Comunicaciones
De la Secretaria de Gobernación, con informes
Pronunciamiento por el fallecimiento del exdiputado Javier Usabiaga Arroyo
Iniciativas
Manuel Rodríguez González Morena
María Marcela Torres Peimbert, PAN
Olga Juliana Elizondo Guerra, PES
Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM
Análisis del VI Informe de Gobierno en materia de política interior
Primera ronda de intervenciones
Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM
Carmen Julia Prudencio González, PMC
Hortensia María Luisa Noroña Quezada, PRI
María del Pilar Ortega Martínez, PAN
Segunda ronda de intervenciones
María del Pilar Lozano Mac Donald, PMC
Francisco Javier Huacus Esquivel, PT
Francisco Javier Saldivar Camacho, PES
Lourdes Erika Sánchez Martínez, PRI
María de los Ángeles Huerta del Río, Morena
Tercera ronda de intervenciones
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, PRD
Mario Alberto Ramos Tamez, PMC
Jorge Arturo Argüelles Victorero, PES
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Lucio Ernesto Palacios Cordero, Morena
Proposiciones con punto de acuerdo
Proposiciones de acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Relativo a las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Informo a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:04 horas): Se abre la sesión. Invito a las señoras diputadas y diputados a que tomen sus asientos. La ley es clara en el sentido de que esta sesión comienza a las once en punto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.
Honorable asamblea, esta Presidencia informa que, por acuerdo de la Mesa Directiva, adoptado en la reunión de hoy, cuando un legislador requiera el uso de la palabra le será permitido si su intervención se refiere exclusivamente al tema que se está abordando, particularmente en el caso de la discusión y aprobación del acta de la sesión anterior, en caso de no ser así, se registrará la petición y podrá obsequiarse al final de la sesión.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración –esto ya lo había dicho– en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación).
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta. Dispensada la lectura y aprobada el acta. Se tiene por aprobada el acta. Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la...
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto?
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Sobre el acta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, fue claro que, si no había observaciones al acta, se seguiría la sesión. Usted puede hacer uso de la palabra, si tiene una observación sobre el acta, hágala saber. A ver.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchas gracias. Primero acabo de votar la dispensa de lectura, señor, no el acta, eh.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí hubo una condición.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Acabo de votar la dispensa de lectura. Pero observación al acta, en la sesión anterior le supliqué que se incluyera en el acta de la sesión anterior, el cómputo de cómo se habían integrado los grupos, usted lo obsequió, así está el audio y la versión estenográfica.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Así es.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Sin embargo, el acta dice que, no va a constar en el acta como usted lo obsequió, sino en el Diario de los Debates. Esa precisión es la que se tiene que corregir en esta acta, porque no era para constancia en el Diario de los Debates, sino en el acta, como usted lo cantó.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, se dio canto. Por favor, mándelo por escrito para procesarlo. Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señor diputado? Audio.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (desde la curul): Para que en el momento procesal que usted indique, diputado presidente, guardar un minuto de silencio del presidente que ganó por la vía electoral, por la vía democrática, el presidente Salvador Allende. En varios Congresos a nivel mundial el día de hoy lo han obsequiado, y espero que el Congreso, la Cámara de Diputados tome a bien el minuto de silencio del presidente Salvador Allende. Es cuanto, diputado.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: He consultado con la Mesa y vamos a obsequiar su petición, señor diputado. Hoy es 11 de septiembre, lo habíamos olvidado. Si quieren ponerse de pie si están de acuerdo.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones oficiales.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes asuntos.
1. El informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, durante el periodo enero a junio de 2018. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Economía, y de Hacienda, para su conocimiento.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 2. El sexto informe de labores de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Distribúyase a las diputadas y diputados, y túrnese a las comisiones correspondientes.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: 3. El reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondientes al segundo trimestre de 2018 y así como la información específica que lo sustenta. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión Bicamaral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, para su conocimiento.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El pasado domingo 9 de septiembre falleció Javier Usabiaga Arroyo, legislador y servidor público. Fue diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. También se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, entre los años 2000 y 2005.
Esta Cámara transmite las condolencias a su familia y en reconocimiento... como diputado federal, les ruego enviar sus condolencias por acuerdo expreso de esta asamblea. Si no hay inconveniente así procederé.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por 10 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Manuel Rodríguez González. No estando presente en el salón... No te preocupes.
El diputado Manuel Rodríguez González: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que sea insertado el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado primero de julio, y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados de Morena que impulsamos este proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público.
Cabe precisar que, el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y en las leyes. Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo, efectivamente, al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos.
En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno, como un criterio rector del servicio público.
Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En Morena tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios políticos y éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano de Benito Juárez.
Es destacable el ejemplo de la Ciudad de México, que expidió la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003. Dicha Ley estableció economías y reducciones al costo del gobierno con pautas generales de austeridad, similares a la que en este instrumento proponemos.
El contenido básico de la Ley de Austeridad se basa en incorporar, como principio de la administración y eje estratégico del gasto público, la austeridad como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, el cual comprende la reducción de los altos salarios y privilegios de los servidores públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerán las directrices enunciadas en esta ley.
La incorporación de todos los servidores públicos a los sistemas de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
Evitar el crecimiento de la burocracia. El Estado aprovechará al máximo las capacidades de las plazas, las cuales deberán estar plenamente justificadas en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía.
Restringir en los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública. Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuir al mínimo necesario la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia deberá establecer las reglas relativas a contenido y fines de la propaganda oficial.
Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero en cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
Además, se establecerán reglas para establecer un tope a los gastos de hospedaje y alimentación de servidor público o comisionado.
Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
Establecer la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país.
Determinar que no se podrán constituir fideicomisos ni fondos, mandato o análogos públicos o privados ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto suscrito por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 77, numeral 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con el proyecto que se entrega. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado. Túrnese...
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Permítame, estoy dando turnos, compañero diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. ¿Con qué objeto, diputado Antonio Ortega?
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Para hacer un comentario sobre la propuesta y el acuerdo de la Junta sobre la austeridad.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, se está... Perdóneme, diputado, se está presentando proyecto de iniciativa y se está mandando a comisiones. No es el momento para el debate, procesalmente. Gracias, diputado.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Una pregunta, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No, por favor. ¿Sobre qué?
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Solo le quiero hacer una pregunta a usted.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿A mí? Con mucho gusto le respondo. Dígame.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): La pregunta, presidente. ¿Se va a tratar en el pleno el acuerdo de la Junta sobre la austeridad?
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No está programada su disposición.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): No está programada.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No. Se discutió ayer, gracias, en la Junta.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, señor diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sobre ese mismo punto. Está programada la presentación del tema, como bien lo dice usted, no la discusión. Sin embargo, yo quisiera pedir al diputado Mario Delgado, con todo respeto y camaradería, que no declare cosas que esta soberanía no ha aprobado.
Me parece una falta de respeto a los 500 diputados y diputadas que salga a declarar lo que aún no se ha discutido, y mucho menos aprobado. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política, pero no sustituye a esta soberanía, de ninguna manera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es un acuerdo de la Junta, señor diputado y no está en el orden del día, precisamente porque no ha sido agendado por la Mesa.
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para alusiones y aclaraciones al diputado Fernández Noroña.
Mis declaraciones han sido exclusivamente en el sentido del acuerdo de austeridad que se aprobó ayer por unanimidad en la Junta de Coordinación Política, respecto de un compromiso que se había hecho aquí, de cancelar el seguro de gastos médicos, el seguro de retiro, el fondo de ahorro, la cancelación de automóviles, vales de alimentos, vales de gasolina para diputados y un ejercicio de austeridad en materiales y suministros en toda esta Cámara que da un total de 409 millones de pesos.
Y aprovecho para expresar mi reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por haber accedido a tener estas medidas de austeridad que implican directamente las remuneraciones de todas y todos los diputados y también el gasto de esta Cámara. Mi reconocimiento a todas y todos ustedes. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Se recibe su aclaración.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sonido.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente, después de escuchar al diputado Delgado, la respuesta a la alusión que fue exactamente la crítica que Noroña le está haciendo, creo que usted debería abrir un punto para tratar el acuerdo de la Junta y conocer todos los diputados lo que se decidió ahí y que pudiéramos hacer comentarios. Yo creo que este es el mejor momento para poder hacerlo. Le sugiero que en este momento me anote en la lista, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿En la lista de qué?
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidente, es que si...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me permite contestarle. Estoy preguntado, con todo respeto.
El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Usted no aceptó que yo hiciera comentarios al acuerdo de la Junta, pero sí le permitió al diputado Delgado –no lo interrumpió para nada– la larguísima intervención aclarando en qué consistieron los acuerdos de ayer. Me parece que usted no está jugando con absoluta limpieza para todos, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ni juego y sí soy equitativo. No sabía qué tema iba a tratar el diputado Delgado. El asunto no está en el orden del día. Es una decisión de Jucopo.
El diputado Jesús Guzmán Avilés (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señor diputado Jesús Guzmán, del PAN.
El diputado Jesús Guzmán Avilés (desde la curul): Con su permiso, señor presidente. Yo opino que en los ahorros que se van a tener en la Cámara de Diputados no se vayan a la Tesofe. Que busquemos un consenso entre todos los diputados y se vaya a zonas indígenas o zonas de reconstrucción que tanto lo necesitan, en lugar de que se vaya y se pierda en la Tesofe y nadie sepa en qué se van a ocupar los recursos que se están ahorrando de esta Legislatura que ya tiene presupuestado ese dinero.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sobre acuerdos de la Jucopo que no son de nuestra competencia, me permitiría sugerirle a la Jucopo que nos mande esta decisión para incluirla en el orden del día. Muchas gracias. Si no, aquí se vuelve a repetir un debate que ya hubo allá.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto. Por favor, diputado. Sonido para el diputado Fernández Noroña. No hay audio para el diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ya. Muchas gracias, diputado presidente. Yo hice una alusión al diputado Mario Delgado y quiero primero ratificar mi apoyo a la decisión, no tengo problema en ello. Es una iniciativa que el compañero presidente electo ha promovido y que nosotros respaldamos a cabalidad.
Me parece que debería la Junta de Coordinación Política asumir que somos pares y que se debe traer a la discusión de este pleno, porque yo comparto lo del diputado que me antecedió, que es un despropósito enviarlo a la tesorería porque eso permite que el actual presidente de la República gaste ese dinero discrecionalmente. Es un ahorro que es dinero bueno tirado al malo.
Yo creo que nosotros deberíamos en esta soberanía decidir si se usa en apoyo a los damnificados, si se usa a comunidades indígenas, si se usa a universidades públicas, si se usa de qué mejor manera, y por lo tanto me sumo a su propuesta. Usted tiene razón de que no está en el orden del día, y me sumo a su petición de que a Junta de Coordinación programe la inclusión de este punto en el orden del día.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Consultado la Secretaría, es ese el procedimiento legal y reglamentario. Jucopo tiene que enviar por acuerdo de sus miembros, inscribirlo en el orden del día. Muchas gracias a todos. Sigue. Tiene la palabra por... Marcela Torres Peimbert ¿con qué objeto? Ah, perdón. Así estoy dando la palabra. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marcela Torres Peimbert...
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, secretariado, sonido para el señor diputado.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Presidente, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento de las Cámaras, de ambas, la decisión de la Mesa Directiva sobre cualquier tema, y la decisión de la Junta de Coordinación Política también sobre cualquier tema, siempre quedaran sujetas a la decisión del pleno, aun cuando sean acuerdos administrativos.
No estamos en contra de lo que se ha decidido, así lo aprobó nuestro coordinador. Pero el artículo 34 de la Ley Orgánica obliga a la Junta de Coordinación a hacer dos presentaciones: una a la Mesa Directiva y la otra al pleno. Y esa presentación no es sólo para conocimiento.
Si algún diputado tiene alguna duda, si algún diputado quiere debatir el tema, se debe de poner a consideración del pleno, y creo que la discusión en este momento no es la cantidad de ahorro que vamos a dar, la discusión es a dónde va a ir a parar ese dinero.
Tenemos muy malas experiencias con algunos fideicomisos que han manejado algunos grupos, algunos partidos que hoy son mayoría.
Por eso queremos hacer un planteamiento muy concreto, y sí en el orden del día viene la presentación de este acuerdo de austeridad y sí le plantearía la posibilidad que se abriera a debate para discutir, no cuánto podemos ahorrar, sino a dónde vamos a destinar y cómo se va a supervisar cada uno de esos pesos, para que no haga mal uso ni el presidente actual, ni el presidente que viene.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señores. Creo que tiene usted mucha razón, pero no está en el orden del día para debate. Hay una petición general –creo– que Jucopo la presente aquí. Nosotros... Perdón, permítame, permítame hablar, estoy en el uso de la palabra. ¿Cómo? ¿Quién es usted, perdón? Ya no está en el orden del día. Vamos a resolverlo, hay un órgano de la Cámara, una lectura, el Reglamento lo permitiría, un mecanismo llamado Conferencia, en donde estos temas se tratan entre la Presidencia y la Jucopo. No está en el orden del día. Seguimos con las iniciativas. Con mucho gusto, amiga diputada.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Diputado, también para solicitarle que no estamos de acuerdo en la austeridad, porque ese fue el acuerdo con el pueblo de México, pero todavía estamos con un presidente que hemos visto que todo el dinero que cae y que todo el que llega no ha sido aplicado a programas para nuestros municipios o nuestros estados.
Por eso también, como diputada, estoy pidiendo que sí sea claro y específico dónde se va a ir ese dinero que se va ahorita a ahorrar, porque sí tenemos que iniciar con mucha claridad.
Los partidos que venimos coaligados en esa coalición, venimos luchando por esa corrupción...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Sí, señorita.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Y por eso solicito también que sí haya un debate...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ahora no.
La diputada Margarita García García (desde la curul): Y que quede asentado dónde va a ir ese dinero para que el pueblo de México se entere dónde va a caer ese dinero...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Cuando sea agendado habrá el debate que sea necesario...
La diputada Margarita García García (desde la curul): Okey. Pero estoy pidiéndole que se agende para debate, diputado Presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No es decisión solo mía agendar, es decisión de la Mesa. Gracias.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De nuevo, ¿con qué objeto, señor diputado?
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Permítame. Le tengo que dar la palabra a los oradores. Cuando usted me la pida, diputado Pablo Gómez. No, me la ha pedido otro. No, sí, claro que se la voy a dar. ¿Cómo?
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): ¿En qué punto...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Estoy en iniciativa. Estoy obsequiando... Preocupaciones. Muchas gracias por la muy buena opinión.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Señor presidente, primero agradecerle muchísimo su generosidad. Y comentarle un tema que en esencia me preocupa adicionalmente. No se puede ahorrar un gasto que puede venir de deuda...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Oiga, perdóneme, no está a discusión si se ahorra o no se ahorra. Presente usted una iniciativa, por favor. Seguimos con el orden del día. No está a discusión la iniciativa.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Puede no ser ahorro, presidente. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Marcela Torres Peimbert, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, diputadas y diputados de esta honorable Cámara. La arquitectura parlamentaria en el mundo es sin duda un reflejo de la idea que se tiene de la representación democrática en los distintos países. Recintos como el Órgano Federal Supremo Legislativo, de la República Federal Alemana, reflejan la idiosincrasia del pueblo alemán respecto a cómo debe ser el Poder Legislativo, tanto en su arquitectura como en su actuar.
En ese sentido, el edificio que alberga a este Poder cuenta con una cúpula de cristal por donde las ciudadanas y ciudadanos pueden caminar libremente y observar desde arriba, no solo el desarrollo de todas las sesiones, sino el cómo se adoptan las decisiones en la misma.
En México sucede lo contrario. Y me refiero tanto a la arquitectura como al quehacer de las Cámaras. Aquí tenemos recintos legislativos rodeados por cercas tipo búnker, inaccesibles a la ciudadanía, y donde las decisiones se toman de la misma manera; a puerta cerrada en grupos cupulares.
Muy a pesar de nuestra arquitectura parlamentaria y las prácticas que en estas Cámaras se han realizado durante décadas, podemos hacer algo por acercar a las ciudadanas y ciudadanos a las tareas que aquí desempeñamos. Me refiero a volver al Poder Legislativo en un parlamento moderno, abierto, transparente, que rinda cuentas y que se legitime a través de ello.
En el marco de la adopción del gobierno abierto, como paradigma del desempeño de la gestión pública, la apertura de la toma de decisiones en el Poder Legislativo es un aspecto fundamental. Por ello, las cualidades y características básicas que definen un Parlamento abierto se han definido en los siguientes principios:
1. Participación ciudadana y rendición de cuentas. Se promueve la participación de las personas interesadas en la integración y la toma de decisiones en las actividades legislativas. Se utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, y las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos.
2. Información parlamentaria. Se publica y difunde de manera proactiva a la mayor cantidad de información relevante para las y los ciudadanos, con formatos muy sencillos, mecanismos de búsquedas simples, al acceso de cualquier persona y bases de datos en línea con actualizaciones periódicas sobre el análisis, deliberación, votaciones, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa.
3. Accesibilidad y difusión. Se asegura que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público y se promueve por canales de comunicación abiertos.
La presente iniciativa propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar en su contenido al mecanismo del Parlamento abierto, que ha sido definido como una forma de interacción para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentaria.
Adicionalmente a lo señalado, es importante destacar que la posibilidad de reelección de diputadas y diputados consecutiva que se prevé ya en la Constitución Política implica y requiere de la clara necesidad de ofrecer a la sociedad la mayor y mejor información relativa al desempeño de las y los legisladores para la toma de decisiones y la más objetiva y pública evaluación del desempeño.
Por ello, el día de hoy es un orgullo para mí presentar ante este honorable pleno lo siguiente: iniciativa con proyecto de decreto, en virtud del cual se adiciona un título séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de instaurar el mecanismo de parlamento abierto en el Congreso de la Unión.
Esta iniciativa se incorpora a algunas propuestas para actualizar la normatividad reglamentaria del Congreso General, es decir, aplicable, tanto a Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señora diputada, ¿quisiera usted concluir?
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Termino en un segundo, termino en un segundo, si me permite.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perfecto, un segundo.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Por esa razón planteamos la creación de un comité bicamaral para el parlamento abierto, a efecto de que sea una instancia del más alto nivel, en la que se homologuen los procesos generales, así como los mecanismos de interacción con las y los ciudadanos, con la finalidad de darle operatividad práctica a dicho comité y de que sus determinaciones se proyecten en sendas Cámaras, es que proponemos que tenga una presidencia compartida por dos legisladores o legisladoras, una diputada o diputado y un senador o senadora de la República.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada, le ruego que concluya.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Termino, concluyo en un segundo. En un segundo concluyo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, bueno, se distribuyó en la Gaceta.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos conscientes de la necesidad y de la importancia de actualizar el marco jurídico del Congreso, a efecto de que la ciudadanía cuente con mayores cauces para la participación activa de la sociedad, realización de propuestas, evaluación, seguimiento, acceso a la información pública, tanto del desempeño como de la gestión presupuestaria en relación con el ejercicio de las atribuciones de los diputados federales y las senadoras.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada, su tiempo ha concluido.
La diputada María Marcela Torres Peimbert: Es cuanto, muchísimas gracias, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia de las Remuneraciones Públicas.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para transformar el México que tenemos en el México que nos merecemos, las y las legisladores somos pieza fundamental.
Así de relevante es nuestra labor diaria, por eso es un honor para mí hacer uso de esta tribuna, para exponerles un tema que es trascendental para la consolidación del gobierno eficiente, transparente e incluyente que demanda nuestra sociedad.
Han transcurrido más de 9 años de análisis y debate en la arena política y no hemos logrado aprobar una ley federal cuyos principios sean la igualdad, la proporcionalidad y la transparencia de las remuneraciones públicas.
Y hoy toma más importancia que nunca, ya que la Mesa Directiva pretende el 13 de septiembre, en la próxima sesión, discutir y aprobar en fast track una iniciativa que proviene del Senado, que no solamente es vieja sino caduca en la mayoría de sus términos y principios.
Casi todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en que este es un tema pendiente en la agenda legislativa, pero además es una exigencia de los servidores públicos de la federación que exigimos reglas claras y precisas para la determinación de nuestras remuneraciones.
En un escenario donde todas las fuerzas políticas nos hemos manifestado varias veces por la austeridad debemos ser congruentes y responsables en todas las decisiones que garanticen un ejercicio adecuado de los recursos públicos.
Por ello, desde nuestro grupo parlamentario insistimos nuevamente, como lo hemos hecho en distintas ocasiones, en la necesidad de discutir y aprobar con urgencia una legislación secundaria integral que haga cumplir el propósito de la reforma al artículo 127 constitucional y que finalice por fin esta larguísima omisión legislativa.
Debo destacar que esta iniciativa se inscribe en el contexto internacional dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México forma parte y que medularmente señala que los Estados miembros deben tomar medidas de prevención contra la corrupción, tomando en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, ambos principios que están contemplados en este proyecto de iniciativa.
El principal objeto de esta ley es regular los rangos y los montos de las remuneraciones que percibimos los servidos públicos federales, estableciendo con claridad que nadie gane más que el presidente. Y he de remarcar, eso ya está establecido hoy en nuestra Constitución. Pero adicionalmente nos obligará a tomar en cuenta dos factores fundamentales.
Por un lado, que los servidores públicos dispongamos de una remuneración suficiente, que nos permita cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias. Y al mismo tiempo, que estas percepciones económicas sean congruentes con el nivel de responsabilidad que tenemos en el servicio público.
Compañeras y compañeros legisladores, dada la trascendencia de este tema, yo celebro que esta legislatura no siga postergando este tipo de discusiones, que son claves para lograr la igualdad. Pero tenemos la obligación de hacerlo con un proyecto de ley que nazca de esta legislatura, que sea de vanguardia y que esté, por lo menos, acorde al marco jurídico vigente.
No permitamos que la falta de voluntad política y la sinrazón nos impida abordar, y peor aún, aprobar un tema que es de vital trascendencia para el sector público. Y por ninguna razón posterguemos una iniciativa que mejora las condiciones laborales entre los hombres y las mujeres. ¿O nos vamos a esperar 100 años más, que es lo que estima el World Economic Forum para disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres en México?
Otro elemento diferenciador de esta propuesta es que toma en cuenta principios elementales, como son la igualdad, la racionalidad y la suficiencia presupuestal, lo que garantizará que se prevean los recursos suficientes para cubrir estas remuneraciones, algo que, desafortunadamente, no siempre pasa en las instituciones de gobierno.
Además, los funcionarios públicos tendremos mayor certeza jurídica en nuestra relación laboral y se erradicarán vicios y arbitrariedades en el salario de los trabajadores. No más discrecionalidad en la determinación de los salarios en el servicio público.
Si juntos logramos que a través de esta ley sean regulados estos tabuladores, garantizaremos mayor eficiencia en el desempeño del servicio público y contribuiremos a la consolidación de un gobierno abierto, eficiente y transparente, estableciendo sanciones para quienes no cumplan esta disposición.
El amigo del jefe ya no puede ganar más por ser amigo del jefe. Tiene que ganar más porque su desempeño y su responsabilidad lo acreditan.
En lo personal, hay un tema que me es muy importante, y lo dice alguien que ha sido servidora pública por más de 17 años. Les confieso que nunca he estado a favor de las cuotas de mujeres, pero reconozco que las cuotas son el único mecanismo que tenemos las mujeres para tener una participación activa en la vida política y pública de nuestro país. Pero no nos confundamos, esta desafortunadamente no es una iniciativa de cuotas, es la posibilidad real de disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres. A igual trabajo, igual salario.
Compañeras y compañeros legisladores, quiero finalizar resaltando que con la aprobación de esta iniciativa le daremos valor a cada uno de los espacios en el servicio público, sin distinción motivada por género, por edad, por etnia, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Pero también por primera vez en la historia tendremos la posibilidad de tener un salario justo y equiparable de acuerdo a la complejidad y a la responsabilidad que nos corresponda en el servicio público. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y del Trabajo, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 180 de la Ley Federal del Trabajo y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas. Los que estamos aquí representamos las aspiraciones, sueños e intereses de las y los mexicanos. Nuestra función legislativa tiene sentido si somos sensibles hacia las causas de los diferentes sectores de la sociedad.
Para nadie es ajeno la falta de oportunidades, la pobreza y desigualdad que han obligado a millones de jóvenes a buscar empleo para satisfacer sus necesidades básicas, e incluso para contribuir con la economía de los hogares.
Las y los menores trabajadores constituyen uno de los grupos más vulnerables de las transformaciones en la economía globalizada. Padecen con mayor crudeza la pobreza y la desigualdad que socavan su presente y quiebran sus posibilidades para tener un mejor futuro.
La problemática que presentan las y los menores de edad trabajadores en cada región del país es diversa y multifactorial, sin embargo existen elementos comunes que les son importantes, y a nosotros será analizar y corregir desde la Cámara de Diputados.
A partir de 2015 en México se permite a las y los mayores de 15 años trabajar en el sector formal de la economía, lo cual los hace sujetos de derechos como la seguridad social y las obligaciones tributarias.
Paradójicamente, a pesar de que están plenamente registrados en el sector formal y ante el SAT debido a su minoría de edad, no tienen el acceso al instrumento bancario por sí mismos. De ahí la presente iniciativa.
La inclusión de las y los menores de edad trabajadores en los instrumentos de nómina hoy deben ser un derecho. El instrumento deberá ofrecer la oportunidad de proteger su dinero, desarrollar una cultura financiera y gozar de los beneficios otorgados por las instituciones bancarias, pero sobre todo les reduciría el riesgo a quedar en manos de la delincuencia sobre todo los días de pago. No obstante, a pesar de su contribución económica nacional esta posibilidad se ve limitada para los y las menores de edad que trabajan.
Señores y señoras legisladores, compañeros, no podemos negar que la inclusión temprana de los adolescentes en la vida laboral debido a su condición de pobreza, constituye en sí misma un drama que reclama nuestra solidaridad y compromiso.
Las y los menores de edad que laboran necesitan certeza y seguridad jurídica para no agregarles más injusticia y más dificultades ante una realidad, y que estoy plenamente convencida, los jóvenes no se merecen.
Esta realidad exige la participación tripartita, el Estado, el empleador y la propia institución bancaria. Por ello propongo reformar la Ley Federal del Trabajo y adicionar la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de establecer que los patrones deberán proporcionar facilidades necesarias y realizar las gestiones conducentes ante las instituciones bancarias para que los menores de 18 años puedan recibir su salario a través de este producto de nómina, depósito o ahorro.
En tanto que las instituciones bancarias ofrecerán un producto bancario a las características señaladas a los menores de edad pero mayores de 15 que presten sus servicios laborales.
Por lo anterior les pido su solidaridad y manifestación favorable a esta presente iniciativa. Hacerlo es una manera de abonar un poco al interés superior de la infancia, y sobre todo, a la deuda histórica que el Estado tiene con las y los menores de edad. Es cuanto, presidente. Gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Maribel Martínez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el extranjero, derechos y acciones afirmativas que les permitan tener representación en el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Maribel Martínez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Congreso tiene una gran deuda con los migrantes mexicanos, de hecho, debemos aceptar que no hemos sido capaces de retribuirles lo mucho que con su trabajo y sacrificio hacen día a día por sus familiares en México.
Por ello a nombre propio y del diputado Benjamín Robles Montoya, así como de mis compañeras Margarita García y Claudia Domínguez, vengo a exponer la presente iniciativa, a fin de volver efectivo el derecho pasivo de los mexicanos residentes en el extranjero para integrarse en el Congreso de la Unión, con el porcentaje que represente fehacientemente a nuestros connacionales que por algún motivo económico, político o social, tuvieron que abandonar el territorio nacional.
Desde hace más de 10 años, su servidora ha realizado innumerables encuentros con mexicanos radicados en diversas ciudades del país del norte, donde he escuchado con atención las demandas más sentidas, desde el aspecto económico hasta ideas perfectamente elaboradas para mejorar la vida de nuestro país.
