Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del miércoles 19 de septiembre de 2018

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores, con iniciativa

Efeméride, con motivo de los sismos del 19 de septiembre, de 1985 y de 2017

Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM

Raymundo García Gutiérrez, PRD

Martha Angélica Tagle Martínez, PMC

Ana Karina Rojo Pimentel, PT

María Rosete Sánchez, PES

Cruz Juvenal Roa Sánchez, PRI

Luis Alberto Mendoza Acevedo, PAN

Flor Ivone Morales Miranda, Morena

María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta

Iniciativas

Carol Antonio Altamirano, Morena

José Martín López Cisneros, PAN

María Alemán Muñoz Castillo, PRI

Héctor Joel Villegas González, PES

Ángel Benjamín Robles Montoya, PT

Martha Angélica Zamudio Macías, PMC

Norma Azucena Rodríguez Zamora, PRD

Beatriz Manrique Guevara, PVEM

Carmen Medel Palma, Morena

Minuto de silencio por las víctimas de los sismos del 19 de septiembre, de 1985 y de 2017

Simulacro de sismo

Reanudación de la sesión

Dulce Alejandra García Morlan, PAN

Isaías González Cuevas, PRI

Ernesto Vargas Contreras, PES

José Luis Montalvo Luna, PT

Pilar Lozano Mac Donald, PMC

Mónica Bautista Rodríguez, PRD

Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM

Lorenia Iveth Valles Sampedro, Morena

Ana Paola López Birlain, PAN

Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI

Claudia Báez Ruiz, PES

Mary Carmen Bernal Martínez, PT

Juan Carlos Villarreal Salazar, PMC

Claudia Reyes Montiel, PRD

Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM

Proposiciones con punto de acuerdo

Leticia Arlett Aguilar Molina, Morena, relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017

José Ángel Pérez Hernández, PES, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre al municipio de Torreón, Coahuila, así como los ejidos del norte y oriente de Matamoros

Alfredo Femat Bañuelos, PT, relativo al apoyo extraordinario no regularizable destinado a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera

Acuerdo de la Junta, con designación de diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como consejeros suplentes del Poder Legislativo ante el INE

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, señoras diputadas y diputados, les ruego que tomen su asiento. Quiero hacer expresa una disculpa a todos ustedes, por haber llegado cinco minutos tarde, pero teníamos una reunión con el secretariado, mis disculpas.

Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Con gusto, presidente. Se informa a la Presidencia, que existen registrados, con la asistencia del presidente Muños Ledo y la vicepresidenta Dolores Padierna, hay un total de 285 diputados registrados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:08 horas): Se abre la sesión.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano (votación). Sí se dispensa la lectura, presidente, por la mayoría.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano (votación). Presidente, por la mayoría es afirmativa la dispensa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.

El diputado Absalón García Ochoa (desde la curul): Presidente.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, tengo una mano levantada de este lado y luego usted señor diputado. Por favor, diputado.

El diputado Absalón García Ochoa (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más pedir para que esta honorable Cámara de Diputados no pase omiso lo que ha venido, nos hemos venido enterando de lo que sucedió en el estado de Jalisco, ante la negligencia del gobierno del estado y que nos hemos enterado de cómo cuerpos de seres humanos han estado circulando en un tráiler.

Pedir, presidente, que para la próxima sesión pueda haber un punto de acuerdo, un exhorto al titular del Ejecutivo del estado para que se abran las investigaciones correspondientes y se garantice en lo sucesivo un trato digno a todos los cuerpos de seres humanos. Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Sus expresiones se registran en el Diario de los Debates, muchas gracias. Diputado Fernández Noroña.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, no sé si yo me distraje o fue usted, no, es insustancial, pero la impresión que yo me quedé es que se había votado dos veces el dispensar la lectura del acta, no la aprobación del acta, porque nunca se abrió la lista de oradores sobre el acta y yo tengo un par de precisiones sobre el acta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con mucho gusto, me permite aclararle y con todo gusto las hace.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Sí.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dispensamos la lectura y procedemos a la discusión. Por favor, señor diputado.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Gracias. Sobre el acta. El día de ayer presidía la sesión la diputada Dolores Padierna y en la presentación de una iniciativa que abroga dos leyes que imponen la evaluación como una forma punitiva en contra del Magisterio, solicité una moción suspensiva, porque la habíamos presentado ante la Junta de Coordinación Política con la dispensa de trámites para que se considerara de obvia y urgente resolución y fuera debatida ante el pleno. Sin embargo, la Mesa Directiva no recibió esa información, como bien lo comentó la diputada Padierna.

Me obsequió al principio de la exposición el tiempo para que se aclarara, pero nunca fue posible hacerlo durante la presentación del diputado Montalvo.

Ella al final comentaba que no existía el trámite que yo solicitaba, pero ciertamente existe en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara la moción suspensiva.

Yo ya no insistí en ello porque habría que presentarla por escrito, cosa que efectivamente nosotros no hicimos.

Solo quiero precisar en torno a este tema y al acta que, de manera absolutamente insolente, un diputado del PAN intervino diciendo que no estábamos para caprichos. No hay ningún capricho, nosotros queríamos que no se perdiera la oportunidad de, de una vez, detener la política represiva disfrazada de evaluación al magisterio.

Y solo cerraré con estos datos para demostrar la hipocresía de la reforma educativa: 25 por ciento de las escuelas están en edificios adaptados, 36 por ciento carecen de drenaje. De las escuelas públicas del país, 10 por ciento de las escuelas no tienen baño, 8 por ciento carecen de energía eléctrica.

Hoy que son 33 años del sismo de 85 y uno del del año pasado, 59 por ciento de las escuelas no tiene salida de emergencia y 58 por ciento carecen de ruta de evacuación. Quince por ciento de las escuelas no tienen silla los alumnos, y termino, diputado presidente, 20 por ciento no tienen ni escritorio ni silla los profesores, 40 por ciento de las escuelas carecen de computadora y 51 por ciento carecen de Internet.

¿Cómo pueden hablar de reforma educativa...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, señor diputado. Habrá un momento para discutir esto.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, ya casi terminé, diputado presidente. ¿Cómo pueden hablar de reforma educativa cuando cinco de cada diez niños se mueren de hambre porque están en pobreza extrema?

Son unos doble moral y me parece incorrecto que sigan. Ya sé que vamos a echar atrás esa reforma, que no le vamos a dejar ni una coma, pero quería expresarlo. Le agradezco su paciencia, diputado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Y le rogaría, señor diputado, usted ha dicho palabras fuertes, que siente, pero referidas a otro diputado. Yo quisiera que en adelante no hubiera menciones ofensivas entre los miembros de esta Cámara. Muchas gracias.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, por favor. Permítame. Consulte la Secretaría si se aprueba el acta.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano (votación).

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.

La secretaria diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza: Se aprueba, señor presidente, por la mayoría.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, con cariño y con respeto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, correspondido.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, y yo lo sé. Yo convocaría al respeto absoluto del artículo 61 constitucional, que ningún legislador puede ser reconvenido. Sé que hay buena fe, hay una interpretación. No le he faltado al respeto ni le faltaré al respeto a ningún diputado o diputada.

El debate puede ser duro, puede ser ácido, hay quien se puede sentir ofendido, pero ratifico mi voluntad de no faltarle al respeto a ningún diputado o diputada. Y eso no quiere decir que deje de hacer uso de la gran variedad de gama que tiene el idioma español. Muchas gracias, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado. Una de las artes parlamentarias es no decir lo que se piensa.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Presidente, para completar la discusión, queremos apoyar.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, no está a discusión el acta. El acta ya se aprobó, no está a discusión el acta. No, no está a discusión el acta. El tema de educación hoy no está en la agenda. Va usted a dar un debate sobre educación.

Bueno, y yo, como antiguo titular del ramo me podría... No, señora. Ya le dije al diputado Noroña que será en otro momento el debate. Él no se dirigió a usted, por lo tanto, no hay alusiones personales.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): No se dirigió, pero soy parte de la Cámara.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, se inscribe el asunto en el orden del día, a través de la Junta de Coordinación. Este asunto no está sometido a discusión. La discusión en México no está hoy en la agenda. Le ruego que guarde sus argumentos para el debate, señora.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.

La diputada secretaria María Sara Rocha Medina: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Impuestos al Valor Agregado, presentada por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, ¿con qué objeto? Dígame.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (desde la curul): Presidente, buenos días. Para solicitar respetuosamente pudiera decretarse un minuto de silencio por las víctimas fatales del sismo acontecido hace un año, señor presidente. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias por su interés. El asunto con todo y minuto de silencio está programado para esta sesión, donde haremos además un ejercicio de protección civil, está determinado. Y lo haremos ¿a qué hora? A las 13:14 en punto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la efeméride. Se me adelantó. Nos leyó el pensamiento con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Se han registrado para referirse al tema, los diputados siguientes, quienes tendrán el uso de la palabra por cinco minutos.

En primer término, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. El día de hoy se conmemora una fecha que ha marcado momentos importantes en la historia de nuestro país y en la historia de nuestro querido México, eventos que por su magnitud han marcado a nuestra sociedad con dolor y desesperanza. No obstante, somos reconocidos como una nación que se crece ante las peores circunstancias en donde la unidad y la solidaridad muestran que somos una sociedad unida en los momentos más difíciles.

El día de hoy se cumplen 33 años del sismo ocurrido en 1985 y un año de aquel 19 de septiembre de 2017, en el que la historia trágica de nuestro país se repetía y nos retaba nuevamente. Es conocido que el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017 tuvo resultados catastróficos en las entidades federativas afectadas, contabiizándose un total de 471 víctimas mortales y miles de damnificados.

Sin embargo, la experiencia de lo vivido durante el sismo de 1985 nos garantizó enseñanzas que permitieron que nuestro país haya implementado acciones en materia de construcción y protección civil, las cuales resultaron imprescindibles para evitar un mayor número de pérdidas de vidas humanas y afectaciones de los bienes de las personas.

Ante estos acontecimientos, es pertinente reconocer que durante el sismo de 1985 como en el de 2017, la ciudadanía se organizó de forma espontánea demostrando que como nación somos una sociedad fuerte y resiliente en los momentos difíciles.

La participación activa y conjunta tanto del sector público, social y empresarial, así como de la labor heroica que desempeñaron el Ejército la Marina, la Policía Federal y los cuerpos de rescate –a los cuales les damos un reconocimiento–, incluidos aquellos enviados de forma solidaria por diferentes naciones hermanas, permitieron que se atendiera de forma eficiente la emergencia agilizando las acciones de rescate, búsqueda, establecimiento de albergues, provisiones de alimentos y restablecimiento de servicios.

De acuerdo a las cifras del VI Informe de gobierno, para atender la emergencia del sismo del 17 y 19 de septiembre de 2017 en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México, se realizaron diversas acciones en materia de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas con la ejecución de 209 operaciones con la participación de 179 unidades operativas y 8 mil 824 elementos navales.

Se rescataron 134 personas y 163 cuerpos sin vida, se evacuaron 16 mil 257 personas, se proporcionaron 16 mil 583 atenciones médicas, se instalaron 13 cocinas móviles, las cuales se distribuyeron 635 mil 400 raciones de comidas caliente y se removieron más de 23 mil toneladas de escombros.

Haciendo un balance de lo acontecido, no podemos dejar de reconocer todas las acciones que se llevaron durante y después de los sismos. La participación tanto de las autoridades de gobierno como de la sociedad civil, fueron de vital importancia para dar cara a la situación de emergencia que enfrentamos. Sin embargo, hoy aún existen personas que no han podido recuperar su casa, que han tenido que abandonar sus bienes y que se encuentran a la espera de poder recuperarse.

El gobierno federal, para hacer frente y atender a la emergencia ocurrida y a los efectos negativos que de ella se desprenden, implementó una serie de acciones cuya finalidad es atender a las personas afectadas para que vuelvan a la normalidad lo más pronto posible aunque hayan quedado huellas permanentes en su vida.

De las acciones implementadas para atender a los damnificados tanto del sismo ocurrido el 7 y 19 de septiembre que se mencionan dentro del sexto Informe de Gobierno federal podemos rescatar que se contabilizaron un total de 170 mil 867 familias que sufrieron deterioro en sus viviendas, de las cuales 60 mil 50 tuvieron daños totales y 110 mil 817 daños parciales.

Hasta julio del 2018 se han entregado apoyos monetarios y materiales a 164 mil 455 titulares de viviendas dañadas por un monto de 7 mil 878 millones de pesos provenientes del Fonden.

Se asignaron 120 mil pesos por vivienda con daño total, de los cuales 90 mil en materiales y 30 en mano de obra para 60 mil 50 familias que sufrieron el daño total de su casa, recibieron, hasta julio, en su conjunto, 6 mil 276 millones. Se asignaron 15 mil pesos por vivienda de daño parcial beneficiando a 106 mil 852 familias, de lo que fue un monto total de mil 602 millones de pesos.

Compañeras y compañeros, que la conmemoración de esta fecha no sólo sirva para recordar a todos los afectados, sino que sea una oportunidad para seguir definiendo mecanismos y directrices que permitan seguir preparándonos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Señor diputado, ha pasado su tiempo. Le ruego concluya.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos solidarizamos con las víctimas de estos acontecimientos, pero sobre todo refrendamos nuestro compromiso para seguir consolidando acciones que nos permitan fortalecernos como sociedad y avanzar en la definición y ejecución de acciones de prevención. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Los libros de historia en sus páginas marcan dos grandes eventos con extraña coincidencia, mismos que sacudieron a nuestro país el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017.

Sin embargo, también se enaltece la fuerza, la unión y el cooperativismo y la hermandad demostrada en ambos eventos. No obstante, esta fraternidad se ha visto teñida por la opacidad en el proceso de reconstrucción del país, convirtiéndose en un proceso caótico en donde aún desconocemos con claridad dos puntos sensibles: primero, el número de viviendas afectadas. Segundo, el monto y el destino que tiene los recursos donados y para la reconstrucción.

Este día podemos decir que ante las circunstancias actuales, desconocemos qué es más grande en el sentir de los miles de afectados, el dolor o su enojo. Extraoficialmente podemos decir que los sismos del 7, 19, 23 de septiembre pasado, dejaron al país más de mil 116 viviendas dañadas en Chiapas y Oaxaca, y más de 300 mil damnificados.

En Morelos el reporte es de 10 mil viviendas dañadas, y por lo menos 5 mil escuelas y 5 mil comercios dañados. En la Ciudad de México se tienen registros de 209 escuelas dañadas, 38 inmuebles colapsados y 5 mil 832 en supervisión.

En Guerrero, 81 municipios sufrieron daños, dentro de esos se pudieron identificar 8 mil 116 viviendas dañadas, 343 escuelas afectadas y más de 25 carreteras con derrumbes. Sabedores de esos datos, la impotencia merma a cada una de las familias afectadas, quienes a voz alta manifiestan que los resultados son resultado de una corrupción y negligencia de autoridades, supervisores, arrendatarios de diversos sectores del orden público.

Tenemos una sociedad que al mismo tiempo que se reconstruye reclama justicia. El ejemplo más claro, más doloroso de esa cadena de corrupción y opacidad es el del Colegio Rébsamen, con 19 niños y 7 adultos perdieron la vida, derivado que los dueños utilizaron documentos falsos para obtener permisos y construyeron sin autorización para expandir el negocio.

En este proceso de recuerdos, diputadas y diputados, hagamos eco porque la justicia alcance a los responsables, quienes continúan gozando de impunidad. Impulsemos en esta Cámara las medidas adecuadas para que los más de 18 mil 868 alumnos de educación básica que se mantienen tomando clases en aulas provisionales, obtengan condiciones dignas. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. Abro comillas. “Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. No, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad, pero una cosa sí quedará clara, y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que entró en ella. Y ahí, ahí estriba el significado de la tormenta de arena”. Una frase de Murakami.

La mañana del 19 de septiembre de 1985 un terremoto de 8.5 grados de intensidad cimbró a la Ciudad de México, desplomando cientos de edificios, como los ubicados en el histórico conjunto habitacional de Tlatelolco.

Las cifras oficiales dan cuenta de aproximadamente 5 mil personas fallecidas, 402 edificios destruidos, entre los que se encontraban diversos hospitales cuyo impacto significó perder el 30 por ciento de la capacidad hospitalaria en el momento mismo de la emergencia. Aunque en mucho menor escala, es importante mencionar que también hubo fallecidos y afectaciones importantes en los estados de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Es importante mencionar también que ese 19 de septiembre de 1985, cuando cientos de costureras quedaron atrapadas  y murieron sepultadas en los escombros de los talleres de San Antonio Abad, ya que la ayuda llegó 15 días después de la tragedia porque a los dueños y autoridades les importó resguardar primero los bienes materiales, antes que las vidas de las mujeres que ahí laboraban.

A 33 años de esa tragedia, ellas, las costureras fueron otra vez víctimas. La fábrica de telas que se ubica en Chimalpopoca y Bolívar, en el Centro Histórico de esta ciudad capital, colapsó y evidenció la precariedad laboral de las mujeres en México.

Después del sismo que se registró hace un año en el país, en la Ciudad de México aún existen más de 53 inmuebles dañados que afectan alrededor de mil familias, de las cuales el 60 por ciento son mujeres de la tercera edad.

Los datos sobre la discriminación que sufren las mujeres en México hablan que el 95 por ciento de las personas empleadas del hogar son mujeres y también son ellas las que más dedican al cuidado del hogar y de los otros. Del total de horas que se dedican a estas tareas, los hombres contribuyen apenas con un 22.8 por ciento, mientras que las mujeres con el restante 77 por ciento, según datos del Inegi, y de eso también tenemos que hablar ahora.

Hay que decir que el 19 de septiembre de 1985 también constituye la fecha que exhibe el empoderamiento de la sociedad civil, pues ante la parálisis y el vacío gubernamental para hacer frente a la emergencia fueron la ciudadanía, las y los ciudadanos, quienes accionaron de manera inmediata y hoy, como ayer, fueron los ciudadanos quienes en general y de manera espontánea formaron cadenas humanas para retirar escombros, buscar y rescatar personas.

Treinta y tres años después, el 19 de septiembre de 2017, serían las juventudes quienes tomaron la estafeta. Jóvenes que recordamos con el puño en alto como señal de silencio para identificar el sonido de posibles personas atrapadas con vida en espera de ser rescatadas. Treinta y tres años después, como dice Murakami, hemos salido de la tormenta y somos personas diferentes.

Lo que queda claro, o lo que todavía no queda claro es si el gobierno, 33 años después ha cambiado para mejorar la calidad de vida de las personas, para contar con programas de Protección Civil suficientes para evitar que un fenómeno natural, como es un sismo, se convierta en un desastre social, como lo es cada vez que hay un fenómeno natural en esta ciudad y en otras de nuestro país.

Es momento de que este 19 de septiembre no sea solamente una fecha para conmemorar a los que murieron bajo los escombros, esta fecha debe servirnos para realmente aprender y cambiar para evitar que un fenómeno natural se vuelva a convertir en un desastre social. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas, con gran sentimiento les vengo a decir, y lamentación, que el gobierno no ha puesto atención a este terrible sismo que pasamos hace un año el 19 de septiembre.

El 19 de septiembre representa sin duda una fecha de contraste para todos y todas las mexicanas, hace 33 años México vivió quizá la mayor tragedia que se pueda recordar en la historia de nuestro país.

Los sismos del 19 y el 20 de septiembre de 1985 marcaron un antes y un después en la vida de millones de mexicanas y mexicanos, que tuvieron la amarga experiencia de sufrir estos terremotos que dejaron consecuencias catastróficas en la Ciudad de México.

Como todos sabemos, el destino nos jugó una amarga coincidencia, hace un año, cuando recién recordábamos aquella fecha y aún preocupados por los sismos del 19 de septiembre que afectaron a nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas, el 19 de septiembre del mismo año se sumaron Puebla, Morelos y la Ciudad de México, esta terrible experiencia nos dejó dolor, desesperación, pero también esta tragedia despertó conciencias, uniendo a los mexicanos como nunca antes lo habíamos sentido, recordando que los mexicanos somos un país fuerte, aguerrido, capaz de levantarnos en la adversidad, sobre todo con el apoyo fraterno y la solidaridad.

Hace un año todos nos unimos sin importar condiciones de raza, sexo, condición social ni económica. Ese día todos nos tendimos la mano, con unidad, con amor y apoyo. Ese día las diferencias ideológicas y de cualquier afiliación política quedaron rebasadas para tender la mano a todo aquél que lo necesitaba. Ese día vimos lo grandes que somos los mexicanos.

El gran héroe, el pueblo de México, salió a rescatar, a ayudar, a alimentar, y el gran ausente, el gobierno inútil y pasmado. El pueblo fue más lejos en la ayuda económica, en el rescate. ¿Dónde están los recursos a nivel federal? ¿Dónde están los recursos a nivel local? Hay dos diputados del PRD, Mauricio Toledo y Leonel Luna, que no nos han dicho dónde está ese recurso.

Hoy la gente sigue en las calles sin recibir ni un apoyo del gobierno. Y tengo que decirlo, en Iztapalapa la desolación, el patio trasero de la Ciudad de México, en la cual no ha sido atendida con el tema de las grietas y de la falla geológica.

Sin embargo, a un año del sismo aún quedan muchos pendientes por hacer. Las y los damnificados siguen esperando la respuesta de las autoridades, que tenemos que decirlo, se han quedado muy cortas en su obligación de atender sus necesidades más básicas.

Como responsables del presupuesto, diputadas y diputados, debemos garantizar que ningún damnificado de los sismos del 2017 quede sin ser apoyado y recuperar su techo.

Además de que perdieron su techo, muchos perdieron a sus seres queridos y no podemos hacer caso omiso de este dolor. La gente está desolada, la gente quiere ayuda, la gente quiere apoyo. Vamos a servir al pueblo como hemos venido a sentarnos en estas curules Vamos a atender las necesidades del pueblo. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señora diputada.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro social.

La diputada María Rosete Sánchez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en México recordar el 19 de septiembre siempre nos remontará no solo a una fecha de tristeza y de luto sino, coincidentemente, a 2 de los terremotos: el de 1985 y el del año 2017, sucedidos con una diferencia de 32 años.

A nombre del Grupo de Encuentro Social, queremos manifestar nuestro sentir por esos hechos tan lamentables. Y nos solidarizamos con todos los afectados que hoy en día siguen sufriendo los efectos de estos desastres naturales.

Debido a la alta concentración poblacional en una zona geográfica de alta actividad sísmica, a los crecientes asentamientos en sitios de alto riesgo y a la concentración industrial, la Ciudad de México ha sido afectada por graves desastres y accidentes que han provocado cuantiosas pérdidas humanas y materiales.

Los riesgos naturales y accidentes potenciales han puesto en peligro la seguridad e integridad de los habitantes de la ciudad. Además de que las tareas de atención a las fases de prevención y manejo de emergencias complican el problema, al no estar aún a la altura de los riesgos y los peligros que se nos presentan por nuestra ubicación geográfica.

A pesar de los avances que hemos logrado, seguimos careciendo de una estrategia adecuada en los trabajos de reconstrucción y los efectos se han agravado. Los impactos han sido negativos en estos fenómenos sobre la gran población afectada.

Es evidente que en 1985 el gobierno de la República y del entonces Departamento del Distrito Federal no estaba preparados para un desastre de tal magnitud. No contaban con un área especializada ni con el equipo para hacer frente a estos fenómenos. Y debido a que no habíamos vivido un desastre similar, no le prestamos la importancia, a pesar de vivir en una zona altamente sísmica.

Lo que no es aceptable es que, ante los derrumbes y colapsos de edificios y ante los miles de muertos, desaparecidos y heridos las acciones del gobierno fueron tímidas, limitadas, desorganizadas y abusivas por algunos funcionarios públicos.

Por ello, debemos precisar que los fenómenos naturales que significan un riesgo para la vida humana no constituyen en problema en sí mismos, ya que rebasan la posibilidad de control del ser humano sobre ellos.

El problema es cuando se requieren la intervención y la participación gubernamental y social en la prevención y atención a estas situaciones, para aminorar sus efectos devastadores, y no se obtienen respuestas de acuerdo a la magnitud del problema.

Además, surgen abusos que lastiman aún más la desgracia de la población afectada y de la que no lo ha sido directamente, como es el caso de la clonación de tarjetas que fueron entregadas por Bansefi a los damnificados de los sismos de Oaxaca y Chiapas en 2017.

Después del terremoto del 19 de septiembre de 1985, como una de las peores tragedias en la historia de la Ciudad de México, sin lugar a dudas se sembró la semilla de la labor de un pueblo comprometido con su constante mejora. Y los habitantes de la ciudad dejamos de ser víctimas para volvernos rescatistas, por la urgencia, y solidarios mediante la aportación de alimentos, ropa, medicinas, herramientas, materiales de construcción y de salvamento. La naturaleza nos ha golpeado, pero la respuesta social ha sido abrumadora y ha rebasado a las autoridades ante las deficiencias en las tareas de prevención y atención a estos sucesos.

Es por esto que Encuentro Social considera importante que el 19 de septiembre de cada año sea instituido como el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad. Para que este tema tenga éxito y cuente con la solidaridad de nuestras compañeras y compañeros legisladores de todas las fracciones parlamentarias, realizaremos dos acciones legislativas: presentaremos un punto de acuerdo para que el 19 de septiembre de cada año se conmemore el Día de la Unidad Nacional y Solidaridad. Y una iniciativa de ley para que se modifique la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional con el fin de izar la bandera a media asta el 19 de septiembre de cada año.

En Encuentro Social sostenemos que más que enfatizar la efeméride de los terremotos recordemos al pueblo unido y solidario que surgió a partir de ello. Compañeras y compañeros diputados, los invitamos a unirse a la propuesta de declarar el 19 de septiembre el Día de la Unidad Nacional y la Solidaridad, para reconocer la labor y el interés de...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María Rosete Sánchez: ... todos aquellos héroes anónimos que han participado en los momentos más tristes y difíciles que hemos vivido, no sólo en la Ciudad de México, sino en el estado de México, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala, entidades afectadas por los sismos de 2017. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Muy buenos días. Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Diputadas y diputados. Hoy conmemoramos hechos dramáticos que han trastocado la esencia de la sociedad mexicana. Hace 33 años nos despertamos enfrentando la emergencia y la tragedia. Hace un año nuevamente nuestra solidaridad se puso a prueba por los sismos del día 7 y 19 de septiembre, fueron momentos difíciles y de incertidumbre para todos, pero también de unidad.

Los mexicanos demostramos ser un pueblo unido, cuyo sentido del deber y ayuda son más fuertes que nuestras diferencias que podamos tener en la pluralidad.

