Comunicaciones
Iniciativas
Éctor Jaime Ramírez Barba, PAN
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
Teófilo Manuel García Corpus, PRD
Beatriz Manrique Guevara, PVEM
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI
Sandra Paola González Castañeda, Morena
Silvia Guadalupe Garza Galván, PAN
Abelina López Rodríguez, Morena
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Cipriano Charrez Pedraza, Morena
Dictamen a discusión relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016
Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, PMC
Laura Imelda Pérez Segura, Morena
Votación en lo general y lo particular
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 317 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:03 horas): Se abre la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación): Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos remite el Informe especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial 2018.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Derechos Humanos y de gobernación y Población, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibieron de diversas autoridades dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnense a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El Congreso del Estado de Baja California Sur remite, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y reforma el artículo 136 de la Ley Aduanera. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El Congreso del Estado de Chihuahua remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 108 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Iniciamos el capítulo de Iniciativas, para que después de que sea ampliamente consultado por ustedes, pasemos al otro, que es el de Cuenta Pública. El análisis que merece la consideración detenida de esta asamblea.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en tratamiento de reconstrucción mamaria.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México el cáncer de mama se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para la salud de la mujer.
Se calcula que una de cada ocho mujeres padecerá este mal y diariamente están muriendo quince mujeres a causa del cáncer. Lo que más indigna, es que en los últimos 20 años los fallecimientos han aumentado en nuestro país, mientras que en Europa y Estados Unidos han disminuido dramáticamente.
De acuerdo con las estadísticas internacionales, si el cáncer se diagnóstica en las dos primeras etapas, se tiene una probabilidad de un 88 y 95 por ciento de sobrevivir, pero lamentablemente en México, en el 90 por ciento de los casos, son detectados en las etapas 3 y 4, en donde la probabilidad de superar esta terrible enfermedad oscila entre el 7 el 36 por ciento.
Esta es una tragedia desde el ángulo que se le vea y en la que el gobierno también le ha fallado a la sociedad mexicana, pese a que nuestra nación es uno de los pocos países que ofrece protección financiera universal para el tratamiento, no sirve de nada si no hay una verdadera política pública que detecte oportunamente esta enfermedad.
En eso también falló el gobierno. En seis años no fue capaz de llegar a todos los niveles de educación y sensibilizar a las familias sobre la importancia de la prevención, por lo que de manera indirecta es responsabilidad de una tragedia que les ha arrebatado a miles de familias sus madres, hijas, hermanas y abuelas.
El Grupo Parlamentario de Morena va a cambiar radicalmente esta situación, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y a partir del primero de diciembre vamos a trabajar una estrategia integral que sensibilice verdaderamente a la población mexicana, para que al cierre del sexenio estemos orgullosos de haber reducido significativamente los tantos casos que le duelen y afectan a familias mexicanas.
Por múltiples razones, las mujeres no tienen el hábito de la autoexploración ni de visitar con frecuencia los centros de salud para realizarse una mastografía, y esa realidad la vamos a cambiar en los siguientes años.
Sumado a lo anterior y como objetivo principal de esta iniciativa, es ofrecer todo el apoyo necesario a las mujeres que han logrado vencer esta enfermedad, que desafortunadamente suelen enfrentar secuelas físicas y psicológicas, porque al mirarse al espejo se ven incompletas y eso invariablemente altera su vida en forma determinante, principalmente en lo relativo a la autoestima y la inseguridad para retomar su vida cotidiana.
Que la mujer goce de una vida plena es lo más importante y por esta razón propongo reformar la Ley General de Salud, en sus artículos 3, 13, 27, 33 y 194 Bis, para que el sistema de salud realice en forma gratuita la reconstrucción mamaria de todas aquellas mujeres que han sido sometidas a una mastectomía.
Esto jamás debe ser visto como una intervención estética, que solo atiende caprichos visuales, sino como la piedra angular de una rehabilitación integral y la contribución más importante de este Poder Legislativo para que todas aquellas mujeres que han vencido el cáncer.
Dicho todo lo anterior, exhortamos a todas y a todos mis compañeros legisladores de esta Cámara de Diputados, que seamos solidarios con la desgracia y tragedia que tienen que enfrentar miles de mujeres en nuestro país.
Como representantes de la sociedad debemos extender un brazo solidario con todas aquellas mujeres que requieren de una operación, para que al mirarse al espejo reconozcan a la mujer que antes era, y llenas de alegría y de vitalidad sigan adelante con todos sus proyectos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Éctor Jaime Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal para la Protección a Personas. –Para adhesión, por favor.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hace 835 días, para ser explícito el 18 de julio de 2016, México amaneció con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, se publicaba, entre otros, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal.
A esa distancia seguimos con un diagnóstico muy claro que se ha vertido aquí innumerables ocasiones: La corrupción sigue galopante y no se dice mucho de todo lo que la gente supone.
Quiero darles otro hecho de diagnóstico, en México estamos 4.2 millones de servidores públicos. Si la corrupción es tan galopante como pensamos, ¿cómo es posible que 4.2 millones de mexicanos, servidores públicos, más los que privadamente trabajan con ellos o tienen que interactuar con ellos, no se den cuenta que hay actos de corrupción, desde una simple falta administrativa hasta una falta administrativa que puede ser grave?
La ley que fue promulgada hace 835 días, no prevé cómo proteger para estimular que esos 4.2 millones de servidores públicos puedan alertarnos de que alguien le está metiendo la mano a la canasta, de que alguien no está haciendo bien las cosas, de que alguien está llevándose a su bolsillo temas del erario, de que alguien está recibiendo moches.
Lo que proponemos los legisladores del Partido Acción Nacional con esta iniciativa, es modificar la figura que se cita ahí como denunciante y llamarla alertadores, e insertarle a esta ley un capítulo específico de protección al alertador. Con esto lo que pretenderíamos entre las medidas, por ejemplo, ¿qué medidas de protección tendría alguien que denunciara un hecho, que se diera cuenta con sus colaboradores, con sus jefes, con quien le recibe el trámite administrativo?
Primero, la asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia. Segundo, la reserva de su identidad, cuando así se solicite. La protección de sus condiciones laborales, no pudiendo ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de su denuncia, cuando sea un funcionario público. La asistencia legal, para hacer valer sus derechos conforme a las normas laborales del sector privado, tratándose de alertadores que no tengan carácter de servidor público.
A las personas morales que participen en un procedimiento de contratación y denuncien una falta administrativa, no se podrá perjudicar su participación en el proceso de contratación en el que participan, tampoco puede perjudicárseles en futuros procesos en los que participan. Así de simple, así de claro es.
Esta es la oportunidad de que, insertando un capítulo a esta ley, podamos estimular, poner a la vista de todos si realmente lo queremos hacer, si realmente queremos tener voluntad, que un servidor público pueda denunciar un acto de corrupción como aquí se dice, como aquí hemos dicho hasta el cansancio que estamos convencidos y entonces aprobémoslo.
Señor presidente, le pido de favor que la iniciativa quede inserta en el Diario de los Debates tal y cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, esperando esta decisión a favor de México, les agradezco su atención. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia para dictamen e insértese en el Diario.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
El diputado Ernesto Vargas Contreras: Buenos días. Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, compañeros diputados y compañeras diputadas, hago uso de esta máxima tribuna el día de hoy porque quiero proponerles a todos ustedes un negocio, quiero proponerles un negocio en el que todos vamos a salir ganando.
Es un negocio que beneficiaría desde el mexicano más pobre hasta el empresario más rico de este país y de cualquier otro país.
Es un negocio en donde ya tenemos instalaciones, ya estamos capacitados y además es un negocio en el que todos estamos, como mexicanos, sumamente orgullosos.
Para hacerlo más interesante, este negocio no puede ser copiado por ningún otro país, no hay problema con abasto ni con el inventario y lo tenemos en todos los rincones de nuestro amado México.
A este negocio hoy apenas le hemos invertido y ya ha generado grandísimas oportunidades. Si le invertimos un poquito más, yo estoy convencido que podremos potenciar a nuestro país.
Insisto, es un negocio legal. No voy a señalar errores cometidos por administraciones pasadas. Yo estoy frente a todos ustedes porque estoy convencido que queremos lograr todos nosotros un cambio y que tenemos la responsabilidad histórica de generar ingresos a nuestro país. Y en este caso, lo podemos hacer en algo que somos muy ricos, somos sumamente ricos, compañeros.
Les quiero proponer que invirtamos en el gran negocio que siempre ha tenido México en sus manos y que nadie se ha atrevido a generar una inversión verdaderamente interesante.
Por supuesto que estoy hablando de la cultura de nuestro país. La cultura vista no solo como una fuente de riqueza interior en los seres humanos sino como una fuente de negocio que podemos impulsar talentos, zonas turísticas culturales, nuevos espectáculos, nuevas oportunidades de negocio para restauranteros, hoteleros, medios de transporte y miles, quizá millones de empleos directos e indirectos.
Nuestros artistas han tenido que emigrar sus exposiciones a distintos países del mundo, generando negocios millonarios que hemos exiliado de nuestro país por una ceguera comercial y cultural que no podemos seguir permitiendo.
No se trata de dar pequeños apoyos a nuestros artistas, se trata de ver en la cultura mexicana una catapulta de artistas, ingresos, escuelas, turismo, orgullo nacional, divisas, fuentes de empleo y el puesto que nuestro país, el lugar que nuestro país debería tener en la comunidad internacional.
Podemos vivir de las memorias de nuestros grandes artistas mexicanos, por supuesto, o de las culturas prehispánicas, pero también podemos ver que en México la cultura, el arte, la música, la danza, la escultura, la pintura, todas las artes están circulando por sus venas y por nuestras venas y por las venas de todo ser nacido en este país.
Varias firmas de alta costura han copiado los tejidos de nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas, compañeros. Los han copiado, vendiendo la ropa en precios altísimos, mientras que en las comunidades herederas de esta cultura muchas veces no tienen dinero para comer.
Tenemos la gallina de los huevos de oro en nuestras manos, vamos a generar riqueza con lo que es nuestro, nuestro orgullo nacional. Las administraciones anteriores lamentablemente han reducido las partidas presupuestales perjudicando la cultura de nuestro país.
En el Partido Encuentro Social estamos a favor de que la cultura de nuestro país crezca en todas las generaciones de todos los mexicanos. No se trata de vivir de los recuerdos del pasado sino de generar artistas ahora y mañana.
Compañeras y compañeros, necesitamos exportar arte a todo el mundo, no exportar artistas. Voy a repetir esto: necesitamos exportar arte a todos los rincones de este planeta, no artistas. Solo como una nota al margen, un país culto es un país con menos índice de violencia, y violencia es lo que estamos viviendo en este momento en este país. Y la podemos combatir por medio de la cultura y somos inmensamente ricos, compañeros.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social para nosotros es fundamental la presente iniciativa que tiene por objeto incluir en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales un artículo que señale la obligación para el gobierno de la República de destinar como mínimo 1 por ciento, 1 por ciento del producto interno bruto en cultura.
Vamos a cosechar grandes artistas, tendremos la recuperación de las inversiones en turismo, comercio de arte, espectáculos, miles de empleos y por distintas fuentes de ingresos. Este gobierno debe ahorrar en los gastos excesivos y opacos e invertir en todo aquello que nos va a generar ingresos y beneficios.
Con la inversión en cultura vamos a ganar todos. Va a ganar México. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Armando Reyes Ledesma: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, es lamentable que en nuestro país hoy en día se han destinado al rescate carretero alrededor de 247 mil millones de pesos. Esto sin contar a la fecha los 918 mil millones del Fobaproa, programa creado por Carlos Salinas de Gortari en 1990.
Desde la gestión de esos gobiernos se han otorgado concesiones de carreteras a particulares a través del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, actualmente Fondo Nacional de Infraestructura, estableciendo el cobro de un peaje como condición para circular por dichas autopistas, túneles, carreteras y puentes.
En este sexenio que finaliza, se han otorgado 28 tramos carreteros a particulares con una longitud total de mil 649 kilómetros, destinando 390 mil millones de pesos el gobierno federal, de los cuales solamente 68 mil millones de pesos fueron de origen privado.
En esas condiciones los mexicanos vemos violentado el derecho de libre tránsito establecido en los artículos 11 de nuestra Carta Magna constitucional y el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En este sentido, la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal estipula que para autorizar la construcción, operación y administración de una carretera de cobro debe existir una vía alterna libre de costo. Sin embargo, en su mayoría dichas vías tienen demasiadas carencias de infraestructura básica.
Asimismo, la ley mencionada debe contener el marco regulatorio correspondiente para brindar seguridad a la ciudadanía en sus traslados cuando los tramos carreteros de cuota se encuentren en reparación o en mantenimiento, lo cual afecta a los conductores y pasajeros en sus tiempos y recorridos en seguridad.
Hay que recordar que las autopistas fueron creadas para acortar los tiempos de traslado. Actualmente no existen vías alternas libres de peaje en condiciones óptimas, lo cual se pone en riesgo la vida de las personas al momento que se trasladan en dichas vías carreteras en malas condiciones.
Esta situación que se vive en todo el territorio de nuestro país nos obliga a reformar la ley en materia para que las personas puedan ejercer su derecho al libre tránsito en condiciones de seguridad, tal como lo estipula el artículo 11 constitucional. Ejemplo de ello es que en pasadas legislaturas en esta Cámara de Diputados se han presentado diversos puntos de acuerdo, iniciativas, para velar por dicho derecho.
Esta Legislatura no debe quedarse atrás, debe concretar y hacer realidad dicho principio, por lo que ante esta tribuna presento una adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 19 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal para que en aquella carreteras, puentes u autopistas con cobro de peaje que estén en operación, administración por parte de Capufe y el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, permitan la circulación libre y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas cuando la inversión inicial de la construcción ya haya sido recuperada.
Asimismo, para que las carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que cuenten con una concesión en vigor, sean estas de inversión mixta o extranjera, permitan la circulación libre y gratuita de todos aquellos vehículos particulares que cuenten con placas de la entidad y se encuentren ahí asentados. Y no sólo eso, cuando dichas carreteras se encuentren en reparación o mantenimiento, tendrán la obligación de reducir los cobros de las tarifas establecidas en por lo menos un 50 por ciento a todo el paso vehicular.
Lo anterior, es respaldado por todos los legisladores de la fracción del Partido del Trabajo, el partido que está y estará siempre con la gente. Muchas gracias, legisladores federales, es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En 1993 comenzaron a denunciarse públicamente en Ciudad Juárez casos de mujeres adolescentes y jóvenes asesinadas de entre 15 y 22 años de edad.
Obreras de maquilas con rasgos y características similares, la mayoría de ellas fueron ultrajadas y brutalmente asesinadas para posteriormente abandonarlas en el desierto o basureros y lotes baldíos.
Han pasado 25 años y la violencia contra las mujeres se recrudece. Hoy en día, siete mujeres son asesinadas en nuestro país diariamente en medio de violencia extrema.