La presente iniciativa es una de ellas. No es producto de la imaginación de quien les habla, tampoco de una coyuntura o promesa de campaña. Se trata del sentir de nuestras hermanas y hermanos migrantes, de los estudios que han realizado, de nuestros connacionales radicados en la unión americana, cuyo propósito es volver visible a los que nadie ve, a los que nadie escucha, pero que existen y aportan con su fuerza laboral al sostenimiento de su familia en México y, en consecuencia activan nuestra economía.
Actualmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorgó el derecho a credencializarse en el extranjero. Así como la posibilidad de ejercitar el voto libre y secreto para elegir presidente de la República, senadores y cuando así sea el caso, gobernadores.
Asimismo, cabe mencionar que desde que en las leyes en materia electoral otorgaron derechos a los ciudadanos radicados en el extranjero a participar en la democracia, la lista nominal ha crecido considerablemente.
En 2006 votaron 32 mil 632 ciudadanas y ciudadanos. Para 2012 se incrementó a 40 mil 735 votos. En esta última elección, histórica por la concurrencia de comicios del ámbito federal como estatal, se recibieron 98 mil 470 votos, incrementando cerca de un 120 por ciento de votos respecto de la anterior elección. Y la lista nominal de mexicanos en el extranjero aumentó a 181 mil 256 ciudadanas y ciudadanos.
Compañeras y compañeros, como fundamento a esta iniciativa tomamos como base las cinco circunscripciones electorales en que se divide el país para la elección de diputados y senadores de representación proporcional. Por su parte, como ya lo hemos visto, los 12 millones de mexicanos en el extranjero es una estadística que ningún funcionario ni representante popular debe pasar por alto.
Por ello debemos crear una sexta circunscripción que estratégicamente no comprende espacio geográfico en el país, pero que representa casi la misma cantidad de electores que provienen de cualquiera de las primeras cinco.
Es hora de avanzar en la consolidación de la participación política de los compatriotas residentes en el extranjero. Las razones para ello son extensas y quizá no haya el tiempo para exponerlas todas, pero solo por hacer mención me referiré a las tres básicas.
Primera. Representan un núcleo de más del 15 por ciento de la población nacional. Las remesas enviadas a sus familias alcanzan la cifra de 30 mil millones de dólares, cosa que significa importante su presencia en la vida nacional de este país.
Y tercero. Sus lazos son con México, están vigentes, les incumbe la vida política de este país. Son connacionales, son seres humanos mexicanos radicados en un país extranjero, pero no por ello pierden sus derechos. Pugnamos por los derechos plenos de nuestros connacionales.
Debo comentarles que el pasado miércoles sostuvimos aquí en uno de los salones de la Cámara un importante foro con hermanos migrantes que vinieron de diversas ciudades del país vecino. Nos exhortaron con esta iniciativa y nos exhortan a que pugnemos por los derechos plenos de quien hoy en gran medida sostiene la economía de este país.
Es hora de que pensemos en ellos, es hora de que pensemos en las familias que por circunstancias diversas han tenido que perder a seres queridos para radicar en otro país.
No nos equivoquemos, compañeras y compañeros, seamos asertivos. Este es el tiempo de los migrantes. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Tengo solicitud de varias diputadas y diputados de adherirse a la proposición. Se ha abierto la lista, ahí está. Gracias.
La diputada María Libier González Anaya (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dígame, diputada.
La diputada María Libier González Anaya (desde la curul): Compañera, como diputada migrante me sumo a la petición de ella. Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Ojalá y pueda pasar a firmar además. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Eduardo Ron Ramos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 239 A, a la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Eduardo Ron Ramos: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, muchos de nosotros venimos de zonas rurales y estamos conscientes que a los trabajadores del campo les debemos todo. Les solicito tomar como prioridad esta iniciativa.
El Estado mexicano tiene una deuda con los trabajadores del campo. Conforme datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, se estima que más de 16 millones de personas son trabajadores del sector rural.
El Inegi señala que más del 60 por ciento de ellos son mayores de 40 años y casi el 10 por ciento tienen entre 75 y 85 años, manteniéndose por necesidad económica como trabajadores activos pese a su avanzada edad. Eso compañeros es inaudito.
De acuerdo a datos del informe 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan solo existen 289 mil 353 trabajadores permanentes y eventuales del campo afiliados a este sistema, lo que se traduce en que el 98 por ciento de los trabajadores del campo no cuentan con seguridad social, lo que se traduce en la falta de cotización y ahorro para gozar de una pensión.
Los trabajadores del campo tampoco cuentan con las prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ya que solo 7 de 100 trabajadores del campo reciben un aguinaldo. Un trabajador del campo llega a cubrir entre 12 y 15 horas diarias y muchos de ellos ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria básica, lo que les imposibilita ahorrar su futuro y por esta razón debe continuar trabajando después de los 65 años.
Los trabajadores del campo son un grupo económicamente activo, de mayor edad, es decir, que se sigue manteniendo después de 70 años de edad.
Además de lo anterior, debemos recordar que los trabajadores del campo son quienes más sufren por el cambio climático, son quienes padecen de las contingencias de la naturaleza, como inundaciones o sequías y en algunos casos son despojados de sus tierras a causa del crimen organizado.
Por ello, este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso a todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores y con esta medida garantizar, de manera vitalicia, una pensión rural digna, con un ingreso que permita reducir las carencias en el sector rural mexicano.
Adicionalmente se estima que casi 500 mil adultos mayores del campo reciben el apoyo del Programa de Pensión para Adultos Mayores. No obstante lo anterior, el próximo gobierno federal ha planteado que la universalización de la pensión de adultos mayores también beneficiará a jubilados del IMSS o ISSSTE, lo que plantea la pertinencia y justicia social de constituir un fondo para garantizar una pensión, no sólo por la edad, sino por los años de trabajo realizado por los trabajadores del campo, históricamente excluidos de la cobertura de servicios de seguridad social.
Esta iniciativa forma parte de los compromisos de Movimiento Ciudadano, suscritos en la agenda legislativa presentada ante esta soberanía y la retoma la iniciativa presentada por nuestros compañeros Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, en la pasada legislatura, donde no contó con el respaldo del entonces grupos mayoritarios.
El día de hoy, con la nueva composición de un Congreso con mayor sensibilidad social, esperamos contar con todo su apoyo de la mayoría de los integrantes de esta Cámara, para hacer justicia a los trabajadores del campo. Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy este Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, tiene un compromiso muy grande con la sociedad mexicana.
Cada uno de los que hoy estamos aquí recogimos la problemática de un tema muy importante que es la educación. En ese tenor, hoy nos compromete a trabajar en una reforma educativa al alcance no solamente de alumnos sino también de maestros.
Quiero decirles que la LXII Legislatura, en su afán de querer procurar una educación de calidad, al alcance de todos los mexicanos, atentó contra los intereses de los docentes. Es decir, que no fue una reforma educativa, sino fue una reforma laboral que a todas luces atentó contra la economía de miles de maestros. Miles de maestros que seguramente no presentaron esos exámenes de idoneidad para evaluar sus conocimientos y que hoy no tienen una plaza garantizada. Por ello, hoy tenemos el compromiso de trabajar fuertemente para apoyar el magisterio.
Quiero decirles que los maestros, que las maestras no son enemigos del pueblo mexicano, son aliados de todo el pueblo mexicano y de este Congreso de la Unión. Por ello, tenemos que garantizar, trabajar, revisar y matizar esta reforma educativa que hoy el Grupo Parlamentario del PRD, y que seguramente muchos de ustedes tenemos coincidencias, porque hoy tenemos que garantizar que ese Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realmente sea un Instituto que pueda garantizar el desarrollo pleno de las y los maestros.
Qué condescendiente fue el presidente Enrique Peña Nieto con las maestras, con los maestros y también la legislatura de aquel entonces.
Cómo no crearon un instituto nacional para la evaluación de los diputados y de las diputadas. Creo yo que no fueron parejos. No fueron parejos porque dejaron a un lado las garantías de miles de maestros.
Hoy a este instituto, el INEE, que únicamente se encarga supuestamente de evaluar y de considerar a los buenos maestros en una evaluación completamente estricta, se le inyectan miles de millones de pesos. En lugar de que ese dinero se le inyecte a la capacitación de las y los maestros.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática en esa discusión quiere proponerles a todos ustedes, compañeros y compañeras, que además de garantizar la educación laica, gratuita, de calidad, hoy lo que nosotros estamos considerando es esa reivindicación histórica del pueblo mexicano. Porque sin ella solamente la educación estaría al alcance de unos cuantos, de los más ricos y seguramente los que no tienen recursos no estarían al alcance de poder acceder a la educación que hoy se propone en este planteamiento y en esta reforma.
La educación pública de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del Estado. Para mejorar la infraestructura escolar, fortalecer la formación y actualización de los docentes y mejorar sus condiciones laborales, la evaluación debe localizar problemas y deficiencias en el sistema en su conjunto, para poder implementar políticas que mejoren el proceso de enseñanza y aprendizaje, y las condiciones bajo las cuales se desempeñen las escuelas.
Consideramos que no es lo mismo evaluar a un maestro del sureste, que evaluar a un maestro o maestra de la Ciudad de México o del centro del país. Hay diferencias sociales, culturales y hasta geográficas totalmente distintas.
Por ello, proponemos que se revise profundamente el tema de la evaluación de los maestros y que nosotros, este Congreso, esta Cámara de Diputados, les demos la oportunidad a esas buenas y buenos maestros para que se reincorporen a la vida laboral, proponiendo un sistema de capacitación oportuna para todos ellos.
Quiero proponer, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se reforme el artículo 3o., en la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que quede de la siguiente manera: Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
Para tales efectos el Ejecutivo federal considera la opinión de los gobiernos de los estados, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados en lo dispuesto de esta ley.
Por ello quiero decirles desde esta tribuna, que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dice sí a una educación pública, gratuita, laica y de calidad, con capacitación para todas las y los maestros, respetando los derechos laborales y humanos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por diez minutos, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Primer Empleo, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Presidente.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No entiendo, compañera. ¿Ya le dieron sonido, porque no la oigo. Yo no manejo el sonido. Pido sonido a la Secretaria. No puedo manejar tantas cosas.
La diputada Marcía Chávez Pérez (desde la curul): Debemos de tomar en cuenta al Magisterio, por eso necesitamos formar la Comisión de Educación, para poder abrogar o derogar el artículo 3o. No debemos tomar iniciativas al vapor. Aquí estoy protestando.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Señora diputada, las iniciativas no son al vapor ni de lenta cocción. Es un derecho de los diputados presentar. Aclaró el secretariado desde el primer día que mientras no se creen las comisiones, las iniciativas quedan a resguardo y cuando se creen las comisiones pasan ahí. Si usted es miembro de esa comisión se le turnará apenas termine el mes. Muchas gracias.
El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas. Los jóvenes representan un potencial que los hace forjadores de los cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de cualquier nación.
Sin embargo, en México cada vez son más los jóvenes que por distintas circunstancias se ven imposibilitados de incorporarse al mercado del trabajo, al grado de que el primer empleo para este sector fundamental de la población se encuentra la mayoría de las veces en la informalidad.
Esta situación empeora en los jóvenes recién egresados de la educación media y superior, quienes a pesar de contar con la formación académica enfrentan serias dificultades para encontrar su primer empleo por falta de experiencia.
Datos del Inegi indican que durante el primer trimestre de 2017 la población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encontraban ocupados, sin embargo 60.6 por ciento de ellos se encuentra laborando en el sector informal.
La tasa de desocupación por adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años es de 6 por cada 100 personas económicamente activas. Los adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación del 6.9 por ciento, y jóvenes de 20 a 24 años de edad del 6.5 por ciento, mientras que para el grupo de 25 a 29 años es menor la tasa de desocupación con el 5.1 por ciento.
Además, se debe señalar que uno de los principales obstáculos que enfrenta la población juvenil al momento de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral. De acuerdo también a datos del Inegi, el 19.8 por ciento de los jóvenes desocupados se identifican con la falta de experiencia, mientras que del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más del 16.2 por ciento declararon disponibilidad para trabajar, pero señalaron haber dejado de buscar trabajo o no buscarlo porque piensan que no tienen oportunidad de encontrar alguno.
Otro dato a considerar es que el Instituto Mexicano de la Juventud reportó en el 2011 que 7 de cada 10 jóvenes conseguían su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares, lo cual significa que de no ser por algún conocido que pueda conceder una recomendación o bien otorgar un empleo, es difícil que los jóvenes puedan tener la confianza para acceder al mercado laboral.
Las dificultades mencionadas han motivado a diversos países que diseñan programas específicos para mejorar aptitudes, quienes enfrenan problemas para integrarse a su primer empleo. Dichos programas aportan nuevas soluciones a un problema antiguo que va creciendo.
La inclusión económica y social de los jóvenes, entre ellos hay que mencionar a: Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Argentina; Projoven, en Brasil; Jóvenes en Acción, en Colombia y el más reciente Mi Primer Empleo en Perú, además uno más anexado que es Paraguay con el mismo nombre.
Bajo esta lógica quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentamos ante ustedes una iniciativa con la finalidad de crear una ley del primer empleo, consistente en establecer normas para regular, incentivar y fomentar el empleo en los jóvenes, particularmente en el inicio de su actividad laboral formal.
Esta propuesta establece que serán beneficiados del régimen del primer empleo los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad que comprueben que se trata de su primer empleo formal.
Dichos trabajadores percibirán entre una y dos veces el salario mínimo vigente pagado por el empleador, más un salario mínimo adicional que podrá ser pagado por el gobierno.
La permanencia en el trabajo deberá ser por un año obligatoriamente. Ningún trabajador podrá contratarse por más de una ocasión bajo el régimen del primer empleo.
Asimismo se señala que el puesto de trabajador del primer empleo y la práctica laboral deberán ser adecuados a nivel de formación y estudios cursados por el trabajador.
Adicionalmente se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleve a cabo un registro de los trabajadores inscritos bajo el régimen del primer empleo con base en la cual calculan los montos necesarios para su aplicación en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará anualmente de la recaudación de impuesto especial sobre la producción y servicios, los recursos necesarios para la implementación del régimen del primer empleo.
Todo lo anterior, como ya lo señalamos, pretende terminar con la exclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, de procurarles y capacitarles a un ingreso digno para mejorar sus posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida.
Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que esperamos contar con su valioso apoyo para concretar esta digna propuesta. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al siguiente punto en el orden del día.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objeto? Sonido con la diputada Guadalupe Almaguer.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Para manifestar mi solidaridad con las mujeres electas en el estado de Chiapas, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No está en el orden del día.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al análisis del VI Informe de Gobierno. El siguiente punto en el orden del día es el VI Informe de Gobierno del presidente de la República en materia de política interior. Para participar en la primera ronda de intervenciones, los grupos parlamentarios han inscrito a las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.
En consecuencia, tiene la palabra hasta por cinco minutos Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México. Y para obviar tiempo, se prepara el Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con la venia de la Presidencia. Saludo a las y los diputados, a los medios de comunicación.
La revisión de las acciones que ha implementado el Estado mexicano con el objeto de garantizar la paz, las libertades y el desarrollo integral de las personas, proveen un punto de partida para el diseño de futuras estrategias de seguridad y en consecuencia constituyen una prioridad, tanto para la sociedad mexicana como para esta Cámara.
Los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad se han generado a lo largo de muchos años, son consecuencia tanto del incremento de las actividades delictivas en diversas zonas del país, como las debilidades institucionales en distintos periodos y órdenes de gobierno.
Superar estos retos exige combatir la delincuencia con una política de Estado, en la que cada uno de los Poderes de la Unión y las autoridades federales, estatales y municipales asuman con firmeza e integridad las responsabilidades que les correspondan. A partir de esta visión el gobierno de la República desplegó una estrategia basada en cuatro ejes principales: coordinación operativa entre los tres órganos de gobierno; fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones policiales; uso intensivo de sistemas de inteligencia y prevención social de la violencia y del delito.
Dada la posición preeminente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de Gobernación, se optó por transferir las funciones de seguridad pública, lo que ha permitido una mejor coordinación con instituciones federales, estatales y municipales, así como con los otros actores relevantes de la sociedad civil.
Ahora la Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinar los trabajos realizados por el gabinete de seguridad, con lo cual se garantiza que los esfuerzos emprendidos se desarrollen de forma coordinada, eficiente y eficaz. El sentido de corresponsabilidad y la cooperación institucional caracterizan los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el principal órgano del Estado mexicano dedicado a combatir la delincuencia y promover la seguridad.
La división del territorio en cinco regiones permitió llevar a cabo las estrategias diferenciadas de acuerdo con las necesidades de distintas zonas, además de haber fortalecido la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Aunado a lo anterior, la Estrategia Escudo Titán, que consiste en la realización de operativos en municipios del país con altos índices delictivos, ha permitido atender los problemas de inseguridad desde una perspectiva multidimensional y multifactorial.
Alrededor de una cuarta parte de los municipios del país carecen de una fuerza policial propia. Entre los municipios que sí cuentan con una más de la mitad tienen menos de 50 elementos, que por añadidura tienen remuneraciones que no corresponden a la responsabilidad que desempeñan. Por ese motivo se ha implementado el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como municipal, mediante apoyos otorgados por el gobierno de la República, que resultan indispensables para avanzar hacia un modelo en los cuales los efectivos militares no tengan que cubrir las deficiencias de las policías locales.
Se ha invertido más de 80 mil millones de pesos en la modernización de instalaciones, equipos y armamento de las corporaciones policiales locales, así como en la capacitación de su personal. De enero de 2013 a junio del 18, se han fortalecido las capacidades de más de 903 mil elementos de instituciones de seguridad pública de todo el país.
El uso legítimo de las fuerzas públicas por parte del Estado es una herramienta que debe utilizarse como última alternativa para preservar la paz. En todos los casos, desde la prevención hasta la persecución del delito, el principal instrumento debe ser el uso de inteligencia. Es decir, información debidamente procesada, de modo que sea una guía eficaz para la acción.
Por ello esta administración ha privilegiado el uso intensivo de los sistemas de inteligencia con la finalidad de establecer acciones que permitan combatir el delito y desarticulen los grupos delincuenciales, sin generar más violencia que afecte la normalidad de las comunidades.
A partir de esta visión se crearon los centros nacionales de la función de inteligencia, los centros regionales de función de inteligencia en los cinco centros regionales de inteligencia naval.
Es imposible imaginar un Estado eficaz contra las organizaciones criminales que no incluya entre sus tareas prioritarias la coordinación entre las autoridades, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y las acciones para prevenir el delito.
La experiencia adquirida a lo largo de los pasados seis años, tanto en los avances como en los rezagos, constituyen un valioso referente para la elaboración de una nueva estrategia. Sería un grave error ignorar lo realizado y pretender partir de cero.
Si bien el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconoce que hay trabajo por hacer en materia de seguridad, es justo reconocer los esfuerzos realizados por el gobierno del señor presidente Enrique Peña Nieto, con base en los cuatro ejes descritos, con la finalidad de brindar a las familias mexicanas paz y tranquilidad para poder vivir y trabajar en paz. Es cuanto, señor presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, señoras y señores legisladores, dentro de los magros resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al lado del persistente y elevado nivel de corrupción, destaca en su VI Informe de Gobierno el limitado acceso a la justicia, que deviene en creciente impunidad, violencia y abandono de las víctimas.
Abundan los datos que ilustran esta situación, verbigracia, durante esta administración en materia de impunidad ocupó la primera posición en América y el cuarto lugar a escala global.
Más de dos terceras partes de la población consideran que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país. Además, que del total de los delitos cometidos solo se denuncia un 10 por ciento y poco más del 3 por ciento llegan a concluir su proceso.
Asimismo, es notorio en el periodo de este VI Informe el aumento de los delitos de alto impacto, los crímenes cometidos contra periodistas, la persistencia de la incidencia y reducido acceso a la justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias y la falta de fortalecimiento en las instituciones policiacas federales. De manera alarmante se registra una tendencia creciente en el asesinato y desaparición de periodistas, mujeres y niños.
Aunado a lo anterior, este gobierno queda en deuda en relación a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, siendo omiso en establecer una estrategia clara y una planeación integral a nivel nacional que se tradujera en una política pública efectiva que impidiera el estancamiento de dicho proceso.
Las cifras relativas a la Procuraduría General de la República, dadas a conocer en el VI Informe, señalan que dentro del sistema de justicia tradicional y mixto, de un total de 84 mil 812 averiguaciones previas en trámite, solo un poco más del 2 por ciento se consignaron.
El panorama en el sistema de justicia penal acusatorio no es mucho mejor, ya que de 140 mil 352 carpetas de investigación en trámite solo se presentaron 13 mil 602 al órgano jurisdiccional, la mayor parte es indetenido.
Así pues es notorio, señala que el rezago de la PGR en la implementación del nuevo sistema ha provocado que la mayor parte de las carpetas de investigación iniciadas esté pendiente de determinación y que del total sólo el 0.18 por ciento llegó a juicio oral y el resto se resolvió por otras vías.
Las propias cifras del VI Informe revelan el fracaso de este gobierno en garantizar un sistema de justicia penal expedito, eficaz y transparente. En vez de trabajar para allegar los recursos necesarios para la adaptación y mejora de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, intentó de manera reiterada manipular los procesos, proponiendo leyes socialmente riesgosas como la Ley de Seguridad Interior, así como nombramientos a modo en la Fiscalía General de la República y en el Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de proteger en esta administración a los que han incurrido en escandalosos actos de corrupción.
Los saldos en materia de acceso a la justicia que nos deja este gobierno son funestos. No solo entrega un país más inseguro, violento y saqueado, sino que también deja una certeza social de que quien la hace no la paga.
Se negó la posibilidad de que el Estado de derecho fuera el canal conductor para llegar a la verdad. De juzgar a los delincuentes y reparar a las víctimas. No se respondió de manera legítima y eficaz a las violaciones de los derechos fundamentales y se dejaron de observar principios generales, tales como el derecho al acceso a la justicia, la imparcialidad del juzgador, la igualdad procesal de las partes y la ejecutoriedad y efectividad de las decisiones de los tribunales.
El Grupo Parlamentario del PRD señala que este gobierno no fue capaz de garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. No se logró abatir el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia.
En el PRD consideramos que para recuperar la tranquilidad y la legalidad de nuestro país es necesario actuar en todos los frentes, y principalmente en todos los niveles de gobierno. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, México sigue siendo un país donde la aplicación y sanción que establece la ley para quienes cometen delitos es la excepción y no la regla. Donde en materia de seguridad y justicia penal aún no logramos construir un verdadero Estado de derecho.
Las instituciones de investigación y procuración de justicia no están rebasadas, están reprobadas. La cifra negra de los delitos ocurridos pero no denunciados han aumentado del 92 al 93.6 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen únicamente se presentan 6 denuncias y de estas solo 2 son investigadas y resueltas, lo que se traduce en una impunidad del 98 por ciento.
El mismo Inegi en 2016 estimó que en nuestro país ocurrieron 31 millón de delitos que directamente afectaron a 24 millones de personas, quienes fueron doblemente víctimas, pues no solo sufrieron la afectación de sus bienes e integridad, sino también la omisión y la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia.
A nivel federal, del total de denuncias que la Procuraduría General de la República logra consignar ante el juez, el 99 por ciento de ellas se debe a que el diputado fue detenido en flagrancia, lo que evidencia la ausencia total de las capacidades de investigación de los delitos de la principal institución de procuración de justicia de nuestro país.
El aumento de violencia lacera a toda la población, sin embargo, entre quienes han resentido más las consecuencias están las mujeres. Datos del Inegi reflejan que el género femenino representa el 79 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.
La violencia feminicida persiste tanto en espacios públicos como privados. Datos de la agencia de ONU Mujeres revelan que en nuestro país se asesinan siete mujeres cada 24 horas.
No podemos hablar de un Estado de derecho cuando el Estado es incapaz de garantizar el libre ejercicio de prensa. La violencia contra periodistas ha alcanzado niveles alarmantes. De 2010 a 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta 74 homicidios de periodistas.
En los últimos 6 años se han registrado 49 asesinados y cerca de 2 mil agresiones a reporteros. México ocupa el deshonroso lugar como el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo y el tercer país más peligroso a nivel mundial, solo superado por Irak y Afganistán, según los datos publicados por la Federación Nacional de Periodistas en 2017. El día de hoy existen periodistas que estarían más seguros ejerciendo su profesión en países en estado de guerra que en México.
Como hemos mencionado, este gobierno no investiga ni detiene a los delincuentes. En cambio, sí espía a sus periodistas y representantes del Estado, la sociedad civil.
En junio de 2017, el diario norteamericano The New York Times documentó el espionaje del que fueron víctimas, entre otros, abogados que investigaban la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un economista que ayudó a redactar el proyecto de Ley Anticorrupción y dos periodistas más influyentes de México. A la fecha este crimen permanece impune.
Este tipo de hechos son fiel reflejo de un gobierno que en el presente sexenio no estuvo a la altura ni de sus ciudadanos, ni de su mandato para gobernar, cuyo VI Informe constituye un saldo más que avances, refleja sus pendientes y omisiones. No en vano al concluir su mandato el presidente Peña Nieto termina con una evaluación negativa de gestión, 77 por ciento de los ciudadanos mexicanos manifestó estar en desacuerdo con su gobierno.
Así, el presente Informe en materia de gobernabilidad y política interior, en lugar de avances nos muestra lo mucho que falta por hacer, lo mucho que este gobierno se equivocó y las grandes omisiones que derivan en una crisis de derechos humanos y violencia sin precedentes en la historia de nuestro país.
Restituir la seguridad, castigar la impunidad, sancionar la corrupción, evitar la simulación y lograr que en los hechos, no el discurso, el gobierno y sus instituciones estén al servicio de los ciudadanos seguirá siendo el gran pendiente que esta administración nos hereda. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y se prepara el diputado Armando González, del Partido Encuentro Social. En el uso de la voz Benjamín Robles Montoya. Diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados. La evaluación de la política interior ya la hizo el propio presidente de la República, le fallaron al pueblo de México, sí. No hay México en paz. Y tampoco hay un México con mejores condiciones de seguridad. Y ni que decir de si se cumplió o no la promesa de garantizar el respeto de los derechos humanos, o que la relación entre estados y federación esté en el mejor momento de nuestra vida democrática. No.
De hecho la política interior del actual gobierno ha rayado en el colmo de la ineficacia y en el límite de convertirse en un crimen contra la población mexicana. ¿Cómo explicar si no las cerca de 2 mil agresiones contra periodistas en lo que va del sexenio? ¿Cómo calificar la pérdida de libertad de la población mexicana que ya no puede transitar por el territorio?
¿Cómo olvidar Nochixtlán, cuando las redes sociales demostraron las mentiras del entonces secretario de Gobernación y del entonces gobernador de Oaxaca, que en conferencia de prensa se atrevieron a asegurar que las fuerzas del orden no habían acudido armadas? Y una vez que se difundieron las imágenes y videos de policías con armas de fuego disparando contra la población, mandaron al comisionado de la Policía Federal a dar la cara y a reconocer que sí habían utilizado armas.
Eso, en democracias avanzadas, compañeras y compañeros, habría ameritado la renuncia del secretario de Gobernación y la del propio gobernador, pero no en México y menos en un gobierno priista.
Por eso no es suficiente con que de forma cínica y negligente el presidente diga que no ha cumplido y que le demos la vuelta a la página como si no hubiera pasado nada. Que les pregunte a los familiares de las víctimas de homicidios si basta con palabras y spots televisivos para olvidar lo sucedido.
El gobierno priista de Peña Nieto, ha batido todos los récords de homicidios. Miren, sólo en el primer trimestre de 2018 ha sido el más violento desde que se tiene registro. Que pregunte a la población afectada por los sismos de 2017 si se siente segura y atendida por el gobierno de la República como este afirma haberlo hecho en el texto de informe que ha entregado al Congreso.