La fortaleza de nuestra nación fue fundamental para hacer frente a los momentos más críticos en la búsqueda de los sobrevivientes y para la atención de las víctimas y damnificados en los siete estados de la República incluyendo la Ciudad de México, la más afectada.

Reconocemos la rápida reacción y coordinación de las autoridades federales y locales ante los daños a más de 170 mil viviendas y poco más de 15 mil escuelas de todos los niveles. Se realizaron también declaraciones de emergencia en 400 municipios y de desastres en 700 municipios por ambos sismos –12 de estos de la entidad que yo represento, el estado de México.

Desde esta tribuna los legisladores del PRI rendimos nuestro mayor reconocimiento a los ciudadanos, ya que se demostró nuevamente el espíritu solidario y apoyo bilateral de nueve equipos internacionales de Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Israel, Japón y Panamá, quienes de manera conjunta con diversas brigadas del Ejército Mexicano, bomberos, protección civil y la Cruz Roja Mexicana, superaron los 57 mil elementos desplegados tan solo en la Ciudad de México.

La tragedia nos hizo valorar la importancia de la protección civil para salvar vidas, y con orgullo podemos decir que hoy México cuenta con las instituciones y herramientas para enfrentar la emergencia que conllevan estos acontecimientos.

Nuestro país está más preparado ante un sismo que hace 30 años. La creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, y una política de Estado en esta materia, hace que los mexicanos actualmente contemos con una mejor cultura de la prevención. Resalta la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, desde donde se impulsó una reacción rápida y efectiva. Contamos con la Red Sísmica Mexicana y el Atlas Nacional de Riesgos.

Ahora México tiene las herramientas adecuadas para prevenir a la población ante un evento natural. No obstante, es fundamental continuar trabajando en la promoción y difusión de la cultura de protección civil.

Mención aparte merecen el apoyo del sector privado, las empresas; el sector social, las organizaciones y las universidades, así como el respaldo y solidaridad de la población en general que ante la adversidad se mostró unida, quienes brindaron apoyos de víveres, maquinaria, herramientas, cortadoras, lonas, plásticos, transporte, especialistas en estructuras, voluntarios, brigadistas, preparación de alimentos, ayuda psicológica, entre otras.

Compañeras y compañeros, somos ejemplo en materia de protección civil para las demás naciones, esto se debe principalmente a la actuación de esfuerzos entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios, y por supuesto, la sociedad en su conjunto.

Lamentamos que el tema de la protección civil sea utilizado políticamente. Aprovecharse y lucrar con la emergencia, no puede ser parte de nuestro México moderno que estamos decididos a construir.

Los legisladores de mi grupo parlamentario del PRI continuaremos impulsando las acciones necesarias para mantener informada y organizada a la población, ya que en la medida en que estemos mejor preparados, seremos menos vulnerables ante los efectos de los desastres naturales. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Con su venia, diputado presidente. Quisiera pedirle exhortara al pleno para poder guardar el respeto debido, porque es una sesión solemne, quisiera poder ayudar porque creo que sin duda es un día de guardar mucho respeto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. Atiendo su petición. Simplemente quiero reconocer que el pleno está ahora dispuesto para este tema, y la atención adicional será bienvenida.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Buenos días, compañeras y compañeros diputados, el 19 de septiembre, fecha que para las y los mexicanos es inolvidable. Hoy recordamos el trágico terremoto de 1985 de 8.1 grados, que la mañana de este jueves a las 7:19 horas cambiaría la historia de este país.

Irónicamente 32 años después México volvería a sentir la fuerza de la naturaleza con un sismo de 7.1 grados a las 13:14 horas, precisamente del 19 de septiembre de hace un año. Dichos fenómenos nos enfrentaron cara a cara, con una realidad latente, la de vivir en un territorio sísmico por naturaleza.

Lo ocurrido hace un año, nos lleva a algunas reflexiones que no podemos pasar por alto. En primer lugar cabe destacar el heroísmo de los mexicanos que lucharon en contra de la tragedia, rescatando a cientos de personas sepultadas entre los escombros, mostrando solidaridad que caracteriza a nuestro país, aun en los momentos más difíciles.

A todos estos héroes nuestro mayor reconocimiento y gratitud. Así como honramos a los héroes anónimos de México, también es necesario mencionar que la tragedia aún nos duele y conmueve, ya que aún hay muchas familias en el desamparo y desesperación de haberlo perdido todo.

A un año de aquellos terribles hechos cabe preguntarnos: ¿cómo ha fluido la ayuda a los miles de damnificados que han perdido parcial o totalmente su patrimonio? ¿Cómo avanzan las tareas de reconstrucción en la infraestructura del país, puentes, carreteras, escuelas, hospitales?

En Acción Nacional sabemos que la labor de reconstrucción es tardada y no responde a la inmediatez del dolor humano. Sin embargo, desde esta tribuna alzamos la voz para que las necesidades de primera mano sean atendidas en los diversos estados y municipios federales, y los más afectados en congruencia con nuestra lucha histórica en favor de la dignidad de la persona humana.

De la misma forma, no debemos permitir que los afectados sean discriminados, como ocurrió con el Fondo Nacional de Desastres, ya que las reglas de operación de este excluyen a damnificados de la delegación Benito Juárez, por no considerarlos de bajos ingresos, mostrando poca sensibilidad ante las graves afectaciones que sufrieron decenas de inmuebles de dicha demarcación.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, desde esta tribuna nos dirigimos a los damnificados asegurando que no los vamos a dejar solos. Los recursos públicos, así como los derivados de donativos de la sociedad civil, tienen que ser bien ejecutados y ejercidos con toda transparencia.

Como representantes de los ciudadanos estamos obligados a ser una sola voz firme y exigente frente a las autoridades que no han cumplido con el deber de atender eficazmente esta emergencia, y demandar un castigo ejemplar para quienes hayan hecho un mal uso de dichos recursos. Al día de hoy, recordamos a quienes hace un año perdieron la vida, a sus familiares y amigos les expresamos nuestro profundo pesar.

También es necesario tener siempre presente la realidad. En México volverá a temblar no solamente una vez, sino muchas veces más, por lo que debemos estar preparados siempre. Es importante tener claro que México necesita fortalecer sus protocolos de protección civil, necesitamos que los gobiernos realicen inspecciones permanentes a las construcciones y desarrollos inmobiliarios, así como planes urbanos mejor diseñados.

Aún hay mucho por hacer. En el PAN no nos quedaremos con los brazos cruzados mientras hay personas y familias sin hogar. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Hoy, 19 de septiembre, esta Cámara de Diputados, garante de la representación popular, recuerda a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, desastres naturales que marcaron de forma trágica la historia de nuestro país.

Desde esta soberanía reconocemos y agradecemos la labor de las mexicanas, mexicanos y naciones hermanas que participaron en las labores de búsqueda, rescate y apoyo de nuestros hermanos en desgracia. Estos desastres naturales y la pérdida de vidas de nuestros conciudadanos, nos llenaron de luto y de dolor, pero también del coraje y del valor necesario para sobreponernos a la adversidad.

Ante la urgencia de afrontar el desastre, se sumaron miles de compatriotas, sin importar edades o estratos sociales, frente al cual mostramos una de nuestras mejores cualidades: la solidaridad.

En 1985...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Un momento, diputada. Pido a los señores legisladores y legisladoras de este lado del salón, guarden orden para atender a la oradora.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Muchas gracias. Ante la urgencia de afrontar el desastre, se sumaron miles de compatriotas, sin importar edades o estratos sociales, frente al cual mostramos una de nuestras mejores cualidades: la solidaridad.

En 1985, dos sismos devastaron la Ciudad de México. Ante la pasividad e ineficacia del gobierno, la sociedad civil se fortaleció y se levantó. Del rescate vino la organización, la reconstrucción y la lucha por una vivienda digna. Los sismos de 1985 fueron, en muchos sentidos, parte del catalizador social que permitió el despertar ciudadano.

Treinta y dos años después, contra toda probabilidad, un devastador sismo de 7.1 grados afectó gravemente la vida, salud y patrimonio de miles de habitantes de diferentes zonas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, que se sumaron a Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que habían sido afectados por el sismo del 7 de septiembre previo.

No omito recordar que el patrimonio cultural y la identidad de los mexicanos, dañada por los sismos como aconteció con el patrimonio religioso, así como el sistema chinampero patrimonio de la humanidad, que resultó gravemente afectado y que, sin embargo, nuevamente la sociedad superó al gobierno.

Los héroes anónimos surgieron de todos lados y otra vez la unidad en las tareas de rescate, la aportación de víveres y el auxilio en múltiples labores, nos demostraron que, como mexicanos, a pesar de cualquier reto, con unidad podemos levantarnos y superar cualquier adversidad.

Pero el reto no ha terminado, no podemos olvidarnos de los damnificados y de la reconstrucción de sus vidas y viviendas. Además, como representantes de la población mexicana debemos dar seguimiento puntual a las labores del presente y del siguiente gobierno, que alcanza a superar de manera real esta desgracia.

No olvidemos que gran parte de nuestra población está en riesgo sísmico, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos aún no se pueden predecir estos fenómenos naturales, pero lo que sí podemos es avanzar en la formación de un eficaz sistema de protección civil y en la creación de protocolos de seguridad y de prevención que nos permitan garantizar el acceso a los derechos humanos que toda población debe tener, para que el número de víctimas y de daños materiales sean los menores posibles, sin olvidar la erradicación de la corrupción, que imposibilita tener procesos de construcción que respondan a los últimos estándares internacionales de seguridad.

Compañeras diputadas y diputados, en Morena consideramos que la deuda más grande que tenemos con las víctimas del sismo de 2017 es el apoyo para resarcir su patrimonio dañado, sin olvidar también que parte de reconstruir la vida de los afectados pasa por la restauración de su identidad, además de otorgarles justicia, que por desgracia aún no llega a todos los damnificados que hace un año perdieron su hogar, su trabajo, su escuela o a un familiar.

Resulta inaceptable la omisión de algunas autoridades que no han estado a la altura ni han cumplido con los damnificados. En Morena demandamos transparencia en los apoyos y labores de reconstrucción, todos y todo desvío a estos propósitos deben ser duramente castigados.

En el nuevo gobierno de la República existe un claro compromiso de cumplir a los damnificados, lo que hasta ahora ha sido apoyo a cuentagotas se convertirá en una política de Estado que fortalezca la protección civil y la prevención, así como un marco legal que erradique la corrupción...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: ...y castigue a los funcionarios que solo buscan lucrar con el pesar de los ciudadanos.

Para finalizar mi participación cito el siguiente texto de Carlos Monsiváis: “La urgencia de responder a la violencia del sismo crea la unidad momentánea, es vislumbramiento cívico. Sometimos al aprendizaje dual de la ayuda y la impotencia. Brigadistas y espectadores modifican su concepción...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Flor Ivone Morales Miranda: ... y observan sin intermediaciones los juegos de fuerzas e intereses. Si la ciudad es siempre el principal instrumento educativo de sus habitantes, el sismo ordena las nuevas adquisiciones de saberes”.

Sirvan estas palabras para la memoria colectiva, para que esas horas y días de desastre queden en nuestra mente como una lección de vida y de solidaridad humana, que nos ayuden a ser mejores personas y mejores mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Esta Presidencia recibió en la persona de su titular, solicitud de la vicepresidenta Dolores Padierna para una breve intervención. Se obsequia la participación.

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (desde la curul): Estoy pidiendo una moción de orden. Con su permiso.

Es para el diputado Luis Alberto Mendoza, que nos pide respeto y él no lo refrenda y se retira, además, del pleno.

Y también para la bancada del PAN, porque se dedican a sacar selfies mientras están los oradores haciendo uso de la tribuna. Ellos pidieron hace una semana que nos comportemos profesionalmente, que inicien por favor, respetando a los oradores. Gracias, es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputada. Hago un llamado respetuoso al pleno para que las señoras, los señores diputados contribuyan a guardar el orden, el respeto general y su expresión se inscribe en el Diario de los Debates. Sí, diputada. Adelante.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor presidente. Diputadas, diputados, como hace 33 años, este día estamos de luto. Como lo estuvimos también hace un año, cuando una sucesión de desastres naturales nos pusieron nuevamente a prueba.

Al dolor de las pérdidas humanas irreparables y las pérdidas materiales siguió, como en 1985, la organización de la gente y la solidaridad desinteresada, una respuesta colectiva y generosa frente a la tragedia.

La tristeza y el dolor que nos causaron los sismos hace tres décadas y hace un año, no pueden ser separadan nunca de la indignación que nos trae saber que las pérdidas humanas fueron, sobre todo, producto de la corrupción y de la negligencia criminal de empresas inmobiliarias depredadoras y gobiernos dedicados a sus negocios privados y no al bienestar público.

En 1985 y 2017 la sociedad mexicana se sobrepuso a la catástrofe y renació más fuerte, más libre y más solidaria que nunca. El terremoto de 1985 marcó un antes y un después en la Ciudad de México. Un día la capital se despertó y descubrió lo frágil que era. Fueron días de mucha angustia, pero también de satisfacciones y sorpresas positivas.

Quien presenció la solidaridad posiblemente recuperó la fe en los otros. Muchos han llamado a este momento como el despertar de la sociedad civil. Resulta más preciso decir que el sismo fue solo un catalizador del descontento y las formas de organización que ya eran características en la población en la Ciudad de México.

Había llegado el tiempo para la autonomía de la capital y desde entonces, de ser una demanda política de la izquierda, pasó a ser una demanda social de toda la ciudadanía capitalina.

Tras el sismo, las organizaciones crecieron rápidamente y comenzaron a intervenir directamente en política, incluso superando los obstáculos contenidos en los mecanismos establecidos en las leyes de entonces.

Toda esa energía social hallaría un cauce de rechazo al régimen en las urnas que vivimos en 1988 y poco a poco fuimos dando pasos muy firmes en la lucha por la democratización de nuestra ciudad, hasta llegar ahora que fin contamos con nuestra Constitución de la Ciudad de México.

El sismo de 2017 volvió a herir a nuestra sociedad, pero también recordamos que se tiene la enorme capacidad solidaria y organizativa. Aunque, por desgracia, también nos recordó que la corrupción mata.

El sismo de 2017 tuvo unas dimensiones destructivas tal vez menores a las de 1985, pero consecuencias políticas más fuertes e importantes que las de hace 33 años. La sociedad decidió derrumbar en definitiva el muro del autoritarismo y de la ineficacia que colapsó aquella mañana de hace un año. Y lo expresaron en las urnas el pasado primero de julio de 2018.

Diputadas y diputados, el mayor homenaje, el mejor homenaje que podemos hacerle nosotros, como damnificados, es reivindicar las demandas de nuestra sociedad que clama honestidad, clama justicia y lo mejor de los sismos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna: ... ha venido ahora que la sociedad organizada y política ha logrado el mayor de los cambios que podría ocurrirle a nuestro país y nos aprestamos a iniciar la construcción de la cuarta transformación de México. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Honorable asamblea. El siguiente punto del orden del día es el de la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la frase al Movimiento Estudiantil de 1968. Sin embargo, por solicitud de los coordinadores de los grupos parlamentarios, este asunto se desahogará el día de mañana, una vez que esté en pleno funcionamiento el sistema electrónico de votación para su mejor procesamiento ante este pleno.

En consecuencia, pasamos al siguiente punto del orden del día. Son las iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 64 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Su intervención será por cinco minutos.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Señoras y señores diputados. Presento una iniciativa para combatir una de las peores prácticas de la administración pública, el subejercicio de recursos públicos. Les propongo sancionarlo como falta grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esa mala práctica deja sin atender las necesidades sociales, aun teniendo el dinero para hacerlo, y es una burla a la Cámara de Diputados porque no se cumple con el Presupuesto aprobado.

Año tras año se han observado hechos inaceptables, de los cuales cito dos ejemplos. En 2017 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas observó un subejercicio por 16 mil 752 millones de pesos. Así, el gobierno no supo o no pudo gastar un monto equiparable al Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; o, incluso, superó el conjunto de Ramo 48, Cultura.

El subejercicio impactó en programas que debieran beneficiar a la gente. En agricultura se dejaron de ejercer más de 6 mil millones de pesos, en comunicaciones y transportes se registró un subejercicio de más de 4 mil millones, mientras que en salud fue por 2 mil millones y en educación más de mil millones de pesos.

Eso significó menos apoyos al campo, que no se construyeran carreteras y que no se cumplieran las metas en educación o salud, cuando millones de mexicanos necesitan de esos servicios. Eso es intolerable. Un funcionario que incumple deliberadamente las metas presupuestarias es un inepto que no debe de estar en la administración pública.

Pero hay otra cara del subejercicio. La reasignación arbitraria por parte del Ejecutivo. En lo que va del 2018, nuevamente se observa que dependencias con programas sociales tienen subejercicio.

Así, en agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, se están dejando de ejercer más de mil 200 millones de pesos. En comunicaciones y transportes el subejercicio es superior a mil 100 millones y en desarrollo agrario, territorial y urbano es más de mil millones. Pero en contraparte, la Secretaría de Gobernación ha ejercido más de 4 mil millones de pesos adicionales.  Así, el gobierno discrecionalmente quita dinero en unos ramos para fortalecer otros, sin importarle el impacto social.

Para superar esa simulación y combatir la discrecionalidad, presento iniciativa para reformar el artículo 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el subejercicio será sancionado conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades, al revisar las faltas contenidas en esa ley no hay ninguna que describa con precisión el subejercicio.

Por eso propongo que el subejercicio sea claramente sancionado y que además sea considerado como una falta grave. De esta forma si un funcionario cae en el subejercicio, se expone a una sanción administrativa, y al ser una conducta grave, podrá ser sancionada con la suspensión, destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal en el servicio público.

Diputadas y diputados, el subejercicio es casi un crimen y debemos sancionarlo de forma enérgica porque va en contra de la gente.

No es posible que haya subejercicio en salud mientras en la comunidad indígena de San Juan Jaltepec, municipio de Yaxe, Oaxaca, hay 150 personas afectadas por dengue hemorrágico e incluso ya hay tres muertos sin que lleguen medicinas ni apoyo.

No permitamos el subejercicio en educación cuando miles de niños toman clases bajo un árbol o en escuelas sin servicios sanitarios.

Hoy a un año del sismo, el subejercicio es una verdadera ofensa. Cuando hay familias en el istmo de Oaxaca y en otras entidades que viven a la intemperie y ni siquiera aparecen en ningún censo a pesar de haberse aprobado recursos para la reconstrucción.

Estos son nuevos tiempos y debemos cambiar prácticas que nos agravian. Acompañado de medidas de austeridad, el gasto debe ejercerse por este gobierno y por el entrante con apego a los principios de legalidad y eficiencia. Nunca más funcionarios ineptos o insensibles...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Termino, presidente. Si para evitar el subejercicio es necesario sancionarlo de manera grave, hagámoslo y demos un paso más para evitar manejos discrecionales del dinero que finalmente es del pueblo. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado José Martín López Cisneros: Con la venia de la Presidencia. Amigas y amigos diputados, acudo a esta tribuna para presentar proyecto de iniciativa por el que se propone reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incorporar el articulado en la ley, el estímulo fiscal que por decreto se otorgan a los gastos de servicios educativos.

El proyecto de iniciativa que someto a la revisión de este poder, es uno de las mayores prioridades del Partido Acción Nacional en los últimos años, desde la creación del estímulo fiscal en materia de deducibilidad, de enseñanza escolar en el gobierno de Felipe Calderón y desde que se publicó por primera vez en el decreto del 2011.

Ha sido tal el éxito del estímulo en apoyo a las familias mexicanas, que la administración actual consideró viable sostenerlo. Hoy en día forma parte importante de la lista de estímulos que año con año otorga la Federación a diversos sectores, entre ellos el educativo.

Esta posibilidad de deducir el gasto de colegiaturas, permite la disponibilidad de mayores recursos para las familias mexicanas y también la posibilidad de darle ese dinero extra un destino a otros rubros de gastos indispensables para el mejoramiento y bienestar de sus hogares.

No obstante, los beneficios del estímulo y el reclamo sostenido de trasladar la ley a lo largo de las legislaturas anteriores, los proyectos de iniciativas de Acción Nacional que se presentaron no fueron atendidas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, o en su caso fueron analizadas en paquetes de iniciativas que sin duda le restó importancia que se merece al proyecto.

El propósito del proyecto es darle el origen del estímulo fiscal, es abonar a una mayor cobertura educativa en el país, y apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos en los distintos niveles educativos en los que se permite la deducibilidad por servicios de enseñanza.

En Acción Nacional esperamos total apertura de los integrantes de esta nueva legislatura y disposición del gobierno entrante en el tema educativo, ya que esta iniciativa representa una nueva oportunidad para plantear una vez más la necesidad de llevar este beneficio fiscal a más familias mexicanas y realizar los cambios correspondientes que permitan incluir en la ley dicho estímulo.

El proyecto de reforma que presento tiene como objetivo también actualizar los montos de deducibilidad con base en la inflación y mantener los límites de dicha deducción. No obstante, para generar los beneficios que dan origen al estímulo a través de un artículo transitorio, se propone que los montos sean actualizados cada tres años para que los efectos inflacionarios no afecten dichos beneficios fiscales.

Por otro lado, con la iniciativa se busca ampliar los conceptos deducibilidad de enseñanza a nivel licenciatura, y que no se quede únicamente hasta el nivel bachillerato, como existe actualmente, que establece la propia Ley de Estímulos Fiscales.

Esperamos en consecuencia la suma de las partes de esta Cámara y dar solución de una vez por todas a un proyecto fiscal necesario y de alta relevancia para los que contribuyen al ingreso de este país. Todo ello sin detrimento de las finanzas públicas. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49, y adiciona un artículo 50 Bis de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Antes, la iniciativa que ha presentado el diputado José Martín López Cisneros túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Adelante, diputada.

La diputada María Alemán Muñoz Castillo: “Desterrar la corrupción y la impunidad en el país. El nuevo gobierno democrático dará el ejemplo en el combate a la corrupción”. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo.

Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.  Compañeras y compañeros diputados, ser corrupto no debe ser opción. La corrupción ha trasgredido las buenas prácticas en el servicio público. Nos ha colocado ante la percepción ciudadana, como el sector social con mayor grado de corrupción en todo el país.

El informe de Transparencia Internacional 2017 posiciona a México con el mayor índice de corrupción de Latinoamérica, y por consecuencia la sociedad considera que el gobierno no toma las medidas necesarias para combatirla.

La corrupción le cuesta a nuestro país más de 370 mil millones de pesos al año, que equivale al 2 por ciento del producto interno bruto, un grave obstáculo para consolidar la democracia y la legitimidad de nuestras instituciones.

En el Partido Revolucionario Institucional hacemos una autocrítica y estamos comprometidos a atender este reclamo social: reconstruir credibilidad y confianza en nuestras instituciones públicas.

La iniciativa que hoy presentamos propone la creación del Buró Nacional del Funcionario Público, que complementa al sistema nacional anticorrupción y contribuya al adecuado ejercicio de la función pública en todo el país.

Este sistema pone al alcance de la población el historial de desempeño de todas aquellas personas que han sido o son funcionarios públicos, de acuerdo con la información generada por los diferentes subsistemas que conforman la plataforma digital del sistema nacional anticorrupción.

Si un funcionario público fue corrupto, que la ley lo sancione y la sociedad no lo olvide. El objetivo será inhibir el acceso a cargos públicos a quien se detecte con irregularidades conforme a la información de consulta, y será el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción quien determine qué información del universo de indicadores disponibles se pone a ojo público.

La información de consulta tendrá un carácter preventivo. Es decir, será un indicador relacionado con faltas administrativas o hechos de corrupción en términos de ley, y el registro aplica para personas que han sido o son funcionarios públicos de nivel jerárquico superior.

El registro en el Buró Nacional del Servidor Público será permanente, histórico y se actualizará constantemente, lo que abonará a mantener un historial sano y una conducta alejada de la corrupción, e incentive buenas prácticas en el ejercicio del servicio público.

Con el Buró Nacional del Servidor Público estaremos dando una herramienta de consulta a las y a los mexicanos que les permita conocer la hoja de vida de aquellos a quienes se les da el poder para tomar las decisiones de su vida y el manejo de sus recursos públicos.

A largo plazo, deseamos o aspiramos transicionar a que la consulta se convierta en un prerrequisito de contratación, de tal forma que se requiera una expedición de una constancia certificada de la consulta en el Buró Nacional del Servidor Público.

Necesitamos una nueva generación de funcionarios públicos vacunados contra la corrupción y eso solo lo lograremos si le damos más prioridad al prestigio profesional y eliminamos de una buena vez la visión patrimonial del servicio público.

Sabedores de que todos le hemos quedado a deber a los ciudadanos en esta materia, exhortamos a los diputados de las distintas fuerzas políticas de esta legislatura. Pero, en particular, a las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, a que se sumen, apoyen esta iniciativa y refrenden su compromiso y apoyo en contra de la corrupción, honrando las palabras del propio presidente electo: vocación y convicción por sobre la corrupción, compañeros. Es cuanto, gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Joel Villegas González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Héctor Joel Villegas González: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Héctor Joel Villegas González: Honorable asamblea, cuando hablamos de financiamiento público nos referimos a los recursos económicos, bienes y servicios que se les entregan a los diferentes institutos políticos, mejor conocidos como partidos políticos, para que cumplan con sus diferentes funciones.

Por dar una cifra, para el Ejercicio Fiscal de 2017 se presupuestaron 4 mil 59 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos. No obstante, esta cantidad varía, pues se obtiene de la multiplicación del 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización por el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral, de este total el 30 por ciento se reparte de forma igualitaria entre las fuerzas políticas existentes y el 70 por ciento restante de forma proporcional de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las elecciones anteriores inmediatas y se divide en dos, el financiamiento directo y el indirecto.

El financiamiento directo se refiere a los recursos que el Estado otorga a los partidos para cubrir sus actividades ordinarias, gastos de campaña y otras actividades específicas. En tanto, el financiamiento indirecto son la exención de pago de impuesto, el tiempo en radio y televisión, entre otros.

Las razones que durante muchos años se han dado para hablar en pro del financiamiento público se fundamentan principalmente en la idea de que de esta forma se asegura la transparencia en el origen de los recursos, la plena independencia de los partidos políticos, así como la equidad en la contienda electoral, desincentivando así la búsqueda de fuentes de financiamiento ilícitas o que favorezcan a particulares.

Desgraciadamente, en el caso particular de nuestro país, los mexicanos nunca hemos percibido ninguno de estos supuestos beneficios y, contrariamente, nos enfrentamos a la opacidad, el tráfico de intereses, la inequidad y el financiamiento ilícito.

Además, este gasto significa para los mexicanos un mal uso de sus impuestos, pues es excesivo y se traduce en una mala inversión de un dinero que podría ser mejor utilizado en otros temas, tales como seguridad, salud, educación, etcétera.