Es por el alto índice de mujeres muertas ocurridas en Ciudad Juárez y la visibilización por parte de las madres, familiares y organizaciones de la sociedad civil, hicieron posible que el gobierno reconociera la violencia sistemática hacia las mujeres, teniendo como respuesta que el 18 de febrero de 2004 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
Posterior a ello, en el año 2006, se publicó la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como su respectivo reglamento.
Este nuevo marco legal reconoce que la violencia que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana es sistemática, tiene ciertas especificidades y es un obstáculo para el libre desarrollo de su proyecto de vida, que la vida de las mujeres importa.
El principal avance con la promulgación de estas leyes, es que el Estado mexicano reconoce que la violencia hacia las mujeres debe de ser atendida como un asunto de primer orden en la agenda política interior del Estado.
Este nuevo marco legal mandata la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que implica la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral e interinstitucional la violencia hacia las mujeres.
En ese sentido el primero de junio del 2009 surge por decreto presidencial la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavim, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país, y para promover la igualdad de género, atendiendo de forma integral y transversal las causas que dan origen a esta situación, respetando los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento, en todo momento, de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada.
Algunas de sus funciones son: elaborar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del gobierno de la República en materia de promoción de igualdad y condiciones de combate a la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Por otra parte, la Conavim es convocante del Protocolo Alba, mecanismo interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
Es de vital importancia el hecho de que tiene bajo su responsabilidad en la declaración y seguimiento de las alertas de violencia género contra las mujeres, de las cuales ya hemos dado cuenta en este pleno.
Por eso, y ante una propuesta de reforma por parte del siguiente gobierno en materia de la Ley de la Administración Pública Federal, nos parece fundamental que la Conavim siga existiendo, y que ya no sea por decreto, sino que ahora forme parte la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Hay muchos cuestionamientos en el sentido de si ha habido resultados o no en materia del combate a la violencia de género y, sin duda, los resultados concretos es que hoy en día tenemos muchas más mujeres asesinadas en nuestro país, y las múltiples formas de violencia hacia las mujeres se han incrementado.
Pero no podemos dejar de reconocer y de mencionar que toda la política institucional que nos hemos dado para el combate a las diferentes formas de violencia de género, tienen grandes vacíos y, entre otros, presupuestales
Y por ello, no debemos intentar desaparecer estos organismos o minimizarlos, sino por el contrario, dejarlos en la ley, darles los instrumentos legales para que funcionen los instrumentos humanos para que también puedan operar, pero sobre todo, y eso corresponde a esta soberanía, darle los instrumentos presupuestales para que realmente el combate a las diferentes formas de violencia de género, pueda ser una realidad y nos permita disminuir este fenómeno tan lastimoso como son los asesinatos de mujeres en nuestro país.
Por ello, desde el Legislativo nuestra obligación es velar, porque el marco jurídico avance y ser fortalezca para que sea útil, como eje rector de la política pública...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: ...desde la administración pública. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su venia, señor presidente. Solamente decirle que de acuerdo al artículo 76, al ser una nueva norma tengo derecho a diez minutos, pero si sigue existiendo la discriminación hacia los pueblos indígenas opto por los cinco minutos.
Honorable asamblea, ya en 1987 el reconocido etnólogo Guillermo Bonfil Batalla, en su obra México profundo, una civilización negada, afirmaba que durante la colonia y en el México independiente no importaba cuál fuera al método para medir la pobreza, los indígenas siempre estarán en el último lugar. 31 años después, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social concluye que la población indígena no solo presenta niveles de pobreza altos, sino que, en comparación con el resto de la población, las brechas de desigualdad mantienen a este grupo rezagado y con pocas oportunidades de desarrollo.
Sin importar la variable que se elija, el registro de rezago importante al resto de la población. Es decir, los pueblos originarios, no obstante, su gran aportación histórica y patrimonial, siguen marginados de las oportunidades, el bienestar y el desarrollo de México, entre otras causas, es que las leyes internacionales y nacionales que protegen sus derechos solamente se consideran en los diagnósticos que justifican acciones de gobierno.
Ni siquiera las limitadas normas del sistema nacional de planeación democrática y del Presupuesto de Egresos de la Federación, y mucho menos los mandatos del artículo 2o constitucional y la legislación internacional en la materia son observados para la planeación y ejecución de las acciones de los gobiernos federal y estatales, para atender la situación de injusticia de los pueblos.
Lo que se ha negado a los pueblos indígenas en la práctica es su derecho al desarrollo, al disfrute de la riqueza natural y social de que son dueños y portadores. Para superar estas limitaciones y omisiones propongo la iniciativa de Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene como objeto que los pueblos indígenas puedan crear las condiciones para reconstituirse como entes autónomos, con capacidades para fortalecer sus estructuras económicas y sociales, además de participar en condiciones de equidad en las oportunidades del progreso nacional.
Esta iniciativa es congruente con lo que establece el Apartado B del artículo 2o. constitucional, cuando señala la obligación del gobierno de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo de los pueblos con su participación.
La legislación internacional que México se ha comprometido a cumplir en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las Declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, la recomendación que se hiciere en su informe en el 2017, la señora Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que dice recomienda la celebración de diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno, sobre el concepto de desarrollo que conduzca a la duración de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas.
La iniciativa presenta siete capítulos. El primero, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a diseñar, ejecutar las acciones para el desarrollo, así como la obligación del Estado para apoyar ese proceso. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con facultades para formular, gestionar sus programas de desarrollo, directamente o a través de algoritmos específicos. Establecer los derechos y obligaciones de las comunidades de los últimos, de los comités y consejos de desarrollo, lo mismo que las obligaciones de cada uno de los tres niveles de gobierno. Obliga a los tres niveles de gobierno a incorporar a sus planes y programas de desarrollo los contenidos y prioridades de los pueblos. Programar el gasto para atenderlos.
Se prevé un ramo general que se denominará Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, que manejará cada entidad responsable. Prevé infracciones y sanciones a las conductas de los funcionarios públicos que se desvíen de lo dispuesto por la ley.
Compañeras y compañeros legisladores, tenemos que reflexionar y aprobar esa iniciativa para solventar la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos que le dieron origen y hoy le dan identidad.
Hay que tomarle la palabra al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que reiteradamente se ha pronunciado por hacer un gobierno con prioridad para llevar justicia y equidad a los que han carecido de ella.
La participación, justicia, equidad y bienestar de los pueblos indígenas son condiciones necesarias para la transformación del país para hacer una nación verdaderamente democrática. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa de decreto que adiciona el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros, es más fácil construir a un niño fuerte que reparar a un adulto roto. De acuerdo al artículo 18 de nuestra Carta Magna, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos de los internos. A pesar de ello, es de todos conocido que las condiciones de los centros penitenciarios en México hacen difícil garantizar el cumplimiento de lo anterior.
Durante la última década, la población femenil en los centros de reclusión se ha duplicado, además se debe mencionar que la vida de las mujeres dentro de la cárcel es mucho más dura que la de los hombres, pues en la mayoría de los casos existe abandono, existe desarraigo de sus parejas y por ese motivo es importante proteger los vínculos de las mujeres con sus hijos, pues ello representa para ellas una esperanza y un aliciente para alcanzar la aspirada reinserción social.
En los centros penitenciarios hay un pleno desarrollo en la relación de madre e hijo por un periodo corto. Sin embargo, encontramos también graves dificultades, no puedes moverte hacia ningún lado, avanzas luchando con tu hijo de la mano, tapándole los ojos, los oídos, aislándolos en una estancia, limitando su desenvolvimiento. Tener conciencia de todo esto causa un gran conflicto emocional que también tenemos que ocultar: la impotencia, el coraje, la angustia.
Esto que acaban de escuchar de mi boca es el testimonio de una madre, que recogió un grupo de investigadoras mientras realizaban un trabajo sobre niños y niñas que viven con sus madres en reclusión.
Un informe elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015, da cuenta de hechos y situaciones que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad, pero también de sus hijos que permanecen con ellas y está relacionado con el maltrato, deficiencias alimentarias, sobrepoblación, hacinamiento y falta de condiciones de una vida digna.
Si las mujeres enfrentan en los centros penitenciarios mexicanos condiciones que ponen en riesgo sus derechos, la situación de sus hijos y de sus hijas es aún mayor. Es por eso que quiero hacer hincapié en la necesidad de la intervención legislativa de todos y todas nosotras, para garantizar la salud mental de estos menores.
De acuerdo a datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, se encuentran aproximadamente 500 niños y niñas viviendo con sus mamás en la prisión. Sin embargo, hay que señalar que esta es una cifra que está en constante movimiento.
Los niños y las niñas que nacen y crecen dentro de los centros penitenciarios no se desarrollan bajo condiciones naturales, ya que tienen poca o nula interacción con otros infantes y presencian cotidianamente situaciones de hostilidad y de violencia.
Los más afortunados visitan a sus familiares en fin de semana. Otros no tienen la posibilidad de salir nunca durante sus primeros tres años y juegan y se desarrollan dentro de una cárcel.
En la actualidad, la discusión sobre la maternidad dentro de los reclusorios es un tema vigente. Sin embargo, hoy en la ley se les permite a las madres conservar la presencia de sus hijos los tres primeros años.
Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que reconoce el principio del mantenimiento del menor en su familia biológica como protección fundamental. Y el hecho de que la madre de un menor esté privada de su libertad no es una circunstancia que impida que el niño disfrute de la relación con su madre, si ella así lo desea, dentro del reclusorio.
Actualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal no contempla como el derecho de las mujeres para que tengan más acceso que la presencia de estos menores.
La iniciativa que presentamos el día de hoy tiene por objetivo reformar la ley, de tal manera que se pueda garantizar de manera obligatoria y gratuita la atención psicológica de los menores que viven con sus madres, para prepararlos tanto para el momento de la separación como durante el tiempo que están con ellas y de esa manera salvaguardar su integridad mental y psicológica.
Es obligación del Estado garantizar que los niños que están en la cárcel con sus madres reciban esta atención psicológica, los preparen para el momento de la separación cuando cumplen tres años y tengamos la posibilidad de prevenir y de construir niños sanos. Así impediremos reparar adultos rotos. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rubén Ignacio Moreira, para presentar dos iniciativas. Serán cinco minutos para cada una.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, el señor presidente electo, en su campaña política y en la reciente visita a las entidades del norte, ha mencionado el compromiso de disminuir cargas impositivas en una franja de 30 kilómetros en la frontera de nuestro país con Estados Unidos.
Hoy pongo a su consideración, diputadas y diputados, dos iniciativas que siguen la ruta de la propuesta del presidente electo. Una de ellas a la Ley al Impuesto al Valor Agregado, y otra más a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Las iniciativas que presento buscan que el beneficio que va a representar la disminución de impuestos en la mencionada franja de 30 kilómetros se extienda a poblaciones que por su cercanía guardan una identidad económica con la frontera y buscan también evitar que se fraccione el territorio de municipios, y se provoque en ella la existencia de dos tasas impositivas diferenciadas.
Hasta hace muy poco la frontera norte tenía un régimen distinto al resto del país en materia de cargas impositivas. La vecindad con las Unión Americana y su compleja economía era el motivo de tal distinción.
La última reforma fiscal homologó los impuestos con todo el país y, paradójicamente, provocó una desventaja significativa en la economía de ciudades como Juárez, Mexicali o Acuña.
Según reportes del Colegio de la Frontera Norte, la homologación del impuesto al valor agregado en los estados fronterizos significó un aumento del 5 por ciento en los precios, provocando una disminución en el poder adquisitivo de la población.
La primera iniciativa, tal y como lo ha propuesto el presidente electo, busca generar una reducción en la tasa del IVA en la zona fronteriza, para afectar lo menos posible la competitividad económica. Por ello se propone que el pago del IVA en esta área sea del 8 por ciento.
Ahora bien, contrario a lo que ha ocurrido con el IVA, en el caso del ISR no existe antecedente de una tasa diferenciada en las regiones del país. Sin embargo, hoy día es necesario ofrecer a la frontera mayores condiciones de competitividad, por lo que el presidente electo ha planteado una reducción de la tasa del ISR del 30 al 20 por ciento.
En consonancia con lo anterior, esta iniciativa plantea reformar el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de que se puntualice que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30 por ciento, salvo en la zona fronteriza donde sería de un 20 por ciento.
Diputadas y diputados, mi propuesta se suma a la oferta que hizo pública el presidente electo, sin embargo, presenta algunas variables con el propósito de evitar que una línea inflexible genere injusticia y desventaja a poblaciones que se encuentran a escasos kilómetros de ella.
Mi iniciativa no agrega a la idea original de los 30 kilómetros, grandes proporciones de territorio o entidades federativas completas, se entiende que esto sería imposible por el desbalance que se generaría a las finanzas públicas. En lo que propongo incluyo solo aquellas poblaciones íntimamente ligadas a la economía de la frontera, con el propósito de evitar que los municipios tengan una atributación diferenciada.
Si en en su oportunidad se aprueba la iniciativa a la que ya se ha anunciado por el presidente electo, se agregaría la franja de los 30 kilómetros los siguientes municipios y localidades: Playa de Rosarito, Baja California. Cananea, Sonora. Nava, Allende y Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Ocampo en Coahuila.
Y finalmente, el total del territorio de los municipios que tengan una fracción del mismo dentro de la franja de los 30 kilómetros, aun cuando sus límites se encuentren fuera de dicha superficie, lo que les presento es una propuesta integral que no deje fuera las poblaciones a las que he hecho referencia y con ello se robustece la franja de los 30 kilómetros con el propósito de dar competitividad a la zona fronteriza, condición que es muy importante. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Paola González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himnos Nacionales. Suscrita por diputados del Grupo de Morena.
La diputada Sandra Paola González Castañeda: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, estimados y estimadas legisladoras y legisladores. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena presento la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El artículo 34 que se propone reformar establece que la banda presidencial es el emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que sólo puede ser portada por el presidente de la República. Asimismo, dispone que tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente. Llevará el escudo nacional bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado.
Es importante destacar que el mismo dispositivo legal señala que la banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional. En este sentido, desde el año de 1984, cuando se emitió la Ley Vigente sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se estableció que el orden de los colores en la banda presidencial seguiría los mismos de la bandera correspondiendo el color verde en la franja superior.
Sin embargo, mediante la reforma del 23 de junio de 2010 publicada en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el orden de los colores en la banda presidencia, correspondiendo, después de esta reforma, el color rojo a la franja superior de la banda.
Como dije anteriormente, la banda presidencial es una forma de representación de la bandera nacional, cuyos colores tienen una profunda significación histórica y de identidad nacional.
La propia Secretaría de Cultura reconocer a la bandera nacional y sus colores como testimonio de la construcción de la identidad mexicana. En su confección simbólica se distingue la mezcla de alegorías provenientes de tres civilizaciones distintas tanto en el tiempo como en el espacio.
La primera de ellas es la prehispánica, derivada de la mitología olmeca, maya y mexica, cuyo símbolo mítico fundacional es el águila parada sobre el nopal que se convirtió en insignia universal del Estado mexica; a la postre, en el escudo nacional mexicano, la segunda, la española, religiosa y colonia representada por las ramas de encino y laurel; y la última, la Franco Iglesia de liberalismo ilustrado reflejado en sus colores verde, blanco y rojo.