Sí, nada nos hubiese dado tanta satisfacción como venir aquí a felicitar la atención eficaz de desastres que hubiese efectuado la administración. Pero es todo lo contrario. Con graves visos de corrupción, con dilaciones en todos los aspectos, desde la reconstrucción de viviendas hasta la coordinación institucional.
Por eso, es una posición que compartimos en la bancada del Partido del Trabajo en este Congreso y en todos los Congresos estatales y aun en nuestros gobiernos municipales, que necesitamos restablecer la normalidad democrática en México. Necesitamos revertir la inercia negativa que enfrentamos y reinventar la política interior del país.
Nosotros somos federalistas, nosotros somos municipalistas y no vamos a permitir ni antes, ni ahora ni más adelante, que se falta el respeto a los gobiernos estatales y tampoco se malogren los postulados de Juárez ni el trabajo que durante muchos años nosotros impulsamos desde nuestras propias localidades.
Por todo esto, el presidente sí acertó en reconocer que fallaron, pero no le alcanzó ni el lenguaje ni la sinceridad para reconocer que fallaron también en lo más sagrado, la honestidad, porque se están yendo algunos de los funcionarios más corruptos en la historia de México. Ese fue el signo de esta administración, y ninguna armonía, ningún pacto ha de borrárselos de un plumazo, porque para construir la paz, compañeras y compañeros, son necesarias muchas cosas, pero sobre todo una de ellas, la verdad.
Y en el PT estamos dispuestos a hablar con la verdad al pueblo de México, la verdad sobre el sexenio que se termina y que es del dominio público, y también la verdad sobre el proceso de construcción que iniciamos y que está en marcha.
Por eso que nadie lo dude. Nosotros estamos del lado del pueblo de México, y así como hemos sido directos y severos en el sexenio saliente, también lo seremos con los nuestros, porque ha llegado la hora de la nueva república, eso es cierto, pero de una república moderna que nos impulse hacia adelante y que no retroceda 200 años.
Compañeras y compañeros, la mejor política interior es la congruencia, eso que no conoció el gobierno que se va. Por eso digo, compañeras y compañeros diputados, poco o nada nos dice este informe sobre la verdadera situación del país.
No es más que un montón de cifras alegres que no reflejan el desastre que Peña Nieto deja en la administración pública, y así lo seguiremos mencionando en los distintos momentos de esta glosa del último informe de este desastroso sexenio para el país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Armando González Escoto: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, para quienes damos vida y dinamismo al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta soberanía, la sociedad mexicana es heterogénea y encuentra en su diversidad su mayor riqueza, no la vemos como una masa uniforme y por ende aspiramos a que todos los mexicanos sean iguales, pero solamente ante la ley.
Reconocemos, sí, que lo que tenemos que vencer es la desigualdad que la excluye, que la lesiona, la cohesión social, y pone en riesgo nuestra viabilidad como país. En tal sentido, creemos que el tratamiento de iguales a los iguales, y desigual a los desiguales, es una de esas piedras angulares de la justicia.
Uno de los flagelos más lacerantes para la vigencia y la vivencia de los derechos humanos en nuestro país, es sin duda la discriminación que padecen los pueblos indígenas.
Recientemente la relatora especial sobre los derechos humanos de pueblos indígenas en su informe de la visita realizada en noviembre de 2017, concluye que desde 2003 los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos.
El Estado mexicano ratificó el 5 de septiembre de 1990, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, es de observancia general.
El inciso a) del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente.
No obstante lo anterior, la relatora especial en su informe señala que las consultas que llevan a cabo las autoridades no son previas y que se emiten autorizaciones y permisos para proyectos antes de consultar a los pueblos indígenas, situaciones de amenazas, hostigamiento y criminalización de los miembros de pueblos indígenas durante los procesos de consulta, menoscaban el carácter libre de las mismas.
Han pasado siete años de la reforma constitucional de derechos humanos en nuestro país, y la situación de los pueblos indígenas en México, refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Ejemplo de lo anterior, tenemos que el Ejecutivo federal olvidó en su informe de gobierno dar una respuesta en torno a la omisión de presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Este requerimiento fue formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 11 de julio de 2016, en la recomendación general número 27/2016.
La falta de la ley sobre derechos a la consulta ha traído consigo la instalación de mesas interinstitucionales con pueblos indígenas por parte de las autoridades, para resolver la problemática, tal como lo presenta el Sexto Informe de Gobierno. Lamenta, resulta ver que la omisión se convierte en un logro para el gobierno de la República.
Avances que pudiera presumir el gobierno federal para erradicar la discriminación en nuestro país, como la puesta en funcionamiento del Programa Ciudad de las Mujeres, por parte de Sedatu, se ve acompañado por la violación a los derechos humanos de más de 30 personas indígenas que no solamente se les despidió del programa, sino que durante el tiempo que laboraron en la Sedatu en Tlapa, Guerrero, no tuvieron prestación alguna.
En este recinto nos acompañan integrantes de la Unión Regional de Mujeres de la Montaña, Francisca Reyes Castellanos, asociación civil que está apoyando a las mujeres indígenas, despedidas por Sedatu por atreverse a exigir el respeto a sus derechos humanos.
En Encuentro Social nos pronunciamos porque los pueblos indígenas definan no solo su propio tiempo de desarrollo económico, social y cultural, sino que en este caso específico exigimos a la titular de la Sedatu la reinstalación de las mujeres indígenas despedidas, el pago de los meses adeudados y el respeto a sus derechos humanos.
Todas las propuestas que hacemos para mejorar la realidad mexicana en materia de derechos humanos serán desde la convicción de que otro México es posible con los derechos humanos y la discriminación como vigencia y como vivencia. Compañeros diputados, hagámoslo nosotros. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI el análisis del VI Informe de Gobierno sobre política interior se hizo con reflexión franca y objetiva, visualizando avances significativos en rubros fundamentales para lograr un México próspero, productivo y en paz, como el que hoy se está conformando gracias a que la política interior robusteció, no solo a las instituciones, sino también al Estado de derecho, asegurando gobernabilidad y la conformación de un proyecto de nación donde la atención de los rezagos y deudas sociales estuvo a la par con la consecución del equilibrio económico.
Una muestra de ello es que a lo largo de este año junto a la sociedad civil, legisladoras y gobiernos locales se trabajó para fortalecer y reconocer el papel de la mujer en el México, con la misma intensidad del inicio del sexenio, cuando se incorporó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo la transversalidad de género, con lo que este gobierno de manera efectiva y como nunca antes lo había hecho otra administración garantizó de principio a fin que todas sus políticas públicas y programas sectoriales adoptaran una perspectiva de género, o bien por primera vez y después de más de 60 años de la aprobación del sufragio femenino materializó en la norma y en los hechos la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, teniendo hoy el mayor número de diputadas y senadoras en la historia del país.
Asimismo y en materia de derechos, el gobierno del presidente Peña Nieto también dio muestras de un verdadero compromiso e inclusión, al instrumentar el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación y generar la Norma Mexicana en Igualdad Laboral, certificando ya a 309 centros de trabajo.
De igual forma, sobre el derecho a la nacionalidad y la identidad fundamental para el reconocimiento como integrante de nuestra sociedad y para el acceso y disfrute innegable de todos los beneficios jurídicos y sociales, se implementó de manera exitosa la estrategia Tu acta de nacimiento donde te encuentres, logrando para ello y por primera vez interconectar a todos los registros civiles del país, para que todo mexicano pueda contar con su acta de nacimiento en cualquier parte de la República.
También sobre la atención a los desastres naturales que tantas heridas y costos nos han dejado como nación, ya sea en tornados, huracanes, sismos o inundaciones, se mejoraron los protocolos de atención antes, durante y después de las catástrofes, tanto a la población afectada como a la infraestructura, el entorno y la reconstrucción.
En este punto aprovecho para expresar que ha sido determinante el apoyo de las mujeres y los hombres que conforman el Ejército y la Marina en la implementación del Plan MX, quienes con lealtad, patriotismo y valentía han trabajado en el rescate de víctimas, entrega de víveres y protección de personas.
A las Fuerzas Armadas nuestro mayor reconocimiento y gratitud por todas las imprescindibles tareas que desarrollan para salvaguardar la integridad y soberanía de la nación.
Por eso les reiteramos, el Grupo Parlamentario del PRI está listo para seguir siendo promotor de un marco legal que garantiza su actuación y también para que le permita saber a la población que se seguirá dando con respeto de los derechos humanos y la preservación del orden constitucional.
Gracias a lo hecho existen las condiciones para que hoy el presidente electo continúe su permanencia en las zonas de alto riesgo para tranquilidad de la población. Como se puede apreciar hubo avances y resultados, así como también reconocemos que quedaron grandes retos pendientes, pero señoras y señores diputados, se lograron fraguar los cimientos, que si no se desconocen y se aprovechan, permitirán continuar con su atención y seguir construyendo un país con más tranquilidad, porque hoy contamos con un nuevo sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y un Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la operación del número 911 para la atención de emergencias y una estructura sólida y fuerte en la prevención de conductas delictivas y atender los detonantes de violencia y delincuencia en el país.
Finalmente, hay que enfatizar que el presidente Peña Nieto será reconocido por entregar un país con una democracia madura, que reivindica la política y garantiza la participación ciudadana en beneficio de la sociedad.
Gracias a eso, en la pasada jornada electoral salimos a votar con la seguridad de que nuestro sufragio sería verdaderamente efectivo, la conformación de esta asamblea es testigo y ejemplo de que así lo fue.
Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara refrenda su compromiso con México y no será ni obstáculo ni una oposición que solo exhiba actitudes, seremos garantes de los logros que en este año...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Concluyo, presidenta. Seremos garantes de los logros que en este año y a lo largo del sexenio del presidente Peña se obtuvieron para el bien de todos. Qué viva México. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Señoras y señores legisladores, como es de todos conocido, el pasado primero de septiembre el titular del Ejecutivo federal hizo llegar al Congreso de la Unión el VI y último Informe de labores de su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este Informe el presidente de la República da cuenta del estado que guarda la administración federal y la situación por la cual atraviesa nuestro país al finalizar su gobierno.
En este contexto, es evidente que el gobierno saliente deja un país con graves síntomas de desgobierno y con una sociedad agraviada, irritada e indignada. Parafraseando a la prensa internacional, nunca entendieron que no entendieron.
Para el Partido Acción Nacional los resultados aquí analizados en materia de política interior dan muestra de un fracaso. Así, el balance de un gobierno que de manera arrogante señaló que sí sabía gobernar y, sin embargo, derivado de una estrategia fallida se agravó de manera grave la situación de inseguridad en México.
Sin duda, México atraviesa por uno de los momentos más difíciles en cuanto a violencia y en cuanto al respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
Atrás quedó la retórica triunfalista de aquellos que hace seis años pensaron que la inseguridad se solucionaría soslayando el fenómeno, y que con coordinación todo se resolvería.
Lo que hoy vemos es la respuesta ante la decisión errada de desmantelar las instituciones de seguridad pública, de limitar el crecimiento urgente de la Policía Federal, de oponerse a una reforma policial integral y profunda en los tres niveles de gobierno y de oponerse también al mando mixto. De ralentizar la operación del Sistema Penal Acusatorio.
El saldo de violencia, inseguridad e impunidad que hoy duele a los mexicanos es también el resultado de intentos y estrategias improvisadas, como la del establecimiento de una gendarmería nacional a que se destinaron más de 20 mil millones de pesos y de la cual aún no tenemos resultados concretos.
Las estrategias implementadas por este gobierno demostraron en seis años que, lejos de solucionar la problemática existente en materia de seguridad y justicia, la misma se agravó, como dan cuenta los siguientes datos: padecemos de una violencia cuyo saldo ha sido la mayor cifra de homicidios dolosos en la historia reciente. Estamos cerrando la administración con 2 mil 600 homicidios dolosos por mes, lo cual supera nos registros en la materia y nos ubica como el país, en promedio, de 27 homicidios dolosos por cada 100 habitantes.
En todo el país se registraron un total de 35 mil 943 casos de homicidio en 2014, mientras que para 2017 el registro fue de 46 mil 681 casos. Es decir, un incremento en tres años del 30 por ciento.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el homicidio doloso constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia en un país.
Otro dato alarmante que da cuenta del estado que guarda la seguridad en México es el saldo que deja la presente administración en materia del crecimiento exponencial en el robo de hidrocarburos.
En los últimos 10 años el robo de combustible creció en 868 por ciento, según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos. El aumento en la ordeña clandestina de ductos de Pemex parece imparable.
Hace 10 años se detectaba una toma por día y a la fecha son 20. Estos datos sencillamente son imposibles de entender sin el conocimiento de las propias autoridades, lo cual pone en tela de juicio una posible complicidad interna, que simplemente no se ha querido ver.
Este gobierno fue incapaz de combatir el crimen organizado con inteligencia, a través del desmantelamiento de sus estructuras financieras, pues dejaron abandonadas figuras como la extinción de dominio, de acuerdo con el propio informe de GAFI.
En materia de combate a la corrupción, pese al avance en la construcción de una potente reforma para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la administración saliente deja grandes huecos en esta materia. México ocupa el lugar 129 de 179 países en el índice de percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional.
El gobierno entrante deberá dar respuesta a interrogantes como qué pasó con el caso de Odebrecht, cómo responder con acciones contundentes ante el desfalco a las arcas de los mexicanos por parte de gobernadores como Javier Duarte.
Termino, presidenta. Acción Nacional será firme en su postura permanente y persistente en exigir al nuevo gobierno y a su partido a asumir el compromiso en favor de la ley y el derecho. Esta tribuna espera a sus integrantes para conocer la dimensión de su compromiso en los casos de corrupción que este gobierno saliente no quiso, no pudo o no supo resolver. Los mexicanos no quieren pactos de impunidad.
Finalmente debo señalar que las y los diputados del PAN estamos y estaremos siempre dispuestos al diálogo constructivo con las otras fuerzas políticas y con el Ejecutivo federal, como siempre hemos hecho desde hace 79 años y estamos listos para impulsar propuestas, para fortalecer el andamiaje institucional en México. En Acción Nacional estamos listos...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: ... para discutir las propuestas de manera abierta y sin cortapisas. En el PAN estamos listos una vez más para hacer labor responsable, crítica y propositiva al interior del Congreso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Termino, presidenta. Estamos listos para seguir en la ruta del cambio a México por la vía democrática. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Martínez Flores.
El diputado Juan Martínez Flores: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Yo les digo: No puede haber gobernabilidad democrática sin erradicar la corrupción.
Hace unos días, Enrique Peña presentó su último Informe de Gobierno, en el que resalta entre otros temas, las reformas constitucionales en materias de transparencia y combate a la corrupción.
La reforma anticorrupción buscó establecer un régimen legal e institucional para prevenir los actos de corrupción, sin embargo, desde esta tribuna le decimos al titular del Ejecutivo que esta asignatura deja muchos pendientes. Hoy mismo la sociedad mexicana sigue cuestionando el tema de la casa blanca, los contratos y concesiones otorgados al Grupo Higa, a OHL y a Odebrecht.
Durante su administración se evidenciaron por primera vez los actos de corrupción de los exgobernadores, de los ahora sujetos a juicios como Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge, todos emanados del PRI que lo llevaron a su gobierno. Los delitos cometidos por ellos formaron parte de una red de complicidades para hacer negocios en el ámbito del poder público.
La estafa maestra. Otro gran escándalo de corrupción evidenció la utilización de las dependencias gubernamentales con la finalidad de colocar al sistema financiero dinero obtenido de forma ilícita para los procesos electorales, actuando y haciendo una inequidad en estos procesos electorales.
Los escándalos de corrupción de la actual administración, la presión de la sociedad, de los medios de comunicación y de las organizaciones no gubernamentales, obligaron a crear un entramado institucional con la finalidad de combatir la corrupción imperante en su gobierno.
De esta manera, el Congreso legisló para dar vida al sistema anticorrupción, sin embargo, el principal problema para que esta pueda consolidarse ha sido la voluntad política del partido que lo llevó al poder.
Aún están pendientes los nombramientos del fiscal anticorrupción, de los magistrados de las salas del Poder Judicial especializados en delitos de corrupción, de los titulares de los órganos internos del control de los órganos con autonomía constitucional, el INAI, la Cofece, el Ifetel, el Inegi, entre otros. A la fecha 13 entidades federativas no han expedido las leyes y no han realizado las adecuaciones que permitan la eficaz implementación del sistema.
En su último informe se resalta que más de 46 mil servidores públicos han sido amonestados, multados, suspendidos, destituidos o inhabilitados, pero los mexicanos nos preguntamos ¿hasta cuándo se aplicará la ley a los peces gordos?
¿Será que antes de que termine su sexenio podamos ver y conocer las investigaciones que la PGR ha hecho en el caso de Odebrecht, empresa que ha causado un escándalo de corrupción mundial y podamos ser testigos por primera vez que un extitular de su gabinete sea castigado por hechos de corrupción?
Señor presidente, permítame felicitarlo porque en materia de archivos y datos personales, vaya que se ha cumplido. Con estas leyes lo que se ha logrado es darle legalidad a la reserva de los temas que más han lastimado a la sociedad mexicana.
Hoy, después de 50 años, no podemos conocer aún la verdad histórica sobre el movimiento estudiantil de 1968, tampoco lo que ha ocurrido con el movimiento de los 43 estudiantes desaparecidos o de la matanza de Tlatlaya. Todos estos temas están reservados.
Desde esta tribuna afirmamos que los legisladores de Morena estamos comprometidos con los tres principios que ha sostenido nuestro licenciado Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar.
Pugnaremos porque desde esta Cámara de Diputados la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, no solamente sea un discurso sino sea una realidad.
Hoy Morena como grupo mayoritario en el Congreso de la Unión reitera a la ciudadanía que cumpliremos nuestros compromisos, cambiaremos el régimen político donde imperó la opacidad, la impunidad y la corrupción.
Vamos por esa cuarta transformación del país. Nuestro grupo parlamentario busca una nueva relación de poderes. Que nuestras acciones sean el reflejo de nuestras convicciones. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Entramos a la segunda ronda en este análisis del VI Informe de Gobierno, para lo cual se han inscrito los siguientes diputados y diputadas: el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Héctor Serrano Cortés, del Partido de la Revolución Democrática. La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, de Movimiento Ciudadano. El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo. El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Partido Encuentro Social. La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Mario Mata Carrasco, de Partido Acción Nacional. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias, muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.
Garantizar y proteger los derechos humanos es una tarea que debe privilegiarse en todo momento por parte de un estado que se considera democrático, pues se trata de garantías indispensables para asegurar el bienestar de las personas y de sus propias familias. Razón por lo que a lo largo de nuestra historia se han firmado y ratificado diversos acuerdos y tratados internacionales en esta materia. Del mismo modo se han emprendido diversas acciones para garantizar el respeto y su pleno ejercicio. Si bien al respecto absoluto de los derechos humanos en nuestro país, no es una materia terminada, en los últimos años se han conseguido avances muy importantes.
Durante esta administración se establecieron acciones concretas para garantizar la ampliación de los derechos humanos de las personas, destacando en la misma la incorporación de los derechos humanos a la nueva Ley de Amparo, así como reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Víctimas para incluir la Protección Integral con un enfoque garantista.
La modernización de los marcos normativos en nuestro país ha sido una constante durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a ello, se han creado nuevos ordenamientos para garantizar el combate pleno de diversos ilícitos que afectan a la sociedad.
Destacan en este rubro la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la nueva Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
En adición a lo anterior, se desarrollaron programas de trabajo, indicadores de seguimiento y acciones de capacitación que han permitido fortalecer las capacidades de más de 44 mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno en temas relacionados con los derechos humanos, así como el establecimiento de medidas específicas para prevenir y eliminar la discriminación, toda vez, como señala en el VI Informe de Gobierno en nuestro país, aún sigue prevaleciendo este fenómeno, motivo por el que se implementó el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación, gracias al cual se logró que durante los primeros cinco años de esta administración, los estados que aún carecían de leyes locales para prevenir la discriminación, atendieran este tema y publicaran su propia legislación, generando con ello bases sólidas para poder garantizar los derechos humanos en el ámbito local.
Es pertinente también destacar que en junio del 2017 la Secretaría de Salud elaboró el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios médicos de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero o intersexual, con lo que se dio un paso importante para garantizar una protección más amplia para este sector de la población.
En materia de recomendaciones emitidas para el gobierno federal, un aspecto sobresaliente es que se redujo el número de recomendaciones turnada a la administración pública federal por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que en el periodo de diciembre de 2012 a junio de 2017 se recibieron un total de 238 recomendaciones, cifra que contrasta con las 277 recibidas durante la pasada administración.
Además de lo anterior, el gobierno de la República ha aceptado cada una de las recomendaciones recibidas, las cuales han sido turnadas para ser atendidas por cada dependencia implicada, siendo resueltas en su totalidad 52 de ellas.
La atención puntual de los ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en esta presente administración se convirtió en un tema primordial, pues son hechos lamentables que afectan no solo en contra de la vida y la integridad de las personas que lo sufren, sino en contra de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad de estar informada.
En este sentido, se fortaleció el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por lo que en diciembre de 2012 a junio de 2018 un total de 948 personas han estado bajo la protección de este mismo.
Haciendo un balance sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos gracias a las mismas, en el Partido Verde consideramos que el gobierno del presidente Peña Nieto ha puesto atención puntual al fortalecimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país, y ello es una muestra clara del firme compromiso con la construcción de una sociedad que ejerza plenamente los derechos consagrados en la propia Constitución. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la tribuna tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Héctor Serrano Cortes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Héctor Serrano Cortes: Con su venia, señora presidenta. Honorable Cámara, señoras y señores diputados, es difícil hablar de la política interior de la glosa que se desprende del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque el 80 por ciento del informe que nos presentan se concentra en temas específicos de seguridad pública y nacional.
La política interior debe desprenderse de los vectores de la seguridad pública y concentrarse en abrazar una relación coordinada entre los Poderes y promover el respeto a la división de los mismos, fortalecer el federalismo y garantizar en todo momento la soberanía de los estados.
En esta nueva etapa de renovación política y democrática debemos aceptar que el respeto entre Poderes es el respeto al pueblo de México. Los representantes populares, con alto sentido de responsabilidad protestamos promover y defender el federalismo.
Ojalá y que el nuevo gobierno por iniciar conciba a la política interior como el mecanismo exacto para promover y garantizar la unidad nacional. La cruenta lucha electoral lastimó, no solo a quienes participaron de forma efectiva en ella, la sociedad mexicana también resultó lastimada, y hoy requiere de certeza en la relación política entre sus representantes populares.
Esta soberanía es de primer contacto con nuestra sociedad, misma que se muestra más demandante e informada que nunca. Todos estamos sujetos al escrutinio público, obligados a actuar con transparencia en la rendición de cuentas. Los electores que participaron en el pasado proceso electoral, al depositar su confianza en el nuevo gobierno, no aceptarán un solo error. Si se comete, no habrá complacencia ciudadana.
Comprendo que para construir una adecuada relación política, además de voluntad se requiere de oficio político, vocación y, por supuesto, talento, que posibilita alcanzar acuerdos con el mayor consenso.
El gobierno entrante habrá de acreditar su convicción genuina y el tan mencionado compromiso republicano. De ser así, la coordinación con este Congreso y otras soberanías resultará exitoso por el bien de la nación.
Para los estados se requiere un renovado federalismo, que no vulnere la soberanía local ni lesione sus finanzas, porque los retos del federalismo se resuelven con más federalismo. La relación con el Poder Judicial debe conducir y enaltecer el acceso a la justicia cotidiana, fiel a nuestro texto constitucional. Jamás se debe utilizar a los órganos de procuración y administración de justicia para alagar los sentidos y mitigar las afrentas personales.
A los órganos autónomos habrá que respetar su independencia. Para lograr su eficacia es inaceptable se les aplique rudeza presupuestal, pero quizá lo más importante de la nueva política doméstica es la relación abierta y transparente con los ciudadanos que se concentran a través de las organizaciones civiles, sociales y gremiales.
El equilibrio y el trato digno a la oposición suavizan los sentidos y motivan a la reflexión objetiva que facilita el acompañamiento de las políticas públicas a implementar simple y llanamente porque se genere una adecuada y efectiva comunicación.
Hoy el compromiso de todos es con México, acompañaremos como fracción una política interior incluyente, que promueve la participación de los diferentes sectores de la población, que respete a las minorías que en su conjunto se convierten en mayorías, y que respete la libertad de expresión que se constituye como el instrumento que orienta y rectifica decisiones.
Comprometidos estaremos a evitar la confrontación a ultranza, no más división por cerrazón, solo pedimos que la soberbia y el ego no se antepongan para lograr el entendimiento, ya que todo se justifica por el bien de la nación y el bienestar social.
La correcta política interior es el bálsamo que sana a los órganos internos, para que la apariencia externa no requiera de maquillaje. La simulación y el engaño podrán tener efectividad política a corto plazo, pero la razón y los principios que la ideología nos dicta se sostendrán por siempre en nuestra historia. Como dijera Juárez: contra la patria nunca tendremos la razón. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María del Pilar Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María del Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, México es considerado como uno de los países más corruptos del mundo, así lo constata el Índice Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, que cada año mide la percepción de corrupción en 180 países.
En este indicador México, y por ende su gobierno, ha empeorado significativamente, ha pasado de ocupar la posición 103 en el 2015, a la 135 en el 2017, una caída de más de 32 lugares en solo 3 años.
La corrupción no constituye una característica de identidad cultural, al contrario, constituye un agravio que indigna, que avergüenza a la mayoría de los mexicanos, quienes cotidiana y directamente padecen los nocivos efectos de la corrupción.
Para poner en perspectiva, México se ubica a más de 100 lugares por debajo de los 2 países latinoamericanos mejor evaluados: Uruguay y Chile, que ocupan la posición 23 y 26, respectivamente. México es el país peor evaluado de los 35 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
Es claro que un gobierno incapaz de combatir la corrupción se convierte en cómplice de la misma. El 19 de julio del 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, derivado de un conjunto de nuevas leyes que contaron con el impulso y la participación de organismos de la sociedad civil para replantear y configurar un mejor andamiaje, y para prevenir y combatir la corrupción en nuestro país. Sin embargo, su implementación aún está incompleta.
Desde el 2014 la Constitución Política prevé la figura de una Fiscalía Anticorrupción, instancia que desde entonces no ha contado con un titular y tampoco se ha nombrado a los 18 magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas, como lo establece la reforma anticorrupción del 2016.
Todo ello ha impedido la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, dejando en evidencia la distancia que existe entre las leyes publicadas y la falta de voluntad política para aplicarlas.
De igual manera, desde 1995 se instauró el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, a 23 años de su origen, el Estado mexicano ha sido incapaz de articular una política de coordinación efectiva.
De acuerdo a Consulta Mitofsky, en los seis años del gobierno del presidente Peña Nieto, el principal problema percibido fue la seguridad pública.
De la misma manera, en 2017 México Unido contra la Delincuencia difundió que para el 81 por ciento de la ciudadanía la situación de inseguridad pública había empeorado, percepción que se corresponde con la realidad, pues 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años, registrando 25 mil 339 homicidios dolosos, delito que en 2017 se incrementó en 26 de nuestras 32 entidades federativas.
De acuerdo al reportaje Matar en México, impunidad garantizada, entre 2010 y 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en nuestro país, y en 95 por ciento de esos casos no hay un culpable sentenciado.
También en los servicios médicos forenses y fosas comunes existen al menos 35 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, según lo informó el abril de 2018 el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.