La democracia no debe costarle al pueblo, sino que debe ser el instrumento que permita al ciudadano exigir y elegir a sus representantes, de tal forma que los únicos beneficiados sean ellos mismos.

En este tenor, el día de hoy presento ante esta soberanía, a nombre propio y del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la presente iniciativa que reforma la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, valiéndose exclusivamente del financiamiento privado.

Fomentar el autofinanciamiento de los partidos políticos, regular puntualmente el financiamiento privado que reciban los partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral. Contribuir a bajar significativamente el desproporcionado costo de operación de nuestro sistema electoral.

Generar ahorros por más de 4 mil millones de pesos. Legitimar la actividad de los partidos políticos y de la clase política, entre otros.

Este modelo de financiamiento es viable, y tan es así que, de acuerdo al Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, 57 de 180 países analizados, tales como Suiza, Italia, Bolivia e India, no cuentan con disposiciones jurídicas para otorgar financiamiento directo a partidos políticos, demostrando con esto que el funcionamiento de los partidos es posible aun sin el financiamiento público.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a adherirse a esta iniciativa. Demos cumplimiento a las solicitudes de los mexicanos a quienes nos debemos. Es momento verdaderamente de atender las exigencias que en otras legislaturas fueron eternamente ignoradas por la mayoría que el PRI representaba, quien solo veló por su propio beneficio. Es momento de cumplirle a México. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT.

Bien. La que tiene enlistada aquí la Secretaría... Me pregunta el diputado cuál es la iniciativa que va a presentar. Le estoy mencionando que acabo de dar lectura a la que está listada por la Secretaría, que se refiere a decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Permítame, permítame. Solo permítame precisarla para anunciarla al pleno. Permítame, por favor. Un momento. Un momento, diputado. Voy a obsequiar la petición intempestiva e inminente que ha hecho el diputado en razón de ajustes que no se hicieron en su momento por los grupos de apoyo técnico.

Entonces, tiene la palabra el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de la Policía Federal, para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Le agradezco mucho, diputado presidente, que me haya obsequiado con esta solicitud.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros diputados. El próximo primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador recibirá a un país bañado en la sangre de más de 105 mil personas ejecutadas en estos últimos seis años. Un país señalado una y otra vez por organismos internacionales, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Un país con más de 6 mil secuestros, más de 32 mil extorsiones, más de 23 mil personas extraviadas o desaparecidas. Y es que el problema de la criminalidad no es un problema de buenos y malos, de policías y ladrones. Es un fenómeno con raíces sociales que deben ser atendidas si realmente aspiramos a disminuirlo.

A mí me parece que de nada servirá, como de nada ha servido hasta ahora, abarrotar las prisiones y aumentar el catálogo de delitos graves si no evitamos que más y más jóvenes se decanten por el delito como su forma de vida, porque no les brindamos otras opciones, más oportunidades y más perspectivas.

Ha habido esfuerzos, yo debo reconocer que los gobiernos del PRI y del PAN en su momento se dieron cuenta de que la seguridad era uno de los temas más importantes para las y los mexicanos. Pero también hay que decir que se equivocaron en la perspectiva con que lo atendieron, porque enfocaron sus esfuerzos en una estrategia exclusivamente punitiva, que dejó de lado otros rubros que tendrían que haber sido contemplados como parte de una estrategia integral.

Como todas y todos sabemos, compañeras y compañeros diputados, el licenciado Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que propondrá la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en el Partido del Trabajo respaldaremos, sin duda, los esfuerzos del próximo gobierno por recuperar la seguridad de las y de los mexicanos.

Pero también queremos ser claros. No queremos otra Secretaría de Seguridad Pública como la de Genaro García Luna, que abierta y descaradamente violentaba los derechos humanos, que obtenía confesiones sin presencia de defensor ni del Ministerio Público, que videogrababa dichas confesiones para difundirlas a los medios de comunicación violentando así la presunción de inocencia, y además que montaba operativos falsos para difundirlos en la televisión. Costumbre –debo subrayarlo– que, por cierto, la Policía Federal hoy en día no ha perdido, según vimos recientemente en el caso de la niña Mía Fernanda en San Luis Potosí.

Compañeras, nosotros pensamos que la Secretaría de Seguridad que habrá de crearse, debe tener un nuevo enfoque. El de seguridad ciudadana y el de respeto a los derechos humanos, porque la seguridad pública en la conceptualización tradicional que hemos seguido hasta ahora, ubica que el Estado, a ese Estado –y a sus instituciones– como el centro alrededor de cuya seguridad gira la seguridad y el bienestar de los gobernados.

En cambio –y esa es nuestra propuesta–, bajo el concepto de seguridad ciudadana, el centro de atención como sujeto primordial de la seguridad es la persona en su integridad, pero también en sus derechos, en sus bienes y en su entorno. Ese es el enfoque que en nuestra opinión deberán tener las tareas de seguridad en la próxima administración.

Por eso, la presente iniciativa propone la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se trata solamente de un cambio de nombre. Proponemos atribuciones encaminadas a la seguridad y tranquilidad de las personas, al respeto de los derechos humanos, a la prevención del delito y a la atención de las víctimas. Es muy importante, compañeras y compañeros, separar de una vez por todas a la seguridad nacional de todas estas tareas.

Con esta iniciativa –concluyo, diputado presidente– el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, las y los legisladores del PT que así lo hemos firmado, reiteramos nuestra disposición de aportar a la pacificación del país que emprenderá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Comunicación Social, y expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macías: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano me permito presentar la iniciativa por la que se expide una nueva Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.

El 13 de noviembre del 2007 se publicó la reforma constitucional que adiciona el párrafo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir el uso discrecional de los recursos públicos destinados para propaganda y promoción personalizada de cualquier servidor público, estableciendo que los gastos de comunicación social gubernamentales sean exclusivamente destinados para fines institucionales, informativos, educativos y de orientación.

Siete años después en el 2014, ante la omisión del Legislativo, de expedir la ley de reglamento del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, la organización civil denominada Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, promovió un amparo colectivo para demandar que el Poder Legislativo cumpliera con la obligación de emitir la ley reglamentaria, por la que la Suprema Corte de Justicia consideró el amparo y la resolución señaló así:

Que la publicidad oficial se asignara de manera discrecional, poco transparente, sin pautas ni criterios objetivos, pudiendo llegar a constituir un mecanismo de censura indirecta para que la expedición de la Ley General de Comunicación Social debió suponer un grave avance para la rendición de cuentas, así como la libertad de expresión en nuestro país.

No obstante la aprobación en abril del 2018 por la entonces mayoría parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, resultó una involución en materia, pues además de no cumplir con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta no sólo desaparece las malas prácticas de la asignación de la publicidad oficial que se tenía antes de la creación, sino que también la legaliza.

El gasto que se ha tenido a lo largo de los últimos años en publicidad gubernamental, se ha caracterizado por el derroche y la opacidad, llegando a costar al erario público más de 37 mil millones de pesos en tan solo, del 2013 al 2016.

Compañeras y compañeros, este no es un asunto menor. La actual administración federal ha sobrepasado por mucho lo aprobado en la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, particularmente en el rubro de publicidad, pues en el período comprendido del 2013 al 2016, se tuvo un sobre ejercicio de 15 mil millones de pesos a 36 mil 261 millones, lo que equivale un incremento del 71.86 por ciento más de lo presupuestado.

¿Qué incongruencia es esta? Paralelamente los recursos asignados a salud y educación sufrieron recortes en el mismo período. Los efectos negativos procedentes del mal manejo de los recursos públicos no solo han sido incididos en la eficiencia y eficacia de lo que son erogados dichos recursos, sino que también han atentado contra el libre ejercicio de la prensa independiente, y por ende el derecho a la información imparcial y crítica de la sociedad, elementos que deben caracterizar un verdadero régimen democrático.

En este sentido vemos como la Ley General de Publicidad Gubernamental continúa siendo omisa en estos aspectos, pues no hace eco a la voz de las organizaciones civiles las cuales han manifestado que dicha ley continúa perpetuando que los recursos públicos se sigan ejerciendo de una manera discrecional, además de no considerar un organismo autónomo que revise, supervise, fiscalice y vigilen la auditoría de los recursos destinados a comunicación social, dejado estas funciones a manera de la discreción de la Secretaría de Gobernación, misma que decidirá a quién...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Sí, diputado presidente. A quién otorgar la publicidad. La propuesta nuestra es crear un nuevo instituto nacional de comunicación de publicidad gubernamental integrada por un comisionado representante del Comité de Participación Ciudadana, fijar máximos gastos de publicidad de un 0.15 por ciento del presupuesto asignado.

En Movimiento Ciudadano somos conscientes de las necesidades de la ley que realmente represente a la ciudadanía y que no sirva a los gobiernos, sino que sirva a los ciudadanos. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): Señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): Hacer una moción con relación a la actividad preponderante que tenemos 1:14 más o menos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Está considerada, diputado.

El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): Yo solo quisiera solicitarle que el responsable de Protección Civil se diera unos minutos para hacer una serie de explicaciones. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Todo está considerado, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha buscado mejorar las condiciones de los trabajadores, luchando por hacer realidad el desarrollo pleno de sus derechos.

Desde hace tiempo hemos insistido en que es necesario implementar una nueva política salarial, donde realmente se establezcan estructuras de igualdad y equidad en el país. Hemos dicho en esta tribuna que debemos alcanzar un gran acuerdo nacional político, económico y social, para la recuperación de los salarios, en especial de los trabajadores menos favorecidos. Nuestro partido tiene un compromiso histórico con la implementación de un salario digno y suficiente para todos los trabajadores de nuestro país.

La Constitución establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.

Sin embargo, el salario mínimo no cumple con esas características, pues ha perdido su valor adquisitivo en los últimos años, los trabajadores han dejado de recibir tres cuartas partes del salario al que tenían derecho hace 30 años.

El Coneval señala que serían necesarios 2 mil 896 pesos por persona para estar sobre la línea de bienestar. Estudios de la UNAM indican que hace 30 años se trabajaba cinco horas para poder adquirir la canasta básica, hoy se trabajan 24 horas y no alcanza.

La fijación del salario mínimo ha sido arbitraria, pues no lo respaldan estudios sobre las necesidades de la clase trabajadora para acceder a un salario suficiente. La práctica hasta ahora vigente ha sido atar el aumento salarial con la inflación pronosticada por el gobierno.

Nuestra Constitución señala que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos será la encargada de determinar la suficiencia de los salarios mínimos junto con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Pero esta Comisión no ha dado los resultados que se esperaban, pues ha funcionado más como un instrumento de política económica, que como una institución laboral.

Es por ello que esta comisión no tiene razón de ser, es un órgano caduco que solo consume recursos y que no ha logrado consolidar un verdadero salario que represente el esfuerzo de los trabajadores, por lo que proponemos su desaparición.

No solo lo decimos nosotros, diversas instituciones han cuestionado severamente el trabajo de la Conasami.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD presenta iniciativa para sustituir a la Conasami por el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, organismo autónomo dotado de autonomía técnica, dedicado de una forma profesional a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, factores como pueden ser la inflación, el precio de la canasta básica, la productividad, el crecimiento económico, la generación del empleo, las líneas de pobreza determinadas por el Coneval y cualquier otro factor que incida en el costo de la vida que deba enfrentar el trabajador.

En el PRD sabemos que para cambiar las cosas es necesaria una política que distribuya los beneficios del crecimiento económico y de la productividad y así contribuya a la competitividad.

Consideramos que es urgente la recuperación salarial como un objetivo central de la política económica y no como un resultado indirecto y postergado. La recuperación salarial es la base del bienestar social. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Honorable asamblea, deseo llamar su atención para hacer una mención previa a los eventos programados con motivo del aniversario de los sismos, que consisten en el minuto de silencio que ocurrirá a las 13:14 y en el simulacro que ocurrirá a las 13:16.

En respuesta a la inquietud de distintas legisladoras y legisladores, deseo informarles que las diputadas y diputados de manera permanente tienen en sus curules folletos con información diversa en materia de protección civil, les rogamos revisarlos frecuentemente.

También informarles que el personal de Protección Civil, identificado con una playera roja, ya está desplegado en el salón para poder apoyarnos en lo conducente cuando llegue ese momento.

Me aclara la Secretaría que este personal de apoyo siempre está atento y disponible, pero hoy de manera especial, para apoyarnos durante el simulacro.

Quiero entonces, llamar su atención para que estemos atentos, ahora es la una de la tarde, ya en breve tendremos estos eventos y se procederá en el momento que marque la hora prevista.

Continuamos con la agenda.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para cerrar esta ronda de iniciativas, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción I del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, y deroga la fracción I del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, la necesidad de seguridad del hombre ha sido el principal impulso del progreso de la humanidad. Es por esto que el hombre se ve en la necesidad de crear núcleos en los cuales pueda desenvolverse e identificarse.

El núcleo más básico es la familia, y es a partir de esta que surgen organizaciones sociales mucho más amplias que velan por la solidaridad y la protección mutua.

Para la Organización Internacional del Trabajo, el derecho humano a la seguridad social comprende la protección de una sociedad que proporciona a los individuos y a los hogares la seguridad al acceso a la asistencia médica y garantiza la seguridad el ingreso. En particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general 19, plasma que el derecho a la seguridad social ha sido reafirmado categóricamente en derecho internacional, el cual incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, en los mismos términos que lo manifiesta la OIT.

En este sentido, en 2001 la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta de representantes de los estados, empleadores y trabajadores, afirmó que la seguridad social es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social.

El acceso a la seguridad social es una manera de garantizar el acceso a otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la subsistencia. Y tal como debe revisarse a la postre de los principios que la rigen.

Para el Partido Verde, asegurarnos de que las normas mexicanas sean respetuosas en todo momento de los derechos fundamentales, es una prioridad en nuestra agenda.

Al respecto, en este tema tan delicado e importante para las familias, como lo es la seguridad social, consideramos necesario derogar de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el requisito que establece estar al menos seis meses casado para tener derecho a la prestación por viudez.

Consideramos que esta limitante no tiene razón de ser, ya que establecen un trato distinto a los beneficiarios de la pensión al brindar seguridad social condicionada a requisitos desiguales arbitrarios y subjetivos, pues el plazo de seis meses que instaura no es ni siquiera legalmente justificado, porque se soslaya que la muerte constituye un hecho fortuito.

Asimismo, se contraviene lo establecido en el artículo 1o. constitucional, debido a que dichas condiciones violan los derechos humanos de igualdad, equidad y seguridad social al restringir de manera indebida los derechos de las personas miembros de las familias y beneficiarios.

Por esta razón y en afán de eliminar las barreras que impiden la tutela efectiva de los derechos humanos de todos los mexicanos, así como facilitar el acceso a los mismos, es que la bancada del Partido Verde presentamos el día de hoy iniciativa con proyecto de decreto que propone precisamente la derogación de las fracciones que pretenden cuantificar con una medida de tiempo cuestiones imposibles, como serían la necesidad familiar o incluso el afecto de las personas.

Desde nuestra bancada buscaremos la aprobación de esta iniciativa, que no debemos permitir que se establezca indebidamente y que entorpezca los derechos fundamentales. Y así refrendamos una vez más nuestro compromiso por las causas sociales en beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Iniciamos la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carmen Medel Palma, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Carmen Medel Palma: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia y atención materna infantil. Solicito que su contenido completo se agregue a la Gaceta Parlamentaria.

María tenía apenas cinco años cuando enfermó y fue llevada por sus padres al médico, el diagnóstico fue contundente, sarampión y desnutrición crónica. María murió porque ella y sus padres vivían en condiciones de extrema pobreza, lo cual les impidió acudir oportunamente a los servicios de salud y recibir la atención adecuada.

Es enorme el rezago económico y social que viven millones de mexicanos y mexicanas, los pone en riesgo de sufrir mal nutrición y sus consecuencias, pero este no es solo u problema de salud pública, sino que trastoca las arcas nacionales, puesto que atender la consecuencia de la mal nutrición obliga a una mayor aplicación de recursos por parte del Estado. Esto se ha traducido en serias afectaciones al desarrollo económico del país, lo cual perpetúa el ciclo de pobreza, insalubridad en el que viven más de la mitad de la población.

Cabe destacar que a pesar de los enormes avances que algunos políticos han presumido, la desnutrición y la obesidad infantil son un problema grave, cuya solución resulta urgente.  Sabemos bien que la desnutrición afecta en mayor medida a la zona sur del país y la obesidad en la zona norte. Ambas son consecuencia de la mal nutrición a la que están expuestas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Esto nos pone de manifiesto la necesidad de aumentar los esfuerzos en promover una dieta saludable y equilibrada en todos los grupos de edad, con especial hincapié en niños, niñas y adolescentes.

Así, pues, nos debe quedar claro que las cifras de desnutrición son alarmantes y para muestra un botón. En el grupo de edad de 5 a 14 años la desnutrición crónica es de 7.25 por ciento en las poblaciones urbanas, y la cifra se duplica en las rurales.

El riesgo de que un niño o niña indígena fallezca a causa de diarrea, desnutrición o anemia, es seis veces mayor que entre la población no indígena. Es decir, uno de cada tres niñas y niños en zonas rurales padece desnutrición.

Diversas intervenciones como los programas de vacunación universal, la administración masiva de vitamina A, los programas de desparasitación y la mayor disponibilidad de alimentos, gracias a los programas de desarrollo social, no han logrado siquiera contener el problema.

Subrayo. Es necesario un mayor esfuerzo para reducir las disparidades regionales y de origen étnico.  Nuestro objetivo debe ser niños y niñas sanas en la ciudad y también en el campo.

Por otra parte, la obesidad infantil sigue significando uno de los grandes problemas a solucionar, puesto que ha ido creciendo en forma alarmante en los últimos años. Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad de adultos, precedidos sólo por los Estados Unidos.

Pero ahí no acaba el asunto, ya que también la población de edad preescolar padece de obesidad. No obstante, lo antes mencionado, las causas de este problema se remiten incluso a la etapa de lactancia materna que es de vital importancia para los infantes porque es el mejor alimento para aportarle al bebé todo lo necesario para su pleno desarrollo y la afronta de enfermedades.

Ofrece protección inmunológica y por lo tanto previene la diarrea e infecciones respiratorias, además de que actúa contra la deshidratación y desnutrición.

Como profesional de la medicina puedo afirmar que en los primeros años de vida en un infante son claves para su crecimiento y desarrollo. Una niña que reciba la alimentación adecuada en esos primeros años de vida, muy probablemente crecerá sana, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, proveyéndole así de más y mejores herramientas para una vida cotidiana y, sin duda, para su vida adulta.

Por lo anteriormente expuesto propongo a esta soberanía fortalecer las políticas de atención materno-infantil contenidas en la Ley General de Salud para que los servicios de salubridad se sumen a su labor de combatir la desnutrición crónica y la anemia que hoy padecen millones de niños y niñas mexicanas en sus primeros años de vida, mediante el otorgamiento gratuito de alimentos y suplementos alimenticios a las madres y niños con desnutrición o anemia.

Se plantea que los servicios de salud generen programas de orientación nutricional...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Le ruego suspenda su discurso. Perdón, señora diputada, porque en este momento –perdóneme– es el minuto de silencio, en este momento, por favor. Suspenda su discurso.

(Minuto de silencio)

Está por iniciar el simulacro que recuerda que debemos de estar preparados para estas emergencias. Les ruego que participemos en él con gran sentido de responsabilidad y en el mejor ánimo de honrar a todas y todos aquellos hombres y mujeres que han brindado su apoyo a las mexicanas y mexicanos afectados por los desastres naturales. Les ruego sigan el protocolo para abandonar el recinto. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (13:16 horas): Va a sonar la alarma y nos vamos en ese momento.

(Simulacro)

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (13:40 horas): Un reconocimiento a todas y todos ustedes por su participación respetuosa y ordenada en el ejercicio que acabamos de realizar. Respecto a la exposición de la última oradora, Carmen Medel Palma, túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados.

La sociedad en la que vivimos ha asignado roles sociales a mujeres y hombres, de acurdo a nuestro género. Tradicionalmente se ha pensado que la esfera pública corresponde exclusivamente a los hombres, mientras que la privada, es decir el cuidado del hogar, de los hijos y de las hijas, es de las mujeres.

Esos roles y estereotipos de género han sido y continúan siendo un obstáculo en el desarrollo profesional de las mujeres, ya que son reproducidos una y otra vez en el hogar, en las escuelas, en los medios de comunicación e inclusive hasta en el diseño y aplicación del propio marco normativo.

Contextualizo. Hace un par de semanas el esposo de una amiga oaxaqueña fue víctima de discriminación. Le fue negado el servicio de guardería en el IMSS para su pequeño hijo, esto a pesar de ser derechohabiente de la institución. La razón, por el simple hecho de que nuestra legislación solo da esta prestación a mujeres trabajadoras o bien a padres viudos, divorciados o con la custodia judicial de los hijos e hijas. Este tan solo es un ejemplo de muchos casos similares que viven mexicanos y mexicanas trabajadoras en México.

Esta quizá no es una propuesta de corte populista que genere simpatías electorales, pero con voluntad política seguramente será una reforma que impacte, no solamente en la eliminación de los roles y estereotipos de género, sino fundamentalmente en la vida económica del país. Esto al fomentar la participación activa e igualitaria de padres y madres en la vida laboral.

El artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, mientras que el artículo 1o. establece que nadie puede ser discriminado por ninguna causa, entre ellas el género. Sin embargo, la realidad aún dista mucho de lo consagrado en nuestra Máxima Ley, casos como el que he mencionado han terminado en amparos, que finalmente les han dado la razón.

En el 2016, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo contra los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, por considerarlos discriminatorios y contraponerse al artículo 1o. de nuestra Constitución.

A pesar de los avances en materia de género, la brecha de desigualdad aún no logra acotarse. Así, por ejemplo, en el plano laboral, menos de la mitad de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo.

Estamos hablando de un 47 por ciento frente a la tasa promedio de los mexicanos, que es del 82 por ciento. Casi dos terceras partes de las mexicanas que trabajan lo hacen en trabajos informales, con salarios muy bajos y en muchas de las ocasiones sin protección social alguna. Esto es por la imposibilidad de tener quién apoye en el cuidado de los hijos.

Repito, los estereotipos limitan enormemente las opciones laborales de las mujeres en nuestro país, pues se sigue pensando que la economía del cuidado es tarea exclusiva de un solo género.

Compañeras y compañeros, debemos estar conscientes del alto costo que tiene la desigualdad de género. Está probado que la participación de las mujeres es fundamental para el crecimiento económico. El informe sobre el desarrollo mundial 2011 del Banco Mundial, sugiere que la productividad podría aumentar hasta en un 25 por ciento, si las barreras discriminatorias contra las mujeres desaparecieran.

Por ello, la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía se trata de reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para contemplar a los varones como sujetos de este servicio.

Con los antecedentes en la Corte estamos moralmente obligados a legislar en la materia, no es posible que los mexicanos y mexicanas tengamos que estar recurrentemente judicializando nuestros derechos.

Demos certeza jurídica a las familias mexicanas, garanticemos el ejercicio pleno de los derechos de nuestros niños y niñas, seamos constructores de una sociedad justa e igualitaria.

El cuidado de los hijos e hijas es responsabilidad compartida, el derecho al trabajo en la esfera pública es un derecho de hombres y mujeres, rompamos de una vez por todas estereotipos de género que aún existen en nuestra legislación. Es hora de pasar de los discursos a los hechos. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Me ha pedido la palabra la diputada Martha Tagle. No, quiere adherirse.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Así es.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Adherentes.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Sí, presidente, es para pedirle...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Una cosa es adherirse y otra cosa hablar, querida diputada. Se quiere adherir en voz alta.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Es para solicitarle, por esta vía, a la que presentó esta iniciativa, que nos permita adherirnos, porque nos parece fundamental.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, sí, claro que está abierta la decisión, no es voluntad del proponente, básico. Esperamos unos minutos para que se formen las y los adherentes.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Espero que sea para elevarlo.

El diputado Isaías González Cuevas: Con el permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con toda atención pido su apoyo para esta iniciativa que me permito presentar en beneficio de las y los trabajadores de México.

Vengo a proponer concretamente que se elimine la fracción XXX del artículo 28 del impuesto sobre la renta, a efecto de lograr la deducibilidad al 100 por ciento de los gastos de previsión social que las empresas realizan para beneficio de las y los trabajadores.

El artículo 28 a la letra dice: Para efectos de este título no serán deducibles los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de .053 al monto de dichos pagos.

El factor al que se refiere este párrafo será del .047 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores.

Pero también tenemos el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de la previsión social. Y en la previsión social se consideran las erogaciones efectuadas que tengan el objeto de satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como del otorgar beneficios de los trabajadores o de los socios miembros de las cooperativas tendientes a la superación física, social, económica o cultural que le permita el mejoramiento de su calidad de vida de él y la de su familia.

La deducibilidad de este tipo de gastos, llamada previsión social, que ganan los trabajadores como parte de su remuneración total que estaba considerada antes de la reforma fiscal, era sin duda una forma muy eficaz con que las empresas podían apoyar a los salarios de los trabajadores. De esa fecha para acá, los trabajadores han visto disminuidas las prestaciones contractuales que se habían logrado a través de los años.

Si a lo anterior le añadimos el efecto que ha tenido la inflación en los últimos años sobre los salarios, vemos que esta afectación se multiplica y los trabajadores y sus familias reducen su calidad de vida.

Esta limitación a la previsión social afecta, principalmente, a los trabajadores que laboran en las micro y pequeñas empresas, mismas que no tienen capacidad para otorgar prestaciones sociales a sus trabajadores.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es recuperar prestaciones sociales que se logran en la revisión de los contratos colectivos de trabajo, con la finalidad de que estas sean deducibles al 100 por ciento.

Me refiero a los vales de despensa, al apoyo al transporte, becas escolares, guarderías, fomento al deporte, gastos funerarios, certificación laboral, entre otros, beneficiando directamente a miles de trabajadoras y trabajadores del país que contaban con estos beneficios antes de la modificación de 2014.

Con esta medida también estaremos favoreciendo la economía nacional, que se traduce en una mayor recaudación fiscal que servirá para apoyar el gasto social y generando así un círculo virtuoso. Dado que, como dicen los economistas, si la masa salarial crece, seguramente la economía interna también crece y el erario también se fortalece con esta aportación que hacen las empresas a los trabajadores.

A nombre de los trabajadores de México y de mi grupo parlamentario, les pido el apoyo para la eliminación de la fracción XXX del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, con lo que podrían volverá reducir los gastos de previsión social, así estaríamos impulsando en forma real a mejorar los salarios de nuestras compañeras y compañeros trabajadores.

El fin es acercarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional, que dice que el salario debe ser suficiente para satisfacer las mínimas necesidades del trabajador y de su familia.

Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, pido el apoyo. Apoyo que les reconocerán las familias de millones y millones de trabajadores, trabajadores mexicanos que siempre han sido leales a nuestro querido país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

El diputado Ernesto Vargas Contreras: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros, ¿cuántas leyes que emitamos, con cuántas leyes que emitamos vamos a lograr cambiar el futuro de un niño, de una niña que haya sido abusado o abusada, golpeado, golpeada, maltratada y dejado en la calle? ¿Con cuántas diputadas y con cuántos diputados podríamos cambiar el futuro de una niña que se ha convertido en mamá a los 12 años o a los 13 años de edad?

A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta, la máxima tribuna, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Bis y se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con el objeto de que se incluya a la familia como un ámbito de la prevención social, de la violencia y la delincuencia.

Aunque todos nosotros, el día de hoy o en esta legislatura hiciéramos las mejores leyes, el daño ya está hecho. Y para resolver el problema se va a requerir mucho más que los recursos de un país, especialmente porque no hablamos de una niña, de un niño, sino de millones de niños y niñas mexicanos y mexicanas que lamentablemente ya están en esta condición.

Podemos sancionar a los malhechores que le hagan daño a nuestra infancia mexicana, pero cómo resolver el problema cuando ya se hizo el daño. Es fundamental para el futuro de México que evitemos los problemas, en vez de resolverlos en un futuro cercano donde sea imposible ya enfrentar un monstruo que lamentablemente ya existe y que está destruyendo en esta actualidad, en este momento, a miles de jóvenes, a miles de niñas y niños en nuestro país.

El enfoque de prevención es absolutamente necesario en un país como México en el que la atención se ha centrado en el combate frontal a la delincuencia, lo que ha generado en elevadísimos costos sociales y con solo caminar las calles es más que evidente para todos nosotros que el problema sigue creciendo, no solamente en tamaño, sino también en nuevas formas de maldad.

Debemos prevenir la violencia, esto lo hemos dicho muchas veces en Encuentro Social y y estoy seguro que esta es una postura compartida por todos los presentes, especialmente porque la violencia no solamente surge en las calles, la mayoría de las ocasiones hay delincuencia y violencia en el seno de las familias.

Lamentablemente en el centro de muchos hogares mexicanos, donde se debería aprender una manera civilizada de vivir es en donde se aprende con el ejemplo a ser violentos y es en donde se aprende con el ejemplo, incluso a delinquir.

Es una realidad que la gran mayoría de los delincuentes en el mundo, muchas veces provienen de familias disfuncionales y familias sin valores donde no se conoce la responsabilidad, donde no se conoce la solidaridad, donde no se conoce el respeto, el amor a la patria, en donde tampoco existen límites.

En los procesos penales contra menores, sobre todo cuando el hecho es bastante grave, el acusado muchas veces proviene de una familia que tiene muchos conflictos y de una familia que está completamente desintegrada.

En una familia en la que falta comunicación, en la que falta afecto, donde no hay convivencia sana y tampoco se asumen responsabilidades, es en donde seguramente se va a perder el sentido de pertenencia y se va a perder el sentido humano, el sentido de la dignidad humana y del valor que este tiene.

En este sentido, la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia del año 2014, compañeros, estima que en el 36 por ciento de los hogares con jóvenes de 12 a 26 años se presenta la ausencia de al menos una figura parental. Asimismo, podemos observar que en la mitad de los hogares se identifican situaciones de conflicto, situaciones de peleas muy, muy graves entre miembros de este mismo hogar.

Hay padres y madres de familia desprovistos de herramientas y habilidades para poder guiar correctamente a sus hijos. No tienen comunicación y tampoco tienen una verdadera vida familiar.

Entonces debemos tomar en cuenta que donde hay violencia no existirán las condiciones para educar correctamente a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a aprender con el ejemplo, y si provienen de un hogar violento, cuando crezcan va a formar un hogar violento.

Esto afecta a mi familia, esto afecta a tu familia, afecta a todas las familias mexicanas. No es un tema lejano a nosotros, compañeros. Insisto. Nuestros hijos van a repetir lo que vean en nuestros hogares, en nuestras casas.

Por esta razón, para Encuentro Social y para todo el país es fundamental poner toda nuestra atención en la familia para que nuestras familias aporten ciudadanos de bien, hombres y mujeres exitosos, trabajadores y con sueños. De lo contrario, el futuro para este país será terrible.

Compañeros y compañeras diputados, nosotros el día de hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica de influir de manera positiva en el presente de nuestro país, pero también tenemos la responsabilidad de cambiar el futuro de esta nación. Esa es la oportunidad que tenemos delante de nosotros.

Debemos trabajar para que haya leyes que prevengan los delitos, en vez de resolver los problemas causados por la violencia que, si este fuera el panorama, les heredaríamos a las siguientes generaciones.

Es indispensable fomentar la cohesión y el bienestar de la familia no sólo como un medio de prevención de la violencia y delincuencia, sino como un motor...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se ha agotado su tiempo, señor diputado.

El diputado Ernesto Vargas Contreras: ...para desarrollo social y como productora de futuros integrantes de la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud, y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por favor.

El diputado José Luis Montalvo Luna: Deseo en particular compartir una reflexión, el síndrome de aniversario memorizado. Hemos creado como país un campo morfogenético de lealtad al dolor, a la pérdida y a la muerte. Cada vez que conmemoramos una fecha como esta, con sentimientos de miedo y tristeza, hacemos que el campo crezca y se haga más fuerte.

Veamos, pues, la fuerza, la solidaridad y la ayuda que hoy el pueblo mexicano manifiesta. Cambiemos la energía de tristeza en éxito y trasmutemos el miedo en fortaleza.

Con el permiso de la Presidencia. Compañera y compañeros legisladores, pueblo de México que sigue nuestro trabajo a través del Canal del Congreso, el día de hoy hago uso de la máxima tribuna del país para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud, a fin de establecer un sistema de semáforo nutrimental en las etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas.

Asimismo se modifica el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para utilizar parte de los tiempos oficiales del Estado en la promoción de campañas informativas permanentes sobre el funcionamiento y alcance de dicho sistema de etiquetado.

Señoras y señores legisladores, estamos ante una problemática que no permite ni la indiferencia ni la falta de acciones, me refiero al sobrepeso y la obesidad que sufren millones de personas en México y en el mundo.

Para comprender la magnitud del reto que enfrentamos, basta mencionar que cada año este padecimiento cobra la vida de alrededor de 2.8 millones de personas, siendo el quinto factor de riesgo de defunción a nivel mundial.

La incidencia de sobrepeso y obesidad representa una de las principales causas de enfermedades crónicas no trasmisibles, tales como la diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Aunado a lo anterior dichos padecimientos también pueden afectar la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico de la nación. El panorama expresado se agrava aún más si tenemos en cuenta que México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor incidencia de sobrepeso, solo por debajo de los Estados Unidos.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud 2016, señalan que en nuestro país la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años, es de más del 33 por ciento, en adolescentes de entre 12 y 19 años, es de poco más del 36 por ciento, y en adultos de 20 años y más, es de casi el 73 por ciento.

Los datos son contundentes y muestran la gravedad de la problemática. Por ello, una prioridad de esta legislatura debe ser la de promover las acciones institucionales que coadyuven a prevenir y combatir la incidencia del sobrepeso y la obesidad. En ello radica la importancia y trascendencia de la presente iniciativa.

En virtud de que busca sustituir el sistema de etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas por un sistema de semáforo nutrimental, debido a que diversos estudios señalan que este último es más fácil de comprender por todos los sectores de la población.

Si bien es cierto que el etiquetado frontal obligatorio representa una importante política para promover hábitos alimenticios saludables, también lo es que el actual sistema de guías diarias de alimentación es difícil de comprender, incluso para personas con un alto nivel educativo.

La iniciativa establece que los envases y empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas deberán contener un sistema gráfico con barras de colores colocadas de manera horizontal, estos colores serán: rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes.

La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y tendrá la frase, Alto en. La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio contenido, y tendrán la frase Medio en. La barra de color verde está asignada para los componentes de Bajo contenido, y tendrán la frase Bajo en. Con ello cualquier persona, sin importar su edad a nivel educativo, podrá comprender cuándo un alimento procesado no sea saludable.

La propuesta también busca contribuir a que los consumidores elijan alimentos y bebidas industrializados más saludables y tomen cada vez más en cuenta la información del etiquetado nutrimental. Por ello proponemos el uso de tiempos oficiales del Estado para que se difunda la información acerca del funcionamiento del sistema de etiquetado frontal y la promoción de hábitos alimenticios saludables.

Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa busca promover hábitos alimenticios más saludables, principalmente entre la población infantil. Las propuestas planteadas tienen como objetivo que la población cuenta con un etiquetado frontal fácil de comprender, sin importar su nivel de estudios o la edad.

Convencido de que la salud es el bien más preciado de los mexicanos, no tengo duda que esta iniciativa habrá de derivar en beneficios tangibles para la población de nuestro país, principalmente para las niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Radio y Televisión, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 36 y 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la evolución en el proceso democratizador del Estado mexicano fue provocada por la permanente presión social que demandó el diseño de un sistema de elecciones diferente, un sistema plural e incluyente que se adaptara a la realidad cambiante de una sociedad más participativa y mejor informada. Que dejara atrás la conducción discrecional por parte del gobierno federal, del organismo administrativo encargado de organizar los procesos electorales de nuestro país.

Con la creación del organismo electoral, hasta llegar al actual INE, hemos logrado avances importantes, sin embargo, en materia de problemas y necesidades de los mexicanos en el extranjero continúan los pendientes.

En este esfuerzo democratizador dejamos de lado a millones de compatriotas, que se han convertido en el pilar principal de la economía de nuestro país, mexicanas y mexicanos que, ante un escenario carente de opciones, de desarrollo, se han visto forzados a salir de nuestro México.

No obstante, esos esfuerzos no han permitido el ejercicio pleno de su derecho en la participación política de los asuntos de nuestra nación.

A pesar de que desde el 22 de febrero de 2005, en este mismo recinto se aprobó el voto de los mexicanos en el exterior, desde nuestra perspectiva existe una política deliberada de freno a iniciativas que permitan ampliar la participación de los mexicanos en el exterior.

Basta mencionar que hace precisamente una semana, el miércoles 12 de septiembre, el Consejo General del INE creó la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, que será presidida por el consejero Enrique Andrade y esta comisión será de naturaleza temporal.

Así que nos preguntamos, ¿qué no sería más conveniente que esta comisión tenga un carácter permanente, en lugar de temporal? ¿Por qué no integrar a los migrantes en este tipo de decisiones?

Los resultados de los procesos electorales de 2016, 2012 y 2018, han arrojado una baja votación todavía, pese a que hay muchos mexicanos que viven en el extranjero, nos han comentado su gran interés en los asuntos públicos de nuestra nación.

La deuda histórica que el Estado mexicano tiene con su comunidad migrante debe ser saldada, reconociéndoles su papel en el desarrollo económico y otorgándoles plena participación en los asuntos públicos de nuestro país.

Los mexicanos que viven en el extranjero representan una fuerza potencialmente determinante en la transformación de México. Este es el temple del mexicano y la mexicana que migran fuera de nuestras fronteras y que con su talento y visión deberán contribuir de manera decisiva en el cambio de fondo que necesita nuestro país.

Actualmente el Consejo General del INE se integra por un consejero presidente y diez consejeros electorales, más consejeros del Poder Legislativo y representantes por cada fracción parlamentaria.

La propuesta contenida en la presente iniciativa no requiere de reforma al Marco Constitucional, que establece la organización e integración del INE ni contradice el procedimiento establecido por el apartado A de la Base V del artículo 41 de nuestra Constitución, para la elección del consejero presidente y de los consejeros electorales y demás integrantes de dicho consejo.

El artículo 38 de la Constitución, en su penúltimo párrafo, dispone que sea el legislador el que establezca la ley, los requisitos que deberán reunir para la designación del consejero presidente, los consejeros electorales, el titular del Órgano Interno de Control y el secretario ejecutivo del INE.

En consecuencia, con la presente iniciativa se propone que uno de los 10 consejeros electorales que forman parte del Consejo General del INE tenga perfil migrante. Es decir, que haya residido en el extranjero, que haya realizado un trabajo probado y un auténtico compromiso en favor de la comunidad mexicana en el exterior, que haya formado parte de algún club o federación de migrantes y que cuente, por supuesto, con el reconocimiento de dicha comunidad.

Con la designación del consejero electoral migrante, los migrantes tendrán voz dentro del INE y con ello saldaremos parte de la deuda histórica, que como sociedad tenemos con el otro México que vive en la distancia, trabajan permanentemente y contribuyen con millones de dólares al sostenimiento de la economía de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, que espero pronto se llame de Gobernación y Asuntos Electorales, porque tardó 20 años de lucha quitarle los procesos electorales a la Secretaría de Gobernación, desgraciadamente lo indica así, pero hay que reformarlo. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hoy nuestro país enfrenta por su ubicación geofísica permanentes situaciones de alto riesgo, como son amenazas naturales por sismos, terremotos, tifones, tsunamis, lluvias torrenciales, erupciones volcánicas y ciclones de alta intensidad.

El 19 de septiembre de 2017 se llevó a cabo, se produjo un terremoto y han seguido diversas réplicas que aún producen daños, miedos y zozobra en la población. Este tipo de desastres naturales muestran crudeza, la vulnerabilidad que nuestro país mantiene frente a este tipo de fenómenos naturales.

En los sismos de 1985, en esa situación de absoluta emergencia nacional, el país carecía de una política de protección civil nacional, y a partir de ahí se ha ido construyendo de manera incipiente una cultura de la prevención entre la sociedad y las entidades gubernamentales.

Ante la escena de cultura cívica de desastres naturales, ahora nos resulta indispensable construir auténticas políticas públicas de protección civil para soportar diversos tipos de adversidades de los fenómenos naturales con poder de destrucción que ocurren en nuestro país.

Hoy debemos conducir al país hacia la ruta que los expertos internacionales indican. Debemos entender las múltiples dimensiones de los desastres, la vulnerabilidad y características de las amenazas, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, acompañadas de las plataformas nacionales, la rendición de cuentas en la gestión de riesgos de desastres, la obligación de prepararse para una mejor reconstrucción, así como lugares adecuados de trabajo.

La consolidación de la cooperación internacional y las alianzas de trabajos mundiales, la elaboración de políticas de donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos incluidos, los préstamos y el apoyo financiero brindado por las instituciones financieras internacionales.

México se encuentra bajo el riesgo de fenómenos naturales de alto potencial destructivo. De acuerdo a datos oficiales, una cuarta parte de la población del país vive bajo la amenaza de enfrentar ciclones y una tercera parte es vulnerable a sismos o terremotos.

Los riesgos son elevados por las altas concentraciones poblacionales en México. Los asentamientos irregulares en zonas de peligro, aunado a la fragilidad social de amplios sectores de la sociedad provocan grandes pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y económico para el país.

El modelo que aplicamos en México, hasta ahora, para atender las consecuencias derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores es meramente reactivo, más que preventivo.

Centrando los esfuerzos en la atención de emergencias, soslayando la cultura inspirada en la prevención, acompañado de una educación real en donde los propios ciudadanos se activen en beneficio de superar sus emergencias, en vez de ser solamente agentes pasivos en la reconstrucción y en el cuidado del medio ambiente.

La perspectiva de las políticas públicas de protección civil debe reorientarse en buscar fórmulas que aseguren el enfoque preventivo de la protección civil, a efecto de ir creando con mayores recursos humanos, materiales, financieros para entender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de uno o más agentes perturbadores.

Muchas de las catástrofes ocurridas en años anteriores han dejado la experiencia de que, en tanto las instituciones como los gobiernos y la sociedad, no están preparados para todos y cada uno de los eventos adversos que puedan sucedernos y que puedan impactar en todas las actividades primordiales.

El propio Programa Nacional de Protección Civil advierte que el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta dificultades para alertar a la población, debido a la existencia de brechas tecnológicas que impiden la homologación en los sistemas de monitoreo y cobertura de servicios de alerta.

Ahí está el ejemplo de que la Ciudad de México carece de una conexión eficaz con los sensores de alerta de sismicidad en el estado de Oaxaca. En estos últimos años al país le ha tocado pasar por diversas catástrofes naturales.

Según el servicio Water on the Ground, que lleva un sesudo registro, indicó que México se colocó en estos últimos tiempos en el ranking de los 15 años más activos de desastres naturales desde 1851.

Las dependencias de la administración pública carecen del suficiente conocimiento especializado en cuestión de riesgos, así como mecanismos para compartir información que permitan reforzar infraestructura y proteger los servicios públicos.

Por lo tanto, el modelo de coordinación nacional, como unidad administrativa reactiva de la Secretaría de Gobernación, debe dar paso a un nuevo modelo de protección civil y gestión de riesgo de desastres, a partir de la creación del Instituto Nacional de Protección Civil, como un órgano administrativo desconcentrado de la misma secretaría, encargado de la gestión, operación, ejecución de las políticas públicas de protección civil, donde también se planifique, impulse, articule y ejecuten acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente a situaciones de riesgo colectivo. Emergencias, desastres y catástrofes de origen natural, o provocados por la acción humana.

En concreto, tenemos la urgencia de construir un órgano público desconcentrado, con autonomía, con especialidad, capacidad, técnica tecnológica y operativa que se llamará Instituto Nacional de Protección Civil, como un ente público administrativo desconcentrado por la Secretaría de Gobernación.

Esto es en esencia el propósito de esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto, para reformar la Ley de Protección Civil y crear el Instituto Nacional de Protección Civil, para fortalecer la política pública del Estado en la materia, pues es...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Termine, por favor, señora diputada.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: ...deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a las familias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia. Conservar las tradiciones es un reto que enfrentan las naciones como consecuencia de los procesos de globalización a los que han sido sometidas en las últimas décadas, toda vez que es ponen en riesgo su identidad cultural y la cohesión social que existe dentro de la población que se tiene identificada por prácticas populares.

La herencia prehispánica con la que contamos en nuestro país ha logrado perdurar en términos generales, toda vez que logró concretizarse con la cultura y tradiciones heredadas de las épocas coloniales y en las etapas posteriores que se desarrollaron dentro de la consolidación de nuestro país como nación independiente.

En este contexto la celebración del Día de Muertos toma sentido, toda vez que proviene de un aspecto arraigado tanto en la cultura prehispánica como en la concepción heredada de la religión católica imperante en México. Esta festividad fue escrita en el 2008, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco, por lo que es reconocida como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y hace necesario que se establezcan acciones especiales con el objetivo de preservarlas.

En las organizaciones internacionales se han creado mecanismos para entender y preservar las diferentes manifestaciones culturales que existen en el mundo, las cuales en el caso específico de México conviven de forma armónica con lo establecido dentro de nuestros marcos normativos.

Nuestra Constitución Política en el párrafo décimo segundo del artículo 4º, establece en términos generales que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, así como al ejercicio de sus derechos culturales, por los cuales el Estado deberá garantizar el ejercicio de los mismos.

Asimismo, dentro del artículo 11 y 12 de la Ley General de Culturas y Derechos Culturales, podemos encontrar elementos que reafirman el derecho de los habitantes de nuestro país a la cultura y establecer la obligación de la federación a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, de establecer acciones que fomenten y promuevan las expresiones, creaciones artísticas y culturales.

En cuanto a los instrumentos internacionales en materia de protección y prevención a la cultura, podemos mencionar que la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial fue aprobado por la Conferencia General de la Unesco en el 2003, siendo ratificada por nuestro país en el 2005, con el que se acepta la necesidad de reconocer la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales que hasta en este momento no contaban con un marco jurídico que las protegiera.

Gracias a este instrumento internacional, México cuenta con ocho expresiones culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que nos posiciona como uno de los países de América Latina con mayor número de manifestaciones inscritas y reconocidas.

De esta manera, se deben implementar acciones específicas para resguardar la celebración del 2 de noviembre como Día de Muertos, por lo que debemos de considerar esta festividad para que se adquiera el estatus de día oficial no laborable y se modifique el artículo 74 de la Ley del Trabajo para incluir en el mismo, toda vez que al dotarlo de esta categoría se aseguraría el pleno reconocimiento como parte del patrimonio inmaterial de nuestro país y de la humanidad, además de construir y fomentar los lazos de la entidad y valores de convivencia familiar entre los mexicanos.

Para poder atender la razón de esta... justifica esta iniciativa, hay que tomar en cuenta que el descanso forma parte de los derechos que debe gozar toda persona que desempeñe cualquier actividad, toda vez que el mismo permite garantizar su bienestar físico y emocional.

Es por eso que en nuestro país se entiende por día feriado aquellos días de descanso que tienen como objetivo el celebrar una festividad determinada, mismo que se considera como parte de los periodos de descanso a los que tienen derecho los trabajadores y están dentro del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

En el caso de la propuesta de establecer como día de descanso obligado el 2 de noviembre de cada año, radica en que la festividad que se practica de forma estricta, es porque en esa fecha lo han hecho sin importar el día de la semana en que caiga, por lo que no implicarían los criterios de recorrer su festejo del lunes al próximo, como es el caso de otros días feriados que están contenidos dentro del artículo de la Ley del Trabajo.

La presente iniciativa tiene como propuesta fundamental establecer dentro de la Ley Federal del Trabajo, el 2 de noviembre como día destacado obligatorio, con lo que se pretende fortalecer los valores y de la identidad cultural, así como fomentar lazos efectivos dentro de las familias de nuestro país y garantizar la protección del patrimonio material con el que contamos.

Por lo anterior expuesto las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se recorren los demás en su orden subsecuente. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado por su iniciativa de honrar a los muertos, que ya descansan, analizaremos si los vivos también debemos descansar ese día. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, del grupo de Morena, que reforma y adiciona los artículos 85, 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy suscribo junto a mi colega diputado Irineo Molina Espinoza, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, se basa en el mandato constitucional y establecido en instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el derecho al trabajo.

Este derecho tiene implícito el salario mínimo de una persona para contar con una vida digna que le permita al menos adquirir los alimentos, bienes y servicios básicos, además de satisfactores sociales, no solo para sí misma, sino también para su familia.

Aunque en México, el salario mínimo promedio de los trabajadores ocupados está por encima del salario mínimo en general, aún existen entre 7.5 y 8 millones de trabajadoras y trabajadores que tienen una remuneración por sus actividades de hasta un salario mínimo, es decir, el 15 por ciento del total de los trabajadores, muchos de los cuales, ante la precariedad de su ingreso, tienen problemas incluso para alimentarse.

De acuerdo con el Coneval, la línea de bienestar por persona al mes, es de 2 mil 958 pesos. Esto significa que una familia de cuatro personas, el ingreso mensual debería ser cuando menos 11 mil 833 pesos.

Esta cifra es muy superior al salario mínimo actual que equivale a 2 mil 686 pesos mensuales, habría que incrementar 4.4 veces el salario mínimo para cumplir lo estipulado en la Constitución mexicana.

El salario mínimo ha estado creciendo en porcentajes poco significativos, lo que ha ocasionado que el poder adquisitivo del trabajador disminuya significativamente al paso de los años.

En 18 de las 32 entidades federativas se incrementó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, entre ellos Morelos, Tabasco y Guerrero.

Aún aquellos trabajadores que superan el ingreso del salario mínimo, es difícil que satisfagan sus necesidades básicas. El 68.3 por ciento de los trabajadores formales no rebasa un ingreso equivalente de tres salarios mínimos, por lo que la tercera parte de los trabajadores del país enfrenta problemas, incluso para alimentarse adecuadamente y pagar sus servicios básicos, sobre todo si cuenta con una familia de más de tres integrantes.

Como si esto no fuera suficiente, nuestro país se ubica como uno de los que tiene los salarios mínimos más bajos de todo América Latina, a pesar de ocupar el segundo lugar en cuanto a nivel de productividad laboral. Esto se traduce en el hecho de que en México no aumentan los salarios, pero sí se obtiene provecho del trabajo de las y los mexicanos.

Asimismo, de los países miembros de la OCDE, en México se recibe el salario mínimo más bajo, con apenas 88 pesos diarios, mientras que el promedio es de 817. En Morena consideramos que no debe desestimarse la generación de riqueza nacional y el aumento del poder adquisitivo del trabajador a través del fortalecimiento de la economía nacional, para aumentar la productividad.

Sin duda, disminuir la brecha entre la productividad y los salarios es una condición indispensable para la estabilidad económica del país y para mejorar el ingreso del trabajador. Sin embargo, hoy en día la situación nacional nos obliga a tomar medidas inmediatas para elevar el ingreso de millones de trabajadores que apenas sobreviven con el sueldo que reciben.

La iniciativa que aquí se presenta tiene como objetivo fundamental reformar la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión de Salarios Mínimos incluya como base para fijar el salario mínimo, el costo de una canasta básica alimentaria y de servicios básicos, que determinará el Coneval.

Con esta medida se establece que el ingreso mínimo de un trabajador será suficiente para adquirir al menos estos satisfactores. Con este ajuste al marco normativo, el salario mínimo que deba recibir un trabajador contribuirá, al menos, la cantidad que corresponde para tener alimentos suficientes y para satisfacer los requerimientos de las familias y el gasto promedio en servicios básicos, como el transporte, vivienda, educación, salud, entre otros.

Existe consenso en el planteamiento de la propuesta que se pone a consideración. El salario mínimo cuando menos debe ser mayor al costo de la línea de bienestar. Así lo han expresado incluso los sectores productivos y empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quienes han manifestado que existen las condiciones económicas para ajustar el salario mínimo, cuando menos a un monto equivalente a la línea de bienestar.

Hoy, millones de mexicanos requieren de un ingreso que les permita una vida digna. No retrasemos más el ajuste al alza del salario mínimo. Ello sería condenar a millones de mexicanas y mexicanos a continuar en la pobreza alimentaria y a enfrentar graves carencias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, se ha acabado su tiempo.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Un salario justo es la base en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Esta es una demanda social que el Poder Legislativo, en este caso, a nosotros nos corresponde atender. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La diputada Ana Paola López Birlain: Gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros, sé que es difícil después de tantas intervenciones poder prestar atención unos minutos a esta iniciativa, sin embargo, les traigo un tema que a todos nos va a interesar.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos recogido el sentir de muchas familias, familias que viven en situación de pobreza, familias en donde no reciben educación de calidad, donde no tienen vivienda digna, donde no tienen servicios de salud. Todas esas familias desafortunadamente, a pesar de que hay tantos programas sociales, no reciben el apoyo y no han logrado saltar esa brecha.

Esta iniciativa precisamente es para combatir eso, es para que los programas sociales lleguen a quien realmente lo necesita.