Nuestra bandera es un símbolo mestizo. Es el espejo fiel de nuestra identidad, mezcla de raza y de cultura unida por su tradición e historia.
Por la trascendencia de la bandera como símbolo de identidad nacional, y en particular la significación de sus colores, en el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es fundamental que la banda presidencial recupere el orden original establecido desde la ley emitida en 1984.
Por ello proponemos que se establezca la disposición de que el color verde corresponde a la franja superior de la banda presidencial. Con ello el artículo 34 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales guardaría congruencia con lo dispuesto en el artículo 3o. de la misma ley que establece que los colores de la bandera nacional son sucesivamente el verde, el blanco y el rojo. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Silvia Guadalupe Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 353 E de la Ley Federal del Trabajo y 87 y 95 de la Ley General de Salud.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, diputado presidente. Aprovecho la tribuna para decir, comentar nuestra inconformidad del Tribunal Electoral que está pasando con los derechos de los ciudadanos a decidir por el caso Nuevo León, por el caso Monterrey, grave esa situación.
Compañera y compañeros diputados, el artículo 1o. constitucional nos habla de que la esclavitud está prohibida en México, pero existen situaciones contrarias que nos manifiestan lo contrario.
Quiero tratar aquí un tema muy delicado referente a las jornadas médicas, a nuestros médicos en formación, a nuestros médicos residentes, a nuestros médicos de internado de pregrado y a nuestros médicos que cursan el servicio social.
Esta es una situación muy delicada. Ya diputados y diputadas en legislaturas pasadas, de la mayoría de los partidos políticos han impulsado este tipo de iniciativas no teniendo éxito. Hoy podemos lograr, entre todos, hacerles justicia a los médicos residentes, hacerles justicia a nuestros médicos en formación.
Les pregunto, compañeros y compañeras diputados, las jornadas médicas, hay una norma, la norma 001-SA-3-2012 que habla de las guardias médicas, que son guardias ya establecidas que permiten tener, sumadas al turno normal, jornadas hasta de más de 33, 36 horas.
Nosotros tenemos que garantizar que a los trabajadores se les respeten los derechos humanos, y los médicos en formación son trabajadores. No entiendo por qué la excepción que se ha hecho.
Estoy segura, con la sensibilidad de todos mis compañeros y compañeras diputadas, podemos hacer justicia y terminar de una vez por todas, esta lamentable situación. Y no estoy hablando de quitarles la instrucción médica rigurosa, la formación, estoy hablando de revisar el aumento en suicidios en médicos en formación, estoy hablando del grave daño que se les está causando con este tipo de jornadas físico, psicológico y emocionalmente.
Consideran ustedes, compañeros y compañeras diputados, que es moralmente correcto permitir, pisotear los derechos humanos de los trabajadores de México, incluidos los médicos en formación.
¿Qué clase de país somos? ¿Qué clase de mensaje estamos viendo? Estos médicos en formación están atendiendo la salud de los mexicanos y mexicanas. Este tipo de médicos en formación los estamos maltratando.
Los convoco a solucionar de una vez por todas, esta situación. Una situación grave que no podemos permitir por ningún motivo, pisotear los derechos humanos de cualquier ser humano es inaceptable. Nuestros médicos en formación nos llaman, nos convocan a sumarnos y a poner fin a esta grave situación.
Por eso presentamos esta iniciativa de reformar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 353-E y la Ley General de Salud, en sus artículos 87 y 95, para establecer desde la ley que las jornadas médicas tengan una duración de ocho horas. Esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer.
Los médicos bien descansados, los médicos bien alimentados, nos van a otorgar tiempos de calidad. No podemos permitir esta situación siga así, compañeros y compañeras. Créanme que se lo van a agradecer los miles de médicos que nos están viendo en todo el país y terminar de una vez por todas con esta cadena de odio, de que para que ser un buen médico tienen que sufrir, tienen que desvelarse, tienen que poner en riesgo su vida.
Eso no es cierto. Los médicos son seres humanos como tú y como yo. Vamos juntos, los invito a sumarse a esta iniciativa y cumplirles a estos médicos en formación. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución federal.
La diputada Abelina López Rodríguez: Me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer bien, el bien solo es temporal, el mal que hace es permanente. Mahatma Gandhi.
Con su permiso, ciudadano presidente. Una de las conductas delictivas más lacerante que padece la sociedad es la extorsión. Seguiré ahí remarcando. Cuando el delito se multiplica y nadie quiere verlo, es señal que no estamos haciendo nada. He ahí que prevenir, perseguir y sancionar este delito debe ser una prioridad para los tres órdenes de gobierno.
La iniciativa que hoy presento a la reforma del artículo 19 constitucional. En dicho artículo se faculta al juez de control para aplicar prisión preventiva de oficio en los supuestos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y justamente buscamos que el delito de extorsión sea un delito grave.
He ahí que causa un gran daño, así como los delitos que se enumeran en el artículo constitucional, ya que repercute en el daño patrimonial y psicológico a las víctimas, vulnera el libre desarrollo de la personalidad y refleja un disminuido Estado de derecho.
Que quede claro que este delito ha rebasado a las autoridades y justamente a este Poder Legislativo.
Sigo remarcando, Acapulco, compañeras y compañeros, sigo remarcando, traemos la muerte minuto a minuto. En lo que va del año se han cerrado mil 200 negocios de los cuales el 70 por ciento ha sido extorsión. El puerto es una de las ciudades, una de las 20 ciudades más inseguras del país.
Se trata de un delito de alto impacto a nivel nacional, como muestran los datos duros emitidos hoy por el periódico Milenio y su nota titulada Una extorsión por cada hora y 15 minutos. Refiere que cada hora y cuarto un ciudadano es extorsionado en México, por lo menos cada 74 minutos y 39 segundos se registra una extorsión en algún punto del país.
Lo anterior, de acuerdo con los datos más recientes del Observatorio Nacional Ciudadano, el año pasado 6.6 millones de personas fueron víctimas de extorsión o intentos de cobro de piso en todo el país.
De acuerdo al Envipe, 448 mil 800 casos de extorsión fue entregado al extorsionador. La extorsión se ha convertido entonces en el acto delictivo más común en el país.
Compañeras y compañeros, la verdad es que estoy sumamente preocupada. Hace algunos días presenté efectivamente una reforma, el jueves 18 de octubre, la reforma al 390 del Código Penal Federal para aumentar penalidad, y en ese mismo sentido hicimos reforma al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que quedara inmerso el delito de extorsión para prisión preventiva.
¿En qué casos se aplica la prisión preventiva? El Ministerio Público puede solicitarlo cuando el imputado se pueda evadir de la justicia o de alguna manera la víctima corra riesgo en su integridad física o en su patrimonio. Pero de acuerdo a los datos, esto no debe quedar aquí.
Por eso ante el alza de las extorsiones tenemos, compañeras y compañeros, hacer la reforma al 19 constitucional, para que quede inmerso ahí como un delito grave y sea delito de prisión preventiva oficiosa.
Sin paz, sin paz no hay avance en nuestro país. Es cuanto, ciudadano presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Por no encontrarse el ciudadano diputado en el salón, damos la palabra a la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputado presidente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 y 20 constitucionales para hacer justicia a las víctimas del delito.
Esta reforma lo que pretende es poner en igualdad de circunstancias un ente que defienda técnicamente y brinde asesoría jurídica desde el primer momento, pero poniéndola en igualdad de circunstancias con la Defensoría Pública.
Como todos ustedes bien saben, la institución de la Defensoría Pública tiene más de 60 años en vigencia en nuestro país y es apenas ahora en donde estamos dando, brindándole este derecho que tienen las víctimas, pero se lo estamos reconociendo en el 20 constitucional. La propuesta aquí sería llevar al 17, en el párrafo que habla sobre el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que deben de tener un servicio de carrera, que deben de tener una remuneración igual y que deben de ser órganos técnicos.
Incluir ahí también el ente que estaría llevando a cabo la defensa de las víctimas, o lo que vienen siendo los abogados victimales. Que estuvieran a la par de los defensores públicos, que ganaran lo mismo que los defensores públicos y los Ministerios Públicos y que pudieran tener también las mismas oportunidades de servicio profesional de carrera, así como los Ministerios Públicos.
¿Qué pretendemos hacer con esto? Continuar igualando a las partes en un proceso penal y llevando a cabo la rectificación del papel preponderante que deben de tener las víctimas.
Apelo a todos los grupos parlamentarios, puesto que esta iniciativa de dotar desde el primer momento a todas las víctimas del delito, ya sean directas o indirectas, en un procedimiento penal, desde el primer momento, con asesoría técnica, de la misma manera que la tienen los inculpados, vendría a crear mayor igualdad entre las partes, pero vendría a poner en un primer término esta deuda que hemos tenido como sociedad con las víctimas, que era no considerarlas como una parte activa en el procedimiento en el proceso penal que enfrentaban, al cual ellas en ningún momento quisieron llegar a tener que enfrentar la justicia.
Ellas, como su nombre y categoría, por ponerlo de alguna manera, de víctimas, no quisieron estar en ese lugar y lo menos que podemos hacer es continuar con estas reformas para poder dotarlos de una igualdad procesal con su contraparte, que viene siendo el inculpado.
Entonces, pues yo apelaría a la solidaridad de todos los grupos. Este es un tema muy noble, es un tema que estaríamos haciendo justicia, lo repito una vez más, con las víctimas y se somete a la consideración de esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de dar a conocer mi iniciativa, quiero manifestar nuestra inconformidad con la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, por la resolución arbitraria en contra de la voluntad popular en Monterrey, Nuevo León.
Acudo a esta tribuna para presentar proyecto de iniciativa que propone derogar el inciso I, fracción I, del artículo 2o. de la Ley del IEPS, relacionada con las tasas aplicables a las actividades por enajenación e importación de plaguicidas.
Explico mis razones esperando que esta soberanía valore en su justo peso y medida las implicaciones positivas del mismo en beneficio de los productores del campo. Las razones de la creación del impuesto se expresaron en la exposición de motivos y mencionaban que eran con el objeto de desincentivar las conductas que afectaban negativamente al medio ambiente.
El gobierno de Peña Nieto propuso, en el marco de la reforma hacendaria de 2013, establecer un impuesto a la enajenación e importación de plaguicidas. Señalo dos motivos que, a mi parecer, fundamentaron la creación de este lesivo impuesto.
Por un lado, se buscó reducir las emisiones de dióxido de carbono que generan el efecto invernadero. En segundo lugar, el objetivo era reducir el uso de plaguicidas para evitar los riesgos ambientales y los riesgos a la salud de la población.
Aprobada la reforma, las tasas aplicables del IEPS a plaguicidas se determinan por el nivel de toxicidad de los mismos, clasificados en cuatro categorías de peligrosidad tóxica, variando entre 6 y 9 por ciento el gravamen.
De esta manera el impuesto fue concebido como un instrumento de política fiscal para modificar los precios de los plaguicidas a partir de tasas diferenciadas que modificaran también el consumo de los plaguicidas más tóxicos.
En principio, reconocemos que deben existir normas y leyes que controlen el uso eficiente de los plaguicidas, pero también estamos ciertos de que el análisis para la concepción del impuesto vigente partió de una visión parcial y solo recaudatoria que no tomó en consideración las graves afectaciones económicas que generaría a los productores del campo. Seamos claros, lo único que ha generado este impuesto son mayores ingresos a las arcas del gobierno en detrimento de la economía de los agricultores, en tanto que el uso de plaguicidas se mantiene prácticamente igual y señalo algunos datos en este tenor.
De acuerdo a los informes trimestrales de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 2014 al segundo trimestre de 2018 se han recaudado más de 2 mil 600 millones de pesos producto de este impuesto. Pero además, los ingresos adicionales a las estimaciones hechas ascienden a más de 260 millones de pesos en un acumulado de cuatro años, 11 por ciento mayor a lo estimado al primer año de la reforma fiscal.
Por otro lado, las estadísticas de la FAO señalan que en 2014 nuestro país usó más de 53 mil toneladas de plaguicidas, mientras que en 2016 el consumo fue de más de 57 mil toneladas. En dos años a pesar del nuevo impuesto y el incremento en los precios, el monto de su uso en el país fue superior a las 3 mil 900 toneladas.
Esto, sin duda, plantea que el impuesto no ha logrado inhibir el consumo de plaguicidas, se recauda más y se utilizan más plaguicidas y está demostrado que el consumo de estos no se puede vincular al precio ni a los impuestos, sino a la necesidad del control de plagas que afectan a la rentabilidad de los cultivos.
En resumen, el daño se causó en dos vías, se encarecieron los precios y se afectó la productividad del medio rural. Es importante señalar que el impuesto ambiental a los plaguicidas en México impacta más un mercado de más de mil millones de dólares y a una producción cercana a los dos millones de toneladas.
Desde la presentación del paquete de reformas fiscales en el 2013, que dieron origen a la modificación total del régimen fiscal, los diputados de Acción Nacional manifestamos nuestra oposición por el daño que generaría el alza de impuestos a los mexicanos y a nuestro sector productivo, por eso tenemos que revertir los efectos negativos que causa esta reforma fiscal.
El caso de la imposición de tasas impositivas a los plaguicidas no fue la excepción, por ello presentamos los proyectos correspondientes para revertir los efectos negativos que causó en el corto y el mediano plazo la reforma fiscal.
Lo que pretendemos con el presente proyecto es eliminar el impuesto del IEPS a los insecticidas y plaguicidas por las justificaciones que he expuesto y por una justa retribución de los productores del campo de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los problemas más comunes en relación al suelo tienen que ver con las actividades de las personas.
Al respecto los problemas directamente derivados del uso antrópico de los suelos son actualmente muy severos. La erosión, la desertificación, la contaminación, la compactación, el avance de las ciudades y urbanización y la pérdida de fertilidad, se encuentran entre los problemas más graves que afectan hoy a los suelos.
Sin embargo, las consecuencias de la erosión de suelos, van más allá de efectos naturales que provocan este fenómeno. La erosión de suelos puede ser ocasionada por otras actividades, la industria, la minería, la agricultura y el pastoreo mal practicado, y la recuperación de los suelos suele ser muy costosa.
Algunas estimaciones prevén que el costo de erosión de los suelos en México puede superar los mil millones de dólares o bien el equivalente a 38.3 a 54.5 dólares por hectárea por pérdida de rendimiento y nutrientes que deben de ser reemplazados por fertilizantes, lo cual constituye entre el 37 y el 52 por ciento del presupuesto de apoyo que recibe un productor.
Esta situación es especialmente grave al considerar que hace 14 años se estimaba que la degradación de suelos afectaba al 71 por ciento del territorio nacional y hoy es del 80 por ciento.
Como un ejemplo de esta irracionalidad tenemos la minería que se practica en México, la de concesiones baratas y comportamiento desordenado.
El despojo de la riqueza nacional no puede quedar mejor demostrado que con lo que ocurre con la minería mexicana y trasnacional donde se amalgaman todos los fenómenos que son parte de la desgracia nacional.