Ante esta realidad yo pregunto: ¿podemos hablar de gobernabilidad, cuando en nuestro país los delitos no se investigan, cuando no se identifica a los delincuentes? ¿Podemos hablar de gobernabilidad en un país en el que las madres, los padres, los hermanos buscan el paradero de más de 30 mil desaparecidos?
La incapacidad de lograr seguridad y justicia se ha propuesto subsanar con la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017, instrumento que busca decretar la subordinación de las entidades federativas y municipios al Ejecutivo federal, contraviniendo la soberanía de las entidades y autonomía municipales. Instrumento que, en lugar de corregir, incentiva la continuidad de una estrategia de seguridad pública fallida, pues pospone la implementación de una política de seguridad integral, de carácter civil y profesional, tal como lo establece nuestra Constitución.
Dado lo anterior, en Movimiento Ciudadano esperamos con atención la resolución de diversas controversias constitucionales que sobre dicha ley analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que para nosotros la gobernabilidad sustentable es la que surge democrática y no autoritariamente.
Continuamos en nuestra lucha porque la gobernabilidad se restituya a partir del combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y la autonomía de las fiscalías o Procuradurías de Justicia de todo el país.
De no ser así, nos volveríamos cómplices de los grandes errores de este gobierno y, de igual forma, estaríamos fallando al mandato de los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En este análisis el último Informe de Gobierno, me gustaría iniciar diciendo y preguntarle a la bancada del PRI ¿hacia dónde se desviaron 700 millones de pesos en efectivo? Que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación documentó a la Sedesol y a la Sedatu. Noticia con la que el día de hoy amanecimos.
Cosas como estas han definido el actual sexenio y como se ha repetido en diversas ocasiones en esta tribuna, Enrique Peña Nieto nos mintió y nos sigue mintiendo. Cuando hablaba de gobernabilidad democrática y de una estabilidad económica que nunca llegaron con las multicitadas reformas estructurales, estas no se materializaron en el bienestar general de la población.
Este es el sexenio de más corrupción y de más impunidad en la historia moderna del México contemporáneo, donde las expectativas fueron muy altas y al final los resultados fueron muy pobres. Durante seis años vivimos un periodo de gradual desmantelamiento y de erosión de la vida institucional del país. Peña Nieto no gobernó para los intereses de los mexicanos. Gobernó para una minoría rapaz, hoy los dueños de México. Este VI Informe de Gobierno es un simple acto protocolario de una despedida amarga para el pueblo de México.
El presidente Peña quedará en la memoria de los mexicanos como un mandatario omiso de su responsabilidad constitucional. Este sexenio pasará al tiradero de la historia donde se deja un México sumergido en la inseguridad y en la violencia pública. Las promesas de paz quedaron en el tintero de las buenas intenciones.
Hoy, Peña Nieto será situado como el mandatario más repudiado y señalado por los mexicanos y mexicanas. México vive la mayor crisis humanitaria por la violencia y el crimen organizado que en vastas regiones de nuestro país los vacíos de autoridad colocan a la impunidad como una regla social no escrita. El empoderamiento del crimen organizado pone en relieve que la estrategia de seguridad fue fallida. Desapariciones forzadas y montañas de cadáveres configuró el escenario del régimen peñista.
Hoy se registran enormes retrocesos en nuestro país, ya que atraviesa por la más grave crisis de derechos humanos de su historia reciente marcada por los grotescos casos de tortura y abusos cometidos por las policías federales, estatales y municipales con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas con más de 30 mil desaparecidos y más de 310 mil personas desplazadas a causa de la inseguridad, donde el Ejecutivo federal no sólo fue omiso en atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, sino que hemos visto una omisa falta de sensibilidad gubernamental hacia la legítima protesta social que ha derivado en hechos represivos.
¿Cómo olvidar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de Apatzingán, de Tlatlaya, de Tanhuato y Nochixtlán, donde –hay que decirlo– no se tuvieron resultados reales, que pusieron en evidencia la incapacidad del gobierno para esclarecer los hechos y poder castigar a los responsables, lo que evidenció que este gobierno no garantizó las condiciones fundamentales para vivir en paz?
Un sexenio donde los ciudadanos no fueron escuchados ni atendidos, con un gobierno que sólo sembró miles de muertos en fosas clandestinas a lo largo de todo el país, y dejar a los ciudadanos en espera de justicia y a miles de víctimas invisibilizadas cuyas historias aún no se conocen.
Señor Peña, es evidente que durante su gobierno usted se empecinó en una estrategia de seguridad pública errónea que demostró ser ineficaz por sus pobres resultados. Su sexenio será conocido como la cuna del tráfico de la política que lo llenó de beneficios personales, cuyo emblema más simbólico de su gobierno fue la corrupción con la famosa casa blanca y otros casos más que se encuentran en la impunidad como Odebrecht y Grupo Higa mexicano, poniendo a su gobierno en la más absoluta ilegitimidad.
Por ello, diputadas y diputados, resulta indispensable direccionar el rumbo general de nuestro país para darles certidumbre a los ciudadanos dentro de un verdadero estado de derecho.
El pueblo de México está cansado de tanta violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. Por eso ha decidido un cambio. Con la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que el Partido del Trabajo es parte, los mexicanos dimos el mensaje de: no más. Ahora nos corresponde analizar, revisar y deliberar el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como integrante del Grupo Parlamentario del PT, haremos puntualizaciones responsables.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Hemos decidido por un rumbo distinto y hacia allá, es que el Partido del Trabajo orientará sus esfuerzos legislativos. Hoy más que nunca reafirmamos que el PT está del lado de los mexicanos. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho: Honorable asamblea, para quienes al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta Cámara de Diputados la democracia es una forma de convivencia cívica y ordenada en la que la ciudadanía se da en justicia e inclusión, el gobierno que le permita satisfacer sus necesidades y responder a sus anhelos a través de un entramado legal e institucional que le garantice el respeto a sus derechos humanos así como a su sistema de libertades.
En tal sentido el sistema político electoral mexicano ha exhibido en días recientes sus fortalezas y debilidades tanto en lo local como en lo nacional. Las autoridades administrativas así como las jurisdiccionales, han mostrado con evidente claroscuros los límites de nuestra incipiente democracia.
Los comicios del 2006 y 2012 marcados por fuertes cuestionamientos alrededor de su legitimidad, transparencia y equidad, dieron a nuestro país a la postre, un brutal derrame de sangre y una inconmensurable alza en los escándalos de corrupción y en los índices de desigualdad, lo que causó una fuerte indignación ética en la sociedad y la necesidad de una transformación en la vida pública de la patria.
El pasado primero de julio México vivió una elección de gran envergadura en la que solamente Baja California y Nayarit no eligieron autoridades locales. Se eligieron ocho gubernaturas, una jefatura de gobierno, 585 diputaciones de mayoría y 387 de representación proporcional, mil 596 diputaciones, mil 500 ayuntamientos y 16 alcaldías, 96 concejales de mayoría relativa y 64 de representación proporcional, 24 juntas municipales, así como 3 ayuntamientos en la elección extraordinaria.
De igual manera, a nivel federal, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión se renovaron en su totalidad, favoreciendo mayoritariamente a la coalición Juntos Haremos Historia, en un fenómeno inédito y que más de 30 millones de mexicanas y mexicanos se expresaron en pro de una verdadera transformación.
Sobre el tema político-electoral, los documentos del informe que es motivo de glosa, expresan que en la consolidación de la democracia tuvo un papel destacado la renovación del marco político-electoral, que fortaleció la competencia democrática al ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, alentar la equidad de género y a otorgar mayor certidumbre a los procesos electorales.
Igualmente, se señala que en materia de ampliación de derechos, se garantice el derecho de todos mexicanos a votar y ser votados. Se establecen mecanismos para que los ciudadanos puedan buscar un cargo de elección por la vía independiente.
Se posibilita la elección consecutiva de legisladores federales y locales, así como alcaldes, regidores, síndicos, lo que incrementa la responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía.
A lo anterior hay que agregar que, si bien es cierto que las elecciones de manera general transcurrieron en paz y con limpieza, hay que hacer algunas precisiones indispensables.
Se trató de un proceso electoral de alto riesgo y violencia. Se registraron más de 550 agresiones en contra de políticos y candidatos, y más de 130 homicidios. Mucho tiene que decir al respecto, además de la autoridad de procuración y administración de justicia genérica la Fepade y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Incluso, el de la voz, así como mi equipo cercano, sufrimos de ataques a mano armada, agresiones físicas, amenazas y otros actos de violencia perpetrados por grupos de choque presuntamente contratados por algunos de nuestros adversarios.
Claroscuro de nuestro sistema político-electoral fue también el sinfín de irregularidades en la elección del estado al gobierno del Puebla aún sin resolverse.
De igual modo, muestra del lado B de nuestra democracia electoral fue el conteo desigual y desaseado de los votos en el contexto de la coalición Juntos Haremos Historia, lo que propició una distribución ciertamente injusta, inequitativa y erosionada de nuestra democracia, que le ha arrebatado a la sociedad mexicana un instituto político que le ha dado voz a quienes no tienen voz, y que durante la LXIV Legislatura va a ser factor de cambio al dar la batalla para defender el Pacto Federal, las libertades civiles, el crecimiento económico y los derechos humanos, garantizando la gobernabilidad y dando bienestar a nuestra sociedad diversa y plural.
Esto lo sabemos, otro México en que la democracia en pez y con respeto a la legalidad e institucionalidad sea una vivencia es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Gracias.
La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, el común denominador durante este sexenio ha sido la transformación en materia de política interior.
Durante este periodo se ha diseñado y consolidado un nuevo sistema de procuración de justicia, que incorpora a plenitud la defensa de los derechos humanos y particularmente la protección de los derechos de nosotras las mujeres.
La paridad de género en las instituciones públicas es un indicador de la calidad de nuestra democracia y refleja los niveles de participación de las mujeres y su inclusión en la elaboración de políticas públicas. Esta ha sido una de las premisas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto; asegurar programas con una participación equilibrada entre hombres y mujeres.
Después de 1953, fecha en que tuvimos la oportunidad de votar y ser votadas por primera vez, iniciamos una lucha larga, lenta y complicada por tener igualdad de oportunidades, y no fue hasta 2012 que vimos mayor apertura para garantizar nuestros derechos de participación en la ley.
Gracias al PRI accedimos a un México de mayores oportunidades y de mayor respeto. La incorporación del principio de paridad en la Constitución ha sido una medida contundente para acercarnos a la igualdad sustantiva, así como la incorporación del principio de transversalidad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, seguido de la atención a la violencia, a la desigualdad y discriminación como temas centrales de la agenda política de México.
Durante esta administración se han realizado esfuerzos sin precedentes para visibilizar y atender la violencia hacia las mujeres, que afecta a siete de cada 10, que atenta contra la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
Ante esta realidad, el gobierno de la República implementó medidas específicas, como la Alerta de Género, que es un mecanismo único en el mundo que atiende de manera emergente y establece medidas de protección ante cualquier violación a nuestros derechos.
Actualmente 13 entidades cuentan con declaratoria y nueve más se encuentran en revisión.
En estos seis años se consolidaron los centros de justicia para las mujeres. De siete que existían en 2012, hoy contamos con 40 en 27 entidades federativas. A la fecha han dado atención a medio millón de víctimas y sus familias en materia psicológica, jurídica, médica, cuentan con albergues temporales y talleres de empoderamiento social y económico, y aunque ciertamente falte en este tema mucho por hacer, debemos reconocer que existen y son tangibles las bases para salvaguardar nuestra vida y nuestros derechos.
Tan tangibles, como la iniciativa que impulsó nuestro presidente de la República, gracias a la cual podemos participar en igualdad de condiciones para acceder a cualquier cargo de elección popular.
Hoy por hoy somos parte de la solución de las expectativas ciudadanas y representamos, como nunca, el sentir, las causas y las demandas de las mujeres mexicanas.
En esta Cámara representamos el 49 por ciento del total de sus integrantes, 241 mujeres es el número histórico que alcanzamos gracias a la reforma electoral. Justicia, eso fue lo que obtuvimos en esta administración.
Nuestra decidida y firme actuación electoral dio pie a la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y, en 2016, se publicó el Protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres.
La Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales hoy no solo investiga la violencia política por razones de género, también castiga. Solo en 2018, 17 mujeres perdieron la vida por perseguir su aspiración como candidatas.
Ciertas estamos de que el andamiaje jurídico para perseguir a estos criminales ya existe, pero hacerles justicia nos corresponde a todas las que aquí ostentamos una curul. Como las vidas de estas mujeres, defendamos los derechos de las candidatas chiapanecas electas y no permitamos ninguna Juanita más. Demos sentido a mujeres y congruencia a nuestro trabajo y participación en esta Cámara.
Diputadas y diputados, la verdadera transformación empezó hace cuatro años ya, con la consolidación de la democracia paritaria, la muestra somos todas las aquí presentes y esta transformación empezó gracias al presidente justiciero de las mujeres mexicanas: Enrique Peña Nieto.
Sumemos esfuerzos para continuar reduciendo la brecha salarial, para garantizar la educación, una vida libre de violencia y en esta Cámara pugnemos juntas, unidas por presidir el 50 por ciento de las comisiones ni más ni menos, ejerzamos nuestro derecho. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Mario Mata Carrasco: Con su venia, señora presidenta. Compañeras, compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional llega a esta glosa igualmente agraviado y lastimado por las acciones antidemocráticas y abiertamente ilícitas del último gobierno del PRI.
La utilización de las instituciones e instrumentos del Estado mexicano fue hecha de forma impune en contra de nuestro candidato presidencial. Si bien el PAN ha reconocido los resultados electorales, la intervención de Peña Nieto en contra de Ricardo Anaya quedará inscrita para siempre en los anales de la infamia de la política de México.
Enrique Peña Nieto traicionó la democracia, el daño no fue solo para el frente opositor, el daño fue para todo México y por eso el PRI ya se va y se va para siempre. Hoy la imagen de México ante el mundo es de violencia, inseguridad y corrupción galopante.
El próximo gobierno y la bancada de Morena tienen que cumplir su compromiso contra la corrupción, cuenten con nuestro apoyo para ello, no aceptaremos, por ningún motivo, el pacto de impunidad transexenal.
Los que se van dejan muchos temas pendientes. ¿Qué pasó en el caso Odebrecht? ¿A dónde fueron a parar los millones de dólares entregados como cohecho a Emilio Lozoya? ¿Qué causas políticas o patrimoniales fueron beneficiadas por esa operación que ha costado cárcel a muchos ex presidentes de Latinoamérica y en México sencillamente no pasa nada?
Una muestra de que el próximo gobierno podrá cumplir lo que tantas y tantas veces prometió, de combatir la corrupción de manera frontal y a todos los niveles, será no dar carpetazo a las investigaciones abiertas en los casos de corrupción y conflicto de interés.
Está también el caso de Javier Duarte. Será responsabilidad del futuro gobierno y su fiscal que ese hampón siga en la cárcel. Exigimos que se ejecute la extinción de dominio a los miles de millones de pesos desviados por Duarte, su familia y sus cómplices. Igualmente, exigimos al próximo gobierno su compromiso a favor de la ley y del derecho.
Otro hecho que ha indignado a los ciudadanos es la protección que desde el gobierno federal se está brindando en este preciso momento, que se le ha dejado hasta libre a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de participar en el desvío de 246 millones de pesos a campañas del PRI.
Nos preocupa el manto de impunidad con el que protegen a Gutiérrez, a quien se le ha documentado el desvío de los recursos en complicidad con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien también se le está protegiendo, no obstante las 11 órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
Y ahora hasta nos lo promocionan en un spot televisivo como ejemplo del buen gobierno. El colmo del cinismo. Exigimos al Ejecutivo federal que retire inmediatamente esta insultante publicidad, no solo para los chihuahuenses, para todo México.
Lo más grave de todo esto es la actitud revanchista del PRI gobierno en contra del estado de Chihuahua, que como lo ha documentado México Evalúa, ocupa el último lugar en transferencia de subsidios a entidades federativas en el 2017, con 70 millones, sí, solo 70 millones de pesos, mientras que al estado de México se le transfirieron 8 mil 601 millones de pesos.
Chihuahua ha sufrido la cancelación y el recorte indebido de apoyos comprometidos por 193 millones de pesos en diferentes rubros, como la terminación del aeropuerto de Creel, la construcción de una planta deshidratadora de leche en Delicias, infraestructura indígena y el Proagua. Así se las gasta el último gobierno del PRI –afortunadamente el último gobierno del PRI–, actuando de manera facciosa por defender a quienes han defraudado a México.
Hablamos de un gobierno que aplica la justicia de una manera discrecional, de un gobierno corrupto y digámoslo claro: protector de delincuentes.
Desde esta tribuna pregunto al próximo presidente de México: ¿es a ellos a quienes se les va a ofrecer la amnistía? Cuidado, señores de Morena, de mantener ese discurso y hacerlo realidad. El pueblo les va a cobrar muy cara la factura.
Es cierto, México no quiere más violencia, pero también quiere justicia. Hoy advertimos: la amnistía puede ser sinónimo de la mayor impunidad que hayamos visto en la historia de nuestro país.
El Grupo Parlamentario del PAN será contundente en señalar esos casos. Hoy decimos: no a la impunidad, sí a la legalidad y al Estado de derecho. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación. Las y los mexicanos percibimos la inseguridad como el principal problema de México. El Estado falló en la más importante de sus funciones.
En materia de seguridad la estrategia de Enrique Peña Nieto sobre el fortalecimiento del Estado de derecho y la reducción de la violencia no se cumplió, más aún, resultó un completo fracaso.
El desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, para incorporar sus funciones a la Secretaría de Gobernación, tampoco dio resultado. En suma, no se recuperó la paz y la seguridad para los mexicanos.
Hoy el país está en ruinas, la tierra fértil de otrora donde la vida seguía su curso hoy es un cementerio de fosas clandestinas. Penosamente, en estos días se encontró en Veracruz la fosa clandestina más grande de Latinoamérica.
Enrique Peña Nieto les miente a los mexicanos. Les miente cuando dice que la violencia es un fenómeno focalizado en algunas regiones del país. No. No, señor presidente, la inseguridad es un asunto nacional y la más clara evidencia de su fallida estrategia y así lo demuestran las altísimas tasas de violencia y de inseguridad que tenemos hoy en día, el actual gobierno dimitió en sus funciones y nos dejó solos, solos a todos los mexicanos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi estimó que en el año de 2016 más de 24 millones de personas mayores de 18 años, 24 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito. De cada 100 mexicanos, es decir, casi 30 hemos sido víctimas de algún delito.
El mes de julio de este año se convirtió en el mes más violento con más de 30 mil víctimas de homicidio doloso, solo en un mes. Los datos del fracaso son contundentes, absolutos, casi 140 mil homicidios en el sexenio, 250 mil desplazados y más de 37 mil desaparecidos.
Peña Nieto llegó a la Presidencia decidido a cambiar la estrategia de seguridad y no tuvo resultados. Actualmente el país es más violento que cuando tomó posesión de su cargo, es decir, resultó peor, mucho peor que Felipe Calderón, lo cual en este país ya es mucho, muchísimo que decir.
La estrategia de combate contra la delincuencia organizada, lejos, muy lejos de favorecer la paz, impulsó un ciclo de violencia, generó el enfrentamiento al interior y entre los propios grupos delictivos y produjo, además, su fortalecimiento así como el nacimiento de otros nuevos grupos criminales. Una estrategia que, a decir verdad, no sabemos si en realidad fue una estrategia fallida o a lo mejor premeditada.
El VI Informe de Gobierno gotea sangre de culpables y de inocentes, de víctimas y de victimarios. Además, la violación a los derechos humanos fue recurrente y sistemática en este gobierno. Uno de los principales problemas es que la unidad de inteligencia financiera, a pesar de que recibe información suficiente, sólo presenta ante la PGR querellas en menos del 1 por ciento de los reportes que recibe sobre actividades ilícitas.
Es evidente que existe un fracaso institucional. Lo peor aún. Se intuye un encubrimiento institucional hacia la delincuencia y el lavado de dinero. Un informe del gobierno que, al igual que los anteriores, oculta brutalmente la corrupción y la impunidad brutal de este gobierno.
Se erige el monstruoso asunto de la complicidad y el encubrimiento institucional para el lavado de dinero y para el financiamiento de las redes delictivas. No podemos ser ciegos a este problema.
A la lista de omisiones, además, debemos sumar la del sistema de justicia penal acusatorio, el cual, a pesar del compromiso público para su implementación plena, presenta graves deficiencias. Para muestra un botón. Sólo 800 de las 2 mil salas necesarias para juicios orales han sido instaladas. Es tan incompleto el proyecto como la justicia misma.
La soledad... La sociedad –perdón– y esta Cámara de Diputados exigen hoy muchas respuestas del gobierno de Peña Nieto. Entre ellas exigimos saber dónde está el dinero para la plena operación del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué hicieron con los recursos que pertenecen al pueblo, en qué bolsillo se encuentran?
El mensaje es muy claro. En materia de seguridad el problema más grande es la impunidad a consecuencia de la ley que no impera en este país. La seguridad de los mexicanos sí requiere de mejores policías, de cambios estructurales.
Es primordial atender las desigualdades, las causas de la pobreza y los detonadores sociales de la violencia. Es indispensable garantizar condiciones mínimas para una mejor convivencia social.
La seguridad es responsabilidad de todos, y aquí la única verdad histórica es que el actual sexenio dejó a su paso muerte, dolor, miedo e ingobernabilidad. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada de Morena. Con esto concluimos la segunda ronda. Quisiera dar un saludo. Se encuentra en galerías un grupo de exbraceros, invitados por el diputado Oscar Novella Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la tercera ronda del VI Informe de gobierno. Van a participar por el Partido Verde Ecologista el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, por el PRD la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, por Movimiento Ciudadano el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, por el Partido del Trabajo el diputado José Luis Montalvo Luna, por el Partido Encuentro Social el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero; por el Partido Revolucionario Institucional la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán; por el Partido Acción Nacional el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas y, por Morena, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero. Luego entonces tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias. Buen día. Con el permiso de la Presidencia. Sin duda uno de los temas que más lastima a la sociedad es la corrupción. El enriquecimiento inexplicable de un servidor público provoca en la ciudadanía un sentimiento de traición y, en consecuencia, la vida institucional pierde valor a los ojos de la sociedad restando importancia a los años de trabajo invertidos en su construcción.
Los partidos políticos aquí representados no son ajenos a la corrupción, conducta que se ha convertido en un mal, que al igual que la delincuencia ha causado afectación a la mayoría de los ciudadanos.
Ejemplos estos que hacen de la corrupción un acto que debe combatirse en los mismos términos y con la misma fuerza con la que se combate a la delincuencia organizada.
En estos últimos años gracias a la participación y consenso de las diversas ideologías aquí representadas, se han concretado diversas estrategias orientadas a combatir la corrupción en diferentes áreas de los tres órdenes de gobierno.
Estas acciones tienen como fin atender la demanda ciudadana para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, establecer las acciones pertinentes para asegurar que los sujetos obligados en caso de no apegarse al ejercicio del cargo sean sancionados.
Gracias a los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto esta administración que termina ha puesto tras las rejas a un número considerable de servidores públicos que violan la ley. Nunca antes una administración federal lo había hecho.
El Ejecutivo además junto con los partidos políticos y otros actores sociales crearon el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia.
Darle coherencia y sistematicidad al orden jurídico en materia de combate a la corrupción, tuvo como fin un combate frontal en contra de las prácticas indebidas en el servicio del servicio público. Se trata, pues, de un logro de todas las fuerzas políticas aquí representadas.
Otro logro en materia anticorrupción fue la reforma que establece un nuevo régimen legal e institucional para prevenir actos indebidos en el servicio público para promover la ética y la honestidad estableciendo sanciones para los servidores públicos y los particulares que incurran en conductas ilícitas.
Subrayar que esta importante reforma establece la autonomía técnica y operativa de la Fiscalía Especializada al Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Con estas acciones se han logrado sancionar a lo largo del sexenio, a más de 46 mil servidores públicos por conductas indebidas, además de promover la recuperación de recursos del erario por más de 10 mil millones de pesos.
Si bien en el combate a la corrupción se ha avanzado con la creación del entramado legal que sanciona y previne estas conductas, un pendiente que debe ser atendido con cierta urgencia y profunda diligencia es la designación del fiscal anticorrupción.
Existen también otras acciones que pueden incidir en el combate a la corrupción que habremos de discutir, como por ejemplo, la reducción salarial de los trabajadores gubernamentales.
Este tema debe ser discutido con elementos técnicos y profesionales con el fin de clarificar cómo puede incidir la reducción de los salarios de los trabajadores al Servicio del Estado en la prevención de la corrupción, en la profesionalización de los servidores públicos, y en la eficiencia en general de los servicios que presta el Estado mexicano.
Austeridad sí, para combatir los excesos, pero no para afectar el ingreso justo de profesionales del Estado mexicano que tienen un nivel de especialización y experiencia que debe ser dignificado a partir de un salario acorde con su responsabilidad y que debe determinarse por valores de mercado y no por razones morales o de capricho.
Muchos otros mexicanos arriesgan su vida para combatir a la delincuencia organizada, y debe reconocerse dicha labor con prestaciones mínimas que garanticen su seguridad y estabilidad económica para ellos y sus familias en todo momento.
Todas las demás acciones de austeridad son bienvenidas y resultan necesarias para evitar el derroche y dispendio en el actuar público, pues estamos convencidos que tienen como fin dignificar de nueva cuenta el servicio público ante la ciudadanía.
En el Partido Verde reconocemos los avances obtenidos en materia de anticorrupción y transparencia. Sin embargo, consideramos que se debe seguir trabajando en fortalecer estos mecanismos con la finalidad de recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y así erradicar cualquier tipo de práctica indebida, cuya existencia no hace otra cosa más que deslegitimar al servicio público y a las instituciones que componen el Estado mexicano. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta. Por cierto, las de Chiapas no son Juanitas, son Manuelitas, señoras y señores diputados.
En el sexenio que se acerca a su fin, desde el Poder Legislativo se han hecho grandes avances en el diseño institucional que nos rige, quizá el de mayor envergadura es el Sistema Nacional Anticorrupción, que desde el Grupo Parlamentario del PRD impulsamos de manera decidida, acompañados siempre por la sociedad civil.
Sin duda, el combate a la corrupción es uno de los mayores anhelos de la ciudadanía, y probablemente sea el mayor reto del gobierno electo. El sexenio del presidente Peña Nieto queda señalado por los enormes escándalos que han colocado a México como uno de los países con índices de corrupción más altos. La Casa Blanca, la estafa maestra, Odebrecht, el caso Elba Esther Gordillo son solo un ejemplo de los muchos que podríamos dar y que están en el imaginario colectivo como la marca distintiva de la corrupción priista.
Sin embargo, hoy no hay ni una sola investigación, no se ha iniciado ni un solo proceso penal o se ha sancionado a algún funcionario. Odebrecht, empresa corrupta gracias a sus sobornos, ha provocado la caída de gobiernos en Latinoamérica, en México únicamente causó la destitución del fiscal y el congelamiento de la investigación.
De la estafa maestra no existe reporte alguno, ni siquiera de la apertura de alguna carpeta, a pesar de que se desviaron miles de millones de pesos.
De la Casa Blanca y la exoneración que hiciera Virgilio Andrade, del presidente Peña, su esposa y de diversos funcionarios, únicamente nos queda la vergüenza y el coraje que da la impotencia.
En el caso de Elba Esther, si no era culpable debería iniciarse una investigación para sancionar a quienes mantuvieron cinco años presa a una persona inocente. Y si era culpable y la PGR no pudo o no quiso acreditar su culpabilidad, esto nos habla de otro lamentable caso de impunidad y también debería hacerse una investigación y sancionar a los responsables. Lo anterior refuerza nuestra convicción de la imperiosa necesidad de que no exista nunca más –nunca más– un fiscal carnal.
