Comunicaciones
Dictámenes
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Eloisa Chavarrias Barajas, PAN
Alejandro Domínguez Domínguez, PRI
Votación en lo general y en lo particular
Por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, fundamentación
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
Víctor Ernesto Ibarra Montoya, PAN
Miguel Ángel Sulub Caamal, PRI
Votación en lo general y en lo particular
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Francisco Javier Pinto Torres, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Rodrigo Abdala Dartigues, Morena
María Cristina Teresa García Bravo, PRD
Votación en lo general y en lo particular
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Próspero Manuel Ibarra Otero, PRI
Tania Victoria Arguijo Herrera, PRD
Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM
Araceli Damián González, Morena
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Gonzalo Guízar Valladares, PES
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Acuerdos de la Junta, sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:46 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de los diputados Verónica Delgadillo García, Ramón Bañales Arámbula, Jesús Serrano Lora y Matías Nazario Morales solicitudes de retiro de sus iniciativas, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite el tercer informe trimestral de actividades 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el que remite la opinión sobre la normatividad aplicable al servicio público de autotransporte federal de pasajeros en su modalidad de taxi, con origen en los aeropuertos nacionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el que remite su informe anual de actividades y ejercicio presupuestal 2015.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Derechos Humanos, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió del Congreso del Estado de Jalisco, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17, fracción XV; 50 A; 50 B; 50 C, y 50 D, a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 192-D; 224, fracciones I y IV; y 282, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, presentada por los senadores integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y por el senador Manuel Cárdenas Fonseca.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425, de la Ley General de Salud en materia de cirugía estética.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15, de la Ley Federal de Defensoría Pública. Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en representación de los integrantes de la Comisión de Justicia me presento ante ustedes para realizar la fundamentación del dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata a la federación, en su artículo 17, garantizar un servicio de defensoría pública de calidad a la población. En cumplimiento con lo dispuesto por nuestra Norma Fundamental y a fin de salvaguardar el derecho de defensa que como persona tenemos, de 1998, se publicó nuestra actual Ley Federal de Defensoría Pública, por ella se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, que bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, es la institución encargada de garantizar el derecho a la defensa en materia penal.
Es también el órgano encargado de proporcionar orientación, asesoría y representación en las materias administrativa, fiscal, civil y de causas penales, atendiendo a la población en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de superar desigualdades sociales.
Sin embargo, el texto vigente de la Ley Federal de Defensoría Pública solo considera para el exceso a los servicios de asesoría jurídica tres condiciones: la de vulnerabilidad, la discriminación por origen étnico, razones sociales y económicas. Sin observar otros factores, porque las que una persona pueda estar en situación de vulnerabilidad, como son los que señalan nuestra Constitución en su artículo 1o., género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
La Ley General de Desarrollo Social define a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impida alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención del gobierno para lograr su bienestar.
Por todo ello, se propone ampliar la esfera jurídica para el exceso de los servicios de asesoría que presta el referido instituto, garantizando que todas las personas que por cualquier razón social, económica o por diferentes factores enfrenten en situaciones de riesgo o discriminación y que tenga necesidad de estos servicios puedan acceder a los mismos.
Sin duda, se trata de proteger a los grupos vulnerables, de cerrar paso a la brecha de desigualdad y de poder asistir jurídicamente a más personas que así lo necesiten, reformando la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública.
Compañeras y compañeros diputados, al margen de colores políticos, hoy tenemos que votar a favor de una justicia igual para todos, donde las personas en situación de vulnerabilidad tengan la orientación adecuada para acceder a sus derechos, donde todos los derechos sean para todos los mexicanos y que estos reflejan en su diario vivir.
Unámonos todos a favor de que se brinden todos los servicios legales a quien más lo necesitan. Votemos a favor de fortalecer la cultura de la legalidad, votemos a favor de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra Hinojosa. Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
El diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. El diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. La diputada Eloisa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, para manifestar la postura y el sentido del voto del del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con respecto de la reforma al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, que nos propone que los servicios de asesoría jurídica se presentarán preferentemente a las personas que por cualquier razón social, económica, por diferentes factores que enfrenten situaciones de riesgo o discriminación y tengan la necesidad de estos servicios.
Que esta reforma amparamos y permitimos que a estas personas se les administre de manera pronta y con la totalidad de garantías que establece la Constitución y las demás leyes en la materia.
Nuestra fracción lo hace con la convicción de la importancia de la defensa jurídica de este amplio sector de la sociedad, que de acuerdo con el anexo estadístico de la medición multidimensional de la pobreza en 2014, asciende a 86.8 millones de personas potencialmente beneficiadas.
Algunos de los sectores que se verán beneficiados con esta reforma que nos propone la Comisión de Justicia que aprobemos, son las comunidades y pueblos originarios, las mujeres, los desempleados, los migrantes entre otros.
Para nosotros todos los sectores son importantes, sin embargo, destacan de estos las personas que pierden el empleo y se ven en la necesidad de contar con los servicios de un profesional del derecho para la defensa de su persona, de su patrimonio o de alguna otra circunstancia de carácter legal.
De acuerdo al Informe Anual de Labores correspondiente al periodo del 1 de junio del 2015 al 31 de mayo del 2016, del Instituto Federal de Defensoría Pública, los servicios de defensa se otorgaron a 5 mil 626 personas en lo particular, en 157 ciudades de la República. Señala el Informe del Instituto, los defensores públicos adscritos en averiguación previa primaria y segunda instancia llevaron la defensa de 75 mil 875 asuntos, promovieron 7 mil 537 juicios de amparo, realizaron 25 mil 726 entrevistas y practicaron 171 mil 798 visitas carcelarias. Por otra parte, intervinieron en 7 mil 493 casos ante los juzgados de distrito en ejecución de penas.
Por lo que se refiere a la defensa de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, el Informe señala que el Instituto cuenta con 25 defensores públicos y 21 oficiales administrativos que en conjunto permiten la defensa penal de 34 lenguas.
Encuentro Social reconoce la labor de la comisión dictaminadora, al proponernos reformas que fortalecerán la justicia y darán mayor viabilidad al trabajo que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública, que le permita mejorar en lo inmediato las asignaciones financieras que en esta Cámara anualmente le asignan. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pineda Morín.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: –Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o tienen nada–. Nelson Mandela.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en innumerables ocasiones desde esta tribuna hemos defendido el respeto, la no discriminación, la igualdad, la equidad y la inclusión; así como nos hemos ocupado de la protección de los sectores con mayor grado de vulnerabilidad, pues para Nueva Alianza impulsar el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales de cada individuo, especialmente de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ha sido tarea primordial de nuestro quehacer legislativo.
Congruentes con ello, hoy concordamos con el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
El objetivo que se persigue es garantizar de manera sustantiva que los servicios de asesoría jurídica que se proporcionan de forma gratuita se presten de manera preferente a aquellas personas que por cualquier razón social, económica o por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación.
La Constitución prevé en su artículo 17 que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por medio de tribunales y a que estos servicios se le otorguen de forma gratuita. Para cumplir con dicha obligación fue creado el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal, civil y derivada de causas penales a las personas que se ven prensadas a comparecer por la posible comisión de un delito.
Con ello, se proporciona atención a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, en aras de consolidar un efectivo estado de derecho. No obstante, coincidimos en la pertinencia de la reforma propuesta en cuanto a incorporar de manera más específica la atención a los grupos vulnerables, de esta manera estaremos garantizando la igualdad y la no discriminación de los sectores más desfavorecidos, al tiempo que se abona al fortalecimiento del acceso a la justicia para todos, mediante una adecuada asesoría jurídica que permitan un equilibrio procesal.
En Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de los más vulnerables. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente; compañeras y compañeros diputados. México es uno de los países de Latinoamérica con mayores carencias y deficiencias en materia de defensoría pública, tanto en el marco regulatorio constitucional y legal que rige dicha figura, como en el marco de sus instituciones, especialmente las locales o estatales.
Aun y cuando después de la reforma constitucional que diera el nuevo sistema de justicia penal y que obligara a nivel constitucional a que los defensores públicos ganen lo mismo que un Ministerio Público, y a ocho años de esa reforma hoy podemos señalar que no se ha cumplido a cabalidad. Que siguen habiendo estados donde los defensores públicos ganan menos que un Ministerio Público, que la capacitación y la infraestructura que se ha implementado para las defensorías también sigue siendo muy limitada.
Pero debemos reconocer que es un primer avance esta reforma constitucional pero se requiere seguir impulsando con mayor énfasis el apoyo y las leyes para la defensoría pública, porque a pesar de que en diversas entidades del país se han hecho reformas, la realidad es que ello no es suficiente, pues no existe uniformidad en la cantidad ni en la calidad de los servicios de defensoría pública en este país, por lo que es importante y de vital trascendencia hacer realidad el sueño de justicia de muchas mexicanas y mexicanos.
El crear un sistema nacional de defensoría pública en el que se garantice la existencia de defensorías públicas estatales debidamente capaces de prestar los servicios necesarios para tal efecto, esto, tal y como los diputados y ciudadanos lo plantemos.
Es importante que se cree una defensoría nacional pública donde se les den garantías, derechos mínimos a los defensores y no nada más salarios, también prestaciones, capacitación, se profesionalice la defensoría y los defensores para que tengamos un mejor nivel de justicia.
Con esto se busca garantizar y defender la eficacia de los derechos humanos que consagra nuestra Constitución, de tal forma que se pueda proveer en todo el territorio nacional la asistencia necesaria y representación de las personas y los derechos de los justiciables que permitan una amplia defensa y acceso a la justica con la debida calidad y excelencia cuando esta sea requerida y, abundando en ello, además se debe construir la defensoría de oficio en una institución que desarrolle un trabajo de calidad para cualquier persona que solicite sus servicios, y así se fortalezca el estado de derecho a una defensa adecuada y el equilibrio procesal, garantizando la igualdad y la no discriminación en el acceso a la justicia.
Por grupos vulnerables se debe entender que es una persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y omental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Por eso los diputados ciudadanos estamos de acuerdo en esta reforma. Creemos que esta reforma ayudará a que los grupos vulnerables tengan una mejor justicia que, aun con todas las carencias que existen en la defensoría pública, se les dé prioridad a estos grupos en la defensa.
Pero de fondo tiene que haber una reforma más profunda, porque solamente para señalar algunas deficiencias, el ingreso y selección de los defensores públicos es por designación directa cuando debería de ser por exámenes de oposición; no hay una cobertura suficiente en todo el país, de la defensoría pública, y además la defensoría pública en relación con la defensoría privada, es un 80 por ciento contra un 20 por ciento. Es decir, la defensoría pública tiene una gran trascendencia e importancia, y por eso se necesita un cambio profundo.
Los salarios, por ejemplo, son diversos en diferentes estados, y por eso se requiere crear esta defensoría donde haya uniformidad, donde se les trate igual a todos los defensores públicos del país, y en ese mismo sentido señalar nada más dentro de estas estadísticas, un defensor público en promedio en el país, tiene aproximadamente 160 casos; esto también es parte de las deficiencias.
Por eso los diputados ciudadanos insistimos, esto es un paso, pero requerimos que se lleve adelante la reforma que hemos propuesto para crear en todo el país un sistema nacional de defensoría pública que homologue, que dé condiciones mínimas a los defensores, condiciones dignas de salarios, de prestaciones; sólo así habrá una mejor justicia para el país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alfredo Basurto Román: Sí, buenos días, compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia; buenos días a la Fracción Parlamentaria de Morena; mi coordinadora, con tu permiso. Hoy el dictamen que vinimos a posesionar por parte de Morena, queremos hacer hincapié que en Morena no nos oponemos a lo que beneficia el pueblo de México, por el contrario, cuando vemos cosas positivas, como es el caso de este dictamen, claro que lo vamos a aplaudir y lo vamos a votar a favor.
La reforma al artículo 15, fracción VI de la Ley Federal de la Defensoría Pública, viene a fortalecer varios principios de derecho de la Constitución General de la República, nuestra Carta Magna, como es el artículo 1o. de la Constitución que establece un derecho de igualdad, que los mexicanos hombre y mujer somos iguales ante la ley. Es decir, que debemos de tener los mismos privilegios, los mismos principios y las mismas oportunidades de acceso a una procuración y una administración de justicia, como es el caso que hoy nos toca.
Pero viene a fortalecer esta reforma muchos más principios de ley, sobre todo constitucionales. Por ejemplo, el artículo 5o. constitucional, habla en uno de sus apartados sobre certeza jurídica.
Es decir, que con esta reforma se va a dar una verdadera certeza jurídica a la infinidad de oscuridad que había, ambigüedad que había en los procedimientos, tanto en las diversas procuradurías de justicia de los estados, como en la federal, donde por qué no decirlo, compañeros, sí se marcaba una gran diferencia en ciertos grupos de la sociedad que no se les daba el acceso a una procuración o una administración de justicia por diversas razones, podría ser porque eran indígenas, porque no hablaban el español, hablaban una lengua etnia, o incluso, hay que decirlo, en tiempos atrás, en tiempos de la colonia, más acá, después, posterior a la colonia, las mujeres no tenían acceso a una justicia.
Entonces, recordando la historia, con esta reforma que hoy se pretende, es una reforma de avanzada, donde viene a establecer una igualdad de principios, una igualdad de derechos, tanto para la mujer como para el hombre, pero sobre todo, para aquellos grupos vulnerables de la sociedad indígenas, extranjeros por qué no decirlo, y de aquellas personas que tenga un modo honesto o una situación económica muy limitada, porque también en México hay que recordar que en un tiempo la justicia, y no hace mucho de esto, compañeros, hará unos dos, tres años, todavía estaba el servicio de la clase en el poder.
Es decir, quien contaba con recursos económicos podía acceder a una procuración y administración de justicia pronta y expedita. Hoy en día, si esta reforma al artículo 15, fracción VI de la Ley Federal de Defensorías, ojalá que en su aplicación se lleve a cabo y sea respetada por los diversos órganos jurisdiccionales de país en el ámbito federal y estatal, dará buenos frutos. Auguro que dará buenos frutos y será para el bien del pueblo de México, porque en sí se vienen a fortalecer varios principios constitucionales como es el principio de igualdad jurídica, como es el principio de una legalidad jurídica, un principio de seguridad jurídica de legalidad, de objetividad, compañeros, también.
Con el nuevo sistema penal, que es en correlación con el nuevo sistema penal que en meses pasados aprobamos, se abre un principio de objetividad y publicidad, es decir que la procuración y la administración de justicia no debe ser tras bambalinas, como aquí se hacen muchos acuerdos, no debe ser a oscuras, en privado con el juez o en privado con el ministerio público, sino todo acto procesal jurídico que se lleve a cabo de acuerdo a esta reforma que hoy se nos presenta –que felicito al presidente de la Comisión de Justicia, licenciado Álvaro– va a dar más certeza jurídica a los mexicanos.
Ojalá, ojalá que se aplique en todos sus términos y que se lleve a buen término; de lo contrario, compañeros, no esperemos que se vaya a la basura como letra muerta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basurto Román.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene le uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lia Limón García: Con su permiso, presidente. El derecho a una defensa adecuada es un derecho universalmente reconocido en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y, por supuesto, también en nuestra Constitución.
En materia penal se han hecho esfuerzos legislativos trascendentes por robustecer el derecho a una defensa adecuada, partiendo de la reforma constitucional del 2008 y posteriormente con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Además, el derecho a la defensa se hizo extensivo también para las víctimas u ofendidos del delito en la Ley General de Víctimas, que fue publicada en el 2013, precisándose que estos deberán contar con un asesor jurídico gratuito en caso de no poder contratar a uno particular.
Sin embargo, es importante destacar –tal y como lo menciona en la síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, editado por el CIDE– que, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal de 2014, del Inegi, la distribución de los asuntos iniciados en este año muestra claramente que en el ámbito penal es relativamente pequeño con casi 280 mil asuntos, lo cual contrasta con la cifra de más de 1 millón 863 mil demandas iniciadas en materia civil, familiar y mercantil. Es decir, la cantidad de casos en materia civil, familiar y mercantil es 7 veces mayor que en materia penal.
En este sentido, la Ley de la Defensoría Pública prevé que el servicio de asesoría jurídica está orientado a asuntos de orden no penal y refiere que se prestará preferentemente a personas desempleadas, trabajadores jubilados o pensionados, indígenas y a las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios, entre otras.
El dictamen que hoy estamos discutiendo considera la necesidad de incluir en la Ley de Defensoría Pública a los grupos vulnerables entre los que tienen derecho al servicio de
asesoría jurídica gratuita.
Cabe señalar que entre los grupos vulnerables se encuentran aquellas personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas son susceptibles de sufrir una afectación en la esfera de sus derechos, humanos, tales como los adultos mayores, las personas con discapacidad, madres solteras, niños huérfanos o en situación de calle, y también los grupos de personas indígenas. Migrantes también, entre otros.
En el Partido Verde compartimos la idea de que para la consolidación democrática de nuestro país se requiere del fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos, de manera que la inclusión de los grupos vulnerables como agentes prioritarios del servicio de asesoría jurídica gratuita que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, se fortalece dicha institución en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
Los grupos vulnerables por definición son en una sociedad siempre los más desprotegidos. Garantizar herramientas jurídicas que faciliten su acceso a la justicia contribuye a generar condiciones de mayor igualdad, elemento fundamental de una sociedad democrática. En este caso, a generar condiciones de mayor igualdad jurídica que tanto se requiere en nuestra sociedad.
Dicho de otro modo, una de las herramientas más eficaces que tiene el Estado a su disposición para proteger a las personas que forman parte de grupos vulnerables, es la creación y adecuación de leyes que reconozcan su situación de vulnerabilidad, y desde ahí promuevan la igualdad, equidad y asistencia a éstos.
