario que previamente haya una sentencia o un laudo definitivos, sin embargo, en muchas ocasiones en los juicios que se siguen ante Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, se dictan resoluciones que tienen el mismo efecto de una sentencia definitiva, es decir, resuelven el juicio sin posibilidad posterior de remedio alguno.
Con la reforma se quiere que resoluciones de una misma naturaleza cuenten con el mismo procedimiento de defensa y con eso hacer menos técnico el juicio de amparo, en beneficio de quienes acuden a interponer sus demandas de amparo ante los Tribunales de la Federación.
Por lo señalado anteriormente la Comisión de Justicia considera procedentes las reformas y adiciones materia de la presente iniciativa, las cuales con seguridad repercutirán en forma importante en una mejor administración de Justicia. Por ello y con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que adiciona una fracción XXIX - H al artículo 73, una fracción I - B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107; que reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107; y que deroga los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 y el segundo párrafo de la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se adicionan la fracción XXIX - H al artículo 73, la fracción I - B al artículo 104 y un párrafo final a la fracción V del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I, a XXIX - F. .................................................................
. XXIX - H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso -administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
XXX. .........................................................................
" "Artículo 104. ..............................................................
. I. ...........................................................................
. I - B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso - administrativo a que se refiere la fracción XXIX - H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales coligados de circuito no procederá juicio o recurso alguno;
II. a VI. ....................................................................
" "Artículo 107. ..............................................................
. I a V. .......................................................................
. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por sus características especiales así lo ameriten.
VI. A XVIII. .................................................................
" Artículo segundo. Se reforma el artículo 94, los párrafos primero y segundo del artículo 97, el artículo 101, el inciso a) de la fracción III, el primer párrafo y el inciso b) de la fracción V y las fracciones VI, VIII y XI del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de veintiún ministros numerarios, y funcionará en Pleno o en Salas. Se podrán nombrar hasta cinco ministros supernumerarios.
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito y las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
El Pleno de la Suprema Corte determinará el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito.
El propio tribunal en Pleno estará facultado para emitir acuerdos generales a fin de lograr mediante una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competan conocer a la Suprema Corte de Justicia, la mayor prontitud en su derecho.
La Ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.
La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del título cuarto de esta Constitución."
"Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán satisfacer los requisitos que exija la ley y durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren reelectos o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de
circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal; algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.
............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... .............................................................................."
"Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficiencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."
"Artículo 107. ..............................................................
. I. y II. .....................................................................
. III. .........................................................................
. a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del Estado Civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
b) y c). .....................................................................
. IV. ..........................................................................
. V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
a). ..........................................................................
. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;
c). ..........................................................................
. d). ........................................................................... ...............................................................................
VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;
VII. .........................................................................
. VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito, procede revisión. De ella concederá la Suprema Corte de Justicia:
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.
La Suprema Corte de Justicia, de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por sus características especiales así lo ameriten.
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;
IX. y X. .....................................................................
. XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito, y la propia autoridad responsable decidirá al respecto; en todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio
Público, y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los juzgados de distrito.
XII. a XVIII. ................................................................
" Artículo tercero. Se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 1988, previa su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 25 de abril de 1987.
Diputados: David Jiménez González, presidente; Eliseo Rangel Gaspar, secretario; Juan Antonio Araujo Urcelay, Oscar Aguirre López, Santiago Camarena Flores, Rolando Castillo Mota, Germán Corona del Rosal, Joaquín Contreras Cantú, Juan Manuel Cruz Acevedo, Federico Fernández Fariña, Ricardo Francisco García Cervantes, Francisco Hernández Juárez, Miguel A. Herrerías Alvarado, Gabriel Jiménez Remus, Rosario Ibarra de Piedra, Néstor Luna Hernández, Elvia Lugo de Vera, Gloria Mendiola Ochoa, Gregorio Macías Rodríguez, Melquiades Morales Flores, Antonio Monsiváis Ramírez, Santiago Oñate Laborde, Aurora Munguía Archundia, Genaro José Piñeiro López, Laura Pavón Jaramillo, Yrene Ramos Dávila, Samuel Quiroz de la Vega, Cirilo Rincón Aguilar, Ricardo Regalado Hernández, José Rubén Robles Catalán, Gustavo Robles González, Macario Rosas Zaragoza, José Salinas Navarro, Luis Sánchez González, Renán Solís Avilés, Teófilo Torres Corzo, Gerardo Unzueta Lorenzana, Roberto Valdespino Castillo, Juan Carlos Velasco Pérez, Héctor Yunes Landa, Humberto Zavala Peña.»
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los ciudadanos diputados, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El C. secretario Eliseo Rodríguez Ramírez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen. Es de primera lectura
DICTAMEN A DISCUSIÓN
ARTÍCULO 27 Y 73 CONSTITUCIONALES
«Comisión de Ecología.
Honorable asamblea:
A la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que remite la H. Cámara de Senadores, relativa a la iniciativa que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, somete a la consideración del Constituyente Permanente, para reformar el tercer párrafo del artículo 27 y adicionar una fracción XXIX - H al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta iniciativa fue aprobada por nuestra colegisladora, en mérito a considerar procedente la reforma y adición propuestas, toda vez que a su juicio constituye una acción de integración normativa congruente y necesaria.
Esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente, revisó los ordenamientos expuestos en la iniciativa del Ejecutivo Federal, así como el texto minuta del Senado, y después de haber sido discutido a satisfacción por sus integrantes, formularon el presente dictamen con apoyo en las siguientes
CONSIDERACIONES
Es propósito de la iniciativa que nos ocupa, establecer constitucionalmente las bases para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como las atribuciones que requieren las diferentes instancias de gobierno para proteger el ambiente y los ecosistemas, con lo cual el Ejecutivo Federal participa y da respuesta a una de las demandas prioritarias de la sociedad mexicana, pues en la actualidad, la gravedad de los problemas derivados de las transformaciones ambientales, afectan al bienestar y a la calidad de la vida, tanto por la reducción de nuestra riqueza natural, como por los efectos nocivos en la salud, que limitan y condicionan el desarrollo armónico de las potencialidades del ser humano.
Sin embargo, como se precisa en el documento que se dictamina, las acciones institucionales frente al problema ecológico del país, no deben restringirse exclusivamente a contrarrestar sus efectos sobre el bienestar y la salud de la población, sino que deben ampliarse para incidir en sus causas y la cadena de actividades que lo originan, pues sólo reconociendo éstas, se pueden resolver problemas y sobre todo, prevenir y anticipar desequilibrios de la magnitud de los que hoy tenemos.
Por ello es necesario reconocer que los problemas ecológicos requieren, ante todo, conciencia
nacional; la responsabilidad en esta materia es tan amplia y compleja que le corresponde a toda la colectividad; al gobierno, desde luego, pero también a todos y cada uno de los mexicanos: sí todos los sectores sociales somos responsables del deterioro, remediarlo obliga a la participación madura, responsable y comprometida de la sociedad y el Estado que nos representa.
El reto en los actuales momentos es enorme, dado que debemos corregir los vicios que hemos acumulado en nuestro proceso de desarrollo y en nuestro comportamiento social.
Estamos conscientes de que la contaminación y la depredación ecológica son el efecto de décadas de olvido, de ignorancia o descuido sobre nuestro medio ambiente; así, hoy padecemos las severas consecuencias.
En este sentido resulta inaplazable que todos los mexicanos adquiramos una mayor conciencia ecológica sustentada en información objetiva, seria y responsable, la cual constituye un estímulo adicional a la participación social.
Las condiciones ambientales y ecológicas del país nos obligan a reaccionar con energía ante un problema que no sabe de fronteras, nacionalidades ni tendencias políticas, y a considerar como un todo inseparable al hombre y su entorno.
En nuestro país la relación entre sociedad y entorno se ha caracterizado por una docotomía entre crecimiento y económico y conservación de la naturaleza, con predominio del primero.
Es evidente que el crecimiento urbano, industrial y la modernización del campo, seguirán su curso. Por esta razón, la planeación del desarrollo y la gestión ambiental deberán estar en estrecha relación permitiendo que el desarrollo se finque en el manejo adecuado de los recursos naturales y en un orden territorial.
Como se establece en la exposición de motivos de la iniciativa, es justamente en estos momentos, en los que se están definiendo cambios en la economía, las instituciones y la sociedad, cuando sabemos incorporar con claridad los criterios ecológicos a nuestras prioridades de desarrollo.
La contaminación y los desequilibrios ecológicos constituyen una de las más importantes preocupaciones de la sociedad mexicana. El crecimiento de la población y de los asentamientos humanos, los impactos ecológicos del propio proceso de industrialización, el uso desordenado de los recursos y la concepción de que estos son ilimitados, han traído consigo procesos que amenazan la base material que sustenta nuestro desarrollo y limitan las posibilidades de atender las necesidades sociales más apremiantes.
De ahí que nos parezca impostergable fortalecer y ampliar las acciones para encontrar un nuevo equilibrio - más racional - entre desarrollo y ecología, y a la vez, actualizar el marco jurídico vigente, incorporando a la legislación lo que la práctica va mostrando como el camino para resolver los problemas ecológicos.
La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, las reformas a la legislación, la participación cada vez más activa y organizada de la sociedad y las numerosas acciones que ha puesto en marcha el Gobierno Federal en los últimos años, han permitido lograr avances importantes. La acción ha permitido aclarar la complejidad del problema, cada nueva decisión ha mostrado que recuperar el equilibrio será costoso y que sólo con el acuerdo y la corresponsabilidad de la sociedad se podrá tener éxito, cada caso ha manifestado que la acción concurrente de Federación, Estado y municipio es indispensable. Una legislación integral y moderna es hoy condición de eficacia, la reforma nos parece en este sentido no sólo necesaria, sino indispensable; no sólo es una posible alternativa, es exigencia de la sociedad y convicción del legislador.
Los miembros de la comisión, estamos persuadidos de la necesidad de incorporar los criterios ecológicos en una Constitución, fundamentalmente por dos consideraciones: por la importancia que revisten para el desarrollo del país a la luz de los desequilibrios existentes, y porque se daría lugar a la actualización del marco jurídico vigente que presenta diversas limitaciones frente a nuevos retos y nuevas realidades. Consideramos que la iniciativa enviada por el Ejecutivo, favorablemente dictaminada por la H. Cámara de Senadores, satisface plenamente este propósito.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 27 constitucional nos parece de la mayor importancia hacer énfasis en el doble contenido que la fundamenta: por un lado, actualiza lo que el propio constituyente previó en 1917 en relación al aprovechamiento social y a la conservación de los recursos naturales, y por otro, eleva a rango constitucional una de las principales preocupaciones de la sociedad, sentando las bases para una legislación integral en la materia.
Fue preocupación fundamental del constituyente de 1917 recuperar el dominio de la nación sobre los recursos naturales, en especial aquellos de mayor importancia para el desarrollo del país. En ese entonces, los recursos sólo podían perderse para la nación si los extranjeros tuviesen el dominio sobre ellos, ahora los podemos perder también por un desarrollo que no considere sus efectos en el equilibrio ecológico.
Por otra parte, el constituyente concebía los recursos como la riqueza pública, es decir, aquella que haría posible mediante su aprovechamiento, un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales. Sabemos ahora, que si no cuidamos los recursos como el agua y el aire, los bosques y el suelo, reducimos la riqueza nacional, y en esa medida, limitamos las posibilidades de mejores condiciones de vida. La reforma responde al espíritu original del artículo 27 constitucional.
La iniciativa presenta una concepción integral de la problemática ecológica que define las orientaciones para actualizar el marco jurídico vigente en la materia. Se establece el concepto de equilibrio ecológico que incluye principalmente la regulación de las actividades productivas; los asentamientos humanos, tanto en lo que se refiere al ordenamiento en el territorio como a su relación con los recursos naturales y su entorno; el aprovechamiento racional de los recursos naturales; la protección de los elementos que constituyen el ecosistema y de la relación que guardan entre sí, así como el impacto ecológico de las obras tanto públicas como aquellas de los sectores social y privado. Con ello se podrá contar con un marco legislativo general, que considere todos los procesos que inciden en los ecosistemas desde una perspectiva integral, y será posible adecuar, progresivamente, los ordenamientos específicos que hasta ahora regulan la materia.
No pasamos por alto que preservar y restaurar el equilibrio ecológico tiene un costo, pero permitir mayores desequilibrios significaría debilitar al país, limitar irreparablemente nuestro desarrollo y deteriorar crecientemente las condiciones de vida de la población. El costo que habremos de pagar ahora será en beneficio de las presentes y venideras generaciones.
La adición de la fracción XXIX - G al artículo 73, define con claridad el propósito descentralizador de la iniciativa.
Tal como lo considera el Senado, creemos que la aplicación del principio general de competencias excluyentes no parece adecuado para un problema tan complejo como el referente al equilibrio ecológico, pues habiendo fenómenos de carácter general que serán competencia de la Federación, existen otros que, al afectar sólo a un Estado o a un municipio, deberán ser atendidos por ellos mismos.
De ahí que la concurrencia aparezca como una solución adecuada para poder atender en los distintos ámbitos de competencia, desde el municipal hasta el federal, lo relativo a la protección del ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
A nuestro juicio, no cabe duda que los estados y los municipios, deben participar crecientemente en la política ecológica.
Con esta adición será posible iniciar el progresivo perfeccionamiento del marco jurídico que ahora reserva la legislación y la acción en materia de ecología de la Federación. Con ello, los estados podrán actuar directamente contra aquellos desequilibrios ecológicos que más preocupan a la comunidad y proteger el ambiente en su territorio.
El efecto de la concurrencia será el fortalecimiento de las acciones en todo el país, la creación de nuevos y más directos mecanismos de acción ecológica y la generación de nuevas oportunidades para la concertación con la sociedad.
Por otra parte, la iniciativa del Ejecutivo Federal asignara el numeral XXIX - H a la fracción cuya adición propuso al artículo 73 constitucional, sin embargo, el H. Senado de la República, conforme al dictamen de las comisiones respectivas, acordó que, sin modificar el texto de la fracción propuesta, se le asignara el numeral XXIX - G, toda vez que el texto vigente del propio artículo 73 en sus fracciones vigésimo novena termine con la XXIX - F, modificación que esta comisión considera correcta.
La iniciativa establece en un artículo transitorio único, que la vigencia de la reforma se iniciará el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta iniciación de vigencia parece adecuada a esta comisión.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 Y ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX - G AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo primero. Se reforma el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27................................................................
