Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 11 de febrero de 2020

Apertura de la sesión

Intervención en lengua originaria del ciudadano Hankin Kinbor Chambor

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De diputadas, de diputados, y de diferentes autoridades, sobre diversos temas, con su turno

Iniciativas

María Eugenia Hernández Pérez, Morena

Dulce María Sauri Riancho, PRI

Madeleine Bonnafoux Alcaraz, PAN

María Teresa Marú Mejía, PT

Carmen Julia Prudencio González, PMC

Edgar Guzmán Valdez, PES

Roberto Antonio Rubio Montejo, PVEM-Morena

Raymundo García Gutiérrez, PRD

Porfirio Muñoz Ledo, Morena

Francisco Javier Luévano Núñez, PAN

Laura Barrera Fortoul, PRI

María Isabel Alfaro Morales, Morena

Adolfo Torres Ramírez, PAN

Julieta Kristal Vences Valencia, Morena

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Morena

Laura Martínez González, Morena

Xavier Azuara Zúñiga, PAN

Javier Ariel Hidalgo Ponce, Morena

Norma Adela Guel Saldívar, PRI

Jesús Fernando García Hernández, PT

Lourdes Celenia Contreras González, PMC

Jesús Sergio Alcántara Núñez, PVEM-Morena

José Guadalupe Aguilera Rojas, PRD

Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Morena

Ricardo Villarreal García, PAN

Mariana Rodríguez Mier y Terán, PRI

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Morena

José Ángel Pérez Hernández, PES

Ernesto Alfonso Robledo Leal, PAN

José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Morena

Socorro Irma Andazola Gómez, Morena

Raquel Bonilla Herrera, Morena

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Con exhorto a las autoridades de salud para la detección oportuna de casos de coronavirus

Por el que se da a conocer el proyecto de demanda de controversia constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2020

Intervenciones de diputadas y de diputados sobre diversos temas

Minuto de silencio por el fallecimiento de Nicolás Álvarez Almaguer, padre de la diputada Ivonne Álvarez García

Minuto de silencio por el fallecimiento del ciclista Miguel Arroyo Rosales

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 331 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (11:23 horas): Se abre la sesión.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al ciudadano Chankin Kinbor Chambor. Es originario de la comunidad Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, Chiapas, hablante de la lengua maya lacandón, perteneciente a la etnia lacandona.

Actualmente se desempeña como subcomisionado de su comunidad. Es defensor de la selva, su cultura y tradiciones, lo cual es considerado un deber. Tiene la palabra el ciudadano Chankin Kinbor Chambor.

El ciudadano Chankin Kinbor Chambor: Buenos días a todos. Diputados, me dio gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, gracias, presidenta de la Mesa. Vengo de una comunidad zona Lacanjá, municipio de Ocosingo, Chiapas y vengo a participar en lengua maya lacandón.

Honorable Congreso de la Unión:

Pertenezco a la cultura maya lacandón y soy integrante de los bienes comunales de la zona lacandona. Me dirijo a ustedes como autoridades de la República Mexicana porque me preocupan los fenómenos ambientales del cambio climático que ya están presentes en mi región.

La desaparición de mantos acuíferos y la disminución del volumen de agua del río Usumacinta y de lagos importantes son anuncios irreversibles del impacto que el hombre ha causado en la naturaleza. Es importante ver que están sufriendo poblaciones enteras que de la noche a la mañana se quedaron sin el vital líquido.

La reducción de territorios selváticos para la producción de alimentos es causada por la pobreza de los pueblos, aunque también es causada por grandes consorcios, productores de alimentos que no se detienen a pesar del deterioro ambiental que ocasionan.

Hoy les pido a todos ustedes poner atención a estas situaciones ya que los indígenas producen sin contaminar el ambiente, todavía más, nuestro trabajo enfría el planeta.

Además, también pido que ya no sigan criminalizando a los indígenas ni sus productos alimenticios.

Mis pasos en silencio son como el sereno del amanecer.

lar u bastar’.

Muchas gracias en el Congreso de la Unión. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia del ciudadano Chankin Kinbor Chambor.

Saludamos la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Lars Nielsen, embajador del Reino de Dinamarca en México. Él fue testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México-Dinamarca, presidido por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. Las y los integrantes de este cuerpo colegiado hacemos votos para estrechar los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones. Sea usted muy bienvenido, señor embajador.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las Comunicaciones.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibieron oficios de los diputados Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Xavier Azuara Zúñiga, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Elena García Gómez, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, Sergio Pérez Hernández, José Ángel Pérez Hernández y Socorro Irma Andazola Gómez, por los que solicitan el retiro de iniciativas, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones el programa anual de trabajo 2020.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión, para su conocimiento.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió del Instituto Nacional de Migración el Informe trimestral de avances financieros correspondientes a diversos programas de protección a migrantes, acumulado al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: La Secretaría de Gobernación, remite el Informe de las contrataciones por honorarios efectuadas por el sector economía, al 31 de diciembre de 2019.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se informa a la asamblea que se recibieron de diversas dependencias nueve contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterada. Túrnense a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Se recibió de los Centros de Integración Juvenil AC copia de la revisión contractual 2020-2022 y de la revisión salarial correspondiente a las disposiciones específicas para incrementar los sueldos y salarios del personal de menores ingresos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de sistemas de captación de agua de lluvias.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a su consideración tiene por objeto contribuir a hacer realidad el pleno ejercicio del derecho humano al agua.

El artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo, en diversas regiones del país este acceso es bastante limitado o inexistente, ya que alrededor de 9 millones de habitantes no tienen servicio de agua potable, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua.

Numerosos estudios e investigaciones especializadas demuestran que el agua nivel mundial se está agotando a pasos acelerados. Pronto llegará el momento en que no habrá disponibilidad del vital líquido en muchas ciudades del mundo, situación que pondrá en riesgo la salud, la economía y la existencia misma de la humanidad.

Nuestro país cuenta con 757 cuencas hidrológicas, de las cuales solamente 649 están disponibles. Más de 100 cuencas están sobreexplotadas y se agotarán en lo inmediato.

Para enfocar con mayor claridad este importante problema, veamos estos datos. En México la disponibilidad per cápita anual ha disminuido dramáticamente, pues en el año 1950 cada persona podía disponer de 17 mil 742 metros cúbicos de agua. Para 1970 esta disponibilidad bajó a 8 mil metros cúbicos. Ya para 2012 la disponibilidad per cápita es de solo 4 mil metros cúbicos.

Es decir, mientras la población de México se triplicó, la disponibilidad de agua per cápita se redujo en más del 75 por ciento en más de 60 años. Por lo tanto, el panorama es verdaderamente alarmante y nos obliga a buscar todas las formas de aprovechar al máximo el agua que existe en el planeta y en el país. Porque solo de esa forma podemos garantizar que el vital líquido esté disponible para las futuras generaciones de mexicanos.

Es por estas razones que hoy someto a la consideración esta iniciativa, para reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con objeto de aprovechar el agua de las lluvias a través de sistemas de captación, de cualquier familia, que en todos los hogares pueda instalar y usufructuar sin dificultad.

Propongo que la Ley de Aguas Nacionales establezca disposiciones para que la Comisión Nacional del Agua promueva, fomente y facilite la instalación y utilización de sistemas de captación de aguas de lluvia.

La iniciativa, por supuesto, incorpora la definición de dichos sistemas, para que exista total certeza sobre su significado y su utilidad. La definición que se plantea dice así: Sistema de captación de agua de lluvia es el conjunto de tuberías, accesorios y equipos que captan y recolectan la lluvia, la almacenan para posteriormente ser utilizada y que aseguran el abastecimiento y consideran cantidad, calidad y continuidad para diversos usos.

Compañeras y compañeros, en otros países ya nos llevan ventaja en el aprovechamiento del agua en este sentido. Por lo tanto, por todo lo anterior, solicito el apoyo de todos ustedes para que se apruebe esta iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para que de una vez por todas se otorgue un impulso a la utilización masiva de los sistemas de captación de agua de lluvia.

Esta agua de lluvia está siendo ya aprovechada en Estados Unidos, en China, en el norte del estado de México, en la Ciudad de México. Para algunos especialistas en México debemos empezar a hablar de una situación de crisis del agua, más concretamente en las zonas metropolitanas donde el factor de la población masiva y las actividades económicas ocasionan un gran impacto sobre el suministro del vital líquido.

La situación se volverá cada vez más crítica y de forma inevitable ocasionará injusticias sociales en la distribución del agua. Por eso ha llegado el tiempo de considerar verdaderas alternativas para crear una nueva cultura del agua y aprender a ser autosustentables.

Por todo lo anterior solicito el apoyo de todos ustedes para que se apruebe esta iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para que de una vez por todas se otorgue un impulso a la utilización masiva de los sistemas de captación de agua de lluvia.

No podemos esperar con los brazos cruzados la llegada de la llamada hora cero cuando las ciudades y los países se queden sin una gota de agua. Muchísimas gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y suscrita por iputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: En nombre propio y de las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Ternán, Claudia Pastor Badilla, María Alemán Muñoz Castillo y el diputado Enrique Ochoa Reza, presento la iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Amparo en materia de control de constitucionalidad del proceso legislativo.

La función principal del Poder Legislativo federal es construir el Estado de derecho y garantizar su vigencia permanente. Partimos de tres principios para la función constitucional de la representación parlamentaria: el principio de supremacía constitucional en el proceso de construcción de la ley, el principio de legalidad legislativa y el principio de responsabilidad legislativa, con base en el cual las y los legisladores federales asumimos el compromiso de acatar plenamente el cumplimiento de las normas del Congreso relativas al ejercicio de nuestras funciones constitucionales.

Dada la autonomía de los poderes parlamentarios, la preservación de estos tres principios es de suma importancia para la construcción de la legalidad y la certeza jurídica. Por ello, los mecanismos de control de constitucionalidad se convierten en un componente muy importante de los procesos legislativos.

El juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las declaratorias generales de inconstitucionalidad y el control de la constitucionalidad conforman un sistema integral de defensa de los derechos y garantías constitucionales, ante el abuso de la autoridad, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el propio Poder Legislativo.

Sin embargo, este sistema de defensa la constitucionalidad, que se asumía como integral, ha demostrado una importante debilidad, la cual se ha hecho más evidente en el desarrollo de la actual legislatura del Congreso de la Unión.

Estas violaciones se han circunscrito a los ámbitos no protegidos por el sistema de control de constitucionalidad, pues están expresamente exceptuados del juicio de amparo, y son esencialmente tres: uno, las reformas constitucionales; dos, los procesos de designación y ratificación de funcionarios y funcionarias; y tres, los procesos jurisdiccionales de responsabilidades de las y los servidores públicos.

Explico. Esta iniciativa se propone asegurar la estricta observancia de los procedimientos, trámites y requisitos que la propia Constitución o las leyes establecen para que el Congreso pueda tomar sus decisiones deliberativas con pleno sustento legal.

Dicho de una forma más clara y directa. Esta iniciativa busca eliminar el concepto de impunidad legislativa que deriva del abuso de las mayorías, que violan los procedimientos legislativos a sabiendas de que no habrá forma posterior de revisión o impugnación de sus actos.

Es indispensable que las y los legisladores federales avancemos en el proceso de fortalecer nuestros procesos legislativos, aceptando que puedan ser verificados y controlados constitucionalmente en la parte relativa a los procedimientos y reglas que deben de observarse en su formulación. Por ello proponemos cambios a dos normas claves para que este proceso de revisión constitucional pueda hacerse realidad.

La primera. En la Ley de Amparo proponemos establecer excepciones a dos de las causales de su improcedencia relacionadas con actos del Poder Legislativo, siempre y cuando se actualicen vicios o violaciones al proceso legislativo.

De esta forma se habilita que por la vía de amparo indirecto se pueda impugnar únicamente los procesos legislativos de creación de reformas constitucionales y de designación y ratificación de funcionarias y funcionarios.

La segunda. Proponemos eliminar la improcedencia del juicio de amparo que puedan interponer los acusados de juicio político, solo en la parte relativa a los procedimientos que deban seguir las instancias que participan en él y que se encuentran señaladas en la ley respectiva.

La intención de esta adición es contar con una instancia que asegure respeto a los derechos constitucionales de las y los legisladores federales, pues estos, nosotros, no somos sino representantes de las y los ciudadanos cuya posibilidad de ser eficazmente representados depende del correcto y pleno ejercicio de los derechos parlamentarios de legisladoras y legisladores en las asambleas de las que formamos parte. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, sin duda los aquí presentes hemos sido testigos de situaciones de crisis en varias de nuestras instituciones escolares en todos los niveles educativos y a nivel nacional, derivadas de eventos de huelga, que al suspender actividades laborales repercuten invariablemente en las actividades educativas, con el consiguiente daño a las y los estudiantes y a sus familias.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, que obra en su poder, hago referencia a diversas huelgas que han pasado en nuestro país, señalando algunas instituciones y número de miles de estudiantes que se han visto afectados y quienes con impotencia esperan que las suspensiones se resuelvan con prontitud para no perder calidad en su preparación, o peor aún, verse en riesgo de perder el ciclo escolar.

Cabe señalar que cada vez son más los estudiantes que se organizan para manifestar su inconformidad ante autoridades y huelguistas por estas situaciones en las que los principales afectados son ellos, las y los estudiantes.

Todas y todos en este recinto sabemos de la importancia que tiene la educación en el desarrollo de un país, no solo visto desde el aspecto profesional, que es muy importante, pero no menos importante en su repercusión en el desarrollo humano y social. Lo que en la escuela aprendemos y vivimos nos deja marcados en todos los aspectos de nuestra vida.

Como diputada y ciudadana estoy comprometida con el derecho humano a la educación y convencida de que es y será siempre la llave de la sociedad para entrar al progreso, al desarrollo sostenido, a mejores estándares de calidad de vida, lo vemos en los países desarrollados. Una sociedad con educación es más productiva, más informada, más participativa, pero, sobre todo, es más justa y más equitativa.

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos que aún existen varios vacíos que llenar, así como inercias y resistencias que romper. Uno de estos vacíos y resistencias es el fantasma intermitente de la huelga laboral en cualquier institución educativa, sea pública, privada o autónoma.

La cohabitación del derecho a la educación y el derecho a la huelga de los trabajadores ha interactuado sin éxito a lo largo de los años, pues es lamentable y común ver huelgas que dejan miles de alumnos sin acceso a su derecho a recibir una educación.

Si bien el ejercicio del derecho a huelga es vital para salvaguardar la justicia laboral en el sector educativo existe el alumno, un tercer interesado, que nada tiene que ver con las relaciones laborales y que es el mayor perjudicado por la decisión del ejercicio del derecho constitucional de huelga, al ver truncada la posibilidad de continuar con su también derecho constitucional de recibir educación.

Lo anterior implica, entonces, la necesidad imperativa de nombrar, en materia de ponderación de derechos constitucionales, para así llenar el vacío legal que existe entre el ejercicio de ambos derechos, debiendo delimitar los alcances en la aplicación de cada uno de ellos respecto del otro.

Hoy vengo aquí a presentar una iniciativa de decreto que reforma la Constitución, para consagrar el derecho de recibir educación aun cuando se tenga huelga laboral en cualquier institución de todos los niveles educativos, sean tanto públicos como privados.

Es importante aclarar que esta iniciativa no tiene como objetivo menospreciar el derecho de la base trabajadora, a quienes reconozco todo su derecho de recibir trato digno, respeto a sus derechos laborales y mejoras a sus niveles de ingresos y de sus prestaciones.

En apoyo a esta iniciativa me permito resaltar y recordar antecedentes legales, como son, entre otros: los normados en las fracciones I y II del artículo 466 de la Ley Federal del Trabajo, donde por ningún motivo una huelga podrá ser factor para parar labores, tratándose de buques, aviones, trenes, autobuses, así como en instituciones del sector salud, por la importancia de los servicios que se prestan. Sobre todo, en atención al derecho humano a la salud, que no se puede suspender.

No me queda duda que tratándose del derecho humano a la educación es exactamente lo mismo. El bien superior a la educación no puede estar por debajo del derecho a huelga.

Yo como egresada de la Universidad de Sonora he sido y sigo siendo testigo de cómo cada año las amenazas de huelga se ciernen sobre esta institución por revisiones salariales. Y no hace muchos años, la Universidad se paralizó por más de 60 días de huelga, provocando un grave daño educativo y monetario de los estudiantes y de sus familias.

Justo la semana pasada, el Sindicato de Trabajadores y Académicos entregó solicitud de revisión salarial a la Universidad de Sonora y tiene fecha de emplazamiento de huelga entre el 20 de marzo y primera quincena de abril.

De no ver atendidas sus peticiones, se irán una vez más a la huelga, afectando con ello a más de sus 31 mil alumnos.

Insisto, reconozco plenamente su derecho de ser atendidos y exigir aumento salarial, pero sin menoscabo del derecho humano a la educación de sus estudiantes.

Compañeras y compañeros, con sinceridad los invito a apoyar esta iniciativa que aportará seguridad escolar a los estudiantes de todos los niveles. Niños, niñas y jóvenes se verán beneficiados al reconocerles que su educación, como derecho humano que es, no puede ser rehén de otro derecho. Sino que por el contrario, ambos pueden convivir sin perjuicio de ninguno. Muchas gracias por su atención, espero contar con su apoyo. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión, la parte de reforma constitucional. Y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, la parte correspondiente a las leyes secundarias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley General de Educación.

La diputada María Teresa Marú Mejía: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María Teresa Marú Mejía: Con la venia de la Presidencia. Saludo a mis compañeros diputadas y diputados. Vengo a someter a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona la fracción XIV del artículo 9 de la Ley General de Educación.

Los motivos que me conducen a presentar ante ustedes esta propuesta, es el alarmante índice de criminalidad que prevalece en el país y, en particular, que este fenómeno se esté extendiendo hacia los centros escolares.

Hace unas cuantas semanas, la opinión pública se estremeció ante el lamentable suceso en una escuela de Coahuila, en donde un alumno victimó a balazos a su maestra y después él mismo se privó de la vida.

La implementación de acciones educativas y preventivas tendientes a evitar la comisión de hechos delictuosos es de suma importancia en el sistema educativo nacional, observado como uno de los ejes rectores del Estado para lograr la sana convivencia social.

El elemento de mayor importancia para el fortalecimiento de la seguridad pública es la prevención del delito, entendida como el conjunto de programas, servicios y acciones que tienen por objeto el mejoramiento del entorno social en materia criminológica.

Prevenir es conocer con anticipación la posibilidad de una conducta antisocial dependiendo de los medios necesarios para poder evitarla. La prevención del delito necesita ser observado desde una óptica incluyente para que conjuntamente autoridades en materia de seguridad pública, procuración de justicia y autoridades educativas fomenten una conciencia de prevención en los estudiantes de todos los niveles respecto de evitar la comisión a ser víctimas de ilícitos.

Se debe privilegiar la prevención del delito mediante el desarrollo social, lo que incluye una serie de programas culturales, sociales, educativos, sanitarios y formativos destinados a niños y jóvenes.

La educación debe ser considerada la herramienta por autonomía utilizada por la sociedad de un Estado para contribuir al desarrollo integral de su pueblo. Esta posee las actitudes y valores axiológicos que sostienen al ser humano para edificarse y evolucionar en base a su pensamiento y a su razón.

Por eso, la importancia de que los docentes se formen con una conciencia de prevención del delito, al mismo tiempo deben de tener presente que la conducta delictiva no es exclusiva de una clase social o raza, sino que se generaliza a una clase social de todos los extractos de la colectividad humana.

Ante la inminente realidad que se vive en México respecto a la comisión de ilícitos, es necesario que el Estado, a través de las instituciones realice una política criminológica en la que exista pluralidad de actores que sean partícipes de la misma, y claro ejemplo de ellos son las autoridades educativas.

Los legisladores desde nuestro ámbito de actuación debemos de seguir generando la legislación que coadyuve a la pacificación del país y, sin duda, en el ámbito preventivo la educación es el medio más eficaz para la formación de un ciudadano solidario socialmente y que respete a las normas de convivencia social.

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente de contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, es factor determinante para la adquisición de conocimientos de manera que se tenga sentido de solidaridad social cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas.

Debe entenderse que la educación es el eslabón por excelencia que vincula a las familias con la sociedad. Es por ello que el Estado a través de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, en coordinación con las autoridades educativas, debe poner en marcha programas y políticas preventivas que tengan como objetivo primordial evitar la comisión de ilícitos, ya que de ello dependerá gran parte del bienestar de las familias de México.

Por ello, propongo que se adicione una fracción XIV del artículo 9 de la Ley General de Educación para que las autoridades de educación implementen políticas públicas de prevención del delito, en coordinación con las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia que involucren a los educandos, docentes y personal administrativo, a fin de evitar la comisión de ilícitos dentro y fuera de los centros escolares en todos sus niveles educativos.

Solicito que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Julia Prudencio González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Hoy ser policía en México es estar expuesto a un alto riesgo, la asociación civil Causa en Común nos dice que ser policía significa que tienes cuatro veces más posibilidades de ser asesinado.

Por ello, nuestro compromiso está con los policías que prestan sus servicios a los municipios con mayor presencia del crimen organizado, de homicidios, violencia e, incluso, alto índice de tráfico ilegal de armas de fuego. Nuestro compromiso está con aquellos que por motivo de sus funciones ellos mismos o sus familias son amenazados, amedrentados o extorsionados por cualquier medio.

La problemática que vive hoy nuestro país en materia de seguridad pública es alarmante, al incrementarse las agresiones en contra de los servidores públicos encargados de la prevención y persecución del delito, así como procuración de justicia.

Varios de estos ataques y la violencia con la que se ejecutan se debe presuntamente a grupos de delincuencia organizada, por lo que no se puede seguir permitiendo que las fuerzas del orden sean amenazadas y/o violentadas, y mucho menos que se atente contra su vida, lográndose en varias ocasiones el objetivo de privarlos de la misma, sufrir lesiones o privarlos de la libertad a ellos como a sus familias.

Lamentamos que enero haya registrado 55 muertes de policías en el país, así como la asociación Causa en Común revela que durante el 2019 han sido asesinados 446 policías en México.

Lamentamos también que la Comisión Nacional de Seguridad haya informado que en los últimos 20 años 2220 policías han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales. Es decir, el orden de gobierno más cercano a la gente y el que obtiene menor apoyo.

Estos compañeros hubieran querido tener un arma en sus manos para defenderse ellos y a sus familias y evitar la muerte. Hubieran preferido morir peleando, antes que privados de su libertad. Ejemplos como este hay muchos.

La muerte de un policía ya no es noticia en México. Tampoco vemos qué ocurre después de ello: familiares desprotegidos, un cuerpo policial lastimado y sensación de desconfianza porque los casos no se esclarecen ni se comunican de la mejor manera.

Existe un abandono sistemático de las autoridades hacia el cuerpo policial. No se cumple con sus garantías laborales. No se reconoce la función como actividad de riesgo y no se le respetan sus derechos.

Esto trae como consecuencia la falta de interés de los ciudadanos para participar y coordinarse con ellos. En algunos lugares se ha perdido el respeto a la autoridad y las órdenes de los superiores distan de dejar en claro que la policía tiene la potestad de uso de fuerza cuando sea necesario, que están encargados de hacer cumplir la ley y garantizar el orden y la paz pública, así como proteger la vida.

Por este motivo, a nombre de mis compañeros Juan Francisco Ramírez Salcido y Juan Carlos Villarreal Salazar, como adherente del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos una iniciativa que tiene como objetivo modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para que se permita a los policías, a solicitud de ellos, de manera condicional y bajo excluyentes la portación del arma fuera del horario de servicio.

Desde esta tribuna queremos que se escuche fuerte y claro: no podemos avanzar en la disminución de delitos ni en el combate a la delincuencia común si no se apoyan nuestros cuerpos de policía en los municipios y entidades municipales. Es necesario un respaldo institucional para su protección y fortaleza.

En vista de la naturaleza excepcional de la actividad que desempeñan los miembros de las instituciones de seguridad pública, el proyecto de decreto que proponemos debe analizarse a la luz del fin que se persigue. Es decir, salvaguardar la vida humana y destacar que se trata de establecer una medida de protección a los servidores públicos, con una encomienda especial en la que está en riesgo su vida y su familia, y no una prerrogativa por su función.

No considerar esta iniciativa que los protege con argumentos que tienen de fondo la desconfianza a los policías es una contradicción a la naturaleza de sus funciones, pues ellos arriesgan la vida por los ciudadanos que en su mayoría no conocen. Entonces, ¿por qué no garantizar medidas de protección a la vida de ellos?

Señoras y señores legisladores, cuando alguien se sirve y protege a sus conciudadanos, es asesinado por ese motivo y sin que pueda defender. Es un hecho que como representantes populares no podemos seguir omitiendo. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.

El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con su permiso, presidenta. “Aun cuando todas las reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del legislador nada vale si no responde a la justicia”. Francesco Carnelutti.

Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy someto a consideración de este pleno reforma el último párrafo del artículo 381 del Código Penal Federal, y tiene por objeto aumentar la punibilidad del delito de robo en transporte público, robo a auto particular o cuando se utilicen armas de fuego.

La propuesta toma sentido porque de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Geografía, durante 2009 se cometieron a nivel nacional 17 mil 677 delitos de robo en transporte público colectivo y 3 mil 6 delitos de transporte público individual.

Además este delito representa 10 mil 775 robos por cada 100 mil habitantes y la cifra sigue en aumento.

Aunado a esto la incidencia delictiva ha tenido un crecimiento exponencial de hasta 700 por ciento en zonas conurbadas de la Ciudad de México, y un lamentable crecimiento de hasta el 25 por ciento en diversas ciudades, entre ellas Puebla.

El problema de inseguridad nos afecta a todas y todos, ya que el 72 por ciento de la población nacional usa el transporte público para desplazarse a los centros laborales o educativos, arriesgando con ello su patrimonio, su integridad física y desafortunadamente, en muchas ocasiones, hasta la vida.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social ratificamos nuestro compromiso con el bien común, a fin de tomar las medidas legislativas necesarias para erradicar estos lamentables hechos que tanto laceran a nuestra sociedad. En Encuentro Social reivindicamos lo socialmente correcto, y esto es castigar con penas más duras a quienes infrinjan la ley, a quienes roban sin escrúpulos a las personas trabajadoras, que día a día se esfuerzan por salir adelante.

Por ello, la finalidad de esta propuesta es que todos aquellos sujetos que comentan el delito de robo a quienes estén a bordo del transporte público, de vehículos particulares y cuando se utilicen armas de fuego u objetos peligrosos, se pase de un esquema que existe de 2 a 7 años de prisión, a un esquema de 3 a 10 años de prisión.

Lo anterior, con la finalidad de que los delincuentes que acechan a la sociedad para robar sus pertenencias puedan ser sometidos a los procesos judiciales correspondientes, sin la oportunidad de salir bajo fianza, que en muchas ocasiones se utiliza para seguir cometiendo actos vandálicos.

Por lo cual, la propuesta que hoy someto a consideración de este pleno tiene por objeto hacer frente a los delitos de robo a autos particulares y robo en el transporte público, principalmente, para que los delincuentes sean sujetos a procesos penales más fuertes y frenar esta ola de violencia.

En Encuentro Social lucharemos para que ningún acto delictivo quede impune y tomaremos todas las medidas legislativas necesarias para hacer frente a actos delictivos que han ido creciendo de manera exponencial, y que ponen en riesgo el patrimonio familiar, la integridad personal y, lo más valioso, la vida de las personas.

En definitiva, compañeras y compañeros, estos cambios permitirán una eficaz lucha contra el crimen, donde es la voz del pueblo la que manda y nos exige la seguridad en su transitar diario a sus trabajos o centros escolares.

Acabemos pues con esta inseguridad y optemos por penas más duras a los delincuentes que roban a las personas honestas. Porque hacerlo es hacer lo socialmente correcto. Como decía Rudolf von Ihering, el derecho que no lucha contra la injusticia se niega a sí mismo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley de la Guardia Nacional, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo: La necesidad de garantizar la seguridad y la paz de las y los mexicanos ha generado que el Estado emprenda importantes reformas con el objetivo de contar con instituciones fuertes, que le permitan realizar y cumplir con dichas tareas.

Una de las más importantes ha sido la creación de la Guardia Nacional, que tiene como finalidad que nuestro país cuente con un cuerpo de seguridad civil con las habilidades y capacidades necesarias para hacer frente a los grupos de delincuencia organizada que amenazan la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.

Es pertinente señalar que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, las cinco actividades más redituables a nivel mundial para el crimen organizado son: narcotráfico, falsificación, tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo y tráfico de vida silvestre.

En nuestro país, los delitos en materia ambiental, como la tala ilegal, incendios provocados, cambio de uso de suelo, caza furtiva, tráfico ilegal de especies y asentamientos irregulares forman parte de las tres actividades más rentables para la delincuencia organizada, por los recursos económicos que generan por su práctica, siendo un tema trascendental en materia de seguridad pública por la impunidad que existe en la comisión de dichos ilícitos.

Es así que se requiere dotar a la Guardia Nacional de elementos claros y de mayor enlace, que permitan salvaguardar los bienes y recursos de la nación, incluyendo de forma más amplia el cuidado y la conservación de los recursos naturales con los que contamos, garantizando que su protección esté dentro de sus funciones y facultades.

La Guardia Nacional contempla dentro de sus funciones la prevención de la comisión de delitos en parques nacionales, sin embargo, en nuestro país las leyes contemplan otras categorías de áreas naturales protegidas además de los parques nacionales, como son reserva de la biósfera, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección a la flora y fauna, santuarios y áreas distintas voluntarias en la conservación.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es reformar la Ley de la Guardia Nacional, sustituyendo el término parques nacionales dentro de sus atribuciones y funciones, por el de áreas naturales protegidas, toda vez que engloba un rango más amplio en materia de jurisdicción federal y protección de los recursos naturales.

La incorporación del término propuesto va en concordancia a lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que defiende y clasifica las áreas naturales protegidas, con lo que existiría una relación armónica entre los términos propuestos y la legislación vigente en nuestro país.

Consideramos que con la presente iniciativa se dotará de una estructura clara a las estrategias de seguridad de esta administración, que permitirá a la Guardia Nacional garantice la protección de los recursos naturales.

Las y los integrantes de mi grupo parlamentario estamos convencidos de que hoy es el momento oportuno para realizar tan importante reforma, toda vez que en la lógica de que toda ley es perfectible, estamos seguros que se dará mayor claridad a las funciones que desempeña la Guardia Nacional.

Por todas estas razones solicitamos su apoyo con la presente iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Raymundo García Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15-A, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: El 10 de julio pasado el Grupo Parlamentario del PRD presentó iniciativa con que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación.

Aunque la Comisión de Trabajo y Previsión Social tenía previsto un dictamen para aprobar reformas en este tema, incluyendo la iniciativa citada, en la comisión se resolvió retirar el dictamen para abrir un proceso de discusión más amplio, incluso, un parlamento abierto para abordar este importante tema.

El Senado de la República va a iniciar un proceso en ese sentido, por lo que el tema es de mayor relevancia en ambas Cámaras.

Al no haberse dictaminado la iniciativa del 10 de julio, hemos resuelto presentar nuevamente esta iniciativa, para ser parte del proceso legislativo que lleve a los ajustes que necesita nuestra legislación laboral, para evitar que esta forma de contratación resulte de una mayor precarización del trabajo.

El modelo económico neoliberal, la globalización, la apertura de las economías y el cambio tecnológico, aparejados a una cada vez mayor competencia en el mercado internacional, ha remodelado el trabajo en economías como la nuestra, han hecho del abaratamiento del salario y de la apertura comercial indiscriminada a las ventajas comparativas para insertarnos en el mercado global.

Parte de estas tendencias es la subcontratación, terciarización, deslocalización, outsourcing. Este modelo se ha vuelto más recurrido por las empresas en las últimas décadas. Y consiste en la construcción de redes cuya finalidad es maximizar la utilidad reduciendo los costos de producción, descentralizando etapas de proceso productivo a empresas especializadas de servicios.

La subcontratación se ha convertido en una estrategia para reducir costos, incluidos los laborales. Con este mecanismo una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas.

A un proveedor externo, mediante un contrato con el outsourcing, las empresas descentralizan proveedurías, actividades conexas, logísticas, de mantenimiento o complementarias e incluso, fases completas del proceso productivo, pero manteniendo la verticalidad y el control del proceso en su conjunto.

La subcontratación se ha usado para eludir responsabilidades, evitar el pago de prestaciones, impedir generación de antigüedad, facilitar el despido y romper la unidad de la contratación colectiva.

Los efectos inmediatos que ha tenido la subcontratación son la elusión de responsabilidades, evitar el cumplimiento de normas como el reparto de utilidades, impedir que se genere antigüedad, que conlleva prestaciones, beneficios elementales, vacaciones, pensiones, indemnizaciones, liquidación, etcétera. Además, facilitar el despido y romper la unidad del contrato colectivo.

La subcontratación dolosa ha convertido el trabajo en una mercancía, contrariando las disposiciones del orden público y del derecho internacional que expresamente lo prohíbe. Durante la presente legislatura se expidió una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y contratación colectiva. En su momento se señaló que una reforma de este tipo, si bien significaba un importante avance, dejó de lado una revisión de los derechos sustantivos en el mundo del trabajo.

Es así que nuestro grupo parlamentario, comprometido con los derechos de las y los trabajadores, presentamos la iniciativa para aportar el debate de este importante tema. La propuesta busca precisar que las responsabilidades patronales corresponden a quienes reciben en forma permanente los servicios del trabajador, independientemente de quiénes de manera formal aparezcan como patrones o receptores de estos servicios.

La iniciativa que ahora se recoge en el dictamen tiene como origen las presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD y la Unión Nacional de Trabajadores en su propuesta de la reforma laboral de 2012.

Nuestro Grupo Parlamentario acompañará cualquier esfuerzo que por medio del diálogo social garantice los derechos humanos laborales y mejore la condición de la clase trabajadora mexicana.

Defendemos y promovemos el principio del trabajo decente, que sea productivo y socialmente útil, que produzca un ingreso digno, un lugar de trabajo seguro, que garantice seguridad social para el trabajador y su familia, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad.

Desde el PRD estamos convencidos que a través de la construcción de derechos e instituciones del trabajo se puede alcanzar un país productivo, justo y en paz, que pueda enfrentar en condiciones de competitividad los retos del mundo global, sin que esto sacrifique el acceso a un trabajo digno y cada vez mejor. Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, ciudadana presidenta y miembros amigos de la Mesa Directiva.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ayer visitamos Tapachula, Chiapas, en donde encontramos un panorama de desastre, de hipocresía y de falsedad, que todos los partidos políticos, y representantes, denunciamos. En una pluralidad espontánea, debo decirlo.

¿Por qué? Porque se finge que se está atendiendo a la población migratoria que viene del sur, para quedar bien con el señor Burton, allá hay muchos –con el señor, perdón, Donald Trump– parecen trompitos, con trompetas, y con trompadas a veces, como las agresiones de la Guardia Nacional.

Y por un lado los retienen, y por otro los regresan en avión hasta su lugar de origen. Y, por otra parte, nada hacemos por ayudar a nuestros compatriotas en el norte de México.

Desde la primera Constitución nacional, que fue la de Morelos, se hablaba de regular a los forasteros. La Constitución del 57 lo contempla y la del 17 contiene el artículo 11, en el cual se establece, se estipula, que pueden entrar y salir del territorio las personas, sin importar nacionalidad. Pero luego tiene una parte, en la cual concede una autoridad ilimitada, potestades ilimitadas, a las autoridades administrativas.

Claro, estamos regidos por varios instrumentos internacionales. Primero los pactos civiles y políticos de Naciones Unidas, que obligan a los Estados a dejar entrar y salir, o regresar a su propio país o establecerse... Perdón, me gustaría que me oyeran un poquito los migrantes del corredor.

Luego tenemos, desde luego, la Convención Nacional de Trabajadores Migratorios, que México presentó a Naciones Unidas. Y, por último, el Pacto de Marrakech, que indica que debe de haber una migración ordenada, regular y segura, que corresponde al Estado receptor organizar.

Quiero no quitarles mayor tiempo, decirles que estoy proponiendo una reforma constitucional para que este asunto quede en definitiva resuelto. Se quitan esas potestades, que pueden ayudar a la falsificación de la Constitución.

Se reconoce, como derecho humano, migrar, entrar en la República y salir de ella voluntariamente, y dignamente, transitar por su territorio y mudar de residencia.

Por otra parte, se regula la migración de los mexicanos a Estados Unidos. Esta es una afirmación fundamental. La nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales. Hay naciones en varios Estados y hay Estados con varias naciones. El caso mexicano es prototípico e histórico.

Repito, es lo fundamental, la nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales. Y las autoridades mexicanas velarán porque nuestros compatriotas en el extranjero ejerzan sus derechos humanos, cualquiera que sea su condición migratoria, y velarán por el tránsito de los migrantes desde sus países de origen hasta sus países de destino.

Esta es una actualización que convierte, de nuevo, en un derecho fundamental de la República, el componente contemporáneo que es la migración. Y distingue –ya terminé el tiempo– el tema del asilo, que ese es el que se concede por un Estado a alguien que lo merece por razones políticas. Y el refugio, que es otra figura que no está distinguida, que es la protección a gentes que llegan al territorio en condiciones verdaderamente lamentables por falta de medios de subsistencia en sus propios países o por persecuciones.

Textualmente –para terminar– al otorgamiento, tiene derecho toda persona, al otorgamiento de asilo por cuestiones políticas e ideológicas, así como al reconocimiento de la condición de refugiado por crisis humanitarias, de acuerdo con los tratados internacionales. Es cuanto. Es una breve síntesis, pero me pasé solo 12 segundos. Gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputada, si el diputado Muñoz Ledo me permite adherirme a su iniciativa, la quisiera apoyar.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, Gerardo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perfecto. Queda registrada a la adhesión del diputado Porfirio Muñoz Ledo.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí. ¿Con qué objeto, diputada Lozano? Sonido en la curul de la diputada Lozano.

La diputada Pilar Lozano Mac Donald (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Si el diputado Muñoz Ledo lo permite, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, todo el grupo parlamentario quiere unirse también a esa propuesta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí. Permítame un segundo.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Villavicencio?

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Gracias, presidenta. También para sumarme a esta magnífica iniciativa que presentó el diputado Porfirio Muñoz Ledo, y felicitarlo por la defensa de los migrantes, los migrantes de otros países que lamentablemente no se les han respetado plenamente sus derechos.

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Ortega?

El diputado Antonio Ortega Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. El propósito es anunciar al pleno que el Grupo Parlamentario del PRD ve con simpatía e identidad la propuesta del diputado Muñoz Ledo, y nos adheriremos a ella.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado Ortega. Si me permite el diputado Porfirio Muñoz Ledo, también me gustaría adherirme a su iniciativa y le pido a Servicios Parlamentarios que recoja los registros de otros diputados que en su momento quieran adherirse.

El vicepresidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Adame?

El vicepresidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Deseo expresar mi adhesión a la iniciativa y le pido al diputado Muñoz Ledo su consentimiento para hacerlo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Javier Luévano Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Francisco Javier Luévano Núñez: Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Luévano Núñez: En México viven 15 millones de personas adultas mayores, pero a pesar de su importancia poblacional se encuentra dentro de los grupos más vulnerables.

Los datos y muchas historias personales nos dicen que los adultos mayores son objeto de un sinnúmero de abusos, de discriminación y de limitaciones para ejercer sus derechos.

Es un problema muy complejo. Por un lado, no existe un sistema de seguridad social que garantice retiros dignos que les permitan mantener independencia, poder de decisión y de agencia.

Por otro lado, hay prejuicios y dinámicas sociales que los van aislando de la convivencia social y de la vida productiva, pero también existe un componente normativo deficiente que es incapaz, hasta la fecha, de garantizar sus derechos.

La ley actual si bien establece ciertas prerrogativas de las y los adultos mayores, no contempla la totalidad de sus derechos ni los reconoce como personas completamente independientes, además contiene omisiones que impiden defender estos derechos cabalmente y, por lo tanto, dificultan el acceso de estas personas a gozar una vida plena.

Hoy presento esta iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de esta reforma, que es actualizar la legislación vigente para reconocer y defender a las personas adultas mayores como sujetos de derecho, merecedores a una vida digna.

Todos tenemos vínculos con personas adultas mayores y todos, en el mejor de los casos, algún día seremos parte de este grupo poblacional. Muchas personas adultas mayores son víctimas de discriminación, maltrato, violencia o indiferencia. De acuerdo con cálculos del Inapam y el Inegi, el 70 por ciento de las personas adultas mayores son víctimas de abusos como despojo de bienes, negligencia, violencia física, maltrato psicológico y abandono.

Una de cada seis personas de adultos mayores sufre vejaciones en sus entornos comunitarios. Más preocupante aún ese hecho de que la posibilidad de algún maltrato se incrementa si la persona reside en alguna residencia o centros de atención especializada, pues dos de cada tres empleados de estos lugares han confesado haber ejercido algún maltrato hacia ellos.

Otra cifra alarmante es la cantidad de personas adultas mayores que se encuentran en situación de analfabetismo. Esta condición dificulta aún más el ejercicio de algunos de sus derechos. En última instancia el problema de raíz reside en la percepción que prevalece de la persona adulta mayor pues mucha gente considera llegar a la vejez como una desventaja en la sociedad.

Las condiciones físicas que muchas veces dificultan la movilidad o imponen condiciones precarias de salud, son confundidas con discapacidades para ejercer la autoeficiencia y la independencia. En muchas ocasiones a esto se le suma la falta de ingreso y la ausencia de una protección legal eficaz. El objetivo de esta iniciativa es justamente ese, actualizar nuestro marco normativo para que las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetos de derecho a cabalidad.

El más importante de los cambios que se propone, es establecer de manera explícita, que las personas adultas mayores son individuos autónomos, y se debe respetar su independencia en todas y cada una de las decisiones que realicen. También se expanden los derechos que se les reconoce, entre los que se incluyen la no discriminación por razones de edad, el consentimiento libre en la toma de decisiones en materia de salud, la privacidad, la intimidad y sus derechos políticos.

Con estos cambios, junto con la nueva definición de envejecimiento, que también se incluye en la iniciativa, se busca cambiar la concepción que se tiene de la persona adulta mayor dentro del marco legislativo.

Otro de los objetivos de esta iniciativa es hacer que los derechos de las personas mayores se defiendan de manera eficaz. Debido a ello se proponen las definiciones de maltrato, abandono y negligencia, llenando los vacíos que propician interpretaciones diferentes al propósito de la ley vigente.

También se establece de manera explícita la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida y el envejecimiento activo a través de medidas concretas, como el otorgamiento de una seguridad alimentaria. Por último, se reconoce su derecho a participar en los programas educativos existentes.

Compañeros y compañeras, el pleno reconocimiento a la autonomía y de los derechos de las personas adultas mayores es una terea que debemos cumplir con urgencia. Defender efectivamente la autonomía y los derechos de las personas adultas mayores implica reconocer y garantizar el acceso a una vida digna a un número cada vez mayor de personas. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal.

La diputada Laura Barrera Fortoul: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Laura Barrera Fortoul: Muchas gracias. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y sus aliados mundiales definen a un huérfano como un niño o una niña que ha perdido uno o ambos progenitores. De acuerdo con esta definición, en 2015 había más de 140 millones en todo el mundo. De los cuales 15.1 millones habían perdido a ambos padres y el 95 por ciento de los casos se trata de niñas y niños mayores de 5 años.

En México se estima que 29 mil niñas, niños y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones están en riesgo de perder el cuidado de sus familiares por causas como violencia intrafamiliar, de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre otra problemática.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de Violencia, Niñez y Crimen Organizado, detalla que de los 1.6 millones de menores de edad en condición de orfandad, al menos 30 mil estarían en riesgo de ser atraídos por el crimen organizado.

El problema es muy grave ya que un número muy importante de niñas, niños y adolescentes se encuentran en estado de vulnerabilidad al perder de primera instancia el derecho a vivir en familia, y de ahí se desprende la falta de guardia y custodia entre otros derechos fundamentales que se ven gravemente afectados.

La Ley General de Víctimas, en diversos artículos hace mención de la restitución de los derechos perdidos al tener la calidad de víctima, lo cual es muy general y se pierde de vista que los niños que quedan en orfandad son víctimas directas, y por lo tanto se requiere que sus derechos sean restituidos de inmediato.

A nivel nacional, los sistemas de integración familiar, los DIF, están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar, pues de acuerdo a lo establecido en la ley solo pueden proteger y atender a los menores de edad a petición expresa, siendo este una gran limitante ya que la representación legal de las niñas, niños y adolescentes que se quedan en orfandad es lenta en la mayoría de las ocasiones.

Aunado al gran problema de que no existen registros confiables que permitan conocer cuántos huérfanos son y cuáles son sus necesidades, así como tampoco existe una política pública que los atienda de manera integral y eficiente, no existe un protocolo de acción inmediata para restituir y/o salvaguardar los derechos que les confiere la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a todos los menores de edad que se encuentren en territorio nacional.

Garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que requiere la participación y compromiso de todos y cada uno de los sectores del país para lograr el diseño de mejores programas institucionales encaminados a salvaguardar el interés superior de la niñez.

En razón de lo descrito y con estos argumentos, conscientes de la importancia de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y como tal el ente que va a contribuir de manera determinante en el desarrollo integral de la persona para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad, la presente iniciativa tiene por objeto modificar y adicionar diversos artículos a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal, con la finalidad de restituir de manera inmediata los derechos de las niñas, niños y adolescentes que a consecuencia de la comisión de un delito grave han quedado en la orfandad a ser representados legalmente, a vivir en familia, a recibir atención médica y psicológica oportuna, garantizando con ello su seguridad, educación, bienestar, recuperación y felicidad.

Muy estimadas compañeras y compañeros diputados, lo decía Carlos Ruiz Zafón: “para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas”. Los invito muy respetuosamente a fortalecer, a sumarse a esta ley, a esta iniciativa, para seguir protegiendo lo más preciado que tenemos, que son nuestras niñas y niños de México. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y a la Comisión de Justicia para opinión.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

La diputada María Isabel Alfaro Morales: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María Isabel Alfaro Morales: Buen día a todos, compañeros diputados. La que suscribe, en el uso de la voz acudo a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para hacer visible y considerar a la salud mental como un problema de salud pública.

El segundo párrafo del artículo 72 de la Ley General de Salud define a la salud mental como el estado de bienestar que una persona experimenta, resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en esta última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Se estima que en México, alrededor del 25 por ciento de la población presenta algún problema de salud mental, de los cuales solo el 3 por ciento buscan atención médica. Además, los trastornos psiquiátricos ocupan el quinto lugar como carga de enfermedad, siendo la depresión el más común, pues afecta a cerca del 10 por ciento de los mexicanos.

Los trastornos comunes son: depresión, bipolaridad y esquizofrenia, manifestados a través de la culpa, apatía, melancolía, tristeza, ansiedad que incluso llegan al suicidio.

Para atender a personas con algún padecimiento mental, se requiere un enfoque de intervenciones múltiples y específicas, como medicamentos, tratamiento psicosocial, psicoeducativo al paciente y a su familia. Y funcionamiento comunitario, en conjunto con la atención médica especializada.

Respecto al recurso humano que atiende estos padecimientos, la Organización Mundial de la Salud estima que México tiene un déficit de profesionistas de salud mental de 7 mil 400, cuando debe haber 12 mil.

De los 4 mil 600 profesionistas de la salud mental que hay en el país, solo mil 400 laboran en el servicio público, concentrándose el 60 por ciento en la Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Nuevo León.

En el resto de las entidades federativas, por lo tanto, no hay especialistas suficientes que atiendan a pacientes con algún padecimiento mental, aunado a estas carencias que hay de infraestructura en unidades de primer nivel en el país.

En este contexto, resulta complicado ofrecer una cobertura de atención a aquellos quienes tienen algún diagnóstico de trastorno mental. El problema se agrava aún más cuando el costo de una consulta con un especialista privado oscila entre 500 y los mil 500 pesos, además del costo de los medicamentos.

Por todo lo anterior expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer los derechos de los pacientes con algún trastorno mental.

Primero. Se propone establecer que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de las enfermedades mentales, lo que implica hacer no solo el diagnóstico de signos y síntomas sino que también se incluyan los estudios de laboratorio que permitan elaborar un diagnóstico certero y completo.

En segundo lugar, se propone que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende el acceso gratuito a los recursos clínicos de laboratorio y de gabinete.

Los trastornos más comunes entre la población mexicana, como antes lo mencioné, son la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia, que son los asesinos silenciosos que requieren una atención urgente en nuestro país, debido a las altas tasas de crecimiento anual que representan entre la población mexicana y que el Estado debe atender como un problema de salud pública.

Compañeros diputados, los trastornos mentales requieren de atención urgente, no solo desde el ámbito de la salud sino de un previo trabajo legislativo que hagamos desde este Congreso de la Unión, a fin de fortalecer el marco de los derechos de quienes tiene algún padecimiento relacionado a su salud mental. Espero contar con su apoyo. Que pasen excelente día. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Adolfo Torres Ramírez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 14 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Adolfo Torres Ramírez: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputados, actualmente en México y en el mundo entero tenemos un gran desafío con el uso de los plásticos y esto se debe al gran volumen que se están generando de estos mismos.

Y miren, creo que todos conocen esta bolsa. Esta bolsa es una bolsa de plástico en la que generalmente en la tienda a la que íbamos, o a la que vamos, nos dan los artículos. Y existe esta otra bolsa que se está usando ahora, que es una bolsa biodegradable, que se supone que es más amena o más compatible con el medioambiente. Lo mismo pasa con estos vasos de unicel, los cuales por cierto seguimos usando aquí en Cámara, los vasos de unicel, que también si tienen un manejo adecuado podrían ser reciclables, al igual que estos otros dos plásticos de los que les acabo de hablar.

Miren, el gran problema es que toda esta basura, o la gran parte de esta basura termina en los rellenos sanitarios, con lo cual estamos contaminando el aire, estamos contaminando el suelo, estamos contaminando los ríos, los lagos y los mares.

Esta iniciativa que les vengo a presentar el día de hoy, concuerda con el objetivo 12 de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sustentable, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles a través de la producción y consumo responsable.

También en México existe un documento de la estrategia para implementación de la Agenda 2030 en México, que establece como uno de los problemas la tasa de recuperación y valorización de los desechos en México, la cual es muy baja, donde más del 70 por ciento de los residuos sólidos urbanos son desechados en rellenos sanitarios, y el resto termina en rellenos que no tienen ningún control ambiental.

Para avanzar en el reciclaje lo que necesitamos es comenzar a separar la basura en nuestras casas, que creo que algunos de nosotros lo hacemos. También tendría que estar sucediendo en los negocios y en las empresas. ¿Pero qué pasa si yo separo mi basura y cuando pasa el camión de la basura simplemente la echa todo arriba y la vuelve a revolver? Entonces, este unicel que podría haber sido reciclable deja de serlo por el trato que le está dando el municipio, el estado o la federación.

Miren, algunos municipios y cada mes hay nuevos municipios como la Ciudad de México, como Querétaro, como es el caso de Morelia, que están prohibiendo el uso de los plásticos, y este es simplemente una prohibición para la ciudadanía, pero el ayuntamiento y el estado ¿en qué momento se está haciendo responsable del manejo de la basura que está teniendo?

Según el Inegi, de las 86 mil toneladas de basura que se generan a diario en nuestro país, solamente el 11 por ciento de reutiliza. Y esto para darlo en datos económicos, significa un mercado que estamos desperdiciando en México, de cerca de 3 mil millones de dólares, el cual tiene un crecimiento promedio del 10 por ciento.

Por eso es que lo necesitamos es generar un marco legal adecuado para que se pueda procesar y reciclar toda la basura, y esto significa encontrar responsables tanto a los municipios, a los estados como a la federación.

Es por esto que presento la siguiente iniciativa que se adiciona a la fracción V del artículo 12 y se reforma el artículo 14 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir con los gobiernos de las entidades federativas convenios o acuerdos de coordinación, con el propósito de asumir las siguientes funciones, de conformidad con lo que se establece en esta ley y con la legislación local aplicable.

En el inciso V dirá: La coordinación regional o metropolitana entre entidades federativas y/o municipios para que la implementación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial, el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, los programa estatales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los programas municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de conformidad con el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se realice de manera articulada y consensuada, aprovechando los recursos materiales y humanos, así como la infraestructura existente.

Y en el artículo 14: Los gobiernos de las entidades federativas podrán suscribir entre sí y con los municipios que así lo decidan, acuerdos de coordinación, a efecto de que participen en la realización de las funciones señaladas en el artículo 12 de esta Ley.

Miren, en esta legislatura se han presentado 36 iniciativas para prohibir el uso de los plásticos. Ya existe un dictamen, el cual tiene, se tomaron 17 iniciativas, tres que fueron presentadas por Acción Nacional para que se pueda prohibir a nivel nacional los plásticos.

Pero, qué estamos haciendo para que se le dé un manejo adecuado a la basura que estamos generando a diario, aun cuando sean biodegradables, si no tienen un manejo adecuado en los rellenos sanitarios y en la transportación de la misma, de nada nos va a servir que sea biodegradable porque va a seguir siendo basura que va a estar contaminando. Solicito, presidenta, que se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, adelante.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Diputadas y diputados, como ya es del conocimiento de todos nosotros, en nuestro país existe un amplio número de personas que enfrentan discriminación motivada por varios motivos. Entre ellos, uno de los más marcados es ser mujer. Los adultos mayores sufren de discriminación, también muchas de las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad no son la excepción, y esto solamente por mencionar algunas.

Hay y siguen enfrentándose con dificultades sistemáticas para ejercer plenamente sus derechos, desde los senos familiares hasta las instituciones. Las personas con discapacidad enfrentan diversas complicaciones en todos los sectores de la sociedad, incluso se realizan políticas públicas y programas en las que no son contemplados y que tienen como resultado que no pueden acceder plenamente a sus derechos.

México suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en el 2006, donde se reconoce como su objetivo promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente.

En este sentido el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como objetivo promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando así su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Es por ello que tenemos que ver y analizar todos los marcos normativos para que sean redactados con una perspectiva incluyente que, por desgracia, hoy en nuestro país no sucede.

Quiero decirles que el Inegi, de 2015 a 2018, señala que por desgracia México es uno de los países que menos lee. La población lectora ha disminuido y las principales razones son por falta de tiempo y falta de interés. Sin embargo, las personas que viven con deficiencia visual o ceguera enfrentan otros obstáculos para poder acceder plenamente a la lectura, como son los altos costos de los materiales en formato macrotipo, sistema Braille, así como otros formatos, generando brechas de desigualdad.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro debe contemplar y garantizar el acceso a las personas con deficiencia visual o ceguera a la lectura, ya que la discapacidad no debería ser un obstáculo para su desarrollo pleno en nuestra sociedad.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto que reforma la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de fomentar el acceso de las personas con discapacidad a la lectura y el libro, promoviendo la elaboración, distribución y accesabilidad a materiales en sistemas de escritura Braille, macrotipos, textos audibles u otros formatos.

La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 37, 38, 39 y 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno: Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy vengo a someter a su consideración reforma diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

México es uno de los países con mayor riqueza laboral en el mundo. Hablar de los trabajadores es hablar del pueblo de lucha y de fuerza. Pero existe un problema latente que está afectando a todas y a todos los mexicanos que son trabajadores y que utilizan el transporte de personal para acudir a sus empleos, y es que este no está regulado. Es lamentable observar la inexistencia de una conciencia hacia la vida humana por parte de empresas, y una falta de compromiso para comprender la relevancia de proteger eficazmente a sus trabajadores.

El concepto de transporte se utiliza para describir el acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. Ahora bien, el transportar vidas humanas de un lugar a otro tendría que ser un motivo suficiente para que todos tuviéramos un interés. El gobierno debe de replantear las estrategias indicadas en la operación de las unidades del transporte de personal, para evitar que se sigan perdiendo vidas humanas ante la falta de capacitación y regulación de este servicio.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirma que los accidentes viales son un problema muy grave, el 35 por ciento de las víctimas mortales por un accidente vial son jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales el 64 por ciento son ocupantes de vehículos, 27 peatones, 8 motociclistas y el 1 por ciento ciclistas.

Solo 3 de cada 10 vehículos que circulan en el país cuenta con un seguro de protección a víctimas de accidentes viales, responsabilidad civil o daños a terceros, por eso la AMIS estima que en el país ocurren alrededor de 2.8 millones de choques al año, de los cuales 1 de cada 3 genera lesiones que cuestan alrededor de 150 mil millones de pesos al país. Es decir, el equivalente al 1.7 del producto interno bruto.

A su vez, dentro del transporte de personal se han incrementado los accidentes, ya que no se cuenta con la suficiente regulación de las empresas para valorar a los choferes de estas. La estadística nacional reporta que el 70 por ciento de las causas son atribuibles al conductor, 18 por ciento al camino, 8 por ciento a los agentes naturales y el 4 por ciento restante al vehículo.

Como era de esperarse en los conductores de vehículos de personal, el efecto de la fatiga y el sueño durante la conducción tiene una participación importante como causante de accidentes. En la Estadística Nacional, dormitando representa 2 de cada 100 causas asociadas al conductor.

En general, para cualquier tipo de accidente vehicular el 65 por ciento de las causas del accidente tiene que ver el conductor, siendo el exceso de velocidad la falta representativa con un 51 por ciento. Por estas razones se tienen que tomar medidas de regulación, así como auditorías por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para disminuir estos accidentes, los cuales están teniendo un impacto fatal en las familias mexicanas.

La presente reforma pretende dar certeza bajo un esquema de regulación más eficiente que garantice la seguridad del personal, teniendo como puntos relevantes chequeos toxicológicos rutinarios a los choferes de las empresas, auditorías periódicas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para revisar si los operadores de transporte cumplen con todas la aptitudes físicas y mentales para realizar su labor. También se someterán a auditorías sobre la revisión mecánica de las unidades.

Compañeras y compañeros, en Morena estamos convencidos de que debemos seguir encaminando nuestra labor hacia el bien de la población, y en este caso de los trabajadores que día a día con su esfuerzo otorgan un bienestar a sus familias. Y es responsabilidad de nosotros, como legisladores, apoyarlos.

Es por todo ello que someto a su consideración y espero contar con su respaldo para dicha iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Laura Martínez González: Buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Laura Martínez González: De acuerdo con el contenido del artículo 18 constitucional, se prevé como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Por lo que para ello en su segundo párrafo se ordena que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud, el deporte, como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad.

Asimismo, es de resaltar que dentro de dicho párrafo segundo se prevé, en su última parte, un derecho especial a favor de las mujeres, el cual señala que estas purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Sin embargo, si bien el espíritu y esencia de dicha norma constitucional es ordenar que el sistema penitenciario se lleve a cabo bajo ciertas bases cuyo objetivo sea la reinserción social de los sentenciados, lo cierto es que dicho precepto ha quedado rebasado frente a la dura realidad que viven las mujeres privadas de su libertad, como muestra el estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe especial sobre las mujeres internas, en los centros de reclusión de la República Mexicana, de 2015.

Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que subrayarlo, es encabezada por una mujer, Rosario Piedra Ibarra, en quien ponemos todos nuestros votos a vigilar el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres en México.

Dentro del sistema penitenciario femenino se violan los derechos de las mujeres privadas de su libertad, por lo que resulta indispensable realizar modificaciones al precepto constitucional, de modo que se pueda ordenar a las autoridades competentes la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género que, entre otras, procuren el respeto irrestricto de los derechos de las mujeres reclusas.

El texto constitucional actual establece como derecho de las mujeres el que estas purguen sus penas en lugares distintos a los de los hombres. Ello definitivamente no ha sido suficiente para que las autoridades penitenciarias actúen con ciertos estándares de bienestar en pro de sus derechos humanos, derivado de las serias violaciones cometidas a los derechos de las mujeres privadas de su libertad.

Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se requiere que urgentemente se les dote de una protección desde el texto constitucional. Así, es necesario adicionar el párrafo que establezca con claridad en el sistema penitenciario implemente políticas públicas que garanticen en favor de las mujeres reclusas, condiciones de estancia digna y seguras, libres de todo tipo de violencia, y que en el caso de que cuenten con hijos menores, dicho sistema penitenciario tome medidas que garanticen una adecuada convivencia.

Con esto, bajo condiciones óptimas, seguras y saludables, que de antemano velen por el interés superior de los menores. Lo anterior, con el fin de que se corrijan las graves condiciones en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad.

Por todo lo expuesto, solicito a este pleno su voto favorable para que se acompañe la presente iniciativa que buscar dar voz a las miles de mujeres reclusas que no cuentan con un asidero constitucional para poder exigir un trato digno, conforme al derecho fundamental de la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Xavier Azuara Zúñiga, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Romero Herrera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Compañeras y compañeros diputados, la génesis de la democracia mexicana no podría ser explicada sin la participación de los ciudadanos.

La participación ciudadana construyó instituciones fuertes, sólidas y legítimas. Sin la participación ciudadana la pluralidad existente en esta Cámara de Diputados no podría ser posible. Sin la participación ciudadana no podríamos contar hoy con un instituto electoral autónomo que diera certidumbre a las elecciones federales y locales. Sin la participación ciudadana no se hubiera dado la alternancia. Y sin la participación de los ciudadanos no habría podido imaginarse un gobierno federal de izquierda.

Los ciudadanos fueron, son y deben ser el centro de la acción política. Los tiempos actuales exigen involucrar a los ciudadanos de manera directa en la toma de decisiones. Si no es así, corremos el riesgo de caer en la simulación, en la demagogia.

Las y los ciudadanos hoy en día son una pieza fundamental para el desarrollo y avance de nuestro país, ya que en este sentido la democracia ha tenido un gran avance en materia de participación.

Esta participación se ha visto reflejada en la toma de decisiones, que ya no solo recae en los representantes electos por el voto popular, sino que la participación en la vida democrática ha posibilitado que la ciudadanía tenga el derecho y la posibilidad de participar en la creación de iniciativas, formación de las leyes y toma de decisiones en asuntos de interés de la ciudadanía.

Desde la consolidación y conformación de nuestra Carta Magna de 1917, hasta nuestros días, se han plasmado y consolidado los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con el tiempo estos derechos se han ido ampliando, dando como resultado mayor participación de la sociedad y de las organizaciones civiles en la toma de decisiones de relevancia en el país.

Si bien existen mecanismos incipientes para la participación de los ciudadanos de manera directa, en la toma de decisiones, como lo es el gobierno abierto y el Parlamento abierto, la realidad es que muchos de estos ejercicios de democracia participativa terminan en simples consultas.

Un mecanismo de participación en donde la ciudadanía actúa directamente, es en la creación de iniciativas y formación de leyes en esta, nuestra Constitución.

Esto se puede ver observando en el artículo 71 y 72 de nuestra Constitución Política Mexicana y es definida como la iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana está contemplada en la Constitución desde el 2012, pero en la medida de lo real es importante preguntarse ¿qué tanto se ha usado esta herramienta? ¿Cuántas iniciativas por parte de la ciudadanía se han realizado? ¿Y cuántas de estas iniciativas se han aprobado?

Del 2012 hasta la fecha se han presentado once, de las cuales solo una ha sido aprobada. Tres dictaminadas en sentido negativo, dos más desechadas, una retirada por los promoventes y cuatro iniciativas pendientes de dictaminar.

Por lo que se puede resaltar que las iniciativas ciudadanas que llegan al Congreso de la Unión han tenido dificultades para ser discutidas, y dejándolas como pendientes.

Además, otra dificultad que presentan estas iniciativas es la recolección de firmas, ya que para poder inscribirlas en el Senado y en esta misma Cámara, deben de cumplir con un total del 0.13 de la lista nominal del INE, aproximadamente 115 mil firmas.

Podemos observar que se han visto limitadas tanto en la inserción, aceptación, tiempos, las formas para discutir y aprobar una iniciativa. Así como también se ha visto obstruida por la obtención de las firmas para impulsarla.

Por ello, y reconociendo que una de las grandes aportaciones del Partido Acción Nacional, como ha sido la constante participación ciudadana, ha sido retomada por gobiernos de todos los colores, es que el día de hoy el diputado Jorge Romero Herrera y el de la voz, presentamos esta iniciativa, la cual pretende modificar el artículo 71 de la Constitución Política Mexicana en materia de participación ciudadana, para establecer que la iniciativa ciudadana avalada por el número de firmas y turnada a comisiones tenga el carácter de preferente y deba ser dictaminada en un plazo máximo de 30 días, al igual que las iniciativas que presente el presidente de la República.

Lo anterior, para que la voz de los ciudadanos sea escuchada y tenga un peso real en la toma de decisiones de que son relevantes para el país. Darle un derecho verdadero a los mexicanos y las organizaciones civiles, ya que no solo el presidente debería tener esa preferencia, sino también todos aquellos que cumplan con lo establecido en nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Gracias, presidente, con su venia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Compañeras y compañeros diputados, especialmente el diputado Adolfo Torres, Roberto Rubio, Aleida Alavez, porque sé que esto será de su particular interés.

Subo a esta tribuna a proponer reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, porque a nuestro país lo alcanzó el destino, porque ya alcanzamos el límite de su degradación medioambiental, porque estamos a punto de pedir la factura por la sobreexplotación de nuestros recursos, la herencia que dejamos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Es día en que parece no importar la manera en la que manejamos nuestros residuos provocados por el ritmo moderno de vida que llevamos. Le decimos progreso a la capacidad de generar más y más basura, de crear nuevos productos agotando la energía que creemos infinita.

Hoy estamos al borde del colapso por nuestra indiferencia, por nuestra desidia. El manejo integral de residuos, es solo un eslabón de lo mucho que nos falta como generación de atender por nuestro ambiente. Es solo una variable, sí, de la crisis climática que ya estamos viviendo, pero es un factor que ni siquiera hemos podido resolver en las últimas décadas, sabiendo bien la fórmula de reducir, reciclar y reutilizar.

Tan simple, tan corta, con tres elementos que juntos le darían un alivio a las próximas generaciones, aquellas que vivirán en un país con casi 2 mil 500 autoridades sobre el manejo de residuos, casi 2 mil 500 municipios que con esta reforma tengan la facultad de manejar integralmente los residuos bajo los principios de las tres erres: reducir, reciclar y reutilizar, que puedan solo recibir, que puedan solo recibir los residuos de manera segregada entre orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Que tengan la atribución de imponer multas para quien no las separe desde su origen, para así fomentar el manejo integral y potenciar una futura economía circular.

Compañeras y compañeros, la reformas que propongo a esta ley son el complemento de reformas que propuse al artículo 115 constitucional para incluir los principios de las tres erres en el manejo de los residuos, porque el municipio es la autoridad clave para encabezar esta revolución verde.

Trasciende a cualquier entidad y a la federación misma. Estamos en el límite de corregir el rumbo. Las y los que vienen serán quienes nos juzguen. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, Recursos Naturales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a integrantes del Cecade, invitados por el diputado César Agustín Hernández Pérez. Y a alumnos ganadores del Interuniversitario realizado en el estado de Baja California Sur, invitados por el diputado Alfredo Porras Domínguez. Muchas felicidades y sean bienvenidos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 325 Bis al Código Penal Federal.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Es un avance significativo el que se reconozca el feminicidio en nuestra legislación federal, pero aún falta demasiado por hacer en lo que el tema refiere. Cada dos horas y media en promedio una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer.

Según las cifras que registra el secretariado ejecutivo, quien advierte que en el primer cuatrimestre del 2019 murieron mil 199 víctimas de la violencia machista, sin que la estadística disminuya, a pesar de la gran movilización social.

La mayoría de las mujeres casadas o con novio han sufrido algún tipo de violencia de género, según la Encuesta del Instituto Nacional de Estadística 2018. Es decir, más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas y en la intimidad de su relación. Pero una de las cifras más alarmantes es que alrededor de 8 millones de mujeres han sido asfixiadas, cortadas o quemadas.

La cifra, y en otras palabras, ante la falta de perspectiva de género en las investigaciones en caso de violencia contra las mujeres y el uso inadecuado del tipo penal de feminicidio, obligan a no dejar laguna o interpretación alguna al respecto. No se puede esperar a una valoración de la autoridad investigadora o miopía de los jueces, para utilizar la tentativa en un delito como lo es el feminicidio.

A diferencia de lo que algunos estudiosos del derecho afirman, nosotros en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sí comprendemos que el feminicidio es un delito complejo. Tutela diversos bienes jurídicos, la vida, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia.

El feminicidio es un delito complejo que coincide con el homicidio, respecto de un bien jurídico tutelado, la vida, pero cuya estructura es diferente y no puede ser reducida a la naturaleza de un delito simple.

Es obligación del Estado erradicar la violencia contra la mujer y brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.

Derivado de la complejidad que el propio tipo penal del feminicidio representa, debe atenderse de igual manera el grado de tentativa. Dado que se trata de un delito doloso, se considera posible su ejecución en grado de tentativa. La regla general dispone que la punibilidad del delito dependerá del mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso a bien jurídico tutelado, aplicando así también al feminicidio.

No podemos permitir que se traten genéricamente estos hechos delictivos. La tentativa debe explicarse no a partir del peligro de la vida de la víctima que, en todo caso, hubiera llevado a la aplicación de otro tipo penal, sino a partir del plan del autor y de la puesta en marcha de un curso causal eficiente, conforme al plan para obtener el resultado.

En la mayor parte de los supuestos de razones de género la tentativa puede establecerse sin que exista privación de la vida de la mujer, por lo cual debe tipificarse específicamente en el Código Federal y no dejar a criterio del juzgador y al elemento subjetivo la aplicación de la regla general en la tentativa, pues de lo contrario se generan vacíos que pueden ser aprovechados por la defensa del inculpado. Tanto así, que se desdibuje la naturaleza primaria de los bienes que tutela el delito del feminicidio.

Compañeras y compañeros, demos un paso hacia adelante y ayudemos al Estado a legislar en la construcción de los mecanismos y las medidas necesarias para la eventual y la total erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a los productores agrícolas de México, a los que les hemos fallado. La agricultura es la producción propia del sabio, la adecuada para el sencillo y la ocupación más digna para el hombre.

Quiero al mismo tiempo antes de la iniciativa, que a 10 meses que se firmó un convenio en la Sader, con fecha 9 de abril del 2019, en que se reclamaba para el campo el pago de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz y firmada en la Sader, principalmente por Miguel García Winder, por Víctor Suárez Carrera y por Arturo Puente González y 15 organizaciones del país, los 4 mil 150 pesos aún les deben a los compañeros ejidatarios y productores de todo el país y principalmente del estado de Sinaloa. Un reclamo para que la Sader y el gobierno federal cumpla con este compromiso del precio objetivo con los compañeros ejidatarios.

La iniciativa que hoy someto a la amable consideración de esta honorable asamblea propone la creación, de nueva cuenta, de la Productora Nacional de Semillas. Busca adicionar así un capítulo a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, rescata en sus términos propuestas e inquietudes de productores e investigadores a partir del reconocimiento público de que necesitamos de la construcción de un sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable.

Tiene como referencia la Estrategia de Autosuficiencia Alimentaria de la presente gestión del gobierno federal que surge a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, estrategia que tiene como objetivo principal lograr un abasto alimentario propio con un sector rural productivo y competitivo.

A partir de esta iniciativa se ha establecido así el programa Producción para el Bienestar, para lograr la autosuficiencia alimentaria como tarea clave de la cuarta transformación de México.

Se trata de una estrategia integral, con todo un conjunto de acciones bajo una coordinación de trabajo entre las instituciones del sector rural. Aquí se otorga importancia debida y decidida a los protagonistas directos, revalorizando en principio sus sistemas productivos tradicionales, entre otros mecanismos que contribuyan a hacer posible la estrategia. El sector público con visión nacionalista ha propuesto, entre otras medidas necesarias para el propósito, disminuir la importación de semillas e insumos diversos para el campo.

Vale referir que una vez ocurrido el desmantelamiento de la Productora Nacional de Semillas en el 2008, por decreto liquidación de la productora nacional, que se volvió dependiente en exceso de importaciones de insumos, lo cual ha significado la ruina progresiva, sobre todo de pequeños y medianos productores. Se trata de un fenómeno que indudablemente frena los propósitos para alcanzar la autosuficiencia productiva que garantice la soberanía alimentaria.

No es aventurado plantear de nueva cuenta la creación de la Productora Nacional de Semillas, más ahora que la nueva administración pública ha puesto énfasis en la necesidad de hacer un campo realmente productivo, para transitar así por el sendero que garantice a México ser autosuficiente en su demanda interna de alimentos. Aplicar una política de carácter nacionalista en materia de producción y utilización de semillas mejoradas certificadas permitirá al sector agrícola de nuestra nación acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

Por ello, la presente propuesta plantea una reforma que permita la creación de Pronase, con el propósito oficial de impulsar la producción y utilización de semillas certificadas de variedades de plantas mejoradas, para un mejor desarrollo de la agricultura con visión nacionalista. “No juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has plantado”. Robert Louis Stevenson. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias. Ánimo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, con la adhesión de los y las legisladoras que deseen adherirse si el proponente lo permite.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con el permiso de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Compañeras y compañeros diputados, una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como país es con nuestros adultos mayores.

Esta población de mujeres y hombres que han dedicado toda una vida de esfuerzos a su familia, a su comunidad, a su país y a la memoria colectiva, lamentablemente son objeto de discriminación, de exclusión y olvido, tanto por parte del Estado como por parte de nuestra sociedad.

Esta es una realidad que nadie puede negar. Por eso, hoy tenemos la obligación de reconocer, garantizar y hacer valer los derechos de las personas adultas mayores desde una perspectiva que los reconozca como titulares de derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la educación y a la familia.

Estos son derechos básicos, sin embargo, no son suficientes, porque también tienen derecho a la integridad, a la certeza jurídica, derecho de preferencia y sobre todo a que se reconozca y respete su dignidad como personas.

México ya cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, promulgada en el año de 2002, que reconoce los derechos ya antes mencionados. Esta ley establece que su observancia y aplicación debe de apegarse a los principios rectores de autonomía y autorrealización, así como la participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente.

Sin embargo, este ordenamiento jurídico, por extraño que parezca, no incluye como principio rector un principio que los últimos años se ha consolidado en los instrumentos internacionales y en las doctrinas de pensamiento. Me refiero al principio de perspectiva de ciclo de vida y enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

Este principio se basa en el reconocimiento de que la vejez es una construcción social y un proceso vital en el que el Estado debe optimizar las oportunidades de bienestar físico, mental y social, así como de autonomía, libertad y participación. Y debe contar con protección, seguridad y atención a las personas mayores, para así garantizar sus derechos humanos y su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

El principio de la perspectiva de ciclo de vida está consagrado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores, adoptada en el 2015 y que, por cierto, el Estado mexicano no ha ratificado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también recomienda que se asuma la perspectiva de ciclo de vida en la legislación y en la política nacional de atención a las personas adultas mayores.

Por esta razón, someto a su consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que adiciona una fracción I, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, esto con el objeto de establecer, como su primer principio rector, la perspectiva de ciclo de vida y enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores.

De esta forma se actualiza esta importante ley, se armoniza con el marco jurídico internacional y se establece el mandato de que toda la política nacional de atención a nuestros adultos mayores debe diseñarse y aplicarse con la perspectiva del ciclo de vida.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que aquellos que construyeron este gran país, que ofrendaron toda una vida de trabajo para hacer de México un lugar más justo, merecen toda nuestra solidaridad, reconocimiento y respaldo.

Fortalezcamos sus derechos fundamentales con una perspectiva que honre y respete su dignidad humana. Construyamos desde ahora un México mejor, más incluyente, justo y humano para todas las personas que tienen el privilegio de llegar a edades avanzadas, porque ellas y ellos son quienes representan los auténticos valores cívicos, nuestra memoria, nuestro presente, nuestra conciencia y nuestro verdadero orgullo. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida a Amigos de Cuauhnahuac, Asociación Civil, invitados por el diputado Alejandro Mojica Toledo. Y a miembros del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, Asociación Civil, invitados también por el diputado Mojica Toledo. Saludos. Bienvenidos, paisanos.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Permítame, diputado. Nos informa el diputado que hay algún error, secretario, que la iniciativa no es la del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A ver, le voy a pedir entonces, que me haga favor, diputado, de señalar por su nombre completo la iniciativa que va a presentar. Pido a la asamblea un momento de espera para arreglar este diferendo. Sí, diputado, el tiempo está corriendo y no se detiene, diputado Espadas. Un momento.

El diputado José Ángel Pérez Hernández: Ni modo que diga otra cosa.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: A ver, le voy a pedir un favor, diputado. Voy a llamar al siguiente orador, voy a respetar su derecho de iniciativa. Arreglamos el tema y la listamos correctamente.

El diputado José Ángel Pérez Hernández: Adelante.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Le pido a los enlaces del Grupo Parlamentario del PES que se acerquen a la Secretaría para arreglar este tema.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de Morena.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que el día de hoy presento ante ustedes propone que para garantizar el desarrollo sustentable de nuestras comunidades y contribuir en el cumplimiento de compromisos internacionales en lo que a la lucha contra el cambio climático se refiere, la federación promueva la utilización de energías renovables en la provisión del servicio de alumbrado público en la infraestructura y el equipamiento urbano.

Uno de los retos que enfrentan los municipios en el país tiene que ver con el servicio de alumbrado público, ya que en muchos de los casos es ineficiente, o bien, se carece de él, lo que resulta una necesidad social pendiente por atender.

De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada en el año 2019 por el Inegi, dos de cada tres ciudadanos entrevistados se manifiestan inseguros en espacios físicos, tales como las calles que habitualmente usan considerando al alumbrado público como ineficiente e insuficiente.

No obstante, los beneficios que el alumbrado público aporta a la vida cotidiana de una comunidad, resulta importante considerar también otras implicaciones que este servicio tiene, las cuales resultan deseables reducir o atenuar. Por ejemplo, el alto consumo de energía eléctrica que su prestación implica.

La generación de energía eléctrica en todo el mundo –y México no es la excepción– está basada mayoritariamente en la quema de combustibles de origen fósil, como el petróleo, el carbón y el gas, lo cual genera la emisión de gases de efecto invernadero, óxido de azufre, nitrógeno y partículas, que alteran de forma negativa el entorno y que han contribuido significativamente tanto al calentamiento global como a la degradación de la capa de ozono.

Aquí es importante recordar que México tiene establecidas metas de la agenda 2030, además de que suscribió un importante acuerdo, el famoso Acuerdo de París, que tiene como objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible.

En este contexto, el país se comprometió a reducir de manera no condicionada 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 con respecto a la línea base, la cual implica una reducción del 31 por ciento en la generación eléctrica, considerarla como línea base el año del 2013.

Los niveles de emisión de gases de efecto invernadero provenientes de alumbrado público dependen de la infraestructura instalada, así como de la fuente de alimentación de la misma. En el caso de México, por cada megavatio-hora de electricidad se genera alrededor de media tonelada de dióxido de carbono. En consecuencia, una reducción en el consumo energético del alumbrado público tendría asociada también una reducción en las emisiones contaminantes hacia la atmósfera.

Por otra parte, cabe señalar que la prestación del servicio de alumbrado público representa un gasto muy elevado para la mayoría de los municipios, se calcula que el alumbrado público representa el equivalente al 2.25 por ciento del consumo de la energía eléctrica nacional, generando un gasto para las administraciones municipales de más de 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el potencial de ahorro en energía eléctrica por mejora en el sistema de alumbrado puede ser del 20 al 90 por ciento, de acuerdo a la tecnología instalada en cada municipio o en cada ciudad.

Bajo esta premisa, en el país existe un potencial de ahorro de energía de aproximadamente 2.5 millones de megawatts-hora anuales, lo cual equivale a un ahorro económico de más de 9 mil millones de pesos por año.

Por lo anterior, es importante reiterar que a través de esta iniciativa que hoy presento ante ustedes, se contribuya a garantizar el desarrollo sustentable de nuestras comunidades y abonar el cumplimiento de compromisos internacionales en lo que a la lucha contra el cambio climático se refiere, que la federación promueva la utilización de energías renovables, hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, biomasa, en la provisión del servicio de alumbrado público, en la infraestructura y en el equipamiento urbano.

No podemos pasar por alto que las ciudades son a la vez causa y solución del cambio climático, por lo cual tenemos la oportunidad de realizar, desde las ciudades, una contribución significativa para mitigarlo, especialmente si impulsamos una transición rápida de fondo y de largo alcance en cuanto se refiera a la infraestructura urbana y a los sistemas mediante los cuales generamos la energía y el consumo.

Amigas y amigos, diputados, por lo antes expuesto solicito a ustedes su apoyo para poder hacer esta reforma. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por diez minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias en el periodo 2006-2019, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: México enfrenta una severa crisis en las instituciones del Estado, en particular las de seguridad pública, que no han tenido la capacidad para prevenir y esclarecer los hechos de violencia registrados en todo el país.

Muchos han sido los casos que nos han cimbrado como sociedad debido a que las autoridades no han fincado las responsabilidades correspondientes a los involucrados y no han podido aclarar los hechos delictivos.

Hemos permanecido en una oscura impunidad. Hay muchos casos que podemos mencionar, por ejemplo: las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, estado de México, la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, o más recientemente los lamentables hechos donde perdieron la vida algunos niños y mujeres, de la familia LeBarón.

Desde hace 3 décadas México enfrenta un problema de seguridad que ha generado una crisis humanitaria, en la que se han registrado miles de desaparecidos, muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento. Hemos vivido el año más violento con más de 35 mil asesinatos y más de 60 mil desaparecidos, según cifras oficiales. En esta crisis el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes han actuado como cómplices de la criminalidad organizada.

Hemos visto como la violación a los derechos humanos se ha constituido como una política de Estado, auspiciada por los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan inválidos, dado que los órganos encargados de realizarlos carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen que hoy por hoy se antoja autoritario, como aquellos de los años sesenta y setenta.

En la actualidad esta crisis política, social, humanitaria e institucional afecta a todos los niveles de gobierno y a todos los Poderes de la Unión. Resulta por ello de vital importancia que, sin irse a un proceso de estudio, análisis e investigación imparcial de sus causas, y para generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades, que coadyuven al restablecimiento de la paz social y no a un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado, creando condiciones presidenciales y pasando por encima de toda legalidad.

Es por ello que proponemos la creación de una Comisión de Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias durante el periodo 2006-2019, que tendrá por objeto la investigación, el estudio, el análisis y la aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es importante mencionar que esta comisión gozará de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas y podrá requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serles de utilidad para esclarecer los hechos que permitan determinar las responsabilidades, y construir un esquema de protección a las víctimas y restituir sus derechos en todos aquellos casos en que los agentes del Estado hayan participado en la comisión de delitos relacionados con la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, con la finalidad única de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la no repetición del daño.

Aunado a lo anterior, para cumplir con su objeto esta comisión gozará de 60 meses calendario y se encontrará integrada por 5 personas designadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y de víctimas directas o indirectas.

Serán invitados permanentes a las sesiones públicas de la Comisión de la Verdad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un representante de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal, un representante más del Poder Judicial de la Federación y finalmente un representante de la Fiscalía General de la República, quienes contarán con derecho a voz, pero no con derecho a voto.

Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos plenamente convencidos de la pertinencia y la gran oportunidad de esa Ley que crea la Comisión de la Verdad. Es hora de brindar a la sociedad la protección que el Estado le debe, pues han sido las propias autoridades las que incurrieron, propiciaron o favorecieron actos violatorios de los derechos de las personas.

Es hora de que frente a la penetración del crimen organizado y a la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia. Iniciemos el proceso de construcción de la paz en nuestro país. Es hora de que este Congreso abrace a las víctimas y que, recogiendo sus demandas, empiece a legislar en favor de la concordia entre las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: Con su venia, señor presidente. Estimadas legisladoras y legisladores, muy buenas tardes. Desde esta tribuna, testigo de la construcción del México que todos queremos, presento ante esta soberanía para su análisis y aprobación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a las figuras de coordinador de Delegaciones de Programas para el Desarrollo, y de las y los delegados de programas estatales, considerando que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de noviembre de 2018, se incorporaron dentro de la administración pública federal las figuras de Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la de Delegación de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas.

En el artículo 17 Ter de esta ley se establecen las facultades tanto del coordinador general de Programas para el Desarrollo como para las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades federativas. Cito:

Artículo 17 Ter. El Poder Ejecutivo federal contará en las entidades federativas con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral; funciones de atención ciudadana; la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades; así como la supervisión de los programas que ejercen algunos beneficios directos a la población, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Bienestar y la Coordinación General de Programas para el desarrollo.

Para la Coordinación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, en la implementación de las funciones descritas en este artículo, el titular del Poder Ejecutivo federal contará con la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, bajo el mando directo del presidente de la República.

Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán adscritas jerárquica y orgánicamente a la Secretaría del Bienestar, y sus titulares serán designados por el titular de la secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

El artículo de la ley es ambiguo, ya que no se determinan los perfiles del puesto ni requisitos profesionales o méritos para el desempeño idóneo, tanto del coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo como de los delegados de Programas para el Desarrollo en las 32 entidades, permitiendo la flexibilidad y amplia discrecionalidad para ocupar dichos cargos públicos.

Los cargos de coordinador general de Programas para el Desarrollo, como el de delegado de Programas para el Desarrollo tienen acceso directo a los recursos públicos, e información privilegiada a recursos materiales y humanos, y sobre todo a bases de datos o padrones de beneficiarios de los programas sociales bajo su responsabilidad.

Con el tiempo las designaciones a estos cargos públicos, y por el manejo de los padrones de beneficiarios, pueden ser piezas políticas manipuladas por los partidos políticos para favorecer e influir en posibles candidaturas, como aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales, debido a que no existen en la actualidad mecanismos de control y restricción legal.

En el artículo 24 de la Ley Federa de Austeridad Republicana, publicado el 19 de noviembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, establecen que los funcionarios públicos que deseen o se encuentren interesados en postularse a cargos públicos superiores o designaciones a candidaturas por su partido político, deberán separarse de sus puestos actuales.

De igual forma, en dicho ordenamiento no especifica ni esclarece la prohibición de funcionarios públicos para acceder a otros cargos por designación de partidos políticos, con el objeto de evitar los conflictos de interés.

En este sentido, la ley debe de contemplar también la prohibición del coordinador general de Programas para el Desarrollo y los delegados de Programas para el Desarrollo para competir como candidatos o aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales, separándose de su cargo por lo menos contemplar un periodo de tiempo específico antes de contender en las elecciones.

En el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se deben garantizar los criterios para que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos suficientes para llevar a cabo sus actividades, sin ventaja sobre los demás candidatos.

En este contexto, es necesario que tanto el coordinador general de Programas para el Desarrollo, como los delegados de programas, cuenten con mecanismos legales para contender con alguna gubernatura, senaduría, diputación local o federal, tomando en cuenta que se encuentra ventajosamente favorecido ante sus adversarios políticos por el posible uso indiscriminado de los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Quiero resaltar que durante el 2019 el coordinador general de Programas para el Desarrollo y varias delegadas y delegados de Programas para el Desarrollo, de las 32 entidades federativas...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: ... quienes fueron nombrados por el Ejecutivo en noviembre del 2018, se vieron involucrados en diversos actos de corrupción y de conflictos de intereses que fueron denunciados por los beneficiarios de los programas sociales y los medios de comunicación...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, diputada, ¿me escuchó? Concluya, por favor.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: Ahorita concluyo. El proyecto de reforma. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de la Ley Federal... –Yo le pido, señor presidente, por su importancia, le pido que me dé un minuto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, su tiempo se ha concluido, diputada. Permítame, escúcheme. No se lo puedo conceder. Le voy a solicitar lo siguiente. Si usted puede ir orientando a concluir su intervención y solicitar que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, si me hace favor.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: Okey. Solicito en esta iniciativa que la y el titular, de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, sí se encuentren restringidos para participar como candidatos a gubernaturas del Estado a menos que se separen de sus funciones tres años antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos adheridos a su cargo...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputada.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: ... reformando el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Que si quieren ser candidatos a diputados...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: ...locales o federales y senadurías, a menos que se separen de sus funciones un año antes del día de las elecciones, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos, reformando el artículo 55 de la Constitución.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Secretaría, retire el sonido, por favor.

La diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera: Por lo anteriormente...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Puede pasar a su lugar. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e intégrese de manera íntegra en el Diario de los Debates.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ricardo Villarreal García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 121 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Ricardo Villarreal García: La violencia es uno de los más graves problemas que dañan a nuestras familias en este país. Hoy sufrimos la peor violencia en nuestra historia, más de 40 mil muertos en este gobierno y parece claro que no hay ninguna estrategia para pacificar al país.

Nosotros, en el PAN, nunca regatearemos en buscar nuevas soluciones para que nuestras familias vivan en paz, por ello votamos a favor de la Guardia Nacional. Votamos también a favor de la prisión preventiva oficiosa en contra de los delitos, como la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, de los feminicidios, en contra de los robos al transporte o en contra de algo que lacera enormemente a las familias mexicanas, como el robo a casa-habitación.

Nos hemos preocupado permanentemente en apoyar a las mujeres para disminuir la violencia terrible de la que son parte. En suma, siempre buscaremos colaborar con el gobierno en esta materia. La seguridad y la paz no tienen color ni partido político y por ello no deben politizarse. Si el gobierno no da soluciones, nosotros nunca descansaremos para darlas.

Hoy presento esta iniciativa que busca aumentar las penas contra los ataques con agentes químicos que se definen como el acto de lanzar ácido o alguna otra sustancia corrosiva similar en el cuerpo de otra persona, con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla.

Los perpetradores de estos ataques arrojan ácidos usualmente al rostro de sus víctimas, quemándolas y dañando el tejido de la piel, a veces exponiendo y disolviendo los huesos.

Los tipos más comunes de ácido, usados en este tipo de ataques, son el sulfúrico, el nítrico y el hidroclórico. En algunas de las consecuencias a largo plazo, de estos ataques, se incluye la ceguera, cicatrices permanentes en la cara y en el cuerpo, así como dificultades sociales, psicológicas y económicas.

Hay narraciones, sobre todo de mujeres, donde se describe lo difícil que se vuelve su vida en ocasiones, siendo discriminadas y generándoles un daño permanente e irreversible.

Según cifras de la organización británica Acid Survivors Trust International, cerca de mil 500 personas son atacadas con ácido cada año en el mundo y generalmente son ataques deliberados, 80 por ciento de ellas son víctimas mujeres y en 90 por ciento de los casos, los agresores son varones.

En el viejo continente se tiene conocimiento de cientos de esos casos. En América del sur, donde se tiene el mayor conocimiento es en Colombia, mientras en Centroamérica hay alarmas en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Varios países del mundo han legislado en esta materia aumentando las penas, incluso, hasta llevar a la cadena perpetua a los perpetradores de este tipo de delitos en países como Pakistán o la India.

En nuestro país la violencia de género tiene diversas manifestaciones, una sin duda, de las más perversas es el ataque con ácido, el cual golpea principalmente a jóvenes mujeres, quienes son objeto de ataques que en la mayoría de los casos, que no busca su muerte, pero sí busca arruinar su vida y su apariencia.

En nuestro país no hay cifras de ataques. Desafortunadamente, muchas veces no ha denuncias. Pero nos enteramos por notas o por noticias en redes del lamentable crecimiento de este tipo de actos y de delitos. Debemos detenerlos de inmediato.

Por ejemplo, en Aguascalientes, en 2018 una mujer llamada Sandra y su hijo fueron agredidos con ácido, arruinando sus vidas. Hace muy poco, en septiembre de 2019, la saxofonista María Elena Ruiz Ortiz sufrió un ataque de esta naturaleza en el estado de Oaxaca y la joven presentó graves heridas en todo su cuerpo. En todos los casos se busca mutilar y desfigurar a las víctimas, acabando con su vida sin matarla, lo cual debemos eliminar.

Por lo anterior, presento esta iniciativa para aumentar las penas en el Código Penal Federal, estableciendo una agravante por las sustancias utilizadas y, particularmente, cuando las víctimas sean mujeres o sean menores de edad.

Cuando el delito, por ejemplo, se comete en razones de género, la pena sería de hasta 11 a 15 años de prisión. Cuando se cometa contra menores de edad, la pena sería de 12 a 18 años.

Asimismo, proponemos crear un registro nacional de agresores con agentes químicos, a través del cual se informe de los agresores con agentes químicos que han sido sentenciados por la comisión de un delito en contra de personas... En un registro que sea público y de esta manera logremos proteger a las futuras víctimas y, sobre todo, logremos proteger a las mujeres. Espero esta iniciativa sea acompañada por todos, compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Permítame un momento, diputado. Por el contenido de su intervención, tengo aquí registradas dos iniciativas, la que adiciona un artículo 121 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la que reforma y adiciona artículos 290, 291 y 292 del Código Federal.

El diputado Ricardo Villarreal García: Es correcto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, muy amable. La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 121 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen. La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal Federal, se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de toda la civilización humana, plan de acción de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia.

El pasado 9 de enero, compañeras y compañeros, tristemente una noticia cimbró a muchas familias mexicanas, estudiantes y la comunidad académica de nuestro país, a todos en general. Un alumno de secundaria de apenas 11 años de edad, asesinaba a tiros a su maestra y se quitaba la vida.

Apenas unos días después, durante la realización de un operativo de Mochila Segura, fue encontrada entre los útiles escolares de un alumno de 13 años, un arma de fuego. Estos eventos tan trágicos y tan lamentables hacen necesario, compañeras y compañeros, que impulsemos acciones concretas, suficientes e inmediatas para prevenir la violencia y la comisión de delitos al interior de los planteles educativos. Además, que fortalezcan las acciones de garantizar la observancia hasta en tanto no se reduzcan las condiciones de inseguridad de nuestro país.

De por sí ya es grave la normalización que estamos viviendo de la violencia día a día, pero es más grave ver cómo se están ahora vulnerando los espacios en donde nuestras niñas y niños deberían de sentirse más seguros aparte de su hogar como son sus planteles educativos.

El interés superior de la niñez ya es un principio constitucional, y en razón de lo anterior resulta prioritario crear sinergias positivas y convocar a todos los involucrados en materia de seguridad pública y prevención del delito a las autoridades competentes.

En colaboración también con las autoridades educativas, pero por supuesto también involucrando a los padres y las madres de familia o los tutores legales de las criaturas que van o asisten a estos planteles.

A efecto de contribuir y prevenir la comisión de los delitos y la violencia, propongo y pongo a su consideración reformas a la Ley General de Educación y a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo claro de precisar las atribuciones de las autoridades educativas que permitan establecer mecanismos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pueden estar involucrados de cualquier manera en la comisión de algún delito o acto de violencia o maltrato escolar o ser víctima de ellos.

Lamentablemente, también hemos visto cómo se han incrementado los índices de trastornos mentales, de depresión en nuestra infancia.

Proponemos crear estas instituciones, o estas más bien dentro de las instituciones, estas áreas que ayuden a detectarlas y a protegerlos. De manera destacada precisamos la atribución de las autoridades educativas para establecer mecanismos efectivos de comunicación y participación con las madres y padres de familia de las criaturas involucradas.

Y de manera complementaria, en el caso del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, precisamos tres de sus atribuciones a efecto de darles un mayor alcance a sus actividades vinculadas con estos temas que les estoy comentando. Compañeras y compañeros, nuestra niñez es responsabilidad de todas y todos.

Solicito amablemente su colaboración para, a través del apoyo a esta iniciativa, fortalecer las medidas de prevención y que estemos en posibilidad de brindar entornos escolares seguros, que fomenten el sano desarrollo de todas y todos los niños de nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Respetable soberanía, después de haber realizado el recorrido histórico de las normas constitucionales que contienen el diseño institucional de los sistemas electorales, resulta primordial considerar que en este momento nos encontramos cerca de 25 años después de la última reforma constitucional en la materia, ya que en nuestro contexto se plantean 2 problemas palpables en la integración de la Cámara de Diputados, que han venido debilitando su funcionamiento.

El primero es el relativo a la integración de cada distrito en términos poblacionales, fuera de las zonas urbanas y en la extensión de los mismos. En ambos casos resulta imposible una atención cercana a toda la sociedad, por el gran número de personas en cada demarcación.

En el caso de la extensión debe mencionarse que la distancia resulta un impedimento grave para la atención de nuestros representados, ya que en términos de gastos económicos provoca imposibilidad de traslado, aunado a la perdida de ingreso que supone la suspensión de las actividades diarias en perjuicio de quienes más lo necesitan y quienes son los que normalmente buscan nuestro apoyo.

En el segundo, existe una vulneración del principio de igualdad en el valor del voto porque, como se aprecia históricamente, se encuentra vigente una fórmula que artificialmente adecúa la integración de la Cámara de manera contraria a la realidad de la decisión de la sociedad, provocando en nombre de la pluralidad y a través de un ejercicio matemático, la disminución del valor del voto que implica la sustancia del Estado mexicano y sobre todo de la naturaleza republicana y democrática en la que nos hemos constituido.

Por lo que resulta innegable que es momento de discutir este diseño que hasta hoy ha permitido la disminución de la igualdad de voto de los ciudadanos mexicanos con motivo de una pluralidad que no corresponde a la realidad.

El carácter de dicha pluralidad ha dado como resultado un lento actuar de la Cámara que se traduce en la debilidad institucional, al no dar la respuesta óptima en el tiempo correcto, ya que la dispersión en la integración provoca que se pulverice la formación de mayorías que conduzca a la toma de decisiones por fuerzas políticas que tengan una verdadera representatividad y presencia social.

Así, de manera concluyente, lo adecuado sería establecer un diseño que garantice gobernabilidad hacia el interior de la Cámara y un respeto a las minorías con verdadera presencia social. Por lo que para enfrentar el problema de la proximidad de los diputados con la sociedad, lo conducente sería aumentar 50 distritos electorales en el país para que se eligieran 300 diputados por principio de mayoría relativa, permitiendo atender el primero de los puntos aquí señalados como motivo de la debilidad institucional.

De manera complementaria, a fin de garantizar el acceso de las minorías con verdadera presencia social, sería imperante integrar la Cámara de Diputados con 100 diputados por el principio de representación proporcional permitiendo que los partidos con la suficiencia fuerza política tengan el honor de representar a los mexicanos. Con ello se atajaría el punto segundo de los problemas que debilitan institucionalmente a la Cámara.

Con esta reforma constitucional de los artículos 52, 53 y 54 que se propone en esta iniciativa para la Cámara de Diputados, con el aumento según el principio de mayoría relativa y la reducción por el principio de representación proporcional, se mejoraría la organización, el funcionamiento y la gobernabilidad de la Cámara.

El aumento de diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa acercaría la relación de gestión y una mejor comunicación entre legisladores y sus representantes en cada distrito. La disminución de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional superaría la crisis de legitimidad que atraviesa la Cámara por su inmenso número.

Su objetivo es reducir no eliminar, es disminuir en forma proporcional, no desaparecer. Con esta reforma también se cumpliría con el principio de austeridad republicana que implica el ahorro en los gastos de operación. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul). Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado. ¿Con qué objeto?

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para felicitar al diputado Héctor Meneses por esta iniciativa que constituye un excelente instrumento democrático, y le quisiera rogar a usted le solicite su anuencia para adherirme a su propuesta. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, si el diputado no tiene inconveniente, se abre la lista de adhesiones para las diputadas o diputados que deseen firmar la iniciativa. Y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Héctor Guillermo de Jesús... A ver. Vamos a ver... Bien. Vamos a dar la palabra ahora al diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El diputado José Ángel Pérez Hernández: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado José Ángel Pérez Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, en México no se ha logrado consolidar el sistema penitenciario para favorecer a los sentenciados. Se ha establecido un sistema de reinserción social basado en el respeto de los derechos humanos, conforme al cual los internos, por el solo hecho de ser personas, poseen los mismos derechos humanos que quienes no han cometido un delito.

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se reformó el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

Es decir, el sistema penitenciario se organizará sobre las bases no solo del trabajo, capacitación y educación, como antes se establecía, sino ahora la salud y el deporte serán medios para lograr la reinserción.

Un cambio esencial que trajo consigo esta reforma fue la adopción del concepto de reinserción social como el fin del sistema penitenciario. Con la sustitución de conceptos como reo por sentenciado, pena corporal por sanción privativa de libertad, y readaptación por reinserción, se pretendió orientar al sistema penitenciario hacia una visión más humanista y garantista con enfoque de los derechos humanos.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre ellos el artículo 18, para efectos de establecer que el sistema penitenciario se organizará, además, sobre la base del respeto a los derechos humanos.

Las reformas de 2008 y 2011 implicaron una transformación importante en cómo se concibe la prisión preventiva y la ejecución de las penas, y en la relevancia que se le concede a dicha etapa en el proceso de justicia penal.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien el sistema penitenciario hoy descansa sobre el fundamento constitucional de la protección de los derechos humanos, existen retos importantes que impiden que las personas privadas de la libertad en México gocen de garantías básicas y de un trato digno en reclusión.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los centros penitenciarios del país hay una falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. No se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria eficiente. Hay deficiencias en los servicios de salud y falta de actividades deportivas.

Ante esta realidad, es necesario emprender acciones desde el Poder Legislativo con el propósito de que se dé cumplimiento al artículo 18 de la Constitución, de que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado, a la sociedad.

Con el propósito de armonizar lo previsto en el artículo 18 constitucional con el artículo 31, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a fin de que los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación y de las entidades federativas den cabal cumplimiento a dicho precepto constitucional.

Se presenta esta iniciativa, ya que tomando en consideración los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Enpol 2016, en los centros penitenciarios del país, no hay un absoluto respeto a los derechos humanos de los internos en materia de trabajo, capacitación para el mismo y la salud.

Es por ello que en el Partido Encuentro Social esto es hacer lo correctamente social. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su venia, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Buenas tardes. Todos recordamos el operativo fallido de Culiacán. Estoy seguro que todos recordarán cómo se intentó atrapar al hijo del Chapo y después simplemente se le liberó.

El día siguiente y los días subsecuentes todo se fue en tratar de evadir la responsabilidad de quien planeó bastante mal ese operativo y después echó a perder el magro resultado que logró conseguir, y esa evasión de la responsabilidad es lo que no viene claro en la Ley de Guardia Nacional.

También y en otras modificaciones a la misma ley, lo que queremos es que nunca más y ya no más, que ya basta de usar a la Guardia Nacional como muro fronterizo en nuestra frontera sur, que no haya manera de que la Guardia Nacional sirva para atender cosas que no son de seguridad nacional, que no tiene por qué atender el Ejército, pero que, sin embargo, tampoco es una patrulla fronteriza para estar atendiendo solamente cómo detener a los migrantes.

Estas son las cosas que vienen propuestas en esta iniciativa y voy a pasar a leer parte de la exposición de motivos. En lo que se refiere a la Ley de Guardia Nacional, el decreto de reforma constitucional estableció como ejes rectores que la ley dejará establecidos los criterios de coordinación y colaboración que funcionarían con los cuerpos de seguridad de las entidades federativas y de los municipios.

También, que además de los mecanismos para determinar las aportaciones económicas que las entidades federativas y los municipios deben realizar cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional en tareas de competencia local.

Frente a la decisión del gobierno de la República de evitar que la Guardia Nacional recurra al uso de la fuerza para cumplir sus responsabilidades y mandatos constitucionales, consideramos que es fundamental revisar el régimen disciplinario diseñado en la Ley de la Guardia, para determinar si existen los mecanismos que garanticen qué acciones y operativos de las Fuerzas Armadas, como el de Culiacán, pueden ser evitados o, en su caso, quiénes serán los funcionarios responsables cuando la mala planeación o ejecución de operativos que impliquen el uso de la fuerza pongan en peligro la vida, la integridad o los bienes de la población.

Para ese propósito, proponemos que se deje claro, desde la fracción V del artículo 2o., y del artículo 57 de la Ley de la Guardia, que por personal de Guardia Nacional se entienden incluidos todos los mandos a que se refiere el artículo 12 de la Ley, así como a todo personal detallado en el artículo 11, fracción I de la propia Ley, a efecto de dejar claro que los incumplimientos de los deberes, al mando de esa fuerza pública serán constitutivos de las responsabilidades que la misma ley dispone.

Es evidente que la máxima responsabilidad de la operación de la Guardia Nacional recae en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Por ello, estimamos que es necesario realizar una reforma para establecer con claridad la responsabilidad de ese funcionario en el cuidado y supervisión de los operativos que lleva a cabo la Guardia Nacional, para garantizar que no se pongan en peligro ni la vida ni la integridad, la salud o los bienes de la población.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, esperando contar con el apoyo de todos los compañeros. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Estimadas diputadas y diputados, la violencia en el país representa uno de los problemas más significativos que han vulnerado a la sociedad y han perjudicado de forma alarmante los ciclos económicos y la confianza que debe prevalecer en todos los proyectos de inversión que se gestan en todas las regiones del país, que inclusive tienen a su cargo gran parte del desarrollo económico mediante el establecimiento de empleos.

Esta realidad aqueja gravemente a toda la sociedad y ha representado un reclamo constante a los gobiernos. Sin duda sabemos que es un tema complejo, el proceso de solución será arduo y paulatino, dado que en esta gran problemática se encuentran involucrados vicios añejos, como es la corrupción que creció de forma descarada en años anteriores, el grave deterioro en la economía del país, la falta de oportunidades en el sector social, cultural y deportivo, para las niñas, los niños, los jóvenes y, en general, de las personas.

Otro factor alarmante es la excesiva difusión de contenido en medios de comunicación, en particular dirigidos a los jóvenes mediante programas audiovisuales y publicaciones impresas y escritas, en donde su naturaleza sea proclive a la violencia, comisión de delitos y el fomento a las acciones cívicas incorrectas en todas sus formas.

Lo podemos ver en diversos programas de entretenimiento, como lo forman las series, películas, imágenes, programas, música, así como cualquier tipo de formato de comunicación que incite a los delitos de robo, narcotráfico, consumo de drogas y de sustancias adictivas de alto riesgo para la salud. Violación, homicidio, secuestro, lavado de dinero, corrupción, impunidad, así como abusos cometidos en contra de una persona, de colectivos y de sus bienes, entre otros, condiciones adversas que contienen apología de la violencia y los delitos, la cual debemos evitar.

Dichos contenidos informativos y de entretenimiento en diversas ocasiones son apasionantes y resultan célebres, ya que en sus guiones contienen apología de la violencia e inherente a diversos delitos. Lamentablemente han alcanzado una problemática inquietante, ya que las personas se crean falsas expectativas por la creación de estigmas sociales, que inducen a imitar acciones delictivas que vulneran a terceros mediante la incorrecta percepción de adquirir éxito en sus vidas, así como poder social y económico, que aparentemente se adquieren al integrar o bien dirigir las filas de grupos delictivos o, peor aún, pueden afectar a personas inocentes al escalar mediante la imposición de la superioridad de fuerzas y la utilización de armas.

Es por ello que es nuestra responsabilidad la creación de políticas públicas que coadyuven en la armonización de la sociedad mediante el fortalecimiento de la célula básica de la sociedad, la familia, a través de buenas costumbres y valores universales de paz, que detonen en el bienestar social y que sean encaminadas principalmente a los jóvenes que son la base fundamental del éxito de las naciones.

De lo anterior y en adición al respecto de legalidad y libertad de expresión, en donde se establezca que antes de entregar al público cualquier material audiovisual o informativo, y que en su contenido exprese violencia en todas sus formas y categorías, se deberá de advertir de forma clara y razonable, visible, que los contenidos proclives a la violencia, la comisión de delitos, así como la apología de ellos, no representan los ideales de los mexicanos y de la sociedad, informando que no son exitosas las personas que encabezan funestas acciones violatorias a los derechos humanos, a fin de promover la pacificación nacional y fortalecer las buenas relaciones entre los individuos y las sociedades.

Y, en consecuencia, disminuir los índices de criminalidad en todas las regiones, se proponen las siguientes modificaciones a la redacción de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que dice:

Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia y los delitos, en su caso se deberá de advertir de forma clara, visible y oportuna que dichos contenidos no forman parte del éxito de las personas. Es cuanto, señor diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, en materia de evaluación y aprovechamiento del bono demográfico.

La diputada Socorro Irma Andazola Gómez: Gracias, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, el día de hoy me permito presentar ante esta soberanía, una iniciativa cuyo objetivo es insertar en la Ley General de Población el concepto, definición y la importancia de la evaluación, aprovechamiento y atención del bono demográfico de nuestro país, mismo que por cierto está sobrediagnosticado.

Este fenómeno poblacional se considera un activo que, en caso de ser bien aprovechado, significa un cúmulo de ventajas y retos para un país.

Se le denomina así a la circunstancia que se da cuando la población potencialmente productiva es mayor a la población dependiente.

El bono demográfico de nuestro país está conformado por mujeres y hombres que se encuentran entre los 15 y 60 años, algunas definiciones ya considerados hasta los 64 años de edad. Con datos del Inegi, en el año 2018 la población que cumple con esta característica sumó la cantidad de 82.9 millones de habitantes, equivalente al 66.3 por ciento del total.

Asimismo, debo decir que a todas y todos aquellos que se encuentran en las edades de 0 a 14 años y de 65 años en adelante se le define como población dependiente, que en teoría no aportan fuerza de trabajo o por lo menos no formalmente, y que en nuestro país sumó la cantidad de 42.1 millones de habitantes, equivalentes al 33.7 de la población.

Por lo anterior, las personas que están entre los rangos de edad de 15 a 29 años y 30 a 60 años es la población que si el Estado procura las condiciones idóneas por medio de un  marco legal adecuado y política pública certera, en la que incluso el sector privado esté más comprometido para otorgarle las oportunidades adecuadas en forma de educación, orientación vocacional, preparación, condiciones de trabajo óptimas, empleos formales, sueldos y servicios de calidad, así como esquemas de retiro dignos y todo ello de forma transversal concatenada y continua, seguramente será la mejor y mayor inversión que impacte de forma contundente y positiva al activo más importante de una nación que es su pueblo.

Existen múltiples estudios de fuentes serias de investigadores e investigadoras muy importantes y expertos en el tema, pero esta circunstancia no se va a ver atendida solo con discursos, ni estadísticas, hasta que de verdad se le valore en su justa dimensión.

Por lo que, para darle el valor que merece es necesario empezar por darle su lugar en la legislación correspondiente. Que se le tenga por definido y sentadas las bases de su aprovechamiento encaminado a ser la piedra angular para que, en torno a este fenómeno de la estructura de la población de nuestro país, se desarrolle la política pública para que todos los sectores que lo componen, de tal manera que se planee en forma íntegra y transversal toda la política social y se conecte entre sí, para que se aprecie la continuidad de los beneficios de todos los programas sociales y no se perciban como aislados unos de otros.

Es más, como eje rector, debe plantearse la necesidad de que, a partir de esta valoración, los programas de gobierno deben trascender la alternancia de gobierno en sus distintos niveles. Que sean transexenales en los casos federal y estatal, de tal manera que se obtengan mayores beneficios de todos los recursos que se aplican para el bienestar de toda la población.

Ojo, no solo de los más necesitados, no solo de la población económicamente activa, que es la que mantiene a este país, sino de toda la población que potencialmente puede y debe participar en el desarrollo de nuestra nación de una forma productiva, de tal manera que todo esto represente el motor del progreso de nuestro querido México.

Por supuesto, no debe faltar el componente de perspectiva de género. Cuidado, está en nuestras manos. Si no se aprovecha el bono demográfico de nuestro país nosotros, como parte del Estado, podríamos arrepentirnos en un futuro, porque se prevé que para el año 2040 ya habrá pasado la oportunidad con las consecuencias que esto conlleva. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: La diputada Raquel Bonilla Herrera presentará dos iniciativas. Una, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de garantizar el pleno derecho a la salud mental.

Otra, que contiene un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de estímulo fiscal a la inversión de celdas fotovoltaicas en el sector hotelero y restaurantero. La diputada del Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su permiso, compañero presidente. Diputadas y diputados, en este acto presento dos iniciativas. La primera refiere a las reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de estímulo fiscal a la inversión de celdas fotovoltaicas en el sector hotelero y restaurantero.

En los últimos años, debido al insaciable aprovechamiento de los combustibles fósiles, se ha iniciado un auge por la utilización de energías renovables. Los gobiernos y el sector empresarial han asumido el compromiso no solo por el hecho de las limitaciones que se presentan en los recursos fósiles, sino también por las consecuencias económicas de continuar con una dependencia de la importación de energías.

En el contexto de que la energía está totalmente vinculada a la actividad económica, es preponderante que su distribución se garantice a través de políticas públicas para el desarrollo tecnológico de energías más limpias y eficientes, considerando factores de impacto económico, social y ambiental.

El aumento sostenible del uso de energías renovables en un futuro no muy lejano conllevará un impacto económico social, además de que estará beneficiando al medio ambiente. Este incremento económico promoverá proyectos viables sobre el uso de recursos renovables, protegiendo los impactos ambientales de las funciones productivas como la obtención de energía eléctrica.

Los sistemas de energía solar son competentes, son una fuente para la disminución de los gastos por la electricidad convirtiéndolo así en un mecanismo para incrementar sus ingresos y financiamiento a sus actividades, generando bienestar social también dentro de toda la población. Como ejemplo pongamos los paneles solares, los cuales pueden producir energía limpia por más de 20 años, por lo cual un panel bien ensamblado construirá una fuente de energía limpia y confiable por muchos años.

La iniciativa que yo presento tiene como objetivo prever un otorgamiento a los inversionistas y empresarios, pequeñas y medianas empresas y personas físicas que se dediquen al sector hotelero y restaurantero, beneficios como la deducción en el pago del ISR anual por concepto de ingresos por la actividad empresarial que realicen. Esta deducción aplicará en caso de que se compruebe la generación de energía y aprovechamiento de la misma a través de la instalación de paneles solares en sus hoteles y restaurantes.

Esta deducción está destinada a beneficiar a todos aquellos que estén comprometidos a la generación de energía con fuentes renovables. Estará sujeto a mantener los paneles durante 15 años. En caso contrario deberán pagar el ISR deducido de forma retroactiva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convirtiéndose así este en un incentivo atado a la inversión. Este incentivo sería de una tasa anual de 10 por ciento.

Está comprobado el beneficio de instalar paneles solares. Con ellos no solo se disminuyen los pagos de recibo de luz, también se ayuda al medio ambiente. Y en los tiempos que vivimos es importante ocuparse sobre el futuro de los demás y de las generaciones que dejamos.

Por otro lado, la iniciativa que reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal está enfocada a garantizar el pleno derecho a la salud mental en los centros penitenciarios. En la actualidad el sistema penal mexicano presenta ciertas paradojas. En este contexto, se ha olvidado de que en el tratamiento del presunto culpable, así como del sentenciado, para lograr su reinserción social se debe tomar en cuenta la posición del sujeto al que se priva de la libertad, en lugar de pensar únicamente en un adoctrinamiento disciplinario.

Ante esta situación es preciso expresar que la psicología penitenciaria se ha convertido en una herramienta para la inclusión. Las condiciones que presenta el sujeto privado de su libertad se insertan dentro de una lógica de desadaptación, y a estas circunstancias, durante su internamiento propiciaron que el sujeto pierda y olvide facultades vitales y sociales necesarias para llevar una vida en libertad, pero sobre todo en sociedad.

La institucionalización permanente de un psicólogo se convertirá en un elemento importante dentro del contexto en el que están inmersas las personas privadas de la libertad. Por tal motivo resulta primordial establecer en nuestro sistema penitenciario un psicólogo, como un profesional especializado en el ámbito de la salud mental y de la intervención psicosocial, atendiendo las características personales del recluso y prestar especial observancia en la aplicación de métodos, evidenciando el avance y el progreso del sistema. No olvidemos que el estrés es devastador y en estos casos, como en los centros penitenciarios, puede llegar a convertirse en crónico.

Por lo expuesto, mi propuesta tiene como finalidad generar mayor proliferación de estudios e investigaciones en el campo de la psicología penitenciaria, permitiendo ser un medio, un verdadero medio de apoyo a las personas que tienen que pasar algún tiempo en prisión, en donde se observa una alta prevalencia de problemas de salud mental y de adicciones en esta población. Logrando así un verdadero apoyo para su readaptación y reinserción social.

Por último, presidente, le solicito que mis iniciativas sean insertadas íntegramente en el Diario de los Debates, pero referente a las reformas de la Ley del ISR, le pediría fuera turnada también a la Comisión de Energía, para su opinión. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, la iniciativa que se refiere a la Ley Nacional de Ejecución Penal, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la que corresponde a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Su solicitud sobre turnar para opinión, la iniciativa a la Comisión de, ¿dijo usted, diputada, Presupuesto? Energía. Túrnese para opinión, a la Comisión de Energía.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, en el ámbito de sus competencias, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, con el fin de detectar de manera oportuna casos de coronavirus COVID-19, y evitar el contagio y su propagación, y en su caso realice los trámites correspondientes para asignar recursos necesarios y suficientes para ese fortalecimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, en el ámbito de sus competencias, a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a hacer públicos los protocolos de actuación que han implementado para detectar los casos del virus denominado coronavirus COVID-19 y emitir información clara y oportuna de los síntomas y posibles formas de contagio, para mantener informada a la población.

Tercero. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020. Firman la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. Se informa a la asamblea que la discusión y votación de este acuerdo se llevará a cabo de conformidad con lo que establece el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, lo cual implica que concluida la participación de las y los representantes de los distintos grupos parlamentarios se consultará a la asamblea si está el asunto suficientemente discutido y de estarlo de inmediato se abrirá el sistema electrónico de votación, para su votación nominal y aprobación. En ese sentido, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud estuvieron en China el fin de semana y dieron a conocer un nuevo reporte de la situación del coronavirus, informaron tres cosas.

Primero. El jueves de la semana pasada se habían reportado 34 mil 670 infectados. El viernes, un día después, 37 mil 952. El domingo, 40 mil 123. Y el lunes 43 mil 723. La tendencia es clara, es ascendente y el riesgo es latente en todo el mundo, hay además una evolución de la cepa, un nuevo virus y el llamado a todo el mundo a las áreas de prevención de pandemias, de epidemias y pandemias que se pusieran en alerta para actuar.

Me parece que en México, a pesar de que existe en la estructura institucional del gobierno un comité con un protocolo para actuar, está cometiendo un grave error. Cree que no habría que alarmar. Cree que informar puede generar tensiones sociales, riesgos. Cree que podría tener impacto en la economía del país informar de las medidas que se tienen que tomar. México tiene 3 mil kilómetros en la frontera norte. Una frontera más chica en el sur, pero muy porosa. Y fronteras marítimas de miles de kilómetros.

Nosotros hacemos un exhorto a que de manera inmediata se rectifique esta política pública y se den cuenta que el vacío, la opacidad y la no información se llena con especulaciones, con chismes, con mentiras o con verdades a medias.

Es importante considerar que el principal actor contra la prevención en esta lucha son los ciudadanos y, por lo tanto, el exhorto a que el Comité de Prevención informe con claridad, explique con claridad y se haga de aliados tan importantes, como son los ciudadanos en México. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ortega Martínez. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña.

La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Con su permiso, presidenta. Bien dicen que la mejor medicina es la prevención. Compañeras y compañeros, estamos en tiempos de crisis donde lo que está comprometido es la salud de la población mundial, y si no tenemos cuidado, la salud de los mexicanos.

En días pasados la Organización Mundial de la Salud estimó necesario declarar a la epidemia de coronavirus como una emergencia de salud pública de interés internacional.

Al momento de emitir esta declaración existían en la República de China 7 mil 711 casos confirmados y 12 mil 167 casos sospechosos en todo el país. De los casos confirmados, mil 370 eran graves y se habían registrado 170 víctimas mortales.

Al día de hoy estas cifras han tenido un repunte, pues el coronavirus, también conocido como la neumonía de Wuhan, deja ya más de 43 mil casos en varios países del mundo. La inmensa mayoría en China, donde se han registrado mil 17 muertes por esta causa.

En una visión general de la situación en otros países, la Organización Mundial de la Salud destacó que se tenía conocimiento de 83 casos en 18 países, de los cuales solo 7 no habían viajado a China. Lo que indicaba que existía transmisión interpersonal en otros países.

Personalmente, considero que cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, la vida, ninguna medida es exagerada. El tema del coronavirus debe ser abordado con seriedad, pues la pregunta no es si llegará a México, sino cuándo llegará. Así lo han manifestado las autoridades de salud pública, por lo que debemos aceptar y reconocer que su presencia en territorio nacional será inminente y ante este panorama es que debemos estar preparados.

Si bien todavía no hay casos en México, anticiparse a los escenarios más negativos es la mejor manera de estar prevenidos.

Ahora, tomar precauciones no significa entrar en pánico o causar una alerta desproporcionada en la población, por el contrario, entre mayor conocimiento del tema y mayor capacitación tenga el personal de salud y de aduanas, tendremos un mejor control de la situación para que no se traduzca en un problema de salubridad general.

Debemos analizar no solo su llegada, sino el impacto diferenciado que puede tener en nuestra población establecer medidas como la propuesta. Esto evitará, no solo que se transmita el virus, sino que no se vean afectados otros rubros, como el económico y el turístico, tal como ha sucedido por ejemplo durante la crisis de la influenza, en 2009, donde mi estado, Quintana Roo, se vio particularmente lastimado.

Ante este panorama, resulta congruente exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México.

En ningún momento estamos hablando de coartar derechos, como la libertad de tránsito...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: ... sino de la implementación de protocolos –ya termino– eficiente que reduzca en la medida de lo posible el riesgo de transmisión del virus. Es cuanto. Y le pido respeto a los compañeros que están aquí, en el pleno, ya que están como que en chorcha, por allá. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Peralta de la Peña. Y haciendo eco a la atenta solicitud de la diputada Peralta De la Peña, ruego a las y los diputados escuchemos con atención y respeto a las y los participantes. El tema es de particular importancia para la población de México, más allá de esta asamblea.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Presidenta, antes de iniciar, quisiera pedir rectificación de quórum, ya que es un tema que se va a votar, y pues necesitamos estar aquí presentes los diputados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañera diputada, recibir la orientación de la secretaría técnica respecto al procedimiento de rectificación de quórum.

Conforme al artículo 46 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, que rogaría a la Secretaría proceda a su lectura, para orientar a la asamblea la razón por la cual no procede en este caso la rectificación de quórum.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Artículo 46.

1. La Cámara abrirá con validez sus sesiones, cuando esté integrado el quórum, de acuerdo a lo que dispone el artículo 63 de la Constitución.

2. Si durante la presentación y desahogo de un dictamen, algún legislador solicita la verificación del quórum, el presidente procederá a comprobarlo de inmediato.

3. Si se comprueba la falta de quórum, el presidente declarará un receso hasta por quince minutos. Si al término del mismo se verificara que no existe quórum, levantará la sesión. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria. Recuerdo a ustedes que estamos tratando el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos para tratar de evitar el contagio y propagación del virus COVID-19. Reitero, es un acuerdo. Por lo tanto, conforme al artículo 46 del Reglamento no procede en este momento la verificación del quórum. Compañera diputada Teissier Zavala, adelante con su intervención.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, para las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la salud es un derecho social que el Estado debe garantizar. Sin la salud no hay bienestar y sin bienestar no se abaten los índices de desigualdad y pobreza.

Creemos que el modelo de salud debe cimentarse en el principio de universalidad para garantizar un acceso efectivo. Por ello, siempre estaremos a favor de todas las acciones que van enfocadas a la salud y en beneficio directo de los miembros de las familias mexicanas, porque eso significa pensar y hacer lo socialmente correcto.

Agradezco a la Jucopo, que hicieron suyo el presente punto de acuerdo, ya que como representante del estado de Quintana Roo, en donde contamos con el aeropuerto que recibe mayor número de pasajeros en el país, así como el principal puerto de cruceros, es necesario y urgente que la Secretaría de Salud refuerce las acciones, a fin de que el coronavirus no impacte en la salud de las y los mexicanos.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es el aeropuerto del país que más visitantes extranjeros recibe, por encima de Ciudad de México, Cabos y Puerto Vallarta. De enero a noviembre del año pasado se registraron más de 7 millones de personas de distintas nacionalidades.

De igual forma, por la vía marítima, según las estadísticas de APIQROO, durante 2019 se registraron mil 369 arribos de cruceros al puerto de Cozumel, con más de 4 millones de personas que ingresaron a nuestro país por esta vía, y para el mes de febrero de 2020 se espera un total de 162 cruceros que desembarquen en dicho puerto.

De acuerdo con reciente información, existen más de 40 mil casos de coronavirus en el mundo y esta enfermedad ya ha cobrado la vida de mil personas. Tan solo el día de ayer se reportaron 103 muertos.

En nuestro país, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud, no han existido casos confirmados del virus, sin embargo, no debemos bajar las manos para informar y reforzar protocolos de actuación para prevenir el contagio de esta enfermedad.

Compañeras y compañeros, la situación no debe ser menoscabada, debemos dejar de hacer lo políticamente correcto y hacer lo socialmente correcto. Reitero que la prevención ante riesgos en la salud la coloca la agenda de los tomadores de decisiones, de todos los órdenes de gobierno y de todos los sectores públicos y privados, para establecer y fortalecer las políticas y planes nacionales de prevención y control de las enfermedades.

El Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos pronunciamos a favor del acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud y al Sinave para que fortalezcan los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, a fin de evitar el contagio y propagación del coronavirus. Dios nos cuide a todos y nos bendiga. Es cuanto. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Teissier Zavala. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A ver, compañero diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputada presidenta, rige la absoluta libertad de palabra de los legisladores y legisladoras, pero también rige un Estado laico. Las creencias personales de cada quien debe mantenerlas en su ámbito personal.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Queda consignada su expresión en el Diario de los Debates, compañero diputado. Adelante, diputada Gómez Maldonado.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Con su permiso, presidenta. El día de hoy la Organización Mundial de la Salud dio a conocer las últimas cifras que describen el impacto epidemiológico generado por el coronavirus en China. Se afirma que a la fecha se han generado mil 16 defunciones y 42 mil personas contagiadas, lo que resulta alarmante que tan solo en las últimas 24 horas 108 personas perdieron la vida...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, compañera diputada. Reitero atentamente el llamado a prestar atención y respeto a quienes están interviniendo en la tribuna. Es un tema relevante, es un asunto de interés de esta Cámara, pero sobre todo es un asunto que atañe a la salud de las y los mexicanos. Adelante, compañera diputada.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Gracias, compañera presidenta. Resulta alarmante que en tan solo 24 horas 108 personas perdieron la vida a causa de este virus. El día de hoy, de manera particular y acertada, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados ha resuelto formular un acuerdo que habrá de ser ratificado en este pleno.

En él se exhorta a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, a fin de evitar el contagio y propagación del virus.

Asimismo, se les exhorta a que hagan públicos los protocolos de actuación que han implementado para detectar los casos de coronavirus COVID-19 y emitir información clara y oportuna de los síntomas y posibles formas de contagio para mantener informada a la población.

Aunque en nuestro país no se ha confirmado ningún caso de contagio por el coronavirus, los expertos a nivel mundial han opinado que resulta inminente que el virus viaje de China hacia otros países, y en este contexto intensificar las medidas de epidemiología y la eficacia resultan cruciales.

Para los diputados que integramos Movimiento Ciudadano es importante reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y los protocolos implementados en los aeropuertos y puertos de México que garanticen el respeto al derecho humano de toda persona.

Es urgente también que las autoridades sanitarias realicen una campaña de información para que la población adopte medidas preventivas como lo marca la Organización Mundial de la Salud, y evitar el contagio. Entre ellas la colaboración de medidas de detección oportuna, tomar medidas básicas de higiene y prevención como taparse la nariz, la boca al estornudar y lavarse regularmente las manos. Y en eso hacemos un llamado a todos los hogares de México a tomar y adherirse a las medidas preventivas que tiene la Organización Mundial de la Salud.

Sería importante también que las autoridades sanitarias de nuestro país colaboraran con las autoridades sanitarias internacionales en trabajos de investigación para obtener la vacuna contra el coronavirus y así apoyando a la población mundial. La evolución del contagio nos obliga a ir un paso adelante. Por el bien y la protección de cada uno de los ciudadanos debemos actuar oportunamente para que no tengamos que volver a padecer los efectos del pasado que hemos sufrido. Así que les reiteramos que para Movimiento Ciudadano la salud es primero. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Maldonado. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, es de suma importancia que todas las instancias gubernamentales y demás instituciones en la materia trabajen, es más, están trabajando en coordinación para este caso del coronavirus o COVID-19, y se ha reiterado por los responsables del sector salud que contamos con la infraestructura, el conocimiento, el personal y el compromiso irrestricto del gobierno federal para afrontar sin ninguna restricción el eventual brote del virus en nuestro país.

Nuestra historia reciente nos plantea que, si no se actúa con oportunidad, como se está haciendo en la actualidad, los estragos que se puedan originar en la cotidianidad de nuestra vida, así como en el desarrollo regular de distintas actividades, pueden extenderse más allá del muy corto plazo.

Por ello nos sumamos al presente punto de acuerdo, a fin de que toda la sociedad mexicana cuente con la información verídica, los protocolos de actuación que son implementados para detectar los casos de dicho virus, presentándonos una guía simple pero exhaustiva sobre los síntomas y posibles formas de contagio, a fin de implementar las medidas necesarias que mitiguen una expansión desproporcionada del mencionado virus, que es muy difícil que suceda.

Al mismo tiempo instamos a todos los servidores públicos del ramo a buscar todas las alternativas que se puedan plantear, no sólo para afrontar el inminente arribo a nuestro país, sino para generar las estrategias que se requieran ante el eventual tratamiento y cuidado de todos los posibles infectados, que en este caso no hay ninguno.

Instamos a todos los servidores públicos también encargados del sector salud a trabajar con profesionalismo y pro de la salud de todos y todas las mexicanas. Es momento de trabajar en conjunto y con miras de salvaguardar la salud de todos en nuestro territorio, y en la medida de lo posible apoyar a la comunidad internacional para afrontar los grandes retos que tenemos frente a nosotros.

Todo este ejercicio y despliegue de información debe hacerse con la mayor responsabilidad, profesionalismo y pulcritud. De ninguna forma se trata de generar un ambiente alarmista en nuestra población que nos lleve a actitudes en contra del beneficio común. Todo lo contrario, buscamos que la información sea la mejor herramienta con que cuenten las y los ciudadanos, en pro de concientizarnos y hacer todo lo posible en este ámbito de su cotidianidad para hacerle frente al eventual brote del denominado coronavirus.

Busquemos que el nivel de concientización que se promueva desde el gobierno le haga frente a la desinformación y alarma infundada que se genera desde las redes sociales y desde algunos medios de comunicación, que solo buscan el oportunismo y que nada les interesa el bienestar de nuestro pueblo. El virus COVID-19, si va a llegar a México, es inminente un arribo a nuestro país, pero han reconocido todos los especialistas que su expansión y desarrollo dependerá de las medidas de contención que instrumentemos, y de todos los preparativos que generemos, los cuales afortunadamente ya se están llevando a cabo...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, el tiempo se ha agotado.

El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Termino, presidenta. Por ello hacemos votos para que la Secretaría de Salud y todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica redoblen sus esfuerzos para que tengamos un efectivo y muy bien pensado protocolo de actuación. Es cuanto. Gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Favela. Tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

La diputada Sonia Rocha Acosta: Compañeras y compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia. Por supuesto que las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos a favor del punto de acuerdo que privilegia la detección oportuna de casos del coronavirus 2019-NCOV.

La importancia de plantear a tiempo es relevante, porque en situaciones de emergencia debemos no solo de atender de esta forma, sino también debemos de informar adecuadamente para que la población conozca bien los riesgos en salud, y como ella pueda intervenir activamente para anticipar daños. En caso de llegar la epidemia del coronavirus estamos a tiempo.

De ahí que la confianza del sistema de salud es fundamental para tomar las medidas correctas. Hasta ahora, todos los estados donde se han presentado casos aislados de este virus han sido negativos afortunadamente, pero se requiere revisar nuestra capacidad instalada, tanto en diagnóstico como en el tratamiento.

Es una realidad que vivimos una crisis en los servicios de salud, con dificultades y carencias de recursos humanos, materiales, medicamentos y demás insumos que han puesto a la salud de las personas en una grave afectación de su derecho a esta, situación que demanda no solo mayor presupuesto para asegurar atención de calidad y cobertura efectiva, sino verdadera voluntad de diálogo y trabajo coordinado con los diversos componentes del sistema nacional de salud descentralizado que establece nuestro marco normativo.

Por ello, es necesaria, compañeros y compañeras legisladores, que nos sensibilicemos en este tema que requiere acciones inmediatas. El presupuesto del 2020 para la Dirección General de Epidemiología disminuyó drásticamente, su gasto de operación fue en el 2019, de poco más de 199 millones de pesos y ahora, en el 2020, el presupuesto que se aprobó llegó a los 76 millones de pesos y se disminuyó en 25 millones de pesos los subsidios a los laboratorios estatales, que es donde se detecta el coronavirus, así el Programa de Prevención y Control de Enfermedades resulta uno de los más afectados.

Por otra parte, el promedio de las camas. Por cada mil personas en países de la OCDE en 2017 fue de 4.7 camas, mientras que en México fue de 1.4 camas por cada mil personas. Es así como el brote de coronavirus, sabemos bien, fue posterior, efectivamente, de la aprobación del presupuesto en esta Cámara, pero se requiere incrementar los recursos para fortalecer ese sistema de vigilancia epidemiológica.

Por lo que proponemos un exhorto al punto de acuerdo, un exhorto a la Secretaría de Hacienda, a destinar mayores recursos al gasto de operación de la Dirección General de Epidemiología, al menos al presupuesto asignado en 2019, así como incrementar los subsidios a los laboratorios estatales de vigilancia epidemiológica y aumentar la capacidad de tratamiento para la atención adecuada y oportuna en casos confirmados del coronavirus 2019, en COP. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rocha Acosta. Tiene la palabra la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la humanidad enfrenta una nueva emergencia en materia de salud.

El pasado 7 de enero las autoridades chinas confirmaron que había identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS, este nuevo virus se denominó COVID-19.

El virus se expandiendo de manera sostenida, provocando cientos de muertes y serias afectaciones a la salud de la población en diferentes países. Para poner en su justa dimensión esta grave problemática, basta señalar que el día de hoy poco más de 43 mil personas han sido afectadas en 28 países. Poco más de mil han fallecido y casi 4 están confinadas en distintos espacios, en cuarentena.

Existen muchas dudas todavía sobre este virus. Los científicos no están seguros qué animal lo porta y lo transmitió a los humanos. Que tan fácil se contagia entre las personas o qué tan mortal podría llegar a ser. Es importante mencionar que tan solo el día de hoy se reportan 108 muertes.

Hoy, el segundo brote más grande fuera del territorio chino está flotando en el mar, y los expertos de salud están cada vez más preocupados sobre sus riesgos y consecuencias.

Mientras la ola de pánico del coronavirus atraviesa la industria del comercio, más interrogantes han surgido sobre la seguridad de las personas y la estrategia de distribución marítima y aeroportuaria.

La emergencia global y las consecuencias desafortunadas pueden ser de ayuda para entender y aplicar medidas progresivas, a efecto de garantizar la salud y tratamiento en nuestra región y en nuestro país.

