Comunicaciones
Iniciativas
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Raymundo García Gutiérrez, PRD
Nayeli Arlen Fernández Cruz, PVEM
Acuerdo de los grupos parlamentarios, relativo a la integración de Secretaría en la Mesa Directivas
Protesta como secretaria de la Mesa Directiva de la diputada Lizeth Sánchez García
Alejandro Carvajal Hidalgo, Morena
Dulce María Sauri Riancho, PRI
Janet Melanie Murillo Chávez, PAN
Sebastián Aguilera Brenes, Morena
Eraclio Rodríguez Gómez, Morena
Jesús Fernando García Hernández, Morena
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Morena
Laura Angélica Rojas Hernández, PAN
Ernesto Javier Nemer Alvarez, PRI
Jorge Alcibíades García Lara, PMC
Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM
Socorro Irma Andazola Gómez, Morena
Cecilia Anunciación Patrón Laviada, PAN
Pedro Pablo Treviño Villarreal, PRI
Maximino Alejandro Candelaria, Morena
Luis Alberto Mendoza Acevedo, PAN
Carmina Yadira Regalado Mardueño, Morena
Javier Ariel Hidalgo Ponce, Morena
Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Morena
Proposiciones con punto de acuerdo
Comunicación de la Junta, con propuesta de modificación del orden del día
Declaratoria de publicidad de dictamen
Turno a comisiones de los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:10 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene levantada la mano la diputada Adriana Paulina. Si le abren el micrófono. ¿Con qué objeto, diputada Adriana Paulina?
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Gracias, diputada presidente. El pasado 3 de diciembre, el lunes 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nuestro Grupo Parlamentario Encuentro Social realiza el más amplio de los reconocimientos a todas las mujeres y hombres con discapacidad, que toman su destino en sus manos. Ellos afrontan la vida con tenacidad, perseverancia y esperanza.
Una de las deudas que aún como Estado tenemos es la inclusión de las personas con discapacidad, ellos son los más pobres de los pobres. Hoy nuestro nuevo gobierno promete que serán primero los pobres. Pero desde esta tribuna le recomendamos que sean primero los pobres con discapacidad, ellos que son el rostro de la exclusión.
Encuentro Social hace un llamado a esta soberanía a que construyamos con ellos una agenda legislativa en favor de la inclusión. Encuentro Social solicita a nuestro gobierno que no se quede solo con el apoyo económico como política social...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): ... sino que se plantee ser un Estado transversal, inclusivo, solidario.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada, concluya, por favor.
La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (desde la curul): Sí, diputada presidente. Pedimos hacer de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad una guía de su quehacer pragmático y filosófico para la atención de estas personas con discapacidad. Agradezco su atención.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada, sí, ese tema estuvo la semana pasada, lo vimos en la sesión pasada, estuvo el tema hablándose en este pleno. Sin embargo, se incorporan todas sus expresiones al Diario de los Debates.
Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se aprueba el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes en comisiones y en el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura. En votación económica consulte la Secretaría si son de aprobarse.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobados. Comuníquense. Pido a la Secretaría dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la integración de la Subcomisión de Examen Previo.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el segundo resolutivo del acuerdo por el que se integra, de las Comisiones de Gobernación y Población y de Justicia de la Cámara de Diputados, la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, le ruego someter a consideración del pleno, los diputados y diputadas que integran la Subcomisión de Examen Previo.
Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
Gobernación y Población: Diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta. Diputada Ivonne Liliana Álvarez García, secretaria. Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe. Diputado César Agustín Hernández Pérez. Diputado Marcos Aguilar Vega, del PAN. Diputado Silvano Garay Ulloa, del PT. Diputada Carmen Julia Prudencio González, de MC.
Justicia. Diputada María del Pilar Ortega Martínez, presidenta. Diputado Rubén Cayetano García, secretario, de Morena. Diputado Armando Contreras Castillo, de Morena. Diputada María Elizabeth Díaz García, de Morena. Diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, del PES. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En votación económica, consulte la Secretaría si esta comisión se aprueba.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Pregunto a la asamblea, en votación económica, si esta propuesta se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio del diputado Hirepan Maya Martínez, por el que solicita el retiro de proposición con punto de acuerdo en relación con la Universidad Tecnológica de Morelia.
Se recibió oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la elección de la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, como vicepresidenta de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, por favor. De la primera propuesta de que el diputado Hirepan Maya, retira una proposición, se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios. Respecto de la nueva integrante en la Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado, nos damos por enterados. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: La Secretaría de Economía remite el Informe anual de desempeño de las funciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 2017-2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibió de la Universidad de Quintana Roo el informe de resultados de la auditoría externa a su matrícula, correspondiente al segundo informe semestral 2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones el tercer informe trimestral de actividades 2018.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Radio y Televisión, para su conocimiento.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de octubre de 2018. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio por el que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, somete a ratificación de la Cámara de Diputados el nombramiento del ciudadano Carlos Manuel Urzúa Macías, como secretario de Hacienda y Crédito Público.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se encuentran a las puertas de este recinto la ciudadana Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal electa por el distrito electoral 2, del estado de Sonora, y el diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, diputado federal electo por el 37 distrito electoral del estado de México.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: al diputado Marco Antonio Reyes Colín, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, al diputado Benjamín Robles Montoya, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se pide a la comisión cumplir con este encargo. Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ciudadanos Ana Lara Bernal Camarena y Edgar Eduardo Arenas Madrigal, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Ana Laura Bernal Camarena y Edgar Eduardo Arenas Madrigal: Sí, protesto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, diputada, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al diputado que representará a esta soberanía ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Diputado o diputada. No ha llegado el documento. Vamos a posponerlo un ratito.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a dar paso entonces a la presentación de iniciativas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El diputado Sergio Mayer Breton: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Sergio Mayer Breton: Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa que reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales busca eliminar un candado impuesto en el año de 1998 para que los directores de las entidades paraestatales tuvieran que cumplir el requisito de ser mexicano por nacimiento.
La reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos incorporó en la ley la prohibición de todo tipo de discriminación, incluyendo aquella de origen nacional. En este sentido debemos ser muy enfáticos sobre la universalidad de los derechos humanos.
Asimismo, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Por otra parte, quiero subrayar como parte de la fundamentación del tema que ocupa esta iniciativa, que el espíritu del artículo 32 constitucional, así como la redacción del mismo, emanan del año de 1917 y está motivada por el interés de proteger a la nación ante la invasión extranjera teniendo a los constituyentes fresca la memoria la invasión norteamericana de 1914. Estamos hablando definitivamente de una ley o de un artículo completamente anacrónico.
Asimismo, el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos fue reformado por primera vez en el año de 1934 por el presidente de México Abelardo Rodríguez. En 1944 fue modificado por segunda ocasión, esto durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, y teniendo su última reforma en el año de 1997, siendo el presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León.
En 1998 el presidente de la República, Ernesto Zedillo, promulgó la nueva Ley de Nacionalidad que establecía, entre otras cosas, la posibilidad de que los mexicanos pudieran contar con dos nacionalidades. Asimismo se otorgaron los derechos plenos, políticos y sociales a los mexicanos por naturalización.
Sin embargo, junto con ese decreto el presidente Zedillo emitió otro por el que se modifican 31 leyes para establecer requisitos para ocupar la titularidad de cargos sólo mexicanos por nacimiento. Lo anterior por considerar áreas estratégicas para el Estado mexicano.
Nuestra Constitución establece cuáles son los cargos que sí requieren que su titular tenga la nacionalidad por nacimiento y también señala en el artículo 27 cuáles son las áreas estratégicas, y para lo cual se entiende quien esté al frente sea mexicano por nacimiento.
En este sentido, los legisladores y legisladoras de todos y cada uno de los grupos parlamentarios debemos ser garantes de que los preceptos constitucionales sean aplicados a cabalidad a todos los mexicanos sin ningún distingo.
Con la aprobación de esta reforma estaremos dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1o. de nuestra Constitución, mismo que en el párrafo quinto nos mandata que está totalmente prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional.
Desde esta tribuna quiero dirigirme a todas y a todos los ciudadanos mexicanos por naturalización, hombres y mujeres que han generado grandes contribuciones en nuestro país en todos los ámbitos de la vida pública, y dejar en claro que los legisladores y las legisladoras de todos los grupos parlamentarios que integramos esta soberanía, no estamos de acuerdo en que existan ciudadanos mexicanos de primera y de segunda.
Asimismo velaremos por garantizar que todos los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales que nuestro país sea parte, sean gozados por igual y en condiciones de equidad por todas y todos los ciudadanos mexicanos.
Finalmente, quiero convocar a mis compañeras y compañeros diputados para que acompañemos la aprobación de estas reformas, mismas que buscan fortalecer el Estado mexicano en materia de promoción, defensa de los derechos humanos, porque estoy plenamente convencido de que esta soberanía sabrá estar a la altura para generar el nuevo andamiaje jurídico de nuevas sociedades que nuestra sociedad está demandando a nuestro país y que nuestro país requiere.
Agradezco, de verdad, su atención y apoyo para transmitir, y por favor sigamos trabajando por los derechos humanos para todos los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Josefina Salazar Báez, para presentar dos iniciativas. Una con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otra que reforma los artículos 25 y 42 de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por ella y por varios integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Josefina Salazar Báez: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, muy buenos días, muchas gracias a todos por su atención.
Hago uso de esta honorable tribuna para presentar dos iniciativas convergentes con una preocupación que ya anteriormente he expresado, y la cual tiene que ver con el perfeccionamiento y fortalecimiento del mecanismo que busca proteger la vida y la integridad de las mujeres en nuestro país, me refiero, por supuesto, a la declaratoria de Alerta de Género.
Los dos instrumentos parlamentarios tienen como objetivo reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y forman parte de un paquete de propuestas legislativas encaminadas a reformar el mecanismo que tiene como objeto evitar la violencia feminicida, la cual, es de hecho una política pública única en el mundo que debemos de revalorizar y rescatar como esfuerzo legislativo enfocado a responder integralmente el grave problema de la violencia de género.
La primera iniciativa en comento propone asignar atribuciones para que la Secretaría de Gobernación, además de declarar el inicio de la alerta de género, pueda establecer también su finalización al tratarse de un aspecto que no se encuentra regulado en estos momentos.
Asimismo, que la Secretaría pueda revisar de manera periódica las acciones emprendidas con motivo de la declaración y hacer posible la realización del análisis que permitan conocer las fortalezas y debilidades del mecanismo en cada caso, y que previo cumplimiento a las disposiciones aplicables, también se puedan incorporar nuevos municipios al mecanismo de la alerta de género vigente.
La reforma traería beneficios como fortalecer la capacidad de realizar balances entre recursos, acciones y cumplimientos de objetivos de alerta y se pondrían las bases para la evaluación, el control de los recursos y la detección de subejercicios, e incluso, se podría comparar fácilmente las experiencias de distintos casos entres distintas declaratorias entre sí.
Eso, sin considerar que también se podría contar con un mecanismo de economía procesal en el supuesto de la doble declaratoria en un mismo estado al reglamentar la incorporación de nuevos municipios en las alertas vigentes.
En cuanto a la segunda iniciativa, esta busca reconocer en la ley que la violencia feminicida, en su característica de violencia extrema contra las mujeres, es producto de condiciones estructurales, culturales e históricas en el país, por lo que ninguna territorialidad está exenta de ello, y por ese motivo se pretende establecer que la alerta por violencia de género también pueda ser declarada de forma regional, incorporando municipios de distintas entidades aplicando así el principio de coordinación para el trabajo en conjunto entre diferentes gobiernos municipales y estatales, y reconociendo fenómenos criminológicos que tienen expresiones que no representan límites geográficos o de adscripciones políticas.
La propuesta también busca coadyuvar a resolver un problema recurrente, que en algunos casos las autoridades locales no quieran reconocer públicamente la problemática de la violencia feminicida, lo que se traduce en obstáculos para la declaratoria y sus promotores, al considerar erróneamente los primeros que la alerta puede ser considerada dentro de un señalamiento al desempeño y resultados de las políticas de seguridad de los estados.
Lo que propongo en resumen es incorporar una visión de Estado a la Alerta de Género, en protección y salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres mexicanas. Esto es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro país a través de la transparencia y el acceso a la información pública.
Tras la reforma constitucional de febrero de 2014, se estableció el derecho humano de acceso a la información que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. en consecuencia, se previó como obligación de los sujetos obligados el documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, con excepción de aquella que sea clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, o confidencial por contener datos personales.
La rendición de cuentas en la administración pública involucra el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y la obligación por parte del gobierno, de divulgar todos los datos necesarios.
Adicionalmente, implica el derecho de la sociedad a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio de poder por parte del servidor público.
Las nuevas tecnologías de información constituyen una herramienta que permite potenciar el alcance para poner a disposición de la sociedad más información, más estratégica, cumpliendo con principios de veracidad y oportunidad.
Con el objetivo de abrir a la observación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, en general, la información sobre el gasto público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el portal electrónico de Transparencia Presupuestaria en los últimos años, siendo dicho portal un referente a nivel internacional por la forma en que se presenta en lenguaje ciudadano información sobre quién, cómo, en qué y para qué se gastan los recursos públicos.
Desde su inicio, el portal electrónico de Transparencia Presupuestaria constituyó una importante herramienta de transparencia focalizada para contar con información veraz y oportuna sobre el uso y destino de los recursos públicos.
Es importante señalar que México se ubicó en el sexto lugar a nivel mundial respecto a 115 países en el Índice de Presupuesto Abierto 2017, además es el primer país en integrarse al estándar internacional de datos presupuestarios abiertos que promueve la iniciativa global para la transparencia fiscal, en colaboración con la organización Conocimiento Abierto Internacional y el Banco Mundial.
Con dicha herramienta es posible realizar consultas de las cuentas públicas, observar el Presupuesto aprobado para cada ejercicio fiscal, crear visualizaciones y filtrar consultas replicables para cualquier fin, comparables con otros países que se adhieran a este estándar.
Al respecto, con la iniciativa que estamos presentando, se propone que el portal de Transparencia Presupuestaria sea la plataforma para publicar al menos los siguientes aspectos de información presupuestaria:
1. Datos abiertos con la máxima desagregación de gasto posible del proyecto de Presupuesto de la Federación, del Presupuesto aprobado y su ejercicio trimestral y el reportado en la Cuenta Pública.
La información que las dependencias y las entidades proporcionen a la Secretaría de Hacienda, que esté relacionado con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos.
La información que permita identificar las características de cada programa federal, con base en sus reglas de operación.
La información sobre la población potencial, población objetivo y la población atendida de aquellos programas a cargo de las dependencias y entidades consideradas por el Coneval como programas o acciones federales de desarrollo social.
Con la reforma para incorporar de forma formal el portal de Transparencia Presupuestaria a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pretende que dicho portal electrónico tenga un sustento legal para que la sociedad tenga un observatorio para vigilar la actuación de las autoridades en el ejercicio de las acciones presupuestarias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen.
Esta honorable Cámara de Diputados hace un amplio y emotivo reconocimiento por toda una vida dedicada al deporte, a un grupo de ciudadanos que hoy ascienden como inmortales 2018 del Salón de la Fama de Fútbol Americano de México. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y muchas felicidades a todos. Nuevamente felicidades.
Va a haber un acto de entrega de reconocimientos a todas las personas que hoy nos visitan, ahí los saludamos. Bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Muy buenos días, compañeros diputados, estamos aquí, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, diputados también del Partido del Trabajo y de Morena, presentando una iniciativa que reforma el artículo 2o. a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que tiene que ver con el impulso a la cerveza artesanal en México.
La cerveza mexicana es el primer producto de exportación y de más alto valor agregado entre las exportaciones agroindustriales que México hace hacia el resto del mundo.
También se sitúa como el cuarto productor mundial, solo detrás de China, Estados Unidos y Brasil, y por encima de grandes países que han tenido una industria cervecera muy importante como Alemania y Bélgica.
Gracias a esto concentra el 29.3 por ciento del sector comercial de bebidas en el país. También gracias a esta cadena de producción la cerveza genera alrededor de 600 mil empleos a nivel nacional, que van desde el cultivo de la cebada en los campos agrícolas del país hasta los puntos comerciales y de venta en todo México, ocupando el tercer lugar en el empleo en la industria de bebidas, al consagrar el 7.2 del personal.
De esos, más de 6 mil 800 trabajos fueron creados por las cervecerías artesanales, microempresas que han nacido de personas que han invertido sus recursos en negocios en la producción de cervezas.
Desafortunadamente, este crecimiento se ha visto poco fortalecido, debido a que otros países han incentivado fiscalmente todo lo que tiene que ver con la producción de cerveza, como es el caso de Italia, Inglaterra y Estados Unidos.
Si nosotros incentivamos, con la disminución del IEPS a la industria cervecera nacional, tenemos la posibilidad de seguir incrementando las exportaciones de este producto netamente mexicano.
En conclusión, la industria mexicana en la cerveza ha provocado una desventaja en términos de competitividad. Sin embargo, yo quiero decirles que en 2014 que teníamos 55 unidades de cerveza artesanal en México, o microcerveceras, pasamos en el 2017 a 630, lo que ha ocasionado un alto potencial de crecimiento de toda esta industria.
Por eso, proponemos nosotros que haya una disminución al impuesto especial sobre producción y servicios a la industria cervecera nacional. Nos dará una mayor competitividad, nos dará una mayor fuente de inversión y traerá beneficios adicionales a la industria, sobre todo a la agroindustria mexicana.
Dentro de esta propuesta quiero comentarles que estamos proponiendo y fundando este proyecto en lo siguiente. En el artículo 2o. se modifica el inciso A) y se adiciona un inciso A) Bis a la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Y donde dice:
1. Con una graduación alcohólica de hasta 14 grados se disminuya con una graduación del 26.5 a 25 por ciento del IEPS. Y agregar para la microcervecería hasta en 25 mil hectolitros anuales una tasa del 5 por ciento en estos primeros 25 mil hectolitros, ya sean enajenados o importados en el mismo ejercicio fiscal.
Esta iniciativa tan importante es firmada por los diputados del PES: Héctor Cruz Aparicio, aquí presente; por la diputada Laura Erika Garza, el diputado Manuel Baldenebro, diputada Elba Lorena Torres, el diputado José Luis García, el diputado José Ángel Pérez, que también se encuentra por acá, y el diputado Héctor Villegas.
Por parte del Partido del Trabajo, el diputado Armando Reyes Ledesma, que aquí se encuentra con nosotros; la diputada Lizeth Sánchez, que también está aquí. Y los diputados de Morena: Martha Patricia Ramírez, la diputada María del Pilar Ávila, la diputada Irma Andazola, el diputado Salvador Minor y el diputado Mario Moreno Gil. Es cuanto, diputada presidenta. Que tenga muy buena tarde.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Dicen que no hay escuela para aprender a ser padres, como tampoco hay escuela para aprender a ser viejos. Solo se da la ocasión para percatarnos que somos unos analfabetos de la senectud.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy hago uso de esta tribuna para dar respuesta a una demanda legítima de los trabajadores que han visto afectada su economía familiar ante la sustitución del salario mínimo por la unidad de medida y actualización en la fijación de prestaciones sociales, como es el caso de las pensiones.
Al inicio del año 2017 el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizó sus sistemas informáticos para instrumentar la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y determinar que las pensiones se fijarán de acuerdo al UMA.
Asimismo, los trabajadores al servicio del Estado han denunciado en reiteradas ocasiones que también han sido objeto de este cambio. Para dimensionar la afectación que estas acciones están provocando a la clase trabajadora basta señalar que, por ejemplo, en el año 2016 la pensión promedio de vejez fue de 4 mil 706 pesos; actualizándose para el año 2017 utilizando como referencia el UMA alcanzarían los 4 mil 864 pesos, es decir, apenas un incremento de 158 pesos.
En cambio, si se hubiera fijado de acuerdo al salario mínimo, esta hubiera sido de 5 mil 157 pesos, es decir, un incremento de 451 pesos. Si este asunto no se corrige, en los próximos años la economía familiar de los trabajadores se verá aún más afectada. Actualmente el valor del salario mínimo es del nueve por ciento mayor al valor del UMA y en los próximos años la tendencia es que la diferencia siga incrementando. Como legisladores no podemos ser omisos e indiferentes ante esta situación.
Por eso hago un llamado a Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, a que no permitamos que se siga castigando y afectando el ingreso de los trabajadores, quienes en los últimos 30 años han perdido el 80 por ciento de su poder adquisitivo.
La problemática que buscamos atender con la presente iniciativa se debe a una generalización que se estableció en el artículo tercero del decreto en materia de desindexación del salario mínimo, el cual establece que, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo o comunidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, de la Ciudad de México, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización.
Sin embargo, una aplicación de este transitorio como en los casos que mencionamos anteriormente van en contra de los fines que los legisladores en su momento se propusieron con esta reforma.
Prueba de ello es que en el dictamen correspondiente a la minuta de proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de UMA, se estableció que la desindexación del salario mínimo no significa que este no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice la determinación del límite máximo del salario base de cotización.
No queda duda que la intención de los legisladores en la desindexación del salario mínimo era la de regresar su naturaleza jurídica y social, que es de ser un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Por eso le pedimos a Juan Carlos Romero Hicks y a los diputados del PAN que nos acompañen en esta iniciativa a fin de proteger los intereses de los trabajadores de México.
En la iniciativa que presento ante ustedes se plantea como excepción aquellos casos en los que el salario mínimo sea utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza jurídica y social.
Con la reforma que proponemos buscamos clarificar...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: ... los alcances del tercero transitorio y evitar que la unidad de medida de actualización se siga utilizando para determinar el monto de las pensiones. A los coordinadores Alberto Esquer Gutiérrez, del Partido Movimiento Ciudadano...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: ... A Fernando Manzanilla, de Encuentro Social; a José Ricardo Gallardo Cardona, del PRD y a Arturo Escobar, del Partido Verde, les hacemos un respetuoso llamado a que de le demos celeridad a esta iniciativa para que no sigan afectando a los trabajadores. Lo mismo hago de manera respetuosa...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, ha transcurrido su tiempo.
El diputado José Luis Montalvo Luna: ... a la fracción parlamentaria del PRI. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y el artículo 198 del Código Penal Federal. Adelante, diputada.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La discusión sobre qué alternativas serían las más idóneas respecto a las sustancias psicoactivas legalizar o regular desde un enfoque de salud y no únicamente desde la seguridad pública, no es un asunto menor, sobre todo si tomamos en consideración que existen multiplicidad de sustancias y que el fenómeno de la dependencia, uso nocivo o problemático es multifactorial. Sin duda esa será una discusión que continuara.
Pero independientemente de ello, lo que no debemos olvidar es que corresponde al Estado la obligación de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, incluida la promoción de la salud física y mental, así como la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención ante el uso de sustancias.
En ese orden de ideas, el sistema de salud debe de garantizar que aquellas personas con uso nocivo o problemático puedan acceder al tratamiento y rehabilitación de calidad con pleno respeto a sus derechos humanos desde un enfoque científico y libre de prejuicios morales.
Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales usuarios y usuarias que las vayan a usar, contar con un apoyo desde el Estado, que respete sus derechos y los ayude a tomar decisiones informadas frente a este fenómeno.
De este modo es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad de policía o militar.
Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policiacas impidan con éxito que las personas consuman drogas. La sociedad y la ciudadanía deben hacerse responsables de sus propias decisiones como personas adultas, mientras que desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, particularmente entre la niñez y la juventud.
El enfoque de reducción de daños se entiende como un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales que tienen como finalidad minimizar los riesgos por el uso de sustancias psicoactivas, fármacos o psicotrópicos, así como reducir los daños que se puedan derivar del uso nocivo o problemático, estas intervenciones acercan recursos necesarios para generar entornos apropiados que fortalecen los factores de protección y reducen los riesgos y daños asociados al ir.
La presente iniciativa pretende, por un lado, proponer nuevos términos para el acercamiento al tema de los usos nocivos o problemáticos y la dependencia a sustancias, centrando la atención en la persona, agrega definiciones que buscan quitar el estigma a las personas que usan drogas, aclarando que no todo uso es problemático o nocivo, no todo uso implica dependencia a sustancias, y de igual manera puede haber un uso problemático o nocivo sin que haya dependencia.
Se modifica el nombre del capítulo 4, Programa Contra la Farmacodependencia y propone Programa para la Prevención de Riesgos y Daños ante el uso de sustancias psicoactivas.
Otro cambio consiste en tipificar en el artículo 192 Bis, conductas y circunstancias en lugar de personas, para evitar la discriminación y estigmatización de las personas que usan drogas o sustancias psicoactivas y para facilitar entre las partes involucradas en acuerdo de los objetivos a alcanzar de la atención brindada tanto a las usuarias o usuarios como a las personas que les rodean.
Es en resumen, una iniciativa que debe de ser considerada junto con las iniciativas que se han presentado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a fin de legalizar el uso de la cannabis.
No podemos legalizar uno sin reconocer el otro, por eso presentamos ante esta soberanía esta iniciativa de reforma de ley en materia de salud y el Código Penal. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Justicia, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 42, de la Ley Federal del Trabajo y reforma el artículo 96 de la Ley del Seguro Social.
En tanto se acerca el diputado a la tribuna quiero saludar a alumnos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, invitados por la diputada Julieta Macías Rábago, a quienes les damos la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Adelante, diputado.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, permítanme iniciar con el extracto de una frase: Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana. Simón Bolívar.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y a la protección social de los mexicanos, desde su fundación en 1943. Surge como un pilar del sistema de seguridad social con un adecuado nivel de eficiencia y para cubrir las exigencias de salud y seguridad social y económica para las familias en los momentos que se requieren.
La seguridad social, así como las instituciones que la conforman, se ven obligadas a ser sensibles con las exigencias de la población, de sus necesidades, lo que la obliga a una continua modernización.