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con una fracción XXIX - G, para quedar como sigue
: Artículo 73. ................................................................
. I a XXIX - F. ..................................................................
. XXIX - G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
XXX. .........................................................................
. TRANSITORIO
Artículo único. La presente reforma y adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 24 de abril de 1987. Comisión de Ecología
Presidente, diputado Antonio Brambila Meda; secretaria, diputada Guadalupe Ponce Torres; diputados: Héctor Aguirre Barragán, Maclovio Bedoya Rico, Constancio Hernández Allende, Aureliano Caballero González, Nabor Camacho Nava, Daniel Castaño de la Fuente, Francisco Contreras C., Jorge Díaz de León, Franz Espejel Muñoz, Beatriz Gallardo Macías, Ma. de la L. Gama Santillán, Rafael García Anaya, Adrián González García, Gabriela Guerrero Oliveros, Sebastián Guzmán Cabrera, Victor H. Islas Hernández, Eduardo Lecanda Lujambio, Oscar Llergo Heredia, Dario Maldonado Casiano, Alberto Mercado Araiza, Javier Michel Díaz, Francisco Morales Aceves, Esperanza Morelos Borja, Luis Najera Olvera, Gilberto Nieves Jenkin, Homero Pedrero Priego, Alberto Rabago Camacho, Mauro Rodríguez Cruz, Emérico Rodríguez García, Leonel Rojas Medina, Joel Rosas Torres, Alma Salas Montiel, Jorge Salceda Vargas, Jose Salinas Navarro, Manuel Terrazas Guerrero, Fernando Ulibarri Pérez, Leonel Villalobos Chávez, Héctor Yunes Landa, Eraclio Zepeda Ramos.»
El C. Presidente: -En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.
La C. secretaria diputada Alma Salas Montiel: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura.
El C. presidente: -Obra en poder de esta presidencia el escrito de varios diputados que solicitan se expliquen los fundamentos del dictamen; por tal motivo, tiene la palabra el diputado Antonio Brambila Meda por la Comisión.
El C. diputado Antonio Brambila Meda: -Señor Presidente; honorable asamblea:
A nombre de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, hacemos uso de esta tribuna para fundamentar el dictamen proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27 y 73 de nuestra Carta Magna.
Se plantean dos modificaciones a la ley fundamental muy concretas:
Por una parte se destaca el interés de la nación de preservar y restaurar el equilibrio ecológico; éste es el contenido de la reforma al párrafo tercero del artículo 27.
Por otro lado, se otorgan las facultades necesarias a los órganos del gobierno para que cumplan con ese cometido; en tal sentido se adiciona una fracción XXIX - G al artículo 73,
en la cual se precisa textualmente que se otorga al Congreso la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
A efecto de dictaminar sobre el particular, la comisión llevó a cabo diversas sesiones de trabajo en las que participaron, además de sus integrantes, representantes de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara, así como funcionarios del Ejecutivo responsables en la materia. En ellas se manifestó un criterio generalizado: el de la necesidad impostergable de proteger el ambiente y de preservar o restaurar el equilibrio ecológico.
Queremos reconoces ampliamente a los compañeros participantes, el favorable clima de trabajo por todos impuesto, así como la opinión coincidente con la filosofía y el propósito de la iniciativa.
Las reformas que el día de hoy se someten a la aprobación de la honorable asamblea, responden a una de las demandas populares más insistentes y prioritarias, y su punto de partida es el reconocimiento de los graves problemas derivados de las transformaciones ambientales que afectan al bienestar y a la calidad de la vida, tanto por la reducción de nuestra riqueza natural como por los efectos nocivos en la salud, los cuales limitan y condicionan el desarrollo armónico de las potencialidades del ser humano.
Por ello se considera necesaria la acción paralela y complementaría de la sociedad y de los tres niveles de gobierno, pues la labor no debe limitarse únicamente a contrarrestar las negativas consecuencias sobre el bienestar y la salud de la población; ésta debe ampliarse para atacar los factores que las originan, pues sólo así se pueden resolver los problemas, y sobre todo, se pueden prevenir y conjugar virtuales desequilibrios de la magnitud de los que hoy padecemos.
Las actuales condiciones ecológicas nos obligan a reaccionar enérgicamente ante un problema cuya dimensión rebasa, tanto los esquemas tradicionales de acción, como las fronteras geográficas o ideológicas, y crean la necesidad de abordarlo con nuevos enfoques; de considerar como un todo innescindible al hombre y su entorno.
Esta es la razón por la cual debemos fortalecer, ampliar y profundizar las medidas que se requieran para lograr un equilibrio más racional entre el desarrollo y la ecología. En este sentido, tenemos la responsabilidad de actualizar el marco jurídico vigente, incorporando a la legislación aquello que la experiencia nos enseña como el camino idóneo para corregir los cada vez mayores desequilibrios ecológicos.
El Constituyente de Querétaro en 1917, no precisó, con los conceptos que hoy día utilizamos, la disposición de proteger el ambiente y los ecosistemas. Era natural, pero además los requerimientos de la época fueron otros; por ejemplo, se necesitaba poblar el país que apenas tenía alrededor de quince millones de habitantes; industrializarlo; urbanizarlo; educar a la población; proporcionando servicios de salud, alimentación, comunicaciones, etcétera.
Sin embargo, el propio Constituyente, en el artículo 27 de nuestra ley de leyes, estableció que "la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación."
Resulta claro el propósito del constituyente, aún ante problemas como el que hoy nos ocupa, de dimensiones insospechadas para aquella época. La reforma propuesta para preservar y restaurar el equilibrio ecológico corresponde integralmente al propósito inicial de la Constitución de 1917, pues ésta ordena regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y en forma subrayada para cuidar de su conservación.
Ahora bien, ¿a quién corresponde la responsabilidad de cumplir con tan delicada y compleja encomienda?
La adición al artículo 73 en su fracción XXIX - G nos da la respuesta. El Congreso de la Unión queda facultado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Esto es así porque la magnitud del problema y la heterogeneidad de los campos de acción involucrados, requieren no solo la confluencia de las diferentes dependencias del Gobierno Federal, sino la coparticipación o la concurrencia de los gobiernos de los estados y de los municipios, y también de todos y cada uno de los mexicanos. Debemos acreditarlo: la acción cada vez más decidida y organizada de la sociedad hace posible estas reformas, y en le futuro inmediato, así lo esperamos, propiciará la ejecución de una política ecológica más eficaz, al disponer de un marco jurídico actualizado, coherente y viable.
El efecto de la concurrencia será el fortalecimiento de las acciones en todo el país, la creación de nuevos y más adecuados mecanismos de participación, y la generación de mejores oportunidades para la concertación. con las diferentes comunidades, de tareas específicas en relación a los requerimientos de la propia sociedad.
De no haberse planteado, en el proyecto de decreto que nos ocupa, la necesaria concurrencia de la Federación los Estados y los Municipios en la responsabilidad ecológica - ambiental, problemas tales como el vertimiento de desechos industriales en los ríos cuyas aguas atraviesan varias entidades federativas; el uso no controlado o indiscriminado de productos químicos en la industria o en las actividades agropecuarias; la disposición anárquica e insalubre de basura; la prevención y el control de las enfermedades en la flora y en la fauna; y la protección de la salud pública por citar algunos ejemplos, se complicaría o sería sumamente difícil identificar a las autoridades encargadas de darle solución.
En el diseño de las normas respectivas, y mediante la coordinación que dispongan las leyes secundarias, los tres niveles de gobierno, bajo el principio de la concurrencia, estarán en condiciones de actuar en una misma dirección, en forma articulada y coherente con unidad de criterios técnicos y sociales, para resolver eficazmente los problemas en este campo. Esto significa que la política ecológica será responsabilidad tanto de la federación como de estados y municipios.
La iniciativa de reformas, estamos convencidos de ello, no sólo mantiene y enriquece el espíritu federalista de la Constitución General de la República; no sólo es el eco de una justa demanda popular; también responde al viejo criterio, siempre actual, sustentado por el Constituyente de 1857: adaptar la Constitución a nuestras siempre cambiantes necesidades populares.
Compañeras y compañeros diputados:
Pedimos su aprobación a esta propuesta, persuadidos de su bondad, de su necesidad, y sobre todo, de las potencialidades implícitas y explícitas para ampliar la participación de la sociedad.
Pronto conoceremos la iniciativa de ley reglamentaria de esta materia, ella habrá de responder al espíritu de estas reformas que son, en esencia, los deseos y reclamos del pueblo mexicano. Muchas gracias."
El C. presidente: - Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores
Esta presidencia tiene registrados hasta este momento: a la C. diputada Gabriela Guerrero de PPS, al diputado Manuel Terrazas del PSUM, el diputado Gascón Mercado, la diputada Esperanza Morelos del PAN y la diputada Guadalupe Ponce Torres por parte del PRI. ¿No queda ningún orador pendiente de ser registrado? Y del PDM Jaime Haro.
Quedaría establecido el orden de la siguiente manera: Por el PPS Gabriela Guerrero, por el PSUM Y PMT, Manuel Terrazas, por el PDM el diputado Jaime Haro Rodríguez, el diputado Gascón Mercado, del PAN, Esperanza Morelos, por el PRI Guadalupe Ponce Torres.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Gabriela Guerrero del PPS, por veinte minutos.
La C. Gabriela Guerrero Oliveros: - Señor presidente; señores diputados: Uno de los principales problemas globales que enfrenta hoy la humanidad, que afecta gravemente las existencia de las actuales generaciones y pone en riesgo a las futuras, es el del deterioro de las estabilidad ecológica contra el cual, se hace por lo tanto, necesario y urgente actuar con medidas enérgicas que se orienten a as causas que lo originan.
Un origen primordial del problema ecológico, es el proceso tecnocientífico alcanzado por la humanidad en muy diversos campos de la actividad económica, orientados a hacer que la tierra produzca más, a combatir los peligros biológicos que afectan a las plantas y animales que el hombre necesita para satisfacer sus necesidades elementales, a generar la energía que requiere la producción industrial o el transporte de los productos o del hombre mismo, o a extraer y transformar las riquezas de la naturaleza.
En rigor, señoras y señores diputados, el uso militar e industrial de la energía nuclear, la extracción de los hidrocarburos y el empleo de combustible carbónico, para la generación de energía, el desarrollo acelerado de la industria química, la dispersión de pesticidas y herbicidas, la ingeniería genética, entre otros factores, están causando graves daños y pueden causar alteraciones irreversibles al entorno ecológico. Como consecuencia de ello, el entorno ecológico indispensable pala la vida humana, animal y vegetal, constituido por el suelo, los cuerpos del agua y del aire, está cargado hoy se sustancias tóxicas a un nivel que en muchos lugares excede el soportable y, en otros, ha traído ya consecuencias dramáticas para la vida social de sus moradores.
La contaminación ambiental, no es un problema local, sino esencialmente global; pero el nivel que ha alcanzado y el grado en que ha afectado al medio ambiente, obedece tanto al nivel de desarrollo como al sistema social que prevalece en un país determinado. Y es que la contaminación, como todos sabemos
no respeta fronteras geográficas, pues la estructuración de la circulación atmosférica, las corrientes submarinas en los océanos, los desplazamientos de agua en las zonas continentales, las precipitaciones pluviales, las grandes migraciones de aves y animales marinos entre otros fenómenos, obedecen a factores naturales objetivos, y son causa y efecto de la estabilidad ecológica.
Señoras y señores diputados, esta preocupación queda probada con la espléndida y patriótica conducta de la gloriosa Armada Mexicana que debe ser reconocida por todos, que apenas ayer expulsó de las aguas nacionales la amenaza de barcos norteamericanos, de depositar en ellas desechos industriales altamente nocivos para la flora y la fauna de nuestros mares, amenaza que es necesario conocer que sigue presente, a pesar de que los depositen en aguas internacionales.
Por esta razón el combate del deterioro ecológico ha adquirido dimensión universal y se le ubica con justificada razón, en el orden de prioridades a encarar como peligro destructivo del ser humano y su civilización, inmediatamente después de la amenaza de guerra nuclear.
Por fortuna la conciencia de que el destino de la humanidad es inherente al destino de la biosfera, ha arraigado plenamente en amplios sectores del mundo entero, de manera que se empieza a abrir la perspectiva de resolver el problema de la contradicción entre el hombre y la naturaleza, en forma tal que el desarrollo de la sociedad humana y el de la naturaleza formen un solo proceso.
En el caso concreto de países como el nuestro, entre las causas directas que han incidido e inciden todavía en forma negativa en el medio ambiente, se encuentran los siguientes: el desconocimiento real de las interrelaciones entre las condiciones fiscales, el mundo vegetal y el animal, que hacen posible un entorno ecológico determinado, así como los desequilibrios que introducen en ello determinadas acciones que realiza el hombre para satisfacer necesidades económicas.
La explotación irracional que empresas privadas nacionales, y sobre todo transnacionales llevan a cabo de los recursos naturales, con determinado valor económico en una etapa dada. La carencia de leyes y medios de control preciso y estricto, relativos a la prevención de contaminación de empresas industriales, o la depredación de recursos naturales. La falta de planificación de las asistencia social y básica, y la carencia, asimisma, de un sistema científico y técnico amplio y suficiente capaz de afrontar tan complejos problemas.
De entre estos factores, el determinante ha sido y sigue siendo la actividad de las empresas privadas que en muchas ocasiones, aún a sabiendas de los nocivos efectos de sus acciones sobre el entorno ecológico, nada hacen para evitarlo, sólo porque ello implicaría una disminución relativa de ganancias.
Las preocupaciones, señoras y señores diputados, del Partido Popular Socialista sobre este grave problema, las ha plasmado en varias proposiciones orientadas a combatir las causas del deterioro ecológico. Una de éstas, es la iniciativa presentada del décimo segundo encuentro nacional de legisladores locales, efectuado en marzo pasado en Guadalajara, Jalisco, de elevar a rango constitucional, el derecho del pueblo mexicano a la conservación de su entorno ecológico, así como la obligación del Estado de llevar a cabo las acciones necesarias, a fin de proteger y aún acrecentar las riquezas naturales de nuestro territorio que son propiedad originaria de la nación.
