Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 26 de febrero de 2019

Apertura de la sesión

Intervención en lengua originaria de la ciudadana Yasnaya Aguilar

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Junta, con cambios en comisiones; de diputada y de diputado, con retiro de iniciativas; de diputada, por el que deja sin efecto notificación de salida de grupo; de grupo parlamentario, con designación de coordinadora y vicecoordinador; de la Segob, con informe; del Congreso de Guanajuato, con entrada en vigor de autonomía de su fiscalía; de la Cámara de Senadores, con devolución de minutas e iniciativas; del INAI, con informe; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Mesa Directiva, con turno de minuta a comisión; solicitudes de licencia de diputadas; del Congreso de Nuevo León, con iniciativas

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Por el que se proponen la creación de los grupos de amistad

Con propuesta de Agenda de diplomacia parlamentaria

Por el que se declara concluido el proceso para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos

Dictámenes a discusión

Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites

Por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte, fundamentación

Posicionamientos

Leticia Mariana Gómez Díaz Ordaz, PVEM

José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD

Alan Jesús Falomir Saenz, PMC

Ana Laura Bernal Camarena, PT

Miguel Acundo González, PES

Luis Eleusis Leónidas Córdova, PRI

Isabel Margarita Guerra Villarreal, PAN

Edith Marisol Mercado Torres, Morena

Discusión en lo general

Comunicado de diputado, con adhesión a grupo, y de coordinador con integración de diputado a su grupo

Iniciativas

Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca

Raúl Gracia Guzmán, PAN

Dulce María Sauri Riancho, PRI

Javier Julián Castañeda Pomposo, PES

Clementina Marta Dekker Gómez, PT

Adriana Gabriela Medina Ortiz, PMC

Claudia Reyes Montiel, PRD

Jesús Carlos Vidal Peniche, PVEM

Edgar Guzmán Valdéz, Morena

Hernán Salinas Wolberg, PAN

Isaías González Cuevas, PRI

María Eugenia Hernández Pérez, Morena

Mariana Dunyaska García Rojas, PAN

Laura Martínez González, Morena

Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Morena

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Morena

Sergio Mayer Breton, Morena

Declaratoria de publicidad para dictamen

Carlos Alberto Valenzuela González, PAN

María Ester Alonzo Morales, PRI

María Rosete Sánchez, PES

Ana Karina Rojo Pimentel, PT

Lourdes Celenia Contreras González, PMC

Raymundo García Gutiérrez, PRD

Beatriz Manrique Guevara, PVEM

Rubén Terán Águila, Morena

Mario Mata Carrasco, PAN

Anilú Ingram Vallines, PRI

Dulce María Corina Villegas Guarneros, Morena

José Salvador Rosas Quintanilla, PAN

Irma Juan Carlos, Morena

Juan Ángel Bautista Bravo, Morena

Mario Ismael Moreno Gil, Morena

Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 327 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (11:10 horas): Muchas gracias. Por lo tanto, se abre la sesión.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En términos del acuerdo aprobado, por favor, se concede la palabra a la ciudadana Yasnaya Aguilar, en el marco de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Hasta por cinco minutos.

La ciudadana Yasnaya Aguilar: (Habla en lengua originaria) El agua y la palabra. México y sus muchos nombres ocultos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdone, antes de comenzar. Tomen asiento, por favor, por respeto a la oradora. Allá también, los que ríen, por favor.

La ciudadana Yasnaya Aguilar: El agua y la palabra. México y sus muchos nombres ocultos.

Nëwemp. En el lugar del agua. Mixe.

Giajmïï. Sobre el agua. Chinanteco.

Nangi ndá. La tierra en medio del agua. Mazateco.

Kuríhi. Dentro del agua. Chichimeco.

Nu koyo. Pueblo húmedo. Mixteco.

Fue el nombre que le pusieron a esta ciudad. Después, a este Estado, el Estado mexicano: México. ¿Qué se oculta dentro de las aguas de Nëwemp?

Pretendo hablar de algunas ideas e intentaré responder a una pregunta. ¿Por qué están muriendo las lenguas? Actualmente se hablan aproximadamente 6 mil lenguas en el mundo. Del Catálogo de Lenguas Amenazadas de la Universidad de Hawái, Estados Unidos, se reporta que en promedio cada 3 meses muere una lengua en el mundo. Por su parte, la UNESCO informa que en 100 años se habrán extinguido al menos la mitad de las lenguas del planeta.

Nunca en la historia había sucedido esto, nunca habían muerto tantas lenguas ¿Por qué es ahora que las lenguas están muriendo?

Hace alrededor de 300 años el mundo comenzó a dividirse y a establecer fronteras internas. Quedó dividido y sin papeles, ya no era posible viajar a otros lugares. La tierra quedó dividida en cerca de 200 estados o países, cada uno con un gobierno, con una bandera a la que se rinden honores con un modo de pensar al que se privilegia una cultura que es la permitida, y para construir esta homogeneidad interna, una sola lengua a la que se le asignó valor de Estado. Las lenguas distintas fueron discriminadas y combatidas.

Hace 200 años se estableció el Estado que ahora se llama México. Después de 300 años de la conquista de los españoles, en 1820 el 65 por ciento de la población hablaba una lengua indígena. El español era una minoría en ese entonces.

En la actualidad, los hablantes de la lengua indígena somos el 6.5 por ciento. El español es ahora la lengua que han convertido en dominante. Hace dos siglos el náhuatl, el maya, el mayo, el tepehua, el tepehuano, el mixe y todas las lenguas indígenas eran las mayoritarias, pero estás han sido minorizadas.

¿Cómo lograron minorizarlas, o es que de pronto decidimos abandonar nuestras lenguas? No fue así. Se trató de un proceso impulsado desde las políticas del gobierno y se les quitó el valor en favor de una lengua única, el español. Para lograr la desaparición de nuestras lenguas, nuestros antepasados recibieron golpes, regaños y discriminación por el hecho de hablar lenguas maternas.

Tu lengua no vale, les dijeron repetidamente. Para ser ciudadano mexicano necesitas hablar la lengua nacional, el español. Deja de usar tu lengua, insistieron.

Los esfuerzos realizados desde el Estado fueron arduos para establecer una castellanización forzada con el fin de erradicar nuestras lenguas, sobre todo desde el sistema escolar.

Fue México el que nos quitó nuestras lenguas, el agua de su nombre nos borra y nos silencia. Aun cuando han cambiado las leyes, estas continúan siendo discriminadas dentro de los sistemas educativos, de salud y del judicial. Nuestras lenguas no mueren, las matan. A nuestras lenguas las matan también cuando no se respetan nuestros territorios, cuando las vendes y concesionan, cuando asesinan a quienes las defiende. ¿Cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja?

En mi comunidad, Ayutla Mixe, en Oaxaca, no tenemos agua. Hace casi dos años grupos armados nos despojaron del manantial del que históricamente nos abastecíamos y que hasta ahora sigue en injusticia aun cuando hemos denunciado y demostrado nuestra razón. A pesar de que las leyes dicen que el agua es un derecho humano, esta no llega a nuestras casas y afectan sobre todo a los niños y ancianos.

Es la tierra, el agua, los árboles los que nutren la existencia de nuestras lenguas. Bajo un ataque constante a nuestro territorio, ¿cómo se revitalizará nuestra lengua? Nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agradecemos el mensaje de Yasnaya Aguilar, una verdadera lección de convivencia humana y de derechos originarios. La invitamos a retirarse del salón de sesiones cuando lo desee.

Antes de entrar a la cuestión del orden del día quiero decir que un grupo de diputados y diputadas, identificados con un partido político, no tienen dónde sentarse, según me informaron. ¿Quieren decirle a la asamblea qué está pasando? Por favor, la diputada Verónica Juárez Piña.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Sí, presidente, hago uso de la palabra para preguntar a la Mesa Directiva quién dio la orden de mover los lugares de las diputadas y los diputados del Partido de la Revolución Democrática, que en el día de hoy de manera sorpresiva no pudimos tomar lista en nuestros lugares de siempre.

Su servidora estuvo el día de ayer en la Junta de Coordinación Política y no conocí de ningún acuerdo al respecto ni de ninguna comunicación oficial. Me parece que algo que ayuda para que esta Cámara de Diputados pueda funcionar de manera adecuada, es que respetemos las normas, pero que también respetemos las formas en las que nos conducimos unos grupos parlamentarios con otros.

Le voy a comentar el caso extremo del diputado Raymundo García, que nos dicen que ha sido ubicado de la parte extrema cuando originalmente debería de estar con el grupo parlamentario.

Le pedimos entonces, presidente, pueda atender este reclamo que hacemos para que lo antes posible podamos resolver este asunto que ahora, lamentablemente nos encontramos los diputados y las diputadas del PRD, lo que consideramos una falta de respeto que debe de existir entre pares. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Queda registrada su solicitud. Queda aclarado que esta Mesa no ha intervenido absolutamente en este asunto. Bueno, habrá que salir. Si no hay detective, habrá pregunta. ¿Quién dio la orden? Señor, ya le dije que no la di. Ahora se aclarará. Hay dos oradores inscritos, Gerardo Fernández Noroña... ¿Cómo? Ya le dije que no fui yo. Vamos a averiguarlo que no fue la Mesa. A ver, Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, quiero hacerle una solicitud.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El discurso que acabamos de escuchar es verdaderamente sobresaliente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Hermoso.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con datos muy fuertes. Yo, por ejemplo, no sabía que en 1820 el 65 por ciento eran lenguas indígenas, y hoy son el 6.5...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Cerca de 70...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): ... y muy fuerte. Quisiera pedirle, diputado presidente, sé que estará en el acta de la sesión, en la próxima sesión, pero quisiera pedir que nos pudieran, en la sesión de hoy, distribuir ese discurso, que además debemos retomarlo para tomar acciones concretas en defensa de las lenguas de los pueblos originarios. Muchas gracias, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Desde luego que está en la Gaceta Parlamentaria y se pondrá en su receptor en la curul. Ya dije al comenzar que, en mi criterio, es un texto absolutamente excepcional. Diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, de Morena.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (desde la curul): Gracias, presidente. Es en relación al plantón de los profesores. Hago una invitación a este Parlamento a escuchar a los maestros, ya que son los actores principales en una reforma educativa. Un profesor gana 4 mil pesos, promedio...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, compañero. Creo que ha saltado usted de tema. Ya vendrá la referencia al debate sobre educación. Entonces ruego que de inmediato las autoridades de la Cámara, porque somos responsables del orden físico y social, vean el asunto y tengan lugar los diputados y diputadas quejosos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con el orden del día. Dispensa de lectura al orden del día.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se dispensa la lectura.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa cambio de integrantes en comisiones. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Comuníquese.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibieron comunicaciones de los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña y Arturo Escobar y Vega, por los que solicitan el retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibió oficio de la diputada Carolina García Aguilar, por el que se solicita dejar sin efecto la comunicación del pasado 19 de febrero del año en curso, por la que notificó su salida del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, e informa que se mantiene al interior del mismo. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias por comunicarlo.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibió oficio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica el nombramiento de los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Guadalupe Aguilera Rojas, como coordinadora y vicecoordinador del Grupo Parlamentario, respectivamente. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Vuelvo a hacer mi súplica a Jucopo. De enterado nosotros. Pero hago mi súplica para que el grupo Jucopo busque un entendimiento entre los grupos parlamentarios.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y de Seguridad Social, para su conocimiento.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: El Congreso del Estado de Guanajuato remite la declaratoria emitida por la LXIV Legislatura, con motivo de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del estado de Guanajuato. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: La Cámara de Senadores devuelve, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los siguientes expedientes que contienen:

1. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 4o., 7o. y 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, para dictamen.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: 2. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: 3. Proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el informe de labores 2018.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Se recibieron de diversas dependencias contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social y al promovente, para su conocimiento.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En virtud de lo acordado por esta asamblea en la sesión anterior, se informa que el viernes 22 de febrero del año en curso se recibió, de la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos México, en materia de Guardia Nacional, misma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria y se turnó de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Continúe la Secretaría. Pido a la Secretaría dar cuenta de solicitudes de licencia de las diputadas Alma Marina Vitela Rodríguez e Hilda Patricia Ortega.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el segundo distrito electoral del estado de Durango, a partir del primero de marzo del año en curso.

Segundo. Se concede licencia por tiempo indefinido, a la diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el cuarto distrito electoral del estado de Durango, a partir del primero de marzo del año en curso.

Tercero. Llámese a los suplentes.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobadas. Comuníquense.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: El Congreso del Estado de Nuevo León remite las siguientes iniciativas:

1. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 27 de la Ley General para el Control de Tabaco.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas:

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Presentada por el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda, para dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Segundo. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto Federal sobre Emisiones de Fuentes Fijas, presentada por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto, para opinión.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propone la creación de los grupos de amistad de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaría del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Se recibió acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone la Agenda de diplomacia parlamentaria de la Cámara de Diputados para el primer año legislativo de la LXIV Legislatura.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría a dar lectura de un acuerdo de la Junta de Coordinación.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se declara constituido el proceso para la designación de los titulares de los órganos internos de control, de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, llevada a cabo con base en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de mayo de 2017.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es concluido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema...

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Disculpe, es concluido.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Es concluido, sí, no constituido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El proceso de votación ha concluido.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 432 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado por 432 votos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de su curul dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento, se cumple la declaratoria de publicidad. En virtud que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria, se pide a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Deporte se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se autoriza.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Claudia López Rayón. Me permito solicitar respetuosamente a las diputadas y diputados para que tomen su asiento, ya que el proceso de votación ha concluido.

La diputada Claudia López Rayón: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión del Deporte hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual tiene por objeto fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio importante en la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas.

La Organización Mundial de la Salud define a una adicción como la enfermedad física y físico emocional que crea una dependencia o necesidad a una sustancia activa o relación que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.

El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social.

Derivado de los datos anteriores es posible advertir que en los últimos años el consumo de drogas ha venido en aumento. Asimismo, la edad en que los mexicanos empiezan a consumirla cada vez es menor, por tanto tener políticas públicas que se enfoquen en la prevención de las adicciones, es una tarea impostergable del Estado mexicano.

De la misma manera los datos anteriores ponen de manifiesto que el tema de la adicción en nuestro país es un asunto que requiere de atención prioritaria por parte del Estado a través de un amplio abanico de intervenciones, las cuales no deben limitarse a la detección oportuna de los problemas de adicción en las personas, sus tratamientos efectivos y rehabilitación, sino que además debe centrarse en un enfoque preventivo que permita evitar lo más posible el contacto con las personas, especialmente de las que pertenecen a los grupos más vulnerables con las sustancias psicoactivas y retrasar la edad de inicio en su consumo.

Los más vulnerables son los niños y jóvenes que sufren consecuencias negativas de su uso. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del 2016-2017, elaborada por el Inegi, se observa que en la población total el consumo de cualquier droga ilegal como es la marihuana, alguna vez en la vida, ha aumentado significativamente entre el 2011 y el 2016, al pasar el 7.8 por ciento, el 7.2 por ciento y el 6 por ciento al 10.3 por ciento, 9.9 por ciento y el 8.6 por ciento, respectivamente.

Lo más preocupante de esta situación, es sin duda que, en la población de 12 a 17 años, el consumo de: alguna vez, aumentó entre el 2011 y el 2016 del 3.3 por ciento al 6.4 por ciento para cualquier droga. Del 2.9 por ciento al 6.2 por ciento en drogas ilegales. Del 2.4 al 5.3 por ciento en marihuana.

La encuesta reconoce que 5 mil 400 mil mexicanos tienen dependencia a alguna droga. Además, con respecto a la edad de inicio de consumo de drogas, se observa disminuciones a lo largo de los años del 2002, era del 20.6 años; en el 2008, de 18.7 y en el 2016 de 7.8 años.

Por lo anterior, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, se fundamenta en la necesidad y conveniencia de precisar y fortalecer que el deporte es, sin duda, un factor de protección frente al problema de las adicciones, pues éste implica una sana utilización del tiempo libre, la adopción de hábitos saludables y la adquisición de valores fundamentales para la formación integral de personas.

Es importante precisar que, a pesar de contar con un marco jurídico para la prevención de las adicciones, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Salud, los integrantes de la Comisión del Deporte coincidimos con el espíritu de la iniciativa, materia de presentar un dictamen toda vez que a través del desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, se coadyuvará a la prevención de las adicciones.

En la Comisión de Deporte estamos convencidos de que el gobierno mexicano debe impulsar el desarrollo de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas y las ciudades en el campo, ya que el deporte es la mejor manera de alejar a los niños y jóvenes de los riesgos de las adicciones, pues representa una opción atractiva para el uso del tiempo libre. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La diputada José Guadalupe Aguilera, no. Leticia Mariana Gómez Díaz Ordaz, del Partido Verde.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia. Es por todos sabido que el deporte aporta beneficios a la salud física y emocional, no solo fomenta el trabajo en equipo, sino que puede ser una manera de combatir el consumo de las drogas y evitar las adicciones.

El deporte es, sin duda alguna, un factor de protección frente al problema de las adiciones, pues este implica una sana utilización del tiempo libre, la adopción de hábitos saludables y la adquisición de valores fundamentales para la formación integral de las personas.

El deporte mejora la autoestima de las personas, lo que aumenta el deseo de superación y disminuye las posibilidades de consumir sustancias psicoactivas. Promueve el trabajo en equipo y el deseo de ayudar a otros.

Enseña que se puede canalizar las emociones positivas y negativas hacia el deporte y no hacia las drogas. Crea un deseo de moverse en ambientes saludables y conocer gente a la que le gusta el deporte y la salud. Enseña la importancia de respetar al prójimo y trabajar en equipo.

El deporte crea endorfinas en el cuerpo humano, desarrollando un espíritu de felicidad y optimismo.

El consumo de sustancias que generan adicción no solo tiene repercusiones en la salud de quienes las utilizan, sino que también afecta el entorno cercano teniendo grandes consecuencias en el ámbito social, tales como dificultades para realizar actividades cotidianas, el deterioro de las relaciones personales y la disminución de la capacidad del desarrollo  económico.

Actualmente la Ley General de Cultura Física y Deporte contempla en las fracciones IV y V de su artículo 2o., a la actividad física y a la cultura física y al deporte como un medio importante para la preservación de la salud, la prevención de las enfermedades y la prevención del delito.

Sin embargo, no se reconoce la importancia del rol que puede jugar el deporte en la prevención de las adicciones y el uso indebido de las sustancias psicoactivas. Por esta razón, en el Partido Verde esperamos contar con la aprobación del presente dictamen, pues creemos que con esto se sientan las bases para reconocer al deporte como un recurso preventivo para evitar caer en las adicciones. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del PRD. Compañero, antes de comenzar. Ruego a las diputadas y diputados que están haciendo ruido en la parte izquierda de la sala, que tomen sus asientos. Por favor, reitero mi llamado a que tomen sus asientos. Bueno, ya casi todos. Compañero, tiene usted la palabra.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputado presidente. Respecto a la presente iniciativa, el Grupo Parlamentario del PRD nos manifestamos a favor de la misma.

Sobran datos que acreditan la grave problemática que se vive en el país con el consumo de las drogas. La iniciativa en comento hace referencia a lo revelado por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del año 2016, en el que se señala que en nuestro país los datos respecto al incremento en el consumo de drogas son preocupantes. Se puntualiza que entre 2011 y 2016 el porcentaje de la población total entre 12 y 65 años, que admitieron haber consumido al menos una vez en la vida cualquier droga, drogas ilegales y mariguana, pasó de 7.8 por ciento, 7.2 por ciento y 6 por ciento, al 10.3 por ciento, 9.9 por ciento y 8.6 por ciento, respectivamente.