Lo anterior motivó al suscrito a presentar la siguiente propuesta para que se cubra le pago de los primeros tres días por motivo de incapacidad por enfermedad, a que a la fecha no se realiza por el patrón ni por la institución.
Hoy en día la incapacidad por enfermedad, entendida como aquella en la que un trabajador padece una enfermedad o sufre un accidente por causas ajenas a su empleo, contempla los siguientes preceptos:
El pago es del 60 por ciento del salario registrado al inicio de la incapacidad. El pago será a partir del cuarto día hasta 52 semanas.
Se debe señalar que el patrón no está obligado a cubrir los primeros tres días de incapacidad, que tampoco son pagados por el IMSS, puesto que durante este tiempo se encuentra suspendida la relación laboral y las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, según lo estipulado en el artículo 42, fracción II de la Ley Federal del Trabajo.
En algunos casos el patrón, en acuerdo de una prestación contractual, les cubre a sus trabajadores el salario de los tres primeros días de incapacidad por enfermedad general.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que disminuir la discusión a ampliar las prestaciones universales y proteger la población frente al empobrecimiento, deben ser elementos comunes de políticas de salud.
La propuesta que hoy presento lleva esa finalidad; evitar los impactos económicos en las familias por causa de enfermedad general, partiendo de la consideración que durante un periodo de enfermedad se requiere mayor cantidad de recursos económicos para destinarlos a medicamentos, consultas, alimentación, etcétera, impactando más enérgicamente si el afectado es proveedor de la familia.
Sumemos a lo anterior que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico revela que el gasto de bolsillo en salud de los mexicanos es uno de los más elevados de los países miembros, la cual indica que todavía se está lejos de alcanzar una cobertura efectiva y servicios de alta calidad.
Por lo antes expuesto y fundado, su servidor somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que:
1. Se deroga la fracción II del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo;
2. Se reforma el primer párrafo del artículo 96 de la Ley del Seguro Social;
Lo anterior permitirá que, en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tenga derecho a un subsidio en dinero a partir del primer día del inicio de la incapacidad. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Seguridad Social, para su opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Leticia Mariana Gómez Ordaz, Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Verde y Morena, respectivamente. Adelante, diputada.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias. Compañeras diputadas y diputados, la Organización Mundial de la Salud estima que el abandono de la lactancia materna es un factor importante en las muertes de por lo menos un millón de niños al año en el mundo, mientras que quienes sobreviven, a pesar de no ser amamantados, sufren deficiencias en su desarrollo y crecimiento.
El riesgo de morir en los primeros meses de vida, cuando el niño es alimentado con fórmula, es de 3 a 5 veces mayor que los alimentados correctamente con leche materna. Una mejor práctica de la lactancia materna por sí sola ayudaría a salvar la vida de más de 3 mil 500 niños y niñas por día, más que cualquier otra intervención preventiva.
Tomar leche durante la primera hora de vida disminuye el riesgo de muerte en un 33 por ciento, y si no se recibe este beneficio durante las primeras 48 horas, el riesgo de morir se eleva a un 50 por ciento.
El inicio temprano de la lactancia materna es un indicador clave en la salud preventiva. El tiempo es oro en el inicio de la vida. Amamantar la primera hora después del nacimiento brinda la mejor posibilidad para asegurar un futuro próspero a todas las niñas y niños.
El inicio temprano de la lactancia materna en la primera hora de vida se puede resumir en una sola palabra: protección. La UNICEF describe esta primera leche como la primera vacuna del bebé, ya que contiene anticuerpos que protegen de enfermedades y ayuda a prevenir la diarrea, la otitis, infecciones pulmonares y otros problemas de salud, ya que la diarrea y la neumonía son las dos causas principales de muerte en la niñez en todo el mundo.
El calostro le permite regular mejor su temperatura, los niveles de azúcar en la sangre y el oxígeno en las células. Un bebé amantado en la primera hora de vida tiene 14 veces más protección contra virus y bacterias que si tomara leche con fórmula.
La primera leche humana ofrece al niño defensas que la madre le pasa en la leche, protegiéndolo de los gérmenes con los que ella haya tenido contacto. También acelera la maduración de sus órganos y sistema inmunológico, favorece el desarrollo sensorial y cognitivo y protege a los bebés contra enfermedades infecciosas y crónicas.
Existen también ventajas nutricionales, económicas e importantes beneficios en el desarrollo psicosocial del niño. Cada vez hay más pruebas de que la lactancia materna estimula el desarrollo cerebral de los niños, los protege contra el sobrepeso y la obesidad, tanto en la infancia como en la adolescencia y abona a la reducción de la diabetes juvenil, linfomas y enfermedades cardiovasculares.
La primera infancia es el periodo donde se desarrollan las capacidades físicas, intelectuales y emocionales que contribuyen a determinar el éxito en etapas posteriores de la vida, para ello es indispensable asegurar el inicio temprano de la lactancia materna en la primera hora de vida.
A pesar de la abrumadora evidencia disponible, el inicio temprano de la lactancia materna durante la primera hora de vida es una práctica que al día de hoy no se ha podido asegurar en todos los nacimientos que se dan en el país y aun cuando las mujeres se pongan a amamantar exclusivamente y particularmente en la primera hora de vida, dar formula infantil en los hospitales conduce a que se duplique el riesgo de que las madres no amamanten de manera plena a sus bebés.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, se identifica que a nivel nacional solamente el 49 por ciento inició su alimentación al seno materno en la primera hora de vida. Menos de la mitad de niños que nacen en el país son amamantados en la primera hora, principalmente porque las madres no tienen apoyo para hacerlo.
Debemos, de manera urgente, aumentar el apoyo a las mujeres para que puedan darles a sus hijos el inicio de la vida que merecen. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Legislativo para apoyar a las madres, niños y niñas del país?
Como primer paso hay que incluir el concepto inicio temprano de la lactancia materna en la Ley General de Salud, ya que no hay una sola mención a dicho concepto.
Después tendríamos que hacerlo obligatorio y reconocerlo como una práctica necesaria e indispensable.
Por lo anterior, con la presente iniciativa se busca reformar la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, con la intención de incluir y reconocer el inicio temprano de la lactancia materna como el mejor alimento del recién nacido, así como promover y asegurar su práctica en busca de garantizar el interés superior de la niñez como lo consagra nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros, recordemos: a mayores capacidades en la primera infancia, habrá mayores habilidades que contribuyan al éxito de las personas en etapas posteriores de la vida.
Esperamos contar con su apoyo para concretar esta propuesta que consideramos fundamental para el desarrollo, salud y prosperidad en nuestras niñas y niños en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
Se encuentran de visita en esta Cámara, alumnos de la preparatoria Lázaro Cárdenas, de la alcaldía de Tláhuac, plantel Mixquic, de la Ciudad de México, invitados por el diputado Lenin Nelson Campos Córdova. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Pasaremos a votar dos proposiciones de acuerdos de los órganos de gobierno. Pido a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al diputado que representará a esta soberanía ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al diputado que representará a esta soberanía ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Acuerdo.
Primero. La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la LXIV Legislatura, fungirá como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal. Publíquese este acuerdo en Gaceta Parlamentaria. Firman todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese. Felicidades a la diputada Irma Juan Carlos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de los grupos parlamentarios relativo a la integración en la Secretaría de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Acuerdo.
Primero. Se somete a consideración del pleno la designación de la diputada Lizeth Sánchez García, para que ejerza el cargo de secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a partir del primero de diciembre de 2018 y hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la presente legislatura.
Segundo. La elección de la Secretaría de la Mesa Directiva se realizará utilizando el sistema electrónico de votación, en términos de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y fracción IV del numeral 1 del artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconoce la plena, total y absoluta validez y certeza jurídica de los actos, disposiciones, resoluciones, trámites y decisiones que emanen y sean dictados o instruidos por la Mesa Directiva.
Cuarto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018. Firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo. Es cuanto.
(Votación)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Estamos en votación, no hay ningún comentario. Favor de asistir al diputado y a la diputada para que puedan votar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mientras está la votación, quisiera dar la bienvenida a los alumnos del Cbetis número 181, de Paracho, Michoacán, invitados por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
También invitamos a todas las diputadas y diputados y a todo el personal de esta Cámara a visitar la exposición de artesanías que se encuentra en esta Cámara.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mientras termina la votación, quisiera dar la bienvenida al rector de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, el maestro Adolfo Pontigo Loyola y al licenciado Juan Diego Dimas Pérez, invitados por las diputadas Lidia García Anaya, Marivel Solís Barrera e Isabel Alfaro Morales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena por el estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Asistencia a la curul del diputado. ¿No han podido votar ustedes?
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 423 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. En consecuencia, se invita a la diputada Lizeth Sánchez García, pase a la Secretaría para rendir protesta de ley. El secretario parlamentario y el secretario de la Mesa Directiva vienen acompañándola.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ciudadana Lizeth Sánchez García, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretaria de la Mesa Directiva a partir de esta fecha y hasta el término del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura que se le ha conferido?
La diputada Lizeth Sánchez García: Sí, protesto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí así no lo hiciera, que la nación de lo demande. Felicidades, compañera. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continuamos con la presentación de iniciativas. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Diputados y diputadas, el miércoles de esta semana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el amparo 9/2018, en el cual se ordena al Estado mexicano que implemente un programa piloto que otorgue de manera obligatoria, no voluntaria, obligatoria, seguridad social a todas las empleadas domésticas del país.
Esto, sin lugar a dudas, representa un cambio radical en el modelo de seguridad social en México, un cambio encaminado a la cuarta transformación de nuestra patria. Implica modificar también el contexto de seguridad social, ya que al modificar el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, tendremos que asegurar también a los campesinos, a los núcleos agrarios en algunos casos, a los ejidatarios, a los comuneros, a los trabajadores de los municipios, a los trabajadores de los estados, logrando quizá con esto la aplicación de la seguridad social, de los derechos de seguridad social para la mayor parte de trabajadoras y trabajadores que no se les había reconocido este derecho.
Es un reto muy importante, ya que implica un esfuerzo también del sector productivo del país, es decir de los empresarios, de los comerciantes y también de las personas físicas.
Paralelamente, el Grupo Parlamentario de Morena está haciendo un esfuerzo muy importante para presentar reformas a las leyes de seguridad social, como es la que presento en este momento al artículo 251.
El artículo 251 de la Ley del ISSSTE establece que los trabajadores que no reclamen el dinero acumulado en su Subcuenta de Vivienda en el término de 10 años, perderán el derecho a poderla reclamar en un futuro. Es decir, cuando un trabajador tiene derecho, o actualiza los supuestos en la ley para que se le devuelva su Subcuenta de Vivienda que no utilizó o algún remanente, la ley actual, el artículo 251 establece que si en 10 años no lo hacía prescribiría a favor del Fovissste.
Entonces estoy presentando iniciativa para que se derogue esta disposición legal y para que se elimine el término prescriptivo de 10 años que marca la Ley del ISSSTE. Esto conlleva una serie de reformas de seguridad social en el país para modernizarlo, para volverlo un país moderno en el cual tengamos acceso a la seguridad social todos los sectores del país, y esto implica y significa que la cuarta transformación va caminando. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Ruffo Appel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, suscrita por él y por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Ernesto Ruffo Appel: Muchas gracias. Honorables diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para tipificar como delito las afiliaciones masivas de ciudadanos dentro de los partidos políticos y la manipulación indebida de sus padrones internos.
Es del dominio público que aún persisten en nuestro sistema de partidos prácticas nocivas e indeseables, tendientes al uso y manejo ilícito de la información contenida en los padrones de los partidos políticos, siendo el registro de afiliaciones masivas o comparativas una de las modalidades más despreciables.
Lo anterior, por el aprovechamiento abusivo de las estructuras de afiliados, controlados por las dirigencias partidistas con el propósito antidemocrático de incidir o influir en la toma de decisiones en asambleas de partido, selección de candidaturas a cargos de elección popular, elección de cargos directivos, e inclusive disposición de recursos públicos de prerrogativas y de acceso a radio y televisión en forma discrecional.
Quiero destacar que al adquirir la calidad de norma penal, el combate al delito de afiliación colectiva o masiva de ciudadanos asumirá un rol de mayor protección a la democracia interna de los partidos políticos, dado que actualmente esta práctica indebida constituye únicamente una infracción menor en el derecho electoral, que solo puede acreditarse para organizaciones de ciudadanos que aspiran a convertirse en partido político, organizaciones sindicales, laborales o patronales.
Nuestra intención consiste en crear un nuevo delito electoral apoyado en el artículo 41 constitucional, que prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Asimismo se retoma las experiencias de las resoluciones recientes del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a los alcances de las normas sobre padrones de los partidos políticos y los casos de afiliaciones colectivas indebidas.
Con ello se asume con mayor prioridad la protección al régimen jurídico de los padrones de afiliados a los partidos políticos que conforme a la Ley General de los Partidos Políticos tiene carácter público y se somete a la supervisión de sus datos por conducto del Instituto Nacional Electoral.
Debo hacer constar, ante esta tribuna, que esta propuesta se origina en base a mi experiencia personal, todo a partir de nuestros derechos como ciudadanos y nuestras obligaciones cívicas.
Hoy la tecnología facilita la operación y transparencia, como el uso de huellas digitales, fotografías, geolocalización y redes de datos, en este caso para cotejar información con el INE.
Queda claro que con voluntad política pueden erradicarse malas prácticas electorales, propias del viejo régimen político que atentan contra la democracia interna de los partidos, manipulando los padrones de sus afiliados y los datos personales de cada militante, los cuales deben salvaguardarse por razones de seguridad.
Expuesto lo anterior, planteo una reforma legislativa que impacte positivamente en la vida interna de todos los partidos políticos, estableciendo una medida de carácter punitivo que inhiba y erradique las afiliaciones masivas.
Por ello, propongo reformar el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, adicionando una nueva fracción III para que se castigue con multa de 60 a 200 días y prisión de 3 a 7 años a quien realice, promueva, autorice, gestione o participe en actos de afiliación masiva, colectiva o corporativa de ciudadanos en los partidos políticos o manipule indebidamente sus padrones de afiliados.
Este es un esfuerzo al que estamos llamados todos los militantes de un partido político. Se trata, sin duda, de una avenida por el camino de la democracia, de la libertad y la transparencia, los cuales son elementos indispensables para garantizar el ejercicio libre del derecho a votar y ser votado. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para su dictamen.
Se encuentran en esta Cámara alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Michoacana, invitados por el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, y también alumnos de la Universidad Popular de Tehuacán, Puebla, invitados por la diputada Inés Parra Juárez. Sean todos y todas bienvenidas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de apoyo a entidades con Zonas Económicas Especiales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito que la presente iniciativa será insertada íntegra en el Diario de los Debates.
La desigualdad es el principal problema que azota a México. Su rostro más cruel está representado por la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que vive casi la mitad del pueblo mexicano.
La desigualdad social tiene múltiples manifestaciones en el ingreso, en el acceso a servicios públicos de salud, educación, en las oportunidades de empleo digno y bien remunerado, en el disfrute de un medio ambiente sano, la condición de género, edad, el lugar de residencia, entre otros, que la agravan y profundizan.
Uno de sus rasgos más relevantes es la desigualdad que se da entre regiones del país. Abarca distintos aspectos de la vida económica y social de los diversos estados. No es lo mismo nacer en la Ciudad de México, en Nuevo León que Oaxaca o Guerrero, pues la esperanza de vida entre unos y otros registra diferencias de tres años o más.
Esta desigualdad también se presenta en el ritmo del crecimiento económico. Es sabido que varias entidades del país han logrado tasas de crecimiento sostenido semejantes al mejor desempeño de los países asiáticos, en tanto que otras regiones han sufrido el deterioro de su base productiva y presentan serios rezagos en materia de infraestructura, producción y como consecuencia, de oportunidades laborales para la mayoría.
El federalismo fiscal ha permitido compensar en parte la menor capacidad de las regiones más rezagadas que reciben más que los montos de los distintos gravámenes que logran recaudar.
Sus haciendas públicas son más débiles y sus autoridades carecen de suficientes medios para responder a las legítimas demandas de la ciudadanía.
A lo largo de más de medio siglo se han aplicado diversos programas tendientes a promover el desarrollo regional. Destaca la Comisión del Balsas, el Programa de la región Sur-Sureste, el Plan Puebla-Panamá y recientemente, las Zonas Económicas Especiales en ocho entidades.
Todos estos esfuerzos aún no rinden frutos, la tabla de la pobreza no ha registrado, desgraciadamente, movimiento ascendente.
A pesar de su disminución en términos relativos, incluso absolutos, siguen Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades con menores índices de desarrollo del país, muy lejos de las otras regiones de México, en especial del norte y el Bajío. Hay un evidente círculo vicioso, la marginación crea falta de condiciones adecuadas para la inversión en las entidades más rezagadas.
No cabe duda, el desarrollo justo y armónico que requiere México pasa por cerrar la brecha entre regiones del país. En su discurso de toma de posesión ante el Congreso General el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo siguiente, cito:
“Desde el primero de enero próximo entrará en vigor la zona libre a lo largo de los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allá se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana.
“En otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA, del 16 al 8 por ciento. El impuesto sobre la renta bajará al 20 por ciento. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo”. Fin de la cita.
Esto significa que una parte de una de las regiones del país con mayor dinamismo económico, como es la frontera norte de México, recibirá un trato preferencial en materia de impuestos. Allá sí bajarán los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, tanto doméstica como de uso industrial.
Bueno, por las ciudades de los seis estados que tienen colindancia geográfica con Estados Unidos. Malo para el resto del país, para las y los mexicanos que vivimos a más de 25 kilómetros de la frontera. Peor para los 10 estados más rezagados de México, que verían cómo la brecha entre regiones no se cierra sino se amplía considerablemente.
No podemos ignorar que una zona especial en la frontera norte en estas condiciones y con los estímulos fiscales y de precios y tarifas de combustibles sería con contrasentido.
Esa iniciativa pretende que las entidades federativas con Zonas Económicas Especiales, las más pobres y rezagadas del país, cuenten con los mismos incentivos fiscales y de precios a los energéticos que la franja de 25 kilómetros de la frontera norte.
Que Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz sean territorios donde se establezca la tasa del 8 por ciento de IVA en vez de 16. Que se pague solo el 20 por ciento del impuesto sobre la renta. Que la gasolina cueste la mitad por la eliminación del impuesto sobre producción y servicios. Que lo mismo pase con la electricidad y, desde luego, con los salarios mínimos al doble para las y los trabajadores de estos estados. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Enrique Ochoa Reza.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta, por darme la oportunidad. Me quiero sumar a la iniciativa que ha presentado mi compañera Dulce María Sauri, que se incorpore el estado de Michoacán y que efectivamente esas disminuciones en los impuestos puedan beneficiar al pueblo michoacano. Es cuanto. Gracias.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez (desde la curul): Presidenta, también para adherirme.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Al igual lo está señalando la diputada Lucero Saldaña y varios diputados. Bueno, estará aquí para la firma, por favor.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Rocío Barrera Badillo: De acuerdo con la Unicef y la Organización Panamericana de la Salud, en México más de 30 millones de mujeres son madres de familia y de estas, seis de cada 10 tienen menos de 15 años. Solo en 2017 Inegi registró cerca de 400 mil mujeres que fueron madres sin haber cumplido los 20 años, y de estas 10 mil no tenían los 15 cumplidos.
En cuanto a los embarazos clasificados como muy tempranos, es decir, en el rango de edad de los 10 a 14 años, la política pública implementada por el gobierno para reducir este tipo de embarazos no tuvo ningún efecto positivo, por el contrario, hoy en día tres de cada 10 de todos los nacimientos han tenido por madre a una pequeña que los concibió antes de salir de la secundaria.
Sobra decir que la situación de vulnerabilidad se ha acentuado aún más cuando nos referimos a niñas o jóvenes que viven en poblaciones rurales y debemos hacer énfasis que a nivel mundial las complicaciones durante el embarazo, el parto en adolescentes, entre los 15 y 19 años representa la segunda causa de muerte de este sector de la población.
Expuesto todo lo anterior y ante la gravedad que significa que las niñas deberían emplear su tiempo libre en jugar, reír y divertirse, deban ser responsables del cuidado de un recién nacido.
Para el Grupo Parlamentario de Morena es urgente ajustar la política pública para dirigirla a la sensibilización de niñas y niños respecto a los retos y riesgos que representa convertirse en padres antes de cumplir los 15 años.
Para Morena combatir el embarazo adolescente no se resuelve regalando preservativos, la misión del Estado va más allá. Se requiere una educación en donde podamos sembrar sueños y anhelos profesionales que aviven en nuestras niñas y niños la madurez necesaria para gobernar sus deseos y tomar decisiones con la mayor información posible.
El embarazo adolescente tiene elevados costos personales, educativos y familiares. Ser padre es una altísima responsabilidad sin importante la edad que se tenga, por lo que para un menor de edad se dificulta el triple si no cuenta con el apoyo de los padres, se carece de estudios o se vive una espiral de pobreza que lo complica todo.
Para Morena la educación es el mejor anticonceptivo y es el tema que debe abordarse con suma responsabilidad a una edad temprana, donde se contemple información y orientación precisa que le permita a nuestros hijos en primer lugar conocer sus derechos, y en segundo término tener acceso a contenidos que aborden temas de salud, salud sexual y reproductiva, con la finalidad de que nuestras niñas y niños conozcan la alternativa y efectividad de los productos.
Por lo anterior, se somete a consideración de nuestras compañeras y compañeros diputados la reforma a al artículo 67 de la Ley General de Salud para sensibilizar a las niñas y niños sobre los retos y riesgos que representa un embarazo juvenil.
Las reformas que ayudan a las familias a mejorar su nivel de vida deben ser siempre apoyadas y acompañadas por todas las fracciones políticas y hoy es una buena oportunidad para garantizar derechos universales reconocidos por la Constitución.
En función de lo anterior, la propuesta que hoy sometemos a su consideración pretende fortalecer el andamiaje legal para permitirle a las y los mexicanos decidir con conciencia.
Finalmente, y citando a Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, por lo que Morena los invita a apoyar esta reforma para que de la mano de la educación y la información empoderemos a nuestras niñas y niños para que conozcan sus derechos y tomen sus decisiones con responsabilidad. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Me complace comenzar con estas líneas discursivas con la frase anterior, dicha por Albert Einstein, uno de los personajes más admirados de la historia, y que sin dudar resume la importancia de tomar con amor la oportunidad que tenemos de adentrarnos en el mundo del aprendizaje, y la educación inicial tiene que ser la base de todos los mexicanos para lograr un ambiente sano y profesional en un futuro.
Mediante la educación inicial podemos potencializar habilidades físicas, emocionales e intelectuales en nuestros pequeños para que al llegar a ser jóvenes, el Estado cuente con aliados para un crecimiento cultural, intelectual y económico.
Según datos obtenidos por la UNESCO, mediante el último Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, se demuestran importantes avances en la educación inicial, ya que ha aumentado la cifra de ingreso a la educación preescolar, y gracias a ello se ha disminuido el analfabetismo.
Las primeras etapas de la infancia son las más importantes para el desarrollo de las personas, dado que de los cero a los seis años el cerebro tiene gran capacidad de asimilar y guardar información.
A través de la educación inicial nuestros niños y niñas adquieren nuevas habilidades y conocimientos en su desarrollo en las áreas motriz, social, sensorial, cognoscitiva y social.
Para favorecer que fomentemos y que formemos seres humanos autónomos, creativos e independientes, debemos fomentar valores para convertir a adultos sociales que a través del respeto, la organización, paciencia, cooperación, tolerancia, autocontrol, y para ello la mejor herramienta de uso vital y fácil acceso a su aprendizaje, es el juego.
A través de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre del 89, se expresa firmemente el compromiso que tienen los Estados para garantizar las mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de todas las niñas y niños, así como su cuidado, asistencia y educación.
Asimismo dentro del artículo de la misma convención se reconoce por primera vez el derecho de los niños al juego y a actividades propias de su edad.
Tomando en cuenta que desde la óptica de un niño lo más importante es el juego, se le ha reconocido como factor de mayor influencia para su desarrollo integral.
Según datos revelados por la Unicef, hay muchos beneficios derivados del juego en las niñas y niños, ya que el niño aprende valores por sí mismo en la máxima libertad que tienen durante su infancia, el juego ayuda a construir su identidad, descubren preferencias propias y construyen un enfoque de vida, así como un enfoque ético. Se crea una conexión con la comunidad, la cultura y sus tradiciones.
Como parte del estudio de esta presente iniciativa, citaré consideraciones muy importantes cuya fuente proviene de la Fundación Lego México, con la que estuvimos colaborando recientemente.
Los niños que comprenden el espacio en el que se mueven, tienen mejores resultados en matemáticas. Estar constantemente abierto a nuevas experiencias, está relacionado con el éxito en ciencias y en artes.
El autocontrol que practican los niños se relaciona con tener una mejor salud, también los niños que aprenden jugando, tienen mejores resultados en la escuela. Por lo tanto, tener experiencias que sean alegres, ayudan a los niños a encontrarle significado a lo que hacen y a lo que aprenden, que incluye un involucramiento activo, pensamiento interactivo e interacción social, que puede proporcionar a los niños los cimientos para al aprendizaje para toda la vida.
Aunado a lo anterior, es notoria la importancia de construir un sistema educativo que fomente el juego y las actividades lúdicas en nuestras aulas escolares, el uso de juegos durante las clases permitirá contar con una estrategia que despierte interés común en los niños.
Compañeras y compañeros diputados, seamos parte de una legislatura de hechos y de hacer que las cosas sucedan. Colaboremos a la creación de un plan educativo que mejore de verdad la calidad de la enseñanza.
Por ello, someto a consideración del honorable pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40 de la Ley General de Educación para que las autoridades locales garanticen los instrumentos necesarios para fomentar y favorecer actividades lúdicas que permitan cumplir con los objetivos de la educación inicial. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su iniciativa. Esta iniciativa es un proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Sebastián Aguilera Brenes: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.