Todavía más, conscientes del carácter global de la preservación de la estabilidad ecológica, también demandamos en la misma iniciativa reforzar las facultades de las Naciones Unidas en torno a este que debe ser un derecho de la humanidad, a fin de evitar, por ejemplo, que los océanos se contaminen con los residuos industriales de las grandes empresas transnacionales, como ya lo hemos expresado, o la lenta pero dirreflenable destrucción del maso grosso en Brasil, que como sabemos constituye uno de los grandes pulmones del mundo, cuyo deterioro puede modificar las condiciones climáticas mundiales o la afectación de zonas con valor análogo al de maso grosso, para el medio ambiente mundial.
Por estas razones, honorable asamblea, el Partido Popular Socialista considera como un paso importante y positivo que era ya impostergable la iniciativa del Ejecutivo a fin de otorgar al Congreso de la Unión competencia en materia ecológica mediante modificaciones y adiciones, respectivamente, a los artículos 27 y 73 constitucionales. Además se abre la perspectiva con esta iniciativa de que en fecha próxima se legisle sobre la materia a fin de que la administración y la planificación ambiental hagan posible aprovechar en forma óptima y racional nuestros recursos naturales, detener el agotamiento de las tierras productivas y de los caudales de agua, evitar la extinción de diversas especies animales y vegetales y disminuir en forma gradual la acumulación de desechos tóxicos.
Lo consideramos así, honorable asamblea, porque no puede quedar a cargo sólo de la soberanía de los estados o de los municipios el combate del deterioro del medio ambiente puesto que los ecosistemas forman regiones naturales enteras que poco o nada tienen que ver con divisiones políticas impuestas por el desarrollo histórico de la nación, y por lo tanto las acciones para que sean eficaces deben ser necesariamente
generales. Sin embargo, señoras y señores diputados, no podemos dejar de expresar nuestra discrepancia con alguno de los considerando tanto de la Minuta del Senado de la República como del dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, porque éstos constituyen lo que los juristas llaman el espíritu de la ley y a él se acude cuando hay que interpretar en su esencia la razón que produjo la iniciativa. Uno de estos es el considerar de manera subjetiva que la contaminación y la depredación ecológica son el efecto de décadas de olvido, de ignorancia o de descuido sobre nuestro medio ambiente. Muy por el contrario, honorable asamblea, el Partido Popular Socialista considera que la acelerada ruptura de la estabilidad ecológica obedece sí a una falta de planeación del desarrollo nacional, pero fundamentalmente es consecuencia de la voracidad del sector privado, ya se trate de propietarios de empresas o de concesionarios de explotación de riquezas o de servicios, que hacen de lado el interés colectivo o la esperanza de vida de las nuevas generaciones con tal de obtener las más rápidas y elevadas ganancias posibles.
Quiénes si no los voraces concesionarios de los recursos forestales son los directamente responsables de la criminal destrucción y depredación de nuestros bosques, no sólo de esta inmensa y otrora hermosa y limpia región del Valle de México, sino en Michoacán, en Chihuahua, en Durango y ahora en Chiapas, de la manera más grave destruyendo la selva Lacandona, regiones que han visto reducidas sus áreas forestales a una parte mínima de sus viejas riquezas de pinos y árboles de maderas preciosas, no podemos, señoras y señores diputados, culpar de este saqueo y de esta depredación sólo al crecimiento demográfico y económica del país en abstracto, sino a la voracidad de los saqueadores y a la falta de decisión del poder público, que se ha resistido a aceptar la proposición del Partido Popular Socialista de crear una empresa estatal que explote, conserve y acreciente esta inmensa riqueza nacional, que además de serlo, puede transformar a favor de las nuevas generaciones el ambiente ecológico del país.
Cómo podemos aceptar el silencio que se afirme que el deterioro ecológico del Valle de México obedezca al desarrollo industrial y al crecimiento demográfico entre otros factores sin decir que este monstruoso crecimiento respondió a la voracidad limitada de fraccionadores e industrias privados, coludidos con funcionarios corruptos que al convertirse en socios visibles u ocultos de estos empresarios, transformaron su mentalidad antes revolucionaria a la de servidores del sector privado y consecuentemente a la de explotadores del pueblo.
Cómo no hemos de decir ahora cuando se pretendía hacer a todos responsables de esta catástrofe ecológica en el Valle de México, cuestión que con la sensibilidad del diputado Brambila, y a petición del diputado Eraclio Zepeda, fue retirado del dictamen, que la colusión de funcionarios y empresarios, no del pueblo que la incidió frenar este criminal amontonamiento de empresas industriales en los límites del Distrito Federal destruyéndose todos los hermosos pueblos que rodeaban a la capital de la República para aprovechar el inmenso mercado que ésta representado haciendo caso omiso de las fuerzas democráticas que señalaban el peligro, como lo hizo desde que nació hace 40 años al término de la Segunda Guerra Mundial el PPS que propuso frenar este absurdo crecimiento obligando a los empresarios a instalarse en las zonas rurales para elevar el nivel de vida de sus pobladores y arraigarlos en su lugar de origen proponiendo de manera concreta el Istmo de Tehuantepec como una de esas zonas que el PPS siempre ha llamado la Mesopotamia de América, que de costa a costa puede albergar a toda la industria instalada en el valle de México y podría impulsar el desarrollo de los seis estados del sureste y hacer crecer el comercio con Centro y Sudamérica.
Pero la insistencia en una planeación inductiva que deja la voluntad y a la buena fe de los empresarios su cumplimiento, ha impedido que estas soluciones se lleven a la práctica. Cómo va a hablarse de responsabilidad de todo el pueblo con la contaminación ambiental si las concesiones del Servicio Público del Transporte de Pasajeros, frenaron el desarrollo técnico racional de este servicio impidieron su municipalización y junto con las empresas vendedoras de automóviles apoyándose en la irresponsabilidad de funcionario, convirtieron este hermoso valle en una inmensa plancha de concreto para que por ella circularan millones de vehículos que son los responsables en un muy elevado porcentaje de la contaminación del ambiente y cuyo dueño escudándose en su sagrada libertad individual y privada, se resisten a dejar de usar su vehículo un solo día cada semana como lo propone el PPS, medida que sacaría de la circulación diaria a más de 400,000 vehículos.
¿Por qué ha de culparse por igual, señoras y señores diputados, a todos los sectores sociales, de la contaminación ambiental, que rebasa ya los límites tolerable cuando las autoridades del D.F., coludidas con empresarios privados en lugar de acrecentar y fortalecer el servicio municipalizado del transporte y constituir una sola empresa federal para toda la zona metropolitana, permite el surgimiento en concesión de carácter privado como a todos nos consta, de decenas de miles de pequeños vehículos o autobuses en estado pésimo de servicio que por sus altos precios de pasaje saquean la economía de los trabajadores y contaminan de manera irresponsable el entorno ecológico?
Estamos de acuerdo, sí, señoras y señores diputados, con las modificaciones y adiciones propuestas por el Ejecutivo a la Constitución de la República para facultar al Congreso, legislar en materia ecológica. Pero desde ahora advierte el Partido Popular Socialista que si al elaborarse las leyes reglamentarias correspondientes éstas no se apoyan en el espíritu ni la esencia del artículo 27 constitucional que establece que la propiedad privada debe adoptar las formas que dicta el interés público y si la planeación del desarrollo del país no cesa de ser inductiva, que deja el criterio e interés del sector privado cumplirla o no, la fuerza de estas leyes para transformar y conservar el entorno ecológico será muy poca y en breves años nuevos legisladores condición más patriótica y revolucionaria tendrán que venir a modificarlas en función del verdadero interés de las mayorías. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Manuel Terrazas Guerrero.
El C. Manuel Terrazas Guerrero: - Compañeras y compañeros diputados: Suscribimos el dictamen a discusión, lo suscribimos a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unificado de México y del Partido Mexicano de los Trabajadores.
Apoyamos y consideramos correctas la reforma al párrafo 3o. del artículo 27 y la adición al 73 constitucionales en los términos que vamos a exponer en esta intervención.
Consideramos que responden a una necesidad imperiosa y constituyen un requerimiento para desplegar resueltamente y a fondo como lo exige la situación y a tono con el espíritu y el sentido social, nacional y popular del artículo 27 constitucional la respuesta que reclama el gran problema de garantizar la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, considerando sus implicaciones fundamentales. Al votar en favor del proyecto de decreto del Presidente de la República, probado ya por el Senado y sometido ahora a la discusión de la Cámara de Diputados, no coincidimos en todos sus términos, tanto por la exposición de motivos de la iniciativa Presidencial como con las consideraciones que en algunos aspectos contiene el dictamen de la comisión de la que formamos parte; no es indispensable, por otra parte, señalar que compartimos un conjunto de preocupaciones, definiciones y exigencias para la acción que el país está requiriendo en este campo de los problemas ecológicos a que se enfrenta, la iniciativa de reforma es trascendente tiene que ver con una cuestión altamente prioritaria, responde a la cuestión decisiva de establecer normas, mandatos constitucionales que determinen el marco político y jurídico de una obligada, enérgica acción que inmediatamente debe seguir, debe seguirle en el orden legislativo y administrativo, Ejecutivo, a la altura de la magnitud del problema que constituyen los graves desequilibrios ecológicos que deterioran los recursos naturales, que contribuyen agudizarlas cada día más difíciles condiciones de vida del pueblo de México azotado hoy por la crisis económica y objeto del sacrificio mayor en la política económica del régimen actual.
Al marco constitucional que se hacía necesario debe seguir la ley reglamentaria, la nueva ley ecológica, el nuevo instrumento legal que sustituya a la Ley Federal del Medio Ambiente y responda a los grandes requerimientos que el problema está planteando, se han puesto las bases fundamentales para una verdadera política ecológica, esto demandará consecuencia, coherencia, acción decisiva, voluntad política y acción más radical; para ello se hace necesario rescatar los principios que dieron origen al artículo 27 constitucional, marco jurídico de un verdadero proyecto de la nación, en su tiempo el más avanzado del mundo y que permitía el desarrollo del país y la consolidación de la nación como una nación verdaderamente democrática con justicia social y de soberanía plena porque el artículo 27 constitucional se le abrieron portillos, o se los dejaron, en algunos casos verdaderas puertas o portones para dar lugar a un verdadero libre juego de las fuerzas sociales; en unos casos y a la protección abierta, en otro, de los intereses contrarios a los de la inmensa mayoría del país, eso se expresó en una tupida red de normas jurídicas, leyes, reglamentos, convenios, decretos, acuerdos que desvían el verdadero espíritu del artículo 27 constitucional; se cuentan más de 200 disposiciones jurídicas el mismo artículo 27 constitucional, ha tenido 12 reformas desde 1933, sin contar las últimas que le estamos haciendo; y, dentro de las 12, la tristemente, famosa contrarreformas agraria alemanista.
En el dictamen de la iniciativa presidencial, aprobado por la Cámara de Senadores, se hace referencia a que en el mundo es notable la inquietud por el deterioro del medio ambiente y se conciertan acciones para erradicar o disminuir los funestos y difundidos males provocados por la contaminación.
Se menciona, destacándolo, la significación e importancia de la Conferencia Interparlamentaria Sobre el Medio Ambiente en América Latina y El Caribe, celebrada en la ciudad de México a fines de marzo y convocada por el propio Senado de la República en unión del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente y el Parlamento Latinoamericano.
La conferencia, en efecto, aprobó una importante declaración, la declaración de México, indispensable arma política para ubicar en justos alcances la batalla contra la contaminación
del ambiente en nuestros países y lograr la cooperación latinoamericana y caribeña en aras de los intereses de nuestros pueblos. Puso de relieve la preocupación de los legisladores de América Latina y El Caribe, por los constantes perjuicios que experimentan los ecosistemas y la denuncia, por ejemplo, de las armas y la política de guerra.
Se señala fundamentalmente, que esa conferencia es antecedente, de las reformas constitucionales promovidas ahora por el titular del Ejecutivo y que los resultados de ella "seguramente informarán las posteriores leyes que sobre la materia se emitan, preservar el medio ambiente y los ecosistemas, es preservar la vida misma.
En las condiciones actuales, en que los países latinoamericanos y del Caribe en este caso se enfrentan a la lucha para defender el medio ambiente, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, constituía una obligación, una circunstancia y un marco de referencia inimitable, pero es también para nosotros, diputados al tocar el punto que ahora aborda la Cámara de Diputados, en una relación que no es posible separar el considerar, como lo hizo la Conferencia Latinoamericana, el papel que juegan factores tan importantes como la responsabilidad de la política del imperialismo, en el saqueo de los recursos naturales; como la influencia de las condiciones sociales y económicas, la miseria, la dependencia en nuestros países; como la deuda externa; como la política de guerra, de armamentismo y el rechazo a la continuación de las pruebas nucleares y su extensión al espacio cósmico; como el efecto pernicioso sobre nuestro país de los ensayos Estados Unidos en el sur, cerca de nuestra frontera norte; como el papel que juega la democracia en el combate contra la contaminación; como la oposición a las instalaciones y a la tecnología obsoleta y contaminantes de las transnacionales en nuestros países, y así otras cuestiones de relación inseparable con el tema que nos ocupa, muchas de ellas aprobadas y recogidas en documentos y resoluciones oficiales de la conferencia. De una u otra manera, todas están contenidas.
Cuando el proyecto de ley que discutimos tiene trascendencia innegable para enfrentar los desafíos que hoy están presentes en la lucha por resolver los problemas del medio ambiente no podrán dejar de mencionarse cuestiones como las apuntadas; no las dejamos de mencionar, como tampoco al plantearnos que se eleve a mandato constitucional la obligación de los órganos gubernamentales de dictar las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, un conjunto obligado de cuestiones que tienen que ver con esta materia fundamental y el artículo 27 de la Constitución Política, es necesario no ignorar, es necesario considerar en nuestras discusiones sobre esta importante cuestión.
En México, desde principios de siglo los recursos naturales son definidos como elementos imprescindibles y esenciales del desarrollo nacional, como expresión del proyecto de nación que el movimiento popular dejó plasmado en la Constitución de 1917, los recursos naturales se consideran un bien patrimonial, al reconocerse el derecho de propiedad originario que la nación detenta sobre ellos, y al establecerse el derecho que la misma tiene para regular su aprovechamiento.
No obstante, nuestro país no ha integrado aún una verdadera política que establezca una concepción global y marque las pautas de una adecuada apropiación de esos recursos. Se ha avanzado, pero la necesidad de esta política no está resuelta, y lo hecho requiere de nuevos pasos que enfrenten más resuelta y eficazmente la realidad que vivimos hoy.