Por su parte, la misma encuesta revela que el consumo excesivo de alcohol en la población durante el último año aumentó considerablemente. Entre 2011 y 2016, de 28 por ciento a 33.6 por ciento. Asimismo, el porcentaje de personas que consumen alcohol diariamente en el país pasó de 0.8 por ciento en el 2011 a 2.9 por ciento en el año 2016. Se destaca una tendencia sostenida en la reducción de la edad de inicio del consumo de drogas, con 20.6 años en 2002, 18.7 por ciento en 2008, 18.8 en 2011 y 17.8 en el 2016, lo cual confirma que como está pasando en otras partes del mundo, el primer contacto con las sustancias adictivas se produce a edades cada vez más tempranas.

La adicción al consumo de algunas sustancias va en aumento y se han convertido en un problema de salud nacional. Hemos sido testigos de la limitada estrategia implementada desde los pasados gobiernos para su combate y los resultados demuestran lo dicho.

La falta de una planeación integral que no solo considera el uso de la fuerza para contener el problema del consumo de drogas en nuestros jóvenes ha tenido como consecuencia el recrudecimiento de la violencia a lo largo y ancho del país.

Con esta iniciativa se pretende prevenir las adicciones, pues no se espera que el problema surja si no se previene. En este sentido, el deporte es sin duda un factor de protección frente al problema de las adicciones, pues este implica una sana utilización del tiempo libre, la adopción de los hábitos saludables, la adquisición de valores fundamentales para la formación integral de las personas.

Con la presente modificación esta soberanía asume su gran compromiso y atiende de manera responsable un problema grave en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Alan Jesús Falomir Saenz, del Grupo de Movimiento Ciudadano.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz: Gracias, presidente. En México el consumo de drogas aumentó un 47 por ciento en los últimos 7 años, entre la población que oscila entre una edad de 12 a 65 años de edad, así lo reveló la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco del año 2017 y en la cual destaca la preocupación en el consumo entre los adolescentes de 12 a 17 años, el cual aumentó en un 125 por ciento. Y en las mujeres aumentó un 222 por ciento.

En el país, 8.5 millones de personas reconocen haber utilizado al menos una vez alguna droga en su vida, lo cual no necesariamente los hace adictos, pero es un indicador alarmante porque se empieza por el consumo experimental que puede quedar ahí o puede volverse una adicción.

Es por esto que en nuestro país el deporte y activación física debe emplearse como un método preventivo para el consumo y adicción a las drogas, ya que genera varios beneficios, entre los cuales destacan: el deporte crea endorfinas en el cuerpo humano, desarrollando un espíritu de felicidad y optimismo. Rechaza así todos los deseos de consumir toxinas que puedan dañar el cuerpo y generar tristeza y malestar.

Crea también conciencia de la importancia de mantener una vida saludable y de los efectos negativos que provocan las drogas en los individuos.

Promueve el trabajo en equipo y el deseo de ayudar a otros. Aumento de la autoestima y el carácter de las personas, lo que aumenta el deseo de superación y disminuye las posibilidades de consumir drogas.

El deporte se asocia a la libertad y a la diversión, pero también a la disciplina y la salud. La activación física promueve la integración de los jóvenes, favorece el trabajo en equipo y la responsabilidad de cuidarse física y mentalmente.

El abuso de las drogas es un problema que afecta casi todas las comunidades y a todos los miembros de una familia.

Cuando a los menores de edad los afectan estas situaciones tiene mayores consecuencias que las personas en edad adulta. Por eso, es importante que nosotros legislemos a favor de fomentar el desarrollo de la activación física para prevenir el delito, las adicciones y el uso indebido de las drogas.

No podemos dejar de lado que las principales víctimas son las adolescentes entre los 13 y los 17 años, tanto en el uso indebido de drogas, así como el consumo de alcohol.

El practicar un deporte ayuda a que esos jóvenes prevengan y disminuyan enfermedades en la vida adulta, y favorece la educación en valores como el trabajo, la solidaridad, la empatía y la ayuda mutua.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta iniciativa, pues valores como el respeto y la honradez que se desarrollan en el deporte y la activación física, son muy importantes para los jóvenes, pues estos son aplicados en otras situaciones de su vida diaria y son fundamentales para comenzar el desarrollo de relaciones humanas sanas. Por ello, termino con una frase que dice: “Nunca te rindas. El fracaso y el rechazo solo son el primer paso para tener éxito”. Jim Valvano. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Miguel... No, la diputada Ana Laura Bernal, del Partido del Trabajo.

La diputada Ana Laura Bernal Camarena: Con su permiso, Presidencia. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Las drogas son un grave problema para nuestro país, que se ha intensificado en los últimos años y prácticamente todas las dimensiones sociales se han afectado.

El problema de las drogas está presente hoy en ámbitos tan diversos como la escuela, la familia, en el trabajo y entre vecinos. Y abarca cosas que van desde el consumo hasta la guerra entre grupos por el control de la venta de drogas.

Esto, sin duda, ha dañado a nuestra sociedad de manera profunda. Las cifras de la guerra contra el crimen organizado y los carteles del narcotráfico son alarmantes. Más de 250 mil muertes en una década.

También el crecimiento de las adicciones y los problemas vinculados al consumo de drogas son de la más profunda preocupación de todos nosotros. Como se señala en el dictamen, y a partir de la última Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el consumo de algún tipo de droga en el periodo de 2011 a 2016 se ha incrementado, llegando incluso a estimar que dicho aumento ha llegado a ser más de 10 puntos porcentuales.

En cuanto al alcohol, que, si bien es una droga suave y legalizada, su adicción y consecuencias son sin duda de gran implicación social, familiar e individual. El crecimiento en el consumo excesivo ha llegado a ser de más de 33.6 por ciento y las adicciones no hacen diferencia de sexo, pues el incremento ha sido prácticamente igual en términos porcentuales entre mujeres y hombres.

También se muestra que la edad en la que se empieza el consumo de drogas en nuestro país está disminuyendo, pues pasó de los 20.6 años en 2002, al 17.8 años al 2016.

Ante esta situación es necesario que el país inicie procesos de combate a la problemática que las drogas nos han dejado. En este sentido, el deporte ha sido considerado como una de las actividades que mayor potencial y prevención poseen. El deporte da a quien lo práctica disciplina, fuerza física y de voluntad, compañerismo, empatía y, sobre todo, la seguridad de que todos tenemos la posibilidad de tener un papel importante en nuestra comunidad.

La seguridad y la confianza de que tenemos más oportunidades en la vida y que el esfuerzo y la constancia son un camino de vida. Sin duda, hoy como sociedad tenemos un gran reto, cambiar las formas y prácticas comunitarias, fortalecer los lazos comunitarios y readaptar las mejores prácticas de vida y convivencia, sin duda, el deporte es parte de ellas.

Hoy, al amparo de la transformación de la vida pública que se ha iniciado y ante el compromiso del nuevo gobierno por recuperar a nuestra nación, de combatir los grandes males sociales y de apostar por el pueblo y su desarrollo. Es por el deporte que se dirige como uno de los principales ejes de desarrollo social.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos y seguiremos apoyando al deporte y a todos, a todos los deportistas, para nosotros es importante lograr que cada vez más el deporte sea parte de la vida cotidiana de toda la población. Sin duda, la reforma propuesta es atendible, noble y necesaria, por ello, el grupo parlamentario votará a favor de la presente. Es cuanto, buenas tardes.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Miguel Acundo González, de Encuentro Social.

El diputado Miguel Acundo González: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El fenómeno de las adicciones se ha convertido en uno de los problemas que han penetrado todos los campos vitales de la sociedad moderna.

Si sumáramos los daños a la salud, a la economía y a la sociedad que provocan el abuso del alcohol y el alcoholismo, fumar tabaco y el tabaquismo, la inhalación de solventes, el consumo problemático de marihuana, cocaína o crack y anfetaminas, heroína y otras drogas, así como las drogas de uso médico, podríamos dimensionar que las adicciones se tratan del segundo problema de salud más grave de nuestro país que las adicciones causan no sólo a quienes las consumen sino también a los familiares de quienes las padecen, a las escuelas o centros de trabajo donde acuden, a las comunidades donde viven. Se trata de un costo innecesario para los consumidores, las instituciones de atención médica, la seguridad pública y el sistema penitenciario.

En México la última encuesta nacional de adicciones informó que el consumo de drogas ilegales y médicas a la población rural y urbana de 12 a 65 años aumentó el 0.7 por ciento. Dicho consumo es mayor en hombres a razón de 4.6 por cada mujer. Aunque el índice de incremento es mayor en ellas se duplicó en un lapso de seis años, a diferencia de los hombres que sólo subió el 0.8.

A nivel internacional la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, informó que cada año mueren en el mundo cerca de cinco millones de personas a causa del tabaco, 2.5 por consumo de alcohol y 200 mil por efecto de las drogas ilícitas.

Es por ello, en atención a las cifras anteriormente enunciadas, es que consideramos que la propuesta planteada por el promovente de la iniciativa es muy loable en virtud de que el deporte es instrumento de prevención en el uso de drogas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social acompaña el presente dictamen en el compromiso que como hacedores de leyes tenemos con las familias mexicanas el compromiso de estimular el deporte para evitar las adicciones. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova.

El diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán: Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que nuestros niños y jóvenes serán los grandes transformadores de nuestra nación.

Es por ello que consideramos de suma importancia el dictamen de la Comisión del Deporte que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de prevención de adicciones y uso indebido de drogas.

A través del deporte se adquiere disciplina, se desarrolla la inteligencia, se forman hábitos y se fomenta la solidaridad, que se ha comprobado forman a individuos fuertes, sanos, inteligentes y solidarios.

El dictamen que se nos presenta al buscar fomentar el desarrollo de la actividad física, la cultura física y el deporte, que son medios importantes para prevenir las adicciones, y que reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte, recibirá el apoyo de la fracción priísta.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Encodat 2016, señala que en México los datos respecto al incremento en el consumo de algunas drogas, es preocupante.

Por ejemplo, entre 2011 y 2016, el porcentaje de la población total entre 12 y 65 años que admitieron haber consumido al menos alguna vez drogas ilegales, pasó de 6 por ciento a 10.3 por ciento. La misma encuesta revela que el consumo excesivo de alcohol en la población aumentó entre 2011 y 2016, de 28 por ciento a 33.6 por ciento.

Por otro lado, se observa una tendencia sostenida en la reducción en la edad del inicio de consumo de drogas, con 20.6 años en 2002; 18.7 en 2008; 18.8 en 2011 y 17.8 en 2016. El primer contacto con las sustancias adictivas se produce a edades cada vez más tempranas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, coincidimos con las consideraciones del dictamen para constituir como tarea del gobierno e impulsar el desarrollo de la cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo, ya que la práctica del deporte es una de tantas maneras de alejar a los niños y jóvenes de los riesgos de las adicciones, y una opción importante para forjar mejores mexicanos y mexicanas.

Las adicciones están acabando con las futuras generaciones y con el futuro de nuestro país, es por tanto un asunto que requiere de la atención urgente de parte del Estado. Debemos continuar impulsando un amplio abanico de opciones que deben centrarse en el enfoque preventivo, y el fomento al deporte es decisivo en la prevención.

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de esta importante reforma, que esperamos ayudará a construir un México más sano, más fuerte y más solidario. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, de Acción Nacional, por cinco minutos.

La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal: Gracias. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PAN apoyará este dictamen que nos permite abonar políticas de Estado orientadas a resolver problemas de salud pública.

Desafortunadamente los datos duros de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, muestra que el 10 por ciento de las personas encuestadas han consumido drogas alguna vez en su vida; 1.8 millones de personas entre 12 y 65 años de edad, cumplen con los criterios de dependencia del alcohol. El 17.6 por ciento de los entrevistados han consumido tabaco en el último mes, sin embargo, el 5 por ciento de nuestros adolescentes han fumado durante este último mes.

De ahí la necesidad de la prevención y promoción de la salud a través del deporte y de la actividad física, de resultados efectivos en la calidad de vida de las personas al contribuir a atender enfermedades no transmisibles asociadas a la obesidad y al sobrepeso, al tiempo de trabajar en el combate a las adicciones y al consumo de sustancias psicoactivas.

Es importante mencionar que, en 2018, en México solamente el 42 por ciento de la población realiza deportes o hace ejercicio físico al aire libre, por lo que es necesario continuar impulsando la cultura de la activación física, el deporte y mejorar la salud de las y los mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud menciona que aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. De ahí la importancia para que a través del deporte basado en una conducta compartida se puedan desarrollar diversas aptitudes y prácticas sociales que resulten ser medidas cautelares efectivas en la esfera del consumo indebido de drogas.

El deporte ayuda a prevenir el consumo de drogas en los jóvenes y los adultos. Este reconocimiento partió del Foro de Banff, en Canadá, un foro organizado por jóvenes donde ellos mismos propusieron el diseño y ejecución de diversos proyectos para prevenir el uso indebido de las drogas.

De ahí la relevancia del resultado como objetivo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el fomentar el desarrollo de la actividad y la cultura física como medio importante para la prevención del delito, la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas.

Con la aprobación de este dictamen tenemos la oportunidad de trabajar políticas públicas para evitar la demanda de drogas, contribuyendo a establecer este enfoque de prevención de las adicciones a través de la actividad física, la cultura física y el deporte, lo que permitirá el despliegue de diversos programas, proyectos y acciones colectivas del sector educativo, el campo de la salud pública y el desarrollo comunitario.

En México podremos trabajar desde diversos frentes por un bien superior, la salud y el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Tenemos una gran oportunidad si logramos despertar el interés hacia una actividad física a temprana edad, porque nos permitirá tener generaciones de niñas y niños sanos que a pesar de estar expuestos a factores de riesgo tendrán el valor de rechazar las drogas que están ofertándose quizás en la calle o en su escuela.

Finalmente, no debemos olvidar el aforismo mente sana en cuerpo sano, que nos recuerda que debemos de cuidarnos y al mismo tiempo disponer de una mente equilibrada para un cuerpo equilibrado. Por ello, quiero invitarlos en favor del bien común de todas y todos los mexicanos a que tengan una mejor salud y una mejor calidad de vida. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Edith Marisol Mercado, de Morena.

La diputada Edith Marisol Mercado Torres: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores, el Grupo Parlamentario de Morena apoya al deporte como fundamento de la política pública para prevenir las adicciones y el uso indebido de las drogas.

La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la UNESCO, reconoce que la educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz.

Vemos con preocupación que entre 2011 y 2016 el porcentaje de personas que admiten haber consumido alguna droga pasó de 7.8 a 10.3 por ciento, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, del Inegi.

Las estadísticas del consumo del alcohol desafortunadamente tampoco son alentadoras. La misma encuesta nacional señala que entre 2011 y 2016 el consumo del alcohol aumentó de 28 por ciento a 33.6 por ciento, y las personas que beben diariamente pasaron de 0.8 a 2.9 por ciento en el mismo periodo.

Estas estadísticas dan cuenta de la debilidad en las políticas públicas para el combate de las adicciones y el consumo de drogas, que impacta negativamente en la seguridad del país, particularmente porque nuestra juventud ha sido uno de los principales nichos sociales donde reposó la flaqueza institucional.

En otras palabras, el detrimento de las políticas públicas en prevención de adicciones y uso indebido de las drogas fue proporcional al aumento de las estadísticas que he mencionado.

Necesitamos avanzar sustancialmente en la prevención de adicciones y el uso de sustancias psicoactivas de manera integral y transversal. Prevenir las adicciones como política educativa, deportiva, sanitaria y de seguridad es una necesidad y un reclamo social. Aquí reside la pertinencia de las reformas que hoy discutimos y de ahí nuestro voto a favor a este dictamen.

En la visión ampliada del impacto de esta iniciativa es precisamente donde está su importancia. Como política preventiva de salud, la actividad física y el deporte constituyen un elemento fundamental en prevención de adicciones y el consumo de drogas, toda vez que los valores que promueven abarcan los ámbitos físico, psicológico y emocional.

A partir de esta iniciativa nos toca impulsar líneas de acción para establecer controles rigurosos en la adquisición de los ingredientes que componen las sustancias que producen adicción, así como su comercialización al público.

Como política de seguridad es necesario fortalecer el combate de tráfico y comercialización. Las políticas públicas en materia de adicciones y consumo de sustancias prohibidas deben ser unificadas y complementadas, desde luego, este es un buen principio que abona a la ejecución de la política de seguridad y pacificación, proyectada por el Ejecutivo federal.

El mandato de ley aquí propuesto, sin duda complementa el resto de las políticas de prevención e involucra a los tres niveles de gobierno, así como a las organizaciones sociales y privadas. Sin embargo, para lograr que nuestras niñas, niños y jóvenes se alejen lo más posible de estos padecimientos, será fundamental que se incluyan medidas no solo en el ámbito social, sino también podamos adentrarnos al ámbito educativo, pues es este espacio donde se desarrolla su habilidad y sus aptitudes.

Debemos considerar que, por medio de la activación física, la cultura física, la educación física y el deporte, será posible lograr un desarrollo integral y pleno de la personalidad.

Nos pronunciamos a favor del dictamen que hoy propone a nuestra consideración la Comisión del Deporte, porque apunta a la construcción de nuevos escenarios que favorecerán el diseño e instrumentación de políticas públicas en materia deportiva y por extensión, en materia de seguridad.

Nos pronunciamos a favor de la salud integral de la población. A favor de impedir que las presentes y nuevas generaciones sean víctimas y prisioneras de sustancias que impiden su cabal desarrollo. A favor de la libertad, de la vida plena, del bienestar personal y del bienestar social. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. A favor, Miguel Alonso Riggs, del PAN.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy es cuando debemos cambiarle el rumbo a México. Con esta iniciativa, si volteamos a ver, a fortalecer el núcleo de la sociedad, a verdaderamente llegar a una transformación social de México, este es el vehículo: el deporte.

El deporte fortalece al núcleo de la sociedad y lo que hoy estamos viviendo es una consecuencia, una desatención, un desaire a fortalecer al núcleo de la sociedad. Porque a medida de que sigamos inyectándole recurso a la seguridad, a la salud, en esa misma medida se va disminuyendo el presupuesto del deporte.

Y las consecuencias son graves, compañeras y compañeros. Tenemos ahora un alto porcentaje de drogadicción, a todas las edades. Antes era entre los jóvenes mayores de 18, 17 años. Ahora, el problema lo tenemos con niñas, niños de 10, 9 años de edad.

No se diga de la obesidad, si no encuentran una actividad física, si no tienen un maestro de educación física que los oriente a realizar alguna actividad deportiva, por supuesto que nuestros índices de obesidad se disparan. Enfermedades crónicas, suicidios, increíble. Increíble cómo el deporte fomenta esta seguridad en la persona, en el ser humano, en el individuo. Y cómo sin esta herramienta, sin subir a la sociedad a este vehículo, cómo podemos llegar a tener, en un corto plazo, altos índices de suicidio.

No se diga los embarazos a muy temprana edad. Por supuesto, las niñas, los niños, las jovencitas, los jovencitos, si no enfocan su energía, si no les brindamos la herramienta del deporte, de fortalecer en serio el deporte, si no los orientamos, esas energías, por supuesto que existen los embarazos a temprana edad y tenemos problemas.

Por supuesto, compañeras y compañeros, que en el tema de la salud en todo el mundo muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con enfermedades no transmisibles asociadas al sedentarismo, como la obesidad, ya lo comenté, las enfermedades cardiacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes.