Nosotros estamos aquí para llevarles a todos ellos soluciones, para construir acuerdos y que ellos puedan cosechar resultados. Estamos aquí porque sabemos que el desarrollo de nuestro país no se puede construir con demagogia, sino con acciones concretas que lleven bienestar a las familias.

En nuestro país todavía tenemos graves deficiencias en la institucionalidad de los programas sociales, pues no existen reglas claras y transparentes sobre la operación y uso de los recursos, lo que permite que se usen discrecionalmente y con fines político-electorales, pues sabemos bien que se condiciona la entrega de los apoyos según las simpatías políticas.

La política social en México se ha transformado en los últimos años. Hoy los programas sociales cuentan con una evaluación realizada por instituciones independientes del gobierno. Tenemos una medición de la pobreza realizada por un organismo autónomo respecto de quién ejecuta los programas sociales, y contamos con una Ley General de Desarrollo Social aprobada por consenso en este Congreso y que establece las bases para una política social de Estado.

Sin duda se ha avanzado en la consolidación de esta política social de Estado. Sin embargo, a pesar de los avances, sabemos que estos aún son insuficientes. Hoy tenemos que dar pasos firmes para seguir construyendo una política social que responda a las nuevas realidades y demandas sociales. Tenemos que avanzar en diferentes frentes, pero hay uno que en particular es importante y en el cual tenemos mucho qué hacer, la falta de coordinación intergubernamental y la consecuente duplicidad de los programas.

No existe un registro nacional de los beneficiarios y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de la política social. Hoy no se sabe qué programas tienen los estados y municipios en materia de desarrollo social ni mucho menos cuáles son sus padrones de beneficiarios, cuáles son sus presupuestos ni siquiera si cuentan con reglas de operación. Esta total opacidad es la que permite que sean utilizados con fines político-electorales.

La multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal, entidades federativas y municipios, así como la dispersión de la información dificultan la posibilidad de detectar errores, duplicidad o abusos en la canalización de los recursos.

La iniciativa que hoy presento, con el respaldo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, precisamente busca impulsar una sola política social, coordinada entre los tres niveles de gobierno, que permita promover la integración de un padrón único de beneficiarios que contribuya a la transparencia del gasto social y se convierta en un instrumento para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. Es decir, que estos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan para mejorar su condición de vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de establecer el padrón único de beneficiarios de programas sociales. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, una de las solicitudes más recurrentes por parte de los trabajadores asalariados y de las organizaciones obreras adheridas a mi partido durante mis recorridos en la campaña, en el VII distrito electoral del estado de Coahuila, fue lo referente en liberar las horas extras del impuesto sobre la renta, para beneficiar a quienes perciben hasta cuatro salarios mínimos.

Esta medida permitirá que millones de mexicanos, especialmente los que más trabajan y menos ganan mejoren el nivel de bienestar de sus familias.

Son ellos quienes han resultado desfavorecidos por la matemática fiscal del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque el tiempo extra que invierten en su trabajo no se refleja en mejores condiciones de vida para su familia.

Esta situación motiva la presente propuesta, que busca elevar una línea de bienestar haciéndolos participes de un apoyo fiscal que redundará, además, en beneficio de la economía regional y de la nacional, pues habrá mayor derrama económica y, obviamente, crecimiento y mayor empleo.

Actualmente ha aumentado el número de trabajadores que requieren laborar tiempo extraordinario, incluso más allá del tope de las nueve horas racionalmente impuestas en la Ley Federal del Trabajo, y de esta manera alcanzar mayores percepciones económicas que les permiten hacer frente a las necesidades de sus familias.

Hoy en día en México se requieren 5 salarios mínimos de 83.36 pesos diarios, es decir, poco más de 13 mil pesos para superar por muy poco la línea del bienestar mínimo.

Los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos o menos tienen muchas dificultades para satisfacer los requerimientos más básicos de sus dependientes económicos. Y por ello, deben trabajar horas extras para la obtención de un ingreso económico adicional a su salario base.

Según los datos arrojados por el Coneval, actualmente se requieren alrededor de 12 mil pesos mensuales para poder sostener con lo mínimo indispensable a una familia promedio de 4 miembros en un entorno urbano. Y de 7 mil 675 pesos en el caso de una familia del campo.

Los trabajadores asalariados que se encuentran en estos rangos, dentro de los 5 superiores establecidos en la tabla contenida en el segundo párrafo del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegan a trabajar hasta 16 horas diarias para obtener ingresos que les permitan elevar su línea de bienestar mínimo. Solo que por la fórmula contenida en dicho tabulador salarial que determina el cobro del ISR, sus ingresos obtenidos por horas extras se ven mermados por una mayor carga tributaria.

En la problemática planteada el impuesto sobre la renta se retiene a partir del total de ingresos obtenidos al mes, de manera que si un trabajador formal con un salario por debajo de la línea del bienestar mínimo supera con base en horas extras su límite superior de ingresos que está establecido en el referido tabulador salarial del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le serán aplicados tanto la cuota fija como el porcentaje por excedente de un rango superior al nivel de su salario fijo.

Esto constituye, por supuesto, una forma de invalidar el esfuerzo extra que realizan estos trabajadores. Quitar esta carga fiscal resultaría uno de los apoyos económicos más efectivos que pudiera recibir este tipo de trabajadores.

Es justo y más que necesario apoyar a estos millones de mexicanos, que son los que más trabajan pero menos ganan, que requieren mejorar su nivel de bienestar. Propongo por ello que a todos los trabajadores cuyos salarios sean de hasta 10 mil 300 pesos o menores, no se les incremente la retención del ISR cuando rebasen su nivel salarial de base a partir de horas extras.

Bajo esta idea presento iniciativa que adiciona un tercer párrafo, recorriendo los subsecuentes en el mismo orden, al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos.

Tratándose de los cinco rangos inferiores de ingresos establecidos en la tabla tarifaria mensual contenida en este artículo, las retenciones fijadas se mantendrán aunque se rebase el límite superior cuando esto se produzca debido al pago de horas extras, sin perjuicio de lo que establece para el tiempo extraordinario la fracción I del artículo 93 de la presente ley.

Por esta razón pido a esta asamblea, a todos los grupos parlamentarios, otorgar su apoyo a esta propuesta, que tiene un espíritu social, misma que establecen las bases para construir los escenarios más favorables para los trabajadores y sus familias, así como para impulsar el desarrollo regional como parte del compromiso que como legisladores asumimos en este recinto. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Coincido con usted en que es justo y necesario, como se dice en las misas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Báez Ruiz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Claudia Báez Ruiz: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. En Encuentro Social tenemos claro que el Estado no puede ni debe intervenir, ni hacerse cargo de todos los aspectos de la vida de las personas. El mercado por sí solo no puede tampoco resolver todos los problemas de la sociedad a la que reconocemos no como u todo uniforme, sino diversa y heterogénea.

Precisamente la sociedad civil se organiza para coordinar Estado y mercado y hallar soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad. Lo diverso nos enriquece, no pretendemos una experiencia de pensamiento único. La igualdad que nos resulta deseable es la que debe existir ante la ley.

Lo que sí debemos atacar es uno de los principales problemas que aquejan a México, la desigualdad y la injusticia social. Así, cuando el Estado desarrolla programas de asistencia para cumplir su función social de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, reducir la vulnerabilidad y equilibrar el acceso al bienestar, hace lo que debe.

En el mismo tenor, cuando la sociedad y el mercado se organizan para colaborar con tan importante tarea, llevando a cabo labores asistenciales de origen privado, estamos frente a la participación en colaboración solidaria para ayudar a quien más lo requiere. El Estado reconoce, estimula y favorece el enorme valor del trabajo que otras personas desarrollan para provecho de México y auxilio en común de la sociedad.

Hoy día la Ley de Impuesto Sobre la Renta especifica en su artículo 82 los requisitos que deben cumplir las personas morales con fines no lucrativos para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles.

En el catálogo del artículo 79 de la misma norma, que describe a las personas morales, no contribuyentes del impuesto sobre la renta elegibles para el estímulo fiscal, se encuentran, entre otras, las instituciones de asistencia o de beneficencia, así como las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro en tanto tengan como beneficiarios a personas, sectores y regiones de escasos recursos que realicen actividades para lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad.

Asombrosamente las asociaciones religiosas, constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las que han prestado las mismas funciones, las que primero en nuestra historia hicieron escuelas u hospitales, no pueden emitir recibos deducibles de impuestos.

Los legisladores de Encuentro Social sabemos que guardar y hacer guardar nuestra Constitución Política implica, entre otras cosas, legislar para evitar distorsiones como la descrita que representan un trato discriminatorio insostenible en el siglo XXI y colaborar así a dar certeza jurídica para los ciudadanos y las instituciones.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Otro México con igualdad ante la ley para todos, es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vengo a presentar la siguiente iniciativa.

Compañeras diputadas, compañeros diputados. Amado pueblo de México. El informe presidencial es entendido como la exposición que en forma escrita debe formular el presidente de la República, presentado anualmente al Congreso de la Unión, y en el cual manifieste el estado general que guarda la administración pública federal.

Desde el año de 1917 y hasta el año 2008, la tradición de que en el informe presidencial se hiciera una exposición verbal dio origen a lo que se conoció como “el día del presidente”, en el cual el titular del Poder Ejecutivo hacía un monólogo hasta por cinco horas en las que se auto alababa con los supuestos logros de su administración en el año inmediato anterior, ello ante el debilitamiento de un Poder Legislativo cuya mayoría de legisladores eran miembros del partido predominante, motivo por el cual jamás se opusieron.

Fue hasta el primero de septiembre de 1988 en el VI Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado cuando un diputado por primera vez lo interpeló para manifestarse en contra del fraude en los comicios electorales de ese año.

Asimismo, derivado del fraude electoral que impuso a Felipe Calderón, y sabedor de que en cada informe se le recordaría hacer un presidente espurio, en el año 2008 realizó la reforma a los artículos 69 y 93 de nuestra Carta Magna, en la cual el presidente de la República ya no tenía la obligación de asistir ante el Congreso, simplemente de remitir su informe por escrito.

La reforma anterior no terminó con el día del presidente, simplemente sustituyó el informe verbal ante el Congreso, por un mensaje desde Palacio Nacional con la comodidad de no ser interpelado y ante la complacencia de sus invitados.

Por su parte Enrique Peña Nieto en sus seis años de administración desdeñó al Congreso de la Unión, y por ende, al pueblo de México. Jamás rindió cuentas claras de su gobierno ni desvirtuó los señalamientos de los legisladores.

Por ello el informe presidencial reviste una gran importancia en un sistema de pesos y contrapesos en el que se busque alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en las cuales se ha dividido la acción gubernamental.

Por eso la asistencia del presidente ante el Congreso es necesaria para afianzar las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, manteniendo un vínculo de colaboración, respeto y control entre estos dos poderes.

A través del informe el presidente hace saber de manera amplia las decisiones tomadas y sus motivos, los éxitos, los logros, los problemas, fracasos, necesidades e intenciones para mantener o modificar el rumbo de las políticas públicas.

A su vez, el Congreso revisará, analizará, sugerirá, recomendará y criticará constructivamente el documento presentado. El objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 69 de nuestra Carta Magna, con la finalidad de que el presidente nuevamente asista ante el Congreso a presentar su informe, sin embargo, también se pretende evitar los vicios de antaño, como lo son los monólogos presidenciales y las continuar interrupciones.

Por lo cual, también se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de moderar a intervención del presidente en la presentación del informe, así como la respuesta por parte del presidente del Congreso.

Por último, solicito a la Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Le agradezco que haya recordado usted al senador interpelador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para opinión.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66, 74 y 74 Bis de La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, diputado presidente. Antes que nada quiero enviar desde esta alta tribuna un saludo a los artesanos y a los habitantes de mi municipio de Tonalá, Jalisco.

Compañeras diputadas y diputados, el gobierno federal que está por concluir ha sostenido que los constantes incrementos al combustible solo afectan a las clases más altas. Nada más alejado de la realidad que este gasolinazo no afecte a la gran mayoría y sobre todo a los grupos más vulnerables, en un espiral inflacionario que afecta a los productos y servicios.

El gasolinazo, el casetazo, la grave inseguridad, las altas multas e infracciones que sufren e impactan los costos de los empresarios del sector transporte fueron algunas de las demandas que nos hicieron llegar la semana pasada en la reunión nacional ordinaria de la Conatram a la que tuvieron a bien invitarnos.

Por este motivo y con fundamento en que esta soberanía debe de ser garante del perfeccionamiento de las leyes, vengo a presentar una iniciativa para armonizar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tiene que ver con desindexar el salario mínimo como unidad de cálculo para las obligaciones de esta ley.

La reforma constitucional en este tema estableció que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Es por ello que encomendó que los legisladores debíamos de adecuar el marco jurídico a fin de cambiar las referencias al salario mínimo para la imposición de multas, por lo que asumiendo la responsabilidad de actualizar las leyes considero necesario iniciar el proceso legislativo para que se estudie la posibilidad de plasmar el imperativo que otorgó el poder revisor de la Constitución sobre hacer las modificaciones pertinentes al marco jurídico.

Siendo este el caso que actualmente tenemos multas por infracciones cometidas a leyes y reglamentos donde todavía indica el salario mínimo como referencia para establecer los montos pecuniarios de las sanciones, es el caso de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual actualmente sigue haciendo referencia a los salarios mínimos para la cuantía de sus sanciones.

Esto representa un costo adicional a la producción de bienes y servicios, el aumento de tarifas y el aumento de los productos de la canasta básica que afectan a las familias mexicanas y a las clases más desprotegidas.

El pueblo nos eligió para trabajar, para perfeccionar las leyes, para cuidar su economía, para revertir las injusticias y para incidir en la consecución del bien común. Esta tarea la vamos a cumplir hasta el límite de nuestras capacidades y es por ello que prioritariamente nos abocaremos a terminar el trabajo pendiente para el que el pueblo nos mandató, nos mandató para que seamos una legislatura ejemplar, nos mandató para que vayamos a escuchar a todos los sectores y organizaciones del país y, sobre todo, nos mandató para que con esta nueva conformación del Congreso no tengamos pretexto, reformemos lo que tengamos que reformar y demos reversa a lo que tengamos que dar reversa. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Reyes Montiel, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, presidente. La discusión sobre la Ley de Seguridad Interior fue una de las más importantes que se dieron en la LXIII Legislatura. Además de las controversias constitucionales y la afectación directa a los derechos humanos, también abrió debate al referirse sobre el comportamiento de una institución cuyo origen se remonta a la formación del propio Estado mexicano, las Fuerzas Armadas.

Dentro de las preocupaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos y de la comunidad internacional, se destacan entre otros temas el papel indebido de las Fuerzas Armadas, la ausencia de controles y sanciones a cualquier abuso, la ausencia de políticas que fortalezcan las instituciones, la indebida protección y garantía de los derechos, así como su inconstitucionalidad.

De nada sirvieron los llamados y observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, los relatores especiales de la ONU, los rectores de las más connotadas universidades nacionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, especialistas en derecho y en seguridad. Más de 250 mil personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación ante la inminente aprobación de la ley. Pocas veces en la historia reciente una ley despertó tan amplio consenso en cuanto a su rechazo.

Actualmente la Ley de Seguridad Interior se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 14 controversias constitucionales, 9 acciones de inconstitucionalidad y 700 demandas de amparo. Sin embargo, las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática proponemos que esta norma sea expulsada de nuestro marco jurídico, mediante la respectiva abrogación y entre todos comencemos a construir un nuevo modelo de seguridad humana, en el que no sean necesarias las atribuciones extraordinarias del Ejército, mismas que han perpetuado la violencia en el país y sí el fortalecimiento de las instituciones civiles de procuración de justicia.

A 12 años que se tomó la decisión de enfrentar con el Ejército la criminalidad, el país es hoy más violento e inseguro que hace una década, por lo que la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública en más del 75 por ciento del territorio nacional no ha sido la respuesta.

Este sexenio ha marcado por la inseguridad e impunidad serias violaciones a los derechos humanos, por los que México ha sido señalado internacionalmente como Iguala, Apatzingán, Tlatlaya, son algunos de los casos más representativos que incentivaron graves violaciones por la indebida extensión del fuero militar.

Los cuerpos policiacos deben ser los encargados de brindar la seguridad pública, pero el Ejecutivo insiste en que las Fuerzas Armadas asuman esta tarea. Los resultados de estas políticas se reflejan en el aumento histórico de violencia en el país, con una guerra que ha tenido grandes costos económicos, pero más allá de esto ha costado miles de vidas humanas, separaciones de familias y el deterioro del tejido social.

Ya muchos especialistas han mencionado que el sistema tiene que estar basado en la prevención y no en la represión. Por ello, confío plenamente que todos los presentes queremos lo mismo, sí, el bienestar de nuestro país.

Pero la vía no es más violencia, no es la permanente guerra interna. Hago un llamado a que con responsabilidad asumamos este momento histórico y abroguemos la ley de seguridad interior.

Por tanto, proponemos a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, para quedar como sigue.

Artículo Único. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Para finalizar mi participación solo quisiera mencionar que la seguridad no está en el uso de las armas, la seguridad no está en la guerra, está en el bienestar social. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, diputada, por su muy importante iniciativa. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, una de las transformaciones que ha modificado profundamente la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la administración pública.

En un intento por resolver el desequilibrio existente entre los recursos y necesidades, se ha tratado de operar bajo un sistema político-administrativo, cuyo diseño demanda el seguimiento y surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública, sobre todo en el manejo de los recursos nacionales.

Sin embargo, la malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno. Por lo cual, el balance de poder, finanzas y sociedad tiene que convertirse en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate urgente a la corrupción. En 2015 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países, de acuerdo con Transparencia Internacional.

En cuanto a indicadores de control de la corrupción, nuestro país fue calificado con 26 puntos de 100, de acuerdo a los datos del Banco Mundial. Es decir, México sigue siendo uno de los países con más problemas en la materia.

En el ámbito económico, países competidores como Brasil, China e India han mejorado en los niveles de percepción de acuerdo a la corrupción en 11, 16 y 11 puntos, respectivamente. Mientras que México se ha estancado al aumentar solo 4 puntos en los últimos 21 años.

Adicional a lo anterior, el 82 por ciento de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones.

Precisamente este es uno de los grandes problemas del sector Salud, sobre todo en la adjudicación de contratos para surtir los medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticamente indebidas tales como licitaciones dirigidas, compras menores que las requeridas, robo de producto y enriquecimiento en sus funciones de los funcionarios, efectuando el financiamiento de dicho sector y con ello afectando de manera directa a los derechohabientes de estas instituciones.

Tan solo para el programa del Seguro Popular, la Auditoría Superior ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos que van de 70 millones a los mil millones de pesos, encontrando quebrantos en 5 estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2014.

Ante este panorama es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficacia y la eficiencia en el actuar de los funcionarios públicos.

En este sentido, se tomaron medidas como las modificaciones en la integración del concepto de compra, consolidadas como la parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones de salud.

Este esquema de contrataciones consolidadas permite adquirir servicios o productos a precios competitivos, cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad, ahorro para las finanzas públicas.

Por mencionar algunos de los beneficios que ha dejado esta estrategia, en 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, siendo instancias como el IMSS las que han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos considerando el impacto positivo en materia económica para la institución y sus derechohabientes.

A raíz del éxito obtenido en diversas instituciones de salud que han participado en esquemas de compras consolidadas de medicamentos, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas.

Es por esto que, ante este panorama y la participación de las instituciones de salud pública con el mayor número de derechohabientes, consideramos necesario incluir en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la obligación de adquirir insumos y servicios en el esquema de compra consolidada de medicamentos, incorporando un párrafo en su artículo 17 para estos efectos.

Todo lo anterior, expreso, pretende contribuir a erradicar la corrupción en el IMSS y en el ISSSTE y abonar al incremento de disponibilidad de medicamentos en el sector salud en beneficio de los mexicanos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido al orador.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que esperamos contar con su apoyo para concretar esta propuesta. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señor diputado. Quiero exhortar a las señoras y señores diputados a mantener el quórum a lo largo de la sesión. El artículo 46 de la ley indica en el Reglamento, indica en qué situaciones el presidente o cualquier legislador puede pedir verificación del quórum y si no se completa en 15 minutos, se levanta la sesión –luego leer en el artículo 46.

Quiero decirle que sin falla alguna cuando se den los supuestos de la ley, se levanta la sesión. Es un exhorto. Somos diputados de tiempo completo, así nos los exige la sociedad mexicana y la ley. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a pasar, diputadas y diputados, al siguiente punto en el orden del día que son las proposiciones de urgente u obvia resolución.

De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Leticia Arlett Aguilar Molina, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las labores pendientes de reconstrucción y atención a los damnificados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Muy buenas tardes. Con permiso participaré en este momento. Aun cuando ya se trató hace un buen rato este tema de los sismos, es un tema bastante importante que se debe de tomar en cuenta.

A un año de los sismos, las y los diputados de Morena, reafirmamos nuestro compromiso con la atención a los afectados y nos comprometemos a impulsar acciones para construir una nueva cultura de protección civil.

El Estado mexicano tiene una gran deuda con los damnificados de los sismos desde 1985. Resulta inaceptable que en la Ciudad de México familias completas sigan viviendo en la calle o no hayan recibido ningún apoyo, o que en otras entidades la demolición de las construcciones dañadas siga pendiente.

Que las autoridades hayan permitido que vivales y estafadores hayan engañado a los damnificados, que no se nos conozca la aplicación de los recursos recaudados en México o provenientes del extranjero.

Estamos seguros que después de las elecciones del primero de julio existe la oportunidad como nunca antes de cambiar y poner en práctica políticas públicas en materia de protección civil, prevención de desastres y apoyo a damnificados.

Necesitamos revisar y, en su caso, reformar nuestro marco legal para atender desastres naturales, por ello debemos de impulsar una nueva Ley de Protección Civil como un marco legal que posibilite con recursos financieros, tecnológicos y humanos la atención y protección de la población en casos de desastre, para que las autoridades tengan mayor capacidad de reacción en auxilio de la población afectada.

Solicitamos la revisión, transparencia y fortalecimiento del Fonden y otros fondos y recursos para contingencias.

Los Poderes del Estado mexicano: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos tener la capacidad de escuchar y atender a las víctimas en nuestro ámbito de competencia. Hablo de apoyar a los cientos, quizás miles de familias que perdieron su hogar o su empleo y que aún no han recibido la atención necesaria.

Consideramos pertinente que los titulares de organismos y dependencias que participaron en la atención y en las labores de reconstrucción, expliquen el estado que guardan estas labores.

No podemos permitir que el abandono continúe. Es una vergüenza que muchos de los damnificados padezcan verdaderos viacrucis burocráticos, cuando deben ser las autoridades las que acudan en apoyo de la población.

No debemos descartar que esta soberanía, en el ámbito de su competencia, cite, independientemente de la glosa del VI Informe del presidente Peña Nieto, a reuniones de trabajo a los titulares y responsables de labores de reconstrucción, en infraestructura educativa y de salud, así como los apoyos para trabajo, reconstrucción y asesoría legal de las víctimas.

Exigimos que as autoridades aclaren y comprueben el destino de los recursos que fueron donados para los damnificados, particularmente los que provienen del extranjero.

También resulta necesario que esta Legislatura revise las normas federales y locales para que las construcciones y obras de infraestructura pública y privada se realicen de acuerdo con los más exigentes estándares a prueba de sismos y para evitar cualquier forma de especulación inmobiliaria.

No podemos predecir cuándo volverá a temblar. Lo que sí podemos hacer es generar las mejores condiciones para enfrentar esos fenómenos de la naturaleza.

Por lo anterior expuesto el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, propone el siguiente punto de acuerdo.

Quienes suscriben diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Morena, sometemos y solicitamos se considere de urgente resolución el tenor de la siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal y a los ejecutivos locales de las entidades de: Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente en apartado especial de sus portales de transparencia, la información relativa a la ayuda a damnificados, y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el día 7 y 19 de septiembre del 2017, particularmente el monto ejercido de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 18, así como los otorgados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales y los transferidos por particulares, bajo cualquier modalidad legal; el destino específico de las partidas correspondientes; el porcentaje de avance en los trabajos de reconstrucción, y el porcentaje de damnificados a los no se les ha realizado un peritaje de daño estructural.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados antes mencionados a que, por medio de los entes públicos competentes, concluyan la dictaminación de inmuebles en las zonas afectadas y otorguen a la brevedad los apoyos a fin de que se concluyan la reconstrucción y las personas damnificadas sean restituidas en su vida plena.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a los órganos superiores de fiscalización de las entidades federativas antes mencionadas  que en el ámbito de sus competencias garanticen la adecuada fiscalización y total transparencia de los recursos para la reconstrucción, y den curso a las denuncias por el mal empleo de los recursos del Presupuesto de Egresos y de los del Fonden que fueron destinados para el mismo objeto...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina: Si me permite nada más el último punto. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada, realicen las investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de las conductas derivadas de los delitos por el indebido ejercicio.

La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar, con carácter de urgente, un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos.

Y únicamente añado, se hablaba hace un rato de que se espera que no haya corrupción en la próxima administración. Caray, por qué hasta ahora se preocupan estos diputados cuando la corrupción data de muchos años atrás. Por ahí empecemos para que luego cuestionemos cuando no ha sido ni ha tomado posesión el nuevo presidente de la República Mexicana. Muchísimas gracias. Es todo cuanto, señora diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto se considera de urgente u obvia resolución.

La secretaria diputada Mariana García Rojas: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que se encuentren por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera de urgente resolución. En tal sentido, van a darse tres minutos de acuerdo al Reglamento, para los siguientes oradores y oradoras.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala, del PRD. Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano. Maribel Martínez Ruiz, del PT. Armando González Escoto, de Encuentro Social. Eduardo Zarzosa Sánchez, del  PRI. Gloria Romero León, del PAN. Juanita Guerra Mena, de Morena, y solicitó también Carmen Bautista, de Morena.

Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. “Vengan y contemplen estas ruinas espantosas, esos restos, esos despojos, esas cenizas desdichadas, esas mujeres, esos niños, uno sobre otro apilados debajo de esos mármoles rotos. Esos miembros diseminados, 100 mil desventurados que la tierra devora. Ensangrentados, desgarrados y todavía palpitantes. Enterrados bajo sus techos sin ayuda, terminan en el horror de los tormentos sus lamentos días”. Voltaire. Poema del Desastre de Lisboa.

Las probabilidades de que dos acontecimientos sismológicos ocurran en la misma fecha son estadísticamente muy pocas, es por ello que los sucesos del 19 de septiembre de 1985, así como los del 7 y 19 de septiembre del año pasado constituyen una fecha emblemática para las y los habitantes no solo de la Ciudad de México, sino del país entero.