Es un hecho que en el proceso de desarrollo que ha seguido nuestro país, particularmente en los años 40s en adelante, la preocupación por el medio ambiente ha estado ausente en cuando se refiere a la explotación de los recursos; se ha incorporado a la naturaleza sólo en la medida que ésta aporta materias primas para la reproducción del capital, sin importar el futuro ni el bien del pueblo y de la sociedad. Se ha destruido y acabado con especies y ecosistemas enteros en aras de este objetivo, y con otros recursos como el suelo y los ciclos de agua.
¿Podrá negarse que muchos de los planes instrumentados por los gobiernos federales y estatales y otros más impulsados por empresas privadas, nacionales y extranjeras, pero finalmente con la tolerancia y el cobijo del Estado, han cometido daños irreversibles a la nación u al medio ambiente en la República? No sólo en nefastos tiempos en que las empresas imperialistas saquearon directa, masivamente, a su gusto los recursos naturales de la nación, sino en los largos periodos posteriores y aún en el presente con formas más diversificadas, algunas de las cuales nos han llevado a hacer paradójicamente exportadores de capital, los ritmos de extracción de recursos y las tecnologías aplicadas en las actividades productivas primarias, han perseguido el interés de obtener la máxima ganancia capitalista posible y no respetar los ritmos naturales que garantizan la preservación del ambiente y la perdurabilidad de los recursos.
La agricultura a partir de los aportes de la llamada revolución verde, desarrolló un paquete tecnológico que se aplica indiscriminadamente sin considerar la peculiaridad de las distintas regiones del país. Este paquete que implica la fertilización, introducción de insecticidas y hervicidas, de semillas mejoradas, riego cuando es posible y de maquinaria, permitió en un principio elevar la producción, pero que con el tiempo han surgido
consecuencias negativas, como son la salinización de los suelos la contaminación química de suelos y aguas, la intoxicación de animales y del hombre, la erosión, el agotamiento de aguas subterráneas y sobre todo la eliminación de las tradiciones populares de cultivo que por siglos han acompañado las culturas indígenas y campesinas.
La ganadería se ha establecido en sierras con características apropiadas para el uso agrícola o forestal. Su carácter de extensiva, ha permitido que se desarrolle en más de la mitad del territorio nacional. Esto además, ha permitido la reconcentración de tierras en los latifundios que llegan hasta 25 mil hectáreas en el norte, lo cual es avalado y estimulado por la legislación vigente gracias a la contrarreforma que hizo Miguel Alemán, es bien sabido que este tipo de ganadería además de su impacto social destruye la flora nativa de las regiones y desperdicia recursos; la explotación forestal no ha desarrollado tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de vegetación y bajo los modelos de países templados, se ha introducido la forma de extracción, un ejemplo se basa principalmente en la explotación del pino desperdiciando cientos de otras especies y deteriorando las áreas templadas del país, además se han dado concesiones a empresas privadas que con la nueva reforma no se eliminan. Los permisos otorgados a los sectores privados siguen siendo transferibles pudiendo dar más concesiones; los verdaderos propietarios de los bosques, ejidatarios y comuneros no son los que aprovechan sus recursos y las compañías privadas no cuidan de la perdurabilidad de los mismos, tampoco se lleva a cabo la reforestación en la magnitud necesaria. La pesca se reduce a las especies más rentables que tienen un mercado establecido nacional o internacional; se desperdician otros cientos de especies, y lo que es aún peor, se destruyen sus poblaciones por las tecnologías de extracción de las comerciables, se están afectando así las diversas especies acuáticas y disminuyendo un potencial alimenticio enorme.
La mayoría de la sardina y la anchoveta, dos alimentos para humanos ricos en proteínas se destinan para alimentos de aves y cerdos. La actividad petrolera ha contaminado la atmósfera, el suelo y agua en extensas áreas; la explotación de pozos, la extracción de petróleo y su transformación en petroquímica y refinerías se ha hecho sin las preocupaciones necesarias para no destruir los recursos que la rodean, la pesca en los ríos, lagunas e inclusive en algunas áreas del mar se ha visto drásticamente mermada por los desechos de aceite, grasa, chapopote y otras sustancias químicas. Los efectos de estas actividades se manifiestan en la erosión del más del 60% del país, de lo cual casi el 30% es irreversible. La contaminación de las 11 cuencas más importantes del país por efecto del petróleo, de los 4 ríos más caudalosos se pierden entre 400 y 800 mil hectáreas anuales de bosques y selvas, el 90% de las selvas tropicales han desaparecido y se han convertido es pastizales, el 15% de la flora mexicana está amenazada de la extinción.
Queremos hacer mención aquí que no ignoramos el impacto que puedan tener, que deben tener la aplicación consecuente y enérgica de las cien medidas ecológicas dadas a conocer en la X Reunión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Ecología, pero aquí tenemos esa realidad, aun todavía. Asimismo al tiempo que se han destruido o agotado importantes recursos se han desperdiciado muchos otros que podrían incorporarse a la producción y ayudar a solventar la demanda nacional de alimentos y materias primas; uno de los fenómenos que han conllevado este proceso de desarrollo, que han privilegiado a la industrialización sobre la producción rural, es la conformación de enormes asentamientos humanos, como la ciudad de México. La ciudad de México permítanos darle también algo de más sentido concreto a la importancia y a la significación de las iniciativas que discutimos, la ciudad de México con sus casi 18 millones de habitantes, ocupa el segundo o primer lugar de población en el mundo y el primero en contaminación, asentada en un medio natural poco favorable por su altitud, escasez de agua y cordilleras circundantes, presenta en la actualidad serios problemas que requieren de una atención inmediata y más a fondo, entre ellos se pueden mencionar los más notorios; al hablar de esta cuestión de la reforma constitucional, de su significación, hablamos pues de esos problemas porque en la medida en que lo hagamos se expresara más nuestra demanda de acción concertada y enérgica para hacerle frente. En la ciudad circulan, bien lo sabemos, más de 2 1/2 millones de vehículos mal afinados con motores no aptos para las características de la ciudad, sin filtros anticontaminantes, que utilizan combustibles, gasolina y diesel que generan altas concentraciones contaminantes, no dejamos de tomar en cuenta las medidas al respecto que se incluyen en las 100 de ecología dadas a conocer últimamente.
Hay una planta industrial de varios millares que arroja a la atmósfera y al agua diversos contaminantes nocivos para la salud y para las tierras agrícolas; por ejemplo metales, además de los anteriores por falta de dispositivos anticontaminantes. Existen dentro de esas industrias algunas que debido al mal estado de sus instalaciones o a las características de la producción misma, son inseguras significando un peligro potencial grande. Se producen más de 15,000 toneladas diarias de basura, la cual es depositada en su mayoría en tiraderos a cielo abierto. En estos viven comunidades enteras de ciudadanos en condiciones infrahumanas. Se estima que el promedio de edad de los pepenadores es de 35 años; desde su nacimiento los niños crecen y
se alimentan en estos basureros, existen mafias reconocidos que controlan a los pepenadores y los mantienen en esas condiciones de insalubridad y miseria, algunos han llegado a la Cámara de Diputados y se han aposentado en ella tristemente célebres, para vergüenza de la propia Cámara de Diputados.
Se consumen más de 60 metros cúbicos por segundo de agua de las cuales aproximadamente 3 cuartas partes se obtienen del subsuelo, la extracción de esta agua es más rápida que la recuperación de los mantos acuíferos, esto ha provocado un deterioro de subsuelo, hundimientos, disminución de las reservas e inclusive agravó los efectos de los temblores del 19 y 29 de septiembre de 1985, el resto del agua que proviene del Río Lerma y del Río Cuetzamala provoca también daños a las áreas rurales, agravando la situación, la incorrecta distribución del agua que provoca que más de 3 millones de habitantes acrezcan de este líquido, la falta de servicios sanitarios obliga a más de 3 millones de personas a defecar al aire libre, lo cual aunado acerca de 2 millones de perros genera una contaminación dañina a la salud que es desparramada por los vientos; la falta de áreas verdes agrava esta situación, aunque no ignoramos la tendencia a crear otras, muchas áreas verdes; no existen suficientes espacios de recreo, esparcimiento y que además controlasen la temperatura y humedades del ambiente y filtrasen el agua y que permitieran la filtración del agua al subsuelo.
La tendencia a cubrir la ciudad de cemento evita la filtración del agua, eleva la temperatura todos estos elementos han sido deteriorando el ambiente de la ciudad y por lo tanto las condiciones de vida de sus habitantes, los últimos años han atentado el descontento de ciudadanos y cuando se han anunciado acciones nuevas para atender esta situación, las hemos considerado imprescindible y útiles, cuando SEDUE por un lado y del Departamento del Distrito Federal por el otro han emprendido programas para hacerle frente a la misma, a la que se le dejó llevar a su extremoso agravamiento, las hemos considerado necesarias, por eso consideramos hoy que ante esta situación es imprescindible medidas más radicales, más urgentes, más a fondo, no puede seguir privilegiándose a la industria y al transporte privado, no puede tolerarse la miseria de los pepenadores, no pueden acabarse las reservas de agua ni pavimentarse toda la ciudad; los resultados de la explosión demográfica y la explotación de los recursos naturales como se han hecho en el país, no sólo se manifiestan en el enorme deterioro ecológico descrito; sino en profundas desigualdades sociales; se ha privilegiado la propiedad privada y el Estado no ha cumplido con su obligación de subordinar los derechos de los particulares al interés general, es indispensable tomar la función, retomar la función del artículo 27 constitucional que marca al Estado de lograr una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación e imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público, el interés de la nación.
En el sentido que hemos apuntado, estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, nuestras fracciones parlamentarias como lo hemos asentado ya, consideran que es correcto y imprescindible las reformas que propone el Ejecutivo al párrafo tercero del artículo 27 constitucional y la adición al 73 de la Constitución; sin embargo, consideramos por una parte, que es indispensable plantear con precisión y en relación a esta última cuestión, o sea, la adición que propone el Ejecutivo al artículo 73 de la Constitución una adición, una precisión que nosotros planteamos en los siguientes términos y pedimos al pleno de la Cámara de Diputados que de una u otra manera pudiera considerar la necesidad de esta precisión; planteamos que en las leyes secundarias federales se establezca en el ámbito legislativo de la competencia de los estados, precisando que la concurrencia se da en el ámbito legislativo y no sólo en ese sentido y que debe tomar en cuenta el necesario, el escrupuloso afán de respetar la soberanía de los estados y la facultad de éstos para poder atender sus propias necesidades en cuanto a la defensa del medio ambiente; por otra parte, consideramos que no estimamos suficiente la reforma al 27 constitucional y se está entrando a la modificación del artículo 27 resulta imprescindible también considerar la reforma que se hizo en tiempos del Presidente Miguel Alemán, en donde se desligue la pequeña propiedad ganadera, esta ha sido una verdadera contrarreforma que además de estimular y permitir la reconcentración de tierra en verdaderos latifundios, ha provocado un severo deterioro ambiental. Más de la mitad del territorio nacional, está dedicado a la ganadería extensiva, cuando que ésta podría realizarse con otras tecnologías de manera más eficiente y menos destructiva.
Las selvas tropicales del país de han perdido, en un 90%, para dar lugar a potreros; los matorrales, ricos en especies no maderables, han sido sobrepastoreados eliminando la vegetación original, provocando la introducción de especies resistentes al ganado, aumentando la erosión y perdiendo recursos potenciales. En las zonas de bosques, el libre pastoreo también está acabando con la regeneración de los mismos. Por ello resulta impostergable hablar de elaborar un conjunto de normas que tiendan a reorganizar la actividad ganadera en el país y si bien se puede argumentar que una ley reglamentaria que próximamente habremos de discutir, deberá incluir estos aspectos, es desde el artículo 27 constitucional donde se deben fincar sus lineamientos generales y fundamentales.
Por ello, las fracciones parlamentarias del Partido Socialista Unificado de México, y del Partido Mexicano de los Trabajadores, proponemos que sea modificada la definición de la pequeña propiedad ganadera y así acabar con un vicio que desde el artículo 27 se origina. Por otro lado y en particular, la reforma al 27 constitucional conlleva la necesidad de la nueva Ley Ecológica que sea ampliamente discutida con todos los sectores que puedan opinar, que estén involucrados, productores, académicos, etcétera que sea esta ley producto del diálogo, de la concertación y no ocurra como referirse obligada, porque es ejemplo supremo, como lo que ocurrió con la ley que establece la Asamblea de Representantes del D.F. Consideremos la experiencia.
La nueva ley debe fijar las normas de uso de los recursos, garantizando su renovabilidad y la justa distribución de la riqueza, debe atender a la integridad natural del funcionamiento de los recursos y acoplar ésta a la explotación y no como ahora que se han parcializado los recursos en distintas secretarías, entrando profundamente en contradicción y desaprovechando el gran potencial que ofrece la naturaleza a nuestro país; debe asegurarse el bienestar de las futuras generaciones, pero no puede olvidarse el de las presentes y el de los millones de mexicanos marginados.
Una nueva ley que sea expresión y reflejo del proyecto de nación que tienda a lograr la igualdad social y la democracia, y que por lo tanto debe contener y asegurar la reorientación del uso de la base material del desarrollo que son los recursos naturales. Hay que orientar la acción económica a partir del potencial de la naturaleza y humana del país, prevenir que el uso deteriore, pero esto no significa dejar de usar, atender la participación social y dar alternativas a las comunidades rurales, hacer incompatible el crecimiento de la población de desarrollo urbano sin medida, la producción primaria y la conservación, detener las concesiones de explotación de recursos, tipificar los daños ecológicos y elaborar sanciones reales, sentar las bases para una firme, coherente integral política de conservación del territorio y de ecosistemas y de especies animales y vegetales.
A tiempo me llega la nota y no me resta más que expresar a ustedes nuestro agradecimiento cabal por la atención prestada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Haro Rodríguez.
El C. Jaime Haro Rodríguez:
Señoría;
Señoras y señores diputados:
El artículo 27 es uno de los preceptos verdaderamente torales de la Constitución de 1917.
Junto con el artículo 123 conforman las bases fundamentales sobre las que descansa nuestro constitucionalismo social y constituyen los datos esenciales que apuntalan la originalidad del Código Político de Querétaro, señalan los estudios de nuestro Derecho.