De hecho, se puede decir que el sedentarismo es el responsable de entre el 6 y el 10 por ciento de todas las muertes causadas por enfermedades no transmisibles.

No se diga el combate a la inseguridad. Debemos entender a la inseguridad como una consecuencia. Hay inseguridad porque como sociedad y como gobierno, los tres niveles de gobierno, algo hemos dejado de hacer. Por tanto, debemos acudir al origen del problema y trabajar en los niños y jóvenes para evitar que puedan ser los delincuentes del mañana.

Con el deporte se adquiere disciplina y programas de esta naturaleza por supuesto que nos permitirán además recuperar nuestras calles, parques, plazas y demás espacios públicos para que vuelvan a estar en manos de las y los ciudadanos y no de los delincuentes.

Compañeras y compañeros, hoy estamos todavía en tiempo de apoyar al deporte, de apoyar a las y a los mexicanos, de todas las edades, de los dos géneros para fortalecer a la sociedad mexicana de una vez por todas e iniciar de fondo, de raíz. Entonces creeré en una cuarta transformación. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañero. Tiene la palabra la diputada María Isabel Alfaro Morales, de Morena.

La diputada María Isabel Alfaro Morales: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el consumo de alcohol y diversas drogas ha aumentado alarmantemente en México. Desafortunadamente su consumo, tanto en hombres como en mujeres se realiza a edades cada vez más tempranas, lo cual constituye un grave problema de salud pública y un importante detonador para la violencia social y la comisión de delitos.

Por lo anterior, se vuelve inaplazable establecer desde la ley políticas públicas integrales con un enfoque preventivo, un enfoque que evite el primer contacto con las sustancias adictivas y por lo tanto las adicciones.

La actividad física y deportiva trae consigo innumerables beneficios a la salud física y psico-emocional, así como diversos beneficios sociales que se traducen en valores y principios sobre los cuales descansa la civilidad, la tranquilidad y la paz social. Siempre será mejor prevenir una enfermedad que curarla, así como siempre será mejor prevenir un delito que castigarlo.

En razón de lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor del presente dictamen. Estamos convencidos que la actividad, la cultura física y el deporte son fundamentales para conservar la salud y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones. Prevención que exige una adecuada coordinación y colaboración entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado.

Votaremos a favor porque toda persona tiene derecho a la protección de la salud y porque se posibilita que las y los mexicanos ejerzan su derecho a la cultura física y a la práctica deportiva tal y como lo establece la Ley Fundamental. Deporte, salud y seguridad constituyen la triada que permite a la juventud y niñez mexicana tener un futuro más cierto para hacer realidad sus sueños y alcanzar sus metas.

Votaremos a favor porque la propuesta que hoy nos ocupa favorece la salud de las personas y la salud de la sociedad. Es importante que recuperemos todos los espacios deportivos para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores puedan disponer de ellos y ver los resultados en la mejora de su salud. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Javier Hidalgo, de Morena.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Con su permiso, presidente. Nos da mucho gusto hoy esta iniciativa de ley que promueve la actividad física para combatir las adicciones. Es muy importante porque en México se ha reducido la cantidad de actividad física, deporte que realizamos los mexicanos.

Hay una encuesta que desarrolla el Inegi y es la única forma que tenemos de medir el deporte y la actividad física en México que se hizo en el 2012, y en el 2017 se renovó el estudio donde señala que sólo el 40 por ciento de la población realiza actividad física en México y esto significa que más de la mitad, el 60 por ciento de las y los mexicanos no realiza actividad física. Se reporta que los hombres son quien más actividad hacen, 49.8 por ciento, respeto de las mujeres que solamente es el 36 por ciento.

Para el tema de las adicciones es muy importante el dato de grupo de población entre los 18 y 24 años. En esta edad quienes practican más actividad física son los hombres con un 65.8 por ciento y las mujeres con un solo un 45.5 por ciento. Es decir, el 35 por ciento de los jóvenes hombres que ellos no realizan actividad física.

En general la práctica de actividad física disminuye con la edad hasta llegar a ser practicado por el 30 por ciento de las mujeres y 39 por ciento de los hombres mayores de 55 años.

La mayoría de las personas inactivas habían practicado actividad física alguna vez, el 73.5 por ciento de la población. Es decir, hay un 26 por ciento de la población que nunca en su vida ha realizado actividad física o deporte.

Los motivos principales que marca la encuesta son que no practican actualmente por falta de tiempo, 47.3 por ciento, cansancio por el trabajo 24.3 por ciento o problemas de salud 16.5 por ciento. De tal manera que esta iniciativa llega a muy buen tiempo, justo al iniciar la cuarta transformación de este país, para estimular la actividad física en los mexicanos.

Como Poder Legislativo es correcto que aprobemos esta ley, pero también que reformemos otras leyes para estimular la actividad física entre los mexicanos.

Una es la reforma educativa, la Ley de Educación. Actualmente los niños en primaria sólo realizan una hora a la semana de deporte. Cómo no vamos a tener problemas de obesidad infantil cuando desde niño no se estimula la actividad física. O la Ley General de Salud, el problema principal de salud en este país es la obesidad y el sobrepeso que generan las enfermedades de diabetes, de problemas del corazón y el propio cáncer. El 80 por ciento de quien es obeso o tiene sobrepeso, es propenso a contraer una enfermedad de estas degenerativas.

Así que es muy importante también que en la Ley General de Salud se estimule la actividad física, y en la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, es fundamental. Las ciudades están hechas para que no se desarrolle actividad física.

Antes, de niños, nos tocaba a los de mi generación, varios que estamos aquí, la podíamos hacer la actividad física en las calles. Hoy el nuevo diseño de ciudades le da espacio sólo al automóvil, marca para hacer las actividades físicas en los lugares especializados: deportivos y zonas de juegos infantiles. Necesitamos regresar a las ciudades las posibilidades de vivirlas activamente.

Es por eso que nos congratulamos de esta iniciativa, y claro que estamos a favor de apoyar que se haga actividad física como parte del combate a las drogas en este país. Por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Consulto a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general. Hay duda, por favor. Por favor todos estén en su asiento. Eso también confunde la votación. En su asiento, por favor.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido. Felicidades para los que ganaron la apuesta.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado que emita su voto? ¿Falta algún diputado de emitir su voto?

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, está abierto el sistema todavía. Le obligamos a hacer un poquito de deporte.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz, el diputado Aguilar Rigoberto, por favor.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar (desde la curul): A favor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, Secretaría, dé a conocer el resultado de la votación.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Señor presidente, presentes 449, votos en pro, 449, 0 en contra y 0 abstenciones.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado por 449 votos a favor, equivalente a unanimidad, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría a dar cuenta con dos comunicaciones.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio del diputado Javier Salinas Narváez, por el que comunica su decisión de integrarse al Grupo Parlamentario de Morena.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se recibió oficio del diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la integración del diputado Javier Salinas Narváez a ese grupo parlamentario.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Actualícense los registros. Otras iniciativas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas, diputados. Por economía parlamentaria, solicito que se inserte de manera íntegra la presente iniciativa que hoy pongo a consideración de este pleno.

Vengo a presentar esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Para la consolidación de cualquier régimen político democrático se hace indispensable el respaldo de una cultura política democrática, pero en México la pregunta es, ¿vivimos dentro de un sistema realmente democrático? ¿Cómo es la cultura política de los mexicanos? ¿Realmente en nuestro país tenemos una cultura política democrática? ¿Quién o quiénes se han encargado de construirla?

A lo largo de la historia del siglo XX hemos vivido en México dentro de un sistema político, autoritario y vertical. Nuestra cultura política consistió en el compadrazgo, el corporativismo, el clientelismo y la negociación política entre actores políticos que no rendían cuentas a nadie.

Debido a esta forma de hacer y percibir a la política, hoy nos encontramos ante un serio problema de cómo es que percibimos a la democracia, cuando aún contamos con una serie de valores que son antidemocráticos y que por su misma naturaleza ponen en riesgo nuestra incipiente democracia.

Hay quienes en esa vieja cultura creen que el erario es para su uso personal, tienen una visión patrimonialista del Estado y por ello piensan que los recursos que se les confían son para su uso personal.

La importancia del estudio de la cultura política democrática en México radica en que mientras mayor información tengamos nos será más fácil diseñar políticas públicas de cualquier índole, pero, sobre todo, políticas públicas de fomento a la participación ciudadana y a la toma democrática de las decisiones que conciernen a todos los mexicanos.

En este sentido, es importante señalar que una sociedad plenamente democrática es aquella donde los ciudadanos participan de forma libre, autónoma y sin condicionamientos por medio de organizaciones ciudadanas que no están sujetas a condicionamientos de cualquier gobierno o partido político.

En el México que estamos construyendo, hoy es indispensable contar con una cultura cívica que respalde los esfuerzos institucionales por construir ciudadanía. Nuestro país está inmerso en una dinámica democrática que exige la amplia e informada participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Sin embargo, en ocasiones la falta de una cultura cívica y de buenas prácticas urbanas nos impiden participar plenamente y con conocimiento en los temas de las agendas públicas a discusión.

Desde el punto de vista de la ciudadanía social podemos decir que se construye por medio de una sólida educación cívica, con valores que tienen que ver con el respeto al otro, al medio ambiente, a las diferencias por cuestiones de raza, género, credo religioso, preferencia sexual o ideología política, entre otros temas.

Esta educación cívica y los valores que implica y profundiza nos ayudan a tener un comportamiento ético, tanto en el ámbito de lo privado como de lo público.

La idea central del presente proyecto de decreto aporta para construir una cultura política democrática, que en términos generales implica un proceso de construcción de ciudadanía por medio de la participación ciudadana de los asuntos públicos.

En virtud de ello, propongo lo siguiente: que la Secretaría de Cultura a través de un comité coordinador sea la encargada de establecer los mecanismos de coordinación de acciones con los diferentes entes públicos para el fomento y difusión de la cultura política democrática y la construcción de ciudadanía.

Los entes públicos involucrados en dicha iniciativa son: el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Gobernación, los partidos políticos y la Secretaría de Cultura, quien se encargará de presidir el comité.

El objetivo del Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática será construir y, en su caso, aprobar e implementar la estrategia nacional para fomentar y difundir la cultura política democrática, la construcción de ciudadanía, los valores cívicos y la participación ciudadana.

El Comité Coordinador de Fomento a la Cultura Democrática contará con un secretario ejecutivo, el cual tendrá las funciones técnicas y operativas del comité. La Secretaría de Cultura establecerá anualmente un proyecto de planeación con los...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: ...objetivos, las metas, las líneas de acción y los indicadores que permitan conocer sus estrategias para el fomento, desarrollo y difusión de la cultura política democrática y la construcción de ciudadanía. Solo la construcción de ciudadanos libres, informados y participativos...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

El diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca: –Concluyo, señora presidenta– ...logrará dejar atrás la vieja cultura política de súbdito, que durante décadas ha generado que nuestras estructuras políticas hayan sido manejadas al antojo discrecional de una minoría rapaz e insensible, que solo veía por la satisfacción de sus intereses egoístas. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen. E insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Raúl Gracia Guzmán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 37 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Raúl Gracia Guzmán: Claro. En México se estima que 7 por ciento de la población cuenta con una póliza de seguro de gastos médicos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, señala que de los 18 millones 876 mil 834 usuarios que cuenta con algún tipo de seguro, el 27 por ciento contrató un seguro de gastos médicos.

Las personas que cuentan con protección de alguna institución de seguridad social son el 77 por ciento, mientras que el porcentaje restante tienen que recurrir a sus ingresos para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad o padecimiento.

Las personas que pueden adquirir un seguro de gastos médicos se han incrementado de manera constante. De acuerdo a la Condusef, se ha presentado el aumento en una tasa media de 9 por ciento al pasar del 9.4 al 10.8 millones en promedio. El 70 por ciento son pólizas contratadas por empresas públicas o privadas.

En 2016, de los 122 millones de personas solo 8.8 por ciento cuentas con un seguro de gastos médicos mayores y 17.3 millones no cuenta con algún tipo de servicio de salud.

La edad promedio de las personas que adquieren un seguro de gastos médicos es de 32 años, el 48 por ciento son hombres, 52 por ciento son mujeres. El 50 por ciento se encuentra entre los 25 y 50 años de edad.

Esto significa que los seguros de gastos médicos los contrata generalmente la gente joven que está económicamente activa, cuando las primas para contratarlos son económicas y accesibles. Y puede haber mexicanos que pagan a las compañías aseguradoras por 20, 30 años sus seguros de gastos médicos y cuando llegan a la edad que estadísticamente más lo necesitan y que es, obviamente, la edad un poco más avanzada, las primas se incrementan en forma desproporcionada y a esta edad muchos mexicanos no son económicamente activos. En consecuencia, después de haber pagado sin haber utilizado o haber utilizado muy poco este seguro, se quedan sin esta protección.

Es por esto que se presenta esta iniciativa, que un servidor también presentó en la legislatura anterior. Aunque desafortunadamente no fue aprobada, esperemos que las condiciones políticas y la sensibilidad de esta nueva legislatura permitan sí darle el trámite positivo para garantizar que si un mexicano, una persona ha contratado un seguro de gastos médicos por una edad, una cantidad de años que sumado a su edad da 75 años de edad, se congela la prima para que pague anualmente el promedio que pagó durante los años previos de prima para tener contratado este seguro de gastos médicos y así poder garantizarles a los mexicanos, aun cuando su expectativa de vida y su longevidad sea mucho mayor, que puedan tener acceso a las instituciones médicas que contrataron durante su vida. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen. Esta Presidencia da la bienvenida a alumnos y catedráticos de la maestría en Seguridad Nacional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Superiores Navales. Sean todos bienvenidos. Ellos fueron invitados por la diputada Mónica Almeida López.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, señora presidenta. Solicito, por su conducto, instruya insertar íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates.

Tenía razón el historiador romano Tácito, al señalar que el poder nunca es estable cuando es ilimitado; 20 siglos después en todo Estado de derecho los límites del poder se garantizan en la Ley Fundamental, que es la Constitución.

El principio de legalidad, la división de poderes y la equidad electoral son elementos que distinguen un Estado democrático de uno autoritario, por eso es nuestra responsabilidad salvaguardar su permanencia para el adecuado funcionamiento de la nación.

Aprobadas por esta LXIV Legislatura, el pasado 30 de noviembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se introdujeron dos nuevas figuras administrativas, me refiero a las delegaciones de programas para el desarrollo y la coordinación general de programas para el desarrollo. Figuras polémicas desde su creación por las amplias facultades otorgadas a sus titulares y por el perfil político de los mismos.

Destaca que el coordinador general se encuentra jerárquicamente al nivel de un secretario de Estado, incluso con un mayor margen de discrecionalidad política, económica y administrativa para su actuación en las 32 entidades federativas, pero a diferencia de los responsables de una secretaría, esta figura carece de un mecanismo de control político constitucional que pueda regularlo.

Por su parte, las y los delegados tendrán a su cargo el control total de los recursos de procedencia federal en los estados, sin que cuenten con un marco jurídico sólido, ni con mecanismos de coordinación entre estos y los poderes estatales. Por si fuera poco, sus titulares destacan por ser personas con aspiraciones políticas en sus demarcaciones, incluso algunos de ellos cuestionados en su trayectoria. En la exposición de motivos de esta iniciativa se consignan sus trayectorias en las que destacan su militancia política en Morena.

Hagamos un breve repaso. El coordinador general es en este momento senador con licencia por Morena y ha mantenido estrecha relación con el presidente de la República durante los últimos 18 años. Entre los delegados –por cierto, sólo ocho de 32 son mujeres– se encuentran 16 dirigentes estatales de Morena, 10 legisladores federales o locales del mismo movimiento con licencia y seis excandidatos por Morena, cuatro de ellos a gobernador.

No podemos sorprendernos de que el presidente de la República elija a sus leales para acompañarlos en la responsabilidad de gobernar, sin embargo, estos personajes, dotados de un alto y concentrado poder político local, pueden atentar contra el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos, si es que deciden participar en las contiendas electorales.

Este privilegio de controlar los recursos federales no sólo pone en peligro la naturaleza del Pacto Federal, sino también la división de poderes al centralizar el poder político y presupuestal concentrándolo en una sola persona.

Por tanto, considero que es necesario y oportuno legislar sobre las facultades de la persona titular de la coordinación general de programas para el desarrollo, así como las propias de los denominados coloquialmente súper delegados, a fin de delimitar sus funciones, limitar sus responsabilidades como servidores públicos y mantener de esta manera el equilibrio de poderes.

Con la presente iniciativa se busca establecer un control constitucional al poder político mediante la reforma de ocho artículos a la Constitución. Destaco especialmente, antes de concluir, la reforma al artículo 116 propuesta para establecer la prohibición constitucional de que la persona titular de la coordinación general y las y los delegados de programas para el desarrollo participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones de su encargo.

Esta disposición tiene el propósito de evitar conflictos de intereses y la anima el mismo espíritu que se pretende aplicar a los exfuncionarios de la administración pública federal al establecer un tiempo mínimo de varios años antes de poder trabajar en empresas particulares.

En suma, se propone reformar otros artículos constitucionales e incluir un transitorio con la finalidad de establecer un control constitucional a poder político que garantice el equilibrio de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas y el federalismo en nuestro país. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen. Están en la Cámara de Diputados, invitados por la diputada María Libier González Anaya, el señor Bill Bryan, Terry Steipleton, Astrid Montgomery, líderes de comunidades migrantes en Estados Unidos. San ustedes bienvenidos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o., 12 y 18 A de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Javier Julián Castañeda Pomposo: Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas, con la venia de la presidenta. Solicito a usted, diputada presidenta, que esta iniciativa que es de corte fiscal, ya que va a definir parte de derechos, también sea turnada, por favor, para opinión, a la Comisión de Turismo y a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En materia de derechos es indispensable implementar una política fiscal que sea un factor determinante para facilitar la prestación de los servicios públicos y el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio de la federación, por lo que resulta imperante la actualización del marco jurídico fiscal que regula estas contribuciones.

En ese orden de ideas la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento jurídico que refleja las regulaciones y competencias del sector público, otorgando certeza jurídica y coadyuvando a la sistematización y transparencia en el cobro de dichas contribuciones, ya que los ciudadanos demandan la provisión de bienes y servicios públicos de manera eficiente.

Es por ello que a la voz estima conveniente la actualización y adecuación en el cobro por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la administración pública federal, por lo que la presente iniciativa plantea modificaciones en materia migratoria.

De conformidad a la Ley de Migración, uno de los principios en que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, es la facilitación de la movilidad internacional de personas a efecto de salvaguardar el orden y la seguridad, lo que a su vez fortalece la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública, fronteriza, regional, el combate contra el crimen organizado, la trata de personas, la explotación sexual infantil a menores, sobre todo a aquellos no acompañados que llegan a territorio nacional.

En virtud de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Migración, el Inami está facultado para autorizar la renovación de consideraciones de estancia a los extranjeros que requieran permanecer más tiempo en nuestro país.

En ese sentido, en la Ley Federal de Derechos se ha adicionado el concepto de cobro por servicios migratorios, por lo que se ha homologado la Ley Federal de Derechos con el Reglamento de la Ley General de Población, en la cual se establece el pago de derechos por servicios migratorios por la expedición de autorización para realizar actividades remuneradas. En ese tenor es que se propone la siguiente iniciativa a la Ley Federal de Derechos.

Reformar la fracción I del artículo 8o. para que el cobro sea de 855 pesos por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia.