Es necesario que le demos la importancia que reviste la autonomía otorgada constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación y que gracias a las prácticas perniciosas de una mayoría perversa, al servicio incondicional del Poder Ejecutivo, no hemos podido concretar el nombramiento del próximo fiscal general. Este debe ser autónomo e independiente. En cambio, insisten en principios decimonónicos en la impartición de justicia en México, en pleno siglo XXI.
Es por ello que le decimos al presidente electo, que no busque salidas fáciles ni engañosas, y a su representación legislativa, que tome las decisiones que benefician al país y no al PRIMOR.
Ni un fiscal de transición ni un fiscal que dependa del Ejecutivo ayudarán a México a superar la grave crisis humanitaria que hoy vivimos.
Aquí se trata de que iniciemos la construcción de instituciones integras y confiables, que nos permitan recuperar la anhelada justicia en México. No solo hablamos de desconfianza entre las instituciones o de la corrupción de algunos funcionarios, hablamos de que en México es negado el libre ejercicio de los derechos humanos, hablamos de descomposición social, que orilla a las juventudes a servir a la criminalidad como esperanza de supervivencia, hablamos de secuestros, hablamos de desapariciones y hablamos de feminicidios.
En este sexenio el crimen y la delincuencia organizada reinan sobre las instituciones. Seguimos viendo hallazgos, como el de la fosa clandestina en Veracruz. Hay homicidios y hay ejecuciones. La tortura es práctica común en nuestras instituciones.
Por ello este no es un país estable, hay una crisis con 55 millones en pobreza y una inocultable crisis humanitaria.
Como oposición hemos ofrecido nuestra colaboración, pero no dimos un cheque en blanco, este es el final de un sexenio desperdiciado por corrupto, deshumanizado y omiso. No coincidimos con pactar con este desgobierno que hoy termina. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: Con permiso de la Presidencia. ¿De qué tamaño será la dimensión de nuestra crisis de seguridad, como para que el propio presidente de la República, en su VI Informe, reconozca el fracaso de su gobierno expresando: estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país?
La paz, la seguridad, nada más eso, algo tan básico, algo tan fundamental como la tranquilidad, Peña nos entrega un país con miedo y con enormes problemas. De acuerdo con información de la organización México Unido contra la Delincuencia, en nuestro país se pasó de 6 a 400 grupos criminales, clasificados como delincuencia organizada, lo que erosiona el supuesto avance de este gobierno al asegurar que se desarticularon las principales organizaciones criminales y se neutralizaron 110 de 122 objetivos, cuando la realidad es que este gobierno convirtió a nuestro país en tierra fértil para el crecimiento de organizaciones delictivas que tomaron el control de grandes porciones de nuestro territorio nacional.
Es decir, la buena noticia es que se desactivaron grupos criminales. La mala es que, a falta de una estrategia de fondo, estos grupos se dividieron en más grupos y ahora tenemos un problema mayor.
Entre el 2016 y el 2017 el incremento de delitos de alto impacto encendió los focos rojos en al menos 16 de las 32 entidades federativas. El fracaso del sistema de seguridad y la procuración de justicia no se puede entender sin señalar que en gran medida la impunidad es propiciada por los gobernantes, pues la falta de autonomía en las procuradurías y fiscalías estatales han permitido que estas instituciones en lugar de estar al servicio de las personas y de los ciudadanos estén al servicio del gobernador, o peor aún, del crimen organizado que los tiene cooptados e infiltrados.
Según Lindsey Crime, los errores de Peña Nieto no se pueden medir exclusivamente con estadísticas del crimen, los actos de corrupción y la incompetencia durante toda la administración han sido y han debilitado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
El ejemplo más palpable, la fallida investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal en Ayotzinapa, a lo que faltaría añadir las ejecuciones y violaciones de civiles en manos de militares del Estado mexicano.
Los asesinatos a periodistas ordenados por funcionarios gubernamentales y los múltiples gobernadores acusados por vínculos con el crimen organizado.
Lo anterior es una penosa reseña de esta organización dedicada al estudio del crimen organizado en América latina, y esto es lo que dice de nuestro país.
De acuerdo al Inegi, en el 2013 los organismos públicos para la protección y defensa de los derechos humanos en las entidades federativas dicen que hubo incremento de quejas por más de un 70 por ciento, lo que muestra la dimensión de la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad y para indagar, perseguir a los responsables de los delitos a través de un debido proceso, característico de un régimen democrático y no autoritario, en lugar de investigar tortura y amenaza.
La normalidad democrática también se ha visto afectada por la inseguridad. El pasado proceso electoral fue el más violento en la historia de México, con un saldo de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.
Desde el 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República y que fuera autónoma e independiente para desvincular al Ministerio Público de la subordinación del Poder Ejecutivo y evitar el uso faccioso de la procuración de justicia. Sin embargo, cuatro años después, la Fiscalía General en su plena autonomía sigue en el limbo.
Por ello, la sociedad civil y los diputados de Movimiento Ciudadano estamos planteando la necesidad de avanzar en el diseño institucional para reformar el artículo 102 constitucional y crear una Fiscalía que sirva.
Finalmente, un Estado que no garantiza la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes es incapaz de generar las condiciones necesarias para el desarrollo social, económico e institucional que permita el ejercicio de los derechos plenos y tan elementales como el libre tránsito y la libertad de expresión, derechos que son fácilmente vulnerados cuando existe miedo, desplazamiento forzado y prensa amenazada.
Por ello, el gobierno federal no puede sino solamente reconocer que la gobernabilidad democrática está fracturada y que el proceso de justicia y pacificación del país queda como una deuda histórica.
Así, en política interior el VI Informe de Gobierno evidencia el fracaso del gobierno federal, próximo a concluir, y muestra el tamaño de los retos, de los renovados poderes que hemos de asumir para revertir esta funesta realidad. Déjenme ser absolutamente claros, compañeros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.
El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: No vamos a acabar con la impunidad, con la simulación, con la violencia y con el miedo sin una Fiscalía verdaderamente funcional, capaz de tomar decisiones con seriedad y autonomía. Una Fiscalía que sirva. Es un paso sin el cual no habrá una paz verdadera en el país. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora en el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado José Luis Montalvo Luna: Con el permiso, presidenta. Agradezco profundamente que algunos diputados todavía se encuentren en el pleno. Algunos todavía continúan, dirían los maestros, en el patio de recreo.
México tiene un aproximado de 120 millones de mexicanos. De estos 120 millones, según datos, 54.3 viven en la pobreza. Aún más, 9 millones en la pobreza absoluta. Mexicanas y mexicanos que viven en la marginación total, carentes de los mínimos servicios a los que tiene derecho un ciudadano.
No se puede decir exitosa una administración saliente cuando casi la mitad de su población vive en la miseria absoluta. No es cierto.
En el marco del análisis del VI Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, me dirijo a esta honorable asamblea para referirme al estado que guarda la política interior de nuestro país.
En los próximos meses llegará a su fin una de las administraciones con los peores resultados en materia de seguridad interior y los más altos niveles de impunidad. Basta mencionar los agravios y prácticas autoritarias que prevalecen en todo el país.
Hechos de corrupción como el de la casa blanca, la violación sistemática a los derechos humanos, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La crisis humanitaria de los menores no acompañados. Aquí nos instala a nuestro gobierno saliente como ese refrán que dice: candil de la calle y oscuridad de la casa. Reclamando al gobierno vecino las condiciones en la que viven los migrantes, cuando en nuestro propio país reciben un trato mísero.
La violencia en contra de los periodistas. El incremento de feminicidios y una escala sin precedente de la violencia son algunos de los saldos de la administración de Enrique Peña Nieto. El fracaso de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto es de tal magnitud que él mismo reconoció en un video el repunte de la violencia al cierre del sexenio y su incapacidad para alcanzar el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.
Cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en el primer semestre de 2018 se registraron 15 mil 980 asesinatos, lo que representa la cifra más alta en las últimas dos décadas. Presumen que entre diciembre de 2012 y agosto de 2018 fueron neutralizados 110 de los 122 objetivos relevantes de la narcoviolencia, pero lo que no han dicho que eliminan a uno y sube otro y se mantienen las condiciones de narcoviolencia en nuestro país.
No obstante, omiten decir que el ciudadano de a pie vive con miedo, incertidumbre y desconfianza en las autoridades y menos dicen que todos los días sufren afectaciones en su patrimonio, integridad, incluso de su vida. Los datos son contundentes y dan cuenta del error de crear una súper Secretaría de Gobernación.
Por ello, en el PT respaldamos la decisión de separar de esta dependencia a la Secretaría de Seguridad Pública, nunca más una policía política en funciones de seguridad. La impunidad es otra directriz de esta administración, prueba de ello es la falta de resultados en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
A cuatro años de distancia en el PT seguimos rechazando su llamada verdad histórica. Rechazamos la alegoría del presidente, como cruel historia que les da a los padres de los 43. Que sus hijos, convertidos en cenizas, flotan en el aire circundando valles, montañas y ríos. No, lo que quieren los padres es una explicación de cómo la policía municipal los detiene, los entrega a la Policía Federal y al Ejército y estos al narco. De eso quieren respuesta.
Quiero expresar mi total y amplio rechazo a la política coercitiva que ofrece el Sindicato de Petróleos Mexicanos, donde quienes tienen aspiración de ocupar una de las secretarías generales en las 36 secciones de este sindicato, están siendo sometidos a la persecución política.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna: De manera muy clara rechazamos que Carlos Romero Deschamps y Alfredo Mier y Concha la recisión del contrato de Israel Estévez López, las intimidaciones, las amenazas, las jubilaciones forzadas y las vejaciones hacia los trabajadores. Desde esta tribuna les decimos que no pasarán. Exigimos la inmediata reinstalación de nuestro compañero trabajador Israel Estévez López. No más intimidaciones. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Arturo Argüelles, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Con su anuencia, señora presidenta. Honorable asamblea. Para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta Cámara de Diputados, la paz no es ausencia de conflicto, sino la vivencia del mayor bienestar individual, familiar, comunitario y colectivo.
En esta inteligencia, la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 del saliente gobierno de la República, México en Paz, que se corresponde con el apartado de política interior del sexenio, se debe considerar una asignatura no nada más pendiente, sino no aprobada.
La sociedad mexicana a la que no vemos como un todo uniforme y encasillable en el concepto abstracto y retórico pueblo, sino reconocemos como plural, diversa y heterogénea, no se siente en paz y mucho menos se siente segura.
Para documentar nuestro realismo es importante ahora compartir algunos datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi que ilustra el estado que guarda el derecho humano a vivir en paz y con seguridad.
El 75.9 por ciento de la población mayor a 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El 75.7 por ciento de la población se sintió insegura en el transporte público. El 66 por ciento de la población entrevistada, fue testigo de un robo o asalto. El 58.6 por ciento de la población cambió su hábito de permitir que menores salgan de su vivienda. Y el 38.6 por ciento de los hogares mexicanos tuvo al menos una integrante víctima de robo y/o extorsión.
La experiencia en Morelos descentralizar los esfuerzos policiacos y ministeriales con el mando único, resultó catastrófica y repudiada por la sociedad morelense por haberse alejado de su carácter civil y volverse una estrategia casi bélica de persecución política y silenciamiento al disenso. En México la seguridad necesita menos Gracos Ramírez y más Cuauhtémocs Blancos.
De este modo, como representantes populares, no comprendemos cómo es que en los documentos del VI Informe de Gobierno, objeto de la presente glosa, se expresa que en los cambios estructurales emprendidos durante la administración, tienen como rasgo distintivo la ampliación de los derechos de las personas.
Las y los diputados de Encuentro Social que conocemos y compartimos la cotidianidad de las personas que viven y dan vida a nuestros distritos, sabemos que la incertidumbre con que se vive en sus hogares respecto a su seguridad y la de sus familias, es una realidad que deteriora el tejido social.
La vigencia de la seguridad ciudadana no significa nada, sino representa además una vivencia, la sensación de inseguridad aunada a la percepción que los delincuentes gozan de mayores derechos que el ciudadano agraviado, hacen que la idea de México en paz, así como las cifras alegres que nos presentan, agravien a la sociedad y no signifiquen más que palabras vacías.
En encuentro Social sabemos que otro México con la seguridad ciudadana como vigencia y como vivencia es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ahora tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. Como lo ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, solo en un país con instituciones sólidas e íntegras, puede haber bienestar para todas y todos.
Es por esto, que una de las prioridades de la actual administración fue transformar y modernizar la procuración de justicia en nuestro país, transitando de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y oral.
El reto ha sido mayúsculo. En cuanto al esfuerzo legislativo se han creado o reformado 21 leyes federales, y se modificaron más de 350 leyes locales. Entre ellas destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales que permitió homologar la manera de juzgan los delitos en todo el país, atendiendo los principios de presunción de inocencia, publicidad e igualdad entre la partes.
El compromiso del presidente Peña con las víctimas del delito se traduce en el papel que les ha sido reconocido, pues por fin pueden ejercer su derecho en igualdad de circunstancias en el proceso penal, participando con asesoría jurídica técnica y gratuita, así como con el derecho de protección y el de reparación del daño.
Con la publicación de la ley general en la materia y la conformación de la comisión ejecutiva, se estableció el esquema de protección que las ubica en el centro del quehacer institucional.
Como magistrada presidenta de la Sala Colegiada Penal del supremo Tribunal de Justicia de mi estado, Tamaulipas, pude constatar las bondades de este sistema que permite a las y los juzgadores estar más cerca de los justiciables. Jamás será lo mismo estudiar un expediente que escuchar en audiencias públicas lo que tienen que decir las partes en un proceso penal.
Las bases están puestas, y desde aquí hacemos un atento llamado a todas las fuerzas políticas para continuar con la consolidación de este sistema que aún requiere grandes esfuerzos para responder a los reclamos de justicia de las y los mexicanos.
Nos comprometemos, desde el Grupo Parlamentario del PRI a trabajar en este sentido, impulsando la creación de un código penal único que por supuesto contenga entre su catálogo de delitos el de feminicidio y el de violencia política de género, y que permita tener los mismos tipos penales y las mismas penas en todo el territorio nacional. Asegurar el respeto pleno de la ley es una tarea permanente en nuestro país.
En esta administración no se escatimó en esfuerzos, se combatió a los grupos de crimen organizado con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza. Se impulsó una estrategia nacional y una mayor coordinación entre las dependencias gubernamentales en la lucha contra la delincuencia.
Se logró contener el índice de secuestros en este país y es de justicia señalar que quienes han soportado de manera heroica la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado y a esta ola de violencia han sido nuestras Fuerzas Armadas, quienes junto con la Policía Federal han asumido de manera subsidiaria y temporal las tareas de seguridad pública.
Hemos escuchado descalificaciones, amigas y amigos. Les recordamos, ya no estamos en campaña, a partir del primero de diciembre se tendrá que demostrar la eficiencia para pacificar al país, de lo contrario el pueblo de México se los recriminará.
Por lo pronto, el Ejército y la Marina no salen de las calles, como se había comentado. Celebramos esta decisión, puesto que el presidente electo ha enunciado que continuará haciendo funciones de seguridad pública, por lo que estoy cierta que, sin importar partidos políticos encontraremos la manera de brindarles el marco jurídico que requieren y que merecen para dar certeza a su actuar y proceder, con estricto respeto, por supuesto, a los derechos humanos. En este sentido, cuentan con el total respaldo de mi partido, el Revolucionario Institucional, para lograrlo.
Recordemos que las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal son también padres y madres, son hijos e hijas, hermanas, hermanos, sujetos también de derechos y obligaciones.
Como alguien que vive en uno de los estados más flagelados por la violencia, desde aquí les digo que tienen todo nuestro respeto, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad.
Compañeras y compañeros legisladores, nuestro grupo parlamentario refrenda su compromiso con el pueblo de México para continuar luchando porque la pacificación en este país sea una realidad. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Oscar Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas: Con su permiso, diputada presidente. Señoras y señores diputados, no es en efecto la primera vez que México decide cambiar, vivimos una época de transformación y seguros estamos que México seguirá cambiando.
El PRI llegó por aquella esperanza de pacificar al país y fracasó, nos hereda más deuda, más homicidios y un monopolio compacto, que le costó muchísimo a este país.
Los mexicanos saben con certeza y ya es por demás sabido que la inseguridad y la corrupción es la herencia de este gobierno y lo sufrimos en las calles todos y cada uno de los días. Por eso el mexicano hizo un llamado para quitar a ese sistema y ponernos aquí para atenderlo, demandarlo y no para acompañarlo.
México por supuesto que juzgó la falta de diálogo institucional de los últimos seis años de los gobiernos del PRI, la carencia de estrategias para el fortalecimiento democrático. Seis años de gobiernos frívolos enfocados en gastar en su propia imagen y en vidas excesivas. Seis años de gobernantes corruptos. Pero eso ya lo sabemos también.
La verdadera exigencia del pueblo de México es que, a esos, los que tanto le han hecho a nuestro país, se les castigue y se les persiga. El pueblo eligió una transformación para no ocultar lo que a todas luces y de manera evidente fueron actos de corrupción y de conflictos de interés.
No para premiarlos con nombramientos en la CFE, o para darles licencia para burlarse de la gente haciéndolos gobernadores, senadores y gobernadores otra vez en un mismo día.
Sí es verdad, ya se van los que utilizaron al Cisen, no para proteger al país, sino para perseguir e intimidar a los ciudadanos.
Acción Nacional está dispuesto en evidenciar los actos del pasado, pero también los que se viven en la actualidad, y es ahí donde Acción Nacional quiere lo mismo que quieren todos los mexicanos. En el PAN queremos que se juzgue la corrupción, pero no solo la que costó dinero, sino la que incluso costó vidas.
En abril de 2017, en el estado de Morelos se inauguró una obra con bombo y platillo llamada Paso Express, presupuestada por mil millones de pesos, y cuando se entregó la obra fue cobrada por 2 mil 400 millones de pesos.
En julio de 2017, tres meses después de su inauguración, Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López salieron de su casa a las cinco de la mañana y, literalmente, fueron tragados por la tierra, y fueron tragados por la tierra por un hundimiento por esta misma, formada por rupturas de tuberías, tuberías que no puede ser que el gobierno las cobró en más de 2 mil 400 millones de pesos.
El PAN quiere en la cárcel a los Duarte, quiere que alguien por fin pague la desaparición de 43 jóvenes en pleno siglo XXI, que se persiga realmente la justicia. Los problemas los sabemos todos, pero las soluciones las seguimos esperando.
Nos queda claro que este gobierno del PRI no tiene voluntad alguna en resolverlos, este gobierno se destacó por minimizar los problemas, pero nos preocupa que en un país que exige respuestas la tónica de los próximos seis años sea al ritmo de, de eso no voy a hablar, corazoncitos.
Es urgente que el Estado garantice la gobernabilidad democrática en nuestro país, no podemos seguir como hasta ahora. Durante el sexenio del último gobierno del PRI vimos el ejemplo más claro, que nombrara una especie de virreyes en los estados del país para ejercer presión o tener control desde el gobierno central. No son figuras funcionales, y traigo a la memoria el nombramiento de Alfredo Castillo, como su comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, que fue un rotundo fracaso.
La próxima administración deberá mostrar desde los primeros días de gobierno lo que no pudo demostrar el PRI en seis años. Hace unos días el presidente de esta Cámara hablaba de la continuidad del orden republicano, tiene razón, y el PAN le toma la palabra. Acción Nacional considera que ese orden republicano debe partir de todo orden democrático, hecho y nacido desde el pueblo.
Compañeras y compañeros, las y los diputados del PAN estamos y estaremos siempre dispuestos al diálogo constructivo con las demás fuerzas políticas y con el Ejecutivo federal para construir una política interior fortalecida. Para nosotros no es nuevo, lo hemos hecho desde hace 72 años en esta Cámara y en casi 80 años de historia. Creemos entonces los acuerdos y los consensos para llevar un combate frontal a la corrupción, porque si no, no vale la pena ser muchos, vale más la pena ser buenos. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de sus antecesores del PAN, agudizó la grave crisis en materia de derechos humanos. Regiones y ciudades enteras resienten los estragos de la violencia, de la inseguridad, de los homicidios, de las desapariciones forzadas, de las violaciones.
Nos dejan un país empobrecido, una realidad que sacude por sus extremas desigualdades, por la falta de oportunidades, por la crueldad de los crímenes. Nos dejan una violencia desbordada.
Existe una violencia institucionalizada, la del sistema de procuración de justicia que también nos dejan, que castiga más a los más pobres, a las y los indígenas, a las mujeres y a quienes tienen una preferencia sexual distinta.
Con este sexenio termina una época de gobiernos que no solo eludieron, ignoraron su responsabilidad con los derechos humanos, socavaron los derechos por falta de compromiso, por falta de voluntad política para favorecer intereses políticos o económicos, o simplemente para encubrir la corrupción.
Una época donde se volvieron recurrentes los casos de hostigamiento y de persecución de los defensores de los derechos humanos. Una época donde acentuaron la degradación de la vida pública de México.
El fracaso se mide también por la monstruosa cantidad de feminicidios, la violencia desenfrenada contra niñas, niños, adolescentes, contra las mujeres.
Una incapacidad de las instituciones para detener la ola de asesinatos y de crímenes contra periodistas, para protegerlos y salvaguardar la libertad de expresión.
La incapacidad para evitar los desplazamientos masivos de personas que todavía hoy son obligadas a migrar por razones de la violencia.
Un país colmado de historias de dolor. Decenas de miles de víctimas, familiares que en la desesperación porque se enfrentan al silencio, a la inacción y al desdén de funcionarios públicos. Lo más difícil, enfrentan la colusión de las autoridades con el crimen. Agreden a toda la sociedad y violentan los derechos humanos, todos aquellos funcionarios que han difamado a las víctimas, quienes justifican su no actuar arguyendo que andaban en malos pasos.
Desde aquí refrendamos el compromiso de Morena con todas aquellas familias que todos los días libran batallas con entereza, sin descanso, por la verdad y la justicia, que habrá de llegar sin lugar a dudas.
La bancada de Morena ratifica el compromiso inquebrantable con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Deberá esclarecerse y garantizarse la justicia, pero el reclamo se extiende también en los casos de Chalchihuapan, de Tanhuato y Apatzingán, de Tlatlaya y Nochixtlán.
Cincuenta años han pasado desde aquel episodio atroz de Tlatelolco, 47 de aquel 10 de junio del Halconazo. La violencia ilegal del Estado buscó ahogar, sin conseguirlo, la conciencia crítica, no lo olvidemos. La movilización de los estudiantes que, por cierto, hoy están en las calles luchando por sus derechos para desterrar por siempre las agresiones y la violencia. Para todos los estudiantes nuestro respeto, nuestro compromiso y nuestra solidarias.
Cuarenta años desde la primera huelga de hambre que encabezó la más tenaz defensora de los derechos humanos, Rosario Ibarra de Piedra, con las otras doñas del Comité Eureka, quienes hoy siguen pugnando por una comisión de la verdad, que esclarezca todos los casos de personas desaparecidas en esa época cruel de la Guerra Sucia que implementaron instituciones del Estado mexicano.
Desde entonces, ningún periodo de gobierno ha estado exento de hechos de tortura, desaparición forzada ni casos de impunidad. No ha estado ningún gobierno exento de represión a movimientos sociales.
Por ello, respaldaremos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la decisión firme, porque nunca más las Fuerzas Armadas reciban órdenes de reprimir al pueblo.
En la fracción de Morena compartimos su compromiso político y moral con la verdad, con la moral, con la memoria, con la justicia, con los derechos humanos y con la reconciliación nacional. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Concluyen las tres rondas de intervención sobre el análisis del VI Informe Presidencial, y de conformidad con lo que establece el artículo 7o, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputadas y diputados, pasamos al punto de las proposiciones de urgente u obvia resolución. Nos regiremos por el artículo 113 de nuestro Reglamento, que establece que el proponente hace la propuesta a la asamblea, quien decide si es o no de urgente resolución es la propia asamblea.
Si al término de la consulta se acepta ser de urgente u obvia resolución habrá una intervención por cada grupo parlamentario y al término de la ronda de cada grupo, volveremos a preguntar si está suficientemente discutido el tema. El pleno tiene la última palabra. Si el pleno considera que está suficientemente discutido terminará la discusión del tema o de la proposición en cuestión, y así sucesivamente.
Se trata de tres puntos que nos ha remitido a esta Mesa, la Junta de Coordinación Política. Entonces paso al primer punto. La primera proposición de urgente u obvia resolución.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable. En el uso de la palabra el diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario Morena.
El diputado Iran Santiago Manuel: Con su permiso, presidenta. Agradezco la atención, la confianza de mis compañeros diputados para presentar este punto de acuerdo que construimos de manera colectiva. Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer. Postulado de Mahatma Gandhi, que compartimos desde el 2013 cientos de miles de maestros de México.
Estamos convencidos de que la educación es la base esencial para lograr el crecimiento de una nación, el pacto imprescindible para combatir la desigualdad social, el derecho humano consagrado en el artículo 3o. de la Carta Magna.
Una educación integral que para lograrlo se requiere de instrumentar políticas públicas sí urgentes, pero no autoritarias ni excluyentes, como lo fue la mal llamada reforma educativa, producto del Pacto por México que no fue más que una reforma laboral dictada desde la OCDE, que es un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país y con otros intereses.
Que ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar capacidades y conocimiento de sus alumnos en condiciones totalmente adversas con bajos salarios, deplorable infraestructura, atendiendo a niñas y niños en extrema pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo para construir conocimientos significativos a pesar del gran esfuerzo de los docentes.
La OCDE y sus seguidores parecen sostener que la calidad de la educación depende solo de la profesionalización docente.
Por otra parte las maestras y maestros están siendo víctimas de un permanente acoso laboral, una supervisión excesiva, aumento en la carga de trabajo eminentemente administrativo que entorpece su labor.
Aunado a esto se vive una privatización silenciosa del sistema educativo tal y como sucede con los comités de participación social en las que padres y madres de familia asumen los costos del mantenimiento de los planteles.
El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la reforma educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hoy más de 500, y en el peor han sido asesinados o desaparecidos.
Quienes lo nieguen entonces que nos digan el paradero de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa o que nos revivan a nuestros muertos de Nochixtlan.
Desde junio del presente año miles de maestros han sido notificados para presentar la evaluación punitiva. Aclaramos, los maestros de México no se niegan a la evaluación. Sí a una evaluación formativa, no punitiva, una evaluación que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y nuestras alumnas.
Por eso en Morena estamos a favor y nos pronunciamos por una educación pública integral, laica, gratuita, científica y popular que contribuya a la transformación y mejoramiento de la sociedad construyendo junto con el magisterio y demás actores interesados, una verdadera y auténtica reforma educativa.
Mientras tanto refrendamos nuestro compromiso con las niñas y los niños de México, las y los jóvenes, como con las y los maestros del país, para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les pedimos que voten a favor de este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dicho procedimiento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Gracias, señor diputado. Gracias. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe, secretaria. Mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución.
De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para su discusión los siguientes diputados y diputadas: la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde; el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del PRD; la diputada Hildelisa González Morales, del PT; la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del PRI; el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del PAN, y la diputada María Chávez Pérez, de Morena. En el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Preciado. Micrófono en su curul.
El diputado José Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Solo para dos fines procedimentales. El primero es para saber en qué sentido está subiendo cada orador, si es a favor o en contra del punto de acuerdo, para que pueda ser uno y uno y no solo por orden de grupo parlamentario. Dos, para que me registre en contra del punto de acuerdo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Señor diputado, cuando alguien propone un tema es porque está a favor de él. El pleno será el que decida si se aprueba o no.
Segundo. El Reglamento no establece si necesariamente tiene que ser en uno u otro sentido, y para registrarse usted en el orden de oradores solicítelo a su coordinador y a su vez nos sea remitido que usted esté en el orden del día, porque nos trajeron otro diputado para intervenir por parte de Acción Nacional. Sí, diputado Preciado.