En México, la violencia que sufren las zonas rurales o comunidades alejadas de las zonas poblacionales por parte de grupos armados, hacen que estas tengan que enfrentarse a la cruel realidad de abandonar sus hogares y trasladarse a lo que consideran zonas más seguras para ellos. Este fenómeno es conocido como el desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado interno, de acuerdo con organismos de derechos humanos, es una terrible realidad que se ha convertido en una forma más de la movilidad humana, afectando a diferentes puntos de nuestro territorio nacional, perturbando drásticamente sus condiciones de vida dejándolos de la noche a la mañana sin sus hogares, sin sus pertenencias, raíces ni nada que sientan afecto por ello.
No es desconocido para los diputados de esta actual legislatura, sobre todo los que somos originarios del estado de Chihuahua, que este es un problema que afecta gravemente a las zonas serranas de nuestra entidad y por ende a sus pueblos indígenas, particularmente a los Rarámuri, como resultado de los índices de inseguridad que se han disparado recientemente en nuestra entidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que las causas de desplazamiento están relacionadas con los actos de violencia, por ejemplo, como la delincuencia, conflictos religiosos y de tierras, así como desastres ocasionados por los fenómenos naturales. Se reportaron la existencia de más de 35 mil personas desplazadas en alrededor de 25 entidades federativas de nuestro país.
En su informe especial sobre el desplazamiento forzado interno en México, presentado en 2016, señala el estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de personas desplazadas, siguiéndole en estadísticas los estados de Chihuahua, Durango, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
En esta tesitura, a pesar de la existencia de esta problemática por hace más de dos décadas, aún y cuando el número de personas y comunidades afectadas por la misma va en aumento, no existe en México una normatividad que reconozca el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones a los derechos humanos, y que a su vez se sancione penalmente.
Por mencionar algunos antecedentes, en el año 2006 la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas creó el proyecto para la atención a indígenas desplazados, con la finalidad de sumar esfuerzos tanto con instancias municipales, estatales y federales, para contribuir al pronto retorno a sus localidades de origen a la población indígena desplazada.
En la Ley General de Víctimas solo se mencionan algunos artículos, pero esta regulación no es suficiente para sancionar a quienes cometan actos que van encaminados al desplazamiento forzado de personas.
Una manera de atender este problema de manera inmediata es la tipificación como delito del desplazamiento forzado dentro de nuestro Código Penal Federal.
Por lo anteriormente expuesto ante esta respetuosa soberanía, el siguiente decreto por el que se reforma el Código Penal Federal.
Artículo Único. Se adiciona el artículo 287 Bis y un Capítulo III al Título Decimoctavo al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Título Decimoctavo. Capítulo III. Desplazamiento Forzado. Artículo 287 Bis. Al particular que sin derecho ni fundamento, mediante violencia o cualquier otro medio coactivo, se dirija contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia, se aplicará prisión de 6 a 12 años y de 300 a 600 días de multa.
No se entenderá por desplazamiento forzado el movimiento de la población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la población.
Por su atención, muchas gracias. Es todo, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado Eraclio Rodríguez.
El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones pone en igualdad de circunstancias al comerciante de la esquina a competir con los grandes consorcios comerciales, por lo que creo que es conveniente que en estos tiempos le demos poder jurídico a los pequeños comerciantes con la finalidad de fortalecer su organización, con la finalidad también para lograr que estos pequeños comerciantes puedan vincularse con el sector agropecuario y hacer llegar los productos alimenticios desde los productores hasta los consumidores y de esta manera fortalecer las cadenas comerciales, direccionar de mejor manera las cadenas comerciales y favorecer a las dos puntas de la cadena, a los pequeños productores y a los pequeños comerciantes con los consumidores.
Es necesario que las cámaras de comercio, de servicios y turismo, de la industria, son los representantes de los diferentes sectores responsables de la producción y son regulados por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, por lo que son responsables de gran parte de la producción nacional, debido a que son organizaciones de interés público.
Se debe recordar que en la Ley de Cámaras de 1941 se otorga valor de importancia a los pequeños comercios, señalado en ese ordenamiento, en el artículo número 10 que en los lugares donde existe una Cámara Nacional de Comercio podría aprobarse, a juicio de la secretaría, la constitución y funcionamiento de una Cámara Nacional del Pequeño Comercio, conocidas como Canacopes.
Tal reconocimiento se debió al incesante crecimiento de los pequeños empresarios y ahora llamados micro o pequeños, con objeto de que existiera una real representación de las empresas comerciales más pequeñas, pues las denominadas Cámaras de Comercio se avocan, como hasta la fecha, a apoyar a las empresas que contaban con mayores posibilidades de éxito, dejando de lado a aquellas que más necesitan y que requieren apoyo e intervención para lograr su crecimiento.
Sin embargo, en las Leyes de Cámaras de 1996 y del 2005, apartándose de esta idea se eliminó la posibilidad de construir cámaras de comercio en pequeño bajo el argumento de que se pulveriza y atomiza la representación, defensa y promoción de los intereses de negocios, micro, pequeños y medianos y grandes que agremian y dividiría a la representación y unidad empresarial.
No debemos de perder de vista que se requiere una mejor organización por parte de los empresarios, que logre incentivar de una manera real el comercio en pequeño en nuestro país, para que la forma en que actualmente se encuentra organizada la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, no permite el avance significativo para la ampliación, el fortalecimiento y la modernización de dicho gremio empresarial.
Ya que, de mantenerse así, las cámaras de comercio tenderán, como se ha hecho hasta el momento, a preferir empresas con mejores rangos económicos y no a comerciantes en pequeño, que deben ser apoyados desde sus raíces para crear y contribuir a tener un mejor sistema de cámaras. Y en consecuencia, una mejor representación empresarial y un mejor país.
De igual manera, creemos que se hace indispensable contar con una mejor organización empresarial. Por eso, venimos hasta esta tribuna a presentar esta modificación a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Le solicito a la Presidencia que se inserte en el Diario de los Debates mi participación. Es cuanto. Gracias, señoras diputadas y señores diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se hará, diputado. Insértese íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela Sabes, de Santa Catarina, Guanajuato, invitados por el diputado Jorge Espadas Galván. Sean bienvenidos. También saludamos a los alumnos que nos visitan de la Universidad del Golfo de México Norte, campus Martínez de la Torre, Veracruz, quienes vienen acompañados de sus catedráticos, por el maestro José Alfredo Carmona Poisot y el licenciado Roberto Villagrán Ramírez, invitados del diputado Rodrigo Calderón Salas. Sean bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: “Educando forjarán la patria”. Lema de mi querida Escuela Normal de Sinaloa. Con el permiso de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Compañeras diputadas, compañeros diputados, al pueblo de México, a todos los maestros del país, a todos los trabajadores de la educación: “Si tienes que poner a alguien en un pedestal, pon a los maestros. Son los héroes de la sociedad”. Guy Kawasaki.
La iniciativa que me permito someter a la atenta y amable consideración de esta asamblea propone una reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Busca adicionar una disposición al artículo 68 de esta ley, de suerte que quienes participen en el servicio profesional docente tengan, entre otros, derechos al acceso a becas con goce de salario.
A partir de que el sector público reconoce y con justicia que los maestros son la columna vertebral del sistema educativo nacional, la profesionalización y formación continúa de los docentes son elementos fundamentales para alcanzar una educación de calidad, como divisa en favor del desarrollo de la nación.
“Un maestro es una brújula que activa a los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en el alumno”. Ever Garrisson.
Con la promulgación de esta ley, esta Ley General del Servicio Profesional Docente, se ha definido el programa correspondiente, el cual dicta que la educación obligatoria se apoya en el esfuerzo y la aportación cotidiana de miles de maestros, quienes forman parte activa y determinante de la calidad y mejora educativa.
Vale decir que en favor de la excelencia educativa la formación continua deriva de una influencia positiva entre los estudiantes, al motivar entre los mismos el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, así como de habilidades socioemocionales, a decir de los especialistas de las instancias educativas.
“La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo”. M. Debesse.
La iniciativa que hoy propongo dice que el establecimiento de becas con goce de salario para aquellos docentes que participen en el servicio profesional docente y reciban los cursos de formación y actualización contenidos en el proceso de formación continua.
Trabajadores pues, que vayan por los estímulos a ese esfuerzo laboral, favoreciendo así la preparación de los mismos en bien de un mejor desempeño en el servicio, la preparación académica y capacidad laboral. Hacer realidad lo propuesto en la iniciativa y que recoge un legítimo sentir de la base magisterial, sin duda constituirá una medida de aliento que habrá de generar y fortalecer la capacidad docente de las maestras y maestros de México.
Todavía más, cuando desde diversos ámbitos se busca recuperar y aportar medidas e iniciativas encauzadas precisamente al fortalecimiento del sistema educativo nacional. “Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad”. Diego Luis Córdoba. Viva el Magisterio nacional. Juntos Haremos Historia. Por su atención y apoyo a la presente propuesta, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
Saludamos a estudiantes del Centro Universitario de América, invitados de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández. Sean bienvenidos.
Nos honra la presencia en el salón de sesiones del presidente municipal de Mexicali, licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, invitado por el diputado Armando Reyes Ledesma.
Esta Presidencia saluda al doctor Jhovany Cabrera Ramos, director de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, así como a sus acompañantes, invitados de la diputada Margarita García García.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Nada más antes de iniciar con la presentación de la iniciativa, quiero comentar que junto con esta iniciativa de reforma al artículo 19 para que se considere delito grave en que requiere prisión preventiva oficiosa, por su trascendencia, la inclusión del feminicidio.
También presenté y turnaron ustedes una propuesta de modificación que adiciona fracciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también una reforma al artículo 325, por lo que en esta intervención digo esto porque en esta intervención incluiré la presentación tanto de la iniciativa de reforma constitucional como las referidas al Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.
El día de hoy vengo a presentar dos iniciativas, una que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el feminicidio, o al feminicidio como un delito grave que requiere de prisión preventiva oficiosa por su alta trascendencia y nivel delictivo.
La segunda, que adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en concordancia con la reforma constitucional se establezca el delito de feminicidio como delito grave en dicho código.
Y adicionalmente se propone reformar el artículo 325 del Código Penal Federal para determinar con mayor objetividad y precisión el tipo penal de feminicidio como un delito de homicidio agravado contra una mujer por el solo hecho de ser mujer, o por motivos de identidad de género, en donde el concepto de muerte violenta de una mujer sea el punto medular para determinar el tipo penal de feminicidio.
El nuevo sistema de justicia penal sólo considera graves siete tipos de delitos y quienes nos cometan enfrentarán un proceso en prisión. El artículo 19 constitucional prevé las conductas delictivas que son consideradas las más perjudiciales para la sociedad.
En ese sentido, los siete delitos considerados graves son crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
La gravedad estipulada de los delitos señalados en el artículo 19 constitucional, está considerada tomando en cuenta los bienes jurídicos que se protegen y que debido a la trascendencia de los mismos se consideró calificarlos como graves.
Por ello, analizando el fenómeno de la violencia de género que se viene incrementando de manera considerable hoy en día, es necesario valorar la inclusión de nuevas conductas al catálogo de delitos graves, ya que dichas conductas atentan gravemente contra el bienestar y el tejido social como lo es el feminicidio.
La violencia de género que puede llevar hasta la muerte, es cometida, la mayoría de las veces para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de estos derivados de las relaciones de poder.
Los asesinatos de las mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo y con dolo misógino, son expresión extrema de la violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres, que se comete contra nosotras.
Una constante de esos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que nos acompañan, estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y la integridad de las mujeres.
Datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta julio del 2018, demuestran que desde el año 2015 los delitos tipificados de manera grave, dado que en 2015 se configuraron 407 casos; en 2016, 585; en 2017, 689 y hasta junio del 2018 se han presentado 387 feminicidios. Es decir, las cifras del 2007 se han incrementado de manera alarmante en un 169 por ciento.
El citado reporte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica determina que en el primer semestre del 2018 el estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, son los seis estados que concentran el 45 por ciento de feminicidios del país con 177 decesos de los 387 casos que se registraron a nivel nacional hasta junio del 2018.
A efecto de dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo asociado al feminicidio a nivel nacional, es importante señalar que dicho delito de feminicidio representa el punto 04 por ciento de la incidencia delictiva total en el periodo de enero a junio del 2018.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que existen miles de casos de homicidios dolosos en contra de mujeres que por diversas causas no fueron tipificados como feminicidios, pero que son casos que también deben de ser considerados como violencia de género.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Lo haré muy rápidamente. En efecto, bajo este contexto la violencia de género contra las mujeres de todas las entidades es inadmisible y es necesario crear un marco jurídico más estricto, puntual y eficaz para prevenir, combatir y terminar con la impunidad que priva en estos casos que afectan y desgarran nuestro tejido social.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Esta propuesta obedece a la razón de que el delito de feminicidio no solo protege el bien jurídico tutelado de la vida y la integridad, sino además resguarda el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, dignidad, libertad, seguridad personal de la víctima y acceso de la mujer...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Su tiempo ha concluido, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: ... a una mujer a la vida libre de violencia. Nada más comento un último párrafo...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Podemos pedir que se inserte en su intervención íntegra.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Nada más permítame decir que, adicionalmente esta iniciativa tiene como objetivo primordial reformar el artículo 325 para determinar con mayor objetividad y precisión al feminicidio como un delito de homicidio agravado contra una mujer por el solo hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género en donde el concepto de muerte violenta de una mujer sea el punto medular para determinar el tipo penal del feminicidio. Muchas gracias, y una disculpa por haber usado más del tiempo que corresponde.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No seré yo quien cometa violencia, de ninguna manera. Respetemos el tiempo para la buena marcha de la asamblea. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, suscrita adicionalmente por los diputados Jorge Arturo Espadas Galván, e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputada.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, la primera ley aprobada por esta legislatura fue la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, derivada de una minuta anacrónica y con evidentes errores.
Durante ese proceso, desde Acción Nacional expresamos estar de acuerdo con el cumplimiento de lo establecido por la Constitución a fin de que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.
Dijimos estar a favor de la eliminación de excesos, privilegios y abusos que se han dado particularmente en los altos niveles de la administración pública y en los tres Poderes de la Unión, y por eso votamos a favor, pero también en ese momento advertimos que esa ley debería de ser reformada porque tenía claros y evidentes errores.
También después hemos advertido que la austeridad no debe ser mediocridad. Las y los mexicanos merecen un gobierno honesto, austero, pero también profesional, que sea capaz de traducir en políticas públicas eficaces las promesas de campaña del hoy presidente López Obrador.
Por eso preocupa que bajo la correcta bandera de la austeridad haya en realidad un desprecio por el servicio público y la no valoración de miles de servidores públicos apartidistas altamente capacitados, que han realizado un buen trabajo durante años.
Hace un par de días, el diario El País, en una nota consigna el desmantelamiento de la administración pública federal. Cito: Más de 200 jueces anunciaron este lunes que han promovido juicios de amparo en contra de esta ley, pero no han sido los únicos. Desde el anuncio de la primera norma a finales de septiembre la reacción ha sido una catarata de trabajadores públicos renunciando a sus puestos, solicitando prejubilaciones o directamente siendo despedidos. Termina la cita.
Después de aprobada la minuta el pasado 13 de septiembre, se integró en esta Cámara un grupo de trabajo plural, con el fin de construir una iniciativa de consenso para reformar la Ley de Remuneraciones. En este grupo de trabajo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional fue representado por el diputado Iván Rodríguez.
Quiero decir que ni una sola de las propuestas que presentamos en ese grupo de trabajo fue admitida por la nueva mayoría oficialista de esta Cámara, de Morena. Por eso es que el Partido Acción Nacional no firmó. Y aquí quiero resaltar que hubo un error, porque aparecieron en esa iniciativa las firmas de nuestro coordinador parlamentario y del propio diputado Rodríguez, cuando ellos nunca firmaron esa iniciativa.
Así es que después se solicitó el retiro de las firmas y por eso es que el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está presentando esta iniciativa propia.
Quiero resaltar algunos de los puntos que consideramos indispensables de reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En primer lugar, en esta iniciativa proponemos la creación de un comité de remuneraciones que funja como órgano técnico colegiado, responsable de fijar la remuneración total anual del presidente de la República, porque consideramos que el salario del presidente de la República no puede ser fijado de manera arbitraria.
Ya sean 108 mil pesos o sean 100 mil o sean 120 mil tiene que haber criterios técnicos para determinar cuánto vale el trabajo del presidente de la República y cuánto vale el trabajo de los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión.
También este comité evaluaría y emitiría recomendaciones y colaboraría en la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos, con base en criterios razonables, objetivos, imparciales y proporcionales.
Asimismo, consideramos necesaria la existencia de un sistema de remuneraciones compuesto por los procedimientos para determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos.
Además, en cumplimiento al mandato establecido en la fracción VI del artículo 27 constitucional, proponemos la modificación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que los servidores públicos sean responsables por actos u omisiones que comprometan recursos públicos.
También planteamos modificar las conductas atípicas establecidas en los artículos 17 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, ya que contienen una deficiente construcción normativa, además de contemplar anacronismos derivados de la fecha de construcción de la minuta aprobada.
Finalizo, compañeros y compañeras, haciendo votos para que en el proceso de dictaminación de estas iniciativas realmente veamos un ánimo de inclusión y, sobre todo, que prive un ánimo de profesionalización de la administración pública, porque México no se merece una administración desmantelada, con servidores públicos desmotivados, que no sea valorada su experiencia...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, por favor.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ... su capacidad, y su profesionalismo. Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen y a la Comisión de Justicia, para opinión.
Damos la bienvenida a alumnos del Centro de Estudios Superiores NET de la licenciatura en derecho, del municipio de Texcoco, invitados por la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez, de Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez: Hago uso de la tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 28 de nuestra Constitución, en materia de reconocimiento de los derechos de los consumidores.
Los derechos del consumidor tienen un reconocimiento internacional a partir de un conjunto de instrumentos internacionales, tales como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, en las que se establecen las principales características que deben tener las leyes de protección al consumidor.
En el ámbito nacional, los derechos del consumidor tienen validez constitucional desde hace varios años, tal como se advierte en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 y ante la cual se adicionó un tercer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política, para especificar que la ley debe proteger a los consumidores y propiciar su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
Ahora bien, la Procuraduría Federal del Consumidor surgió a través de la publicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el 22 de diciembre de 1975, para satisfacer necesidades de nivelar las desigualdades que existen entre los consumidores, que se consideran un sector débil ante los proveedores, los cuales son un grupo más fuerte, propiciando la convivencia armónica entre ambos sectores.
Posteriormente, en 1992 se publicó la primera Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que se promueven y protegen los derechos de los consumidores, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, en las que se señalan, como principios básicos en las relaciones de consumo, la protección de la vida, la salud, la educación y divulgación sobre el consumo, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios y la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales.
El 10 de junio de 2011 se publicó en el propio Diario el decreto por el que se modifica la denominación capítulo I, del artículo 1o. y reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ante la cual se agregó un segundo párrafo al artículo 1o., a fin de establecer que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la propia normativa constitucional y con los tratados internacionales de los que México es parte para favorecer a las personas con la protección más amplia.
En este sentido, nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado que la legislación que derive de estos principios se debe considerar como norma suprema del ordenamiento jurídico mexicano y que para el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes se atenderá al derecho pro persona, conforme al cual deberá prevalecer la norma que implique una mayor protección para las personas.
Por otra parte, una de las prioridades de cualquier gobierno es promover políticas públicas que en el marco de la ley den respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía, particularmente uno de los enfoques para la promoción de las políticas públicas de desarrollo económico es promover el consumo sostenible, teniendo como principal objetivo la erradicación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad.
Derivado de lo anterior, es necesario realizar algunas modificaciones a nuestro marco jurídico, para consolidar plenamente los derechos de los consumidores, continuando con las acciones necesarias a fin de promover y proteger estas prerrogativas.
Por todo lo expuesto se propone lo siguiente:
1. Elevar a nivel constitucional la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a efecto de que ninguna persona quede excluida de la protección constitucional, bajo el argumento de que los usuarios de servicios no son consumidores.
2. Establecer que la responsabilidad de protección de derechos estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor y de los organismos que por razón de especialización realicen funciones tendientes a la protección de los derechos de los consumidores, quienes integran el Sistema Nacional de Protección al Consumidor.
3. Establecer que la Profeco será el organismo encargado de coordinar y normar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Asimismo, la propia Procuraduría protege a todas las personas que son consumidores, es decir, derechos primarios, mientras que otras antes solo se ocupaban de proteger al sector de la población, como eran finalmente los usuarios y servicios financieros.
4. Establecer un mínimo de derechos de los consumidores al nivel constitucional, para adecuar nuestra Constitución a la realidad social y al contexto internacional, preservando su reglamentación específica a las leyes secundarias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Asistencia Social.
El diputado Ernesto Vargas Contreras: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Vargas Contreras: Compañeras y compañeros, si lamentablemente algo tenemos en México son pobres. Tenemos millones de pobres en las calles de nuestras ciudades, en las costas, en las selvas, en las zonas áridas, en todos los pueblos hay muchos pobres.
Estos pobres lamentablemente han sido, en algunas ocasiones, moneda de cambio para algunos políticos que se enriquecieron a cambio de supuestas ayudas, pero esta ayuda era a cambio de un voto o de un favorcito.
La ayuda debe ser desinteresada, sin negociaciones, por el simple hecho de que somos humanos y como un acto de solidaridad. La asistencia social reúne un conjunto de disposiciones legales y acciones llevadas a cabo por las instancias gubernamentales en un plano federal, estatal y municipal, que van dirigidas a atender las necesidades básicas de la población. Estas necesidades básicas son urgentes, urgentes para cada persona y para las comunidades que no pueden satisfacer sus propias necesidades.
Por favor, trabajemos a favor de nuestras familias, por las familias mexicanas, para cada mexicano, para que cada mexicano pueda participar en las propuestas ciudadanas.
Para el Partido Encuentro Social esta es una prioridad. Es una responsabilidad humana ayudar a quienes están en necesidad, pero para los servidores del gobierno mexicano es un mandato constitucional, que además es algo que nosotros juramos y es un orgullo realizarlo.
Quiero hacer un llamado para enfrentar de una manera responsable, y por primera vez en la historia de México, para enfrentar las necesidades de un gran número de mexicanos que se enfrentan a todo tipo de necesidades.
Esta responsabilidad y este derecho de ayudar a resolver la pobreza de nuestro país debe ser regulada de una manera muy diferente de como se ha estado haciendo hasta ahora, para que los recursos no se pierdan o que estos recursos no caigan en las manos equivocadas.
Por lo anterior, lo que estoy proponiendo es modificar el artículo 14 de la Ley de Asistencia Social, para agregar como facultad de la federación en materia de asistencia social el fomentar la participación ciudadana para la atención a grupos vulnerables.
Compañeras y compañeros, la asistencia social es un mandato legal. Es decir, el Estado, como ente regulador, tiene la obligación de resolver las necesidades de la población que lo requiera. La obligación del Estado mexicano de ejercer la asistencia social se deriva de los artículos 3o. y 4o. constitucionales, y más específicamente, de la Ley General de Salud.
De acuerdo con el Inegi, el número de alojamientos dedicados a la asistencia social en México asciende a 4 mil 518, de los cuales 80.4 por ciento, es decir, una suma de 3 mil 365 se encuentran concentrados únicamente en 17 entidades de nuestro país. Estos números muestran que la ayuda está enfocada en muy pocos estados cuando la necesidad es en todo nuestro país.
Hay estados con muchos pobres y pocos centros de atención. Son muchos los mexicanos en situación vulnerable que requieren muchos servicios de los centros de asistencia social y no pueden ser atendidos. Hay mucha demanda y muy pocos centros de atención.
Necesitamos enfrentar estas necesidades con el compromiso, experiencia y trabajo de una sociedad civil más organizada que, por cierto, en muchas ocasiones ha demostrado mayor capacidad y mayor rapidez.
Debemos ampliar la cobertura de los servicios de asistencia social unidos con la solidaridad ciudadana, que, a través de las figuras de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras organizaciones, aportan en este momento sus propios recursos para enfrentar los problemas de necesidades más elementales.
La responsabilidad del Estado es llevar a cabo acciones que fortalezcan las instituciones existentes y desarrollar estrategias administrativas que hagan más eficiente su trabajo, amplíen sus propuestas y que además tengan, por supuesto, un impacto en la población más vulnerable que está esperando de nosotros.
Está en la Constitución, nosotros lo juramos. Esta sociedad, estas personas vulnerables nos están esperando. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Le comento al diputado que me pide alguna flexibilidad en el tiempo, por tratarse de reforma constitucional que tendremos alguna flexibilidad, pero que por práctica hemos solicitado se circunscriban a cinco minutos para facilitar la participación de otros compañeros en el tiempo de duración de la sesión. Proceda, diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Compañeras y compañeros diputados, es un honor para mí comparecer ante ustedes, los representantes populares de la nación. México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo fin es la puesta en marcha de un verdadero Estado social y democrático de derecho capaz de garantizar a sus ciudadanos el goce de todos sus derechos y libertades para la realización del bien común en un ambiente de paz, convivencia y justicia social.
Para ello es necesario que en este momento histórico que vive el país la educación recupere los principios fundamentales que son sustento importante del carácter democrático, laico, plural e incluyente de nuestra República representativa.
La presente propuesta de reforma a los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como objeto y fin contribuir a ejecutar acciones legislativas, gestión pública, inversiones y creación del marco institucional estratégico que permita el ejercicio a plenitud del derecho a la educación para todas las personas durante las distintas etapas de su vida, con el advenimiento de la cuarta transformación de México.
Es preciso subrayar que la educación es la más alta función del Estado. Es un devenir ineludible inexcusable, por lo tanto le compete la obligación de garantizarla como un derecho humano fundamental y reafirmar mediante sus manifestaciones la dignidad intrínseca e intangible de todos los seres humanos en igualdad de oportunidades y sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, origen étnico o cualquier otra circunstancia.