Estudios del Centro Médico de Erasmus, en Holanda, indican que cuando existen virus nuevos, con una tendencia rápida de contagio, los barcos y los aviones suelen ser una variable fuerte para el aumento acelerado de dichas enfermedades.

Si bien, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en México no se han confirmado casos de coronavirus, el riesgo está latente. Esta situación puede poner en riesgo la salud de nuestra población, sobre todo a los grupos más vulnerables.

Ante este panorama, resulta urgente que el gobierno federal lleve a cabo medias orientadas a la protección de la población ante la posible presencia de este virus.

Por lo que es necesario fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México, a fin de evitar su contagio y propagación.

Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que el acceso a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, pues sin ella no podemos hablar de calidad de vida. A la vez, es un instrumento primordial para el desarrollo y el progreso.

En tal virtud, consideramos de la mayor relevancia fortalecer las acciones, con objeto de prevenir el contagio del coronavirus en nuestro país, pues afectaría la salud física y económica de las familias mexicanas, a quienes les recuerdo, a estas familias mexicanas les recuerdo todas las recomendaciones...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Presidenta, le hablo a las familias mexicanas, estas recomendaciones son muy importantes que las lleven a cabo, como le hicimos en el 2009, ante la llegada de la influenza. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar el gel al 70 por ciento del alcohol.

2. Al toser y estornudar, utilizar una toallita. No escupir. No tocarse la cara con las manos sucias y limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. No automedicarse y acudir inmediatamente ante estos síntomas a los médicos. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Azuara Yarzábal. Tiene el uso de la palabra, la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Miroslava Sánchez Galván: Buenas tardes, diputadas, diputados. Con la venia de la Presidencia. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero reconoce el derecho fundamental de toda persona a la protección de la salud. En tanto, en el artículo 181 de la Ley General de Salud, se establecen las medidas y acciones en caso de una epidemia grave o riesgo de invasión de enfermedades transmisibles.

La Organización Mundial de la Salud, a partir del 31 de diciembre de 2019, tuvo conocimiento de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular de China. Para el 7 de enero de 2020, las autoridades de dicho país confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus.

Una semana después, las autoridades de China confirmaron la presencia de este nuevo coronavirus. Estos son un tipo de virus que circulan comúnmente entre animales, pero en ocasiones debido a sus mutaciones pueden contagiarse a los seres humanos. Tal es el caso del coronavirus SARS surgido en China entre 2002 y 2003, transmitido por los gatos o del coronavirus MERS de Oriente Medio durante el 2012 y transmitido por camellos.

El origen de este nuevo coronavirus recientemente denominado por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19 aún es desconocido.

Actualmente el coronavirus COVID-19 ha afectado a más de 40 mil personas en todo el mundo, de la cuales más de 37 mil casos fueron registrados únicamente en China y ocasionando la muerte de mil 17 personas en ese país.

Es importante señalar que el 90 por ciento de las muertes registradas provienen de la provincia de Hubei, además se ha confirmado la presencia del virus en 25 países, en donde Japón, Tailandia, Corea del Sur y Australia, han reportado el mayor número de casos.

El día de hoy la Organización Mundial de la Salud reunió a 300 expertos en todo el mundo en virología, epidemiología y ramas científicas afines con el objeto de estudiar posibilidades de tratamiento y vacunas.

En México se han detectado 13 posibles casos, de los cuales 12 han sido descartados y el último aún se encuentra en observación en el Hospital General de México. Sin embargo, el virus se está acercando ya que hace unas horas se confirmó el primer caso en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en San Diego, California, en las proximidades de la frontera con México.

En nuestro país se han implementado medidas de prevención y ante las posibles sospechas del virus COVID-19, se ha actuado con rapidez. Asimismo, la Secretaría de Salud emitió el lineamiento estandarizado por la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de enfermedad por COVID-2019 a través del cual se señalan los pasos a seguir para enfrentar eficientemente la posible propagación en territorio nacional...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera, diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Miroslava Sánchez Galván: Estimamos fundamental que se continúen tomando las medidas que hasta hoy nos han funcionado. No obstante, es necesario fortalecer y hacer públicos los protocolos de actuación implementados para detectar los casos de coronavirus COVID-19.

Por ello estamos a favor de la propuesta que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados pone a nuestra consideración para exhortar a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fortalecer los protocolos implementados en aeropuertos y puertos de México a fin de vigilar el contagio y propagación del virus. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Galván. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del acuerdo.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del acuerdo.

(Votación)

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Diputado Armando Tejeda, de vida voz.

El diputado Armando Tejeda Cid (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: A favor. Gracias. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado, comuníquese.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Honorable asamblea, se informa que se recibió de la Junta de Coordinación Política acuerdo por el que se da a conocer el proyecto de demanda de controversia constitucional relativo al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2020. Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del Acuerdo.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Acuerdo.

Primero. La Junta de Coordinación Política da a conocer el proyecto de demanda de controversia constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio 2020, por la afectación a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal y la posibilidad de que se genere un daño a la hacienda pública con el pago de remuneraciones indebidas en el presente ejercicio presupuestal.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria para los efectos previstos en el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020. Firman, a favor, el diputado Mario Delgado Carrillo, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero; en abstención, los diputados Juan Carlos Romero Hicks, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; y en contra, la diputada Verónica Juárez Piña. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría, atentamente, precise el sentido de la votación del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que no escuché el sentido de su voto.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En abstención, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, compañera diputada.

En términos del artículo 233, numeral uno, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria para conocimiento de las y los diputados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diversas y diversos compañeros legisladores han solicitado hacer uso de la palabra para plantear diversos asuntos a la asamblea. Esta Presidencia se la concederá desde su curul y por un minuto, con la atenta súplica de que traten de hacer uso pleno de ese minuto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Martha Hortencia Garay Cadena (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Con todo respeto solicitamos a la Mesa Directiva se conceda un minuto de silencio en honor al señor Nicolás Álvarez Almaguer, fallecido y padre de nuestra compañera diputada Ivonne Álvarez García. Es cuanto. Y muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, compañera diputada. Se concede el minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (desde la curul): Gracias, presidenta. Hace siete meses Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, denunció a su pareja sentimental ante la Fiscalía de los Juzgados de lo Familiar por violencia, aquí en la Ciudad de México. El día de ayer fue privada de la vida a puñaladas, luego fue desollada, fue despojada de las vísceras para después arrojarlas por el drenaje y su piel fue abandonada a unas cuadras de su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero. Estos hechos, además fueron presenciados por un menor de 15 años con autismo.

La violencia está alcanzando límites inimaginables. Hoy más que nunca es importante disentir de la postura de la Fiscalía General de la República sobre el delito de feminicidio, es necesario replantear la política de seguridad, fortalecer el marco legal del feminicidio, particularmente en el tema de la investigación, capacitar a los operadores de justicia sobre su impartición con perspectiva de género, así como delitos de odio y de razón de género.

Hoy esta Cámara de Diputados debe de refrendar su compromiso y de manera asertiva construir para acabar con el feminicidio. La seguridad es derecho de todos. Por Ingrid, y que en paz descanse.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Manuel Huerta Martínez (desde la curul): Con el permiso de la Mesa Directiva. Me pronuncio por reprobar los hechos ocurridos el día jueves 6 de febrero en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Guerrero, de donde soy originario.

Hechos de barbarie perpetrados por policías antimotines, que por instrucciones de sus mandos superiores y de donde muy seguramente tanto la Fiscalía del estado como el Ejecutivo tuvieron conocimiento, y dieron la orden de desalojo de manera violenta y con excesiva fuerza, hacia enfermeras y enfermeros, los cuales eran vacunadores del sector Salud, donde exigían se aclarara su situación laboral que desde el 31 de diciembre de 2019 no se les ha dado información alguna de manera precisa y clara. Siendo agredidos de manera física, verbal, dando como resultado la detención de los compañeros Pedro Gabriel Catalán y Estela Cortés Menecio.

Reprobamos estos hechos llevados a cabo por el Ejecutivo del estado y la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y exigimos fincar y deslindar responsabilidades penales a las autoridades involucradas, y al titular del Ejecutivo del estado que asuma las responsabilidades que le corresponde.  Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Huerta Martínez. Tiene la palabra el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): Gracias, presidenta. Por el rescate de la memoria histórica de los mexicanos. El 10 de febrero de 1821, en el pueblo de Acatempan, conciliaron dos ejércitos enfrentados sobre el destino que debía tener nuestra patria, contextos y diferencias que aún persisten en nuestro México. Uno era el Ejercito Realista, comandado por el criollo Agustín de Iturbide, y el otro el Insurgente, encabezado por el suriano general Vicente Guerrero.

En Acatempan se pactó mediante acuerdos y un simbólico abrazo el fin de la guerra y el nacimiento de México como nación libre y soberana. Acatempan significa el patriotismo de un Vicente Guerrero invencible en esas tierras del sur, donde la patria le fue primero, donde ni riquezas ni títulos de nobleza flaquearon su entereza, donde no vaciló en poner su Ejército a la orden del Realista, para consumar la Independencia de México.

Acatempan también significa la valentía de Iturbide al reconocer que nunca podría vencer al Insurgente en el campo de batalla, al aceptar el rechazo a su propuesta de que un miembro de la nobleza española gobernara esa tierra y aceptar las de Guerrero, a favor de la libertad, la justicia social y un gobierno dirigido por los hijos de la patria.

Acatempan, finalmente, significa reconciliación, construcción de acuerdos...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, se ha agotado el minuto.

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (desde la curul): ...y reconocimiento de que no es necesaria la violencia entre hermanos para construir un país mejor. Muchos abrazos de Acatempan para todos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Mojica Wences. Tiene la palabra el diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado José Luis Elorza Flores (desde la curul): Con su permiso, señora presidenta. Agradezco a la Mesa Directiva de esta Cámara, a los coordinadores parlamentarios y a los diferentes diputados federales por habernos acompañado en el recorrido de las diferentes instituciones de migración ubicadas en la ciudad de Tapachula, donde palparon de manera personal el aspecto migratorio que estamos viviendo en el sureste de nuestro país. Muchas gracias, diputados. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Elorza Flores. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Mientras no se sepa qué pasó y dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, no habrá autoridad moral para impartir justicia en México. Lo he dicho antes y lo ratifico ahora.

El alto compromiso con la verdad del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los familiares y con el país, alcanza dimensión social, ética y moral al proponer, sin invadir poderes ni trastocar autonomías, que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, se cohesionen y unan todas sus atribuciones constitucionales que poseen, con el fin de dar certeza a los hechos del oprobio.

El Estado mexicano pone con esta propuesta, al servicio de la verdad, a las principales instituciones de investigación, procuración e impartición de justicia del país.

Desde aquí demandamos inteligencia, pericia, disciplina y, sobre todo, profesionales del derecho y la criminología diligentes, que no sesguen, que no oculten, que no mutilen elementos esenciales para arribar a la verdad. La nación se los demanda. Ya no más impunidad. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): México se ha caracterizado por resguardar y proteger los derechos humanos de quienes pasan por nuestro territorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido que México se ha convertido, por ubicación y fronteras, en un referente de tránsito de personas migrantes a nivel mundial.

Debe reconocerse que las personas migrantes viven en su país de origen necesidades que motivan su movilidad y, por ello, es necesario reconocer sus derechos, con independencia de su estatus legal en el país.

En el instante de dejar su país y afrontar peligros y grandes trayectos tienen un sueño de encontrar nuevas oportunidades de vida. En nuestra Carta Magna se establece el derecho, de manera amplia, a gozar de los derechos del Estado mexicano.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta, la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo, a las personas, la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar y proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el minuto se ha agotado.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): ... y progresividad. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez Flores. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. También para condenar el artero crimen cometido contra Ingrid Escamilla, de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Ello vuelve a colocar, de nueva cuenta, un flagelo que nos coloca a las mujeres en una condición de absoluta inseguridad y riesgo en nuestras vidas.

Por eso, me parece que tenemos que defender claramente, no solamente el tipo penal feminicidio, sino exigir una política integral en este país, que salvaguarde la vida de las mujeres que hoy están en riesgo.

Ese es solo un ejemplo de lo que ocurre todos los días en este país, donde las mujeres no solamente estamos sufriendo violencia en nuestras casas, en el espacio público y en cualquier espacio, incluso en el laboral.

Por eso me parece muy importante destacarlo como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y exigir que se haga la investigación a fondo y que aprovechemos este tema y otros temas que ocurren todos los días, para hacer una valoración de nuestro sistema de justicia, para que garantice las investigaciones correspondientes con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio Ayala. Tiene la palabra el diputado Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Gustavo Callejas Romero (desde la curul): Gracias. El pasado 6 de febrero se manifestaron en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Secretaría del Bienestar en el estado de Hidalgo, por una supuesta falta de apoyos al sector campesino, trabajadoras y trabajadores del campo provenientes de diferentes municipios, la mayoría de ellos bajo amenazas.

La manifestación se caracterizó por la forma amedrentada con la que se trató al personal que se encontraba laborando, mismos que fueron retenidos por horas. Cabe señalar que durante este periodo las trabajadoras fueron amenazadas, siendo blanco de expresiones de violencia de género.

Bajo este contexto, Hugo Sánchez Quiroz, responsable de la convocatoria, estableció comunicación telefónica con el secretario de Gobernación del estado de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar. Dicha llamada fue realizada en altavoz. En ella se puede escuchar del secretario del estado burlas, denostaciones a la capacidad del representante del gobierno federal, e indicios de una intromisión al proceso electoral de este año en la entidad.

Por lo que desde esta Cámara hago un llamado al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con legalidad, institucionalidad, ética, responsabilidad hacia los representantes del gobierno federal en el estado de Hidalgo. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Callejas Romero. Tiene la palabra el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado David Bautista Rivera (desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres es un problema social, político y cultural, que afecta a nuestra sociedad.

Desafortunadamente la mayoría de los casos quedan impunes, generando un daño irreparable de manera física, sexual, psicológica para ellas. Esto es un reflejo de una cultura de odio y discriminación, dejando sin protección a mujeres, adolescentes y niñas del país.

Por este motivo, repruebo todo acto de violencia de género, y continuaré trabajando para salvaguardar a las mujeres adolescentes y niñas en pro de sus derechos, protegiendo su integridad y su seguridad.

Por esta razón, respaldo a nuestra compañera, la diputada Martha Tagle, en su iniciativa que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los funcionarios sean sancionados cuando incurran en la violación política de género. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Rivera. Tiene la palabra la diputada Maria del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Maria del Carmen Bautista Peláez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta, ya lo han dicho algunas diputadas, pero quiero tomar la palabra nuevamente para pronunciarme en contra del feminicidio de Ingrid Escamilla, en donde su pareja sentimental, Érick Francisco, la asesinó de manera brutal.

Con un cuchillo de cocina, tras una discusión arrancó la piel de la cara hasta las rodillas y tiró las partes de su cuerpo a la calle y otras más al drenaje.

Debemos de exigir justicia para Ingrid y muchas mujeres más que han sido víctimas de estos cobardes feminicidios. Por lo que de manera personal exhorto a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a otorgar la máxima condena en contra de este delito. No toleraremos la violencia contra ninguna mujer más. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Peláez. Tiene la palabra la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Isabel Alfaro Morales (desde la curul): Con su venia, presidenta. El pasado 4 de noviembre de 2019 en el municipio de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, la compañera Adriana Montiel Alonso sufrió, junto con su hija, un atentado a su integridad física, recibiendo lesiones en sus cuerpos con un objeto punzocortante que pusieron en riesgo sus vidas, siendo una situación por demás lamentable debido a las condiciones en que las dejaron.

Ante tales circunstancias solicitamos que se exhorte a las autoridades judiciales del estado de Hidalgo para que en los próximos días en que se lleve a cabo la audiencia de ley, no se reclasifique el delito de feminicidio en grado de tentativa por el delito de lesiones graves.

Como seres humanos no debemos permitir que sigan los abusos atentando contra la vida de las mujeres. No debemos permitir que estas conductas sigan reproduciéndose y queden impunes. No debemos permitir que las agresiones contra las mujeres se conviertan en una actividad cotidiana en nuestro país. No a la violencia de género, ni una más, vivas nos queremos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Alfaro Morales.

Destacamos y agradecemos la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Muzafar Shah Bin Mustafa, embajador de Malasia en México, quien acompañado por integrantes de la misión diplomática que encabeza, fue testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México-Malasia, que preside la diputada Maiella Gómez Maldonado. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Deseamos que este Grupo de Amistad sea un nuevo espacio para fortalecer las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre nuestros países. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Margarita García García (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Solo para denunciar el hecho de que el día domingo visité los municipios de mi región de Santiago, Tlapiltepec y los habitantes denuncian desvíos de recursos que el personal del IMPI, que está adscrito a la Mixteca, les está pidiendo dinero porque supuestamente ellos gestionaron la obra de caminos rurales.

A lo que el día de ayer el presidente que está a cargo de la obra, Jorge Santiago, me amenazó el día de ayer vía telefónica, de una manera prepotente, diciendo que los diputados federales nada tenemos que ver.

Quiero dejar muy clara esta denuncia por si algo me llega a suceder o a mi familia, los responsabilizo a ellos. Y que ojalá Adelfo Regino haga ya uso de las denuncias frecuentes que han hecho contra la señora Luz Irene, que está promoviendo la corrupción y que condiciona a los presidentes municipales.

De otra forma también quiero denunciar, la semana pasada denuncie a la exdiputada local, Yolanda López Velasco, del PRI, que cuando fue diputada federal se le otorgaron 6 millones de pesos cuando los diputados traían una bolsa que se aplicó...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, el minuto se ha agotado.

La diputada Margarita García García (desde la curul): –Sí. Permítame, diputada–. Se le otorgaron para la construcción de una obra de protección civil en el municipio de Huajuapan de León y resulta que hoy las autoridades dicen que esta obra es inservible y que se tiene que demoler.

Por eso pido a la Auditoría para que auditen esta obra y para que se le finque responsabilidad a esta señora, Lady Corrupta, que se ha dedicado a tirar despensas y que hoy está claro que está defraudando nuevamente al municipio de Huajuapan de León. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada García. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sumo mi voz a la condena, al brutal municipio de Ingrid Escamilla. Mi solidaridad con la diputada Margarita García.

Quiero comentar que se hizo una remodelación de la plaza principal de esta Cámara de Diputados y tiraron todos los árboles. Me aviento por la ventana. Nosotros que estamos aquí viendo el medio ambiente y haciendo una serie de cosas de esa naturaleza, y a quien se hizo cargo de la remodelación parece que los árboles le estorbaron. Me parece una torpeza y quiero manifestarlo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Se harán llegar sus expresiones a la Secretaría General de esta Cámara.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Quiero compartirles que en días pasados recibimos la noticia del sensible fallecimiento del destacado ciclista Miguel Arroyo Rosales, el Halcón de Huamantla, que enluteció al pueblo de Tlaxcala.

Quiero expresar mi reconocimiento a dicho deportista, que puso en alto el nombre de Tlaxcala y de México a nivel nacional e internacional, ya que participó en diversas vueltas de ciclismo, tanto en el extranjero como en México.

Participó en 1992 y en 1995 en el Tour de Francia. También fue diputado local en la LXVII Legislatura, y regidor de su natal Huamantla. Por lo que pido un minuto de silencio en torno a su fallecimiento. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada. Se concede el minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (16:05 horas): Se levanta la sesión. Y cito para la que tendrá lugar el jueves 13 de febrero de 2020 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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