Reformar el primer párrafo del artículo 12 que cobre 380 pesos por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional.

Con esto también reformamos el primer párrafo del artículo 18, para que los ingresos que se obtengan de esta recaudación, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país, se destinen en una tercera parte al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que prestan en materia migratoria, y las otras dos terceras partes para el Consejo de Promoción Turística y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

Con esto consideramos que daremos la posibilidad presupuestal a estas áreas fundamentales del gobierno, pero particularmente al Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo actividades de salvaguarda de migrantes.

México no solamente es un país ya de tránsito, sino también un país de destino en términos migratorios. Por eso ocupamos reformar la Ley Federal de Derechos para que el Instituto Nacional de Migración se vea fortalecido y tenga los recursos suficientes para hacer el trabajo de política migratoria que con perspectiva de derechos humanos México exige. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Y se obsequia turnar a Turismo y a Asuntos Migratorios, para su opinión. Están presentes en el salón y mandamos una bienvenida, a un grupo de integrantes del Programa de la Mujer, de Nuevo León, invitadas por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas. Sean ustedes bienvenidas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas, diputados, medios de comunicación y pública que nos sintoniza a través el Canal del Congreso de la Unión, muy buenos días tengan todos ustedes.

Hoy presento antes ustedes diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género.

La paridad de género busca garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. La necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su artículo 41, garantiza la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Asimismo, establece la existencia de reglas que garanticen dicha paridad.

Actualmente, contamos con diversas leyes que garantizan la participación equitativa entre hombres y mujeres en la vida política, como lo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, e instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Sin embargo, estas no han sido suficientes y hoy en día podemos decir las mujeres que la igualdad sustantiva no se ha logrado y es por eso que no hay que olvidar que estos avances plasmados, tanto en nuestra Carta Magna como en la legislación vigente, han sido parte de una lucha constante por parte de mujeres que han nadado contra corriente y se han topado con obstáculos más grandes e importantes que una barda de 5 o 10 metros de altura.

Durante todo este proceso se han encontrado por supuesto aliados y gente dispuesta siempre a contribuir en el tema. Pero hay que recordar que lo plasmado en nuestra legislación se hizo paso a paso, hasta llegar a un reconocimiento constitucional.

Como ustedes saben, a esta legislatura se le ha denominado o se le conoce como la legislatura de la paridad de género. Solo basta con voltear a ver a nuestro alrededor, para darnos cuenta de la cantidad de mujeres que conformamos este pleno. La propia Mesa Directiva es muestra de ello. Sin embargo, requerimos que la paridad de género sea garantizada y replicada en la conformación de sus órganos de gobierno, comisiones, comités, en los servicios profesionales de carrera en el Congreso de la Unión, y para el caso específico de la Cámara de Diputados en el personal de confianza, personal de base, personal externo y asesores especializados.

Diputadas y diputados, hago un llamado a ustedes para unir esfuerzos y lazos que garanticen plasmar la paridad de género en nuestro marco jurídico. Abogo por su disposición a una propuesta que surge de una lucha de años y que ahora empieza a ser visible su esfuerzo.

La iniciativa estará disponible para aquellas diputadas que por supuesto van a suscribirla e invito a los compañeros diputados que también puedan apoyarnos en esta propuesta.

Sé que hay una iniciativa presentada por nuestro diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo, pero que esta por supuesto también abona y que estamos juntas las mujeres en esta lucha para alcanzar la igualdad sustantiva. Necesitamos estar en los órganos de toma de decisiones, no solamente ser imagen bonita de una paridad que no es sustantiva. Muchísimas gracias y muy buenos días.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y a la Comisión de Género.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Gabriela Medina Ortiz, para presentar dos... perdón. Adriana Gabriela Medina Ortiz, para presentar dos iniciativas, ella es del Movimiento Ciudadano, va a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Gracias. Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: La iniciativa que hoy les presento pretende impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, a partir de modificar los requisitos para ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello atiende preocupaciones de académicos y organizaciones de la sociedad civil en materia de fortalecimiento de la autonomía entre Poderes y reforzamiento del servicio de carrera judicial.

Actualmente podemos apreciar que en el artículo 95 de la Constitución se establecen los requisitos que permiten que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se nutra de personas poco preparadas en la labor jurisdiccional, ajenas a la misma o vinculadas a grupos de poder político electoral.

Esta situación dice a la correlación de fuerzas al interior del máximo tribunal del país, plantea costos innecesarios de las curvas de aprendizaje en quienes no han sido juzgadores e impacta la calidad técnica de las sentencias.

Consecuentemente, con más frecuencia vemos que el lugar del juzgador experimentado que culmina una carrera ejemplar en el Poder Judicial y estimula la continuidad de las carreras de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el cargo de ministros lo disputan integrantes de ternas llenas de amigos, litigantes o políticos profesionales cuya trayectoria exigirá unos meses o años para que se acoplen a las exigencias jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En 1995 se planteaba la necesidad de fortalecer al órgano jurisdiccional federal con perspectivas diversas en la integración del pleno. Por ello, se hizo un diseño constitucional más accesible al ingreso de personas ajenas al servicio de carrera judicial.

Sin embargo, hoy se requiere privilegiar la experiencia que el juzgador adquiere en los juzgados y tribunales federales, misma que no se consigue en el litigio corporativo, tampoco en algunos Poderes Judiciales locales, dóciles a los gobernantes de las entidades federativas. Y menos los esquemas de ex Ministerios Públicos o fiscalías administrativas, que históricamente se han sujetado al humor del Ejecutivo federal, que en este orden ideas resalta que los funcionarios de carrera que han sido designados como ministros, bajaron de 9, en 1994, a 8 en el 2003.

En el 2006 se incorporaron 2 ministros cuyas carreras habían transcurrido fuera de los juzgados, disminuyendo a 6 el número de ministros con carrera judicial, tendencia que siguió en el 2010, cuando este tipo de perfiles bajó a 5 espacios.

La dinámica continuó hasta el 2015, año en que se estableció el punto más bajo de perfiles con carrera judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tener únicamente 4 ministros con dicha característica. Esto representó un descenso de juzgadores profesionales, del 81.80 por ciento del pleno, a solo el 36 por ciento en los últimos 20 años. Esta dinámica encuentra una probable correlación en una disminución considerable en la percepción internacional sobre la independencia del Poder Judicial en México.

Como ejemplo tenemos que en 2006, cuando la proporción entre externos y funcionarios de carrera en la Corte era de 45.5 por ciento a 54.5, respectivamente, el Foro Económico Mundial ubicaba a nuestro país en el lugar número 67, correspondiendo el primer lugar al país con mayor independencia de su órgano judicial.

Por todo lo anterior, propongo que para integrar el alto tribunal se tenga como mínimo 7 años de experiencia en juzgados o tribunales federales, sin importar si esa experiencia es inmediata o se registró años atrás al día del nombramiento. Con ello se busca disminuir la curva de aprendizaje y las posibilidades de conflictos de interés.

Asimismo, se plantea establecer un periodo para quien hubiese tenido responsabilidades judiciales en materia electoral, no genere elementos para asumir que su ascenso al pleno de la Corte se deba a favores político-electorales y no a su conocimiento.

Como complemento a esta iniciativa, en materia de paridad he presentado también una propuesta que busca dar el siguiente paso en la conquista de derechos para las mujeres y aportar un avance en la construcción de una sociedad más equitativa. Ello, proponiendo que se reformen los artículos 89, 95 y 96 de la Constitución, para hacer que el titular del Ejecutivo federal favorezca la paridad de género en sus propuestas para la integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se plantean cambios en el artículo 116, para que las constituciones locales contemplen mecanismos orientados a la paridad de género en la integración de los tribunales de Justicia locales. Debemos transformar nuestras instituciones. El Poder Legislativo ya puso el ejemplo. El Poder Ejecutivo federal y algunos locales han impulsado la incorporación de más mujeres en los espacios de decisión. Ahora toca al Poder Judicial.

Las dos iniciativas que les presento son complementarias. No implican impactos presupuestales, propician condiciones para favorecer la independencia del Poder Judicial de la Federación...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: ...incentivan el servicio de carrera judicial y son tendientes al cambio en las perspectivas del poder y equidad entre hombres y mujeres.

Concluyo. México también puede transformarse con cambios quirúrgicos que aprovechan las fortalezas que hemos creado en nuestras instituciones y escuchando a la sociedad por ello. Pido su apoyo a estas dos iniciativas. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnense ambas iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos... Ay, perdón, antes de darle la palabra a la diputada Claudia Reyes Montiel, saludamos a un grupo de ciudadanos abogados vigilantes de los derechos humanos en el estado de Veracruz, invitados por el diputado Manuel Gómez Ventura. Sean ustedes bienvenidos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Compañeros diputados, presento ante ustedes la iniciativa que busca reformar y adicionar el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer más requisitos y modificar el tiempo de separación de un cargo para ser electo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto con el fin de garantizar una mayor independencia judicial.

La independencia judicial es un elemento fundamental para el Poder Judicial y puede definirse como la garantía de que los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones estarán únicamente sometidos al Estado de derecho, y que sus decisiones se encuentren protegidas por la misma ley, lo que permite evitar presiones por parte de otros poderes o actores.

La importancia de la dependencia juridicial es tal que ha sido reconocida como principio general de derecho y se ha establecido en diferentes documentos como los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura en donde se instruyó que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.

Una de las formas de garantizar la autonomía judicial e independencia es mediante reglas y procesos que permitan elegir no solo a los mejores y más capaces, sino también evitar la intromisión de actores diversos que afecten la conducta de los ministros.

En México los requisitos y el proceso de selección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación están establecidos en el artículo 95 y 96 de la Constitución. Con respecto a los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte, el artículo 95 constitucional establece que los candidatos deben contar con una serie de cualidades y conocimientos que permitan el correcto desempeño de su función.

En esta fracción VI dicho artículo establece también que quienes aspiran al cargo no deben estar vinculados por un periodo de un año al ejercicio de cargos de naturaleza política, ya sea por elección popular o por nombramiento, como se mencionó estos requisitos buscan garantizar independencia judicial.

Y en el caso de la fracción VII que no exista injerencia de un actor político o de un poder en otro; sin embargo, tanto el tiempo como los cargos nombrados en dicha fracción,  no brindan una garantía plena de que no puede existir una subordinación a un interés o grupo particular, esto porque puede darse el caso de que quiera nombrar a una aspirante que haya pertenecido a un gobierno o partido que siga en el poder al momento del nombramiento como ya ha ocurrido, lo que nos haría retroceder en los avances democráticos que hemos ya ganado en el país, así como la independencia obtenida por el Poder Judicial y en confianza que se debe tener es de importante instrucción.

Con el fin de generar mayores índices de independencia y confianza al momento de designar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, se propone modificar la fracción VI del artículo 95 para ampliar el tiempo de separación y adicionar una fracción VII que establezca que los aspirantes no hayan pertenecido a un partido político, ni tampoco hayan sido postulados a un cargo de representación popular.

La ampliación de tiempo tiene como objeto, que quienes hayan concluido con un cargo político y aspiren a formar parte de la Suprema Corte, no tengan durante su encargo una inclinación hacia un partido como gobierno.

Por esta razón se propone pasar de un año a tres y así igualarlo con el exigirlo a quienes hayan pertenecido al Poder Judicial y busquen ser diputados o senadores.

De igual forma, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España, se establece que el cargo de magistrado es incompatible con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos y con toda clase de empleo al servicio de estos.

Para finalizar, es importante resaltar que estas reformas buscan fortalecer el Poder Judicial, garantizar la independencia para generar una mayor confianza en la población hacia este poder y hacia las decisiones que tome, lo cual contribuiría de manera importante a la consolidación de un México democrático. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 113 y 115 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche: Compañeras diputadas y diputados. La Unicef ha destacado que la obesidad infantil lamentablemente es uno de los grandes problemas nutricionales a los que se enfrentan las niñas y niños de nuestro país.

Como es conocido, México tiene un grave problema de sobrepeso y de obesidad. El último informe de la OCDE nos sitúa como el país miembro de mayor tasa de sobrepeso y obesidad entre su población, por debajo de Estados Unidos.

Actualmente México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, problema que está presente no sólo en la infancia y en la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar. Actualmente en nuestro país podemos tener en una familia un menor de cinco años de desnutrición crónica, niños escolares con obesidad y padres con sobrepeso.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que las consecuencias de la obesidad infantil desembocan en una serie de problemas de salud en la edad adulta, entre ellos cardiopatías, resistencia a la insulina y diabetes, trastornos musculares, algunos tipos de cáncer y discapacidad.

La OMS también afirma que la mayoría de estos problemas se pueden a gran medida prevenir, haciendo énfasis en la importancia de políticas y leyes que impacten en los entornos: los hogares, las escuelas y las comunidades, pues condicionan las decisiones de los padres y de los niños y pueden hacer que los alimentos sean más saludables, y la actividad física regular sea la opción más sencilla, accesible, disponible, privilegiando así la obesidad.

No hay duda que el consumo de calorías en exceso juega un papel central en el sobrepeso y la obesidad, sin embargo, existe evidencia científica que ha demostrado que la privación de nutrientes y la desnutrición en edades tempranas de la vida, pueden predisponer al individuo para tener sobrepeso.

Debemos incluir en la Ley General de Salud que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas formulen, propongan y desarrollen programas de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, actividad física incluyendo, fundamentalmente, a la primera infancia.

También se propone llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica, incluida la población en educación inicial y preescolar.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, puntualizando la obligación del Estado de garantizar este derecho.

También menciona que en la nación mexicana toda persona tiene derecho a la protección de la salud con atención prioritaria en las niñas y niños. En todas las decisiones y actuaciones de Estado se velará por el interés superior de toda niñez, no solamente de los escolares.

Por muchos menores el momento de la vida y en el que se encuentra en la educación básica o primaria, ya es tarde, ya que los cambios metabólicos se presentan desde el embarazo, el nacimiento y periodos tempranos de la vida.

Por lo anterior se busca reformar los artículos 113 y 115 de la Ley General de Salud con la intención de incluir a la primera infancia y a la niñez, desde su nacimiento, como sujeto de los programas dirigidos a mejorar la salud y nutrición para la población.

Compañeras diputadas y diputados, con mayores capacidades en la primera infancia habrá mayores habilidades que contribuyan al éxito de las personas en etapas posteriores de la vida.

Esperamos contar con su apoyo para concretar esta propuesta que consideramos fundamental para el desarrollo, salud y prosperidad de nuestras niñas, niños de nuestro país. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Salud para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: La democracia es el régimen del poder visible, la imagen del ágora ateniense. Norberto Bobbio.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos completamente convencidos que la transparencia es una cualidad indispensable de los regímenes democráticos, y celebra la existencia de un organismo garante colegiado que tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

El INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desde su creación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha logrado avances sin precedentes, y ha obligado a diversas autoridades a entregar versiones públicas de asuntos relevantes, como los archivos de 1968, Ayotzinapa y el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

Sin embargo, también ha clasificado en innumerables ocasiones a ciertos archivos como confidenciales por considerar que deben ser temporalmente restringidos por razones de interés público y seguridad nacional.

Estas decisiones han permitido de manera transitoria bloquear el derecho de acceso a la información de los particulares, por lo que sus derechos se ven disminuidos o impedidos.

Además de lo anterior, el problema se robustece cuando siendo procedentes las solicitudes de acceso a la información, estas son contestadas de forma errónea o de manera parcial, pues así lo demuestra el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, donde solo el 62.4 por ciento de las respuestas de los sujetos obligados, contenía información completa o parcial, y el 37.6 por ciento restante de los solicitantes, no obtuvo la información requerida, o bien, tuvo otro tipo de respuesta.

Ante este escenario, del 37.6 por ciento de las solicitudes de información que no fueron atendidas oportunamente, diversos solicitantes interpusieron un recurso de revisión ante el INAI para hacer valer su derecho al acceso a la información, y es justamente la inexperiencia, la falta de profesionalismo y la opacidad de los sujetos obligados, que no permite hacer valer los derechos de las y los mexicanos, y ante este escenario, se interpone un recurso de revisión ante el INAI para que resuelva con imparcialidad e independencia el derecho de acceso a la información.

No obstante, a que se interpone un recurso de revisión, la problemática se agrava cuando se resuelven los medios de impugnación interpuestos por los inconformes, cuyos medios de defensa se ven agotados al ser resueltos por inexperiencia de personal del organismo garante, quienes en última instancia llegan a obstaculizar el derecho de acceso a la información.

Para atender esta problemática y en razón de la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, creemos necesario aumentar un requisito indispensable para quienes deseen ser comisionados de este organismo. Esto debe ser así, en razón de la naturaleza jurídica del INAI y porque el nombramiento de los comisionados que integran dicho Instituto debe ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por lo que se debe garantizar que los perfiles de dichos candidatos sean óptimos y profesionales según sus aptitudes y méritos académicos.

Por eso, propongo ante esta soberanía que además de los requisitos señalados en la Ley en la materia, para ser candidato a comisionado se cuente con la experiencia mínima de tres años en materia de transparencia y acceso a la información, con el fin de profesionalizar al propio Instituto.

Esto debe ser así, ya que el INAI es el órgano autónomo competente para conocer de la materia y por eso, compañeras y compañeros, los invito a sumarse a este esfuerzo que tiene por objeto garantizar la independencia y profesionalismo de los integrantes del INAI. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado Guzmán Valdéz. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Hernán Salinas Wolberg, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Gracias. Saludo a los compañeros legisladores y legisladoras de esta soberanía y los invito a escuchar esta iniciativa que de aprobarse eliminaría de forma permanente el posible desabasto de petrolíferos, consecuencia no deseada de la lucha contra el robo de hidrocarburos o de cualquier otra emergencia nacional.

No podemos ni debemos permitir que se repita un desabasto resultado de una acción planeada o no, como el que enfrentó el país en meses pasados y afectó a partes importantes del territorio.

Es necesario reformar la Ley de Hidrocarburos para constituir una reserva estratégica nacional de petrolíferos que sea el camino para garantizar que los consumidores bajo cualquier supuesto no sufran escasez de combustible.

Hemos escuchado hablar al nuevo gobierno de garantizar soberanía y seguridad energética como ejes rectores de la política de este nuevo gobierno. Aplaudimos esta determinación, aunque pudiéramos diferir de algunas acciones para lograrla. Sin embargo, hoy esta iniciativa plantea un componente de la seguridad energética de la cual estoy convencido que no habrá discusiones ni diferencias ideológicas. Confío en que todos coincidamos que debemos tener mayores reservas para el consumo ante cualquier vicisitud.

No basta con invertir en Pemex y mejorar la explotación, extracción y refinamiento del crudo para tener una política pública integral y eficaz. Esta incluye resolver el grave problema de la falta de reservas y almacenamientos y para ello esta legislatura puede establecer bases legales para que se cumplan con estos compromisos.

México desde febrero de 2018 es parte de la Agencia Internacional de Energía y esto establece beneficios, pero también obligaciones y una de ella es tener la habilidad para responder pronta y flexiblemente ante emergencias energéticas.

Es evidente la debilidad de nuestro país en cuanto al inventario de petrolíferos almacenados listos para despachar. Existen políticas en materia de almacenamiento, pero la experiencia reciente demostró que estas son insuficientes para garantizar el abasto ante contingencias.

Reitero, aplaudo la acción del gobierno federal de encabezar un plan frontal y enérgico contra el robo de combustibles. Sin embargo, el hacerlo demostró que tenemos, debemos tener mayores reservas petrolíferas ante estas contingencias, y les voy a dar varios ejemplos.