Ahí, como si fuera el centro de gravedad de los problemas nacionales, confluyen la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la esclavitud, el despojo, la explotación laboral y el desplazamiento de pueblos completos, y todo por la explotación irracional de los suelos y los recursos naturales.
Un claro ejemplo son los contratos para explotar mediante el fracking los hidrocarburos sin importar el deterioro que vaya a ocasionar sobre el suelo.
Lo más lamentable es que todos esos fenómenos no sólo son ignorados, sino que pareciera que son tolerados o aún alentados por la autoridad federal y gobiernos estatales o municipales.
En todo el país no existe un solo reducto de suelo que no sufra eventos donde la peor parte la llevan las comunidades propietarias originales de la riqueza. La pérdida de la fertilidad del suelo y su erosión, constituyen los problemas más graves que limitan el propósito de la seguridad alimentaria y la adaptación de estos sistema que, ante la variabilidad climática, influyen en las condiciones de pobreza y de migración rural.
El progreso de las nacionales se basa en la sustentabilidad de sus agrosistemas, en el uso racional e inteligente de estos, y el uso sustentable del suelo mexicano es un reclamo de nuestro tiempo.
El progreso de México, diputados y diputadas, lo vamos a lograr haciendo un uso eficiente de nuestros recursos naturales, el petróleo, minerales, el agua, bosques y selvas y, por supuesto, el suelo.
A estos, amigos diputados, en Morena le llamamos la cuarta trasformación. Cerrémosle el paso a las políticas rapaces de explotación de nuestros recursos.
Compañeras y compañeros diputados, existen estudios que destacan que hay estados de la República que tienen problemas graves de erosión y degradación edáfica, indican que el promedio es de 48 por ciento de su área estatal, pero hay 18 entidades que están por encima de dicho promedio, entre ellos: Tlaxcala 73.9 por ciento, Yucatán 71.3 por ciento, Tabasco 70.5 por ciento, Chihuahua 67.3 por ciento, entre otros.
Esto implica que, de aprobarse el presente decreto de Ley General de Uso Sustentable y Conservación del Suelo, y al aplicarse las medidas al respecto, habrá que dar prioridad a los estados con mayor problema y recuperar la fertilidad, aumentar la productividad y producción agrícola, pecuaria y forestal, y prohibir prácticas de explotación como el fracking.
La Ley General de Uso Sustentable y Conservación de Suelo, que someto a esta soberanía republicana, tiene como objetivo central aplicar un marco legal en el Estado mexicano para que implemente una política pública que propicie un uso adecuado de los suelos y se desarrollen prácticas culturales, vegetativas y mecánicas que mejoren los que tienen algún grado y tipo de degradación o erosión que afecte la productividad y producción agropecuaria y forestal, así como otras implicaciones ambientales y socioeconómicas.
Por eso es urgente establecer un programa nacional de suelos, ya que este aporta diversos servicios para la sociedad, algunos por ejemplo, las siguientes. Permite producir biomasa que captura dióxido de carbono y coadyuva a reducir el cambio climático. Es sostén para producir los alimentos para la población humana y la fauna importante en las cadenas...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.
El diputado Cipriano Charrez Pedraza: Votar por esta propuesta de ley, es votar por una transformación de la visión que tenemos de la naturaleza. Si seguimos pensando que la naturaleza es nuestra y no somos parte de ella, estaremos condenados a seguir despreciándola, estaremos condenados a seguir destruyéndola. Es cuanto, amigos diputados.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Presento ante este pleno una iniciativa de ley que protege la libertad de expresión, pero sobre todo el ejercicio profesional de cientos de periodistas de todo el país.
Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.
En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta al poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.
En los últimos años constantemente aparecen noticias de periodistas asesinados, que continúan en la impunidad. Sin embargo, poco se conoce de la larga lista de profesionistas desempleados por proteger su derecho a informar con plena libertad o a proteger el secreto profesional que garantiza la seguridad de sus fuentes de información.
Por ello, para garantizar el derecho de los periodistas a informar con absoluta libertad y resguardar el secreto profesional, proponemos reformar el artículo 6o. constitucional para incorporar los conceptos de cláusula, de conciencia y secreto profesional.
Esta propuesta tiene el objetivo de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tutelen ambos casos para dar garantías a los periodistas en el ejercicio de su labor profesional.
Ante el acoso constante que enfrentan los informadores para ejercer su profesión en absoluta libertad, es necesario dotarlos de todas las herramientas necesarias que apoyen su ejercicio diario, toda vez que esta profesión es considerada una de las más peligrosas en nuestro país, y México es considerado el segundo país más peligroso para ejercer esta profesión, solo después de Sri, país que enfrenta un conflicto bélico.
La cláusula de conciencia es una figura que protege la independencia del periodista en su trabajo, es un derecho para rescindir, si así lo creen necesario, su contrato con la empresa para la que trabaja, si considera que hay cambios editoriales o ideológicos que no van acordes a su quehacer profesional.
Como consecuencia de la ruptura contractual, el periodista deberá recibir la liquidación correspondiente, según lo hayan establecido en el contrato o como si se tratara de un despido injustificado.
Respecto al secreto profesional, este es un derecho vital para el ejercicio periodístico, toda vez que resguarda la identidad de las fuentes de información a que tiene acceso el periodista y garantiza la seguridad de estos. Ninguna autoridad podrá ejercer presión de ninguna índole para que se violente este derecho.
El periodista tiene el derecho de negarse a revelar la identidad de su fuente de información a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales que la requieran.
Con ello se armonizan estos derechos con constituciones locales, que ya los incorporaron en sus textos, entre ellas la Constitución Política de la Ciudad de México, y que ya fueron avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a controversia constitucional presentada por la Procuraduría General de Justicia.
Según la Recomendación General 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el año 2000 la actividad de los profesionales de la comunicación ha sido severamente amenazada en nuestro país, ya que según se informa existen investigaciones en la Procuraduría General de la República y entidades federativas que incluyen atentados a medios de comunicación, desapariciones de periodistas y homicidios, pero por la indebida realización de diligencias y la tortuosa integración de carpetas de investigación, algunas presentan retrasos de hasta 15 años. Esto quiere decir que más del 90 por ciento de las agresiones contra periodistas se encuentran en total impunidad.
Ese panorama ilustra con claridad la terrible situación que enfrenta el país en materia de libertad de expresión, por lo que es necesaria la actuación de las instituciones del Estado mexicano para revertir esta condición y, por consiguiente, revalorizar la calidad de nuestra democracia.
Por último, las acciones que realizamos para fortalecer la labor de los profesionales de la comunicación redundarán en apuntalar nuestra democracia, por lo que confío en que los nuevos tiempos que vivimos en México, que la propuesta sea apoyada oportunamente. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
La diputada Brenda Espinoza Lopez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Brenda Espinoza Lopez: La iniciativa que hoy presento obedece al comienzo de una nueva etapa de la vida pública a la cuarta transformación de la que ya formamos parte y a la que tenemos que empezar a impulsar desde esta Cámara de Diputados.
Debo señalar que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Servicio Postal Mexicano es considerado un área estratégica del Estado y, sin embargo, en agosto de 2016 el Servicio Postal Mexicano denominado Sepomex, contaba con 17 mil 864 trabajadores y para agosto de 2018 cuenta con 14 mil 706 trabajadores, lo que quiere decir que tan solo en dos años hay 3 mil 158 trabajadores menos, sufriendo despidos masivos. Por lo tanto, la actividad del Servicio Postal Mexicano se ha visto menguada por los malos manejos de las administraciones anteriores.
Por otro lado, en el año corriente se aprobó y publicó una reforma al propio artículo 4o. de la Ley del Sepomex, donde se permite la participación de las empresas públicas y privadas. Sin embargo, esto ha permeado en el ánimo de los propios trabajadores, aunado a que se han celebrado contratos en perjuicio de la propia empresa.
El servicio público de correos es un área estratégica, reservada al Estado en forma exclusiva. En este orden de ideas y ante la reforma que otorga la potestad de la participación de las asociaciones públicas y privadas, ¿la premisa de exclusiva dónde queda?
Imagínense ustedes, existe una investigación realizada por expansión y ahí se desprende que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un contrato, sin concurso público, a la firma alemana DHL, un contrato con vigencia indefinida para que ejerza como distribuidor autorizado y ofrezca, comercialice, venda y cobre por nombre y cuenta de DHL.
Lo más grave es que dicho contrato establece que Sepomex podrá cobrar y facturar los servicios que realice DHL. Y cuenta con una cláusula que indica, y cito: DHL podrá a su entera discreción modificar las tarifas en cualquier momento, previa notificación por escrito a Sepomex, con cinco días hábiles de anticipación.
Por cosas como esta entendemos por qué el gobierno actual está a favor de las asociaciones públicas y privadas. Y ahora resulta que los privados imponen a las empresas públicas sus tarifas, teniendo como consecuencia la falta de competitividad del Sepomex, así como un sometimiento tácito de una empresa del Estado mexicano hacia una empresa particular de capital extranjero.
Por casos como este, la reforma que propongo pretende que el Sepomex, como empresa del Estado, nos pueda llevar a combatir la pobreza y a erradicar la corrupción a su interior de manera alineada al proyecto de nación 2018-2024.
Lo anterior, dado que estamos en un mundo globalizado donde el personaje más rico del mundo es el dueño de Amazon, empresa que todo lo que vende a través de Internet lo entrega por paquetería, siendo este un nicho que se ha dejado de explorar por intereses ajenos a Sepomex y que, sin embargo, con la infraestructura mencionada y con una buena administración se puede sacar adelante.
No olvidemos que dicha empresa el día de hoy reporta ganancias, por lo tanto, es necesario que continúe siendo manejada de manera exclusiva por el Estado y que, a su vez, siga siendo un área estratégica.
No olvidemos que si dejamos la entrega de correspondencia en manos de privados, también ponemos en peligro la seguridad de la nación.
En este sentido, pido su apoyo para que esta reforma avance y acabemos de raíz con esta reforma retrógrada de abril de 2018, que da entrada a las asociaciones públicas y privadas.
Por último, la reforma que estoy proponiendo atiende a la naturaleza de la ley, el plan alternativo de nación y sobre todo, el de hacer crecer el Servicio Postal Mexicano.
Nos enfrentamos a una tarea fundamental e inmensa de reconstruir y fortalecer las instituciones y las empresas mexicanas para dar trabajo a las y los mexicanos, que tanta falta hace. Y con el esfuerzo en un corto tiempo, aspiremos a tener una empresa de correos de primera, que aporte dividendos a la economía del país y de la cual nos podamos sentir orgullosos como mexicanos.
Una empresa nacional se está quedando en el olvido. Una forma de impulsar la economía en nuestro país es apoyando y rescatando las empresas nacionales. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se ha terminado esta ronda de iniciativas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Vamos a pasar a un tema fundamental para el ejercicio de los deberes constitucionales de esta Cámara, que es la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen. La Secretaría...
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ...dé lectura a los resolutivos.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Decreto.
Primero. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal de fecha de 30 de abril de 2017 entregó la Cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, misma que fue turnada a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública el 2 de mayo de 2017.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 para su revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Las fuentes de información para la integración del presente dictamen son las siguientes.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, presentada por el Ejecutivo federal el 30 de abril de 2017. El primer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 30 de junio de 2017. El segundo informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 31 de octubre de 2017.
El tercer informe parcial del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 20 de febrero de 2018 por la Auditoría Superior de la Federación.
Las conclusiones del análisis del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, los comentarios generales al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 y los análisis al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.
Estos tres últimos elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitidos por esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 18 de julio de 2018.
Cuarto. La información contenida en la Cuenta Pública Federal para el ejercicio fiscal 2016, se desprende que el Ejecutivo federal ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, que al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos. Esto es 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.
Quinto. Se reconoce que, de los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación, se determinaron ocho mi l 69 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones. Sin embargo, existieron algunas irregularidades graves y recurrentes en el ejercicio del gasto y también en el ejercicio de los recursos transferidos a estados y municipios.
Sexto. Por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Específicamente el Ejecutivo incumplió la meta de crecimiento del producto interno bruto en el ejercicio fiscal 2016, establecida a 3.1 por ciento alcanzando solamente 2.3 por ciento del producto interno bruto.
De forma reiterada se representaron fallas en el cumplimiento del marco regulatorio de los Ramos generales 23 y 33, siendo la falla más recurrente la orientación del gasto a rubros no contemplados en la normatividad aplicable.
En el ejercicio 2016 no se cumplió a cabalidad con el propósito de integrar de forma sistemática y detallada la información de los programas con padrones de beneficiarios. Además, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública objeto del presente decreto.
Séptimo. Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, esta comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación.
Octavo. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2016 y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Noveno. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, coordinarán una mesa de trabaja en la que se atenderán y darán seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación relativa a las áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, con la finalidad de priorizar áreas de mejora normativa.
Atentamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se informa a la asamblea que el presente dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido ese requisito de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se pide a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación.
La secretaria Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, de la fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
En este sentido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en términos de lo que disponen los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVIII, 45, numerales 5 y 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 227 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, recibió para su estudio, análisis y dictaminación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
Las fuentes de información para la integración del presente dictamen son las siguientes: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, presentada por el Ejecutivo federal el 30 de abril del 2017; el Primer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 30 de junio del 2017; el Segundo Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 31 de octubre del 2017; el Tercer Informe Parcial del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, rendido el 20 de febrero del 2018. Por la Auditoría Superior de la Federación, las Conclusiones del Análisis y Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
Los comentarios generales al Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 y los análisis sectoriales al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
Estos tres últimos elaborados por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, remitidos a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 18 de julio del 2018.
De acuerdo a la información revisada y analizada por esta comisión dictaminadora, en la Cuenta Pública del 2016 y en el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, se observó que durante el ejercicio fiscal en estudio, las condiciones de la economía mexicana resultaron decepcionantes.
La actividad económica medida por el producto interno bruto creció en solo 2.3 por ciento real, manteniendo la tendencia de los años anteriores. Por su parte, la demanda agregada presentó un comportamiento de lento crecimiento, destacando el avance del consumo total que en el 2016 aumentó un tasa real del 2.6 por ciento debido al crecimiento de 1 punto por ciento de su componente público y de 2.8 por ciento, en el privado.
La formación bruta de capital fijo se incrementó 0.4 por ciento en términos reales, principalmente por el dinamismo de la inversión en maquinaria y equipo y las exportaciones se incrementaron a un ritmo anual de 1.2 por ciento.
La inflación anual fue de 3.36 por ciento mayor en 1.23 por ciento a la alcanzada en 2015, y rebasó el límite de 3 por ciento establecida por el Banco de México.
En cuanto a los ingresos presupuestarios del sector público, durante 2016 estos se ubicaron en 24.8 por ciento del producto interno bruto, 4 billones 845 mil 530.3 millones de pesos, cifra superior en 16.6 por ciento a la prevista originalmente, y en 8.6 por ciento real registrada en 2015.
Si se excluye en ambos años el entero del remanente de las operaciones de Banco de México y los ingresos asociados a las exportaciones patrimoniales del gobierno federal, a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, los ingresos fueron inferiores a los registrados en el año anterior en 0.9 por ciento real.
Por su parte, los ingresos del gobierno federal alcanzaron un total de 3 billones, 571 mil 281.2 millones de pesos, cifra que rebasó en 7.4 por ciento real a lo obtenido en el año previo.
La recaudación no petrolera resultó superior en 24.7 por ciento a lo previsto en 12.8 por ciento real a lo registrado en el año precedente. Los ingresos tributarios no petroleros excedieron en 12.8 por ciento a lo pronosticado y presentaron un crecimiento en términos reales del 10 por ciento.
La variación se explica principalmente por la mayor recaudación del sistema-renta, por 176 mil 844.1 millones de pesos debido al aumento en los pagos anuales definitivos, un incremento en la base de contribuyentes y la actividad económica del impuesto sobre la producción y servicios por 62 mil 444.4 millones de pesos, del IVA por 49 mil 711.5 millones de pesos, asociados a la evolución del consumo y del impuesto a la importación por 14 mil 264.3 millones de pesos, como consecuencia de la depreciación del tipo de cambio.
Los ingresos no tributarios, no petroleros, excedieron lo previsto en 337 mil 954.1 millones de pesos, debido a los ingresos de la naturaleza no recurrentes por 239 mil 93.8 millones de pesos por el entero del remanente de operaciones del Banco de México.
Con relación al ejercicio fiscal previo, los ingresos petroleros también registraron una disminución del 28.9 por ciento en términos reales, como resultado de la evolución de las siguientes variables. Una caída del precio de la mezcla mexicana del petróleo en los mercados internacionales del 24.5 por ciento. Una disminución de la plataforma de producción de crudo con respecto al mismo periodo del año anterior del 4.4 por ciento. Los efectos anteriores se compensaron parcialmente por un mayor tipo de cambio en 14.4 por ciento.
El costo financiero superior fue de 2.4 por ciento a lo aprobado y 10.8 por ciento real a lo registrado el año anterior. Lo que se explica por la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés.
Se destaca que en el 2016 se realizó por segunda ocasión el ajuste al gasto público por 164 mil millones de pesos. No obstante, el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado y se derivó en ampliaciones netas por 613 mil 975.6 millones de pesos, los cuales se cubrieron con ingresos excedentes.
El gasto en comunicación y transportes se incrementó en 28 mil 144.5 millones de pesos, como resultado de los recursos aportados a través del programa presupuestario Proyectos de Construcción de Aeropuertos al Fideicomiso el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Asimismo, el programa de Proyectos de Infraestructura Ferroviaria destinó 5 mil 177.5 millones de pesos para el proyecto de inversión denominado Construir el Tren Interurbano México-Toluca, primera etapa.
Así es también necesario destacar que, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la deuda bruta del gobierno federal ascendió a 7 billones 447 mil 963.4 millones de pesos. Es 952 mil 884.7 millones de pesos superior al informado un año antes.
Conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Banco de México anunció el monto del remanente de operación que sería entregado al gobierno por un monto que resultó de 239 mil 94 millones de pesos. El remanente se utilizaría de la siguiente manera, 167 mil millones de pesos, equivalente al 70 por ciento del entero se destinaría a recomprar la deuda existente del gobierno federal y disminuir el monto de colocación de la deuda del gobierno federal durante el 2016, de los cuales hasta 103 mil millones de pesos se utilizarían para realizar recompras de valores gubernamentales y al menos 64 mil millones de pesos para la reducción de la colocación.
La esencia de la fiscalización superior es la revisión de la Cuenta Pública, por el número de las graves irregularidades que se concentró la mayoría en el gasto federalizado destacan, por el número de observaciones, los estados de Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur, por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
No se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales, tuvieron un impacto marginal en el beneficio de la sociedad...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: ... por lo que los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública determinamos que no existen los elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública 2016. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con el artículo 104 del Reglamento se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, presidente. Bueno, efectivamente y simplemente para aclarar, la propuesta de dictamen presentada por la Comisión de Presupuesto no es en su unanimidad el rechazo a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, es por mayoría.
Hay algunos de nosotros que pensamos que en la revisión de la Cuenta Pública tendría que haber una revisión mucho más integral de los datos duros de la posición macroeconómica que el país enfrentaba en ese año y de los resultados en cuanto a la adversidad económica mundial que estábamos viviendo en ese momento.
Quiero referirme a ocho elementos muy importantes que pueden referirnos a por qué en el año 2016 y ante el espacio internacional de enorme animadversidad que estábamos viviendo, enfrentamos, creo yo, con creces los fenómenos mundiales que estábamos viviendo.
Este Informe de Resultados del año 2016, al final del día tiene que ver cómo estábamos y cómo nos fue.
Los datos duros del año 2016 nos llevan a que se generaron en inversión directa más de 27 mil 526 millones de dólares, un incremento del 22 por ciento al año 2015.
Se crearon 3.9 por ciento más empleos que en el 2015. El nivel más bajo desde el 2017, en materia de desempleo, con un desempleo en porcentaje anual del 3.8 por ciento. Se registró un incremento en salarios base de más del 0.9 por ciento.
Un dato bien importante, que aparte lo señaló el diputado que me antecedió, es que ya era un reflejo de lo que fue la reforma energética. Se disminuyeron los ingresos en gastos peroleros en más del 10.8 por ciento.
Se incrementó la recaudación y este dato hay que resaltarlo. Que va a ser un dato que va a ayudar en mucho a la nueva administración entrante el primero de diciembre, en más del 12.8 por ciento el incremento de recaudación de recursos no petroleros. Se disminuyó el déficit en más del 2.9 por ciento.
Uno de los elementos trascendentales que no aparecen en el dictamen son algunas aseveraciones que buscan crear una posición política ante una responsabilidad de carácter técnico.
Me voy a permitir hacer un breve resumen de la posición internacional que en ese momento vivíamos. No se acentúa en el dictamen, diría yo, ni de forma pertinente ni de forma clara la situación macroeconómica que México vivía en el 2016, donde el mundo vivía una posición adversa muy clara. Países como Chile, Estados Unidos, Alemania y Brasil crecieron en 1 por ciento menos que nuestro país, que creció el 2.3 por ciento.
En el año 2016 la economía mexicana se vio implicada en forma negativa, debido al entorno internacional de enorme volatilidad en los mercados financieros, asociados a fenómenos geopolíticos, como fue la decisión de la Gran Bretaña de salirse de la comunidad europea.
Este entorno de volatilidad obligó al organismo autónomo Banco de México a subir la tasa de interés en más de 50 puntos base, en 5 ocasiones a lo largo de todo el 2016. Y eso obviamente se refleja en menor posibilidad de consumo, de generación de gasto del pueblo de México y, en consecuencia, disminuye directamente en el crecimiento económico.
Uno de los problemas que genera, sin duda, aumentar esa tasa de interés es el dinamismo que pierde la economía mexicana al no tener el flujo de efectivo para poder generar mayor consumo.
Sin embargo, independientemente, ante esta adversa situación económica, la decisión por parte del gobierno federal, específicamente la Secretaría de Hacienda, para enfrentar estos fenómenos fue acertada. Y tan es acertada que, independientemente de los fenómenos internacionales negativos, se pudo crecer a más del 2.3 por ciento, repito, muy por arriba de algunos países con situación económica similar a México y de otros, como Estados Unidos, que decrecieron a los niveles de México.
En otras palabras, creo yo que se cumplen los objetivos de la política de gasto reflejados en la economía mexicana y que fueron materia del Presupuesto de Egresos aprobado en diciembre de 2015.
El aumento de la tasa laboral reflejado en los datos finales del Instituto Mexicano del Seguro Social, no nada más en 2016, porque hay que decirlo, desde el 13 hasta el 18 nos hacen los años con mayor aumento en la tasa de empleo en la historia de México. Este es un gran dato con el que también creo yo el gobierno entrante se verá beneficiado.
En conclusión, consideramos que debe haber un análisis adicional para buscar sí apoyar y aprobar esta Cuenta Pública, ya que además de la situación internacional adversa, en la economía en el año 2016 se obtuvieron resultados significativos, importantes.
Gracias a la oportuna intervención de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, intervención para poder mantener vivos a los programas sociales, que las reformas estructurales...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le rogamos, señor diputado, vaya...
El diputado Arturo Escobar y Vega: Termino, señor presidente. Para que los programas sociales tuvieran vigencia y viabilidad, para que las reformas estructurales pudieran seguir caminando en su ejecución. Y, más importante, buscar que siguiera disminuyendo la tasa de desempleo, una contención adecuada del tipo de cambio y un control muy adecuado de la inflación.
Por eso llamo a esta asamblea a que podamos hacer una revisión integral de los datos macroeconómicos y que demos un voto de confianza a la Cuenta Pública de 2016 aprobándola y entendiendo que aquellas irregularidades se siguen por cuerda separada, tanto en Procuraduría de la República como en la Secretaría de la Función Pública. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Diputadas, diputados, estamos revisando la Cuenta Pública de 2016, cuenta que le corresponde revisar a esta legislatura.
Y el informe que entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia, se destaca que esta administración y particularmente el 2016, el gobierno de Peña Nieto cayó en excesos quizás nunca antes vistos. Ello obviamente impactó la vida política y tuvo un resultado palpable en los procesos electorales pasados.
El Grupo Parlamentario del PRD ha decidido votar a favor del dictamen y rechazar la Cuenta Pública 2016, pues no podemos dejar pasar en el análisis crítico temas recurrentes de la administración de Peña Nieto que lo marcan ineludiblemente.
Graves daños al erario. Una gran discrepancia entre los resultados prometidos e incluso esperados y los finalmente obtenidos. Discrecionalidad en el manejo de estos recursos. Información financiera contable incorrecta o insuficiente, reporta la Auditoría Superior de la Federación e incluso otros órganos fiscalizadores y la gran vulnerabilidad en las finanzas públicas que, como ya dijimos, fue saqueada en muchas áreas del gobierno central a nivel de las secretarías de Estado y desde luego a nivel de entidades federativas y municipios.
Por otra parte, respecto de la operación gubernamental hubo asuntos de distinta índole pero recurrentes que tuvieron efectos económicos y sociales significativos. Me gustaría destacar como los más relevantes la estafa maestra. Me refiero en primer lugar a las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Este tipo de operaciones han sido señaladas recurrentemente por la Auditoría Superior, por poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Son de excesiva discrecionalidad que propician y estimulan irregularidades. Crean condiciones para que no se cuente con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas.
La Auditoría Superior constató que en este tipo de esquemas participaron sobre todo universidades públicas como supuestas proveedoras de bienes y servicios, sin embargo, no sólo universidades, como ya lo demostró el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
En distintas revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones de la propia federación, incluso empresas privadas y partidos políticos. Hay que enfatizar que la contratación entre entes públicos fuera de los mecanismos de licitación es válida, pero siempre en estricto apego a lo que las leyes establecen.
Otra grave deficiencia en el gasto de la administración pública de Peña Nieto fue la obra pública. La Auditoría Superior de la Federación también ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura. Pésima planeación y programación de los trabajos, deficiencias graves de carácter técnico, insuficiencia económica y sobrecostos, fallas de ejecución.
Incluso, particular mención en relación con la Cuenta Pública de 2016 deben de tener las operaciones de las empresas públicas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se ha apreciado por la Auditoría Superior áreas de riesgo en el esquema de gobierno que las rige, sin embargo, no sobran ejemplos.
Adquisiciones de complejos industriales en condiciones desfavorables con costos de reparación irrecuperables como son los casos de las plantas de fertilizantes agronitrogenados y de tipo fosfórico, enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de las empresas rentables y productivos para supuestamente salir de problemas temporales de liquidez.
El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por la carencia de cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos, se mantuvo la opacidad en fideicomisos, fondos y contratos análogos y fue débil la incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental.
Dice la Auditoría en su informe: Se observaron problemas estructurales que limitan el impacto del gasto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien es cierto se han perseguido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas de manera general, aún persisten áreas de oportunidades...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego al orador que vaya llegando al final.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Sí, presidente... como elevada incidencia y recurrencia de estas observaciones, subejercicios, transparencia insuficiente y un reducido avance en el sistema de evaluación.
Por tal razón el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del dictamen y en rechazo a la Cuenta Pública 2016.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputado presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, el marco legal que regula el ejercicio del gasto público deja claro que los principios que deben seguirse con obligatoriedad son, entre otras, la racionalidad, la austeridad, la transparencia, la legalidad y la eficacia en el gasto.
Bajo ese contexto, la política de gasto para el 2016 estableció como objetivos contribuir al crecimiento económico nacional, impulsar la educación de calidad, mejorar la seguridad pública, promover el acceso a la cultura y contribuir a la ciencia y tecnología.
No obstante el dictamen de la Cuenta Pública demuestra que esos objetivos y principios se incumplieron en su totalidad.
A lo largo de este documento quedan reflejadas las graves irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto público, lo que dejó al país con un terrible daño económico por el pésimo manejo de los recursos federales.
El daño al erario público es abismal, compañeros. Se trata de un boquete económico de poco más de 103 mil millones de pesos. Con estos recursos, para darles un ejemplo, podrían haberse llevado a cabo acciones como construirse y equipar más de 200 hospitales generales, así como edificar 68 universidades públicas y atender a más de 2 millones y medio de alumnos y alumnas, incluso se podría cubrir toda la demanda de centros culturales en todos los municipios del país, y aun así sobraría dinero.
El dictamen que hoy estamos discutiendo no es un documento cualquiera, es el segundo dictamen de esta naturaleza que se sube al pleno de la Cámara en esta década. Así es, más de diez años, y solamente dos dictámenes discutidos en esta Cámara, Cámara que se ha prestado o se prestó, porque hoy estamos haciendo la diferencia, a ser tapadera del Poder Ejecutivo, rebajando así la voluntad popular a su mínima expresión, de la que es depositaria para permitir y fomentar el despilfarro público en este país.
Para muestra, son la otras diez Cuentas Públicas que están todavía pendientes por dictaminar y donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en contra de cualquier acto de investigación y procesamiento contra cualquier funcionario o servidor público federal a raíz de una controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que esta LXIV Legislatura debe demostrar que es distinta a todas sus antecesoras, actuando con urgencia en ese sentido para que no queden en la impunidad las posibles irregularidades en el manejo del erario.
Por otra parte, hacemos un llamado como grupo parlamentario, para que el dictamen de la Cuenta Pública 2016 marque la pauta para impulsar una ruta de trabajo al interior de esta honorable Cámara, a fin de que la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior, se vea reflejada en acciones legislativas encaminadas a resarcir estos daños y se sancione a todo aquél que haga mal uso de los recursos públicos.
En este sentido, la Cámara baja debe fortalecer a la Auditoría Superior para que las denuncias y querellas que presenten sean investigadas y sustanciadas por la Fiscalía Especializada en hechos de corrupción en un plazo determinado tal como lo ha propuesto en el Senado el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para evitar que las denuncias por corrupción terminen en el limbo. Esto representaría un mejor control del gasto social, así como el aprovechamiento de los recursos de una manera más eficaz.
