Intervención en lengua originaria del ciudadano Alfonso Merino Pérez
Comunicaciones
Minuto de silencio por el fallecimiento del pintor Adolfo Mexiac
Conmemoró por el 106 aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez Palencia
Dictámenes a discusión
Propuestas de moción suspensiva
Posicionamientos
Verónica Beatriz Juárez Piña, PRD
Marco Antonio Gómez Alcantar, PVEM
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES
Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI
Presentación de las reservas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Presentación de las reservas a la Ley de Seguridad Nacional
Presentación de reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales
Presentación de las reservas al Código Fiscal de la Federación
Presentación de reserva al Código Penal Federal
Presentación de reservas a los artículos transitorios
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Posicionamientos
Mónica Bautista Rodríguez, PRD
Nancy Claudia Reséndiz Hernández, PES
Martha Angélica Tagle Martínez, PMC
María Lucero Saldaña Pérez, PRI
Miguel Ángel Chico Herrera, Morena
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
Norma Azucena Rodríguez Zamora, PRD
Juan Martín Espinoza Cárdenas, PMC
Votación en lo general y lo particular
Posicionamientos
José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD
Leticia Mariana Gómez Ordaz, PVEM
Lourdes Celenia Contreras González, PMC
Sergio Fernando Ascencio Barba, PAN
Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena
Propuesta de modificación suscrita por diversos grupos parlamentarios
Votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea
Intervención de diputadas y de diputados con diversos temas
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 319 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:21 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al ciudadano Alfonso Merino Pérez, originario de Santa Cruz Zenzontepec, distrito de Sola de Vega, Oaxaca, hablante de la lengua chatino.
Durante 33 años fue profesor de primaria en el medio indígena, es autor de materiales educativos en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Tiene la palabra el ciudadano Alfonso Merino Pérez.
El ciudadano Alfonso Merino Pérez: (Habla en lengua originaria) Con el permiso de ustedes, buenos días.
Soy Alfonso Merino Pérez, vengo de Santa Cruz Zenzontepec, distrito de Sola de Vega, Oaxaca. Vengo ante esta Cámara de Diputados, casa del pueblo de México, donde se encuentran hombres y mujeres que representan a cada uno de los pueblos de México.
Agradezco la oportunidad que me dan para hablar en lengua chatino y vengo en nombre de los pueblos que la hablan, ellos son: Santos Reyes Nopala, Tataltepec de Valdés, Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Yaitepec, Santa Catarina Juquila y el resto de los pueblos de la región de habla chatina.
También quiero decirles que, afortunadamente, todavía somos muchos los hablantes de la lengua, por lo que es necesario que, con el apoyo de esta Cámara, se establezcan acuerdos para que en cada pueblo con lenguas originarias se lleven a cabo programas de enseñanza a los jóvenes y niños en las distintas lenguas, así como a la población en general. La función que estas tienen es importante en la comunicación de los habitantes de un pueblo, pues a través de ella comunicamos nuestras necesidades en el mercado, en las fiestas, en la toma de acuerdos y decisiones, así como en los chistes entre los hablantes.
Por ello, es importante que se establezcan talleres permanentes para la lectura y escritura de la lengua chatino en toda la región. Que haya producción, reproducción y distribución de materiales y libros escolares en la lengua, en todas las escuelas de los diferentes niveles educativos y como materia de estudio, que sea un maestro quien imparta la materia para los alumnos. También pedimos la instalación de tecnología digital con fines educativos y que los programas tengan los símbolos necesarios para la correcta escritura en las lenguas originarias.
De igual manera, solicitamos que exista un intérprete en las clínicas rurales para apoyar a las personas que no hablan el castellano.
Les agradezco su atención por escucharme y los invito a asumir el compromiso por la educación y creer en el cambio de este país. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia del ciudadano Alfonso Merino Pérez.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura de acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objeto, diputado, diputado Huacus?
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (desde la curul): Señora presidente, si me permite, antes de arrancar esta sesión, condenar los lamentables acontecimientos de la masacre del día de ayer, de los 13 policías en Aguililla, Michoacán, y exigirle a la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Esto no puede seguir ocurriendo en la República.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, en la Mesa Directiva discutimos el tema. Discúlpeme que lo interrumpa, y esos temas se van a abordar al final de la sesión. Le ruego, agendamos más tardecito.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Dé cuenta la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunican cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones, así como la modificación en la integración de grupos de amistad, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobados. Comuníquense.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Los diputados Hortensia Noroña Quezada, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina y Juan Carlos Villarreal Salazar, remiten solicitudes de retiro de iniciativas y proposición que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibieron de la Cámara de Senadores cinco proposiciones con punto de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, considere y destine recursos para varios rubros, suscritos por senadores de diversos grupos parlamentarios. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. Continúe.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Cámara de Senadores remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de elaboración, discusión y aprobación del dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, se modifique la metodología que establece el artículo 21 para la determinación de la tasa de retención anual de intereses financieros, con la finalidad de incentivar el ahorro en el sector financiero, presentada por el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención. Continúe.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para fortalecer las acciones que ayuden a promover el respeto de los ciclistas.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento. Continúe.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió del Congreso del estado de Baja California Sur, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión. Continúe.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: La Cámara de Senadores remitió las siguientes iniciativas:
1. Que expide la Ley de Amnistía en favor de todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las que haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal y que durante el proceso penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción de la lengua indígena nacional en que sean hablantes, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Pueblos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Continúe.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de los sentenciados por delitos relacionados con el consumo o posesión de cannabis sativa, indica o marihuana, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Continúe.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, un momentito, secretaria, disculpe. Toca la 11.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Se recibió de la Universidad Autónoma de Occidente el tercer informe trimestral académico y financiero del año 2019.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Honorable asamblea, la Presidencia de este cuerpo colegiado desea expresar la más profunda consternación por el sensible fallecimiento del maestro michoacano Adolfo Mexiac, uno de los más destacados representantes de la plástica y el muralismo mexicano.
Nacido en Cuto de la Esperanza, Michoacán, en 1927. El maestro Mexiac fue alumno de pintores y muralistas como José Chávez Morado, Leopoldo Méndez y Pablo O'higgins.
Inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de su estado, más tarde en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Fue miembro del Taller de la Gráfica Popular y del Salón de la Plástica Mexicana, así como académico de número de la Academia de Artes.
Trabajó en el Instituto Nacional Indigenista al lado de Rosario Castellanos, realizando material didáctico para las comunidades indígenas de nuestro país. Su obra gráfica ha sido muy valorada a nivel nacional e internacional por su fuerza expresiva y su técnica. En cuanto a la temática de su trabajo prevalece el indigenismo, la mujer, el campo y los temas sociales.
Dentro de su obra destaca por su relevancia el mural en madera Las Constituciones de México, elaborado en 1981 en el Palacio Legislativo de San Lázaro que podemos apreciar en el vestíbulo principal de este recinto.
Sobre este trabajo, el maestro Mexiac expresó: Hacer esta obra fue una experiencia extraordinaria. Todo era tonificante porque estábamos conscientes de que ayudábamos a construir uno de los edificios más importantes para las discusiones de los proyectos constitucionales de México por la obra en sí y por su significado.
Es importante mencionar que este mural fue consumido por el incendio que la Cámara de Diputados sufrió en 1989, por lo que el propio autor hizo una segunda versión en 1991 a la cual añadió acontecimientos como la etapa cardenista, los movimientos obreros de los cincuenta y sesenta del siglo XX, el movimiento de 1968 y el temblor de 1985, entre otros.
Cabe resaltar también que Adolfo Mexiac elaboró cinco murales para la Universidad de Colima, dos en Argentina, uno más en Michoacán, así como una serie de grabados y pinturas para el Museo Nacional de Antropología para explicar la organización social, cultural y religiosa de los grupos indígenas.
La Cámara de Diputados se adhiere a las muestras de luto por este lamentable deceso y expresa a la familia del maestro Mexiac, sus amigos y colaboradores sus más sentidas y profundas condolencias. Descanse en paz Adolfo Mexiac.
Solicito a esta asamblea ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio en su memoria.
(Minuto de silencio)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Honorable asamblea, el 7 de octubre pasado se conmemoró el 106 aniversario luctuoso del doctor y senador Belisario Domínguez Palencia.
Esta Presidencia recuerda y honra la memoria del patriota chiapaneco. Diversas diputadas y diputados han inscrito dicha efeméride con motivo de este aniversario luctuoso, entre otros, el diputado Raúl Bonifaz Moedano. Esta Presidencia comparte las expresiones vertidas en dichas efemérides y, en honor del senador Belisario Domínguez, a continuación se proyectará un video alusivo.
(Transmisión de video)
El narrador: Ciudad de México. Es la noche del 7 de octubre de 1913, varios militares sacan por la fuerza a un hombre de su habitación. Se trata del senador de la República Belisario Domínguez. Lo conducen hasta el cementerio de Xoco, en el poblado de Coyoacán. Ahí es martirizado cruelmente por sus captores hasta matarlo.
El crimen de Belisario Domínguez fue ordenado por Victoriano Huerta como represalia por haber exigido al Senado de la República su intervención para hacerle renunciar por usurpar la Presidencia, después de asesinar al presidente electo Francisco Indalecio Madero.
Dos días después, en la Cámara de Diputados, el diputado federal de origen guerrerense Eduardo Neri tuvo el valor de manifestarse en contra del asesinato del senador Belisario Domínguez, pronunciando un discurso en el que denunciaba el cobarde homicidio.
Como respuesta, el 10 de octubre de 1913 el usurpador Huerta disuelve el Congreso y aprehende a Eduardo Neri, junto con una numerosa cantidad de diputados, como el abogado yucateco Serapio Rendón, que fue señalado por Huerta debido a su cercanía con Madero en la lucha revolucionaria. Él se opuso al golpe de Estado de Huerta e incluso cuestionó el actuar del general Aureliano Blanquet, el secretario de Guerra del gobierno de Huerta, por unirse al grupo opositor. Fue asesinado el 22 de agosto de 1913.
Con ello, Huerta inicia una enorme redada de personas que estaban en su contra. Da inicio la segunda y más sangrienta etapa de la Revolución mexicana.
(Fin del video)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
Aviso a todos los diputados y diputadas que las intervenciones de todos los legisladores, fuera de orden del día, serán incorporados una vez que aprobemos los dictámenes. Solamente son cuatro, no vamos a abordarlos todos. Habrá tiempo suficiente.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ah, no es... ¿Con qué objeto solicita la palabra, diputado Fernández Noroña?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, no tiene que ver con eso, diputada presidenta, es una solicitud a la Mesa Directiva.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Que pida a la Comisión de Atención y Quejas o a los presidentes de las comisiones atender a los diversos grupos que se manifiestan en el exterior. Hay quienes se irritan cuando bloquean los ingresos, pero si no los atendemos estamos no haciendo nuestra tarea.
Nosotros ya atendimos a los grupos que venían con el tema de seguridad social, la diputada Mary Carmen Bernal, pero hay diversos grupos que están planteando demandas distintas y creo que debemos atenderlos. Pido que la Mesa Directiva solicite que sean recibidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La secretaria general de esta Cámara de Diputados tiene a su vez un diputado de cada grupo parlamentario en una comisión que es enlace con los grupos, para la atención de todos los que quieran visitar o son manifestantes, o necesiten la atención de esta Cámara. Sí está retomado el tema. Desde las 8 de la mañana la secretaria general nos comunicó y ella está al pendiente. Proceda la Secretaría...
La diputada Claudia Pastor Badilla (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputada Claudia Pastor, ¿con qué objetivo solicita la palabra? Micrófono en su lugar.
La diputada Claudia Pastor Badilla (desde la curul): Gracias presidenta. Se dio la palabra para hacer explicaciones que creo que entonces también valen para Baja California. La consulta que se hizo el día de ayer en esa entidad no tiene ningún objetivo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Volvemos a decir, diputada. Diputada Pastor, vuelvo a comentar que todas las intervenciones...
La diputada Claudia Pastor Badilla (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ... de un minuto van a estar al final de los dictámenes. Con todo respeto. No, él solicitó que se atendiera a los manifestantes por obvias razones. Proceda la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: 1. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
2. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; el artículo Séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
3. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939.
4. De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Eduardo, ¿con qué motivo solicita usted la palabra? Si es un tema diverso, le rogaría al final, por favor. Gracias.
En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza que se someta a la discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta si se autoriza que los dictámenes antes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Se autoriza.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Y, en consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con su venia, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Compañeras y compañeros diputados, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de combate a la defraudación fiscal, a la facturación falsa y a las empresas fantasmas.
Estas comisiones legislativas que suscriben, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se avocaron al análisis, discusión y valoración de la minuta con proyecto de decreto en mención.
El dictamen que presento este día a nombre de los integrantes de las comisiones unidas, deriva de una iniciativa presentada en el Senado de la República con fecha del 10 de julio del presente año, misma que fue dictamina por las comisiones unidas de esa Cámara, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, y a probada por esa asamblea el pasado 10 de septiembre con 82 votos a favor, 34 en contra y 0 abstenciones.
Con fecha 24 de septiembre de 2019, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la recepción de la minuta en comento.
Es muy relevante destacar que para elaborar el presente dictamen se utilizó el mecanismo de parlamento abierto en esta Cámara de Diputados, en un ejercicio en el que participaron un total de 19 ponentes en representación del sector académico, la sociedad civil, miembros de la iniciativa privada, juristas y especialistas en el ámbito fiscal, en cinco mesas temáticas en las que se pudieron compartir algunas inquietudes y puntos de vista sobre la minuta en cuestión, mismas que han sido incorporadas al propio dictamen y a los que se da cabal respuesta en los considerandos.
La aprobación de ese dictamen tiene como objeto primordial el combate a la defraudación fiscal en México. Supondrá el reforzamiento en la participación de distintas instituciones del ámbito federal en la solución a un problema de suma gravedad que se ha venido gestando durante muchos años, décadas, mismo que ha socavado la base fiscal del Estado y que ha representado un peligro para la seguridad nacional.
Como objetivos específicos, con las reformas planteadas se busca incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada, así como considerar como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, esto explicando los montos, rango y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.
Como parte de las modificaciones legales planteadas, es muy importante dejar en claro que las disposiciones contenidas en la minuta dictaminada de ninguna manera representarán una contrariedad para los millones de contribuyentes que cumplen cabalmente con sus obligaciones.
El contribuyente común que cometa algún error al tratar de cumplir con sus obligaciones fiscales está muy lejos de las conductas que se trata de combatir y castigar con las reformas propuestas.
Estas medidas habrán de proteger a los contribuyentes cumplidos que en la cotidianeidad tienen que competir desventajosamente con varios supuestos negocios que, con facturas falsas y otras formas de defraudación, no dejan crecer a los auténticos empresarios.
Para dimensionar la relevancia que supone el combate a la facturación falsa y a las empresas fantasma baste remitirse a datos que son por lo menos preocupantes. Solo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5 por ciento de los ingresos del gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es la indecorosa cifra de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas.
La proporcionalidad de esta reforma está en función de la gravedad que enfrentamos. A grandes problemas, grandes remedios, dice el dicho popular. Estamos, pues, ante la oportunidad, la grande oportunidad para enfrentar un problema de la mayor gravedad para las finanzas públicas.
La meta es dotar de normalidad fiscal a nuestro país, cosa que no ha venido sucediendo, y a otorgar una base sana del financiamiento que proviene de todos los mexicanos, de todos los que contribuimos para el fisco, y esto para sustentar un desarrollo nacional democrático e incluyente. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra por 10 minutos, el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
El diputado Rubén Cayetano García: Con su permiso, diputada presidenta, Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Rubén Cayetano García: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia que hoy se pone a consideración de esta asamblea, por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, tiene por objeto combatir la defraudación fiscal.
Para ello, se incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada. Además, se considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de los actos ilícitos en contra del fisco federal tales como el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, especificando los montos, rango y circunstancias para imponer las sanciones correspondientes.
Las comisiones dictaminadoras reconocemos la importancia fundamental para reforzar los mecanismos jurídicos para combatir la evasión fiscal, ya que genera un menoscabo directo en la recaudación de recursos públicos del Estado y por lo tanto se afecta a toda la sociedad al reducir la inversión de políticas públicas prioritarias.
De ahí que el dictamen propuesto pretende dotar de mayores atribuciones a la autoridad de procuración de justicia y a la judicial para investigar, perseguir y sancionar estos delitos. Se trata de combatir la corrupción y la impunidad que le va aparejada. Estimamos que la severidad de las sanciones reducirá la incidencia delictiva, además de que estas corresponden a la magnitud del daño causado y al bien jurídico tutelado.
La propuesta a discusión salvaguarda los intereses de la sociedad mexicana y contribuye al fortalecimiento de las finanzas públicas. Para darnos una idea de la magnitud de la problemática y de la urgencia y responsabilidad que tenemos para legislar al respecto, es de señalar que en los últimos cinco años se estima que el Estado mexicano ha perdido alrededor de 2 billones de pesos debido a este tipo de defraudación fiscal.
Es importante aclarar que estas medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos.
Tampoco se sancionará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales ni al que por error dejó de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos.
Las reformas solo afectarán a las empresas que venden o compran facturas que amparan operaciones falsas. El dictamen no propone criminalizar a los empresarios, sino protegerlos de las prácticas desleales e ilegales a que están sujetos por la corrupción.
Por estricta que se lea la reforma, no debe asustar a nadie, solo tenemos que portarnos bien. El que nada debe nada teme.
En suma, es una reforma que, con altura de miras, pretende evadir el daño al erario público, asegurar que el Estado tenga más recursos para instrumentar políticas públicas prioritarias y, proteger al sector privado de fraudes y engaño por parte de factureros y funcionarios públicos corruptos.
Es una reforma que apunta al fortalecimiento el desarrollo económico y social de México. De ahí, compañeras y compañeros legisladores, que pedimos su voto favorable al dictamen de mérito. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Claudia Pastor Badilla: Ya parece esto un ritual, solicitarles con fundamento en el artículo 122 que suspendan la discusión y el debate de sus ocurrencias. Nosotros en el Grupo Parlamentario del PRI estamos en contra de las empresas fantasma y estamos en contra de las facturas falsas, pero eso no es lo que dice este dictamen.
Se los dijimos en la Ley de Remuneraciones hace un año con todas las imprecisiones, y el tiempo nos dio la razón. Se los dijimos en la prisión preventiva oficiosa, les dijimos que estaban instaurando un Estado policial. Se los dijimos en la extinción de dominio. Están violando la presunción de inocencia.
Se los dijimos en la Ley de Austeridad. Títulos de propaganda con afectación a sectores específicos. Se los volvimos a decir en la Ley de Remuneraciones con una violación a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy, hoy no es la excepción. El 14 de octubre ustedes convocaron a las comisiones unidas. No lo hicieron con el término que establece el artículo 155, de 48 horas. También violaron el artículo 177, numeral 3, pues tampoco se circuló el proyecto con cinco días de anticipación.
Peor aún. Se jactan del parlamento abierto y no les interesa razonar o desestimar los razonamientos de los expertos. Todo esto constituye violaciones procesales parlamentarias que se los tenemos que decir, y que sería muy bueno suspendiéramos para sacar adelante.
Pero además en la pasada reforma al artículo 19 constitucional, en los transitorios segundo y cuarto se dieron 60 días para modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es acotaron el contenido de esa disposición a las modificaciones del artículo 19 constitucional.
Sin embargo, hoy pese a cumplir con eso, pese a estar fuera del término que se venció el 11 de julio, modifican el artículo 167 olvidándose de su propia reforma constitucional al 19, y aumentan ahora la evasión fiscal como parte de la delincuencia organizada.
¿Saben qué? Se han vuelto únicamente personas obedientes. Han renunciado a su obligación de legislar y el problema en la política, cuando se renuncia, es que dejan de evaluar en lo personal sus acciones. Están instaurando un Estado policial y un populismo penal.
Esto no les va a ayudar a la recaudación. Están generando incertidumbre con sus generalidades en las leyes y quitan los incentivos para que inversores y burocracia, que son los principales grupos de recaudación de este país, queden en la absoluta incertidumbre.
Nosotros, se los reitero, estamos en contra de las empresas fantasmas, estamos en contra de la venta de facturas, pero eso no es lo que dice esta ley. Suspendamos, por favor, y debatamos en serio. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva presentada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, su atención por favor. En votación económica se pregunta si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha. Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Gracias, presidenta. Es difícil debatir en comisiones y en el pleno. La realidad es que la mayoría de los que votan estos dictámenes ni siquiera los han leído, y los pocos que los han leído ni siquiera le entienden.
Hay un principio general del derecho que establece la presunción de inocencia. Y la gente dice: ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come?
La presunción de inocencia es que toda persona es inocente hasta que el Estado le demuestra lo contrario. Aquí lo que estamos haciendo es prejuzgando que todos son culpables hasta que ellos mismos, desde la cárcel, demuestren que son inocentes.
Estamos haciendo una reforma, pero con excesos. Por ejemplo, la seguridad nacional. ¿Qué tienen que ver las facturas falsas con un tema que ponga en riesgo la seguridad del Estado, al gobierno y a sus poderes? ¿Qué tienen que ver las facturas falsas con la prisión preventiva? Cuando se supone que la prisión preventiva es para que una persona no evada la justicia.
No entiendo cómo una empresa se va a ir del país solamente porque hay una investigación en su contra.
Y no entiendo qué tiene que ver con la delincuencia organizada. Me parece increíble lo que está haciendo este Congreso en su mayoría que, por un lado, proponen una Ley de Amnistía para perdonar a los delincuentes, y, por otro lado, hacen una reforma que sanciona a los que invierten.
Creo que esta pistola que les estamos poniendo a todos los empresarios, a la gente que invertimos en este país es muy delicada. No va a haber más recaudación, va a haber fugas de capitales, va a haber gente que ya no quiere invertir. Y si este año vamos a crecer al 0.01 por ciento, el siguiente año, con este tipo de reformas, no me queda ninguna duda que no vamos a llegar ni al cero.
Entonces, creo que es tiempo de que suspendamos el debate. Vayamos a las comisiones, discutamos el tema con amplitud, porque no puede ser posible que mientras alguien invierte le hagan una ley para perseguirlo policialmente. Y mientras otros asesinan, como en Michoacán, lo que dice el presidente de la República es que los va a acusar con la abuelita. Eso no puede ser posible. Estamos midiendo a los delincuentes de una forma y estamos sancionando a los que invierten en este país.
Creo que es momento de que tomemos un receso, platiquemos el tema a fondo, lo discutamos, vayamos en contra de la defraudación fiscal, vayamos en contra de la evasión, de la elusión y, por supuesto, veamos cuáles son las reglas que más permitirían acabar con ese flagelo. Pero no esta reforma. No digo más, aunque pudiera, como dijo el Quijote.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se toma en consideración de inmediato para su discusión esta moción suspensiva.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, su atención por favor. En votación económica se pregunta si se toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Vamos a pasar a la fijación de posturas de los partidos políticos. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRD coincide en que debe procesarse y sancionarse a cualquier individuo que utilizando facturas falsas de fraude al Estado mexicano y trate de eludir el pago de impuestos, que todas y todos debemos aportar en beneficio de nuestro país.
Sin embargo, no estamos de acuerdo en que se viole el principio constitucional de presunción de inocencia y, por una simple sospecha, sin prueba alguna, sin sentencia y de manera expedita, sin ninguna garantía ni posibilidad de arreglar su situación, las personas puedan ser encarceladas y despojadas de sus bienes. Eso es lo que hoy ponen a consideración de esta asamblea las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia. Porque si estos delitos son incluidos en el catálogo de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, le aplicaría de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y el procedimiento de extinción de dominio.
Lo hemos señalado en ocasiones anteriores, el respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, hasta que no se demuestre su culpabilidad y su responsabilidad.
No tratemos de minimizar los problemas de recaudación que sufre el actual gobierno debido a la crisis económica que dicen que no existe. Sin embargo, la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa, que descansa en la suposición de quienes elaboran y utilizan estas facturas dejarán de hacerlo solamente por encarcelarlos, o que esta situación disuadirá a quienes delinquen con ellos y con ello se prevendrá que se sigan cometiendo estos delitos, tal y como lo afirman las comisiones dictaminadoras.
Lo único que se hace en este dictamen es que tramposamente se está abriendo una puerta para que la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa se convierta en una nueva regla, a través de la modificación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada de manera inconstitucional, tratando de darle la vuelta al artículo 19 de nuestra Carta Magna.
Debemos reiterar que en el PRD estamos en contra de todo acto delictivo y, de manera especial, de aquellos que afecten el desarrollo de México, como la facturación falsa o el contrabando. Pero también estamos en contra del dictamen de la minuta, ya que tal pareciera que el gobierno federal quiere facilitarse el camino para la persecución de quienes, a su juicio, discrecionalmente y sin prueba alguna, afirman que defraudan a la nación.
Con este acto, el presidente de nueva cuenta deja claro que su gobierno no quiere escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y tampoco a otras voces discordantes que se han manifestado en contra de lo que disponen estas reformas.
Debemos recordar que la extinción de dominio, siendo un procedimiento autónomo e independiente del proceso penal, no requiere que exista una investigación penal, un probable responsable o sentencia alguna. Es decir, el gobierno puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio y vender los bienes antes de que los dueños sean declarados culpables y serán los propios ciudadanos quienes tengan que comprobar que actuaron de buena fe, aunque no haya nadie en la cárcel por estos supuestos delitos.
Es menester indicar que debido a las características que quieren atribuirle a la defraudación fiscal, la persona procesada no podrá obtener una suspensión provisional de las medidas ni tampoco llegar a un acuerdo reparatorio que le posibilite regularizar su situación. Esto es, el ciudadano se encuentra en total indefensión.
Adicionalmente, al considerar estos delitos una amenaza para la seguridad nacional, implica que las autoridades podrán utilizar cualquier información para intervenir comunicaciones privadas, solicitar al Ministerio Público el encarcelamiento de los presuntos responsables o someter sus bienes al procedimiento de extinción de dominio de manera expedita y los jueces deberán de responder de inmediato, si es que las autoridades consideran que es un caso de urgencia y toda la información generada puede ser reservada por motivos de seguridad nacional.
Es decir, podrán actuar en la mayor opacidad, resguardados por la ley, teniendo como consecuencia directa el ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expresa que su voto será en contra del presente dictamen, porque no existe justificación alguna para que el gobierno violente los derechos de las y los mexicanos sin un procedimiento judicial, objetivo, que garantice el Estado de derecho, porque el motivo para que el gobierno actúe de esta manera es la arbitrariedad y la infamia, que a manera de terrorismo fiscal actúa en contra de las y los ciudadanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidenta. Buenos días tengan todos ustedes. El tema que nos ocupa el día de hoy será seguramente uno de los temas más controvertidos que habrá de decidir esta legislatura. Y sin duda, también la decisión que se tome el día de hoy vendrá a transformar al país haciendo más iguales a todos los mexicanos. Es decir, de aprobarse esta reforma, cada ciudadano deberá contribuir a la hacienda pública de forma realmente proporcional y equitativa.
El tema que nos ocupa tiene dos aspectos que es importante considerar: el primero es el punto de vista político-económico, y el segundo tiene que ver con el punto de vista legal.
Desde el punto de vista político-económico debemos tener presente lo siguiente:
1. La finalidad de la presente iniciativa significa una transformación que tiene por objeto evitar, a toda costa, aquellas conductas que de una u otra forma fueron toleradas como mecanismos de evasión y elusión de impuestos por parte de quienes facilitaban las herramientas y de quienes las utilizaban.
Fortunas inmensas se han formado por supuestos empresarios que se dedican a la venta de facturas y otros esquemas de simulación. De igual forma, millones de pesos se dejaron de pagar en deducciones simuladas. Este tema tiene que terminar.
2. La realidad económica del país exige que cada quien pague lo que le corresponde de forma proporcional y equitativa. El Presupuesto de Egresos próximo a aprobarse no se entiende si no se ataca la simulación y la evasión fiscal que significa la venta de facturas y las deducciones ilegales.
3. Debemos tener presente que la venta de facturas tiene necesariamente dos partes que se complementan, quien vende y quien compra. Si los que venden no tuvieran compradores, no tendríamos el problema que hoy se pretende resolver. Por ello, las medidas que se tomen deben de aplicar tanto a compradores como a vendedores por igual.
Desde el punto de vista legal debemos tener presentes las siguientes consideraciones:
Uno. Se ha mencionado en algunos espacios, durante la discusión de este dictamen, de la supuesta inconstitucionalidad de la reforma que hoy nos ocupa, al ampliar el catálogo de delitos considerados como prisión preventiva oficiosa, sin estar expresamente mencionados en el artículo 19 de nuestra Constitución.
Lo cierto es que la reforma que hoy discutimos es constitucional, toda vez que establece expresamente que el juez ordenará la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, siendo que esta figura no es en sí un delito, sino una clasificación de diversos delitos.
Segundo. Dentro del catálogo de delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ya existe tipificado el contrabando y su equiparable. En otras palabras, ya se consideraban conductas de carácter fiscal como delincuencia organizada. Esta reforma amplía los catálogos que ya existían en materia fiscal.
Tercero. Para que se dé el supuesto de delito considerado como delincuencia organizada se requiere, a su vez, que se den dos supuestos jurídicos; primero, que tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí tienen como fin o resultado cometer tales delitos. Y segundo, que tales conductas superen la cantidad de 7 millones 800 mil pesos aproximadamente.
En mi opinión, es sumamente difícil probar delincuencia organizada para un adquirente de buena fe y un comprobante emitido por las llamadas empresas fantasmas.
Cuatro. Por último, debemos tener claro que el ejercicio de la acción penal es decretada por un juez, no por el MP. Por ello, sería el Poder Judicial quien determine los parámetros en que proceda la prisión preventiva y ello es, en mi opinión, la mejor garantía a los derechos de los ciudadanos de buena fe.
Los cuestionamientos en contra por parte de especialistas en la materia no son ajenos al Grupo Parlamentario del Verde, sin embargo, este instituto político tampoco es ajeno a que la categorización de una conducta responde precisamente a que un delito de esta índole no sería posible sin la complicidad de quien compra al facturero el instrumento para eludir o evadir impuestos con el fin de no hacer llegar al erario el total de los recursos a recaudar.
Este Congreso es precisamente quien dinamiza los conceptos jurídicos al incorporarlos en las leyes, pretender que un concepto como lo es la delincuencia organizada es inmodificable, es tanto como pensar que las doctrinas historicistas deben prevalecer de forma permanente.
Esta iniciativa no debe analizarse a la luz de un análisis doctrinario desde la óptica de los justiciables, sino que también debe analizarse desde la visión de la prevalencia del Estado y la necesidad de captar los impuestos que realmente deben pagarse por cada uno de los ciudadanos y los diversos sectores de la sociedad. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Diputadas y diputados, en el PES compartimos la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, debemos terminar de una vez por todas con el huachicoleo fiscal que tanto daño le ha hecho, y eso nos queda claro a todos, muchísimo daño a las finanzas públicas, pero sobre todo al desarrollo del país.
Si el presidente dijo el que, a las y los legisladores nos toca decir el cómo. Tenemos que determinar un modelo idóneo que termine con el huachicol fiscal, que no permita que nadie siga abusando de los recursos que con tanto esfuerzo pagan las y los trabajadores de este país en pro de buscar mejores condiciones de desarrollo para la nación.
El día de ayer en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia fuimos totalmente claros, estamos de acuerdo en el fondo, pero debe revisarse con cuidado la forma en que se pretende llevar a cabo. Es fundamental comunicarlo bien, pareciera ser que todavía no hemos dicho bien cuál es el alcance, por eso tantas dudas de parte de algunos sectores de la sociedad. La legislatura del cambio no puede legislar generando zozobra, incertidumbre o inquietudes.
Diputadas y diputados, el fin no justifica los medios, así como los defraudadores atentan y engañan al fisco, hoy si no lo explicamos bien podríamos estar defraudando o engañando a más de 74.5 millones de contribuyentes que están confiando en que no se les va a etiquetar de la misma manera.
Los argumentos del PES, y que quede claro, no son argumentos en contra de la iniciativa del presidente, lo que queremos es fortalecer, darle cauce y certidumbre en la forma de aplicarlo.
La defraudación fiscal no solamente por tipificarla va a terminar con el huachicol, tampoco por adicionarle la prisión preventiva va a terminar con ella. La defraudación fiscal terminará cuando haya defraudadores y simuladores cumpliendo penas, eliminando la impunidad, pero además con normas correctas.
Ayer lo dije, y hoy lo reafirmo, podríamos estar abriendo una puerta que pudiera ser usada de manera facciosa por los mismos funcionarios. No todos tienen la sensibilidad ni la vocación del presidente Andrés Manuel López Obrador, respeta derechos fundamentales y está tratando de garantizar que se respete el patrimonio de la gente.
México y todos los contribuyentes necesitamos normas claras y más en esta materia; certeza y seguridad jurídica es lo que han venido proponiendo muchos sectores, incluyendo el empresarial, y queramos o no, ellos son los que generan empleo y riqueza, y si realmente, como estamos buscando en la 4T, queremos mejores empleos, mejores ingresos para las familias, tenemos que establecer condiciones óptimas para que ello suceda.
La mayoría de las y los empresarios de México, al menos los micro, los pequeños y medianos, pagan bien sus impuestos, hacen el esfuerzo. Lo que sí, no vamos a permitir es que los defraudadores y factureros sigan atentando contra el Estado, ahí sí le daremos a la autoridad todos los instrumentos para que sean implacables.
En el PES no pretendemos ir en contra del objetivo de eliminar la evasión y la elusión fiscal, porque eso sí atenta contra las finanzas estatales.
Diputadas y diputados, de todas las expresiones y de todos los colores, por supuesto que le vamos a dar un voto de confianza a esta iniciativa del presidente que en el fondo busca un objetivo más que legítimo. Pero no vamos a dejar, y que se escuche claro, que se caiga en el autoritarismo por parte de la autoridad fiscal, que se ponga en riesgo la constitucionalidad, pero sí vamos a ir contra los delincuentes de cuello blanco. Hay muchas otras normas que tenemos que adecuar.
Vamos a ser responsables y como parte de la coalición Juntos Haremos Historia, estamos seguros que el presidente quiere que seamos responsables, que actuemos a la altura de lo que exigen las nuevas condiciones del país.
Vallamos todos, démosle ese voto de confianza a esta reforma. Hagámoslo por lo que vale esta gran nación. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Gracias, diputada presidenta, con su venia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Subo a esta tribuna, compañeros diputados, a fijar una postura de mi grupo parlamentario sobre este tema en el que tenemos trabajando bastante tiempo. Yo creo que no el suficiente porque por aquí escuché con mucha atención las solicitudes de suspensión que se hicieron sobre este tema, y yo creo que un tema de este talante debería ser objeto de una discusión más amplia.
Se ha dicho ya aquí en esta tribuna que hay votaciones que marcan la vida y el prestigio parlamentario de cada uno de los legisladores que estamos aquí. Yo agregaría también que el prestigio de cada legislador se va construyendo con cada votación e independientemente de la visión que se pueda tener como grupo parlamentario.
Este es el caso que nos ocupa el día de hoy con esta ley de las facturas falsas, como se les ha llamado, y que cada vez que vamos a votar yo siempre trato de involucrar con mi grupo parlamentario que entendamos cuál es el espíritu de la ley. Habría que entender para qué esta propuesta de reforma.
Primero se nos dijo que era el de recaudar más, que el país necesitaba dinero, que necesitábamos todos contribuir al crecimiento de nuestro país, y durante el desarrollo del parlamento abierto lo primero, con opinión de expertos, pero los propios legisladores de la mayoría entendieron que esta propuesta de reformas no iba a recaudar más, entonces se pasó al asunto de decir es que cero impunidad, vamos a evitar la defraudación. Ese es el auténtico espíritu de la ley, se nos dijo.
También les tengo malas noticias. Tenemos cinco años en que la defraudación fiscal ha disminuido, en proporción al producto interno bruto ha estado disminuyendo casi una décima cada año. Que no es lo ideal, pues por supuesto que no, tendríamos que ir de manera contundente a cancelar la defraudación fiscal, y estamos de acuerdo en que no podemos permitir que nadie esté por encima de la ley. Y todavía más, que la violente atendiendo y atentando a los recursos de este país.
Sin embargo, la propuesta que se hace aquí en esta Cámara me parece desproporcionada. Parece que estamos tratando, si me permiten hacer esta analogía, de dar tiros de precisión en una batalla que queremos hacer.
El objetivo está lejano, y lejos de usar la tecnología, lejos de usar algo que nos pudiera dar en el blanco exacto, estamos tirando cañonazos a diestra y siniestra que eventualmente dañarán no solo al objetivo que queríamos sino, en el caso particular que nos ocupa hoy, a un empresariado que le invierte dinero y genera empleos para que le vaya bien a este país.
¿Quién podría estar en contra de combatir la evasión fiscal a través de las facturas? Por supuesto que nadie. Lo que no estamos a favor de ello es en la forma en que se pretende hacer a través de esta reforma.
Y yo les preguntaría: ¿por qué el día de hoy? ¿En qué indefensión dejamos a los contribuyentes? Ni siquiera se ha nombrado al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Cómo le podemos garantizar que esta reforma no va a atentar contra sus derechos básicos?
Por eso, en Movimiento Ciudadano vamos a presentar un par de reservas que tendrán que ver con que este delito de la facturación falsa. Por ningún motivo puede ser considerado de delincuencia organizada. Es un despropósito, diputados, lo que estamos tratando de aprobar el día de hoy.
Mientras la fórmula vuelve a ser la misma, ir sobre esa base gravable, cautiva, la que paga impuestos todos los días, lejos de estimularla hoy estamos privilegiando la recaudación coercitiva bajo amenaza. Y todavía más, con la posibilidad de que se utilice como un mecanismo de control y de inhibición de los adversarios políticos. No somos ingenuos ante lo que puede pasar.
Ante esta reserva que presentaremos, también debemos de decir que no puede catalogarse como delincuencia organizada, como ya se dijo, ni puede estar incluido en el catálogo del artículo 19 como prisión preventiva.
Si queremos hacerlo, hagámoslo bien. Vayamos a una reforma constitucional, modifiquemos nuevamente el artículo 19 y no utilicemos esta fórmula de modificar la Ley de Delincuencia Organizada, para tratar de sanear algo que legislativamente sabemos que está mal.
Compañeros diputados, yo el día de hoy los exhorto a la reflexión. Nuestro grupo parlamentario a lo largo de su historia ha sido una oposición responsable. Hemos sabido estar a la altura de las decisiones que se toman en este país, y aunque tenemos serias reservas sobre lo que se vota el día de hoy, ya en el Senado nuestros compañeros del grupo parlamentario, de aquel cuerpo legislativo lo votaron a favor y, en consecuencia y en congruencia, nuestro grupo lo votará en general a favor, con las reservas muy claras de que no podemos estar a favor de que este delito sea delincuencia organizada ni mucho menos que se apruebe sin que se incluya en el catálogo de delitos necesarios para la prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, diputada, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Óscar González Yáñez: Cuando hablamos de crimen organizado habría que hacer una definición de tal. En mi opinión, crimen organizado no son solamente grupos o un grupo de ciudadanos que se organiza para delinquir. Son sectores de la sociedad que se organizan para delinquir: ciudadanos, cuerpos policiacos, Ministerios Públicos, jueces, clase política. Ese es crimen organizado.
Porque también hay que recordar que este tema de la facturación tenía, y probablemente tiene, cómplices en la propia Secretaría de Hacienda y en el SAT, que es un proceso que hay que empezar a limpiar.
¿Qué daño genera esta facturación falsa? Uno, genera una competencia desleal a las demás empresas. Hay empresas que pagan impuestos y hay empresas que no pagan impuestos. En consecuencia, esto genera una competencia desleal.
¿De qué tamaño es el daño? De 2014 a 2019, más de 8 millones de facturas falsas facturando 1 billón 600 mil pesos, generando un daño al erario público calculado en 354 mil millones de pesos, 1.4 del producto interno bruto del país. De ese tamaño está el problema de la facturación falsa.
Yo podría coincidir con varios compañeros. Estuvimos el día viernes en Parlamento abierto, el día de ayer en comisiones y me parece que los argumentos que dan algunos compañeros, en mi opinión, son válidos. En mi opinión, son válidos.
¿Es un exceso esta ley? Sí, es un exceso, pero también es un exceso, compañeros, y por eso los excesos se corresponden a excesos. Si en el año por ahí de cuando se hizo el error de diciembre, en el año 94, 95, hubiera el gobierno y el Estado mexicano tener el instrumento de prisión preventiva oficiosa, hubiéramos tenido detenidos a todos los que generaron el fraude del Fobaproa, el robo del siglo, y no tuvimos solamente más que un detenido, porque no existía el instrumento de la prisión preventiva oficiosa.
¿Es un exceso? Sí. Pero también el saqueo al país ha sido un exceso. Por eso les digo a mis compañeros, el argumento que dan sobre si es un exceso o no, sí es un exceso, pero más exceso es el saqueo que seguimos pagando a la fecha de lo que se ha hecho con las finanzas públicas de nuestro país.
Cuando hablamos de excesos, empresas como América Móvil, de 775 mil millones de pesos solamente pagó el 6 por ciento de ISR; Grupo Elektra, 69 mil millones, solamente pagó el 11 por ciento; Industrias Peñoles, 97 mil millones de pesos, solamente pagó el 6.3; Grupo México, 133 mil millones, solamente pagó el 13 por ciento.
Walmart México, 413 mil millones de pesos, y solamente pagó el 2.5; Grupo Televisa, 69 mil millones de pesos, solamente pagó el 5 por ciento; Grupo Maseca, 64 mil, y solamente pagó el 2 por ciento; Famsa, 236 mil y solamente pagó el 3 por ciento; Grupo Bimbo, 173 mil y solamente pagó el 1 o 2 por ciento del ISR, en el año 2012.
Bolsa Mexicana de Valores es la fuente, para los que lo quieran consultar.
Y después fue condonado. Esto es competencia desleal para otras empresas. Si eres amigo del gobierno ven a invertir a México. Si eres un empresario honesto, no vas a tener condiciones de competitividad. Lo que estamos generando es competencia desleal... acabar con la competencia desleal. No estamos buscando recaudar más, que se entienda bien. No es buscar recaudar más, es parar la evasión y es parar la elusión, y con esto evidentemente automáticamente va a aumentar el ingreso.
Es un exceso, sí, pero venimos de los excesos y hay que pararlos así. Podría coincidir con muchos compañeros, pero la verdad, la realidad y el pasado de nuestro país obligan a medidas de este tipo. Por eso la argumentación que dan otros compañeros creo que es válida, pero también es válido parar con el abuso que ha habido en nuestro país. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. Están en este recinto de la Cámara de Diputados alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la licenciatura de derecho, invitados por la diputada Leticia Marina Gómez Ordaz. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. En el Grupo Parlamentario del PRI rechazamos el terrorismo fiscal. Efectivamente, como se ha dicho aquí equivocadamente, desde el 95 sí existía la prisión preventiva oficiosa, de hecho, ese era el sistema penal que teníamos, que todo mundo fuera por prisión preventiva oficiosa a la cárcel mientras dilucidaba su situación jurídica.
Lo que se hizo con la reforma fue garantizar los derechos humanos de todas y todos, para que fuera una conducta que no fuera el común denominador, sino que fuera excepcional.
Por supuesto que estamos a favor de mejorar la recaudación, de que el pago sea justo y equitativo y de combatir de manera frontal las prácticas nocivas, como las facturas falsas y las empresas fantasmas.