Italia, por ejemplo, es un país que tiene 56 días de inventario de petrolíferos, Reino Unido solamente 31, Estados Unidos 27, Francia 22 y México únicamente 14. Y si tomamos en promedio lo que hay en las Terminales de Almacenamiento y Despacho, conocidos como TAD, únicamente 3 días de reserva de petrolíferos.

En diciembre de 2018 fue un mes de alta demanda y solamente se contaba, según con cifras de la propia Secretaría de Energía, con una reserva de 2.5 días de inventario y hoy, bueno, en el pasado mes de enero estos subieron aproximadamente entre 2.6 y 4.2 días de autonomía. Es un hecho que México está rezagado respecto a la norma internacional.

Reconocemos el esfuerzo que se ha emprendido para fortalecer a Pemex como empresa productiva del Estado y nos reiteramos en la disposición para tener un amplio y abierto debate de cómo podemos, desde el Legislativo, fortalecerla aún más.

Y hoy lo que planteamos es una suma a este esfuerzo, para alcanzar la seguridad energética que tanto hemos comentado, ya que el país no cuenta con las condiciones para generar estas reservas en estos momentos.

Coincidimos en que debemos tener un periodo de transición para el aumento gradual y sostenido de dichas reservas.

Finalmente, está en manos de este Legislativo darles herramientas jurídicas a los titulares de las dependencias del sector energético para alcanzar los objetivos que se tienen. Sirva esta iniciativa como una muestra que Acción Nacional comparte el objetivo de garantizar seguridad energética para México, hoy lo hacemos a través de constituir reservas estratégicas nacionales de petrolíferos suficientes para cubrir la demanda nacional.

Como lo he dicho en el seno de la Comisión de Energía, como secretario, un país incapaz de satisfacer su demanda energética es un país sin futuro económico, incapaz de crecer. Y hoy le podemos dar a México una viabilidad...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

El diputado Hernán Salinas Wolberg: ...a través de la constitución de una reserva estratégica de petrolíferos que bien le haría a nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Energía para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se brinda un cordial y atento saludo a los secretarios seccionales del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, invitados por el diputado Isaías González Cuevas, mismo que tiene la palabra, hasta por cinco minutos. Él es del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El diputado Isaías González Cuevas: Con el permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros diputados, el diputado Rubén Moreira y un servidor, de la fracción parlamentaria del PRI, presentamos ante esta honorable Cámara una reforma a la Ley para la Transparencia, Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de comisiones bancarias.

Los trabajadores de México y el mundo históricamente han luchado por alcanzar mejores salarios, también por la batalla para que estos salarios se paguen directa y puntualmente.

Los efectos de la globalización, y el sistema económico de libre mercado, han precarizado el empleo, ha propiciado nuevas formas de trabajo, ha aumentado mayor flexibilización en las condiciones de trabajo, ampliando la jornada de trabajo, la terciarización en el empleo, pero estas modalidades no se reflejan en el ejercicio para la clase trabajadora. Por el contrario, se ha abaratado la mano de obra y se han eliminado las garantías de la seguridad social.

Los trabajadores de México hemos logrado mantener en nuestro texto constitucional, en el artículo 123, normas protectoras al salario, que prohíben que el salario pueda ser objeto de embargo, compensaciones o descuento, pero este derecho es vulnerado por las políticas bancarias.

El modelo financiero que hoy nos somete al mundo impone sus condiciones abusivas y busca cómo disimular y manipular sus acciones, así han logrado que los salarios se paguen a través de tarjetas administradas por los grandes bancos, como Citibanamex, Bancomer, HSBC, Santander, Scotia y otros, que seguro ofrecen buenos beneficios a las empresas que aceptan sus condiciones.

El resultado de este jugoso negocio, injusto para los trabajadores y para la sociedad en general, destacando que las comisiones y tarifas cobradas en 2018 rebasaron ganancias por más de mil millones de pesos para los bancos, datos de ellos mismos, que presumen y demuestran que en México cobran más comisiones que en sus países de residencia.

El trabajador, cuando quiere contratarse en algún empleo, tiene que aceptar que el salario sea pagado a través de una tarjeta. Si no, no lo aceptan en el trabajo. El problema es que cuando ya están todos en el sistema que manejan los bancos, por falta de una reglamentación justa, buscan afanosamente cómo sacar mayor provecho en las miles de cuentas que administran semanalmente, en virtud de que no existen reglas que eviten perjudicar el salario de los trabajadores.

Sin reglas en nuestras leyes que frenen los planes abusivos de los bancos, permiten que estos diseñen complejos programas en sus portales para cobrar cuotas excesivas por los servicios que deberían prestar gratuitamente por el monto enorme que manejan de más de 20 millones de trabajadores que laboran al servicio del Estado o para la iniciativa privada.

Pero, compañeras y compañeros, cada vez que se plantea discutir este tema de las comisiones que cobran los bancos, inmediatamente el aparato publicitario de los bancos se pone en marcha para amenazar que la economía se va a caer, que la bolsa se va a caer, que el dólar se va a disparar al cielo. Y nos amenazan y se frenan muchas acciones para poner orden en el cobro de las comisiones.

Quiero comentarles que esta queja a nivel nacional todas las compañeras y compañeros la vienen presentando, porque cada semana muchas compañeras y compañeros no reciben el salario completo porque les cobran estas comisiones que estoy mencionando. Y a ellos ya se les termina la tolerancia, ya no quieren ser sumisos y piden a esta Cámara, a sus organizaciones sindicales que los apoyemos para poner orden a esta situación que afecta los ingresos de los trabajadores.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, solicitamos su apoyo para esta importante iniciativa que, por un lado, lograremos someter a los bancos a las leyes mexicanas, y por el otro, ayudaremos a defender el salario de millones de trabajadores.

Esta iniciativa es sencilla, que pretende reformar el artículo 4 Bis para la transformación y ordenamiento de los servicios financieros...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:

 El diputado Isaías González Cuevas: ...a efecto de que no se cobren las comisiones por asuntos bien concretos.  –Termino, presidenta–. Por consulta de saldos en ventanilla o cajero automático, por apertura de crédito, por no mantener un saldo mínimo, por administración o manejo de cuenta, por cheque liberado, por disposición en efectivo, por recibir pago con tarjeta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

El diputado Isaías González Cuevas: Muchas gracias. Termino, diputada. Por lo tanto, compañeras y compañeros, les pedimos su apoyo para esta importante iniciativa y que seguro que los compañeros trabajadores mexicanos siempre leales a México, se lo van a agradecer. Saludo a mis compañeros de la CROC. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Estoy convencida que la educación debe ser eje fundamental de la cuarta transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos en el camino correcto porque actualmente se está llevando a cabo un amplio debate para reformar el artículo 3o. constitucional, con el fin de lograr una verdadera transformación de la educación.

Es imperioso hacer una revisión a fondo de la educación del sistema educativo, de los modelos pedagógicos vigentes y de las distintas experiencias y metodologías del aprendizaje, la enseñanza y el aprovechamiento de la educación.

Es necesario llevar a cabo las reformas necesarias tanto a nivel constitucional como en las leyes reglamentarias para mejorar la educación en todos los niveles y lograr que se dé una educación científica, laica popular, gratuita, inclusiva, solidaria y enfocada a impulsar el bienestar social.

En este orden de ideas debemos reconocer que uno de los temas fundamentales es la educación científica, por ello la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta soberanía, plantea reformar el artículo 47 de la Ley General de Educación con el propósito de impulsar la educación científica en todos los niveles del sistema educativo nacional, porque la ciencia, la tecnología y la innovación son determinantes para el desarrollo de los países y el bienestar de las sociedades.

En las últimas décadas el mundo se ha transformado con una celeridad nunca vista gracias en gran medida a las diversas aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Del mismo modo, cada vez son más profundas y lacerantes las brechas de desigualdad entre los países desarrollados que producen ciencia, tecnología e innovación de aquellos que debido a una serie de debilidades estructurales no han avanzado en este terreno.

Es decir, invertir en el desarrollo de las capacidades del país para producir ciencia, tecnología así como la generación de condiciones propicias para la innovación es una necesidad estratégica que no debemos postergar por más tiempo si queremos en verdad construir un México más próspero y justo.

Para el logro de este propósito la educación científica resulta ser un factor determinante. Nos permitirá este logro, como país, en el mediano y largo plazo generar la producción de ciencia, tecnología innovación indispensables para alcanzar mejores niveles de desarrollo, por ello es muy importante realizar las medidas legislativas institucionales y las políticas públicas adecuadas para lograr estos objetivos.

Nuestra propuesta de reforma asume que la cuestión científica está presente en la Constitución y en la legislación educativa, pero que hacen falta disposiciones específicas para fortalecer la educación científica y tecnológica. En efecto, el artículo 3o. constitucional establece que el criterio que orientará la educación que imparte el Estado se basará en los resultados del progreso científico.

La propuesta de reforma es que los contenidos y los propósitos de formación general y en su caso la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo, sean elaborados y transmitidos con base en métodos y prácticas científicas que estimulen el interés de los estudiantes por la ciencia, la tecnología y la innovación.

La presente iniciativa hace suya la perspectiva teórica que propone trascender la idea de enseñar ciencias. Es decir, consideramos que la cuestión de la educación científica no debe enfocarse en introducir materias o asignaturas de contenido científico, sino asumir un modelo cuyos ejes pedagógicos y epistemológicos contemplen que la elaboración y transmisión de conocimiento en la escuela se lleven a cabo bajo los métodos, prácticas, aptitudes y filosofías científicas. Se trata de enseñar a pensar, a aprender y a dialogar científicamente.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, son las herramientas más poderosas para transformar a nuestro querido México, para hacer de nuestro país un lugar más justo, solidario, libre y democrático.

Por esa razón solicito su valioso apoyo a la presente iniciativa para enterar a la sociedad del conocimiento sin perder nuestras raíces, y nuestro compromiso tiene que ser con los que menos tienen, porque esta cuarta transformación va. Apoyemos esta iniciativa de ley. Muchas gracias, compañeros.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Educación para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta. Las personas con discapacidades son, en México, alrededor de 10 millones, y cada año se suman 270 mil personas más. Desafortunadamente el 32 por ciento no recibe un ingreso, y las principales fuentes de trabajo están en un 40.2 por ciento.

Otros subsisten de programas sociales del gobierno, siendo estos el 39 por ciento. En materia de jubilación o pensión, solamente el 21.6 por ciento, y por apoyo de personas que viven en el país, 12.9. La situación de este sector de la población es grave, y consideramos idóneo legislar para llevar acciones que beneficien directamente a su economía y a su bolsillo.

La iniciativa que venimos a presentar versa sobre establecer descuentos en el transporte federal para que tales beneficios generen una mayor movilidad que vía esta iniciativa se apliquen con igualdad, se elimine la discrecionalidad o la buena voluntad.

México es uno de los impulsores de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que está en vigor desde 2008. Y en esto deriva el compromiso de igualdad que incluye que no haya ninguna diferencia por cuestiones físicas, mentales o intelectuales. Estas barreras impiden la participación en la sociedad en igualdad de condiciones.

Por ello tenemos que defender dos importantes derechos: uno, la movilidad, y dos, la accesibilidad para las personas con discapacidad, en materia de transporte.

Esa transgresión ha tenido como consecuencia que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dejar en claro que se han realizado violaciones en contra del derecho humano a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. La falta de aplicación de descuentos en las tarifas es grave, porque muchos de ellos van a sus tratamientos con recursos propios, con los pocos recursos que tienen.

Y de acuerdo a las normas internacionales y nacionales aplicable sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y su reglamento, plantea y acredita que en México está plenamente reconocido y establecido el derecho humano a la movilidad y la accesibilidad con descuentos en las tarifas.

Por eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está obligada a promover, a respetar y proteger y garantizar este tipo de descuentos.

Derechos Humanos plantea que debe haber un descuento a personas con discapacidad y que no es optativo ni discrecional, que debe cumplirse en el sector privado.

En este sentido, las personas con discapacidad deben gozar con este descuento como lo hacen jubilados, pensionados, maestros, maestras estudiantes. Y justamente es eso, un derecho humano a salvaguardar, que se haga válido y efectivo a lo largo del territorio nacional.

La ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 19, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, los sistemas y tecnologías de información, las comunicaciones y particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.

Asimismo precisa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá promover convenios con los concesionarios del transporte público, a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentas en las tarifas de los servicios de transporte público.

Desafortunadamente no hay vinculación entre estas disposiciones. Por ello, esta presente iniciativa tiene como objetivo que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal prevea y garantice los descuentos que deben gozar las personas con discapacidad en los servicios de transporte público.

Para respaldar esa propuesta hay que considerar que los permisionarios de transporte ya ofrecen descuento para estudiantes, maestros, adultos mayores. Y en este sentido, hablamos solamente que se realizan algunos en periodos vacacionales.

Demos un respaldo a las personas con discapacidad, busquemos que tengan acceso a la movilidad, que puedan participar en las actividades deportivas, que puedan ir a sus citas de salud porque tienen una vulnerabilidad extra que estamos promoviendo sin quererlo, al no permitirles del goce del derecho a la movilidad y la accesibilidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su dictamen. Mandamos un cordial saludo a los socios del Club Rotario del estado de Tlaxcala, que fueron invitados por el diputado Rubén Terán Águila. Sean bienvenidos, bienvenidas.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Laura Martínez González: Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, el artículo 6o. y 55 constitucional establecen el derecho fundamental a la información, y en consecuencia obligación del Estado garantizarlo.

Dicho precepto constitucional determina que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, para la cual el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los derechos de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet.

En ese sentido, todo manejo de información que esté dentro de los criterios de este artículo es público y estará regulado por la ley de la materia, en donde deberá prevalecer principios de máxima publicidad.

Asimismo, conforme a dicho precepto constitucional, la Federación cuenta con un organismo autónomo especializado, responsable de garantizar al acceso a la información pública y a la protección de datos personales, denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, cuyo funcionamiento se rige de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

De tal suerte que, desde el momento en que se creó, el INAI ha sido fundamental la participación de la sociedad civil, debido a que se trata de una participación que debe quedar al margen de las filas partidistas por lo que, a la vista, al paso del tiempo vemos que se ha procurado que los aspirantes a comisionados cuenten con alta especialidad, conocimiento y profesionalismo en la materia. También cuenten con reconocida participación en temas de derecho a la información, al ser también personas destacadas en el conocimiento de dicho derecho fundamental, con imparcialidad y autonomía para el debido ejercicio del cargo.

Así que si lo anterior se ha llevado a la práctica como criterios, no tiene sentido que los consejeros del órgano garante, después de haber sido filtrados por la sociedad civil y el Senado de la República por sus buenas cartas de presentación puedan ser designados en puestos partidistas o electos por un cargo de elección popular perteneciente a un partido político inmediatamente después de la terminación de su cargo.

Máxime cuando ello definitivamente podría repercutir en el manejo y salvaguarda de la información pública reservada del interés público, de seguridad nacional privada o de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó como comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía.

Por lo que, a partir de lo señalado, se considera pertinente la presente propuesta con el fin de salvaguardar la información pública reservada de interés público, de seguridad nacional, privada y de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó un comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía.

Y, en consecuencia, desde la Constitución se impida a los comisionados salientes que de inmediato puedan ocupar puestos partidistas, y es que más allá de que se ocupe en lo inmediato el cargo partidista o de elección popular representado algún partido político, lo que se pretende con la presente iniciativa es cuidar el cúmulo de información que dicho comisionado conoció, la cual podría encontrarse desprotegida por el uso indebido o para beneficio de un interés político.

Es por ello que resulta totalmente contradictoria a la esencia y a la naturaleza jurídica de las facultades y alcances de un comisionado y encargado de velar por el derecho de acceso a la información, que por supuesto vale la pena decir que cuando se propone como tal, jamás dice tener preferencias, relación, acuerdos o tratos políticos con determinado partido político.

Por lo antes expuesto es que pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa, que en el fondo lo que se pretende es salvaguardar el posible uso indebido de la información clasificada por el INAI. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Martínez González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.

La diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano: En la antigüedad el matrimonio era considerado como un vínculo jurídico indisoluble. No obstante, el derecho mexicano ha evolucionado hacia un concepto de familia fundado esencialmente en la efectividad.

El consentimiento y la solidaridad libremente aceptada, con la finalidad de llevar a cabo una convivencia estable, por lo que se debe de tener a consideración que el concepto de familia no se constriñe únicamente al matrimonio, sino que debe de abarcar otros lazos familiares, desprendiéndose que el matrimonio no debe considerarse necesariamente como la base del núcleo familiar y que la protección a la familia no sea limitativa, sino enunciativa, como lo prevé nuestro marco constitucional en el artículo 4o. y en tratados internacionales signados por nuestro Estado mexicano, tal como lo es el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece como obligación del Estado proteger a la familia, debido a que es un elemento fundamental de la sociedad mexicana.

Es por ello que al sujetar a las personas a causales para disolver el vínculo matrimonial atentan contra el derecho a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, en los que se encuentra el derecho a decidir el estado civil en el que se quiere permanecer, sin que el Estado lo impida de alguna manera.

Sin dejar de mencionar que este concepto debe ser visualizado de manera más amplia, siendo injustificado que se obliguen a nivel federal a que se acrediten causales para que proceda la demanda de divorcio, para poder disolver el vínculo matrimonial, a pesar de que su voluntad es no permanecer casado.

En tal razón, los jueces familiares no podrán condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal. Solamente bastará que cualquier cónyuge lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno.

Por otro lado, el pasado 3 de octubre de 2008, en el entonces Distrito Federal, se derogaron las causales para la disolución del vínculo matrimonial. Por lo que es menester hacer una debida armonización para que sea utilizado a nivel federal y no solo por algunos estados de nuestra República, teniéndose a consideración los argumentos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en la contradicción de tesis 73/2014, en la que se determinó la inconstitucionalidad de Códigos Civiles que establecen como única forma para divorciarse la demostración de ciertas causales de separación cuando no hay mutuo consentimiento, dado que afectan el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de quien se pretende divorciar.

Es indispensable que se haga el cambio pertinente para que este tipo de circunstancias no se sigan presentando día a día, lo cual es violatorio a los principios de progresividad y universalidad en materia de derechos humanos, tal y como se establece en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con esto se evita que los trámites en las diversas entidades federativas que no cuentan con esta determinación en su marco normativo tengan un proceso judicial más largo y contrario a una justicia pronta y expedita, despresurizando con ello la carga de trabajo de los juzgados familiares y, por lo tanto, menor desgaste psicológico, emocional y económico para las partes que se ven inmersas en el proceso iniciado en su contra. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Cuaxiloa Serrano. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Compañeras y compañeros diputados, la cultura es una manifestación del ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, que precede, rebasa y persiste sobre cualquier regulación existente.

El papel del Estado es el de implementar marcos que reconozcan a la cultura como un derecho humano y garanticen el acceso a su disfrute, preservación, fomento, manifestación y producción.

México es un país con una cultura rica en diversidad artística, sin embargo, según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales realizada en 2010 por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, 43 por ciento de los mexicanos nunca ha ido a una biblioteca y 55 por ciento nunca ha estado en una tienda donde vendan libros. El 53 por ciento nunca ha ido a una zona arqueológica y 43 por ciento no conoce un museo.

La misma encuesta señala que solo 13 por ciento está interesado por lo que sucede en la cultura o en las actividades culturales, y 67 por ciento no gastó ni un solo peso en el año anterior por asistir a espacios culturales. Lo anterior se contrapone al hecho de que la infraestructura cultural en México es muy vasta.