Tres veces la fuerza de la naturaleza nos obligó a mostrar la solidaridad que nos caracteriza con nuestros confraternos y expresar nuestro respaldo para todas y todos aquellos que se vieron afectados. Así lo recordamos hace un rato y ahora lo refrendamos. Es por ello que resulta indispensable para las y los mexicanos que todas las acciones y los recursos que se hayan destinado para atender la emergencia, así como para la reconstrucción de aquellos inmuebles que hayan sido afectados, deben ser ejercidos con la mayor transparencia y eficiencia, de tal manera que quienes han sido víctimas de esta catástrofe natural puedan acceder a condiciones que restauren su calidad de vida, y es que, compañeros, seamos claros, en las siete entidades que resultaron mayormente afectadas, no solo actuó la fuerza de la naturaleza, sino también la corrupción.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD hemos venido siendo insistentes en que todas las instancias no solo deben hacer el ejercicio de transparentar esos recursos y rendir cuentas claras de cara a la sociedad y a las instituciones encargadas de fiscalizar este ejercicio y llevar frente a la justicia a los responsables.

Es por ello que compartimos plenamente el espíritu de los resolutivos que hoy se ponen a nuestra consideración. El primero, que de frente a los ciudadanos solicita a los gobiernos federal y estatal que hagan público en el portal de Transparencia los recursos federales recibidos para la reconstrucción.

Gracias a la insistencia de nuestros compañeros de la legislatura pasada...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano, y se prepara Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo.

El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Gracias. Con su venia, Presidencia. Compañeras y compañeros, primero quiero compartirles que estoy muy contento de estar aquí, porque creo que la LXIV Legislatura sin duda va a ser una legislatura histórica, porque está en nuestras manos cambios trascendentes para el país.

Enseguida, quiero decir para sumarme a este punto, que después de los socavones supimos que la corrupción mataba, pero la inacción, la ineficiencia gubernamental mata igualmente. Por eso es muy importante recordar que en el año de 2017, lamentablemente quedó marcado por las huellas de dos terribles sismos, que trajeron catastróficas consecuencias a nuestro país.

Imaginen simplemente qué hubiera pasado, si ahorita que tuvimos el simulacro, a la hora de llegar a la explanada se hubieran dado cuenta que no traían con ustedes algún familiar: un hijo, esposa, esposo, o que al haber regresado a su lugar, su casa estuviera en el suelo, o inhabitable –solo imagínenlo– para poder compartir lo que seguramente miles de mexicanas y mexicanos tienen en su corazón cuando hablamos de estos temas.

El 7 de septiembre México se cimbró con un terremoto de magnitud 8.2, cobrando la vida de más de 90 personas, dejando al menos 800 mil damnificados y 110 mil inmuebles que resultaron con daños, según el reporte del gobierno federal, siendo obviamente Oaxaca y Chiapas los estados más afectados.

Doce días después fuimos sorprendidos con un sismo de magnitud 7.2 grados que tuvo su origen en Morelos y Puebla, a menos de 120 kilómetros de la Ciudad de México, afectando también habitantes del estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de Tlaxcala, llevándose la vida de 369 personas, por lo menos, según los datos oficiales.

Treinta y dos años después del devastador terremoto del 85, México y el mundo unieron una vez más sus fuerzas, los jóvenes salieron a la calle para ser los primeros en brindar ayuda a los damnificados, así como los rescatistas profesionales, asociaciones y organizaciones civiles acudieron al llamado de ayuda, al igual que también recibimos el reconocimiento y el apoyo internacional.

Todos luchamos hombro a hombro y mano a mano sin importar posturas políticas o sociales, esto es bien importante, no solo recordemos el dolor, recordemos también que el 19 de septiembre queda en la memoria de los mexicanos como una fecha en que nuestra solidaridad y nuestra capacidad de organizarnos, por encima de las deficiencias gubernamentales, ha quedado manifiesta.

Es bien cierto que los desastres naturales no los podemos evitar. Sin embargo, las consecuencias de estos podrían haber sido evitadas si la corrupción y la colusión de autoridades con constructores no hubiese ocurrido, ejemplo de esto fue la terrible tragedia en el Colegio Rebsamen, en donde por negligencia de las autoridades de la demarcación fallecieron 19 menores de edad.

En Oaxaca se registraron 57 mil afectaciones a inmuebles, mientras que en Chiapas se contabilizaban 53 mil negocios y viviendas con daños, en total se estimó que este sismo dejó 300 mil damnificados, sabidamente no es una cifra menor y no importa el lugar del país del que vengamos, este es un tema trascendente para la nación.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo diputado.

El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Correcto. Simplemente pues decir que nos sumamos a los cinco puntos en donde la Cámara de Diputados pide claridad del uso de los recursos, porque la corrupción y la no acción correcta del gobierno también mata, y finalmente...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: ... agrego el quinto punto, que es, la Cámara de Diputados exhorta también a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar con carácter de urgente un programa especial para concluir las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados durante los sismos de septiembre de 2017 y dar atención a los estudiantes que no han comenzado el ciclo 2018.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, y se prepara el diputado Armando González Escoto.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Hace un año y también en 1985 se escribieron 2 de los capítulos más dolorosos de la historia del pueblo de México, los centenares de fallecidos y sus familias han vivido en carne propia una pena que el resto apenas podemos sospechar.

Nos duele como mexicanas y mexicanos el dolor de nuestra gente. Nos duele como seres humanos cualquier muerte, cualquier herida. Y creo que esto hemos aprendido de los sismos recientes, inclusive del terremoto del 7 de septiembre, que sentimos muy fuerte en mi estado, Oaxaca.

Ante este tipo de sucesos el pueblo debe estar preparado para ayudarse a sí mismo. La solidaridad y la sensibilidad de tantas mujeres y hombres, de los jóvenes durante aquellas jornadas exhaustivas de rescate fueron sorprendentes, heroicas.

Aprendimos de la capacidad de amar de los vecinos y vecinas de esta urbe, de la ciudad capital. Aprendimos de su disposición para participar voluntariamente en la búsqueda y luego en el albergue de los damnificados. Aprendimos que una loza es más sencillo levantarla si varios participamos en la tarea.

Por eso, la pena que nos embarga al recordar los terremotos se transforma a veces en esperanza, en agradecimiento a los voluntarios, en admiración por quienes participaron en el rescate, aun arriesgando su vida.

Descansen en paz tantas y tantos mexicanos de bien, que sus familiares y amigos se sientan acompañados por su país.

Claro está que el gobierno debe cumplir con sus responsabilidades. Claro está que de este dolor muchos se han aprovechado, incluso, al parecer hasta se han enriquecido. Han hecho negocio al amparo de la reconstrucción.

Claro está que no han faltado los funcionarios negligentes, las escuelas sin levantarse, las casas prometidas sin edificarse.

Y no les debe quedar duda que nuestro movimiento democrático no dejará de exigir cuentas y severas penas para ellas y ellos.

Pero este 19 de septiembre necesitamos ser respetuosos del luto nacional. Que el respeto a la memoria de las víctimas, la solidaridad con sus deudos y el homenaje a quienes ayudaron...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada Maribel Martínez Ruiz: ...en los momentos más críticos sea la huella que recordemos el 19 de septiembre –concluyo–. Y más aún, que esa huella de respeto, solidaridad y grandeza permee hoy y siempre en nuestro querido país. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tiene  la palabra el diputado Armando González Escoto. Y se prepara Eduardo Zarzosa Sánchez.

El diputado Armando González Escoto: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Armando González Escoto: Honorable asamblea, Encuentro Social en la Ciudad de México, de manera conjunta con damnificados de Tláhuac e Iztapalapa, ha exigido a las autoridades federales y locales una atención adecuada que garantice el derecho humano a una vivienda digna. De manera lamentable, esto no ha sido posible.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el pasado mes de noviembre una mal llamada Ley de Reconstrucción, que no reconoce la realidad que priva en las delegaciones del sur-oriente de la ciudad. Grietas, fracturas están dañando a miles de casas-habitación.

El jefe de gobierno descalificó el trabajo que realizó el Cenapred y la UNAM del mapa digital de fracturamiento, que presentaron de manera conjunta días después del sismo.

Hoy vemos de manera lamentable que la mal llamada Ley de Reconstrucción no visibiliza la problemática de los vecinos de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Ni mucho menos tiene un censo actualizado de cuántos damnificados existen.

Aunado a lo anterior, la Sedatu no depositó de manera íntegra los apoyos a los vecinos y se han negado a entregar a los damnificados la cédula de información socioeconómica y de evaluación de daños, de damnificados de Iztapalapa. Han hecho la solitud al delegado de la Sedatu en la Ciudad de México, sin respuesta alguna, ya que se requiere conocer el algoritmo que utilizó para calificar el daño.

Por lo anterior, me permito proponer un sexto resolutivo al punto de acuerdo.

Sexto. Se solicita comparezca ante la Comisión de Protección Civil de esta Cámara de Diputados, el director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo a fin de que dé a conocer el algoritmo que se utilizó para calificar el tipo de daños a las viviendas por los sismos del 7 y 9 de septiembre. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Está proponiendo un sexto resolutivo que le solicitaría, señor diputado, si no tuviera inconveniente, comentarlo con el Grupo Parlamentario proponente que es Morena, para que se agregue ese sexto punto que usted solicita.

Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Y se prepara la diputada Gloria Romero León.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Los sismos del pasado mes de septiembre provocaron afectaciones en más de 403 municipios y alcaldías de la Ciudad de México y de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y el estado de México.

Por su dimensión, dispersión geográfica, variedad y extensión, es la catástrofe más significativa de nuestra historia. Debemos reconocer su dimensión. Uno de cada cinco municipios en el país fueron afectados.

En las entidades con mayores afectaciones se instalaron albergues, se amplió la red de comedores comunitarios y aumentó la presencia de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la población. El proceso de reconstrucción, atención a damnificados y el establecimiento de las capacidades productivas se inició de manera inmediata y se han llevado a cabo con absoluta transparencia, responsabilidad y en un marco de coordinación institucional.

El esfuerzo de la reconstrucción no tiene precedentes. Nos convertimos en un referente a nivel internacional, por la capacidad de respuesta en el apoyo a los damnificados. Tan solo en vivienda el gobierno de la República ha invertido más de 8 mil millones de pesos para beneficiar a más de 166 mil familias.

Para hacer una comparación, basta decir que la hermana República de Chile tardó seis años en reconstruir 80 mil viviendas destruidas por el sismo de 2010. Nosotros en tan solo un año hemos atendido el 98 por ciento de las viviendas con algún tipo de daño.

El reto no fue menor. Más de 12 millones de personas fueron afectadas en su patrimonio y se presentaron daños parciales y totales en la infraestructura carretera, educativa, de salud y telecomunicaciones.

A un año de la tragedia los avances son tangibles. Para la reconstrucción de los 19 mil 194 planteles educativos se han aprobado más de 9 mil millones de pesos. Hoy todos los alumnos de educación básica asisten a clases, 98 por ciento lo  hacen en sus planteles y 2 por ciento han sido reubicados temporalmente.

El sector salud trabaja hoy con normalidad y con todas sus capacidades, ya que en 949 unidades médicas que se vieron afectadas ya se han restablecido los servicios en 871 de ellas.

El patrimonio de todos los mexicanos también ha sido objeto de restauración.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Concluyo, presidenta. El Ejecutivo federal con gran sensibilidad modificó las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales para que la federación aportara el 75 por ciento del total de recursos destinados para la reconstrucción. Antes sólo se aportaba el 50 por ciento.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Invito –con esto concluyo– al próximo gobierno y a los gobiernos de las entidades federativas para que sigamos en este mismo esfuerzo. Todavía faltan cosas por hacer. Tenemos pendientes, pero todos tenemos oportunidad de hacer algo por nuestra patria.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo. Tiene la palabra...

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ... la diputada Gloria Romero León, del Partido Acción Nacional, y se prepara Juanita Guerra Mena, de Morena.

La diputada Gloria Romero León: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se cumple un año del sismo que sorprendió a la Ciudad de México y a los estados de Chiapas, Oaxaca, estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, que dejó un saldo de cientos de personas fallecidas y destrucción de miles de casas y cientos de edificios, tanto particulares como públicos.

A un año de los sismos quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué tanto se ha avanzado realmente en la reconstrucción de las viviendas? ¿Qué explicaciones dará el director de Bansefi, Virgilio Andrade, a las familias damnificadas de Oaxaca y de Chiapas, que a un año de distancia del sismo del 7 de septiembre aún no han recibido los recursos prometidos para la reconstrucción de sus casas?

Qué explicaciones darán las autoridades del Fondo Nacional de Desastres Naturales a quienes aún no han recibido la ayuda prometida para reconstruir sus viviendas.

¿Son más seguras las escuelas donde estudian nuestros niños y niñas? ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra cultura de protección civil? ¿Se han actualizado o mejorado los protocolos de actuación para futuras eventualidades?

Creemos pertinente hacer esas preguntas porque la información por parte del gobierno no sólo se ha dado a cuentagotas, sino que además es incongruente. Con la realidad que viven los damnificados y la sociedad en su conjunto, no ve los avances suficientes en los trabajos de reconstrucción.

Si bien es cierto que dichos trabajos han debido tomar un tiempo considerable, lo cierto es que también es hora de llamar a cuentas a los responsables, para asegurarnos que la reconstrucción concluya conforme a lo establecido.

También es hora de llamar a cuentas a todas aquellas autoridades de los tres niveles de gobierno que por omisión o franca incompetencia dejaron de verificar o inspeccionar, como lo establece la ley, inmuebles que albergaban escuelas, hospitales, centros de trabajo o casas habitación.

Porque la omisión en el deber es negligencia y también es corrupción. Lamentablemente esa negligencia cobró vidas.

El hecho de que hoy se hable de un desvío multimillonario en la aplicación del presupuesto destinado para la reconstrucción, nos obliga, compañeras y compañeros diputados, a exigir una investigación a fondo sobre el uso y el destino de los recursos etiquetados para la atención de los damnificados.

Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo, para que se rindan cuentas y se aplique todo el peso de la ley a quienes hayan cometido ilícitos con motivo de esta tragedia. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, del Partido Morena, y hay dos diputados que solicitaron la palabra para hechos, que se les va a solicitar, se les va a aceptar. Juanita.

La diputada Juanita Guerra Mena: Con su venia, señora presidenta y honorable asamblea. La protección de la vida no es un juego que deba estar sometido a la coyuntura política o a la prioridad formada en los últimos lugares de la agenda legislativa.

No quisiera perder a un familiar o alguno de ustedes lo perdieran porque en su estado no hay alerta sísmica, teniendo en sus manos la posibilidad de que se salvara si lo hubiésemos presupuestado.

Nadie de nosotros podía imaginar que 32 años después se presentara un sismo que en menos de dos minutos nos plantó en una realidad que muchos pensábamos superada. Si algo fue diferente al pasado 19 de septiembre, fue que las comunicaciones se convirtieron en valiosas herramientas en labores de rescate y marcaron la participación activa de la comunidad. Si algo no cambió, fue que una vez más la sociedad reaccionó ante la lentitud de una clase gobernante pasmada y tomó el control de esa situación.

Civiles mezclados con los miembros del Ejército, Marina y la Gendarmería, lo mismo dirigiendo el tráfico y levantando una piedra así como una loza con sus propios recursos. Gracias a todas y a todos que participaron. Gracias por su humanidad.

Es destino geográfico que en nuestro país la tierra volverá a estremecerse. Sin embargo, está en nuestras manos que cuando eso suceda no dependamos de otra mano, de un desconocido para recibir ayuda, pues en las zonas sísmicas de la clasificación D, son aquellas donde han acontecido los grandes sismos históricos, y en esta zona se encuentra mi querido estado de Morelos, que no cuenta con la Red Acelerográfica y un sistema de alerta sísmica.

Por ellas las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, manifestamos nuestra preocupación votando a favor de este punto de acuerdo, pues es urgente diseñar esquemas de gestión integral de riesgo, tanto para el tema sísmico como para el desastre natural que hace un año fueron los sismos y hoy las inundaciones como es Jojutla, Morelos.

Tenemos una responsabilidad con las familias para que en la próxima discusión en el Presupuesto de Egresos, asignemos recursos para el aseguramiento de inmuebles y para el patrimonio histórico, a manera de que seguros estén, de estos catastróficos, en todos los estados. Que no se vuelva a dar un escenario más, pero hay que salvaguardarlos.

Es un tema de prevención y de solidaridad, solo por un momento imagínense, señoras y señores diputados, de aquellos que perdieron a un familiar, un patrimonio y hoy, a un año de tragedia sigan viviendo la luz del día a través de una carpa, que no tienen en donde vivir. Alumnos sin escuela y condiciones lastimosas. Gracias a todas las compañeras y compañeros diputados.

Por el tiempo no puedo mencionar sus nombres, pero gracias a Oaxaca, a Chiapas, Guerrero, estado de México, Tlaxcala y Cuidad de México, todos compañeros diputados que formamos esta punto de acuerdo. Felicidades a todos y sean aprobado en el Presupuesto de Egresos en beneficio de todos los estados que así lo requieren. Gracias a todos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada María del Carmen Bautista, hasta por tres minutos.

La diputada María del Carmen Bautista Peláez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la aplicación de ayuda de reconstrucción de viviendas para los estados afectados ha pasado por distintas fases.

A través de fondos como el de Desastres, para invertir en la reparación de las afectaciones totales y parciales que permitan la rehabilitación de los hogares de los miles de damnificados, particularmente en el estado de Oaxaca y de Chiapas, y en especial en el municipio de Pinotepa Nacional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, en el estado de Chiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales, mientras que en el estado de Oaxaca sumaron 63 mil 335 casas con nivel de afectación mayor, dando como resultado un total de 121 mil 701 viviendas que resultaron afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Hoy ocurrió un nuevo temblor en Guerrero, el epicentro fue en Coyuca de Benítez, fue de 5 grados.

Todavía en el estado de Oaxaca las personas, los ciudadanos siguen viviendo en el patio, no cuentan con la reconstrucción de viviendas y no pueden estar en ellas porque tienen miedo de que la vivienda caiga. ¿Dónde quedó el recurso del Fonden? ¿Qué es lo que está pasando?

Afortunadamente el día de hoy, en Oaxaca, el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un plan definido para reconstrucción de viviendas. No vamos a padecer con este gobierno lo mismo que hemos padecido con los otros. Afortunadamente vamos a estar de la mano trabajando con el gobierno entrante.

Pero también quiero exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se considere la instalación de mesas de diálogo con habitantes de la región del Istmo, de la costa, a fin de resolver las demandas de actualización de los censos de viviendas dañadas en el estado de Oaxaca, por los sismos del 7...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo diputada.

La diputada María del Carmen Bautista Peláez: ... y 9 de septiembre del año 2017. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña y, finalmente, Teófilo García Corpus. Hasta por tres minutos.

El diputado Gerardo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputada presidenta. Dice la fracción del PRI, que aumentaron el Fonden del 50 al 75 por ciento. Se quedaron cortos, creo que lo aumentaron al 100 por ciento el robo, porque los damnificados no han visto nada.

Hoy, a esta hora, se está realizando una manifestación aquí en el Distrito Federal de damnificados que no han recibido ningún apoyo. La gente en mi distrito 4 de Iztapalapa sigue, en la colonia El Molino, por citar un ejemplo, sigue viviendo en la calle, con tiendas de campaña, en condiciones verdaderamente inhumanas. Pero no solo es ahí, es en todos los estados afectados por el sismo.

Es inaceptable que vengan aquí a la tribuna a decirnos que estuvieron a la altura. El único que estuvo a la altura del sismo fue el pueblo de México, que salió heroicamente a rescatar a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que se jugó la vida, que dio dinero que se robaron, que a esta hora no han dado la explicación de dónde están los fondos, no sólo del pueblo de México, sino de pueblos de otras naciones del mundo que apoyaron, y a la fecha no han dado cuentas de nada.

Bueno, llegaron a tal nivel de desvergüenza que hasta las despensas que envió la gente, se llevaron y las usaron en la campaña, y como la gente sabía que era del pueblo por eso les fue como les fue en resultado electoral del pasado primero de julio.

Y no se han conformado con eso, fueron tan canallas, que usando el órgano electoral acusaron a los compañeros de Morena, que fue el único, los únicos políticos y políticas del país que dieron apoyo directo a los damnificados. Esa es la verdad. Los acusaron de que habían usado fraudulentamente el fideicomiso, afortunadamente el tribunal les corrigió la plana.

Y hoy les digo a los compañeros y compañeras diputadas, que se llenan la boca de hablar de solidaridad, que se sumen a este fondo, que apoyen a los damnificados, que le entren con sus 45 mil pesos para que le llegue a la gente algo, mientras logramos que el nuevo gobierno, que empezará el primero de diciembre, le dé respuesta final a los damnificados, porque está claro que este gobierno ya no lo hizo, nos tocará a nosotros responder y le vamos a cumplir a la gente.

Esta soberanía tendrá que tomar la determinación del presupuesto suficiente para que nadie carezca de techo y reciba el apoyo y la solidaridad necesarios. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra Teófilo García Corpus, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Honorable asamblea, respecto al punto de acuerdo de urgente resolución, que planteó el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario del PRD estamos de acuerdo con lo expuesto y no podíamos no estar de acuerdo si los mexicanos que sufrimos, todos, los sismos del día 7 y del día 19 fuimos testigos de los destrozos, de las pérdidas humanas y materiales que sufrió nuestro país.

Aun con la respuesta del gobierno, los recursos del Fonden y demás apoyos privados que se dieron, a la fecha la opinión, el comentario de los habitantes de Oaxaca, de Chiapas y de la Ciudad de México es: ¿en dónde están los recursos? Y en esto coincidimos, los recursos no se han aplicado, los recursos se utilizaron para otros fines, no para los fines que estaban propuestos.

A un año de la tragedia y la desgracia ocurrida por los sismos en el estado de Oaxaca, aún quedan 16 mil personas a quienes no les han llegado los recursos para la reconstrucción de sus viviendas y no han tenido apoyo por parte de ninguna autoridad, encontrándose desprotegidos, vulnerables, en condiciones precarias.

Lo mismo sucede en Chiapas, Morelos y la Ciudad de México. Ante ello coincidimos, como grupo parlamentario, en que tenemos que exigirles a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados afectados para que presenten a la brevedad posible un informe detallado y que sea del conocimiento público para explicar en qué fueron empleados los recursos destinados para las obras de reconstrucción de los estados, el avance actual que lleva este proceso, con el fin de tener claridad y dar seguimiento a las denuncias por el mal empleo de los recursos del Fonden, como en el caso del estado de Oaxaca, de las clonaciones de las tarjetas emitidas por Bansefi y demás recursos materiales y económicos destinados para las entidades federativas afectadas.

Por otra parte, coincidimos también en que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación realice las investigaciones, deslinde responsabilidades y aplique la ley para aquellos que hayan hecho mal uso de los recursos.

Y también coincidimos en el sentido de que el nuevo gobierno destine la mayor cantidad de recursos para que se pueda atender la reconstrucción en su totalidad. A un año del doloroso acontecimiento...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus: ...México está de pie, recuperándose día a día. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Finalmente, el diputado Eduardo Zarzosa, del PRI, que también solicitó la palabra para hechos.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Micrófono en la curul del diputado Fernández Noroña.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (desde la curul): Una disculpa, diputada presidenta. Es que por el tiempo no comenté que también los diputados del PT cooperamos en ese fideicomiso, fui omiso.

Y también, si me lo permiten, dos segundos. Quisiera manifestar mi solidaridad con el licenciado Juan Carlos Delgadillo Salas, titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que ha presentado su renuncia. Yo esperaría que esta soberanía no se la acepte, pues han prestado un servicio profesional, serio, honesto, muy importante y creo que deberían seguirlo prestando. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Informo a la asamblea que se ha presentado ante esta Presidencia una propuesta de modificación al punto de acuerdo, en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella y también a solicitar... Ay, perdóneme. Discúlpeme, pensé que ya había acabado.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Gracias, presidenta. Pensé que ya se había olvidado de mí.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se me había olvidado, perdón.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Primero que nada, quiero dejar muy claro que, efectivamente, el principal reconocimiento es para el pueblo de México. Porque, finalmente, fue el pueblo de México quien constituyó la gran fuerza para que hoy tengamos una diferente realidad a la del 19 de septiembre.

Pero yo quiero pedirles a mis compañeros diputados de todas las fracciones que el principal reconocimiento se lo demos hoy con un aplauso a las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque fueron ellas quienes dieron la gran batalla y estuvieron ahí cerca de los damnificados.

Aquí se subió a decir en tribuna que hay desfalcos, que hay corrupción. Yo les pido... Serenos, morenos, serenos...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No hay diálogos, diputado.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: ...que si tienen pruebas, las aporten. Muy sencillo, que, si tienen pruebas, las aporten. La Auditoría Superior está haciendo su trabajo. Una vez que se concluyan estos trabajos seguramente habrá que deslindar responsabilidades. Y seguramente ahí estaremos los diputados del PRI, apoyando para que se cumpla todo el peso de la ley.

Presidenta, le pido respeto a la asamblea, por favor.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, solicitamos a la asamblea, en obvio de tiempo también, permitan que el diputado concluya su intervención.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Decían aquí que, qué hemos hecho los diputados del PRI. Hemos hecho mucho. En el estado de México.... Respeto, compañeros.

En el estado de México, por ejemplo. Los 75 diputados de todas las fracciones políticas, dimos un mes de nuestra dieta para que se pudieran construir viviendas. Aquí hay diputados del estado de México, de otras fracciones parlamentarias que pueden dar fe de esto que estoy diciendo.

Así que, compañeras y compañeros, yo les pido que no lucremos más políticamente con este tema que a todos lastima. No lucremos más, porque los únicos que salen perdiendo es el pueblo de México.

Los invito, por el contrario, a que vengamos aquí a hacer proposiciones que abonen a la reconstrucción de nuestro país. Que no vengan a dividir más, compañeras y compañeros. Las elecciones de julio ya quedaron atrás, superémoslo todos. Parecía que ustedes todavía están en campaña y esos tiempos ya terminaron.

Yo les pido respetuosamente que nos sumemos para la construcción de nuestro país, para el bien de México y de los mexicanos. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría a dar cuenta de la propuesta de modificación y también consulte, en votación económica, si se acepta la mencionada modificación.

La diputada Ana Karina (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Está concluida la lista de oradores.  A ver, Ana Karina, está solicitando la palabra. Micrófono para la diputada Ana Karina.

La diputada Ana Karina (desde la curul): Así como el diputado del PRI nos está diciendo de esas viviendas. Yo quiero invitar a toda la bancada del PRI a que haga un recorrido por las zonas afectadas de Iztapalapa y se den en verdad cuenta de qué es la situación que estamos viviendo en esa zona. Los invito, compañeros diputados del PRI, para que hablemos del mismo tema, porque creo que en su mapa ni siquiera tienen a Iztapalapa. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Para conocimiento de la asamblea, el diputado Armando González Escoto, del Partido Encuentro...

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Un momentito, diputada. Disculpe.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Diputado Fernández Noroña. ¿Para qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputada presidenta. Con fundamento en el artículo 120 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pido la palabra por alusiones. El propio artículo habla de que hay alusiones explícitas o implícitas.

Yo hice un señalamiento puntual al PRI de corrupción y el diputado me aludió. Le pido el uso de la palabra en base al artículo 120.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Haga la alusión desde su curul, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con mucho gusto, diputada presidenta. Yo, en primer lugar, le tiendo la mano a los diputados y diputadas del PRI en el planteamiento de que construyamos juntos y hacia adelante a partir del primero de diciembre que encabezará el compañero presidente electo el gobierno popular que le responderá al pueblo de estas cosas que no se han resuelto de la gente viviendo en la calle.

Por otro lado, le tomo el reto. Yo no estoy en la posición de ni perdón y olvido, y vamos a llevar a hacer todo el esfuerzo para que paguen con cárcel, y regresen lo que se robaron que era de los damnificados que entregó el pueblo de México y entregaron los pueblos del mundo. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe, compañera secretaria.

La secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Para conocimiento de la asamblea, el diputado Armando González Escoto, del Partido Encuentro Social, está solicitando una modificación, la cual doy cuenta.

Se solicita al director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo del gobierno federal, dé a conocer el algoritmo que se utilizó para calificar el tipo de daños de las viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre antes mencionado. En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aparentemente no se comprendió bien qué es lo que estamos votando. Repita la Secretaría la propuesta de modificación.

La Secretaria diputada Mariana Dunyasca García Rojas: Claro que sí. Reitero. Para conocimiento de la asamblea, de parte del diputado Armando González Escoto, del Partido Encuentro Social, solicita al director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo del gobierno federal, dé a conocer el algoritmo que se utilizó para calificar el tipo de daños de las viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Esa es la modificación en comento, por ello en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

En votación económica se pregunta si se aprueba el Acuerdo con la modificación aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado el punto, comuníquese.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la segunda proposición de urgente y obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido encuentro Social, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre al municipio de Torreón, Coahuila, así como los ejidos del norte y oriente de Matamoros.

El diputado José Ángel Pérez Hernández: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, de acuerdo a la ONU, el cambio climático supone uno de los mayores desafíos de nuestra época, pues tiene efectos de alcance mundial y de escala sin precedentes. Se manifiesta, entre otros hechos, con la alteración de pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos, el movimiento del nivel del mar e incrementa el riesgo a inundaciones catastróficas.

Evidentemente nuestro país no ha quedado exento de los efectos del cambio climático, tal es el caso de las inundaciones que se dieron en la región lagunera, resultado de lluvias atípicas, aunque en los últimos años se han vuelto frecuentes.

De acuerdo con datos del Sistema Meteorológico Nacional, la precipitación pluvial acumulada alcanzó 190 milímetros en tan sólo cuatro días, llegando a los 80 milímetros el sábado 8 de septiembre, siendo este su nivel más alto.

Lo anterior representa un fenómeno extraordinario si consideramos que el promedio en esta región es de 200 milímetros anuales.

Según datos de Protección Civil, las inundaciones afectaron a más de 50 colonias de las zonas urbanas de Torreón, y causaron daños a las principales vías de comunicación del municipio, afectando a alrededor de 85 mil torreonenses.

Además, se vieron dañados ejidos conurbados al ejido San Antonio del Coyote, situados en la zona norte de Matamoros, Coahuila, así como el ejido Congregación Hidalgo, al oriente de este municipio donde habitan más de 7 mil familias.

Consecuentemente se declaró zona de emergencia y se implementó el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con lo establecido en las leyes correspondientes.

Sin embargo, esto no es suficiente, pues atienden la emergencia, pero no se resuelve el problema de fondo, esta no es la única catástrofe de este tipo a la que nos hemos enfrentado en las últimas semanas.

El pasado 17 de septiembre se registró una fuerte lluvia en el estado de Morelos, la cual provocó el desbordamiento de dos canales de riego del río Apatlaco, causando la inundación de al menos 15 colonias del municipio de Jojutla y otras dos en Tlaquiltenango, municipios que hay que recalcar, se vieron fuertemente afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Derivado de las actuales afectaciones, el gobernador de dicha entidad instruyó que brigadistas de las dependencias correspondientes acudieran a brindar apoyo a los afectados. No obstante, la labor del gobierno ante las emergencias no ha sido suficiente, y tampoco resuelve el problema de fondo.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hemos presentado puntos de acuerdo a fin de exhortar a los gobiernos y dependencias correspondientes a que aceleren los procedimientos necesarios para emitir las declaratorias de zona de desastre en los municipios antes mencionados de Coahuila y Morelos al declararlos zona de desastre, estos podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales que otorga la Secretaría de Gobernación y por medio de la coordinación de los tres niveles de gobierno se podrá atender mejor a la población afectada por las inundaciones, así como para financiar el costo de reconstrucción de las infraestructuras públicas que se vieron afectadas.

Una vez que lleguen los fondos, debemos supervisar que el uso sea el adecuado, y lleguen a los damnificados a la brevedad con honestidad y eficiencia. No debemos olvidar que nadie está a salvo de los efectos del cambio climático.

Ayudar ahora a nuestras hermanas y hermanos de Coahuila y Morelos servirá para atender su difícil situación, pero también para elevar la atención nacional en un fenómeno que puede afectarnos a todos en cualquier momento y en cualquier parte del país. Por ello, requerimos su apoyo para estos puntos de acuerdo y para apoyar a la población.  Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de esta proposición los siguientes diputados.

En obvio de tiempo, es uno de cada partido. Tiene la palabra el diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista de México, y se prepara el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, de Movimiento Ciudadano.  Tiene tres minutos, señor diputado.

El diputado Oscar Bautista Villegas: Muchas gracias. Con la venia de la presidenta. El día de hoy, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos respaldar la propuesta del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Partido Encuentro Social.

Es de suma importancia valorar la situación que el propio gobierno del estado, las autoridades municipales y el propio Ejército han realizado con relación a este factor climatológico, que sin duda del día  al 9 de septiembre pasado presentaron fuertes lluvias en la comarca lagunera.

La cantidad de agua que esos cuatro días cayó en ese municipio podríamos comentar que está cerca de igualar a la cantidad de agua que cae todo el año en ese municipio. Este fenómeno meteorológico atípico para la región provocó serias afectaciones al municipio de Torreón y a otras localidades aledañas, como el ejido San Antonio del Coyote y el ejido Congregación Hidalgo.

Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias afectaron a más de 50 colonias en el área conurbada de Torreón. Estamos hablando de más de 25 mil hogares dañados que debido al nivel que alcanzó el agua perdieron buena parte de su propio patrimonio.

Las pérdidas en cuanto a infraestructura son también cuantiosas y hasta que no se dé su propia rehabilitación sabremos el costo de las mismas.

Si bien las autoridades estatales y municipales se han coordinado adecuadamente con la propia Secretaría de la Defensa Nacional para declarar el área conurbada de Torreón como zona de emergencia, implementaron el Plan DNIII con la finalidad de auxiliar a la población durante la contingencia.

Ahora se requiere hacer llegar a los más de 65 mil afectados de manera pronta y oportuna los apoyos necesarios para reestablecer su vida normal y estar en condiciones de poder recuperar su patrimonio.

Derivado de lo anterior, el gobierno de Coahuila necesita que se declare a la región afectada como zona de desastre. Con ello se busca tener acceso a los recursos del Fondo de Desastres para que la comunidad se recupere del desajuste que sufre en su propia estructura social y que le impide el cumplimiento normal de sus propias actividades.

Por lo aquí expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, nos pronunciamos a favor de la aprobación del punto de acuerdo propuesto por el Partido del Trabajo. De manera tal, que se solicita a la Secretaría de Gobernación otorgue a la brevedad posible la declaratoria de zona de desastre al municipio de Torreón, al ejido de San Antonio del Coyote y Congregación Hidalgo, en el estado de Coahuila. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. En el uso de la palabra el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, de Movimiento Ciudadano. Se prepara el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz: Gracias, presidenta. Las lluvias ocurridas los días 7 y 8 de septiembre de este 2018, en el estado de Coahuila, han dejado grandes afectaciones a más de 97 mil habitantes de los municipios de Piedras Negras, Ciudad Acuña y, principalmente, Torreón, donde entre la noche del viernes y particularmente la madrugada del sábado se acrecentó el problema de las inundaciones, que desde inicio de septiembre venían afectando a esa ciudad.

Tan solo en cuatro días, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, la precipitación pluvial acumulada en la ciudad de Torreón alcanzó los 220 milímetros de agua, siendo las lluvias ocurridas del sábado 8 de septiembre las que generaron 80 milímetros de agua.

La gravedad de las afectaciones derivadas de las precipitaciones pluviales generó que la Secretaría de Gobernación declarara como zona de emergencia los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca, los cuales se adicionaron a la ciudad de Torreón.

Al día de hoy, el estado de Coahuila continúa sufriendo los daños ocasionados por las lluvias severas, pues a pesar de que el Ejército mexicano ha realizado diversas labores para asegurar la integridad física de sus pobladores, aún se mantiene latente el peligro por el desbordamiento de las presas El Pastorcito y Jalpa.

Ante tales hechos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano concuerda con la urgencia para que se apruebe dicho punto de acuerdo, pues dicha declaratoria podrá canalizar una mayor cantidad de recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, ya que ello podrá ayudar a subsanar las pérdidas que han tenido los ciudadanos de Coahuila.

Debemos de ser conscientes que los fenómenos naturales han incrementado su intensidad en los últimos años, por lo que es nuestro deber apoyar a la ciudadanía, no solo a través de este tipo de medios, sino también desarrollando políticas más integrales que permitan generar resiliencia a los municipios y estados más vulnerables a los efectos negativos que generan los desastres naturales.

Cabe mencionar que la posición geográfica que ocupa México nos hace más propensos a sufrir los estragos que está comenzando a generar el cambio climático, por lo que el caso de Coahuila, así como los que han venido ocurriendo a lo largo del país, debe ser un aprendizaje para crear estrategias para mejorar la capacidad de recuperación de los municipios, pues los grandes fenómenos naturales llegan a destruir en tan solo unos minutos el patrimonio que muchos ciudadanos tardan años o tal vez una vida en poder construir y, por supuesto, que no podemos ser omisos ni indiferentes ante tal situación. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Partido Encuentro Social y se prepara la diputada Martha Hortencia Garay...Ah, ¿no ha pasado el del PT, verdad? Perdón.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel: Con el permiso de la Presidencia. En el Partido del Trabajo acompañamos el sentir y la preocupación expresada por el diputado Ángel Pérez, proponente de este punto de acuerdo.

No cabe duda de que la cantidad de lluvia que recibió la ciudad de Torreón sobrepasó por mucho el promedio que la ciudad está capacitada para sobrellevar. Sin embargo, este fenómeno es cada vez más recurrente.

No es para ninguno de nosotros ajena la problemática que el ser humano ha causado al medio ambiente y que se ve reflejada en el calentamiento global y los desastres naturales que este ha acarreado, que tienen como una de sus expresiones más tangibles las lluvias atípicas.

En este caso la ciudad de Torreón fue víctima de una de esas catástrofes, lo que provocó que más de 50 colonias de la zona urbana sufrieran fuertes inundaciones, afectando vías de comunicación y más de 25 mil hogares. Y sumadas a esta tragedia están varias más de las pasadas semanas.

Apenas hace unos días, el 17 de septiembre, en el municipio de Jojutla se desbordaron 2 canales de riego, afectando severamente a la población que vive a la merced de las malas decisiones de infraestructura.

Mención merecen las lluvias que se han vivido los últimos días en la Ciudad de México, y que han causado graves afectaciones viales y han saturado los servicios de desagüe y alcantarillado.

Otros casos a considerar por las afectaciones, producto de las lluvias atípicas, son los que se registraron en Cerro de San Pedro y en Santa Ana María del Río, en San Luis Potosí, en donde las inundaciones fueron tan graves que arrastraron a vehículos estacionados, afectando gravemente el patrimonio de los habitantes.

En el Partido del Trabajo, estamos conscientes de que aun cuando los desastres son naturales, hay mucho que el Estado y el gobierno pueden hacer para prevenir y para resarcir.

De tal suerte, acompañamos la esencia del punto de acuerdo y nos sumamos a las justas demandas de la población afectada para declarar zona de desastres naturales. Porque para el Partido del Trabajo lo más importante es el bienestar de nuestras familias mexicanas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Partido Encuentro Social. Y se prepara la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del PRI.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Con su anuencia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: El pasado 16 de septiembre, aproximadamente a las 11 de la noche, las fuertes lluvias en mi estado, Morelos, generaron inundaciones de más de un metro de altura, provocando graves daños a la población de 15 colonias del municipio de Jojutla. Y dos, del municipio de Tlaquiltenango.

La cifra de hogares afectados es de 467 viviendas, sin contar a aquellos que viven en carpas y en situación de calle. Contándolos tendríamos más de mil 500 familias en franca y urgente desesperación.

Como es del conocimiento de todos, el pasado sismo de hace un año dejó miles de damnificados y a más de 16 mil familias que ese día perdieron todo. A un año de la tragedia nos damos cuenta de que los esfuerzos han sido insuficientes y las autoridades han sido omisas. En los casos más graves han simulado la reconstrucción, desviando y malversando los fondos destinados a esta urgente tarea.

Hoy Jojutla y Morelos vuelen a ser noticia. Literalmente nos está lloviendo sobre mojado. Por eso a aquellos que dicen que estamos politizando el tema yo quiero que me lleven a ver dónde se gastaron estos miles de millones, dónde se ejerció este recurso de la reconstrucción. Porque, francamente, nosotros que somos de ahí no lo vemos.

Por tanto, y en cumplimiento al artículo 11 de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, exhorto desde esta, la más alta tribuna de la nación, respetuosamente a la Conagua, para que corrobore el fenómeno natural descrito como lluvia severa, inundación fluvial y pluvial que afectó a las 15 colonias de Jojutla y a las 2 colonias del municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Así como la emisión de la opinión técnica con el propósito de acceder a los recursos del Fonden para atender la emergencia.

Solicito al secretario de Gobernación para que instruya a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se emita la declaratoria de desastre natural en la 15 colonias del municipio Jojutla y 2 del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, para acceder a los fondo de recursos del Fonden de manera ágil.

Y bueno, si estos fondos llegaran al gobierno estatal actual, le exijo a los que lo administren que lo hagan de manera transparente, que tengan tantita vergüenza. Nuestro estado ya no aguanta más robos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. La diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, diputada presidenta. Estimados legisladores y legisladoras. Nuestro país se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo. Las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, afectan el patrimonio de las personas, la infraestructura y el sector productivo, tal como ha sucedido en mi estado de Coahuila.

El cambio climático es una realidad y a las precipitaciones normales tenemos que agregar las de esta nueva realidad. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las precipitaciones de los últimos días casi superan el promedio anual. Al respecto las autoridades estatales, en conjunto con el Infonavit y la Sedesol, han cuantificado a través de un censo cerca de 100 mil personas afectadas y casi 25 mil hogares que han sufrido daños.

Ante esta situación de emergencia son necesarias acciones que respondan con oportunidad y diligencia los efectos de los fenómenos meteorológicos. En este sentido, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió ya una declaratoria de emergencia para el municipio de Piedras Negras, por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 4 de septiembre.

La semana pasada la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca del estado de Coahuila y Zaragoza, por la presencia de lluvia severa ocurrida del 6 al 8 de septiembre.

Asimismo, el domingo 9 de septiembre se declaró ya zona de emergencia en Torreón, y la Secretaría de la Defensa Nacional activó de inmediato el Plan DN-III, atendiendo con prontitud este municipio.

El día 14 de septiembre se instaló el Comité de Evaluación de Desastres para Torreón y Piedras Negras, Coahuila. Es por esto que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la respuesta inmediata del gobierno federal para atender la situación que prevalece en diversos municipios del estado de Coahuila.

Asimismo, reconocemos al gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís y a los alcaldes de los municipios que he mencionado, quienes han actuado con prontitud para atender esta emergencia y así garantizar la tranquilidad de los coahuilenses.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En este Día de Protección Civil, recordamos que todo fenómeno natural que afecta a la población requiere de la ayuda de todos, y que con este tema nos estamos solidarizando con las necesidades de quienes han sufrido daños en el estado de Coahuila.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Partido Acción Nacional, y se prepara la diputada Miroslava Sánchez Galván, de Morena.

El diputado Luis Fernando Salazar Fernández: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Luis Fernando Salazar Fernández: Compañeras, compañeros. Ya se ha explicado aquí muy bien el fenómeno atípico que se presentó en este caso en el estado de Coahuila, y hoy como coahuilense y como torreonense –representante justamente de un distrito con cabecera en Torreón–, me vengo a solidarizar a nombre mío, a nombre propio y también a nombre de los diputados que integran la bancada de Acción Nacional.

Es importante resaltar lo que comentó la compañera diputada del PRI Martha Garay. Efectivamente, hubo ya una declaratoria de emergencia que fue emitida el pasado 17 de septiembre para el municipio de Piedras Negras, y el pasado 18 de septiembre para los municipios de Acuña y Torreón.

Es importante destacar que cuando se emiten las declaratorias de emergencia, estas están dirigidas para atender la salud y la vida de la población, y normalmente después de que se emiten las declaratorias de emergencia, se establece el plazo que ya se fijó de 10 días para hacer el comité de evaluación de daños.

Por eso yo también quiero a nombre propio y de los diputados que integran la bancada que represento, que se integre a este estudio y a este punto de acuerdo a los municipios de Acuña y Piedras Negras.

Importante también saber si en estos municipios prácticamente un hecho en el caso de Piedras Negras, también se sufrieron daños materiales, tal es el caso que ya fue emitida una declaratoria de emergencia para atender la vida y la salud de la población.

Esto sería únicamente para no redondear más por todo lo que ya se ha comentado al respecto, y por supuesto expresar la solidaridad con los habitantes del municipio de Torreón, Acuña, Piedras Negras, del estado de Morelos, y también resaltar que en próximas fechas esta asamblea tendrá la oportunidad de aprobar el Presupuesto de Egresos. Importante advertir que efectivamente los fenómenos, las precipitaciones que se presentan, se deben al cambio climático, pero también a una falta, somos sumamente vulnerables porque hay una falta de infraestructura social.

Todos los municipios que estoy hablando ahorita, Acuña, Piedras Negras, Torreón, carecen de un drenaje pluvial que necesitamos y que son necesidades que habremos de impulsar los diputados de todas las bancadas para poder fortalecer y proteger más a los habitantes de los municipios que representamos. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. La diputada Miroslava Sánchez Galván, del Partido Morena. ¿Está solicitando la palabra, señor diputado? ¿Le dan micrófono al señor diputado, por favor? Sí, señor diputado. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Maximiliano Ruiz Arias (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Solamente para pedirle al compañero diputado José Ángel Pérez, que fue el que inició esta ronda en la declaratoria de zonas de desastre en el municipio de Torreón y aledaños, si nos permite también anexar por ahí, por condiciones diferentes los nombres de los municipios de Escuinapa y El Rosario que, por condiciones diferentes, es decir, por ausencia de lluvias tuvimos un colapso de 36 mil hectáreas productoras de mango, y los señores están en un serio predicamento por falta de esta cosecha, este resultado, e insisto, a consecuencia de la ausencia de lluvias, y esta es la actividad económica más importante del sur del estado de Sinaloa, en ese municipio, y del norte de municipios conurbados con el norte de Nayarit.

Si el diputado José Ángel Pérez acepta que se incluya, insisto, el nombre de Escuinapa y El Rosario como zona de desastre a causa de sequías colapsando la cosecha de mango, se lo agradeceríamos de parte del Grupo Parlamentario de Morena.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Señor diputado Maximiliano Ruiz, si fueran usted tan amable de acercarse al partido proponente, que es Encuentro Social, porque se trata de otro estado de la República para que se pongan de acuerdo en la redacción y podamos someter a consideración del pleno su propuesta. Tiene la palabra la diputada Miroslava Sánchez Galván.

La diputada Miroslava Sánchez Galván: Con venia, señora presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Los diputados federales de Morena, Coahuila, con apoyo solidario de los diputados del vecino estado de Nuevo León, nos manifestamos a favor de que se emita de inmediato la declaratoria de zona de desastre al municipio de Torreón, Coahuila, al ejido San Antonio del Coyote y Congregación Hidalgo, del municipio de Matamoros, Coahuila.

Desde los primeros días de septiembre del año en curso, en el estado de Coahuila de Zaragoza, se presentaron lluvias intensas dejando en varios municipios de la entidad casas inundadas, calles con grandes corrientes de agua, vehículos arrastrados e inundaciones que provocaron la movilización de los cuerpos de rescate.

Hasta el día 10 del presente mes, tan solo en Torreón, se tenían más de 70 mil personas damnificadas, 140 familias trasladadas a albergues, y esto como consecuencia de este desastre natural.

En municipios como Piedras Negras, Acuña, San Pedro, Matamoros, Torreón, Viesca y otros más, se tienen miles de damnificados, cuyas viviendas se inundaron, perdieron víveres, ropa y en general sus posesiones.

Las personas de estas comunidades requieren ayuda de manera urgente, de tal forma que es necesario poner en marcha los mecanismos para acceder al Fondo de Desastres Naturales, Fonden, ya que este está destinado a la atención de los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supera la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas, como es el caso que nos ocupa.

Al día de hoy solo se ha considerado como receptores del apoyo a los damnificados de los municipios de Torreón, Piedras Negras y Acuña, cuando son más los municipios del estado que requieren auxilio, municipios como San Pedro, Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca, por mencionar algunos de ellos, también requieren ser atendidos por los efectos del fenómeno meteorológico mencionado en párrafos anteriores, por lo que se hace necesario que el gobierno estatal y el federal, desde sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones conducentes para declarar a los otros municipios severamente afectados, como zonas de desastre y puedan acceder a los recursos del Fonden, ya que por medio de este se pueden autorizar recursos para cubrir fuentes transitorias de ingresos por causa de un desastre natural cuando se tenga como finalidad la limpieza y remoción de escombros, para la rehabilitación inmediata de las viviendas y cualquier actividad que contribuya a restablecer las condiciones de normalidad, como puede ser el reparar o reponer las viviendas afectadas.

Para el caso que nos ocupa, el de la tragedia de las fuertes lluvias que cayeron en Coahuila, Morena el jueves pasado presentó un punto de acuerdo a fin de que se apliquen los recursos del Fonden en todos los municipios  que requieran de ayuda por dicho fenómeno natural.

Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario, el de Morena, por razones humanitarias votará a favor del presente punto de acuerdo y solicita el voto solidario de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.  Por su atención y apoyo a la gente de Coahuila, mil gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (desde la curul): Señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, señor diputado.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (desde la curul): Solo para, en primer lugar agradecer a todos los diputados y todos los partidos de las diferentes bancadas que se han sumado al apoyo de los torreonenses, de matamorenses, de todo el estado de Coahuila, y también aceptar la propuesta del diputado Emiliano Ruiz, que propone que se agregue...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Escuinapa y Rosario.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (desde la curul): Escuinapa y Rosario. Por no ponerme los lentes miren lo que pasa, pero bueno.

También decir que en alusión a lo que mencionó el compañero del Partido Acción Nacional, Luis Fernando Salazar, en relación al drenaje pluvial.

Quiero agregar que cuando estuve de alcalde en Torreón, no tuvimos el recurso porque funcionarios, tanto federales como estatales no nos apoyaron, y únicamente dejamos estudios de las áreas de mayor inundación en Torreón, y se los dejamos al alcalde entrante del PRI, Eduardo Olmos y no hizo nada. Luego pasó Riquelme, tampoco hizo nada...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.

El diputado José Ángel Pérez Hernández (desde la curul): ... hoy lo tiene Zermeño, ya está tomando cartas en el asunto. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación. Que en realidad se agregan varias localidades que han mencionado los diputados, por favor.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las adiciones que han mencionado varios diputados. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones mencionadas.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta, en votación económica, si se aprueban las modificaciones mencionadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones manifestadas, diputada presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la tercera y última proposición de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Femat Bañuelos, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a los convenios correspondientes al apoyo extraordinario no regularizable destinado a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos: La concreción de la Cuarta Transformación de este país pasa necesariamente por darle carta de ciudadanía al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Con el permiso de la Presidencia. Integrantes de esta honorable legislatura, habremos de coincidir en que el tema de la educación superior está planteado de manera permanente en la agenda mundial.

Actualmente es innegable la influencia que ejerce en todos los ámbitos de la esfera social, a tal grado que las posibilidades reales de desarrollo que se fincan en las naciones tienen como referente a sus sistemas educativos.

Para el caso de la educación superior pública de México podemos observar que han crecido la cobertura y la matrícula, se ha diversificado la oferta educativa, se ha profesionalizado cada vez más su vida académica y la evaluación de los programas académicos y procesos administrativos. Es una práctica recurrente.

Si bien muchos avances son notorios, habrá que tener en cuenta que las instituciones de educación superior públicas han estado haciendo cada vez más con menos recursos financieros, han incrementado sus indicadores de calidad y competitividad académica a costa de serios esfuerzos, de ajuste al gasto y programas de austeridad, a tal grado que sus funciones sustantivas han estado en permanente amenaza. Por tanto, persisten los rezagos e inercias, muchos de los cuales se han derivado de la compleja situación financiera que aqueja a estas instituciones educativas.

Quiero expresarles que se avecina una situación de extrema urgencia, ya que las universidades públicas estatales de Chiapas, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas presentan una insolvencia financiera que las tiene al borde del colapso.

Cabe señalar que su situación es recurrente, cada año han presentado la misma situación, resultado de que tienen un subsidio que no cubre, desde hace años, el total de las obligaciones contractuales con sus respectivos sindicatos, además de la falta de reconocimiento de sus plantillas laborales, mismas que han crecido debido al aumento de la cobertura.

Año tras año, al final del periodo fiscal, la Secretaría de Hacienda les ha otorgado apoyos con recursos extraordinarios no regularizables. Sin embargo, en este momento y a pesar de existir un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los trámites para su apoyo se han estancado.

Aprovecho el uso de la voz para comentar que, de no atenderse esta situación, cada una de las universidades públicas estatales mencionadas entrará en un colapso financiero que las paralizará, dejando sin clases a 537 mil 615 jóvenes que representan el 32 por ciento del total de la matrícula de las universidades públicas estatales.