Hacemos un llamado a que la Cámara, para que el dictamen de la Cuenta Pública, así como los informes trimestrales remitidos por la Secretaría de Hacienda, den pauta para que en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, observemos de forma responsable la asignación a los diferentes recursos de fondos como programas y partidas para que realmente beneficien a la población.
También es fundamental que demos seguimiento a los semáforos de riesgos financieros, en virtud de que este dictamen, como ya lo dijeron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, hay un aumento en la deuda pública por parte del Banco de México.
Compañeros, no ha tenido el efecto deseado. Así que, a pesar de que el reporte de la cuenta pública no se señala en donde se encuentra el impacto de estos recursos públicos. Es cuanto, señor diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputados y compañeros diputados, pueblo de México.
Hoy tomaremos una decisión fundamental que reafirma la Cámara de Diputados como contrapeso del Ejecutivo federal no solo en la aprobación del Presupuesto, sino en la fiscalización y exigencia de rendición de cuentas sobre su ejercicio.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública plantea que no es de aprobarse la Cuenta de la Hacienda Pública del Ejercicio Fiscal 2016, porque los resultados de la gestión financiera del gobierno federal no correspondieron a las aspiraciones económicas y sociales del pueblo de México.
No se cumplieron los objetivos de los programas nacionales, por lo cual siguió creciendo la pobreza, mientras la economía y el empleo se estancaron.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la no aprobación de la Cuenta Pública 2016 es una decisión que honra la exigencia popular de transformar la vida pública en México expresada en las urnas pasado primero de julio, porque se trata de una acción que hace efectiva la rendición de cuentas.
El gasto público neto de 2016 ascendió a 4 billones 763 mil millones de pesos, por eso resulta indispensable que los responsables rindan cuentas a fondo, porque no solo son números, sino recursos que impactan en la educación, la salud, el transporte, la seguridad, la alimentación y demás rubros que preocupan a la gente.
Las diputadas y diputados del Partido del Trabajo estamos convencidos que una fiscalización superior eficaz es indispensable para hacer del presupuesto una herramienta apropiada para cambiar el modelo económico que ha imperado en los últimos 30 años.
Por ello consideramos que esta legislatura debe abrir el presupuesto a la participación ciudadana efectiva, en un esquema de presupuesto participativo, incluso asumir que esta legislatura sea constituyente, fundacional, para poder ordenar los cambios profundos que espera el pueblo de México en la cuarta transformación.
Lo anterior se justifica cuando observamos que derivado de los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, aún están pendientes por aclarar 103 mil millones de pesos de la Cuenta Pública 2016.
Para darnos una idea del daño causado, pensemos que esos recursos no aclarados equivalen a 1.2 veces el presupuesto destinado al desarrollo de los pueblos indígenas, significan 2.6 veces el presupuesto de la UNAM. De ahí que sea totalmente inaceptable esta anomalía.
El dictamen revela que la práctica de la asignación directa de contratos se mantiene persistente e impune. Ahí están los grandes negocios del sexenio que termina, las constructoras como Grupo Higa, fenómeno que está detrás del tristemente célebre tema de la casa blanca. Además, al privilegiar la subcontratación, se abrió la puerta para estrategias de defraudación, como la estafa maestra, que utilizó empresas fantasmas para corromper a ocho universidades pública, que hoy están al borde del colapso financiero.
En la Cuenta Pública 2016, ya se advertían indicios al respecto, pero no se hizo nada, permitieron un desfalco de 7 mil 670 millones de pesos. Tampoco se hizo nada para frenar las desviaciones multimillonarias de Javier Duarte, en Veracruz, a pesar de que la Cuenta Pública 2016 ya consignaba sus malas prácticas en el manejo de diversos fondos federales, permitiendo una defraudación de hasta 60 mil millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
En el mismo tenor, la revisión de la Cuenta Pública 2016 demuestra que el gobierno federal, sin explicación alguna asignó 28 mil millones de pesos a la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo cual hace evidente que desde el principio de este proyecto se caracterizó por la discrecionalidad y la falta de transparencia.
El 2016 fue el primer año de obra y el informe de la Auditoría presentó observaciones sobre irregularidades y faltantes de comprobación de gastos por más de mil millones de pesos. Por eso la sociedad decidió cancelar en la reciente consulta popular esa obra.
En fin, la decisión de no aprobar la Cuenta Pública 2016 se justifica plenamente por el hecho de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no solicitó el aval de la Cámara de Diputados para decidir a cuáles ramos y programas asignar los 804 mil millones de pesos de ingresos presupuestarios adicionales respecto al monto aprobado.
El gobierno decidió unilateralmente favorecer con esos recursos adicionales a rubros como la comunicación social, que creció año con año y a pesar de ello la popularidad del presidente se desplomó. También se favoreció el pago del servicio de la deuda pública, que con todo y eso la deuda creció 952 mil millones de pesos, 2016.
Señoras y señores legisladores, el presente dictamen ratifica que las cosas han cambiado en México...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañero, se le agotó el tiempo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ...no se pueden seguir solapando las irregularidades, las ineficiencias, las desviaciones y la indolencia en el ejercicio de los recursos públicos. No podemos aceptar una Cuenta Pública con más de 10 mil acciones promovidas y con miles de obras públicas paradas.
Por eso en el dictamen se instruye, la Auditoría Superior de la Federación, a que continúe el procedimiento jurídico para fincar responsabilidades, porque no es posible que ninguno de los grandes responsables de estas defraudaciones...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: ...esté procesado o condenado. En el ánimo del Grupo Parlamentario del PT impulsará la pronta revisión de las 11 cuentas públicas de los años anteriores que no han sido dictaminadas y contar así con la historia completa de los tres últimos sexenios, porque es inaceptable que la Cámara de Diputados abdique a su atribución soberana de dictaminarlas.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón, del Partido Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde su diseño teórico y obviamente en la práctica, el sistema republicano de gobierno plantea que el poder público se divida para que entre ellos haya pesos y contrapesos.
A partir de ello, el Poder Legislativo tiene como una de sus principales atribuciones la asignación del presupuesto y la posterior fiscalización por medio de la Auditoría Superior de la Federación, del ejercicio adecuado de los recursos monetarios que ejerce el Poder Legislativo y que no se nos olvide, al final del día sus propietarios son los ciudadanos.
Sucede que el día de hoy tenemos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presenta ante este pleno su proyecto de decreto, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio 2016.
Muchas personas y analistas han señalado que el gobierno que está por terminar tuvo episodios de corrupción, manejo inadecuado de fondos e inconsistencias e ineficiencias constantes en el ejercicio del recurso público. Esta es una percepción general. Incluso hay quienes señalan que en la elección de julio pasado este tuvo un fuerte componente de voto de castigo ante tales hechos.
Pero hoy aquí tenemos no meras impresiones ni suposiciones sino datos duros, observaciones cuantitativas, pero, sobre todo, cualitativas, ya que se demostró que se incumplieron frecuentemente los principios normativos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley Federal de Disciplina Financiera y Deuda Pública y, por supuesto, en lo previsto en el propio Presupuesto de Egresos 2016. Estas conductas, como se demuestra, también en el 2016 fueron recurrentes a lo largo de la administración.
Lo que tenemos el día de hoy es lo que la gente permanentemente señala en el territorio, que sus recursos que con tanto esfuerzo pagan vía los impuestos no son ejercidos de manera eficiente.
Reconocemos que el Ejecutivo federal entregó en tiempo y forma su Cuenta Pública, el requisito legal se cumplió.
Por su parte, esta Cámara también cumplió con su revisión detallada y cuidadosa, a pesar del hecho del cambio que se hizo de la LXIII a la LXIV Legislatura.
Reconozco aquí a los compañeros integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública de la legislatura anterior y de la actual, que dieron muestra de institucionalidad al iniciar y concluir esta revisión a pesar de la transición.
¿Y qué es lo que encontramos en este proceso? Tristemente que hay más de 8 mil observaciones de parte de la Auditoría Superior de la Federación. El Ejecutivo federal incumplió sus metas, las metas que ellos mismos se autoimpusieron. Lograron apenas el 75 por ciento de lo que se habían propuesto. Si esto fuera una escuela, la calificación sería de 7.
Nos parece particularmente grave que en casos como los Ramos 23 y el 33 la falla más común sea la orientación del gasto, ya que esta se desarrolló a rubros no contemplados en la normatividad vigente. Esto es que se saltaron las reglas y es lo que la gente ya no está dispuesta a permitir.
Sabemos que administrar un país del tamaño del nuestro no es fácil, sobre todo cuando hay millones de servidores públicos que sirven a la patria y que muchos lo hacen por omisión. Pero cuando se hace por dolo eso no puede ser permisible.
Por todo lo anterior, estamos a favor de que no se apruebe la Cuenta Pública de 2016 y de que la Auditoría Superior de la Federación continúe con los procedimientos jurídicos de sanción siempre apegados a la ley.
Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual Encuentro Social es parte fundamental, haremos caso al mandato que se dio el primero de julio y a partir de este nuevo gobierno no permitiremos que se dilapide. Y que se ejerzan de manera eficiente los recursos propiedad de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, antes de comenzar el orador rogaría a las compañeras que están en amable tertulia tomaran sus asientos. Por favor, compañeras, esperamos. Gracias, compañeras.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, por lo que celebramos el análisis de la ejecución de los recursos financieros otorgados por esta soberanía a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Compañeros, como lo establece el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el dictamen que discutimos debe contar con un análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del informe general y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión de Presupuesto. Destaco. Debe estar basado en conclusiones técnicas, no en conclusiones políticas.
Además, establece que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la ley en el cual en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor.
En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo técnico y no político para revisar la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios.
Que quede claro, esta cuenta pública no solo es del Ejecutivo, es de todas las entidades que acabo de nombrar, en términos del artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación realiza observaciones que los entes auditados pueden solventar por ley, esto no significa un desvío de recursos en automático, se debe de esperar a que los entes auditados finalicen sus procesos para solventar dichas observaciones y solo en caso de no ser solventadas debidamente, la Auditoría Superior de la Federación podría iniciar un procedimiento jurídico de responsabilidades.
Les doy un dato. Como se ha mencionado aquí, faltan solventar 98 mil 485 millones de pesos, un monto significativo, pero de los cuales 84 mil 675 corresponden a las entidades federativas y municipios. En ese sentido, al Ejecutivo federal solo le falta solventar 13 mil 810 millones de pesos, es decir, el .25 por ciento el Presupuesto de Egresos de la Federación, con esto no se puede reprobar una cuenta pública.
El dictamen que se busca aprobar el día de hoy por este pleno tiene más valores políticos que técnicos, por ello el Grupo Parlamentario del PRI está en contra del dictamen de la Cuenta Pública 206, porque este, así como se presenta, hace una valoración política y no técnica del informe de la Auditoría Superior de la Federación.
¿Qué faltó considerar en este dictamen de la cuenta pública? La creación de casi un millón de empleos en el 2016 en comparación a 2015, una inversión extranjera de 27 mil 526 millones de pesos –histórica la cifra de inversión extranjera directa en nuestro país–, el incremento del consumo del 2.6 por ciento, el aumento a las exportaciones, la tasa de desocupación más baja desde el 2007, 55 millones de beneficiarios en el Seguro Popular. Se cumplieron todas las metas fiscales que autorizó el Congreso de la Unión.
En seis de cada 10 estudiantes que solicitaron becas se les otorgaron, se aprobaron apoyos monetarios a 6.2 millones de familias en condición de pobreza. Y un dato que les menciono y vale la pena recordar. Esta es la conclusión del informe de la Auditoría Superior de la Federación y lo cito textualmente.
En lo que se refiere a los resultados observados en las finanzas públicas comparados con los propuesto en dichos criterios y lo aprobado por la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los principales indicadores de la posición fiscal fueron mejores a lo previsto y aprobado. Esta es la parte técnica del informe que no se consideró. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con su venia, presidente. Los diputados del Partido Acción Nacional expresamos nuestro enérgico repudio a las decisiones tomadas por el Tribunal Federal Electoral en el caso de Monterrey, resolución emitida el día de ayer. Es claro que no se respetó la decisión de los ciudadanos.
Amigas y amigos, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, recita un conocido proverbio. El día de hoy es un buen momento para reflexionar sobre ello.
El dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto sobre la Cuenta Pública 2016, representa la oportunidad de recapacitar sobre las consecuencias que puede tener para nuestro país el autoritarismo y las malas decisiones.
El análisis de la Cuenta Pública 2016 se interpreta desde dos grandes aristas: la subestimación de los ingresos, y la opacidad en el gasto público.
Para ello doy un par de ejemplos. En 2016 los ingresos del gobierno federal superaron 7.4 por ciento lo obtenido en el año previo y los ingresos tributarios no petroleros excedieron en 12.8 por ciento a l pronosticado, y en 10 por ciento a lo obtenido en el año anterior. Sin embargo la deuda también fue superior en 2.4 por ciento a lo aprobado y 10.8 por ciento real a lo registrado el año anterior.
No obstante que el gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo mayores ingresos, esto no se tradujo en mejores decisiones en la conducción de la política económica ni tampoco se reflejó en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por la discrecionalidad en la asignación de ingresos excedentes, la opacidad en el gasto público, la falta de transparencia y la corrupción en las obras públicas.
De acuerdo con eso, en el 2016 el gasto neto total se incrementó respecto al presupuesto autorizado por más de 613 mil millones de pesos. Y sólo el gasto corriente se incrementó en 4 por ciento con relación a la estimación original.
Asimismo, de acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2016, se detectaron cinco áreas de riesgo en la gestión del sector público. Las contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, las obras públicas, las finanzas estatales, la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado y los padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios.
Para Acción Nacional, cada uno de estos rubros son un signo de preocupación, no solo por las pésimas decisiones que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó, sino porque la historia se puede repetir con el próximo gobierno.
En Acción Nacional nos preocupa la certidumbre, la transparencia, la legalidad de las obras públicas a realizar en el próximo sexenio. La cancelación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la construcción de las pistas de Santa Lucía, la construcción del tren Maya o la construcción de una nueva refinería, son malas decisiones que solo están sustentadas en el capricho del presidente electo.
Nos preocupan las finanzas estatales y la posibilidad de que los delegados estatales se conviertan en caciques y operadores de recursos públicos a favor de candidatos simpatizantes del gobierno federal. Nos preocupa la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado, como es la posibilidad de revertir o modificar la reforma energética.
Nos preocupan también los padrones de los programas sociales que no han sido claros en las reglas operativas sin mecanismos que eviten la duplicidad de acciones o la existencia de sistemas, evaluaciones funcionales.
Amigas y amigos, en Acción Nacional no queremos repetir la historia de este sexenio trágico, no queremos más un gobierno autoritario que tome pésimas decisiones que afecten a los ciudadanos.
Por ello, combatiremos la continuidad de las prácticas antidemocráticas mencionadas anteriormente. Muchas gracias, es cuanto presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy recuperamos la facultad constitucional de esta soberanía de realizar las cuentas de Hacienda Pública federal. Son diez cuentas sin revisar, diez años que no se ha hecho el trabajo, en los que no se ha cumplido con esta responsabilidad: 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Cuál es el pretexto?, pero basta de ser tapaderas, de ser tapaderas del mal gobierno. Hoy ya no son mayoría.