En 2017 la Secretaría de Cultura en funciones compartió algunas de las cifras de infraestructura cultural. A saber: México ocupa el séptimo lugar entre las naciones con sitios declarados patrimonio mundial y posee mil 209 museos, 645 teatros, 798 galerías y 820 festivales de arte y cultura.

Según el informe 2018 del Centro de Opinión Pública para la Universidad del Valle de México, los entrevistados manifestaron que entre los eventos que consideran más atractivos son también los más costosos.

De lo anterior se observa una política de fomento a la cultura que no ha dado resultados adecuados, puesto que no ha sido lo suficientemente atractiva ni asequible para la población. En consecuencia, se obtiene que no existe una relación congruente entre la oferta y la demanda de cultura.

Por otra parte, existe una oferta no distribuida equitativamente y no aprovechada. Y por otra, una demanda mínima que no asegura la rentabilidad de los proyectos culturales por falta de consumidores. Los esfuerzos realizados en la materia se han visto mermados a causa de la insuficiencia de recursos destinados, año con año en el presupuesto relacionado al rubro de cultura.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, expresados por el rector de la UNAM, el sector cultural de México recibe 22 veces menos recursos de los que genera para la economía, pues tan solo en el 2016 este sector aportó el 3.3 por ciento del PIB. En contraste, el gasto público en actividades culturales de 2015 fue apenas de 0.15 por ciento.

Los recortes presupuestales impactan en el desarrollo de estas actividades y de aquí resalta la ausencia de mecanismos para contrarrestar la falta de presupuesto con el fin de que las actividades culturales puedan ser sostenibles por sí mismas. La posibilidad de consumir en las artes no ha sido verdaderamente asequible, ni atractiva, el consumo en cultura continúa concibiéndose como un gasto y no como una inversión debido a la inexistencia de incentivos y la falta de profesionalización del sector en cuanto a su régimen fiscal.

El propósito de esta iniciativa es justamente permitir deducciones personales al impuesto sobre la renta para personas físicas, en consumo cultural y artístico. Esto logrará, uno, profesionalizar los centros y espacios culturales de fomento al arte en cuanto a sus obligaciones de facturación; dos, promover la transición a la formalidad de grupos y personas dedicados a la producción de arte; tres, aumentar la demanda de asistentes y alumnos a talleres, cursos culturales y así como incrementar el consumo de espectáculos y libros; cuatro, mejorar tanto la seguridad laboral de artistas y productores, como el sostenimiento de instituciones culturales.

Por último, cabe destacar que la aplicación de los propuestos incentivos fiscales no provocaría una afectación significante del erario nacional, ya que solo permitiría al contribuyente tener una opción adicional respecto a los rubros en los que se deducía el 15 por ciento permitido de sus ingresos.

Adicionalmente se propone establecer en un artículo transitorio que estas deducciones personales no puedan exceder del límite anual de 12 mil pesos. Ante esta situación se propone la adición de una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta quedando como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual podrán hacer además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta ley que les correspondan las siguientes deducciones personales:

Fracción IX. Los gastos efectuados por el contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o sus ascendentes o descendientes en línea recta en segundo grado, por concepto de consumo de espectáculos artísticos, incluyendo aquellos relacionados con artes visuales, artes escénicas, danza, orquesta y música de concierto, así como aquellos generados por concepto de pago de cursos culturales, visitas a museos, adquisición de obras de arte, libros, impresiones periodísticas, revistas y artesanías, ya sea que hayan sido organizados, vendidos o producidos por establecimientos públicos o privados.

Para finalizar, destaco la importancia de la cultura como herramienta para erradicar la violencia y pacificar al país. El jurista Francisco Dorantes recuerda que el artículo 3o. constitucional...

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.

La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: –Estoy por terminar–... defina la democracia no sólo como un régimen político y jurídico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. De aquí que el mejoramiento de la cultura de los mexicanos es una condición indispensable para la existencia de su democracia. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Ávila Olmeda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Sergio Mayer Breton: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Sergio Mayer Breton: Compañeros y compañeras. Sin duda el papel social del Congreso de la Unión no se limita solamente a acciones legislativas, es al mismo tiempo una tribuna para todas las voces que deciden manifestarse.

Un recinto que también pueda proyectar la cultura nacional, entendiéndola como un elemento para lograr el desarrollo humano para recopilar las tradiciones y la memoria de nuestros pueblos. Un mecanismo para difundir ante la sociedad mexicana y la comunidad internacional las expresiones que dan singularidad y representatividad a nuestro país.

En este sentido la cultura juega un papel fundamental. No debe concebirse como un accesorio momentáneo sino como un proceso que les permita a las personas mejorar su calidad de vida.

La apropiación de contenidos culturales y artísticos nos brinda la posibilidad de descubrirnos como parte de una sociedad con enorme riqueza que emana como parte de una sociedad con enorme riqueza que emana de su historia, tradiciones, lenguas, saberes y expresiones artísticas.

Reconocer a quienes plasman en su obra artística las luchas sociales es reconocer a México. Con ello se le dota de identidad y rostro a nuestra cultura nacional. Es lo que representa nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

Nuestra cultura es el crisol donde los pueblos originarios sentaron las bases para construir la nación, su identidad de los pueblos originarios, de sus lenguas y de su filosofía.

Como lo expresa Miguel de León Portilla “Es la raíz que fortalece nuestra nación”. Así también lo establece nuestra Constitución. La nación es pluricultural y se sustenta en las tradiciones y las expresiones vivas de los pueblos originarios. Para ellos nuestro reconocimiento, por supuesto.

Es por ello, compañeros que el día de hoy vengo a proponer ante este pleno la creación de la presea “Elena Poniatowska” que reconoce a los creadores culturales con estrecho vínculo social. Un ejemplo es precisamente Elenita, que es la cronista de La Noche de Tlatelolco, del sismo de 1985, de la lucha sindical de los ferrocarrileros y de tantas y tantas historias sociales que sin su narrativa se quedarían justamente en el olvido.

En el siglo pasado la historia moderna y la globalización nos permitió seguir ensanchando nuestro patrimonio cultural.

Recordemos las migraciones producidas por causas políticas y humanitarias donde un ejemplo importante es la fundación del Colegio de México, formado en su mayoría por maestros del exilio español, más aún durante el siglo pasado recibimos en nuestro país un gran número de creadores culturales que desarrollaron gran parte de sus obras en México, como el director de cine español Luis Buñuel, que creara en Los Olvidados la visión de la pobreza lacerante de las ciudades.

En sus filmes las personas dejan de ser una estampa estática para mostrar con realismo y crueldad la vida misma en la creciente Ciudad de México.

En conclusión, compañeros, la cultura nacional es un crisol de expresión que se ha enriquecido y abierto hacia lo universal a través de la interacción con las personas a través de latitudes, lo cual ha contribuido a moldear una identidad nacional.

Hoy tenemos que promover como un eje de cambio en la política, un acceso mayormente equitativo a la cultura que deje de ser un accesorio en la vida nacional. Hoy tenemos el compromiso de ser mayormente incluyentes y reconocer las diferentes expresiones culturales para hacer de la cultura un derecho vivo, una realidad cotidiana más allá del espectáculo y del instante. Un claro ejemplo que tenemos es precisamente la expresión a través de cine que hemos tenido y que debemos de sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho con la película Roma.

Mi propuesta precisamente es que se otorgue por primera vez esta medalla el día que se instaure, que se le dé la medalla a Elena Poniatowska, y a partir del siguiente año, entregar a quienes por su mérito se distingan en el ámbito cultural. Es cuanto, y muchas gracias, por su tiempo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González: Compañeros legisladores, la iniciativa que presento busca reformar el artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que a la fecha existe un problema de omisión legislativa.

Desde la aprobación, la publicación del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, de fecha 27 de mayo de 2015, en esta reforma, el Legislativo federal olvidó armonizar la legislación secundaria que deriva de haber trasladado asuntos abordados en los artículos 113 al 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Llevamos más de tres años y medio sin habernos dado cuenta que un cambio constitucional de este calado, impactó en una ley de enorme importancia para los ciudadanos como lo es la de responsabilidad patrimonial del Estado.

Los cambios en ambos artículos no fueron simples, estos modificaron sustancialmente la naturaleza de cada uno de ellos, pues si bien pareciera de simple forma, esta omisión puede generar reclamos legales por parte de los ciudadanos y estos a su vez, al ampararse, quedarían en una indefensión, por un inapropiado sustento de las leyes frente a una mala decisión de las autoridades, incluyendo en contra de nosotros como Poder Legislativo.

Con esta reforma se dará certeza jurídica y fijará adecuadamente las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

De la experiencia anterior es que esta Cámara de Diputados debe promover un enfoque transversal y de previsión de riesgo legislativos, y es obligación pero también responsabilidad política, expedir leyes lo mejor diseñadas y redactadas posibles, toda vez que lo efectos de las mismas causen por omisiones mala elaboración o falta de acción para su corrección. Son también responsabilidad de los legisladores cuando estas perjudican a los mexicanos.

Es por ello que invito a todos los legisladores a suscribir esta iniciativa y reconocer las fallas, porque es humano y es políticamente necesario corregir si ya nos hemos dado cuenta del error.

Asimismo, solicito respetuosamente a la comisión de turno, considere la necesidad de su dictamen lo antes posible para dar a los mexicanos mejores leyes, y nosotros como legisladores ir de la mano de la técnica para tener un mejor proceso legislativo.  Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Sumándonos a la expresión de que se cumpla con los tiempos que fija nuestro Reglamento para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La diputada María Ester Alonzo Morales: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro México existe una realidad que a diario lastima la vida de muchas familias, vulnera la capacidad de desarrollo y de mantener la esperanza para alcanzar mejores condiciones de vida.

Me refiero al grave problema que en la actualidad representa la baja participación laboral de las mujeres. La Organización Internacional del Trabajo señala que, a escala mundial, por cada 10 hombres que trabajan, solo 6 mujeres están empleadas.

Nuestro país ocupa la posición 122 entre 144países evaluados por las oportunidades económicas y laborales que hay para las mujeres. Asimismo, las mujeres trabajadoras ganan en promedio 20 por ciento menos que los hombres, tienen mayores niveles de desempleo y altos porcentajes de trabajo no remunerado. México todavía tiene una de las tasas más bajas en cuanto a participación de las mujeres en el mercado laboral.

Los modelos de la OCDE calculan que habría un impulso considerable al crecimiento económico en México, si las mujeres participaran en el mercado laboral en porcentajes similares a los de los hombres. México ha reconocido que el avance de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad mediante la ratificación de diversos convenios internacionales, particularmente el de la CEDAW.

Sin embargo, a pesar de los progresos alcanzados y de los compromisos asumidos, la perspectiva de las mujeres en el ámbito laboral aún dista mucho de ser iguales a la de los hombres. Por tanto, nuestro país debe continuar invirtiendo en políticas sociales y de mercado laboral que fortalezcan e incluyan a las mujeres.

El tema de igualdad laboral no es exclusivo de las mujeres, empecemos a cambiar el discurso, empecemos a cambiar esa idea. A todas y todos mis compañeros los insto a trabajar unidos. No seamos omisos ante la desigualdad laboral, les insto a generar políticas que coadyuven a realizar un cambio. Debemos empezar a cambiar esta realidad. Empecemos a generar cambios que beneficien a las mujeres. Esto es tarea de todos y todas.

Es preciso redoblar los esfuerzos para reducir la brecha entre los géneros en el mercado laboral, adoptando medidas formuladas específicamente para las mujeres. Por ello y legislando a favor del crecimiento en la participación laboral de las mujeres, presento esta iniciativa en la cual propongo adicionar un artículo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer que la dueña o el dueño de una empresa que pueda deducir hasta un 25 por ciento del ISR total que paga, cuando en su plantilla de trabajadores tenga como mínimo un 50 por ciento de mujeres contratadas y registradas ante el Seguro Social, buscando con esto que los empleadores opten por contratar a más mujeres dentro de sus empresas.

Avancemos juntos hacia un mercado laboral más justo e inclusivo, uno que también favorezca a las mujeres y eleve su calidad de vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de servidores públicos.

La diputada María Rosete Sánchez: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada María Rosete Sánchez: Honorable asamblea, periódicamente conocemos sondeos de opinión que distintas empresas realizan al ciudadano, para conocer y medir su percepción respecto al trabajo y desempeño gubernamental, resaltando como mayor preocupación los problemas de inseguridad pública que se relacionan con la aplicación de la ley y la desconfianza del funcionamiento y actuación de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades.

El desencanto social por sus gobiernos crece de manera alarmante por la falta de honradez y eficiencia y por el déficit de sus desempeños. El funcionamiento de la administración pública en México se percibe como burocracias excesivas de funcionarios frente a procedimientos exagerados, que en muchos casos son parte de un círculo vicioso de corrupción, manchando de esta forma el verdadero servicio público.

Ya no queremos ver gobiernos que no se ocupan de desempeñar eficientemente sus responsabilidades. Ya no queremos ver gobiernos que endeudan las haciendas públicas y corrompen los programas de desarrollo social, destinados a la lucha contra la pobreza y marginación, entre otras tantas malas prácticas.

En esta nueva etapa que hemos iniciado con la cuarta transformación que se ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es momento de iniciar una nueva cultura de la burocracia pública, que promueva la actitud de servicio eficiente, que estimule la competencia y que la haga responsable, para que el gobierno trabaje mejor. De lo contrario, el funcionario público que contravenga la ley será sancionado severamente.

Por ello, es necesaria una reforma constitucional y de la ley reglamentaria correspondiente, que adecúen nuestro marco jurídico e institucional a la nueva realidad del país. Así como crear las herramientas necesarias para inhibir la comisión de delitos en el y con el servicio público.

Hemos visto cómo las leyes han sido rebasadas por la realidad y, desafortunadamente, las autoridades de gobierno no ofrecen bases sólidas para prevenir y sancionar la corrupción que la sociedad exige erradicar.

La reforma constitucional que promuevo propone establecer bases constitucionales que ayuden a inhibir y erradicar la corrupción que tanto afecta y ha afectado a nuestro país.

Es necesario someter a responsabilidad a todo servidor público y establecer un principio general de cumplimiento por el manejo de fondos y recursos federales.

La obligación de servir con legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia a los intereses del pueblo, debe ser la misma para todo servidor público, sin importar su jerarquía, sin importar su rango, sin importar su origen o lugar de empleo, cargo o comisión.

Las bases constitucionales deben sustentar con claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas que puedan resultar de las obligaciones comunes de todo servidor público. Además, es necesario establecer normas que obliguen al servidor público servir con eficiencia y respeto a la sociedad.

Tenemos que regresarle a la sociedad la confianza de recurrir al derecho para que no se vea forzada a violarlo, con el fin de obtener de alguna forma lo que la justicia debe garantizarle.

No debemos medir resultados por el número de servidores públicos sancionados o denunciados ante las autoridades del Ministerio Público. Al final de cuentas, en pocas ocasiones se resarce el daño y quebranto al erario y a los afectados. Y si son recluidos, en solo unos años salen libres bajo fianzas irrisorias.

El costo a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otra relación con autoridades, se calcula en 7 mil 218 millones de pesos, lo que se traduce en 2 mil 273 pesos promedio por persona afectada.

Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores. Es momento de convertir a la administración pública en honesta, profesional y eficaz, y exigir la identificación, investigación, proceso y sanción con legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad de la corrupción para tener un país más justo. Muchas gracias. Es cuanto

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Diputadas, diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción X Bis al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Como sabemos, las políticas sociales ya no son una intermediación ciudadana para la solución de la problemática social. Se ha perdido el bienestar que se persigue. Teníamos un liderazgo ensombrecido por la desconfianza del ciudadano, provocado por incontables episodios de corrupción.

Por ello, con esta iniciativa buscamos que la democracia representativa tenga como elemento central la rendición de cuentas. Para nuestros gobernantes es imperativo cumplir su función de garantizar la transparencia, compromiso y eficacia.

Esto se va a conseguir con ciudadanos interesados y comprometidos con la cuarta transformación, que tengan la oportunidad de participar de manera directa y decidida, contribuyendo para lograr el objetivo trazado en el Sistema Nacional Anticorrupción.

México tiene la urgente necesidad de continuar construyendo instrumentos que obliguen a nuestros funcionarios a una verdadera rendición de cuentas, que no sean palabras de un discurso agotado, sino que tengan la obligación de reportar sus actos ante los ciudadanos y que nos permitirán ser críticos en su desempeño.

Involucrar a la ciudadanía es necesario para la concepción de normas que profesionalicen el ejercicio de los actores que intervienen en la ejecución de los recursos públicos.

La relevancia del tema no es solo por la solicitud de transparencia a través de un informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas, sino que a través del acceso a la información los ciudadanos conozcan de primera mano esa rendición de cuentas que permitan conocer los impactos de la inversión, ya que sin duda se relacionan directamente con el bienestar y el progreso social.

Derivado de lo anterior, el Comité Ciudadano sería pieza fundamental para la ejecución de programas de desarrollo a las comunidades, pero es necesario que cuenten con la información suficiente y esto se logra a través de acceso a la información pronta y expedita establecida en la normatividad vigente.

Así entonces, al estar informados se limitarían los actores de corrupción y establecerían sólidamente un verdadero instrumento de rendición de cuentas, lo que pretendemos con esta iniciativa es insertar dentro de este marco normativo la figura de comités ciudadanos, que tengan como facultad el proponer mecanismos normativos para la supervisión en el gasto público, la recaudación de los ingresos, la prestación de los servicios públicos, los programas y las acciones de gobierno así como la actuación y el desempeño de los y las servidoras del gobierno federal.

Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es dotar a la población de herramientas para que nuestros gobernantes estén obligados a hacer pública toda la información que se refiere a los programas sociales. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 122 y 123 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Estimados compañeros, nuestro país es una nación pluricultural con una identidad única, auténtica y reconocida por su majestuosidad en todo el mundo, por lo que el día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa cuyo objetivo es fomentar la recuperación y la preservación de las técnicas y diseños tradicionales de la alfarería mexicana.

Las reformas y adiciones que presentamos en esa iniciativa continuarán estimulando la creatividad de los ceramistas para el desarrollo de nuevas propuestas tanto en la cerámica tradicional como en la contemporánea.

Para Movimiento Ciudadano es fundamental preservar nuestra identidad, ya que consideramos que las expresiones artísticas es un acercamiento para conocer y comprender una cultura, una sociedad y una persona.

En México existe un vasto marco jurídico y legal para incentivar el arte y la cultura. Uno de ellos es la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles donde contiene los estatutos del Premio Nacional de la Cerámica.

El Premio Nacional de la Cerámica es el reconocimiento que se otorga a los artesanos que se han destacado por su desempeño, trabajo y obras en favor de la promoción efectiva de la cerámica nacional. De esta manera preservamos las técnicas artesanales y el impulso a las capacidades artísticas de los artesanos promoviendo la igualdad de género también.

Ante ello, considero necesario realizar adiciones a la ley antes comentada con la finalidad de actualizar las técnicas empleadas por los artesanos, así como dejar de manifiesto en esta ley la evolución del conocimiento y los métodos artísticos que son empleados por ellos.

Asimismo, aunque están definidas ya las categorías es necesario describir cada una de ellas para que el consejo de la premiación tenga un parámetro de medición para su evaluación.