Pero esta reforma, compañeras y compañeros, como ya se ha dicho, es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y de la misma manera, por la puerta falsa, está incluyendo la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional.
Voy más allá con mi reflexión. Si efectivamente lo que se quiere es combatir de manera frontal estos delitos, entonces, digámoslo así en la reforma. Yo aquí he escuchado a varias compañeras y compañeros, particularmente de la mayoría, que dicen que si uno se está portando bien no tiene nada de qué temer.
Independientemente de cómo uno se esté portando, compañeras y compañeros, si la ley contempla determinados supuestos por más de que quisiéramos decir que se va a interpretar de otra manera, lo que prevalece, aunque entiendo que ahora en la cuarta T no les gusta que siempre sea así, lo que prevalece es la ley.
Y aquí lo que se está planteando es equiparar a delincuencia organizada a empresas perfectamente funcionales y legítimas, y también a pequeños contribuyentes, a medianos contribuyentes, a cualquier persona, está siendo con esta reforma, en potencia, un delincuente miembro de la delincuencia organizada.
Prisión preventiva oficiosa, ya lo comentamos, ¿cómo se está abriendo la puerta falsa? Ya lo dijeron aquí también. En lugar de ir a una reforma frontal al 19 constitucional, estamos queriendo incluir estas conductas, sin ninguna proporcionalidad, en el artículo 19, y en la Ley de Seguridad Nacional, agregando una fracción XIII, todavía con menos proporcionalidad porque defraudación fiscal no tiene nada qué estar haciendo en la Ley de Seguridad Nacional, para de ahí agarrar el anclaje constitucional que pretenden tener los de la mayoría para poder decir que es prisión preventiva oficiosa y seguir yendo en contra de la recomendación de la ONU, de eliminar esta figura, puesto que nuestro país es el único que lo tiene reglamentado de esta manera, país democrático.
Y ahí no acaba la tragedia, compañeras y compañeros, la consecuencia de cuando alguien va a un proceso por delincuencia organizada, a una empresa, es el decomiso de los bienes y el decomiso de esa empresa. Cuando eso sucede, quien se queda la empresa es el Estado, compañeras y compañeros.
Entonces, no vaya a ser que esta es una alternativa para efectivamente el gobierno apoderarse de estas empresas y a la postre rematarlas como mejor le parezca. Repito, empresas pequeñas, medianas y grandes.
Y, por último, tenemos todavía la cuestión de la extinción de dominio, que cuando se inicie un procedimiento a estas personas que están ya consideradas con el agravante de delincuencia organizada, inmediatamente se podrá dar vista al Ministerio Público para que se le inicie este otro procedimiento y vayan a remate también sus bienes. No como una pena eh, la pena ya se los dije, sería el decomiso.
¿Qué nos pone ante todo esto, compañeras y compañeros? Un terrorismo fiscal del que no habíamos tenido noticia en este país. Un Estado autoritario, policiaco y represor que no vela, en ningún momento, por los derechos humanos de los contribuyentes que no han violentado ninguna ley, y los equipara a delincuencia organizada.
Si lo que queremos, porque nosotros también así lo consideramos, es ir en contra de los factureros, ir en contra de las empresas fantasmas, hagámoslo así, discutamos esta ley, hagamos sus reservas no al vapor ni de prisa como estamos ahorita, y como todos estamos de acuerdo y también las voces de los expertos, combatamos de fondo la impunidad en estos delitos.
A través de esta reforma, compañeras y compañeros, no se va a lograr. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas Baca, del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Patricia Terrazas Baca: El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se pronuncia por avanzar en toda aquella acción de política pública y política legislativa que tenga como objetivo el incrementar la recaudación de aquellos sectores que no cumplan con sus obligaciones.
Estamos conscientes de que México vive una grave situación fiscal, sin embargo, la irresponsabilidad de este gobierno de no enfrentar esta situación de manera seria y técnicamente correcta, ha generado propuestas como las que se presentan el día de hoy con la imposición del grupo mayoritario, peligrosas ocurrencias que solamente van a dañar los derechos fundamentales de los contribuyentes del país, enviando señales equivocadas que nada ayudarán a atraer la inversión o incentivar la economía interna.
Esto es, no van a generar un beneficio real en materia de recaudación y sí afectarán la generación de empleo, así como las ya existentes.
Este paquete de reformas es innecesario, lo he repetido muchas veces, inidóneo y desproporcional. Se reconoce el grave problema de la nociva práctica de la expedición, compra y venta de comprobantes fiscales que ampara operaciones inexistentes y que coloquialmente se le llama que son facturas falsas.
Sin embargo, las autoridades cuentan ya con herramientas jurídicas, pertinentes y propicias que son extremadamente robustas para combatir eficazmente dicho género de delitos, inclusive las autoridades en sus ponencias han señalado expresamente que son más de 11 mil factureros. ¿Pero qué han hecho contra ellos? ¿Por qué les siguen protegiendo y por qué con estas propuestas se les tiende el manto de impunidad?
Ahora bien, con las reformas propuestas se genera una amenaza de intrusión en el ámbito de los particulares y no solo de los factureros, quebrantando el derecho fundamental de privacidad a los contribuyentes ajenos a dichas conductas y los que son de buena fe.
Por virtud de este dictamen, cualquier contribuyente podrá ser víctima de la aplicación de técnicas de investigación altamente intrusivas al derecho de privacidad como son la intervención de comunicaciones en telefonía, en mensajería, en correos electrónicos, agentes encubiertos y testigos colaboradores, delatores o protegidos.
Lo anterior generará desde el momento de la publicación de esta reforma, un ambiente de crispación y desincentivo a la inversión. Por eso sostengo, los legisladores de la mayoría serán los responsables de la crisis que se genere con este ambiente adverso a la confianza y a la seguridad jurídica.
El discurso gastado, por qué no se hizo nada antes, es falaz, es falso. Tan se hizo, que la cuarta T es beneficiaria de sistemas desarrollados en los lustros que le permitan al SAT tener al minuto información de los contribuyentes, es claro que no saben usarlos y ni tienen capacidad o conocimiento para ello. Dado el riesgo que el contribuyente corre de tener contactos comerciales con otro tipo de clientes y proveedores, se puede dar el caso de que uno de ellos sea ajeno al esquema de crimen organizado.
Lo anterior implica que dichos delitos podrán ser objeto de investigación preventiva antes de su comisión, por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, que antes era el Cisen. Al efecto podrán intervenir comunicaciones antes de que se cometan los delitos. Adicionalmente podrán llevar información al seno del Consejo de Seguridad Nacional.
Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales es considerar conductas que puedan configurarse en delito y pueda haber prisión preventiva oficiosa. Hay endurecimiento procesal.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos a favor de centralizar esta reforma en el combate a los factureros; sin embargo, estamos en contra de criminalizar a cualquier ciudadano que pretenda generar empleos lícitos y legítimos.
Observamos con preocupación cómo desde la Presidencia se abren los brazos a la delincuencia con mensajes de impunidad, pero a los ciudadanos que invierten, que estudian, que innovan, que se les pretende aplicar marrazos. No a la ley del garrote.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra de este paquete de despropósitos que no solucionan el problema, pero que sí crean otros problemas...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada Patricia Terrazas Baca: ... más la conflictividad social y sobre todo, inhibirá el crecimiento económico y confianza en el país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Paola Tenorio Adame: Con la venia de nuestra querida presidenta, la diputada Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, compañera.
La diputada Paola Tenorio Adame: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El gobierno actual busca la transformación democrática de este tan querido nuestro México, generando mayor crecimiento y una justa distribución al fin de la riqueza.
Para lograrlo es necesario erradicar la corrupción, la simulación y las acciones al margen de la ley. Una de las formas en que se manifiestan los actos de corrupción es mediante empresas constituidas con el propósito de defraudar el erario público y lavar dinero procedente de actividades ilícitas.
La defraudación fiscal es el problema que afecta a todo nuestro país, ya que frena el crecimiento de la economía, debilita a las instituciones e incrementa la desigualdad social.
Aquella persona que incurre en acciones de defraudación fiscal transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. Como pueden ver esto no es nuevo, al no contribuir con el gasto público mientras que los contribuyentes cumplidos y honestos sí lo hacen.
Para los que dicen que estas medidas son extremas, les digo extremo ha sido el robo sin medida que se ha hecho al SAT y por lo consiguiente a nuestra nación. Es por eso que se facultará al Estado a sacar a todas aquellas bandas factureras ilícitas, así como a los servidores públicos que colaboran con ellas. Debería de darles vergüenza; vergüenza les debería de dar en insistir en estos extremos y decir que son extremos.
En los últimos cinco años el sistema de administración tributaria identificó a casi nueve mil –óiganlo bien– empresas importantes todas ellas en nuestro país. Algunas de ellas han sido nombradas ya por el diputado Yáñez. Operaciones simuladas las cuales han emitido ocho millones de facturas falsas que le han costado al país 1.6 billones de pesos.
Para ejemplificar, y en relación con el Proyecto de Egresos de la Federación 2020, la cifra de evasión equivale a cubrir 5.5 veces el gasto en proyectos de inversión de Pemex, 13 veces el gasto de programa Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y 417 veces el presupuesto de la tan importante Guardia Nacional.
Por ello el presente dictamen propone incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal; la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Asimismo, prevé considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Y escuchen bien, ya no se equivoquen más.
El objeto de esta reforma es combatir y sancionar únicamente a los contribuyentes deshonestos y corruptos que dañan a nuestro país, así que dejen de malinformar con un terrorismo fiscal que no existe. ¿O acaso están ustedes inmiscuidos en algo y por eso insisten tanto en defender lo indefendible?
Es importante resaltar que las condiciones planteadas en el dictamen no, que quede claro, no permiten una aplicación discrecional ni arbitraria. Están dirigidas exclusivamente a combatir fenómenos delictivos en las materias fiscales especificadas cuando se producen a gran escala o como expresión del crimen organizado.
Para que la actividad ilícita sea considerada como delincuencia organizada el monto correspondiente debe actualizarse y, si es necesario, comprobar la participación de tres o más personas y que estas realizaron las conductas en forma permanente y reiterada.
Dichos elementos descartan totalmente que se trate de un simple error o descuido de los contribuyentes. Por lo que no se vulnera el Estado de derecho ni mucho menos los derechos humanos. Incluso los contribuyentes que se ubiquen en las hipótesis legales, tendrán la oportunidad de defenderse o corregir su situación en los procedimientos fiscales y antes de presentarse la querella correspondiente.
Aunado a lo anterior, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal si el imputado aporta información fidedigna que ayude a la persecución del beneficiario final de estos delitos.
Es sabido que hay personas que solo son utilizadas por su ignorancia o pobreza como representantes legales de las empresas simuladoras. De ahí que esta reforma va encaminada a sancionar a la cabeza de las organizaciones evasoras.
Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, pues buscamos consolidar un marco jurídico en contra de los defraudadores, combatir de una vez la corrupción, desincentivar prácticas ilegales que han imperado en el país contra el fisco y fortalecer la hacienda federal, a fin de mejorar calidad, señores, calidad de vida de las y los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada Sandra Paola Tenorio Adame. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen en discusión. Se encuentran en la Cámara de Diputados alumnos del CCH Azcapotzalco, invitados por el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Está a discusión el dictamen en lo general. Tendremos participaciones en contra y en pro. Primero, en contra, con la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, hasta por cinco minutos.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, decía el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, que en política quien piensa que el camino más corto entre dos puntos es la dicotomía entre un túnel o un laberinto, termina por extraviarse en el túnel.
Hoy, por la urgencia y la prisa en sancionar y erradicar los delitos de defraudación fiscal y expedición de facturas falsas, el grupo mayoritario está a punto de extraviar la economía de toda la nación en un túnel. Pero no solo eso, sino que, bajo la premisa de combatir estos delitos, no se reparó en que este dictamen vulnera derechos humanos, atropella garantías y, en términos generales, vulnera el Estado de derecho.
El contenido de la minuta que proviene del Senado de la República pretende evitar la discusión constitucional de la incorporación de los delitos fiscales en el catálogo de las hipótesis delictivas que ameritan prisión preventiva oficiosa. En lugar de ello, la creatividad legislativa pretende incluir estas conductas en el catálogo de delitos considerados como delincuencia organizada, y así puedan ser privados de manera oficiosa de su libertad.
Con este galimatías jurídico se plantean dos problemas de origen. El primer problema es que se abre la puerta a una profunda confusión conceptual de lo que es la delincuencia organizada.
La exposición de motivos de la ley federal correspondiente, que fue promulgada en 1996, expresa de manera consistente la intención de poner fin a la comisión de actos violentos que vulneren la seguridad pública y la seguridad nacional y que ponen en riesgo la viabilidad misma del Estado.
En este sentido, cabría preguntarse si el delito de defraudación fiscal está o cumple con estos requisitos, con estas características.
Por lo que estamos incurriendo en la irresponsabilidad de romper los límites conceptuales de la delincuencia organizada, lo que significa de entrada vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El segundo problema de origen es que también se pretende incluir las conductas señaladas como amenazas a la seguridad nacional, con lo que se pretende habilitar al Centro Nacional de Inteligencia, Cisen, para investigar estas conductas con la utilización de técnicas de investigación que incluyen intervención de comunicaciones y la ruptura del secreto bancario.
Esta es una inconsistencia jurídica mayúscula, porque ahora los encargados de la seguridad nacional ya no estarán investigando posibles amenazas provenientes de una nación extranjera, o de una organización criminal establecida en otro país, que pongan en riesgo la seguridad del Estado, sino investigando prácticamente a todos los contribuyentes mexicanos.
Por eso en Acción Nacional no acompañaremos este desmantelamiento de nuestro Estado de derecho, y esta afrenta a los principios de nuestro sistema penal acusatorio. No podremos ser cómplices del atropello que significa vulnerar la seguridad jurídica de las y los mexicanos, y la formalización de la falta de certeza que puede y de hecho ha empezado a espantar a las inversiones en nuestro país.
Ni en nombre de la recaudación ni de otro bien pueden tener cabida en una auténtica democracia este tipo de reforma, que lo que es en realidad es colocar a los contribuyentes formales en la misma categoría de los peores criminales, sin controles procesales, vulnerando el principio de presunción de inocencia y haciendo que cualquier contribuyente esté en riesgo latente de ir a prisión, cuando de forma equivocada o incluso mal intencionada algún funcionario de Hacienda emprenda una investigación.
En Acción Nacional compartimos la preocupación por combatir estas conductas, pero por qué no vamos por la vía de la profesionalización de nuestros policías, por la profesionalización de los peritos, por la profesionalización en términos generales del sistema penal acusatorio, por el fortalecimiento de las instituciones.
Estamos escogiendo la salida más fácil, pero a final de cuentas nos costará muy caro como país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Salinas Narváez: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Javier Salinas Narváez: Compañeras y compañeros, la corrupción y la impunidad son un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que genera.
La corrupción en su vertiente de evadir impuestos y simular operaciones para lavar dinero, provenientes de actividades ilícitas es una práctica que debe desterrarse y debe terminar.
La inmoralidad de algunos funcionarios públicos y algunos empresarios corruptos normalizó el lavado de dinero, y la evasión fiscal, como una forma de hacer negocios. El Instituto Mexicano de la Competitividad da algunas cifras importantes y que son referentes para dimensionar el tamaño del problema.
Señala que la corrupción tiene un costo económico al 2 por ciento del producto interno bruto y representa un cinco por ciento de las ventas anuales de las empresas, esto no solo resta competitividad, sino que además empobrece a las personas.
La cuarta transformación erradicará y cortará de tajo estas prácticas delictivas, para ello necesitamos que la autoridad tenga herramientas jurídicas necesarias para perseguir a quienes realizan actividades ilícitas para investigar y sancionar con todo rigor la evasión fiscal y el lavado de dinero, que fueron posibles por la complicidad entre falsificadores y funcionarios públicos.
Se ha reiterado aquí el tamaño y el monto del problema, una pérdida fiscal del 26.2 del Presupuesto de la Federación para el 2020 y el 6.1 por ciento del PIB para el próximo año.
Los dos billones de pérdida que hubo del 2014 al 2018 por operaciones de defraudación fiscal, por facturas falsas, retenciones falsas, no contar con documentos contables, outosourcing que omiten y defraudan prestaciones sociales a los trabajadores, así como la doble contabilidad deben terminar estableciendo estos hechos, la defraudación fiscal, en el catálogo de delincuencia organizada, ya que debemos atender el contexto actual del país.
El día de hoy las empresas y contribuyentes que realicen operaciones simuladas y demás contribuyentes que delinquen, han creado complejos esquemas organizados, con la finalidad de defraudar al fisco federal, de succionar los recursos públicos a través de la venta de facturas falsas y demás esquemas de evasión fiscal que a su vez derivan de complejos esquemas de lavado de dinero, encubren actos de corrupción y drenan los recursos del pueblo destinados al bien común.
Es importante señalar que cometen el delito fiscal grave quienes al tributar utilizan engaños, utilizan mecanismos para ocultar o disfrazar su conducta delictiva. Son empresas que deducen operaciones simuladas y aquellas que defraudan más de 9 millones de pesos.
También es importante señalar que incurren en delincuencia organizada, al conjunto de tres o más personas cuyo único objeto es el crimen. No son contribuyentes, son entes que su actividad criminal es permanente o reiterada. Son empresas que facturan sus operaciones de manera simulada.
También es necesario señalar aquí que esta reforma no es contraria, como se dijo en comisiones, a tratados internacionales, sino que da cumplimiento a una disposición internacional ampliamente ratificada. Da cumplimiento a la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, que es uno de los convenios más ratificados por los integrantes de las Naciones Unidas.
El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen por el bien del pueblo de México, porque significa cero tolerancia para los contribuyentes corruptos que dañan al país. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del PRI. Hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con la venia de la Presidencia. El dictamen que nos ocupa es un texto carente de certidumbre jurídica. Por un lado, pretende imponer mayores sanciones para quienes cometan el delito de defraudación fiscal, cuya esencia es engañar o aprovecharse de los errores o lagunas jurídicas para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución y, por otra parte, aborda temas de los mecanismos de alternativas de solución de controversias.
Me refiero a que contempla excepciones a delitos que no tienen ninguna relación con el tema que hoy nos ocupa para desincentivar la compra-venta, enajenación y expedición de facturas apócrifas, y a la vez propone agregar que no sean sujetos de acuerdo reparatorio quienes cometan los delitos de genocidio, violación y homicidio.
Esta excepción a la que se está agregando la modificación a los artículos 187 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay razón de que se explique. Las fracciones I, II y III del artículo 167 del mismo Código establecen puntualmente las causales sobre las que el Ministerio Público o el juez de control no puede abstenerse de dictar prisión preventiva oficiosa, es decir homicidio, genocidio y violación.
¿Alguien en esta asamblea puede explicar qué viene esta excepción en el tema que nos ocupa? Por cierto, porque la legislación penal procesal ya lo contempla.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de dotar a la autoridad recaudatoria de herramientas eficaces para perseguir y castigar a los verdaderos evasores fiscales. Por supuesto que estamos a favor del argumento de mejorar la recaudación de México y que el pago de los impuestos sea justo. Sin embargo, las reformas que nos propone el Senado a través de esta minuta, resulta estar muy lejos de ser útil para mejorar la recaudación, es una reforma que es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso e instruye la prisión preventiva oficiosa al mismo nivel que el secuestro o la delincuencia organizada.
Nuevamente, se nos presenta una cortina de humo que en realidad trata de ocultar el fortalecimiento de la amenaza de la aplicación del artículo 19 constitucional, cada vez a más conductas.
En el dictamen que está a nuestra consideración, no existe un argumento a favor de la protección del contribuyente, por el contrario, se pone en el supuesto de delincuente a todo contribuyente tratando de disuadir la conducta de evasión o elusión fiscal con una pena que es, a vista de todos, desproporcionada.
En lugar de que el marco jurídico dé confianza al contribuyente, esta reforma primero lo amenaza y lo ubica como un enemigo del Estado al clasificarlo dentro de las conductas que atentan contra la seguridad nacional, de esta manera el gobierno está partiendo de premisas equivocadas.
Tal parece que, en los hechos, la propuesta que se hace para modificar el Código Fiscal de la Federación, convierte a la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva Dirección Federal de Seguridad, que fue famosa de ser la policía política de otros tiempos.
Es muy preocupante, que, en el ejercicio del parlamento abierto convocado para conocer la opinión de expertos, no hayan sido tomadas en cuenta, todos los que ahí participaron están en contra de esta minuta.
Las y los diputados tenemos la obligación de hacer leyes que le ayuden a México y que no ahuyenten la inversión y el empleo. Por eso, nos oponemos a esta reforma que considera a los inversionistas como delincuentes potenciales y llevará a la economía mexicana al desplome.
Compañeras y compañeros diputados, esta reforma se sumará a la miscelánea fiscal que hará pagar más a los usuarios de servicios digitales, a las y los comerciantes en pequeños que buscan obtener mayores ganancias a través de la venta por catálogo, entre otros sectores que serán afectados, pagarán más los productores del campo, los ahorradores y los arrendatarios.
Hagamos las cosas bien, compañeras y compañeros. Esto es verdaderamente una aberración. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos para fundamentar en pro.
En tanto llega a la tribuna, mandamos un saludo a integrantes de la Federación Mexicana de Karate Tradicional, provenientes de la Ciudad de México y de Puebla, invitados por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros. Las y los diputados del Partido del Trabajo vamos a votar a favor de este dictamen simple y sencillamente porque es lo correcto.
Y también porque a diferencia de otros, que dicen estar en contra de la defraudación fiscal, pero que con sus hechos lo defienden, nosotros, nosotros sí queremos ponerle un alto al boquete que se ha venido creando mediante la facturación falsa. Queremos ponerle un alto al huachicoleo fiscal.
Y miren si no, estos datos, producto de un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que plantea que en México el monto de la evasión fiscal a través de facturas falsas alcanza 1.6 billones de pesos anuales. Estamos hablando de delitos que son negocios trasnacionales, de igual magnitud como inclusive la trata de personas. Eso es lo que hoy venimos a legislar para detenerlo.
Y hay que hablar con claridad. No hay terrorismo fiscal ni se criminaliza a los contribuyentes como falsamente han venido a aquí a acusar algunos oradores. Es falso que con esta reforma se pueda acusar de defraudación fiscal a quien haya omitido, por ejemplo, como alguien lo expuso aquí, una declaración fiscal, pues a principio de cuentas, compañeras y compañeros, el tipo de defraudación fiscal no es una reforma que estemos discutiendo en este momento, eso ya existe en nuestro marco jurídico.
Y el razonamiento de que nadie puede ir a prisión por una deuda es inconsistente, compañeras y compañeros, pues bajo ese argumento entonces ningún delito fiscal debiese ser sancionado con la pena de prisión por los delincuentes como por ejemplo de cuello blanco, y entonces ese tipo de personajes podrían estar tranquilos.
No, compañeras y compañeros, de ninguna manera se criminaliza a personas morales ni físicas, únicamente se busca sancionar con mayor severidad a quienes haya cometido delitos fiscales. No es ni más ni tampoco menos.
Pero no cualquier defraudación, no cualquier contrabando será considerado como delincuencia organizada, sino únicamente cuando sean por un monto igual o mayor a 7 millones 804 mil 230 pesos.
Por eso es falso esa premisa que han venido a plantear, que esto va a atentar contra cualquier contribuyente. Por el amor de Dios, hablemos con la verdad en esta máxima tribuna de la nación. Tampoco cualquier caso ameritará prisión preventiva oficiosa. Únicamente aquellos que se cometan de manera calificada, es decir con agravantes.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, hablamos de una reforma que va en contra de los grandes evasores no de los pequeños contribuyentes, como dolosamente se ha querido plantear en esta tribuna.
Concluyo reiterando que esta reforma no es una persecución en contra del sector empresarial. Falso. Esta reforma no ahuyenta la inversión ni es una persecución en contra de este sector, porque si con esta reforma se ahuyentara la inversión, entonces habría que entenderse de que es porque los inversionistas evaden en puestos, porque compañeras y compañeros, lo reiteramos, los tipos penales de defraudación fiscal y contrabando no han sido reformados. Nosotros lo que estamos haciendo es agravar las penas.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, y concluyo, diputada presidenta, perseguir con mayor firmeza los delitos fiscales no puede considerarse terrorismo fiscal, en todo caso lo que en su momento decía Peña Nieto cuando amenazaba: “O pagas impuestos o tendrás las consecuencias”. Eso sí era defraudación fiscal.
Las y los diputados del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen, reitero, porque es lo correcto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del PAN, para hablar en contra hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con su permiso, presidenta. Vengo a hacer el posicionamiento del Partido Acción Nacional sobre estos importantes cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Fiscal de la Federación, así como del Código Penal Federal, ni más ni menos. Importantes reformas que tienen que ver con la relación de vida entre los gobernados y el Estado respecto a sus contribuciones.
Aquí se han dicho ya a esta hora del debate varias cosas importantes. Algunas inaceptables, como que esta medida no tiene por objeto aumentar la recaudación, desconociendo que el país tiene una grave situación fiscal, toda vez que los ingresos generales del país respecto al producto interno bruto apenas alcanzan el 23.7 por ciento.
También se ha dejado de mencionar todo lo que tiene que ver con los derechos del contribuyente, citados en la Carta de los Derechos de los Contribuyentes de la Procuraduría de la Defensa del ciudadano que paga impuestos, donde lo primero que se dice es que en un Estado democrático de derecho debe haber respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los gobernados, donde se da por sentado la posición de los ciudadanos solidaria respecto a la contribución de impuestos y la importancia de la legalidad, la igualdad, la certidumbre como características para impulsar el crecimiento del país y el desarrollo de la economía. Y donde también se señala y se da por sentado que la recaudación debe respetar la buena fe y fomentar la cooperación entre autoridades y contribuyentes.
¿Pero qué sucede, diputadas y diputados? Con estas reformas se confunden los medios con los fines. Se generan modificaciones que atentan directamente contra la confianza del contribuyente.
Si esto no se ve con claridad, hay que dejarlo claro. Ni habrá combate a la corrupción, a la evasión, a la defraudación o a la elusión fiscal, ni se generará la riqueza que se dice que se desea repartir, ni tampoco habrá solvencia para financiar los programas sociales, ni mayor ni mejor recaudación.
Por eso, los legisladores del Partido Acción Nacional consideramos que este paquete de reformas es innecesario, inapropiado y desproporcional. Una verdadera amenaza para los contribuyentes porque, tal como está planteado, no distingue entre contribuyentes y delincuentes y eso es muy grave cuando se trata de definir una política pública que busque combatir delitos y generar condiciones de confianza, de transparencia de legalidad para el pago de las contribuciones y de los impuestos.
En Acción Nacional estamos conscientes del grave problema de la defraudación fiscal, de la dañina práctica de compra y venta de facturas falsas. También creemos que ya existen herramientas jurídicas apropiadas para combatir estos delitos.
Y decimos que es inapropiado y desproporcional porque hablar de amenazas a la seguridad nacional al reformar la Ley de Seguridad Nacional, o hablar de prisión preventiva oficiosa cuando se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, se atenta, insisto, contra la condición fundamental que rige la relación entre ciudadanos contribuyentes y un Estado que busca generar mayor recaudación y las condiciones para un gasto justo, transparente y proporcional a las necesidades del país.
Creemos que estas reformas atentan contra la justicia tributaria, atentan contra el espíritu constitucional de avanzar en la consolidación de mecanismos alternos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra de este paquete de despropósitos, que ni soluciona el problema de evasión, defraudación fiscal, y tampoco distingue entre contribuyentes y delincuentes. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Compañeras y compañeros legisladores, quienes somos parte de esta cuarta transformación tenemos el firme compromiso con el pueblo de México de acabar con la corrupción. Para ello se requieren reformas jurídicas y fiscales que impidan y combatan hechos que flagelen al erario público.
Parte del descontento social fue provocado por las condiciones de inequidad y de desigualdad que permearon en el país, con consentimiento y colusión de los gobiernos anteriores.
En todos los ámbitos y sectores la inequidad fue una constante. En el tema tributario es urgente poner un alto a la evasión y a la defraudación fiscal que han afectado tanto la economía del país. Las cifras son verdaderamente escalofriantes.
Como ya se ha señalado, entre 2014 y 2019, el sistema de administración tributaria identificó más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes, que generaron 8 millones de facturas simuladas, causando una pérdida fiscal de 1.6 billones de pesos.
Para darnos una idea del tamaño del daño al erario público haré un comparativo. La pérdida fiscal equivale a 2.5 veces el gasto público destinado a salud, y el 83 por ciento del gasto federal a estados y municipios en el 2020.
Con eso se podrían construir 221 hospitales, se podrían comprar 472 mil ambulancias, se podrían comprar 663 mil autos patrulla y se podrían construir 77 segundos pisos como el del Periférico y aun así no quieren ver esa realidad.
Hoy buscamos corregir esta inequidad, no es solo como un imperativo ético, sino también un requisito indispensable para el buen funcionamiento de una economía nacional.
El combate a la evasión fiscal también permitirá frenar la competencia desleal entre los diversos sectores que son el motor de la economía, así como evitar afectaciones a las finanzas públicas, cuyo fortalecimiento podría ayudar a millones de mexicanos a salir de las condiciones de pobreza que actualmente atraviesan.
Y para evitar confusiones y desinformación citaré brevemente en qué consiste.
Uno. Plantear reformar el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que incluya la defraudación fiscal cuando participen tres o más personas de forma reiterada y el monto de lo defraudado supere los 7 millones 800 mil pesos.
La mayoría de los empresarios no caen en estos montos de facturación. A quiénes defienden los que están en contra de esto.
Señala que se considera delincuencia organizada la expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación consiste en imponer una sanción de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y cuando el delito involucre a un servidor público en funciones será destituido e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar un cargo público.
No se confundan, esta reforma no está creando un nuevo tipo penal, estamos dando al Estado los elementos y las herramientas para perseguir a una delincuencia muy sofisticada en altas ganancias ilícitas.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena apoyará el dictamen en sus términos. Nunca más un defraudador fiscal vivirá bajo el cobijo de la impunidad. Es cuanto, presidenta.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, señor presidente. No nos dejan más remedio. Una buena causa, como es el combate frontal a las empresas fantasmas y a las fábricas de facturas falsas, hoy divide profundamente a esta asamblea.
Apenas hace seis meses, el 8 de abril, por unanimidad de 417 votos, todos los grupos parlamentarios aprobamos el nuevo artículo 13 Bis del Código Fiscal para castigar con particular rigor a quienes expiden y venden facturas falsas.
¿Qué pasó desde entonces? Ignoro cuáles fueron los motivos para promover este conjunto de reformas, que lejos de concentrarse en enfrentar este delito, se vuelve una especie de pistola que el fisco pone en la sien de todas y todos los contribuyentes de este país.
Van cinco posibles razones, mismas que expresaré puntualmente:
1. El gobierno y Morena se quedaron cortos con la reforma publicada el 16 de mayo pasado. Ni siquiera se dieron la oportunidad para comprobar la eficacia del nuevo ordenamiento del Código Fiscal. No hubo evaluación de por medio. No consideraron el resultado de las listas negras de empresas fantasmas publicadas en el Diario Oficial para desalentar y reducir esta práctica hasta su eliminación.
Menos dieron respuesta a la pregunta de por qué si saben quiénes son, por qué no van por ellos.
2. A meter a todos a la cárcel. Primero actúas y después viriguas.
Ahora, al gobierno de la cuatro T le resulta fácil promover la prisión preventiva oficiosa, que es meter a la cárcel a las personas para que desde ahí intenten defenderse aplicando la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Se trata de exprimir a las y los contribuyentes. Se trata de amagar a las y los emprendedores con proceder en su contra y amenazarlos con expropiar su patrimonio mediante la Ley de Extinción de Dominio.
Hace casi 8 meses, el 19 de febrero, aprobamos la terrible regresión del artículo 19 constitucional bajo el pretexto que encarcelando a los presuntos culpables se iban a disminuir los delitos del huachicol, feminicidios, robo de automóviles, etcétera. Nada de eso ha sucedido, lo único cierto es que con esta reforma disminuirán aún más la inversión, el empleo y la confianza en el desarrollo del país.
3. Puerta trasera para entrar a la Constitución. Es tal la sequía recaudatoria que el gobierno del presidente López Obrador está enfrentando, que está dispuesto a utilizar el arma nuclear por excelencia de su arsenal legislativo, es la Ley de Seguridad Nacional, esta misma que garantiza la protección e integridad de la nación mexicana. La misma que se dedica a combatir el terrorismo, la sedición, la agresión de alguna nación extranjera, entre otras graves amenazas. La misma que desde su publicación en 2005, no ha tenido cambio alguno.
Equiparar la defraudación fiscal y la fabricación de facturas falsas, es, por decir lo menos, un verdadero despropósito que contradice abiertamente las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Solo se puede entender si a través de esa puerta trasera pretenden darle constitucionalidad a lo que es claramente inconstitucional.
4. Facturas falsas como excusa para cazar causantes. Los delitos de defraudación fiscal no ameritan prisión preventiva oficiosa. Sí necesitan la máxima severidad en su persecución y castigo. Para lograrlo se requiere efectividad en la investigación por parte de las autoridades responsables: Procuraduría Fiscal y Fiscalía General de la República.
De poco va a servir seguir acumulando delitos y penas, si no funciona adecuadamente la procuración de justicia.
No es igual ser parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína hacia el norte, que ser un o una consumidor de drogas. La ley establece la diferencia y castiga con distinta intensidad. Esto no sucede en el caso de las facturas falsas, el mismo rigor se aplica a quienes las elaboran, expiden y venden, que a aquellos que las compran y utilizan.
Ambos merecen castigo. Para los primeros, verdaderos delincuentes organizados dedicados a expedir comprobantes de operaciones simuladas, que se les aplique la Ley Contra la Delincuencia Organizada, a los demás compradores y usuarios de las facturas falsas, con una rigurosa aplicación del Código Penal basta, así como está la minuta que llegó del Senado es intransitable su aprobación para el Grupo Parlamentario del PRI.
Una y otra vez mi grupo presentará reservas para recuperar su enfoque original, aquél de abril de este año que nos unió en el esfuerzo común de combatir la expedición y venta de facturas falsas. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, presidente. Yo quisiera utilizar esta intervención para demostrar que no tienen razón varias de las afirmaciones que se han hecho en esta tribuna.
En primer lugar, la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un régimen de excepción y encuentra su justificación por el peligro potencial que representan algunos delincuentes para la existencia del Estado mismo. Cómo no va a ser, a poner en riesgo al Estado, si de 2014 a 2018 9 mil empresas facturaron operaciones simuladas que realizan 8 millones de facturas falsas que suman 1.6 millones de pesos, dando una pérdida fiscal casi de 400 mil millones de pesos.
Y no sé de dónde sacaron, un diputado dijo aquí que estaba bajando. No. Se multiplicó por seis veces en el sexenio pasado lo que ya venía ocurriendo es sexenios anteriores. Los derechos fundamentales se ven suprimidos en aras de salvaguardar la integridad del Estado, lo cual encuentra su fundamento, diputada, en la llamada doctrina del Derecho penal del enemigo, que ha sido retomada por nuestra Constitución al igual que en Colombia, y en otras muchas cosas. Y lo hicieron ustedes, no nosotros.
Las consecuencias de la reforma, volvemos a decirlo, no irradia a los contribuyentes cumplidos, tampoco a los que cometan errores, porque esos se resuelven mediante el derecho administrativo, incluso tampoco –como se dijo aquí– los que cometan delito de defraudación fiscal. No estamos hablando de eso.
Reiteramos, para que se pueda constituir la delincuencia organizada se requiere la confabulación de tres, los montos que ya han sido explicados aquí. Pero alguien dijo que no cubría los requisitos de proporcionalidad cuando estos están aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está dicho en cuatro características, y este conjunto de leyes cubre esos cuatro requisitos.
Primero. Tiene un fin constitucionalmente válido en términos del 31, fracción IV de nuestra Constitución, y léase la identificación de una finalidad constitucionalmente válida emitida por la Corte.
Segundo. Es una medida idónea, puesto que aunque se hace uso del derecho punitivo y del régimen de excepción del derecho penal del enemigo, la medida es castigar a estos delincuentes que al ser aprobada esta norma, tendrá un efecto disuasivo y al ya no cometerse el sistema delincuencial, entonces habrá una mejora considerable de la recaudación fiscal.
Tercero. Hay una necesidad de la medida y se justifica plenamente para remediar el daño presupuestario que le ocasiona al Estado la cantidad de delitos que se han cometido en materia fiscal por defraudación fiscal, por emisión de facturas falsas, y esto pone en efecto en riesgo al Estado.
El proyecto propone hacer cambios drásticos en cómo se sancionará a estos delincuentes y no al ciudadano que cometa otros delitos fiscales o que incurra en errores en sus declaraciones fiscales.
No existe otra vía para frenar delincuentes organizados que han perjudicado tanto a la Hacienda Pública, pues se trata de delincuentes peligrosos, amparados anteriormente por el gobierno, una norma light, una norma débil, no es efectiva para disuadir estos comportamientos, menos aún para sancionarlos y para erradicarlos.
Cuarto requisito. La Constitución, para el Constituyente Permanente prefirió la existencia de principios democráticos republicanos antes de premiar, de solapar a delincuentes peligrosos. De ahí la proporcionalidad de la medida que se encuentra plenamente justificada, constitucionalmente en los artículos varios, el 16, el 18, el 19, el 20, del apartado B de la Constitución de la República.
Aquí se nos ha dicho que no sabemos, que tenemos confusiones conceptuales, que son aberraciones, como la de Víctor Manuel López Gachuz, que creó una red de 400 empresas fantasma utilizadas por Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos públicos de Veracruz y financiar las campañas de su partido político. ¿Esto es un despropósito, esto es una aberración? ¿Esta es una confusión conceptual? No. Si se lee un artículo muy importante de Forbes, de la revista, ahí van a ver hasta nombres, modus operandi de cómo ocurre este delito.
Nos dicen que no sabemos, pero si ustedes sí sabían ¿entonces por qué permitieron este grado de impunidad que implica una pérdida fiscal tan grande para el Estado? Desde luego que por eso nuestro país es considerado uno de los más ineficientes de América Latina por su frágil capacidad recaudatoria que los contribuyentes aportan apenas un 8.5, 11 por ciento del producto interno bruto y ha venido a la baja.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Termino diciendo que todos estos cambios son necesarios para acabar con el régimen de corrupción que prohijaron los gobiernos anteriores. A eso sí le llamamos desmantelamiento. Estamos desmantelando el régimen de corrupción. Ese ya se acabó, llegó a su fin por fortuna.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Saludamos a estudiantes de la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, invitados de la diputada Pilar Lozano Mac Donald. Bienvenidos. También a integrantes del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, invitados por el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez. Sean bienvenidos. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, para hablar en contra.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidente. Uno de los temas más relevantes de la propuesta en la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo es la tipificación de conductas de evasión fiscal como delincuencia organizada y como delitos contra la seguridad nacional.
El Grupo Parlamentario del PRD va a votar en contra porque es evidente la desproporción injustificable entre un delito fiscal y un atentado a la seguridad nacional. Estamos sin duda, como todos, de acuerdo en incrementar la recaudación evitando la evasión.
Estamos de acuerdo en eliminar prácticas que como esta adquirieron carta de naturalización y se convirtieron en acciones de carácter prácticamente generalizado para evadir el fisco. Debe por lo tanto combatirse el ilícito con los mecanismos de la ley y también con acciones prácticas que tienen el SAT y otros organismos del Estado a su alcance, en los sistemas de control de emisión y validación de las facturas.
Por ejemplo, el Servicio de Generación de Facturas del SAT permite proveer y certificar la factura solo con la e.firma para las personas físicas, también para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal.
También el SAT tiene el Servicio de Solicitudes por la no Emisión de Facturas, que es un servicio de conciliación con el causante que puede informar al SAT que uno de sus proveedores no le ha entregado la factura por la compra de bienes y servicios, aun cuando ya la ha solicitado.
Con esa información el SAT puede fácilmente identificar e invitar a los emisores de facturas a expedirlas y a enviarlas directamente al solicitante, a su correo.
En síntesis, el SAT lo que pretende es trasladar su capacidad de investigación y sus obligaciones, a los contribuyentes. Este servicio, cuyo objetivo es ofrecer al contribuyente un servicio que coadyuve a obtener su factura para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando el proveedor no la proporcione, ya existe, como también existe el Servicio de Certificación de Facturas y lo pueden ejecutar todos los contribuyentes que requieran la emisión de su factura o de su validación.
Señalo o anterior porque ya hay medidas prácticas que pueden fortalecerse para combatir esta práctica ilícita de facturas apócrifas, y sancionar a quien incurra en el delito de evasión, pero de ninguna manera con acciones de persecución fiscal.
Saben ustedes que en el Presupuesto de este año el respaldo al SAT prácticamente solo compensa la inflación y el apoyo a la Procuraduría Fiscal. Es de una cantidad que lo deja en la indefensión para combatir con medidas de inteligencia y de tecnología moderna la evasión fiscal.
Entre el firme combate a la evasión y al fraude y el terrorismo hay una línea divisoria, no es una línea delgada, es una línea gruesa y visible. Si se traspasa esa línea lo que es una acertada política fiscal comprensible para todos, es fortalecer las finanzas públicas, y se puede convertir en un conjunto de medidas arbitrarias de carácter persecutorio regresivo que viola principios universales de derecho como la presunción de inocencia, como ya se ha denunciado en el curso de las sesiones de Parlamento abierto y en las sesiones de la Comisión de Hacienda y Justicia.
Con esta iniciativa regresamos a un país subsumido en los años setenta. Pareciera que 50 años de avances en materia tributaria en México se tiran a la basura. Es necesario reformar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes en el momento en que reciban facturas apócrifas.
Habrá miedo por parte del contribuyente cuando se les ofrezca regularizar su situación fiscal, debido a que esto puede generar en algún delito sin posible reparación. Lo que está en juego es la discrecionalidad de los servidores públicos, que pueden hacer de esta herramienta un mecanismo de persecución que puede llegar hasta adversarios políticos. Pero para los inversionistas será un elemento importante a considerar si pueden caer en el riesgo de estar en prisión preventiva, en extinción de dominio o en alguna otra medida que puede poner en riesgo su inversión o patrimonio y, desde luego, esto los puede inhibir.
Desafortunadamente, la minuta pone en manos de los servidores públicos, de algunos de ellos, herramientas capaces de destruir al empresario, a la empresa y afectar a la inversión.
En fin, presentar esta iniciativa judicial para atender un problema fiscal es una mala forma de abordar el tema. Sí estamos a favor de recaudar más. Sí queremos que se dejen de cometer delitos, pero no queremos que paguen justos por pecadores.
Se pone en entredicho al Estado de derecho, derechos humanos, garantías constitucionales, presunción de inocencia. Se inhibe a la inversión y, por lo tanto, a la recaudación. Se deja en manos de funcionarios criterios al arbitrio y condicionalidad para interpretar de por sí una ley con criterios excesivos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: ¿Es positivo el querer buscar que los temas recaudatorios del país sean más equitativos y más justos? ¿Es positivo el querer combatir las prácticas y uso de las empresas fantasmas y de los actos jurídicos simulados? En Movimiento Ciudadano creemos que sí, que la esencia de ir por esos grandes causantes que causan afectación al erario público, pero que además esto es en contraparte de aquellos causantes cautivos y responsables que sí cumplen, nosotros consideramos que sí.