El diputado José Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): Con el debido respeto. En la discusión de los puntos de acuerdo se deben registrar oradores a favor y oradores en contra. Uno.
Dos. El Reglamento y la Ley Orgánica no establecen como procedimiento que tenga que ser uno registrado a través de la coordinación de los grupos parlamentarios. Es muy claro el Reglamento cuando establece que cualquier diputado que quiera manifestarse a favor o en contra solo tiene que solicitarlo a la Presidencia de la Mesa Directiva.
Yo le solicito que de acuerdo con el Reglamento y la Ley Orgánica, se me registre en contra del punto de acuerdo y se nos aclare quiénes de los oradores van a favor y quién en contra, porque el debate debe ser iniciando o a favor o en contra, y de esa manera podríamos ir moderando el debate y no solamente subir en función de los grupos parlamentarios que quieran participar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Preciado, aclaré al inicio de este tema que se trataba de puntos de urgente y obvia resolución, que se rigen por el artículo 113 de nuestro Reglamento.
El artículo 113 de nuestro Reglamento establece que solo haya un orador proponente, y después, de ser considerado de urgente y obvia resolución, una persona por cada grupo parlamentario.
No es un debate abierto de un tema a votación propiamente, es de urgente u obvia resolución, que se establece en el artículo 113. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad mexicana nos demanda hoy, más que nunca, el estricto apego y respeto a nuestras leyes. No podemos exigir a la ciudadanía que respete las leyes, cuando quienes las formulamos pretendemos a su ver desconocer la voluntad, aun cuando detrás de este desconocimiento se esconden las mejores intenciones.
Creemos en la necesidad de realizar cambios de fondo en distintas áreas. Sin embargo, no podemos apoyar un proceso de transformación que implique omitir la aplicación de las normas jurídicas.
Por esta razón, en el Partido Verde Ecologista de México no compartimos el contenido del punto de acuerdo que presentan los diputados integrantes del Partido Morena, mediante el cual se busca que como Cámara exhortemos al Poder Ejecutivo y, de manera particular, a los trabajadores de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a suspender de manera inmediata e indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio a los profesionistas del servicio educativo, hasta en tanto sean revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos, o lo que es lo mismo, a que invitemos al titular del Poder Ejecutivo y demás integrantes de la administración pública federal y estatal, a dejar de observar una ley vigente.
Debemos recordar que los procesos de evaluación antes mencionados, así como cualquier otro acto derivado de las leyes que forman parte de la reforma en materia educativa, son producto de un proceso legislativo exhaustivo que se llevó a cabo en estricto apego al mandato constitucional. Por lo que pedir ahora que se suspendan las evaluaciones sería mandar un mensaje equivocado al pueblo mexicano, denostando una falta de respeto a las atribuciones que a la división de Poderes le fueron conferidas por el Congreso de la Unión.
No debemos permitir que esta Cámara exhorte al Ejecutivo a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático. Por el contrario, desde la bancada del Partido Verde Ecologista invitamos de la manera más atenta a los legisladores a reconsiderar su postura respecto a la manera de abordar este tema tan delicado y no hacer una resolución a fast track.
Aclaramos que en el Partido Verde siempre estaremos abiertos al diálogo, al análisis y a la discusión de cualquier iniciativa de reforma y que defenderemos como hasta la fecha lo hemos hecho los derechos de la mayoría, pero siempre y cuando esta discusión esté en un margen de entera legalidad.
El votar en contra de este punto de acuerdo no significa en ningún momento ignorar los reclamos del Magisterio. Reiteramos que la única intención es conducirnos con el debido respeto que las instituciones merecen.
Compañeros diputados, realicemos el estudio de las reformas las veces que sea necesario, pero por favor no denigremos nuestro trabajo como legisladores pidiendo que deje de aplicarse la ley vigente mientras decidimos cuál es el mejor rumbo para este país.
No dejemos en estado de incertidumbre jurídica a quienes actualmente se encuentran sujetos a estos procesos y, sobre todo, no ofendamos a los mexicanos y al propio Poder Ejecutivo pidiéndole que actúe fuera del margen de la ley. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Con el permiso de la Presidencia. La unión hace la fuerza y el día de hoy tenemos coincidencias con los legisladores del Grupo Parlamentario, como así lo han denominado, Juntos Haremos Historia, y quiero decirles que desde hace un rato que tuvimos una participación en voz de su servidor y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD fijamos un posicionamiento muy claro y muy firme respecto al apoyo total al Magisterio.
Honorable asamblea, vengo a posicionar a nuestro Grupo Parlamentario a favor del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a diferentes autoridades locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el proceso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, mientras no se revise y, en su caso, reforme el marco normativo aplicable.
Esta posición es congruente con la iniciativa de nuestro grupo parlamentario que acabamos de presentar en la permanencia del servicio público como resultado de la evaluación obligatoria.
Precisamente en esta iniciativa proponemos, en este artículo transitorio, dejar sin efecto aquellas sanciones que hayan recaído en trabajadores de la educación con motivo de la evaluación del desempeño del 2015 a la fecha. Si bien coincidimos en que uno de los actores clave de la educación son los profesores.
El propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reconoce no todos los problemas de la falta de calidad educativa dependen de los docentes, porque influyen también las características contextuales.
La aplicación de la reforma educativa se ha centrado en la evaluación docente sin implementar políticas que mejoren las condiciones en que se da el proceso de enseñanza. ¿Cómo pedir que se modernicen los métodos de enseñanza cuando muchas escuelas no tienen ni siquiera las condiciones básicas para poder aprender?
¿Cómo hacer que después de una aplicación desafortunada de la evaluación para el desempeño de los docentes confíen en este instrumento como un método de la mejora en la calidad educativa?
¿Con qué cara le exigimos a los maestros ser evaluados estrictamente, cuando el presidente Enrique Peña Nieto plagió parte de sus tesis? O mejor dicho, cometió errores de estilo.
Debemos emprender un trabajo legislativo serio y profundo que realmente tome en cuenta el contexto multicultural y económico de nuestro país, para en lugar de buscar culpables se asuman responsabilidades y retos. Se hagan verdaderas propuestas, se establezcan los cómos y las rutas, se destine un gasto eficiente y transparente y se deje atrás la demagogia para dar paso a una política educativa, a la altura de los retos de una educación que debe de ser inclusiva y avanzada.
Suspender los procesos de evaluación no debe significar restaurar simulaciones, complicidades, distorsiones o vicios que aún persisten en la contratación y promoción de las y los maestros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido, señor diputado.
El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Concluyo, ni tampoco debe significar suspender la evaluación para pagar un compromiso de campaña. Sí a la suspensión para realizar un diagnóstico profundo de la reforma educativa y del sistema educativo. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Hildelisa González Morales: Muy buenas tardes. Un país que invierte en educación y que revalora la función del docente es un país que propicia su independencia.
Con el permiso de la Mesa Directiva. Me dirijo ante ustedes, compañeros y compañeras diputadas, muy especialmente a los compañeros y compañeras del Verde Ecologista y del PRI.
También me dirijo a los mexicanos y mexicanas que nos han dado la oportunidad de venir a esta tribuna a defender las causas que lesionan a los ciudadanos.
En México millones de mexicanos perdieron la fe y la confianza e hicieron caer a este régimen. La decepción se agudizó con la aprobación y la aplicación de las reformas estructurales y esto se manifestó en un rechazo mayoritario a los partidos que las promovieron.
Los maestros, como sujetos activos de este proceso de transformación en el país, se manifestaron públicamente a lo largo y ancho de nuestra patria.
La desvalorización del docente se ha incrementado con la mal llamada reforma educativa, que ha sido una reforma lesiva, que ha atacado los derechos laborales del magisterio. Ha tenido un carácter sancionatorio. No ha impactado la calidad de la educación ni ha generado programas de actualización y formación docente, siendo esta reforma un medio de control de las autoridades y de los gobiernos en turno.
En esta nueva etapa los maestros han jugado un papel preponderante, por lo que el Partido del Trabajo suscribe el punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo. Así como la reinstalación de los maestros que, de manera dolosa, han sido despedidos por estos procesos de evaluación.
Por una educación gratuita y de calidad, por un magisterio revalorizado y por una patria justa. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Hildelisa. Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Compañeras, compañeros. La verdad es que mucho se ha hablado de lo que es esta reforma educativa y de lo que no es. Pero en Encuentro Social creemos en la calidad educativa y la reconocemos como un derecho para los educandos y un deber para el Estado mexicano.
Creemos que la actuación de los docentes llega a definir, en muchos casos, la manera de ver el mundo y abrazar el conocimiento de las personas. Estamos de acuerdo en la necesidad de una mejora continua del hecho educativo. No obstante, en Encuentro Social diferimos de la idea que atraviesa la reforma en la materia por parte del gobierno de la República saliente, que postula que la calidad educativa exige un estado de cosas en que la estabilidad laboral del magisterio se pone en peligro.
Ciertamente hay que replantear los términos para el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, pero el carácter punitivo de cualquier decisión del Estado mexicano es siempre contraproducente y lesiona al tejido social. Por eso insistimos en Encuentro Social, que la reforma educativa debe de ser integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más debe de ser y que no debe de ser realmente punitiva, sino que debe de considerar a los alumnos, a los contenidos que damos en las aulas.
Y les tengo que decir que tengo 32 años de vida profesional en el medio educativo, que no gozo de ninguno de los privilegios que los maestros que sí están en esa institución, en el gobierno, pueden gozar que jamás me voy a poder jubilar. Pero, sin embargo, el compromiso con mis alumnos es tan profundo a nivel universidad y preparatorias, ha sido y es tan profundo que tenemos que pensar primero que nada en una reforma real de los contenidos, qué les queremos transmitir a nuestros alumnos, qué les vamos a hacer para construir un futuro en sus mentes. Hay que descuadrarlas. Hay que llevarlos más allá. Hay que hacerlos.
Que nosotros seamos el peldaño que les permita crecer y no mantenernos en la mediana mediocridad en la que muchos de nuestros alumnos perviven en el sistema público y privado.
Por eso también hay que considerar los espacios y la infraestructura, así como los recursos que podemos poner a disposición de nuestros alumnos. Otro país nos ha sido encomendado. Un México con calidad educativa sin lesionar los derechos laborales, desde el respeto al estado de derecho y puesta al día del orden jurídico nacional. Eso es posible, por eso hagámoslo nosotros en esta ocasión. Es tanto, cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Martha Hortensia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Hortensia Garay Cadena: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Martha Hortensia Garay Cadena: Compañeros y compañeras legisladores. Antes de iniciar yo quiero reconocer el trabajo de los buenos maestros y maestras. A los que asisten a clase, los que se preparan, los que construyen este gran país. A los maestros no nos da miedo ser evaluados.
El Grupo Parlamentario del PRI reconoce el compromiso y los esfuerzos realizados por el gobierno de la República desde el inicio de su administración por el elevar la calidad educativa.
Celebramos este paso trascendental de hacer de la educación la fuerza transformadora de México, por eso no compartimos la visión parcial de un tema tan relevante para el país. Descalificar y destruir es fácil. Lo complicado es edificar y proponer.
Hoy tenemos en la reforma educativa que buscar elevar la calidad de la enseñanza en donde maestras y maestros jueguen un papel fundamental. Todo aquel esfuerzo que contribuya a elevar la calidad de la enseñanza, será apoyado por el Grupo Parlamentario del PRI.
Coincidimos en que con el propósito de avanzar hacia la calidad de la educación es indispensable mejorar al magisterio nacional, las condiciones de su formación ingreso, promoción, permanencia, así como la evaluación de las realidades que circundan su desempeño.
En el momento, señoras y señores, en que se discuta de manera integral este tema que es de la mayor trascendencia, en el que está en juego el futuro de niñas, niños y jóvenes, habremos de fijar una posición muy clara en relación al servicio profesional docente.
No compartimos este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del sistema educativo nacional.
Esperamos que cuando se discuta el tema con profundidad, con responsabilidad y con seriedad, tengan ustedes un planteamiento que permita comparar lo que se ha hecho y lo que van a impulsar, que hasta el momento no conocemos.
Requerimos alejarnos de una visión coyuntural y asumir con decisión la revisión bajo una propuesta integral. Ojalá puedan integrar una propuesta completa que busque educación de calidad para el futuro...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: ...y preparar a las nuevas generaciones. Más allá de vender o heredar plazas, del cochupo o el arreglo, se trata de privilegiar la evaluación transparente, las capacidades y trayectorias y el perfil de los maestros.
Para el PRI la educación es un instrumento poderoso...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señora diputada.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: ...para transformar al país. Un minuto, presidenta. Por eso estamos en contra de su propuesta. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Amigas y amigos, compañeras diputadas y compañeros diputados, presidenta, con su permiso. Primero que nada un saludo a las maestras maestros de Nuevo León y a todos los trabajadores al servicio de la educación en este país, nuestro respeto, nuestra admiración.
El PAN está a favor del interés superior de la niñez en México, a favor de los buenos maestros que aportan tanto a la calidad educativa, pero no puede estar a favor de incumplir con una regla, una ley establecida.
No podemos, paradójicamente, ser parte del Parlamento nacional donde hacemos las leyes de este país y exhortar a que no se cumplan. Flaco favor le hacemos a las instituciones del país si desde esta soberanía solicitamos el desconocimiento de la Constitución, de las leyes y del resto de nuestro marco normativo.
En tanto no exista algo nuevo, lo que debe seguir observándose es el marco legal vigente, es decir, lo que establece la Ley General de Servicio Profesional Docente.
Les quiero recordar a los compañeros de Morena lo que dice, hace unos días el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán al respecto de la reforma educativa. Él hace unos días declaró que la reforma educativa se derogaría cuando surge una nueva ley, un nuevo marco jurídico y se conservarán aquellas cuestiones que sean útiles al aprendizaje y también se conservará la evaluación de los maestros.
Mejor pónganse de acuerdo con el próximo gobierno de Morena, presenten una iniciativa en ese sentido y nos venimos a debatir qué sí y qué no de la reforma, porque también tiene cosas buenas. No es todo como la pinta un grupo de maestros de este país, pero sobre todo platiquen con Esteban Moctezuma, que es el que dice que no se va a derogar.
No vengan aquí a pedir un exhorto, que además es incumplible porque están pidiendo que no se aplique la ley, en lo cual el PAN va a estar siempre en contra. Pero sí en cambio, su próximo secretario de Educación está a favor de la evaluación docente. Vayan a ponerse de acuerdo primero ustedes, y luego no quieran engañar a los maestros diciendo que aquí con un discurso en un punto de acuerdo, que a veces es llamado a misa, ya están cumpliendo con su electorado que se creyó que ustedes iban a hacer esas reformas. Vengan a imponer una iniciativa y debatamos. No un punto de acuerdo, porque es lo que va primero, la iniciativa antes que el punto de acuerdo.
Nosotros, como Grupo Parlamentario del PAN, estamos a favor de la calidad educativa. Estamos a favor de un diálogo que permita situar los problemas educativos en su justa dimensión...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Respeto al orador, señores diputados.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Pregunten a Esteban Moctezuma si va a caer, pues...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Está en el uso de la tribuna el diputado del PAN. Favor de respeto al orador.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Hablen con Esteban Moctezuma para ver si cae. Estamos a favor de mejores maestros, estamos a favor de mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, estamos a favor de la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos, estamos a favor de ampliar la cobertura de los servicios educativos, estamos a favor de mejorar los contenidos de los libros de texto y en general estamos a favor de una educación de calidad para todo México. Muchas gracias, presidenta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario Morena.
La diputada María Chávez Pérez: Compañeros, diputados y diputadas, tenemos tres años, eso va a durar el poder y recuerden; los hechos son para toda la vida y si no, nos lo van a demandar siempre.
Hoy nos ponemos a discutir una ley injusta, como una fuerza que se pusieron los legisladores anteriores, en el cual están sometiendo a una evaluación a los maestros, que son normalistas titulados. ¿Y por qué no someten a evaluación al presidente Enrique Peña Nieto y a toda la camarilla de cómplices que acordaron esta criminal reforma educativa? O los que me antecedieron y que dijeron que nos pusiéramos de acuerdo con Moctezuma.
Los maestros han sido los únicos que han tenido la fuerza para denunciar los actos de corrupción que esta ley permitió. El desmantelamiento educativo de las universidades públicas, en varios estados lo acaban de denunciar. El desmantelamiento a la educación, ¿qué fue lo que hizo?, poner una ley que restringiera los derechos laborales de los maestros y eso lo deben de tomar en cuenta.
A ti legisladora, diputada, diputado, ¿quién te restringe? ¿Quién te evalúa si lo haces bien o lo haces mal? ¿Si eres justa o eres injusta? Pedimos a los compañeros conscientes de acordar este exhorto, para que se detenga esta criminal evaluación al servicio profesional docente.
Quisiera verlos en el estado en que están, cuando han sido cesados de sus cargos como profesores, sin tener un ingreso económico para seguir sosteniendo a sus familias. Así los quisiera ver.
Hoy pegamos de gritos cuando decimos que vamos a trabajar en un plan austero, en un plan restringido, porque tenemos que darle a la sociedad los derechos que son acreditables.
Lo veo injusto que seamos nosotros los que gocemos de privilegios, los diputados, y la inmensa mayoría esté sin un pan de cada día.
Quiero decirles que los artículos transitorios de la Ley General de Educación establecieron plazos. Estos no se cumplieron, fueron una camisa de fuerza que se pusieron los legisladores y, en consecuencia, esta ley está desfasada...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El tiempo ha concluido, diputada.
La diputada María Chávez Pérez: Esta ley es injusta y la tenemos que tirar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señora diputada. Concluyó la ronda de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo en votación económica, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido. Ha concluido entonces las listas de oradores. Ahora solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El punto queda aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a proceder a analizar la segunda proposición que se ha agendado este día. Se ha presentado...
A ver, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Con el permiso de la Presidencia y con el respeto de mis compañeros. Cuando se tiene que hablar de competitividad dentro de un país, tenemos que hablar de conectividad.
México es un país que está centrado en el corazón logístico de todo lo que es la América. México es un país que está conectado tanto con Asia como con Europa y somos la principal entrada hacia Estados Unidos y en gran parte a todo Centroamérica, pero no podemos hablar de competitividad cuando nuestra circunstancia nos lleva a tener altos costos en el tema logístico.
Cuando hablamos de carreteras, que en este momento se encuentran deplorables, carreteras que están hechas pedazos, carreteras que tienen cero mantenimiento. Cuando nuestros puentes se están cayendo. Cuando nos encontramos con la vulnerabilidad del robo en todas las autopistas del país, principalmente aquellas más transitadas donde más seguridad deberíamos de tener.
El tramo de la México-Puebla-Veracruz, donde todos los días no solo se roban camiones, se roban vehículos, se roban la carga con lujo de violencia. Tenemos un problema muy grave en este país. Tenemos un problema porque ya nadie quiere trabajar de operador, ya nadie quiere subirse a esas carreteras.
Pero todavía así tenemos la desfachatez de anunciar un aumento en las cuotas que tienen que ver con servicio público federal, específicamente Capufe, un aumento que bien puede sonar del 12 al 18 por ciento. Esa es la primera gran mentira, es mucho más, porque aumentaron más las casetas que más aforo tienen. La México-Puebla-Veracruz aumentó cerca del 18 por ciento.
Aquellas que se utilizan poco aumentaron el 12. La media, la matemática simple me dice efectivamente que andan sobre el 14 por ciento, pero el impacto real en la economía de todos los mexicanos es cerca del 17 por ciento.
¿Y por qué digo en la economía de todos los mexicanos? Estaba la semana pasada platicando con una persona precisamente este tema y se le ocurre decirme: que se preocupen los que tienen coche, porque esto nada más le pega a los ricos.
Grave error, los que piensan así es un grave error. Déjenme decirles que a los que más les pega son a las personas más vulnerables.
Cabe destacar que se dice que el transporte carretero mueve solamente el 70 por ciento de las cargas que se mueven en el país. Primer gran error, el transporte carretero mueve el 100 por ciento, El transporte marítimo está limitado a los bordes, a las playas en donde hay puertos marítimos. Se tiene que bajar y transbordar en un camión. De igual manera los ferrocarriles, están limitados hasta donde llegan las vías de ferrocarril. Todo se baja en un camión y todo tiene un impacto.
¿Pero qué es lo más delicado en este tema? El impacto más fuerte lo tienen aquellos productos que forman parte de la canasta básica: el frijol, el maíz, aquellos que tienen que ser transportados desde Sinaloa para surtir la Central de Abasto que se encuentra aquí en la Ciudad de México tienen que pagar altos costos de peaje y todavía se nos ocurre, para cerrar el sexenio, dar un pequeño aumento del 18 por ciento.
Se necesita muy poca conciencia para entender que estamos dañando la economía de los más vulnerables.
Me congratula mucho, en primer lugar, la idea del próximo Ejecutivo, del señor Andrés Manuel, en primer lugar, de separar la policía de Gobernación, de crear una nueva secretaría que pueda vigilar nuestras carreteras.
También me preocupa mucho adónde va a parar ese dinero. Porque todos escuchamos que las casetas de cuota cobran un recurso para recuperar la inversión. ¿Pero sabían ustedes que el 90 por ciento del ingreso de esas carreteras se va a la hacienda pública y solo el 10 por ciento se queda para Capufe, para mantenimiento y conservación de las carreteras?
Por lo tanto, hay que ponerle nombre. No es una cuota, es un impuesto. Nos están aumentando impuestos nuevamente. Es por esto que exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones, y en específico a Capufe, a que echen reversa en este mandato. Que la ciudadanía se los demanda, que la ciudadanía nos está pidiendo que echemos reversa porque nos está impactando en los bolsillos de cada uno de los mexicanos que tenemos necesidades básicas.
Es por eso que queremos pedirles a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa. Que exhortemos al Ejecutivo federal a que tenga la conciencia de reducir nuevamente estos peajes. Que tenga la conciencia plena de que lo que están haciendo no es lo correcto.
Y suscribimos todos los diputados, el suscrito, Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., fracción I; el artículo 79, numeral 1, fracción 2 y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente posicionamiento.
Como punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsidere el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional, con base en lo siguiente. Y como único resolutivo, para no dar toda la lectura:
Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de peaje...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: ...y se reduzcan a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y del sector productivo nacional. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Se ha presentado ante esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ello.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Primero. Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzca a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que remita a esta H. Cámara de Diputados, un diagnóstico integral sobre las condiciones de uso y sobre el mantenimiento prioritario requerido por la red de carreteras federales del país, así sobre la vigilancia de las diversas concesiones otorgadas sobre dicha red carretera.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad que se intensifiquen las labores de seguridad en la red de carreteras federales del país, que impacte en la reducción de los delitos que se perpetran en ella en beneficio de los automovilistas y auto transportistas que la utilizan. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Permítame, secretaria.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una consulta, diputado presidente. Es de repente difícil con la lectura del documento, que a uno le quede claro. Mi pregunta puntual es si la modificación que se hizo al documento, ¿están pidiendo una reducción del incremento a la tarifa o están solicitando que no haya incremento a la tarifa? No me quedó claro.
Porque si es que se eche abajo el incremento, yo estoy de acuerdo. Pero si están planteando una reducción que fue lo que me pareció escuchar, tampoco escuché en qué porcentaje están planteando la reducción. Si me quisieran aclarar, por favor, este punto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El proponente hará una precisión. Adelante, diputado Muñoz.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (desde la curul): Efectivamente y corroborando el tema, y para que quede puntual. Estamos pidiendo la eliminación del aumento que se dio hace ocho días. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Debo subrayar que a la proposición inicial hemos dado cuenta de propuestas de modificación que enriquecen este punto de acuerdo y que han sido ya consensuadas, de tal manera que en consecuencia continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación aceptada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo como de costumbre (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. Para proceder a la discusión sobre esta propuesta, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Ruth Salinas Reyes, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Ruth Salinas Reyes: Buenas tardes a las y los presentes el día de aquí. Hoy Movimiento Ciudadano desea ser la voz de las y los ciudadanos que deseamos no solamente se reconsidere el aumento. Solicitamos que también se exija una baja justamente de esta tarifa.
Sin duda es humillante que este gobierno, a unos cuantos meses de salir, todavía aumente más lo que a todos los mexicanos nos está doliendo que es nuestro bolsillo y nuestra economía.
Por lo tanto, decimos no más asaltos sin que las ciudadanas y los ciudadanos nos demos cuenta. Un día despertamos y simplemente nos damos cuenta que nos han incrementado, uno, la gasolina y hoy también las autopistas.
Movimiento Ciudadano solicita, primero, que se revisen justamente estas carreteras, en qué condiciones están, que tengan luz, que tengan seguridad. Pedimos hoy justamente a este gobierno entrante con la política de austeridad que tiene y que maneja, que no finja, que hoy trabajen y que detenga al que va saliendo, que lo detenga en los aumentos, que no apruebe justamente estos incrementos.
Nos sumamos no sólo al exhorto, hoy Movimiento Ciudadano dice: vamos a trabajar, vamos a trabajar en iniciativas que realmente nos ayuden a cada una de las y los mexicanos.
Así que aprovecho este espacio para decir: austeridad sí, austeridad con conciencia. No más debate en un tema de discurso. Hoy es realidad, hoy estamos aquí para proteger el bolsillo, la economía de cada una de nosotras, porque aquí les digo, compañeros y compañeras, antes que diputados, antes que legisladores, somos ciudadanas y ciudadanos que también enfrentamos todos los días estas malas decisiones.
No dejemos sin respaldo a quien con su voto nos trajo a esta curul. Hoy protejamos. Cada una de las decisiones que hoy tomemos, va a determinar la calidad de vida que cada una y cada uno de nosotros tengamos, y que nuestros futuros tengan. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo.
La diputada Margarita García García: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, pueblo de México. Primeramente, le solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva se corrija en el Diario de los Debates, precisar que sí estoy de acuerdo en la austeridad republicana que se plantea por los grupos parlamentario que conforman este Congreso. Muchas gracias.
“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”. Benito Juárez García.
Si realmente hubiera transparencia por parte del gobierno federal, los ciudadanos sabríamos los modelos financieros por los que operan las carreteras, así como de las condiciones de los títulos de la concesión de modo que podamos saber el porqué de las constantes alzas de cuotas de peaje que pagamos.
La perspectiva de la inflación para nuestro país luce muy complicada para el cierre del año. Este fin de semana pasado vivimos la aplicación de un nuevo incremento del 12 al 18 por ciento en las tarifas de peaje en 37 autopistas y libramientos, así como en tres puentes internacionales.
Esto es un nuevo atentado en los bolsillos de los mexicanos. Dichos aumentos se suman a los anunciados en enero de este mismo año que en promedio fueron de 67. En el estado de Oaxaca el progreso turístico requiere de un impulso relevante por parte de las autoridades federales y con este incremento reciente a la tarifa por peaje en las autopistas, se inhibe la llegada de turistas.
Es una nueva puñalada a la economía del pueblo. Los mexicanos vivimos la peor crisis de la historia, se necesita no vivir en México para adular a un gobierno que atentó en todo momento en los bolsillos de los ciudadanos.
Los mexicanos contamos minutos para que el actual gobierno de Enrique Peña Nieto y sus funcionarios terminen el cargo e iniciemos un nuevo México. La historia juzgará a Enrique Peña Nieto como el hombre más cruel y corrupto por enriquecimiento de los impuestos de los más necesitados y protegiendo a los 16 que concentran 143 mil millones de dólares.
Diputados y diputadas, el Partido del Trabajo está solicitando que echemos abajo estos nuevos incrementos. El pueblo de México confía en el cambio anhelado. Nunca más un incremento a espaldas del pueblo. En el PT velaremos siempre por los intereses de los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra ahora la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Encuentro Social.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputado presidente. En Encuentro Social creemos en la libre empresa y en la necesidad de la actuación subsidiaria de los particulares para coadyuvar la buena marcha del Estado en bien de la sociedad.