Este artículo, de alguna manera, refleja lo que fue nuestra realidad nacional desde la instauración de la Colonia y hasta la culminación del movimiento político - social de 1910 y anuncia el programa revolucionario de la nación para terminar con el régimen de explotación. Ciertamente, el artículo 27 aparecerá obscuro, inexplicable y hasta incongruente si no se le analiza como resultado de sus causas históricas. Los principios de la Reforma Agraria que contiene; el rescate de la propiedad de tierras y aguas y, por sobre todas las cosas, el surgimiento de una nueva idea sobre la propiedad, son consecuencia de la incansable lucha del pueblo mexicano por alcanzar y consolidar su libertad, independencia y soberanía así como un destino propio y una vida digna y decorosa.
Con ser tan importante, el artículo 27 contiene varios errores técnicos, como son sus defectos de redacción y el desorden de la ubicación de los variadísimos temas que regula. Estos problemas se han agudizado con las más de veinte enmiendas que el artículo ha tenido y con la que ahora se propone. En todo caso, no puede perderse de vista que el artículo 27 fue el último en aprobarse por el Constituyente, precisamente la madrugada del día en que fueron clausuradas las sesiones del Congreso. El Constituyente había pospuesto indefinidamente el debate sobre el artículo 27, pues bien claro tenía que éste precepto encerraría el problema más trascendental que tenía enfrente la Revolución : el régimen de la propiedad y la cuestión agraria.
Por ello no veo con escrúpulo una reforma más, tendiente a completarlo y perfeccionarlo de la siguiente manera: en su párrafo tercero:
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población: para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer en los términos de la Ley Reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación.
Por otra parte al adicionarse una fracción XXIX - G al artículo 73.
XXIX - G: Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
El Congreso de la Unión - como los otros dos poderes de la Federación - maneja atribuciones limitadas de acuerdo con el principio de distribución competencial que rige entre los estados y la Federación, contenido en el artículo 124 de la Constitución. De esta manera, es la propia Constitución la que delimita expresamente el ámbito de acción del Poder Legislativo Federal.
El precepto que se comenta establece las principales facultades del Congreso de la Unión y podemos afirmar que de los tres órganos de la Federación, es el Poder Legislativo el que dispone del mayor número de atribuciones. Sin embargo, desde la perspectiva de los gobernados la presencia del Congreso de la Unión no es tan evidente como la de los otros dos órganos, en virtud de que la mayor parte de sus atribuciones consiste en producir leyes; esto es, en expedir normas jurídicas generales, abstractas e impersonales, cuya aplicación a los casos concretos principalmente compete a los otros dos poderes y es en ese mecanismo de la aplicación de las leyes en el que el gobernado hace contacto con sus autoridades.
Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27, se atienden, por ejemplo a la preservación del patrimonio nacional y a una adecuada y razonable explotación de los recursos naturales, así como a otras actividades que la propia Constitución califica de estratégicas y prioritarias. La normatividad correspondiente comprende los hidrocarburos, la minería, la banca y el crédito, la energía eléctrica, la energía nuclear.
También se incluye la legislación relativa al uso y aprovechamiento de aguas de jurisdicción federal y las reglas relativas a la ocupación y enajenación de terrenos baldíos, entendiendo por éstos, aquellas porciones del territorio nacional que no han sido reducidas a propiedad privada o a usos públicos de los municipios, estados y Federación.
Las modificaciones comentadas prescriben autoridad a la Federación para imponer a la propiedad privada o social las modalidades necesarias para su preservación o restauración, porque ante todo y sobre todo está el interés supremo de la Nación; de tal manera que bajo estas estimaciones el concepto de propiedad privada se pone al servicio del interés social y admite las circunscripciones que sean necesarias para que éste quede garantizado con preferencia sobre el alcance particular de la propiedad. Se abre la puerta para una ley que impida que los árboles mueran de pie, las fuentes de sed y las aves de asfixia.
Y es que ningún mexicano ni debe ni puede ser indiferente al mundo que lo rodea ya que considerar a la naturaleza como un bien infinito y gratuito es un error criminal; la ecología no es una invención política de última hora, sino un sistema para defender la naturaleza, para defender la tierra, para defender la vida.
El cuarto informe de gobierno, anunció un compromiso enorme ante todo el país: buscar un entorno habitable y despertar la conciencia ecológica de los mexicanos para restañar las heridas de una tierra maltratada que tiene la esperanza de la resurrección; así, por ejemplo, en "Las 100 acciones necesarias" instrumentadas por la Comisión Nacional de Ecología, en enero de este mismo año, se anuncia en la número 46 que en la cuenca Lerma - Chapala - Santiago, "se han iniciado las acciones en el río Santiago, en su nacimiento, en el Lago de Chapala, por ser ésta la fuente que abastece el 80% de agua potable que consume Guadalajara. Se establecerán cuatro plantas de tratamiento: Ocotlán, Poncitlán, Atotonilquillo - Atequiza y El Salto - Juanacatlán. Los proyectos ejecutivos se terminaron en marzo de 1897, para proceder a su concurso, adjudicación e inicio de las obras. Se han previsto recursos crediticios para la construcción de plantas de tratamiento en las industrias privadas que desfogan al río. El gobierno del Estado de Jalisco construye las plantas de tratamiento de descargas domiciliarias que se requieren en las poblaciones ribereñas al Lago de Chapala. Adicionalmente, se preparan los proyectos de obras más urgentes para las poblaciones de los estados de Michoacán y Guanajuato. Se están atendiendo, además, otras ciudades aunque su contribución al río Lerma o al río Santiago sea marginal, cuyo impacto regional es significativo, como son Querétaro, Aguascalientes, Irapuato Salamanca y La Piedad.
Con relación al volumen del afluente que se vierte en el lago, será necesario un mayor control de la explotación de la cuenca, fortalecer el tratamiento y reciclaje, así como una definición cada vez más precisa sobre los usos del agua.
Roma, Florencia, Toledo, Londres o París, para no citar. Egipto que merece toda una biografía, están ligadas en la historia y en la vida a la vida y a la historia de sus grandes ríos. Excepcionalmente, también Guadalajara, en un país donde sus grandes ciudades carecen del líquido vital, conserva Chapala y el Santiago como la fuente termorreguladora de su entorno vital.
Me niego a que Chapala, el mayor lago del país, de 1,109 kilómetros cuadrados, reciba diariamente 3 mil toneladas de desechos porcinos por día; a que sigan irrigándose, más de medio millón de hectáreas en la cuenca del Lerma con los sistemas más primitivos de rodamiento que no tienen aprovechamiento y sirven como evaporadores.
Me niego al sistema de sobreexplotación en el manejo de las aguas, de los drenajes, de la contaminación de las poblaciones ribereñas; a la erosión, la desforestación y al exterminio de la fauna y la flora que vive en esta región.
Me niego a las dosis homeopáticas que recibe la Laguna del Lerma, cargadas de azolve y basuras tóxicas que contienen hasta 2.5 miligramos de detergentes contaminantes por cada litro de agua.
La muerte de un lago "es una desgracia para siempre, es la necrosis de nuestro territorio...es la sangre del suelo, es donde fluye el agua que regará a los ejidos del campo y le dará los nutrientes a los cultivos. Es parte de los elementos que participan en la fertilidad de los campos y de las macetas. Hasta las plantas del desierto absorben agua de las escasas lluvias o tienen la gran habilidad de rascar de la humedad del aire lo mojado que necesitan para su vida; guardan el agua como camellos o como las cantimploras de los exploradores", ha dicho Cesarman.
Me niego a que los sinuosos arroyos que alimentan al lago se conviertan en simples cicatrices arenosas, a que la superficie del lago sea algún día una simple ciénega de matorrales parasitarios y a que Guadalajara, como lo avizora Matute Remus, "que tendrá ocho, 15 o 20 millones de habitantes, se conformará con ver una charca de unos cuantos kilómetros cuadrados y escasos metros de profundidad, de los que tomará mil millones de metros cúbicos anuales de agua de una suciedad inimaginable para someterla a tratamiento costosísimo antes de ser utilizada".
Me niego a ver pasar un hilo de lodo envenenado y estéril para una ciudad sedienta, usurpador de agua que es fuente de vida, líquido cristal que no es espejismo, esperanza del labriego, junto con la del cielo; rocas, hierbas y flores, peces, redes y artesanías, que configuran el escenario maravilloso de una jubilación del paraíso.
Me niego a que la deuda externa o la inflación la explosión demográfica o la humillación de los repatriados superen en gravedad lo que es la muerte irreversible de un fragmento de la patria.
Lo irreversible, lo irrevocable, lo definitivo "no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza...escapa inclusive a la poesía - dice el noble García Márquez -. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor, no es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada, de donde vino..."por un simple ecosuicidio.
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Alejandro Gascón Mercado.
El C. Alejandro Gascón Mercado: - Señoras y señores diputados: Hemos recibido esta iniciativa para establecer constitucionalmente las bases, preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Hace algún tiempo se aprobó en el Congreso de la Unión, una ley contra la contaminación del ambiente, y uno necesariamente tiene que preguntarse ¿ha sido la falta de facultades la que ha contaminado el ambiente, ¿No se encuentran en el artículo 27 constitucional las facultades para organizar y defender los sistemas ecológicos? En una parte del artículo 27 constitucional, se dice: "La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana".
No se pudo haber legislado, desprendiendo del artículo 27 constitucional en toda su amplitud a fin de cuidar los recursos naturales de nuestro país y organizar la vida en el medio rural y en el medio urbano. Evidentemente que sí. No creo que sean facultades constitucionales
las que falten, sino establecer una política adecuada que permita precisamente defender los intereses generales de los habitantes del país, frente a los intereses particulares porque estamos cayendo en un vicio cuando se reconoce que hay millones de mexicanos enfermos, el Congreso de la Unión establece el derecho a la Salud. Por decreto todos tienen derecho a curarse.
Que se ha agudizado el problema del desempleo; rápidamente una iniciativa de ley para que los mexicanos tengan derecho al trabajo. Que no hay suficientes viviendas, una ley que establece el derecho a la vivienda rápidamente, y hay muchos derechos consagrados en la Constitución que no se practican. Los mexicanos tienen derecho a la educación primaria, y hay millones de niños sin haber ido a la escuela, y hay miles de maestros que no tienen trabajo; no hay capacidad para hacer cumplir la Constitución y también se ha establecido el derecho de huelga que nulifica la requisa.
Creo que nosotros aquí podemos establecer el derecho a liquidar la contaminación del ambiente, y también podemos establecer el derecho obligatorio para que todos los mexicanos seamos felices; todo podemos hacer aquí, pero no corresponde solamente a la legislación resolver los problemas que se dan en el país, por eso me parece que debemos reflexionar no alrededor de si tenemos facultades o no para legislar en esta materia, sino establecer toda una política que venga a resolver los graves problemas que sufre nuestro pueblo.
Todos reconocemos que los problemas ecológicos son muy serios. Las autoridades de la Salud en México han hecho reconocimientos en estos términos: los problemas ecológicos que enfrenta México son muy complejos, se debe a que se les dejó avanzar antes de empezar a planear su solución, antes inclusive de aceptar que se trata de un fenómeno de consecuencias graves para la conservación de los ecosistemas y de la salud pública. Hay un reconocimiento oficial de las autoridades.
Pero ¿cómo se traduce ese reconocimiento? El presupuesto para la lucha contra la contaminación en 1985, fue de 5 mil 488 millones, y en 1986 fue de 5 mil millones. Es decir más contaminado el ambiente y menos presupuesto. El Fondo Monetario Internacional recomendó recortes en estos gastos.
¿Quiénes contaminan principalmente el ambiente? Petróleos Mexicanos, Azúcar, S.A.; Fertilizantes Mexicanos. Tres de las principales empresas paraestatales son las que degradan la calidad del agua en la mayor parte del país.
Y ahora también el ecosistema en las Islas Marías está destruyéndose; bueno, allí decididamente no hay más responsabilidad que la de los funcionarios públicos. El que fuera un paradisiaco archipiélago localizado a 110 kilómetros al oeste de San Blas y que pertenece jurisdiccionalmente al estado de Nayarit, ahora es víctima de una tala sistemática de todas las especies maderable. Se han arrasado con el espacio que antes estaban dedicados a la flora y a la fauna, la pesca o viva se da en especie en veda o reservadas como tiburón y caguama. La captura indiscriminada de lapa, caracol y langosta, las aves de ornato y las canoras son muertas o capturadas.
Esta es una denuncia enviada por Felipe Saúl Estrada, delegado estatal de bioconservación.
Yo entiendo que a veces es hasta chocante estar tocando los mismos temas reiteradamente, pero es peor la realidad que lo que nosotros podamos expresar aquí. En el Distrito Federal, como aquí reiteradamente se ha tratado, las industrias de mayor contaminación son las relacionadas con los hidrocarburos, los químicos, asbesto, cemento, fibra de vidrio, fundición. Pero la gasolina utilizada actualmente, la plus, contiene de 19 a 2 miligramos de plomo por cada litro, lo que viola los reglamentos a nivel mundial. En Estados Unidos son 13 miligramos por litro, ya que les hacemos tanto caso habrá que imitarlos en eso.
Durante 1986 sólo el 3.5% de los automóviles que circulan diariamente por esta capital fueron revisados por los centros de diagnóstico, en tanto que las industrias en el Distrito Federal cambiaron de horario y ahora por las noches envenenan a discreción el cielo capitalino.
Dos millones de habitantes defecan al aire libre, en tanto que en los 17 municipios aledaños al Distrito Federal el número se eleva a 3 millones, son 5 millones; 4 millones de personas no cuentan con servicios de drenaje y un millón no tiene sistema de agua potable; estas carencias alimentan cotidianamente las emisiones de partículas suspendidas que arrastradas por las tolvaneras es expanden por la ciudad y aterrizan toneladas de microbios que van a los alimentos y antojitos callejeros.
La participación del Departamento del Distrito Federal contra la contaminación del ambiente es completamente raquítica, de las 14 mil toneladas de basura que se producen diariamente en las 16 delegaciones que integran el Distrito Federal, más del 30%, 4 mil toneladas se quedan dispersas en lotes baldíos, parque y jardines, lo que permite la proliferación de ratas y otros insectos contaminantes. En la ciudad de México existen poco más de 100 millones de ratas, 5 ratas nos corresponden a cada uno de los habitantes; hay dos millones de perros callejeros; el 80% de la contaminación ambiental en el Distrito Federal la producen cerca de 3 millones de vehículos
que circulan diariamente por la ciudad, esto dice el subsecretario de Ecología de la SEDUE; el 15% de los tóxicos son producto de las actividades industriales y el 5% restante lo generan las tolvaneras e incendios.