Así como la aprobación del presente dictamen es importante, es importante también porque damos un paso hacia adelante en el desarrollo de los instrumentos necesarios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad reciban la atención adecuada, que garantice el respeto a sus derechos fundamentales.
Por ello, el Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, toda vez que abona al fortalecimiento del derecho de defensa y a la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad para garantizar un efectivo acceso a la justicia.
Esta reforma –hay que decirlo también– contribuye a generar un marco jurídico encaminado a la consolidación de un México más incluyente y más justo. Pero también y sobre todo, contribuye a la construcción de una sociedad de derechos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lía Limón García.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Arturo Sanana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos y Pavón.
Con su venia, diputado presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que es un derecho contar con defensa penal gratuita en el caso de personas de escasos recursos económicos, en materia penal, civil, mercantil y familiar, asimismo lo contempla la Ley de Defensoría de Oficio Federal.
Por su parte, el artículo 17 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, así como que para sus servicios se brinden gratuitamente.
Con la publicación de la Ley Federal de Defensoría Pública se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, quien es el encargado de garantizar el derecho a la defensa, permitiendo atender a la población menos favorecida del país bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el Estado de derecho.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática me permito fijar nuestro posicionamiento en relación con el dictamen a discusión. Es un dictamen por el que se aprueba la iniciativa que presentaron las diputadas Eloísa Chavarrías y la diputada Cecilia Romero y cuyo propósito es reformar la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría de Oficio, para establecer que los servicios de asesoría jurídica se prestarán de manera preferente a los grupos vulnerables.
A este respecto, el dictamen de la Comisión de Justicia se pronuncia por aprobar, con modificaciones, la propuesta inicial y queda de la siguiente manera: Los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas que por cualquier razón, económica, social o por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación y tengan la necesidad de estos servicios.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con estas modificaciones planteadas, pues es claro que el riesgo y la discriminación van más allá de las razones meramente económicas y sociales.
Se extienden a toda una serie de factores, como el género, la edad, el color de la piel y muchos otros, por lo que es necesario incluir como sujetos de atención preferente, por parte de la Defensoría Pública, a todas estas personas que enfrentan las más variadas formas de riesgo y discriminación.
En pleno siglo XXI muchas personas de nuestro país siguen estando excluidas del acceso a los servicios jurídicos, la igualdad ante la ley es todavía una quimera, compañeras y compañeros. Medidas, como las que hoy están a discusión, contribuyen sin duda alguna a mejorar el acceso a los servicios jurídicos para las personas menos favorecidas.
Hay que recordar, compañeras y compañeros legisladores, que hace algunos meses aprobamos todo un entramado de leyes en materia penal y el día de hoy estamos complementando este entramado con un tema no menos importante, como lo es el fortalecimiento, también, de la Defensoría Pública de Oficio para los grupos más vulnerables de este país.
Es indudable que se requiere de una revisión un poco más exhaustiva para, también como lo han dicho algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, igualar las condiciones de los defensores públicos con las del Ministerio Público, y que como contrapartes tengan también las mismas posibilidades económicas y que sean retribuidas de igual manera por parte del Estado.
Creo pues y estoy convencido que es un dictamen, que es una reforma que coadyuvará sin duda al mejoramiento de la impartición de justicia en nuestro país. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor del presente dictamen y de todos aquellos dictámenes y reformas que evidentemente beneficien a la población más vulnerable de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Arturo Santana Alfaro.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Presidencia saluda a un grupo de invitados provenientes de Tenancingo, en el estado de México, invitados por el compañero diputado Carlos Sarabia Camacho. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Eloisa Chavarrias Barajas: Gracias, diputado. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que ahora discutimos corresponde a una iniciativa presentada por la diputada Cecilia Romero Castillo y una servidora de ustedes, Eloisa Chavarrias Barajas, ambas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Dicha iniciativa y el dictamen que votaremos enseguida tienen como finalidad el contemplar la posibilidad de que los servicios de asesoría jurídica que presta el Instituto de la Defensoría Pública Federal que forma parte del Poder Judicial de la Federación se presten de manera preferente, además de los supuestos ya plasmados en el artículo 15, a personas que enfrenten situaciones de riesgo o discriminación.
Como sabemos todos, el Instituto de la Defensoría Pública Federal es una institución fundamental dentro de los operadores de la justicia mexicana. Su misión más importante es garantizar la defensa técnica adecuada, que es un derecho humano de todos los ciudadanos.
Los servidores públicos que desarrollan sus funciones tienen una vocación de servicio y una acreditada especialización técnico-jurídica que garantizan una gran calidad en la atención y el desahogo de todos los justiciables, especialmente de aquellos que no tienen recursos, o incluso, en situación de los abogados particulares que no se han preparado debidamente para los retos del nuevo sistema de justicia penal de nuestro país.
La defensoría pública federal se ha convertido en una pieza insustituible para los retos y desafíos en el nuevo paradigma de justicia.
Por tales razones, nosotras compañeras proponentes solicitamos la inclusión como usuarios preferentes a los grupos vulnerables que existen en nuestra sociedad. La comisión dictaminadora analizó cuidadosamente el alcance de la propuesta, y con efecto de darle un alcance general determinó de manera correcta que cabría hacer la adición bajo la extensión semántica que finalmente conocemos y que abarca a las personas que por diferentes actores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación.
Al Grupo Parlamentario de Acción Nacional le parece adecuado el texto adoptado y considera que con dicha adición los grupos vulnerables de nuestro país gozarán de una prelación preferente del acceso a los servicios de la defensoría.
Como podemos observar, el cambio legislativo se inspira en el principio de la subsidiariedad que forma parte de la doctrina del PAN, por lo que nos sentimos muy satisfechos de su reconocimiento.
Por lo anteriormente expuesto, invitamos a la asamblea a acompañar a la comisión votando a favor del dictamen, no sin antes advertir una pequeña errata, ya que en el dictamen, en el acápite artículo 15 se contiene la palabra presentará y en el texto de la ley contiene la palabra evidentemente correcta, que es prestará. Muchas gracias, compañeros.
Yo sé que si todos votamos a favor de esta iniciativa de ley, le vamos a dar certidumbre a aquellas personas que son vulnerables, para que tengan una justicia. Porque muchos así lo requieren. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Chavarría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Hay un dicho popular en el mundo del derecho que justicia tardada es justicia negada. Y: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas, pues en ella se sostiene la igualdad”. Simón Bolívar.
En una democracia como la nuestra la justicia debe apuntalar hacia la igualdad plena, pues solo con esta la democracia será plena. En el Grupo Parlamentario del PRI, particularmente en nuestros documentos básicos, en nuestro programa de acción, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de las conquistas sociales y reiteramos nuestra convicción de que es necesario crear las condiciones mínimas para que todo mexicano tenga acceso a ellas sin restricciones.
Es fundamental, pues, impulsar las reformas que aseguren el acceso a todos a una justicia pronta y expedita, la cual se establece en nuestro texto constitucional de manera subrayada para los grupos más vulnerables. Se trata este dictamen de garantizar que México sea un país de iguales, donde todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechos.
En 1998, se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, encargado de garantizar el derecho a la defensa pública, con el objetivo de superar las desigualdades sociales y consolidar un estado de derecho bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo; sin embargo esta ley requiere especificidad para reconocer la existencia de los más vulnerables.
En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, comprometido con un México incluyente que combata las brechas de desigualdad y contribuya a crear un piso de oportunidades para las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad se han generado diversas acciones.
Primero, se creó el seguro de vida para jefas de familia que protege a 6.2 millones de hogares en condiciones de vulnerabilidad; se redujo de 70 a 65 años la edad mínima para recibir una pensión no contributiva. Amplió el programa de pensión para adultos mayores a 5.5 millones de personas, 2.5 millones más que en el 2012. Extendió la afiliación de jóvenes al IMSS a más de cinco millones de ellos; se creó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres. A los diputados nos corresponde contribuir en este esfuerzo para garantizar todos los derechos de los mexicanos.
El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a defenderse por sí misma, por un abogado o por persona de su confianza; sin embargo, si no puede designar defensa se le permite nombrar a un defensor público con la finalidad de garantizarse dicho derecho.
La defensoría pública regula una figura indispensable para hacer efectivo este derecho, el asesor jurídico. Éste, a diferencia del defensor público, es el encargado de prestar servicios jurídicos para asuntos no solo penales sino administrativos, civiles y fiscales. Al respecto, atención especial merecen los grupos vulnerables, a quienes la Ley General de Derecho Social define como aquellas personas o núcleos de población que por diferentes factores o que por la combinación de ellos se enfrentan a situaciones de riesgo o discriminación, impidiéndoles alcanzar un mejor nivel de vida.
Es por lo anterior, que nosotros votaremos a favor del presente dictamen, con el propósito de establecer que los asesore jurídicos presten sus servicios de manera preferente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
La propuesta de justicia cotidiana planteada por el presidente de la República y en la cual nosotros nos hemos sumado de manera decidida, busca no solo atender a los justiciables en los temas en materia penal, sino atender a los justiciables en los problemas del orden civil, del orden familiar, del orden administrativo y hacer que la justicia sea más pronta y más expedita.
Porque ¿cuánto dura una persona para tramitar una pensión alimenticia; cuánto dura un juicio para poder promover un desahucio? ¿Cuánto dura un juicio para poder garantizar el cumplimiento de las causales de un divorcio? Por eso se busca generar que el asesor jurídico brinde una atención de manera preferente a aquellos grupos que están en una circunstancia de vulnerabilidad.
Coincidimos, pues, con Nelson Mandela en que una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que menos tienen o a los que nada tienen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Domínguez Domínguez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Tecnológica Monterrey, campus estado de México, de la Facultad de Derecho que nos visitan en este día. Bienvenidas y bienvenidos.
Igualmente, saludamos a funcionarios municipales chilenos que el día de hoy realizan una visita a esta honorable Cámara de Diputados, proveniente de Curicó y Pelluhue. Igualmente bienvenidos.
Saludamos a vecinos de la colonia Presidentes de México, delegación Iztapalapa, invitados por el diputado Vicepresidente Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas y bienvenidos.
Esta Presidencia igualmente saluda a expositores y artesanos presentes de la Expoventa Textil y Artesanal de los Altos de Chiapas que estarán aquí en esta Cámara de Diputados del 22 al 25 de noviembre en la explanada posterior del Edificio G. Bienvenidas y bienvenidos; todos convocados por la diputada María Soledad Sandoval Martínez.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema... Adelante, sigue abierto diputada. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya votó la diputada Rosalina, ya podemos cerrar.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: De viva voz.
El diputado Manuel de Jesús Espino (desde la curul): A favor.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.
La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (desde la curul): A favor.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (desde la curul): A favor.
La diputada Melissa Torres Sandoval (desde la curul): A favor.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta algún diputado por emitir su voto?
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): A favor.
La diputada Martha Hilda González Calderón (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio García Ayala (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Señor presidente, se han emitido 410 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos, unanimidad de los diputados presentes, el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15, de la Ley Federal de Defensoría Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Sonido en la curul de la diputada Eloísa Chavarrias. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Eloisa Chavarrias Barajas (desde la curul): Únicamente, señor presidente, para agradecerles a todos los diputados que han votado a favor de esta iniciativa de ley.
Hoy yo lo agradezco, pero sé que mañana o pasado aquellas personas vulnerables lo agradecerán porque vamos a garantizarles justicia pronta y expedita. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Verónica Muñoz Parra, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Verónica Muñoz Parra: Con su permiso, estimado compañero presidente e integrantes de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, a nombre de la Comisión de Salud vengo a fundamentar el siguiente posicionamiento, por el que se adiciona el artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, en materia de uso de celulares en hospitales.
El principal objetivo, implementar mecanismos que prevengan los riesgos asociados con las interferencias del uso de celulares en los equipos médicos y que pudiera afectar a los pacientes dentro de los hospitales.
Datos importantes. La Organización Mundial de la Salud creó en 1996 el proyecto internacional para evaluar las pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud, de los campos electromagnéticos, porque dañan a la calidad de la atención sobre todo a nuestros pacientes.
Hay restricciones en el uso de teléfonos celulares para evitar la interferencia a los campos electromagnéticos, y se propone que estos campos de radiofrecuencia emitidos por los teléfonos móviles suele ser más de mil veces superior a los de los campos emitidos por las estaciones base.
La utilización de teléfonos celulares cerca de algunos dispositivos, como marcapasos o desfibriladores puede interferir en su funcionamiento, por lo que se propone, estimadas compañeras y compañeros, por la calidad de vida de nuestro paciente, la regulación del uso de telefonía móvil en determinadas áreas, como son los quirófanos y de terapia intensiva en los hospitales.
Estimadas compañeras y compañeros, la calidad de los servicios siempre será mejor de frente y con un trato más humanitario y, sobre todo, por el bien de nuestros pacientes, porque hablar de salud es hablar de calidad de vida, pero es hablar también de oportunidades para nuestra gente. Muchas gracias, estimados compañeros.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Muñoz. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno: la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, el dictamen que ahora venimos a posicionar coincide adecuadamente con la iniciativa que le dio origen, en el sentido que la alta demanda de electricidad que acarrean los avances tecnológicos ha generado cada vez más radiaciones no ionizantes en el medio ambiente urbano, lo que no deja de generar inquietud en la sociedad respecto a sus probables efectos en la salud.
Como representantes populares tenemos el deber de prevenir y promover la limitación al mínimo de los riesgos de dichas interferencias en los equipos médicos y en los pacientes en centros hospitalarios. Deber que hoy al aprobar el dictamen de mérito estamos cumpliendo con seriedad y cabalidad.
Es ilustrativo el dato de la comisión dictaminadora en el sentido que, desde 1996, la Organización Mundial de la Salud viene evaluando los resultados de pruebas científicas que permitan medir los posibles efectos de los campos electromagnéticos, con intervalo de frecuencia de cero a 300 gigahertz, con la finalidad de orientar las investigaciones, el conocimiento y la creación de normas internacionales aceptables, para limitar la exposición a dichos campos, aquilatando tanto las ventajas del uso de las tecnologías como la posibilidad de que entrañen riesgos para la salud.
De igual relevancia y en el mismo orden de ideas, resulta la noción en el sentido que la misma Organización Mundial de la Salud recomienda acatar las restricciones sobre el uso de teléfonos celulares para evitar interferir con algunos equipos médicos, tales como marcapasos, audífonos y desfibriladores, sobre todo en las áreas de quirófano y de cuidados intensivos, ya que, de acuerdo con investigaciones de la Real Sociedad de Médicos y Cirujanos de Canadá, los dispositivos podrían dejar de funcionar, cambiar su modo de operación o simplemente alterar una lectura.
México está llamado a ser nación líder en la concientización de los actores involucrados en esta problemática, directivos, médicos, técnicos, pacientes y familiares, sobre los inconvenientes que pueden producirse al utilizar sus teléfonos celulares, sobre todo, en quirófanos y unidades de terapia intensiva.
Hoy día la Ley General de Salud, en su artículo 124, ya establece que se entiende por fuentes de radiación cualquier dispositivo o sustancia que emita radiación ionizante en forma cuantificable. Estas fuentes pueden ser de dos clases, aquellas que contienen material radiactivo como elemento generador de la radiación, y las que generan con base en un sistema electromecánico adecuado.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Salud, incorpora líneas de acción que permitan prevenir, controlar y vigilar los efectos nocivos de factores ambientales, tal y como se desprende la estrategia y línea de acción denominada fortalecer la supervisión de establecimientos y servicios de salud.
Por todas estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor de esta trascendente reforma a la Ley General de Salud, con la finalidad de facultar a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las demás dependencias involucradas, implemente mecanismos que prevengan tan inminentes como indeseados riesgos, asociados con interferencias electromagnéticas, las que son parte de nuestra vida cotidiana y no deben, precisamente, atentar contra la vida en sitios pensados para su mejora y preservación. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Torres.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para hablar sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 125 Bis a la Ley General de Salud, cuya finalidad es establecer mecanismos que prevengan los riesgos asociados con interferencias electromagnéticas que pudieran afectar los equipos médicos.
El artículo, párrafo cuarto de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud.
La Ley General de Salud reglamenta este derecho y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y a la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general para las mexicanas y mexicanos.
Así la ley señala que en el artículo 124 se entienden por fuentes de radiación cualquier dispositivo o sustancia que emita radiación ionizante. En forma cuantificativa esas fuentes pueden ser de dos clases: aquellas que contienen material radioactivo como elemento generador de la radiación y las que se generan con base en un sistema electromagnético adecuado.
En su artículo 125 se refiere a lo relacionado con las fuentes de radiación ionizante, destinadas al uso diferente del tratamiento médico y a las autorizaciones de las fuentes de radiación en uso médico o de diagnóstico.
Ahora bien, derivado del avance tecnológico en materia de telecomunicaciones, particularmente se refiere a la telefonía celular, que ha generado el riesgo que los equipos médicos puedan verse dañados o afectados por las interferencias electromagnéticas que afectarían el bienestar de los usuarios del sector salud.
En este sentido, de acuerdo con la fracción XXI del artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se define a las interferencias perjudiciales como el efecto de una energía no deseada, debido a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o por sus combinaciones sobre la recepción de un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión que puede manifestarse como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de información que compromete e interrumpe repentinamente o impide el funcionamiento de cualquier servicio de radiocomunicación.
Dicha ley también señala en su artículo 64, párrafo tercero, que los equipos o aparatos científicos, médicos o industriales deberán cumplir con las normas o disposiciones técnicas aplicables, de tal forma que se evite causar interferencias perjudiciales a emisiones autorizadas o protegidas.
En el caso de que la operación de dichos equipos cause interferencias perjudiciales a emisiones autorizadas o protegidas, estos deberán suprimir cualquier interferencia perjudicial en el plazo que para el efecto fije el instituto. De este modo queda clara la competencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en esta materia; sin embargo, es menester incluir previsiones al respecto.
En la Ley General de Salud, con la finalidad de proteger efectivamente la salud de todos los mexicanos, con este objetivo se propone adicionar un artículo, el 125 Bis a la Ley General de Salud, para que la secretaría en la materia se coordine con las demás dependencias involucradas, en aras de implementar mecanismos que prevengan los riesgos asociados con interferencias electromagnéticas que pudieran afectar tanto a los equipos médicos como los pacientes dentro de los hospitales.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a proteger y salvaguardar el derecho a la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Para ello, es necesario adaptar las normas jurídicas, a fin de incorporar los retos de los avances tecnológicos que lo impiden.
Por la salud de los mexicanos, Nueva Alianza refrenda su compromiso. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ocampo. La Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a vecinos de la Ciudad de México y del estado de México, invitados por el diputado Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Les comparto que el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, comprometido como siempre en salvaguardar la integridad y la salud de trabajadores y pacientes del área médica, es que vamos a favor de esta iniciativa.
Ciertamente estamos todos expuestos a emanaciones radioactivas a lo largo de nuestra vida y desde el día en que nacimos; sin embargo, estas radiaciones ionizantes que provienen de fuentes naturales, y en algunas otras ocasiones que provienen de radiaciones cósmicas que se producen al contacto con la tierra de diferentes materiales radioactivos, nos encontramos con que esas radiaciones nos pueden generar problemas a nuestra salud.
La radiación ionizante puede provenir de materiales radioactivos que se encuentran también en hospitales; he ahí la preocupación y la interacción de quien atinadamente signó esta iniciativa, ya que al utilizar equipos de rayos equis y fuentes radioactivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, los trabajadores de los hospitales que prestan sus servicios en radiología, medicina nuclear u oncología, radioterapia o en algunos laboratorios y que no tienen en algunas ocasiones preparación específica en la utilización de máquinas que generan radiación, en la manipulación de estas fuentes nos encontramos con que esos trabajadores son expuestos a esas radiaciones.
Pero también hay otros trabajadores y pacientes que se hayan en las cercanías donde se encuentran estas fuentes radioactivas: enfermeras, los de mantenimiento, los de seguridad, los administrativos, etcétera. Además todos aquellos que se desempeñan en quirófanos o en áreas de reanimación o en áreas de choque.
El concepto de interferencias electromagnéticas, así como la implementación de mecanismos que prevengan los riesgos asociados con dichas interferencias en el manejo de estos equipos, en muchas ocasiones puede generar afectaciones a quienes no realizan la manipulación con la forma correcta o con los implementos de protección.
Quienes promueven, argumentan que ciertamente la demanda de electricidad, el avance en la tecnología y los cambios y hábitos sociales nos generan diferentes fuentes de radioactividad. Por esa razón celebramos que se considere la restricción de los teléfonos móviles o celulares, aunque bien es cierto que son necesarias para la vida diaria, también lo significa que cada día se ha implementado muchísimo más su uso en el día a día por las personas y que estos teléfonos celulares significan también una fuente de radiación.
Los teléfonos móviles suelen estar prohibidos o a veces restringidos en los hospitales en algunas áreas específicas, sin embargo no existía un lineamiento que establezca la fundamentación.
De tal forma que todos nosotros, que hemos volado en avión, tenemos que poner nuestro aparato en modo avión porque interfiere con el sistema de ese aparato, de aeronave y entonces lo mismo sucede cuando se encuentra ese teléfono móvil al alcance o cerca de donde se encuentran desfibriladores, marcapasos o cualquier otro implemento médico que genera descargas o que funciona a través de ionaciones o material eléctrico.
La Real Sociedad de Médicos y Cirujanos de Canadá, ha realizado investigación sobre los posibles efectos que genera el uso de celulares dentro de los registros hospitalarios y se comprueba que existen alteraciones.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina, sobre un diagnóstico de compatibilidad electromagnética en ambientes hospitalarios en 48 centros de salud, concluyeron que se expone el tema de la compatibilidad electromagnética en los hospitales públicos y privados, por tanto se debe restringir el uso de estos aparatos. Este es un llamado a la conciencia de todos los que se encuentren en los procesos y en el tratamiento de personas dentro de los hospitales.
Al nosotros signar esta restricción, no queremos afectar los medios de comunicación. Antes bien, queremos fortalecer y favorecer la salud del pueblo mexicano, por lo que resulta importante adicionar en el artículo 125 en el segundo apartado que se pudiera afectar tanto a los equipos médicos como a los pacientes dentro de los hospitales; y, en el tercer párrafo, adicionar en determinadas áreas como quirófanos y terapia intensiva.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconoce la importancia que es trabajar en favor de la salud y siempre atendiendo la problemática de los trabajadores y pacientes en su área médica para el bienestar de cada uno de ellos. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez Nachis.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Mariana Trejo Flores: Con la venia de la Presidencia. Implementar políticas públicas en beneficio de la seguridad del paciente, es trascender a un mejor México.
La iniciativa que propone la reforma al artículo 125 Bis de la Ley General de Salud con la finalidad del derecho a la protección de la salud, será votada a favor de toda la Fracción Parlamentaria de Morena, y aclaramos que este voto es a favor del compromiso que Morena tiene con los mexicanos.
El uso de telefonía móvil o celular en los centros hospitalarios, es de actuar, ya que se producen campos electromagnéticos de radiofrecuencia que ponen en riesgo la salud y la protección del paciente; no sólo en hospitales, sino en otro tipo de empleos que requieren actividades específicas desde el manejo de maquinaria especializada, industria de la construcción, manufacturera, conducción automovilística y otro tipo de acciones humanas para evitar accidentes que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Y por otro, que no se han alterado las frecuencias especializadas que aplican en comunicaciones, la ciencia en general, y sobre todo, la medicina.
Regular el uso de telefonía en hospitales, es un paso hacia el camino de la prevención y como eje rector de la salud.
México estará listo para afrontar los nuevos desafíos que si se fortalece la ruta de prevención en materia de salud, sin embargo el PEF 2017, ha reducido el gasto en la prevención.
Es urgente implementar una política hospitalaria para prevenir falsos diagnósticos ocasionados por las interferencias electromagnéticas, sobre todo, en el área de ventiladores artificiales.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, que reduce rubros esenciales para los mexicanos, es para el pueblo de México un revés por parte de todos sus representantes, recortar el gasto en salud, que es un acto tan irresponsable que a eso también se le llama traición a la patria.
En Morena votamos a favor de iniciativas que ayuden a caminar la cara con el futuro; no votamos acciones que retrocedan en nuestro andar. Trabajando en políticas públicas que convengan el estar de calidad en tanto el paciente como el profesional de la salud, es trascender a un mejor México. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Trejo. La Cámara de Diputados saluda a alumnos de primer semestre de la licenciatura de ciencias políticas y administración pública, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Sean todos ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes amigas y amigos diputados, el aumento en el uso de dispositivos tecnológicos entre la población ha traído múltiples beneficios para la interacción y comunicación humana, pues a través de éstos, las personas se mantienen conectadas sin importar barreras geográficas, lo cual ha generado impactos muy positivos en los ámbitos económico, social y cultural.
No obstante las ventajas de la popularización de los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, debemos señalar igualmente que su uso acarrea la eventual presencia de consecuencias adversas para la salud humana, como es el caso de ciertos equipos, prácticas y tratamientos médicos que pueden verse afectados por las interferencias electromagnéticas generadas por los aparatos portátiles de comunicación, poniendo en riesgo no sólo la eficacia de los tratamientos y la precisión de determinados diagnósticos, sino también, la propia vida de los pacientes.
Lo anterior ha despertado desde hace más de tres décadas el interés de los investigadores para determinar los efectos indeseables de las interferencias electromagnéticas en la salud humana en general, y en los ambientes hospitalarios en lo particular.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud refiere que las personas, quienes viven o trabajan en forma rutinaria alrededor de radares, han manifestado preocupaciones acerca de los efectos adversos a largo plazo de estos sistemas, incluyendo el cáncer, esterilidad, cataratas y cambios en el comportamiento o desarrollo de los niños.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que la mayoría de los estudios realizados al respecto, reportaron diferentes efectos nocivos para la salud, lo cual comprueba la existencia de respuestas fisiológicas y termorregulatorias, cambios en el comportamiento y consecuencias reproductivas adversas, debido a la exposición aguda a niveles relativamente altos de campos de radiación.
Por otra parte, se ha encontrado que los equipos médicos de monitoreo crítico y apoyo vital utilizados en los hospitales, son altamente susceptibles a disturbios electromagnéticos producidos por equipos de comunicación inalámbricos, reportándose que las fallas observadas van desde la aparición de ruidos en la señal hasta el enmascaramiento de datos y despliegues de falsas alarmas.
Si bien es cierto que nuestro país cuenta con los instrumentos legislativos necesarios para la regularización de las interferencias electromagnéticas, lo cierto es que no existe certeza de todos los posibles impactos negativos que estas pudieran tener en la salud humana, por lo cual resulta indispensable establecer mecanismos que garanticen la prevención y atención de los riesgos asociados con este fenómeno dentro de todos los hospitales.
En virtud de ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen, pues coincidimos en la necesidad de incluir en la ley la obligación explícita de la Secretaría de Salud de diseñar e implementar los mecanismos necesarios para garantizar la prevención de los riesgos que pueden ser ocasionados por el uso en los ambientes hospitalarios de aparatos que emiten interferencias electromagnéticas en perjuicio de la propia infraestructura, pero principalmente en detrimento de la salud de todas y de todos los mexicanos.
Lo anterior es una muestra del compromiso que debemos tener como legisladores para proteger un derecho fundamental, como es el acceso a la salud, sin limitarnos únicamente a un simple reconocimiento legal, sino dando atención puntual a todos aquellos fenómenos que representan un riesgo para el bienestar físico, mental y social de las y de los mexicanos. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Sandoval.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Es un hecho que el desarrollo tecnológico responde a situaciones prácticas de la vida. La telefonía móvil, por ejemplo, muestra percepción de la comunicación entre personas que pueden cambiar en el lapso de una generación.
Pero las aplicaciones tecnológicas, una vez que se ponen en marcha y se masifica su uso, demuestran que las previsiones que tomamos en cuanto al riesgo de usarlas pueden verse superadas rápidamente.
Si bien las opiniones derivadas de estudios realizados por expertos pudieran estar sujetas a discusión científica, es claro para los legisladores quienes nos presentan este proyecto de adición, que es mejor tomar medidas previsoras.
Las interferencias electromagnéticas han sido demostradas desde hace más de un siglo, por ello es pertinente que tanto las autoridades de salud acompañados de especialistas en la materia y otras entidades públicas, realicen estudios y elaboren protocolos para el diseño de acciones específicas que eviten que la interferencia electromagnética pudiera impedir el buen funcionamiento de los equipos médicos.
Estas acciones deben ser capaces de diferenciar entre un determinado número de equipos, modelos, marcas, además de considerar que los equipos médicos también se desarrollan generacionalmente, por lo que el mismo equipo diagnóstico podría contener ciertas reglas y otras no, dependiendo de la capacidad de los desarrolladores de prever dichas interferencias.
Por supuesto el número de aristas con que miramos el problema de la interferencia electromagnética en los equipos de diagnóstico médico podría incrementarse conforme los estudios que se realicen y profundicen más esos aspectos. El conocimiento y habilidad para manejar una tecnología en constante evolución puede incrementar y cambiar nuestras nociones de la realidad.
Consideramos también que la adición que se propone no es la redacción final, ésta podrá cambiar conforme comprendamos mejor el mundo que vamos construyendo, con el desarrollo tecnológico sin olvidar que éste se desarrolla en un entorno de un mercado global, lo que conlleva a implicaciones de carácter económico, cultural y tecnológico.
Así, el dictamen que vamos a aprobar representa un punto de partida en cuanto cita en la entidad que debe iniciar los trabajos, estudios y diseños para el adecuado manejo de la tecnología en los espacios de diagnóstico médico, pero que podría implicar el inicio de una serie de medidas que nos lleven a mejorar nuestra relación con la tecnología en el futuro.
Por citar un ejemplo relevante y directamente relacionado con este tema, es el caso del efecto que tienen las radiaciones de origen electromagnético y cuyos efectos en los organismos vivos se han estudiado, pero de los que no existen posiciones concluyentes, pues las propias variaciones entre especies, individuos y poblaciones muestran efectos diversos.
Esta oportunidad de crear equipos de trabajo que estudien y realicen diseños institucionales para regular el uso de equipos electrónicos en centros de diagnóstico médico, es un paso importante en la generación de pautas que nos permita mejorar nuestra relación con la tecnología.
Nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen, porque estamos a favor del desarrollo tecnológico, pero también estamos a favor de proteger a las personas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Madrigal.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. A mis compañeras y compañeros legisladores. Entre las muchas responsabilidades que tiene el Estado frente a la salud de la población están las autoridades sanitarias para establecer las normas y tomar las medidas necesarias tendientes para la protección de riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente.
Ahí donde se inscribe la importancia de la adición de la Ley General de Salud, que está a nuestra consideración, pues establece la obligación de la Secretaría de Salud, para que en coordinación con las demás dependencias involucradas implemente los mecanismos para prevenir los riesgos asociados con las interferencias electromagnéticas que pudieran afectar, tanto el equipo médico, a los pacientes, dentro de los hospitales, entre otras, se considera la regulación del uso de telefonía móvil en determinadas áreas de los hospitales.
Como han concluido diversas investigaciones, entre ellas auspiciadas por el Organismo Mundial de la Salud, las interferencias electromagnéticas pueden constituir un riesgo para la salud de quienes son atendidos en centros hospitalarios cuando alteran el funcionamiento normal de los equipos médicos.
Como se señala en las consideraciones del dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se establece que el artículo 3, fracción XXXI de los perjuicios que dicha interferencia puede generar, al señalar que está en el efecto no deseado en la energía donde puede manifestarse como degradación de calidad, falsedad o pérdida de información, que compromete, interrumpe repentinamente o impide el funcionamiento normal, entre otros servicios o equipos.
Por lo tanto, se hace necesario cuantificar el riesgo potencial de la interferencia electromagnética de los equipos médicos, para conocer si estos operan en un ambiente de electromagnéticos seguro o si además de identificar las áreas de puntos críticos, como quirófanos o áreas de terapia intensiva, de los cuales se debe de regular el uso de aparatos de telefonía móvil, entre otros.
Lo anterior, porque se han detectado errores en funcionamiento en actuaciones en los equipos médicos, electrónicos, como en el caso de la activación de alarma, el enmascaramiento de datos, la presentación de resultados erróneos, el reinicio de sistemas y fallas en hardware, entre otros, todo esto con sabido de riesgo sobre la salud de los enfermos.
Por ello, garantizar el funcionamiento óptimo del equipo médico utilizado en los centros hospitalarios, es una condición esencial de protección de salud de los enfermos, pues ello permite tener una mejor eficacia.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen, pues con ello la Secretaría de Salud tendrá la responsabilidad a implementar los mecanismos para prevenir los riesgos asociados con interferencias electromagnéticas que alteren el funcionamiento óptimo del equipo médico, y garantiza una mejor atención para la salud. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ibarra.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Muy buenas tardes, con su permiso, diputado presidente, integrantes de la Mesa Directiva. Saludo con afecto a todas mis compañeras y a mis colegas legisladores, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del Canal del Congreso.
Hoy en día es indudable que el uso de la telefonía celular ha causado una verdadera revolución en nuestra sociedad. En la inmensa mayoría de los casos las consecuencias son muy positivas, pero como toda revolución tecnológica también se generan retos importantes, ante los cuales los legisladores tenemos el deber y la obligación de responder, pensando siempre en el mayor bienestar de las personas y de nuestra propia sociedad.
Todos tenemos claro, por ejemplo, que una de las principales causas de accidentes fatales de vehículos automotores es, precisamente, el uso de los teléfonos celulares por parte de conductores e incluso de peatones.
En el área de la salud un estudio de la revista de Medicina Interna de México documentó que el uso del teléfono celular mientras se brinda atención al paciente es un distractor muy peligroso que se asocia con errores médicos.
Asimismo, diversos estudios han señalado que la interferencia electromagnética de teléfonos móviles pueden ocasionar anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos, cambiando su modo de operación, dejándolos sin funcionar o simplemente cambiando una lectura del diagnóstico, lo cual genera la necesidad de implementar una política hospitalaria para prevenir los riesgos en los pacientes, que pudieran ser ocasionados por interferencias electromagnéticas, principalmente en áreas sensibles como quirófanos o salas de terapia intensiva.
Conscientes de esta necesidad y que todo paciente espera que sus tratamientos sean seguros, exitosos, eficientes y respetuosos con el entorno donde se encuentran, nos corresponde legislar sobre la materia en beneficio de la salud y vida de los mexicanos.
Es nuestra responsabilidad, orientados por la legítima aspiración contenida en nuestra Carta Magna, de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, regular el uso de telefonía móvil en centros hospitalarios.
El Grupo Parlamentario del PRI propuso, se pronuncia y votaremos a favor del presente dictamen para seguir promoviendo el cuidado de la salud y la vida de todos los mexicanos, estableciendo que la Secretaría de Salud en coordinación con las dependencias y entidades involucradas en este sector importante, implemente mecanismos para prevenir los riesgos asociados con interferencias electromagnéticas que pudieran afectar tanto a los equipos médicos como a los pacientes dentro de los hospitales.
Dicha propuesta es congruente con la política que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir, controlar y vigilar los establecimientos, productos y servicios que inciden en la salud poblacional, así como los efectos nocivos de factores ambientales, para que al mismo tiempo en que ha aumentado en 81.8 por ciento la cobertura de los servicios médicos, se motive también la disminución de los posibles riesgos para la salud.
Conviene precisar que la adición a la Ley General de Salud, materia del dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno para su aprobación, bajo ninguna circunstancia prohíbe el uso del teléfono celular en los hospitales.
La modificación que nos ocupa busca regular y motivar el uso responsable del teléfono celular para no poner en riesgo a los pacientes durante su atención médica, particularmente en áreas sensibles como son los quirófanos, las salas de terapia intensiva o urgencias, que por su propia naturaleza requieren de mayor atención y concentración por parte del personal médico, así como en las áreas en donde pudieran generarse interferencias con los equipos médicos y, en consecuencia, afectar la salud y vida de los pacientes.
Como legisladores, debemos contribuir a garantizar una salud integral para los mexicanos, una regulación que afiance las condiciones de seguridad hospitalaria, con el uso responsable de la tecnología contribuye entonces desde nuestra responsabilidad legislativa a refrendar el compromiso que tenemos de generar condiciones favorables para la salud y vida de los mexicanos.
Conscientes estamos, además, de que las reformas legislativas cobran plena legitimidad cuando la sociedad las reconoce y las acepta en su propio beneficio. Mejorar la atención al paciente y tener una mayor eficiencia y eficacia en la práctica médica a favor de la salud de los mexicanos es el espíritu del dictamen que en unos momentos votaremos y respaldaremos, porque quien goza de buena salud tiene esperanza, y quien tiene esperanza lo tiene todo. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Sulub.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a profesores supervisores del nivel primaria de Zacatlán, Puebla, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa. Sean ustedes bienvenidos.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se pregunta si hay algún diputado que falte de emitir su voto. Sigue abierto el tablero de votación. Se pregunta nuevamente si existe algún diputado o diputada que falte de emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que hay 416 votos a favor, cero en abstención, 1 voto en contra de un total de 417 diputados presentes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 416 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios.
Tiene la palabra la diputada Karina Padilla Ávila hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes, sonido en la curul del diputado Antonio Meléndez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Antonio Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente que me permitiera, el día de hoy, 22 de noviembre, es el día que se festeja a los músicos a nivel nacional. Como integrante de la Comisión de Cultura y como músico de profesión, que me permitiera enviarles un fraternal saludo a todos mis colegas, a toda la gente que se dedica al gremio musical. Un abrazo grande desde esta máxima tribuna de la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado, quedan consignadas sus expresiones y nos sumamos por supuesto a esta felicitación. Adelante, diputada.
La diputada Karina Padilla Avila: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, me permito someter a su valiosa consideración el presente dictamen, no sin antes agradecer al voto unánime externado por las diferentes fuerzas parlamentarias representadas en la comisión durante la discusión del mismo.
El sistema penitenciario mexicano por mucho tiempo ha sido criticado e incluso ha sido señalado por muchos por sus graves deficiencias y que lo que menos cumple es una real reinserción social.
Hoy por hoy, para nadie es desconocido que vivimos una dinámica social compleja, lo que obliga a fortalecer o regular nuevas formas de enfrentar estos problemas y ejemplo de ello es nuestro sistema de administración penitenciara, el cual se ha visto extremadamente mermado pues la corrupción administrativa, así como la desvinculación con otros componentes de justicia penal ha generado un grave problema al interior de los centros penitenciarios de este país.
Cabe señalar que el sistema por sí mismo deja muchos aspectos discrecionales o a libre interpretación en aplicación de las normas internas, lo cual genera desconfianza en la población interna, riesgo de vulnerabilidad en el respeto a los derechos humanos e inconformidades que derivan en recurrente violencia interna en los centros de reclusión, como ya hemos visto desafortunadamente varios ejemplos de manera recurrente.
Es importante mencionar que de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la calificación nacional en Ceresos en el 2015 apenas alcanza la calificación de 6.21.
Es de reconocer que si bien existe normatividad estatal en los centros de reclusión, en la mayoría de ellas se omiten parámetros que garanticen la dignidad de la persona como sujeto de garantías, violentando con ello normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos; lamentable pues no existe regulación estandarizada en materia de administración penitenciaria, lo cual dificulta aún más el bienestar integral de las personas en reclusión.
Es a todas luces conocido que el sistema carcelario mexicano está en crisis, sí, compañeros, una severa crisis que se suma a la cadena de deficiencias en materia de justicia en este Estado mexicano.
Las reformas constitucionales de junio del 2008 y junio del 2011 en materia de seguridad y justicia y derechos humanos, redimensiona la concepción del sistema penitenciario mexicano, lo cual se organiza sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.
Estoy convencida que para lograr resultados tangibles y exitosos en este ámbito, se hace imprescindible la coordinación de trabajos entre la federación, los estados, los municipios, las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias articulen bajo un instrumento legal, la homologación de criterios en acciones que permitan enfrentar y resolver esta crisis penitenciaria.
El dictamen que hoy discutimos en esta tribuna es precisamente para facultar al Congreso a legislar en materia penitenciaria; el modelo propuesto será distinto al de ejecución de penas, pues este dirigirá a la figura de administración y gobierno interno de los centros de reclusión mediante la concurrencia de competencia a través de una ley general.
Diputadas y diputados, conmino a los presentes a votar a favor del presente dictamen pues estoy segura que los que estamos aquí coincidimos que el velar por la protección de los derechos humanos de las personas, es prioritario.
No debemos minimizar los beneficios que esta reforma traerá al país, pues abonará en el acceso a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad interna y a garantizar una real y efectiva reinserción social. Por lo anterior los que integramos la comisión de Puntos Constitucionales celebramos el apoyo que mediante su voto favorable permita transitar la propuesta señalada. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Padilla Ávila. Está a discusión en lo general y en lo particular, para lo cual se han registrado para fijar posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos:
Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Partido Nueva Alianza; diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; diputada María Cristina García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea, con su venia, señora presidenta. Buenas tardes. En la Fracción Parlamentaria de Encuentro Social nos congratulamos con la forma constitucional que el día de hoy se propone, el adicionar el inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.
Resultaba preocupante ver la forma cómo se administraba la mayoría de los centros penitenciarios en nuestro país, los cuales se habían convertido en verdaderas escuelas del crimen, mismos que no rehabilitaban ni mucho menos se insertaban a la sociedad a quienes habían cometido un delito.
Es por ello que la falta de una política integral a nivel nacional en materia penitenciaria favoreció durante décadas la corrupción de las autoridades carcelarias de esta gran nación; el autogobierno en las prisiones y la gran cantidad de los actos delictivos al interior de éstas. Tal estado lamentable de las cosas que se han venido corrigiendo paulatinamente durante esta administración y eso es de reconocerse, teniendo gran participación activa en ello.
En esta Cámara de Diputados ahora nos toca abonar y salvaguardar de los derechos humanos de la población penitenciaria y, por supuesto, la reinserción social de los reos. En este sentido, el dictamen que ahora nos ocupa busca adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, con la que se faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca las bases y principios en materia de administración en centros penitenciarios con la intención de distribuir competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Con dicha innovación se busca la efectiva readaptación social de la población carcelaria de nuestro país, así como el respeto irrestricto de sus derechos humanos. Del mismo modo, dentro de la normatividad transitoria del decreto se establece que el Congreso de la Unión tendrá 180 días contados a partir del siguiente de la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación para expedir la legislación general en mención.
Tan noble reglamentación deberá sentar las bases, para regular la administración y gobierno interno, de todas las cárceles mexicanas con la finalidad de eliminar las asimetrías entre las diferentes legislaciones estatales en esta materia.
De tal suerte que se regule la superación física entre procesados y sentenciados; se promueva la capacitación técnica del personal administrativo y la seguridad de las penitenciarías; que se implementen programas integrales para tratar de prevenir el alcoholismo y la drogadicción; y se dé atención médica y se desarrollen programas educativos de activación física y deportiva; capacitación laboral, entre otras medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los internos y que, al momento en que se cumpla su pena y se vuelvan a la sociedad, puedan fácil y debidamente contribuir al engrandecimiento de la misma.
Con la reforma constitucional que habremos de aprobar da sentido y se encuentra íntimamente ligada al artículo 18 de la propia Carta fundamental, en la cual mandata que nuestro sistema penitenciario se debe organizar sobre la base y el respeto de los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, así como el acceso a la educación, la salud y el deporte.
En consecuencia, los diputados de Encuentro Social se manifiestan por mi conducto a favor de la aprobación del dictamen que nos ocupa. Estamos ciertos que en los próximos días habremos de dotar a los mexicanos de una legislación penitenciaria modelo, capaz de reincidir en los índices de reinserción social, disminuir las tasas de reincidencia delictiva de la población carcelaria, liberada y, sobre todo, en el bienestar de nuestra sociedad. Es todo y cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada García Soberanes. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de alumnos de la Universidad Tres Culturas de la Ciudad de México y del estado de México, invitados por la diputada María Elena Orantes López. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en un Estado de derecho como el nuestro, es esencial garantizar los derechos humanos de cada uno de los integrantes de esta sociedad. En Nueva Alianza creemos que la protección de los derechos humanos de los mexicanos debe iniciar con el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Para las y los diputados aliancistas propiciar la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los sectores, principalmente de los más vulnerables, es una convicción pero además un eje rector de nuestra labor legislativa.
En concordancia con este principio coincidimos con el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se adiciona un inciso d), a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de centros penitenciarios.
Lo que se busca con dicha adición es que desde el texto constitucional se habilite la posibilidad para que este Congreso expide la ley general que establezca las bases, principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de cada una de las competencias en las entidades federativas, la Federación, los municipios, pero también las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Es necesario homogeneizar los criterios en materia de derechos humanos, estos cuáles son los que se van a aplicar en los centros penitenciarios, tal como se ha hecho con otras leyes generales en aras de propiciar una igualdad en los principios y normas mínimas aplicables en cada uno de los estados del país, toda vez que actualmente existen disparidades muy significativas en cada una de las latitudes de nuestro territorio nacional.
De igual manera, es fundamental establecer la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, lo que permita coordinar bajo un mismo parámetro las responsabilidades que cada orden debe de asumir, pues desafortunadamente nuestro sistema penitenciario se maneja de una manera muy desarticulada.
Aunado a ello, se presentan condiciones críticas de sobrepoblación, de hacinamiento, sin espacios para educación, sin espacios para deporte, insuficiencias de alimentación, maltratos, agresiones, condiciones que conllevan a que un gran número de violaciones sean constantes en los derechos humanos de los internos.
Todo ello indudablemente conforma un obstáculo para lograr una auténtica readaptación social, que es el fin que estas persiguen, ya que es necesario que los reclusos cuenten con espacios de desarrollo armónico y educativo al interior de estos centros penitenciarios, con la única finalidad de que una vez que ellos hayan cumplido sus condenas, puedan reinsertarse de manera productiva a la sociedad.
En Nueva Alianza estamos convencidos que en materia de derechos humanos nuestro país aún puede emprender grandes reformas que acaben con la exclusión, la inseguridad y que garanticen la protección de los derechos humanos de todo interno y que, obviamente, que deben ser inherentes a cada una de las personas.
Compañeras y compañeros diputados, es momento de actuar, es momento de que hagamos cosas diferentes, es momento de votar a favor de este dictamen que tiene una enorme causa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Pinto Torres.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 18 constitucional señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios de la ley.
Por su parte, el artículo 1o. constitucional señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
En congruencia con lo anterior, México ha celebrado una serie de tratados internacionales que van relacionados precisamente con lo que hoy estamos comentando, que es esta modificación para hacer concurrente una ley nacional y darle facultades a los estados, al gobierno federal y a los municipios, homologando todo lo que se trata de la administración de las prisiones.
Algunos tratados que ha firmado México, por ejemplo, son Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en la ONU en 1955. Los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura, también de la ONU en 1982. Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, también de la ONU en 1990. Y algunos otros, como Los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de su libertad, en la OEA en el 2008.
La pretendida reforma tiene como finalidad materializar en un instrumento legal, que sirva de base para homologar criterios en la búsqueda de soluciones al grave problema de la crisis penitenciaria que vive el Estado mexicano, sólo en lo que se refiere a su administración, no así a la ejecución de penas, porque son dos aspectos diferentes.
La ejecución de penas es un tema que constitucionalmente se encuentra a cargo de dos Poderes de la Unión, el Judicial a través de los jueces de ejecución, y el Ejecutivo a través del sistema penitenciario.
La figura de la administración penitenciaria se encuentra cercana pero paralela a la de ejecución, así la regulación constitucional que dispone la existencia de un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas está previsto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) constitucional, será uno diverso a este nuevo propuesto de la administración de centros penitenciarios, que se regirá por un modelo legislativo diverso, a través de la concurrencia de competencias mediante una ley general.
Para darnos una idea del grave problema que México tiene en el tema del sistema penitenciario, México tiene 418 centros penitenciarios, de los cuales 11 son del gobierno federal, 306 de gobiernos estatales, 10 de la Ciudad de México, y 91 dependen de gobiernos municipales.
Sin embargo, para darnos una idea del grave problema, vemos cómo la sobrepoblación tiene algo así como 24 por ciento a nivel global. El hacinamiento se puede oír como una cifra, pero en realidad es un grave problema que existe en las entidades federativas y también en los municipios.
Para que nos demos una idea, existen prisiones en donde los internos no tienen siquiera dónde dormir. Tienen que dormir literalmente parados o colgados. Eso nos da una idea del grave problema que hay, y sobre todo, cómo se atenta contra la dignidad de las personas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que el 62 por ciento de los centros penitenciarios tiene autogobierno.
Por eso, esta reforma ayudará, sin duda, a resolver la grave problemática que tenemos o que tiene el Estado mexicano, pero no es una solución de fondo. La solución de fondo es importantísimo que se le destinen recursos a los centros penitenciarios.
Se trata pues de que el país pueda velar por la protección de los derechos humanos de las personas que derivado de la comisión de un delito se encuentran legalmente privadas de su libertad y que cumplan con los principios tendientes a lograr el fin de la pena, la reinserción social. Es decir, hay muchísimas prisiones en este país que no cumplen con lo más esencial para que las personas que ahí están privadas de la libertad puedan, en algún momento, ser reinsertadas a la vida social.
Es decir, cómo se les puede dar capacitación para el trabajo, apoyo para el deporte o educación si ni siquiera hay espacios dignos para hacerlo.
Por eso, es un tema de relevancia para el Estado mexicano y que debe contar con una legislación que permita eliminar las asimetrías que existen en las entidades federativas dentro de su regulación legal, estableciendo principios y facultades explícitas para cada orden de gobierno que garanticen a todas y cada una de las personas privadas de su libertad la garantía de un pleno respeto a los derechos humanos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, diputados y diputadas, y a todas las personas que nos ven a través del Canal del Congreso y de sus redes sociales.
La privación legal de la libertad, comúnmente conocida como reclusión, se tiene que entender como el mecanismo para que la persona pueda rehabilitarse, y de esta manera pueda estar reincorporada a la vida en sociedad.
Esto tendría que diferenciarse de que no es un acto de poder del Estado hacia los individuos que delinquen.
Debemos enfatizar que la mayoría de la población penitenciaria está ahí por el simple hecho de ser pobres, de carecer de oportunidades y de encontrarse en el rezago total. Por ser pobres, carecer de oportunidades y estar rezagados es que se encuentran pagando con su libertad las penas que les han sido impuestas.
Quienes permanecen en la cárcel padecen violaciones sistemáticas en su dignidad y a sus derechos humanos. Reitero que la mayoría de la población en reclusión está ahí por no tener oportunidades y no poder salir del rezago en el que se encuentran. Esto también hay que decirlo, están ahí porque el hecho de ser pobres les impide tener acceso a una verdadera impartición de justicia.
Este dictamen faculta al Congreso para legislar en materia de centros penitenciarios y deberá permitir y fomentar al interior de los mismos el respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte para lograr una verdadera reinserción social. Todo esto con dinero de todos nosotros, de todos los mexicanos.
También debemos hacer énfasis en que para que esto se logre plenamente, dependemos fundamentalmente de la erradicación de la corrupción, de las personas que manejan las cárceles. Obviamente, votaremos a favor de este dictamen y hay que decir que a partir de la promulgación de esta reforma contaremos con 180 días para la elaboración de la ley general.
Debemos estar muy pendientes de que esta ley no sea un pretexto para privatizar las cárceles y que el dinero público destinado a estos centros de reinserción se enfoque plenamente a la reinserción, como dice la palabra.
Si esta facultad que tenemos para la elaboración de la ley general la utilizamos como un pretexto para privatizar las cárceles, esto generaría más corrupción. Hay que entender que quienes están interesados en privatizar el modelo de reclusión han forjado grandes fortunas al amparo de la corrupción y de la violación sistemática a la ley. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Abdala Dartigues.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Los problemas más recurrentes en las cárceles de nuestro país se resuelven fundamentalmente en el deficiente ejercicio de las funciones de autoridad, lo cual da pie al autogobierno o cogobierno con los grupos delincuenciales, pero también en el hacinamiento y la sobrepoblación, en la inadecuada separación de reos, en la falta de infraestructura para el acceso a servicios tan elementales como la salud, la alimentación, la educación, lo que representa indudablemente un serio obstáculo no solo para la reinserción social, sino también para el respeto y la protección de los derechos humanos de los internos.
Cabe recordar, que la situación descrita prevalece tanto en las cárceles de las dependencias federales como en los centros de reclusión que son responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, por lo tanto una reforma integral al sistema debe considerar una transformación en los tres ámbitos de gobierno.
La ejecución de sanciones penales siempre ha sido tratada a través de diversas leyes que establecen los mecanismos bajo los cuales se habrán de organizar los centros penitenciarios como sitios especializados en la materia, sin embargo los trabajos legislativos al respecto se habían quedado inmóviles frente a los retos que plantean los nuevos tiempos, dejando de observar el dinamismo requerido para encarar las recientes necesidades del sistema. Este atraso también se hizo patente en cuanto respecta a los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de protección a los derechos humanos.