Las autopistas de peaje representan en todo caso fuertes inversiones y constituyen siempre grandes obras de infraestructura, que permiten una adecuada comunicación y transporte para unir y acercar personas y mercancías, más eficientemente. Pero también creemos en Encuentro Socia, que se debe de hacer un pago justo y que equilibre la calidad y la seguridad de cada una de las autopistas.
No podemos permitir que haya excesos en los pagos en cada una de estas autopistas, y no podemos permitir que en las autopistas que tienen mayor tránsito sean aquellas a las que más se les aumente, pero también sean aquellas las que más inseguridad representan para cada uno de los mexicanos que ahí transitan y también son una de las autopistas que más deterioro representan.
Pongo un ejemplo. La autopista México-Cuernavaca-Acapulco se ha convertido en una autopista muy insegura, muy destrozada y no podemos permitir que así como en esta autopista, así como en la autopista Puebla-Veracruz, sigan haciendo estos incrementos.
Creemos en el equilibrio justo. Estamos, sí, a favor de los pagos de peaje, pero con justicia, con el equilibrio.
En Encuentro Social sabemos que puede existir un México comunicado con justicia en los cobros y es posible, y es posible y los podemos hacer todos. Hagámoslos nosotros. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional.
La diputada Sonia Rocha Acosta: Con el permiso de la Mesa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
La diputada Sonia Rocha Acosta: Que se eliminen, en lugar de aumentar las cuotas de peaje. Señoras y señores legisladores, estamos finalizando el año y con ello, una administración del presidente Enrique Peña Nieto, una administración plagada de irregularidades y de abusos hacia la sociedad mexicana, producto del pésimo manejo de este gobierno.
Esta situación provoca que muchas familias mermen o vean mermada su economía ante las recurrentes medidas impuestas por el gobierno. ¿A qué me refiero? Al gasolinazo, al incremento de la inflación y del dólar, todo esto acompañado de la galopante inseguridad que vivimos en este país y justamente ese es el tema que hoy nos ocupa, el tema relacionado con las tarifas del peaje, que se publicaron el 6 de este mes y empezaron los cobros el día 7.
Las autopistas son vías de comunicación esenciales para el desarrollo económico social de México, ya que por medio de ellas se incentiva la productividad de servicios y, por supuesto, del turismo y de las necesidades de todos los ciudadanos.
Sabemos que Caminos y Puentes Federales es un organismo encargado de operar la red de autopistas y puentes federales y que la Secretaría de Hacienda es la responsable de determinar las tarifas que se cobran para el uso de las mismas.
El reciente ajuste a las tarifas del peaje, que va –como ya lo decían– del 12 al 18, pero en algunas autopistas mucho más y, en general, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos repercuten un 17 por ciento, representa un fuerte golpe al bolsillo de las y los mexicanos y de una u otra manera no lo vemos o no lo ven todos los ciudadanos y por eso estamos aquí, haciendo uso de esta tribuna. Todo lo que en este país se comercializa y necesitamos se transporta de una u otra manera.
Hoy encontramos que autopistas de gran afluencia, como la Chamapa-Lechería, tuvo un incremento del 18 por ciento. Otro caso, la autopista, que ya lo comentaron, México-Puebla, donde la tarifa subió un 17 por ciento.
La autopista que su servidora transita para llegar a este recinto desde hace varios años, anteriormente también, México-Querétaro, que representa un corredor logístico que es altamente transitado para el traslado de productos de mercancías y por supuesto de personas, que une al centro con el norte del país padeció un incremento del 12 por ciento.
Acción Nacional considera que estas prácticas son un abuso del gobierno que no tiene justificación técnica ni financiera. Hay tres aumentos...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Sonia Rocha Acosta: Si me permite, presidente, ya voy a terminar. El primer aumento se hizo el 9 de enero, el segundo aumento el 24 de enero, de 4.2 por ciento, y por supuesto el último, que es el que hoy estamos reclamando.
Acción Nacional no estamos de acuerdo con la manera autoritaria que usa el gobierno para incrementar los bienes y servicios públicos. Acción Nacional decimos, basta de los abusos en contra del pueblo mexicano. Esta afectación se agudiza por la inseguridad...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, concluya su intervención, diputada.
La diputada Sonia Rocha Acosta: Claro que sí. Es inconcebible que los mexicanos paguen en promedio 5 a 6 pesos de los impuestos por litro de gasolina y todavía le ponemos un impuesto en el peaje.
Por eso, hoy les pido que aprobemos este punto de acuerdo, este exhorto, para que se elimine el costo que, por cierto, es el tercero. Muchas gracias. Con su venia, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Para concluir las intervenciones sobre este punto de acuerdo tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario Morena.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Primeramente, hacer un breve comentario, de que me siento muy contento de pertenecer a esta legislatura y, sobre todo, a mi Grupo Parlamentario de Morena, porque hoy se hace justicia para que seamos escuchados todos en igualdad, no como las anteriores legislaturas que eran las que se apropiaban de todos los temas que aquejaban a México.
Estoy muy contento de tener esta oportunidad y decirles que quiero complementar el punto de acuerdo del compañero que me antecedió, y que de alguna manera debemos todos apoyar para que verdaderamente ya no siga habiendo injusticias en el transporte de México, y sobre todo, también en los bolsillos de los mexicanos que todos los días usamos estas casetas.
Dejar bien clara la posición del Grupo Parlamentario de Morena, que debemos eliminar la imposición arbitraria de las autopistas que día con día nos aumentan.
Situación crítica del autotransporte, en pésimas condiciones las carreteras que tenemos en México, carreteras que han sido, sexenio tras sexenio, el gran negocio para el gobierno federal y para las constructoras o los concesionarios. Ese negocio ya se debe determinar. Situación que debemos tener para beneficiar en verdad a la ciudadanía.
Recuerden que primero, antes de todo está la seguridad de los mexicanos. Ha habido, durante tres sexenios, el mayor robo en carreteras de México. Aunado a eso tenemos la gran inseguridad de los robos que pasan en las carreteras de México y ninguna autoridad, ninguna en los tres sexenios anteriores hizo nada, nada.
Hoy en día vienen y levantan la mano los otros partidos del Prian, diciendo que este trabajo que ellos hicieron nos lo ponen en una charola de plata. No se vale colgarse de la desgracia de todos los mexicanos. Las carreteras de México deben de ser carreteras que verdaderamente sean seguras para poder bajar el índice de accidentes. Primero está la seguridad de la ciudadanía y del autotransporte en general, a seguir teniendo los grandes negocios que se habían tenido en los años anteriores.
Por eso, el Grupo Parlamentario apoya el punto de acuerdo para eliminar el costo de la autopista que nos acaban de subir en días pasados, con el segundo punto del punto de acuerdo.
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que remita a este H. Congreso de Diputados, un diagnóstico integral sobre las condiciones de uso y sobre el mantenimiento requerido por la red de carreteras federales del país...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Así como sobre la vigencia de las diversas concesiones otorgadas sobre dichas carreteras. No puede ser posible que si las carreteras fueron concesionadas sigamos con las mismas carreteras y con los mismos concesionarios. Ellos ya cobraron su dinero, ellos ya ganaron, ellos ya sacaron su inversión. Ya que dejen esas casetas libres para toda la ciudadanía. Tercero...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que se mantenga en las labores de seguridad en las carreteras federales del país e impacte en la reducción de los delitos. Que sea para beneficio de toda la ciudadanía, los automovilistas y toda la gente que transita por ellas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de participantes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se informa a la asamblea que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha sustituido el texto de la proposición con punto de acuerdo registrado con el trámite de urgente resolución, a efecto de que se desahogue con ese trámite, el que se encuentra publicado en el orden del día con el número 37, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Ximena Puente de la Mora, para presentar la proposición en comento.
La diputada Ximena Puente de la Mora: Compañeras y compañeros legisladores. La reforma políticoelectoral de 2014 incorporó en el artículo 41 constitucional, la paridad de género como una acción afirmativa que permite garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
Esta reforma estableció que los partidos políticos deben garantizar la mitad de sus candidaturas a cargos de elección para que sean ocupados por mujeres. Prueba de lo anterior es que hoy esta Cámara de Diputados se encuentra integrada por 49 por ciento de mujeres, lo cual representa una cifra histórica de nuestra participación.
Desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género, este fenómeno se agravó en las pasadas elecciones. Durante el proceso electoral 17 candidatas perdieron la vida y en todas las entidades federativas se presentó al menos un caso de violencia política de género.
Hoy quiero destacar lo ocurrido en el estado de Chiapas, donde candidatas electas presentaron su renuncia ante el órgano local electoral, a fin de que el cargo sea ocupado por un hombre. Este fenómeno impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres y en específico los derechos cívicos y políticos como son el de ejercer el voto y participar de manera libre en la vida política en México.
Compañeras y compañeros legisladores, la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. No podemos poner en riesgo el avance político que hemos logrado las mujeres. Si bien se respetaron las reglas de paridad en el marco de las elecciones, con los hechos ocurridos en Chiapas se ha vulnerado el derecho de las mujeres, pero también el mandato de las y los ciudadanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia basada en el género constituye una forma de discriminación contra la mujer que debe ser atendida, pero también condenada.
A la par, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su recomendación número 19 advierte que la violencia contra la mujer constituye una forma de subordinación que impide ejercer una efectiva participación política.
Hemos logrado importantes avances en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres. No podemos permitir que este tipo de actos detengan nuestro desarrollo democrático.
Bajo estas consideraciones, exhortamos al Instituto Nacional Electoral para que informe sobre los avances en las investigaciones que ha iniciado al respecto. A la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a brindar asesoría gratuita a las mujeres chiapanecas que han sido obligadas a renunciar a sus cargos. A la Fiscalía General del estado de Chiapas, a investigar de forma diligente los posibles hechos constitutivos de delito que se desprendan de los actos de violencia política electoral en razón de género.
También exhortamos a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los derechos y las prerrogativas políticoelectorales de las mujeres.
Asimismo, exhortamos de manera sumamente respetuosa y también firme a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Chiapas para que soliciten apoyo a ONU Mujeres en la elaboración de una opinión con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en esta entidad.
Entiéndase: Sin mujeres no hay democracia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, en el Partido Verde Ecologista hemos apoyado desde sus inicios la lucha por los derechos de las mujeres.
El primer grupo parlamentario de senadores del Partido Verde estaba integrado por cuatro mujeres y un hombre. Y no estamos de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, con cualquier manifestación en contra de las mujeres, sus derechos a una vida plena y sin violencia.
Aplaudimos los avances que se han realizado en la legislación electoral federal, así como en las leyes locales con la incorporación de las reglas para garantizar la paridad de género de manera horizontal y transversal, por lo cual se logró contar con un mayor número de mujeres como nunca en la historia en los cargos de elección popular.
No obstante, es fundamental que realicemos todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar que esta igualad de género se alcance en la vida política, y que no sea solamente formal, sino que la letra cobre vida y sea sustantiva.
No se trata sólo de garantizar una integración equitativa del Poder Legislativo, se trata también de garantizar las mismas posibilidades que los hombres para que las mujeres estén en aquellos espacios en donde se están tomando las decisiones que afectan e incluyen sus comunidades y las vidas de sus familias.
Para el Partido Verde Ecologista de México resulta indispensable erradicar toda acción que conlleve un acto discriminatorio por cuestiones de género. Estamos a favor de que se lleven a cabo todas las acciones que sean necesarias para evitar que cualquier persona, y en este caso, especialmente en este caso, que las mujeres sean presionadas para abandonar el espacio que han alcanzado, de acuerdo a las leyes, y con el apoyo ciudadano.
Esta bancada siempre se pronunciará a favor de todas aquellas propuestas que busquen garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres. No estamos regateando derechos, los derechos de las mujeres han sido conseguidos a plomo de cada batalla.
Quienes integramos este grupo parlamentario, nos pronunciamos a favor de esta proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se hace un exhorto a diversas autoridades electorales para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de paridad de género y respetar los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres, pues consideramos que dichas acciones contribuyen a asegurar que los derechos de las mujeres sean ejercidos no solamente en el dicho, sino de forma plena. No solo queremos participar, queremos llegar hasta el final, vivas, bien, y ejercer todos los derechos, sin regateos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias. Todo, absolutamente todos los logros que tenemos hoy las mujeres, han sido sin ninguna duda por el esfuerzo y el empuje de las mismas mujeres mexicanas.
No es un regalo, no es una concesión, no es resultado del esfuerzo de un partido político, sino de todas las mujeres que desde hace más de tres décadas hemos luchado en todas las trincheras, dentro y fuera de los partidos políticos para alcanzar, primero las cuotas, posteriormente las acciones afirmativas, hasta llegar a la paridad, paridad que hoy está constituida en el 41, segundo párrafo de nuestra Constitución, también por impulso de las mujeres mexicanas, de todos los partidos políticos, y también desde la ciudanía.
Lo que sucede en Chiapas, además de tener un gobernador que también es senador, tenemos un gran simulador. Un gran simulador que obliga a las mujeres, a través de sus partidos políticos, a renunciar a los espacios que se han ganado con los votos.
Hoy tenemos más de 43 mujeres entre regidoras, síndicas y diputadas locales. Nosotras queremos decirles; en Chiapas, a la ONU, al INE, al Inmujeres a todos los rincones de todas las latitudes que nos escuchen, que las mujeres de Chiapas no están solas. De ninguna manera vamos a permitir que en este 2018, donde hemos alcanzado el 43 por ciento en la Cámara de Diputados, hoy en un estado donde se violan prácticamente todos los derechos humanos, se violente también los derechos políticos de las mujeres.
Por cierto, compañeras y compañeros diputados, esta Cámara tiene un pendiente, espero que salga en esta LXIV Legislatura: penalizar la violencia política contra las mujeres. Es hoy, compañeras y compañeros, no más simulaciones. No más torcer la ley, no más torcer la Constitución. Las mujeres en México y en Chiapas, por supuesto, vamos a exigir que se cumpla la paridad.
No sin mujeres, en Chiapas y en todo México. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Fabiola Loya Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras.
En Movimiento Ciudadano creemos firmemente en una verdadera democracia, donde la formación y la participación política, tanto de hombres y mujeres, es indispensable para acabar con un México desigual, con un México que actualmente vivimos con violencia todavía hasta en los derechos políticos de nosotras las mujeres.
Sin mujeres no hay democracia. Este caso de las 43 mujeres electas en Chiapas, solo es la punta del iceberg de la violencia de género que existe en nuestro país. Este caso no puede pasarse por alto ni puede quedar impune. Es por eso que hoy las mujeres legisladoras de todos los partidos nos manifestamos en una conferencia de prensa, diciendo exactamente lo que deben hacer las autoridades competentes en Chiapas.
Me explico. En la construcción de una sociedad democrática no puede haber cabida para las acciones que vayan en sentido contrario a los principios de igualdad y de no discriminación. Las medidas que nosotras pedimos y que Movimiento Ciudadano en este momento va a votar a favor, este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, nosotras pedimos que se emitan las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las mujeres afectadas.
Que se realicen todas las investigaciones pertinentes para que se esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables. Que se implementen las medidas necesarias para inhibir la repetición de hechos similares, así como defender y garantizar la paridad de género en este y cualquier otro proceso electoral.
Los partidos políticos deben entender y de quienes los manejan que, sin mujeres, hoy en 2018, no hay democracia.
Me adelanto un poco, la fracción de Movimiento Ciudadano estará presentando los mecanismos y las reformas correspondientes para que este tipo de casos no queden impunes, para que haya en la norma una sanción hasta llegar a la pena máxima en los partidos políticos, que es perder el registro. Porque sin mujeres, no va a haber democracia. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Con el permiso de la Mesa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladoras y legisladores. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fragmento del poema de Sor Juana Inés de la Cruz.
A nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para repudiar la práctica que se ha dado en el estado de Chiapas, por la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular han sido obligadas a renunciar, con el propósito de que hombres se hagan cargo de dicho puesto.
Quienes así actúan pasan por alto que la paridad de género en materia electoral llegó para quedarse. La paridad de género no solo es una acción afirmativa, es la síntesis de la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos políticos.
A principios del siglo XX para obtener el derecho al voto en elecciones locales en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, para obtener el voto a nivel federal. En la reforma constitucional electoral del 10 de febrero de 2014 se estableció en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de los partidos políticos, deberían establecer reglas para garantizar la paridad de género en elecciones federales y locales. Lo que ocurre en Chiapas es un flagrante fraude a la Constitución que no debemos permitir.
Las legisladoras de todos los grupos parlamentarios aquí representados condenamos esta simulación, exigimos a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y al OPL de Chiapas que tomen las medidas que correspondan para impedir que de nueva cuenta la Constitución General de la República sea violada.
Las mujeres en el país conformamos poco más del 52 por ciento de la población nacional, ese mismo porcentaje se refleja en la conformación de la lista nominal electoral.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y en todas las reformas electorales hemos impulsado la paridad de género como antecedente de la plena igualdad en todos los ámbitos laborales, académicos y de todo tipo.
No debemos olvidar que las mujeres han sido marginadas de la vida pública del país, pero a mis espaldas, en los muros del honor de este recinto se encuentran los nombres de grandes mexicanas que ofrendaron su vida, familia y patrimonio en favor de las mejores causas. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, solo por nombrar a dos heroínas de la Independencia.
Las legisladoras del Partido del Trabajo exigimos el pleno respeto de los electores en Chiapas, los que libremente decidieron el primero de julio en alguna compañera mujer que gobernara como presidenta municipal o como integrante del ayuntamiento.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Desde aquí, desde la más alta tribuna de la nación, en un momento, hacemos un llamado a que en el estado de Chiapas se restablezca el Estado de derecho y que se respete y garantice la participación política de las mujeres. Siendo mayor parte de la población, no permitiremos que se avasallen nuestros derechos como mujeres mexicanas.
Las mujeres tenemos la capacidad, la inteligencia para poder cumplir con los compromisos del pueblo. La población votó por las mujeres, por eso tenemos que enfrentar retos que esto implica.
Vamos mujeres, sin miedo y con responsabilidad hagamos valer nuestros derechos de paridad de género en Chiapas y en México. Las mujeres del grupo parlamentario de este recinto legislativo vamos a luchar y estamos en favor de la equidad y de la paridad de género. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Partido Encuentro Social.
La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz: Con el permiso de la Mesa Directiva. Ante la renuncia masiva de las 40 mujeres a sus cargos en regidurías y diputaciones locales obtenidas en las pasadas elecciones en el estado de Chiapas, resulta indignante saber que las instituciones políticas han sido manipuladas para violentar los derechos políticos de las mujeres.
El Partido Encuentro Social reprueba que al día de hoy, ante un mandato constitucional siga prevaleciendo el interés de grupos políticos que asumen que los hombres deben ocupar cargos de elección popular ejerciendo violencia política.
Es humillante saber que se juega con los anhelos y aspiraciones de las mujeres, de saber que puedan participar en la vida pública de su estado. Pero sería aún más humillante y más triste que este Poder Legislativo deje pasar desapercibido un tema que daña gravemente la democracia de nuestro país y los derechos humanos de las mujeres. Por tal motivo, exigimos al INE y a la CNDH que investiguen y sancionen a los partidos políticos y a sus dirigentes que resulten responsables de los hechos antes citados.
Se debe fincar un precedente que sirva como ejemplo para hacer saber a quienes abusan del poder que ya no más. Ni una más violentada en sus derechos. Ni una más utilizada como instrumento para acceder al poder. Ni una más y ningún tipo de violencia para las mujeres.
Desde esta tribuna nos solidarizamos en favor de las mujeres mexicanas, porque son tiempos de vigencia femenina y debemos exigir que estos se cumplan. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Ahora tiene la palabra la diputada Frinne Azuara Yarzabal, del Partido Revolucionario Institucional. Quiero suplicar a las señoras y señores diputados que están en la parte de atrás de esta expresión solidaria, puedan bajar un poco las cartulinas para no perder la visibilidad del pleno. Si son tan amables, por favor.
Entiendo su emoción, diputado. Pero permítame tener la visibilidad del pleno para poder conducir adecuadamente la sesión. Tiene la palabra, diputada.
La diputada Frinne Azuara Yarzabal: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia política en contra de las mujeres es uno de los principales obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos políticos. Es un fenómeno que detiene el avance de nuestra democracia.
El común denominador de esta problemática es la restricción que tenemos para recibir un trato igual que los hombres en el ejercicio del poder o la toma de decisiones.
Desafortunadamente, la violencia se intensificó cuando el principio de paridad de género se incorporó en la Constitución. En la medida en que las mujeres tuvimos un mayor acceso a cargos de elección popular, también nos encontramos más expuestas a distintos actos discriminatorios que atentan contra el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos.
Este fenómeno no responde solo a una entidad, es un problema que vivimos en todo el país.
El caso de Chiapas es el ejemplo más reciente, al menos 40 mujeres que fueron electas renunciaron a su cargo. Esta situación nos obliga como institución fundamental del Estado mexicano a redoblar esfuerzos encaminados a mejorar nuestro marco legal para castigar este gravísimo problema. No es una tarea sencilla, más aún, porque esta forma de violencia se encuentra muy arraigada en la sociedad. El reto para erradicar este fenómeno cruza por la vía cultural, penal, política y electoral, por lo tanto debe de combatirse a través de diferentes frentes.
Las mujeres hemos recorrido una larga lucha por lograr el reconocimiento de nuestros derechos en los marcos jurídicos nacionales e internacionales y no podemos permitir que atenten contra las mujeres que participamos en la vida política del país. Tenemos derecho a participar en la vida política del país en igualdad de condiciones que los hombres, sin sufrir actos que atenten contra nuestra integridad física y emocional.
No vamos a permitir que ninguna autoridad o partido político utilice este tipo de maniobras para relegar a las mujeres del ejercicio del poder. La paridad de género busca el ejercicio efectivo de las mujeres en diversos cargos públicos, no solo nuestra inclusión en las candidaturas durante la etapa electoral.
Exhortamos a todos los partidos políticos a no recurrir en simulaciones, respetar la paridad de género, proteger los derechos de las mujeres y hacer respetar la voluntad popular.
La fracción del Partido Revolucionario Institucional agradece a todos los partidos políticos aquí representados, el respaldo a esta gran iniciativa de paridad de género. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra a la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Partido Acción Nacional.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Es indignante que las mujeres debamos recurrir a los tribunales para que nuestros derechos políticos sean reconocidos. Duele vivir en un país donde la violencia política contra las mujeres es el mecanismo de muchos que no quieren perder sus espacios de poder y de los que no aceptan sus derrotas.
Hoy vemos cómo en Chiapas más de 40 mujeres han renunciado a cargos de representación popular para los que fueron electas, tanto en ayuntamientos como diputaciones locales en el Congreso de su estado. Y ¿para qué o por qué? Para que dichos puestos sean ocupados por hombres atentando a todas luces con la paridad de género.
Los acuerdos políticos no pueden estar por encima de los principios constitucionales de paridad, y desde aquí levantamos la voz para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Es por ello que en Acción Nacional nos sumamos al exhorto y rechazamos cualquier violencia política contra las mujeres en Chiapas, en Puebla, mi estado, y en el resto del país.
Rechazamos que las candidaturas para las mujeres se utilicen como mera simulación de paridad. La paridad de género es un mandato constitucional que garantiza a las mujeres en México el ejercicio pleno de sus derechos, porque los derechos de las mujeres no tienen filiación política.
La lucha por el reconocimiento y el respeto a los derechos políticos de las mujeres son responsabilidad de todas y de todos. Es momento de combatir las resistencias que de forma velada o abierta desean revertir los avances a favor del reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres.
Es necesario que como representantes hagamos escuchar nuestro enérgico reclamo para impedir que se violenten los derechos políticoelectorales en Chiapas y en todo el país. Esperamos además se implementen las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de hechos, y que desde aquí impulsemos y aprobemos reformas para que la violencia política por razón de género sea no solamente reconocida, sino también sancionada.
Lo digo fuerte y claro. No somos juanitas ni manuelitas. Somos mujeres con derechos. Porque en el reconocimiento de los derechos y la participación política de las mujeres en igualdad, ni un paso atrás. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada Sobrado Rodríguez. Para concluir con la ronda de oradores tiene la palabra la diputada Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario Morena.
La diputada Lorena Cuéllar Cisneros: Compañeras y compañeros diputados. Si bien es cierto que en la legislatura pasada votamos porque existiera paridad entre hombres y mujeres, de qué sirve si atrás de ello existe la presión, la humillación, la persecución de las mujeres que hoy al sentirse amenazadas renuncian para dejar sus espacios a los hombres que las tienen sometidas a sus intereses personales.
Como lo vemos en Chiapas, en donde 43 mujeres renunciaron penosamente y cedieron sus espacios para que hoy se beneficien hombres que no se ganaron con su trabajo ese espacio y que sólo utilizaron a las mujeres para sus fines personales.
Es vergonzoso que siga existiendo este sistema de control que, a pesar de dar una cara de equidad, por detrás dan la puñalada y hacen lo contrario.
Hoy vemos que por primera vez en la historia de México el gabinete presidencial está conformado por un verdadero equilibrio entre hombres y mujeres, mismo que aquí podemos observarlo en esta Mesa Directiva, que de 12 diputados existen 9 mujeres representando al Congreso de la Unión. Esto quiere decir que hoy es una realidad el equilibrio entre hombres y mujeres.
Lo que sucede en Chiapas nos alerta ya que quieren y siguen persiguiendo y persistiendo sobre todo en las violaciones políticas en contra de las mujeres, y estas solas las vamos a parar, cómo las vamos a parar. Solamente nosotros, nosotras las mujeres no permitiendo que violen nuestros derechos, que pisoteen nuestra dignidad e inteligencia.
Paremos esta falta de respeto que de no hacerlo así vendrán otras víctimas más que inclusive pueden perder la vida.
Pero también quiero decir que cada mujer tiene una gran responsabilidad de no permitir por ningún motivo cualquier tipo de violencia, y que en cada una de nosotras está denunciar y velar por erradicar estas prácticas irracionales.
Mujeres de Chiapas: aquí se encuentra Morena en este Congreso que luchará a su lado. Trabajemos todos arduamente, sobre todo en un andamiaje jurídico, sólido, en el tema de violencia política de género y dotemos a las autoridades encargadas de impartir justicia de los elementos que garanticen la gobernabilidad democrática.
Respetamos la Constitución, la paridad de género es necesaria para el desarrollo igualitario de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, señora diputada. Esta Mesa Directiva subraya, interpreta y celebra esta noble y justa causa. Procedo a pedirle a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido. Consulte.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Presidente, evidente mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Evidentísima. Aprobado, comuníquese. Muchas felicidades.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que son las proposiciones de los órganos de gobierno. En particular tenemos tres enviados por la Junta de Coordinación Política.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar una Sesión Solemne en conmemoración del 50 Aniversario de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para celebrar una Sesión Solemne con motivo del 50 aniversario de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la lucha por la democracia el 2 de octubre de 1968.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la lucha por la democracia el 2 de octubre de 1960.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión extiende una invitación abierta a concurrir a la ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta, en la Plaza de la Constitución, en el Centro de la Ciudad de México, el 2 de octubre de 2018, en conmemoración del aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en Tlatelolco en 1968, conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2018.
Firman el diputado Mario Martín Delgado Carrillo, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Alberto Esquer Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. El diputado José Ricardo Gallardo Cardona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, secretaria. Está firmado este acuerdo por todos los coordinadores parlamentarios. Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea si se aprueba, en votación económica, dicho acuerdo.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la siguiente proposición de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los sismos de septiembre de 2017.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo.