Aquí ya se ha dicho algunas cifras de lo que significa esa evasión y de lo que ha crecido en los últimos años. Pero además yo diré que por supuesto, que como Cámara de Diputados y como Congreso de la Unión sí es nuestra responsabilidad el ir a luchar por que haya una mejor recaudación y tener más recursos para poder atender las necesidades básicas del país, porque somos el peor país de la OCDE en temas recaudatorios y el penúltimo lugar en América Latina solo por encima de Nicaragua.
Nuestros impuestos en teoría deberían tener tres principios: recaudar, regular y redistribuir, situación que no se resuelve, ya que gran número de contribuyentes, de malos contribuyentes se ríen del SAT con estrategias de evasión fiscal, llenándose los bolsillos de esta manera.
Y ya no digamos en materia de distribución, la riqueza se queda en unas cuantas manos, por eso la mitad de los mexicanos están en pobreza y 10 millones lo están en pobreza extrema.
Sin embargo, también advertimos que en esta legislación y en su redacción no podemos admitir una mala jugada en temas de constitucionalidad. No podemos permitir que haya una falta del debido proceso de defensa para aquellos causantes honestos, y que no solo vayamos a perjudicar a los grandes factureros.
Por eso, para tener certeza jurídica para los empresarios y los causantes que sí pagan sus impuestos debemos dejar una redacción clara, apegada a la Constitución y al Estado de derecho.
Como ya se ha dicho también, la prisión preventiva oficiosa no resuelve de fondo el tema de los delitos, no disminuye la incidencia y sí afecta gravemente cada vez más la presunción de inocencia. Por eso nosotros consideramos que en este debate debemos abrirnos, debemos corregir las imprecisiones y los excesos inconstitucionales que tiene. Pero, sobre todo, debemos tener conciencia de los alcances y los excesos de esta reforma.
No caigamos de nueva cuenta en ignorar a las reservas y las manifestaciones de las voces que decimos que se puede tener una legislación con reservas, que puede mejorar su aplicación y evitarnos que nos corrijan la plana en acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo.
Los excesos nos llevan al fracaso y no benefician la aplicación efectiva de las leyes. Por eso, aunque estemos de acuerdo en la esencia de perseguir a los factureros y a esta red de crimen, que trata de llevarse ese recurso del erario público, no podemos estar de acuerdo en que se cometa terrorismo fiscal y que se lastime al sector económico del país que sí cumple con sus impuestos.
Nos pronunciamos nosotros, en Movimiento Ciudadano, por cumplir con la esencia de un tema que lastima tanto al país y que lastima a los causantes cautivos por el abuso de grandes causantes evasores. Pero, sin embargo, presentaremos reservas en dos temas básicos:
Primero en la redacción de inconstitucionalidad donde se quiere equiparar a la delincuencia organizada, y que esto es anticonstitucional. A través de esto se quiere entrar por la puerta trasera a la prisión preventiva, del artículo 19, lo cual es un exceso. Pero, además, no podemos suponer que estas acciones encuadran en el artículo 3 de los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional. Esto es un exceso.
Podemos tener una legislación que sirva, que castigue a esos factureros, que castigue a los evasores. Pero, escuchen, podemos hacer una legislación por unanimidad, una legislación que cumpla con la Constitución y sea para todos los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Enrique Ochoa Rea, para hablar en contra.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Estamos a favor de que el Estado recaude lo justo para que atienda las necesidades sociales. Estamos en contra de la evasión fiscal. Estamos en contra de las facturas falsas. Estamos en contra del abuso de la prisión preventiva oficiosa. Estamos en contra de una maniobra legislativa para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa por la puerta trasera, abusando de la Ley de Seguridad Nacional.
Estamos en contra del abuso a la presunción de inocencia y a los derechos humanos. Estamos en contra de penas desproporcionadas. Estamos en contra de que la vida empresarial de nuestro México se criminalice.
No les apliquen el derecho penal del enemigo a las familias de las clases medias de este país que invierten y que generan empleos. Si no quieren criminalizar la vida empresarial, pues muy sencillo, en su oportunidad aprueben las reservas que eliminen, que eliminen la actividad empresarial de la Ley de Delincuencia Organizada y de la Ley de Seguridad Nacional.
El dictamen que se someta a consideración de este pleno, no acredita en qué magnitud se va a incrementar la recaudación fiscal. Por el contrario, voces de economistas y empresarios alertan que la recaudación caerá, si la economía sigue cayendo y si sigue cayendo la inversión.
Esta ley de terrorismo fiscal es prima hermana de la Ley Extinción de Dominio y su engendro será el desplome económico, el desempleo y la caída en la recaudación. No se pueden comprar más ambulancias, más medicinas o más camas de hospital si la recaudación sigue cayendo.
Diecinueve expertos en derechos y representantes de las organizaciones empresariales de este país se expresaron en contra de la propuesta que se somete hoy a consideración de este pleno. Lo hicieron con argumentos técnicos. Tan solo lean las páginas 7 a 13 del dictamen que tienen en sus pantallas.
Pero, para quienes no lo van a hacer, les voy a comentar algunas de las expresiones que los 19 expertos en la materia señalaron sobre el dictamen. Dijeron: Es una reforma atroz e innecesaria, es una exageración, contraviene varios principios constitucionales, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de derecho. Esta reforma –dijeron– no es idónea ni cumple la proporcionalidad que protege la Constitución.
De hecho, si ustedes quieren subir la recaudación, como lo han señalado en diversas expresiones en esta tribuna, abramos una discusión a una reforma fiscal integral que construya un país más justo pero que apoye la inversión y la generación de empleo justo y duradero para las mexicanas y los mexicanos de nuestro país.
Ya lo hicimos desde el Parlamento. Recordarán ustedes que se hizo una reforma fiscal con el voto, incluso, de legisladores y legisladores que están aquí presentes. Y el país, en el 2013, por ingresos tributarios recaudaba 9 puntos porcentuales del PIB; ahora recauda 13. Eso es una reforma fiscal. Si lo que quieren es incrementar la recaudación, esa es la ruta, no estas reformas de terrorismo fiscal. Esto lo que va a hacer es afectar la economía.
Compañeras y compañeros, se deben de corregir estos abusos. Los que se han señalado puntualmente a través de la aprobación de reservas que sumen las voluntades de las diputadas y los diputados que aquí han expresado dudas sobre lo que aquí se pretende aprobar. Si no lo hace va, con el terrorismo fiscal, a matar la gallina de los huevos de oro, van a afectar el crecimiento económico, van a afectar la inversión, van a afectar la recaudación y van a lastimar al país. Nunca digan que no se los advertimos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, para hablar en pro del dictamen hasta por cinco minutos. En tanto llega a la tribuna, esta Presidencia saluda la visita de los representantes de jubilados y pensionados del ISSSTE y de los centros de estudios del estado de Michoacán, invitados por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sean bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: El combate a la corrupción en nuestro país se ha convertido en el principal reto que ha de enfrentar no sólo el gobierno federal, sino nuestra generación. A casi un año de gobierno podemos ver el desastre en el que se encuentra la nación. Adonde se mire bota la corrupción.
El saqueo a la nación tuvo consecuencias catastróficas. Hay 60 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza; es decir, que viven con menos de un dólar al día. Eso es una emergencia nacional. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece nuestro Estado como democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y de régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La defensa de la hacienda pública es la defensa de la democracia.
La Ley de Seguridad Nacional en su artículo tercero dispone que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, es una premisa fundamental la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.
El pago de contribuciones para los gastos públicos es una obligación de todas y todos de manera proporcional y equitativa, como lo dispongan las leyes. Pretender eludir de manera indebida esta obligación ciudadana es un ataque a la hacienda pública y, por consiguiente, a la sociedad. Insisto, la defensa de la hacienda pública es entonces la defensa de la democracia.
En México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Secretaría de la Función Pública, el costo por la corrupción oscila entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, cuando la media internacional es del 5 por ciento. El PIB nacional es de alrededor de 1.5 billones de dólares. Es decir, con las cifras de la ONU, en México cerca de 2 billones de pesos están vinculados a las actividades de corrupción. Sólo para contrastar, el presupuesto anual del gobierno federal es de 5.7 billones de pesos. Cabe hacernos la pregunta: ¿dónde estuvo el Estado? ¿Los críticos de la técnica legislativa dónde estaban?
El presente dictamen pone los puntos sobre las íes. Este dictamen cierra la puerta a la porosidad fiscal y castiga severamente a quien atente contra la hacienda pública, porque eso daña a la gente y sus oportunidades de desarrollo. Ya lo dijeron aquí mis compañeros, a cuánto estamos significando las pérdidas por esta defraudación fiscal.
Apoyamos este dictamen porque ya no permitiremos que se siga saqueando la riqueza del pueblo, porque queremos un país diferente, con prosperidad y de Estado de derecho. Esta medida servirá para fortalecer los servicios públicos en todo el país. No habrá lugar para la defraudación fiscal. Ya no habrá espacio para las componendas en las altas esferas del poder. Ya cerramos la puerta a la condonación y la extensión de impuestos, ahora, a la defraudación fiscal y al uso de facturas falsas serán delitos que ameriten prisión preventiva por el alto costo social que implica.
Es una medida de excepción en condiciones excepcionales de vulneración del Estado de derecho. En 2016 inicio un nuevo sistema penal en México, antes de esa fecha, quién cometió un delito fiscal grave enfrentaba su proceso penal en cárcel, prisión preventiva, por lo tanto, esta figura no es nueva para los delitos fiscales.
Con el nuevo sistema todos los delincuentes fiscales llevan su proceso en libertad, lo que provocó que perdieran el miedo a cometer estos delitos. Coincidentemente con la eliminación de la prisión preventiva durante los últimos tres años, de manera importante, la compraventa de facturas falsas para no pagar impuestos creció, creándose empresas fantasmas dedicadas exclusivamente a esta actividad, los llamados factureros. Estos utilizan y se aprovechan de personas de escasos recursos o de bajo nivel educativo para crear las empresas fantasmas, registrarse ante el SAT y abrir cuentas bancarias.
Los verdaderos dueños de este negocio criminal no aparecen en ningún documento que los incrimine. Estos factureros no solo evaden al fisco, sino que prestan sus servicios a lavadores de dinero, narcotraficantes y funcionarios públicos corruptos, generándose ganancias multimillonarias. El SAT ha identificado la existencia de 9 mil empresas fantasmas que han emitido en los últimos años facturas falsas por un valor equivalente a 1.6 billones de pesos, cifra que supera el presupuesto público de muchos países.
Todas estas preocupaciones que se hicieron valer en diferentes audiencias que se tuvieron en las comisiones unidas están consideradas en el dictamen y por eso creemos importante, necesario, como medida excepcional pero urgente habilitar ya estas medidas para inhibir el que quieran defraudar al fisco y, por lo tanto, defraudar a la democracia, es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, solicito su atención por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No se considera suficientemente discutido. En tal sentido, tiene la palabra para hablar en contra la diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI, hasta por cinco minutos. En tanto llega a la tribuna, saludamos a los alumnos de ciencias de la seguridad de la Universidad Autónoma de Querétaro presentes en este recinto, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Con su permiso presidente. Compañeras y compañeros diputados, realmente, me siento muy decepcionada sobre lo que hoy estamos legislando. En primer lugar, nos decían que el objeto de este conjunto de reformas era la recaudación, parece que escuché que 300 mil millones de pesos por parte del diputado oponente.
Sin embargo, si este fuera en realidad el objetivo deberíamos estar legislando en materia de ingresos, en materia fiscal, en materia hacendaria, estaríamos viendo cómo incentivar el crecimiento económico, ¿cómo generar más empleos? ¿Cómo tener más inversiones en nuestro país? Y, en contra sentido, lo que estamos legislando es justamente todo lo contrario.
Lo que están queriendo hacer es encasillar a la fuerza la defraudación y la emisión de facturas falsas, en un mismo cajón, en dónde encontramos aquellos delitos relacionados con el terrorismo, con el narcotráfico, con la trata de personas, con el contrabando entre otros. Es como si quisieran ponerse un zapato que de verdad no les queda.
En el Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en que se debe eliminar a todos los emisores de facturas falsas, insisto, si ya se tienen identificados 8 mil millones de facturas falsas y 9 mil empresas que las emitieron, ahí hay materia para actuar conforme a lo que hoy establece el Código Fiscal vigente, hay pena para ello ¿por qué no actúan?
Pero, más bien, equiparar la defraudación y la evasión fiscal con delincuencia organizada es desproporcionado y además es engañoso.
Fíjense, la Ley contra la Delincuencia Organizada abarca delitos que por su propia y especial naturaleza deben de ser perseguidos con la severidad que dichas conductas ameritan y que pongan en riesgo la seguridad de la vida de las personas.
Además, fíjense, todos los delitos que están relacionados con esta ley tienen penas acordes a esta gravedad, hasta 40 años parta el caso de terrorismo, hasta 30 años en el caso de tráfico de armas o pornografía o turismo sexual. Sin embargo, incorporada la Ley de Delincuencia Organizada, una pena de 3 a 6 años cuyo bien titulado, como ya lo mencioné, no es la vida o la seguridad de las personas, tiene un solo objeto: no nos engañemos, compañeras y compañeros diputados, es instaurar un régimen de terror contra los contribuyentes.
No hay referente internacional, somos muy creativos, pero no en lo bueno. No hay ninguna experiencia internacional que siquiera se acerque tantito a la propuesta que hoy nos están presentando y que proviene del Senado.
Ante la precaria situación económica que enfrenta nuestro país y debido a la caída en la recaudación del gobierno para este año, yo estoy convencida de que lo que pretenden este conjunto de reformas no es enfrentar un problema con nuevas herramientas. Las herramientas ahí están, ya lo mencioné en el Código Fiscal, sino abrir la puerta para la obtención de recursos económicos fácilmente a través de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Es decir, antes que un juez determine si el contribuyente es o no un delincuente organizado, pues de manera inmediata van a poder ir con sus bienes, tomarlos, venderlos y hacerse de recursos, cubrir el hueco presupuestal debido a las malas decisiones de política económica que han tomado, a partir de los bienes de montonales de empresas lícitas que hoy trabajan y les dan empleo a los mexicanos.
Ahí está lo recaudatorio, seríamos, como ya lo mencioné, el primer país en la historia del mundo que usa la vía de la extinción del dominio para atender huecos presupuestales y en medio no de una crisis económica mundial, sino en medio de una crisis a consecuencia de las malas decisiones internas.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos en contra de este dictamen porque no busca atender las causas del fenómeno de la facturación falsa y mucho menos los efectos. Si nominar el ambiente de estado de derecho y de presunción de la inocencia, especialmente de quienes proporcionan el 97 por ciento de los empleos de este país porque los empleos no los produce el gobierno ni los programas sociales ni los beneficiarios. Los empleos que se generan en este país los generan las empresas, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas de este país y con estas medidas vamos a generar, más bien, todo lo contrario. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Carlos Javier Lamarque Cano, de Morena, hasta por cinco minutos, para hablar en pro del dictamen.
En tanto se acerca a la tribuna, saludamos a deportistas mexicanos medallistas de la pasada Universiada Mundial de Roma 2019 en las disciplinas de clavados, atletismo, lucha, taekwondo y tiro con arco, así como de medallistas mundiales de deporte adaptado en danza, pesas y paratletismo, invitados por el diputado Erik Morales. Sean bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Carlos Javier Lamarque Cano: Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Dolores Padierna Luna: Adelante, compañero.
El diputado Carlos Javier Lamarque Cano: Terrorismo fiscal, penas excesivas. ¿Saben qué? Simplemente es miedo a que termine el saqueo de este país o tal vez quieran seguir metiendo facturas falsas millonarias como la compra de rastrillos, el avión presidencial que tenía Peña Nieto. Quizá esa sea la razón de tu temor.
Se dice que es un exceso considerar la facturación falsa como delincuencia organizada y lo dicen, entre otros, argumentos porque como los que... o parte importante de los que cometen ese delito son empresas, son figuras legalmente constituidas y, por ello, no se les puede considerar delincuencia organizada porque solo consideran delincuencia organizada a quienes actúan en organizaciones de facto. Eso está equivocado.
La delincuencia organizada se constituye, de acuerdo al dictamen, cuando tres o más personas se juntan, se organizan para planear y ejecutar defraudación fiscal y en este caso en particular la facturación falsa. Es la intencionalidad la que define si es delincuencia organizada o no.
Señoras y señores, diputadas y diputados, también dicen que a cualquier persona se le va a poder acusar, detener, encarcelar solo por el hecho de que alguien le entregó una factura falsa.
Eso es mentira, es una falsedad, el dictamen establece... tipifica claramente en qué casos se va a considerar la prisión preventiva y el delito como delincuencia organizada. Es decir, no cualquiera, solo aquellos que, de acuerdo a los artículos 108 y 113 Bis, caen en el supuesto cuando la cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen tres veces lo establecido en la fracción III de los artículos 108 y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Esto más o menos equivale a 7.8 billones de pesos. No cualquiera puede hacer eso y afuera, cualquiera otra persona no va estar considerada en los delitos tipificados como delincuencia organizada. Teoría fiscal es que los últimos 4 años se hayan despedido 8 millones de facturas falsas, que se hayan ido al caño de la defraudación fiscal 2 billones de pesos, de los cuales un millón 600 mil millones corresponden a facturación falsa.
Señoras y señores. Teoría fiscal es esa evasión, es que esa cantidad represente el 26. 2 del presupuesto para 2020, esa cantidad representa 34 veces lo estimado al sector agropecuario, silvicultura y pesca, 2.5 veces a salud, entre otras cosas.
Terrorismo fiscal también es que empresas como Cemex, Femsa, Bimbo, Comercial Mexicana, entre otras, paguen menos del 10 por ciento de impuestos, cuando un trabajador común paga hasta el 30 o 35 por ciento.
Por ello, de una vez por todas, diputadas y diputados, nuestro México no puede seguir soportando estas prácticas deshonestas que vulneran su patrimonio y seguridad nacional, y, consecuentemente, el bienestar del pueblo. Y, por ello, este día el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen para terminar con el saqueo que se ha fomentado en los últimos gobiernos.
Por el bien de México ya nunca más se permitirá el saqueo que afecta la distribución de la riqueza y el bienestar de nuestro pueblo. Que viva la cuarta transformación.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, para fundamentar en contra, tiene la palabra el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi: Voy a dirigir mi participación para todos aquellos legisladores que tienen la duda, yo sé que muchos la tienen, incluso, dos grupos parlamentarios han venido a esta tribuna a fundamentar en contra y han dicho que van a votar a favor. Estamos todavía a tiempo de evitar esta atrocidad jurídica.
Compartimos el diagnóstico, sí. Compartimos que el problema existe, sí. Compartimos que se tienen que tomar medidas, sí. Lo que no compartimos es el remedio, porque no va a funcionar.
En primer término, existió un filósofo jurista austriaco llamado Hans Kelsen, que en su teoría describió la jerarquía de las leyes en una pirámide. Yo creo que la mayoría de ustedes comprende lo que es una pirámide, y la teoría consiste en que un nivel inferior de la pirámide no puede atentar en contra de uno superior. Y en la parte superior coloca un documento llamado Constitución. Nuestra Constitución no permite lo que están haciendo en las leyes secundarias. Lo que están haciendo es burlan a la Constitución, es burlar el proceso constitucional para implementar una medida que saben que no pasaría por dos terceras partes, porque nuestros propios legisladores están convencidos.
Ya está aquí, por mucho, acreditado que no es una medida idónea, que no es una medida necesaria y que no es una medida proporcional. Pero, además, están cancelando cualquier posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios. Es decir, que por medio de una vía eficiente y de una vía administrativa, el gobierno puede recuperar dinero. No solo no van a recuperar dinero, se va a caer más la economía. En un año vamos a estar viendo que la recaudación es inferior.
Pero además, es una reforma mal hecha, es increíble que hasta en una reforma de esta envergadura estén predominando las mediocridades. Tienen contrapuesto el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En una procuran o intentan encuadrarlo a delincuencia organizada, en la segunda. En el Código Nacional de Procedimientos Penales ni siquiera se tomaron esa molestia. Únicamente enumeran actividades como si ese Código pudiera describir la prisión preventiva oficiosa únicamente por ponerlo ahí, sin la necesidad de atender al 19. Se los dije ayer y se los repito hoy: se va a caer por medio de amparos, de servilleta. Hecho por una persona de primaria no se necesita ciencia.
Siguiente. Están legislando con falta de evidencia. Es cierto que 1.6 billones de pesos son alarmantes y requieren todas las medidas y todas las alternativas que este Congreso pueda darle al Estado. Pero no se ha acreditado a cuántos de esos causantes han intentado procesar y por falta de una medida como esta se han escapado de la justicia. Lo más probable es que ni siquiera hayan iniciado estos procesos de manera adecuada, por lo tanto, no se acredita.
Luego, ¿cuáles son las finalidades de la prisión preventiva? La primera, evitar la sustracción de la justicia, es decir, que se escapen. Segundo. Evitar que obstaculicen el proceso de la justicia. Y tercero. Evitar que atenten contra las víctimas o contra los testigos.
Bueno, pero es que aquí no pasan ni el primer filtro. Han mencionado empresas grandísimas y ayer un diputado decía en la comisión, que nunca se van a ir de México porque México es un gran negocio.
Bueno, y si no se van a ir de México, entonces cuál es el miedo de que se escapen de la justicia cuando las autoridades competentes tienen las herramientas necesarias para realizar embargos de todo tipo y garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Lo que pasa aquí es que están ahorrando el trabajo de los funcionarios que tienen que investigar.
Por último. Una diputada sostuvo aquí que estas redes criminales se aprovechan de la gente pobre poniéndolas como socios y poniéndolas al frente como carne de cañón. Quiero que sepan los que defienden a estas personas, que los primeros que se van a ir a la cárcel en una medida como esta son los socios de esas empresas. No de las empresas multimillonarias de las que hablaron; de esas que simulan y a través de la simulación evaden, eluden y defraudan, y esos son las personas pobres de las que se aprovechan. Y esos son los que van a terminar pagando por esta irresponsabilidad.
Por último les dejo una pregunta. Para legislar hay que conocer el tema. ¿Cuántos de ustedes han emitido alguna vez en su vida alguna factura, y cuántos de ustedes han incluido una factura en su contabilidad? Porque si provienen de la informalidad o en su vida han realizado ninguna de estas actividades, es a través de la ignorancia que están lastimando a este país. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Partido del Trabajo, para hablar en favor del dictamen.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Compañeras y compañeros legisladores, el Partido del Trabajo está, como siempre, a favor de la mayoría desgraciadamente tan desprotegida en este país.
Por eso estamos de acuerdo con el dictamen que nos presentan las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, por el que se reforman diversas disposiciones cuyo propósito es combatir la inmensa evasión fiscal que se hace a través de la facturación falsa, esta práctica que tanto ha perjudicado al Estado, y por lo tanto al pueblo de México.
El dictamen tiene el objetivo central de fortalecer la soberanía tributaria del Estado mexicano al evitar que particulares, desgraciadamente en colusión con la autoridad en la mayoría de los casos, medren con los recursos que son de todos los mexicanos. Esta práctica tan socorrida en administraciones pasadas, debe terminar.
Recordemos que el artículo 31 constitucional en su fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público, de la manera proporcional y equitativa que establezca el Poder Legislativo a través de las leyes correspondientes.
Sin embargo, este ordenamiento legal ha sido vulnerado una y otra, y otra vez, pues la carga fiscal del país la han llevado históricamente los más pobres, la clase trabajadora a la que se le retiene religiosamente el impuesto sobre la renta.
Pero hay otro grupo, muchos de los grandes contribuyentes, no todos afortunadamente, que históricamente han comprado facturas falsas y otros que las han vendido para amparar actividades que nunca realizaron, las adquieren con toda conciencia y por lo tanto cometen fraude al fisco.
Según estimaciones de la autoridad fiscal, de 2014 a 2019 se han librado 8 millones 827 mil 390 facturas falsas que amparan un monto de operaciones por 1.6 billones de pesos, con una presunta evasión de 354 mil 500 millones que representan el 1.4 del producto interno bruto.
Por eso, entre las reformas propuestas se encuentra la relativa al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para adicionar las fracciones VIII Bis y VIII Ter. Aclarando que la actual fracción VIII se refiere a contrabando y su equiparable. Y la fracción VIII Bis que se adiciona, se refiere a defraudación fiscal. La VIII Ter que se refiere a la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Desde luego que cualquier empresario que realice sus actividades en pleno cumplimiento de lo que establecen las leyes, no tiene absolutamente nada de qué preocuparse, solo aquellos que saben que su conducta es irregular.
Porque estos cambios solo combaten a aquellos que con pleno conocimiento de que su actuación al emitir estos comprobantes, es contrario a la ley, y aún así siguen realizando estas conductas, pues hay que incrementar las penas y hay que fortalecer los actos de gobierno contra ellos.
En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de fortalecer los ingresos públicos para que el Estado mexicano pueda realizar una amplia política social que permita sacar de la marginación económica a casi la mitad de la población del país que vive en condiciones de pobreza. Por eso votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra la diputada Silvia Garza Galván, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar en contra del dictamen.
En tanto llega a la tribuna, saludamos a los alumnos de la Universidad Veracruzana, invitados por la diputada Cynthia López Castro, que se encuentran en este recinto. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Gracias, diputada presidente.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Pues no voy a requerir los cinco minutos porque creo que es venir a aquí pregonar en desierto de oquis, a como están. Y si bien es cierto que es indispensable terminar con la defraudación fiscal en la que se incurre, en eso estamos de acuerdo, todos los que hemos pasado aquí.
Pero, compañeros diputados y diputadas, es una violación al espíritu de la ley lo que estamos haciendo. Las leyes, independientemente de que sea de cual se trate, tienen que operar bajo un criterio de justicia, equidad y orden, cuestiones que no están haciendo ustedes.
Estamos en una rayita que no se ve y que tenemos que cuidar muy bien a esa aplicación del terrorismo fiscal. Debemos distinguir varios supuestos, y el dictamen no es claro, el dictamen está hecho al vapor y miembros de sus mismas bancadas están, y no están de acuerdo y quieren más tiempo para analizar esto bien. Esto lo tenemos que hacer bien porque es nuestra responsabilidad. Además, tienen que ustedes hacerse responsables de las decisiones económicas que han tomado, señores. La economía se les fue de entre las manos. La economía no está fuerte en el país.
Tienen que responsabilizarse de esas encuestas a manos alzadas que nos han perjudicado tanto y que violan la ley. Desde que entraron, entraron violando la ley. Cancelar el aeropuerto a mano alzada es un acto que jamás habíamos vivido como parlamento que estamos aquí y que juramos respetar la ley, la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es increíble lo que está pasando.
Entendemos su desesperación, entendemos que no están recaudando, entendemos que las decisiones que han tomado son pésimas y que recaudan menos, eso lo entendemos. Pero nuestra obligación es hacer un dictamen bien hecho con la ayuda de los expertos que aquí tenemos de todas las fracciones parlamentarias en economía. Creo que es una gran oportunidad.
Pero créanme que lo que criticaron por tanto tiempo y se lo criticaron al PRI y a Acción Nacional, ustedes lo han potencializado. Enhorabuena. De llevar a este país que es la quinceava economía a nivel mundial, no sé a dónde vayamos a parar. De verdad, los felicito por lo que están haciendo. Urge recaudar, de acuerdo, pero hagámoslo bien.
En resumen, señores, se pretende calificar como delitos actos que presumen dolosos sin juicios previos. Se liga la presunción de delitos con las posibilidades de confiscación de bienes también sin juicio.
Se violan las garantías bajo la óptica de presumir primero que se es culpable y como no debería de ser, que es el contrario, ser inocente. Se vinculan los actos de presunción de delito fiscal con el de confiscación de bienes, mismo que no pueden devolverse de encontrarse de inocente al inculpado.
Es dar a las autoridades discrecionalidad sobre bienes y patrimonio sin previo juicio, y a la voluntad de los funcionarios no regidos bajo una ley precisa. La discrecionalidad es un acto corrupto que pretende sustituir a otro, así de simple.
Pero no se preocupen, México necesita patriotas y esta ley va a fracasar. No va a aumentar la recaudación y van a necesitar patriotas y aquí los vamos a estar esperando para reformar esta ley.
Yo quiero llamar a aquellos legisladores responsables de las bancadas que están apoyando en este momento al gobierno a ser patriotas y en no estar haciendo dictámenes al vapor, que nos vamos a arrepentir todos. Muchísimas gracias, es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, para fundamentar el dictamen a favor.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona: Con su venia, diputada presidenta. En las últimas décadas la defraudación y la evasión fiscal se convirtieron en el deporte favorito de un grupo delincuencial auspiciado desde el poder público. Constituían empresas únicamente con el fin de delinquir. Por ello, desde esta tribuna les digo a los empresarios, a los que tributan, que no tienen de qué preocuparse. El que nada debe nada teme.
Estas empresas factureras no tienen recursos humanos, no tienen recursos materiales, no tienen ninguna infraestructura que les permita prestar un servicio. Sin embargo, facturan actos simulados. Eso es delincuencia organizada, eso es el delito que se comete.
Por ello, quienes hoy reclaman como anticonstitucional e ilegal esta reforma, no es que estén reclamando la ilegalidad, se les está acabando el negocio que ellos construyeron desde el poder público.
No nos va a temblar la mano. Hoy Morena está del lado del pueblo. Nunca más actos de corrupción generados desde el poder público.
El efecto de la emisión de facturas falsas ha sido tan gravoso en perjuicio del Estado, que merece la implementación de medidas duras, sin que ello signifique terrorismo fiscal.
El objetivo es erradicar la corrupción, que las facturas falsas ya no sean un vehículo para evadir obligaciones fiscales a través de la desviación ilícita de ingresos, sacrificando el bienestar de la ciudadanía.
El gran negocio de facturas falsas ha llegado a ser un problema nacional. Reitero, empresas que solo aparecen con un fin único e ilegal, que utilizan todo el aparato jurídico y del Estado, desde su creación hasta la propia liquidación de la empresa operadora, generando así una recaudación baja, simulada y nada asimétrica con la operación real de la empresa.
No es óbice lo anterior sostener que la prisión preventiva no es violatoria ni atenta contra el derecho a la libertad. Ya que el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que dicha figura será legal cuando sea utilizada por una causa debidamente establecida. Y en este caso, al ser la emisión de facturas faltas un delito que se ha incrementado como si fuera una conducta consuetudinaria legal, por ende, es claro que se encuentra debidamente fundada y motivada.
Hoy en la cuarta transformación pensamos en ese saqueo que históricamente generaron desde el poder público, pero pensamos en que el pueblo de México fue arrodillado. Esos ingresos que deberían haber llegado al Estado y dispersarlo en los programas sociales, en favor de los que menos tienen, nunca se vio.
Nuestros jóvenes, nuestros campesinos, nuestros indígenas fueron invisibles ante la mirada de los gobiernos anteriores, porque no representaban un negocio. Con el presente dictamen apoyaremos lo recaudado a los programas sociales en favor de México y en favor de los que menos tienen.
La transformación, la cuarta transformación va, y va de la mano con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que viva México.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se considera suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional; los artículos 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 113, fracción III, y el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación; el artículo 11 Bis, apartado B, fracción VIII Bis, del Código Penal Federal, y los artículos primero y segundo transitorios del proyecto de decreto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo...
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, secretaria, perdón. Diputado Enrique Ochoa, ¿con qué finalidad pide la palabra? Micrófono, por favor.
El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Gracias, presidenta. Ilustración al pleno, por favor. Según lo que leyó usted, parecería que entonces todo está reservado. ¿Ese es el caso? De ser el caso, no habría nada que votar, ¿o sí?
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mire, diputado, esto es del Reglamento, de la Ley, y estamos aplicándolos como debe ser, independientemente de lo que pueda parecerle a alguien en lo particular. Sin embargo, no están reservadas varias partes del decreto. Continúe, diputada. Diputada secretaria, continúe.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada, diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada, diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 318 en pro, 3 abstenciones y 121 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 318 votos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a la discusión en lo particular de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Tiene la palabra, en primer término, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN, para presentar sus reservas al artículo 2o., fracción VIII, hasta por cinco minutos.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentamos la reserva al artículo 2o., fracción VIII de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿De qué trata? De contrabando y contrabando equiparado. De acuerdo al artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, comete contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías.
Uno. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.
Dos. Sin permiso de la autoridad competente cuando sea necesario este requisito.
Tres. De importación o exportación prohibida.
También se comete el delito de contrabando a quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país, de cualquiera de los casos anteriores, así como quien extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las autoridades o las personas autorizadas para ello.
Por su parte, en el artículo 105 del mismo Código, se establece la hipótesis del contrabando equiparado como quien tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido, vehículos importados de manera ilegal, presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada, entre muchos otros delitos.
Y existen sanciones vigentes, actuales en el Código Fiscal, en el artículo 104 que establece el delito de contrabando con sanción de pena de prisión. En su fracción II con claridad se manifiesta, de 3 a 9 años si el monto de las contribuciones de las cuotas compensatorias omitidas excede un millón 243 mil 590 pesos, respectivamente. O, en su caso, si la suma de ambas excede un millón 865 mil 370 pesos.
Y dos. Que de 3 a 9 años también se sancionará cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, reformar el artículo 2o, fracción VIII de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que la pretensión de tratar como delincuencia organizada a quienes cometan contrabando o contrabando equiparado, únicamente se efectúe en los casos que ameriten la pena preventiva privativa de la libertad, de tres a nueve años por el monto de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, que excedan un millón 865 mil 370 pesos, por el que se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo federal, para lo cual se sugiere la siguiente redacción.
En el artículo 2o de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, en la parte octava: Contrabando y su equiparable previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación cuando les correspondan las sanciones previstas a la fracción II o III del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación.
En el parlamento abierto se puso de manifiesto que esta reforma es impugnable, que contraviene con claridad el principio de inocencia, de seguridad jurídica y del debido proceso. Que implica una sobrerregulación ya que hay disposiciones vigentes que sancionan la defraudación fiscal y la facturación falsa.
No es una reforma idónea, porque la penalización no incrementa la recaudación ni amplía la base tributaria. Hacemos un llamado a que se realice una reforma fiscal integral. El SAT cuenta con los elementos para ir por los evasores apoyándose en los avances tecnológicos existentes.
Hay objetivos ocultos dentro de esta reforma, romper el secretario bancario y congelar cuentas.
Para terminar, no debemos perder de vista que las empresas fantasma dedicadas a emitir facturas falsas no cuentan con activos, con personal, con infraestructura física, con domicilio fiscal, que después de un tiempo lo desocupan, que comparten domicilio con otros contribuyentes, que generalmente están en zonas marginadas.
Que son virtuales, ficticias, que los socios no cuentan con recursos económicos, que no declaran, que son ilocalizables, que habitan zonas marginadas o fueron simplemente empleados que abren cuentas y luego las cancelan.
Por ello, esta reforma lo que busca es que se sigan...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputada.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: –Concluyo, presidenta–, que se sigan las sanciones previstas en la ley vigente. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor, procederemos a recoger la votación. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del PRI, para el mismo artículo y misma fracción, 2o, fracción VIII.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en la necesidad de combatir la evasión y la elusión de los impuestos, ya que se trata de un grave problema que tiene nuestro país y que reduce potencialmente la recaudación que provoca, por supuesto pérdidas y una enorme desigualdad entre los contribuyentes y atenta contra el desarrollo económico y social de México.
Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos contiene una serie de reformas que pretenden criminalizar en lugar de recaudar. En otros casos, no contempla con todos los supuestos y sanciones como el delito del contrabando. Al respecto, cabe preguntar, ¿quiénes son los que van a caer en este supuesto? ¿Todos los contribuyentes? ¿Todos aquellos que tributamos? ¿O quiénes, amigas y amigos?
Es fundamental que se aclare esta cuestión que nos parece central, sin duda el dictamen en cuestión presenta, pues una serie de inquietudes, dudas y preocupaciones que ya han sido señaladas por empresarios y especialistas en la materia.
Por ello, para contribuir a su solventación, vengo a presentar reservas sobre la fracción VIII, artículo 2o. de la Ley Contra la Delincuencia Organizada para que su redacción sea la siguiente:
Contrabando y su equiparable previstos en los artículos 102 y 105 cuando les correspondan las acciones previstas en las fracciones II y III del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, recuperar la redacción actual. Es cuanto, ciudadana presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, su atención por favor. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, para argumentar modificaciones al artículo 2o, fracción VIII.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Abril Alcalá Padilla: A ver, diputados y diputadas. Ya se nos está haciendo costumbre pasar este tipo de leyes, aunada a la Ley de Extinción de Dominio que nos ha dejado con un muy mal sabor de boca y que envía un mensaje muy contradictorio a aquellos quienes producen, aquellos quienes generan riqueza y generan empleo en México.
Esta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada define que este tipo de delincuencia se da cuando tres o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer algún delito como terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores y otros crímenes a los que ahora se quiere sumar, la defraudación fiscal. De verdad que desde su concepción suena un tanto absurdo y exagerado, y muy probablemente convierta esta medida en contraproducente.
Hoy con esta reforma se propone equiparar a un defraudador fiscal con un terrorista o un tratante de personas –dense cuenta–, asignándole así sanciones claramente desproporcionadas y exponencialmente mayores a la justa retribución sin importar que esto incluso signifique vulnerar sus derechos fundamentales.
A ver. Acuérdense, diputados y diputadas, hace cuánto que apenas pasamos de manera más contundente al sistema de facturación electrónica, ¿hace cuánto? ¿Sabían ustedes que cerca del 50 por ciento de las empresas aún están en la informalidad, o sea que todavía no pasan a este sistema?
Aquí el punto es que todos lleguemos a contribuir de manera relativa a nuestros ingresos para el bienestar general del país, porque sabían que el sistema de facturación electrónica aún es un sistema incipiente que puede generar errores, y que con esta ley estarían criminalizando dichos errores y a la vida empresarial del país, amenazando y criminalizando a quienes producen, a quienes generan empleo y riqueza para redistribuir. Ahí aguas, porque por ahí hay dos contadores, el de Yeidckol Polevnsky y de Ana Gabriela Guevara, que podría meter a mucha gente a la cárcel por algún errorcillo.
Sin titubeos el PRD decididamente está en contra de las empresas fantasma y del tráfico de facturas porque efectivamente, esto es una defraudación a todos y todas las mexicanas, pero entendemos que hay casos gravísimos y también lo sabemos diferenciar.
Que no nos engañen, todo mundo sabe que es el pequeño contribuyente el que no tiene salida. Es al que no se le perdona ni un peso, y han sido grandes empresas que incluso están enlistadas que ya han defraudado al fisco y por lo tanto a México.
Esto efectivamente se trata de terrorismo fiscal, aunque no les guste el término. Hay que acabar con la pobreza, no con la riqueza, señores diputados, porque sin esta riqueza no se puede redistribuir y no les va a alcanzar para todos los apoyos que tienen planeados. No les va a alcanzar porque este tipo, insisto, de terrorismo fiscal solo es una de tantas medidas que está atemorizando y generando una tremenda incertidumbre entre el empresariado. Con ello me refiero desde la empresa más pequeñita.
Si los y las mexicanas, insisto, sabemos que el pequeño contribuyente, y estos estarán incluidos entre las micro, pequeñas y medianas empresas, son a los que cada año y cada declaración si se pasan, si cometen cualquier error se las ven negras, y todos lo sabemos.
¿Sabían ustedes que las primeras extorsiones ya se están suscitando bajo la amenaza de estas medidas? Saben que estamos abriendo la puerta a grandes abusos hacia los desprotegidos.
¿Son conscientes de que con esta medida destruirán miles de micro empresas, que ahuyentarán la inversión y la creación de empleos por temor a este Estado persecutor y antieconómico?
De verdad están tan desesperados por sacar dinero hasta de debajo de las piedras que están dispuestos a pisotear a quienes tanto se han esforzado por tener lo que tienen, por contribuir los contribuyentes.
Pareciera que ustedes ven al empresariado como al enemigo, como si lo culparan de todos los males y los quisieran castigar desde el más profundo resentimiento, y no se dan cuenta que son los aliados más indispensables, efectivamente es la gallina de los huevos de oro y ustedes la quieren matar, de por sí está medio agónica y le quieren dar el tiro de gracia.
No se dan cuenta de que lograríamos más incentivando la formalización y el crecimiento en lugar de criminalizar al verdadero músculo productivo que nos ha puesto en el mapa. Es por eso, compañeras y compañeros que les pedimos que vean esta iniciativa con responsabilidad, con criterio.
En contraste, estas medidas lo único que van a lograr es espantar a todo el que busca producir, crecer y generar empleo, y no sé si se habrán dado cuenta, pero incluso ya están saliendo inversiones de nuestro país...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Si puede concluir, diputada.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Concluyo, diputada presidenta. Y este año la formalización de las empresas se ha reducido trágicamente.
Entonces yo lo que les propongo es que el artículo 2o. quede tal y como está, porque finalmente ya hay leyes que persiguen la evasión fiscal. Nada más hay que fortalecer el Estado de derecho. Por qué mandarle este mensaje otra vez...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya por favor, diputada.
La diputada Abril Alcalá Padilla: ...al empresariado como si estuviéramos en contra, y este divorcio absoluto entre lo público y lo privado. Yo creo que es muy desafortunado, diputadas y diputados. Y bueno, en cuanto a seguridad nacional, nada más...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor, diputada.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Sí, diputada presidenta, es que estoy presentando dos reservas juntas, permítame un segundito. Por otra parte, o sea el artículo 5o., en cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, tiene como fin elevar ese delito a seguridad nacional.
Entonces analicémoslo, diputados y diputadas. Yo creo que hay tantos problemas tan graves en México que tenemos que unir fuerzas entre empresarios, entre la buena voluntad pública. Y yo creo que aquí les estamos mandando el mensaje equivocado.
Qué ironía que a los verdaderos delincuentes los vean con ojos misericordiosos y a quienes han, bueno, además de que los quieren sacar de la cárcel, de cárceles federales, por cierto, y a los ciudadanos productivos y generadores de riqueza de nuestro país, los desprecian y los castigan de tal manera. Se los dejo sobre la mesa. Espero lo tomen en cuenta. Muchas gracias, diputada presidenta, por su paciencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o., fracción VIII, que presentó la diputada Alcalá. La segunda modificación la cantaremos en la ley correspondiente. De momento, solo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, para presentar reservas al artículo 2o., fracciones VIII y VIII Bis.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Nada más solicitar, antes de iniciar, como voy a justificar las reservas de dos artículos, de dos leyes distintas en una sola intervención, sí pediría que hubiera un poquito de tolerancia en el tiempo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Así será, diputada.
La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Muchas gracias. Primero, quiero señalar con toda claridad que estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que los delitos de defraudación fiscal vinculados a la venta de facturas, como las empresas fantasma, sean sancionados penalmente.
De hecho, ya están contenidos tanto en el Código Fiscal, como en el propio Código Penal. Entonces, aquí habría que hacernos la pregunta, ¿qué ha sido lo que no ha funcionado porque ya está establecido en estos códigos?
Evidentemente apoyo que se establezcan mecanismos más enérgicos para combatir frontalmente la práctica ilegal de estos dos hechos, porque entiendo perfectamente que se afecta la capacidad recaudatoria del Estado mexicano. Lo que me resulta totalmente injustificado es hacerlo a través de un régimen excepcional que solo aplica a delincuentes de alta peligrosidad, que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado.