En este sentido, es un deber inaplazable lograr la institucionalización de los derechos humanos como intereses de alto rango constitucional que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger.
Por eso hoy, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados plantea realizar una reforma de fondo a dichos artículos constitucionales, los cuales fueron despojados durante la reforma educativa de 2013 de los pilares filosóficos, políticos y jurídicos que sustentaron el sistema educativo nacional desde 1917.
Es imperioso que el Legislativo visualice un proyecto político de largo alcance, centrado en una estrategia imperativa de protección que privilegie el respeto y garantía del derecho a la educación de todas las personas individuales o colectivas asentadas en el territorio nacional.
Lo anterior implica que el Estado debe dar validez material a los derechos humanos para hacerlos asequibles a todas las personas, y eso implica realizar ajustes normativos, pero también medidas presupuestales pertinentes que comprometan todo el aparato institucional en términos de un modelo educativo propio y políticas públicas que favorezcan y brinden mayor protección a todas las personas.
Frente a lo anterior, la educación en la cuarta transformación debe dirigirse a desmantelar las estructuras jurídicas, económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas que discriminan, racionalizan, esclavizan y colonizan, debe preparar niños, adolescentes, jóvenes, adultos solidarios y conscientes para vivir bien en comunidad y en armonía con la naturaleza.
Se debe de considerar una educación basada en las exigencias vitales de la pluralidad, la diversidad y la equidad, pero que al mismo tiempo contribuya a la unidad y el fortalecimiento nacional.
Lo dicho supone, en muchos casos, de construir y de colonizar, conceptos y posturas jurídico constitucionales que históricamente han contribuido a perpetuar la discriminación y exclusión de los pueblos y comunidades originarias, la infancia temprana, así como de determinados colectivos y grupos sociales, ya que arraigan la idea de excepciones para la titularidad y ejercicios de sus derechos humanos.
Sabemos que la educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad, las brechas de desarrollo social que imperan en nuestro país.
No obstante, hoy en día la educación conserva el carácter elitista que sólo favorece a las clases privilegiadas y que mantiene en estado de exclusión a la gran mayoría de mexicanos en situación de marginación y pobreza.
Se ha olvidado que la educación es la inversión más importante para el crecimiento y adelanto de la nación. Ello demuestra la necesidad de avanzar en la desaparición del modelo educativo neoliberal que se ha intentado imponer en México y cuyo principal objetivo es hacer de la educación un negocio lucrativo, y generar un mercado educativo congruente con el pensamiento tecnocrático que individualiza, enfrenta y codifica a la sociedad en su conjunto.
De esta forma se propaga una cultura de la productividad y la calidad de la competitividad que fomenta procedimientos de estandarización, individualización y adoctrinamiento.
Bajo esta circunstancia la presente reforma nace para atender las exigencias e inconformidades de la sociedad y de los propios actores que participan en la educación.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con el apoyo del grupo deliberativo, Educación para la Cuarta Transformación, realizó un esfuerzo conjunto de acercamiento y diálogo con la sociedad mexicana para lograr involucrar a todos los actores en el proceso de delimitación e integración de los temas prioritarios para la agenda educativa de cara a la cuarta...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ...transformación del país, y una manera firme al Grupo Parlamentario del PT asumió las demandas de maestros, estudiantes, padres de familia, obreros, campesinos, asociaciones civiles, académicos, especialistas, miembros de los pueblos indígenas, autoridades, legisladores, entre otros actores, quienes de manera unánime se expresaron a favor de la refundación de la educación en México.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Quiero concluir, pero manifiesto que en nuestro Reglamento...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No, el parlamento está muy claro, diputado, he apelado a su comprensión en razón de que compañeras y compañeros en previas intervenciones con el mismo carácter han sido muy atentos en atender la solicitud de mesura. Le pido, vaya concluyendo...
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ... no sé si presentaron propuesta de reforma constitucional o solo de reforma a las leyes, porque el tema de la reforma constitucional plantea diez minutos. Estoy ya por terminar.
Bueno, con la incorporación de la noción de dignidad humana y la estipulación de los poderes públicos de los derechos humanos, en la presente iniciativa proponemos transformar profundamente el artículo 3o. constitucional destacando los siguientes postulados.
El Estado mexicano fundamenta su patrimonio ético en el reconocimiento de la intangibilidad de la dignidad de la persona humana, mismo que se irradia al ámbito de la educación.
Esta reforma es un planteamiento de reforma profunda, no lo puedo terminar de explicar, pero bueno, llevaremos también del debate a la Comisión, al debate de dictamen y luego volveremos a acá, a seguirles expresando esta intención. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias por su comprensión, diputado. Y se insertará íntegra en el Diario de los Debates, y en efecto se hará este en las comisiones. Túrnese a la Comisión de Puntos de Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, para Movimiento Ciudadano el tema de la salud es prioritario dentro de nuestra agenda nacional, por lo que atento siempre a las disposiciones que en la materia hacen los organismos internacionales especializados y reconocidos por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, como lo es la Organización Mundial de la Salud, buscamos integrar sus determinaciones en el orden jurídico nacional y estatal.
Frente a un gran crecimiento de la industria de los videojuegos a nivel global y ante un panorama que afecta las relaciones sociales, en junio de este año la OMS confirmó la adicción a los videojuegos como un problema de salud mental, incluyéndola en su clasificación internacional de enfermedades. Eso tiene más trascendencia de la que inicialmente podríamos pensar, ya que ahora un médico puede emitir este diagnóstico cuando detecte una incapacidad absoluta para controlar la frecuencia, intensidad, duración e impacto de los hábitos personales a causa de la dedicación a los videojuegos.
También se contempla como enfermos a aquellos que dan prioridad a los juegos frente a otras actividades e intereses de vida. Esta adicción lleva a los afectados, según explica la OMS, a ver perturbadas sus relaciones sociales y familiares, pero también teniendo consecuencias en los ámbitos laboral y escolar.
En México la adicción a videojuegos es una realidad. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, un millón de usuarios de videojuegos y computadoras presenta daños cerebrales y de articulaciones de mano, provocados por el uso de palancas, controles y mouses, también conocidos en términos informáticos como ratón.
Este problema invariablemente viene asociado al uso excesivo del internet y de los teléfonos celulares. En ambos casos son el medio para acceder a los videojuegos, así como para el uso de las redes sociales y de diferentes plataformas digitales, lo cual genera una adicción igual que sucede con los videojuegos.
El excesivo uso por parte principalmente de las nuevas generaciones, lo ha convertido en un problema de adicción y la recurrencia aumenta considerablemente si se toma en cuenta que los teléfonos celulares, los llamados teléfonos inteligentes, son también herramientas con las que los usuarios tienen acceso constante y continuo a videojuegos.
Entre los problemas que podría ocasionar la exposición continua a los videojuegos son los relacionados con la vista o la falta de actividad física, pero habrá que subrayar que existen también opciones reales para darle a estas nuevas tecnologías un uso que vaya más allá de una experiencia lúdica.
Hay investigaciones científicas que dan cuenta del gran potencial que los videojuegos, el internet y los teléfonos celulares tienen para beneficiar a la gente. Lamentablemente, la realidad es que se está teniendo un uso descontrolado de estos dispositivos, donde ya la propia OMS se ha pronunciado al respecto.
En razón de estos planteamientos, en Movimiento Ciudadano presentamos la iniciativa que tiene el propósito de incorporar en la Ley General de Salud como una adicción el uso excesivo, descontrolado y dependiente de videojuegos, internet y teléfonos celulares, tal como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Archivos, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diputados del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Muchas gracias, presidente. La memoria restituye lo que el viento del desierto se lleva. Volvamos a trazar con nuestras manos lo que las tormentas de arena borran. Yasmina Khadra.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en esta legislatura de la paridad de género nos hemos propuesto hacer historia, no solo por formar parte de un cambio esencial por la igualdad en nuestro país, sino por la firme convicción de contribuir a crear leyes que mejoren la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos, y esto solo puede ser concebido en una nación donde el pueblo conoce su historia.
Es por ello que resulta importante reconocer el quehacer histórico como un pilar fundamental de las ciencias sociales, las cuales han dado sustento a la identidad de México como una nación independiente y soberana.
Es menester garantizar para el desarrollo de la investigación científica y se pueda acceder a los archivos históricos, bajo las condiciones legales que les permitan un trabajo investigativo sobre la memoria documental de nuestro país, como elemento insigne para entender, visibilizar y capitalizar las similitudes y diferencias que nos identifican como mexicanos, en beneficio del desarrollo cultural y educativo.
En este sentido, que la ley general que nos ocupa crea el sistema nacional de archivos que encabeza el Archivo General de la Nación, encargada de la preservación y difusión de documentos que han permitido a muchos investigadores la reconstrucción de nuestra historia y han generado las condiciones para avanzar en el mejor conocimiento de nuestra tradición.
No obstante, una de las deficiencias de la vigente ley es precisamente que la definición de archivo histórico que en ella se encuentra establece que este es concebido como el archivo que tiene bajo su resguardo documentos que resultan relevantes para la memoria nacional.
Sin embargo, según los principios internacionales, se debe garantizar la investigación científica para el desarrollo de las naciones y es por ello que los documentos que se resguarden en los archivos históricos no deben tener relevancia para el ámbito de la administración pública o penal y por ello deben ser trasladados de un archivo administrativo a un archivo histórico.
Es sabido que, en países de la Unión Europea, un distintivo de la legislación archivística es el resguardo de los datos personales durante un periodo aceptable de tiempo, de manera que los datos históricos, sociales que resulten relevantes para el desarrollo científico y contenido de carácter académico en las instituciones educativas de nivel superior, deben atender al principio de máxima publicidad.
En el caso mexicano, la reserva de los documentos por 70 años resulta lesiva para el desarrollo de las investigaciones científicas. Por otro lado, consideramos importante la representación de las universidades e instituciones de educación superior en el Consejo Nacional, dado que sus investigadores, tendrán la mayor parte de las dificultades al momento de establecer las limitaciones o condicionamientos respecto a la consulta de los archivos.
Por lo anteriormente expuesto y encontrándonos plenamente comprometidas con el desarrollo científico y la construcción de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, sometemos a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa que pretende facilitar la investigación histórica para quienes forjan día a día la conciencia nacional. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1383 del Código de Comercio, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Compañeras diputadas, diputados, el 26 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Comercio, por medio del cual se modificaron e incorporaron aspectos fundamentales para darle vida a la reforma de 2011 en materia de juicios orales, así como para solventar problemas relacionados con la caducidad de la instancia, la ejecución y aclaración de sentencias, la tramitación de incidentes, entre otros.
Dentro de los artículos que sufrieron reformas se encuentran el artículo 1378, al cual se le adicionaron 10 fracciones, por medio de las cuales se establecieron los requisitos que se deben cubrir para presentar cualquier demanda por la vía ordinaria mercantil, pues hasta ese entonces el Código era ambiguo en ese sentido.
En su momento, la intención del legislador al incluir expresamente los requisitos de la demanda fue darle agilidad y certeza jurídica a los procedimientos mercantiles. Dentro de estos requisitos se incorporó el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de las pruebas, desde el inicio de la presentación de la demanda.
No obstante, el artículo 1383, perteneciente al mismo capítulo que regula el procedimiento ordinario mercantil, señala en el texto vigente que según la naturaleza y la calidad del negocio el juez fijará, de oficio o a petición de parte, que se abra el mismo a prueba, no pudiendo exceder de 40 días, de los cuales los 10 días primeros serán para ofrecimiento y los 30 siguientes para el desahogo.
Entonces, al no haberse reformado también el texto del artículo 1383, el Código prevé dos momentos procesales para el ofrecimiento de elementos de convicción: uno, a la presentación de la demanda; y otro, dentro del periodo probatorio que el juez de lo mercantil señale de oficio o a petición de parte.
Lo anterior contraviene el principio de la celeridad procesal, en virtud de otorgar un nuevo plazo para la presentación de pruebas. Representa la pérdida de 10 días adicionales de acuerdo a la redacción actual del artículo 1383.
En este sentido, es claro que estamos ante una contradicción lo cual, lejos de facilitar la impartición de justicia a los tribunales locales y federales, ha generado confusión entre las autoridades y vulnerado los derechos adjetivos de las partes.
Por lo anterior, consideramos necesario reformar el artículo 1383 para subsanar la omisión de origen, estableciendo un solo momento procesal para el ofrecimiento de pruebas, siendo este desde el inicio de la presentación de la demanda.
Por tanto, esta iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el artículo 1383 del Código de Comercio, con el propósito de que la redacción solo permita que el juez de la causa abra el juicio a prueba y no para decretar un periodo para el ofrecimiento. Es cuanto. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
Damos un saludo y la bienvenida a alumnos de la Preparatoria 4, de la UNAM, Vidal Castañeda y Nájera, invitados por el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. Bienvenidos. Saludamos a alumnos y docentes de diversos planteles de preparatoria de la UNAM, invitados del diputado Emmanuel Reyes Carmona. Bienvenidos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez: Compañeras diputadas, compañeros diputados: “Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital donde todo puede decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida, donde se hallan encerrados los secretos del alma. Por ahí se elabora la educación del hombre de mañana”. María Montessori.
México es un país de contrastes que se puede analizar a partir de sus fronteras. Las fronteras no solo contienen un significado material o físico que nos divide entre el yo y el otro, sino también uno simbólico. Por tanto, pueden comprenderse a partir de su relación con lo real y lo imaginario.
Ante ello, la protección de los derechos humanos de la niñez es y será nuestra tarea principal, pues todas las acciones legislativas que realicemos deberán enfocarse al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos.
Como saben, actualmente millones de niñas, niños y adolescentes en el país, y fuera de él, viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica que frenan el goce de sus derechos y cortan sus oportunidades de desarrollo humano. Para salir de esta situación de marginación migran a otros países en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Como ejemplo muy significativo tenemos la caravana migrante que está pasando por nuestro país.
Ante ello es necesario la suma de voluntades para coadyuvar todos de manera conjunta, sociedad civil, órdenes de gobierno, instituciones académicas, los organismos internacionales y todos aquellos que desde su trinchera estén comprometidos en la prospección de mejores condiciones de vida para este sector de la población.
Pese a que el marco jurídico aplicable a la migración y a la niñez reconoce expresamente el principio de interés superior de la niñez, las diferentes instituciones involucradas en proteger sus derechos no los incorporan de manera efectiva en su actuar y procedimientos administrativos o judiciales que involucran a este sector de la población tan vulnerable.
Es por ello que la protección en nuestro país de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, sean nacionales o extranjeros, no solo debe de iniciar desde el momento en que entran en contacto con autoridades de nuestro país, sino prever políticas públicas eficaces para erradicar esta problemática.
Tenemos que hacer valer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en lo oportuno, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria que reconocen como un principio rector el interés superior de la niñez.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, debemos superar la visión tutelar de la niñez y la adolescencia, la cual no debe estar centrada en proveer de atención diferenciada bajo la consideración que el niño, niña o adolescente no debe de verse solo como un objeto de protección, sino como una persona dotada de derechos que deben ser protegidos y garantizados por el Estado y anteponer políticas y prácticas migratorias basadas en una visión de control migratorio y discriminación a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Un claro ejemplo de esto es que el Instituto Nacional de Migración sustancia y decide la repatriación de niñas, niños y adolescentes bajo los mismos parámetros, criterios y consideraciones que utiliza en los procedimientos migratorios de personas adultas, es decir, sin realmente tener como consideración fundamental el interés superior del niño en la adopción y ejecución de sus acciones y decisiones procesales.
La intervención de los sistemas del desarrollo integral de la familia en la protección y tutela de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes es secundaria, anteponiéndose la condición nacional y situación migratoria y regular a la protección de derechos por su condición de niñas, niños y adolescentes delegando la toma de decisiones a la autoridad migratoria.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, los invito a que juntos busquemos las alternativas que nos permitan generar acciones tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Comprometámonos por nuestro México pero sobre todo por los niños, niñas y adolescentes. Es cuanto, diputado presidente.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cecilia Patrón Laviada, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y adiciona la fracción X al artículo 84 de la ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Con su venia, diputado presidente.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Diputadas y diputados. A todos los mexicanos. Es para mí un honor presentar el día de hoy esta iniciativa en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues considero que nació con la característica de ser sumamente especial y emotiva. Si me preguntan por qué, diría que es por el origen de la misma.
Las y los aquí presentes sabemos que el principal reclamo ciudadano ha sido el desinterés mostrado por la clase política que no ha sabido ser sensible con las necesidades y con las legítimas exigencias de la sociedad, lo cual ha generado desconfianza en nosotros y en nuestro trabajo.
Sin embargo, lo que hoy se pretenda es todo lo contrario, pues con orgullo puedo decirles que esta iniciativa nació de la mano de la sociedad civil, quien encontró en nosotros una vía para que su voz sea escuchada y su necesidad atendida.
Por ello desde esta tribuna, es justo reconocer el gran apoyo recibido por parte de la Asociación Civil PIFAC. Agradecemos la confianza brindada al permitirnos ser portavoces de su causa.
Hoy más que nunca juntos sociedad y gobierno debemos refrendar el compromiso que tenemos de alcanzar el bien común, especialmente para quienes representan el futuro y el presente de nuestro país: las niñas y los niños.
En este sentido con el texto que se pone a consideración de esta soberanía, se proponen principalmente dos modificaciones:
La primera, subsanar la omisión del artículo 28 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123 constitucional, apartado b), mediante la adición de un nuevo artículo.
La segunda, adicionar la fracción X al artículo 84 de la Ley del Seguro Social.
En esencia el proyecto tiene como objetivo homologar lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en específico lo dispuesto en sus numerales 132 y 170, de tal manera que tanto el apartado A, como el B, del artículo 123 constitucional, garantice los mismos derechos para sus destinatarios.
No es posible seguir manteniendo un sistema normativo que sea contrario entre sí, y que por si fuera poco, también limita de manera injustificada y discriminatoria, el goce de los beneficios derivados del disfrute de la maternidad y la paternidad.
Lo anterior más allá de subsanar la disparidad jurídica, lo más relevante y trascendente del proyecto es velar por los derechos de las y los niños sin distingos ni reparos.
Hoy los derechos de las niñas y los niños que tal vez no provengan del vientre de quien los procura y protegen incondicionalmente, pero sí vienen de un acto de amor infinito como es la adopción. No pueden gozar de los derechos que deberían, pues ciertas leyes como las que se pretenden reformar, ni siquiera los contemplan.
De manera adicional a lo anterior, es preciso sensibilizar el hecho de que muchos hombres han sido marginados de ciertos derechos que conlleva la etapa de la paternidad, de tal suerte, que con esta reforma también, se da un paso en favor de leyes que promueven la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres trabajadores que deciden hacer uso de una paternidad responsable, pues de concretarse estos cambios, ahora también los padres podrían acceder a la licencia parental para el debido cuidado de sus hijos en la etapa que más lo requieren.
A propósito de ello, es necesario exponer que la primera infancia es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier ser humano. Las capacidades que se forman en la primera infancia, promueven habilidades para toda la vida, de manera que, a mayores capacidades, se tendrán mayores habilidades. Sin embargo, no solo eso, un cerebro sano en una etapa infantil plena, permitirá una sociedad con seres humanos muchos más sensibles, capaces y talentosos.
En síntesis, hagamos de México un país más justo paras las madres y los padres, avancemos en la igualdad de género y la asimilación de roles en el hogar para el cuidado de los hijos.
Seamos responsables en nuestro actuar como legisladores y legisladores, pues en nuestras manos está cambiar el bien para el futuro de miles de niñas y niños. Demos ese paso hacia adelante que se requiere para alcanzar los cambios que México y la sociedad nos exigen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Social, para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 7o. y 9o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Compañeras y compañeros legisladores, como integrante de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI subo a esta tribuna para abordar un tema que en el paso del tiempo y de manera gradual ha venido afectando nuestro entorno ecológico, y en consecuencia nuestra calidad de vida.
En la actualidad, los plásticos constituyen uno de los materiales con mayor demanda, si bien son parte fundamental del mundo moderno y de la dinámica industrial y la forma de vida, traen consigo efectos negativos por el aumento en la generación de residuos, principalmente en los ecosistemas marinos.
Este problema afecta en mayor medida a los países en vías de desarrollo debido a su limitada capacidad para invertir recursos económicos en programas de prevención y de reconvención de materiales que pudieran sustituir a los plásticos tradicionales.
La ONU ha determinado proteger la diversidad biológica marina y costera como parte de su agenda prioritaria. En 2015 estableció en la agenda 2030, objetivos de desarrollo sostenible; en su meta 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo para el año 2025.
Esta disposición de la ONU es fundamental, pues fomenta la reducción en gran medida de contaminación en los mares. De acuerdo con datos de este organismo, durante los últimos 50 años se ha multiplicado 20 veces la producción de plásticos a nivel mundial, llegando a generar 320 millones de toneladas.
Se estima que aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año, y que el 90 por ciento de la basura que flota en el mar es plástico de diversos tipos.
En nuestro país, el 95 por ciento de los popotes que se usan no se reciclan, 17 mil popotes se consumen por día solamente en 12 entidades del país.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales calcula que, si la población utiliza con frecuencia los popotes, a lo largo de nuestra vida habremos consumido alrededor de 38 mil unidades cada uno, la mayoría de las cuales irán a rellenos sanitarios o serán arrastrados al medio ambiente, contaminando suelos, ríos y mares.
Ante este escenario, en diversas entidades del país se ha legislado la prohibición para la venta y utilización de bolsas de plástico, además de proponer alternativas para el uso de productos biodegradables o materiales reutilizables. Tal es el caso de Veracruz, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Yucatán.
Con estas modificaciones se plantea establecer como una facultad de la federación la expedición de normas oficiales que prohíban la utilización de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico no biodegradable y tereftalato de polietileno, que tengan como finalidad la producción de plásticos para bolsas desechables, succión de líquidos y envases, así como promover el uso de materiales biodegradables.
Asimismo se propone facultar a las entidades para legislar en esta materia, con el propósito de que inhiban el uso de esos materiales en las actividades comerciales diarias.
Con esta medida las entidades federativas también están obligadas a asumir una responsabilidad en el uso de bolsas de plástico, popotes y envases PET, quienes deberán realizar las adecuaciones legislativas correspondientes, a efecto de reducir su consumo.
Las legislaciones de las entidades federativas deberán establecer la temporalidad para el retiro gradual de plásticos, como bolsas desechables, succión de líquidos y envases, así como las medidas para el incentivo en el uso de materiales biodegradables, además de sanciones y multas por la infracción correspondiente.
Al respecto, existen experiencias internacionales que constituyen referente en el esfuerzo por incorporar políticas públicas para actuar sobre la contaminación de residuos sólidos. Países como Irlanda, Argentina, Australia, Inglaterra, España, Estados Unidos de América, Francia, Alemania y Senegal, entre otros, han desarrollado políticas públicas transversales para mejorar el desarrollo de sus ecosistemas marinos.
México no puede quedar rezagado en esta materia, estamos a tiempo que desde esta legislatura coadyuvemos, a través de un andamiaje jurídico en la solución de este grave problema.
Es un problema de todos, todos debemos enfrentarlo juntos. Por su atención y apoyo a esta iniciativa, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 37, 40 y 42 de la Ley de Migración.
El diputado Maximino Alejandro Candelaria: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Maximino Alejandro Candelaria: México está viviendo una transformación acelerada, prueba de ello es que hace 30 años nuestro país era uno de los principales expulsadores de connacionales hacia los Estados Unidos, hoy, por el contrario, ese número se ha venido reduciendo.
El número de mexicanos que cruza de manera ilegal la frontera con Estados Unidos es apenas una fracción de lo que en el pasado. Sin embargo, para entender el complejo proceso de cruce de migrantes que viven hoy en nuestro país, como legisladores nuestra misión es la de brindar, el Estado mexicano, mediante el gobierno y particularmente de las autoridades migratorias proporcionar los instrumentos jurídicos a las instituciones, para que puedan hacerle frente a este fenómeno para el que México no está preparado.
La globalización llegó a México de forma abrupta, tras un prolongado periodo en el que la economía se mantuvo cerrada ante el mundo y tras una de las crisis económicas mundiales más fuertes, tuvimos que abrirnos a la globalización, no solo desde la economía, en la política, en la cultura y evidentemente a la migración. Pero no por ello podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos observar que los Estados Unidos, un país construido por migrantes de todo el mundo, precisamente ha ido colocando mayores controles y filtros para la entrada de extranjeros, pero también se ha convertido en la bandera de la discusión xenófoba y racista. Es lo que precisamente debemos de evitar y señalar con toda la fuerza.
Hoy no solo nos enfrentamos a la entrada de extranjeros que desean cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos, ingresan de forma extralegal a nuestro territorio y nos obligan a contar con el mecanismo para su estancia en el país, que se encuentran reguladas.
Esta iniciativa debe de ser el primer paso para regular el cruce de migrantes por nuestro país, para que el vecino del norte con toda autoridad pueda aceptarlos o rechazarlos, pero también debemos mejorar los controles migratorios, pues nadie puede negar que ellos huyen de sus países por un fenómeno que nosotros los mexicanos llevamos más una década padeciendo: la violencia.
Por ello, nuestro trabajo legislativo deberá velar no solo por regular el tránsito humano, debemos de contar con instituciones que nos permitan reducir el tráfico de armas desde los Estados Unidos hacia nuestro país y Centroamérica. Debemos erradicar el tráfico de humanos, de órganos, de dinero. Esa es nuestra verdadera razón de ser como legisladores, tenemos que brindar al Estado herramientas para que pueda actuar siempre apegado a derecho.