Yo pienso que esto no corresponde a la verdad, que los porcentajes son arbitrarios e interesados, pero si no son las industrias y son los vehículos fundamentalmente los que están contaminando el ambiente, yo creo que hay que hacer cambios radicales, debemos crear las condiciones para que todos, incluyendo los altos funcionarios públicos nos traslademos por el Metro, eso sería muy importante, porque si solamente se quiere que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, bueno pues es muy difícil que el pueblo acepte medidas que quienes lo representan y supuestamente lo dirigen no están dispuestos a poner en práctica.
A cada habitante del Distrito Federal le corresponde 2.8 metros cuadrados de área verde cuando organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros de área verde por cada persona. Los ecologistas llegan hasta decir que es más grave la crisis ecológica que la crisis económica porque afecta directamente a la salud de los habitantes y termina con la riqueza de la flora y de la fauna.
Pero los altos niveles de ruidos existentes en la metrópoli de 68 decibeles, cada decibel es la unidad para medir la intensidad del ruido y lo que se registra normalmente son 20 decibeles y los conjuntos de rock, el ruido que producen, está más o menos en los 68 decibeles, éstos provocan serios transtornos cardiovasculares como el infarto al miocardio y sordera progresiva, yo creo que a eso se debe la sordera política de esta Cámara.
La emisión de uno por vehículo, así como de las 36 mil plantas industriales, 33 mil plantas industriales establecidas en la ciudad de México, motivó en 1968 un incremento de 9.4% en el número de consultas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias al programado a principios del año; eso dicen los especialistas de la Secretaría de Salubridad y del INI.
Señores diputados yo creo que los que tienen de 50 años saben que transitando por los caminos de México se podía uno echar un clavado en cualquier río, en cualquier estanque o en cualquier arroyo. Ahora eso no se puede hacer, los ríos de México están contaminados, las presas de México están contaminadas, los esteros de México están contaminados, los mares de México están contaminados. Y aquí no solamente perdemos los mexicanos de hoy, sino los de mañana.
Han prevalecido los intereses de los grandes capitalistas sobre los intereses del pueblo. Detergentes, y toda clase de contaminantes, pero no solo eso, sino que hemos sido capaces ni siquiera de levantar la basura en la mayoría de las ciudades del país y menos en los ranchos, hay basura en algunas ciudades de México que tienen más de 50 años que se levantan , basura, que se ha petrificado y en los últimos tiempos es muy común encontrar en la central de las grandes ciudades basureros por la carretera, por todos lados, éste país se ha convertido en un país donde los habitantes aún en los centros turísticos más importantes tienen los basureros encima o a la vista de ellos; yo creo que debemos legislar sí, pero pensando en resolver los problemas de manera concreta, los municipios no están en capacidad de resolver los problemas de la contaminación del ambiente y de mejorar las condiciones ecológicas de sus jurisdicciones, tiene que ser un programa nacional en el que intervengan todos, el que permita limpiar al país, acabar con toda la mugre física, social, política que tenemos los mexicanos porque esto nos va a llegar a la asfixia rápidamente, está en el medio físico, está también en las concepciones de orden político y en el desprecio de quienes gobiernan para los intereses generales del pueblo.
Ayer hubo manifestaciones sobre los asuntos de Laguna Verde, miles de veracruzanos angustiados por que va a empezar a funcionar esta planta nuclear y entonces el debate se ha llevado a terrenos verdaderamente absurdos, unos que están a favor de la energía nuclear y otros que están en contra, más o menos así se ha planteado y aquí no es el problema porque habemos partidarios de que la energía nuclear utilice para usos pacíficos en favor de nuestro pueblo, porque ante el agotamiento de otros energéticos no cabe duda de que el porvenir del desarrollo de la humanidad está en la energía nuclear si pero el debate en México no es ese, el debate en México es el derecho a la desconfianza por toda nuestra práctica de que ése bien construido o no, los sismos en la ciudad de México demostraremos que por ahorrarse varillas pusieron en peligro miles de vidas quienes construyeron en nombre del Estado y claro los mexicanos tienen profunda desconfianza de que eso esté bien construido, no ha dejado de aprovecharse para labores anticomunistas o antisoviéticas por lo de Chernobyl, los Soviéticos han declarado que ha habido en Chernobyl una falla humana, pero no es la primera, ha habido decenas de fallas en todos los países capitalistas que se han dedicado a esto; una cuestión elemental es acabar con la autosuficiencia y pedir en los Estados Unidos o en la Unión Soviética en donde sepan para garantizar a los mexicanos realmente que no se corren riesgos y se corren los menores riesgos hay que reconsiderar este asunto, 7,000 veracruzanos ahora en manifestaciones. Mañana serán millones de mexicanos, en mexicanos en manifestaciones ante una política tan
inconsecuente como irracional y es que no estamos en contra de proyectos como el de Laguna Verde, nosotros no tenemos la confianza de que se hayan cumplido con las exigencias que este tipo de construcciones tienen y en eso evidentemente hay razón, hay razón de todos aquéllos que están preocupados y todos aquéllos que protestan; señoras y señores diputados: Pronto vendrá una ley, una ley ideal, pero, que probablemente no se pueda aplicar, los intereses de alguien que venda jabón. Se van a imponer sobre los pesos, sobre el producto, de las aguas de todo carácter y sobre todo del bienestar de la mayoría de los mexicanos, no es que se reforme la Constitución, que con estas reformas no cambiamos el sistema no iremos a ninguna parte.
El C. presidente: - Tiene la palabra la diputada Ma. Esperanza Morelos Borja, del PAN.
La C. Ma. Esperanza Morelos Borja: - Señor presidente, compañeros legisladores: En relación al Proyecto de Decreto que informa.
La C. Ma. Esperanza Morelos Borja:
Señor presidente, compañeros diputados.
En relación al proyecto de decreto que reforma el 3er. párrafo del artículo 27 y adiciona la fracción XXIX - G al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a formular el siguiente.
Nuestro voto lo fundamos en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
Preservar el ambiente y respetar el equilibrio ecológico de la naturaleza son acciones que necesariamente deben llevarse a cabo para tratar de asegurar una vida digna a la humanidad. Y su implementación se vuelve una exigencia insoslayable cuando se tiene la convicción que su falta de atención no solo compromete la calidad de vida de las actuales generaciones, sino que pone en peligro la vida misma de las futuras.
La política desarrollista y la aplicación de tecnología irresponsablemente usadas, han ocasionado un criminal desequilibrio ecológico, agudizando con esto los problemas de escasez y de contaminación ambiental. El desarrollo económico, el crecimiento demográfico y las concentraciones urbanas ponen hoy en serio peligro el equilibrio de la naturaleza.
Nunca como hoy la humanidad se ha enfrentado a una crisis más peligrosa, más esencial, más bárbara, más mortal. En esta época preñada de riesgos, debemos unirnos en un gran esfuerzo de consolidación de fuerzas, en un gran abrazo de todos los hombres de buena voluntad, para salvar lo que todavía puede y debe salvarse de nuestro patrimonio ecológico.
Nuestra patria no puede ni debe mantenerse al margen en la lucha por la preservación y restauración del medio ambiente, menos aun con la grave situación de deterioro ambiental que sufre: 85% de su superficie con diversos grados de erosión, más 50% de sus áreas naturales protegidas con el equilibrio roto. Cientos de especies animales y vegetales están amenazadas y en peligro de extinción.
Por todo lo expuesto, no debería haber argumento sólido alguno que se opusiera al fondo de estas reformas constitucionales. Nadie puede poner en duda que el propósito que las anima, pertenece a esa categoría de actos humanos que necesariamente deben catalogarse como buenos.
Y son buenos, en este caso, porque van dirigidos fundamentalmente a preservar la calidad de la vida humana y a crear las condiciones que hagan posible que ésta sea digna. Por ello - repito - estamos de acuerdo con la intención de la proposición de estas reformas no obstante esto, quiero hacer unas reflexiones.
Acción Nacional se ha manifestado en contra de los continuos cambios a nuestra Carta Magna. Sabemos que la dinámica social hace necesaria su revisión; pero los cambios excesivos generalmente evidencian la falta de un proyecto histórico de nación del régimen que padecemos. Tal parece que la Constitución cambia de acuerdo al capricho del Presidente en turno.
Creemos que, en cuanto a la reforma al 27 constitucional el constituyente no pudo preveer el desinterés por la preservación del medio ambiente legado y el deterioro que las exigencias de la vida moderna producirían en dicho patrimonio, por lo cual estamos de acuerdo en la bondad de la iniciativa y con el contenido de la reforma que se pretende hacer al artículo 27 constitucional para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Por otra parte creemos que con el texto que se propone a la fracción XXIX - G del artículo 73, se priva a los estados de la facultad que tienen para legislar en esa materia. En efecto, el artículo 124 de la Constitución General de la República es categórico en el sentido de que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. Este dispositivo constitucional es la clave de nuestro sistema federal, pues crea dos esferas de poderes públicos, Federales y Locales, y la distribución de las facultades entre unos y otros. Dicho de otra manera: al conferir esta reforma al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico los estados quedan impedidos automáticamente en esta materia por imperativo expreso del citado artículo 124. Se nos podrá
decir que le reforma confiere facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, por ello, señores diputados, no significa que con esta reforma se esté confiriendo a las legislaturas de los estados facultad para legislar en materia de ecología. Esto significa, que la Constitución confiere al Congreso de la Unión una competencia cerrada, esto es, sólo puede legislar en las materias específicas que señala el artículo 73. Se podría objetar el que la fracción XXX del artículo 73 permite al Congreso legislar en cualquier materia, pero esto es un error, porque dicha fracción confiere al Congreso facultad para expedir todas las leyes que sean necesarias pero entiéndase bien, para hacer efectivas solamente las facultades contenidas en las 29 fracciones anteriores y en las facultades que expresamente le confiera al Congreso algún otro dispositivo constitucional. De ahí deviene que todo lo que no esté expresamente concedido como facultad legislativa al Congreso de la Unión, le corresponde como facultad a los estados.
Nuestra postura, señores diputados, está fundada en nuestro afán de fortalecer el régimen federal. Federal, significa unir. En Estados Unidos, inspiración de nuestra federación desde el punto de vista constitucional, las 13 colonias se unieron para razones de autodefensa y formaron una Federación; pero todas las facultades las tenían los estados federados y solo por excepción, por beneficio común, cedieron parte de las facultades a la Federación, pero la regla, señores, es que las facultades las tengan los estados y sólo algunas, por excepción, se ceden a la Federación. En nuestro derecho constitucional, en las últimas décadas en una constitución teóricamente rígida, (pero que se ha vuelto tan flexible, que va se venden en hojas sustituibles), se ha seguido la tónica de irle quitando facultades, las tengan los estados y sólo auguración debilitando con esto el régimen federal. La reforma crea pues, una situación de que nada más este Congreso pueda legislar en materia de ecología y que los estados y municipios solamente puedan hacer en esta materia lo que la Ley Federal, que a futuro se expida, buenamente quiera concederles y es en donde la minuta del Senado y el dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente afirman que estriba la concurrencia, pero, compañeros, es absurdo pensar que una Ley Federal le pueda dar facultades a un Congreso Local para legislar en materia de ecología, eso sería romper la autonomía de los estados. La concurrencia, como la reforma lo propone. Dará a los estados y municipios facultades en materia de ecología de tipo ejecutivo, mas nunca legislativas.
Lejos de nosotros está el oponernos a que este Congreso legisle en materia de ecología, aceptamos que la Federación contando con planes y recursos suficientes debe legislar en esta materia; que el Gobierno Federal apoyado en una legislación federal pueda trazar un plan único a todo el país para que se combata la contaminación ambiental y se impidan los enormes daños que el olvido en esta materia ha provocado en todas las entidades del país; para ello se requiere de una voluntad política por parte del Ejecutivo y de los funcionarios públicos relacionados para que la Ley se cumpla y para que la instrumentación de los programas y actividades permitan gozar de un medio ambiente preservado a todos los mexicanos, quiero poner especial énfasis en esto. Recuerden compañeros diputados que leyes, recientemente aprobadas, como la Ley Forestal, han enfrentado enormes dificultades en su aplicación correcta y han quedado como letra muerta mientras los bosques de nuestra patria siguen siendo víctimas de talas inmoderadas y, los suelos sujetos a erosión degradante. Insisto, junto con las adiciones hace falta la voluntad política para atender en serio estos problemas; en este campo lo que no se atienda hoy, mañana tendrá menos posibilidad de corrección.
Sabemos que los cambios propuestos abren el camino a la creación de una ley sobre tan importante materia y esperamos propicien la toma de conciencia de la gravedad de los males que aquejan al país, de la responsabilidad que en su origen y corrección oportuna tenemos todos los mexicanos, ya sea por acción o por omisión, y de la urgencia de dar un viraje radical, que debe empezar porque cada mexicano crea en sí mismo, en su capacidad para transformarse y transformar, descubra las potencialidades adormecidas en su interior y que esperan solamente una palabra motivadora y un camino claro, bien definido de acción, para que crezcan las alas del espíritu, se eleve a los niveles de madurez que es dable alcanzar para que seamos capaces de aceptar nuestras responsabilidades en este orden de cosas y vayamos viendo con satisfacción como gracias a nuestro esfuerzo, México cambia de rumbo y de la ruina ecológica que se cierne sobre nuestro territorio, pasamos a transitar como paso firme a la superación de nuestros problemas, y de una situación degradada pasemos a una mejoramiento pleno de nuestra calidad de vida y poder así construir el medio ambiente que anhelamos.
Nuestra postura es señores diputados, aceptar la reforma con una adición al artículo 73 en la fracción que se propone agregando la expresión.
"...Sin perjuicio de las facultades legislativas de los estados en esta materia".
El C. presidente: - Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Ponce Torres.
La C. María Guadalupe Ponce Torres: - Con su permiso, señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En el seno de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, hemos hecho un esfuerzo denodado
por lograr mantener un consenso en el propósito de participar tanto en la gestión ambiental como en el sentido que requiere nuestra legislación para atacar, con eficacia, el problema ecológico y ambiental del país.