Escuchamos demasiadas veces en su discurso estar de acuerdo en hacer las cosas bien, siempre están de acuerdo, pero en los momentos críticos se contradicen, traicionan a las personas que aquí los pusieron y cuántas veces no les hemos escuchado decir: estamos de acuerdo, pero. Pretextos.
No quieran seguir engañando, no quieran seguir engañando a la gente, porque la gente ya no se lo cree. Dejen de poner pretextos para hacerse de la vista gorda del mal gobierno. No somos contadores de facturas, nosotros podemos y debemos expresar un posicionamiento político-social, y vamos a seguir revisando, se está dando un cambio. Esta transformación se va a expresar en todos los espacios públicos, y con mayor razón en esta Cámara de Diputados.
Las resoluciones de la cuenta pública tienen también un carácter político. El análisis técnico le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, quien presenta sus resultados, pero no es la Auditoría quien hace el Presupuesto. El Presupuesto de Egresos es un programa político que se expresa a través de objetivos, metas y cifras en un proyecto económico y social.
A la luz del análisis se puede ver claramente que hubo un gasto irresponsable y discrecional por parte del gobierno federal, un gasto irresponsable de los recursos que le confiaron a través del Presupuesto de Egresos que se aprobó en el mes de diciembre de 2015.
Los moches crecieron en ese año 2016 y son más de 100 mil millones de pesos que aún hoy no se han aclarado. No se ha aclarado su destino y es una cantidad, por cierto, mayor a las pérdidas que tanto alegan por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero no es lo que les preocupa, ¿verdad?
Dejen de repetir ese discurso mediático y engañoso de que lo bueno casi no se cuenta. No, casi no se cuenta, porque solo cuenta para unos cuantos.
Esta soberanía volverá a representar la voz del pueblo y su posicionamiento será el de este, y el pueblo de México en sus carencias, en la injusticia, en la desigualdad, en la pobreza, en el hartazgo de los moches, de la corrupción, de las obras de relumbre, de la falta de sentido común, de sensibilidad, de corazón en la aplicación del gasto. En esa falta de oportunidades reprueba la Cuenta de Hacienda Pública Federal del año 2016. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con el artículo 104, esta Presidencia informa que cederá la palabra sucesivamente a los oradores que se han inscrito en contra y en pro del dictamen. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Donato de las Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRI, en contra.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Comisión de Presupuesto estudiará el informe general que presente la Auditoría Superior de la Federación, un análisis de la comisión y el propio contenido de la Cuenta Pública, para presentar al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Cuenta Pública de cada año.
De la misma manera, se señala que el dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado del contenido del Informe general de la Auditoría Superior de la Federación y estar sustentado en conclusiones técnicas, recuperando las discusiones técnicas de la comisión.
El dictamen que se nos presenta no cuenta con las características técnicas de objetividad que establece la ley. Es a todas luces una suma de juicios de valor. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera del gobierno, la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados.
Además, busca constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado.
El ejercicio de fiscalización también tiene como objeto revisar que los egresos se ejercieron adecuadamente en los conceptos y partidas autorizados incluido, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, la adquisición de arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo.
Por ejemplo, este dictamen que se presenta no menciona los logros palpables de combate a la pobreza y a la desigualdad. No menciona que 2.2 millones de mexicanos dejaron de vivir en la pobreza extrema y 1.9 millones dejaron la pobreza extrema alimentaria, la cantidad de personas en esta situación se redujo de 7 a 5.1 millones. El porcentaje de la población en pobreza se redujo de 45.5 por ciento en el 2012 a 43.6 por ciento en el 2016 y la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 7.6 respectivamente.
La mortalidad materna continúo su tendencia a la baja, del 2012 al 2016 se redujo en 13 por ciento, es decir, pasamos del 42.3 al 36.7 de defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.
El dictamen tampoco valora que, debido al cambio de la política social, 1.3 millones de mexicanos más superaron el rezago educativo, 1.2 millones cuentan con acceso a servicios básicos en la vivienda, 1.1 millones cuentan con calidad y espacio en sus viviendas.
Debemos de ser claros, el ejercicio responsable del gasto público nos atañe a todos los órganos del Estado, a los órganos constitucionales autónomos y a los gobiernos estatales y municipales.
La fiscalización es un sano ejercicio para corregir desviaciones y para castigar abusos. Los procesos de auditoría se encuentran solventándose por aquellos organismos auditados y por las instancias autónomas correspondientes. Es decir, la fiscalización y el correcto uso de los recursos públicos siguen adelante.
Compañeras y compañeros diputados, no hagamos de este proceso de fiscalización un juicio sumario que busca poner en duda la honradez y capacidad de todo funcionario público, por el simple hecho de no compartir una misma ideología. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, a favor.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Diputada presidenta, compañeras, compañeros, pues parece que hay oradores que todavía no entienden que este país ya cambió.
Ya cambió este país, compañeras y compañeros. Y también los dueños del dinero y sus personeros deben entenderlo. Y por lo que veo, también deben entenderlo los del haiga sido como haiga sido. Este país ya cambió.
Se acabaron los robos en despoblado, aprobados después con toda impunidad por el propio Congreso. Se acabaron las complicidades entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Este país ya cambió y hoy vamos a darles una muestra más de este cambio. No se aprobará la Cuenta Pública del 2016. La Cuenta Pública de la estafa maestra, la Cuenta Pública del uso discrecional del presidente con fines políticos. Y en cambio, lo que sí debe exigirse es continuar con los procedimientos jurídicos y responsabilidades correspondientes.
México necesita desterrar la corrupción. México necesita desterrar los privilegios. No más simulación y no más acuerdos ni hipocresía.
Porque compañeras y compañeros, resulta un escándalo moral que los mismos integrantes del régimen que ya se va lancen ahora proclamas al cielo cuando se trata de consultar a la población con proyectos estratégicos. Pero qué extraño que antes no dijeron nada ante los 13 mil millones de pesos que están perdidos en los cajones o en los bolsillos del actual gobierno federal.
¿Dónde están los representantes de las cúpulas empresariales ante la desaparición de esos recursos públicos? ¿Por qué no se escandalizan también ante el dictamen nítido, técnico y detallado que hoy se presenta y que dice que el gobierno no cumplió con los objetivos de la política de gasto?
Tampoco con los avances en el cumplimiento de los programas nacionales. Que existen también más de 8 mil observaciones a su proceder, y lo que es peor, casi un billón de pesos gastados en exceso.
¿Dónde está entonces su proceder democrático, su apego a las leyes, su preocupación por el comportamiento de los mercados o la devaluación del peso, si el gobierno al que defienden ha cometido estos agravios al pueblo?
Sin embargo, les decimos: nadie quedará impune. Las señales son muy claras. Ningún número rojo se convertirá en negro de la noche a la mañana. Todos tendrán que hacerse responsables de sus actos.
He aquí una de las principales características del cambio verdadero que estamos presenciando. Sí, porque por vez primera los servidores públicos y los funcionarios deben estar ciertos de que todas sus actuaciones tienen consecuencias. Que un proceder oscuro o injustificado no será convalidado en las instancias legislativas. Que se acabaron, para decirlo claro, los negocios al amparo del poder público.
Y estas determinaciones les garantizo que las estamos tomando con gran serenidad. Aquí no hay nadie con sed de venganza, pero tenemos, eso sí, sed de justicia. Aquí no hay nadie que pretenda derribar lo que ya está construido, pero tampoco lo hay quien desee continuar con un camino que a todas luces se dirige a perpetuar la miseria de las mujeres y de los hombres de México.
En el movimiento democrático del cual el Partido del Trabajo forma parte estamos tomando determinaciones bien pensadas, serenas, estableciendo cuáles son las prioridades y anteponiendo los intereses de la gente.
Nosotros apostamos por la paz y la estabilidad de México. Nosotros queremos tranquilidad y unidad, pero eso no será a costa de que la mayoría sufra y de que enferme de pobreza, por el contrario, la paz y la estabilidad se logra con bienestar generalizado, con justicia y comportamiento ético, esa es la garantía que le otorgamos al pueblo de México.
Sí, este país ya cambió. La gente a través del PT y nuestro movimiento no le aprobará las cuentas públicas a Peña Nieto. Y sí, tendremos que construir un país...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: ...sobre ruinas. No importa. Nos sobra patriotismo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Marcela Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Compañeras y compañeros legisladores. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que la fiscalización brinda elementos de suma utilidad para conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas entidades oficiales. Sin embargo, para que los resultados arrojados por la fiscalización sean objetivos e integrales, deben considerar el conjunto de variables de los contextos nacional e internacional.
En este sentido, los resultados económicos favorables y tangibles registrados durante el 2016 y su impacto positivo en las familias mexicanas, contrastan con las principales conclusiones del dictamen que hoy se pone a nuestra consideración.
Es importante señalar que pese a un entorno internacional complejo, la economía mexicana presenta avances importantes que no debemos soslayar, las cuales se están materializando en beneficios tangibles para la mayoría de la población. Ello ha sido posible gracias a las acciones impulsadas por el gobierno de la República y a las medidas prudentes y responsables de política económica implementadas.
Para poner en perspectiva esta situación, basta señalar que durante el 2016 el producto interno bruto se expandió de 1.3 por ciento, por lo que comparativamente experimentó un crecimiento superior al promedio de países como Estados Unidos, Chile, Alemania, Brasil, entre otros.
La tendencia positiva de nuestra economía contribuyó a una mayor generación de empleos formales y mejor remunerados de 732 mil 591 en dicho año. Igualmente, se redujo la tasa promedio de desempleo en 3.9 por ciento, el menor nivel desde el 2007.
Ello permitió que el mundo confiara más en México posibilitando un mayor flujo de inversiones del exterior. La inversión extranjera directa se dio de 27 mil 526 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual del 22.6 por ciento. De igual manera, disminuyeron los ingresos petroleros en 10.5 por ciento con respecto a 2015, y aumentó la recaudación en un 10 por ciento real.
Entre los logros observados destaca también el incumplimiento de muchas de las metas fiscales, particularmente los requerimientos financieros del sector público que alcanzaron un nivel de 2.9 por ciento del PIB menor en un .2 por ciento porcentuales.
Es importante destacar que el 99.9 por ciento del gasto del gobierno federal tiene información del desempeño, lo cual permite detectar puntos de intervención para mejorar.
Estos avances económicos obtenidos durante el 2016, dan cuenta de los esfuerzos del gobierno de la República por mantener la estabilidad macroeconómica, generar más y mejores empleos y atraer inversiones extranjeras.
La economía nacional cuenta con fundamentos sólidos y condiciones de certidumbre para resistir la complejidad y volatilidad del contexto global, así como acceder a mayores tasas de crecimiento, de inversiones y empleos dignos, entre otras variables sustantivas en beneficio de la calidad de las familias mexicanas.
Por estos y muchos otros datos más, estamos en contra de ese dictamen. Es todo, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Irineo Molina Espinoza, de Morena, para hablar en pro del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Irineo Molina Espinoza: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hago uso de esta máxima tribuna del país para manifestar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena nuestro voto a favor del presente dictamen en su totalidad.
Como ustedes se han dado cuenta, compañeras y compañeros diputados, en las últimas semanas, en los últimos meses, distintos compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Morena hemos hecho uso de esta tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto como la eliminación del fuero, en breve presentaremos la iniciativa para que la corrupción sea considerada delito grave.
Un servidor hace unas semanas presentó la iniciativa para que el subejercicio también sea penalizado y se encuentra enlistada la iniciativa para reformar el artículo 22 constitucional relacionada con la extinción de dominio a delitos de hechos de corrupción.
Todo esto lo estamos haciendo con la firme intención de combatir la corrupción y la impunidad.
En mi estado de Oaxaca, existe la queja recurrente de presidentes municipales, autoridades ejidales, autoridades comunales, quienes han padecido la extensa cadena de trámites burocráticos para poder ser beneficiarios de un programa para el campo o para modernización de la infraestructura social.
Al leer las inmensas anomalías observadas en los mil 865 dictámenes elaborados por la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la Cuenta Pública 2016, he confirmado que los mitos y leyendas que se escuchan en nuestros pueblos, cada vez que un campesino solicita apoyo, son una realidad.
Cómo vamos a aprobar la Cuenta Pública cuando a muchos de nosotros nos tocó ver, por ejemplo, que la Sagarpa entregaba apoyos productivos, programas e insumos a gente que ni siquiera se dedica al campo. Ver cómo en las oficinas de los partidos políticos recababan credenciales de elector o redactaban listas para recibir apoyos durante los procesos electorales.
Derivado de la revisión del Tercer Informe de la Comisión de Vigilancia se concluye que muchos de estos apoyos se entregaron a gente ya fallecida, a beneficiarios que no cumplían los requisitos de los programas, inclusive se atrevieron a beneficiar a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
En el año 2016 en el sector de desarrollo rural se operaron 14 programas presupuestados con un monto de 65 mil 157 millones de pesos equivalente al 52.4 por ciento de los de los 124 mil 200 millones de pesos ejercidos en los programas para el desarrollo económico, sin que la Sagarpa determinara ni cuantificara a la población por beneficiar lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población.
Lo que hoy se discute, todo este daño al erario público, recae en la responsabilidad de una buena parte de esta soberanía, ya que ha habido diputados federales del partido oficial que han sobreprotegido al Ejecutivo.
En su momento en las pasadas legislaturas sobreprotegieron a Enrique Peña Nieto y su gabinete, y aquí están las consecuencias.
Un mal uso de los recursos públicos señalados en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, y también por la Comisión de Vigilancia de esta soberanía.
Lo que pasó y que hoy viene resumido en este dictamen, debe de servir de precedente, y asumimos la responsabilidad que nos confiere el pueblo y estamos preparados para que, en lo sucesivo, evaluemos y revisemos la Cuenta Pública de la misma manera.
Por lo menos, en ejercicio de la Cuenta Pública 2016, correspondiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene que ser rechazada por esta soberanía, y a partir de ello devolverle la honorabilidad a este Congreso.
Manifiesto pues, compañeras y compañeros, a nombre de mi Grupo Parlamentario de Morena, están a favor del presente dictamen, donde se reprueba la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de Enrique Peña Nieto.
Como dicen en mi pueblo: cuentas claras, amistades largas, y esto no se aprecia en la Cuenta Pública del Ejercicio 2016. Es cuanto, diputado presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde para hablar en contra del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en ejercicio de sus funciones, presenta a esta soberanía el dictamen de la Cuenta Pública del año 2016, justo antes de cumplirse el término legal para su aprobación.
Debemos de ser claros, la fiscalización de los recursos públicos es un tema primordial en cualquier democracia moderna, y en nuestro país, ha adquirido una gran relevancia para nuestras instituciones, debemos poner en su justa dimensión lo que es la fiscalización de los recursos públicos y el andamiaje institucional que compone este ejercicio de rendición de cuentas.