Compañeras y compañeros diputados, mi municipio, San Pedro Tlaquepaque en el estado de Jalisco, y el cual orgullosamente represento, es sede del Premio Nacional de la Cerámica, y es un honor coadyuvar con el artista ceramista, quienes merecen ser reconocido por su gran labor como preservadores y difusores del arte. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 232 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con el permiso, ciudadano presidente, Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores, vengo a presentar reformas a los artículos 232, 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el fondo se trata de lo siguiente: de que sean postulados candidatos en municipios, distritos locales y federales, sean indígenas de origen y que hablen la lengua, y que no sea con una cuota de poder.

Los pueblos indígenas hemos sido discriminados en la toma de decisiones del rumbo de nuestra nación y en nuestro derecho al acceso al cargo para integrar las instituciones del Estado. Se nos ha visto como meros receptores pasivos de programas de corte asistencialista.

Hoy estamos obligados a reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, misma que debe cimentarse en términos de igualdad, de funcionamiento horizontales que permitan impulsar escenarios incluyentes de la diversidad en el ámbito político, económico, social y cultural.

Aun cuando ya existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones como a la carencia de voluntad política para resolver el problema.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ha señalado su preocupación por el número y rango de los puestos gubernamentales, ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres en México, y han recomendado que se redoblen los esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, y en todas las instituciones de toma de decisiones, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa.

Lo anterior es así, toda vez que, en México, según datos del Inegi, la población nacional que se autorreconoce como indígena representa el 21.5 por ciento del total y alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas; de los cuales el 48.7 son hombres y el 51.2 mujeres.

De manera específica, la población indígena en edad y posibilidad de votar suma 17 millones 98 mil 838, por lo que a la luz de los escasos datos de la representación indígena en el Congreso de la Unión, se puede identificar que esta se encuentra en situación de subrepresentación.

Es por ello, que la razón de ser de la acción afirmativa que se propone en la presente iniciativa, es atacar la desigualdad estructural que sufren las comunidades indígenas y su propósito es incorporar representantes de esos mexicanos en la Cámara de Diputados, las medidas que ha establecido el INE no son eficaces.

Las comunidades indígenas representan 21.5 por ciento de la población, ¿por qué reconocer solo el 4 por ciento de los distritos?

Históricamente el porcentaje de personas Indígenas que accede a las diputaciones federales es muy reducido; ello debido a que los partidos políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas indígenas, ni siquiera en aquellos distritos electorales en donde representan más del 40 por ciento de la población.

Esto, sin duda alguna, ha obstaculizado la representatividad de nuestros pueblos, como se evidencia en los resultados electorales del 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 en los distritos con población indígena y que acreditan que son escasas las personas de este origen que acceden a las diputaciones federales.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: El proceso de construcción de la nueva etapa de la vida pública nacional debe reconocer ampliamente el goce y ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de Morena.

La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es un hecho aceptado que la gran amenaza para nuestro planeta es el deterioro del medio ambiente debido, entre otras cosas, al efecto invernadero, a la degradación de la capa de ozono, la deforestación, la contaminación del agua y de  la tierra, la lluvia ácida y el consumismo desenfrenado.

De hecho, los conflictos violentos surgen a menudo como consecuencia de condiciones ambientales en las que está condenada a vivir la población más vulnerable.

Actualmente, reconocemos que los militares son un pilar fundamental para nuestro país, sin embargo no se ha tomado conciencia en la parte normativa, que el Ejército tiene una función positiva que desempeñar en la protección y restauración del medio ambiente degradado.  El Ejército está particularmente preparado para la importante y productiva labor de proteger el medio ambiente en peligro, y regenerarlo cuando así sea necesario.

En todo el mundo los militares están bien preparados para desempeñar esta nueva función. En México, el Servicio Militar Nacional es una instrucción que todo mexicano debe conocer para cumplir con su papel de ciudadano y la Sedena  ha atendido a la necesidad de coadyuvar con las acciones que realiza el gobierno de la República para disminuir el creciente deterioro ambiental, llevando a cabo una serie de actividades tendientes a promover el desarrollo sustentable  del país, como la construcción y operación de viveros forestales militares en coordinación con la Conafor, actividades de reforestación, la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, operación de plantas de producción de composta, pero estas buenas prácticas debemos reforzarlas con un adecuado marco normativo.

De lo anterior se desprende claramente que los militares tienen un papel importante que desempeñar en la protección de plantea y de sus recursos naturales, están llamados a hacerlo así en virtud de su estructura organizativa, capacitación, espíritu de iniciativa, motivación, conocimientos técnicos, movilidad y capacidad de intercomunicación.

De tal suerte que en la experiencia internacional y en los precedentes nacionales con los que contamos, consideramos que existe un área de oportunidad para poder fijar en nuestro marco jurídico la posibilidad de llevar a cabo un servicio militar con fines de protección ambiental.

El Partido Verde ha sido enfático en la necesidad urgente de generar conciencia en la sociedad para entender los cambios ambientales que estamos enfrentando, y las consecuencias que padeceremos si no hacemos algo para detener la afectación de nuestro medio ambiente.

Reconocemos que hoy en día se llevan a cabo algunas tareas relacionadas con el cuidado del medio ambiente por parte de los militares y los practicantes del Servicio Militar Nacional. Sin embargo, dichas acciones tienen origen en acuerdos y en políticas públicas emanadas del Poder Ejecutivo, sin que se contemple expresamente en nuestras leyes y que ante un cambio de visión del titular podría provocar incertidumbre sobre su continuidad.

En ese sentido, quienes suscribimos esta iniciativa proponemos una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que por ley la Secretaría de la Defensa Nacional establezca acuerdos de colaboración con las instituciones ambientales, a efecto de capacitar a sus integrantes del Servicio Militar para la ejecución de actividades tendientes a proteger el medio ambiente y, con ello, garantizar la continuidad de estas acciones que derivan en este momento solo de acuerdos de carácter administrativo. Esperamos contar con su apoyo y gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Manrique Guevara. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 23 de febrero de cada año, Día Nacional del Rotarismo.

El diputado Rubén Terán Águila: Con su permiso, diputada presidente. Compañeros legisladores, es indudable que en este país existen seres humanos que están dispuestos a darlo todo, que ofrendan su tiempo, que ofrendan sus frutos y que, sin lugar a dudas, contribuyen a forjar una mejor sociedad. Mejor aún, en este país como en otros existen organizaciones que sin recibir recursos del gobierno realizan actividades altruistas.

Uno de los principales objetivos del rotarismo es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna.

Asimismo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales y la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales, empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.

Tan importante este organismo, que fue factor para que se pudiera conformar lo que hoy es la ONU. En México el rotarismo tiene más de 100 años de existencia, en él encontramos la fraternidad, la vocación de servicio, el buen compañerismo, la no competencia.

En el rotarismo se encuentran mujeres y hombres de bien, de buena voluntad que entienden perfectamente que servir a los demás es parte fundamental de quien sabe vivir. Lograr la paz entre las naciones es otra de sus finalidades. Club Rotary está presente en más de 217 países y en todos ellos aportan sus talentos para el servicio de una mejor sociedad.

Gracias al rotarismo, compañeros diputados, se han hecho hospitales, escuelas, se han apoyado a miles de personas de escasos recursos, se ha dado un combate frontal para erradicar la poliomielitis aportando miles de vacunas, por ejemplo.

Aprobar esta iniciativa, compañeros diputados, es reconocer el trabajo altruista, es agradecer a miles de personas que preocupados por la forma de coexistir como ciudadanos dan parte de su patrimonio, de su tiempo, de sus fuerzas, de su vida.

Compañeras y compañeros, la patria necesita de ciudadanos como ellos. La cuarta transformación, de la que pugnamos y que encabeza dignamente el presidente de este país, necesita del esfuerzo de cada uno de nosotros.

Hoy es necesario que, como seres humanos, como mexicanos, tengamos claro que es eminentemente urgente dar, dar y dar hasta erradicar las desigualdades, y el gobierno no es suficiente. Requerimos de los empresarios, de las asociaciones civiles. Requerimos de los comerciantes. Requerimos de los artesanos. Requerimos de organizaciones como Club Rotary, que han aportado mucho a México y al mundo.

Por ello la propuesta de esta iniciativa de declarar cada 23 de febrero como el Día del
Rotarismo Nacional. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Terán Águila. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 4o. C a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el promovente y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Mario Mata Carrasco: Con su permiso, señora presidente. Esta propuesta es para adicionar a la Ley de Coordinación Fiscal en materia de creación del fondo hídrico para el desarrollo de estados y municipios aportantes a tratados internacionales. Sobre todo, aquellos que sufren de falta de agua, pero que por un tratado internacional son desiertos que tienen que exportar agua.

Vale la pena recordar que los tratados internacionales de aguas procuran establecer políticas de distribución que beneficien a la población, por lo que resulta deseable establecer mecanismos de compensación como parte de una política presupuestal equitativa y permanente que tenga que ver con el fomento al desarrollo de las entidades y los municipios, toda vez que de alguna manera están renunciando al uso del recurso hídrico en su propio territorio para permitir el cumplimiento de sus compromisos.

Un referente importante es el que se conmemora el día primero de marzo de 1889 en Washington, DC, donde el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Porfirio Díaz y Stephen Grover Cleveland, presidente de los Estados Unidos de América, suscribieron la Convención para el Establecimiento de una Comisión Internacional de Límites.

Sobresale de manera importante que en dicho documento fue creada la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, CILA Estados Unidos-México, concebida como un organismo internacional direccionado a recibir las diferencias entre los límites y aguas de ambas naciones, integrada equitativamente por una sección mexicana y una estadounidense.

Destaca que las oficinas centrales para el caso de la sección mexicana se encuentran localizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la de la sección estadounidense en las ciudad americana de El Paso, Texas.

Es de resaltar que el Tratado de 1944, que es el que nos concierne, contribuyó de forma clara a la aparición en el ámbito del derecho internacional y a algunos nuevos conceptos que ciertamente están plenamente relacionados con los recursos naturales.

Como consecuencia de lo anterior, debemos decir que el Tratado Internacional de 44 es benéfico para México, porque nos aporta mil 800 millones de metros cúbicos provenientes del Río Colorado, en poder de los Estados Unidos de América, en tanto que México entrega nada más 431 millones de metros cúbicos. Pero no es justo que Chihuahua, en su parte desértica, aporte 251 millones de metros cúbicos anuales, más 500 millones de metros cúbicos que van a otros estados.

Es por eso que estamos promoviendo que se cree el fondo hídrico para el desarrollo de estados y municipios aportantes a tratados internacionales, cuyo propósito fundamental del fondo es el de dotar de recursos a las entidades federativas y municipios que participan en el cumplimiento de los compromisos internacionales, dotando de agua a los países limítrofes mexicanos que hayan suscrito tratados internacionales como instrumentos similares en nuestro país. Se reitera la obligación de fiscalizar los recursos que se manejen a través del fondo.

El artículo 1 es: El fondo hídrico para el desarrollo de estados y municipios aportantes a tratados internacionales estará conformado por la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizada en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la federación y su cálculo estará a cargo de la Conagua, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Compañeros diputados, es de justicia para estos estados y municipios, que le retribuyamos lo mucho que han aportado para cumplir con este tratado que, repito, es muy justo para México, pero es muy injusto para Chihuahua, no recibe ni un cinco, ni una gota de agua por todo lo que aporta, y los estados subsecuentes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, reciben esa agua y la utilizan con fines de agua potable, con fines agrícolas e industriales. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mata Carrasco. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Anilú Ingram Vallines: Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las mujeres en México, sin importar nuestra edad, dónde vivimos y nuestra ocupación, nos sentimos inseguras. Inseguras en las calles, en las escuelas, en el transporte público y en muchos casos, hasta en nuestros hogares.

Todos los días lamentablemente se dan a conocer hechos de violencia contra niñas y mujeres, y en algunos estados como el mío, Veracruz, con mayor incidencia. Las violencias de género se hacen presentes prácticamente en cada ámbito y como legisladores es nuestra obligación coadyuvar a poner un freno para evitar los feminicidios.

ONU Mujeres dio a conocer que cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe y en México, en promedio, siete mujeres son asesinadas al día.

Hoy no basta con visibilizar esta problemática, tenemos que sumar a los estados, a los municipios, a los tres poderes de gobierno, para garantizar a las niñas y mujeres una vida segura y digna.

Por eso hoy acudo ante ustedes para proponer una serie de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus artículos 21, 23, 25 y 26 en materia de feminicidio y alerta de violencia de género a fin de fortalecer el procedimiento de difusión de una alerta de violencia de género, la coordinación adecuada de todos los responsables en su implementación y que se comunique con estrategia a la población.

Es importante asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres. Es imperante, de igual forma, que las alertas de violencia de género sean emitidas bajo el principio de máxima publicidad y para esto proponemos que las autoridades federales y las entidades federativas se coordinen para la integración y funcionamiento de un sistema único de información sobre la alerta de violencia de género.

A la par, es prioritario garantizar los derechos de los familiares en ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen, tendientes a sancionar a los presuntos responsables, a recibir de manera gratuita una copia simple de las diligencias que integran el expediente y acceder a las medidas de ayuda y asistencia que se implementen para la superación del daño producto de la comisión de delitos, incluidas encaminadas justamente al apoyo sicosocial.

En la iniciativa se plasma además la tipificación del delito de feminicidio considerado en el Código Penal Federal, con la finalidad de que las entidades federativas homologuen este delito en sus diferentes ordenamientos en materia de prevención y protección a la mujer, y con ello no existan discrepancias de un estado a otro en cómo catalogar el homicidio de mujeres.

Así, con acciones, nos sumamos al reclamo de activistas, académicas, defensoras de derechos humanos y de todas las mujeres en todo el país ante el alarmante incremento de casos de desapariciones y feminicidios.

Tenemos que colaborar para que los gobiernos implementen acciones tendientes a garantizar la seguridad y proteger la vida de las mujeres que hoy no está ocurriendo por desconocimiento u omisión.

Nadie puede negar los avances sustanciales de cómo el país ha avanzado en los últimos años en lo que hace a la igualdad de género y en nuestro empoderamiento, sin embargo, nuestro gran pendiente sigue siendo y costando cientos de vidas anualmente ante la violencia de género y los feminicidios. Estos no se resuelven con toques de queda porque las agresiones no tienen hora, suceden cada minuto y tristemente son sistemáticas y cotidianas.

Tampoco podemos cruzarnos de brazos y asumir un papel contemplativo mientras más mexicanas son agredidas y asesinadas. Esta es la propuesta para nosotros que integramos el Poder Legislativo. No más desaparecidas ni secuestradas ni asesinadas. Ni una más. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ingram Vallines. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Con su venia, diputada presidenta. El derecho a una vida libre de adicciones debe de formar parte de esta cuarta transformación.

Los niños, niñas y adolescentes son el presente y el futuro de México. A lo largo del trabajo social que he venido realizando durante un amplio periodo de mi vida dentro de algunas asociaciones civiles en diversos estados de la República, he conocido la fuerte problemática social que representa la drogadicción en niñas, niños y adolescentes, y cómo ese gran problema de salud pública merma a las familias, la seguridad y el desarrollo de nuestros jóvenes.

De igual manera durante mis recorridos en campaña por mi distrito, me he percatado que la problemática no es aislada de zonas donde se realiza el cultivo y producción de esas sustancias, sino que se ha convertido en un problema que aqueja a todo nuestro país, siendo los más afectados nuestros jóvenes de las zonas rurales.

Más preocupante es aún que en nuestras leyes no existan verdaderos mecanismos de protección, rehabilitación e incorporación a la sociedad de los niños, niñas y jóvenes que presentan esta problemática.

En nuestra Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, solo se establece el realizar medidas tendientes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las adicciones, pero no lo establece como un derecho, he ahí la necesidad de agregar la fracción XXI a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde a la letra diga: derecho a una vida libre de adicciones. Esto con la finalidad de establecer verdaderos mecanismos de atención, protección y rehabilitación, que logren garantizar el interés superior de la niñez, así como la corresponsabilidad de todos y todas para garantizar sus derechos.

Según datos de la Encodat 2016/2017 el consumo de drogas en general en México aumentó en todas las edades 80 por ciento. Y por género, las cifras son más preocupantes: en los varones se registró un aumento del 69 por ciento, mientras que en mujeres se disparó a 175 por ciento.

Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida aumentó de 5.7 por ciento en 2008 a 10.3 por ciento en 2016.

Por estado, los que presentaron mayor crecimiento proporcional a 2008 son: Jalisco, Colima y Coahuila. En 2016 todos los estados mostraron porcentajes de consumo dentro del promedio nacional, 2.9 por ciento excepto Oaxaca y Chiapas, cuyos porcentajes de consumo son menores al nacional.

En la población de 12 a 17 años, el consumo de cualquier droga ilegal alguna vez en la vida aumentó de 1.3 por ciento en 2002 a 2.9 por ciento en 2011. El consumo, en el último año en la población de 12 a 17 años, aumentó casi el doble de 1.6 por ciento en 2011 a 3.1 por ciento en 2016, esto nos representa ya un problema grave de salud ya que los mayores daños a la salud de los adolescentes no se manifiestan en términos de morbilidad o mortalidad. Generalmente, los problemas que ellos enfrentan tienen una repercusión más honda y duradera que afecta no sólo el bienestar personal, sino también el de su familia y su comunidad.

Esto a su vez nos provoca también un problema de seguridad ya que tan solo en la capital del país, la Secretaría de Seguridad Pública reporta que un 13 por ciento de los detenidos de ese delito tiene entre 15 y 17 años de edad. Esto puede generarse debido a que los niños, niñas y adolescentes son altamente vulnerables a las drogas por la presión que sienten para adaptarse a pertenecer a un grupo social.

Es claro que a ello se suma la condición social. En hogares con escasos recursos, los papás están ausentes porque trabajan o en muchos casos en zonas rurales, como es en la comunidad de Xocotla, del municipio de Coscomatepec, los padres salen en busca de trabajo a los Estados Unidos y esto lleva a que el único lazo de convivencia que tienen los niños y adolescentes es el grupo que está en la calle. Hay colonias y lugares donde los únicos amigos que pueden tener son consumidores de drogas.

Los niños y adolescentes que consumen lo hacen por una ausencia de límites, de vínculo afectivo, por problemas en la comunicación con los papás o en la familia y casi en todas las terapias tiene que ir toda la familia.

Si queremos verdaderos ciudadanos y ciudadanas debemos defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes a temprana edad, ya que en la infancia es donde realmente ellos empiezan su formación. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villegas Guarneros. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera, suscrita por el promovente y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Con su permiso, señora presidenta. Buenas tares, compañeros. Hoy vengo a presentar este proyecto convencido de que los jóvenes son el futuro de México.

Con este proyecto confirmo mi compromiso de trabajar por establecer condiciones y oportunidades que fomenten el talento de todos aquellos mexicanos que estudian y se preparan por ser mejores mexicanos.

Desde el Legislativo tenemos la obligación de posicionar a México como una nación creadora de talento joven, sin importar las diferencias o preferencias políticas. México ocupa el segundo lugar latinoamericano cuando se trata de exportación de estudiantes, con cerca de 27 mil jóvenes matriculados en universidades y cursos fuera del territorio nacional.

Todos ellos buscan aprovechar la oportunidad de aprender en escuelas extranjeras que le den mayores saberes, y en su mayoría también están dispuestos a volver al país y compartir dichos conocimientos para contribuir en una formación de mayor calidad en nuestro país. Desafortunadamente, también un número de estos estudiantes regresan a terminar sus proyectos educativos, debido a cuestiones presupuestales.

Así es cuando los estudiantes retornan, traen consigo ciertas herramientas o dispositivos necesarios para el término de sus respectivas investigaciones y, en general, sus estudios. En estos casos, la legislación aduanera establece impuestos a la importación de dichos instrumentos y herramientas electrónicos provistos por universidades extranjeras, provocando una afectación en la economía de esas personas y sus familias.