Si para alcanzar lo anterior debemos de reformar las instituciones, es momento de comenzar. Debemos erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad, del Instituto Nacional de Migración, de las aduanas, porque esa es la causa de los grandes problemas que padecemos no solo en México, también los migrantes y la principal razón por la que deciden huir de sus países.
Si logramos mejorar las condiciones de vida de nuestros connacionales, entonces las condiciones de migración habrán cambiado y no será por falta de oportunidades.
No olvidemos que nos debemos a 125 millones de mexicanos y que aún tenemos cientos de familias olvidadas por razones de trabajo, violencia, inseguridad.
No tengamos miedo y afrontemos los retos de la globalización desde la izquierda. Por lo que me permito solicitar ante este pleno que se modifiquen los artículos 37, 40 y 42 de la Ley de Migración, para que se cree la visa de tránsito como mecanismo que permita a los extranjeros cruzar por vía terrestre en nuestro país, por un periodo máximo de 60 días.
Lo anterior, con la intención de brindar los derechos constitucionales de que toda persona goza al ingresar a nuestro territorio. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. El Internet es una herramienta que facilita muchas actividades, desde la comunicación hasta el intercambio de información.
Según datos del Inegi sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación, el 63 por ciento de la población tiene acceso a Internet. Los usuarios de la web ocupan gran parte del tiempo dentro de las redes sociales, las cuales han tenido un aumento en el número de personas registradas, cifra que se incrementa gracias a la utilización de teléfonos móviles.
No obstante, también hay una parte oscura dentro del uso del Internet, la cual se presenta cuando se vulneran los derechos fundamentales y la vida íntima de las personas, especialmente en temas de libertad sexual y su dignidad.
Los principales usuarios de Internet son los jóvenes, los cuales dedican muchas horas al uso de Internet y redes sociales, compartiendo información de todo tipo e incluso de contenido íntimo a personas con las que comparten algún tipo de relación afectiva.
No cuestionamos esta práctica conocida como el sexting, que forma parte de la libertad sexual de las personas que deciden compartir voluntariamente cualquier tipo de contenido. Sin embargo, hay personas que aprovechan los vínculos afectivos para difundir el contenido recibido sin consentimiento y como una forma de amenaza, coacción o chantaje, vulnerando los derechos y la dignidad de los individuos.
Debido a esto es necesario que esta acción constituya un delito, toda vez que afecta la integridad física, moral del ser humano mediante la violencia, hostigamiento y chantaje.
Desafortunadamente, esta práctica sigue en aumento y cada vez más se presentan casos de difusión sin su consentimiento de cualquier tipo de este contenido.
La Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet reporta que de 10 mil estudiantes encuestados el 36 por ciento conoce a alguien que ha enviado o reenviado imágenes de desnudos o semidesnudos mediante el Internet.
Generalmente, quienes comparten imágenes o contenidos de carácter sexual tienen una relación de confianza o afectiva, por lo que no reciben o perciben el peligro de que esto esté expuesto a terceros.
El contexto donde los delitos cibernéticos no están debidamente tipificados propicia que estas acciones sigan teniendo lugar. En Acción Nacional estamos conscientes de que tenemos que actualizar la legislación penal, ante el vertiginoso avance de la tecnología, para prevenir las acciones u omisiones que se generen en los medios de comunicación digitales con el objetivo de proteger la dignidad de las personas y su pleno desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, presento ante ustedes esta iniciativa que tiene como objetivo prevenir y sancionar la difusión de material íntimo o sexual mediante algún medio electrónico o de comunicación de una o varias personas sin su consentimiento, aunque el material sea obtenido con la autorización de la persona.
Por lo que se impondrá de tres a cinco años de prisión a quien por cualquier medio electrónico o de comunicación difunda, exhiba, publique, divulgue o propague imágenes, textos, videograbaciones, audio grabaciones o cualquier material digital con contenido íntimo, sexual, al que afecte el derecho a la intimidad de una o varias personas, incluyendo la coacción, hostigamiento o amenaza de difundir dicho contenido con el objetivo de proteger la libertad sexual e intimidad de los mexicanos, así como el desarrollo de los jóvenes que se encuentran cada vez más expuestos a estos fenómenos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales.
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño: Ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través del Canal del Congreso. Amigas y amigos legisladores. Un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no esté arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. Presento la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales en materia de acceso libre a las playas.
Esta reforma es para reforzar el derecho que tienen los ciudadanos a transitar libremente por nuestro hermoso país, y sobre todo por los lugares que son por derecho propio de nosotros, los mexicanos, como lo son las playas de México.
México destaca en el mundo por la extensión de sus litorales, cuya longitud se extiende en 7 mil 828 kilómetros en el océano Pacífico, mientras que por la vertiente del océano Atlántico alcanza 3 mil 294 kilómetros, lo que se ubica en segundo lugar entre los países del continente americano.
La variedad y contrastes de los mares y océanos que le circundan, aunado a las bellezas naturales y biodiversidad, más la creciente inversión en instalaciones e infraestructura hotelera y calidad de los servicios, han contribuido a un favorable crecimiento en materia turística. Entre otras, estas condiciones han permitido un crecimiento del turismo internacional en nuestro país durante los últimos años.
Lo anterior ha llevado a nuestro país a pasar del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales al registrar 39 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país el año pasado. Sólo el primer trimestre de 2017 el sector un 4.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, y permitió captar divisas por 3 mil 713 millones de dólares.
El continuo crecimiento de este sector económico tiene como consecuencia un fenómeno que afecta de manera dramática a un considerable sector de la población mexicana sobre todo en lo que respecta al uso y disfrute de las playas y zonas marítimas de la nación.
Se advierte que por el crecimiento de turistas en nuestra nación, particulares con la finalidad de atraer una mayor cantidad de visitantes, ofrecen zonas exclusivas en detrimento de los derechos de terceros.
Se presume que en México desde hace años se da un proceso silencioso de privatización, o apropiación de facto de las playas por parte particulares, la mayor parte de ellos concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, entre los que destacan desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios turísticos.
El problema de la privatización de las playas marítimas, alcanzan afectaciones tales como la población local, los visitantes nacionales y extranjeros, y debemos tenerlo claro, sólo beneficia a un grupo reducido teniendo así la concentración de la riqueza y la desigualdad económica.
En este sentido al hospedarse en un hotel exclusivo, se obtiene el privilegio de poder gozar de manera privada de las playas marítimas que son bienes de uso común, situación que rompe con los postulados legales contra la discriminación, la exclusión y los privilegios, además esta problemática no es única de turistas nacionales y extranjeros, ya que alcanza a la población local, pues no sólo impiden el libre tránsito y disfrute de los recursos naturales, sino puede afectarles en la realización de diversas actividades económicas relacionadas con estos espacios.
Es por ello que presento esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales para que, a todos los mexicanos, sin distinción, privilegios ni exclusividades por diferencias económicas o de tipo social, se les haga valer sus garantías constitucionales de acceder, transitar...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Carmen Yadira Regalado Mardueño: ...o utilizar las zonas marítimas y especialmente las playas de nuestro México.
Con esto se pretende eliminar el problema de la privatización de las playas marítimas que afectan a la población local, así como a los visitantes nacionales y extranjeros, y que sólo beneficia...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño: ...a un grupo reducido. Concluyo, presidente. Quienes tratan de atraer segmentos del mercado de altos ingresos mediante exclusividad de espacios. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Javier Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Ciudadanía Digital.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy subo a esta tribuna para plantearle al honorable Congreso de la Unión promulgar la Ley General de Ciudadanía Digital, con el objetivo de integrar los avances democráticos y sociales, con los avances tecnológicos y de comunicación, y si me lo permiten, quiero dedicar esta iniciativa a todas las jóvenes y jóvenes que nos han visitado, en particular a las muchachas y muchachos de la Prepa 4, de la UNAM, que aquí están presentes, dedicarles a ellos esta iniciativa que les va a ser muy natural porque ellos viven con la tecnología, y desde chicos la adoptan.
Esta iniciativa busca fortalecer la inclusión de todas las y los mexicanos a la era digital, para contribuir a mejorar sus niveles de bienestar. En tanto se contribuya a garantizar derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la identificación ciudadana, así como el de poder ejercer los derechos y obligaciones político-electorales.
Es un deber del Estado mexicano, garantizar el pleno goce y protección de los derechos. Todas las ramas del poder público tienen la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de los mismos.
Por ello se estima necesario y pertinente contribuir con la expedición de la presente propuesta de ley, toda vez que resulta congruente con las reformas constitucionales del año 2013, para garantizar el derecho de acceso de las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluidos.
Con ello se permitiría y aseguraría a las y los mexicanos, el ejercer sus derechos y deberes de manera fácil, asequible, cómoda y expedita a través del uso de las herramientas digitales.
Por citar un ejemplo, al permitirle a la ciudadanía poder votar y participar en las elecciones y consultas populares, a través del celular y de manera remota.
No es por nada la propuesta de la urna electrónica. Esta propuesta de democracia de todos los ámbitos disminuiría de manera drástica las cuestiones económicas, lo anterior considerando que, en los últimos dos procesos electorales federales, donde se renovó la titularidad del Ejecutivo, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral aumentó en un 30 por ciento.
Por otro lado, sería posible brindar certidumbre a los procesos electorales gracias al nivel de sofisticación de la encriptación digital que actualmente existe. Asimismo, se otorga comodidad y eficiencia al permitir votar desde cualquier parte del mundo, haciendo uso de nuestra identidad ciudadana digital, derivando en mayor participación electoral.
Con esta propuesta de ley se combate a uno de los principales inhibidores que caracterizan la amplia brecha digital en México, el cual se refiere a la baja pertinencia de los contenidos y servicios en línea en relación a las necesidades de las y los usuarios en condiciones de vulnerabilidad.
Por consiguiente, será a través de la ciudadanía digital como se otorgará validez legal a todos los actos realizados mediante los mecanismos tecnológicos que esta dispone. Por tanto, la ciudadanía digital establece una nueva forma de relación entre el Estado y las personas, lo anterior en concordancia con el surgimiento de una sociedad cada día más activa y que busca incidir en la toma de decisiones políticas a través de métodos más directos y de participación activa.
La presente propuesta de ley se busca complementar las ya existentes atribuciones a la administración pública federal mexicana en materia de registro poblacional y de identidad, así como de abonar en la búsqueda de procesos más eficientes para que el Estado atienda las demandas ciudadanas.
Diputadas y diputados, durante la cuarta transformación de la vida pública en México estamos por concluir el tránsito de un régimen autoritario de partido de Estado corrupto, para pasar a un Estado democrático donde gozar de la democracia participativa será un derecho.
Con la Ley General de la Ciudadanía Digital...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: ... la democracia mexicana evoluciona a otra dimensión aprovechando la tecnología. Al final, lo más importante en una democracia no son las urnas, sino los votos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen y a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Saludamos la presencia de la licenciada Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco, Pueblo Mágico de Tlaxcala, invitada del diputado Silvano Garay Ulloa. Bienvenida.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores, la pérdida de un ser querido o de un familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar en la vida.
La muerte de un amigo, hermano, hijo, alguno de los padres o de la pareja puede causar un dolor especialmente profundo. Pero si la víctima mortal fuera la pareja, quien era trabajadora o trabajador del sector privado, señalados en el apartado A del artículo 123 constitucional, quien sostenía económicamente o participaba en los gastos de la casa o manutención de los hijos, es doblemente doloroso y preocupante para la viuda o el viudo.
La Ley del Seguro Social, en su artículo 130, establece que tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquel, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.
En su segundo párrafo se señala que la misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.
Los artículos 64, 65, 84, 127 y 144 de la citada ley, así como el artículo 14 del régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalan que tendrán derecho a recibir la pensión de viudez el viudo o concubinario, siempre y cuando se acredite que se encuentra totalmente incapacitado y que dependía económicamente de la trabajadora, la jubilada o la pensionada.
Sin embargo, estas disposiciones establecen una distinción al condicionar el otorgamiento de dicha pensión al viudo o concubinario, además de los requisitos que se establecen para la viuda o concubina que acredite la dependencia económica, respecto a la trabajadora asegurada fallecida.
Pero si el trabajador desea gestionar su pensión al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, deberá acreditar su total incapacidad, misma que será dictaminada por los servicios médicos institucionales, a través del dictamen de beneficiario incapacitado ST-6.
Esta distinción es discriminatoria y contraviene a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen un régimen en el que prevalecen explícitamente los principios de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres.
Respecto a este último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que permite la generación de situaciones jurídicas diferenciadas y que su establecimiento está condicionado a que se presenten elementos objetivos que justifiquen su existencia.
En este sentido, dado que el artículo 130 y demás disposiciones citadas de la Ley del Seguro Social y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones reproducen estereotipos de género que evitan que las mujeres y los hombres salgan de los roles tradicionales que se les han impuesto, discriminan directamente a los varones sin que ello encuentre justificación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis constitucionales aisladas, en las que se establece que viola las garantías de igualdad y no discriminación, contenidas en los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que excluye al concubinario del derecho a obtener dicha pensión. No obstante que está colocado en igualdad de circunstancias que la viuda o el viudo o la concubina, pues de igual manera a que él integra una familia con la que es la asegurada o pensionada, razón por la cual no debe ser tratado de manera desigual o discriminatoria frente a los indicados sujetos.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar tales disposiciones legales determinó la inconstitucionalidad del párrafo segundo, del artículo 130 de la ley citada, que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al viudo o concubinario que depende económicamente de la trabajadora, asegurada o pensionada, lo que dio origen a diversas tesis, rubros, pensión por viudez, el artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, viola las garantías de igualdad y no discriminación y pensión por viudez.
El artículo 130, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social, al condicionar su otorgamiento a que el viudo o concubinario acredite la dependencia económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida viola el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior y con el objeto de armonizar la ley secundaria en materia de seguridad social que proteja y asegure los derechos de la viuda o viudo, de la concubina o concubinario para el otorgamiento de la pensión por viudez de la trabajadora o trabajador asegurado...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: ...pensionada o pensionado –termino–por invalidez, conforme a los principios de igualdad y no discriminación con razón de género, de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 65, 84, 127, 130 y 144 de la Ley del Seguro Social. Es todo. Por su atención, gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen. Ha concluido el apartado de iniciativas. Ahora vamos a proceder al apartado de puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar proposición con punto de acuerdo para atender la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos.
El diputado Manuel López Castillo: Pido, suplico su apoyo, a esta soberanía, para este punto de acuerdo. Creo que los jubilados de México merecemos una vida digna. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Manuel López Castillo: No concibo la idea de que en mi país los derechos de los jubilados sean pisoteados debido a engañosas y perjudiciales políticas públicas.
El punto de acuerdo que hoy expongo ante esta tribuna es de suma importancia para cumplir con los derechos sociales de nuestros jubilados mexicanos. La entrada de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, dentro del marco jurídico nacional en el año 2016 vino a cambiar el esquema económico de los ciudadanos y de las finanzas públicas del país.
Esta UMA tiene por objeto el dejar a un lado a la figura de un desactualizado salario mínimo, hecho por el cual se facultó al Inegi a determinar el valor de dicho estándar o referencia económica en cada año fiscal.
El valor de la UMA en 2018 se calculó en 80.60 pesos, mientras que el salario mínimo vigente creció para posicionarse en 88.36, siendo una diferencia de 7.76. Esta diferencia parece poco significativa, no lo es en absoluto, pues permea de manera muy notable, ocasionando una disminución en los ingresos de este grupo vulnerable en una suma que asciende a 2 mil 328 pesos cada mes y anualmente la diferencia sería estratosférica.
Soy la voz de un clamor social por parte de los jubilados de la educación. Ello debido a que el ISSSTE comenzó a tomar a la UMA como el índice para el pago de pensiones a jubilados, hecho que en años anteriores a la entrada en vigor de las reformas sobre la UMA se realizaba por veces salarios mínimos.
Diversas secciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación, como Jalisco, Yucatán, estado de México, Sonora, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México han levantado la voz en contra de dicha política perjudicial a los bolsillos y a las familias de los docentes jubilados.
Sin embargo, el ISSSTE, a través de comunicados oficiales indicó que la UMA no afecta el pago de los actuales pensionados y jubilados. Afirmación sumamente incorrecta si analizamos con claridad las cifras antes mencionadas, puesto que la UMA hace que las percepciones de los jubilados sean hasta de un 15 por ciento menos si las comparamos, si ese pago fuera en salarios mínimos.
El tomar a la UMA como estándar para el pago de pensiones es sin duda alguna una transgresión a diversos derechos humanos laborales y sociales, puesto que a los docentes jubilados del régimen anterior al entrada en vigor de la UMA se les deberán aplicar las disposiciones de hecho y de derecho que en su caso resultaron vigentes para darle vida al pago de sus pensiones.
Es decir, si atendemos a la interpretación jurisprudencial realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artículo 14 constitucional, se refiere a lo siguiente: Cuando la ley establezca algún beneficio a la persona, sí es aplicable de forma retroactiva. Sin embargo, cuando dicha exposición resultaré negativa, el principio pro persona, que es uno de los principales principios del derecho, tendría que aplicarse.
De manera ideológica la UMA no fue creada para lacerar los ingresos de los ciudadanos y mucho menos al sector de pensionados y jubilados, que es uno de los más vulnerables en cuanto a derechos. Empero, de manera fáctica, el resultado dista por mucho de su génesis, dado que esto no se creó para resolver problemas de salarios mínimos, se creó para cuestiones de multas y esas cosas, y sin embargo mañosamente se está aplicando supliendo los salarios mínimos.
Por todo lo anterior expuesto con anterioridad, someto a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, y suplico su apoyo.
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ISSSTE, al Inegi y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que atiendan de manera pronta, eficaz y expedita...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Manuel López Castillo: ...la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida de Actualización como referente para determinar sus pagos.
La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a todas las instituciones públicas de seguridad social, tanto federales, como de las entidades federativas, a realizar –concluyo, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya.
El diputado Manuel López Castillo: A realizar adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones por veces salarios mínimos y no por unidad de medida de actualización en todos los sectores laborales de jubilados...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Su tiempo ha concluido, diputado.
El diputado Manuel López Castillo: ...y pensionados, siempre y cuando esa adecuación resulte favorable a los derechos de los trabajadores. Ya basta de que los jubilados que dieron su vida...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, su tiempo se ha concluido.
El diputado Manuel López Castillo: ...lo mejor de su vida por este país, sean tratados como botes pateados. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informo a la asamblea que se ha presentado a esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Primero Se queda igual.
Segundo. Igual.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a todas las instituciones públicas de seguridad social tanto federales como de las entidades federativas, a realizar las adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones por veces salario mínimo y no por unidad de medida y actualización en todos los sectores laborales de jubilados y pensionados, siempre y cuando dicha adecuación resulte favorable a los derechos de los derechohabientes. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta.
La secretaria diputada Lizbeth Sánchez García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Antes de desahogar la discusión de este asunto, esta Presidencia informa que se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar lectura.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 64, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente que consulte al pleno sobre la modificación del orden del día de la sesión del día de hoy en el rubro de dictámenes para declaratoria de publicidad del siguiente asunto:
De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
Sin otro particular reciba un cordial saludo respetuoso. Firmado por cada uno de los coordinadores, del diputado Mario Martín Delgado Carrillo, de Morena, firmado; diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, firmado; diputado René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, firmado; diputado Fernando Luis Mancilla Prieto, del Partido Encuentra Social, firmado; diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, firmado; del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, firmado; diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD, firmado; diputado Arturo Escobar Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, firmado. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se autoriza.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En consecuencia, continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
Vamos ahora a proceder a la discusión del punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Las pensiones y jubilaciones son un derecho que han adquirido los trabajadores por la prestación de sus servicios en alguna institución pública o privada.
El pago que por estos conceptos reciben los trabajadores en retiro es determinado de conformidad a lo establecido en las leyes en materia laboral, así como en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, según corresponda.
Esta remuneración debe garantizar al trabajador condiciones mínimas de bienestar como cubrir sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vestido y vivienda.
Por ello, su pago debe ser asegurado por el estado de acuerdo a las modalidades establecidas. Las pensiones y jubilaciones son parte de los derechos sociales que se establecen en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, y que a su vez son reconocidos dentro de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo cual se debe asegurar su respeto, así como evitar la utilización de criterios que vayan en contra de sus fines, afectando los derechos de los trabajadores y de los recursos que reciben su condición de retiro.
En este sentido, la proposición con punto de acuerdo que somete a nuestra consideración pone en evidencia la afectación que está ocurriendo de forma particular en el caso de los pagos que reciben miles de trabajadores jubilados y pensionados del magisterio, desde que se utiliza para el cálculo de los mismos, la Unidad de Medida y Actualización, toda vez que al equivaler a un monto menor al valor del salario mínimo vigente en nuestro país, repercute de forma negativa en los ingresos que mensualmente reciben los trabajadores para su manutención y la de sus familias.
Derivado de lo anterior, es pertinente que se lleven a cabo las acciones necesarias para revertir las condiciones que afectan los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados del magisterio. En este sentido, como legisladora estoy convencida de que deben atenderse puntualmente las situaciones que puedan afectar de forma directa los derechos de las personas y el bienestar de sus familias, por lo que votaremos a favor del presente de este punto de acuerdo. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna para reconocer a quienes han escrito las grandes páginas de la historia y que han sido los constructores de desarrollo del conocimiento que hoy nuestro país goza.
Sí, estos personajes anónimos que están a lo largo y ancho del país han sido piedra fundamental para alcanzar lo que hoy vivimos como nación. Sí, hablo de los profesores, de los miles de profesores que en las diversas regiones del país han educado y formado a grandes líderes de nuestra nación.
Hoy, muchos de ellos han formado generaciones de mexicanos que gracias al conocimiento han transformado a la nación por su espíritu de ser buenos ciudadanos frente a la sociedad. Gracias a sus amplios conocimientos y convicciones democráticas, el país ha superado niveles profundos de analfabetismo.
Gracias a estos profesores que hoy se encuentran retirados del servicio educativo, podemos comprender los diversos modelos de desarrollo frente al mundo en estos tiempos.
Hoy estamos discutiendo un derecho ganado que a los profesores en retiro se les debe otorgar. Esto es una jubilación a quien por décadas han brindado tiempo, esfuerzo y energías en la realización de actividades laborales docentes. Un profesor que ha dedicado gran parte de su vida empleándose en el espacio laboral y constructor del conocimiento debe o debería tener asegurado un ingreso justo, que le permita vivir dignamente en una edad adulta.
Debemos reconocer que desafortunadamente por las políticas públicas neoliberales no todos los mexicanos tienen la oportunidad de gozar de una jubilación o pensión, y quienes en casos particulares tienen la fortuna de contar con esta garantía, en repetidas ocasiones se ven presionados al no tener un ingreso suficiente para vivir.
El retraso de los pagos o la suspensión de los mismos de manera sorpresiva son algunos de los problemas que generalmente viven los jubilados y pensionados, y la incertidumbre muchas veces termina por generar un conflicto mayor en quienes por ley deben tener asegurado un ingreso posterior a su retiro.
De manera reciente, los maestros pensionados o jubilados se han visto afectados por el hecho de que sus pagos se fijen en función de la Unidad de Medida y Actualización, decisión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en promedio les genera una pérdida estimada de 4 mil pesos al mes debido a la conversión.
Los maestros jubilados y pensionados no tienen por qué verse afectados en sus pagos, toda vez que han dedicado gran parte de su vida desempeñando una actividad laboral, que es generar reconocimiento. Por lo que los años de servicio tienen que ser reconocidos.
Con el paso del tiempo los maestros tuvieron que ser relevados por nuevas generaciones, pero no por ello se debe dejar de agradecer el hecho que con su esfuerzo hayan contribuido en activo al desarrollo intelectual del país.
Por ello la mejor manera de brindar nuestra gratitud es que perciban un pago digno, mismo que les permita vivir una vida de calidad.
La relación entre la Unidad de Medida, los pagos de jubilados y pensionados lo único que generó fue un desfase en la tabulación de los montos que deben por derecho recibirlos trabajadores en retiro.
Por ello, el PRD se muestra a favor del punto de acuerdo y se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a Hacienda, al ISSSTE, al Inegi y a la Conasami, para que atiendan la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la UMA. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para empezar con lo que voy a leer, les pido que se acuerden de algún maestro o maestra cuya formación les permitió a ustedes hoy estar aquí. Es muy probable que ese maestro o maestra ya esté jubilado.
Los maestros o docentes en México, como en todo el mundo, tienen una labor importante para el desarrollo de los países. El arte de la enseñanza cobra su importancia derivado de que este es un pulso para el crecimiento académico, social y cultural de nuestra sociedad.
Aunado a lo anterior, podemos agregar otro factor que otorga el reconocimiento a la importancia de esta profesión. Radica en que contribuye de forma directa en la educación y formación de los ciudadanos, coadyuvando a que estos puedan ser libres de pensamiento y puedan tener acceso a mayores oportunidades, logrando tener una sociedad mejor informada para que a su vez se pueda construir un país mejor.
La mayoría de los maestros y educadores pasan la mayor parte de su vida entregando su tiempo como una parte fundamental en la formación académica de los mexicanos. Por lo tanto, reconocer la vocación y la entrega de estos al realizar esta labor es dignificar su profesión y agradecer por la formación de una buena sociedad mexicana.
Por tal razón, es importante determinar que los derechos de estos se deben respetar y fortalecer, para que puedan tener al final de su camino profesional un retiro digno. Sin embargo, en la actualidad se tiene una problemática con respecto a esta remuneración de los docentes jubilados y pensionados, ya que se utiliza la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, como referente para determinar sus pagos.
Datos del Inegi revelan que, para noviembre del presente, la UMA se calculó con un valor de 80.60 y a su vez el SAT determinó el salario mínimo vigente a 2018 en 88.36, lo que representa una diferencia de 7 pesos con 76 centavos si se compara las veces salario mínimo con la UMA.