En este sentido, la expedición a mediados del presente año de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, representó un avance legislativo de gran relevancia, pues este nuevo ordenamiento contempla tanto aquellas adecuaciones y necesidades requeridas para seguir fortaleciendo nuestro estado de derecho, con afán de que éste garantice la seguridad jurídica que deben tener todos los imputados, a través del establecimiento de normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución jurídica con estricto apego a los principios de equidad, legalidad, respeto al proceso, transparencia, proporcionalidad y una auténtica reinserción social.
Es en este tema en donde mi partido hace énfasis, pues no se puede perder de vista que por mandato constitucional nuestro sistema penitenciario deberá organizar, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para éste prevé la ley.
Se insiste en el tema de la reinserción social. Es importante porque esta es la única vía para lograr que los centros penitenciarios cumplan verdaderamente su función, la cual requiere de esfuerzos conjuntos para consolidar el éxito de las políticas en materia de seguridad y justicia hasta ahora implementadas a nivel federal con base en la nueva legislación en la materia.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen fundamentalmente porque creemos que todo aquello que contribuya a la plena reinserción social de las personas que incurren en algún delito, debe ser respaldado por esta soberanía, pero además consideramos que con ello se ponen bases firmes para que con la eventual expedición de una ley que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios en todo el país, se avanza en el cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal en materia de derechos humanos.
En este sentido, en el Partido Verde ratificamos nuestro compromiso para impulsar leyes y políticas en materia de ejecución penal que permitan recuperar la tranquilidad social, pero fundamentalmente que respeten la dignidad y garanticen la reinserción social de quienes se encuentran privados de su libertad. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ochoa Rojas. Esta Presidencia saluda la presencia de diferentes presidentes de colonias y sindicaturas del municipio de Culiacán, Sinaloa. Y para mí, como presidenta y paisana de ustedes, mes un placer darles la más cordial bienvenida a este recinto legislativo; invitados por la diputada Rosa Elena Millán Bueno.
De igual manera, saludo la presencia de niños de diferentes planteles educativos de nivel primaria del municipio de Tezoyuca, estado de México, invitados por el diputado Ulises Ramírez Núñez. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene a continuación el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada María Cristina Teresa García Bravo.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados, una vez más el fracaso del sistema penitenciario en nuestro país es tema de discusión en esta Cámara de Diputados. Ciertamente las consecuencias y la ineficacia de este sistema son muy notorios, porque hasta ahora no se ha logrado la reducción del delito por la ausencia de una adecuada política criminal que cumpla con los principios constitucionales y los instrumentos internacionales para lograr la reinserción social del sentenciado. Con esta convicción no podemos desconocer que las cárceles y reclusorios del país son verdaderas escuelas del crimen, porque en la actualidad los procesados están mezclados con los sentenciados con diferentes niveles de peligrosidad, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de nuevas organizaciones para delinquir.
Estos problemas se viven a diario; no son un fenómeno exclusivo de las cárceles y reclusorios de la ciudad de México ni mucho menos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y estatal, por el contrario, es un problema que se comparte con el mayor número de países y en especial con los de América Latina.
En todos ellos se vive la corrupción administrativa, el tráfico de armas y drogas, extorsiones a la población civil, el abuso de poder, el otorgamiento de privilegios, el cobro de pase de lista, la violencia y los motines, elementos que además contribuyen a la violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Reconocemos que lamentablemente el número de internos en México ha tenido un crecimiento importante en los últimos 10 años y que prácticamente ha rebasado cualquier medida de ampliación y/o modificación carcelaria, crecimiento que se debe a la violencia, la inseguridad, la delincuencia organizada, la falta de empleo y oportunidades, así como a la existencia de un sistema ineficiente de prevención del delito y procuración de justicia, entre otros factores.
Otro aspecto importante que no puedo dejar de mencionar de la política penitenciaria, es que a prisión llegan casi siempre los más pobres, los que no tienen influencias, los que desconocen sus derechos fundamentales, aquellos que no pudieron arreglarse a tiempo con la justicia y quienes no tienen recursos para una buena defensa, o lo que es peor, aquellos que no pueden pagar la fianza para alcanzar su libertad a diferencia de quienes tienen recursos o fueron servidores públicos de alto nivel que pueden mover el engranaje del sistema de justicia penal a su favor con total impunidad.
De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen de votar a favor de la iniciativa de adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, a efecto de incluir la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de Administración Penitenciaria y Centros de Reclusión, con la finalidad de homologar los principios constitucionales y los compromisos contraídos en tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte en materia de reinserción social, garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos.
Sin duda, se trata de una adición que dispone la existencia de un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas y la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la materia.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, estamos convencidos de que esta adición contribuye de manera significativa a que contemos con una ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios.
Por lo anterior, el sentido de nuestro voto es a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputada García Bravo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Medrano Quezada.
El diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señora presidenta. Amigas y amigos que nos acompañan.
Vengo en nombre del Partido Revolucionario Institucional a fijar la postura en relación al dictamen por el que se adiciona un inciso del artículo 73 de nuestra Constitución Política, y quiero agradecer infinitamente la oportunidad que mi partido me da, de poder posicionar en nombre de todos ustedes que forman parte de esta bancada.
“Violentar los derechos humanos de cualquier persona significa violentar su humanidad”. Eso lo dijo Nelson Mandela.
Por eso, en un Estado constitucional de derecho, donde la justicia debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ofensores y reformarlos para garantizar a que vuelvan a formar parte de la comunidad, es decir, para garantizar su reinserción social, los priistas reconocemos en nuestro programa de acción que el país enfrenta un reto de combatir la violencia y la inseguridad reorientando los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia.
Los mexicanos requerimos un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor a la par de lograr su reinserción social a la vida productiva de este país, por eso debemos legislar para que el sistema de readaptación social se base en valores y en hábitos positivos, también que los internos estén aptos para la reinserción social una vez que hayan compurgado su condena.
En este régimen hemos avanzado, y de manera sustantiva. El gobierno de Enrique Peña Nieto celebró un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública para, entre otras cosas, crear un Comité de Evaluación del Sistema Nacional Penitenciario, consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, revisar el sistema de reinserción social, así como actualizar y homologar todos los protocolos y procesos del Sistema Nacional Penitenciario.
Además, la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación bilateral de seguridad entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica, que se está trabajando para juntos lograr la mejora y acreditación de todos los centros federales de readaptación para el 2017, y a mayor plazo los estatales y los municipales.
Por otro lado, la Asociación Americana de Correccionales acreditó en México 12 centros penitenciarios y reacreditó a otros 5 centros que han demostrado fielmente el cumplimiento continuo de las normas internacionalmente aceptadas en la gestión carcelaria.
Comprometidos con combatir al crimen organizado, a la par de una justicia eficaz que respete los derechos humanos, los diputados nos hemos dado la oportunidad de aprobar la miscelánea fiscal que reformó 232 artículos de 10 leyes para armonizar la legislación en materia de la justicia penal, robusteciendo: el modelo de justicia penal acusatorio; la Ley Nacional de Ejecución Penal, que reestructura el sistema penitenciario con base en la reinserción social y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
También los diputados aprobamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para procurar e impartir justicia de manera digna a los menores de edad; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que fortalece el sistema jurídico, para que sea más eficaz en el combate contra el crimen organizado, pero también aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las víctimas puedan remitir pruebas directamente al juez sin necesidad de ser valoradas por el Ministerio Público.
Hoy, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 se estableció que el sistema penitenciario se organizará sobre base al respeto de los derechos humanos, del trabajo, de la capacidad para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
En el PRI votaremos en favor del presente dictamen para facultar a este Congreso General para que se establezcan las bases y los principios que deberán observar la administración de dichos centros penitenciarios, y además determinar la forma y los términos de participación de las entidades federativas, de los municipios así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Con ello buscaremos dotar al sistema penitenciario mexicano de mejores condiciones para el procesado o sentenciado, garantizando la protección de sus derechos humanos, generándoles mayor dignidad y lo más importante, robusteciendo las oportunidades para que alcancen una vida efectiva en la reinserción social.
Eliminaremos las asimetrías existentes entre las entidades federativas, alineando administración de centros penitenciarios con principios constitucionales y tratados y convenciones como instrumentos. Ante los notables avances que ha tenido nuestro país en materia de derecho humano es nuestra obligación fortalecer el sistema penitenciario para hacerlo más eficaz, y sobre todo más humano. Muchas gracias, señora presidenta y felicito hoy en su día a los músicos, que con música llenan también el alma y el corazón de los mexicanos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Medrano Quezada. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Evelyn Parra Álvarez: Buenas tardes a todos y a todas. Con su permiso, diputada presidenta. Vengo a hablar a favor del dictamen en razón a su importancia y que efectivamente es un tema que se tiene que abordar para lograr los objetivos de la reclusión por la comisión de algún acto contrario a la ley que lo amerite.
Nuestro sistema penitenciario tiene una serie de anomalías y carencias que no permiten a los internos contar con un proceso de rehabilitación adecuado, que les permita incorporarse nuevamente a la sociedad.
Para lograr ello, se debe redimensionar la causa por la cual una persona ingresa a la cárcel, dejando en segundo término la noción o sentimiento de castigo, que comparten tanto las autoridades administrativas, los custodios y también los internos, y priorizando la recuperación de los mismos mediante actividades educativas, laborales y deportivas, así como un seguimiento individualizado para lograr el posible que no vuelvan a delinquir.
Los centros penitenciarios son escuelas de alto rendimiento del crimen organizado, ya que a través de diversos actos de corrupción, violación a los derechos humanos de los reos y de sus familiares, propician situaciones contrarias a derecho, como los autogobiernos, donde impera la ley de la selva, sin que existan suficientes medidas de parte del gobierno en sus tres niveles para terminar con dichas prácticas.
Así entonces nos encontramos con casos donde por poner algunos ejemplos se limita el derecho de visita, se presentan pagos de dádivas o entrega de cuotas voluntarias, tanto a custodios como a otros reos, a efecto de no ser sujetos de golpizas o que sean también sujetos de muchas de sus violaciones, hechos tan graves como la falta de acceso a los alimentos, utensilios personales y medicamentos.
De acuerdo a los datos generados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria del 2015, se llega a la conclusión que la mayoría de los centros de reclusión donde se acentúa el problema son aquellos que están a cargo de las entidades federativas y de los gobiernos municipales.
Debemos considerar la sobrepoblación en estos núcleos de internamiento y la falta de personal para su atención, lo que demuestra de manera clara y precisa que los objetivos que se están persiguiendo no se están alcanzando, por el contrario, muchas veces se procesan y recluye a personas con bajo perfil criminal. Pero la convivencia forzada con otros miembros de la delincuencia organizada o que han cometido delitos de alto impacto, hace que estos jóvenes egresen sin ningún tipo de readaptación desafortunadamente.
Esta situación se ve agravada en el caso de las madres en reclusión, ya que hay particularidades donde la misma convivencia con sus menores hijos y por no contar con lo necesario para la salud, educación, manutención y desarrollo psicosocial, se están vulnerando los derechos humanos de estos menores y no se está privilegiando el interés superior del menor.
También las mujeres solas, que en su mayoría son abandonadas por sus familiares al estar en reclusión, quienes sufren en mayor grado el encierro y sin contar con actividades que puedan generar beneficios o mejores condiciones para la reinserción social.
Otro aspecto que complica el desarrollo de la inserción son las instalaciones insalubres y carentes de toda supervisión, la falta de personal calificado que oriente de manera adecuada y supervise el funcionamiento de los mismos.
En materia de salud, se debe garantizar que los reclusos cuenten con tan importante derecho, donde se puedan identificar, prevenir y en la medida de lo posible tratar las dolencias de los que son aquejados.
Todo lo anteriormente señalado hace indispensable que exista una normatividad general, que delimite y distribuya de manera concurrente, en el ámbito de sus respectivas competencias, a los gobiernos federal, estatal y municipal, las acciones o programas tendientes a combatir, de manera solidaria y equitativa, la grave situación a la cual se enfrentan día con día los miles de reos que existen en el país.
Por estas razones es que así fue como lo votamos en la Comisión de Puntos Constitucionales todos los integrantes, para poder coadyuvar, precisamente, con este fortalecimiento. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Parra Álvarez.
Concluida esta ronda de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que esté por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 422 votos a favor, ninguno en contra. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 422 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida al señor Artak Zakaryan, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea de la República de Armenia. Bienvenido.
Al señor Ará Aivazian, embajador de la República de Armenia en México, bienvenido. Y al señor Karen Martirossian, consejero de Armenia en México. Bienvenido también. Todos ellos invitados por la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, en la instalación del Grupo de Amistad de México con la hermana República de Armenia. Bienvenidas, bienvenidos.
Igualmente, esta Presidencia saluda a miembros de la comunidad educativa del Instituto Tecnológico de Los Mochis, Sinaloa, encabezados por su director, el ingeniero Manuel de Jesús López Pérez, invitados por los diputados integrantes de la coordinación de Sinaloa, diputados federales del PRI, en el marco del 40 aniversario del instituto. Además, de una felicitación por el homenaje que se hará hoy en el sorteo de la Lotería Nacional, imprimiendo su logotipo en el billete. Bienvenidas y bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió de la diputada Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Se recibió del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Se recibió del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Se recibió del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen,
Se recibió del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Se recibió del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió, igualmente, del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 11 de octubre como Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en materia de derechos de autor. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estamos en la primera ronda de la presentación de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del PRI. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero: Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, la preservación de los recursos naturales, la tenencia de la tierra, el reparto agrario de la misma, así como los principios y lineamientos que en su momento han estado contenidos en el artículo 27 constitucional, son temas de suma importancia para la soberanía nacional, mismos que se han integrado y modificado en la Carta Magna en distintas épocas en la historia a partir de su promulgación en el año 1917.
Con la iniciativa que el día de hoy presento a esta asamblea, se busca reformar el tercer párrafo del artículo 27 constitucional, adicionando a la pesca y a la acuacultura como actividades económicas que deben ser fomentadas por el Estado.
De igual forma, se propone adicionar dichas actividades a la fracción XX del artículo 27 constitucional por ser consideradas como actividades de suma importancia para impulsar el desarrollo rural integral, tipificándolas como actividades estratégicas para la soberanía y la seguridad nacional por su notable contribución a la producción alimentaria, al empleo y al desarrollo regional en beneficio de la población mexicana.
Quiero dejar precedente que en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, los legisladores de la Comisión de Pesca, a quienes el día de hoy saludo y agradezco, y la asamblea en su conjunto promovimos desde este pleno actividades para erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria en nuestro país, reafirmando el compromiso de hacer que la agricultura, la actividad forestal, la pesca y la acuacultura, sean productivas y sostenibles en beneficio de la salud de los mexicanos.
De manera particular, en el tema de pesca y la acuacultura quiero destacar lo siguiente. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, en su informe del año 2016 titulado el estado mundial de la pesca y de la acuacultura, señala que la pesca y la acuacultura siguen siendo importantes fuentes de alimento, nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de millones de personas en el mundo entero.
En este contexto, se identifica la oferta mundial per cápita del pescado que alcanzó un máximo histórico de 20 kilos en el 2014 por persona gracias a un intenso crecimiento precisamente en la acuacultura, que en la actualidad proporciona la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano y una ligera mejora también en la situación de determinadas poblaciones de peces como consecuencia de una mejor ordenación pesquera.
En el año 2015, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca, México subió del lugar 17 al 16 en la producción mundial de productos pesqueros y acuícolas, lo que ha motivado un incremento en el consumo per cápita anual, casi alcanzando, resaltando la meta sexenal de consumo per cápita de consumo de pescado.
Lo anterior como resultado de las políticas que se han trazado en beneficio del sector pesquero y acuícola nacional en la presente administración, tal como se proyectó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el que señala claramente dentro de la meta nacional México Próspero, que se requiere impulsar una estrategia con enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, buscando construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria de nuestro país.
Según las previsiones de la FAO, el consumo de pescado per cápita aumentará en los continentes de Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe, que mostrarán un incremento más rápido; en particular se prevé mayores aumentos que se produzcan en los países de Brasil, Perú, Chile, China y México.
Por lo anterior expuesto resulta fundamental dar rango constitucional al compromiso del Estado con la pesca y con la acuacultura, en beneficio del sector y de todos aquellos que participan en las cadenas productivas de valor.
Debe de considerarse que más allá de la pesca artesanal y tradicional que se da en el mar, la acuacultura representa una alternativa real para ampliar la oferta alimentaria en nuestro país, contribuyendo a la creación de divisas y a la creación de fuentes permanentes de empleo, estimulando el desarrollo regional.
Compañeros diputados, esperando contar con su apoyo, concluyo reiterando que la finalidad de la reforma propuesta, es destacar y llevar a rango constitucional el sector pesquero y acuícola nacional, para así poder otorgar estabilidad y seguridad a quienes subsisten de esta actividad. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ibarra Otero. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Esta Presidencia saluda la presencia en este salón de sesiones de líderes de mercados de Querétaro, así como de estudiantes de derechos en el mismo estado, invitados por el diputado Hugo Cabrera. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 13 y un Capítulo Vigésimo al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El diputado José Máximo García López: Con su venia diputada presidenta. Muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar una iniciativa que atienda una problemática de alimentación, sobre todo en los niños, ya que la Organización Mundial de la Salud define a la lactancia natural como una forma sin comparación de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes.
El examen de los datos científicos ha revelado que a nivel poblacional la lactancia materna durante seis meses, es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Según la UNICEF, las tasas de lactancia materna a nivel mundial, aunque son bajas, al contrario de lo que ocurre en nuestro país va en aumento durante la última década, siendo el 38 por ciento de los niños menores de seis meses de edad en el mundo del desarrollo, recibe leche materna exclusivamente y sólo el 39 de los niños entre 20 y 23 meses de edad se benefician de la práctica de la lactancia materna.
Así la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF recomiendan que la lactancia se inicie en la primera hora de vida, que el lactante solamente reciba leche materna sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua, y que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que quiera el niño tanto de día como de noche.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial prevalecen los siguientes datos respecto a la lactancia materna, un 45 por ciento de las defunciones de niños se asocia a la desnutrición, se calcula que en el 2013, a nivel mundial 161.5 millones de niños menores de cinco años sufría el retraso de crecimiento y 50 millones presentaban un peso bajo para su talla; 41.7 millones tenía sobrepeso y eran obesos.
Aproximadamente un 36 por ciento de los lactantes de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. Si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima cada año se les podría salvar la vida a alrededor de 800 mil niños de menos de 5 años de edad.
La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual, mejora el desarrollo infantil y la reducción de los costos sanitarios gracias a la lactancia materna. La lactancia exclusivamente materna es la forma ideal para alimentar a los recién nacidos, ya que naturalmente aporta los nutrientes necesarios para un correcto desarrollo.
En materia de lactancia, el gobierno implementó una Estrategia Nacional de Lactancia Materna del 2014 al 2018, cuya relevancia y la importancia que representa la mejoría en el estado de salud y nutrición de los niños y niñas mexicanas. Dicho documento surge de la necesidad de integral las diferentes acciones que se realizan en el país para proteger y promover y a poyar la práctica de la lactancia materna hasta los 2 años de edad.
La Estrategia Nacional de Lactancia Materna tiene cinco objetivos específicos:
1. Posicionar el tema en la agenda de los tomadores de decisiones de los diferentes órdenes de gobierno y unificar acciones;
2. Fortalecer las competencias institucionales de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna;
3. Impulsar la participación de la iniciativa privada en la promoción y apoyo de la lactancia;
4. Vigilar el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de la Leche Materna;
5. Fomentar la práctica del amamantamiento natural en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Y un eje transversal en la capacitación al personal de salud, estudiantes universitarios de áreas médicas y afines, así como a la población en general en el fomento de la lactancia materna.
Así la presente iniciativa se encuentra en concordancia con el primero de los objetivos específicos y con el tercer eje estratégico de dicho objetivo, en el cual se refiere a la consolidación del marco normativo en materia de lactancia.
Por lo anterior, hoy en día no existe un marco normativo alguno que proteja en ley específica el derecho de los lactantes, a menores, a la alimentación. Y, por el contrario, la normatividad, planes y estrategias se han centrado únicamente en el derecho de la madre a alimentar a su infante.
Es así que resulta evidente la necesidad de incluir en políticas públicas y en la propia legislación federal la protección de los derechos de los menores a la lactancia y la correcta alimentación. Para así ampliar el panorama de cualquier acción de gobierno sigamos legislando a favor de las niñas y de los niños de nuestro país, ya que es urgente. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado García López. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 33, 995 y 1004 Bis, de la Ley Federal del Trabajo.
Permítame un segundo, diputada. Sonido en la curul de la diputada Teresa Lizárraga. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Con el objeto de felicitar al diputado Max García y solicitar que me permita suscribirla. Totalmente de acuerdo en cualquier acción que facilite la lactancia materna. Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo el diputado Máximo García? Gracias. Está aquí en la Secretaría la iniciativa para todos aquellos que quieran suscribirla. Muchas gracias. Adelante, diputada.
La diputada Tania Victoria Arguijo Herrera: Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy me trae a esta tribuna un tema bastante relevante, porque es increíble que en pleno año 2016, con muchas reformas a la Ley del Trabajo todavía siga existiendo discriminación hacia las mujeres embarazadas.
Aunque ya está establecida la no discriminación en todos los sentidos, existen patrones, fábricas, empresas que siguen con mentalidad primitiva, que no creen capaz a una mujer embarazada de realizar el trabajo que venía desempeñando, porque es increíble que siga habiendo lugares que requisiten a una mujer blanca, alta, delgada, güera, de ojos de olor, y que nadie diga nada.
Pero eso es culpa de todos y todas, porque lo permitimos. Entonces ya tiene la frase este sentido: Ayúdate, que yo te ayudaré. Por eso traigo a esta tribuna la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, en el segundo párrafo del artículo 33, el artículo 995 y se adicionan dos párrafos al artículo 33 y al artículo 1004 Bis, pues actualmente se contemplan las sanciones a los patrones que exigen la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, o bien despiden a una trabajadora al coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada.
Sin embargo, las sanciones no han sido suficientes para la tutela del derecho de las mujeres, por eso la propuesta de esta iniciativa que propone la ratificación ante los tribunales laborales competentes, será requisito indispensable para el caso de mujeres que estando embarazadas renuncien a su trabajo, para lo cual la trabajadora deberá tener una entrevista con el servidor público y un procurador de Defensa del Trabajo para garantizar que la renuncia efectivamente se realiza sin presiones del patrón por el estado de gestación en que se encuentre.
Todo convenio, pago o renuncia que se realice sin estos requisitos será nulo y operará la presunción a favor de la trabajadora.
Como ven, compañeros, aquí traigo la voz de muchas mujeres despedidas por estar embarazadas del estado de Nuevo León. Sin embargo, es una situación que aqueja a muchas mujeres del país.
Con esta iniciativa les digo a esas mujeres que no se desanimen por tener una Ley Federal de Trabajo precaria y que no se doblen ante una situación de presión o despido, al contrario, las incito a denunciar estos hechos.
Y a ti, Inter de México, sede Monterrey; Sindicato Industrial de Trabajadores Calificados Independientes del Norte; Grupo Radio Alegría, SA de CV; Banco Famsa, no quiero enterarme que volviste a despedir a una mujer embarazada. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Arguijo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por él y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Un momentito, por favor, diputado. Sí, diputado Ojeda, está solicitando el uso de la palabra desde su curul, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Para solicitarle a la diputada Tania, si permite suscribir su iniciativa tan importante.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada Arguijo, ¿está de acuerdo en que la suscriba el diputado Ojeda? Está a su disposición en la Secretaría. Gracias, diputado.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul) Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Corichi, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Con el mismo objeto de pedir que nos permita suscribir la iniciativa por supuesto en este sentido. Y efectivamente, no queremos saber que ninguna empresa, que ninguna entidad pública o privada despida a una mujer por el hecho de estar embarazada. Pedirle de parte de la diputada Mirza, de la diputada Marbella y de una servidora Claudia Corichi, que nos permita suscribir junto con ella.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ella ya ha dado su autorización, está a su disposición en la Secretaría para poder ser suscrita. Adelante, diputado Herrera, gracias.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia y con la de ustedes, compañeros. En el transcurso de los años hemos olvidado el verdadero sentido del federalismo y sus virtudes.
En las luchas estériles por el Poder, hemos dejado en un segundo plano la oportunidad de servir mejor a nuestros gobernados, pues es la gente la que requiere que la política y los políticos seamos eficaces, transparentes y honestos.
El federalismo es un modo de organizarnos y ejercer el poder dentro del Estado de derecho, respetando la autonomía y las capacidades de gestión de los gobiernos. Los integrantes de la federación deben de ser entes que por su carácter electo, democrático y representativo demanden que su personalidad jurídica y política, así como su autonomía financiera y fiscal, sean reales y no meramente declarativas.
El federalismo implica necesariamente la distribución del poder, reconociendo que hay fuerzas regionales activas que deben de considerarse dentro de la pluralidad para gobernar mejor.
En los últimos días hemos sido testigos de cómo, dentro del marco legal vigente, la soberanía administrativa de los municipios ha sido francamente vulnerada. Hemos visto aquí en el Congreso y en las calles a presidentes municipales de diversos estados, muchos de ellos lamentablemente de mi natal Veracruz, lo cual me lastima y duele mucho, reclamar lo que es justo, que las participaciones federales les lleguen en tiempo y forma para que ellos puedan dar, de una manera eficaz y rápida, soluciones a la ciudadanía. Claramente, hay un margen de maniobra en los recursos federales que la ley está permitiendo.
Compañeros, los invito a que en vez de quedarnos a dormir en palacios municipales o en palacios de gobierno y salir a bloquear las calles, aunque el reclamo es justo, aprovechemos la valiosa oportunidad que tenemos de estar aquí y legislemos sobre el particular.
A través de las aportaciones federales los municipios atienden demandas tan importantes, como educación, salud, vivienda, drenaje, infraestructura básica y seguridad pública. Como podemos darnos cuenta, son fondos vitales para el funcionamiento del municipio, por lo cual es imprescindible que estos recursos lleguen en tiempo, especialmente a aquellas comunidades que no tienen la capacidad de generar recursos propios y que dependen, casi de manera exclusiva, de los recursos que les llegan de la federación, incluso para las necesidades más básicas.
Ante las nuevas circunstancias de la alternancia en los gobiernos locales, tanto municipales como federales, debemos de evitar que las pretensiones partidistas y el conflicto político vulneren el pacto federal. Requerimos legislar con una visión democratizadora.
Para garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma a los gobiernos locales existe todo un entramado jurídico e institucional que establece tiempos, plazos puntuales para la transferencia de esos recursos. Pero no obstante, en la mayoría de los casos se requiere de la intermediación de las entidades federativas para este proceso.
Esto significa que en una primera instancia la federación le transfiere los recursos señalados a los gobiernos de los estados, para que estos a su vez lo hagan llegar a los gobiernos municipales.
Lo anterior, como ya lo señalé, entorpece el cumplimiento y obligaciones de los municipios, pues el dinero al ser un bien fungible, muchas veces los estados lo utilizan o distraen para atender otras materias que consideran prioritarias, para luego, en el mejor de los casos reponerlo. Pero lo que es un delito aún mayor es nunca entregarlo a las administraciones municipales.
Con la iniciativa que estoy proponiendo les invito a que logremos un mejor mecanismo en la Ley de Coordinación Fiscal que evite estos incumplimientos de parte de las entidades federativas hacia el municipio. De tal suerte que cuando la transferencia no llegue en el tiempo y la forma debida la federación pueda reclamar esos recursos al Estado y entonces transferirlos de manera directa y sin dilación a los municipios.
Con lo anterior promovemos que se garantice que el municipio pueda cumplir de manera puntual la transferencia hacia las necesidades de la ciudadanía.
No está de más señalar que según los datos del Inegi al 2016, la mayoría de los municipios casi en un 70 por ciento, en su patrimonio dependen de esos recursos federales. Por lo cual, el que no lleguen de manera puntual y paulatina esos recursos pone en riesgo a la ciudadanía, sobre todo a los grupos más vulnerables.
Compañeros, ha llegado el tiempo de acabar con la tutela política que anula la autonomía de los gobiernos municipales y luchar decididamente por la emancipación institucional de los mismos y lograr un verdadero federalismo democrático. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Herrera. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Cámara de Diputados saluda la presencia de exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, generación 75-80, invitados por el diputado César Camacho.
De igual manera, saludamos la presencia de alumnos del Colegio de Bachilleres del municipio de Cojumatlán de Régules, en Michoacán, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, señora presidenta. El 22 de agosto de 2016, en la carretera periférica de la ciudad de Querétaro, un tráiler de doble remolque chocó el auto en el que viajaba el escritor Ignacio Padilla, provocando su muerte a los 52 años, con lo que perdimos a un gran autor.
El 1 de octubre de 2016, en la autopista a Córdoba, Veracruz, 13 personas fallecieron en la colisión entre un autobús y un camión de doble remolque. Aunque no conocemos sus nombres, sus vidas eran valiosas.
El listado de siniestros provocados por este tipo de camiones y por el exceso de peso sería interminable. Tan solo en los últimos años los fallecidos a causa de este tipo de incidentes se cuentan por decenas, por no hablar de los lesionados o del daño económico que se produce.
La iniciativa que presento persigue reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su párrafo tercero del artículo 50. La finalidad es prohibir la circulación de camiones de doble remolque, limitar el peso de los vehículos a 40 toneladas y su dimensión a un largo de 25 metros.
Lo anterior, en tanto los accidentes con vehículos doblemente articulados han generado con razón alarma y preocupación social, además de que deben ser evitadas estas catástrofes.
México cuenta con una regulación obsoleta e irresponsable sobre el autotransporte por carretera, regulación que constituye una auténtica excepcionalidad a nivel internacional.
Es necesario que la normatividad mexicana sobre camiones y remolques se adecúe y homologue a los estándares internacionales. En ese sentido la norma mexicana establece máximo hasta 75.5 toneladas de peso y 31 metros de largo, si se compara con la regulación internacional, las diferencias son abismales.
En Estados Unidos se autoriza la circulación de camiones con un peso máximo de 39 toneladas y una longitud de 25 metros. En países de nuestro entorno latinoamericano como Costa Rica o Guatemala, se limita el peso a las 40 toneladas.
Lo anterior es una muestra clara de que la excepcional regulación sobre autotransporte que prevalece en México es insostenible e irresponsable en términos de seguridad. Por otro lado es evidente que la limitación del peso de los camiones no supone en grado alguno un menoscabo a la productividad y a la competitividad económica como ha sido demostrado, teniendo en cuenta que algunos de los países más avanzados del mundo tienen limitaciones más estrictas que la mexicana.
En ese aspecto es falso el argumento del daño económico para evitar aprobar una reforma legislativa que limite el peso de los camiones y prohíba los dobles remolques. Lo que desde el Grupo Parlamentario de Morena se está proponiendo es precisamente adecuar la normatividad mexicana al criterio internacional. En ese aspecto se propone limitar el peso de los camiones a 40 toneladas, 25 de largo y prohibir el tránsito de los vehículos del doble remolque.
Resulta razonable que México cuente con una normatividad homologada a los estándares internacionales. La combinación de velocidad, peso excesivo y dobles remolques es especialmente peligrosa para la seguridad vial. Expertos han aclarado que el segundo remolque demora un tempo muy superior para lograr el frenado, lo que perjudica las posibilidades de reducción de la velocidad y de reacción del conductor para evitar accidentes y generar riesgos en carreteras.
La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte ha señalado, que eliminar el doble remolque tendría un efecto positivo en la seguridad vial, por cuanto este tipo de vehículos, es 32 veces más peligroso que los demás.
Si bien varios partidos han manifestado su voluntad de prohibir los dobles remolques, surge la pregunta de ¿por qué esto no se ha concretado; qué tipo de intereses están interfiriendo en la tarea legislativa cuando se persigue una reforma urgente, necesaria y consensuada?
Es necesario que esta Cámara de Diputados se decida de una vez por todas a aprobar esta reforma legislativa. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Araceli Damián. Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.
Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, invitados por la diputada Evelyn Parra Álvarez.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García y el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros; aquellos que nos ven también por el Canal del Congreso, que son muchos más que los que están aquí presentes sin duda en este recinto.
El año pasado presenté una iniciativa con la finalidad de ponerle un alto a los privilegios de la burocracia en nuestro país. En su momento, retomé la propuesta en el marco de la comparecencia del entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, que este controvertido personaje había sido el autor de aprobar los multimillonarios contratos de la injusticia que hoy vengo a plantear una vez más para el periodo pasado. Hace una semana apenas, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos para 2017, subrayaba este contrasentido.
Sigo insistiendo en el tema. Tan solo en esta Cámara de Diputados, cuando poco más de 80 legisladoras y legisladores de tres bancadas renunciamos a los beneficios del seguro de gastos médicos mayores, esta Cámara aprobó un aumento para el pago de seguro de gastos médicos en este sentido y se han invertido más de 6.5 millones de pesos adicionales, lo que evidencia no solo la persistencia de la ilegalidad y la duplicidad del gasto de esta soberanía, sino la falta de congruencia en el tema de los recortes frente a los enormes recortes en salud que vendrán a ser sin duda un problema grave para el próximo año.
La iniciativa que presento el día de hoy a nombre propio y del coordinador de mi fracción parlamentaria, pretende llevar esta exigencia social que clama por el fin de los privilegios de la alta burocracia. Hoy con esta iniciativa lo que proponemos es sacar de la retórica el discurso falaz de la presidencia de arranque de sexenio, de austeridad y de apretarse el cinturón.
No es posible que en tiempos en que el Coneval ha señalado que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos carecen de acceso a la salud, y en el que se ha recortado casi 12 mil millones de pesos para salud el próximo año, permitamos multimillonarios privilegios para unos cuantos, para una clase política.
Hablemos de esta injusticia simplemente en términos de valor. ¿Acaso creemos que nuestra vida, que su vida de quienes no han renunciado a este servicio, nuestra salud, su salud, valen tres veces más que la de cualquier derechohabiente del ISSSTE o del IMSS? ¿Acaso creemos que la salud y la vida de un ministro vale 10 veces más que la de un ciudadano normal, de un ciudadano de a pie?
Es una vergüenza que estas prestaciones que por igual son ostentosas para el caso del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los organismos autónomos, ya no se diga, sean aprobados cuando poco más de 71 millones de mexicanos y mexicanas no tienen garantizada una consulta médica o que algunas mujeres, como lo hemos visto, han tenido que parir en el suelo o en el pasto porque no pueden ser atendidas en un centro de salud.
Resulta por ello urgente terminar con estos gastos, y la vía que propone esta iniciativa es cerrarles la puerta justamente a través del capítulo de austeridad que se creó con estos fines en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
No permitamos que este año se gasten otros 2 mil 200 millones de pesos en estos lujos nada más para el Poder Ejecutivo, y se entreguen a una compañía beneficiadas en bandeja de plata, cuando las instituciones de salud no se dan abasto por falta de recursos y la gente allá afuera puede esperar hasta más de 12 horas para una consulta de urgencia. Es la realidad.