Prueba de ello es el consenso logrado en el mes de febrero anterior en el que todos los partidos políticos aquí representados suscribimos el apoyo e impulso a las cien acciones ecológicas que puso en marcha el Ejecutivo Federal a partir del mes de enero.
Esta iniciativa, la filosofía que sustenta como aquí queda acreditado, merece también la aprobación casi unánime de las fracciones parlamentarias; sin embargo, también se ha manifestado algunos criterios diversos sobre los conceptos vertidos en el dictamen de la Comisión. Es natural, somos 9 fracciones parlamentarias y cada una, también al interior como al exterior de la misma, es lógico que concurran diferentes ideas y aún intereses.
Todas las consideraciones nos parecen aceptables. Por nuestra parte declaramos que seguiremos poniendo nuestro máximo esfuerzo porque el consenso en lo esencial no se pierda, sino que se consolide y se enriquezca.
Respecto al planteamiento que hace la compañera Gabriela Guerrero, del PPS, hay una gran coincidencia con todos los demás compañeros que hicieron aquí su exposición, una que nos enfrentamos ante un problema no solamente de orden nacional sino de orden internacional.
Este problema lo debemos ver en dos vertientes, el diputado Manuel Terrazas ya lo señaló aquí, que en la Conferencia Latinoamericana del medio ambiente se trató la gravedad del problema de los países no desarrollados, es decir, este es un problema que rebasa las fronteras nacionales, es un problema también que rebasa las ideologías. En esta conferencia precisamente se propuso la creación del Instituto Latinoamericano de Ecología para que en una relación de unidad estos países luchemos contra los países desarrollados en el sentido de que no nos conviertan en el basurero de los desechos radiactivos, y también para propiciar una mayor afluencia de dinero para tener una tecnología más adecuada y así coadyuvar a resolver los problemas ecológicos.
En este sentido le decimos a la compañera Gabriela Guerrero que vamos a insistir ante la ONU para que precisamente se concretice este planteamiento que hizo México y que estas consideraciones sean tomadas en cuenta.
Otro planteamiento coincidente con los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, es en el sentido de que a nivel nacional nos encontramos con el problema de depredación, de desecho, etc., como también vamos en el nivel nacional que rebasan las fronteras.
Hay problemas que atañen a diversos estados, problemas que no sólo se pueden resolver en no, individual en cada uno del ámbito territorial, sino que necesitamos de un consenso nacional. De aquí que la adición a la reforma al artículo 73 hable de la concurrencia de las leyes, concurrencia que no le va a restar la responsabilidad a los municipios, sino que va a legislar en estos problemas que consideramos sean heterogéneos.
Con el compañero Terrazas estamos de acuerdo en el sentido de que necesitamos medidas más radicales, urgentes en cuanto a sus propuestas en que en las leyes federales se establezcan la competencia de los estados respetando su soberanía, recogemos con su atención ese planteamiento y desde ahora decimos que para el estudio de esta nueva ley habrá de prevalecer el espíritu que ha privado siempre en la Comisión de Ecología, donde todas las fracciones parlamentarias enriquezcamos este proyecto de ley o queden vertidas en ellas la preocupación de las diferentes fracciones parlamentarias.
Al diputado Gazcón Mercado, quien hace la pregunta que si no se puede haber legislado con el contenido del artículo 27 constitucional, precisamente le decimos que si el hubiera leído con más atención el dictamen, le hubiera quedado claro que se trata en está iniciativa de incorporar la obligatoriedad de los estados y de los municipios de manera coherente, articulada e irrecusable, junto con la aseveración para actuar en una sola dirección y que lo que es muy importante, que todas las instancias de gobiernos y sus respectivos ámbitos actúen con la prioridad del caso.
Con la experiencia que el compañero Gascón ha tenido como presidente Municipal, él creo que se ha de haber enfrentado al problema que se enfrentan día a día todos los ayuntamientos respecto a la distribución del agua, respecto a los desechos sanitarios y tantos problemas que no son particulares de un sólo municipio sino de todos los municipios de la República Mexicana precisamente con la concurrencia de esta ley, se trata de brindar a los estados y a los municipios de la tecnología adecuada para que se puedan resolver estos problemas.
Respecto a que el compañero habla de que la gasolina es una de las más contaminantes por los altos niveles que tiene de plomo, quiero decirle que el Instituto Mexicano del Petróleo hace más de 2 años estuvo realizando pruebas para sacar un aditivo en las 2 gasolinas y que disminuyera el nivel de plomo en las gasolinas.
En la actualidad la gasolina cuenta con este aditivo y le puedo decir que estamos en los
niveles más bajos de plomo tanto en Europa como en América Latina.
Estamos seguros de que el diseño de estas normas despectivas que a través de la coordinación de las leyes secundarias la federación y los estados darán a los problemas ecológicos la mejor unidad, como lo decía, bajo los municipios de unidad técnica.
Respecto de la preocupación de la compañera Esperanza Morelos; me parece muy respetable y ella siempre ha tenido una participación muy activa dentro de la comisión, siempre prevaleciendo como dije al principio, ese espíritu de unidad y de buscar el bien colectivo, porque estoy segura de que el problema ecológico como el problema de la contradicción rebasa las fronteras políticas e ideológicas; pero quiero decirle a la compañera que esta concurrencia precisamente le va a dar a los estados y a los municipios esa facultad de legislar, esa facultad de legislar con un orden, con una directriz y con una congruencia, y que el espíritu de la ley precisamente es el de facultar a los estados y a los municipios a que legislen de manera particular sobre esa materia.
El artículo 124 es cierto, nos marca las facultades que tienen los estados de legislar, facultad que había quedado en letra muerta porque solamente un estado, el Estado de Veracruz había legislado sobre esa materia, con este artículo, con la concurrencia se viene a dar esta facultad, pero insisto, respeto su criterio jurídico y lo más importante es la coincidencia en la filosofía de esta ley.
Compañeras y compañeros diputados: quiero saludar desde esta tribuna el interés manifestado de quienes me precedieron en el uso de la palabra, la sociedad está esperando de la representación popular en su conjunto mayores y mejores medidas que reviertan la tendencia del impacto ambiental que a todos nos preocupa sin distingos de partidos o intereses particulares o mejor dicho, por encima de ellos; la cuestión ecológica debe unificarnos cada vez más para que con el impulso de todos recobremos en beneficio de México, de las actuales y venideras generaciones un medio ambiente sano, un entorno que haga posible, como reza el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, que el ser humano pueda desarrollarse armónicamente en todas sus potencialidades, todas sus capacidades y que sea la propia población quien defienda y preserve su entorno social. Muchas Gracias.
El C. presidente: - Consulte la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general; los CC. diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido.
El C. presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular,
Para discusión en lo particular, está únicamente anotado el diputado Sergio Meza López.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular. Los artículos no impugnados en un sólo acto.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados; se ruega a la Oficialía Mayor hacer los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor presidente, se emitieron 335 votos en pro, cero en contra.
El C. presidente: - Aprobamos en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados por 335 votos.
Esta presidencia informa que han sido reservados para su discusión, el artículo 11 del dictamen y está inscrito para hablar con ese motivo, en contra, el diputado Sergio Meza López. Tiene la palabra.
El C. Sergio Teodoro Meza López: - Señores diputados: Subí a la tribuna, para proponer a ustedes una adición al artículo del proyecto del artículo 63 de la Constitución, en su fracción vigésima novena, inciso G). Actualmente y conforme al proyecto, dice lo siguiente: "Dentro de las facultades del Congreso, están para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico".
A éso, nosotros proponemos una adición que diga: "Sin perjuicio de las facultades legislativas de los estados en esta materia". ¿Porque? Actualmente los únicos facultados para legislar en esa materia, son los congresos locales, el Congreso Federal actualmente no está facultado porque dentro de los artículos que implícitamente le dan las facultades, aún no se les confiere. Entonces, en base a que actualmente no está facultado el Congreso, es por eso que se modifica la Constitución para poder tener el Congreso esa facultad. Esa es la razón por la cual lo estamos proponiendo a su consideración este artículo.
Pero en el momento en que se inserte en la Constitución o si se llega a probar en los términos
que se nos propone, los congresos locales automáticamente dejan de tener esa facultad para legislar.
Sí se dice "para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal"; sí es cierto, sí lo dice, pero básicamente ahí ya estamos hablando de una concurrencia no legislativa ; es una concurrencia ejecutiva, como ya lo expresó la diputada Esperanza Morelos, cuando hizo uso de la palabra.
Sabemos de la necesidad de que exista por parte del Congreso esa facultad de legislar en esta tan importante de protección al ambiente; lo sabemos, y sí estamos de acuerdo que este Congreso tenga facultad para legislar. Lo que queremos es que también los congresos locales sigan teniendo la facultad que hasta este momento todavía tienen, que no se les quite esa facultad, que la sigan manteniendo.
Esa es la razón principal por la cual he subido a esta tribuna a proponer a la consideración de ustedes el aceptar esa adición, esa adición de que para expedir las leyes en esta materia sea sin perjuicio de las facultades legislativas de los estados. Muchas gracias. Dejo a la secretaría esto, es la proposición.
El C. Presidente: - Tiene la palabra la diputada Blanca Esponda.
La C. Blanca Esponda de Torres: - Con su permiso, señor presidente: Señor presidente, me permití solicitar el uso de la palabra para hablar en contra de la adición que ha propuesto aquí nuestro compañero, el diputado Sergio Meza López, en representación de su fracción parlamentaria.
Las razones que vengo a esgrimir a esta honorable asamblea, son varias. En primer término, quiero destacar que en la Comisión de Ecología se hizo un enorme esfuerzo para compatibilizar todas las posiciones que fueron ahí presentadas.
No hay duda de que la ecología hoy en día ocupa un lugar importante en el temario en la agenda política. No hay duda que se trata de una de las materias del siglo XX.
Pero también no hay duda que la materia en sí misma es importante. Como aquí se explicó en las distintas intervenciones que hicieron las otras fracciones parlamentarias en el debate en lo general, el artículo 27 constitucional ya establece algunas prevenciones y el hecho mismo de esta reforma al artículo 73, que no puede verse aislada del artículo 27 que es la materia que viene a regular, tiene el propósito de hacer más explícitas las facultades de la Federación en la materia.
A todos nos ha preocupado subrayar el carácter - no sólo federal - de la materia, sino su carácter general. La importancia que tiene es que no tiene límites cuando se trata de establecer normas que prevengan los efectos nocivos del desequilibrio ecológico.
La Constitución reserva actualmente los contenidos de la materia a la Federación, en los artículos 25, 27, 73, en términos generales y señala la competencia de los municipios en el 115. Sin embargo, los estados no han ejercido a la fecha ampliamente esa facultad, entre otras cosas, porque muchas veces un fenómeno ecológico pasa, va más allá de las fronteras propiamente políticas. Un río contaminado fluye a lo largo de todo un territorio que puede estar ocupando varias circunscripciones territoriales para efectos políticos.
Sin embargo, también es menester destacar, con objeto de centrar nuestro debate, que hay antecedentes en nuestra práctica legislativa ya aceptamos que determinan leyes que atienden asuntos generales, como es el caso de la Ley General de Salud y de la Ley General de Asentamientos Humanos, en que se acepta la concurrencia y que no se restringe la facultad federal y mucho menos se limita la facultad de los estados.
Se trata de una disposición jurídica de carácter constitucional, de una norma general, que va a establecer la prominencia de la norma general para que en el ámbito de sus respectivas competencias como lo establece la disposición que ahora hemos propuesto a la consideración de esta honorable asamblea, concurran a legislar en el mismo sentido y con la misma dirección la Federación, los Estados y los Municipios.
Cuantas veces hemos advertido nosotros ya en el terreno de la práctica, no solamente de la norma, sino de la práctica, que las normas de carácter federal encuentran a veces algunas inhibiciones para su aplicación en el terreno de la práctica, porque disposiciones de carácter específico en el orden de los Estados o de los Municipios, o bien no concurren o apuntan en otra dirección.
El propósito de esta disposición de carácter general, es hacer concurrir la norma general, la norma suprema, en los términos de nuestro artículo 40 constitucional.
Ahí está muy claro, es la voluntad del pueblo constituirse en una República representativa, democrática y federal. Tiene una coma y dice: "compuesta por Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior".
La gran pregunta aquí es si la ecología compete solo al régimen interior de un Estado, o si es competencia del régimen general de toda la nación.
No podemos, solamente dejando a los Estados legislar en esta materia, tener la seguridad
como nación, como país, que la materia ecológica estará debidamente regular. Necesitamos hacer un gran esfuerzo de congruencia normativa, programática, de política, de intención, de ánimo, no solamente en el orden gubernamental, sino en el orden social y político, de concertación para lograr que esto que nos estamos proponiendo, - que es el control del equilibrio ecológico y la protección de nuestros recursos -, sea, en efecto, una norma que vaya a encontrar una expresión cabal en la realidad.
Por eso es importante hacer concurrir los tres órdenes de gobierno. El orden federal, el orden estatal y el orden municipal, al amparo de esta gran disposición general que prevé el artículo 40, mediante la cual los Estados son libres y soberanos para legislar en todo lo concerniente a su régimen interior. Por lo tanto, cuando legislen en materia ecológica deberán hacerlo de conformidad con la norma suprema que establece la Constitución. En resumidas cuentas, tenemos la impresión en nuestra fracción mayoritaria, en el PRI, que no estamos, como argumentan nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, dejando fuera las facultades de los Estados, sino por el contrario exhortando a la coincidencia, a la concertación y a fijar la direccionalidad de un programa que en lo normativo deje sentadas claramente la jerarquía de las normas y que en el orden práctico y programático establezca el mismo sentido en favor de la ecología.
Por estas razones, señor presidente, yo me permito rogarle que se someta a la votación ya de la asamblea esta proposición."
El C. presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Galván.