Por eso la intención de esta propuesta legislativa es evitar entorpecer la formación educativa y generar resultados positivos, ya que en la actualidad los dispositivos electrónicos, la inteligencia artificial, son herramientas de apoyo a la investigación, así que debemos eliminar las trabas legales que permitan a estas personas contar con sus herramientas de estudio.

Ante tal situación se propone modificar el artículo 61 de la legislación aduanera para exentar de impuestos aduaneros los materiales electrónicos provistos por entidades de educación superior extranjera a mexicanos, en favor de un libre tránsito de herramientas indispensables para el desarrollo y conocimiento académico, que pueden tener un impacto benéfico a nivel nacional e internacional, incluyendo las computadoras especiales, equipos métricos para investigaciones sociales, biológicas y físicas, escáner de recopilación biométrica, entre otras aplicaciones contemporáneas de los desarrollos electrónicos y computacionales. Es cuanto, señora presidenta, gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputado Rosas Quintanilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Irma Juan Carlos: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta y la Mesa Directiva, diputadas y diputados. (Habla en su lengua originaria) Gracias a todos los presentes por escucharme. Ahora que se ha dado importancia al uso de nuestras lenguas indígenas, quiero pedirles que todos los días la practiquemos.

No hay mayor dignidad de un ser humano que dejar que hable y preserve su lengua originaria. La lengua materna, además de dignidad, significa vida, cultura e historia. La lengua originaria, para decirlo de manera concreta, es el valor de la identidad por excelencia.

A pesar de su importancia, nuestras lenguas originarias merecen mucha más atención. Sin embargo, a pesar de su invaluable valor, las lenguas de todo el mundo siguen desapareciendo a un ritmo alarmante.

Teniendo esto en cuenta, las Naciones Unidas declararon 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En México se han perdido más de 100 lenguas indígenas y se prevé que un 60 por ciento de las que aún sobreviven también desaparezcan.

En el año 2003 se expidió la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de preservar nuestras lenguas indígenas, sin que hasta el momento se hayan podido obtener resultados favorables.

Aquí algunos datos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha explicado que en México hay 25 millones 694 mil 928 indígenas, pero solo 7 millones 4 mil hablan alguna lengua indígena. Además, debe notarse que, en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, del Inali, se menciona que la lengua indígena más hablada en el país es el náhuatl, enseguida el maya y las demás en menor cantidad.

En el mismo Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales se señala que existen 364 variantes dentro de 11 familias lingüísticas, todas ellas son lenguas nacionales, al menos así lo dispone el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, cuando dispone que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia, de los que el Estado mexicano sea parte.

El amparo en revisión, 6622/2015, se originó precisamente porque se hizo caso omiso a la disposición legal y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien reiteró lo siguiente: “En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece que el español sea el idioma nacional, sino que se da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas”.

Así, de dicho reconocimiento puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Más aún, en el artículo 4o., de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.

Esa problemática es la que hoy nos motiva para presentar el presente proyecto de reforma, cuyo objetivo es el de preservar las lenguas indígenas desde la educación, y con ello, resolver esta problemática de forma inmediata.

Estoy convencida de que hacer valer lo que establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en nuestra vida cotidiana se debe hacer desde esta práctica, llevar a cabo nuestra lengua en todas las escuelas en nuestros pueblos.

Por disposición de la ley decimos que nuestras lenguas son valiosas, pero en la vida diaria no las utilizamos, no las fomentamos en nuestras hijas y nuestros hijos en cada día.

En los diversos niveles educativos se fomenta el uso del español, incluso del inglés o del francés, pero no de la lengua indígena. Es por esto que pongo a consideración del pleno la siguiente iniciativa.

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Irma Juan Carlos: Si me permite concluir.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.

La diputada Irma Juan Carlos: ...todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, la preservación de las lenguas nacionales, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

Considero que esta propuesta que hoy les hago es real, objetiva y consiste en promover que desde el ámbito de la educación se usen cotidianamente y con ello preservar las distintas lenguas nacionales. Si en verdad queremos respetar a nuestros pueblos indígenas, entonces empecemos por preservar nuestras lenguas originarias y no hay mayor respeto que aquel que significa una acción y no solo palabras. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juan Carlos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

El diputado Juan Angel Bautista Bravo: Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y diputados, el Servicio de Carrera en la Cámara de Diputados se plasmó como un objetivo en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en 1999, impulsada por 2 de las 13 iniciativas que se dictaminaron en ese entonces.

Una de las iniciativas presentadas fue por nuestro compañero diputado Pablo Gómez Álvarez, y la otra fue por el diputado Rafael Oceguera Ramos. Abordaron la idea de establecer este mecanismo de formación de cuadros y profesionalización de los mismos.

Dentro de los objetivos planteados en estas iniciativas se estipuló formar funcionarios de alta calidad que provean a los servicios que se prestan en la Cámara, garantizando que su desempeño se realice bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad y los valores éticos de la función pública.

Conformar, con estos profesionales, unidades de asistencia parlamentaria a comisiones y comités con funcionarios del Servicio de Carrera, que de manera directa auxilien a esta en el ejercicio de sus funciones para dar continuidad a estos órganos de la Cámara de Diputados.

Así también, proporcionar con estos servidores de carrera un equipo profesional al servicio de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y su presidente, para el cumplimiento de las funciones no encomendadas a los servicios parlamentarios, administrativos y financieros.

El artículo tercero transitorio de esta reforma, en su fracción VI, señaló que en tanto se expidiera y explicara el Estatuto de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, propondría al pleno la designación de los funcionarios de la Cámara.

En mayo de 2000 se publicó el Estatuto de Organización Técnica y Administrativa y de Servicio de Carrera, cuyos transitorios dispusieron que el Consejo Directivo de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente deberían quedar integrados a más tardar el 31 de mayo de 2000, a efecto de iniciar sus funciones al día siguiente y que para la designación del titular de la unidad de capacitación y formación permanente, el Consejo Directivo propondría a la Conferencia, por conducto de su presidente, una terna de aspirantes, considerando preferentemente a los funcionarios que actualmente prestan sus servicios en la Cámara de Diputados.

En este mismo mes se lanzó la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación para integrar el servicio de carrera. En este proceso diseñado y desarrollado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la UAM y de la Universidad Iberoamericana, se recibieron mil 100 solicitudes de las cuales 950 fueron aceptadas para la vertiente parlamentaria.

Resulta evidente que a 18 años de aquella intención manifiesta de profesionalización al servicio público en la Cámara de Diputados, el saldo de proceso de creación de servicio de carrera es un ordenamiento válido, pero no vigente y al grupo de profesionistas que creyeron en su proceso de cambio institucional quedaron sin cumplir sus aspiraciones y subordinados a una burocracia dorada que arribó por cuotas partidistas.

Nada hay de la formación de funcionarios de alta calidad. Nada hay de un desempeño profesional bajo los principios de legalidad, objetividad, productividad y a los valores éticos de la función pública.

La forma por la que se ha perpetuado en el tiempo el espasmo en el que se encuentra el servicio de carrera es la aprobación periódica de los lineamientos que establece la formación y organización y funciones de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros, así como la designación transitoria en los puestos vacantes del personal de confianza aprobados por este órgano de gobierno y la falta de integración de la unidad de capacitación y formación permanente del servicio de carrera, en la que deben determinar un coordinador de la unidad y tres vocales del consejo directivo.

En atención de lo anterior, la presente iniciativa pretende que esta Legislatura dé el paso que las legislaturas precedentes a la reforma, no han querido dar a lo largo de estos años, designar al coordinador de la Unidad de Servicio de Carrera y a los tres vocales del Consejo Directivo del Servicio de Carrera para que de una vez se integre la Unidad de Capacitación y Formación Permanente.

Esta iniciativa propone una fórmula justa y legal, nombrar a estos funcionarios de quienes cursaron un proceso de capacitación, evaluación y selección para fundar el servicio de carrera y obtuvieron las mejores calificaciones de suerte que no se filtren quienes no tengan mérito ni reconocimiento alguno y otorgar a este cuerpo tareas inmediatas para poner en marcha una asistencia profesional, preparada, honesta, imparcial y permanente en la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Bravo. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mario Ismael Moreno Gil (Habla en lengua originaria): Yechi io oue: Jefe guerrero coyote.

Con su permiso, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros diputados; muy buenas tardes, compañeras diputadas. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación aquí presentes, de forma muy especial al Canal del Congreso.

A la luz de los acontecimientos, a la luz de esos profundos cambios políticos que vive nuestro país, es evidente que el Poder Legislativo precisa de una gran transformación entre las cuales está la discusión de continuar con los mismos recesos entre los periodos ordinarios de sesiones.

En relación a este tema que nos ocupa, voy a citar textual unas líneas del artículo escrito por el doctor Miguel Carbonell, titulado Los recesos de nuestros legisladores federales que a la letra dice: Los periodos ordinarios de sesiones tan breves provienen de disposiciones que estaban en la Constitución Política de 1857.

En ese entonces se dijo que los periodos breves se justificaban por lo demorado de los trayectos que debían recorrer los legisladores desde todas las entidades del país, trayectos que podían durar varias semanas. Además, se dijo que no se podía comenzar a trabajar antes del mes de septiembre porque durante la temporada de lluvias los caminos eran intransitables. ¿Podemos seguir pensando como hace 150 años?

En el mismo tenor, recordemos el libro Constitución y democracia, donde el destacado constitucionalista Diego Valadez señala lo siguiente: los principios que han de regir los controles entre los órganos de poder son los de responsabilidad, efectividad, utilidad, publicidad, estabilidad y regularidad.

La propuesta concreta del autor en materia de relación entre los órganos de poder, sugiere una ampliación de los periodos de sesiones del Congreso de la Unión hasta un máximo de nueve meses.

El doctor Valadez además de afirmar la presencia de los debates en el Congreso capta la atención ciudadana hacia los órganos de poder, encauza la manifestación de las inconformidades, permite adquirir y prever la orientación de las demandas, habitúa a que sea en ese ámbito donde se ventilen las discusiones políticas, permite que las expresiones de todos los partidos y de todos los representantes populares sitúen la magnitud de los problemas sociales y de sus posibles soluciones.

En este contexto y en este orden de ideas, resulta relevante expresar que en un año de ejercicio legislativo el Congreso de la Unión realiza dos periodos ordinarios de sesiones que en conjunto sólo suman 195 días de trabajo.

Por hacer una comparación con otros países de Latinoamérica, retomamos un estudio del Instituto Belisario Domínguez, en el cual se expone que El Salvador, la República de El Salvador y Bolivia, son los países que cuentan con los periodos de sesiones ordinarias de mayor duración, doce y once meses respectivamente, y dentro del grupo de países que sesionan al menos nueve meses, están: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y nuestra hermana y sufrida República de Venezuela.

Que nuestro Congreso sesione tan poco tiempo es, sin duda, un freno a las tareas parlamentarias, por lo cual es ineludible una reforma que aumente uno de los periodos de sesiones del Congreso mexicano, que permita avanzar en las tareas del parlamento de suyo muy complejas.

Así pues, compañeros y compañeras, propongo una modificación al artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incrementando un mes al segundo período ordinario de sesiones.

Por último, no omito mencionar que la propuesta en comento está incluida en la agenda legislativa que aprobamos en nuestro grupo parlamentario.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado Mario Ismael Moreno Gil: Por todo lo anterior, considero que esta respetable soberanía nos escuchará. Es cuanto, señora presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Moreno Gil. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia rectifica el turno otorgado a la iniciativa del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena, sobre reformas y adiciones a diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Han solicitado hacer uso de la palabra, desde su curul y por un minuto, varios diputados y diputadas. Tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto, la diputada Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Gracias, presidenta. Quiero hacer uso de la voz para hacer un extrañamiento a la Secretaría de Turismo, por el video promocional que vimos desde el día de ayer en distintos medios en las redes, ya que viola flagrantemente el artículo 134 constitucional, que habla sobre la propaganda, que esta debe ser institucional, que tiene que ser con fines informativos y no tiene que llevar ni la imagen ni la voz de ningún servidor público, y ahí aparece la imagen del presidente de México, aparece el logotipo de Morena, y pues como diputados no podemos permitir estas violaciones a la ley.

Entonces, es un exhorto a la Secretaría de Turismo, pero también la solicitud para que se suspenda de manera inmediata el video promocional. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Morlan, queda registrada su intervención. Tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto, desde su curul, el diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (desde la curul): Gracias, presidenta. Es en relación al plantón de los profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Es por ello que hago una invitación a este parlamento a escuchar e incluir las propuestas de los profesores en relación a la iniciativa de reforma educativa, ya que son ellos los actores principales.

Quiero manifestar que la mayoría de los profesores tienen un salario de cuatro mil pesos, con los cuales tienen que pagar transporte, hospedaje, alimentación, mantener a su familia y todavía ayudar con el material didáctico y las necesidades de las escuelas.

Compañeras y compañeros, no caigamos en los errores del pasado donde hubo oídos sordos y en lugar del diálogo se les dio toletazos a los profesores, dejando 14 muertos en el sexenio anterior, por lo menos 100 heridos de balas y más de 40 presos políticos, de los cuales alguno de ellos a casi cuatro años aún siguen sujetos a procesos y con sus cuentas bancarias de nómina bloqueadas.

Si los profesores y profesoras están aquí es por algo, no estamos escuchando y sobre todo incluyendo. Mentira de que les gusta estar en plantón, ¿a quién le gusta dejar su casa y venirse a dormir en la calle? A nadie...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, se ha agotado su tiempo.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (desde la curul): ... a un diálogo verdadero. Gracias, presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Sibaja Mendoza. Tiene el uso de la palabra hasta por un minuto, la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (desde la curul): Muchas gracias. Para manifestar una enérgica condena por el ecocidio en el área verde de la ex fábrica de papel de Progreso Industrial, en Nicolás Romero, estado de México.

Se trata de un predio de casi 100 mil metros cuadrados, cuya destrucción atestiguamos ayer. Nuestro papel como representantes populares va más allá del ámbito parlamentario, y estamos obligados a señalar estos daños ambientales.

Defenderemos el medio ambiente y sano desarrollo de los habitantes de nuestro municipio. No a la destrucción no solo de nuestros recursos naturales, sino también de un ícono de identidad local.

Hacemos un llamado a Semarnat, Profepa, así como a Propaem, para que atiendan este llamado y se inicien las denuncias correspondientes por los delitos en materia ambiental que se desprendan. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Carrasco Godínez. Queda registrada su intervención.

Tiene el uso de la palabra por un minuto desde su curul, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Muchas gracias. Quiero manifestar que la autonomía sindical no puede ser utilizada por las organizaciones gremiales para justificar de presunta intromisión cuando se denuncia la violación de los derechos laborales previstos en nuestra Constitución.

El pasado jueves, 21 de febrero, en este pleno realicé un exhorto a la dirigencia de la Sección XXXVI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en Guerrero, para detener el hostigamiento y condicionamiento de los trabajadores por parte de líderes sindicales, a cambio de la regularización en el sector salud, que pretende realizar nuestro presidente.

Ahora pido a nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, que no permita que el mismo sindicato limite arbitrariamente el ascenso o promoción de las personas trabajadoras para dicha basificación de los más de 80 mil empleados. Es cuanto, su señoría.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Queda registrada su solicitud. Tiene el uso de la palabra hasta por un minuto desde su curul, el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta diputada. En el mismo sentido de la diputada Araceli Ocampo, para reprobar la actitud caciquil y antidemocrática de los dirigentes sindicales de la Sección XXXVI de la Secretaría de Salud Guerrero, quienes atacan la libertad de expresión de los trabajadores, imponiendo como requisito para obtener la basificación ofrecida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un documento llamado De disciplina sindical, con el que pretenden callar voces opositoras y/o eliminar de ese derecho a quienes no los apoyan en su quinta reelección.

Exhortamos a la Secretaría de Salud y del Trabajo federal a velar por los intereses de los trabajadores de la Sección XXXVI, eliminando el requisito de disciplina sindical y que sea solo requisito la antigüedad en su trabajo para obtener la seguridad laboral mediante su basificación y la que nada tiene que ver el sindicato referido. Es todo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Mojica Wences. Tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto desde su curul, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (desde la curul): Gracias, con su venia, diputada presidente. Solo para hacer un reconocimiento al ingeniero agrónomo. El pasado 22 de este mes en curso, se festejó al ingeniero agrónomo como una forma de celebrar a creación en nuestro país de la primera escuela de agricultura. Sabemos que hoy tenemos varias, pero me refiero a la Universidad Autónoma Nacional de Chapingo, que ha sido un semillero y ha sido honra de varias familias que han tenido ahí una gran cantidad de ingenieros agrónomos, los que se encargan de hacer que el campo produzca más. Son los héroes anónimos que no vemos, son los que nos dan de comer y que hacen posible que tengamos los alimentos más necesarios para todos nosotros. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ambrocio Gachuz. Tiene el uso de la palabra, hasta por un minuto, desde su curul, la diputada Leticia Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): Muchas gracias, con el permiso de su venia y de todos los asistentes. Para pedir y exhortar a las autoridades correspondientes a que pongan un alto e intervengan inmediatamente en lo que sucede en el estado de Chiapas. Es preocupante para toda la República Mexicana.

Están ingresando centroamericanos muy agresivos, sin registrarse ante los elementos de Migración. De hecho, la semana pasada agredieron a la titular o al personal de Migración allá en Tapachula, en la zona costa, y están ingresando agrediendo.

Hay muchos actos de violencia, feminicidios constantemente y las autoridades definitivamente a nivel federal no intervienen. Los chiapanecos y creo que esto va para todos los que vivimos en México, que se ponga un alto a esta situación.

Los mexicanos somos buenos, somos amigables, pero una cosa es que abusen y entren de manera ilegal y están ingresando bandas de Mara Salvatrucha, Barrio 18, y es como para preocuparse, presidenta y a todos los asistentes. Y esto es, vuelvo a repetir, para toda la República Mexicana...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Leticia Arlett Aguilar Molina (desde la curul): ... no es caso nada más de Chiapas. Muchísimas gracias. Y la intervención de las autoridades se exige inmediatamente. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Aguilar. Tiene el uso de la palabra, desde su curul y hasta por un minuto, el diputado Juan Carlos Villarreal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (desde la curul): Sí, presidenta, gracias. Con referencia a lo expresado el día de hoy en su conferencia matutina del presidente de la República, respecto a los recursos que habrá de destinar para terminar la Línea 3 del Tren Ligero, decir, manifestar que lo vemos con buenos ojos los legisladores de Jalisco, en virtud de que es un sistema que vendrá a resolver un gran problema de movilidad en la Ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, pero también que urge que se hagan las auditorías correspondientes, ya que es una obra que inició costando 17 mil millones de pesos y ya llega a los 30 mil millones de pesos.

Además, decir que nos da satisfacción que se haya anunciado esta intención del presidente de la República de culminar la Línea 3, en virtud de que hay graves afectaciones en la ciudad de Guadalajara por las obras abandonadas, por las obras que no se continúan. Y ya, inclusive, las obras están siendo vandalizadas.

Esperamos que así sea y que cumpla con este anuncio que hace hoy el presidente de la República en su conferencia matutina. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal. Le damos la bienvenida al ciudadano Rolando González, presidente municipal de San José de Gracia, Michoacán, invitado del diputado Juan Martín Espinoza. Bienvenido.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 28 de febrero de 2019, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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