Plantear la defraudación fiscal y la venta de facturas en los delitos de prisión preventiva oficiosa equiparándolo a delincuencia organizada, es violatorio, compañeros y compañeras, a los principios que establece la Constitución, que son muy importantes, que fueron los que establecieron el nuevo sistema penal acusatorio, donde prevalece un principio que nosotros deberíamos de cautelar, como es el principio de presunción de inocencia.
Segundo. También es violatorio a todas luces del artículo 1o. de la Constitución, donde se establece con mucha claridad que entre otras responsabilidades tenemos como atribución fundamental y además como órgano legislativo de hacer valer plenamente los derechos humanos que contiene la Constitución.
Es decir, hay una violación a un sistema penal acusatorio, que fue muy difícil la construcción, y también una gran iniciativa que se estableció a partir de 2011.
Después, el dictamen que se pretende aprobar contraviene los principios, como decía, de la reforma penal, al pretender equiparar el delito de defraudación fiscal a la delincuencia organizada. Lo cual, insisto, viola el artículo 19 de la Constitución.
Quiero aquí señalar con mucha claridad, que estuve en contra de que se incrementaran los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio desde que lo discutimos. Incluso me pareció totalmente inadecuado que se ofreciera la ampliación de estos delitos en el Senado de la República y que prácticamente todos los partidos políticos propusieron un delito distinto, olvidándose justamente de la obligación de hacer valer los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia.
La Comisión Interamericana señala que la aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de delito constituye no solo una violación al derecho a la libertad personal, protegido por la Convención Americana, sino que convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada y, además, constituye una interferencia ilegítima del legislador en las facultades de valoración que le competen a la autoridad judicial.
La presunción de inocencia se aplica de manera excepcional y debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Solo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones.
Es preciso señalar que los delitos de carácter patrimonial, como es el caso, si bien el ofendido es el Estado, no se trata de delitos violentos. La naturaleza de los delitos de carácter patrimonial conlleva la posibilidad de recuperación de los bienes perdidos.
Si se establecen estas conductas como amenaza a la seguridad nacional, estaremos frente a todo el poder del Estado que podrá usar todos los recursos que legalmente tiene conforme lo señala el artículo 33 de la Ley de Seguridad Nacional, tales como la información anónima o las intervenciones de comunicaciones privadas, la escucha, el monitoreo, la grabación, etcétera.
Yo soy de las que pienso que lo políticamente correcto siempre es velar por lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y esa es nuestra principal responsabilidad.
Por eso estoy proponiendo, que ya se incluyeron también en otras propuestas, la modificación al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional para que se elimine la fracción XIII, así como se modifique el artículo 8o., el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Yo solicito, de verdad, que asumamos claramente esta responsabilidad que tenemos, de acuerdo al artículo 1o., y como legisladores de este país, de hacer valer el Estado de derecho que se funda en la Constitución de todos los mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o., fracciones VIII y VIII Bis, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y el 5o., fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, presentadas por la diputada Villavicencio.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desechan y se reservan para su votación nominal en términos del dictamen. En el uso de la palabra, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del PAN, para presentar reserva al artículo 2o., fracción VIII Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia, me voy a permitir resumir en una sola intervención las dos reservas de la que he solicitado mi intervención.
Presento esta reserva a nombre del Partido Acción Nacional, al artículo 2o., fracción VIII Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dentro del dictamen que nos ocupa.
En este sentido, nosotros proponemos que para que esta conducta proceda como delincuencia organizada sean necesarios dos elementos. Como lo dice el dictamen, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y siempre que se presente la calificación prevista en el inciso i) del citado artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Esto es que para poder tomar esta conducta como un delito de los que se persigan por delincuencia organizada, deberán ser delitos calificados cuando se asemeje o supere la cantidad citada en el párrafo anterior, de 7 millones 804 230 pesos y siempre que se utilicen o expidan comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Es prudente establecer que se debe declarar como un delito grave cuando cumpla con la calificación mencionada, esto, en principio, para poder equipararla con actos de delincuencia organizada, como lo establece el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Debemos privilegiar y respetar la presunción de inocencia y no dejar el dictamen como está, con una incriminación de manera anticipada y prejuzgar sin tener elementos para ello.
Se debe investigar, procesar y en su caso condenar, a quien actúe con dolo y una verdadera intención de defraudar al fisco, y no a quien, por un error de terceros colaboradores como pueden ser los encargados de la contabilidad de personas físicas y morales, afecten las operaciones y finanzas de ciudadanos y empresas honorables, que de buena fe todos los días trabajan generando empleos y prosperidad a las familias mexicanas.
Apoyemos al sector empresarial, hagamos puentes para mejorar las condiciones económicas del país. Busquemos también castigar a los verdaderos responsables y no tratar de obtener una recaudación fiscal a través de procedimientos penales sin sentido.
El fracaso en la recaudación fiscal es solamente eso, la imposibilidad de cobrar impuestos. No malinterpretemos esto generando conflictos donde no los hay, tipifiquemos el delito como de delincuencia organizada solo cuando se acredite la calificación del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, como lo he explicado, y sea tomado en cuenta como conductas graves donde quede firme la intención lasciva, permanente y reiterada de las personas que lo cometan.
No comparemos al sistema empresarial mexicano en sus diversas modalidades y vertientes con vulgares delincuentes y querer aplicarles prisión preventiva oficiosa sin ningún sustento legal. Para eso están los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional.
Tengamos en cuenta que las empresas fraudulentas, las empresas fantasmas, etcétera, son empresas que no tienen fines lícitos, no cuentan con domicilios fiscales reales ni patrimonio ni personal en ellas; todo lo contrario, a las empresas legalmente constituidas con fines lícitos, domicilios fiscales reales, personal y patrimonios verdaderos.
Seamos un Congreso responsable, apoyemos a quienes generan riqueza y prosperidad en nuestro país. Es cierto, debemos combatir la defraudación fiscal, pero no a costa de dañar a quienes trabajan responsablemente bajo el manto de la formalidad y compromiso con México. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o, fracción VIII Bis, presentado por la diputada Rosario Guzmán.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, para presentar reserva al artículo 2o, fracción VIII Bis, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Siempre somos los mismos, 50 diputadas y diputados discutiendo, mañana, tarde y noche cuando nos corresponde, cumpliendo nuestra responsabilidad ¿y dónde están los demás?
Hace unos días este Congreso reformó la Constitución para que ampliáramos el periodo ordinario de sesiones, para que tuviéramos un mes más de trabajo. ¿Un mes más para qué? Un mes más para que seamos 50 los que discutamos los grandes temas nacionales y los demás no estén ni en el salón de plenos. ¿Un mes más para qué? Para que se presenten reservas por parte de los grupos políticos, parlamentarios con representación minoritaria y que la mayoría no abran ni siquiera la discusión a estos temas. ¿Un mes más para qué?
Espero que el día de hoy podamos establecer un nuevo tono y que nos merezcamos un mes más de trabajo arduo a favor de México.
Compañeras y compañeros, se ha discutido aquí con puntualidad y también se dijo en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Hacienda, que esta reforma no pretendía criminalizar al contribuyente. La reserva que aquí presento, es la oportunidad para que no se criminalice al contribuyente.
Verán ustedes, en la Ley de Delincuencia Organizada, no existe actualmente la defraudación fiscal. La defraudación fiscal sí es un delito, está penado, está castigado, con dinero o con cárcel. ¿Por qué entonces meterlo a la Ley de Delincuencia Organizada? Y la respuesta es que, a través de la Ley de Delincuencia Organizada, al meter la defraudación fiscal, donde no estamos hablando necesariamente de facturas falsas –no lo estamos hablando–, podemos estar hablando de una persona que tuvo errores en su contabilidad, se le aplique la prisión preventiva oficiosa.
Este Congreso reformó la Constitución para establecer las conductas delictivas que considerábamos que eran obligatorias para la prisión preventiva oficiosa. En ese listado no pusimos la defraudación fiscal. La estamos poniendo aquí, por la puerta trasera, modificando la Ley de Delincuencia Organizada.
¿Y qué sucede entonces con el contribuyente? Que cometiendo un error puede ser señalado por la autoridad, no por la comisión de un delito, que pudiera aclararse ante un juzgado correspondiente. No, ahora con esta modificación se le criminaliza y va directo por la Ley de Delincuencia Organizada a sufrir la prisión preventiva oficiosa. Y ¿qué daño se le hace adicional? Le aplica la Ley de Extinción de Dominio que esta legislatura aprobó, equivocadamente también.
Entonces una persona que comete un error a partir de esta criminalización que se le está haciendo, incorporando defraudación fiscal en el la Ley de Delincuencia Organizada va a sufrir prisión preventiva oficiosa y la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
Eso es criminalizar al contribuyente. Ustedes, varios de ustedes dijeron que no querían criminalizar al contribuyente, pues esta es la oportunidad. Corrijamos con esta reserva el artículo 8o. Bis de la Ley de Delincuencia Organizada eliminando la defraudación fiscal de esta ley, y estableciendo, como ya lo está, que la defraudación fiscal es un delito, es perseguible por la autoridad, tiene como consecuencia una pena que incluye posiblemente cárcel para quien efectivamente haya cometido el ilícito. Pero saquémoslo de la Ley de Delincuencia Organizada donde ustedes lo quieren meter.
Si efectivamente, compañeras y compañeros legisladores, no se pretende criminalizar al contribuyente, esta es una primera muestra corrigiendo el dictamen que viene del Senado, y estableciendo puntualmente la oportunidad de que el contribuyente inocente pueda aclarar en plena libertad efectivamente los errores de contabilidad que pudo haber presentado al fisco.
No es necesario llevarlo a la Ley de Delincuencia Organizada. No es necesario utilizar esta trampa para que se establezca prisión preventiva oficiosa. Tampoco es necesario establecer a través de esta puerta trasera el acceso a la Ley de Extinción de Dominio para el contribuyente que cometió un error. A esto nos referimos con criminalizar al contribuyente.
Si ustedes, compañeras y compañeros, no quieren criminalizar al contribuyente, abran el debate, que se discuta. Tienen ustedes abogados importantes que pueden defender el tema, que lo hagan y que alivien la duda que tenemos todos.
Lo decimos con puntualidad, porque así lo dice el dictamen. Por favor lean la página 19. El monto económico que está señalado ahí no aplica para una factura, no aplica para un año de ejercicio fiscal. El monto económico que está señalado ahí, de acuerdo a lo que dice la página 19 del dictamen, se debe de entender como que pueden ser múltiples facturas en múltiples ejercicios fiscales.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, diputado.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Cualquier pequeña o mediana empresa cumple con el supuesto que dice el dictamen. Ustedes están criminalizando al pequeño y mediano contribuyente. Reconózcanlo.
Abram el debate, discutámoslo, mejoremos la legislación y legislemos juntos a favor de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o, fracción VIII Bis, de la Ley Contra la Delincuencia Organizadas.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del PAN, para presentar reserva al artículo 2o, fracción VIII Bis de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El diputado Fernando Torres Graciano: Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Fernando Torres Graciano: Sin duda que el diputado Ochoa Reza dio argumentos sólidos técnicos, que es la intención también de un servidor, pero también me queda claro que los argumentos jurídicos, las propuestas técnicas, las propuestas para mejorar muchas veces los dictámenes a lo largo de este año, son constantemente rechazadas. No valen razones y no valen los argumentos, por técnicos que sean o jurídicos.
La propuesta que hacemos nosotros en esta reserva es que en la fracción VIII Bis del dictamen se pueda agregar, muy simplemente decir “exclusivamente cuando sean calificados”.
¿A qué se refiere esto? Habla este artículo, en el dictamen dice: defraudación fiscal previsto en el artículo 108 y en los supuestos de defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 109, fracciones I y IV, ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
Este artículo habla de una primera parte, que es la parte cuantitativa, cuando el monto de lo defraudado se correlaciona con la parte de los años de cárcel. Pero este mismo artículo tiene una segunda parte que establece acciones concretas que también servirían de calificar para proceder, y les voy a dar lectura rápidamente a qué acciones son.
Dice esta segunda parte del artículo 108: Los delitos de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código, serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realizan, no llevar sistemas o registros contables a que se está obligado, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Manifestar datos falsos para realizar una compensación de contribuciones que no corresponden, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes.
Es importante la calificación en los términos de esta segunda parte del artículo 108, porque es todo lo que nos garantiza precisamente, da certeza y seguridad de que un ciudadano inocente no se vea afectado. Porque también tendrán que revisar que él incurrió en varias de estas acciones, y es una garantía para evitar que un inocente sea procesado y llevado a prisión preventiva. Porque, una vez que se revisaran estos supuestos, vamos a ver si esa persona sí hizo esas actividades. Si no las hizo, pues sin presunción de inocencia.
Creo que esto es para garantizar el debido proceso y para garantizar también el respeto a la Constitución. Como está es inconstitucional. Se los van a tumbar en amparos, se los van a volver a ganar.
Estamos de acuerdo en el fondo de muchos de los temas. Lo que parece ser es que aquí no hay voluntad de recibir propuestas para mejorar los dictámenes o mejorar mucho de lo que aquí hemos discutido.
Creo que vamos a seguir insistiendo, una y otra vez, para dejar testimonio de que el PAN tiene la voluntad de participar y colaborar. No en todo estamos en contra. Hay cosas, insisto, estrictamente técnicas que podemos mejorar, pero no hay voluntad de la mayoría para escuchar nada. Simple y sencillamente se usa la mayoría y se hacen oídos sordos a propuestas, a mejoras y a perfeccionar lo que aquí discutimos como dictamen.
Esto pareciera más que es una estrategia de terrorismo fiscal, para echarla a andar cuando alguien critique al sistema. Un sistema de terrorismo fiscal para callar a las voces críticas. Pareciera más una propuesta de un régimen dictatorial, que realmente mejorar el sistema fiscal. Es más, el delito ni debería existir, con tecnología cualquier factura que se meta falsa puede ser reexpresada, rechazada y nadie podría hacer negocio con facturas. Pero bueno.
Otro tema que no se ve, pero no puedo dejar de comentarlo, poner como tema de seguridad nacional esto es un absurdo. La seguridad nacional no tiene nada que ver con este tema de defraudación fiscal. Creo que no se debe tocar esta ley, sin embargo, aquí viene.
Tenemos en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional una propuesta de agenda de riesgos a la seguridad nacional. Tenemos también un compromiso de no hacer pública la información que nos dan, pero si ustedes vieran la pifia de documento que nos entregaron como riesgos a la seguridad nacional es de risa.
Yo quisiera pensar que nos la dieron para que los legisladores no estuviéramos dando lata y que haya un documento que sea serio. Pero si ese documento es el de verdad, pobre país.
Creo que se están equivocando una vez más al no aceptar las propuestas que con rigor técnico aquí hemos hecho como oposición. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o., fracción VIII Bis.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. En el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 2o., fracción VIII Bis, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. También firmada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Voy a insistir en la reserva del diputado del Partido de Acción Nacional, que me antecedió en el uso de la palabra, porque es un tema muy importante respecto al artículo 2o. de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y lo voy a hacer con alguna parte de argumentos que tenía preparada mi compañera Carmen Julia Prudencio, secretaria de la Comisión de Seguridad, quien por cierto tuvo que retirarse porque tuvo el sensible fallecimiento de su señora madre y a quien le mando un fuerte saludo, que ya va rumbo a Guadalajara.
Ella precisamente es una especialista en ese tema de seguridad y en el tema de delincuencia organizada, e hizo algunas precisiones muy importantes.
En esta reserva que se presenta para modificar el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada efectivamente, como decía el diputado que me antecedió en la palabra, para que se cumpla el supuesto de equiparar los delitos de defraudación fiscal en el catálogo de delitos que se consideran como delincuencia organizada, es necesario que se cumplan otros preceptos en la calificativa, que no solamente son cuantitativos, sino cualitativos, que se establecen en el artículo 108, y como ya se dijo es el usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes fiscales, manifestar datos falsos, entre otros, que tienen como finalidad el calificar este delito para poder diferenciar entre los causantes que son de buena fe, que son cumplidos, que son honestos y no cometer una injusticia y no cometer una persecución contra los buenos empresarios, y distinguir cuáles son los que de manera reiterada están incurriendo en estas conductas y que son esos factureros sobre los que queremos ir y es en lo cual nosotros estamos de acuerdo.
Sin embargo, hacerlo de esta manera, con esta redacción que se propone, es anticonstitucional, pero además va contra los principios generales de derecho, y mi compañera Carmen lo dijo citando un aforismo del latín, que dice: Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, que se traduce que no es otra cosa que ningún delito, ninguna pena sin ley previa, y que no es otra cosa que una conducta puede ser calificada como delito solamente si está establecida como tal y es con anterioridad a la conducta.
Por eso, en Movimiento Ciudadano insistimos en que es un tema de legalidad, es un tema de los principios generales de derecho, es un tema de hacer las cosas correctamente, y si la mayoría decide no aprobar esta reserva, seguramente como también ya se dijo, pues va a ser frágil de que pueda ser susceptible a juicios de amparo o acciones de inconstitucionalidad y que luego nos estemos lamentando, como en el caso de otras legislaciones que hoy tenemos que corregir la plana, porque se hizo de manera incorrecta.
Y la propuesta concreta al artículo 2o., fracción VIII Bis, dice así: la defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y el supuesto de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción IV, ambos del Código Fiscal de la Federación exclusivamente, y ahí inicia la reserva, cuando se refiera a la calificativa establecida en el 108, que ya mencioné, y en el monto de lo defraudado de supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
De no ser aprobada esta reserva, seguramente como vemos que sucederá, estamos en el riesgo de que nuevamente tengamos una ley, como lo hemos venido diciendo, como la Ley de Extinción de Dominio, como en otras legislaciones que por la prisa, por las carreras de sacarla sin modificarle una coma más cuando viene una minuta del Senado, por intereses que son ajenos al interés de los mexicanos, porque los mexicanos nos pusieron aquí para hacer las cosas correctamente y aunque digan que ustedes quieren ir contra los factureros y contra la defraudación fiscal, nosotros también, pero hacer las cosas correctamente es la diferencia de nuestros argumentos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada al artículo 2o., fracción VIII Bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Partido Encuentro Social, para hacer reserva al artículo 2o., fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas: Diputadas y diputados, terminar con el huachicol es algo en que todas y todos los diputados estamos convencidos.
Pero la forma y la estructura legal que planteó el Senado y donde no hizo caso a las observaciones de parlamento abierto, en Encuentro Social no estamos de acuerdo.
¿Cómo dar un verdadero ejemplo a la sociedad si aprobamos normas como van? ¿Cómo dar un verdadero ejemplo a la sociedad si no analizamos y solo votamos a ciegas?
Diputadas y diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita de nuestro apoyo, pero no así, así no. No podemos considerar como delincuencia organizada a un delito que no lo es.
Así no podemos, no podemos poner un delito en una ley que no le corresponde. Que sea claro, compañeras diputadas y diputados, delincuencia organizada y defraudación fiscal no es lo mismo. No es lo mismo secuestrar o traficar con personas que defraudar al fisco.
Los defraudadores crean empresas, van ante un notario, pagan sus derechos, van al SAT, con prestanombres o como sea, y se les vuelve contribuyentes para después vender facturas.
¿Acaso un secuestrador va al SAT? ¿Cuándo hemos visto a un capo del narcotráfico ir con un notario? Debemos ser claros, defraudación fiscal no es un delito de delincuencia organizada. Defraudación fiscal no es un delito que ponga en riesgo la soberanía de este país.
Sí es un delito que está causando daños y eso lo sabemos, lo tenemos claro pero no lo podemos tipificar así.
Para Encuentro Social es clara la visión del presidente de terminar con el huachicol fiscal, pero en Encuentro Social no vemos la visión del presidente en esta propuesta de reforma.
La visión del presidente es clara, que el Estado avance, pero cumpliendo la norma. La visión del presidente es precisa, el huachicol fiscal nos afecta a todos, pero no todos participan en ello.
Para Encuentro Socia, presentamos esta reserva y queremos dejar claro, la reservas a esta reforma es pensando en los hombres y mujeres emprendedoras y emprendedores, es pensando en que existen y debemos respetar nuestro marco legal.
Si el legislador no lo hace, entonces quién lo va a hacer. Si nosotros que estamos violentando la ley entonces, con qué cara vamos a ir a darle a la sociedad a cuestionar otras cosas.
La reserva es para dejar bien claras estas cosas. La reserva es para poner en su dimensión el delito de la defraudación fiscal. La reserva es para dar certeza y certidumbre a los contribuyentes.
Aquí Encuentro Social estaremos proponiendo una reforma en la que todas y todos puedan participar. Aquí esperen una propuesta de Encuentro Social que sí respeta la norma y pone en su debida dimensión el delito de la defraudación fiscal, pero no podemos estar de acuerdo en tipificarlo como delincuencia organizada. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 2o., fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI, para presentar reservas al artículo 2o., fracciones VIII Bis y VIII Ter.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros legisladores, esta es una reforma de verdad muy, muy, muy peligrosa. En primer lugar, agrega un nuevo delito, no solamente los delitos que ya estaban y que ya conocíamos y que están tipificados y que se encuentran en el Código Fiscal, como son la defraudación fiscal y la emisión de facturas falsas.
O sea, la emisión de facturas falsas, es decir los factureros, los que le denominamos los factureros, hoy están tipificados, hay penas como ya lo hemos mencionado, económicas de cárcel, pero aquí se está agregando un nuevo delito, que es el delito a los que adquieren o trasmiten facturas que pudieran ser falsas. Y ahí es donde la mayoría de los que han estado analizando esto coinciden en que es un terrorismo fiscal, porque podría afectar a empresas chicas, medianas o grandes, que por equivocación contable pudieran caer en estos supuestos.
Y la segunda razón por la cual es muy peligrosa es, porque estos tres delitos, los dos que ya estaban incluidos, más ahora la trasmisión o la adquisición de este tipo de facturas, que estos tres delitos se puedan equiparar con un crimen, con delincuencia organizada, es decir, que se agreguen al conjunto de delitos que se establecen en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que como ya los mencionamos, todos los delitos que están dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, son delitos que atentan contra la seguridad de las personas, contra la vida o la seguridad de las y los ciudadanos mexicanos, pero sería este el primer delito en materia económica.
Los que hoy están, como ya los mencionamos, son delitos que ameritan penas de más de 30 años y ahora estaremos incluyendo un delito con una pena pues mucho menor, de hasta nueve años de prisión.
Pero lo que quieren hacer al incluirlo o equipararlo como delincuencia organizada, es abrir la puerta para la extinción de dominio, no nada más a que los empresarios pequeños, medianos o grandes van a tener que defenderse desde la prisión, porque los meten a prisión preventiva oficiosa, que eso ya se discutió en algunas otras reservas, sino que también quieren abrir la puerta a extinción de dominio, es decir, que en el momento en el que se sospeche que hay algún acto de esta naturaleza, entonces puedan ir, correr por los bienes y venderlos, y eso realmente es lo que hace muy, muy peligrosa a este conjunto de reformas.
No perdamos de vista que además el Ejecutivo nos presentó, como parte del paquete de la miscelánea fiscal, nuevas facultades al fisco, entre ellas que los auditores puedan determinar reclasificaciones dentro de esta materia. Eso significa que si un auditor, si se pasa la miscelánea fiscal en los próximos días que vamos a estar discutiendo paquete económico y se aprueba esto –que seguramente va a ser lo más seguro– si un auditor determina que una factura puede o no coincidir con la realidad, en ese momento ya pudiera equipararse a defraudación fiscal y entonces estamos entrando ahora también en el terreno de la percepción, lo cual pudiera llevar a un cúmulo de empresarios a caer bajo los supuestos que están ahorita ustedes determinando.
Es decir, que con solo la sospecha de que el monto de una factura pudiera no coincidir con la realidad, entonces inmediatamente entran bajo el supuesto de delincuencia organizada, por tanto, se abre la puerta para extinción de dominio y por tanto extinción de dominio significa que van a tener que perder en ese momento sus bienes y Hacienda procedería a la enajenación de los mismos.
De ahí la razón de la reserva que estoy presentando, que es que se desvincule a la Ley de Extinción de Dominio, es decir, que no sea aplicable la extinción para los casos de defraudación fiscal o de la emisión de facturas falsas.
Con esto, lo que estaríamos permitiendo a los contribuyentes, es que pudieran, en todo caso, hasta que se determine la pena, procediera al decomiso, como todos los delitos que forman parte de la Ley de Delincuencia Organizada, y que no suceda lo que están promoviendo, que es que, independientemente de que lo que determine una sentencia, se inicie el proceso de extinción de todos los bienes.
Eso es en cuanto a la reserva, lo cual, por cierto, nosotros estamos sugiriendo que, de no hacerse, sería una rayita más al tigre en materia de terrorismo fiscal. Sería cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, para presentar reserva al artículo 2o, fracción VIII Ter.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, presidenta, nuevamente con su venia
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Compañeras y compañeros, estamos presentando esta iniciativa porque no nos vamos a cansar de señalar lo que está gravando esta iniciativa para el tema que nosotros hemos denominado terrorismo fiscal y que aquí hemos dado amplios ejemplos de lo que esto significa.
Si ustedes han estado revisando, como estoy segura que lo han hecho, el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada que aterriza el concepto de delincuencia organizada del artículo 16 constitucional, nos está diciendo: cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho.
Y nos vamos a la fracción en la que estamos presentando la reserva y dice aquí. Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal. Pero fíjense que el artículo 113 Bis, como se está presentando o proponiendo ahorita que quede, tiene varios párrafos en su nueva redacción.
Si no podemos únicamente que estamos refiriéndonos al primer párrafo, que es aquel al que se impondrá la sanción de tres a seis años –así lo dice ahorita– de prisión el que expide o enajene comprobantes fiscales, y en esta reforma propuesta estamos metiendo también al que adquiere y compre.
En su segundo párrafo dice el artículo 113 Bis. Al que a sabiendas que esto se está realizando, ponga anuncios y los pague, etcétera, para dar la publicidad referida. Entonces también a esas personas las estaríamos involucrando en los supuestos de la delincuencia organizada.
Volvemos. Si lo que queremos es atacar a la delincuencia organizada en el sentido de equiparar a las factureras y a las empresas fantasma, vamos acotando al artículo 113 Bis, primer párrafo. Ese sería el contenido de la reserva que estamos presentando.
Y aprovecho para decir la preocupación que nos da a nosotros el mismo artículo 113 en esta reforma que se ha estado presentando, porque su fracción III en esta propuesta se deroga para quedar todas las conductas en el Bis, y dice palabras más, palabras menos. A la persona que expida, enajene, compra o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas.
Compañeras y compañeros, no es lo mismo ser vendedor de droga que consumidor. La propia ley así lo establece en el caso de delitos contra la salud. Con esta iniciativa estamos llevando al mismo artículo que se equipara a la delincuencia organizada a las personas que están haciendo todas y cada una de estas conductas, en lugar de dejarlo como estaba con su 113, fracción III. Por otro lado, el artículo 113 Bis, puesto que son conductas diferentes e independientes que merecen un tratamiento, particularmente cuando lo estamos llevando al ámbito penal diferenciado.
Y volvemos aquí al tema, entonces, de las proporcionalidades que se les están aplicando a cada una de las conductas que están aquí.
Vamos a no engañarnos. Ahora con este tema de la materialidad, que pueden las autoridades fiscales decidir que lo que alguien efectivamente pagó en una factura pero que ellos consideren que tiene un sobreprecio, y estas redacciones que estamos poniendo, particularmente en el artículo 2o., de la Ley de Delincuencia Organizada o Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estamos dejando en este supuesto a todos y cada uno de los contribuyentes. No únicamente a las empresas más grandes ni únicamente a quienes deben tributar más por lo que más tienen.
Entonces, apelo a su consideración y pediría que votaran a favor esta reserva, aunque debo confesar, sin mucha esperanza lo hago. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos ahora a las reservas de la segunda ley que se llama Ley de Seguridad Nacional. En el uso de la palabra la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Partido Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al artículo 5o., fracciones XI, XII y XIII.
La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, terminar con el huachicol fiscal por supuesto que es una prioridad de todos. Pero ¿por qué nuevamente aprobar por aprobar? ¿Acaso no podemos hacer las cosas de forma correcta? El bien jurídico que tutela, es decir, lo que protege la Ley de Seguridad Nacional es la integridad del Estado como nación.
El terrorismo sí es un tema de seguridad nacional, no las empresas fantasma. El tráfico de armas nucleares sí es un tema de seguridad nacional, no las empresas fantasma. La interferencia extranjera sí es un tema de seguridad nacional, no las empresas fantasma.
Diputadas y diputados, debemos ser responsables. No demeritemos el tema de seguridad nacional. La defraudación fiscal es grave, pero no en las dimensiones de seguridad nacional.
En el PES estamos convencidos en terminar con el huachicoleo fiscal, pero ¿por qué hacer las cosas mal por un fin correcto? El huachicol fiscal es un delito de querella que afecta al patrimonio mexicano, es un delito patrimonial, que quede claro, más no afecta a la seguridad del Estado.
Estamos de acuerdo en que sí se amenazaría la seguridad nacional si habláramos de delitos de oficio. No nos equivoquemos, resulta excesivo que un delito de querella y no de oficio, como lo es el secuestro y el homicidio, ameriten la prisión preventiva oficiosa. Inclusive, es violatorio de derechos humanos.
Para el PES la rectoría del Estado solo se puede lograr con normas correctas, solo se puede lograr respetando nuestro marco legal.
Diputadas y diputados, las empresas fantasma tienen los recursos y medios legales para poder defenderse ante una arbitrariedad de la autoridad. Tengamos una visión más allá de nuestros actos y nuestras decisiones.
Aprobar como va la reforma, no súbitamente, inhibirá el uso de facturas falsas. La única forma de detener la defraudación fiscal es con actos de inteligencia por parte del SAT.
Las omisiones que hoy comentamos las aprovecharán los que sí defraudan y engañan a la autoridad fiscal. La defraudación fiscal sí es un tema sensible, pero así de sensibles debemos actuar.
La defraudación fiscal sí es un tema importante, pero así de cuidadosas deben ser nuestras acciones. El voto de confianza está, pero en el PES si vigilaremos los resultados de esta reforma.
Si esta reforma que acompañamos no disminuye el uso de facturas con operaciones simuladas, en el PES ya tenemos una iniciativa. La realidad espero no nos alcance y esta reforma sí tenga el beneficio que se busca, que es aumentar la recaudación fiscal. En el PES vemos en una recaudación sana la forma de generar un presupuesto sólido año con año, y la forma de poder atender los problemas graves de este país.
Reiteramos, esta reforma no es un cheque en blanco, no es una carta abierta para la arbitrariedad y la imposición. En el PES vigilaremos que esta reforma sí cumpla un fin, que termine el huachicol fiscal y pueda generar más ingresos para nuestro país. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado José Rigoberto...
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, diputado Espadas, ¿con qué motivo pide la palabra? Estamos en presentación de reservas, no en debate.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Es correcto, diputada. Es con fundamento en el artículo 46 de nuestro Reglamento, numeral 2. Hemos visto las votaciones nominales y parece que no tenemos quórum. Le solicitaría respetuosamente se verifique el quórum.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene usted razón, está fundamentado en el Reglamento. Solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico para verificación de quórum. Cinco minutos.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
(Verificación de quórum)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mientras termina la votación, perdón, el pase de lista, saludamos y damos la bienvenida a los estudiantes de Relaciones Internacionales, de la Universidad Anáhuac, que se encuentran de visita en la Cámara de Diputados, a invitación del diputado Felipe Fernando Macías Olvera. Sean bienvenidas y bienvenidos.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada, diputado que falte por registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema electrónico. Sigue abierto el sistema electrónico, diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Diputada presidenta, se tiene un registro de 420 diputadas y diputados.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Hacemos la respetuosa solicitud, una vez que hay quórum, que se mantengan en el recinto, dado que estamos votando cada cinco minutos. Gracias. Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del PAN, para presentar reserva al artículo 5o., fracción XIII.
El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con la venia de la Presidencia. La presente reserva consiste en eliminar la fracción XIII del artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a efecto de que los actos ilícitos en contra del fisco federal no sean considerados como amenazas a la seguridad nacional.
Como ha quedado claro en esta discusión, en Acción Nacional estamos a favor de combatir todas aquellas prácticas que afectan la recaudación, pero no de la manera en la que se propone en este dictamen. No a costa de la persecución de los contribuyentes. No a costa de prácticas de terrorismo fiscal, que es lo que está proponiendo esta reforma.
No están dimensionando, compañeros, que sus propuestas dejan abierta la puerta para violentar los derechos humanos, para que todo contribuyente, incluyendo a los que siempre cumplen, pero que por un error que cometan en su contabilidad sean tratados como terroristas, como genocidas. Esos son los excesos que nosotros queremos evitar.
Los invito a analizar el artículo 3o. de la Ley de Seguridad Nacional, el cual establece que se entienden por seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
Más adelante, en el mismo artículo se menciona que dichas acciones encaminan a la protección de la nación frente a amenazas y riesgos a nuestro país, a la preservación de la soberanía, la independencia de México y la defensa de nuestro territorio. Al mantenimiento del orden constitucional, a la defensa del Estado mexicano frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional y a la preservación de la democracia.
Les pregunto, compañeros, ¿en alguna parte ven dentro del concepto de seguridad nacional el objeto de recaudar más para financiar programas de gobierno? Eso suponiendo que este dictamen realmente funcione para recaudar más, lo cual además ya ha quedado en entredicho toda vez que ni siquiera nos han podido establecer a cuánto ascendería la recaudación estimada derivada de la aplicación de estas medidas.
Pero bueno, suponiendo que el tema es recaudatorio, deberíamos enfocarnos entonces en una reforma fiscal integral que promueva el desarrollo, la inversión y el crecimiento de la recaudación, sí, pero sin vulnerar los derechos de los contribuyentes, sin criminalizarlos.
¿Están conscientes de que al incluir la modificación a la Ley de Seguridad Nacional los delitos contra el fisco federal se están equiparando con el espionaje, terrorismo, genocidio o actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales? En esto es en lo que no estamos de acuerdo, compañeros, en tratar a los contribuyentes como traficantes de materiales nucleares, como genocidas.
No estamos de acuerdo en darle al gobierno herramientas para restringir las garantías individuales, para que se realicen investigaciones preventivas, para aplicar métodos como la intervención de comunicaciones, que deben ser aplicados solo por excepción, porque aunque digan que solo se va a sancionar a los factureros y a las empresas fantasma y todos los buenos contribuyentes quedarán a salvo, el dictamen no dice eso, no distingue entre buenos contribuyentes y delincuentes. Por lo tanto, nada garantiza que no se van a vulnerar sus derechos.
De hecho, la redacción actual implica que discrecionalmente se puede investigar a cualquier contribuyente. Esto es, que sin tener pruebas sino solo la sospecha de la posible comisión de un delito contra el fisco, se puede intervenir la línea telefónica de cualquier ciudadano. Esto, compañeros, son claramente medidas autoritarias.
Debe quedar claro que no pretendemos minimizar la problemática, apoyamos la lucha contra los delitos objeto de esta reforma, pero el mecanismo que proponen es claramente excesivo y desproporcional a las conductas que se pretenden sancionar.
En Acción Nacional levantamos la voz en contra de un gobierno represor, de un gobierno que atenta contra los derechos humanos, que se allega de medios cada vez más agresivos para obtener dinero, que persigue empresas generadoras de desarrollo y que pone en marcha políticas públicas que causan incertidumbre y que ahuyentan la inversión y que acaban con fuentes de empleo.
Compañeras y compañeros de Morena, no intenten subsanar su fallida política económica a través de la criminalización del contribuyente. Este Congreso debe promover el respeto de los derechos fundamentales, no la consolidación de un Estado autoritario. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para hacer propuesta de modificación al artículo 5o., fracción XIII.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, hace unos 30 minutos tuvimos la oportunidad de conversar sobre cómo el dictamen que ustedes están sometiendo a consideración del pleno efectivamente criminaliza al contribuyente, y lo hicimos al analizar cómo estaban ustedes impactando en la Ley contra la Delincuencia Organizada la defraudación fiscal, donde entre otras actividades la defraudación fiscal establece penalmente cuando se comete algún error o alguna omisión, o cuando efectivamente el contador comete una omisión.
Pues bien, al haber hecho exactamente esa reforma, la de la Ley contra la Delincuencia Organizada y al establecer la defraudación fiscal ahí, le abrieron la puerta trasera a la prisión preventiva oficiosa.
Pero esto no para ahí, ahora estamos analizando la Ley de Seguridad Nacional, no satisfecho el proyecto con criminalizar al contribuyente, incluyéndolo en la Ley contra la Delincuencia Organizada, ahora también le incluye en la Ley de Seguridad Nacional, e incluye a la defraudación fiscal, a las facturas falsas y al contrabando, pero en esa ley no se encuentra incluido el narcotráfico o el robo de hidrocarburos, o el tráfico de personas.
¿Cómo incorporan a la Ley de Seguridad Nacional el error de un contador, pero no incluyen al narcotráfico? Esa es la desproporcionalidad de la ley. Pero, además, en la Ley de Seguridad Nacional lo que vuelven a hacer es por la puerta trasera meter al contribuyente en la posibilidad de caer en prisión preventiva oficiosa.
Oye, pero eso ya lo habían alcanzado incluyéndolo en la Ley de Delincuencia Organizada, entonces una pregunta válida es, ¿por qué además de incluir al contribuyente en la Ley de Delincuencia Organizada lo meten también en la Ley de Seguridad Nacional?
Y la respuesta es terrible, porque lo que hacen al incluirlo en la Ley de Seguridad Nacional, es que le permiten al Estado el tener la posibilidad de intervenir comunicaciones, previa autorización de un juez, aspecto que no tenían con la otra ley o con el Código Penal vigente.
¿Para qué entonces quieren la Ley de Seguridad Nacional? Pues porque eso les permite reservar las investigaciones a las que lleguen, investigando a una persona que cometió un error o una omisión fiscal.
Pero ustedes están diciendo que no quieren criminalizar al contribuyente, pero lo criminalizan incluyéndolo en la Ley de Delincuencia Organizada y lo criminalizan también al incluirlo en la Ley de Seguridad Nacional.
Para aquellas diputadas y diputados que tienen actividades económicas además de su actividad legislativa, y aquellas que saben que eventualmente terminará su actividad política y regresarán a su actividad económica preponderante, y aquellos de ustedes que tienen familia, que trabajan en cosas que no tienen que ver con el servicio público, y aquellos de ustedes que legislan para 120 millones de mexicanos, esto es criminalizar al contribuyente.
Lo están criminalizando, le están permitiendo al Estado revisar aspectos que solamente competen a la Ley de Seguridad Nacional para revisar a cualquier contribuyente en su actividad económica habitual. Si eso es lo que quieren, criminalizar al contribuyente, no discutan esta reserva.
Pero si ustedes lo que quieren es analizar puntualmente ¿qué quiere decir meter al contribuyente a la Ley de Seguridad Nacional? Tienen oradores, tienen expertos en materia de justicia y en materia de Hacienda pública que pueden venir a esta tribuna y explicar, y explicarle al pueblo de México porque sí les asiste la razón en promover esta modificación.
Pero que no los engañen, que no les digan que no están criminalizando al contribuyente. Sí lo están criminalizando. Los delitos de defraudación de facturas falsas y de contrabando ya están tipificados, ya se castigan con cárcel o con multas.
Lo que están haciendo ustedes con la Ley de Delincuencia Organizada y con la Ley de Seguridad Nacional, es establecer una serie de medidas como la prisión preventiva oficiosa, como la intervención de comunicaciones, como reservar el cuerpo de la investigación criminalizando al contribuyente, y eso les puede aplicar a ustedes, a sus familias o a 120 millones de mexicanas y de mexicanos que confiaron en algunos de ustedes y ustedes los están criminalizando de vuelta.
Debatamos el punto. Aquí está presentada la reserva y la reserva es muy clara. Eliminar de la Ley de Seguridad Nacional la fracción XIII con lo cual no se incorpora ni la defraudación fiscal ni las facturas falsas ni el contrabando a la Ley de Seguridad Nacional. Abierto queda el debate. Ustedes tienen oradores talentosos, seguramente habrá un razonamiento que nos puedan explicar y convénzannos. De lo contrario, acepten su realidad. Están criminalizando al contribuyente. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 5o, fracción XIII.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Como ya se ha expresado aquí, Movimiento Ciudadano está a favor de que se combata la defraudación fiscal. Pero una cosa es eso y otra cosa es la grave confusión en la que se incurre en la minuta desde el Senado de que la defraudación fiscal sea un delito de seguridad nacional.
Equiparar la defraudación fiscal o cualquiera de sus posibilidades con delitos como el terrorismo u otros más que están tipificados en la Ley de Seguridad Nacional es verdaderamente un despropósito y una proporcionalidad que carece absolutamente de cualquier límite.
Déjenme decirles que México tiene suscrito un conjunto de acuerdos multilaterales en materia de seguridad nacional.
Cuando un delito es tipificado como un delito en materia de seguridad nacional pasa a formar parte de las convenciones internacionales de las que México forma parte, y así como cualquier Estado que detecte un problema de terrorismo tendría obligación de comunicarlo a todos los países que suscriben esa convención, de esa misma manera, por haberse tipificado este delito como delito de seguridad nacional, se tendría la obligación de reportarlo con toda su información y sus desagregados a todas las convenciones internacionales de las cuales México forma parte.
Estamos hablando de la suscripción de la Carta de Naciones Unidas que se denomina el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el primero de ellos. El segundo de las Naciones Unidas que tiene que ver contra los actos que afectan la seguridad nación de las naciones.
El Pacto de Bogotá, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, entre otros, mandatan a México, como parte de estos instrumentos internacionales, a estas obligaciones.
Entonces, cuando un defraudador fiscal o una persona que esté investigada por defraudación fiscal esté en manos de las autoridades, necesariamente tendrán que reportarlo en la lista de personas investigadas por delitos contra la seguridad nacional.
Con toda franqueza, es una desproporción mayor que no tiene absolutamente ningún límite y que ahí sí va a afectar a diversos inversionistas que desean hacerlo en México, pero que esta tipificación inmediatamente combate la posibilidad de que lo hagan con todas las condiciones necesarias para cualquier inversión.
Pero no solo es esto, es también el hecho de que, al ser tipificado como un delito de seguridad nacional, automáticamente se pasa a un listado de personas que pueden ser objeto de investigación en todos esos países. De manera tal que se convierte en una especie de internacionalización la persecución de esos delitos y, con toda franqueza, habría que meditar las consecuencias que en la inversión económica esto va a traer.
Por esa razón es que nuestra reserva es para que se elimine la fracción XIII que se quiere agregar a la Ley de Seguridad Nacional, y que esa fracción, al ser eliminada también, elimine a la Ley de Seguridad Nacional del dictamen que se está proponiendo.
Por eso, porque no estamos de acuerdo en que a través de esta disposición se pretenda abrir el secreto bancario, dándole una vuelta al conjunto de leyes y dándole una vuelta también a los procedimientos que se consideran de debido proceso, es que consideramos que es una desmesura y que incluso, por supuesto, estamos en toda la disposición de llevar a una acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Bravo Padilla.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Vamos a pasar a las reservas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo 167.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, que los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa serán los previstos en el Código Penal Federal. Sin embargo, tipificar la defraudación fiscal aun cuando no sea comprobado el delito y se tenga que llevar el proceso en prisión, como los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, es atentar contra los derechos al violentarlos, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
Además, por recomendación de la ONU Derechos Humanos, cuando la prisión preventiva oficiosa se hace con base en criterios como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, volviéndose obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque se está codificando por vía legislativa el debate judicial y, por tanto, limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las características del caso específico.
Lo anterior atenta contra la independencia judicial referida en el artículo 16 de nuestra Constitución Política.
Por otra parte, en el mismo tenor de ideas, el PRD ha votado en contra de las reformas a la prisión preventiva oficiosa, por lo que solicitamos que los delitos fiscales no ingresen en este catálogo y que quede claro que queremos que los delitos fiscales sean perseguidos y castigados, pero no homologándolos con delitos de seguridad nacional.
Considerando lo anterior, es inconstitucional que se pretenda ingresarlos al catálogo del Código Penal Federal, porque para hacer esto se requiere una reforma constitucional. Por lo que en apego a la Carta Magna no deben ser incluidos en el catálogo, como lo señala el dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Rodríguez.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar sus reservas al artículo 167, párrafo séptimo, fracción I, párrafo séptimo, fracción II, del mismo artículo, párrafo séptimo, fracción... Perdón, hasta ahí. Párrafo séptimo, fracción II, del 167.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, recordarán que la Ley de Delincuencia Organizada ha sido modificada en la propuesta de la minuta que viene del Senado y sujeta a la votación de ustedes para incluir las conductas que se establecen en el artículo 109, fracción I y fracción IV, como conductas delictivas que reclaman prisión preventiva oficiosa. Eso se tiene que armonizar con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Estoy aquí para advertir que hay una contradicción en la minuta del Senado, que establece una criminalización adicional para el ciudadano, que debió haberse corregido ya y que al no haberse corregido en el Senado debe de corregirse en la Cámara de Diputados. La contradicción es grave.
Verán ustedes. En la Ley de Delincuencia Organizada se ha establecido en el artículo 2o. que son las conductas que establece el artículo 109, fracción I y fracción IV. Sin embargo, cuando vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales lo que se establece ahí es que serán conductas delictivas, con prisión preventiva oficiosa todas aquellas, las cuales estén establecidas en el artículo 109 de dicho ordenamiento.
El artículo 109 tiene, efectivamente, ocho fracciones, en la Ley de Delincuencia Organizada se refiere al 109, fracciones I y IV.
En el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer prisión preventiva oficiosa, se establece el 109, sin señalar ni especificar que se refiere a la fracción I y IV. Luego entonces, se sobreentiende que son las ocho fracciones.
Esta contradicción perjudica al ciudadano. Criminaliza un mayor número de conductas de las que se establecieron criminalizadas en la Ley de Delincuencia Organizada.
Esa incertidumbre, esa contradicción y ese problema que vienen de la minuta del Senado se deben de corregir. Es un error, un error que genera contradicción, una contradicción que genera afectación a derechos del contribuyente.
Sin lo que el constituyente, sin lo que el legislador, sin lo que las comisiones trataron de establecer aquí fue el 109, fracción I y IV, lo que no se puede hacer es que, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluir la totalidad de las ocho fracciones del 109.
¿Qué se propone en la reserva que vengo a presentar a ustedes? Ante la evidente contradicción en la minuta, entre lo que establece la Ley de Delincuencia Organizada y lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, propongo que eliminemos del artículo 167 causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, la fracción II, de manera tal que no haya la contradicción de leyes y que esto favorezca al ciudadano en lugar de criminalizarlo.
Compañeras y compañeros, de nueva cuenta la minuta contiene errores. Los errores generaron contradicción entre dos leyes reformadas. La contradicción criminaliza al contribuyente, criminaliza al ciudadano.
Esta es una oportunidad sencilla, porque la contradicción es evidente, de corregirla. Y se corrige de una manera muy sencilla, aceptando esta reserva, eliminando la fracción II del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y si eso se corrige, por lo tanto, se establece un parámetro muy justo de parte de esta Cámara, de corregir, cuando el Senado de la República envía una minuta con contradicciones. Se discutió en algún momento en la comisión, no se atendió y ahora afectará al ciudadano.
Aquí se ha dicho con toda puntualidad, por parte de compañeras y compañeros de la mayoría, que no quieren criminalizar al ciudadano. Este es un ejemplo muy sencillo de corregir un error, hay contradicción en la minuta del Senado, contradicción entre la Ley contra la Delincuencia Organizada, contradicción con el Código Nacional de Procedimientos Penales. La solución es muy sencilla, acepten la reserva y eliminen la fracción II del artículo 167, causas de procedencia de prisión preventiva oficiosa.
Tienen grandes oradores, a lo mejor están ausentes. A lo mejor no vinieron el día de hoy, pero sé que los tienen y por eso invito a que voten a favor de la reserva, expliquen la contradicción y armemos el debate por el bien de México. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Ochoa Reza.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra le diputado Jorge Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN. Presente reserva al artículo 167 en dos párrafos, el séptimo fracción II, y el séptimo fracción II también.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchas gracias. Creo que hay un poquito más de diputadas y diputados, lo cual me da muchísimo gusto porque este es un tema muy importante para este país, y qué bueno que estemos las diputadas y los diputados escuchando los posicionamientos, las reservas y qué malo que no tengamos la decencia de discutir cada una de ellas.
Seré muy breve. Coincido y suscribo lo que se dijo hace unos momentos en esta tribuna, y en general lo que se ha dicho en relación al tema de que esto es un cañón apuntando a todos y todas las ciudadanas que tienen actividades que generan ingresos, que facturan.
La reserva es muy sencilla y también versa sobre la fracción II, y se trata de circunscribir el tema que se establece en el dictamen a la expedición o utilización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Circunscribirlo a eso. Si no quieren quitar la fracción lo pudieran vincular a un objetivo mucho más específico, es muy sencillo. Se trata de ir canalizando la reforma a lo que de veras se debe de hacer. Sin embargo, me esperaré a ver si existe debate o no existe debate por parte de la mayoría. Si existe debate participaremos en el debate. Si existe discusión de este tema que afecta a la mayoría de mexicanas y mexicanos, entraremos al tema. Si la mayoría no lo quiere debatir, yo me permitiría citar al diputado Muñoz: qué manera de legislar. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación, presentada por el diputado Espadas.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta propuesta o reserva al artículo 167, párrafo séptimo, fracción III.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. En el año 2000 recién empezaba la legislatura que correspondía al primer año de la alternancia en la Presidencia de la República, se suscitó un debate por el cual por primera vez la Cámara de Diputados le devolvió al Senado de la República una reforma legislativa.
Todavía me acuerdo del gran escándalo que se hizo en aquél momento, porque era casi un delito de lesa patria que una Cámara pretendiese ejercer su función revisora sobre lo que otra había definido.
Esto, al paso del tiempo, se volvió una práctica afortunadamente traída por los vientos de la democracia y el pluralismo, en que cada una de las Cámaras buscaba ejercer su función para poder brindarle al pueblo de México una mejor legislación. Puso el pretérito, el copretérito, porque tal parece que en algunos asuntos se privilegia no mover una coma con tal de sacar adelante las piezas legislativas, aunque tengan manifiestamente errores, errores que por cierto después tratan de ser cubiertos mediante adendas o mediante fe de erratas, que muchas veces pierde la e en el camino y se vuelven auténticas fe de ratas.
Quiero señalar que este es el caso del artículo 167, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos ocupa. Este Código establece prácticamente lo mismo que señala el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la definición del hecho delictivo para aquellas personas que expidan, enajenen, vendan –subrayo el término de vendan–, compren o adquieran facturas de procedencia o que amparan operaciones simuladas.
Pero el problema está en que la Ley contra la Delincuencia Organizada no habla ni diferencia entre vender y adquirir. Si aquí tuviéramos la oportunidad de discutir en la tribuna, podríamos preguntar y debatir sobre si el concepto jurídico de adquisición y enajenación, particularmente este último, abarcan las operaciones de compra-venta, o si enajenar es un concepto más amplio que el mero concepto de vender.
¿Por qué es importante esto? Porque se juega la libertad de las personas. Si nos atenemos a lo que dice la fracción III del artículo 167 y consideramos la venta y la enajenación, posiblemente tendremos la capacidad de defendernos o tendrá, quien se vea en esa situación, frente a una acusación de venta o enajenación de facturas falsas. Si prevalece lo que dice el artículo correspondiente de la Ley contra la Delincuencia Organizada, esto simple y llanamente queda en la ambigüedad.
Mi propuesta de modificación estriba en eliminar el concepto de venta del Código Nacional de Procedimientos Penales para dejarlo o alinearlo con lo que dice la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Es muy probable que esta contradicción, proveniente del Senado, les haya pasado desapercibido, como también les pasó desapercibido, por cierto, en relación a la fracción I de este mismo artículo, 167, cuando privaron de la calificación al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación que es el que ampara todos aquellos ilícitos relacionados con el contrabando. Ya no es solamente en las fracciones II y IV del 115.
Quiero decirles, compañeras y compañeros, que deberíamos de estar francamente preocupados. Yo aquí he escuchado de varias compañeras y compañeros muy preocupados por la regularización de aquellos coches, automóviles de procedencia extranjera que hemos calificado coloquialmente como coches chocolate.
Quiero decirles que como está actualmente esta minuta que se está aprobando en los términos del Senado, vean ustedes la fracción VI del artículo 105 del Código Fiscal Federal, y esto implica que todos aquellos que puedan eventualmente importar y sacar de la franja fronteriza un automóvil de estas características, están sujetos a la aplicación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Y déjenme también señalarles.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Si además ves un vehículo –concluyo– nada más con la historia de la combi de los mariachis, si los mariachis viajan en una combi chocolate, todos, mariachis y combi se van a la cárcel a esperar sus procesos porque hay esta omisión que viene del Senado de la República. Corrijámoslos, compañeros, está en nuestras manos. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Sauri.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra La diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Presenta reserva al artículo 167, párrafo séptimo, fracción III.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En esta ocasión no me quiero dirigir a mis compañeros. Me ha quedado claro que los diputados de la mayoría no tienen intenciones de escuchar. A quienes me quiero dirigir es a las y los ciudadanos, porque nosotros desde Movimiento Ciudadano estamos haciendo lo que nos corresponde para, por una parte, generar los mecanismos legales y fiscales que permitan combatir delitos tan importantes como la defraudación fiscal, y apoyaremos todas aquellas medidas que se impulsen desde el gobierno para tal fin.
Sin embargo, y lo hemos hecho en diferentes momentos de reformas que se han empeñado a aprobar en esta Cámara de Diputados, sin ningún tipo de discusión, porque lo que tenemos ahora no es discusión sino soliloquio. Hemos advertido que no vamos a permitir que se afecten y vulneren derechos de ciudadanos, y en este caso, de contribuyentes o de empresas que no tienen como fin hacer un acto de defraudación fiscal.
Es por eso que esta reserva en particular, la que hemos presentado prácticamente todos los grupos parlamentarios en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que ver con lo mismo, con la posibilidad o no de mandar a prisión preventiva oficiosa a un contribuyente que, cometiendo un error, pudo haber comprado una factura falsa, adquirido o enajenado una factura falsa y que por eso, por ese solo hecho, puede tener prisión preventiva oficiosa. Y que no distingue entre aquellos contribuyentes que además tendrán recursos para defenderse legalmente de la aplicación de esta ley, que realmente tienen ese objetivo.
Hoy hemos presentado diferentes opciones desde los grupos parlamentarios para atender ese tema y no afectar a los contribuyentes.
La propuesta que hoy les quiero presentar tiene que ver con esta otra posibilidad, no sin dejar de advertir que sin duda en este artículo en particular, se encuentra un tema de inconstitucionalidad que espero que muy pronto pueda llegar a la Corte, porque además este tema de defraudación fiscal no está en el artículo 19 de prisión preventiva oficiosa que, como ustedes saben, también combatimos en esta tribuna por la afectación de los derechos ciudadanos que puede tener esa reforma.
Pero si aun así insisten en que se quede este artículo, particularmente la fracción II del séptimo párrafo, lo que les venimos a proponer aquí son medidas que dejen a salvo a los contribuyentes que no tienen como objetivo hacer un delito de defraudación fiscal, y en ese sentido dejarlos a salvos a ellos.
Es una reserva muy atendible y que ojalá escucharan. Pero como no escuchan, como partí del hecho de que no escuchan, quiero que los ciudadanos que después puedan ver este debate sepan que estamos haciendo el trabajo para evitar que se les afecte directamente a los contribuyentes.
Una forma de distinguir la propensión o intención de defraudar al fisco federal puede configurarse en el valor de lo defraudado, con relación al valor total de sus operaciones o el monto total de los ingresos de un año fiscal.
Si el monto de las operaciones que se presuman amparadas en operaciones inexistentes o el monto de lo defraudado no rebasare el 6 por ciento del valor total de sus operaciones o el monto total de sus ingresos en el ejercicio de que se trate, estamos ante un contribuyente que a todas luces no acredita la propensión o intención de haberse creado para defraudar, sino que al margen de su operación pudiera verse involucrado involuntariamente con empresas que a la postre pudieran ser calificadas como empresas con operaciones inexistentes.
Al respecto, se puede adicionar la condición para que en el caso de rebasar dicho por ciento amerite la prisión preventiva oficiosa.
Ojalá los diputados de la mayoría estuvieran dispuestos a escuchar y a debatir a fondo este tema, no solamente a llenar sus curules sentados ahí. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Tagle.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, del grupo legislativo de... ¿Perdón? Es diputado sin partido. Presenta una reserva al artículo 167, en adición de un párrafo.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Carlos Alberto Morales Vázquez: Debe quedar claro que hay unanimidad en el tema que hoy nos ocupa. Todos estamos de acuerdo en que se debe combatir toda impunidad y fraude a la ley, y más cuando estas prácticas producen un daño categórico reiterado a las finanzas públicas, la competencia económica y a la administración tributaria.
En este orden de ideas, el objetivo que busca el dictamen puede ser válido y necesario, pero al carecer de técnica y razón jurídica se vuelve un dictamen insuficiente, que viola los derechos humanos, sobre todo el principio de presunción de inocencia.
Vayamos a los hechos. El dictamen establece en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos que será causa de procedencia de la prisión preventiva la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Es decir que con la simple redacción que presenta el dictamen, no se necesita acreditar la existencia del delito, por el contrario, bastaría por ser acusado por algún supuesto que establece este artículo para que una persona sea privada de su libertad. Esto cobra relevancia si tenemos en cuenta el índice de Estado de derecho 2017-2018, que realizó la Organización Proyecto de Justicia Mundial, en cuyos resultados se demuestra que México se encuentra en la posición 92 del ranking mundial, empatado con Sierra Leona y por debajo de países como El Salvador, Irán o Vietnam.
Por otro lado, violar el principio de inocencia que establece la Constitución abre la puerta, no solo a la inconstitucionalidad e incertidumbre jurídica, sino también al autoritarismo y el abuso del poder político.
Este gobierno, esta Cámara de Diputados y este país debe entender que no es posible el desarrollo si no se fortalece el Estado de derecho, ni tampoco habrá crecimiento en un país donde no se garanticen los derechos humanos. Menos generaremos confianza y certidumbre a la inversión.
Al parecer, como van a aprobar esta ley, quisiera proponerles esta reserva, en lo que se refiere a las fracciones II y III del presente artículo, se establezca que solo procederá la prisión preventiva oficiosa, si y solo si fuera determinada por un juez como definitiva la presencia de un acto de simulación de operaciones y defraudación fiscal, así como acreditar la evidencia suficiente y más allá de duda razonable para sancionar y determinar a los responsables de dicho delito.
Fortalezcamos la recaudación, señores diputados y señoras diputadas, pero no criminalicemos al contribuyente. Esto me hace ruido, porque en declaraciones del presidente de la República, dice que la delincuencia organizada, los narcos, también son pueblo y también son humanos, que el pueblo no reprime al pueblo y entonces, ¿se puede reprimir al contribuyente? Me pregunto yo. Los contribuyentes que aportan en gran medida al fortalecimiento económico de este país. Eso no está bien, no vamos bien. El poder político no debe suprimir al Estado de derecho.
Diputadas y diputados, hoy tienen la oportunidad de fortalecer y garantizar una reforma efectiva, no sean cómplices en esta indiferencia, volteemos y votemos a favor de la ciudadanía, votemos a favor del contribuyente esta reserva, y mejoremos nuestro Estado de derecho, la historia lo va a agradecer o la historia lo va a recriminar en su momento.
No dejemos solo al contribuyente, yo los invito a que discutamos esta reserva, porque tiene muchas fallas esta reforma y considero que está en sus manos de la mayoría, en Morena y aliados, así es que si tenemos un poco de conciencia de que estamos acabando con nuestra economía, porque así lo dicen los números, cero crecimiento y baja inversión dentro de la iniciativa privada, tenemos que fortalecer el Estado de derecho y tenemos que generar certidumbre. Ojalá puedan considerar esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Morales.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de ella misma y de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán al artículo 187, párrafo segundo.
La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada María Sara Rocha Medina: Compañeras y compañeros, vengo a esta tribuna por una reserva que hicimos y es un posicionamiento de la reserva del 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son el principal pilar y el pilar fundamental.
Los acuerdos reparatorios conseguidos a través de las herramientas de medición, conciliación, arbitraje, pueden ser definidos como el pacto ante la victima u ofendido y el imputado, dando como resultado la solución del conflicto a través de cualquier mecanismo idóneo y cuyos efectos jurídicos procesales son la conclusión del procedimiento penal, esa es la solución en un momento dado.
Esta es una alternativa frente a las corrientes clásicas de la mera imposición de la pena de prisión. De tal manera que por medio de control judicial si el pacto consensual se aprueba, su cumplimiento suspenderá el trámite del proceso, así como la prescripción de la acción penal.
Pero si el imputado incumple a las partes al emplear este mecanismo, es una obligación de todos los operadores del sistema penal.
No obstante ello, los acuerdos reparatorios únicamente son aplicables a ciertos tipos de delitos, tal como lo dice el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Delitos que se persiguen por querella y que admiten perdón del ofendido, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia.
Por lo tanto, resulta ocioso, compañeros y compañeras y falta de técnica legislativa, agregar el párrafo que se pretende en este artículo, haciendo referencia expresa al impedimento para celebrar un acuerdo reparatorio. Y esto es, al menos, por las siguientes razones.
El tipo penal de contrabando, la defraudación fiscal y sus equivalentes, así como la expedición de facturas, requieren una comisión necesariamente dolosa, aclarándolo, necesariamente dolosa, al ser delitos a los que ustedes, en este mismo paquete de reformas les atribuyen prisión preventiva oficiosa, por lógica jurídica yo no son aptos para un acuerdo reparatorio. Estamos haciendo una mala técnica legislativa.
Así como ustedes dicen, son delitos que atentan contra la seguridad nacional, pues obviamente no son del tipo que merecen un acuerdo reparatorio, grábenselo.
Por todo ello es que propongo la consideración de esta reserva. El artículo 187 ustedes con toda puntualidad, no procederán los acuerdos reparatorios, así lo quieren, en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que corresponden a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederá cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.
La propuesta es, y les pido a los compañeros de Morena que nos ayuden a poder aprobar esto y ayudar al pueblo de México, que diga: procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes: No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas.
Compañeras y compañeros diputados, estamos castigando a quienes generan empleo y estamos siendo sospechosos incluir en esta ley hacer que muchos de los empresarios y de la gente que da empleo, los tengamos en la mira. Necesitamos generarles confianza y certidumbre para que logremos que México siga creciendo económicamente. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Rocha.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Abril Alcalá Padilla, del PRD, para presentar propuestas de modificación al artículo 187 y 192.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Honorable asamblea, ahora quiero poner a su consideración dos reservas. La primera, relativa a una modificación al proyecto del artículo 187, y la segunda al artículo 192, ambos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con la procedencia de acuerdos reparatorios.
La finalidad de la reforma es el combate a la facturación simulada y la evasión de impuestos ¿correcto? Pues entonces precisamente por eso el PRD está en contra de decretar la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, dada la naturaleza de dichas conductas punitivas, porque en realidad lo que va a generar será absolutamente contraproducente y en contra de la recaudación en beneficio de México.
Yo en lo personal sigo sin entender cómo por una parte el gobierno federal pregona abrazos y no balazos para los delincuentes, y borrón y cuenta nueva para exfuncionarios corruptos bajo la falsa premisa de una nueva paz republicana y en cambio vemos que esta reforma ha sido llamada por abogados, contadores, empresarios, economistas, ha sido excesiva y en contra de los buenos ciudadanos que sí contribuyen a México. Vemos como para el ciudadano común, aquél que trabaja y que sale adelante con muchísimo sacrificio, para él no hay ni tregua ni amnistía.
Los miembros de la mayoría señalan que la iniciativa no afectará en modo alguno al pequeño y mediano contribuyente ni a los empresarios que trabajan honestamente, pues entonces está fácil.
Les propongo con mis reservas clarificar dicho deseo y que los acuerdos reparatorios en materia fiscal sigan siendo importantes, dada la naturaleza del sistema recaudatorio, ya que contribuyen en todo momento a resarcir la deuda que se tiene con el Estado mexicano. Suprimir en la ley este derecho del contribuyente es un sinsentido y además juega en contra del Estado.
Lo que pretende cualquier gobierno obviamente es, establecer un sistema recaudatorio que les ayude para que todos los ciudadanos puedan contribuir de igual manera. Con acciones como esta lo único que provocarán es el efecto contrario y, es más, lejos de allegarse de recursos lo único que provocarán es la pérdida de los mismos.
Si no permitimos que los acuerdos reparatorios procedan en cualquier caso y encima enviamos a dichos contribuyentes directo a la cárcel, el único que sale perdiendo es el Estado mexicano y sus ciudadanos más vulnerables.
Nos queda claro una cosa, el gobierno no tiene dinero y el señor presidente y su equipo, pues bueno, se les ha dificultado un poquito la administración.
Entonces, de pretender ser el Robin Hood del pueblo, hoy se está transformando en una especie de sheriff de Nottingham, aquél personaje –por si no lo conocen, vale la pena– este personaje oscuro y ambicioso en cuya falsa caridad morirán las esperanzas de su pueblo.
Por lo tanto considero pertinente permitir en todos los casos los acuerdos reparatorios, independientemente del proceso penal que se le siga por separado al contribuyente. El mismo artículo 192 en su fracción I establece la existencia de la suspensión condicional, o sea este derecho que tiene el contribuyente a que en lo fiscal se resuelva el proceso con previo pago de su deuda.
Esto, si la medida aritmética es menor a los cinco años de la pena. Pero en el artículo 167 la media aritmética para estos casos es de 5.5 años. Por lo que de antemano las personas en estos supuestos no tienen derecho a la suspensión condicional del proceso, lo cual es verdaderamente grave y contra-económico.
Debemos de aprobar un sistema que combata de forma eficaz el fenómeno de las facturas falsas y de las empresas fantasmas, pero es un despropósito creer que todo lo podemos resolver con penas de cárcel o prisión preventiva. Fíjense qué chistoso.
A mí por ahí me tocó escuchar muchas críticas a administraciones pasadas por la falta de imaginación y la pobreza de ideas y resulta que esta legislatura está pecando de lo mismo, de la misma falta de creatividad porque todo lo quieren resolver de la misma manera.
Tenemos que aprobar un sistema que permita y promueva la recaudación y no uno que administre o controle con un híper intervencionismo fiscal a la riqueza porque la van a destruir.
Si no lo hacemos en este sentido, con esta lógica, el Estado mexicano pierde por partida doble. Es excelente que quien cometa un crimen fiscal pague, como en cualquier otro crimen, pero que exista siempre la prioridad de resarcir el daño patrimonial que le provoca el Estado, porque fíjense, qué triste que a leer el dictamen, bueno, perdón, el dictamen de esta minuta, hayamos visto que se ignoró por completo los señalamientos vertidos por los ciudadanos que decidieron participar en el parlamento abierto, y esto pudiera considerarse una especie de fraude legislativo. Y aquellos ciudadanos que se sientan que no fueron escuchados y que fueron engañados, créannos a la mayoría, que sabemos y conocemos muy bien su sentir.
Por eso les solicito a la mayoría que recapaciten. Si creen que nadie los observa, se equivocan. Aquí ustedes...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo.
La diputada Abril Alcalá Padilla: Termino, diputada presidenta. Aquí ustedes pueden estar de acuerdo en seguir la línea con una estricta disciplina partidista, pero allá afuera hay millones de mexicanos y mexicanas a quienes van a afectar, y yo les aseguro que esto no va a pasar desapercibido.
Así es que prepárense, prepárense a enfrentar el costo de estas ocurrencias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Hortensia Noroña Quezada, del PRI, para presentar reserva al artículo 192, párrafo tercero.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Muchas gracias. Con la venia de la diputada presidenta, y agradeciendo, a los que sí nos interesa el debate, que estén aquí presentes y escuchándonos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada: Compañeras y compañeros diputados. Estoy de acuerdo en que la evasión, la defraudación fiscal y su equiparable o, bien, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales es una práctica que debe ser perseguida y a la vez ejemplarmente sancionada.
Que debemos sin duda alguna erradicar esta práctica que atenta en contra de nuestras finanzas públicas y con ello en contra del beneficio común al que todos en correspondencia mediante el gasto público debemos de acceder. No obstante, no podemos ni debemos hacerlo mediante reformas que atiendan más a la ideología que al sentido común.
Por eso presento esta reserva al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para eliminar el párrafo tercero que establece la improcedencia de la suspensión condicional del proceso ante lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 167.
El 167 establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y ante la presunción del delito de defraudación fiscal o su equiparable, arbitrariamente y sin la menor reflexión le negamos este recurso. En otras palabras, con esta reforma, tal y como se propone, le configuramos al actual gobierno y al SAT su superior tribunal tributario inquisidor, o coloquialmente dicho, primero vamos a matar y después vamos a averiguar.
Eso no es posible. No podemos ni en este delito ni en ningún otro, transgredir la naturaleza ni el propósito de la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar.
Recordemos que su ejecución responde a tres motivos: garantizar la presencia del imputado en el juicio, permitir que si resulta culpable compurgue la pena que le ha sido impuesta, y salvaguardar la integridad de las víctimas. O bien, cuando ninguna otra medida cautelar pueda asegurar el cumplimiento de lo anterior.
En este caso tenemos otras medidas cautelares antes que la prisión preventiva, así como también otros escenarios no contemplados.
Imaginemos que una persona incurre, sin el menor conocimiento o dolo, en los supuestos del 167. Lo metemos a la cárcel y además le negamos el beneficio de la suspensión condicional de su proceso. Por eso propongo esta reserva que elimina el párrafo tercero.
Tenemos que analizar con plena conciencia los alcances de lo que se pretende aprobar. No podemos atentar en contra de la suspensión condicional del proceso de manera general y sin considerar particularidades. No podemos establecer limitantes a la libertad ni imponerlas durante el enjuiciamiento sin siquiera haber averiguado si el inculpado es inocente o culpable.
Compañeras y compañeros, espero que atiendan el propósito de esta reserva que presento. De no ser así, con esta redacción tan ambigua de esta reforma, tal y como está propuesta, estamos franqueando a una amenazadora situación de sospechosos en donde todos algún día vamos a caer. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, para presentar reserva de modificación al artículo 256.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el 156 se refiere a las responsabilidades que los contadores o administradores adquieren cuando el SAT identifica delitos fiscales.
Para el caso de delitos fiscales y financieros, la iniciativa prevé que solo podrá ser aplicado este criterio en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.
Como se sabe por la televisión y el cine, el criterio de oportunidad se traduce en la práctica, en la figura de los denominados testigos protegidos. Para efectos de este artículo los llamaremos soplones protegidos. Es decir, una vez que la Fiscalía determinó que existe posiblemente un delito y además que sí existe la probable responsabilidad de un individuo, aun así no presenta el caso ante la autoridad judicial competente.
Lo anterior se justifica por la necesidad de aplicar una política criminal racional que contemple una utilización más eficiente de los recursos disponibles, persiguiendo al beneficiario mayor y final del delito.
Nuestra propuesta consiste en dejar abierta la posibilidad de que la autoridad utilice de manera amplia y no restrictiva esta figura y, por el otro lado, evitar la delación interesada de los imputados en un delito de esta naturaleza.
Aparte de un sistema fiscal regresivo y persecutorio, se le quiere buscar convertir en delatorio. Recordemos que el contador y el abogado están obligados al secreto profesional, que representa uno de los aspectos más significativos de su actuación. Tienen el deber ético de guardar celosamente la reserva de los asuntos vinculados con la vida privada y de los negocios de sus clientes. Ello porque se deben proteger el bien jurídico correspondiente a la intimidad de la vida de las personas, sí como de las empresas. Es por ello que el contador y el abogado fiscalista, ética y jurídicamente, están comprometidos a no violar lo que el cliente les confía.
La figura de criterios de oportunidad o de los testigos protegidos ha sido ampliamente denunciada y cuestionada en México, pero también en Estados Unidos y en el mundo, ya que ni aquí ni allá se tiene la disposición pública a las características de sus programas de testigos protegidos.
Por esta razón, se desconoce en qué consisten las medidas de protección, criterios para la admisión de testigos, procedimientos, encargados de ejecutar los derechos y obligaciones de las partes y los candados de confidencialidad existentes.
¿Por qué se admiten y se premian estos programas de testigos a personas consideradas delincuentes? ¿Por qué y cómo es que se toman sus declaraciones como base fundamental para inculpar a personas, cuando muchos de ellos no han podido en otros casos sostener sus dichos? ¿Por qué se concede la impunidad de sus supuestos delitos? ¿Por qué se utilizan testigos anónimos en franca violación de las normas internacionales con respecto al debido proceso? La falta de transparencia ayuda a proteger a los informantes y delincuentes.
Saben ustedes que la PGR en México tiene más de 200 testigos protegidos para llamarlos claros traidores de las bandas delincuenciales, que a cambio de información discreta son protegidos cambiándoles de nombre a él, a sus esposas, a sus hijos, llevándolos a otros países para ser protegidos, consiguiéndoles empleo o entregándoles una renta mensual para que puedan sobrevivir, porque evidentemente muchos de ellos en el país, por la información que proporcionan estarían condenados a muerte.
Esa figura quiere ser trasladada al tema fiscal, y convertir a los contadores, administradores, auxiliares contables, a que se conviertan en testigos protegidos, en traidores a la empresa a la que sirven, a cambio de protección y seguridad en el caso de que haya iniciado un proceso contra un propietario, de un empresario.
Lamentamos que esta figura se incorpore a la ley sin ninguna valoración crítica. Espero que no veamos en los próximos meses el abuso de esta figura mal pensada. Piensen ustedes en el daño que se genera a miles de contadores, administradores, auxiliares, que por la información que poseen van a ser condicionados, o me das esta información o inicio procedimiento contra ti; o te conviertes en traidor de la empresa del empresario que le dio empleo, o te puedo sujetar a un procedimiento. Esto, compañeros diputados y diputadas, no puede ser una medida correcta y espero la comprensión de todos. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada María Alemán Muñoz Castillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 256, párrafo tercero.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Compañeras y compañeros diputados, vengo a proponer una modificación al artículo 256, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que no se modifique y este artículo permanezca en los términos que hasta el día de hoy viene operando.
La minuta que discutimos planteó tres modificaciones esenciales: una, relativa al control de acuerdos reparatorios. Dos, relativa a la procedencia del proceso. Y tres, la relativa a los casos en que operan los criterios de oportunidad.
Esto significa que la autoridad puede lograr un intercambio de información favorable con el presunto delincuente a cambio de información certera, para que en teoría logre inhibir un delito mayor.
En el Parlamento abierto que se realizó con motivo de este tema surgieron una serie de dudas, estas dudas que se expresaron quiero recordarlas y compartirlas aquí con todos ustedes. Si se pretende hacer que la defraudación, el contrabando y la emisión de facturas falsas sean delitos, materia de prisión preventiva oficiosa, equiparándolas a la delincuencia organizada, entonces en estos casos, ¿cómo operaría el principio de oportunidad, si el delito por el que se imputa a la persona ya es grave? Es decir, ¿sería inoperante este caso?
¿Por qué restringir la aplicación de los criterios de oportunidad a todos los casos de delitos fiscales y financieros, cuando se supone que esta reforma trata sobre defraudación, confiscación y emisión de facturas falsas? ¿Cómo se justifica esta medida?
¿Saben ustedes el alcance que va a tener esta restricción al meter en la bolsa a todos los delitos fiscales y financieros? ¿Las autoridades tienen lo necesario para perseguir todos los delitos de esta naturaleza sin necesidad de aplicar los criterios de oportunidad?
Estas, compañeras y compañeros, no son solamente mis dudas, son las dudas de la gente. Son dudas de los contribuyentes a los que les va a aplicar esta ley. Que con estas modificaciones parece que son los enemigos del Estado, parece que son sus enemigos.
En términos claros, es una reforma que busca premiar a los delatores. Así, en términos muy coloquiales, muy lisos, muy llanos, a los soplones. Es un exceso, como muchas otras de esta reforma, darle a la autoridad hacendaria una herramienta para que promueva convenios con delincuentes, para que pacte con los delincuentes a cambio de información.
Diputadas, diputados, no podemos aprobar leyes que escudándose en el criterio de oportunidad premien a delincuentes a cambio de información.
La autoridad hacendaria debe hacer bien su trabajo. Cuenta con los elementos y con las herramientas jurídicas suficientes para no tener que pactar con criminales.
Esta reforma busca en los hechos propiciar un terrorismo fiscal sobre los contribuyentes, a quienes primero se les encarcelará y luego se les investigará si son culpables o no. Con fundamento, además, en el dicho de un delator, de un soplón.
Es por ello que propongo, con esta reserva, evitar que se modifique el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos en momento de corregir y que no nos corrijan después la plana a nosotros, compañeros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al Código Fiscal de la Federación. Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar propuesta de modificación al artículo 113, fracción III y 113 Bis.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Buenas tardes. Ha quedado acreditado que esta reforma que ha propuesto Morena, que va a votar Morena y que va a implementar Morena, criminaliza al ciudadano, criminaliza al contribuyente. Ha quedado acreditado sin argumentación en contra por parte de los grandes oradores y juristas de Morena, aquí presentes y ausentes.
La Ley de Delincuencia Organizada criminaliza al ciudadano, criminaliza al contribuyente. La Ley de Seguridad Nacional también es modificada, criminalizando al ciudadano, criminalizando al contribuyente, y el Código Nacional de Procedimientos Penales también es modificado, criminalizando al contribuyente, criminalizando al ciudadano.
Pero no hay cuarto malo. Analicemos ahora el Código Fiscal de la Federación y veámoslo en una historia de tres etapas y un final feliz. La primera etapa es, ¿cómo es que recibimos en esta legislatura la legislación en el Código Fiscal de la Federación, en cuanto a las facturas falsas?
Esto es relevante, porque cuando nosotros lo recibimos, el artículo 113 establecía que se impondrá una sanción de tres meses a seis años de prisión, a quien expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que se amparen en operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Así lo decía el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación cuando nosotros llegamos a conformar esta legislatura, sin embargo, hubo una propuesta de reforma a este artículo del Código, lo propuso la senadora María Guadalupe Covarrubias, de Morena, de Tamaulipas, y se presentó aquí en la Cámara de Diputados una vez aprobada en el Senado, con una modificación interesante.
Ese artículo 113 establecía que efectivamente se mantendría una sanción de tres meses a seis años para quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o jurídicamente simuladas, para quien lo adquiera. Pero para aquellos que expidan o enajenen comprobantes fiscales falsos se les creaba el artículo 113 Bis con una pena mayor de tres a seis años, es decir, esta Cámara de Diputados analizó en el mes de abril de 2019 –hace seis meses– una modificación propuesta por Morena, para distinguir entre aquellos que adquirían una factura falsa y aquellos que la producían, que la enajenaban.
Esa distinción discutida aquí ¿adivinen qué? Fue votada por unanimidad en sentido favorable. Hace seis meses esta legislatura modificó el artículo 113 creando el 113 Bis, para precisamente distinguir en dos tipos delictivos distintos con dos penas diferentes entre quien adquiría una factura falsa y entre quien la emitía.
Aquí, Benjamín Huerta Corona, presentó por Morena el posicionamiento en esta tribuna, lo hizo con talento y con convicción. Óscar González Yáñez, lo hizo por el PT y Adriana Lozano lo hizo por el PES. Y el PAN, el PT, Movimiento Ciudadano, el PRI y Morena, votamos en unanimidad por esa reforma. Lo hizo Pablo Gómez, lo hizo su servidor. Votamos todos a favor de esa reforma.
Ahora vienen ustedes, cinco meses después, a proponernos criminalizar al ciudadano que antes habían separado en dos conductas delictivas distintas, antes ustedes habían dicho que el que adquiría una factura falsa tenía una pena de tres meses a seis años de prisión.
Ahora están proponiendo que su pena sea de dos a nueve años y lo llevan, efectivamente, al artículo 113 Bis, unificando en un solo tipo delictivo con pena mayor, es decir, sí están criminalizando de nuevo al ciudadano y al contribuyente, uniéndolo en un tipo penal con esas conductas delictivas de manera conjunta.
¿Qué pruebas tienen empíricas para que hace cinco meses, aquí de manera convincente, ustedes propusieran separar las dos conductas delictivas dejando con menos pena al que adquiere una factura falsa y estableciendo una pena mayor a quien la vende?
Para que ahora, cinco meses después a una reforma que se aprobó aquí por unanimidad, digan que no, que hay que volverlos a juntar en el 113 Bis y a incrementar la pena de manera considerable para todos por igual, tres episodios y un final feliz. Aquí lo pueden arreglar. La propuesta que presento a continuación, es regresar las cosas a como las votamos por unanimidad.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Regresar las cosas, presidenta, a como las votamos por unanimidad. Distinguir las dos actividades y establecer un tipo de pena menor para quienes las compran de quienes las emitan. Como ustedes lo propusieron hace cinco meses y como se votó aquí, por unanimidad, a propuesta suya. No hay argumento para que digan que no.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya, por favor.
El diputado Enrique Ochoa Reza: Nada en el dictamen dice que cambiaron de opinión, ninguna razón. Y, por último, presidenta, aquí está la hoja que determina las tasas de evasión por tipo de impuesto que venía en la propuesta del Senado de la República. Y viene una tabla del 2005 al 2016, pues bien, en el 2005 se evadían –según la tabla del Senado–, 5.2 puntos del PIB, 5.2.
Para el 2016 esa cifra bajó al 2.6, la misma documentación del Senado dice que la evasión fiscal está disminuyendo de manera considerable a lo largo del período 2005-2016. En consecuencia, señoras y señores, final feliz, acepten esta propuesta y regresen las cosas a como la votamos de manera unánime hace cinco meses, de lo contrario, son unos contradictorios. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 113, fracción III y 113 Bis.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Raymundo García Gutiérrez: La reserva del artículo 113 y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, propone una sanción de 2 a 9 años de prisión, a quien por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
La prevención de los delitos no se concentra exclusivamente en el aumento de las penas. El proyecto de dictamen reduce la prevención a solo pensar en la correlación entre pena y delito, olvidando que existen diferentes instituciones y mecanismos jurídicos y no jurídicos que son herramientas fundamentales en la prevención. Es por ello que proponemos que la sanción sea de dos a siete años de prisión.
Todo el documento nos propone la imposición de una especie de santa inquisición fiscal para que nadie ni siquiera piense en equivocarse en la emisión de una factura porque estará cometiendo delitos que pongan en riesgo, según el dictamen, la seguridad nacional.
El documento que hoy discutimos nos plantea en términos llanos que una factura falsa es equiparable a un atentado terrorista y que el contribuyente debe olvidarse de la presunción de inocencia, ya que se insiste al ser un tema de seguridad nacional, le será aplicada la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se considerará como delincuencia organizada y por lo tanto, también se le aplicará la Ley de Extinción de Dominio.
El PRD no está en contra de mejorar los mecanismos de recaudación fiscal y del ataque a la defraudación. Creemos que estos deben mejorarse en beneficio del Estado, pero jamás estaremos de acuerdo en establecer un régimen de terror en materia fiscal.
Nulificar la presunción de inocencia no es el camino para aumentar la recaudación fiscal. Atentar contra los derechos humanos no es la estrategia para que este país luche contra el grave problema de recaudación que existe. El camino que hoy quieren emprender no será acompañado por el PRD.
El sistema de administración tributaria es una institución que cuenta con una serie de herramientas para ayudar a aumentar la recaudación fiscal y también para prevenir la defraudación. Cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera. La lista negra de empresas factureras habría que fortalecerlas como institución y no establecer el régimen de terror que atenta contra los derechos humanos.
Es claro que se tienen que perseguir las conductas que violen la ley y ayude en la defraudación fiscal, pero esta debe hacerse con proporcionalidad respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y sobre todo los derechos humanos de los contribuyentes. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde, para presentar reserva al artículo 113 Bis.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Con su venia. Buenas tardes. En la discusión en lo general ha quedado clara la postura que compartimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quienes consideramos que es necesario tomar decisiones seguras y firmes que envíen un mensaje de repudiar completamente la ilegalidad y que, a su vez, privilegien el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Retomando uno de los elementos del dictamen, tenemos que con la reforma propuesta al artículo 113 Bis del Código Fiscal se aumentan las penas al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas o actos jurídicos simulados, pasando de una sanción prevista de 3 a 6 años de prisión, a la posibilidad de sancionar este delito de 2 a 9 años, y contemplando la inhabilitación hasta por 10 años si este delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.
La reforma a este artículo también prevé que para la procedencia de la persecución de este delito, será necesaria la presentación de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, señala que su persecución por parte del Ministerio Público podrá llevarse, de ser el caso, a la par que la investigación sobre el delito en materia de operaciones de recursos ilícitos, tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal. Ahora, este artículo debe analizarse contemplando el alcance de la reforma en su totalidad.
Al modificar el artículo 2o., de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estamos clasificando las conductas tipificadas en el artículo 113 Bis antes descritas como delincuencia organizada, y en este punto es donde quisiera detenerme para plantear una reflexión.
Recodemos que, de acuerdo al artículo 22 constitucional, la figura de extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y delincuencia organizada, entre otros muchos que se señalan.
De tal suerte que, de ser aprobada la reforma en los términos propuestos, a quien se le persiga por el delito tipificado en el artículo 113 Bis podrá ser sujeto, a la vez, de procedimiento de extinción de dominio previsto por la ley en la materia que este Congreso aprobó en meses pasados.
En nuestro sistema jurídico el principio de presunción de inocencia prevalece como la regla general. En ese sentido, aun cuando el procedimiento de extinción no establece como causal de procedencia que exista una sentencia firme en materia penal, este ordenamiento sí contempla que mientras se realice la investigación puedan asegurarse bienes de manera cautelar, es decir, preventiva.
No obstante, en atención a este principio de presunción de inocencia, cuando se redactó la Ley de Extinción de Dominio se buscó garantizar al procesado el derecho de exigir la reparación del daño cuando de la investigación se compruebe que no existen elementos para determinar procedente la extinción de sus bienes.
Así quedó plasmada en el artículo 185 de dicho ordenamiento, que señala: “En el caso de que la medida cautelar sea levantada, o bien, el Ministerio Público no obtenga una sentencia favorable sobre los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, queda expedito el derecho de la parte demandada o de la persona afectada para pedir el pago de daños y perjuicios en un juicio diverso”.
Ante la posibilidad de que, al suscitarse una investigación por el delito de defraudación fiscal, tipificado en el artículo 113 Bis, en el que puedan verse afectados los bienes de los inculpados, abriendo la posibilidad a que, de resultar inocentes, su patrimonio familiar o el consistente en los activos de su actividad empresarial se vean dañados de manera permanente.