En el IMSS, la institución con el mayor número de afiliados, un solo doctor debe atender al año a casi mil pacientes. Cómo es posible. Por una salud sin privilegios debemos impedir que los impuestos de la gente sigan pagando los seguros de gastos médicos mayores privados para altos funcionarios. No podemos sacrificar el derecho de la salud de las personas y de las mayorías por mantener los lujos de unos cuantos.
Ojalá haya sensibilidad a esto y renunciemos todos en esta Cámara a esos privilegios; pero no nada más cuando no aprobamos que en el capítulo en el cual los impuestos, por ejemplo, pudiera ser deducible de impuestos las prestaciones para aquellos empresarios que den prestaciones y no podemos deducir esto, no les permitimos ni a los empresarios que puedan dar prestaciones a sus trabajadores, pero nosotros nos seguimos dando estas prestaciones de lujo, es verdaderamente incongruente.
Hace unos días decía yo que si acudiéramos todos los que estamos aquí presentes, pero todos los otros funcionarios de todos los niveles y de todos los poderes al ISSSTE, como nos corresponde y a lo que tenemos derecho, seguramente el funcionamiento empezaría a mejorar.
Por eso, por una salud sin privilegios es que hoy estamos planteando prohibir en esta ley, en este apartado, la contratación de seguro de gastos médicos privados para todos los funcionarios públicos, para todas, y para todos los funcionarios públicos de alto nivel, porque solamente se les da, además, a los de altísimo nivel.
Por eso y por una salud sin privilegios, estoy convencida que esta reforma que hoy presentamos a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es una responsabilidad de vida, es una responsabilidad de congruencia también presupuestal y de austeridad, y queremos eso, una salud sin privilegios. Es cuanto, presidenta, es cuanto compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 2 y adicione el artículo 2 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión me dirijo a esta honorable asamblea, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona un artículo 2 Bis a la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Lo anterior con la finalidad de ser más específicos en cuanto a quienes están obligados por la ley a proteger los datos personales de los particulares.
La fracción II del Apartado A del artículo 6o. de nuestra Constitución establece que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes en la materia.
Del mismo modo, el segundo párrafo del artículo 16 constitucional señala que toda persona tiene derecho a la protección de datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Derivado de estos y otros preceptos constitucionales, fue publicada la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en junio de 2010. Lamentablemente nuestra sociedad aún carece de una cultura de protección de datos personales. Esta falta de cuidado en el manejo de nuestros datos personales nos ha conducido a la proliferación de prácticas escasamente reclamadas, tales como la circulación de información personal con fines comerciales e inclusive sirve como instrumento para la comisión de delitos.
Ejemplo de lo anterior es que, de conformidad con el registro que obra en poder del Banco de México, el 67 por ciento de los casos el robo de identidad se produce por pérdida de documentos, otro 63 por ciento por robo de carteras y portafolios y un 53 por ciento por datos tomados directamente de las tarjetas bancarias.
En este sentido enfrentamos retos que nos imponen las tecnologías de la información y que la ciencia jurídica no puede soslayar. Es imperativo establecer y definir un nivel de cobertura regulatoria para evitar incurrir en lagunas legales y proteger efectivamente los datos de las personas.
Sin duda, la publicación de la ley representó un avance en la materia, sin embargo aún nos falta mucho por tomar conciencia de la importancia que tiene el protección de nuestros datos personales y el manejo que de ellos hacen empresas y particulares.
No estamos buscando limitar el desarrollo tecnológico, muy por el contrario, en Nueva Alianza somos los primeros promotores y defensores del desarrollo de las nuevas tecnologías y su incorporación a la vida de todos los mexicanos.
No obstante es fundamental que seamos mucho más cuidadosos con la información que proporcionamos y que al mismo tiempo las empresas asuman la enorme responsabilidad social y humana que significa la protección de los datos de las personas.
La Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares establece sanciones y delitos a quien violente los preceptos, las cuales van desde multa hasta la pena en prisión.
El artículo 2 de la ley, señala que los sujetos regulados por la misma son los particulares, sean personas físicas o morales, de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales. Sin embargo, dentro de los supuestos en la ley no se encuentran las empresas extranjeras que tengan vínculos con el manejo de datos, lo que resulta en una omisión que puede conducir a un mal uso de los mismos.
Al proponer incorporar a estas empresas en la ley se persigue que los esquemas de confianza de navegación en internet alcancen los niveles de calidad más elevados. Los mexicanos merecemos la mejor protección de nuestra información personal, ésta es una de las maneras en que Nueva Alianza busca elevar el nivel de vida de la población, con acciones concretas que redunden en mayor seguridad para todos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Ley de Migración.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputada presidenta. Efectivamente, amigas diputadas y amigos diputados, hoy vengo a proponer una iniciativa que pretende homologar el tema de derechos humanos en la Ley de Migración, el artículo 66 prácticamente.
Nuestra Constitución, en el artículo 1o lo establece, sin embargo esta reforma al artículo 1o constitucional fue realizada en junio de 2011 y nuestra Ley de Migración entró en vigencia en mayo de 2011, por tanto hoy pretendemos con esta participación integrar el texto toda vez que es deber, es obligación de toda persona respetar irrestrictamente los derechos humanos, sea migrante o no, y fundamentalmente si se trata de esta figura vulnerable, el ser migrante.
Toda autoridad en la medida de sus competencias, dice la ley, que tiene el compromiso de proteger, de cumplir, de difundir incluso el respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizárselos a la persona, sin detrimento, sin independientemente de su condición migratoria, sea documentado o no la persona migrante, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente, la autoridad competente tiene la obligación, tiene el imperativo que establece la ley: respetar sus derechos humanos.
Precisamente, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, es un derecho fundamental. Todo aquel que nace en tierra mexicana, sin importar de dónde son sus progenitores, se le debe garantizar su nacionalidad. Es un principio elemental establecido en la ley.
El derecho de tránsito, el derecho al libre tránsito es otra. Toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano. Es algo que tiene que estar establecido en nuestra Ley de Migración, en el artículo 66.
El derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Es otro derecho fundamental. No podemos nosotros en México, todas las personas sin importar su origen étnico nacional y su estado migratorio, tiene derecho a que se le garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial.
En suma, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy venimos a proponer que el artículo 66 tenga el siguiente contenido, textualmente: Todo migrante tendrá y gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios internacionales de lo que sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley.
En esto sustantivamente consiste la iniciativa que hoy vengo a presentarles a esta soberanía y que espero tenga todo el respaldo, toda vez que el fenómeno migratorio, como todos lo sabemos, todos los grupos parlamentarios en este pleno saben que hay que jugársela hoy más que nunca con esa figura que representa no un problema, una oportunidad.
Si nosotros vemos a la migración, al fenómeno migratorio como una oportunidad, estaremos dando un paso para romper paradigmas, porque los migrantes ni son delincuentes ni son narcotraficantes ni violan sus derechos de otras personas. Los migrantes son personas que buscan la mejoría de los suyos, para ganarse e ingresar a otros países y darle bienestar a sus familiares, a sus seres queridos.
Tan es así lo que estamos diciendo y por eso la protección a los derechos humanos de este grupo, que los Estados Unidos de Norteamérica, lo hemos dicho en esta tribuna y lo ratificamos el día de hoy en la presentación de esta iniciativa, fue construido esta gran potencia por una clase migrante en su época.
Por tanto, a los migrantes, ahí están los futuros empresarios, los futuros deportistas, las futuras gentes de éxito en la cultura, en educación y en la tecnología, si los apoyamos, si los vemos como una oportunidad, hoy que se ve una turbulencia a partir del 20 de enero, podemos decir que estamos dando un paso firme para garantizarles a ellos y al mundo y a este país, por supuesto, un mejor nivel de vida para este segmento. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Guízar. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Efrain Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal.
El diputado Efrain Arellano Núñez: Con su venia, señora presidenta. Y solicito se registre en el Diario de los Debates de manera íntegra el contenido de la presente iniciativa. Saludo a mis compañeras diputadas y diputados, saludo también a los productores acuícolas del país, a quienes va dirigida el beneficio de esta iniciativa.
Subo a esta alta tribuna de la nación, con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal. La acuacultura en México se ha visto afectada por el delito de robo de productos acuícolas, camarón, tilapia, bagre, etcétera, el cual es cada vez más constante dañando el patrimonio de dicho sector, los individuos que llevan a cabo dicho delito lo han convertido en su modo de vida.
Roban embarcaciones de todos tamaños, por lo que resulta estrictamente necesario dar una solución a este problema que se vive a nivel nacional y que lamentablemente perjudica el desarrollo de la acuacultura, así como a la sociedad.
La acuacultura a nivel nacional se encuentra en vías de desarrollo en el aumento en el consumo de camarón, en esta sociedad se manifiesta en una mayor demanda, lo cual se da importancia a este sector.
Por lo tanto, se requiere de una adecuación al marco jurídico que garantice el futuro desarrollo de esta actividad. La actividad que inició en una actividad del crimen organizado en contra de las grandes embarcaciones, ante la impunidad con la que han actuado ha llevado a todo tipo de delincuentes a ejercer esta actividad en contra de los pequeños productores, así como en las granjas acuícolas, perjudicando el patrimonio y las inversiones que han hecho con muchos esfuerzos aquellos acuacultores que se endeudan, que sacan fiado para fortalecer el patrimonio de su familia.
En tal virtud de lo anterior expuesto y fundado en el ejercicio de las facultades conferidas al suscrito, someto a la consideración de esta respetable soberanía la iniciativa en cuestión. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Arellano. Insértese el texto íntegro en el Diario de Debates y túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alejandra Noemí Reynoso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 60 y 171 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su permiso, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En Acción Nacional sabemos que el trabajo es el medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades.
Estamos convencidos de que la política laboral en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las y los trabajadores.
Durante la mayor parte del siglo pasado el trabajo se organizó sobre la base de rígidos roles de los diferentes miembros de la familia, que ya no corresponden a la realidad actual. Pero las tensiones asociadas a los cambios en la organización del trabajo atentan contra el ejercicio y disfrute de varios derechos fundamentales y pueden provocar que personas abandonen su trabajo. Por tanto, su medio de subsistencia, en especial aquellas mujeres donde la sobrecarga de responsabilidades familiares redunda en algunas ocasiones en la discriminación y desventajas en el mercado laboral.
Además, también la falta de conciliación de la vida laboral y la vida familiar ha generado altos costos para el crecimiento económico, el buen funcionamiento del mercado, el trabajo y la productividad de las empresas.
En nuestro país la legislación sobre la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar presenta algunas deficiencias, ya que tienden a centrarse solamente en demandas muy específicas, como son las relacionadas con el embarazo y la maternidad, sin considerar las responsabilidades familiares de las y los trabajadores, padres y madres.
No es posible enfrentar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza si no se aborda al mismo tiempo y con la misma energía la sobrecarga de trabajo de quienes son responsables de una familia, especialmente de las mujeres y de la falta de oportunidades ocupacionales para estas personas.
Si hoy tenemos más personas en edad de trabajar, si hoy tenemos más oportunidades para genera empleos, entonces es el momento de la historia, como legisladores, para hacer una tarea de generar nuevas herramientas que les permitan a todas las personas la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.
Se trata de garantizar el derecho, tanto a hombres como a mujeres, a un trabajo remunerado, sin tener que renunciar por ello a una vida familiar. Algunos han argumentado que las políticas de conciliación implican elevados costos, pero en los hechos estos resultan menores al compararlos con los beneficios a mediano plazo de su implementación.
Mantener el estado actual de las cosas representa desaprovechar una importante parte de la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y propiciar una baja calidad de vida para sus familias.
La gente que concilia con su vida, la gente que concilia con propia vida personal desarrolla un gran sentido de quiénes son, de sus valores y de lo que es importante para ellos, utilizando esto como clave para conciliar su vida laboral y familiar en todo lo que hacen. Lo evalúan y saben qué significa el éxito para ellos, saben qué significa ser felices, saben que trabajar y conseguir la felicidad en la conciliación de la vida laboral y familiar es un pleno desarrollo para las personas. Entonces mantener el estado actual de las cosas representa desaprovechar esta importante oportunidad de la fuerza laboral.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, ante este panorama, mediante la presente iniciativa, Acción Nacional hace un llamado a incorporar en nuestra legislación laboral, disposiciones relativas a la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.
Por un lado, se propone adicionar al artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo, un párrafo que incorpora el concepto de jornada flexible, y cuidado, flexibilidad laboral no significa ni supone trabajar menos sino hacerlo desde una perspectiva de eficiencia y calidad en el uso del tiempo, pues de esta forma se generará un clima laboral adecuado contra trabajadoras y trabajadores motivados con una mejor disposición para el trabajo.
Por lo tanto, definimos en este artículo, aquella jornada flexible, previo acuerdo con el patrón elegir entre los diferentes intervalos de tiempo para cumplir con la jornada laboral pudiendo cubrirse de manera continua o seleccionada durante el día.
Por otra parte, la iniciativa también propone adicionar al artículo 171 de la misma Ley Federal del Trabajo, un párrafo que faculta o da la posibilidad a aquellas empresas con más de 50 trabajadores, para que establezcan guarderías en los centros laborales, a efecto de que trabajadores y trabajadoras con hijos menores de seis años cuenten con mejores condiciones para cumplir sus obligaciones laborales, sin desatender sus responsabilidades familiares.
Es el momento de que México también le entre, ahora sí, y pueda firmar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo. Apostemos por las empresas y los trabajadores con responsabilidades familiares. Conciliar la vida laboral y familiar es apostarle a la reconstrucción del tejido social. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Reynoso. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Cuando el futuro de la juventud depende del azar o de estar en el punto más alto de la pirámide social, el futuro de una nación es presa de la desigualdad y la miseria. Con su venia, señora presidenta.
México es cuna de jóvenes y hombres que son ejemplo de talento y éxito a nivel mundial. Menciono solo algunos de ellos.
Olga Medrano Martín del Campo, ganadora de la medalla de oro en la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas de este año; o Yair Israel Peña, que se ha convertido en el único mexicano y alumno más joven en ser aceptado como estudiante investigador en la NASA; o Carlos Santamaría Díaz, que se convirtió en el alumno más joven; a sus nueve años fue aceptado en el diplomado de Bioquímica y Biología Molecular para la industria farmacéutica y biotecnológica en la UNAM.
Sin embargo, diputadas y diputados, y quien nos está observando por los medios, esto no es la realidad que vive la mayoría de nuestros jóvenes. El 51 por ciento de nuestra juventud vive algún grado de pobreza. Más aun, el 53.8 de la población menor de 18 años vive en pobreza extrema.
Las y los jóvenes de México tienen un promedio de escolaridad de 9.3 años. Es decir, solo 1.4 de cada 10 que ingresa a la primaria terminará o culminará la universidad. De acuerdo al Coneval, más del 25 por ciento de las jóvenes del país viven en hogares que viven algún grado de inseguridad alimentaria. Este porcentaje aumenta al 30 por ciento en el sector de los 12 a 17 años.
Así también el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha señalado que en México más de 11 millones de jóvenes de 15 a 19 años de edad se enfrentan a violencia o integración en pandillas.
Por otro lado, en lo que respecta a mortalidad, entre 2000 y 2009 se registró un incremento de 17.3 por ciento dentro de la población juvenil. En el caso de homicidios de jóvenes entre 15 y 17 años de edad, la tasa de mortalidad se ha triplicado en los últimos cinco años.
Si consideramos los servicios básicos en vivienda, alrededor del 10 por ciento de los jóvenes viven en hogares que carecen de agua; un porcentaje similar que carece de infraestructura de drenaje y más del 13 por ciento carece de combustibles adecuados para cocinar. En este sentido la Secretaría de Desarrollo Social también ha señalado recién iniciada la presente administración, que el 36 por ciento de los delitos reportados en México son cometidos por jóvenes entre 12 y 25 años.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, el darwinismo social o la fortuna económica, no debe ser lo que rija el futuro de nuestra juventud, por ello vimos con beneplácito que apenas hace algunos días la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara aprobara un dictamen, una minuta que envió el Senado en la que nos da facultades para dictaminar en esta materia.
Sin duda una legislación secundaria es necesaria para materializar la obligación del Estado de velar por el ejercicio y acceso de los jóvenes a todos sus derechos. Por ello la propuesta que hoy les presento, que es una ley integral, busca contribuir a esta necesaria y urgente discusión, y parte de los siguientes ejes transversales:
Primero. El reconocimiento pleno de los derechos de las y los jóvenes.
Segundo. La expansión de las garantías asociadas a estos. No se trata solamente de enunciarlos o hacer u catálogo, se deben tener mecanismos que hagan posible su exigibilidad.
Tercero. Definición de obligaciones específicas para las autoridades de los tres poderes y órdenes de gobierno.
Cuarto. Esto es muy importante porque trata también de escuchar a las y los jóvenes, institucionalización de la participación de las y los jóvenes en las decisiones de gobierno y de políticas públicas en las que los jóvenes de las distintas regiones, estratos, etnias y lenguas, formen parte a través de un sistema nacional para la inclusión, participación y desarrollo integral de las juventudes, y también de los consejos nacionales, estatales y locales de las juventudes, como instancias de participación directa.
Ser joven en México debe dejar de ser sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente reprimido, económicamente relegado y normativamente olvidado.
Por ello, propongo en esta ley: todos los derechos para todos los jóvenes. Es cuanto, presidenta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Hernández Soriano. Túrnese a la Comisión de Juventud para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica, igualmente, firmados por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Gracias. Con el permiso de los presentes, Aprovecho este momento para enviar un saludo a Ciudad Valles, cabecera de mi distrito, por supuesto que sin lugar a duda será el más beneficiado con la presente iniciativa por los altos costos de luz que hay en ese sitio y que sobre de ello está encaminada la presente.
Al respeto debo decir que con la aprobación de la reforma energética y de sus respectivas leyes secundarias, por primera vez en la historia de nuestro país se logró romper con los monopolios estatales de petróleo y electricidad.
Para la industria eléctrica la reforma significó la apertura de las áreas de generación y comercialización a la inversión privada nacional y extranjera, reservando para el sector público las áreas de transmisión y distribución, además de la planeación de este sector estratégico.
De acuerdo con estimaciones del gobierno de la República y de importantes firmas de consultoría a nivel mundial, la reforma al mercado eléctrico podría atraer en los próximos años, inversiones millonarias al país.
En la legislación secundaria de la materia aprobada por esta soberanía, tiene como uno de sus principales objetivos generar las condiciones para que los nuevos participantes en el mercado eléctrico, compitan en condiciones equitativas y en materia ambiental, establece mecanismos que permitirán una sustitución cada vez mayor de las energías generadas a base del esquema de combustibles fósiles por energías limpias.
Sin embargo, a pesar de los beneficios anteriormente señalados, encontramos que la legislación contiene candados que no permiten la incorporación al mercado de grandes consumidores del lado de la demanda a partir de los parámetros de consumo establecidos por la Secretaría de Energía, así como por el procedimiento señalado en el artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica para obtener tal acreditación como usuarios calificados, situación que los limita de la posibilidad de acceder al mercado eléctrico mayorista, obligándolos a permanecer bajo la categoría de usuarios básicos con tarifas eléctricas más elevadas.
De tal suerte que con la presente iniciativa se propone reformar el procedimiento para acreditar a los grandes consumidores, como serían los municipios, como usuarios calificados y de esta forma flexibilizar el procedimiento que les permita el acceso al mercado sin modificar los parámetros de consumo, eliminando cargas administrativas para la Comisión Reguladora de Energía, así como barreras para la libre contratación entre usuarios y suministradores, y abonando a construir un entorno más competitivo.
Con base en lo anterior, someto a la consideración de este pleno la reforma al artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica, para que se permita a más consumidores con una demanda agregada a adquirir su electricidad en un mercado competitivo a mejores precios.
A las empresas o entidades que decidan optar por esta fórmula se les conocerá, se les denominará como usuarios calificados al tener la opción de elegir entre múltiples suministradores o acudir directamente al mercado.
Estos usuarios calificados pueden reducir el gasto en electricidad seleccionando la oferta más competitiva. Adicionalmente, los usuarios pueden contribuir a sus objetivos de responsabilidad social corporativa a través de la contratación de energías renovables. Por su atención, muchas gracias. Y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ochoa Rojas. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 308 y 315 del Código Civil Federal.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado. Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Únicamente para solicitarle al diputado Cándido Ochoa unirme a esta importante iniciativa, ya que es de nuestro estado y más que nada de nuestro municipio. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, si está de acuerdo con la adhesión de la diputada. Adelante, está de acuerdo y está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputado.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras, para los todavía 30 diputados que siguen aquí. Vengo a presentar en esta tarde una iniciativa de ley para modificar ciertos artículos del Código Civil Federal.
En nuestro país, la desigualdad y los prejuicios de género someten constantemente a miles de mujeres a innumerables injusticias y dificultades en ámbitos que van desde lo social, lo político y hasta lo económico. Sin embargo, la condición de ser madre soltera sitúa a estas mujeres a un estado de mayor vulnerabilidad, a menudo implicando el recrudecimiento de los actos de discriminación, los estereotipos sociales en su contra.
Según estadísticas del Inegi, el número de familias monoparentales ha venido creciendo de forma acelerada, alcanzando cifras que actualmente superan los cinco millones y medio. La tasa de crecimiento de los hogares monoparentales es cuatro veces y media mayor al resto de las familias, además conforme avanza el curso de la vida de la mujer es común que las separaciones y divorcio provoquen que muchas de ellas asuman la maternidad sin el apoyo de un cónyuge.
Datos del Inegi señalan también que 8.4 por ciento de las mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo son separadas, y 2.8 por ciento están divorciadas. Destaca el hecho de que solamente 6.5 por ciento sean solteras, así como que de las jefas de hogar el 69 por ciento sean separadas, divorciadas, viudas o solteras.
Por otro lado, son 8.1 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años los que están bajo el cuidado de una mujer en una situación conyugal de no unión, es decir que están separadas o son viudas, solteras o divorciadas. En total, 54.8 por ciento de estas familias viven en pobreza, y de éstas 20.1 por ciento se encuentran en pobreza extrema.
Estas estadísticas ponen en evidencia el problema mayúsculo que millones de mujeres mexicanas enfrentan cuando deciden o se ven obligadas a experimentar la maternidad sin el apoyo de su cónyuge. Eso sí, a pesar de estas inmensas dificultades hay que subrayar que destacan los casos de mujeres que, anteponiéndose a las adversidades sacan adelante a sus hijos e hijas.
A pesar de la ausencia del respaldo integral por parte del Estado mexicano, estas valientes mujeres han construido innumerables redes de apoyo y solidaridad, organizaciones dedicadas a asesoramiento y protección a sus derechos. Han organizado grandes movimientos para la denuncia de su situación y la conquista de nuevas garantías.
No es posible que ante tanta lucha el Estado insista en hacer caso omiso de estas justas exigencias.
Compañeros y compañeras, asumamos el compromiso de adecuar el marco normativo con base en estas sentidas demandas y necesidades. Para empezar, comentaré que el actual Código Civil Federal no contempla que el apoyo por pensión alimenticia que recibe el hijo o la hija de una madre soltera incluya los costos de su educación en todos los niveles, porque actualmente se considera únicamente los niveles primarios. Ello obliga a que muchas mujeres hagan sacrificios económicos e incluso renuncien a su propia realización profesional, cuando no existe el apoyo por parte del padre, en aras de la mejor formación para los hijos.
Ante esta creciente problemática, presento a este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 308 y adiciona una fracción VI al artículo 315 del Código Civil Federal.
Por un lado, a través de estas reformas se busca garantizar que en el acuerdo de pensión alimenticia se contemple la educación formal a todos los niveles y, por otro lado, se busca brindar facultades al Instituto Nacional de las Mujeres para solicitar el aseguramiento de los alimentos.
Con lo anterior sumaríamos un organismo con amplia experiencia en atención de mujeres en situación de vulnerabilidad para ampliar y coadyuvar en el andamiaje institucional de protección a sus derechos y sus familias.
Para quienes han vivido en carne propia esta situación, conocen el sufrimiento que se padece y, por ello, saben de la genuina necesidad de ampliar los recursos jurídicos ya existentes para la protección de las mujeres y sus hijos.
Por ello, estoy convencido que esta iniciativa contribuirá a la larga lucha que las mujeres han emprendido para abolir cualquier forma de indefensión, para arrancar del orden institucional en México todo rastro de soberbia machista. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada...
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Perdón, sonido a la curul del diputado José Emiliano Álvarez. Adelante, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Buenas tardes, compañeros. Solamente para pedirle al diputado Santiago si me deja adherirme a su iniciativa tan importante.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo. Está a su disposición para el trámite aquí en la Mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 331, 332, 333, 334, 335 y 337; y se adiciona el 332 Bis y deroga el 336 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidente, muy buenas tardes, con su venia. El objetivo de la presente iniciativa es muy sencillo, y es el de otorgar el derecho a los hijos y las hijas de trabajadoras y trabajadores domésticos, al acceso de las guarderías que presta el servicio del Instituto Mexicano de la Seguridad Social.
Parece que fuera lógico que si una trabajadora o trabajador social son derechohabientes del Seguro Social pues tuvieran acceso a este derecho, a que sus hijos gocen del mismo derecho que hijos e hijas del resto de los trabajadores del país que estén afiliados, a estar en una guardería.
Esto no solamente atiende a un asunto de discriminación para mujeres y hombres que se dedican al trabajo doméstico en este país, sino también es un asunto de discriminación y de vulneración de derechos humanos para los niños.
Este 29 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión 59/2016, por el cual concedió el amparo promovido contra los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que a decir del quejoso y ahora que también la Suprema Corte lo ratifica, resulta a todas luces discriminatorio y perpetuador de los roles de género esta condicionante.
El argumento esencial de la parte quejosa se centra en establecer que las normas citadas hacen una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, con la única condición de ser mujeres.
Claro, esto para el caso de que algunas trabajadoras domésticas estuvieran afiliadas bajo algún régimen específico que puedan hacer uso y goce del servicio de guarderías, sólo para algunas que lo tuvieran, pero en este caso los hombres, que también son muy pocos, no pueden acceder a este servicio si necesitaran depositar a sus hijos en un espacio digno de cuidado, mientras esa persona trabaja.
Esto a todas luces vulnera de manera arbitraria el artículo 4o constitucional que dice que para los ojos de la ley y de la Constitución serán iguales hombres y mujeres.
¿Entonces, por qué el acceso al derecho de guarderías no lo puede tener un hombre? Y menos si se dedica al trabajo doméstico.
Esto hay que puntualizarlo, ya que 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico y que de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley del Seguro Social, aún y que sean derechohabientes no cuentan con el derecho de guarderías.
Esto es una iniciativa sencilla pero es absurdo que ésta sea la segunda vez que me presento ante esta máxima tribuna de la nación a solicitar esta iniciativa.
Es absurdo, es inaudito que se discrimine a las mujeres y a los hombres que realicen trabajo doméstico, aún y que sean derechohabientes del Seguro Social, a que no gocen del servicio de las guarderías. Sí pueden jubilarse, sí pueden tener pensión, sí pueden accesar al derecho de la salud, no al derecho de que sus hijas e hijos se encuentren en espacios dignos de cuidado.
Todo este tiempo que yo he recorrido el distrito VI federal, al que de manera muy responsable represento y con mucho orgullo, así como todo el municipio de Zapopan y estoy segura, en el resto del país, me encontré y me sigo encontrando que cuando recorro las calles me encuentro a niños en sus casas encerrados con llave porque sus papás se van a trabajar. Pero cuando esto se lo presentamos a las comisiones viene la Secretaría de Hacienda y dice que no se puede aprobar porque tiene impacto presupuestal.
¿Qué tal el argumento? A todas luces: cruel, inhumano y discriminatorio, cuando debiéramos de estar invirtiendo y que ese impacto presupuestal lo viéramos a la vuelta de 15, 18, 20 años con niños con un desarrollo integral completo, habiendo sido cuidados en espacios dignos.
No son pocos 2.2 millones. No son pocos y son más los que están en las calles. Son más los que no están contados.
Pero es absolutamente inadmisible que nosotros, Cámara de Diputadas y de Diputados sigamos haciéndole el trabajo de ventanilla de recepción de trámites al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda y las atribuciones que tenemos los diputados no las podamos ejercer porque viene la Secretaría de Hacienda y nos dice, eso no y eso no porque tiene impacto presupuestal.
Yo creo que, más allá del impacto presupuestal, lo que sí tiene es una vulneración a los derechos humanos de las niñas, de los niños y de las trabajadoras y trabajadores domésticos de este país.
¿Acaso los hijos de las trabajadoras y trabajadores no tienen derecho a desarrollarse de forma integral, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 202? ¿Por qué el Estado les ha negado ese derecho? ¿Cuál es la razón del trato discriminatorio para los hijos de este sector de la sociedad y para los propios empleados y empleadas domésticas? Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Mirza Flores. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice acciones para promover que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones que los demás usuarios.
Para Nueva Alianza es fundamental garantizar la igualdad de derechos para todos los mexicanos, es por esta razón que nuestra agenda legislativa parte del principio de inclusión que integra a todos los grupos de la población, principalmente a los más vulnerables.
Nuestra Constitución Política establece claramente en el tercer párrafo de su artículo 6o. que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Este principio no solo está plasmado en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras o formas.
En congruencia de lo anterior, en 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comentó que los signatarios deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo y garantizar su accesibilidad a todas las personas es un derecho.
En congruencia con estos principios, se incluyó en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión un capítulo dedicado a los derechos de los usuarios con discapacidad.
De este modo se señala en el artículo 200 que, con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, los usuarios con discapacidad gozarán de derechos como solicitar y recibir asesoría de los concesionarios sobre el uso de los servicios de telecomunicaciones; contratar y conocer la condiciones comerciales establecidas en los modelos de contrato de adhesión a través de medios electrónicos –incluyendo páginas electrónicas que deberán contar con funcionalidades de accesibilidad–; contar con equipos terminales que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, visual y auditiva a los servicios de telecomunicaciones; al acceso a un número telefónico para servicios de emergencia que contemplen mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada; a no ser discriminado en la contratación y la provisión de los servicios de telecomunicaciones; que las instalaciones o centros de atención al público de los concesionarios o autorizados, cuenten con adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan recibir atención entre otros.
Derivado de lo anterior, para Nueva Alianza resulta evidente que debe existir una armonización entre dicha ley y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Por este motivo, proponemos que se adicione una fracción al artículo 19, de dicho ordenamiento, en la que se incorpore la obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de promover que las personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones que los demás usuarios a los servicios de telecomunicaciones, incluido el Internet y la banda ancha.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, estamos decididos a conseguir que las personas con discapacidad tengan acceso al uso de las tecnologías de la información y comunicación, ya que constituye una de las formas más propicias para consolidar su desarrollo personal, facilitar su integración y ampliar también su participación en los procesos democráticos, educativos y de diversidad cultural.
Nueva Alianza quiere ser la voz de las personas que viven con alguna discapacidad, por ello buscamos realizar cambios legislativos que les garanticen el uso y el intercambio de información y conocimiento a los que tienen derecho, según nuestra Carta Magna.
Compañeras y compañeros diputados, tenemos confianza en que comprenderán la importancia de esta iniciativa y se unirán a nuestra propuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario...
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada. Adelante, diputada. Sonido en la curul, por favor. Diputada Saldívar, adelante.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias, presidente. Para solicitarle a la diputada Angélica Reyes adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada Está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para la firma correspondiente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 25 de marzo de cada año Día Nacional del Niño por Nacer.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias. Muy buenas tardes, diputado presidente. Compañeros legisladores. Gerry Spence en algún momento nos regaló esta frase: Ninguna obra maestra de ningún artista puede igualar la creación de un niño hecho por una madre. El éxito no solo se mide por lo que somos, sino también por el regalo que damos, y el regalo de una madre es una persona.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Esto ha sido una respuesta que ratifica la afirmación contenida en la carta de las Naciones Unidas acerca de la convicción de los pueblos en los derechos fundamentales del ser humano en la dignidad, en el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo el género humano.
En un contexto donde la vigencia de los derechos humanos se refleja en la preponderancia que se otorga a la salud prenatal para impactar favorablemente el desarrollo del niño y por supuesto la salud de la madre, esto se ve como una exigencia inclusive en los objetivos del desarrollo del milenio. Se trata de visibilizar la conciencia del pueblo mexicano para poder ubicar con claridad la importancia de los cuidados y de la salud de los niños durante este periodo tan importante.
La comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto digno de una particular atención, en especial por la importancia que tiene el periodo de embarazo; lo que está claramente señalado en la Declaración de los Derechos, de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y en la Convención de los Derechos del Niño que ha sido aprobada por la Asamblea General y ratificada por México, el 20 de noviembre de 1989.
En el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se escribe “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. El niño requiere, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, esa protección; él debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”. Esto no lo digo yo, lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño.
En diferentes países se ha tomado este como un tema importante y se ha decidido justamente celebrar un día del niño por nacer, con la intención de visibilizar la importancia de atender este tema.
El Salvador fue el primer país en el que se decretó este festejo en 1993; en Argentina se decretó en 1998. En este decreto se decía que “es una imperiosa necesidad favorecer una opción positiva en favor de la vida del niño y del desarrollo de una cultura orientada en ese sentido que asegure la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones”. Guatemala a su vez tomó atención a este tema en 1999; en Chile en el mismo año la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de decreto por el que el presidente de la república declaraba el 25 de marzo, que coincide en todos los países, como el Día del Niño Concebido o por Nacer.
En el marco del Tercer Encuentro Políticos y Legisladores de América, realizado del 3 al 5 de agosto del 99 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la primera dama de Costa Rica también tomó la decisión de celebrar este día, igual que Nicaragua lo hizo en el 2000.
En resumen, esta es una constante a nivel internacional, voltear a ver el tema del niño durante el proceso del embarazo para poder dar respuesta a las necesidades específicas que se tienen en este momento.
La protección de los niños en México, de los niños que no han nacido, todavía requiere de mucho cuidado y de voltear a ver como un tema primordial. Así como se promueve una cultura que cuide la vida y la salud de todos los mexicanos, necesitamos reducir los índices de mortalidad infantil y materna durante la gestación.
James Heckman, Premio Nobel de Economía lo ha demostrado y nos ha llamado la atención con respecto a la importancia de generar un presupuesto que atienda de manera primordial esta etapa de la vida, respondiendo a la alta tasa de retorno por cada peso invertido, para que un gobierno sea capaz de responder a tan importante tarea.
Por tal razón, porque nuestros niños exigen que volteemos a verlos en el momento en el que son más vulnerables, porque ellos nos piden ser su voz en este Congreso para que todo el sistema de salud atienda las necesidades específicas y tengamos niños que nazcan con las mejores condiciones posibles, porque entiendo aquí que hay muchos legisladores y legisladoras que son sensibles a las necesidades de los más pequeños.
Por tal motivo solicito a ustedes tengan a bien acompañar este festejo, que se decrete el 25 de marzo de cada año, como el Día del Niño por Nacer, en México, como una respuesta a los derechos del niño y de la madre. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas en comisiones ordinarias especiales y bicamaral, y del Consejo Editorial que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados, comuníquense. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el formato para la reunión que tendrán las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y la Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos con los padres de familia de los 43 normalistas desparecidos que se encuentran disponibles en el monitor de sus curules.
En votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:25 horas): Bueno, si no disponen otra cosa, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 24 de noviembre de 2016 a las 11 horas.
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