Con base a lo anterior, podemos ver cómo hoy en día el Magisterio se encuentra en desventaja en relación al monto que percibe en su pensión, puesto que la cantidad que se les otorga es calculada por la UMA y no por el salario mínimo. Por tanto, reciben una cantidad menor que otros trabajadores y esto evidentemente no lo compartimos.
Si bien es cierto que la UMA es una referencia económica que determina la cuantía en pesos del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de disposiciones jurídicas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, teniendo como finalidad el beneficio de la ciudadanía en general, permitiendo incrementar el salario mínimo a tasas más grandes, sin provocar aumentos desmedidos en los créditos y en la inflación.
Sin embargo, no podemos omitir que en nuestra legislación, nuestros estatutos tienen deficiencias jurídicas que afectan a algunos sectores de la ciudadanía, siendo estos en su mayoría los más vulnerables, como en este caso nuestros maestros jubilados o pensionados.
En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que las leyes que el Congreso emane deben ser valoradas y revisadas siempre en beneficio de la sociedad, procurando a su vez el progreso de nuestro país, con tal razón estas lagunas jurídicas evidentes se deben revertir de manera inmediata.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Por lo anterior, votaremos a favor de que las autoridades correspondientes atiendan la situación de todos los maestros jubilados o pensionados afectados debido a la utilización de la UMA como referente para determinar sus pagos, realizando las adecuaciones reglamentarias conducentes para establecer el pago de pensiones de todos los maestros jubilados...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: ...conforme a veces salarios mínimos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Pueblo de México, diputadas y diputados, comentar que este punto de acuerdo es una de las demandas más importantes para la clase trabajadora en nuestro país, sobre todo, para todos aquellos trabajadores que reciben una pensión.
Hay una gran preocupación sobre el tema del salario mínimo y la UMA. Comentarles que el día de hoy también el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha presentado una iniciativa para dar claridad respecto a este tema.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel López Castillo. Como ya lo indicó el proponente, los pensionados y jubilados del IMSS como del ISSSTE pueden llegar a recibir una pensión menor. Ello al calcularse conforme a la Unidad de Medida y no conforme a los salarios mínimos.
Se podría estar realizando una mala interpretación de la UMA, la cual se creó como referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones. Y subrayo, obligaciones, la pensión es un derecho ganado del trabajador, como lo son multas, sanciones, etcétera, así como los supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México.
De no atender este llamado, de manera injusta los pensionados estarían teniendo una reducción a su pensión del 10 y hasta del 15 por ciento.
No se debe olvidar que el espíritu de la reforma constitucional, mediante la cual se desindexó el salario mínimo, lo fue para recuperar su verdadera naturaleza y valor, por ello se creó la UMA o Unidad de Medida como una medida, cuenta, índice, base o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, más no para aplicarse en detrimento de los pensionados y jubilados tanto del IMSS como del ISSSTE o de otras dependencias.
No se puede seguir minando el sistema solidario de pensiones, el cual ha recibido los embates de las anteriores administraciones federales de tipo neoliberal. Por ello, el día de hoy los invito a que votemos a favor de este punto de acuerdo como un acto de justicia para todos aquellos pensionados y jubilados.
Los abusos cometidos contra la clase trabajadora o pensionada deben terminar y en este nuevo gobierno se trabajará para ello.
Por último, solicito a esta Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bernal Martínez. Insértese íntegra la intervención de la diputada Bernal Martínez en el Diario de los Debates. Enviamos un cordial saludo a los alumnos y alumnas de la licenciatura en derecho del Centro Universitario de América Ixtapaluca, invitados por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera. Bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, un derecho generado no debe ser arrebatado. En 2016 este Congreso aprobó reformas a nuestra Carta Magna respecto a la desindexación del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo dejó de funcionar como unidad de medida para el cobro de multas, derechos, sanciones, entre otras, estableciéndose la figura de la Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA.
Hoy en día la UMA está estimada en 80 pesos con 60 centavos, mientras que el salario mínimo está calculado en 88 pesos con 36 centavos, habiendo una diferencia de 7.76 pesos entre una y otra.
Lo anterior cobra relevancia, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó a los institutos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de nuestro país que las pensiones de los jubilados y pensionados se basaran conforme al valor de la UMA y no al salario mínimo, lo que genera una afección patrimonial a las personas jubiladas y pensionadas recibiendo una pensión de entre el 10 y 15 por ciento menos.
Por ello, diversas secciones de distintas entidades federativas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han pronunciado una vez más en favor de los trabajadores de nuestro país en contra de esta medida, pues como se puede observar dicha política genera un perjuicio en los bolsillos de todos los jubilados y pensionados.
Si bien con la desindexación del salario mínimo se ha beneficiado a la ciudadanía en general, pues se ha permitido incrementar el salario mínimo a tasas mayores.
Debemos tener cuidado en la aplicación de la UMA, de tal manera que no perjudique a los ingresos de los mexicanos, y desde esta tribuna mando un fuerte aplauso y reconocimiento a los maestros en la lucha constante de nuestro país.
En Encuentro Social estamos a favor de que los pagos de los pensionados sean justos y correspondan a sus aportes en su vida laboral. De igual forma, manifestamos nuestra solidaridad a los millones de personas jubiladas y pensionados en nuestro país. No permitamos que las UMA se conviertan en un puma devorador de la ya raquítica pensión de nuestros jubilados y pensionados. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Baldenebro. Tiene la palabra, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El asunto que hoy discutimos reviste singular relevancia para un sector importante de la sociedad mexicana como son nuestros maestros jubilados y pensionados.
La seguridad social es un derecho universal y medio más significativo para que las personas puedan acceder a la salud, además de ser facilitador de otros derechos formalmente reconocidos, como la vivienda, las pensiones y jubilaciones, entre otros.
Nuestra Ley Fundamental establece en su artículo 123, fracción XI, la obligación del Estado de brindar bases mínimas de seguridad social a los trabajadores. Ello es congruente con el marco del derecho internacional que reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. La jubilación y las pensiones de retiro deben garantizar un nivel de vida decoroso con el fin de proveerle de recursos al trabajador al alcanzar la vejez.
Estas prestaciones tienen su fundamento en el sueldo o salario pagado al trabajador, por lo tanto, forman parte de su salario integrado, por ello el salario mínimo debe seguir indexado a esos conceptos.
Al utilizar a la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo para calcular el pago de las pensiones se están registrando disminuciones, ya que la diferencia entre una y otra es de más de 7 pesos. De esta manera los jubilados ven disminuidas sus percepciones, por lo que concluyen que la UMA sí genera una afectación al pago de sus pensiones de los maestros jubilados en perjuicio de su economía y la de sus familias.
Compañeros diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de exhortar a todas las instituciones públicas de seguridad social tanto del ámbito federal como local, a efecto que el pago de pensiones se realice tomando como base de cálculo el salario mínimo. Esto, con la finalidad que atienda la situación de todos los jubilados o pensionados que se han visto afectados, así como para que se realicen las adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones.
Coincidimos con esta proposición con punto de acuerdo en la medida que contribuya a salvaguardar los derechos de los maestros jubilados, proteger su economía, así como garantizarles una forma digna de vivir al igual que a sus familias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Tiene la palabra el diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo García Escalante: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados. En Acción Nacional queremos aprovechar la discusión de este punto de acuerdo para manifestar nuestra preocupación por la situación de seguridad social en nuestro país.
En México la transición demográfica nos ha alcanzado. Cada vez habrá más adultos mayores y por lo tanto cada vez habrá más pensionados. Por ello es importante asegurar mecanismos que garanticen a las personas una vida digna al terminar su vida laboral. Esto significa nuevos retos como sociedad y los que integramos esta Cámara debemos de estar preparados para enfrentarlos.
Si bien aquí se está abordando un asunto muy específico que tiene que ver con el cálculo de las pensiones a docentes jubilados a través de las UMA, nosotros consideramos que se tiene que ver el asunto de las pensiones de manera integral.
El planteamiento que nos hace nuestro compañero diputado, me parece de gran relevancia, pues se pretende proteger los intereses económicos de los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la unidad de medida y actualización como referente para determinar sus pagos.
La legislación vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, enmarca la obligatoriedad de otorgar la pensión garantizada y seguro de invalidez y vida, así como el mecanismo para determinar el monto y la forma en que deberá de ser actualizado.
Pero en la misma ley se estipula la aplicación de tres criterios distintos para tres segmentos de jubilados anteriores a la reforma del 2007.
El primer sector corresponde a jubilados del 19 de febrero del 87 al 3 de enero del 93. El segundo se refiere a los que se retiraron entre el 4 de enero del 93 y el 30 de mayo del 2001. Y el último sector, los jubilados del primero de junio del 2001 al 31 de marzo del 2007.
Esta variedad de disposiciones ha derivado en un trato diferenciado e inequitativo en el otorgamiento de las pensiones de los derechohabientes del ISSSTE.
Esta es una disparidad que debemos atender pues representa un decremento en el nivel de vida de los pensionados y jubilados.
En una época en la que los maestros han sido sometidos a evaluaciones periódicas para mantenerse vigentes, sin duda que velar desde aquí por su economía, es importante.
El exhorto que hoy se hace será aún más importante porque servirá como una muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a quienes han entregado su vida forjando generaciones de mexicanos de bien.
Aunque cambien la tecnología, los medios y los métodos, la sustancia educativa sigue siendo enseñar a pensar y a reflexionar lo que se piensa para convertirlo en algo trascendente, y quien está a cargo de ello son los maestros.
En Acción Nacional estamos convencidos de que la seguridad social es uno de los principales activos de la sociedad.
Por esos motivos es que estamos a favor de que se revise lo que señala este punto de acuerdo. En Acción Nacional estamos a favor de nuestros jubilados y pensionados. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Escalante. Tiene la palabra el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz: Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos los maestros de México, buenas tardes a todos los jubilados y pensionados. Las pensiones son una parte esencial de cualquier esquema de la seguridad social, la conquista de este derecho es uno de los logros más destacados del Movimiento Obrero Mundial.
El sistema de pensiones debe garantizar que las y los trabajadores tengan, al momento de su retiro, recursos que les permitan alcanzar un nivel de bienestar. Actualmente, la mayoría de los jubilados y pensionados en nuestro país se encuentran protegidos por el sistema de beneficio definido por las leyes anteriores de IMSS y del ISSSTE.
El problema que este punto de acuerdo trata de resolver, es una interpretación que hacen estas instituciones en cuanto a la base utilizada para determinar el monto de pensiones.
El vínculo jurídico existente entre el salario mínimo y pensiones se establece claramente en diversas disposiciones, como por ejemplo, en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece que los asegurados se inscriban con el salario base de cotización que perciben en el momento de su afiliación, o la Ley del ISSSTE, en su artículo establece que las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo, y como límite superior el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo.
El 27 de enero de 2016, entró en vigor la reforma constitucional en materia de deslindación de salario mínimo, para eliminar la referencia de este concepto como medida de multas, obligaciones, deudas y sanciones de diferente índole, que pasaron la referencia de acuerdo a la Unidad de Medida de Actualización.
En esta reforma se enfatiza en que el salario mínimo no debe ser usado como índice, medida o base para fines ajenos a su naturaleza. Obviamente, las pensiones y jubilaciones no pueden ser consideradas en esta categoría, ya que son una continuación del salario una vez que el trabajador llega a su jubilación o a su pensión.
A pesar de lo anterior, el IMSS y el ISSSTE han aplicado el UMA como base para cotizar las pensiones y las jubilaciones, en este caso, del sector magisterial, mediante medida que afecta a los trabajadores y pensionados, los perjudica en su bienestar al disminuir su poder adquisitivo.
La diferencia actual entre el salario mínimo y la UMA, es de aproximadamente ocho pesos, con el paso de los años esta diferencia será mayor, con lo que se generará mayor retroceso a nuestros pensionados. Es por eso que Morena votará a favor de este punto de acuerdo, en respeto a los derechos humanos laborales de nuestros maestros pensionados y jubilados de todo el país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Santos Díaz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Armando Tejeda Cid hasta por cinco minutos, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a aplicar los controles de confianza respectivos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Armando Tejeda Cid: Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acude a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo sobre uno de los temas más importantes de este país; la seguridad pública.
Tengo que reconocer la voluntad de nuestro presidente para construir acuerdos con los gobernadores de no politizar el tema de seguridad pública, al no imponer a los superdelegados como secretarios técnicos de consejos estatales de Seguridad. Ojalá que en esta Cámara también se tenga la voluntad de construir tomando en cuenta las diferentes visiones de todos los partidos.
El presidente de la República desde antes de asumir de manera formal la titularidad del Ejecutivo, hizo el nombramiento de quienes lo acompañan en distintas áreas de gobierno. Una de ellas y por demás susceptible para la coyuntura de este país es la de seguridad pública.
Durante los últimos años, los Poderes de la Unión han puesto su esfuerzo a diferentes niveles y escalas para dotar de confianza y credibilidad las instituciones encargadas de esta tarea fundamental del Estado. Los índices de confianza en las autoridades son muy bajos, principalmente en la Policía de Tránsito, en la Policía Municipal, en la Policía Ministerial.
Es claro y es sabido de todos que las corporaciones de seguridad de este país se han visto rebasadas por la acción del crimen organizado y también cooptadas por los grupos delincuenciales que asechan la paz social. Es por ello que los esfuerzos para contar con autoridades en instituciones de seguridad pública más profesionales, que generen mayor confianza entre la ciudadanía, se ha dado de materia de política pública y de legislación.
En tal virtud y congruencia con estos esfuerzos, el día de hoy los legisladores del PAN presentamos este punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que tanto él en su calidad de titular de dicha dependencia, como si equipo de trabajo, dé a conocer a la opinión pública los resultados de los exámenes de control y confianza, como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad.
Esta ley señala en su artículo 13 que el personal de confianza de las unidades administrativas del sistema, el Secretariado Ejecutivo, los centros nacionales, incluso los titulares de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica, a los integrantes del Consejo Nacional se les considere como personal de seguridad pública, que será libre de designación y remoción, se sujeten a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
De ahí exhorto para que los funcionarios de la nueva administración cumplan con lo establecido en la ley, se sometan a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Con ello se estará dando un mensaje de mayor certeza a una sociedad ávida de sus autoridades públicas y policiacas, se desempeñen bajo los más altos estándares de probidad y honradez.
Como lo dijo aquí el presidente de la República: Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Tejada Cid. Informo a la asamblea que se ha presentado ante esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo, en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Propuesta de modificación al punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a que dé a conocer a la opinión pública, en un plazo razonable, los resultados de los exámenes de control de confianza tal y como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos.
Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con su venia, señora presidenta. Hoy más que nunca, en un periodo de transición democrática que culminó y se consolidó el día primero del presente mes con la toma de protesta en este recinto por parte del licenciado André Manuel López Obrador, como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, resulta fundamental dar certeza y confianza a millones de electores que decidieron el rumbo que tomaría el país.
Sin duda, es importante que México se conduzca bajo un principio de gobernanza en el que todos debemos someternos a la ley, que se haga cumplir por igual y que se aplique con transparencia. Se debe poner el ejemplo, iniciando por el presidente de la República y todos aquellos que encabezan las dependencias de la administración pública federal.
El presidente electo designó al licenciado Alfonso Durazo para desempeñar las funciones como titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y tanto él como sus colaboradores, entre los que se encuentra el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, es importante que se sometan a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente el de incumplimiento al artículo 13.
En dicho artículo se establece que todo el personal se sujetará a evaluaciones de certificación y control de confianza y que los resultados se manejen con transparencia y estricto respeto a la obligación enmarcada en la ley.
En el Partido Verde nos sumamos a este punto de acuerdo, con el que seguramente también coincidirá el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el licenciado Alfonso Durazo.
Los controles de confianza dan certeza y legitiman a los servidores públicos. Estamos ciertos que pronto tendremos la información en relación al resultado de los exámenes de confianza a los que todos los colaboradores, por ley, tienen que someterse. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, el pasado primero de diciembre Alfonso Durazo Montaño fue nombrado titular de la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En esa misma fecha el doctor Durazo tomó protesta a las personas que lo acompañarán en su encomienda.
Al momento de su nombramiento, de los servidores públicos que integrarán dicha Secretaría, su titular no dio cuenta de que haya cumplido con el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece claramente que los titulares de las unidades administrativas del sistema, del secretariado ejecutivo, así como de los centros nacionales se sujetarán a evaluaciones de certificación y control de confianza.
Lo anterior adquiere relevancia por dos razones fundamentales: la primera, porque la labor que desempeñarán estos funcionarios es de suma importancia para el país, dado el actual estado de precariedad que presenta en materia de seguridad, situación que nos ha conducido a una grave crisis humanitaria.
De ahí la necesidad de contar con funcionarios íntegros y capaces en sus funciones, que demuestren de manera clara y sin dar pie a ninguna duda, que estén a la altura, en todo sentido, de las actividades que van a realizar.
Así también, que manifiesten si existen conflictos de intereses en el desempeño de sus labores y si cuentan con la preparación profesional que requiere el puesto para el que fueron designados.
La segunda razón es porque el actual presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, la última vez en esta tribuna durante su toma de posesión, que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad. Pues bien, una de las formas de acabar con la corrupción, quizá la más simple de todas, es acatar lo que la ley dicta.
El exhorto que hoy discutimos, compañeros diputados, no busca más que eso, que se respete lo que la norma dispone. No porque sea un capricho, sino porque estamos en un Estado de derecho, lo que significa que vivimos en un régimen donde impera la ley democráticamente establecida por una autoridad y la cual debe aplicarse por igual a todos sin distinción.
Es por eso que, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, nos unimos a este exhorto para que a la brevedad los nuevos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplan con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas que les apliquen en la materia.
Para concluir mi intervención, compañeros, me gustaría citar una frase que considero resume de manera excelente el tema que estamos tratando: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”. Benito Juárez. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reyes Montiel. Tiene la palabra la diputada Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Julieta Macías Rábago: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, los controles de confianza dan legitimidad y credibilidad frente a la sociedad para acreditar los procesos de selección de aspirantes o quienes sustenten un cargo en materia de seguridad pública, indispensable para contrarrestar la mala percepción que actualmente existe en las sociedades hacia las instituciones.
La atribución que confieren las leyes y reglamentos en seguridad pública es la de acreditar fehacientemente que el personal esté capacitado para el puesto encomendado y que su perfil y experiencia corresponda con los principios de legalidad, eficiencia, honradez, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Todo lo anterior que establece nuestra Constitución en el artículo 21.
La obligación de someterse a estas evaluaciones tiene como objetivo acreditar que los responsables de la seguridad en los tres órdenes de gobierno no tengan vínculos de colusión con grupos criminales, lo cual, además de ser un reclamo de la sociedad, es requisito de ley y necesidad para contar con instituciones confiables y, sobre todo, profesionales.
Además del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública referido en el presente punto de acuerdo, es importante señalar que los nuevos nombramientos de colaboradores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deben asumirse como provisionales en tanto no se sometan a los exámenes de evaluación y de control de confianza, pues su permanencia está sujeta a la aprobación de los mismos.
Por tal razón se debe de dar cumplimiento cabal a lo que establece el artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sentido de aplicar las evaluaciones a que se refiere esta ley. Aprovechamos esta tribuna para exhortar al nuevo titular de la secretaría, Alfonso Durazo Montaño, para que él y su equipo realicen con toda legalidad y legitimidad las evaluaciones correspondientes, evitando simulaciones, con la finalidad de poner el ejemplo a las instituciones de seguridad y fortalecer a nuestro sistema de seguridad pública.
Por tal razón, Movimiento Ciudadano apoya el presente punto de acuerdo para que se respete el marco normativo y las atribuciones otorgadas a los centros de control y confianza debiendo asumirse como una condición necesaria para el inicio de recobrar la confianza de los ciudadanos en las nuevas autoridades de seguridad. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Macías Rábago. Tiene la palabra, el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia de la Presidencia. Los policías están para cuidarnos, no para robarnos.
Compañeras y compañeros diputados, la evaluación de control de confianza tiene como objetivo acreditar que el servidor público acredite el ingreso o la permanencia en la Procuraduría General de la República. Esta evaluación consta de cinco exámenes, los cuales dan constancia de un óptimo desempeño y competencias profesionales adecuadas. Necesitamos que nuestros activos actúen dentro del marco de conducta y ética institucional.
En la actualidad uno de cada 10 policías estatales y municipales sigue en activo a pesar de haber reprobado estos exámenes de control de confianza. Algo tienen que hacer los alcaldes y algo tienen que hacer los señores gobernadores. La cuarta parte de todos los agentes necesitan actualizar sus certificados.
Acorde a datos del proceso de evaluación del control de confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportaba que casi 30 mil de los 300 mil policías en activo debería ser dado de baja por reprobar el proceso de evaluación.
Por otro lado, 28 mil 968 elementos, más del nueve por ciento de todos los policías, quienes ya fueron evaluados, fueron los que reprobaron el control de confianza. Es un hecho innegable que si procuramos la seguridad de la población estos elementos no pueden seguir perteneciendo por ley al cuerpo policiaco.
La transparencia en cuanto a procedimiento será en esta cuarta transformación uno de los pilares fundamentales en el combate a la corrupción y a la recuperación de confianza de las y los ciudadanos, y vale la pena aprovechar este exhorto para reiterar nuestro compromiso, como legisladores, como grupo parlamentario y como partido político del Partido del Trabajo con el combate a la corrupción fundamentalmente, pero también con la seguridad del pueblo mexicano y con el bienestar del país, ambos temas transversales a este punto de acuerdo.
Desde el Partido del Trabajo nos sumamos y exhortamos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como al resto de las secretarías, órganos y dependencias del nuevo gobierno a transparentar todo aquello a lo que los ciudadanos tienen derecho a conocer y a comprometerse con el cambio que significará la cuarta transformación en la forma de ejercer los cargos públicos, teniendo siempre como interés principal el bienestar de la población y no el propio.
En este sexenio vamos a cambiar la percepción que los ciudadanos tienen de los policías. Basta de que sigan pensando que le tenemos más miedo a los policías que a los propios delincuentes. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Soto. Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Contar con policías e instancias de seguridad pública confiables y profesionales no sólo continúa siendo una de las principales demandas de los mexicanos, también es una de las promesas de campaña más importantes del gobierno entrante.
La nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tendrá a su cargo dicha tarea. El trabajo que tiene frente a sí es enorme, ya que además de recobrar la confianza de la ciudadanía, deberá trabajar para demostrar que el regreso a las estructuras de hace 12 años en materia de seguridad, ha sido la mejor elección.
Sin embargo el licenciado Alfonso Durazo, titular de dicha secretaría, parece haber olvidado o no ha querido cumplir con un requisito fundamental, la aplicación de controles de confianza necesarios para la elección de quienes serán sus colaboradores, siendo este encargado de la seguridad y protección de los ciudadanos, la secretaría en mención no debe pasar por alto una obligación que, incluso, se encuentra prevista en el artículo décimo tercero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las evaluaciones de certificación y control de confianza son esenciales para garantizar que quienes ocupen los puestos de mayor importancia en dicha institución, sean personas honestas, profesionales y confiables, a fin de que puedan servir digna y patrióticamente a nuestra nación.
Estos mecanismos son necesarios para evitar que puedan infiltrarse funcionarios corruptos o corrompibles, así como miembros del crimen organizado.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que se presenta el tema en esta soberanía. El pasado 11 de octubre el diputado Rubén Moreira y la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El objetivo de asegurar que los servidores públicos de las instituciones policiales que no acrediten los controles de confianza, no puedan continuar prestando sus servicios en ninguna institución de seguridad pública.
Los mexicanos merecemos instancias de seguridad honestas, profesionales, y en las cuales podamos confiar. Si quienes son nombrados para encargarse de nuestra protección no son dignos de la confianza de la población, difícilmente se podrá garantizar la seguridad pública.
Los mecanismos de evaluación y control de confianza sirvan precisamente para corroborar que quienes se encargarán de dicha tarea son las personas idóneas.
Compañeras y compañeros legisladores, los mecanismos de control de confianza deben de ser prioritarios para la designación de los responsables de la seguridad pública.
No podemos permitir que sean omitidos ni por desconocimiento y mucho menos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Norma Adela Guel Saldivar: Termino, diputada presidenta. Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Guel Saldívar.
Se encuentran en el recinto y les damos la más cordial bienvenida, a los presidentes municipales de Tuxtepec, Oaxaca, Fernando Bautista Dávila; el presidente municipal de Nombre de Dios, Durango, contador público Juan Fernando Solís Ríos, y el presidente municipal de Xonacatlan, estado de México, Carlos González González, invitados por el diputado Óscar González. Bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, la inseguridad es un tema que azota con singular saña a nuestro país.
Para combatir la inseguridad no podemos depender de discursos elocuentes ni de buenas intenciones, ni de buenos deseos. Necesitamos estrategias serias y bien pensadas. Desde el PAN no hemos dejado de insistir en ello. No hemos dejado de creer que la solución radica en contar con instituciones sólidas y con un personal capacitado y honesto.
La profesionalización de la policía es parte fundamental de una solución integral que nos lleve a un México en paz, como también lo es contar con las personas más capaces y más honestas.
Si queremos tener instituciones sólidas que sepan responder a las exigencias que impone la realidad, las personas que laboren en ellas deben ser capaces de cumplir con los más altos estándares de honorabilidad y profesionalización, debe ser personas en las que se pueda confiar plenamente, porque de ellas depende nuestra seguridad.
No podemos exigir un compromiso serio de todos si quienes están al mando no cumplen con los requisitos impuestos a todos.
Como se señala en la ley, hay cargos sujetos a evaluaciones de certificación y control de confianza. Estos cargos incluyen a directores generales y subsecretarios, como los recientemente nombrados.
Nos causa mucho asombro cuando escuchamos en los medios sobre el alto porcentaje de policías municipales que no acreditan los exámenes de confianza. No seamos hipócritas, no podemos exigirles a los policías municipales que acrediten dichas pruebas si los altos mandos no las acreditan tampoco.
Es por este motivo que apoyaremos el presente punto de acuerdo, porque creemos que para pedir que se cumpla la ley también tenemos que cumplirla nosotros mismos y quienes están a cargo. Lo que se busca es que la seguridad esté en manos de las personas más honestas, solo en estas personas podemos dejar la enorme responsabilidad de ver por la seguridad de nuestro país, por nuestra seguridad y de la de nuestras familias.
No hay remedios mágicos, solo hay que cumplir con la ley. Más allá de las líneas partidistas, lo que queremos todos es ver un México en paz, un México donde todos podamos vivir sin miedo. Por ello necesitamos confiar plenamente en quienes guiarán las políticas públicas en materia de seguridad. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guzmán Avilés. Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Con su venia, presidenta. Hago uso de la máxima tribuna de la nación para fijar la postura de nuestra bancada legislativa sobre el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tanto él en su calidad de titular de dicha dependencia como su equipo de trabajo den a conocer a la opinión pública, en un tiempo razonable, los resultados de los exámenes de control de confianza, tal y como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Encuentro Social es una expresión política que siempre se ha manifestado por el cumplimiento del Estado de derecho como guía del quehacer del gobernante. Estamos de acuerdo en que se es gobierno desde el primer minuto después de la protesta del cargo, hasta el último segundo de nuestro ejercicio.
Sabemos que, en la primera semana en el gobierno, de manera progresiva, se van conociendo las responsabilidades que tendrán que atender los nuevos funcionarios de un gobierno. Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es clara en el sentido de que el personal de confianza de las unidades administrativas del sistema del secretariado ejecutivo de los centros nacionales se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza, diputadas y diputados, demos la oportunidad a que se emitan las disposiciones reglamentarias, a fin de que se apliquen las evaluaciones de certificación y control de confianza al personal del sistema que establece la ley.
Recordemos que las administraciones federales del 2000 y 2006 contaron con las formas y los tiempos necesarios para ejercer sus atribuciones de manera plena. Seamos generosos, demos tiempo y forma para que esta administración comience a gobernar. Ocupemos la racionalidad política para entender la etapa en la que se encuentra el nuevo gobierno y corramos la cortesía política que en el pasado recibimos.
En Encuentro Social nos pronunciamos a favor de lo que se encuentra al margen de la ley. Por lo anterior, nuestro voto es en pro de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina. Tiene la palabra el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Con su venia, señora presidenta. A todos los y las televidentes que nos siguen a través del Canal del Congreso. Para Morena la seguridad pública es la obligación primordial del Estado. Sin seguridad no existe confianza ni para ir a la escuela ni para salir a las calles ni para invertir a gran escala. Sin embargo, la confianza es algo que las instituciones han perdido y que la ciudadanía reclama.
En 2017, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de casi 300 mil millones de pesos. Es decir, 1.65 por ciento del producto interno bruto, lo cual equivale a un promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, estima que los principales motivos que llevan a la población, víctima de un delito, a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad; 34.2 de la población considera la denuncia como pérdida de tiempo y 16.5 no denuncia debido a la desconfianza que tienen en la autoridad.
En este sentido, este gobierno está convencido que la confianza debe ser la piedra angular de las instituciones de seguridad. Es necesario que logremos que quienes ingresen a las instituciones de seguridad pública se conduzcan, desde el inicio y durante su desempeño, con lealtad a su juramento a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, con probidad, con ética, con eficiencia y con vocación de servicio.
Dicho esto, quisiera recalcar que nuestra fracción parlamentaria y el gobierno emanado de Morena está totalmente comprometido con la transparencia y con el acceso a la información pública.
La presente administración considera fundamental contar con personal capacitado, preparado y honesto, pues únicamente de esta forma se logrará cumplir de manera eficaz y eficiente con los grandes retos de la cuarta transformación de nuestro país.
Reiteramos, que en nuestro gobierno nadie está por encima de la ley, por lo que todo nuestro personal se sujetará a la establecido en la misma.
Debemos tomar en cuenta que formalmente el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tomó protesta el pasado primero de diciembre, por lo que estoy convencido que a la brevedad podrá brindarnos la información requerida en un plazo razonable. Por tanto, nuestro grupo parlamentario se posiciona a favor de este punto de acuerdo.
Reiteramos de nuevo nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el brindar la información que el público requiera para tener la certeza y la confianza de que sus funcionarios encargados de seguridad pública cumplen con la ley. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pool Moo. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese. ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido, por favor, en la curul del diputado Javier Hidalgo.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Le agradezco mucho. Para comentar un hecho muy grave. Hoy en la mañana un ciclista que circulaba por la ciclovía de Revolución se encontró con un automovilista que estaba invadiendo la ciclovía...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, permítame usted un momento. Yo le rogaría que cuando concluyan los puntos del orden del día, podamos darles uso de la palabra para que usted exprese este asunto tan delicado. Si fuera tan amable. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actuar con transparencia y hacer pública la ruta que se ha planteado para la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña: Con su permiso, presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, pese a que instituciones especializadas en aeronáutica, organismos empresariales y sectores importantes de la sociedad alertaron que sería un error y una medida irresponsable dar por concluida la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, el pasado 29 de octubre se anunció su cancelación.
El Nuevo Aeropuerto es uno de los proyectos más importantes del país y una de las tres obras, en su tipo, más grandes del mundo. Sin embargo, su cancelación fue una decisión política y caprichosa que no respondió a un análisis técnico y financiero.
Se tomó la decisión de cancelarlo, a pesar de que se pronosticó que nos costaría a todos los mexicanos más de 100 mil millones de pesos y la pérdida de por lo menos 46 mil empleos directos e indirectos.
Esta cancelación ha generado efectos colaterales, como la depreciación del peso, incertidumbre en los mercados y pérdida de confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
Los bonos que están en proceso de compra por parte del gobierno federal se encuentran en constante riesgo de un nuevo recorte de calificación que nos llevaría a pagarlos más caros, incluso el costo podría ser superior a la inversión que se tenía propuesta.
Se canceló la construcción en Texcoco por un proyecto en Santa Lucía que a la fecha no existe. No se cuenta con un proyecto ejecutivo, no hay estudios de tránsito aeronáutico, en una palabra, no hay proyecto. Quien diga lo contrario falta a la verdad, engaña al pueblo, traiciona a México y roba la esperanza de la nación.
Con la cancelación del aeropuerto se detuvo nuestro desarrollo. Se los dijimos. Si existía presunción sobre actos de corrupción, se les solicitó aplicar la ley y sancionar a los responsables. Si se creía que los costos eran altos, se hubieran hecho los ajustes necesarios. Pero de ninguna manera se hubiera jugado como se está haciendo con el crecimiento del país.
Compañeras y compañeros legisladores, desde que se dio a conocer esta lamentable decisión México ha pasado de ser un referente internacional de modernidad, desarrollo y prosperidad, a un ejemplo de incertidumbre, inseguridad en las inversiones y falta de seriedad en el desarrollo de los proyectos.
En el Grupo Parlamentario del PRI, de manera responsable y con mucha antelación, advertimos de los riesgos financieros que se generarían y las repercusiones en el corto, mediano y largo plazos para la economía y para las finanzas públicas del país.
El día que se anunció la cancelación del proyecto de Texcoco se perdieron 351 millones de pesos, monto superior al costo total para el nuevo aeropuerto, que se estimaba en 285 mil millones de pesos. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde quedó la austeridad republicana?
Son las familias quienes están pagando el error de octubre, pagan más intereses por su tarjeta de crédito, pagan más por un préstamo personal. Pero lo más grave es que por el incremento del dólar se incrementa el peso de las gasolinas y los precios de la canasta básica que golpean a los pobres.
Peor aún, está en riesgo nuestra economía y la estabilidad de nuestras finanzas. Además, se está utilizando el dinero de los mexicanos para que inversionistas particulares no pierdan su dinero. Ustedes que tanto criticaron los rescates financieros como el Fobaproa y las prácticas neoliberales, hoy están utilizando los recursos públicos para enmendar su error.
Por ello exhortarnos al Poder Ejecutivo Federal para que actúe con transparencia y haga pública la ruta que se ha planteado para la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que se instrumenten las acciones necesarias para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas de que actualmente goza el país.
Los invitamos a conducirse con responsabilidad. El Estado de derecho, la confianza y la certidumbre son condiciones medulares para la atracción de inversiones, de nuevos proyectos y para la generación de empleos en favor de los más pobres de México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Acosta Peña. Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si este asunto se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se consulta a la asamblea, si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se considera de urgente resolución.
De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene la palabra, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. La transparencia en la toma de decisiones se ha convertido en una de las condiciones fundamentales de las políticas públicas. Esta premisa adquiere una mayor relevancia cuando se trata de la toma de decisión en torno a las finanzas nacionales.
En el Partido Verde nos pronunciamos a favor del presente punto de acuerdo, ya que busca una mayor transparencia en la información para que la sociedad esté en conocimiento de un tema tan importante y trascendental como es la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, pero por supuesto que lo que nosotros estamos buscando es que los mecanismos que se están impulsando para el pago a las accionistas que participaron en el proyecto sean con total transparencia.
Un gobierno que genera confianza y certidumbre para los mercados financieros y para la inversión extranjera directa, impacta en el comportamiento de variables económicas como es la inflación, el tipo de cambio, trasladando los efectos del mercado financiero a la economía real.
La confianza y certidumbre de los inversionistas nacionales y extranjeros es fundamental para que el gobierno pueda hacer frente a cualquier situación adversa con el objeto de mantener siempre la estabilidad económica.
Por esta razón, es muy importante que las acciones que anuncia –o que anunció– que realiza nuestro gobierno sean transparentes, prácticas y eficientes para poder generar expectativas coherentes en torno a un modelo económico que beneficie al pueblo mexicano a corto, mediano y largo plazo.
Compañeras y compañeros, es necesario contar con mayor información sobre la operación de recompra de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Es oportuno que el secretario, que el titular de la Secretaría de Hacienda –que será por cierto ratificado en esta soberanía–, dé cuenta de la estrategia que se ha puesto en marcha para la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para poder tener información de primera mano y que en esta soberanía se tenga de alguna forma que nos permita comunicarlo.
Compañeras, compañeros, no es prudente generar acciones que reduzcan la confianza y certidumbre que nuestro país posee en los mercados internacionales que nos han llevado a tener una calificación aceptable en el riesgo y mantener estables las distantes variables macroeconómicas de mayor impacto en nuestro país.
Compañeras y compañeros, acompañaremos con nuestro voto a favor el presente punto de acuerdo...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Sí, presidenta, un momento. Compañeras, con nuestro voto a favor del presente punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que actualmente hay en el país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alcántara. Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRD respalda la propuesta que está a discusión, porque la cancelación de la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tendrá graves repercusiones en la economía nacional.
Uno de los efectos más nocivos es la falta de certeza que genera la decisión del actual gobierno federal, ya lo estamos viendo en estos días con el fallido intento de recompra de los bonos internacionales del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
En su discurso de toma de posesión el presidente de la República afirmó que la cancelación de la obra en Texcoco y su sustitución por el plan metropolitano de aeropuertos, representaría un ahorro de 100 mil millones de pesos, pero hay que decir que sus cuentas no cuadran, despiertan más dudas que certezas.
Por un lado están los costos financieros valuados en mil 800 millones de dólares para el prepago de los bonos internacionales, más un estimado de mil millones de dólares para el prepago de la llamada fibra E, con el riesgo de que la garantía principal de ambos instrumentos financieros consistía en la TUA del aeropuerto cancelado.
¿De dónde saldrá el dinero para pagar a estos inversionistas? Además, a estas fechas no se cuenta con el proyecto ejecutivo ni los estudios ambientales de aeronáutica ni los de conectividad para convertir la base aérea de Santa Lucía en un aeropuerto civil.
El costo de esta obra se puede estimar en unos 5 mil millones de dólares a los que se deben añadir 2 mil millones para adecuar los aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México, más unos mil 300 millones de dólares para construir las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la base aérea y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
A estos costos se debe añadir la construcción de una nueva base militar para la Fuerza Aérea, y los trabajos de remediación de Texcoco, incluida la demolición de lo ya construido, la remediación ambiental y la reparación de los daños a los vecinos y las comunidades afectadas por la obra fallida.
Por ello, los diputados perredistas votaremos a favor de la propuesta con punto de acuerdo. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora.
Tiene la palabra el diputado Alán Jesús Falomir Saenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Alán Jesús Falomir Saenz: Con su venia, presidenta. Compañeros diputadas y diputados. Recién comienza un nuevo sexenio, el primero de diciembre tomó protesta el nuevo titular del Poder Ejecutivo federal, quien este recinto legislativo manifestó que las cosas iban a cambiar.
Desde aquí le digo que lo haga, que se comprometa con la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. La sociedad es lo que espera, cuentas claras, procedimientos transparentes y una adecuada rendición de cuentas sobre los recursos públicos.
No más acuerdos, decisiones en lo oscurito, mucho menos ser omiso con la información. Es una muy buena oportunidad de no seguir con estas dinámicas nefastas y que tienen harta a la sociedad mexicana. Haga púbico el procedimiento sobre la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
La obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con un costo estimado de construcción de 13 mil 300 millones de dólares. Esta obra fue cuestionada en múltiples ocasiones por Andrés Manuel López Obrador, por supuestos actos de corrupción.
Si bien es cierto, antes de que constitucionalmente pudiera ejercer funciones como primer mandatario, las ejercía como tal.
Realizó actividades de las cuales incitaba e incidía en el imaginario colectivo de la sociedad para que una parte coincidiera con sus actos. El más importante fue la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, mediante una consulta popular sin transparencia, sin vigilancia, sin los procedimientos mínimos, sin facultades legales para realizarla, simplemente el arbitrio del entonces presidente electo, hoy en funciones.
Consulta popular, la cual no fue un reflejo real, toda vez que tuvo una participación mínima de una población de más de 123 millones de personas, de las cuales pueden votar aproximadamente 90 millones, solamente participaron un millón 96 mil personas, lo cual arroja un porcentaje del 1.2 por ciento. Esto no refleja una participación considerable. El día de la jornada se presentaron quejas y denuncias de irregularidades graves a todas luces.
Posterior a ello no se ha informado el estatus actual, dando pie a un cúmulo de información falsa. La información por parte del Ejecutivo federal no ha sido clara.
En este sentido, hago un llamado al titular del Poder Ejecutivo a que pregone con el ejemplo. Desde su campaña política siendo presidente electo, señalaba que había que ser transparentes, se tendrían que rendir cuentas. En este recinto legislativo señaló que el buen juez por su casa empieza, por lo que se le exhorta a ser transparente y rendir cuentas sobre el procedimiento de cancelación del aeropuerto de Texcoco, motivo por el cual Movimiento Ciudadano se manifiesta a favor del punto de acuerdo en el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que haga público el procedimiento de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.
Asimismo, que no se ponga en riesgo la estabilidad económica y la solidez de las finanzas públicas que existen en el país. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Falomir Saenz. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: El proyecto de Texcoco es un monumento a la corrupción. Diputados del PRI, se debe tener mucho cinismo para seguir defendiendo el proyecto de Texcoco. La honestidad es la mejor política. Benjamín Franklin.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos 100 por ciento convencidos y comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas, por lo que no solo estamos de acuerdo con que se haga pública la ruta planteada para cancelar el nuevo aeropuerto internacional de México, sino que también se transparente y salga a la luz todo el proceso de licitaciones y construcción previa.
Que se muestre a la opinión pública que los 157 de los 320 contratos se asignaron por adjudicación directa y de ese 100 por ciento de contratos no asignados mediante licitación pública en la construcción, el 81 por ciento no contó con una justificación legal adecuada.
Es preciso que se transparente el hecho de que en 25 procedimientos que representaron un monto de 3 mil 36 millones de pesos, tuvieron menos de cuatro días para reparar las propuestas y que 12 de las 21 categorías únicas establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca utilizaron un procedimiento competitivo.
Que se difunda ampliamente lo que la Auditoría Superior de la Federación detectó en su revisión de la Cuenta Pública de 2016. Es decir, las irregularidades por mil millones 831 mil pesos, de los cuales 389 millones 670 mil pesos correspondieron a dinero sin aclarar para la construcción de una barda y sobre todo que se diga que el proyecto del nuevo aeropuerto nunca fue contemplado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo ni en el Plan Nacional de Infraestructura ni en los subsecuentes programas a nivel sectorial y regional.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre estaremos a favor de impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y es por ello que desde esta soberanía exhortamos al Ejecutivo federal a hacer público todo el subsidio y desaseado proceso por el cual se estaban otorgando los contratos para la construcción del proyecto de Texcoco.
Compañeras y compañeros, diputados del PRI, si están tan comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas lo hubieran hecho desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para buscar ser honestos, quizá este rubro en el que los priistas busquen la transparencia...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: ... sea otro milagro de la cuarta transformación. La trampa está también en que para vivir...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Emilio Manzanilla Téllez: ... controversias se sometió a los tribunales de Nueva York. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Manzanilla Téllez. Tiene la palabra el diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado José Luis García Duque: Con la venia, presidenta. Vemos con algo de sorpresa que sean ahora los compañeros del Revolucionario Institucional quienes pidan que el gobierno federal entregue datos, detalles y calendarios de acciones sobre el proyecto del Aeropuerto de Texcoco. Que nadie se sorprenda.
En Encuentro Social estamos a favor de que la actual administración federal informe a la sociedad sobre cuáles acciones tomará, para evitar que una decisión de política pública acabe contaminando las variables macroeconómicas.
Por supuesto que no queremos que un tema que debería ser técnico y focalizado, como la cancelación de bonos, de deuda, termine dañando la economía de todo el país. Que México cumplirá sus obligaciones con quienes decidieron invertir aquí, es algo que damos por sentado.
Dejar que impongan condiciones diferentes o quieran abusar, es algo que creemos que no debe permitir. Pagar lo justo es lo correcto. En ese sentido, creemos que el manejo que se ha dado durante estos días es el adecuado.
Buscar que se informe claramente y se dé certidumbre a los mercados internacionales y se mantenga la confianza en el país es algo en lo que todos estamos de acuerdo y más cuando el manejo del tema sea realizado bien hasta el momento.
Lo que nos parece tan extraño, poco entendible, es que un grupo parlamentario que ha trabajado con seriedad y respeto y lo ha pedido para el presidente anterior, a quien ellos postularon para el cargo, use ahora adjetivos impensables hace una semana: irresponsable, poco claro, existente y certidumbre, poca transparencia, riesgos severos, esos y otros adjetivos que aparecen en su texto, no los hubieran pensado hace una semana.
Encuentro Social ha procurado ser un actor político serio, propositivo y trabajador que reconoce aciertos y señala errores, durante la glosa del informe así lo hicimos e incluso algunos compañeros priistas señalaron que reconocían esa conducta, reconocer aciertos y señalar errores de manera respetuosa y clara.
Así que, aprovechando esta oportunidad para expresar, estamos a favor de que el gobierno transparente, explique, dé certidumbre y genere confianza en la economía nacional y en los inversionistas globales que han creído en nuestro país.
En ese sentido, apoyamos el espíritu del punto de acuerdo, pero sí sugerimos a los compañeros de la bancada priista a que cuiden el uso de sus adjetivos. Discrepar es válido y necesario. Sembrar miedo y dudas para desdeñar, para dañar a la misma institución que ellos encabezaron hasta hace poco nos parece un exceso. Con ese tipo de adjetivos, apoyarla en sus términos nos parece inadecuado. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Duque. Se encuentra en este recinto el presidente municipal de Cozumel, Quintana Roo, licenciado Pedro Óscar Joaquín Delbouis, bienvenido. Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su permiso, señora presidente. Compañeras y compañeros diputados, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto es una mala decisión. Desde un principio los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI advertimos los riesgos y los costos de esta terrible decisión.
Las consecuencias ya están a la vista de todos, el peso ha perdido valor frente al dólar, la Bolsa de Valores se desplomó y Moody’s, una de las calificadoras más prestigiosas del mundo, redujo la calificación de los bonos del aeropuerto a grado especulativo.
Lógicamente, el Fondo Monetario Internacional ha recortado sus expectativas de crecimiento para México.
Estamos dejando la impresión ante el mundo que un contrato con el gobierno mexicano no tiene validez y, peor aún, que en nuestro país no hay certidumbre legal.
Tanta es la desconfianza al nuevo gobierno, que ya es noticia nacional que un grupo de tenedores de los bonos rechazó la oferta de recompra de estos bonos.
Todas esas consecuencias fueron advertidas con anticipación, ¿pero qué creen? No nos escucharon, como ya es una costumbre. La terquedad y las ocurrencias les están costando, nos están costando miles de millones de pesos a todos los mexicanos.
En unos cuantos días de gobierno esta administración ha terminado con la confianza que México construyó durante décadas frente a los mercados financieros. Años de disciplina que hoy están a la deriva.
Lo más increíble es que nos va a costar más la cancelación del nuevo aeropuerto que lo que hubiera costado terminar la obra.
Compañeras y compañeros legisladores, ¿por qué cancelar un proyecto que contaba con todos los estudios de factibilidad y además con financiamientos sin tocar ingresos fiscales? ¿Bajo qué argumento de interés público pretenden cancelar un proyecto que fue avalado por instituciones nacionales e internacionales?
Santa Lucía, lejos de ser un proyecto, es una idea sin sentido. Es un proyecto de servilleta que no resuelve ni la saturación actual que tenemos en el aeropuerto ni el crecimiento futuro que esperamos en México.
Por eso insisto: ¿cuánto nos va a costar este chiste a todos los mexicanos? ¿Por qué no han querido ni siquiera analizar la posibilidad de concesionar el aeropuerto a un grupo de empresarios, como ya lo han propuesto diversas cámaras empresariales? ¿Por qué no le preguntan a la OCDE, que participó en el Observatorio Ciudadano?
Hay muchísimas preguntas sin aclarar, por eso no podemos permitir que continúen tomando este tipo de decisiones y exigimos al Ejecutivo federal que haga pública la ruta y los planes de cancelación del nuevo aeropuerto y cómo pretende estabilizar a los mercados y a la economía nacional. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía. Tiene la palabra la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Karen Michel González Márquez: Con su permiso, presidenta. Diputadas, diputados, como bien lo advertimos en Acción Nacional, la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto se está convirtiendo en un serio problema que el actual gobierno tendrá que resolver. Y eso pasa por decisiones ocurrentes y no con la seriedad debida.
Si se trataba de evitar situaciones de corrupción, se hubieran dado a la tarea de revisar con lupa los contratos de la obra. Si existía sospecha de que había algo fuera de la ley, para eso están las instituciones correspondientes, para evitar abusos o conflictos de interés.
Pero al final se tomó el camino más fácil, porque no se tuvo ni el valor de asumir las consecuencias de una decisión, queriendo responsabilizar a los ciudadanos a través de una consulta patito organizada por su partido. No midieron el impacto ni las consecuencias que iba a tener esta irresponsable decisión.
¿Con qué cara va a salir México a buscar inversiones? ¿Cuáles son los elementos de certeza que dará este gobierno para que haya inversión en México? Se trata, sin duda, de un mal precedente que si no se corrige marcará el resto del sexenio.
Como todos sabemos, los poseedores de estos instrumentos financieros ya rechazaron la primera oferta de compra de bonos por parte del gobierno. Lo que se comienza a ver con preocupación es que el gobierno va a tener que salir al rescate para evitar juicios en el extranjero por parte de quienes han visto afectadas sus inversiones. Tenemos que actuar con responsabilidad porque esto puede estallar a tal grado de que veamos un nuevo Fobaproa a cargo del presidente López Obrador.
Diputadas y diputados, esta decisión irresponsable del presidente genera incertidumbre y la incertidumbre es enemiga de las inversiones. Ya no se trata de actuar como en campaña ni seguir con la demagogia acostumbrada, dividiendo y etiquetando a los mexicanos. Hoy se trata de gobernar y de hacerlo de manera eficaz a todos los mexicanos.
Por eso el día de hoy nos sumamos a este punto de acuerdo, para que se le diga al pueblo ¿cómo es que el gobierno le va a hacer para cuidar las inversiones? ¿Y cuánto dinero nos va a costar a todos los mexicanos? La corrupción no se combate con discursos, se combate con transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Márquez. Tiene la palabra, el diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Mario Delgado Carrillo: Con su venia, presidenta. Ahora resulta que los autores del Fobaproa vienen a amenazar aquí que estamos a punto de hacer otro Fobaproa. No, no, no. Hay una enorme diferencia. Es falso que se estén utilizando recursos públicos para esta operación.
Voy a explicar qué ha pasado aquí, a ver si le entiendes, diputado, con todo respeto. ¿Qué hizo el gobierno que ya terminó? Comprometió los recursos del TUA. Los puso en un fideicomiso. Son recursos que nosotros pagamos al utilizar el aeropuerto o compramos un boleto de avión. Esos le pertenecen, esos derechos de cobro, al Grupo Aeroportuario.
¿Qué es una emisión de bonos? Decirle al mercado que le vendes estos flujos futuros para tener el dinero ahora. Esos recursos dejan entonces de entrar a las arcas públicas porque se van a pagarles a los tenedores de bonos.
¿Qué hace el gobierno mexicano? Simplemente salir a recomprar esos bonos y con ello liberar los flujos del TUA, de tal manera que no representa ningún salvamento. Para ponerlo en términos sencillo, estamos pagando por adelantado un crédito.
Entonces es falso que se esté haciendo una operación con recursos públicos para algo privado.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul). Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, señor diputado Delgado. Diputado Ochoa, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Ochoa, por favor.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Preguntarle al señor coordinador Mario Delgado si me permite hacerle una pregunta para entender su explicación.