En el Partido Verde consideramos necesario que se señale de manera expresa en el mismo artículo 113 Bis del dictamen, la posibilidad del procesado de exigir al Estado la reparación de los daños y perjuicios que le causa.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la adición del párrafo último al artículo antes citado, para quedar como sigue.
“En el caso de que el Ministerio Público no obtenga una sentencia favorable en los juicios iniciados por los delitos previstos en este artículo, queda expedito el derecho de la parte absuelta para pedir el pago de daños y perjuicios en un juicio diverso”. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a Código Penal Federal. Tiene la palabra la diputada Norma Guel Saldívar, del PRI, para presentar reserva de modificación al artículo 11 Bis, apartado B, fracción VIII Bis.
La diputada Norma Guel Saldívar: Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Norma Guel Saldívar: Honorable asamblea, la defraudación fiscal es el acto que se comete mediante engaños o el aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución, o como consecuencia de que con lo primero se logra un beneficio indebido que cause perjuicio al fisco federal.
El engaño para inducir a alguien a pensar, crear, o tener por cierto algo que no es, es defraudación. Por tal motivo estimamos acertada la adición de la fracción VIII Bis al artículo 11 Bis del Código Penal Federal, cuyo objetivo es construir mayor coherencia jurídica con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, a fin de imponer sanción de 3 a 6 años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Por tal razón, estimamos necesario, idóneo y razonable incorporar esta fracción que hace consistente el objetivo del legislador para sancionar esta conducta, que atenta contra el erario público.
Sin embargo, por técnica jurídica y para armonizar el texto conforme al resto de la norma penal, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sugerimos respetuosamente a esta asamblea realizar la siguiente modificación de forma, para que la fracción VIII Bis del artículo 11 Bis del Código Penal Federal quede de la siguiente manera: Se impondrá la sanción del delito previsto en el artículo 113 Bis, Código Fiscal de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos a transitorios. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, para presentar propuesta de modificación a los transitorios primero y segundo.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Anilú Ingram Vallines: Compañeras y compañeros diputados, el cierre de esta reforma excesiva y desproporcionada son los artículos transitorios que nos propone la colegisladora.
Es por ello que acudo a esta tribuna para proponer una reserva a los dos artículos transitorios del proyecto de decreto que se ha presentado. No se justifica que un artículo transitorio proponga que las conductas cometidas antes de la entrada en vigor del decreto continúen siendo investigadas, juzgadas y sentenciadas mediante la aplicación de preceptos vigentes.
Lo anterior, aunado a que se propone la entrada en vigor de este decreto el primero de enero de 2020 genera una gran contradicción. Como hemos reiterado, esta reforma es violatoria de los derechos humanos, pues atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso.
Compañeras y compañeros diputados, es excesivo considerar que la defraudación fiscal genérica y equiparada sea considerada una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que generalmente se trata de omisión de contribuciones totales o parciales, cuyos montos no ponen en riesgo la estabilidad económica del Estado.
Es por ello que los artículos transitorios pierden todo sentido ante la desproporción que significa ligarlos al concepto de seguridad nacional. Es por ello que propongo los cambios antes referidos.
Compañeras y compañeros de la mayoría democrática, no piensen que lo que expresamos aquí lo hacemos de mala fe. No, no es así, nuestro propósito es que las cosas se hagan bien.
Los invito, de manera muy respetuosa, a que, en la soledad absoluta, en la reflexión, piensen si lo que hoy ustedes están respaldando es lo que verdaderamente necesita nuestro país.
Es un favor que respetuosamente les pedimos. Dediquen unos minutos a la reflexión serena, a la reflexión prudente, pensando siempre en México. Pobre, pobre México. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha y se reserva para su votación nominal, en términos del dictamen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen, que son el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional. Los artículos 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 113, fracción III y el 113 Bis del Código Fiscal de la Federación. El artículo 11 Bis, apartado B, fracción VIII Bis del Código Penal Federal y los artículos Primero y Segundo transitorios del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen.
(Votación)
La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 276 votos en pro, 16 abstenciones y 144 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 276 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.
Tiene la palabra por 10 minutos, el diputado José Luis Elorza Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
El diputado José Luis Elorza Flores: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Elorza Flores: Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el amor por nuestra patria es nuestra ley, este era uno de los más profundos valores que se inculcaba entre los verdaderos ciudadanos de la antigua Roma. La patria, ese ser invisible que nos acoge, arropa y protege, un lugar especial que va más allá de un concepto jurídico o social, el sitio en el que vivimos y crecemos, en donde formamos familia y están nuestras amigas y amigos, nuestro entorno familiar lleno de grandes y nobles valores, con su cultura y ciencias únicas en el mundo.
Es la patria, ese ser que demuestra nuestra grandeza, lo que vale la pena en nuestras vidas, lo que deja memoria de nuestra existencia, lo que nos enriquece por los valores que nos inculcan diariamente con sus hechos y sus palabras.
La ley, es la obra social que orientó el camino construido en común, es la palabra impresa que reconocemos como obligación a seguir, la medida de nuestra armonía social e individual, la muestra de nuestra ética, el silogismo social que impera en todos los actos de nuestra vida y nos lleva a la altura del destino que queremos alcanzar como país.
Hoy estoy aquí en la más alta tribuna de la nación, y a mi espalda me acompañan los nombres de hombres e instituciones humanas que tienen en común el anhelo de una patria inmortal, fuerte y justa, como tal fue postulada por José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.
Estimados compañeros y compañeras, hoy tengo el privilegio de hablar a favor de la presentación del dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Población de esta Cámara de Diputados, documento jurídico que aprueba la reforma de múltiples leyes como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la Ley de Concursos Mercantiles.
Esta soberanía que escuche estas palabras sabe que el anhelo sin el sustento legal es inalcanzable. Que los sentimientos de esta nación deben hacerse coincidir de forma pura, con palabras directas que nos recuerden en todo momento los valores inculcados.
La reforma propuesta no es un cambio ligero de palabras. Es, por el contrario, la presentación del anhelo por el que los padres y madres de nuestra patria dieron su vida en los campos y montañas, en los valles y playas, en los pueblos remotos o en las grandes ciudades.
Por ello se presenta para su aprobación esta reforma, para llamar las cosas por su verdadero nombre. Para que las acciones encuentren su correcto significado. Un instituto para devolver al pueblo lo robado. Sí, es el destino que todo aquello que las instituciones de gobierno recuperen de aquello que se adquirió con dinero mal habido, con el dolor de inocentes o la ignorancia de la gente. Aquello que recuperen las autoridades que procuran justicia en este país.
Sí, lo robado por quienes están en el margen incorrecto de la ley, por quienes no comparten nuestra cultura de trabajo arduo, honesto y remunerador. Por quienes atacaron, pero fueron detenidos. Lo robado sea recuperado, pero no debe quedar en palabras inertes, sino en voz que resuena, que nos conmueve al saber que todo aquello que sea robado hay gobierno justo que lo devuelve al país en beneficio de nuestro país.
Cierro esta intervención recordando estas nobles palabras. Es hermoso servir a la patria con hechos, y no es menos absurdo servirla con palabras, como volver el producto de las malas ambiciones en riqueza nacional. Así la gran aprobación de esta reforma abonará a ese gran objetivo nacional. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Compañeras y compañeros legisladores. Como ya todos sabemos, el pasado 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman diversas disposiciones normativas, estableciendo con ello una modificación trascendental al diseño estructural de nuestro sistema institucional.
Esta transformación nos hubiera permitido regular la administración y destino de los bienes y activos que son propiedad pública por su propia naturaleza como los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio u otras formas de incautación derivadas de actividades ilícitas, buscando con ello contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, las finanzas públicas y los sistemas económico y financiero.
Sin embargo, es importante mencionar que en administraciones pasadas el sistema de gestión de bienes de la federación se ha conducido sin sentido social y el destino de los recursos que se han logrado recaudar en favor del Estado ha carecido de transparencia, eficiencia y su uso ha sido cuestionable porque no se observa el beneficio directo a la sociedad.
Por ello, resulta necesario un cambio sustantivo que no corresponde con lo que hoy se nos propone, porque el cambio de nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, tiene indudablemente un reflejo populista.
Es menester recordar que desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia el primero de diciembre pasado, se han organizado 5 subastas de bienes asegurados al crimen organizado o que pertenecían al gobierno federal, en los que se anunció una recaudación alrededor de mil 200 millones de pesos.
Con un desparpajo inusitado, el presidente decidió unidireccionalmente el destino de estos recursos y lo anunció de manera inaudita en las conferencias mañaneras o en los mitines propagandísticos que lleva a cabo cada fin de semana.
No existe certeza respecto a los criterios para definir el destino de los recursos del Estado, quiénes deben ser los beneficiados o las obras en las que se invertirán. En este sentido es importante recordar que el presidente eligió a diferentes estados del suroeste del país como principales beneficiarios de las primeras cuatro subastas, distribuyendo la quinta como becas para los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, sin que a la fecha algunos de estos recursos hayan sido entregados a sus beneficiarios. Y aunque el destino es loable, las personas en situación de pobreza o los atletas de alto rendimiento no pueden encontrarse sujetos a la incertidumbre de la venta de algún bien o algún inmueble, porque tienen necesidades diarias que atender, que van más allá de los intereses clientelares del presidente.
Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que la Comisión de Gobernación y Población presenta hoy a consideración de este pleno adolece de un defecto fundamental y este no responde a una necesidad nacional, sino a un capricho propagandístico del presidente. López Obrador; dio la orden y el Congreso obedeció.
Esta reforma no tiene una razón causal de ser ni tiene ninguna consecuencia, más que el que el nombre de la institución que administra los bienes de la nación responda a una dogmática decimonónica y al discurso trasnochado de la cuarta transformación.
En el Grupo Parlamentario del PRD legislamos para todas y para todos los mexicanos, y es por ello que expresamos nuestro voto en contra del presente dictamen, porque creemos en la separación de poderes, en la independencia del Poder Legislativo y en la autonomía de la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Pedro Pablo Treviño.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de hacer una aclaración. En la votación anterior, de defraudación fiscal, no marcó mi voto y quisiera que quedara en el Diario de los Debates mi voto en contra a esta reforma. Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, su expresión puede quedar registrada en el Diario de los Debates e incluso se puede anexar al documento, pero no se modifica el sentido de la votación y el cómputo que ya fue declarado por esta Presidencia. Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Compañeras y compañeros diputados, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social en el país. El esmero y esfuerzo que ha puesto el presidente de la República para combatir la corrupción no ha pasado desapercibida a ojos de los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
Estamos convencidos de que nuestra obligación como representantes populares es estar del lado de la gente y señalar lo que no funciona, porque esto significa que nuestra lealtad está con el pueblo de México.
Creemos que la política de la discrecionalidad de los gobiernos neoliberales está quedando atrás, y eso es gracias a la confianza de la gente que se ha manifestado libremente para que no exista más corrupción y tampoco impunidad.
La lucha anticorrupción está avanzando a pasos firmes, incluso de manera silenciosa. Por eso confiamos en que los mecanismos de entrega de dinero incautado se haga de manera pronta, transparente y se destine a todas y a todos los mexicanos.
A los que piensan que los cambios de nombre no cambian nada les decimos: por una palabra el pueblo de México se ha manifestado, ha librado luchas y ha defendido causas justas y legítimas para la gente.
Con la reforma a la Ley Federal de la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es que se crea el Instituto de Administración de Bienes y Activos, como organismo descentralizado de la administración pública federal.
En este instituto, enfocado a destinar el dinero de los bienes incautados a municipios en situación de marginación y brindar apoyos sociales para la gente, a diferencia de los últimos tres sexenios que ingresaron al Estado más de 3 mil millones de pesos por venta de bienes aseguradas al crimen organizado, de los cuales los ciudadanos nunca recibieron un peso de lo incautado, en este cambio de régimen todo se está devolviendo a las personas más vulnerables mediante subastas, donde pueden participar empresarios, sociedad civil y ciudadanos interesados.
En el PES creemos que el tamaño del encargo ha exigido un alto grado de honestidad, como también de transparencia y de apego a la ley.
En la cuarta transformación la ley se aplica por igual, porque los que aplican la ley también están sujetos al cumplimiento de las reglas. En el PES aspiramos a un país más igualitario, un país más solidario y más justo.
Con la entrega de apoyos a partir de lo que se recauda ponemos al centro los grandes problemas de México: el combate a la pobreza, el acceso a los servicios de salud, la construcción de infraestructura, que permita comunicar las regiones y favorezcan el crecimiento económico y propicie la distribución de la riqueza.
En el PES creemos que sí es posible cambiar las cosas y por ello el ejercicio del poder debe hacerse de manera democrática.
Estanos en el umbral de una oportunidad para que el país logre el desarrollo nacional que queremos y defendemos en este momento para que más gente se comprometa con el rumbo de México. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra La diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Esta es una de las reformas de las cuales el Congreso de la Unión debería sentirse avergonzado, muy avergonzado, porque es una modificación total y absolutamente accesoria, innecesaria, y lo que es peor, solo se hace porque el presidente se le ha dado por llamar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, llamarlo el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Porque él dice que así se tiene que llamar aquí estamos, en esta Cámara de Diputados, simple y sencillamente cambiándole el nombre para satisfacer los intereses del titular del Ejecutivo. De verdad, compañeros diputados, que debería darles vergüenza.
Justo cuando hemos discutido y el pasado 9 de agosto apenas se aprobó en esta Cámara de Diputados y todos subieron a hablar a favor del dictamen de la Ley de Extinción de Dominio. Me refiero a los diputados de la mayoría, hoy resulta que ya lo vamos a reformar porque el presidente quiere que se llame el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Algo que insisto, es total y absolutamente accesorio.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (desde la curul): Sí, solo solicitarle una moción de orden, hay mucho ruido en la comparecencia de la compañera.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Atendemos su petición, diputado. Y hacemos una moción de orden que el mismo respeto que merecemos lo tiene ahora la oradora para continuar. Adelante.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En Movimiento Ciudadano el pasado 9 de agosto apoyamos las reformas en materia de extinción de dominio y presentamos diferentes reservas, diferentes reservas para que justamente cumpliera con el objetivo de contar, por parte del Ejecutivo, con mecanismos eficientes para poder enajenar los bienes y decretar la extinción de dominio.
Apoyamos esas reformas y además estamos trabajando con los diferentes grupos iniciativas para reformar de fondo los problemas de esa Ley Nacional de Extinción de Dominio, y hoy estamos aquí en el Congreso aprobando una reforma, que lo único que hace es que en todos los lugares donde dice Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cambiarlo por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, pero que además es total y absolutamente absurdo, no solamente porque tiene como objetivo hacerle caso solamente a lo que el presidente dice cómo se debe de llamar una institución de esta naturaleza, sino porque la enajenación de bienes no solamente tiene que ver con lo robado al pueblo.
La enajenación de bienes por extinción de dominio es mucho más amplio y si no, para eso les voy a leer la fracción II del artículo 22 constitucional, que dice: la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal.
Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. Y ahí viene lo que corresponde, la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades, en este caso el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.
No estamos solamente buscando devolverle al pueblo lo robado, por la vía de la extinción de dominio se van a poder recuperar bienes que van mucho más allá de lo robado, en lo robado puede estar, sin duda, el delito de la corrupción, pero también hay múltiples delitos que además, en su momento tendremos que analizar en materia de extinción de dominio, que entrarían dentro de esta administración de servicios, la administración de enajenación de bienes.
Por eso, desde Movimiento Ciudadano les hacemos un atento llamado. No hagan de este Congreso un lugar lleno de puras personas sentadas en sus curules, sin capacidad de poder venir y debatir y de presentar cosas. Hagamos de este Congreso el espacio donde debatamos los temas que verdaderamente le interesan a la nación. Y, sobre todo, hoy no pretendamos engañar a la gente. No se está creando absolutamente nada, simple y sencillamente están cumpliendo con el capricho de cambiarle a una institución el nombre para que suene bonito, aunque simple y sencillamente esa reforma, desde la vez pasada, está destinada al fracaso porque la forma en que se legisla en esta Cámara no les sirve realmente a los intereses para una verdadera transformación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Como diría el pueblo de México, a las cosas por su nombre. Compañeras y compañeros diputados, este dictamen que nos atiende el día de hoy se circunscribe en la estrategia legislativa que impulsamos para terminar con la corrupción dentro del Estado mexicano.
Esta modificación que se propone es resultado directo de la reciente expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que en simultáneo involucró diversas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a la Ley de Concursos Mercantiles y a la Ley de la Administración Pública Federal.
La modificación que se propone hace explícito a toda la sociedad mexicana que el Presupuesto es de todo el pueblo de México, y que no es botín para que unos cuantos se sirvan de él. Ah pedradón.
Perdón por la pedrada, pero también se hace explicito el compromiso del gobierno de la Federación para redirigir todos los recursos procedentes de actividades ilícitas, hacia aquellos que más lo necesitan. Es hacer justicia a un pueblo que demanda acciones de su gobierno democráticamente elegido por millones de mexicanos.
Hablar de un Instituto para devolver al pueblo lo robado es, en un primer momento, el reconocimiento claro de la existencia de la corrupción dentro el aparato estatal, no como un resultado cultural sino como una práctica de despojo, de pillaje, de enriquecimiento al amparo del poder, de una práctica que se impulsó, avaló y aplaudió desde las más altas esferas de los anteriores gobiernos mexicanos durante ese oscuro episodio del nefasto neoliberalismo. Justo todo ello es lo que queremos y buscamos erradicar para siempre.
En paralelo, buscamos hacer accesible la información a todos los ciudadanos. El pueblo debe ser el primero en conocer dónde y quién está ejerciendo los recursos federales, estatales y municipales. Que nos escuchen todos los gobernadores y todos los alcaldes; transparencia, nada en lo oscurito.
No podemos seguir intentando engañar a los mexicanos con terminología que está fuera del lenguaje popular, que se presta a interpretaciones que en muchas ocasiones están fuera del ámbito de lo que en realidad se busca transmitir. En cambio, este cambio de régimen que vivimos también tiene que ir en conjunto con un cambio de las formas.
Debemos hacer claro, que para que sirva cada una de las instituciones del gobierno mexicano debemos buscar que las instituciones ganen reconocimiento de la sociedad mexicana, que se conozcan todas y se entiendan cuáles son las tareas que desempeñamos todos los que ejercemos un puesto público. Solo de esta forma apoyamos a que ganen legitimidad por las tareas que se desempeñan, y que sea la sociedad en conjunto quienes emitan su opinión sobre la pertinencia o no de las instituciones que se crean.
La respuesta a este cuestionamiento en las últimas décadas fue que no, y la razón es muy sencilla, los que estaban en esos puestos de decisión solo buscaron el beneficio propio, en muchos casos solo buscaron crear burocracia.
Además, por no decir que en la generalidad hacían que, de un mes a otro, su riqueza personal se incrementará de manera desproporcional, con el dinero del pueblo muchos se volvieron millonarios. No eran cuestiones técnicas las que estuvieron detrás del engrosamiento de esa burocracia, todos esos años fueron favores políticos y una deliberada estrategia de pillaje con la que venía de las altas esferas gubernamentales.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la modificación propuesta, porque estamos convencidos de que el trabajo que se desarrolla desde el gobierno tiene que tener claridad en su objetivo último que es el bienestar de todos los ciudadanos.
Por eso apoyamos la justa consigna de devolverle al pueblo todo lo robado por quienes se creyeron dueños y señores del presupuesto. Nunca más permitiremos el saqueo nacional. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Soto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Con la venia de la Presidencia. Para el Grupo Parlamentario del PRI cambiar un nombre puede ser irrelevante, sobre todo cuando solamente se modifica el nombre y no se le da un contexto de fortalecimiento a la institución.
El Instituto de Administración de Bienes y Activos, SAE, como instancia encargada de administrar y darle destino a los bienes y activos asegurados o decomisados por procedimientos penales, así como los abandonados en favor del gobierno federal o que estén adjudicados a través de la figura de extinción de dominio, esto no se ha modificado solamente el nombre.
En lo que va de la presente administración dicho instituto ha llevado a cabo diversas subastas de bienes, muebles, inmuebles, como automóviles, predios y casas habitación cuyos fondos presuntamente serían utilizados en fomento al deporte, la rehabilitación de caminos y apoyo de comunidades necesitadas.
El cambio de la denominación de Instituto de Administración de Bienes y Activos a Instituto para Devolver al Pueblo Robado, no servirá de nada si no se viene acompañado de una propuesta integral que fortalezca sus atribuciones y capacidades, pero sobre todo que permita la coordinación en la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado.
Llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no asegurará que los servidores públicos tengan presente la misión y visión del organismo, sería iluso pensar que solo su cambio erradicará, supuestamente, malas prácticas en la administración y gestión de los bienes y activos de la Federación.
Esta iniciativa no contempla ninguna propuesta para mejorar la administración y monetización de los recursos recuperados por el Estado, y tampoco medios alternativos para garantizar que durante este gobierno las subastas se traduzcan en beneficios directos, tangibles para las familias mexicanas.
Nos preocupa que dicha denominación sea utilizada como bandera, junto con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, para institucionalizar una política de persecución a los servidores públicos de despojo abierto al sector empresarial y abusos a la población en general, quienes verán sistemáticamente transgredidas sus libertades y violación a sus derechos humanos.
Lo hemos advertido y lo seguiremos haciendo. Si no fortalecemos nuestro marco jurídico e institucional de derechos, como el de la propiedad, la presunción de inocencia, estos pueden verse seriamente afectados.
Compañeras y compañeros, bajo estas consideraciones, desde mi grupo parlamentario, exhortamos a construir una reforma que sea de fondo, para que independientemente de la denominación sea útil en el objetivo de desarticular a las bandas delictivas y garantizar el debido proceso, la reparación del daño de manera integral y el acceso a la justicia.
Justamente las víctimas de manera directa no se están beneficiando. No hay una reparación integral de acuerdo a la normatividad internacional. El uso de recursos públicos, además de ejercerse con transparencia, eficacia, economía y honradez en el caso de los bienes y activos decomisados o incautados en favor del patrimonio de la administración pública federal, debe servir para el fomento de actividades productivas, de prevención de adicciones y de desarrollo nacional.
La importancia del instituto, independientemente del nombre, que sea una marca o bandera, es indiscutible desde su creación que ha sido pieza clave para el aseguramiento de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas en la administración de empresas aseguradas o decomisadas por procedimientos penales y en adjudicación de recursos para el fomento de hábitos saludables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Esperamos que puedan darse más modificaciones previstas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público que se traduzcan en mayores capacidades y herramientas para el instituto, a fin de que puedan desarrollarse mejor las actividades de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Saldaña Pérez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Compañeras y compañeros. En esta tribuna hemos denunciado a lo largo de 12 meses y medio que lleva esta Legislatura todas las ocurrencias que se han planteado, ya sea como políticas públicas o como reformas legislativas.
De nueva cuenta hoy se presenta una ocurrencia más. El cambiar de manera frívola y manipuladora el nombre de una institución del Estado mexicano para amoldarse a los caprichos del presidente.
Ya en el paquete que dio lugar a las reformas a la Ley Nacional de Extinción de Dominio se había cambiado el nombre de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes por el del Instituto de Administración de Bienes y Activos.
En el cambio de nombre que estamos discutiendo implica una traición legislativa. Afirmamos lo anterior porque en el Senado de la República cuando se acordó aprobar por todas las fuerzas políticas, se hizo bajo el acuerdo de que no se utilizaría el nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para designar al SAE.
Es verdaderamente lamentable la falta de decoro político que se tiene al pretender por la fuerza de la burda mayoría el traicionar e incumplir con la palabra dada.
Además de lo anterior, el cambio de nombre es una burla. La principal función de la institución de administración de activos no es la de hacer devoluciones de bienes robados, tiene muchas funciones y muy trascendentes en relación con bienes de muy diversa naturaleza.
Es cierto que una de ellas es enajenar bienes de diverso origen, pero es un despropósito la preponderancia que se le quiere dar a la función de realización de bienes a favor de las arcas y, en específico, de lo que se denomina devolución al pueblo.
Legisladores de la mayoría: con esta reforma están generando expectativas que no van a cumplir. De una vez se los advertimos –al igual que a la representante indígena que hace una semana declaró que de los 21 millones de pesos que le ofreció el presidente, solamente tenía el cheque de cartón– van a dejar sin satisfacer la expectativa que el cambio de nombre supone.
Sépanse ustedes, y se los decimos con toda apertura, que el marco de extinción de dominio que se aprobó quedó muy en entredicho. Los defectos de dicha normatividad se han señalado por la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se refieren a fallas muy graves al 6o. constitucional, que el Partido Acción Nacional desde la reforma educativa les advirtió.
Es tal la arrogancia y la cerrazón de los legisladores de la mayoría, que ni siquiera fueron capaces de aprovechar esta reforma para corregir aspectos evidentes en la Ley de Extinción de Dominio.
Ustedes pagarán muy caro su cerrazón, arrogancia e ignorancia. Con el marco actual en la materia no habrá bienes que devolver al pueblo. Cambien el nombre que quieran, usen su mayoría, el pueblo cada vez tendrá más claro que lo que ustedes representan es una simulación.
Ahora bien, si andan muy creativos y acomedidos, de una vez y como lo propone el diputado Elhier Cinta, de Guanajuato, cambiemos el nombre del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, por el del Instituto para Robarle al Pueblo lo Trabajado. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Marcos Aguilar Vega.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, como sabemos todos el Instituto de Administración de Bienes y Activos es el organismo público descentralizado de la administración pública federal que, entre otras cosas, regula los bienes asegurados y los decomisos en procesos penales federales.
Este instituto también administra aquellos bienes asegurados para cubrir créditos a favor del gobierno, los embargos, así como los demás títulos, valores, activos y demás derechos de la administración pública federal.
Estamos a favor de cambiar el nombre de Instituto de Administración de Bienes y Activos por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, porque este cambio de nomenclatura significa un cambio institucional que da cuenta del espíritu y objeto que ahora tendrá este instituto, el cual revela la vocación social del gobierno federal de la cuarta transformación, así como la sensibilidad para reintegrar al pueblo de México los daños causados por la corrupción.
En su nombre el instituto llevará el mensaje claro de su visión y misión. La cuarta transformación tiene como objetivo la justicia distributiva y social, así como el combate a la corrupción y la transparencia. El dictamen a discusión da cuenta de ello.
La política social de la cuarta transformación constituye una gran ecuación política y económica, que nos permite extender los beneficios del nuevo diseño institucional que está derivando paradigmas y viejos modelos para incorporar nuevas formas de hacer política que dé paso a los que menos tienen.
La razón de la cuarta transformación es el pueblo, porque nació del pueblo y este es el que ahora manda. La administración a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se alejó del carácter social y el interés público encomendados.
La votación y sentido social se sustituyeron para dar paso a la corrupción que permeó en anteriores administraciones en perjuicio de las y los más desprotegidos de nuestra nación.
Por esta razón es que estamos renovando las instituciones desde sus cimientos hasta su denominación. De forma y de fondo se está llevando a cabo una transformación profunda que permita regenerar la ética pública y construir un nuevo régimen político.
El gobierno actual se caracteriza por la transparencia, la justa distribución de la riqueza, la austeridad republicana y la justicia social, todos elementos integradores de un buen gobierno y generadores de confianza ciudadana.
El Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura y el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos cumpliendo con nuestros compromisos.
Precisamente el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población que analizamos es el complemento de la Ley Nacional de Extinción de Dominio para que aquellos productos bienes del delito sean utilizados en favor de los que menos tienen, en favor del pueblo.
A quienes piensen que este dictamen contiene solo un cambio de denominación de una dependencia por uno nuevo, les queremos decir que no es así, se trata de un cambio estructural que tiene en su centro a la transparencia y a la sociedad. Buscamos que los recursos públicos que provengan de actividades ilegales y que fueron confiscados por los órganos del Estado, sean destinados a proyectos y programas de política social.
Por tal motivo es que la posición del Grupo Parlamentario de Morena es a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Chico Herrera. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas del dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pasamos a la discusión en lo general. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el contenido del dictamen que crea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es inaceptable, más allá del plano probablemente chusco en lo que se refiere al nombre, sin duda lo que existe detrás de este planteamiento es una propuesta alejada de las leyes aplicables, pero, sobre todo, de la vida institucional, pues se plantea que dicho instituto se haga cargo de todos los bienes provenientes de los más distintos orígenes, ya sea la apropiación de bienes correspondientes a las actividades delincuenciales, así como a otras.
Además, lo que resulta altamente preocupante es el manejo discrecional que tendrán estos recursos, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas y muy fácil de utilizarse para alcanzar objetivos políticos electorales.
No hay indicaciones en el dictamen respecto a la utilización de estos recursos, mediante mecanismos que permitan la aplicación basados en reglas de operación. Esto es lo lamentable, porque se abre la puerta a que se actúe de manera opaca en lo que se refiere a la existencia de órganos o dependencias a que se responsabilicen plenamente de su operación.
No resulta difícil suponer que a lo que asistiremos nuevamente, como ha ocurrido muchas veces en esta administración federal, es a las decisiones unilaterales adoptadas en un marco muy alejado de la transparencia, para poner en manos de una sola persona, como podría ser el presidente de la República, los destinos de estos recursos que pueden ser sumamente considerables, de acuerdo a las condiciones existentes.
Por otra parte, resulta muy lamentable, compañeros y compañeras, que esta Cámara sea condenada a desempeñar un papel de mera observadora en lo que respecta a las tareas de revisión y vigilancia que le correspondería desempeñar, dando paso a un ejercicio en que se le otorga una tarea de oficialía de partes, donde se aceptan de manera automática decisiones adoptadas de antemano por el Poder Ejecutivo e impulsadas por una gran mayoría que solo actúa para quedar bien con el presidente de la República.
Por lo antes señalado, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra del presente dictamen, por las razones antes expuestas. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilera Rojas. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, durante años vivimos bajo la sombra de gobiernos corruptos, gobiernos que se robaban el dinero de la gente, gobiernos coludidos con el narcotráfico, gobiernos que nos mintieron a todas y a todos los mexicanos.
El pueblo de México además ha sufrido por la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que tanto dolor y sufrimiento ha traído a las familias mexicanas. Por eso es tan importante el presente dictamen, porque por fin, por fin llegó el momento de devolverle al pueblo lo robado.
Este dictamen cambia el nombre del Instituto de Administración de Bienes Activos y lo nombra como lo que es realmente, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Con motivo de la modificación constitucional en materia de extinción de dominio, la renovación de la denominación de esa institución buscará un claro destino social. Además, el cambio de nombre que propone el presente dictamen motivará a los servidores públicos que trabajan en este instituto a que sean conscientes de la importancia que representa la gestión de los bienes a su cargo, en beneficio de la sociedad.
De esta manera queda claro, para todas y todos, que estos bienes serán utilizados para apoyar a los más necesitados de nuestro país. Los autos, joyas, casas, cuentas bancarias, armas y demás bienes asegurados a la delincuencia y a los servidores públicos corruptos se devolverán al pueblo.
Vamos a terminar con las malas prácticas y la opacidad de los bienes que se recuperaban de la delincuencia y la corrupción.
Con el dinero proveniente de las subastas de todo aquello que se incaute podremos reforzar los programas sociales. De esta forma otorgaremos más becas para los jóvenes. Invertiremos en más proyectos de infraestructura. Mejoraremos las escuelas y poco a poco reconstruiremos a nuestro país.
En la cuarta transformación nos propusimos hacer las cosas de manera distinta, porque solo de esa manera las y los mexicanos tendrán el gobierno que merecen. Y lo sé y lo sabemos.
Sí, ya lo sabemos que todas y todas estas nuevas leyes de este nuevo gobierno les afecta a muchos en sus intereses particulares y por eso no dudo que de esta ley y de muchas otras que hemos estado escuchando el día de hoy, se vayan a amparar, ¿verdad? O le llamen programas populistas. Ya se amparó Juan N, Rosario N, Emilio N. no tarda que lo hagan Fox N, Diego N, Calderón N, Nuño N y hasta Esparza y Peña N.
Les aviso, y avísenle por ahí de favor a la mafia en el poder, que esta reforma es prueba clara de esta cuarta transformación. Por el bien de México, primero los pobres. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Onofre Vázquez. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Jacobo Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Perdón, me corrijo. El diputado Cheja Alfaro tiene el uso de la palabra para hablar en contra.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta. El dictamen que aquí discutimos presenta una serie de ambigüedades que deben subsanarse.
En un Estado de derecho debe haber fundamentación y motivación de los actos legales, y en este caso no hay ni fundamentación ni motivación para cambiarle el nombre al Instituto de Administración y Enajenación de Bienes y Activos. Hay que recordar que apenas hace unos meses se le cambió dicho nombre a este organismo. Como se recordará, anteriormente se llamaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El trabajo legislativo, compañeras y compañeros, no es un juego. Estamos desaprovechando los recursos humanos y financieros de esta Cámara y de manera general de este Poder.
La reciente Ley de Extinción de Dominio, que tiene vigencia desde el pasado mes de agosto, genera incertidumbre en la ciudadanía y más en el caso de los arrendamientos de los inmuebles, en donde, por las ambigüedades de la ley, un arrendatario podría perder su propiedad en un juicio, pasando a manos del eventual Instituto para devolverle al pueblo lo robado, generando, claro, una confusión en su nombre, sin mencionar que cuando un ciudadano no pueda comprobar la licitud de su propiedad, también pasaría a su administración, por lo que el término lo robado, pasaría obviamente a perder la razón de ser.
Es importante mencionar que los bienes provenientes de las entidades en desincorporación, liquidación y extinción terminarían en manos de este instituto como lo señala el dictamen. ¿Entonces dónde estaría lo robado, compañeras y compañeros? ¿Verdad que es una ocurrencia? No debemos de legislar al vapor, ni con subjetividad, seamos serios, compañeros legisladores, México necesita instituciones a la altura de las circunstancias.
En Movimiento Ciudadano estamos en favor de la seriedad y la objetividad institucional, no podemos permitir que se genere una confusión en la ciudadanía cambiándole el nombre a este instituto, no estamos hablando de un organismo que se encargará de regresarle a los ciudadanos los bienes que pierden en manos de la delincuencia, su función en realidad es otra, pues le reitero, no necesariamente estaríamos hablando de bienes robados.
Por lo anterior, les hago un exhorto, compañeras y compañeros diputados, a que legislemos en temas prioritarios que le urgen en realidad a la sociedad y que dejemos de lado los caprichos y las ocurrencias de la cuarta transformación, que no solo nos quitan el tiempo, sino que generan confusión y ambigüedades porque obviamente nuestro sistema político y normativo debe de estar al día.
En Movimiento Ciudadano velaremos porque el Poder Legislativo, el Poder con mayor representatividad popular, sea utilizado para legislar en temas prioritarios que le urgen a la sociedad mexicana y que no sea en realidad desaprovechado en banalidades como esta. Es cuanto, compañera presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cheja Alfaro. Para hablar en pro tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Pueblo de México, diputadas y diputados, durante décadas el pueblo de México ha sido agraviado por la corrupción institucional, decenas de políticos de alto nivel amasaron fortunas inimaginables al amparo del poder público. Los gobiernos anteriores se caracterizaron por su ineficacia, frivolidad, dispendio y desvío de los recursos de la nación, los cuales terminaron en manos privadas.
Con el presente dictamen, el cual el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor, se crea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ello como un recordatorio de que los recursos desviados del erario por los servidores públicos son simple y sencillamente un robo a la nación.
Pareciera que el nombre del instituto es políticamente incorrecto, pero la verdad ya no puede enmascararse ni puede atenuarse con eufemismos. ¿Cuántos exfuncionarios han salido de la administración pública con millones de pesos o dólares en sus cuentas bancarias o con decenas de propiedades inmobiliarias de alto valor?
No hay manera de que la riqueza inexplicable de muchos de los funcionarios de las administraciones anteriores fuera producto de su trabajo y de su esfuerzo. El ejemplo más reciente es el de Emilio Lozoya, quien en un sexenio acumuló una riqueza que miles de mexicanos no generarían en toda una vida.
El pensamiento de llegar al encargo público a servirse de los recursos ha contribuido a la deplorable y precaria situación que se ha vivido en nuestro país. El desvío de los recursos, los sobreprecios, el diezmo y otras actividades irregulares, se acabaron en la cuarta transformación. Nos hemos comprometido y los resultados se están dando.
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en conjunto con otras instituciones del Estado, será el encargado de vigilar que el dinero recuperado sea invertido en áreas y acciones prioritarias.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo seguimos caminando de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues creemos que su proyecto consolidará la democracia y las instituciones del Estado para velar y servir al pueblo de México.
Ya hay una nueva manera de hacer política, y el pueblo ya no podrá exigir menos, por el contrario, en cada trienio, sexenio, el compromiso deberá ser mayor y cumplirse a cabalidad.
El presente dictamen se suma a los esfuerzos por consolidar un gobierno del pueblo y para el pueblo, no de sectores privilegiados que se sirven de los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted. En el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, para hablar en contra.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. En medio de las intensas tareas de esta etapa con la inminente discusión y aprobación del paquete fiscal; Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal, reformas constitucionales, creación y desaparición de instituciones como la Lotería Nacional, surge este dictamen.
Se trata ni más ni menos del cambio de nombre de un organismo descentralizado de la administración pública federal. Por ley tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, instituto cuyo objetivo es la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes activos y empresas del gobierno federal.
A esta institución la bautizamos apenas el 25 de julio pasado. Entonces aprobamos una nueva ley para mejorar el funcionamiento del antiguo SAE. Menos de tres meses después vamos de nuevo. Se trata del cambio de nombra aprobado por el Congreso de la Unión unas cuantas semanas atrás, de Instituto de Administración de Bienes y Activos pasaría a denominarse Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Nombre matador, me decía una amiga, que refleja la demanda de la ciudadanía para recuperar los fondos extraídos de los recursos públicos.
Cuando discutimos el dictamen en julio, yo presenté unas reservas. Durante mi intervención dije –cito–: Por favor, algún compañero de Morena que le informe al señor presidente de la República que este es el nombre final de la ley que vamos a aprobar. No es más que un apodo o un ingenio decir que es del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, más cuando ya vimos cuando discutimos la Ley de Extinción de Dominio, que lo que el Estado mexicano –si no se corrige esa ley– va a robar no es precisamente lo que provenga de los grandes criminales y del crimen organizado y de los corruptos de gran relieve y fama, sino de lo que provenga del patrimonio de las y los ciudadanos del país –fin de la cita.
Al presidente López Obrador no le gustó el nombre de la nueva institución, así se lo hizo saber a Morena y, prestos, presentaron la iniciativa de reforma a tres leyes para satisfacer la ocurrencia presidencial.
No todo lo que administra, enajena, destruye y destina este instituto proviene de robos. Por ejemplo, a lo largo del presente año el SAE puso en subasta más de 200 vehículos del Estado Mayor Presidencial. Se trata de vehículos que utilizó el personal de las Fuerzas Armadas Nacionales en el cumplimiento de las que eran sus tareas constitucionales y legales.
¿Fueron esos vehículos robados al pueblo de México? ¿Así ve Morena al personal de las Fuerzas Armadas Nacionales? Porque si fuese así, nos gustaría ver en dónde se encuentran los culpables.
Hagamos una reflexión obvia y evidente. Si en materia legal de trabajo del instituto será darle curso a aquello que se aprecia jurídicamente como robado, es decir, como algo que fue sustraído ilegalmente de la legítima posesión de su propietario, entonces todo proceso llevado a cabo por el instituto a partir del cambio de su denominación, tendría que acompañarse necesariamente de la acusación penal correspondiente por el delito de robo.
Lo que acabo de señalar no es una expresión irónica, es la única oportunidad jurídica posible en el funcionamiento de una institución que reciba tal denominación.
Ahora bien, si se trata de cambios de nombre más afines con el ingenio popular, podríamos, en el corto plazo, rebautizar a algunas instituciones. Por ejemplo, qué les parece sustituir la aburrida y formal denominación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la secretaría cobrataria. Y al Servicio de Administración Tributaria, yo también tengo mi propuesta, qué tal si le llamamos instituto chupacabras de los contribuyentes. Y si en vez de la Secretaría de Gobernación la llamamos secretaría amor y paz.
El dictamen que hoy se pretende aprobar, es tan verdaderamente absurdo que estoy segura de que el Diario de los Debates de esta sesión será uno de los más buscados en el futuro por los estudiosos de la historia del Congreso Mexicano.
Querrán saber cómo fue capaz este Congreso y esta legislatura de aprobar una reforma legal que no tuviera consecuencias tan graves para la administración pública federal. No habría pasado de ser una mala broma política. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena, para hablar en pro del dictamen.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia. Quisiera iniciar este posicionamiento diciendo que el lenguaje tecnocrático y las políticas privatizadoras de la era neoliberal lo único que pretendieron fue esconder sus muy perversas corruptelas. Eso es exactamente lo que hoy la cuarta transformación busca extinguir.
Queremos terminar con una tradición en la que las instituciones se alejaban de los valores y del interés del público ciudadano. Hoy, totalmente al contrario de toda esa parafernalia verbal que estuvo vigente en tiempos anteriores, lo que buscamos, sí, lo que buscamos en este tiempo nuevo es honrar las palabras. Lo que estamos expresando con este cambio es el genuino espíritu de la transformación.
No tenemos duda de que esta cuarta transformación también pasa por las palabras, por los conceptos, por las ideas, por la comunicación.
Por ejemplo, hace mucho tiempo alguien pensó que PAN sería una palabra cercana a la gente y así le pusieron a un partido político, aunque Partido Acción Nacional no quiere decir nada, no quiere decir esto en realidad.
Sin embargo, el cambio de nombre de Instituto de Administración de Bienes y Activos, al del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tiene justo ese propósito. Aquí sí se refiere a que la gente sepa con toda claridad cuál es la finalidad de este gobierno: que todos podamos entender muy bien qué es lo que hacen exactamente las nuevas instituciones del gobierno. Que las palabras se conviertan en el valor simbólico capaz de vincular el ejercicio gubernamental con el pueblo, con ese pueblo que por muchos años de corrupción perdió lo que era suyo y lo que ahora sí les será devuelto.
Ya no es el dinero el que va a ser robado por una burocracia dorada. Ya no será dinero, bienes usados en la fastuosidad o en el derroche de las casas blancas. No, es la fastuosidad, es el derroche, es la corrupción lo que acabó con la Ley de... con lo que acabamos, con esta Ley de Austeridad Republicana que aprobamos la semana pasada.
Ahora sí estamos reconstruyendo una patria que durante décadas se empeñaron en demoler y no lo lograron afortunadamente. Hoy es momento de recuperar el sentido social de las instituciones con total transparencia, austeridad y eficacia.
Eso es lo que representa el cambio de nombre, lo decimos con toda claridad para que nadie se confunda: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Eso quedará claro para la gente, para los servidores públicos y para todos los mexicanos de a pie.
Y si alguien aquí se siente incómodo, sépanse que es más indignante enterarnos un día sí y el otro también de las estafas, del cohecho, de los sobornos, de la corrupción, que sistemáticamente hicieron en este país. Eso es lo que más ha dañado a este pueblo y es por ello que debe quedar bien claro cuál es el propósito de la transformación por la cual la gente voto de manera abrumadora en favor de un cambio verdadero.
Así ahora no quedará la más mínima duda de cuál es la función de las instituciones y a quién deben servir. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y aún a su pesar se devolverá también la costumbre de que coincida el texto de la ley con la actuación de las autoridades.
Que la República atienda a su esencia. Es decir, todo lo que es público sea para el beneficio del pueblo. Apréndanse eso, por favor. Nosotros nunca más lo vamos a olvidar. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús Guzmán Avilés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras, como ya hemos adelantado, nuestro Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen, porque estamos en contra de la traición que significa insistir en una idea que fue desechada en la Cámara de Senadores, a efecto de generar un consenso para aprobar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Insistir en el tema, haciéndolo pasar como un tema de bajo perfil, eso no borra lo desaseado de la maniobra, lo sucio de querer cambiar el nombre por el simple hecho de cambiarlo.
Votaremos en contra, porque técnicamente la función de administrar y enajenar bienes lo hace el Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes llamado SAE. El esfuerzo que le ha costado a esta República el crear instituciones y fortalecerlas para beneficio de la ciudadanía es de muchos años y no podemos dejarlo al ahí se va por un solo capricho del Ejecutivo nacional.
El aseguramiento de bienes ya existe en nuestra legislación, desde hace muchos años. No es nuevo ni tampoco se está descubriendo el hilo negro. La nueva ley fue diseñada para tener una mayor efectividad en el combate a la delincuencia, brindar las garantías de audiencia y debido proceso a los acusados, para que se pudieran defender.
El proceso de extinción de dominio inicia a partir de un proceso penal, pero que constituye un proceso civil independiente, de tipo contradictorio, en el cual el fiscal titular de la acción penal es quien debe presentar al juzgador pruebas de que ciertos bienes del acusado fueron obtenidos como resultados de conductas ilícitas y, desde luego, puede pedir medidas cautelares para su aseguramiento y aún la autoridad administradora puede proceder a la disposición anticipada de los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio, en casos extremos claramente señalados en la ley.
Votaremos en contra, porque nos parece una torpeza el no haber utilizado la oportunidad de discutir a fondo las evidentes fallas e imperfecciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y generar una reforma para la tranquilidad de la sociedad mexicana. Tal parece que lo que se quiere ahora, lo que quiere la mayoría es generar terror en la población.
La extinción de dominio se distingue de la expropiación, el decomiso y la confiscación, porque es la pérdida de derechos en relación con bienes declarados por sentencia judicial, sin el pago de contraprestación y compensación alguna, por estar vinculados con actividades delictivas.
La legislación puede causar la pérdida de derechos no solo al propietario sino al poseedor de bienes, como es el caso del arrendamiento, en el cual el arrendador y el arrendatario pueden verse afectados.
Sin duda, todos los mexicanos, sin excepción, todos, estamos de acuerdo en que se le devuelva al pueblo lo robado. Pero, para su conocimiento, ese instituto ya existe, ya ha existido, solamente es que trabaje bien.
No estamos de acuerdo en que se desarticule ese instituto, nosotros estamos interesados en reducir los altos índices delictivos que enfrenta el país. En este sentido, parece adecuada una legislación que facilita a la autoridad el apoderamiento de los bienes del hampa. Pero no deja de preocupar su posible mal uso por parte de la autoridad, tanto para chantajear a los particulares como para realizar venganzas políticas.
La sociedad civil organizada deberá permanecer bien atenta, a efecto de que su uso sea conforme al propósito fundamental de combatir la delincuencia organizada y recuperar los inmensos montos que maneja. Usemos nuestro tiempo en cosas útiles para el pueblo de México, no en poner instituciones y leyes al servicio del Ejecutivo.
En el PAN votaremos siempre a favor del bien del país, pero no en esta ocasión en que solo es un engaño a la población. En esta ocasión votaremos en contra. Los invitamos a actuar con seriedad, votemos en contra de esta modificación que nada útil y bueno puede traer para el país. No engañemos al pueblo, este cambio de nombre es solo un capricho del Ejecutivo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Avilés. Para hablar en pro tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el mundo se construye con el idioma de la cuarta transformación. Tenemos el compromiso y la sensibilidad para llamar a las cosas por su nombre.
Por eso, nuestro voto será a favor de este dictamen que propone una modificación en el cambio de denominación del Instituto de Administración de Bienes y Activos, por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
No olvidemos que en política la forma es fondo, la nueva denominación que el dictamen en cuestión propone implica el reconocimiento y modificación de los insultos cometidos contra el pueblo de México. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado representa regresar al pueblo lo que le pertenece, lo que un día le fue arrebatado por la ambición, el delito y la corrupción.
El presidente de la República lo ha expresado con claridad, es momento de devolver lo mal habido: ranchos, casas, autos, alhajas y todos aquellos bienes adquiridos por medio de vicios, como la corrupción y que están en manos de delincuentes de cuello blanco, ex gobernadores o del crimen organizado.
La nueva institución en esta administración ya ha dado sus primeros y grandes resultados. Tan solo en una subasta ejecutada el 20 de septiembre recaudó 61 millones de pesos por la venta de 351 lotes de bienes muebles en Guadalajara. A la fecha, el actual gobierno ha recaudado alrededor de 230 millones de pesos en las cinco subastas que ha realizado durante los primeros meses del presente año.
Lo más importante es que el destino de los recursos de estas subastas tiene como finalidad ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, la fusión del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es esencial para apoyar a los más pobres, para que ningún mexicano o mexicana se quede atrás.
Asimismo, el cambio de denominación que hoy se discute contribuye a que los servidores de ese organismo sean conscientes de su responsabilidad y que el pueblo tenga la certeza de que esta institución está a su servicio.
Estamos en un cambio de régimen y resulta necesario un cambio de mentalidades. Los valores son claros: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado responde a estas premisas y al compromiso adquirido.
Diputadas y diputados, se acabó el tiempo de los corruptos y de los criminales, de los ladrones de cuello blanco, de la riqueza ilegal concentrada en unos cuantos, como es el caso de algunos exgobernadores que no entregaron cuentas claras al pueblo que confió en ellos.
Es muy importante que este dictamen sea votado a favor de la gente más pobre y más necesitada y, sobre todo que tengamos justicia para la gente más necesitada. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Borrego Adame. Para hablar en contra tiene el uso de la palabra, el diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Absalón García Ochoa: Con su permiso, presidenta. Compañeras, compañeros diputados. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, una ocurrencia más de esta cuarta trastornación. Cambiar el nombre a una institución para alimentar la arrogancia de una mayoría que no cumple lo que promete, que engaña y se contradice. Eso, compañeras y compañeros, en nada beneficia a un pueblo carente de seguridad, de justicia, de empleo y de salud.
¿De verdad quieren devolver al pueblo lo robado? Regrésenle a las madres trabajadoras las estancias infantiles. ¿De verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? Regrésenle a los estudiantes una educación de calidad donde se premie a los maestros mejor evaluados. ¿De verdad quieren devolver al pueblo lo robado? Regrésenle la esperanza de vida a los niños que padecen cáncer y doten de medicinas a los hospitales que hoy no tienen con qué atender a esos niños.
De verdad, ¿de verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? Cumplan sus promesas y bajen el precio de la gasolina. De verdad, ¿de verdad quieren devolverle al pueblo lo robado? No le roben al pueblo...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame diputado. Permítame un momento, diputado. Compañeras y compañeros, qué bueno que ha despertado esta asamblea y el entusiasmo, pero necesitamos darle al orador la oportunidad de expresarse tal y como lo hemos hecho con todos quienes han participado en esta larga sesión. Siga adelante, diputado, por favor.
El diputado Absalón García Ochoa: Gracias, presidenta. Hagan su tarea, compañeros y compañeras en materia de seguridad y no le roben la esperanza al pueblo de México con sus ocurrencias.
¿Quieren de verdad devolverle al pueblo lo robado? En las próximas semanas vamos a discutir la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Devuélvanle el presupuesto al campo. Devuélvale el presupuesto a los estados y municipios, vayan, vayan a la calle con su gente. De verdad, de verdad...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañero diputado. Permítame un momento. Compañeras y compañeros diputados, habrá oportunidad que oradores que tienen otra opinión también ocupen esta tribuna. Permitan escuchar al orador y que sus expresiones de júbilo o de desagrado sean respetuosas de su participación. Adelante, diputado.
El diputado Absalón García Ochoa: Gracias. Gracias, presidenta. No sean ocurrentes, no sea ocurrente. Miren, ahora sí que sus ocurrencias que ahorita las está viendo el pueblo de México, estoy plenamente seguro que los ciudadanos que los están viendo les dicen: fuchi, guácala.
Decirles, decirles compañeros, compañeras, ya no es tiempo de ocurrencias, es tiempo de actuar. Y en las próximas semanas vamos a ver el compromiso que tiene la mayoría en el Presupuesto que se autorice al Ejecutivo federal en beneficio de la gente de nuestro pueblo y principalmente, lo digo como un productor del campo, regrésenle el presupuesto al campo. Eso es lo que le tienen que regresar. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado García Ochoa. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Yo recorro mi distrito, el 4 de Iztapalapa. Recorro el país y cuando a la gente le dices que no hay un pacto de impunidad, que se va a hacer una consulta para que voten si quieren que se vayan a la cárcel y regresen lo robado los expresidentes de la República, la gente por aclamación dice queremos que se vayan a la cárcel y regresen lo robado. Desde Salinas a Peña, pasando por el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
Porque aquí se quieren hacer los simpáticos nuestros compañeros de la oposición, pero lo que estamos denunciando son los alcaldes que se llenan de casas, de ranchos, de bienes, del PAN y del PRI y que la gente dice esos ladrones tienen que regresar lo que se robaron.
Estamos hablando de la casa de Peña Nieto de 8 millones de dólares. Estamos hablando de que el comandante Borolas, que fue el líder de ellos, empezó con una casa de 200 metros cuadrados y acabó con dos kilómetros cuadrados.
Estamos hablando de García Luna, que aquí, en esta soberanía, le demostré que tenía propiedades por 42 y medio millones de pesos y cuando le pregunté cómo le hacía, decía que ahorraba mucho.
Estamos hablando de gente como Medina Mora que dice que depositó 2 y medio millones de pesos en Londres y que le aparecieron en libras esterlinas. Ya ven que los británicos son tan simples que no saben el tipo de cambio entre el peso y la libra esterlina.
Serénese, tranquilo, compañero, serénese. Vino Bartlett y no tuviste el valor para irlo a confrontar.
El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañero Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, compañero diputado?
El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): Para hacerle una pregunta, si me la acepta el diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pues si es mi compañero...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento. A ver, compañero Fernández Noroña, ¿acepta usted una pregunta de su compañero Armando Reyes?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Con mucho gusto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.
El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): Gracias, diputado. Acabamos de escuchar al diputado que lo acaba de anteceder, que acaba de decir una sarta de mentiras hacia los ciudadanos, aprovechándose de que tenía el micrófono en la tribuna abierto.
Yo le pregunto, diputado Noroña, si usted cree que efectivamente, como lo afirmó el diputado, se ha dejado sin presupuesto al campo, primera. Si se ha dejado a las guarderías sin presupuesto. Tercero, si no se ha invertido en la educación en nuestro México. Y ahí le paro porque no voy a terminar en el tiempo que es su tiempo, hay que ser respetuoso para poder señalar la sarta de mentiras que acaba de decir el diputado, que es una falta de respeto a los mexicanos y es una ofensa a la inteligencia de toda esta soberanía.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda a responder, diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Quiero recordar, diputada presidenta, a esta soberanía que no tengo un tiempo límite para responder la pregunta, para que no se empiecen a desesperar.
Dijo aquí, efectivamente, Acción Nacional que le devolvamos las estancias infantiles. Se le olvida el pequeño detalle de que eran privadas, que eran negocios de los amigotes del comandante Borolas, de Peña y de los que estaban en el gobierno, y que metían en casas adaptadas. Eran estancias para que estén los niños. Ahí los aventaban, mal cuidados, mal alimentados. Eso no merecen los niños ni las niñas del país.
Por más que se indignen, lo que merecen son centros de desarrollo infantil. Cuando quieran los invitamos a que conozcan los que creó el PT, para que vean lo que es tratar bien a los niños y a las niñas desde los primeros días de nacidos.
Lo que querían era seguir haciendo negocio con todo: con las estancias infantiles. Viene a hablar aquí de la educación de calidad, si lo que querían era entregarle al señor equis la educación pública del país, que dejara de ser pública, laica y gratuita para hacer negocio con ella.
Como han ahogado a las universidades públicas, que proliferaron las universidades privadas. No tengo problema con universidades privadas, pero hay universidades privadas que no merecerían el nombre de universidad, y que han sido negocios al cobijo del poder del PRI y del PAN.
Dice también que se le regrese la esperanza de vida a los niños. Se necesita de verdad ser caradura para venir a hablar aquí de los niños y las niñas del país que, aunque digan que soy reiterativo, nos entregaron el país con el 50 por ciento de los niños comiendo una vez al día.
Somos el segundo país en pederastia del mundo, porque son pobres, porque están trabajando, porque son abusados laboralmente y porque son abusados sexualmente.
¿Cómo pueden venir a plantear aquí semejante despropósito? No se han preocupado nunca, por eso perdieron la elección del primero de julio de 2018 y por eso van a perder la de 2021 y la de 2024 también.
Dice que bajemos la gasolina. ¿Quién ofreció bajar la gasolina? ¿No fue Enrique Peña Nieto con la reforma energética y no fue Ricardo Anaya el que celebró esa decisión diciendo que iba a haber gasolina barata para el país? Todavía hay calcomanías en las gasolineras diciendo que iba a bajar la gasolina.
Fueron ustedes los que ofrecieron bajar la gasolina para descuartizar Pemex y entregarlo al capital extranjero. Son unos traidores al pueblo. Eso es lo que son.
Finalmente, sobre el presupuesto del campo, para terminar la respuesta nosotros hemos, por primera vez en décadas, devuelto los precios de garantía, dando apoyos a los que están trabajando en el programa Sembrando Vida, recuperando el apoyo a los productores de café.
Me acaban de decir en Huauchinango: “Ya llegaron los apoyos para los productores de café, pero nos están pagando a tres pesos, a tres pesos el kilo de café”. Debe ser un coyote, como el que habló aquí, el que paga tres pesos. Que se dice campesino, pero son unos explotadores del pueblo.
Dicen que crean empleo, pero lo hacen para explotar a nuestro pueblo. Si enterrando su dinero se reprodujeran no crearían ni un solo empleo. No se vengan a adornar aquí. El gran generador de empleo es el Estado mexicano con sus grandes inversiones que ustedes han detenido con sus amparos en el aeropuerto Felipe Ángeles, con el boicoteo al Tren maya, con el boicoteo a la refinería de Dos Bocas. He terminado mi respuesta, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Siga con su resto de tiempo para concluir, diputado. Actívese el reloj, por favor.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros, compañeras de la oposición, en verdad no sé por qué les molesta tanto que el instituto se vaya a llamar el Instituto para que se le Devuelva al Pueblo lo Robado. Fue una promesa de campaña, no hay engaño. ¿Por qué se enojan de que cumplamos los compromisos de campaña? ¿Por qué se enojan de que tomemos decisiones en favor del pueblo? ¿Por qué no recorren sus distritos y le preguntan a la gente si lo que estamos aquí decidiendo verdaderamente la gente no lo quiere?
Esta decisión que estamos tomando, el pueblo la va a recibir muy bien, porque la denominación del instituto no deja lugar a dudas que no va a haber impunidad, que estamos combatiendo la corrupción y que queremos que regresen al pueblo lo que se robaron sus compañeros y compañeras de partido.
No sé si algunos de ustedes también hayan robado al pueblo y por eso estén tan nerviosos y tan indignados. Pero van a tener que regresar lo que se robaron, si algo le robaron al pueblo. De eso no tengan la menor duda.
Porque aquí la coalición Juntos Haremos Historia venimos a cumplirle al pueblo. Les molesta que apoyemos al compañero presidente López Obrador, no en sus ocurrencias, no acaban de entender que por más que se indignen estamos encarnando los Sentimientos de la Nación. Qué fuerte, Los sentimientos de la Nación.
Se los puedo decir con toda autoridad, porque es público que hago asambleas públicas, que recorro el país, que escucho a la gente, que se abre el micrófono y que la gente dice: No aflojen, están haciendo lo correcto. Defiendan a nuestro gobierno. Defiendan al compañero presidente. Acompáñenlo en este esfuerzo en esta revolución sin violencia que estamos realizando.
Cierro. No exagero cuando digo que los ojos del mundo están atentos a lo que estamos haciendo en nuestro país, porque estamos haciendo una revolución sin violencia, que es la cuarta transformación.
Se pueden indignar lo que quieran. Nos pueden venir aquí a repetir su sarta de mentiras, de denuestos, de calumnias, de distorsiones, pero estamos cumpliéndole a nuestro pueblo, estamos cumpliendo con la gente. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande a contracorriente y vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Y, lo más importante, le vamos a devolver al pueblo lo robado. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Fernández Noroña. Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Buenas noches. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos del Canal del Congreso, invitadas e invitados. Quiero concluir con el posicionamiento de mi Grupo Parlamentario Morena, señalando que esto no se trata de un cambio de nombre por otro nombre, es un cambio de régimen que tenemos que transformar para entrar a una nueva etapa que permita darle una nueva vida a la República.
Exalto primeramente la exactitud de un concepto puntual que señala con singular precisión el tránsito que vivimos ahora con un nuevo gobierno, que decide reivindicar las decepciones de un pueblo que solo veía y solo veía más trapacerías y actos delincuenciales.
La cuarta transformación implica un cambio de paradigma que incluye, desde luego, una nueva forma de hacer y nombrar las cosas públicas. Más que un instituto para la administración de bienes decomisados, expropiados o de procedencia ilícita, será un instituto para devolver al pueblo lo mal habido, lo mal robado.
La cuarta transformación quiere hacer justicia a los agraviados, por ello nuestro voto será a favor del dictamen que propone un cambio de denominación para establecer el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
En su nombre la esencia de esta institución, así como el valor y misión primigenia que ha de atender conforme a sus atribuciones, el mandato es devolver aquello que se consiguió por medio de complicidades, corrupción e impunidad y que dañó profundamente al pueblo de México, Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tiene como propósito resarcir en alguna manera esos daños.
Ya se han realizado cinco subastas en las que se recabaron casi 230 millones de pesos. Ustedes lo recuerdan, la primera fue en la Base de Santa Lucía, donde 191 vehículos se vendieron por 32 mil 100 millones de pesos y los recursos se destinaron a cuatro poblados en Tabasco que necesitaban este recurso.
En la segunda se vendieron 82 vehículos asegurados por la Fiscalía General de la República y otros que pertenecían al extinto Estado Mayor Presidencial. El resultado fue de 28.4 millones de pesos para los municipios más pobres del estado de Oaxaca.
La tercera fueron 9 inmuebles vendidos por 56.6 millones de pesos, cuyo destino fueron dos municipios, también en extrema pobreza, del estado de Guerrero.
Y la cuarta, fueron 100 joyas subastadas, obteniendo más de 10 millones de pesos destinados a la rehabilitación de caminos rurales de la sierra de Michoacán.
También se vendió la mansión de Zhenli Ye Gon, por 102 millones de pesos, que se encauzaron al apoyo de atletas que pusieron en alto el nombre de México durante los pasados Juegos Panamericanos.
El pasado mes de septiembre se subastaron 351 lotes de bienes muebles y se recaudaron 61 millones de pesos. Los recursos...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Bonifaz. A ver, sonido a la curul del diputado De la Peña Marshall.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall (desde la curul): Gracias, presidenta. Pedirle al diputado Bonifaz si me acepta una pregunta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Bonifaz, ¿acepta una pregunta del diputado De la Peña Marshall.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Por supuesto, a mi paisano, del estado de Tabasco. Con mucho gusto, diputado Marshall.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall (desde la curul): Gracias, presidenta. Pues nada más para preguntarle, para conocimiento de este pleno, ¿cuáles son los cuatro poblados del estado de Tabasco en los que se invirtió parte de ese dinero de la subasta? Gracias.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Señor diputado, usted es del estado de Tabasco y seguramente debe de tener, con todo respeto se lo contesto, la información más precisa que la mía.
Si usted me preguntara del estado de Chiapas, con mucho gusto le diría a dónde se van a destinar ciertos recursos, pero en este caso no lo tengo en este momento, pero al término de mi intervención se lo doy con mucho gusto. Bien. Finalmente, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el cambio de denominación refrenda el compromiso...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, diputado Bonifaz. ¿Con qué objeto, compañero diputado? Sonido en la curul del diputado Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Gracias, mi querida presidenta. Para por su conducto preguntarle al señor orador si me permite una pregunta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Bonifaz, ¿admite usted una pregunta del diputado Espadas?
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Claro, con mucho gusto y con mucho gusto y también trataré de contestársela, querido compañero diputado.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado Bonifaz. Nada más preguntarle, complementando lo que decía el compañero, ¿en qué rubros específicos se destinarán estos recursos en el estado de Chiapas? Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Bonifaz.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Señor diputado, usted conoce muy bien, tiene información de los estados en donde mayor pobreza hay en este país, el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero.
Las zonas indígenas del estado de Chiapas son las que más lo necesitan. Tenemos municipios como Aldama, como Sitalá, como Chalchihuitán, municipios en donde requieren mucho estos apoyos y donde están esperanzados en que pronto, a raíz de esta reforma, les lleguen los recursos. He dado respuesta a su pregunta con mucho gusto, diputado Espadas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe, diputado Bonifaz.
El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Finalmente, el cambio de denominación refrenda el compromiso de quienes trabajan en ese instituto, al subrayar el servicio fundamental que desempeñan, y que es devolver al pueblo lo que es del pueblo. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bonifaz Moedano. En virtud de que en términos del artículo 109 del Reglamento, no se reservó artículo alguno para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Diputadas y diputados, su atención por favor. En votación económica, se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 287 votos en pro, 31 abstenciones y 117 votos en contra.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 287 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones...
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, compañera. ¿Con qué objeto?
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Es para votar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el sistema de votación ha sido cerrado y voy a solicitarle que se incluya en el Diario de los Debates su intención de votar a favor de esta ley. Sírvase por favor manifestarlo.
Reitero. Aprobado en lo general y en lo particular por 287 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto, de la Comisión de Gobernación y Población, por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.
La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez: Con la venia de la presidenta. Estimadas compañeras, compañeros legisladores. El 12 de mayo de 1905 por decreto del presidente Porfirio Díaz, el archipiélago que forma parte de nuestro territorio federal y que conocemos como las Islas Marías, fueron destinadas al uso como colonia penal.
Las dos islas que constituyen la colonia penal estaban administradas por un director gobernador que fungía también como juez de lo civil en los cinco complejos penales que albergaba la isla mayor.
La idea era convertirla en una prisión de máxima seguridad. Ahí eran enviados los peores criminales. En esa parte de nuestra historia nacional, ellos eran solamente aquellas personas que expresaban sus ideas políticas, esto es mayormente presos políticos y líderes de revueltas sociales en el país.
En el año de 1939 el penal quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación. Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta, verdaderos reos de alta peligrosidad comienzan a poblar la isla, y es cuando comienzan a surgir las historias de maltrato y tortura a las que los reos eran sometidos, convirtiéndose en unas prisiones más oscuras y temidas en México.
En 1970, el titular del Ejecutivo federal visita la isla donde recibe múltiples quejas sobre los malos tratos, explotación y mala alimentación a la que eran sometidos los reos, por lo que ordenó una reforma penitenciaria para convertir a las Islas Marías en un modelo para la readaptación de los presos cambiando los estatutos de ingreso.
Es importante señalar que en tanto se vivía una oscura y terrible historia entre los reos, este archipiélago de no más de 112 kilómetros de la costa del estado de Nayarit es y era un lugar en donde la flora y la fauna contradecían la crueldad que padecieron quienes infortunadamente fueron destinados a purgar sus penas en estas insólitas tierras.
Entre los presos más célebres que pasaron por la isla María Madre está el pensador José Revueltas, que se inspiró en sus 2 estancias entre 1932 y 1935 en la cárcel, donde fue enviado por comunista, por escribir su novela Los muros de agua.
Luego de su cambio de régimen interno de maltrato a reos y convictos, la colonia penal de las Islas Marías se incorporaría al Sistema Penitenciario Federal, a fin de redistribuir a los sentenciados alejándose paulatinamente de su negra fama.
El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia penal, mediante la cual se adoptó el sistema penal acusatorio y oral y se transformaron las bases para la investigación de los delitos, la impartición de justicia penal y los fines del sistema penitenciario en México.
A partir de esta reforma, en el artículo 18 constitucional, párrafo segundo, se estableció lo siguiente: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.
Asimismo, se estableció el derecho humano de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos de su domicilio, por delitos distintos a la delincuencia organizada y que no requieran medidas especiales de seguridad, con el propósito de propiciar su reinserción a la comunidad. Lo que implicó una disminución en su población carcelaria en el otorgamiento de permisos esporádicos para que las esposas e hijos de los reos pudieran mudarse a dicha isla bajo ciertas condiciones, a fin de hacer válidos en situación jurídica los derechos humanos que les correspondían, a fin de obtener las mejores condiciones para su reinserción social.
Tomando en consideración estos 2 factores, la baja notable de reos y la belleza única de su fauna y flora marina y terrestre, es que durante el año 2000 el archipiélago de las Islas Marías fue declarado como área natural protegida, con la categoría reserva de biosfera y también cuenta con declaratoria de patrimonio mundial de la humanidad que otorgó la UNESCO en el año 2005.
Con una superficie total de 640 mil hectáreas, el pasado 12 de marzo de este año, 2019, el titular del Ejecutivo federal hizo cumplimiento de su promesa de cerrar para bien, tanto del país como de sus habitantes, la colonia penal Islas Marías, y reubicó a sus últimos 584 reos a otros penales más convenientes en cada uno de los casos, cerrando para siempre el penal.
Acto jurídico que implica, desde luego, dejar sin materia el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 diciembre de 1939, en razón de no tener reo alguno que compurgue su sentencia en dicho lugar.
Por lo que, como cierre de la presentación de dictamen, me permito expresar la noble virtud que se puede producir con un acto de buena administración pública que, al mismo tiempo que reconoce los derechos humanos de los reos, produce un beneficio ecológico y un ahorro en el gasto público de la nación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guerra Méndez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para la fijación de las posturas de los distintos grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del PRD está a favor de que se realice el decreto en el que se abroga el Estatuto de Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 30 de diciembre de 1939, presentada en la Comisión Permanente el 24 de julio de 2019.
Coincidimos en que se debe realizar el gasto que se implementaba para sostener el penal, el cual resulta oneroso e inviable financieramente mantener un régimen de internamiento obsoleto, cuyo costo diario oscila en los 2 mil 885 pesos, debido al alto costo de mantenimiento y al pago de servicios de personal que ahí labora.
El decreto resalta que, derivado de que la operación del complejo representa mayores costos que beneficios, que su lejanía no contribuye a la reinserción social de las personas privadas de su libertad y que se requiere contribuir a la preservación y conservación de la reserva de la biosfera de las Islas Marías, declarada como área natural protegida.
Por el decreto antes mencionado, se desincorporan del sistema federal penitenciario el Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Seguridad Mínima Zacatal, el Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad Aserradero, el Centro Federal de Readaptación Social Morelos, el Centro Federal de Readaptación Social Bugambilias y el Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima Laguna del Toro, situados en el complejo penitenciario.
El decreto también contempla que las personas privadas de su libertad internas en el complejo serán trasladadas a otros centros federales de readaptación que determine el comisionado del órgano administrativo, que realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos.
Por último, se dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la encargada de administrar, desarrollar y preservar los ecosistemas y elementos de la reserva de la biósfera Islas Marías, así como de vigilar que las acciones que se realicen dentro de esta para lograr el cumplimiento del presente decreto se ajusten a lo establecido en el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biósfera el archipiélago conocido como Islas Marías.
Con la publicación y entrada en vigor del decreto por el que se desincorporan del sistema federal penitenciario los centros federales de readaptación social ubicados en el complejo penitenciario, los últimos 624 reos salieron en un operativo que comenzó el 8 de marzo y que duró un día y medio.
Esperamos que se realice el trabajo con plena transparencia y rendición de cuentas, como lo establece la ley y en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. Una de las funciones que tenemos como legisladores es la revisión constante de nuestro orden jurídico, con la finalidad de modernizar, actualizar y adecuar a la realidad y los tiempos que vivimos las leyes y normas que lo conforman.
En nuestro orden jurídico existen leyes que en su tiempo fueron indispensables para atender una problemática específica o subsanar alguna insuficiencia legal. Sin embargo, en la actualidad han perdido vigencia, ya sea por haber cumplido con el fin para el cual fueron creadas o por haber perdido materia.
En este orden de ideas, abrogar leyes que han dejado de tener sentido nos parece que es un esfuerzo que se debe hacer de manera periódica para ir adelgazando un marco jurídico que a veces parece muy voluminoso gracias a leyes que han dejado de tener correspondencia con la realidad y por lo cual resultan ya innecesarias, este es el caso del Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939.
Lo primero que hay que señalar es que se trata de un ordenamiento que data de hace 80 años y que mucho se ha transformado la realidad desde entonces. No se debe perder de vista que el establecimiento de las Islas Marías como prisión se dio durante el porfiriato en mayo de 1905 y su propósito principal fue el de aislar de la sociedad a los reos más peligrosos del país, así como a los presos políticos del régimen.
La expedición del Estatuto al que se hace referencia tuvo como finalidad destinar el Archipiélago Islas Marías para el establecimiento de una colonia penal, a fin de que pudieran en ella, que purgaran en ella, perdón, que pudieran en ella cumplir la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determinara la instancia federal encargada de la seguridad pública.
En el contexto anterior, el aislamiento, en este caso teniendo al mar de por medio entre las personas privadas de su libertad y la sociedad, era considerado como una forma de castigo para quienes se encontraban compurgando una pena.
Lo anterior demuestra de modo fehaciente que la realidad en nuestros días ya no es la misma que hace 80 años, pues en la actualidad el aislamiento como forma de castigo es considerado una pena infamante que atenta en contra de los derechos fundamentales de las personas y por lo cual no tiene cabida en el orden jurídico mexicano, mucho menos después de la reforma sobre la materia del año 2011.
Si bien es cierto que la colonia penal establecida en el territorio de las Islas Marías se fue transformando paulatinamente en un espacio con condiciones mucho menos estrictas que las que enfrentan los reos de otros centros penitenciarios en el país, al grado de que existan internos que vivían en ese lugar con su familia. Lo cierto es que este nunca dejó de representar una forma de aislamiento...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame, diputada Rodríguez Zamora. ¿Con qué objeto, compañero diputado?
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Presidenta, con el debido respeto, yo quisiera que, digo, es un lugar, un parlamento, tenemos que estar cómodos y con las condiciones para poder legislar como se debe.
Quisiera pedirle que nos pusieran el aire acondicionado. Nos estamos aquí cociendo y sin aire, y son varias ocasiones. Sí quisiera dejar claro eso. Que regulen la temperatura. Es cuanto y muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia hace suya esta propuesta, esta demanda de usted y solicita atentamente a Servicios Administrativos se sirva prender el aire acondicionado de este recinto.
Compañero diputado Manzanilla, parece que hay un grupo que disiente de nuestro calor. A ver, permítame por favor, escuchar a aquellos que consideran que el aire no debe de ser prendido. Por favor, alguien que quiera hacer uso de la palabra. A ver, por favor, sonido a la curul de la diputada Claudia Pérez, si fuera tan amable.
La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): Sí, presidenta. Lo que pasa es que yo tengo rinitis alérgica y a mí me afecta muchísimo el clima.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, ¿con qué objeto, diputado Lixa?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Creo, presidenta, que amerita esta situación una moción de orden, porque hay una oradora en la tribuna, no se solicitó una pregunta a la oradora y creo que las peticiones de los diputados se pueden procesar perfectamente cuando la diputada haya concluido su participación. Por respeto debemos de continuar y después pasar a este tipo de peticiones. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aceptada la moción, diputado. Y por favor, diputada Rodríguez Zamora, continúe con su intervención.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Gracias, presidenta. Lo cierto es que este nunca dejo de representar una forma de aislamiento, pues no se puede soslayar que ir de tierras continentales a las islas implicaba un viaje...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputada Rodríguez. Compañeras y compañeros, ruego atentamente la atención a la oradora. El punto que estamos tratando es de la mayor relevancia y consideración histórica para este país. Por favor trataremos de dirimir nuestras diferencias térmicas, pero mientras escuchemos con atención a la oradora. Adelante, diputada.
La diputada Zulma Espinoza Mata: Gracias, presidenta. Retomo. Lo cierto que este nunca dejó de representar una forma de aislamiento, pues no se puede soslayar que ir de tierras continentales a las islas implicaba un viaje de más de siete horas, lo cual complicaba a muchas familias poder visitar a los sentenciados con la frecuencia deseada, afectando con ello las posibilidades de readaptación y reinserción social.
A lo anterior se suman como argumentos a favor de la abrogación del ordenamiento en cuestión, la necesidad de abatir los altos costos de operación que representaba para el Estado mexicano la colonia penal de las islas Marías, pues es evidente lo ineficiente e irracional que resulta mantener en operación un lugar que albergaba a poco más de 600 presos, teniendo la capacidad para más de 5 mil.
Finalmente, celebramos la voluntad del gobierno que encabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador, de convertir a las islas Marías en un espacio para que las niñas, niños y jóvenes puedan realizar actividades educativas, culturales, deportivas y de acercamiento con la naturaleza, lo cual corresponde mucho más a la vocación que ya tenía el territorio sobre el cual se asienta el complejo penitenciario en virtud del decreto del primero de agosto de 2003, es decir de un área natural protegida con carácter de reserva de la biósfera.
Es por los motivos anteriores que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del dictamen con proyecto de decreto que pone a nuestra consideración la Comisión de Gobernación y Población. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza Mata.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Armando González Escoto: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. La política se trata de escuchar a las personas y lo que pide la gente es seguridad, tolerancia, cero a la violencia y paz.
Lo que pide la ciudadanía es saber cómo se gasta cada peso del dinero que aporta al gobierno, lo cual, salvo su mejor opinión, es legítimo. En gobiernos pasados nos acostumbramos a la omisión, al influyentismo y a la ganancia de unos cuantos. Y hoy al preguntarnos por los recursos se da respuesta a problemas que afectan a todos, sin complejos, ni complicidades.
En la larga noche neoliberal los problemas nos unían, pero las soluciones nos dividían. Hoy, la realidad de México ha cambiado y la gente es la que manda. La fuerza de esta cuarta transformación proviene de la unión con los demás y significa que hay confianza, y ante las múltiples visiones que confluyen en el gobierno, existe el respeto.
El Estatuto de las islas Marías, a ojos de la ciudadanía, tenía que cambiar porque era costoso e inviable económicamente mantener un régimen de internamiento obsoleto, con un alto costo de mantenimiento y pago de servicios y del personal que ahí laboraba.
En febrero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta prisión federal pasaría a ser un centro cultural y de artes. En consecuencia, el 8 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se desincorpora del sistema federal penitenciario, los centros federales de readaptación social, ubicado en islas Marías, Nayarit.
En palabras del presidente, el cierre de esta cárcel es un símbolo más para demostrar que en esta cuarta transformación se están ejecutando acciones para no tener centros penitenciarios que vulneren los derechos humanos y sean consecuencia de persecuciones políticas.
En el decreto antes mencionado se resalta que la operación del complejo penitenciario causa mayores costos que beneficios, pues este no contribuye a la reinserción social de los convictos.
Para el PES, el respaldo a la dignidad humana, los derechos sociales y derechos universales son valores que no están ni deben de estar en disputa. Igualmente, la protección al medio ambiente es fundamental y por ello estamos convencidos de que con la abrogación del Estatuto de las islas Marías estaremos contribuyendo a la preservación y conservación de la reserva de la biósfera, la cual fue declarada por la UNESCO en el año 2000, como área natural protegida.
En esta emblemática prisión se violaron por más de un siglo los derechos humanos de las personas privadas de la libertad aislándolos de las familias y de la sociedad. Tal era la crueldad y crudeza que se vivía en esta prisión que fue conocida como la tumba del pacífico.
En el PES estamos claros que la época prohibicionista quedó en el pasado. Vivimos en tiempos donde las leyes regulan nuestro comportamiento, por ello trabajamos por la construcción de un México donde la libertad de expresión no sea motivo de represión y la libertad del punto de inicio para tener más diálogo.
Por último, apoyamos y creemos en la iniciativa de nuestro presidente para construir un centro cultural de arte que con el nombre de Muros de Agua José Revueltas. Esta prisión fue el lugar donde el escritor retrató una época de profundo daño a los derechos humanos, a las libertades básicas y a la dignidad humana.
En el PES creemos que otro México es posible y es por ello que por lo anteriormente expuesto votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Escoto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas noches compañeras y compañeros. “Quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”. Eduardo Galeano.
Las islas Marías también denominadas islas Tres Marías, son un conjunto de islas localizadas en el océano pacífico, a 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit. Las islas Marías forman parte del programa Áreas de importancia para la conservación de las aves, al ser hogar de 158 especies, muchas de ellas endémicas como el loro de cabeza amarilla, colibrí pico ancho y la paloma dorada.
Alrededor de ellas habitan 21 especies de tiburones, además de que las islas Marías forman parte de la ruta migratoria de la ballena jorobada, ballena gris, orcas, lobos marinos y delfines.
Especialmente la isla María Madre fue destinada a servir como colonia penitenciaria, ahí se encuentra el establecimiento del gobierno federal administrado a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, con el propósito de aislar de la sociedad a los sentenciados más peligrosos de México. El tiempo que operó entre 1905 y 2019, se estima que albergó por lo menos a 45 mil presos, los mismos que no tenían ningún contacto con sus familias.
La colonia penal de las Islas Marías se creó mediante decreto presidencial de Porfirio Díaz, publicado el 12 de mayo de 1905. Posteriormente el expresidente Lázaro Cárdenas sometió a consideración del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir el Estatuto de las islas Marías, cuyo propósito era determinar la jurisdicción de dichas islas en favor de la federación.
El 30 de diciembre de 1939 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió el Estatuto de las Islas Marías, el cual destinó al archipiélago Islas Marías para el establecimiento de una colonia penal a fin de que pudieran cumplir en ella la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común.
Asimismo, en el 2003, las islas Marías fueron declaradas como área natural protegida, siendo declaradas por la Unesco en el 2010 como reserva de la biósfera, otorgando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con la Secretaría de Gobernación la administración, desarrollo y preservación de los ecosistemas y los elementos de la reserva de la biósfera Islas Marías.
Con la reforma del 2008 a diversas disposiciones de nuestra Carta Magna en materia penal, se estableció el derecho humano de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio por delitos distintos al de la delincuencia organizada y que no requieran medidas especiales de seguridad, con el propósito de garantizar su reinserción a la comunidad y procurar a que no vuelvan a delinquir.
Es importante que las personas privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada mantengan una convivencia familiar constante, ya que el núcleo familiar es una pieza fundamental para poder lograr una reinserción completa y efectiva en los sentenciados, siendo evidente que el aislamiento de su entorno y la comunidad no es una garantía segura.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen para abrogar el Estatuto de las Islas Marías cerrando definitivamente el centro penitenciario y sea convertido en un centro de cultura y las artes bajo el nombre de Muros de Agua José Revueltas, en honor al escritor mexicano que estuvo preso en estas islas Marías en dos ocasiones, en 1932 y en 1934.
En este centro cultural se pretenden impartir talleres de artesanías, desarrollo de granjas autosustentables, clases de literatura y estudios del medio ambiente a toda la comunidad y sus alrededores.
Por ello, con el cierre definitivo del centro penitenciario de las islas Marías, conlleva a que los reos que se encuentren en él sean reacomodados en un centro de readaptación cercano a su domicilio y puedan convivir con sus familias.
Es innecesario mantener un régimen de internamiento obsoleto, además de no ser congruente con los derechos humanos vigentes en nuestro país y que representa un alto costo para el Estado mexicano, pues no debe considerarse solo el gasto de cada reo sino también el mantenimiento y el pago de servicios del personal que ahí labora.
Por lo que conservar el centro penitenciario de las Islas Marías representa mayores costos que beneficios para la federación, siendo urgente llevar a cabo acciones que permitan distribuir con mayor eficacia y eficiencia los recursos destinados a la ejecución de penas y eliminar la carga onerosa para la federación.
Compañeras y compañeros, muchos mexicanos conocimos estas famosas Islas Marías por la película de Pedro Infante en la que fungió como un prisionero de dichas islas. O por sketch de Chespirito, que simulaban estar detenidos Chompiras y Peterete en tan famosas islas, lo que indica que desde 1950, fecha en la que filmó tan importante película, ya se promovía, aunque de manera distinta, la cultura en ese lugar.
Por ello me congratulo de esta propuesta tan acertada del presidente de la República, de convertir la famosa prisión de las Islas Marías en un centro cultural y de medio ambiente...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: –En diez segundos– ...que sin duda alguna acrecentará nuestro patrimonio cultural para servicio del mundo y desde luego de nuestro querido México. Es cuanto diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinosa Cárdenas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Armando Reyes Ledesma: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el cierre del penal de las Islas Marías hace honor a la defensa de los derechos humanos en México, hace honor a la lucha de un escritor, político y activista mexicano, como lo fue José Revueltas. No queremos más en este país a poblaciones en pobreza y relegadas como sucedió en las Islas Marías.
Los invito a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a reconocer que las Islas Marías tienen una enorme vocación ecológica, cultural, turística e histórica de nuestro México.
Las Islas Marías no pueden seguir teniendo el uso que hasta ahora se les ha dado y se les ha venido dando. Las necesidades sociales día con día van cambiando y es nuestro deber estar a la par de estas para así poder atenderlas en tiempo.
Es por eso que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor del dictamen por el que se abroga el Estatuto del año 1939. Dicho Estatuto destinó a las Islas Marías como la base para el establecimiento de una colonia penal, con el objetivo de que algunos presos pudieran cumplir sus condenas dentro de ese territorio.
Contrario a ese momento histórico ahora, desde el marco de los derechos humanos, debemos reorientar la vocación de las Islas Marías. Este argumento está completamente apegado a las necesidades del país, ya que, si bien en su momento el Estatuto penal ayudó a la sociedad, actualmente se ha quedado atrás respecto a las necesidades sociales que hoy en día afectan a nuestro país.
Por un lado, esta zona tiene características que la pueden convertir en una zona turística, o bien, en un museo nacional, como ya se tiene un proyecto. Lo cual ayudaría a la economía mexicana por todo el tránsito internacional que podría acudir a esa zona, ya que el estar de los presos en dicha isla es prácticamente imposible que se pueda lograr una reinserción social efectiva, lo que puede concluir en una residencia delictiva y crecer el índice, como va creciendo en nuestro México.
De igual manera, es importante resaltar que todas aquellas personas que prestan sus servicios a la penitenciaría ubicada en las Islas Marías no perderán su trabajo. Solo serán reasignadas a los distintos centros federales de readaptación social. De esta manera estamos garantizando un respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores.
Asimismo, los recursos financieros asignados a este complejo penitenciario se reasignarán destinándose a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que ella cuenta con más recursos. Esto significa que contaremos con mayor presupuesto en materia de seguridad, que se podrá invertir como mejor lo crean conveniente las autoridades respectivas.
Pedimos su respaldo, su apoyo, para que nuestro México cuente con un Museo Nacional, como será en muy poco tiempo las Islas Marías.
En el Partido del Trabajo estamos siempre con el pueblo de México y estaremos siempre apoyando este tipo de proyectos. Es cuanto, diputadas y diputados.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Reyes Ledesma.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Margarita Flores Sánchez: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, pocas veces se presenta una oportunidad tan noble para el rediseño de la historia.
Hoy en día los cimientos de las Islas Marías, a más de 100 kilómetros de Nayarit narran 114 años de historia y ofrecen una oportunidad valiosa para reimaginar y transformar los problemas públicos en espacios de integración y aprovechamiento.
La Isla que cuidaba presos y custodios desde 1905 está por convertirse en un espacio con las puertas abiertas al mundo. Pero, ¿por qué cambiarle el propósito de una prisión y no empezar desde cero? Por dos razones sencillas, porque debemos mantener congruencia con la necesidad de eficientar el sistema penitenciario y sus demandas y porque la isla y sus cimientos se construyeron para durar.
México no es nuevo en la renovación de los pactos con espacios carcelarios. Así como muchos casos internacionales, la experiencia de San Juan de Ulúa en Veracruz, o en el Palacio de Lecumberri, son dos puntos de referencia históricos en la relación que tenemos con la reconversión de la cultura carcelaria.
En el mundo también hay un sinfín de ejemplos exitosos recientes, como la recomposición de la Prisión Norton en Virginia, Estados Unidos, que pasó de ser reformatorio a un centro readaptado para el desarrollo urbano. Hoy es un vecindario donde habitan y laboran más de 200 familias.
Otros casos notables son el Parque de la Libertad, en Nigeria; el Centro Cultural Antigua Cárcel, en Palencia, España, o en Francia que readaptó su convenio de penitencias del siglo XVII, en una escuela de música y arte más reconocidas hoy en la actualidad.
Compañeras y compañeros legisladores, si se hacen bien las cosas el dictamen que hoy votaremos será de suma trascendencia para la cultura de nuestro país.
Sin duda la prisión de las Islas Marías es un referente histórico en el patrimonio y los eventos de este último siglo. Sin embargo, la realidad actual exige una recomposición y reordenamiento de la infraestructura que hoy se ha vuelto insostenible en todos sus sentidos.
Desde el Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro apoyo para adecuar y transformar las Islas Marías en una nueva realidad urbana. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Flores Sánchez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado José Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Ramón Cambero Pérez: Con la venia de la Presidencia. El día de hoy la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el dictamen que propone la abrogación del Estatuto de las Islas Marías, lo anterior con la finalidad de modificar el actual uso del archipiélago de las Islas Marías, que consiste en el establecimiento de un complejo penitenciario, destinándolo en un activo más del Estado mexicano en materia económica, ecológica, cultural y turística, y así aprovechar de mejor manera los recursos que tiene a su cargo.
Dicho Estatuto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939 y modificado, en sus últimas modificaciones, en el año 2010, establece en su artículo 1o. que destina al archipiélago Islas Marías para que el establecimiento, que consiste en el complejo penitenciario como parte del sistema penitenciario federal, a fin de que pudieran cumplir la pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determinara la secretaría del orden federal en turno, encargada de la seguridad pública.
El complejo penitenciario promovía y coordinaba el desarrollo de la industria en el complejo, fomentando la participación de los sectores público, privado y social, y realizaba las acciones necesarias para la protección de la reserva de la biósfera, con la asistencia y apoyo, en su caso, de las instancias competentes en materia ambiental.
En la valoración jurídica realizada por la Comisión de Gobernación y Población, se establecen argumentos sólidos que atienden diversas disposiciones de nuestra Constitución, así como el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual debe ser atendido por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en cualquiera de las decisiones y en sus actuaciones.
El artículo 18, párrafo segundo de nuestra Carta Magna, establece que el sistema se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley.
La abrogación del Estatuto de las Islas Marías no solo considera los beneficios económicos, ecológicos, culturales y turísticos que aportarán al Estado mexicano, además, privilegia los derechos de aquellas personas que se encuentran cumpliendo una pena en dicho complejo, moderando el proceso de su reinserción social.
La protección de los derechos humanos es suficiente para que las y los diputados del Partido Acción Nacional votemos a favor del presente proyecto, por lo que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, principalmente porque se atiende el principio de progresividad de los derechos humanos.
Sin embargo, también consideramos que la abrogación de este Estatuto y la desincorporación del sistema federal, ubicados en el multicitado archipiélago, no resuelven los graves problemas de inseguridad que se presentan en nuestro país, ni resuelve las deficiencias del actual sistema penitenciario. Ambas situaciones requieren de políticas públicas eficientes.
Lo anterior, si consideramos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre otras cosas recomendó y observó deficiencias en los servicios de salud, deficientes condiciones materiales e higiénicas en las instalaciones, insuficiencia del personal de seguridad y custodia, deficientes separaciones de procesados y sentenciados, etcétera, etcétera.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar el fracaso de las metas en cuanto a la reinserción social de los delincuentes. Es por ello que aprovechamos para hacer un llamado al gobierno federal, para que sean atendidas las observaciones realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos e implementación de una política en materia de seguridad pública, considerando obviamente el rubro del sistema penitenciario, que esté a la altura de las exigencias de los ciudadanos.
En tal virtud, que la estrategia del gobierno federal, de abrazos no ha funcionado sino todo lo contrario. La delincuencia está peor que nunca.
Nos pronunciamos también en Acción Nacional y termino, presidenta, por la congruencia del decir y hacer, que bajo ningún motivo pretenda el día de mañana privatizarse estas islas. Las islas Marías son y deben seguir siendo patrimonio de todos los mexicanos y particularmente del estado donde provengo, Nayarit. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cambero Pérez.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Alfonso Pérez Arroyo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alfonso Pérez Arroyo: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, esto es definitivo, no hay marcha atrás en esta cuarta transformación de nuestro querido México.
Sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa gran visión integral, ha dado un paso adelante como siempre, y más cuando se trata de acciones humanísticas en su gobierno.
Menciono lo anterior porque esta idea de convertir a las islas Marías en un centro cultural y medioambiental es congruente con la transformación de las instituciones que se ha proyectado en esta cuarta transformación, y hoy, al votar en favor del decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías podemos hacerlo una realidad.
Estamos hablando de un espacio que, a principios del siglo XX fue concebido por Porfirio Díaz como una colonia penal. En una siguiente etapa con el general Francisco J. Mujica al frente, entre los años veinte y treinta se desarrolló para los internos una estrategia de readaptación social mediante el trabajo y la educación, y esto fue radicalmente modificado en la década de los setenta, cuando Luis Echeverría Álvarez la convirtió en una cárcel infame e inhumana.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el penal de las islas Marías sufrió una de sus más degradantes cambios, pasó de ser una especie de pueblo dividido en campamentos, en donde los presos vivían en un régimen de semi libertad al estar formalmente dividido en rejas y muros y ser centros federales de readaptación social que albergarían a presos de mínima, media y máxima seguridad, estaba diseñada para un total de 6 mil internos.
Esa prisión albergó a personajes como Concepción Acevedo de la Llata, la Madre Conchita, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de Álvaro Obregón; a Jorge Hernández Castillo, El Guamas, el recluso que más años pasó en las islas Marías, de 1986 a 2015, fecha en que falleció.
Sin embargo, el referente histórico de dicho centro penitenciario de José Revueltas, quien escribiera ahí mismo su famosa novela Los muros de agua, título que dará nombre al próximo complejo cultural, que se ubicará en estas islas. El centro continuará bajo jurisdicción federal y dependerá directamente del gobierno federal, en términos del artículo 48 de nuestra Carta Magna.
Con la abrogación del Estatuto de las islas Marías, las personas privadas de su libertad serán trasladadas a otros centros penitenciarios federales o del fuero común, según correspondan, con completo apego a sus derechos humanos.
Asimismo, es importante señalar, que el personal adscrito al complejo penitenciario será reubicado en distintos centros federales de readaptación social o en áreas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, desde luego conservando sus derechos laborales y sus prestaciones conforme a la ley.
Muros de agua será un espacio en donde cualquier persona, particularmente niños y jóvenes podrán transitar entre la historia, el arte, la cultura y la naturaleza, tal y como sucedió con Los Pinos, que pasó a ser la representación total del control político mexicano para convertirse en un lugar de arte y cultura, de y para la gente, lo mismo sucederá en las islas Marías.
Como decía el gran Nelson Mandela, a quien honrará a este nuevo centro cultural: “deja que la libertad reine. El sol nunca se pone sobre tan glorioso logro humano”. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Arroyo.
El diputado Alfonso Pérez Arroyo: Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea, que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. En virtud de que en términos del artículo 109 del Reglamento, no se reservó artículo alguno para su discusión en lo particular. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Presidenta, se emitieron 419 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Rocío Barrera Badillo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.
La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados. La modernización administrativa y la simplificación institucional son objetivos permanentes de todo gobierno que, si son perdidos de vista, pueden generar un engrosamiento injustificado del aparato de gobierno que acaba por mermar la sanidad de las finanzas públicas.
En este sentido, el dictamen que nos ocupa no pierde de vista este objetivo, por lo que tiene que ver principalmente con el derecho ciudadano a la buena administración, pues busca determinar la fusión de dos organismos que persigue la común finalidad que es obtener ingresos que puedan ser canalizados directamente a actividades que generen bienestar en la ciudadanía, siendo el organismo fusionado la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el fusionante Pronósticos para la Asistencia Pública.
Al respecto, no perdemos de vista el histórico y especial significado de la Lotería, que ha sido apropiada por todos los mexicanos que alguna vez han comprado un cachito con simpatía, optimismo y esperanza.
En este sentido, otro de los efectos de este dictamen es que, una vez que fusionado Pronósticos para la Asistencia Pública, retomará el nombre de Lotería Nacional, en justo reconocimiento a lo que es el ícono en el imaginario colectivo.
La aún vigente Ley Orgánica de la Lotería Nacional, señala como objetivo principal de esta institución la obtención de recursos financieros para destinarlos a la asistencia pública.
Este fin se obtiene a través de la celebración de sorteos con premios que se pagan en efectivo y basados en los billetes que adquieren los concursantes, o al menos así debería de ser. Sin embargo, no es un secreto que hoy la Lotería Nacional opera en números rojos y por ello ha dejado de realizar aportes a la asistencia pública. Por el contrario, requiere de millonarios subsidios para subsistir.
La Auditoría Superior de la Federación ha advertido que los gastos de operación de Lotenal superan en casi un 30 por ciento los ingresos obtenidos, que no solo son insuficientes para generar aportaciones para la asistencia pública, sino incluso para afrontar los gastos propios.
Al respecto, la Lotería ha argumentado que esta fractura se debe a la creación de una reserva patrimonial para garantizar el pago de premios y que seguirá necesitando el apoyo del gobierno federal para hacer frente a los compromisos propios de su operación. Esto determina la inviabilidad financiera y una imposibilidad de la Lotería para hacer frente a su razón de ser: asistencia pública.
En contraste, Pronósticos para la Asistencia Pública, organismo de similar naturaleza y propósito, presenta finanzas sanas e indicadores que confirman su rentabilidad, pues en promedio y en números redondos sus recursos son destinados en un 56 por ciento al pago de premios, en 10 por ciento a comisiones, en 7 por ciento a programas de asistencia pública, en 14 por ciento al gobierno federal a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y el restante 13 por ciento es usado para cubrir los costos directamente vinculados con la venta. En resumen, Pronósticos para la Asistencia Pública cumple con su objeto y es viable financieramente.
Regresando a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ha dejado de cumplir su objeto y no resulta viable para la economía nacional.
Este sobrio panorama encuentra solución en la fusión, figura jurídica que permite la extinción de la Lotería Nacional, de forma ordenada, justa y sin dañar derechos a terceros. Asimismo, permite la continuidad de los sorteos y podrá reflejar un incremento de eficiencia y productividad de las obras de beneficencia social.
En este sentido, el dictamen que les pido que apoyemos es tal pretensión. Entre dos organismos similares el objeto es conservar el viable y mantener el nombre de Lotería Nacional, marca, por cierto, también tiene un considerable valor comercial que México debe conservar.
Mantener dos organismos descentralizados con objetos similares resulta innecesario desde el punto de vista financiero y operativo. Por ello, con el fin de evitar duplicidad de funciones, recursos y estructuras administrativas y con miras a generar ahorros importantes, fortalecer la rentabilidad, recuperar el mercado, modernizar su operación e incrementar los recursos para la asistencia pública. Por ello, vamos por la fusión. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Para fijar las posturas de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciamos a favor del proyecto de decreto mediante el cual se deroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, pues como se expone en el mismo, esta institución ha dejado de cumplir con su objeto.
A casi 100 años de su fundación, la Lotería Nacional ha cumplido su ciclo. En 100 años el Estado mexicano ha tenido la capacidad de construir instituciones especializadas en materia social para atender de manera correcta diferentes necesidades, como en salud, en cultura, en educación y en otros rubros más.
Si bien es cierto que la Lotería Nacional es una institución que rescata ese sentimiento social del Estado mexicano, de manera paralela al gobierno, aun siendo parte de él, busca obtener recursos financieros para destinarlos a la asistencia pública.
También tenemos que reconocer de manera objetiva que esa institución ha dejado de generar recursos suficientes que le permitan cumplir con su objetivo. No solo eso, sino que el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de canalizar recursos de manera adicional, recursos que bien pudieron destinarse a programas sociales o proyectos estratégicos.
Según los datos ofrecidos en el documento en cuestión, son ya varios años en los que esta institución ha tenido que ser subsidiada hasta con 288 millones de pesos para cumplir con sus funciones, muchas de ellas son tareas que ya realiza el Estado mexicano a través de sus instituciones, como lo son la compra y entrega de medicamentos, generando con esto un daño al erario público y una duplicidad de funciones.
Las y los diputados del PRD suscribimos que bajo esta situación existen elementos para justificar que la Lotería Nacional se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Es decir, ha dejado de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulta ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional, o del interés público, por lo cual debe procederse a su desincorporación.
Bajo este supuesto, se propone la extinción de la Lotería Nacional y facultar a Pronósticos para la Asistencia con las funciones y mecanismos de operación con los que venía operando la Lotería Nacional, toda vez que en dicha reforma se podrá reflejar un incremento de eficiencia y productividad de las obras de beneficencia social.
Con la desaparición de la Lotería Nacional esperamos no desaparezcan los fraudes que presumiblemente se cometieron en sexenios anteriores en dicha institución y se investigue a fondo, y se castigue además de manera ejemplar a los responsables y a los beneficiarios de dichos delitos.
Para finalizar, las y los diputados del PRD nos manifestamos por el respeto irrestricto de los derechos laborales de las personas que forman parte de dicha institución, y no sea esto un motivo para que estalle un nuevo conflicto laboral, como lo hemos estado viendo con la creación de la Guardia Nacional y la negativa de los policías federales para su integración. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilera Rojas.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con la venia de la Presidencia. En el Partido Verde estamos comprometidos con el uso eficiente de los recursos públicos a través de todas las formas legales y políticas, para mejorar el ejercicio de los mismos.
El uso adecuado de los recursos públicos tiene como uno de sus múltiples objetivos un uso idóneo, coordinado y enfocado, lo cual puede apoyarse de una herramienta para eliminar gastos innecesarios o generar duplicidades.
Pues bien, el dictamen que nos ocupa trata de lo mismo, de verificar si la estructura actual de la administración pública federal, el organismo descentralizado Lotería Nacional para la Asistencia Pública está o no cumpliendo los fines de generar utilidad, rentabilidad y ganancias para aportar al ingreso y más específicamente a la asistencia pública.
Desde hace tiempo este mandato ha dejado de cumplirse, pues no se han obtenido los recursos financieros necesarios para destinarlos a la asistencia pública, además de que se han recibido subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual va en detrimento de la rentabilidad de esta entidad y de su naturaleza.
De acuerdo a investigaciones y resultados de la Auditoría Superior de la Federación, los costos de operación de la Lotería Nacional fueron subsidiados en un importante porcentaje, porque los ingresos obtenidos resultaron insuficientes para afrontar los gastos ordinarios y corrientes de este organismo.
Igual de importante es el factor de la duplicidad, pues hay otro organismo que tiene un objetivo prácticamente idéntico, que es Pronósticos para la Asistencia Pública. Por ello, la propuesta de abrogar la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ordenando su fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública es el medio idóneo para dar cumplimiento al mandato de la Ley Federal para Entidades Paraestatales, que dispone que cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al Ejecutivo federal su disolución, liquidación o extinción o podrá proponer su fusión.
Como en toda fusión pública, los derechos y obligaciones que haya contraído la Lotería Nacional serán ejercidos y, en su caso, asumidos por Pronósticos para la Asistencia Pública. De igual manera deberá darse cumplimiento a la obligación normativa de que se inscriba en el Registro Público de Organismos Descentralizados, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el Partido Verde votaremos a favor del decreto, puesto que prevé que los derechos de los trabajadores de la Lotería Nacional serán respetados y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realizará las acciones necesarias para que los recursos humanos, derechos y obligaciones de la Lotería Nacional sean transferidos a Pronósticos para la Asistencia Pública.
Asimismo, coincidimos en la importancia de incluir a los expendedores que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la institución, así como los vendedores de billetes que reciben una comisión como sujetos de derechos y obligaciones ejercidas y asumidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en términos de la normatividad aplicable.
Por lo anterior, estamos convencidos que esta medida garantizará mantener la identidad institucional de esta histórica fuente del país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Carolina García Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. En esta cuarta transformación los compromisos se cumplen.
En 1920 se creó la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública y fue hasta 1985 cuando se expide la Ley Orgánica de la Lotería para la Asistencia Pública. Su objeto fue apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtuviera mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.
Durante algún tiempo cumplió su cometido, sin embargo, hoy la Lotería Nacional ya no puede llevar a cabo las funciones para las que fue creada. No ingresa recursos suficientes y, en consecuencia, no apoya de forma contundente a las y los mexicanos.
Parte fundamental de las medidas de austeridad y de la reducción de gastos que estamos implementando tanto en el gobierno federal como esta LXIV Legislatura, implica la necesaria revisión de todas nuestras instituciones para identificar si cumplen con sus objetivos y si lo hacen de una forma eficiente, es decir, con los menores costos posibles.
Sabemos que esta es una institución de larga tradición en el país, sin embargo, como decíamos, ya no lleva a cabo las funciones para las que fue creada, con criterios de eficiencia.
Más aún, hoy día se traslapan ciertas funciones de la Lotería Nacional con las de Pronósticos para la Asistencia Pública.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos de que siempre se puede hacer más con menos. Por eso, para garantizar la continuación en la prestación de los servicios que aún se realizan a la comunidad a través de los sorteos y pronósticos, es necesario hacerlo bajo una óptica de reducción del gasto público.
Con la propuesta de desincorporación de la Lotería y su fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública, se podrá impulsar una institución sólida, que cumpla con sus actividades y que el presupuesto que se le entrega sea utilizado con eficiencia, generado un verdadero compromiso con las y los mexicanos y en particular promoviendo verdaderas obras de beneficencia social.
Debemos atender la modernización de las instituciones antes de que se conviertan en elefantes blancos o en instituciones anquilosadas, ejerciendo sus atribuciones y recursos materiales, pero sin cumplir el objetivo con el que fueron diseñadas.
No se puede mantener organismos cuya función sea generar erogaciones sin que se obtenga algún beneficio en pro de la sociedad. Los recursos que se destinen deben de garantizar que son utilizados con responsabilidad y que cumplen con la misión para la que se dispusieron.
Compañeras y compañeros, estamos a punto de aprobar el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2020 y debemos ser responsables en no otorgar más recursos a instituciones que en esencia no cumplan con lo que les encomienda la ley y que corren el riesgo de convertirse en pozos sin fondo con respecto al dinero que se les otorga.
En el PES estamos convencidos de la necesidad de promover acciones tendientes a sanear las finanzas públicas del gobierno, cuidando los recursos económicos siempre en beneficio de los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada García Aguilar.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con la venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen por el cual se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, porque en nuestra opinión se trata de una medida legislativa que atiende a la racionalidad institucional y operativa que necesita la administración pública federal.
El dictamen a discusión contiene diversos elementos de naturaleza social, administrativa y cultural. La Lotería Nacional es una de las instituciones con mayor tradición en la historia de México, que desde sus orígenes ha concebido y operado bajo un propósito inalienable, que es la asistencia pública.
A través del tiempo este objetivo no ha cambiado, es parte fundamental de su génesis, sin embargo, es bien sabido por todos, que como cualquier otro organismo público debe evolucionar para mejorar su eficiencia. La asistencia pública cierra brechas de desigualdad y marginación de los individuos.
Me queda claro que el desarrollo social no es un fin, porque siempre se puede estar mejor, pero son estos organismos que impulsan las oportunidades de las mexicanas y los mexicanos con la finalidad de promover su libertad y autonomía.
La Lotería Nacional seguirá existiendo en su fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública, con el mismo objetivo de contribuir al sector social más vulnerable y así hacer efectivos los derechos humanos de las personas.
Por ello, es importante reforzar el organismo público descentralizado para continuar con la solidaridad y apoyo que le deben brindar a las personas que más lo necesitan, de esta manera este organismo podrá brindar mejores aportaciones para asistir a personas vulnerables y brindarles apoyos en materia de alimentación, salud y educación, es decir, esta fusión consolidará a Pronósticos para la Asistencia Pública, se fusionará su estructura interna, financiera y además tendrá una visión de desarrollo social, la cual coadyuvará con las políticas públicas que estimulen las capacidades productivas de las personas cuando estas puedan generar sus propios ingresos.
Por ello, coincidimos en el sentido de que la Lotería Nacional ya había sido rebasada por las nuevas circunstancias sociales, tecnológicas, económicas y culturales del país. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación encontró que los indicadores reflejan un decremento en la rentabilidad de la entidad fiscalizada, situación que resulta inconsistente con su objeto de creación, de generar ingresos para destinarlos a aportaciones para la asistencia pública.
En otras palabras, la Lotería Nacional se encuentra dentro del supuesto del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, es decir, ha dejado de cumplir sus fines u objeto y su funcionamiento, y este ya no resulta conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, por lo cual debe procederse a su desincorporación.
La extinción de la Lotería Nacional y facultar a Pronósticos para la Asistencia Pública con las funciones y mecanismos de operación con los que venía funcionando la Lotería Nacional, toda vez que con dicha propuesta podrá reflejar un incremento de eficiencia y productividad de las obras de beneficencia social.
Finalmente, apoyamos el dictamen por lo que implica en materia de racionalidad fiscal y administrativa, y porque con la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, el gobierno de la República tiene que asumir el compromiso de fortalecer y hacer rentable el nuevo organismo que asumirá estas funciones que tienen resonancias lúdicas, sociales y culturales, que mucho aprecia el pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Contreras González.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985.
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su artículo 15, último párrafo, que la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación.
Al respecto, es pertinente mencionar que la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, y en su artículo 1o. se establece que es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propio y de domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.
En consecuencia, el mecanismo para su extinción de la abrogación de la ley que la crea, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, prevé en su artículo 6 que la desincorporación de una entidad paraestatal de la administración pública federal, en este caso el organismo descentralizado Lotería Nacional para la Asistencia Pública, llevará a cabo, mientras la liquidación, extinción, enajenación o bien, mediante transferencia a las entidades federativas, en el dictamen se nos propone la extinción por fusión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública al organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública.
En consecuencia, se propone la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. Es de mencionarse que Pronósticos para la Asistencia Pública, a partir del inicio de vigencia de la presente norma, realizará las actividades sustantivas de edición de billetes de lotería y los sorteos correspondientes. Se busca evitar la duplicidad que se presenta con dos organismos que realizan prácticamente las mismas tareas.
En esta cuarta transformación son divisas del movimiento no mentir, no robar y no traicionar, por eso estamos seguros que los servidores públicos que realizarán las actividades del organismo descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública, nadie que ahí trabaje ganará el premio mayor sin haber comprado boleto como ocurrió con políticos del pasado que de la nada se sacaban el premio mayor, por lo que en aras de la racionalización de recursos en la administración pública federal nos manifestamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rojo Pimentel.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La Lotería Nacional es una de las instituciones más emblemáticas y antiguas de nuestro país.
Ha servido a múltiples y nobles propósitos, como la construcción de infraestructura social, proyectos de educación y salud, así como el fomento a la cultura. Además, ha generado en muchos de nosotros y en prácticamente todos los mexicanos, sueños, ilusiones y esperanza para millones de personas.
Esta, sin duda, es una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva de nuestra sociedad. La Lotería Nacional es parte de nuestra historia institucional, de nuestra identidad y de nuestra cultura.
Sin embargo, hoy su situación financiera es complicada y, hay que reconocerlo, incluso con déficits en los últimos años. Este problema le ha impedido continuar aportando recursos a la federación y también para sus fines, ya que lo recaudado no ha sido suficiente, incluso para solventar los gastos de operación porque ya no cumple el objetivo inicial.
De acuerdo con sus directivos, desde que se realiza el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en 2008, la Lotería Nacional se queda sin recursos, por lo que ya no hay margen para realizar o cumplir sus objetivos de asistencia social.
En estos años recientes el gobierno federal, como aquí lo han expresado prácticamente todos los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, ha tenido que aportar recursos a la Lotería Nacional para salir, para sacar al frente sus compromisos de operación.
En ese sentido, la propuesta pretende fusionar o el objetivo es fusionar a la Lotería Nacional con Pronósticos para la Asistencia Pública, un organismo similar pero que de acuerdo con las ultimas auditorías practicadas, este sí cuenta con finanzas sanas y continúa siendo rentable.
Es un proyecto que se comenzó a delinear ya desde hace algunos años, incluso la Auditoría Superior concluyó que los indicadores reflejan un decremento en la rentabilidad de la entidad fiscalizada, una situación que resultaba inconsistente con el objeto de creación para generar ingresos para la asistencia social.
Estamos conscientes de que este cambio es necesario, sin embargo, no podemos perder de vista que la Lotería Nacional da empleo a miles de personas, desde quien vende billetes en la calle, hasta los llamados niños gritones emblemáticos que anuncian los números ganadores.
Cabe señalar que entre quienes se emplean en la venta de billetes de la Lotería, hay quienes dependen completamente de ello, ya que es su única fuente de ingresos.
En el PRI estamos atentos de los derechos de los trabajadores de la Lotería Nacional y su fuente de ingreso también de los billeteros.
Por eso reconozco a toda la asamblea que, gracias al diálogo y a la disposición, se lograron acuerdos. Se logró un acuerdo parlamentario para que se salvaguarden los derechos laborales de los trabajadores y los beneficios de expendedores y vendedores de billetes.
Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad está cambiando y resulta lógico que tenga que haber innovación en este y en otros temas. Por eso, la Lotería Nacional tiene que innovar para ofrecer nuevos productos en su función.
Actualmente existe una gran diversidad de juegos en el mercado, por lo que la competencia es mayor. En ese sentido, es necesario replantear estrategias y ofrecer nuevos productos al consumidor.
Por estas razones, los diputados del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Siempre estamos atentos a generar un espacio para la construcción de acuerdos que beneficien a los mexicanos.
Aprovecho esta oportunidad también para decirle, presidenta, que el documento que tengo en mi mano, que usted me hizo llegar, se solicita, por lo importante de su contenido, además, que pueda integrarse este posicionamiento, esta opinión que tiene la diputada Dulce María, que se integre íntegro –valga la expresión– en el Diario de los Debates. Si usted no tiene inconveniente, claro.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado. Solicito que se integre, tal como propuso el diputado Aguilar, íntegro el texto en el Diario de los Debates, de una intervención que me hubiera gustado poder expresar en la tribuna. Pero en atención de la hora y el cansancio, creo que la prudencia me indica hacer esta solicitud. Así que muchas gracias, diputado, por haberla transmitido.
El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Muchas gracias a usted.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, México cuenta con grandes instituciones que con incansable labor aportan y han aportado al bienestar de los mexicanos. Instituciones fuertes que a través de los años se han ganado a pulso su prestigio, como la Lotería Nacional, cuyos recursos se dirigen a apoyar a la población que más lo necesita y que históricamente ha estado ligada a la protección de la salud.
Con este dictamen la Lotería Nacional, como organismo descentralizado de la administración pública federal, bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, se pretende fusionar con Pronósticos Deportivos, a fin de que sea una sola institución la encargada de las rifas y sorteos en México.
Lo importante va a ser proteger a los expendedores que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y con la institución. Así que en el marco de este dictamen que se derogará la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional pronunciamos que nuestro voto será a favor y aprovechamos estos minutos para hacer un breve reconocimiento a esta institución.
A casi 250 años de la existencia de la creación de la primera Lotería Nacional, con cambios en el nombre de la institución y suspensiones temporales de actividades, sus rifas y sus ganancias, siempre se destinaron a la asistencia pública.
Ejemplo de ello lo tenemos con la construcción del Hospital General, en el cual se formaron generaciones de médicos que a la postre crearon los institutos nacionales de salud y en los tradicionales apoyos que por conducto del patrimonio de la asistencia pública se han canalizado a diferentes obras asistenciales, a los desayunos escolares, a las actividades de prevención y rehabilitación, así como al equipamiento y la dotación instrumental para los centros de salud y prótesis para los pacientes.
La Lotería Nacional ha participado de manera directa apoyando a campañas de difusión y promoción de la salud, y de manera indirecta apoyando con recursos numerosos para múltiples proyectos.
Hoy a más de 250 años podemos afirmar, sin temor a equivocación, que somos un país más sano gracias al apoyo invaluable de instituciones como la Lotería Nacional. Por ello queremos externar nuestro reconocimiento a todas las personas que han participado en alcanzar mayor equidad y mejores condiciones de vida para muchos mexicanos, ya que esperamos que en este país existan cada vez menos personas que necesiten imperiosamente de la asistencia pública.
Estaremos atentos a los cambios que derivará esta fusión de Lotería Nacional con Pronósticos Deportivos, para que se fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer institucional que ahora corresponderá a Pronósticos Deportivos.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen, que permite continuar la labor social que tanta falta hace en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ascencio Barba.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe: Con su permiso, presidenta. Estimadas compañeras y compañeros, diputadas y diputados, hoy el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Población, para abrogar la Ley que Regula a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Lo anterior, debido a que el organismo descentralizado de la administración pública federal ha dejado de cumplir con el fin para el que fue creado, además de que tiene que ser subsidiado por el gobierno federal, generando un gasto innecesario al erario público.
La Lotería Nacional surgió hace 350 años para apoyar y asistir al gobierno mexicano en la reconstrucción de aquella República devastada, cuyo pueblo apostaba para cumplir sus sueños de riqueza y de esperanza y bienestar.
Durante décadas, mediante la celebración de juegos y sorteos cumplió eficientemente su objetivo, el captar recursos financieros, que fueron destinados a actividades y obras en beneficio de la sociedad mexicana.
La Lotería Nacional, como la conoce el pueblo mexicano en su máximo esplendor, logró brindar asistencia pública, pero hoy con profundo dolor, les comento que desde el año 2009 ha dejado de ser rentable, tal desequilibrio financiero se sustenta en el informe de los resultados del 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que indica que desde ese año referido no se ha hecho ninguna aportación al asistencia pública, en consecuencia la pérdida de la rentabilidad ha llevado al Estado mexicano a inyectar recursos para mantener con vida a esta institución.
Lo anterior, se debe a que los recursos que obtienen de la venta de sus productos ya no son suficientes para financiar sus gastos de operación ni para pagar los premios de los sorteos.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que en los últimos años han subsidiado a dicha institución un poco más de 288 millones de pesos de nuestro erario público, situación que rompe con el objeto de la existencia de la Lotería Nacional, pues está en quiebra, y aparte, es difícil ingresar dinero a las arcas de la hacienda pública, cuando ese era el objetivo y no al revés. Por lo anterior, es necesario renovarla, pues ni es sustentable si seguimos por el mismo camino.
Hoy su vida como institución financiada resulta incongruente y costosa para nuestra nación, en otras palabras, ya no resulta conveniente para las finanzas y la economía nacional y por ende ya no es de interés público su existencia. Sin embargo, en reconocimiento y respeto a la tradición y al servicio prestado por la Lotería Nacional, a la marca y esa fábrica de sueños y de esperanzas, apoyamos su fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública.
Se aclara que no es la intención causar la muerte de la Lotería Nacional, sino renovarla para que siga en beneficio de todas y todos aquellos que participan en sus sorteos. Lo que se pretende es revivir a una institución que por malos manejos ha dejado de funcionar y que en ese camino pueda cumplir los sueños de quienes participan en esas actividades.
Se reitera que la única manera de hacerlo es fusionándola con una institución que cumple la misma función, pero que además es rentable, autosustentable y contribuye al cumplimiento de las responsabilidades del Estado.
En resumidas cuentas, la Lotería Nacional encontrará una oportunidad de renovarse en el organismo de Pronósticos para la Asistencia Pública y bajo este nombre seguirá siendo reconocida.
Sabemos que la desinformación tiende a dar consistencias al temor ya la desconfianza, pero a quienes integran e hicieron funcionar la Lotería Nacional les decimos que no hay nada qué temer ni motivo para desconfiar, ya que la única intención de devolver el esplendor a esa noble institución es lo que se pretende.
Pedimos que se disipen los mitos y no hagan caso a esto, ya que todo el capital humano es necesario para la restructuración. A toda la gran familia que integra la Lotería Nacional y Pronósticos, así como las amigas, los amigos de estas instituciones, les pedimos que nos den su confianza. Les decimos que nos den una oportunidad de reconstruir una institución que verdaderamente esté al servicio del pueblo de México, y de este modo poder cumplir los sueños de quienes participan en todos estos sorteos. Morena votará a favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Bernabe. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha finalizado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se informa a la asamblea que se recibió propuesta de modificación que suscriben diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. Pido a la Secretaría dar lectura.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Propuesta del texto del segundo párrafo del artículo sexto transitorio. Los derechos y obligaciones que haya contraído la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, incluyendo a los expendedores que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y con la institución, y a los vendedores de billetes que reciban una comisión serán ejercidos y, en su caso, asumidos por Pronósticos para la Asistencia Pública en términos de la normatividad aplicable y de las bases para la liquidación que se emitan para tal efecto. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, les solicito su atención, por favor, procederemos a recoger la votación. En votación económica, se consulta a la asamblea si la propuesta de modificación se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta e intégrese al proyecto de decreto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con la modificación aceptada por la asamblea.
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del proyecto de decreto con la modificación aceptada por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada Ma. Sara Rocha Medina: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta se emitieron 392 en pro, uno en contra y una abstención... 0 abstenciones, perdón.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Han pedido hacer uso de la palabra, desde su curul, 12 diputadas y diputados sobre diversos temas. Atentamente se ruega que el minuto que se les habrá de conceder sea realmente un minuto en atención a esta larga jornada. Tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Torres Ramírez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Adolfo Torres Ramírez (desde la curul): Gracias, presidenta. A nombre de Acción Nacional queremos exigir enérgicamente al gobierno federal que resuelva el grave tema de inseguridad en el país, ya que la autoridad miente nuevamente al exponer los resultados de una evaluación sobre cómo avanzan en el combate a la inseguridad.
Mientras que se registraba una masacre cobarde en contra de policías estatales en el municipio de Aguililla, en Michoacán, donde fueron asesinados 14 elementos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, habló de un punto de inflexión a la baja en las cifras de homicidios dolosos en el país durante la conferencia diaria matutina del presidente.
Además, señalar y decirle a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que asuma su responsabilidad ya que los mexicanos no debemos acostumbrarnos a la inseguridad al decir que esto es de todos los días. No lo es ni debe serlo.
Exigimos una estrategia conjunta y coordinada entre los gobiernos de los estados y las autoridades federales. Ya basta de culpar a los gobiernos anteriores. Le exigimos al presidente López Obrador que cumpla con la seguridad de todos los mexicanos. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Torres Ramírez. Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): Muchas gracias. Un pronunciamiento por el lamentable video que está circulando en las redes sociales del actor Eugenio Derbez en contra del sector lechero.
Eugenio, te exigimos como persona pública que eres tengas cuidado con tus declaraciones, ya que puedes confundir y lastimar a este gran sector, como en ese video lo estás haciendo contra el sector lechero.
Infórmate, capacítate antes de hablar. Lo que tú dices que es leche alternativa no es leche. Existe la Norma 243 que dice que la leche es la secreción de la glándula mamaria. Diversos estudios publicados como por ejemplo en el Daily Journal en 2018, concluye que la composición de las bebidas que contienen vegetales, contienen la mitad de las proteínas en promedio que la leche, por lo tanto, las bebidas vegetales no son buena alternativa para sustituir la leche.
No digas mentiras de un alimento tan noble como es la leche y de la cual viven miles de familias mexicanas que diario se esfuerzan por brindarnos ese noble producto en nuestras mesas.
Es lamentable que en tu ambición económica, como lo demuestras, quieras confundir al consumidor en detrimento del productor lechero. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ron Ramos. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, diputada presidenta. La discapacidad visual es una condición que limita la vida de michas personas en el mundo. Puede ir desde la disminución de la vista hasta la ceguera total.
A nivel mundial hay aproximadamente mil 300 millones de personas con alguna forma de discapacidad visual. En nuestro país se estima que más de 2 millones de personas tienen algún grado de deficiencia visual.
Dicha situación ubica a nuestro país entre las 20 naciones con mayor número de personas con discapacidad visual y ceguera.
En tal virtud, presento una iniciativa en la que se busca declarar el 15 de octubre como el Día Nacional de las Personas Ciegas y Débiles Visuales, con el fin de dignificar a estas personas. Ojos que no ven corazón que sí siente. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (desde la curul): Muy buenas noches, compañeros. Hoy ingresé un punto de acuerdo de urgente resolución porque se autorizó una obra junto al acueducto los famosos Arcos de Querétaro, que es un monumento representativo.
Pido a las autoridades responsables del municipio, el estado y en lo federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que transparenten los estudios que demuestren que no hay riesgo de daño para este monumento histórico.
Se han cometido abusos en el estado como la tala de árboles y cambios de uso de suelo y los ciudadanos estamos muy preocupados.
A las autoridades las exhortamos a que transparenten estos estudios, que avalen que no son fines comerciales ni fines de intereses particulares. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Robles Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Idalia Reyes Miguel (desde la curul): Solicito una auditoría al ISSSPEG del estado de Guerrero para conocer el estado que guarda el manejo de los recursos humanos, de infraestructura y financiera, pues los trabajadores aglutinados en la institución antes mencionada se encuentran en situaciones precarias en materia de justicia social debido a la complicidad de autoridades estatales, municipales y liderazgos sindicales, que han hecho mal uso de recursos que no les pertenecen.
Solicito la intervención del gobierno federal para la recapitalización del ISSPEG. Dicha recapitalización no debe implicar una exoneración o condonación del hurto al patrimonio de los trabajadores. Que se investigue a quienes lo han robado para que rinda cuentas ante la ley.
Denuncio que hay maestros del estado que se jubilan y no les vuelven a pagar. Mueren en la espera. Las prestaciones se han reducido, los seguros de marcha son pagados a unos cuantos y el ISSSTE ha estado a punto de suspender el servicio para los trabajadores del ISSSPEG, porque el gobierno del estado no ha pagado lo correspondiente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, ¿ya concluyó?
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (desde la curul): Sí.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Desde el día viernes se encuentra desaparecido en Guerrero Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña.
A esta región pobre del estado se han trasladado el fiscal general de Guerrero, el secretario de Seguridad Pública y hasta el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, sin embargo, es insuficiente solo la voluntad, porque no hay resultados en la búsqueda y se teme por su integridad.
Demandamos el respeto a su vida y libertad, que lo devuelvan sano y salvo. A las autoridades de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal exigimos coordinación y colaboración para dar con el dirigente social Arnulfo Cerón Soriano.
Basta ya de violaciones a los derechos más elementales que provocan sufrimiento por la desaparición de personas en Guerrero. Queremos que se investigue a fondo este asunto y se castigue a los responsables. Basta de impunidad. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Para exhortar respetuosamente al fiscal general de Justicia del estado de Guerrero, al maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, a efecto de que cese con los actos de abuso de autoridad, las indebidas suspensiones de servicios sin los procedimientos adecuados, que deben estar debidamente notificados, y no lo hacen así.
Los despidos injustificados, la retención de salarios y las constantes violaciones de derechos laborales y humanos en contra de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y policías ministeriales de Chilpancingo, estado de Guerrero.
Como diputada federal de dicho estado, repruebo categóricamente estas medidas en contra de servidores públicos. Por lo que solicito el pago inmediato de salarios retenidos y la reinstalación a su área laboral de los trabajadores al servicio de la impartición de justicia. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares. Tiene el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRD condena enérgicamente los hechos sucedidos en el municipio de Aguililla, Michoacán, en donde lamentablemente policías estatales fueron emboscados y 14 de ellos perdieron la vida. Además, causando múltiples heridos. Por lo cual expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y también a sus familiares.
Asimismo, exhortamos al gobierno de la República a fortalecer la coordinación con el gobierno del estado y los 113 municipios de Michoacán, para que de manera institucional se trabaje y poder abatir los índices de violencia que están afectando a los ciudadanos.
Además, de manera muy respetuosa pedimos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por ser de su competencia, en virtud de que en dicho evento fueron utilizadas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Aguilera Rojas. Tiene el uso de la palabra la diputada Dionicia Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Dionicia Vázquez García (desde la curul): Nos enteramos de otro lamentable y cobarde acto en contra de las fuerzas de seguridad. El día de ayer por la mañana, en una emboscada por parte del crimen organizado ocurrido en la localidad de Aguililla, entre Aguililla y el paraje de La Guaje, en el estado de Michoacán.
Se tuvo como resultado de esto 13 o 14 policías estatales fallecidos y nueve más quedaron lesionados. Desde esta soberanía pugnamos porque se ponga un alto a las agresiones en contra de nuestras Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad pública.
El quid del problema consiste en que existen territorios secuestrados por el crimen organizado. Por ello exigimos todo el empeño de los tres niveles de gobierno, para que coadyuven a eficientar las estrategias de la Guardia Nacional, para que se rescaten de una vez por todas estos territorios secuestrados por el crimen organizado, con base en los más altos estándares en materia de seguridad basados en la inteligencia, en el respeto a los derechos humanos. Exigimos también...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.
La diputada Dionicia Vázquez García (desde la curul): Perdón. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Vázquez. Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de octubre...
La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, permítanme un momento. A ver, diputada, lamento que no haya podido inscribirse aquí, como lo hicieron 10 diputados anteriormente. Pero dado que ya es la última, última intervención, adelante, por favor.
La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, a orientar sus esfuerzos dentro de los lineamientos del desarrollo sostenible en tres importantes ejes: económico, social y ambiental.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Estado mexicano está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible a través del cumplimiento de los preceptos constitucionales, éticos, sociales, ambientales y económicos, para garantizar un futuro habitable y armónico.
En abril de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como una instancia de vinculación entre el Ejecutivo federal con el Poder Legislativo, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia.
Por tanto, en la Cámara de Diputados contamos con las atribuciones, para que las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios promovamos dictámenes de ley orientados bajo los principios rectores de esta agenda.
Es por ello que desvío su atención para exhortarles a las diputadas y a los diputados de este honorable Congreso de la Unión y a los 32 congresos estatales, para que en el ámbito de nuestras facultades legislemos y demos seguimiento puntual conforme a lo establecido en la Agenda 2030 y con apego a los 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Solicito a la Presidencia, que mi intervención se registre en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicitud concedida, señora diputada. Que se inserte íntegra en el Diario de los Debates.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (22:27 horas): Y ahora sí, se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 16 de octubre, a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.
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