Desgraciadamente, se percibe la existencia de un gran vacío en la administración federal, donde el gabinete que se va ya no da respuesta, en tanto que los que llegarán no tienen posibilidad, en este momento, de atender y resolver.

Por lo antes expuesto es que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicita a este pleno, de urgente y obvia resolución, se turne a la Junta de Coordinación Política para efecto de que solicite audiencia al secretario de Hacienda, a fin de que dé cuenta de los recursos extraordinarios no regularizables, destinados a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera.

Así también, exhortar a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas involucradas, a fin de que asuman la responsabilidad estatal que corresponda.

Por último, si pretendemos desempeñar un papel decoroso en el ámbito de la sociedad del conocimiento, debemos aspirar a contar con una educación superior pertinente y de calidad debidamente financiada. Toda vez que esta representa un insumo fundamental para impulsar el desarrollo del país, favorecer el desarrollo de ciudadanos íntegros y libres, y mejorar la competitividad.

Lo que hoy suceda en nuestro ámbito educativo habrá de marcar el futuro de esta nación. Por una transición pacífica y pactada, todo el apoyo a la educación superior pública. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución, dando lectura al resolutivo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Punto de acuerdo. Único. Se turne a la Junta de Coordinación Política para que solicite audiencia al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dé cuenta de los recursos extraordinarios no regularizables destinados a las universidades públicas, estatales, en situación de emergencia financiera.

Consulto a la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, si se considera de urgente resolución (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición los siguientes diputados y diputadas, hasta por tres minutos.

Comenzaremos por el diputado Carlos Torres Piña, del PRD. Y se prepara Tonatiuh Bravo Padilla, por favor.

El diputado Carlos Torres Piña: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, diputada presidenta. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Torres Piña: A nombre de mi Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, acudo a esta tribuna para respaldar y acompañar este punto de acuerdo que presento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Pero, además, por convicción, porque yo no caí o no fui a dar a una universidad pública. Más bien la universidad pública fue la que me ayudó a salir adelante, la que me educó, la que me abrazó y ha permitido que muchos hombres y mujeres en este país puedan acceder a otro nivel de vida.

En México durante las últimas décadas el gasto público en la educación ha crecido de forma consistente, hay que reconocerlo, aunque este esfuerzo ha permitido que se den importantes avances en materia educativa. Pero todavía existen múltiples necesidades en este sistema educativo de nuestro país que no han sido suficientes para cubrir las carencias de los diferentes niveles que se desarrollan en el sistema educativo de esta nación.

Con problemas graves de desigualdad en recursos humanos, en recursos físicos y pedagógicos, esta situación provoca amplias desigualdades educativas que se manifiestan entre regiones, entre entidades federativas, localidades afectadas consistentemente a los sectores de poblaciones con menores recursos.

En un contexto mundial, compañeras, compañeros legisladores, el conocimiento se ha instituido a la base del desarrollo social y económico, constituyendo a la inversión educativa como un factor fundamental para lograr y a la vez permitir contar con una ciudadanía capaz de enfrentar retos que participe en una economía cada vez más globalizada y consolidar sus democracias y a la vez hacia una mayor equidad y participación social.

Decirles, que en este punto de acuerdo que presenta el Partido del Trabajo, señalan varias universidades de 10 estados. Una de ellas, de la cual soy originario, de Michoacán, que no esperaremos un año o dos años para que colapse. A partir del mes de octubre, compañeros diputados del PT, ya no se podrá pagar la nómina de los maestros, ni de los trabajadores. Inclusive esto es posible, que se suspendan clases en la Universidad Michoacana, en esta universidad tan importante en nuestra entidad.

Si bien es cierto que del producto interno bruto actualmente se ha destinado un 5.3 por ciento para la educación, la verdad es que no logra ese porcentaje que obliga a la Ley de Educación que concierne al 8 por ciento.

Por eso, compañeras diputadas y diputados, debemos de legislar y de asignar recursos a la educación, pero también de regular, porque hay altos funcionarios que son parte de las rectorías que ganan cantidades altas. No me refiero a los maestros, no me refiero a los trabajadores, sino a funcionarios que tienen salarios ostentosos.

Decirles, compañeras y compañeros, que este punto que hoy se presenta y de obvia resolución debiera de aprobarse...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, señor diputado.

El diputado Carlos Torres Piña: ... y girarse a las instancias correspondientes y no turnarse a la Junta de Coordinación Política. Pero respeto la modificación que hizo al planteamiento inicial, pero nuestro planteamiento sería que se hiciera desde este pleno y se convocara como estaba el punto inicial, y no turnarlo a la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias y muy buenas tardes.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano y se prepara...

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, señor diputado Tonatiuh. Un momentito.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Sobre el mismo punto que acaba de presentar el diputado del PT.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Hay un registro de oradores que nos mandó la Junta de Coordinación Política. Con todo gusto le concedo el uso de la palabra al término de la ronda, como hemos estado anotando a más diputados. Para rectificación de hechos les concederemos el uso de la palabra.

La diputada María Chávez Pérez: Voy a participar.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Correcto. Tendrá usted el uso de la palabra con mucho gusto.

En la mañana, diputadas y diputados, en la Mesa Directiva se leyó el punto de acuerdo que acabamos de votar que presentó el Partido del Trabajo haciendo la solicitud de una audiencia con el titular de la Secretaría de Hacienda.

En la Mesa Directiva se consideró exhortarles a que cambiaran esa redacción porque no nos permite el Reglamento pedir audiencias. Es citar al funcionario en cuestión para presentar lo que se considera en el punto.

Quisiera simplemente decir que debe de turnarse a la Junta de Coordinación Política para que convoque al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dé cuenta de los recursos extraordinarios no regularizables destinados a las universidades públicas estatales en situación de emergencia financiera.

Se solicitó también a través de la secretaria del Partido del Trabajo se hiciera esta corrección al partido mismo, y en este momento me está recordando la vicepresidenta del PRI que debe de corregirse esa redacción. .

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Femat.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (desde la curul): Estaríamos totalmente de acuerdo con la redacción que usted comenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Queda así entonces autorizada.

Volvemos al punto en el que estamos. Tiene el uso de la palabra el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Gracias, diputada presidenta. En México sólo 3.8 de cada 10 jóvenes cuentan con la oportunidad de asistir a alguna universidad o institución de educación superior, tomando en consideración el ámbito público y el ámbito privado.

A pesar de este bajo porcentaje y no obstante las necesidades nacionales, la oferta de educación superior sigue estando altamente concentrada en las principales zonas metropolitanas.

Sesenta por ciento de los jóvenes en el medio rural, no tiene acceso a la educación superior. Por eso precisamente y por lo señalado en The Economist, ingresar a una universidad es más importante que nunca para los jóvenes, para que los mismos inviertan tiempo y recursos en lograr sus propósitos no solamente de servicio a la sociedad, sino además de formación profesional.

A pesar de que las universidades han aumentado su cobertura en nuestro país y han diversificado su oferta educativa, lo cierto es que el día de hoy estas casas de estudio que han sido mencionadas en el punto de acuerdo propuesto por el Partido del Trabajo, están viéndose en una situación de crisis que ya ha sido descrita en el punto de acuerdo.

Son varias las causales que han generado esto. La plantilla no reconocida por la Secretaría de Educación Pública, el haber convenido prestaciones con sindicatos no contemplados en el modelo de financiamiento de la Secretaría de Educación Pública, adeudos de carácter fiscal o a proveedores de seguridad social.

En algunas ocasiones, hay que decirlo también con toda franqueza, una aportación totalmente desigual de las entidades federativas con relación a la aportación que hace el gobierno federal que en promedio nacional es del 70-30, 70 el gobierno federal y 30 por ciento los gobiernos estatales.

Menor crecimiento de los subsidios federal, estatal, y por supuesto, se ha agravado porque en los últimos dos años ha existido una muy fuerte reducción de fondos extraordinarios para todas las universidades.

Por estas razones es que los diputados de Movimiento Ciudadano apoyaremos este punto de acuerdo propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en el diálogo que tenga que haber con la Secretaría de Hacienda, es muy importante que se expongan estas razones, estos motivos, pero que también estén presentes los rectores para que escuchen también críticamente algunas cosas que pueden mejorar las casas de estudio en materia de su manejo financiero.

Por tanto, expresamos nuestro acuerdo y nuestro apoyo a esta propuesta del punto del orden del día, diputado Femat, y nos sumamos al mismo. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Diputado Alfredo Porras Domínguez, en el uso de la palabra, él es del Partido del Trabajo.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, es muy importante el punto de acuerdo que nuestro compañero Alfredo Femat, ex rector de la Universidad de Zacatecas, ha expuesto al pleno.

Tuve el honor también de ser fundador de mi universidad, la Autónoma de Baja California Sur, ahí estudié, ahí me formé, ahí fui funcionario y catedrático. Y lo más triste que podemos encontrar en el sistema educativo, es que los maestros no reciban los salarios correspondientes por la cátedra expuesta.

Nosotros tenemos la gran oportunidad, una vez que se cite al funcionario de Hacienda, para evitar que en Chiapas, en el estado de México, en Michoacán, en Morelos, en Nayarit, en Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, e incluyo a Tamaulipas y Baja California Sur, haya problemas económicos para el pago de los maestros.

Decía el compañero que nos antecedió, que egresó de la Universidad Michoacana, que ya en octubre tendrán problemas, y todos irán escalando este problema. Lo grave, presidenta, Mesa Directiva y compañeros, es que estamos ante la posibilidad de evitar un conflicto político-social importante, son más de 530 mil estudiantes que pueden quedarse fuera, fuera de las aulas y, en consecuencia recibir al presidente de México un conflicto social.

De ese tamaño puede ser si no tomamos la acción y la decisión de apoyar con todo lo expuesto por el Partido del Trabajo. Muchas gracias, por su atención.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, a usted, señor diputado. En el uso de la palabra, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, de Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en Encuentro Social como integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, creemos en la calidad educativa y lo reconocemos además como un derecho para los educandos y un gran deber para el Estado.

Asimismo, nos unimos a la preocupación de muchos jóvenes, uno de cada tres estudiantes para ser precisos, que tienen la preocupación permanente de qué va a pasar con sus universidades.

Es por ello que estamos convencidos de apoyar la estrategia para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación, que a partir del primero de diciembre estará operando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Son muchos los factores sin duda, algunos financieros, otros que tienen que ver con la operación cotidiana de las propias universidades, pero hay otros de carácter técnico y por ello solicito a quienes hacen la propuesta de este punto de acuerdo, que además de esa audiencia que se va a tener con el titular del ramo, se pueda hacer un exhorto para que se revise de una vez por todas la fórmula de distribución del subsidio federal que data del año 1978.

El país por supuesto ya no es el mismo, y la exigencia de tener universidades con un mayor nivel y sobre todo egresados que salgan a competir al trabajo laboral con mayores herramientas, es fundamental.

Desde Encuentro Social consideramos que debemos apoyar esta propuesta con una sugerencia clara: sí más recursos, sí estaremos gestionando ahora y en el próximo presupuesto federal, que ya no existan problemáticas para el pago de los maestros y que sean los universitarios los verdaderos beneficiarios de este esfuerzo, pero necesitamos que las universidades también sean eficaces, que privilegien la calidad en la ejecución del gasto.

No es posible que existan opacidades en el manejo de los recursos, que al final del día son propiedad de las y los mexicanos. Un México con calidad educativa, sin lesionar los derechos laborales, desde el respeto al Estado de derecho, pero también la puesta en orden del sistema jurídico nacional.

Tenemos que modernizar nuestra educación, pero también tenemos, como lo está haciendo esta Cámara y el próximo gobierno de Obrador, meternos en una política de austeridad. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. La diputada Marcela Velasco González, del Partido Revolucionario Institucional, en el uso de la palabra.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Con su permiso, diputada presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Estimados diputados y diputadas, la vialidad financiera de las universidades públicas estatales es un asunto de la mayor trascendencia, por el impacto social que representan, pero sobre todo porque implica reconocer que existe un problema de aplicación efectiva de los recursos públicos.

La educación universitaria es un pilar fundamental para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, contar con unidades universitarias bien preparadas es un requisito fundamental para enfrentar los principales problemas de México, ya que en ella se prepara a los jóvenes que serán líderes próximamente.

La educación superior también es un elemento esencial para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida y a un futuro promisorio. En México las personas con educación superior ganan más del 50 por ciento de aquellas que no lo tienen.

En este sentido, es necesario que las universidades públicas cuenten con viabilidad financiera, para no poner en riesgo la educación de millones de alumnos, pero también con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que permitan garantizar el ejercicio eficaz de estos recursos.

El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de transparentar los recursos públicos y contar con la información suficiente y oportuna sobre su debido ejercicio.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos ser claros, no se trata de restringir recursos para las universidades públicas, se trata de exigir cuentas claras y razones fundadas en el ejercicio de los recursos asignados, no solo para estas 10 universidades, sino para todas las instituciones públicas de educación superior.

En los últimos años, hemos logrado importantes avances para que más jóvenes puedan ingresar a la universidad. Actualmente la matrícula en educación superior es de 3.9 millones de alumnos, de los cuales 2.7 millones estudian en una institución pública y de ellos uno punto millones están matriculados en alguna de las 34 universidades estatales.

No sólo debemos apoyar a quienes por algún motivo no han logrado continuar sus estudios, debemos tener un plan integral también para los jóvenes que se encuentran inscritos en las universidades y tienen definido su futuro, ellos son un sector de la población que demanda educación de calidad, apoyos para no truncar sus estudios y oportunidades de empleo una vez que egresan.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del presente acuerdo, sin embargo, se propone que se convoque a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, pues son ellos los que operan los fondos respectivos y posteriormente a los funcionarios de Hacienda.

Pido a la Presidencia que ponga a consideración esta propuesta del Grupo Parlamentario del PRI. Es todo, gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Adolfo Torres Ramírez, de Acción Nacional.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Buenas tardes. Compañeros del Partido del Trabajo lo hemos dicho y ahora afirmamos, Acción Nacional es una oposición responsable y será un aliado de las acciones que supongan cambios positivos y es por ello que coincidimos en sumar esfuerzos para lograr espacios de diálogo y participación en beneficio de la educación superior.

A los rectores, cobertura, calidad y pertinencia, ese es el reto que todos tenemos que enfrentar. Sabemos de la difícil situación en que se encuentran estas 10 casas de estudio, entre ellas, mi alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sabemos que se han reunido y solicitado el apoyo de la Federación para que haya una inyección de recursos que permita cubrir la matrícula y la alta demanda, así como para solventar los gastos de nómina, pensiones, jubilaciones y diversos requerimientos. En particular, la casa de Hidalgo, como ya lo dijo el diputado Torres Piña, no tiene para pagar la nómina, ya que guarda un déficit de más de mil millones de pesos.

La educación es la mayor apuesta de movilidad social para los mexicanos. A todos los jóvenes de las universidades públicas de México, sepan que Acción Nacional conoce su realidad y sumaremos esfuerzos para que reciban los apoyos necesarios y continúen gozando de la educación superior.

En Acción Nacional, dos años atrás denunciamos en esta Cámara el quebranto financiero de la Universidad Autónoma de Nayarit, por más de mil 400 millones de pesos por malos manejos.


Nuevamente, demandamos que la federación tome cartas en el asunto. Que implemente mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de los recursos para erradicar los casos en que se ha dejado a las universidades en situaciones precarias.

Para abonar, la Auditoría Superior de la Federación podría llevar a cabo auditorías para definir los puntos débiles y las áreas de oportunidad, logrando así una mejor administración en los recursos y que el dinero público se transparente.

Desde nuestra labor sumaríamos esfuerzos para asignar presupuesto suficiente que permita gozar de educación de calidad, infraestructura, así como salarios dignos a los trabajadores universitarios.

También hacemos un llamado para que nuestros compañeros de Morena y el próximo gobierno, en el Presupuesto para el 2019 se contemplen los recursos con compromisos claros de rendición de cuentas y transparencia.

No pueden existir en México universidades de primera y de segunda. No podemos permitir que nuestros jóvenes sean presa de migración o de actividades ilícitas.

Coincidimos con la causa, pero particularmente solicitamos que en la comparecencia que el secretario de Hacienda sostendrá ante esta soberanía considere, de manera puntual, un informe del estado que guardan las universidades públicas, así como las alternativas de solución para atender la problemática que enfrentan. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señor diputado. El diputado José Aréchiga Santamaría, del Partido Morena.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría: Con su permiso, compañera presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría: Compañeras, compañeros diputados, sin duda la educación pública ha estado en la agenda pública de este país durante los últimos años. Y yo creo que esta es una gran oportunidad en esta cuarta transformación, para que con altura de miras podamos repensar la educación. Y pensarla a partir de tener a la vista la próxima generación y no solamente la coyuntura que hoy, sin duda, nos ocupa.

En razón del tiempo, solamente voy a referirme al tema de la educación superior, sin dejar de decir que arrancamos este ciclo escolar con estas insuficiencias presupuestales a las que ya mis compañeras y compañeros que me antecedieron en el punto se refirieron, de acuerdo al punto presentado por el diputado Femat, del Grupo Parlamentario del PT.

Pero también estamos arrancando este ciclo escolar con grupos –aunque parezca otro tema– en preescolar de 65 alumnos, con grupos en secundaria de hasta 65 alumnos, con grupos saturados en bachilleratos y aún con la imposibilidad de acceso de muchos jóvenes para lograr acceder a la educación superior.

Esta es la realidad que estamos viviendo: escuelas sin sanitarios, escuelas sin agua potable, escuelas sin infraestructura adecuada. Este es el reto que hoy tenemos.

Sin duda, en acuerdo con el punto de vista y con el punto de acuerdo planteado por el diputado Femat, sobre todo y a partir de los siguientes datos que yo quisiera plantear.

Efectivamente, están en riesgo más de 500 mil alumnos, pero también decir que están en riesgo de un total de 3 billones 900 mil alumnos. Y quisiera también dejar perfectamente claro que en el financiamiento destinado hoy a la educación superior no cuesta lo mismo ni se invierte lo mismo en un alumno que estudia en la UNAM que en un alumno que estudia en la Universidad de Sinaloa. O lo que se invierte en un alumno que está en la UNAM, comparado con lo que se invierte con un alumno del Politécnico Nacional o con la Universidad de Oaxaca o de Guerrero.

Quiero subrayar que si nosotros observamos la inversión en la educación tenemos que decir con absoluta claridad que nos mintieron a los mexicanos, que el presupuesto destinado a educación ha ido a la baja. Sin duda cuando se arrancó el actual sexenio estábamos arriba del 4 por ciento destinado a producto interno bruto de financiamiento público.

Hoy vale decir que estamos llegando a este último año solamente destinando el 3.4 por ciento del producto interno bruto a la educación.

Desde luego en este escenario sin duda estas universidades ya referidas, las 10 universidades referidas por supuesto que están en riesgo. Pero vale decir que este presupuesto extraordinario que hoy se solicita requiere también de la solicitud y la participación de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, de los gobiernos de los estados.

No puede darse de otro modo. Es tiempo de volver a hacer de la educación realmente una palanca de movilidad social y es tiempo de exigirle a las autoridades vigentes, que cumplan con la responsabilidad que adquirieron con las y con los mexicanos.

En apoyo total al punto de acuerdo presentado por nuestros compañeros del Partido del Trabajo. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Para hechos y para el mismo tema, la diputada María Chávez Pérez, de Morena. También está el diputado Rafael Novella Macías.  Diputada, en el uso de la palabra desde su lugar.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul): Que el déficit presupuestal que no le aporta el presidente o la Secretaría de Educación Pública a los estados, tiene en quiebra a las universidades, me refiero a un punto de acuerdo que yo también hace dos semanas presenté por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Hemos estado dándole seguimiento, algunos diputados de Michoacán, para trabajar ese punto la responsabilidad que puede presentar el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, del PRD, y que realmente tiene colapsada la economía del estado también en el nivel básico, tiene un adeudo tremendo. Maestros que no tienen salario y ahora la universidad colapsada está a punto de no pagar nómina a ningún maestro.

Si realmente queremos que se atiendan los problemas, no es presentándolo o viéndolo de manera fragmentada, es un mal que aqueja a toda la nación y a todas las universidades y pido, señora presidenta, que se incluya dentro del punto de acuerdo que se haga auditoría de la partida económica que entra a la universidad que le proporciona el estado y que se haga una auditoría a las universidades para ver el uso de los recursos, que sean bien aprovechados.

Si hay un déficit presupuestal a nivel nacional, quiere decir que tenemos un gran problema y no lo podemos estar trabajando por encimita.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El tiempo ha concluido.

La diputada María Chávez Pérez (desde la curul) Debe de atacarse de raíz, es un hecho.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Quiero aclarar que el punto de acuerdo que usted presentó fue turnado a comisiones, allá se discutirá y regresará al pleno para concluir el proceso parlamentario.

En el uso de la palabra el diputado Oscar Rafael Novella Macías, desde su lugar, y hasta por tres minutos. Diputado, usted ya está anotado.

El diputado Oscar Rafael Novella Macías (desde la curul): Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Tomo la palabra para adherirme al punto de acuerdo que propone el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el licenciado Alfredo Femat Bañuelos por varios motivos.

En principio porque soy orgullosamente UAZ. En la Universidad Autónoma de Zacatecas estudié la preparatoria, la licenciatura y la maestría, y porque estoy consciente de que paulatinamente las universidades públicas han sufrido un recorte paulatino de su presupuesto, y que sin embargo la matrícula se ha incrementado. Es decir, se ha hecho mucho más con menos. Este exhorto es por la reivindicación de la universidad pública. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, de Morena, desde su lugar.

El diputado Samuel Herrera Chávez (desde la curul): Diputada presidenta, también para adherirme al punto de acuerdo, ya que como universitario y como maestro universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, estuve en reunión con el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el rector de la universidad y nos hicieron esta petición, la cual hago a través nuestro a esta soberanía para que apoyemos la propuesta del exrector Alfredo Femat, del Partido del Trabajo.

Me adhiero sobre todo porque este problema es básicamente porque hay una visión restrictiva del actual régimen político en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Educación.

En el 2009-2012 que fui yo diputado pedimos una audiencia a Educación Pública y a Hacienda y no quisieron aumentar el presupuesto, solamente el gasto suficiente que ya tenían, pero no se aumentó el presupuesto de 2014. Desde 2014 aumentaron solamente en el 2009 a 50 millones el presupuesto y hasta mil 400 en 2012. Desde 2014 tiene mil 400 millones y no se ha aumentado.

La respuesta que nos dieron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación, es que ellos apoyaban no tanto a la educación pública, sino a la educación privada, que no podían apoyar mucho a la educación pública. Por eso es importante en el aspecto que sea, preferentemente al secretario de Hacienda que es el recurso económico para que de una respuesta.

El secretario de Educación Pública puede estar ahí pero preferentemente el punto de acuerdo que sea para el secretario de Hacienda, y sobre todo para que, en este caso, porque en el fondo también se están mirando los valores contractuales de los sindicatos. En el fondo hay una restricción a la educación pública y a educación superior, pero sobre todo a los derechos contractuales de los trabajadores de los sindicatos. Por eso apoyo el presente punto de acuerdo. Sería cuanto. Gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. El diputado Marco Antonio Adame Castillo, hasta por tres minutos.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, pedí autorización para tomar brevemente la palabra a fin de expresar mi solidaridad y unidad en torno a la propuesta y el tema que estamos comentando.

La educación es un tema que nos convoca a todos, y merece la unidad por encima de cualquier circunstancia partidista.

Lo que se está comentando durante esta sesión es no solamente relevante, es crítico porque estamos ante una de las crisis más severas de las universidades públicas, en especial de las que se han mencionado, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, mi alma mater.

El tema es el déficit estructural. Ya desde 2006 se hablaba de solucionar la deuda histórica de las universidades públicas, tan sólo porque en esa ocasión se habían acumulado, en voz de los rectores, una serie de pendientes y rezagos que estaban haciendo crisis en varias de estas nuestras casas de estudio.

Por eso mismo es preciso tomar acción de inmediato con sentido de urgencia, y buscar una solución que requerirá sin duda, no solamente de un informe en una comparecencia, citando al secretario de Hacienda, sino de decisiones extraordinarias para un problema extraordinario.

A grandes problemas señoras y señores legisladores, grandes soluciones. No se trata de los recursos ordinarios, no se trata de una reunión más para discutir sobre un tema que preocupa a las casas de estudio, se trata de un tema realmente crítico.

Por citar la referencia de la universidad de mi estado, el horizonte presupuestal que hoy tiene es de 14 días. Depende de anticipos que se han venido dando desde los últimos meses a cuenta del presupuesto en curso, y cada 14 días estamos ante un riesgo o amenaza de una huelga, es el caso del día de mañana.

Por tanto, ante esta situación quiero pedirles, no solamente que nos sumemos a este punto de acuerdo, sino que hagamos que ocurra pronto y que en esa reunión se comenten las probables soluciones a esta problemática y se tomen decisiones. El país lo merece, las universidades lo necesitan para todos, es una exigencia ética y política. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, de Morena. Micrófono en el lugar del diputado Hernández Tapia.

El diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (desde la curul): Gracias, presidenta. Como universitario y maestro universitario, por supuesto que me adhiero a la propuesta de los compañeros del PT, pero tan importante es salvar a las universidades que han sido descritas como importante es saber cómo han manejado sus recursos. Algunas de las universidades propuestas por los compañeros están involucrados en la estafa maestra.

Tengo información que la auditoría superior tiene avances importantes en las investigaciones que ha tenido lugar, e inclusive ha hecho las observaciones correspondientes a estas universidades.

Creo que tan importante es tener la comparecencia de las autoridades educativas y de Hacienda, como tan importante sería la presencia del auditor superior del estado, para que en esa comparecencia colectiva sepamos, precisamente, qué uso y qué avances en la solventaciones tienen los respectivos rectores.

Muchas universidades, en razón de su autonomía, manejan discrecionalmente los recursos y cuando menos en mi estado los rectores son verdaderos faraones y la universidad se ha convertido en la caja chica del gobierno del estado.

Por eso yo solicito a los compañeros del PT que pudiéramos agregar a su punto de acuerdo también la comparecencia del auditor superior, en razón de las atribuciones que tiene la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Bien. Las propuestas adicionales tienen que presentarse por escrito y debe de estar de acuerdo el partido proponente para poderlas procesar.

Entiendo que todos estamos de acuerdo, y por eso le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Remítase a la Junta de Coordinación Política.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría también dé a conocer otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que se comunica la designación de los diputados Silvano Garay Ulloa y Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, como consejeros suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterada. Comuníquese.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se informa a la asamblea que los asuntos turnados durante esta sesión quedan en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo, en tanto se integran las comisiones ordinarias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (17:41 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 20 de septiembre de 2018, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9:30 horas.

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