El diputado Mario Delgado Carrillo: Sí, adelante, diputado, con mucho gusto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Ochoa.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Señor coordinador, usted estaba explicando cómo el ingreso que tiene el gobierno de la República a futuro por el impuesto que pagamos quienes usamos el aeropuerto, digamos que se estableció como respaldo para la emisión de esos bonos que ahora se van a prepagar, pero tenía como propósito la construcción de una obra de infraestructura aeroportuaria a partir de la cual se iba entonces a genera flujo económico a futuro.
Sin embargo, ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco ya no se tendrá una obra de infraestructura, simplemente se están pagando cerca de 120 mil millones de pesos sin obtener la obra de infraestructura. Se está pagando por cancelarla.
Esa es una mala decisión económica para el pueblo de México, porque esos 120 mil millones de pesos no se van a una obra de infraestructura, sino se van a los detentadores de bonos.
En consecuencia, compañeras y compañeros, la pregunta: ¿Considera usted que esta manera de tirar 120 mil millones de pesos fortalece al pueblo de México? Sí, no, y ¿por qué?
El diputado Mario Delgado Carrillo: Gracias, diputado. Me preocupa que, con los cargos que ha tenido usted en la administración pública, no entienda cómo es una emisión de bonos. No se tira ese dinero. Estás pagando un crédito por adelantado de los recursos que tú recibiste. No se tira absolutamente nada.
Además, miren, se ha dicho que estaban comprometidos los TUA del nuevo aeropuerto. Eso es falso. Alguien por aquí dijo que no se leyó el prospecto. Yo leí el prospecto, y les voy a decir exactamente qué dice.
“Dentro de los factores de riesgo considerados en la emisión, dice de estos bonos, está la posibilidad de que haya retrasos importantes –estoy citando textualmente el prospecto de colocación de bonos que se hizo en Nueva York– retrasos importantes o falta de recursos para continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto.
Ante esa posibilidad se señala lo siguiente: creemos que nuestros flujos de efectivos proyectados, derivados del aeropuerto existente –aeropuerto existente, tal como aparece en el reporte de tráfico independiente– serán suficientes para pagar toda nuestra deuda a medida que esta venza”.
Es decir, el que no se construya el nuevo aeropuerto no implica riesgo para los bonos que están actualmente en el mercado. De ser cierto, que dependieran del nuevo aeropuerto, estos bonos ya hubieran caído en default y esos bonos no han caído en default, el gobierno mexicano ha salido a los mercados que piden transparencia, no hay nada más transparente que el mercado.
Han salido a hacer una operación de mercado para recomprar esos bonos y abonar a la certidumbre.
Combatir la corrupción es tomar decisiones con valentía, como se está haciendo en el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, que hay que decirlo, era un nido de corrupción. Nada más en la obra perimetral hubo un aumento de mil millones de pesos.
Entonces este gobierno va a garantizar la estabilidad económica evitando negocios como el del nuevo aeropuerto y combatiendo la corrupción. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítanme un momento, por favor. Solamente una aclaración pertinente de orientación a la asamblea: cuando un legislador o legisladora desea hacer una pregunta y esta es aceptada por quien está interviniendo, el reloj parlamentario se detiene en tanto responde a esa pregunta el o la oradora. Ese fue el momento que vivimos hacemos unos cuantos instantes.
De hecho el diputado Delgado hubiera dispuesto de un minuto adicional una vez respondida la pregunta.
Quiero, veo que hay nuevamente la intención del diputado Ochoa, de intervenir. ¿Con qué objeto, señor diputado? Y también la diputada Michel González también, y Elías Lixa. Permítame, por un minuto y que tenga que ver exactamente con este tema.
A ver, si es tan amable la Secretaría de ayudarme a tomar la lista de quienes desean intervenir, para no omitir a ningún compañero o compañera. A ver, diputado Enrique Ochoa, tiene usted la palabra, seguido de la diputada González Márquez.
No hay debate, hay intervenciones al respecto, y a ver, diputado, si es tan amable de decirnos la razón de su intervención.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Gracias, por alusiones, presidenta. Con el respeto al señor coordinador y a los cargos que él ha ocupado, y por la preparación académica que le reconozco que tiene, él sabe que esos recursos tenían como propósito sí la construcción de una obra de infraestructura que le dejara al país la posibilidad de tener empleos, ingresos y desarrollo económico.
Pero el resultado de la medida económica que ahora usted nos ha explicado, señor coordinador, tiene como resultado que se van a pagar más de 120 mil millones de pesos en ese ejercicio financiero que ha descrito para cancelar una obra de infraestructura, no para dejarle una obra de infraestructura para el país.
En consecuencia, todo ese ingreso futuro de quienes usan el aeropuerto existente, va a ir destinado a pagar a unas personas que detentan bonos o instituciones financieras en Nueva York, en lugar de para construir una obra de infraestructura.
Esa fue una mala decisión para el pueblo de México a partir del nuevo gobierno. Se los dijimos oportunamente y ciertamente seguirá generando esos problemas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ochoa. La diputada Michel González.
La diputada Karen Michel González Márquez (desde la curul): Por alusiones, presidenta.
Señor diputado, lo entiendo y lo entiendo muy bien, es muy simple. Están tirando los recursos públicos a la basura, sí, los recursos de todo el pueblo, y con ello la confianza de los mercados internacionales. Están cambiando la posibilidad de tener una mejor infraestructura, por una cancelación absurda. Ojalá usted lo pueda entender.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Elías Lixa.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para hechos, presidenta. Ha aquí expuesto de manera muy simplista el diputado Delgado, una transacción que dice que no le va a costar al país.
Bueno, yo no sé si pretenden comprar estos bonos con Amlocupones o con qué ocurrencia lo vayan a hacer, pero el dinero con el que hasta ahora lo ha anunciado es dinero público. Número uno.
Número dos. Lamentablemente ni siquiera se ponen de acuerdo en su ideología. Lo que se ha hecho aquí es una exposición amplísima de teoría neoliberal, misma que el presidente de la República vino aquí a decir que ha lastimado tanto al país en la historia.
Que se pongan de acuerdo, o están a favor del neoliberalismo o no, y si no se pueden poner de acuerdo, los podemos ayudar con un intermediario y también con algún catedrático. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Teresita de Jesús Vargas.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Únicamente para contestarle a la diputada del PAN que se pregunta con qué cara vamos a salir a buscar inversiones. Con la cara de la honestidad, compañeros, que es una cara que ni los gobiernos del PAN ni los gobiernos del PRI conocieron en sus gobiernos. Hablan de demagogia y de etiquetar a los mexicanos, cuando ellos fueron los principales.
Cada vez que exhortan al nuevo gobierno a que actúe con transparencia, cada vez nos hacen quedar mejor, porque somos nosotros quienes estamos a favor de la transparencia y de la honestidad. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Vargas. Tiene la palabra la diputada Hildelisa González Morales.
La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Hay un proverbio que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y yo veo en lo que ustedes están diciendo, deseos insanos.
¿Por qué?, porque se han puesto del lado de un grupo de empresarios cuando fueron nombrados por todos los ciudadanos de México. A México no le va a ir mal, México va a salir adelante. El presidente de la República va a cumplir y los diputados comprometidos con la honestidad y la transparencia estaremos levantando esta nación devastada que ustedes, compañeros, la dejaron así. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez.
El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. Primeramente, para felicitar a nuestro coordinador Mario Delgado, por su gran acertación sobre esta explicación del aeropuerto.
Y comentar que el diputado Reza Ochoa tiene una opinión subjetiva e inexacta. Estuve en el aeropuerto de Santa Lucía y también en el aeropuerto de Texcoco. En el aeropuerto de Santa Lucía hay un amplio terreno mucho mayor que el actual aeropuerto, para construir dos o tres o cuatro pistas.
Las vías de ferrocarril pasan a 5 metros del aeropuerto de Santa Lucía. Va a Veracruz, a Texas y a la Costa del Pacífico, sirve para carga, y a 8 kilómetros de Santa Lucía al circuito mexiquense hay 8 kilómetros, está muy cerca de la autopista.
Yo hice 35 minutos de Santa Lucía al actual aeropuerto. Ahí vemos una actitud visionaria del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer el aeropuerto donde no hay lago y en el otro hay contaminación, depredación y corrupción.
Por eso felicito a Mario Delgado, por su acertada disertación. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Herrera Chávez.
Tiene la palabra la diputada Laura Rojas. Estoy anotando las manos que he visto levantadas.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más responder a la compañera de Morena, que su cara de honestidad no ha evitado que el peso esté... que el dólar, perdón, esté casi a 21, y tampoco ha evitado la caída de la Bolsa Mexicana.
Cuando uno habla de caída de la Bolsa significan pérdidas millonarias de empresas que dan empleos a los mexicanos. Así es que su cara... No basta tener una cara de honestidad para gobernar, se necesitan tomar buenas decisiones económicas y la cancelación del aeropuerto le va a costar al pueblo de México tremendamente. Empiecen a asumir sus responsabilidades de cara al pueblo de México.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Marcela Guillermina Velasco González. Por favor, sonido en la curul de la diputada Velasco.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González (desde la curul): Con su permiso, presidenta. Se canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco por un proyecto inviable e inseguro, que solo existe en el imaginario de quien encabeza este nuevo gobierno.
La conclusión es la misma que hemos advertido desde hace algunos meses. Saldrá más caro y peligroso la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Fue un error y una medida irresponsable la cancelación de este proyecto y hoy en el medio financiero se está ratificando. El proyecto de Santa Lucía no existe, el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes lo ha dicho: este proyecto se encuentra en fase conceptual porque no se cuentan con los recursos para hacer el proyecto a detalle, no se sabe con certeza cuánto costará.
Señoras y señores legisladores, seamos responsables con México y los mexicanos, terminemos con esta incertidumbre y la falta de transparencia sobre este asunto. En la medida que solo provoca la pérdida de inversiones, la fuga de capitales y daña la credibilidad de México en el contexto internacional. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Velasco. Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, compañera presidenta diputada. Yo nada más para comentarles y hacer una reflexión. Si es que existe tal grado de corrupción, entonces por qué no proponen hacer un corte administrativo y levantar una auditoría exhaustiva y profunda. Cuándo propusieron esto.
Ahora, en su consulta esta, que ni consulta de a kermés de secundaria llega, por qué no presentaron lo que iba a costar detener esta infraestructura. Si es que ustedes aseguran, con esa, pues con esa valentía, digamos, que es una infraestructura inestable, por qué no se dan una vuelta y constatan que existen 160 mil toneladas de acero en la actualidad en el marco interior, por qué no constatan que existen, sí, 40 mil toneladas de acero en los 21 foniles, por qué no constatan que está, sí, sobre un lago, ¿pues en dónde está México? ¿Qué no estamos sobre un lago? Por qué no van y constatan y se dan cuenta...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Un segundo. Que es un metro y medio de un simple tezontle...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): ...para que se den cuenta que está sobre firme. Dense una vuelta, hombre, dense una vuelta, para...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidenta. Creo que lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo con mayor claridad los próximos días y semanas y quizá meses, es que la decisión de construir un aeropuerto fabuloso, cinco cuadras adelante del actual aeropuerto, que tiene un inmenso valor solo como aeropuerto, la decisión de abandonar ese aeropuerto para construir uno fabuloso cinco cuadras adelante, fue una de las peores decisiones que hayan tomado los gobiernos mexicanos en materia de obra pública.
Y vamos a seguir constatando que desde el punto de vista financiero también fue otro error. Están comprometiendo el pago de bonos a partir de un derecho de uso de aeropuerto que se usa actualmente para dar mantenimiento al aeropuerto en servicio.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Gómez. Tiene la palabra la diputada Xochitl Zagal Ramírez.
La diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez: Están muy preocupados el señor de los taxis, los creadores del Fobaproa, en espantar las inversiones en el país.
Ustedes tomaron las malas decisiones, ustedes espantaron todas las inversiones en este país por la violencia exacerbada que vivimos.
Pero no se preocupen, porque lo que incumbe al aeropuerto implica menos del 1 por ciento del producto interno bruto. Y, además, se va a cumplir con el pago y no tienen por qué estar inquietos los inversionistas y para eso es el oficio político y la responsabilidad del gobierno entrante.
Eso se va a cumplir, no tengan miedo porque nosotros vamos a gobernar bien. Ustedes ya tuvieron su oportunidad y nos destruyeron este país tan rico, tan hermoso y tomando las malas decisiones, pasando por los derechos humanos encima.
No han podido generar riqueza, nosotros vamos a recuperar la grandeza de México y van a ver que hasta ustedes van a ser felices. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Trataré de ser muy breve. Me hubiera gustado escuchar una explicación, sí, de corte neoliberal que nos dio el diputado coordinador de la fracción mayoritaria. Pero una explicación que no entendiera yo, que entendiera el pueblo, porque a ellos nos debemos.
No deja de sorprenderme y cada día entiendo más que el lenguaje con el que se expresa del diputado Pablo Gómez lo entendemos, digo, sus cuadras de kilómetro solo en su mundo, diputado Pablo Gómez. Pero su mundo es muy respetable, es un mundo ideal donde solo usted tiene la verdad.
Pero me voy al punto, y el punto es: se le explica al pueblo, que es lo que se está pidiendo, que se le explique a las ciudadanas y ciudadanos cuál va a ser esta ruta para sacar adelante el tema de la cancelación del aeropuerto. Eso es lo que se pide, transparencia. Sí o no, nada más. Hechos, no palabras, hechos.
Yo creo que el presidente Andrés Manuel quiere la transparencia. ¿O el patrón les dijo que no? Ya ustedes dicen con la votación y le responden al dueño. Gracias, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas. Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas.
La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Buenas tardes. Solo quisiera hacer tres precisiones. La primera es que el TUA es una tarifa de uso de aeropuerto, TUA, tarifa. No es derecho ni es impuesto. Es una precisión.
La otra, a mí me preocupa mucho el que en Santa Lucía no tengamos conocimiento de un proyecto ejecutivo, porque luego para ocurrencias el dinero del pueblo nos cuesta mucho recaudarlo. Y luego, que se tire sería bastante lamentable. Entonces, sí requerimos un proyecto ejecutivo con una precisión finísima, como la merece el pueblo de México.
La última es que en el proyecto sí deberá estar la zona de carga, porque lo que nos genera más ingreso al país es la zona de carga, además de la tarifa de impuesto de uso de aeropuerto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Terrazas. Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ruiz, sonido a la curul del diputado Ruiz, por favor.
El diputado Maximiliano Ruiz Arias (desde la curul): Gracias, señora presidenta. La verdad es que todo el alegato redunda alrededor de 100 mil millones de pesos, que es mucho dinero, que supuestamente están en riesgo de perderse y tenemos todo el derecho de estar preocupados por ello.
Pero, ojalá la preocupación esa los hubiera invadido hace 23 años, cuando se involucró en términos del erario público no 120 mil millones de pesos, sino 120 mil millones de dólares que generaron un Fobaproa de arriba de 800 mil millones de pesos al tipo de cambio que hasta ahorita la seguimos pagando y no hemos ni siquiera cancelado ni el 20 por ciento de esa deuda.
El argumento mayor que se usó para la construcción del nuevo aeropuerto a costa de derrumbar el que existe con un costo de 270 mil millones de pesos, lo único que afecta es el gran negocio inmobiliario que tenían planeado alrededor de ese aeropuerto.
Dijeron vamos a gestionar el espacio aéreo. El nuevo proyecto implica, vamos a descongestionar la miseria que tiene México a través de usar el recurso público en la forma como está planificado, primero los pobres.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ruiz. Tiene la palabra, la diputada Soraya Pérez Munguía.
La diputada Soraya Pérez Munguía (desde la curul): Gracias, con su permiso, presidenta. Por buenas intenciones y con buenas ganas no se logra la estabilidad. Tan no se logra que ya un grupo importantísimo de inversionistas rechazaron la primera recompra de mil 800 millones de dólares. Y ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para recomprar el resto de la deuda? Esa es mi pregunta. Seguro del erario público. O sea, nos va a costar más de lo que nos imaginamos. Lo que pedimos es transparencia y que nos digan cuánto realmente va a costar.
Y con mucho respeto al diputado que dijo que Santa Lucía estaba a cuatro cuadras, está a 40 kilómetros. Y ahorita me metí a Uber, y me cobra 300 pesos y está a una hora y 15 minutos.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Pérez Munguía. Tiene la palabra, la diputada Ruth Salinas Reyes.
La diputada Ruth Salinas Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Aquí hemos escuchado el día de hoy que vamos a ser más felices. Se ha comentado que tendremos un mejor México, pero la pregunta es ¿cómo? Estoy segura de que ni siquiera las diputadas y diputados de Morena hoy saben cómo va a ser la ruta en que se construya este aeropuerto del que tanto se habla.
Movimiento Ciudadano pide transparencia, rendición de cuentas, vigilancia. Y si hoy alguna o alguno de ellos saben cómo se va a llevar a cabo, le solicito que explique aquí la ruta que se va a seguir. Lo solicitamos las y los mexicanos y esta diputación, por favor.
Así que compañeras, de las que están aquí, de las pocas que están aquí y de los pocos que están aquí, les solicito suban a tribuna y explíquennos cómo va a hacerse este aeropuerto. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita García García.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Con su permiso, diputada presidenta. Yo le quisiera pedir a todos los señores diputados que se acostumbraron a pisotear a pueblo, que asimilen que hoy el pueblo decide lo que vamos a hacer.
Los veo muy preocupados por la transparencia. ¿Por qué no se preocuparon cuando robaban lo de salud, cuando se robaron todo lo de las gasolinas? Acostúmbrense que hoy el pueblo opina y por eso les fue como les fue el primero de julio, compañeros y compañeras. Se han comportado como los peores diputados que están dolidos porque hicieron las cosas mal.
¿De dónde va a salir el dinero? Preguntémonos mejor...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, señora diputada. Ruego atentamente a la asamblea escuche con respeto a la oradora. Adelante, diputada.
La diputada Margarita García García (desde la curul): ... Y si nos preguntamos de dónde va a salir, pues decomisémosles todos los bienes a estos rateros y sinvergüenzas que ustedes solaparon de las pensiones de los expresidentes, de todo lo que se han robado, nos robaron más. ¿Por qué tanta preocupación si se va a perder?
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señora diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Margarita García García (desde la curul). Además, los señores, ustedes, nos mandaron gente que supuestamente tenía ya conocimiento.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señora diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Entonces no sean hipócritas, enfréntense al pueblo de México y díganle que lo que quieren es dinero, señores y señoras diputadas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias, diputada García García. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela. Sonido por favor a la curul del diputado Galindo Favela.
El diputado Fernando Galindo Favela (desde la curul): Gracias, presidenta. Yo creo que vale la pena clarificarles a mis compañeras y a mis compañeros diputados que lo que están haciendo sí tiene un costo fiscal importante, porque el fideicomiso con el que se está pretendiendo pagar estos bonos tiene recursos del TUA y también tiene recursos fiscales que aprobó la Cámara de Diputados todos los años.
Sí tiene un impacto presupuestal lo que ustedes están realizando, y la gente no va a ser feliz porque con las decisiones que están tomando se está incrementando la tasa de interés, se está incrementando la inflación y va a tener un efecto en la calidad de vida de los mexicanos.
Sus decisiones están teniendo afectaciones importantes para los mexicanos, y creo que no han leído este punto de acuerdo. Lo que se está solicitando en este punto de acuerdo es que den información de lo que están haciendo, con transparencia. Vótenlo a favor, no sé de qué se están oponiendo en este punto de acuerdo. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Galindo. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz. Sonido, por favor, a la curul de la diputada Guillén.
La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Cuando escucho a los compañeros quejarse de que los mercados internacionales van a caer, me confirman que los últimos cinco gobiernos gobernaron para los mercados internacionales, no para los mexicanos, de tal manera que se repartieron las riquezas, y lo tenemos en cuanto a la minería, las playas, en la energía, los pozos petroleros que hoy detentan particulares, que en este momento son, pero que fueron funcionarios públicos.
Y la pregunta es de todos los diputados de la oposición ¿cuántos cotizan en la bolsa que les preocupa tanto que se caiga?
Por último, señora presidenta ¿les preocupa la transparencia? Que nos digan dónde han quedado los miles de millones de pesos que están perdidos de tanta deuda que tenemos y que no sabemos dónde se aplicaron.
Y ya que no les preocupe tanto este gobierno, cuando la gente compare que hay formas diferentes de gobernar, que se empiecen a preocupar, no antes.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Guillén. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Con su permiso, presidenta. No se equivoquen, compañeros, nosotros queremos que a México le vaya bien, no se equivoquen, para empezar.
Algo que no saben seguramente, es que el subsuelo de Santa Lucía tiene dos metros de profundidad de arcilla expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llueve se hace más grande, cuando hay secas se contrae. Todo lo que hay arriba se rompe, se quiebra, se desmorona. Ahí quieren hacer las pistas.
Ahí viven 7 mil miembros de las Fuerzas Armadas, sacarlos cuesta, que tampoco saben, 47 mil millones de pesos. Los pobladores alrededor de Santa Lucía no se quieren ir, no se van a ir, va a ser otro Atenco.
Ahora, yo les sugiero, para que vean números, lean a Raymundo Riva Palacio hoy y ahí detalla lo que va a costar Santa Lucía.
La ineficiencia es la peor forma de corrupción. No lo hagan. Dijeron que iban a cancelar el aeropuerto y ya se rajaron a la primera. No lo están cancelando.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Treviño. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Delgado Carrillo.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más algunos comentarios adicionales.
Los bonos que estamos discutiendo aquí, los colocó el anterior gobierno, y con ello comprometió los recursos del TUA, que es un derecho, tarifa de uso de aeropuerto, por los siguientes 30 años. Es decir, lo que iban a pagar los usuarios en los próximos 30 años en el aeropuerto existente se van a pagar precisamente los bonos, lo que está haciendo el gobierno mexicano es comprar esos bonos y recuperar con ello flujos de TUA.
¿Por qué hubo la rechaza de un grupo de inversionistas? Curiosamente es que hay que leer lo que están diciendo. Rechazan la oferta porque al construir Santa Lucía, entonces el flujo de TUAs del actual aeropuerto, disminuiría, y eso no les gusta, entonces tiene que haber una negociación diferente.
Transparencia es hacerlo así, conforme a los mercados, donde no puede haber nada oculto. Y, les preocupa la Bolsa Mexicana de Valores, sí, a nosotros también, pero nos preocupa más el bolsillo de los mexicanos, que por eso...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado Delgado, su tiempo se ha agotado.
El presidente diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Termino. Que precisamente la gente votó por eso, porque cambie la economía y se empiece a ver, como dice nuestro presidente, primero por los pobres. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido. Consulte la Secretaría, por favor. Vamos a consultar si está suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, señora diputada secretaria, usted me ha afirmado que la mayoría está por la afirmativa. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señora presidente, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se desecha. Compañeros diputados, solamente les recuerdo que cuando la Secretaría manifiesta duda del sentido de la votación económica en el pleno, es cuando se procede a abrir el tablero de votación. La Secretaría contundentemente ha afirmado que la mayoría estuvo porque se deseche este punto de acuerdo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En virtud de considerarse un asunto de suma relevancia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza turnar de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la ratificación de los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda que enviará a esta soberanía el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta a si se autoriza turnar de inmediato a comisiones los nombramientos de los empleados superiores de Hacienda, que remitirá a esta soberanía el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza. El turno correspondiente se formalizará en la próxima sesión y se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a remitir dichos nombramientos a la brevedad posible.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Presidenta, solamente quisiera recordarle que había solicitado la palabra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Hidalgo, tiene usted toda la razón. Yo me comprometí con usted a darle el uso de la palabra cuando concluyese el desahogo del orden del día. Adelante, por favor.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Gracias, presidenta. Hoy por la mañana un ciclista tuvo que salir del carril confinado sobre avenida Revolución, a la altura de San Pedro de los Pinos, ya que un camión obstruía su paso. Un automovilista lo atropello y murió.
En Toluca, el día de ayer un ciclista, una chica, fue asesinada por un taxista sobre la Calzada de Pacífico y Alpinismo, en el municipio de Toluca. El responsable huyó del lugar. El fin de semana en Coyoacán, Lucía Búrquez y Daniela Pinal fueron asesinadas por un conductor ebrio, además de lesionar seriamente a un ciclista.
Hoy las ciudades están castigando con lo más preciado a sus ciclistas. En lugar de premiar a quienes contribuyen a la movilidad dejando de usar el auto, aquí se les está matando.
Invito a mis compañeros diputados a que estas muertes nos sensibilicen para legislar en materia de seguridad vial y poder tener sanciones penales para quien conduzca un vehículo bajo las influencias del alcohol.
Es increíble que no se haya destinado ni un solo peso para atender las necesidades de infraestructura de ciclistas y peatones en este gobierno durante muchos años.
Exhorto también...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Señor diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): ... a designar presupuesto para infraestructura que sea equitativa y donde se proteja la vida de los más vulnerables, los peatones y ciclistas. No más ciclistas muertos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Diputada Alejandra Morlan, por un minuto desde su curul.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Gracias, presidenta. A mí me gustaría por favor manifestar mi preocupación a nombre de todo el sector turismo, también turisteros del país.
El anuncio que hizo esta mañana el secretario de Turismo, Torruco, de desaparecer el CPTM, el Centro de Promoción Turística de México. Porque estas ideas, este tipo de acciones ocurrentes que estamos viendo en este nuevo gobierno, la verdad es que traen consecuencias de gran trascendencia y que lastiman al pueblo que tanto le preocupa aquí a mis compañeros de Morena.
El turismo representa para el PIB casi el 9 por ciento en el país. México hoy es el sexto país más visitado en todo el mundo y una decisión de esta magnitud, quitar ese recurso para financiar lo que es el Tren Maya, es un tema que se tiene que analizar. Por lo cual hago un exhorto al presidente de México para que este tipo de decisiones no las haga tomando ideas al vapor o con ocurrencias, sino que realmente se hagan con un sentido de responsabilidad. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (17:28 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el próximo martes 11 de diciembre de 2018, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.
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