Único. La Junta de Coordinación Política hace un atento llamado a las diputadas y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura a respetar los valores de la democracia y a conducirse con respeto, tolerancia, apertura al diálogo, inclusión y búsqueda en consenso de los debates que se desarrollan en la Cámara de Diputados...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Perdón, secretaria, está leyendo otro documento.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Sí, perdón, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El de los sismos del 2017.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo.
Único. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales y locales responsables, garanticen y destinen los recursos necesarios para atender a las personas damnificadas de las comunidades afectadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, con motivo de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como informen a la ciudadanía sobre el uso de los fondos, donaciones y recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a la población.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ese documento también fue firmado por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Solicito a la Secretaría ponga a consideración de la asamblea dicho acuerdo, para ver si se aprueba en votación económica.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias.
El diputado Jorge Arturo Arguelles Victorero (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado. Micrófono en la curul del diputado.
El diputado Jorge Arturo Arguelles Victorero (desde la curul): Presidenta, nada más para incluir a los estados faltantes, que también fueron damnificados en el sismo. Se mencionó Chiapas, Guerrero y Oaxaca, quedando pendiente Morelos y la Ciudad de México. Puebla también.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México. Enseguida vuelvo al tema.
El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objeto, señor diputado?
La diputada Flora Tania Cruz Santos (desde la curul): Veracruz.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya tomé nota.
El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Señora presidenta, le solicito la palabra para hablar en favor del acuerdo, y si me lo permite, deseo hacerlo desde la tribuna, como mis demás compañeros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un segundito, permítame escuchar para qué han levantado la mano los oradores. Ah, nada más.
A ver, primero, ha solicitado el diputado del Partido del Trabajo que este acuerdo se extienda a todos los estados que fueron afectados por los sismos, entiéndase Veracruz, estado de México, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. ¿Están de acuerdo?
Consulte a la asamblea si se acepta la incorporación de estos estados en el acuerdo.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta a la asamblea si están de acuerdo en incluir estas propuestas al acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Incluido, se agregan al acuerdo estos estados.
Señor diputado desde su curul, si fuera tan amable, hacer uso de la palabra.
El diputado Benito Medina Herrera (desde la curul): Le pido, por favor, señora presidenta, me permita subir a la tribuna como lo han hecho mis compañeros. Es el ruego que le hago, porque quiero dar mi mensaje desde el pódium.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En este tema por ser consensado a través de la Junta de Coordinación Política no estaban consideradas las participaciones, sin embargo, se le concede, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Benito Medina, del PRI.
El diputado Benito Medina Herrera: Con su permiso, diputada presidenta. En este mes se cumple el primer aniversario de los sismos de septiembre de 2017, eventos desafortunados que ocasionaron la muerte de decenas de personas y dejaron miles de damnificados en distintas regiones de nuestro país, pero México continúa de pie y fuerte. Juntos estamos saliendo adelante y lograremos superar una de las fechas más lamentables de nuestra historia.
El recuerdo de esta tragedia permanece en nuestra memoria, sí, pero también la grandeza de nuestra nación, que en los momentos más difíciles demostró ser un pueblo solidario, consciente y unido.
Vimos a miles de mexicanos que salieron de sus casas para ayudar en las tareas de rescate con la única convicción de salvar vidas y auxiliar a sus vecinos, familiares y amigos.
Por ello es que desde esta tribuna queremos reconocer la solidaridad de la sociedad mexicana, que multiplicó sus esfuerzos y se organizó para actuar ante la adversidad.
Hacemos también un especial reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a las instituciones de Protección Civil y al gobierno de México que reaccionaron de forma rápida y coordinada para atender la emergencia, evitando con su trabajo un mayor caos y la pérdida de una mayor cantidad de vidas.
Asimismo, reconocemos a nuestros socios y amigos en el exterior que tendieron su mano y nos apoyaron en esos momentos de crisis, demostrándonos que no estamos solos.
Fueron momentos difíciles y oscuros para México, pero juntos, como nación demostramos que estamos preparados para hacer frente a las peores tragedias con solidaridad y patriotismo.
La susceptibilidad de gran parte de nuestro territorio a este tipo de fenómenos naturales ha promovido una mayor toma de conciencia de autoridades y ciudadanía en materia de prevención de delitos.
Hoy México cuenta con una mejor cultura de protección civil, así como una mayor capacidad técnica y tecnológica para actuar ante desastres naturales.
Hay que reconocer que nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia de protección civil y en tecnología para prevención de sismos de gran magnitud. De tal forma que nuestro sistema está siendo replicado en otras partes del mundo. Debemos avanzar en un mejor camino y materializar un sistema de protección civil más extenso, que llegue a todos los rincones del país.
Compañeros y compañeras, reprobamos y lamentamos profundamente que esta tragedia se haya usado para obtener beneficios personales y políticos, actuar del todo inaceptable.
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, a un año de los lamentables acontecimientos, nos solidarizamos con quienes sufrieron pérdidas humanas y materiales en su entorno.
Como mencioné al principio, México está de pie y fuerte. Y depende de nosotros, de todos nosotros lograr su mayor grandeza. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. para ser equitativos, ya ha solicitado el uso de la palabra por parte del Partido del Trabajo el diputado Benjamín Robles Montoya. Y por el Partido Morena, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda. Tiene el uso de la palabra el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros, el pasado 7 de septiembre se cumplió un año del terrible y doloroso sismo que azotó principalmente al sur de México. Por ello, no puedo entrar de lleno a esta intervención sin antes procurar un homenaje de vida y en vida para las decenas de familias que lo perdieron todo y que hayan logrado sobrevivir a pesar, muy a pesar de las difíciles circunstancias.
El homenaje es para ustedes, paisanas y paisanos de Oaxaca, pero también de Chiapas y de todos los estados que sufrieron este desastre natural.
Deseo decirles que le han dado un ejemplo a la humanidad sobre cómo se enfrentan las tragedias con entereza, sobre cómo procurarse la dignidad y la solidaridad ante las circunstancias más adversas. Para el pueblo, para la gente, nuestro homenaje más sentido.
Sin embargo, no puedo decir lo mismo, desafortunadamente, de las autoridades estatales y federales, que han sido rebasadas por las circunstancias y el enorme reto de la reconstrucción.
Harían bien, se los digo con respeto. Harían bien de colgar el harpa y dar paso a quienes sí podrían tener la capacidad y la voluntad de ayudar a nuestra gente de las ciudades y de las comunidades afectadas.
Llevamos todo un año de denuncias y reproches de la gente, por las omisiones y negligencias del gobierno, por la corrupción y el evidente uso político de ustedes, en esas tareas de reconstrucción.
Sí, como nadie los quiere en Oaxaca, como nadie los quiere en Chiapas y en otros estados descuidaron las obras de centenares de escuelas. Aún hoy hay centros educativos que no han recibido siquiera las visitas reglamentarias para atender sus instalaciones, aunque eso sí, la contabilidad hecha pública registra entrega de recursos del erario. Luego están las tarjetas de ayuda a quienes perdieron su hogar. Y la ineficiencia llegó a tal grado que la primera tarjeta entregada por el presidente de la República no tenía fondos ni en eso tuvieron cuidado.
Para nadie es un secreto, compañeras y compañeros, que los numerosos funcionarios han sido declaradas personas no gratas en municipios y regiones. Las caravanas de damnificados continúan marchando hacia la capital del país para visibilizar lo que localmente es una verdad sabida, la fiebre por ayudar y hacer su trabajo les duró muy poco a los funcionarios de Peña Nieto.
Por todo esto y con el debido respeto que nos merecen las víctimas de los terremotos, esta Cámara sí debe alzar de forma enérgica protesta y alzar la voz por la forma precisamente en que el gobierno y los gobiernos estatales han asumido la tarea de reconstrucción, perdieron el sentido de humanidad. Lo resumiría así, para concluir, diputada presidenta.
La gente debió sufrir la destrucción y ahora sufre la reconstrucción, y esta Cámara tiene que resolverlo y podemos hacerlo si aplicamos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019. Es ahí donde vamos a demostrar que el cambio llegó para quedarse en este país. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Aviso a la asamblea que me salté, y disculpe, a la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Partido Acción Nacional. Y también se registró para la lista de oradores, la diputada María Rosete Sánchez, del Partido Encuentro Social.
En tal sentido, tiene el uso de la palabra la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez.
La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Como sabemos, el año pasado los dos sismos golpearon duramente a varias regiones de México, el 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud de 8.2 grados y el 19 ocurrió otro de 7.1 grados.
Uno de los estados más afectados fue Oaxaca. La tragedia se presentó en la mayor parte de nuestros municipios y ocasionó cientos de fallecidos, miles de damnificados, y en un colapso de comunidades enteras. Casos más emblemáticos fueron en los municipios de la región del Istmo donde se perdieron vidas, casas, iglesias, escuelas, caminos y quedaron en situación de desastre todos estos hogares oaxaqueños.
Ha pasado un año de la tragedia y Oaxaca que no se ha recuperado todavía. Frente a las alegres cuentas de los gobiernos federal y estatal se alza la cruda realidad de personas sin hogar, de escuelas sin reconstrucción y de una economía que no logra levantarse.
Adicionalmente, no ha dejado de temblar en Oaxaca, superando cualquier registro de actividad sísmica a nivel mundial. Los afectados desde un primer momento denunciaron la alteración de los padrones de beneficiarios.
El escaso apoyo del gobierno federal y la indiferencia del gobierno local, como siempre ocurre en estos casos, tuvo que ser la ayuda extranjera y el apoyo de la sociedad civil la que ayudó a nuestros paisanos a superar los problemas más urgentes. Sin esa ayuda proveniente de nuestros hermanos de todo el país, Oaxaca estaría en peores condiciones.
El Sistema Nacional de Protección Civil fue incapaz de brindar respuestas contundentes a la tragedia. Mientras los burócratas no atinaban a reaccionar, nuestros paisanos se debatían rescatando a sus muertos en medio de lluvias intensas, sin alimentos y sin recursos.
Por todo ello, se hace necesario conocer el destino de los recursos que el gobierno federal y el gobierno local dicen haber destinado a la atención del desastre. Es necesario saber de manera clara cómo se gastó el dinero presupuestado en el Fonden y también qué se hizo con los apoyos que el gobierno recibió de las instituciones extranjeras y que entregaron al gobierno mexicano también.
La proposición con este punto de acuerdo que hoy se presenta principalmente por la fracción del Partido Acción Nacional, donde se busca exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador de Oaxaca para que de manera puntual informen a esta soberanía sobre el uso de los fondos y de las donaciones y recursos destinados a la reconstrucción.
A un año de esta tragedia es necesario saber con transparencia cómo se gastó cada peso destinado a la atención de nuestros hermanos, ya que en los hogares existen lágrimas, en nuestros hogares también existen personas engañadas con esas tarjetas sin fondo, pero más allá, compañeros diputados y diputadas, como oaxaqueña ya no exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya no exhorto a un presidente de la República, pido la unidad de todos ustedes para que se genere una comisión especial para que se audite todo este recurso a dónde está y a dónde fue destinado, porque en Oaxaca hay obras pero no para los oaxaqueños, y hay abandono para todas estas personas en el istmo. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Juan Enrique Farrera Esponda, de Morena.
El diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Con su permiso, presidenta Dolores. Honorable asamblea, queridos diputados y diputadas, buenas tardes. La noche del 7 de septiembre del 2017 a las 23 horas con 49 minutos, ubicada a 137 kilómetros del municipio de Pijijiapan, Chiapas, fue el epicentro de un terremoto de magnitud 8.2 que sacudió brutalmente al sureste del país, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
En mi estado las cifras hablan por sí mismas. Según datos de Protección Civil, 80 mil viviendas fueron afectadas, mil 620 escuelas dañadas, 71 espacios médicos entre hospitales y clínicas fueron parcial o totalmente destruidos, 149 edificios públicos y además un número importante de iglesias y monumentos históricos, puentes y carreteras también fueron destruidos.
Por si fuera poco la tarde del 19 de septiembre, a las 13 horas con 14 minutos, nuevamente un sismo trepidatorio con magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Puebla, sacudió al centro del país. Un total de 370 personas fallecieron, con un impacto de destrucción en la Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.
En este sentido para atender a las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre se emitieron 11 declaratorias de desastres, autorizando más de 38 mil millones de pesos de esa cantidad mayoritariamente de recursos federales, 22 mil 810 millones destinados a la reconstrucción y más de 8 mil millones de pesos forman parte de las aportaciones que corresponden a las entidades federativas.
Dentro de las demandas ciudadanas existen los siguientes casos:
Afectados, con folios del censo de Sedatu, excluidas que no tienen fondo, censos oficiales, afectados no censados también. Muchas irregularidades, amigos y amigas. Después de un año de los terremotos seguimos presenciando escenas terribles de damnificados que no han recibido los apoyos y que aún, ante las inclemencias del tiempo, siguen durmiendo en el patio de sus casas.
El viernes, sábado y domingo estuve en mi distrito, y aún siguen las familias, y ahí es donde debemos ponernos el corazón, compañeros diputados y diputadas.
Tenemos que hacer lo que ya pasó y lo que ya enterraron y lo que ya escondieron, pues ni modo. Lo que sí urge es que tenemos que atender porque es una realidad. Los niños y las niñas están durmiendo en el patio de su casa, y eso es inhumano. Y nosotros venimos a hacer algo, a servirle a México.
Por eso aprovecho para pedir que se solidaricen con los 11 estados en este caso. También para sacar puntos de acuerdo, primero, esta soberanía exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, a los titulares del Poder Ejecutivo y a los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, estado de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, a llevar a cabo la liberación inmediata de los recursos faltantes destinados a las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Y termino, un último punto, el segundo punto. Se exhorta a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y a los titulares del Poder Ejecutivo, nuevamente de los estados de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Morelos, de Puebla, de Chiapas, de Tlaxcala, del estado de México y de Guerrero y Michoacán y Veracruz, en el ámbito de sus responsabilidades, a transparentar los padrones de beneficiarios y remitir a esta soberanía toda la información relacionada a los avances físicos, financieros de las obras de reconstrucción de viviendas de los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
El diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ah, muchas gracias.
El diputado Juan Enrique Farrera Esponda: Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada María Rosete Sánchez, del Partido Encuentro Social.
La diputada María Rosete Sánchez: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentaré nuestra posición sobre los sismos de septiembre de 2017 y las consecuencias que aún siguen afectando a nuestros compatriotas.
El 19 de septiembre es una fecha que vive en la memoria de todos los mexicanos, en particular de los capitalinos, desde que en 1985 esta ciudad fue azotada por el más grande temblor de que se tenga memoria no solo por la magnitud, sino por el número de víctimas mortales. El número real no es conocido aún, pero sabemos que entre muertos y desaparecidos superó los 10 mil muertos.
Recordamos no solo los grandes hoteles derrumbados como el Hotel Regis, edificios en unidades habitacionales, como Tlatelolco. Olor a muerte, mucho dolor, pero también mucha solidaridad y colaboración con un importante despertar de la sociedad civil.
Por si fuera poco, años después, en la misma fecha pero en distinta hora y poco después del macro simulacro, otro temblor azotó la Ciudad de México. Eso ha hecho que tengamos miedo presente en la memoria todos los mexicanos el día 19 de septiembre.
La lección se aprendió, la cultura de protección civil se ha ido ampliando. Hoy, más personas saben qué hacer en una emergencia, pero no es suficiente. En sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, sabemos cómo reaccionar ante una alerta, cómo evacuar un edificio.
Los niños practican simulacros de evacuaciones en sus escuelas, los eventos públicos recuerdan las reglas de protección civil. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Por la efeméride del 19 de septiembre oculta otra similar, pero con otro tipo de impacto.
Que el día 7 de septiembre de hace un año, otro fuerte temblor afectó el sur y sureste, fuertemente dañó a Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente. Pero como no son grandes concentraciones, pasado el impacto de la noticia parece que dejó de impactar al país.
Los procesos de reconstrucción han fluido lentamente, los recursos públicos no han llegado en la magnitud suficiente. Pasada la tensión mediática del momento y tal vez por ser zonas rurales de estados del sur, no han recibido los apoyos comprometidos.
Por eso Encuentro Social exige que se atienda, no solo a las víctimas del 19 de septiembre, sino con prioridad a los del 7 de septiembre, que sufrieron. No es tolerable que sea por negligencia o por corrupción.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señora diputada.
La diputada María Rosete Sánchez: No es posible que haya damnificados que no sean atendidos aún. No es tolerable que existan funcionarios sinvergüenzas, federales o estatales, que se han quedado con los recursos que tenían otro fin. Presionemos para que se investigue y se castigue esos abusos, porque dañan a quien más lo necesita. Nuestra solidaridad y nuestro apoyo para todos. Al país no se le miente, la cuenta está pendiente. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores: Con el permiso de la Mesa. Medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hemos venido viendo el tema de las siguientes consideraciones.
Que el pasado día 7 de septiembre de 2017, un sismo de magnitud de 8.2, sacudió el sur y centro de México.
Que desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) el Ejecutivo federal informó que este terremoto es el de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país en los últimos 100 años.
Que la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, emitió una declaratoria emergente para 41 municipios de Oaxaca por el sismo de magnitud de 8.2 con epicentro en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, lo que permitirá a los municipios afectados ser considerados para los recursos del Fonden.
Que los municipios fueron Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Miltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.
Que la zona del Istmo de Tehuantepec, las autoridades de Oaxaca confirmaron el deceso de 71 personas a causa del sismo de magnitud de 8.2, el día 7 y 19 de septiembre.
Que los reportes oficiales del gobierno estatal indicaron que hay al menos 800 mil familias damnificadas por el sismo en 41 municipios de Oaxaca.
Se tiene el registro de 324 escuelas con daños de infraestructura, 42 de las cuales presentan daños totales.
Que es necesario insistir en la urgencia de impulsar una reconstrucción acelerada de las viviendas, bajo protocolos de seguridad adecuados y que garanticen la tranquilidad de los habitantes del Istmo de Tehuantepec.
Que no debe olvidarse la reactivación sostenida de las economías de la región con el apoyo de la federación, los gobiernos locales y de la iniciativa privada.
Que, a casi un año del sismo, han dicho que la mayor parte de las escuelas afectadas operan en aulas temporales y no han normalizado sus horarios de clases, lo que impacta de manera negativa a la calidad educativa que reciben cientos de niños y adolescentes.
Que el Legislativo local del estado de Oaxaca en el decreto de presupuesto para 2018 etiquetó una partida inicial de 200 millones de pesos para la reconstrucción.
Décimo primero. Se establece un fondo de reconstrucción y desastre...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Compañera diputada, el tiempo ha concluido.
La diputada Rosalinda Domínguez Flores: ... por un monto inicial de 200 millones de pesos –ya concluyo– correspondiente al 5, 7, 19 y 23 de septiembre del 2017, incluidos los censos realizados por el gobierno federal, o en su defecto, en la actualización de estos, que se realicen en coordinación con el gobierno del estado. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica consulto si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la violencia en el estado de Chihuahua.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Acuerdo. Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión condena energéticamente la violencia política y el atentado sufrido por el alcalde electo en Gómez Farías, Chihuahua, Blas Juan Godínez Ortega y exhorta a las autoridades competentes a proveer a su pronto esclarecimiento.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría... Estos temas no estaban pactados con oradores. ¿Quiénes son los diputados que desean tomar la palabra? Patricia Terrazas, Ulises García. Solo tres. Patricia Terrazas, el diputado Ulises García, el diputado Juan Carlos Loera, el diputado Alan Falomir. Desde la curul, hasta por un minuto, tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas.
La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Buenas tardes. Gracias, presidenta. El día de hoy se pone en los ojos de México el estado de Chihuahua, por la violencia, pero no podemos minimizar la violencia en todo el país.
En 2018 fue la más violenta de las elecciones de la historia. Desde el 2 de julio ha habido 63 ataques y 21 homicidios de políticos; 4 autoridades electas y se les suma el presidente municipal electo de Gómez Farías. Dos ejecutados de Morena, uno del PRD y otro del Partido Verde Ecologista.
Michoacán, Colima, Guanajuato, Puebla. El problema no es Chihuahua, el problema es México. Y ahorita, en este momento, lo hemos estado escuchando: la violencia del país es imperante para la solución del Estado de derecho. Tenemos que visualizar a México, no podemos visualizar únicamente un estado.
También ha habido problemas por privación ilegal de la libertad en Tamaulipas, amenazas en el estado de San Luis Potosí, a nuestro compañero diputado...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido.
La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra Ulises García, hasta por un minuto.
El diputado Ulises García Soto (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Nada más para sumarme en su totalidad al punto de acuerdo, pero agregar que pedir justicia por un solo compañero sería invisibilizar la realidad que se vive en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua, en los primeros 6 meses se asesinaron cerca de mil 235 ciudadanos. En el estado de Chihuahua nos están matando a 200 ciudadanos por mes.
Entonces, quiero agregar al punto de acuerdo el exhorto al Ejecutivo federal, pero sobre todo al Ejecutivo estatal, encabezado por Javier Corral, y mandarle un mensaje desde aquí para que deje el campo de golf y se ponga a recibir el parte de seguridad todos los días por la mañana para que esté al tanto de qué es lo que sucede en el estado de Chihuahua. Necesitamos pacificar el estado de Chihuahua ahora.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, Juan Carlos Loera, diputado.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): Gracias, presidenta. Me parece penosamente minimizado este grave asunto. Mientras un compañero veinteañero, que su padre fue secuestrado hace más de 10 meses y no ha aparecido y que valientemente va a luchar por su pueblo, se debate hoy entre la vida y la muerte.
Señoras y señores diputados, recuerden que cuando empezaron a asesinar narcotraficantes conocidos, nos quedamos quietos porque nosotros no somos narcos, y luego empezaron a asesinar delincuentes y también nos quedamos quietos porque no somos delincuentes. Han asesinado policías y nos hemos seguido quedando quietos porque no somos policías.
Ahora están matando a nuestros amigos. Están matando a presidentes electos. Están matando políticos. ¿Vamos a segur quietos? Es tiempo de exigir coordinación entre la federación y el estado. Ayer estuvimos en Gómez Farías, Chihuahua, acompañando a Alen Muñoz, otro joven veinteañero que valientemente asume el cargo de presidente municipal, esperando por la pronta recuperación de Blas.
El contexto de la violencia incluye una serie de ataques a las policías estatales. En Chihuahua los ataques contra los presidentes municipales...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido, diputado.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): ...y los policías. –concluyo– es un ataque al estado mismo. En Juárez, tan solo en agosto se cometieron 182 homicidios, en lo que va del año van 898. Si comparamos el tamaño de Juárez con la zona metropolitana de la Ciudad de México, equivaldría a 15 mil homicidios.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Su tiempo ha concluido.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): Es tiempo que haya coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. La delincuencia organizada se está fortaleciendo...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.
El diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (desde la curul): ...y las fuerzas institucionales del orden se están debilitando. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. El diputado Alan Falomir, tiene la palabra.
El diputado Alan Jesús Falomir Saenz (desde la curul): Gracias, presidenta. Bueno, pues también por supuesto soy diputado de Chihuahua, me sumo a este punto de acuerdo. Creo yo que lo que tenemos que hacer es dejar de lado el tema político, el tema partidista. La realidad de la inseguridad que vivimos en Chihuahua, que vivimos en el norte, en el sur, en el centro del país, definitivamente es una realidad adversa, es una realidad grave.
Lamento mucho el tema del asesinato del alcalde electo, que ya un día después iba a tomar ya protesta como acalde en funciones, y también por supuesto otros incidentes graves que han ocurrido. Menciono en el estado de Chihuahua, pero sí me gustaría dejar de lado esa situación.
Precisamente eso ha llevado a que en el estado de Chihuahua no exista realmente un resultado –que es el que nosotros estamos esperando– por la mala coordinación que ha existido entre los distintos niveles de gobierno por la falta de coordinación.
Pero no podemos dejar de lado que el tema de la inseguridad pública que se vive por el crimen organizado o por el impacto que genera el crimen organizado, es precisamente responsabilidad principalmente de la federación luego del estado, luego de los municipios.
Esa nula coordinación que no ha existido y yo lo he dicho durante ya varios años, en los últimos meses sobre todo, pues se tiene que mejorar. Se tiene que actuar de una manera pronta, se tiene que actuar también de una manera contundente, pero sí, yo dejaría un poquito de lado el tema de los micrófonos para generar parafernalia y que realmente se atienda esa situación tan grave que se está viviendo en el estado de Chihuahua y en el país en general. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo.
La secretaria diputadas María Sara Rocha Medina: Consulto a las señoras y señores diputados si es de aprobarse el presente acuerdo en votación económica. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las normas de legalidad, ética y respeto parlamentario.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Único. La Junta de Coordinación Política hace un atento llamado a las diputadas y los diputados de la LXIV Legislatura a respetar los valores de la democracia y a conducirse con respeto, tolerancia, apertura al diálogo, inclusión y búsqueda de consensos en los debates que se desarrollen en la Cámara de Diputados en el marco de las normas legales, ética y respeto parlamentario que los regulan, con objeto de que esta cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales de manera eficaz.
Firmando, señora presidenta, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría...
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, señor diputado. Hasta por un minuto el diputado Fernández Noroña, desde su curul.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Seguro necesitaré menos. Este acuerdo es como plantear que la Mesa Directiva respete la ley, la Constitución y el Reglamento. Debería estar incluido el llamado a la Mesa Directiva también, si así son de redundantes.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría. Consulte a la asamblea si es de aprobarse el presente acuerdo, en votación económica.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado, comuníquese. Continúe la Secretaría con la comunicación del coordinador de Morena.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió comunicado del diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena por la que informa la integración de la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, a ese grupo parlamentario.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Enterados, comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
Han solicitado dos diputados, desde su curul, la palabra. El diputado Fernando Cuauhtli Badillo Moreno, desde su curul, hasta por un minuto.
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Nada más para visibilizar y solidarizarme con los jóvenes activistas y hacer un exhorto, se tomen cartas en el asunto por los hechos suscitados los días pasados en el Congreso Local de San Luis Potosí donde dos diputados tomaron una actitud reprobable en contra de dichos jóvenes, en donde hubo hasta amenazas de muerte. Los diputados salientes en cuestión son José Luis Romero Calzada y Sergio Desfassiux. Pido, por favor, le demos seguimiento a este pronunciamiento. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias, señor diputado. Ahora tiene la palabra la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de Morena.
La diputada Melba Nelia Farías Zambrano (desde la curul): Buenas tardes, compañeros. Compañeros, hoy quisiera pedirles que nos pudiéramos unir todos para ayudar y apoyar a nuestros amigos, vecinos y ciudadanos de Coahuila, en desgracia por esos desastres que han ocasionado las lluvias tan tremendas que han pasado ahora por mi estado.
Los municipios de Torreón, Piedras Negras y Acuña, ya fueron declarados zonas de desastre, pero hay más municipios afectados como son San Pedro, Viesca, Monclova, Frontera y Sabinas. Muchos otros hay, que quiero pedirles de favor, unámonos para pedirle al Fonden que pueda bajar inmediatamente recursos para tan lamentables hechos, y podamos ayudar a nuestros compañeros y ciudadanos de Coahuila.
También quiero hacerles un llamado a todos los diputados de Coahuila, para que apoyen este punto de acuerdo sin colores ni partidismos. Compañeros, hoy Coahuila nos necesita. Nos estamos ahogando. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Justino Arriaga, del PAN.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Gracias, Presidenta. Nada más hacerle una pregunta y consultarle ¿de qué partido político, de qué grupo parlamentario –perdón– dejó la diputada que usted acaba de mencionar, que se adhiere al grupo de Morena, presidenta, con todo respeto?
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Salió del Partido del Trabajo e ingresó al grupo Morena.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Trabajo. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De nada. Se informa a la asamblea que los asuntos turnados durante esta sesión, quedarán en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones ordinarias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (17:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 13 de septiembre de 2018 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9:30. Se levanta la sesión.
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