En el ejercicio del gasto, participan distintos actores de la administración pública, y también distintos poderes y órdenes de gobierno. La ley señala que el dictamen de la Cuenta Pública debe contar con el análisis pormenorizado del contenido del informe general de la Auditoría Superior de la Federación y estar sustentado en conclusiones técnicas, recuperando las discusiones técnicas realizadas en la comisión.
El dictamen que se nos presenta no cuenta con las características técnicas y de objetividad que establece la ley. Es la suma de juicios de valor que sobre acciones emprendidas solo por el gobierno federal.
El gobierno federal gastó con criterios sociales. El buen uso de los recursos públicos logró que la economía mexicana sea estable. Se crearon más de un millón de empleos formales y mejor remunerados. Se redujo más del 10 por ciento de la dependencia de los ingresos petroleros y asimismo, se incrementó la recaudación.
Ahí están los datos del impacto social del gasto público. En el año 2016 más de 329 mil niños y niñas se beneficiaron del Programa de Estancias Infantiles, para apoyar a madres solteras y a padres solteros.
Prospera benefició a 6.8 millones de familias, 6 de cada 10 estudiantes de excelencia que solicitaron una beca para estudiar el bachillerato o la universidad la obtuvieron.
En este mismo año 2016, 74.7 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años cursaron el bachillerato. El ahorro financiero alcanzó el 62.2 por ciento del producto interno bruto y se sumaron miles de kilómetros a la red rural y alimentadora de pavimento.
El 81.9 de los proyectos apoyados por el Conacyt cuentan con dictámenes de maduración tecnológica favorable. El 60.8 por ciento de los municipios rurales contaron con servicios financieros gracias a la red telegráfica. 50.5 por ciento y 50-5 millones de personas fueron beneficiadas con la señal de televisión del sistema público de radiodifusión.
Lo más importante, compañeras y compañeros, el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de 45.5 en 2012, a 43.6 en 2016, y la pobreza extrema disminuyó de 9.8 a 7.6 por ciento, respectivamente.
Como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo técnico y no político para revisar la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y de las empresas productivas del Estado, entidades federativas y municipios.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación realiza observaciones que los entes auditados puedan solventar por ley. Esto no significa un desvío de recursos en automático, se debe esperar a que los entes auditados finalicen sus procesos para solventar dichas observaciones y solo en caso de no ser solventadas debidamente, la Auditoría Superior de la Federación podría iniciar un procedimiento jurídico de la responsabilidad.
Reiteramos, diputadas, diputados, un dato muy importante. Sí falta solventar 98 mil 485 millones de pesos, de los cuales más de 84 mil millones de pesos corresponden a estados y municipios. En este sentido, el Ejecutivo federal solo le falta solventar un poco más de 13 mil millones de pesos. Es decir, un 25 por ciento del presupuesto aprobado...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo, diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: ... para el 2016. Un segundo, señora presidenta. En suma, el dictamen que se nos presenta pareciera más que lo impulsan intereses estrictamente políticos que técnicos. Es por ello que votaremos en contra del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya su intervención, señor diputado.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Muchas gracias, es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Diputadas y diputados, de acuerdo con los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación practicó un mil 865 auditorías a 553 entidades públicas, de las cuales emitió un total de 8 mil 069 observaciones, que dieron lugar a 10 mil 346 acciones, donde el 43 por ciento de estas fueron acciones preventivas y el 57 por ciento acciones correctivas.
Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó recuperaciones operadas que ascendían a 7 mil 897 millones de pesos en enero de 2018.
Con relación a esta Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación señaló áreas relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano, que dieron lugar a la recurrencia de observaciones de auditoría con un impacto económico y social considerables.
Las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fue un área que registró recurrencia de prácticas que propiciaron cuantiosos desvíos de recursos públicos.
En las auditorías forenses, practicadas a las Cuentas Públicas 2012-2016, se han observado montos con posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos. Se constató que en este tipo de esquemas participaron, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios, aunque también otros entes públicos, como empresas paraestatales de entidades federativas y empresas u órganos del gobierno federal.
Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se amplíe para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, con una patente desviación de recursos.
En educación, a cuatro años de la aprobación de la reforma educativa aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7 por ciento de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1 por ciento en lectura obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo, mientras que en la media superior fueron de 49.3 por ciento en el área de matemáticas y el 45 por ciento en lenguaje y comunicación.
En el acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016 se observó un avance de apenas 18.3 por ciento en la conformación del sistema universal de salud.
En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dicha estrategia no contribuyó a una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el Coneval en esa condición.
En materia de obras y con base en las 136 auditorías a inversiones físicas prácticas sobre Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación identificó como causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura, problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución.
Respecto a las empresas productivas del Estado, algunas de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad indican que los resultados de decisiones de negocios, tomadas por ambas entidades, no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano.
Los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación constatan que las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos.
En las finanzas estatales de manera recurrente se identificaron condiciones que propiciaron el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas a cargo de los gobiernos estatales y municipales.
La Auditoría Superior de la Federación constató que un elevado número de entidades federativas enfrentaban desequilibrio en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa.
No obstante, el fortalecimiento del trabajo fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación, en todos los sectores que conforman el Grupo Funcional de Desarrollo Económico persisten las irregularidades recurrentes que muestran claramente que no se ha detenido el desvío de recursos a otros objetivos distintos a los planteados en los programas presupuestarios.
No se han evitado actos de corrupción que involucran grandes sumas de recursos públicos, como la estafa maestra y la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.
Me queda claro entonces que las observaciones que hoy tenemos al alcance, este día, tienen que ver no necesariamente con los logros presentados. Siempre será bueno saludar logros por los gobiernos federales, estatales o municipales, pero estos no pueden ser a costa de no subsanar estos señalamientos que hoy la Auditoría Superior de la Federación nos presenta.
Y en términos generales, me parece que tampoco tiene qué ver con que si es mucho o poquito lo que falta por subsanar sino tienen que subsanarse en su totalidad las observaciones expuestas en tiempo y forma, y que además ya vencieron en términos de ley.
Como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a favor de los términos en los que va el dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Geraldine Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena. A favor.
La diputada María Geraldine Ponce Méndez: Con su venia, señor presidente. La Auditoría Superior de la Federación establece áreas claves con riesgo en la gestión del sector público, entre ellas, una que denomina gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado.
Con la reforma energética, la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos y la CFE cambian y dejan de ser organismos públicos descentralizados, para pasar a ser empresas productivas del Estado, con la finalidad de dotarles de una estructura empresarial que les permitiera generar valor económico y rentabilidad.
El marco legal que las regula prevé el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo, en el caso de Pemex. Y en la instalación de un modelo operativo en CFE.
No obstante, los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2016 muestran debilidades respecto de la gobernanza en la toma de decisiones de ambas empresas. Las revisiones practicadas a Pemex y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos ni de otra índole al Estado mexicano.
Ambas empresas han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos como, por ejemplo, las auditorías 468-DE. Adquisición del Grupo Fertinal por parte de Pemex, registró una pérdida integral neta de más de 565 millones de pesos.
1800-DE. En cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, identificó que Pemex Transformación Industrial incurrió en pérdidas por más de mil 900 millones de pesos.
479-DE. De la misma forma, el Consejo de Dirección de Pemex aprobó la adjudicación directa para la contratación de servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula, la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada por un monto de más de mil 178 millones de pesos. En esta revisión han quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, toda vez que la normativa que rige a Pemex es más laxa que la federal.
438-DE. Se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión haya contribuido en esa práctica al fortalecimiento de la posición estratégica de Pemex, como la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017.
474-DE. En lo que se refiere a la comercialización de coque, PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo. La fiscalización practicada muestra que, en 2016, dado que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700 por ciento, el no haber estipulado dicho valor de referencia mundial en el contrato implicó efectos de 839 millones de pesos que se relacionan con los ingresos que PTI dejó de percibir por haber contemplado un precio fijo desligado de las condiciones del mercado internacional.
486-DE. En lo que corresponde a la CFE, en la adquisición de energía eléctrica a productos externos se determinó que de 2014 a 2016 dicho ente registró pérdidas por más de 2 mil 646 millones de pesos. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos.
492-DE. En lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE, respecto a los servicios de transporte de gas natural, se identificó que el 51.2 por ciento de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la comisión.
Esto es más de la mitad, compañeros. Esta muestra de las irregularidades ilustra la carencia de toma de decisiones estructurales en donde se ha constatado que hubo resultados negativos.
Esta es una de las razones por la que consideramos que los resultados de gestión y financiera no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la cuenta pública, objeto del presente decreto. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo: Con su venia, señor presidente y a todo el pleno. Con las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, 74, tenemos facultades de revisar a través de la Auditoría Superior de la Federación, las cuentas públicas de la administración pública federal, así como también los convenios o los anexos que tenemos con los estados, los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal con los estados y con los municipios.
Desde luego, cuando se hacen las revisiones se determinan la procedencia, si fueron bien utilizados los recursos o no se utilizaron. Voy a poner pequeños ejemplos:
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los padrones gubernamentales son el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales. Algunos de los resultados a destacar con la fiscalización superior en esta temática son las siguientes.
Padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. En 2016 en el sector desarrollo rural se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65 mil 157.4 millones de pesos equivalente al 52.4 por ciento de los 124 mil 218.1 millones de pesos, ejercidos en el programa para el desarrollo económico, sin que la Sagarpa determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo.
La Auditoría Superior de la Federación puede señalar que la Sagarpa aún no ha concluido el diseño de los manuales y lineamientos, y tampoco se han constituido los padrones específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios. Y así podemos hablar de varios padrones únicos de beneficiarios de programas de desarrollo social de la administración pública federal, etcétera.
Sin embargo, con las observaciones que se han hecho a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 y que no han sido comprobados, que no han sido solventados, esto no quiere decir que sea un tema político. Aquí no estamos hablando de colores, aquí estamos hablando del recurso que los ciudadanos pagamos, que con nuestros impuestos se dirigen a los programas y los administra el gobierno federal, firmado con los convenios a los estados y los municipios.
Y ¿qué pasa? A veces decimos que cuando hacen falta recursos y cuando nos observan, que fue mal utilizado el recurso, pensamos que todo es político, que estamos afectando al presidente de la República. No, señores, no estamos afectando al presidente de la República ni estamos hablando mal de un partido político, estamos diciendo que si no se han solventado las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que hizo en la Cuenta Pública 2016, tiene que solventarse, y quien no cumpla, no solvente las observaciones, se tienen que fincar las responsabilidades, y el que la hace la paga, porque ese es el mandato que nos dieron el primero de julio los ciudadanos cuando votaron por nosotros.
Votaron por todos los colores, y nos dijeron y nos mandataron, señores, no puede ser que se gasten nuestros recursos, no puede ser que no lleguen esos recursos a la población.
Y aquí tengo todas las observaciones de los estados, de la administración pública federal, no estamos hablando sólo del presidente de la República, no se confundan, estamos hablando también de los anexos de los estados que incurrieron en omisiones y que no pudieron comprobar, así que, señores, yo les pido: no podemos votar a favor de esta Cuenta Pública si no está debidamente solventada.
Solventemos, hagamos las cosas bien y cuando se corrijan, vamos adelante. Mi voto es en contra de la Cuenta Pública 2016. Gracias, señor presidente, gracias, señores diputados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Marco Antonio Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
El diputado Marco Antonio Andrade Zavala: Con su venia, presidente. Buenas tardes a todos. Hoy venimos a reprobar la Cuenta Pública de 2016. El informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación presenta observaciones respecto a la ejecución del gasto público en programas asistenciales, debido a la falta de claridad en los padrones de beneficiarios, la duplicidad de acciones dentro de diferentes programas o en distintos niveles de gobierno, la dispersión o falta de acceso a la información y la inexistencia de sistema de evaluación funcionales, entre otros.
Otro problema, en término de transparencia, es la transferencia de recursos a las delegaciones, entidades federativas y municipios, debido principalmente la ambigüedad de los ordenamientos jurídicos y a la falta de elementos técnicos para priorizar el gasto público.
De la revisión a los ramos generales 23 y 33, las observaciones más recurrentes consisten en que los recursos se orientan a rubros que no contempla la normatividad aplicable. La Auditoría Superior de la Federación destaca la existencia de subejercicios recurrentes en diversos sectores de la administración pública federal.
De acuerdo a la información provista por la propia Auditoría, los subejercicios son producto del exceso de trámites para el oportuno ejercicio del gasto, la falta de proyectos en los distintos niveles de gobierno que cuente con estudios que lo sustenten, la canalización de los ejercicios a fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos con el propósito de utilizarlos posteriormente con fines distintos a los aprobados sin control, transparencia ni rendición de cuentas.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación destaca irregularidades en las labores de supervisión del gobierno en el cumplimiento de contratos y concesiones de particulares.
Menciona que esta deficiencia ha permitido que este tipo de contratos, licencias, se otorguen a personas o empresas que no tienen la capacidad para proveer los servicios por los que reciben una contraprestación.
Asimismo, menciona que en prácticamente todos los órdenes de gobierno faltan mecanismos para supervisar y exigir que los particulares cumplan con sus obligaciones contractuales.
En diversas auditorías a las que se hace referencia en el presente dictamen, se comprueba que, en muchas dependencias y entidades autónomas, no observan la normatividad en materia de licitaciones. Todo ello, en detrimento de la transparencia y la obtención de las mejores condiciones para el Estado.
Uno de los principales objetivos de esta soberanía, que además coincide con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación, es revisar la normatividad actual para garantizar que los entes públicos responsables de la regulación y supervisión de las actividades y procesos que han sido delegados a particulares, ejerzan con oportunidad, autonomía y firmeza sus atribuciones.
Dentro de la revisión de prácticamente todos los sectores, la Auditoría Superior de la Federación incluye varias recomendaciones relacionadas con la imposibilidad de evaluar y dar seguimiento oportuno a los programas que implementa el gobierno federal, lo cual impide medir la efectividad de los mismos respecto a los objetivos que para cada uno de estos programas se han planteado.
Este es uno de los problemas que de manera urgente se debe solventar para poder alcanzar niveles aceptables de transparencia y rendición de cuentas.
Estamos a favor del dictamen que en su parte resolutiva señala que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública de 2016. No queremos más corrupción, no queremos más opacidad, queremos transparencia y rendición de cuentas.
Nos dicen que no fueron graves ni recurrentes lo que realizó el gobierno federal. ¿Qué más necesitan, qué más elementos?
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación seguirá la vía legal y necesitamos que se finquen responsabilidades a todos los servidores públicos que cometieron ilícitos. No más corrupción, no más opacidad, castigo para los que han incumplido. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañero. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se recibió de las diputadas Dolores Padierna y Martha Tagle, texto con sus respectivas intervenciones. Insértese en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Toda vez que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha presentado reserva alguna para su discusión en lo particular, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, ya se terminó, ya cierre.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Quiere dar cuenta del resultado?
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se emitieron 332 votos en pro, 41 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 332 votos, el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
Recuerdo que, en consecuencia, se rechaza la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en los términos que ha sido aprobado el dictamen. Remítase a la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales correspondientes.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (15:04 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 6 de noviembre de 2018, a las 11 horas. Buen provecho.
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