El C. Jesús Galván Muñoz: - Señoras y señores diputados. En el fondo estamos de acuerdo, la diputada pregunta si la ecología competía al régimen interior de los estados, estamos completamente de acuerdo y por eso es que hicimos esa proposición. Porque la forma en que se redacta la proposición de la fracción XXIX que excluye del ámbito de la competencia de los estados el poder legislar en materia de ecología. ¿En qué apoyamos esto? Primero, en que la Constitución establece lo que los órganos del poder pueden hacer, lo que deben hacer y lo que les está prohibido hacer; y se establecen disposiciones muy claras en este respecto. Los artículos 73 y 74 establecen las facultades del Congreso de la Unión, pero el 124 dice claramente que las facultades que no están expresamente concebidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Es decir, en tanto que el artículo 73 de la Constitución no establece facultad expresa a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, para legislar en materia de ecología, en este momento es facultad de los estados el poder legislar en esta materia. Pero desde el mismo momento en que ingresa a la Constitución esta disposición, automáticamente los Estados se hayan imposibilitados por la propia Constitución, por el régimen federal, para poder legislar en la materia.
Así lo dice la Constitución, no es una redundancia el que se diga expresamente, cuando en el artículo 89 fracción XX, cuando se habla de las facultades del Presidente de la República y dice: "las demás que confiere expresamente esta Constitución" quiere decir que el Presidente de la República puede hacer exclusivamente lo que el artículo 89 le dice, lo que la Constitución establece, lo que debe hacer, lo que quiere hacer, y lo que no puede hacer y lo que puede hacer está también expresamente establecido en la Constitución. Lo mismo sucede en el ámbito legislativo; el Congreso de la Unión puede legislar exclusivamente para lo que le faculta los artículos relativos; pero una vez facultado al Congreso de la Unión para legislar en materia ecológica, se excluye automáticamente la congruencia de los estados.
A lo que se refiere aquí en la fracción "G" del inciso 29, es la concurrencia en materia ejecutiva, la concurrencia del Gobierno Federal, la de los gobiernos de los estados y la de los municipios más no, de ninguna manera, pueden al aceptarse esta disposición, podrían los congresos locales legislar en materia de ecología.
La diputada Esponda hace referencia al artículo 40 y los estados, ya habíamos señalado antes, los Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pueden legislar en todo aquello, no solo aquello que quede fuera del ámbito de la competencia del Congreso, sino que además se requiere que sus constituciones les otorguen esas facultades al Congreso Local, si el Congreso Local no tiene de acuerdo a la Constitución Local, facultad para legislar en materia ecológica tampoco podrán legislar en materia de ecología, así que si estamos de acuerdo en el fondo hay que modificar esa fracción para que se faculte no solamente al Congreso de la Unión, sino también a los estados para que puedan legislar y no se les excluya del derecho que tienen para también legislar en materia de ecología. Muchas gracias.
El C. presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Martín Tavira.
El C. Martín Tavira Urióstegui: - Señor presidente; señoras y señores diputados.
Solamente para algunas breves consideraciones pedí la palabra, y para rectificar algunas afirmaciones. En primer lugar, deseo manifestar a la H. Cámara de Diputados que no es correcta la tesis de que el federalismo mexicano
haya estado inspirado fundamentalmente en el federalismo norteamericano.
Ya explicamos en una intervención anterior que fueron factores de carácter nacional, de carácter doméstico los que impulsaron la construcción del federalismo y basta ver, leer las discusiones entre los federalistas del 24 para darse cuenta que si bien es verdad que el federalismo norteamericano en algunos diputados tuvo alguna influencia, no fue el federalismo extranjero el factor fundamental.
Ahora bien, por naturaleza misma de la materia ecológica que estamos discutiendo, debe ser facultad fundamental del Congreso de la Unión, legislar en este aspecto. Ya la diputada Esponda aclaraba la contaminación del ambiente, la contaminación de los ríos y de los mares, todo el daño que pueda sufrir la naturaleza del suelo mexicano, la naturaleza de su aire, de sus aguas, de sus tierras, etcétera, rebasa con mucho los límites de los estados, no correspondieron a criterios homogéneos de tipo geográfico o económico, menos pudieron obedecer a criterios de tipo ecológico, pues primordialmente la facultad de legislar en materias ecológica debe de corresponder a los Estados y concurrentemente digo a la Federación y concurrentemente a los Estados en aquellas materias no reservadas a la Federación, así como en materia penal los congresos locales tienen facultad de legislar en materia amplia y el Congreso de la Unión diría en materia relusiva ahora tratándose de los problemas ecológicos las cosas serían al revés; la Federación tendría un amplio campo para legislar y los Estados un campo reducido, precisamente por las razones que ya expliqué, ahora bien. México apenas está iniciando su trabajo legislativo en esta materia, todavía no tenemos una experiencia muy larga y hay que darle a la Federación, es decir, al Congreso General la facultad de entrar en esta materia para que una vez hechas las primeras leyes, tocada por primera vez la materia, los Estados ya puedan recoger las experiencias y legislar en lo que corresponde a su área. Quiero decir a ustedes compañeros, que aparentemente los problemas ecológicos no tienen que ver con la ideología, alguien ha dicho que las Ciencias Naturales no tienen que ver con las cuestiones ideológicas o filosóficas y yo digo que sí. ¿Quién pensaría que en la época del Renacimiento Galileo Galilei iba a chocar con la Iglesia, por hacer afirmaciones que contradecían los dogmas del papado de toda la Iglesia? La doctrina católica en aquel tiempo, en materia ecológica, tal parece que no había problemas ecológicos y sin embargo los hay porque la burguesía privada, la Iniciativa Privada, está interesada en que no se legisle en esta materia y qué bueno sería para la iniciativa privada dejar esa facultad a los Estados porque los Estados podrían fácilmente caer bajo la influencia de este sector, que presionaría con toda su fuerza a la Legislatura Local del Gobierno respectivo para que se callara en materia tan delicada, en cambio el Congreso de la Unión no puede ser tan fácilmente sobornado, entonces, yo diría que hasta por problemas del patriotismo y por problemas ideológicos, nosotros deberíamos sostenernos en estas facultades expresa y primordial del Congreso de la Unión, de legislar en materia ecológica y entonces yo diría que hasta por problemas de patriotismo y por problemas ideológicos, nosotros deberíamos sostenernos en esta facultad expresa y primordial del Congreso de la Unión, de legislar en materia ecológica y concurrentemente, una vez tenida la experiencia, los estados en lo que les corresponda. Muchas gracias.
El C. presidente: - El diputado Jaime Delgado Herrera, tiene la palabra para hechos.
El C. Jaime Delgado Herrera: - Con su venia, señor presidente; ciudadanos diputados: Quiero referirme a las palabras vertidas por la ciudadana diputada Blanca Esponda y el ciudadano diputado Martín Tavira. Es necesario pues, aquí cuestionar realmente ir con profunda conciencia hacia dónde vamos, porque es por demás sabido que no hay mayor agente que perturbe la ecología que la miseria; producto de la ignorancia, sobrepoblación, marginación y de la injusticia social.
Parece mentira que hace más de 500 años el Rey Netzahualcóyotl en su época tenía más amplio sentido y más profundo amor a la naturaleza y una conciencia de lo efímero de la existencia del hombre y de su papel como parte integrante de lo mismo. Y decía "¿pero en verdad estamos aquí? No, sólo un momento."
Pero quiero referirme también a la carta que envió en 1854 el Jefe Seatle, piel roja, al gran jefe blanco de Washington, donde éste le ofrece comprar amplísima extensión de tierra, prometiendo crear una reservación para el pueblo indígena.
La respuesta del jefe Seatle, la cual me permito adjuntar, ha sido reconocida como la declaración más bella y más profunda jamás hecha sobre el medio ambiente, la cual fue dada a conocer en el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente el 5 de junio de 1976 y leo textualmente: "Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra. Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo pueden ustedes comprarlo? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los obscuros bosques, cada alto sano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.
"La sabia que circula por las venas de los árboles lleva consigo la memoria de los pieles rojas; los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus paseos entre las estrellas, en cambio nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra asimismo ella es parte de nosotros.
"Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, la gran águila, estos son nuestros hermanos, las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
"Por todo ello, cuando el gran Jefe de Washington nos envía un mensaje que quiere comprar nuestra tierra, nos está pidiendo demasiado. También Gran Jefe nos dice que nos reservará un lugar en donde podamos vivir confortablemente entre nosotros, y él se convertiría en nuestro padre y nosotros en sus hijos, por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil ya que la tierra es sagrada para nosotros.
"El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, deben recordar que es sagrada, y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada, y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de la vida de nuestra gente.
"El murmullo del agua es la voz del padre y de mi padre; los ríos no son nuestros hermanos y sacian nuestra sed, son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos las tierras ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también lo son suyos, por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano.
"Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra forma de vida. El no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma las tierras que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres, sin importarle; le secuestran la tierra a sus hijos, tampoco le importa, tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos que son olvidados.
"Trata su madre, la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas a cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo el desierto.
"No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de su ciudad es apenas los ojos de piel roja, pero quizá sea por que si el piel roja es un salvaje y no comprende nada.
"No existe un lugar tranquilo en la ciudad donde el hombre blanco, ni hay un sitio en dónde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera y cómo aletean los insectos. Pero quizá también eso debe ser porque soy un salvaje y no comprendo nada.
"El ruido sólo parece insultar nuestros oídos y después de todo para qué sirve la vida, si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras, ni las discusiones nocturnas al borde del estanque.
"Soy un piel roja y nada entiendo, nosotros preferimos el solo y suave susurro del viento sobre la superficie de un bosque, así como el olor mismo del viento pasando la lluvia del mediodía perfumado de los pinos.
"El aire tiene un valor estimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten lo mismo, aliento, la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire.
"El hombre blanco no parece estar consciente del aire que respira como un moribundo que agoniza después de muchos días es insensible el hedor pero si les vendemos nuestras tierras deben recordar que nuestras tierras nos es inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida y también recibe los últimos suspiros.
"Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudriéndose en las praderas muertos a tiros por el hombre blanco desde el tren en marcha.
"Soy un salvaje que no comprende cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo que nosotros matamos sólo para sobrevivir. Qué sería del hombre blanco sin animales, todos fueran exterminados, el hombre también moriría de soledad espiritual. Porque lo que le suceda a los animales, también le sucederá al hombre y todo va enlazado.
- Señor presidente, le pido tres minutos para terminar.
"Ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo, queda exento del destino común, porque después de todo quizás seamos hermanos, ya veremos. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios.
"Ustedes pueden pensar ahora que a él les pertenece, lo mismo que decían nuestras tierras les pertenezcan. Pero no es así. El es el Dios de los hombres y su compasión se comparte
por igual que entre el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para él y si se daña provocará la ira del creador.
"También los blancos se extinguirán, quizás ante de las demás tribunas y contaminarán sus lechos y una noche perecerán ahogados por sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que les trajo a esta tierra, y por algún destino espiritual les dio dominio sobre ella y sobre los pieles rojas. Este destino es un misterio para nosotros.
"Así pues, si nosotros por algún destino espiritual del Dios que les dio dominio sobre ellas, sobre piel roja, este destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos porque se exterminan los búfalos, fenomenales caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los árboles con el aliento de los hombres y se atiborra el paisaje con exuberantes colinas de cables parlantes.
"Dónde está el matorral, destruido, dónde está el águila, desapareció. Termina la vida y empieza la sobrevivencia.
Las palabras, vertidas por ese jefe indio, nos cuestionan en lo personal y son una severa crítica al uso y al abuso que hemos cometido con los recursos naturales, de los cuales nuestra nación es depositaria. Y que de no hacer un uso más inteligente y racional, compromete nuestra existencia y de las generaciones que habrán de sucedernos.
No está por demás insistir que las tierras, las aguas, los bosques, deben de estar en manos de quien los quiere y conoce sus secretos de quienes tienen manos de clorofila, de quienes las quieren como una novia o una esposa. En fin, de quien tiene un profundo amor a la tierra y que entiende el idioma de las plantas. Es cuestión de vocación.
Qué nefasta ha sido la atomización del campo. Cuánta improductividad ha acarreado y cuánto daño se ha hecho a los recursos naturales.
El ejido, las comunidades, las cuestiones irremediablemente.
En tal virtud, nosotros debemos aprender de nuestros fracasos si es que queremos romper el círculo de improductividad, miseria, injusticia social y dependencia alimentaria, en la cual nos encontramos desde hace 15 años.
Por lo mismo nos adherimos a la proposición hecha por el diputado Sergio Teodoro Meza y los que aquí de nuestro Grupo Parlamentario del PAN han tomado la palabra. Muchas gracias.
El C. presidente: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se admite la adición propuesta por el diputado Sergio Meza López.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o no la adición presentada por el diputado Meza López, del Partido de Acción Nacional.
Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.
Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo. Desechada, señor presidente.
El C. presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 2o. del dictamen se encuentra suficientemente discutido.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - En votación económica se pregunta si está suficientemente discutido el artículo 2o. del dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Suficientemente discutido, señor presidente.
Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo 2o. del dictamen. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(VOTACIÓN.)
Señor presidente: se emitieron 311 votos en pro y 24 en contra.
El C. presidente: - Aprobado el artículo 2o. por 311 votos en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 27 y adiciona una fracción vigésimo novena "G", al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La C. secretaria Alma Salas Montiel: Pasa a los congresos de los estados para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA
El C. presidente: - Tiene la palabra el C. Juan Manuel Lucia Escalera:
El C. Juan Manuel Lucia Escalera:
«C. Presidente.
H. Cámara de Diputados.
Como me he venido dando cuenta de los problemas que existen actualmente en la enseñanza en todos los grados, me permito hacer la siguiente proposición:
Que se corrijan el plan de estudios de la instrucción primaria pues desde ahí nace la mala preparación de los profesionistas. En la Universidad últimamente nos hemos dado cuenta por las palabras del Rector y del Consejo Universitario de lo mal preparados que llegan a esa casa de estudios los estudiantes. En la primera en los años 20s el joven salía de sexto año sabiendo nociones de álgebra, hoy no saben a la perfección las cuatro operaciones fundamentales y si eso fuera poco en la historia no saben los jóvenes casi nada de nuestra querida patria y no digamos las demás materias. Ruego a esta Cámara turne a la Comisión de Educación para que se enfoque a resolver este problema que es sumamente importante para nuestra patria.
El C. presidente: - Túrnese a la Comisión de Educación:"
Atentamente:
ORDEN DEL IDA
La C. secretaria Alma Salas Montiel:
La C. secretaria Alma Salas Montiel: - Señor presidente se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL IDA
La misma C. secretaria:
«Cámara de Diputados.
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso de la "LIII" Legislatura.
Orden del día
28 de abril de 1987.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.»
El C. presidente: (A las 13:30 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 28 de abril, a las 10:00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES