El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI): Proceda la Secretaría hacer del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario Antonio Morales de la Peña (PAN): Informo a la presidencia que existen registrados previamente 379 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se abre la Sesión (A las 10:20 hrs.)
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de votación y asistencia.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al Orden del Día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del Orden del Día es la lectura al Acta de la Sesión Anterior, así como ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria…
Sonido a la curul del diputado Döring.
El diputado Federico Dóring Casar (desde su curul): Si, señor presidente. Antes de pasar al asunto del Acta de la Sesión Anterior, quisiera preguntarle respetuosamente que el día de ayer se publicó el Gaceta el veto que remitió el presidente de la república con respecto de decreto del presupuesto de egresos, con fundamento en lo que señala el Artículo 21 para el Gobierno Interior de esta Cámara, son obligaciones específicas de la presidencia y de la Mesa Directiva fracción III): Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se de cuenta a la Cámara; y fracción IV): Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general.
Yo quisiera preguntarle, por qué es que no está en el proyecto de Orden del Día algún turno con respecto a lo que se publicó ayer en la Gaceta y que constituye el veto al principal instrumento de política económica de este país, cuál es la motivación y fundamentación por la cual la presidencia considera que no es de máxima utilidad general dictar el turno o proponerlo al pleno, cuando menos el día de hoy y que esto podría ser postergado hasta mejor fecha. Yo quisiera que me respondiera, si es tan amable.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Como no, señor diputado. Precisamente por sus mismos argumentos de la importancia que tiene el turno y el trámite a un asunto de esta envergadura y de casi carácter inédito con el documento que la presidencia de la república ha enviado a esta Cámara de Diputados, invocando el Artículo 72 Constitucional, Apartado C, mismo que es parte de la controversia sobre el derecho a hacer observaciones que usted llama veto, que es como comúnmente se le conoce.
Es que la Mesa Directiva el día de hoy, en sesión, autorizó al presidente de la Cámara, a que el próximo martes, siete, haga una propuesta a la misma, de cómo desahogar, correcta y responsablemente una comunicación, un escrito de esta naturaleza, a fin de darle la certidumbre que usted también reclama a este trámite y sobre todo a su destino, en un asunto de tal alta responsabilidad, como es el decreto de presupuesto de la federación.
Sonido a la curul del señor diputado Döring.
El diputado Federico Dóring Casar (desde su curul): Si, señor presidente, con respecto a lo que usted ha manifestado, habría que precisar dos cosas: lo inédito no es que se haya emitido un veto con respecto al precedente del presupuesto de egresos puesto que existen algunos referentes históricos, lo inédito es la miriada de inconsistencias que contiene lo que de aquí se remitió a la presidencia que fue motivo del veto, eso es lo que es inédito, el tamaño de errores que contiene el documento y que generaron el veto.
Mi pregunta no era sobre eso, con todo respeto, señor presidente, mi pregunta era, no sobre la decisión colegiada que pueda o no haber tomado la Mesa Directiva sino mi pregunta era, sobre lo que se señala en el Artículo 21 como una facultad personalísima del presidente de la Mesa, como es que esta presidencia pondera que la utilidad general, que me parece es evidente y manifiesta de dotar a México de un instrumento perfectamente bien hecho y en el cual se puedan, no sólo procesar las pifias técnicas sino discutir el fondo de las inconsistencias jurídicas que en él ha señalado la presidencia, al menester de la presidencia pueda ser postergado para mejor ocasión, usted ha citado la fecha del martes, sobre eso es lo que yo quisiera conocer, cuál es su fundamentación y motivación, en su carácter de la Mesa, porque no es una facultad que aluda al Artículo 21 a la Mesa sino a la presidencia de la misma.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sin entrar al fondo de su disposición, señor diputado, que es sobre los términos en los que esta soberanía tomó decisiones constitucionales con respecto al decreto de Presupuesto, le informo señor diputado, como lo hago con el pleno, que no nada más en base al artículo 21 sino al 23 de la Ley Orgánica, en la cual son atribuciones del Presidente el tramitar el dar curso, determinar los trámites de los asuntos y cuestiones de que se dé cuenta a esta Cámara, es como procedió a ponerlo a consideración de la Mesa Directiva a fin de tomar la mejor decisión y es la Mesa Directiva quien ha tomado la determinación de que el próximo martes esta Presidencia les haga la propuesta de deshogo correcto, institucional, responsable y en tiempo de este ocurso que recibió la Cámara de Diputados.
Sonido a la curul del señor diputado Doring.
El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Agradezco su respuesta y si bien le tengo que ser sincero, no me satisface de lleno el trámite que usted ha comentado, me quedo con su compromiso y el de la Mesa Directiva de que este asunto será conocido por el pleno a más tardar el próximo día martes.
Gracias señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Mi compromiso ha sido que conozca la Mesa Directiva de la determinación de la Presidencia, el próximo martes.
Sonido a la curul del diputado Moreno Garavilla.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde la curul): Gracias señor Presidente.
Haciendo alusión a la impecable pulcritud política con que usted ha conducido los trabajos de esta Cámara, quiero para efecto de información y de recordatorio para quien lo necesite, advertir que las observaciones que el señor Presidente de la República dirigió a esta Honorable Cámara se fundan en una hipótesis normativa inaplicable, que es la hipótesis normativa del inciso C del artículo 72 constitucional. En consecuencia, quiero dejar sentado el precedente de que el turno que está dando la Mesa Directiva a este asunto es un asunto de gran elevación política, independientemente de que no tiene sustento alguno ni fundamento constitucional.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Estas consideraciones que han hecho tanto el diputado Doring como el diputado Moreno Garavilla, como las que he escuchado en la Mesa Directiva, serán tomadas en consideración con la Presidencia cuando presente su propuesta a la Mesa Directiva el próximo día martes 7.
Sonido a la curul del diputado Molinar Horcasitas.
El diputado Juan Francisco Molinar Horcasitas (desde la curul): Gracias señor Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha hecho mi compañero el señor diputado Doring en todos sus extremos. Hemos escuchado con atención la explicación que usted nos ha dado, así la tomamos en el ejercicio de las atribuciones que la Ley le confieren a usted. Quisiera simplemente comentar la intervención de señor diputado Moreno Garavilla que está entrando ya al fondo del asunto, señalando que no se tienen atribuciones en los términos del artículo 72 para que el Presidente devuelva con sus observaciones, contestándole que ésa será la discusión que en su momento daremos en el fondo.
Sí se tienen atribuciones y no sólo eso: todos, todos los precedentes históricos en este país con un asunto como éste señalan que la Cámara, sin excepción, ha recibido la devolución con observaciones que haga el Presidente a decretos de presupuesto y que lo que sería inédito en nuestra historia es que esta Cámara no atendiera esa solicitud y le diera el debido curso. Pero esto sin duda alguna será motivo de debate en el momento en que usted así lo facilite mediante una decisión que lo ponga a consideración del pleno.
Muchas gracias señor Presidente. Gracias señor Moreno Garavilla.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Estoy seguro de que su intervención, señor diputado, es correcta. El tema de fondo lo habrá de resolver este pleno que es soberano en sus decisiones y habremos de discutirlo con oportunidad y esta Presidencia y la Mesa Directiva tiene esa responsabilidad de dar toda la oportunidad a que se discuta el tema de fondo y se determine cuál es el curso que debe de correr esta solicitud o esta comunicación del Presidente de la República.
Sonido a la curul del diputado Moreno Garavilla.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla (desde la curul): Muchas gracias señor Presidente y para agradecer profundamente la referencia de mi estimado amigo, el diputado Molinar y desde luego advertir que en su momento gustosamente daremos el debate sobre el fondo del asunto.
Por lo pronto le ruego que vaya preparando sus armas y que vaya determinando que uvilex no distigue de debemus(¿). Un abrazo cariñoso.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a todos ustedes por la oportunidad.
El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente, con respecto a la intervención del diputado Moreno Garavilla, habría que hacerle a usted una pregunta a fin de precisar la intervención, no la inmediata anterior sino la primera.
Sobre la inmediata anterior, habría que decir que por supuesto que estamos listos para el debate, si alguien pidió debate hoy, fue el grupo parlamentario de Acción Nacional, no lo pidió el martes.
Pero hay una intervención anterior del diputado Moreno Garavilla donde dijo que celebrara la pulcritud con la que usted había conducido la mesa, lo cual yo también puede suscribir, pero dijo que celebra el turno que usted ha dictado. Hasta donde yo entiendo, usted no ha tenido a bien dictar turno alguno, lo único que tiene es un acuerdo a la Mesa Directiva.
Entonces, me parece que sería oportuno en aras de esa pulcritud que a usted le ha reconocido el diputado Moreno Garavilla, de dejar muy claro que no hay turno alguno dictado, ni siquiera consensado, tan solo un mero acuerdo de que el asunto será conocido como usted ya precisó, hasta el día martes y sólo asumir usted el compromiso que por la Mesa Directiva, ni siquiera todavía por el Pleno y yo creo que es importante que se le precise ese asunto al diputado Moreno Garavilla para que podamos avanzar en cuanto se pueda, al debate de fondo.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sí, esta Presidencia, queriendo ser obsequioso con ambos, quiere manifestarle que la misma ha dado quizá y ha agotado un turno económico de platicar con la Mesa Directiva y que la misma ha asumido un acuerdo para que la Presidencia presente el próximo martes, la manera de cómo resolvemos de mejor forma este escrito y este documento.
El diputado Jaime Moreno Garavilla (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del diputado Garavilla.
El diputado Jaime Moreno Garavilla (desde su curul): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente quise aludir al trato que le dio usted al asunto- Si se quiere utilizar el punto del turno como vocablo objeto de un debate superficial, yo invito a que nos reservemos el debate en el fondo para el momento en que éste se presente.
Quise aludir a la forma de gran elegancia, de gran elevación y de gran acepcia política que la mesa directiva le ha dado (risas en el salón)...
Perdonen, si ustedes conocen la elegancia y la acepcia política, estarán con nosotros y aplaudirán a la Mesa Directiva su pluralidad y su manejo.
Compañeras y compañeros, estamos dispuestos al debate cuando ustedes lo dispongan.
El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Sonido a la curul del diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): Celebrar señor Presidente, que se ha precisado que no fue un turno sino un trato y que no fue un trato parlamentario sino un trato económico el que usted ha dictado.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Así como le tocó el turno a la Mesa Directiva de conocer de este escrito, hoy tiene el turno la Secretaría para seguir desahogando los asuntos en cartera.
Pregunte si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura la acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura y en consecuencia proceda poner a discusión el acta.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con Comunicaciones.
La Secretaria Graciela Larios Rivas (PRI):
(Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, informándole que el diputado José Alberto Aguilar Iñarritú fue designado por el Partido Revolucionario Institucional para asumir la Presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado del 1° de diciembre de 2004 al 15 de Agosto de 2005)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.
El Secretario Marcos Morales Torres (PRD):
(Oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido al diputado Presidente de la Cámara de Diputados, informando que el diputado José Luis Medina Lizalde ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados para el periodo 1° de diciembre del 2004 al 15 de agosto del 2005)
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio de la unta de Coordinación Política dirigida al diputado Presidente de la Cámara de Diputados, informando que el diputado Santiago Cortés Sandoval ha sido designado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para asumir la Presidencia del Comité de Información, Gestoría y Quejas durante el periodo del 1° de diciembre del 2004 al 15 de agosto del 2005)
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Está aprobada también.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política con relación a la baja en comisión de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, como integrante de la Comisión Especial para el Campo)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas, diputada suplente electa en la Primera Circunscripción Plurinominal.
Se designa en comisión para que acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados:
Raúl Pompa Victoria, Carla Rochín Nieto, María Antonia García Sanjinés, Francisco Javier Obregón Espinosa, Javier Orozco Gómez, Joel Padilla Peña, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su cometido)
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas: "¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
La ciudadana Miriam Marina Muñoz Vargas: "¡sí, protesto!"
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: "Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande".
Felicidades y bienvenida.
(Aplausos)
Continúe la Secretaría con las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
El Secretario Antonio Morales de la Peña.-
(Lectura al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados expresan su rechazo al linchamiento ocurrido el 23 de noviembre en la Delegación Tláhuac).
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Lectura a proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública para que, en acatamiento en lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, haga pública la relación de servidores públicos)
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.
La Secretaria Graciela Larios Rivas:
(Lectura oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativo a las finanzas públicas y la deuda pública a octubre de 2004)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio del Congreso del Estado de Jalisco relativo a iniciativa que reforma el artículo 52 de la Constitución).
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio relativo a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Economía.
El Secretario Marcos Morales Torres:
(Oficio relativo a la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura)
El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI): Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros: El suscrito diputado Alfonso Rodríguez Ochoa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la Asamblea de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona artículos y párrafos de la Ley Federal del Trabajo con base en lo siguiente:
La integración de las personas con discapacidad, tercera edad y mujeres, madres solteras y/o embarazadas, es y debe ser un proceso integral no sólo a la sociedad misma, sino también al mercado laboral, un proceso que les conceda como individuos el poder de participar sin cortapisas y limitaciones de los beneficios del desarrollo social y económico a través del ejercicio de sus derechos, capacidades que eleven sus niveles de bienestar y calidad de vida.
La integración social y productiva de las personas con discapacidad, de la tercera edad y mujeres, madres solteras y/o embarazadas, es por tanto un problema de justicia, seguridad jurídica y equidad social.
Sus derechos humanos y garantías individuales, no le son respetados cuando el acceso a los derechos naturales y fundamentales de la vida como la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica, personal, la participación en grupos sociales y políticas, las actividades religiosas, las relaciones afectivas no les son brindadas por nuestra sociedad al parejo de las que disponen en general todos los demás miembros de nuestra sociedad.
La igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad, de la tercera edad, madres solteras, o embarazadas sin ningún tipo de discriminación, es una contribución fundamental al esfuerzo mundial de humanización, del perfeccionamiento y profundización de la democracia e igualdad social a la que aspiramos los mexicanos y en suma la humanidad entera.
Según las Naciones Unidas, en 1983 en el mundo había 500 millones de personas con discapacidades. En la mayoría de los países por lo menos una de cada diez personas tiene alguna deficiencia física, intelectual o sensorial y por lo menos el 25 % de la población es adversamente afectada por la presencia de la discapacidad.
Un 98 % de las personas con discapacidades que viven en los países en vías de desarrollo, no tienen acceso a los servicios de rehabilitación; hay 20 millones de personas que necesitan sillas de ruedas, cien millones de personas padecen minusvalía causada por la malnutrición, que en algunos países el 90 % de los niños discapacitados no vive más de 20 años, entre otros datos.
En el caso de México, según nos refleja el INEGI, que el hecho de que a nivel nacional un total casi de 20 millones de hogares, 2 millones de hogares tienen al menos un miembro integrante con algún tipo de discapacidad.
Asimismo en México las tendencias demográficas nos indican un envejecimiento de la población, es decir, un número creciente y mayor de personas de la tercera edad, muchas de ellas en condiciones de seguir laborando y a quienes se les niega el derecho a laborar en razón de su edad.
El número creciente de mujeres, jefas de familia, y sostén económico del núcleo familiar, es en el país cada vez más creciente y constituyen un pilar fundamental del sector productivo que merecen condiciones de igualdad en las oportunidades laborales.
Detrás de esta estadística demográfica alarmante, tenemos que tomar en consideración que solamente el 24 % del total de personas con discapacidad cuentan con algún empleo o ingreso; el 76 % restante es considerado como población inactiva, lo que constituye una desigualdad e inequidad social profunda que debemos valorar.
En relación a las personas con discapacidad, que no tienen empleo, el 52 % no lo tienen debido a su condición, entiéndase por ello, que el mercado de trabajo y la sociedad no los considera aptos para emplearlos. Esto último debe contrastarse con el hecho de que sólo un 30 % de las personas con discapacidad no empleadas realmente está imposibilitada para trabajar.
Del mismo modo un 15 % vive de sus rentas, al amparo de pensiones o jubilaciones. De fondo cabe destacar que de los 10 millones que tenemos en México el 82 por ciento depende parcial o totalmente de sus familiares o amigos y un 3 por ciento de caridad o mendicidad.
Legislar para personas con discapacidad en México es un proceso que implica no solo debatir sobre las leyes y su contenido, representa encontrar caminos eficaces y efectivos para el desarrollo de las personas con discapacidad, para la resolución de sus problemas, sus necesidades. Legislar para integrarlos a la sociedad y a la vida laboral para que mujeres embarazadas y de la tercera edad puedan gozar en un plano de igualdad del conjunto de los derechos humanos que goza la población mexicana en general.
Actualmente se encuentran en proceso de estudio y análisis la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Trabajo, la iniciativa de Ley Federal para Personas con Discapacidad y la modificación de la Ley Federal de Educación, para terminar con las barreras sociales y arquitectónicas en los espacios y edificios escolares. Resulta una prioridad nacional atender la problemática de las personas discapacitadas y de la tercera edad y los efectos indeseables que persisten en nuestras sociedades con fenómenos tales como la del abandono, la discriminación social, el maltrato, la subvaloración afectiva, la marginación cultural, la inequidad de los servicios de salud, la falta de centros educativos, escuelas y universidades con capacidad de otorgar servicios a los jóvenes discapacitados, la desigualdad de oportunidades de trabajo para estas personas desde adolescentes y agravada en su edad adulta, su exclusión de los centros laborales, su trabajo subvalorado o menospreciado, los salarios menores, el tráfico humano y diversos abusos de todo tipo que padecen a lo largo de su vida, caracterizada por un trato de la sociedad falto de empatía y por el constante rechazo hasta las edades seniles, cuando la indiferencia, el aislamiento y el abandono se hacen aún más evidente, a pesar de sus requerimientos de atención.
Compañeras y Compañeros:
Es tiempo de que los empresarios y la sociedad mexicana entiendan que la integración de minusválidos al mundo laboral y su capacitación se transforman a corto plazo en un aporte enriquecedor para una compañía, ya que contribuyen a mejorar el trabajo en equipo, compromiso y clima laboral, cualesquiera cualidades que impactan positivamente en la productividad.
Que la integración social de los discapacitados no es una dádiva sino un derecho. Por todo ello se propone lo siguiente:
Modificación y Adiciones a la Ley Federal del Trabajo.
Título Primero. Principios Generales. Modificación del párrafo segundo del artículo 3o. para quedar como sigue: "No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social o capacidades diferentes". Se adicionen tres fracciones a los números XIV, XV y XVI al artículo 5o. para quedad como sigue: "Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirán efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:
"Fracción XIV. Disposición contraria a la equidad de género que consista en solicitar muestras de orina para efectuar el examen de no estado de ingravidez o embarazo o cualquier otra que impida el trabajo a mujeres embarazadas.
"Fracción XV. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a la edad, que establezca requisitos de una determinada edad que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado, impidiendo el trabajo a las mujeres u hombres de la tercera edad.
"Fracción XVI. Toda disposición contraria a la equidad social que constituya una discriminación a las capacidades diferentes a los trabajadores que no se justifiquen por las características técnicas del empleo ofertado impidiéndoles el trabajo".
Se modifica el párrafo primero del artículo 7o. para quedar como sigue: "En toda empresa o establecimiento el patrón deberá emplear un 90 por ciento de trabajadores mexicanos por lo menos y de no existir razones técnicas que le justifiquen deberá dentro de ese 90 por ciento que permita la equidad de género, el empleo de trabajadores de la tercera edad y con capacidades diferentes".
Se adiciona el artículo 8o. un tercer párrafo para quedar como sigue: "Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajadores con capacidades diferentes la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías publicadas en el 80 por la OMS que define como trabajadores con capacidades diferentes aquellos que posean una eficiencia, es decir, toda pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiológica o anatómica, aquellos que posean una minusvalía para que, es la situación de desventaja de un individuo determinado a consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que le limita e impide el desempeño de un rol que sería normal en su caso, en función de la edad, sexo y factores sociales o que posean una discapacidad, restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal para un ser humano.
Título Cuarto. Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones.
Se adiciona una fracción XXIV, al tenor del siguiente texto:
Los patrones establecerán en sus centros de trabajo, las instalaciones y consideraciones de seguridad, higiene y acceso para el desempeño de los trabajadores con capacidad diferentes.
Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razones de edad, de sexo, en el caso de mujeres, estén o no en estado de gravidez o embarazo, condición social y estado civil, o de los trabajadores cualquiera que fuera su edad y sexo si posee capacidades diferentes.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli (PRD): Muchas gracias a usted diputado Rodríguez Ochoa.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene la palabra el diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 25 de la Ley de Puertos.
El diputado Baruch Barrera Zurita (PAN): Con su permiso diputada presidenta. El suscrito diputado Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional someto a la consideración de esta H. Asamblea una iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 25 de la Ley de Puertos al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es de reconocerse que la novedosa visión jurídico-administrativa que se ha implementado en los puertos de México, genera nuevos retos a la luz de los positivos resultados obtenidos en el proceso de modernización del sistema portuario mexicano.
Hoy, en día, a poco más de una década de la aprobación de la Ley de Puertos en 1993, se han producido diversos acontecimientos y existen nuevos contextos económicos en nuestro país, que no sólo justifican sino que hacen imprescindible una modificación legislativa, para actualizar el marco jurídico a la nueva realidad imperante.
La década pasada fue un período caracterizado por la enorme aceleración del proceso de globalización de la economía y el comercio, entre cuyos resultados destaca la importancia estratégica que han adquirido los puertos comerciales de todo el mundo, como instrumentos claves para el desarrollo de las actividades productivas y como elementos fundamentales, para la articulación de un sistema integral de transporte, eficiente y seguro.
En México el cambio de paradigma del desarrollo del sistema portuario, se convirtió en uno de los procesos de participación iniciativa privada-sector público más exitoso de los últimos años y, por tanto, no es casual, que se hayan producido incrementos importantes y sostenidos en el movimiento de cargas y pasajeros de crucero.
Así, en 1993, la carga total pasó de 183.5 millones de toneladas a 264.7 millones de toneladas en el 2003, lo que representó un crecimiento acumulado, superior al 44% en términos absolutos y una tasa de crecimiento media anual superior al 3.7%.
Destaca de manera particular el movimiento de contenedores, que durante el mismo período, pasó de 464 mil teus (?). contenedores de 20 pies, por sus siglas en inglés a 1 millón 685 mil teus, lo que significó un incremento acumulado del 263% y un incremento medio anual de 13.8%
Es decir, en ambos casos, las tasas de crecimiento alcanzaron valores superiores al aumento del PIB.
De igual manera sobresale el número de pasajeros en crucero, que pasó de 1 millón 911 mil en 1993 a 5.2 millones en el 2003, lo que significó un incremento de 173 puntos porcentuales y una tasa de crecimiento medio anual de 10.5%.
En este contexto la competitividad de nuestra economía depende, cada vez más, sin menoscabo de otros factores, de un sistema portuario, eficiente y competitivo a nivel internacional, capaz de mover mercancías de una forma rápida, fiable, económica y segura.
Ello exige la eliminación de todos aquellos factores que representen un freno o constituyan un cuello de botella para la inversión y el desarrollo, tales como la restricción de conceder a los concesionarios un área mayor al 20% de la superficie original, circunstancia que en algunos casos puede ocasionar la subutilización e incluso la ociosidad de espacios físicos que pudieran aprovecharse para incrementar el número de maniobras así como la construcción y modernización la infraestructura portuaria.
La iniciativa que hoy nos ocupa responde así a la necesidad de adecuar el marco jurídico que regula las actividades del subsector marítimo-portuario a las condiciones actuales de operación, a la exigencia de elevar los niveles de eficiencia y competitividad, pero sobre todo persigue el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los espacios portuarios, que permitan el incremento de las actividades y allanen el camino para proseguir con el proceso de incrementar y modernizar la infraestructura y los servicios de los puertos, lo que necesariamente traerá consigo la generación de empleos a través de la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.
Para contribuir a la consecución de este objetivo sustantivo y de aquellos de carácter adjetivo que se desprenden de él, es necesario partir de los análisis siguientes:
La propuesta de reforma al artículo 25 de la Ley de Puertos que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, concierne exclusivamente al régimen de concesiones y se propone incrementar la superficie originalmente concesionada, considerando la posibilidad de que la ampliación se otorgue en función de la disponibilidad y el aprovechamiento de los espacios portuarios y el aumento de la productividad, observando criterios que preserven condiciones de equidad, competitividad y favorezcan la libre concurrencia de los agentes económicos.
El objetivo sustantivo es el aprovechamiento integral de los espacios portuarios, la atracción de la inversión y la construcción de obras bajo normas que aseguren legalidad y transparencia, que otorguen certidumbre jurídica al inversionista privado para tener la certeza de que bajo ninguna circunstancia se concedan prevendas o canonjías a determinado grupo o persona.
Estimamos conveniente introducir este novedoso elemento en la regulación de ampliaciones de superficies del dominio público portuario concesionadas, para contribuir al desarrollo integral del esquema de concesiones y favorecer así la creación de mecanismos que permitan alcanzar la máxima rentabilidad socio-económica de los espacios físicos de los puertos.
Consideramos que si aportamos al perfeccionamiento del régimen de concesiones, abonamos sin duda a la promoción de la inversión privada en las instalaciones y equipamientos portuarios, cuyo eje rector sea una legislación clara y estable en el tiempo que permita la planeación de inversiones a largo plazo bajo la consideración de que el sistema portuario fue concebido para operar con autosuficiencia financiero.
Es pertinente subrayar que la modernización del sistema portuario ha hecho posible la existencia de una oferta de servicios portuarios diferenciada por tipo de carga y por puerto, que ha propiciado a su vez la especialización y nuevas tecnologías. Este esfuerzo es producto de la creación de sinergias y de la interacción responsable y equilibrada de la iniciativa pública y privada, en la medida en que ésta última ha ido incrementando progresivamente la prestación de los servicios portuarios.
En este proceso, los diversos agentes económicos que convergen en los puertos han aportado un impulso decidido al desarrollo portuario, teniendo como base una visión compartida de carácter integrado en la oferta de servicios y claridad al asumirse plenamente como comunidad portuaria, lo que no sólo ha fomentado esta actividad sino que ha permitido mejorar la competitividad en cada puerto y en el conjunto de ellos.
Estamos seguros de que el modelo de colaboración público-privado se ha constituido en un factor clave para impulsar la actividad portuaria que estamos consolidando y debemos potenciar para estar en condiciones de afrontar los retos del porvenir con una confianza renovada y en que las cosas salen mejor cuando trabajamos unidos y con la mira puesta en este gran proyecto que se llama México.
Tenemos la certeza de que el proyecto de reforma que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, sin duda contribuirá a enriquecer y perfeccionar este ordenamiento jurídico, que si bien es cierto, ha coadyuvado a la modernización y a la creación de la nueva infraestructura, hoy en día se hace necesaria su revisión para abonar a la consolidación del Sistema Portuario Nacional y preserva la certidumbre jurídica para continuar incentivando a inversionistas nacionales y extranjeros a financiar los proyectos que exige el desarrollo de los puertos mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, exhortamos a los ciudadanos diputados que integran los diferentes grupos parlamentarios de esta honorable representación ciudadana, que emitan su voto favorable para que se apruebe el siguiente Proyecto de Decreto, cuyo texto íntegro dejo en manos de la Secretaría para proseguir con el trámite que dicte la Presidencia.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 25 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:
"En el caso de que se solicite la ampliación de las superficies concesionadas de un puerto para extender las actividades portuarias a los bienes del dominio público colindantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley.
El titular de la Secretaría podrá adjudicar directamente la ampliación de la superficie originalmente concesionada si con base a la disponibilidad de áreas conforme a criterios de productividad de costo-beneficio, se aprecian evidentes ventajas de que el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas en cuestión, se lleven a cabo por el solicitante y no existan restricciones justificadas de áreas o actividades ni otro interesado conforme al procedimiento que señale el Reglamento respectivo.
Artículo Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto tengo que decir, diputada Presidenta.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputado Baruch Barrera.
Favor de integrar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Transporte.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El diputado Víctor Suárez Carrera (PRD): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeras diputadas, diputados:
Me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para reglamentar la formación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular en áreas rurales.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por el Legislativo en 2001, representa el marco reglamentario más integral diseñado hasta ahora para la creación de organizaciones financieras populares de ahorro y crédito en México, permite el funcionamiento de lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Capítulo Décimo Primero, define como banca social y que en la Ley que crea la financiera rural, se denomina "intermediarios financieros rurales", refiriéndose a las sociedades cooperativas y sociedades financieras populares.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001, fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México y evitar los fraudes recurrentes originados a fines de los años 90´s.
Esta Ley fue pensada para regular organismos existentes y su diseño fue inspirado en experiencias internacionales exitosas.
Sin embargo, al diseñar la ley dos hechos fueron ignorados, el primero fue la desigualdad existente, incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales donde el sector rural, por las barreras estructurales como la dispersión geográfica, escasa infraestructura física y de comunicaciones, unidades económicas pequeñas con ingresos estacionales, realizan transacciones de bajos montos con altos costos de transacción, lo que ha originado un número limitado de organismos financieros populares.
Por otro lado, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos que hoy inspiran la Ley de Ahorro y Crédito Popular como las Cooperativas Rayfaisen (?) de Alemania, las cajas populares de Canadá o las cajas rurales francesas, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta como la diseñada en México y todas nacieron de procesos de organización comunitaria regional, que con el paso de los años alcanzaron escala financiera para conformar los sistemas financieros exitosos que hoy conocemos con renombre internacional.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana con una historia organizativa de al menos 50 años, mientras que dejó un vacío legal para la creación de nuevas instituciones financieras rurales que se basan en la autoorganización.
La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero. Por tanto la regulación diseñada, no le es totalmente adaptable, impidiendo que amplios sectores de la población rural, participen en la organización de entidades de ahorro y crédito popular.
La ley, al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades e intermediarios financieros rurales, reconociendo la gradualidad en su crecimiento, hasta alcanzar el tamaño y maduración institucional necesario para cumplir los estándares que establece, ha establecido barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural y afectan las estrategias de desarrollo económico para los pobladores de escasos recursos.
Como Legislativo debemos garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, evitar exclusiones que profundicen la desigualdad. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos permitiendo que las familias rurales, campesinos y comunidades indígenas, tengan oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país.
Es una iniciativa que establece un vínculo de coherencia y de viabilidad con otros ordenamientos legales, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la ley que crea a la Financiera Rural. Permite también dar sustento al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo en materia de financiamiento rural.
La creación de un amplia base de intermediación financiera rural, es condición ineludible para posibilitar oportunidades productivas y de integración de áreas rurales pobres al desarrollo económico, que representa una condición ineludible de la democracia económica.
El acceso a servicios financieros es una condición también ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza en el medio rural, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan las instituciones financieras en el medio rural tan diverso, como es el de nuestro país.
La calidad de los organismos de banca popular está centrado en la identidad y organización autogestiva, esta cuestión social es un proceso de organización gradual, el aprendizaje institucional y la creación de capacidades locales para gestionar, en forma eficiente, organismos financieros de ahorro y crédito popular, también requieren procesos de gradualidad en el crecimiento. Todas las experiencias exitosas de auto gestión y auto organización financiera popular, han requerido de marcos regulatorios apropiados, de políticas públicas favorables.
El sentido de la reforma que se presenta hoy, incorpora el reconocimiento de esta problemática que enfrenta una población considerable en nuestra población rural. Existen en México un número importante de organizaciones financieras populares en áreas rurales y ellas han demostrado que es posible construir soluciones desde la organización autogestiva de la sociedad rural, pero que hace falta que las leyes garanticen igualdad de oportunidades para las comunidades rurales.
Esta iniciativa permitirá reconocer procesos de organización financiera de dichas comunidades, en un marco de certidumbre jurídica y crecimiento gradual para alcanzar escalas financieras suficientes para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional.
Esta iniciativa que se presenta, particularmente una adición de un artículo 9 bis, establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y establece un régimen simplificado, que les permita madurar para que alcancen los estándares de los niveles superiores del sector, en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población.
En este régimen simplificado se busca eliminar barreras legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del país.
La constitución de nuevas entidades se realizará cumpliendo los requisitos mínimos, en cuanto número de socios, teniendo las nuevas entidades de ahorro y crédito popular, previo a su constitución la obligación de contar con la autorización de la Federación, a la que habrá de ampliarse para su supervisión.
La comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente:
Libertad de constituirse legalmente, iniciar operaciones.
Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios.
Afiliación a una federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma.
4. Contar con un período de crecimiento para su maduración de hasta siete años.
5. Gradualidad en aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros.
6. Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establece la ley.
Esta iniciativa en su totalidad ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y requiero y solicito el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, para que en las comisiones particulares se dictamine favorablemente esta iniciativa de adición de un artículo "bis" a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que posibilitará un acceso equitativo a las organizaciones rurales para participar en el sistema financiero del país y posibilitar con esto la construcción de una herramienta indispensable para el desarrollo económico y la superación de la pobreza en el medio rural.
Muchas gracias.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Suárez Carrera.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado Jorge Antonio Jorge Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
La banca comercial en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos hechos en los últimos años por el Estado para sanearla y ponerla en niveles de operación aceptable, sigue operando de manera poco transparente y no es funcional a las necesidades de los usuarios y de una economía como la de nuestro país.
Desde la perspectiva de los usuarios la Banca Mexicana es ineficiente, poco flexible, no toma en cuenta el contexto socioeconómico y de operación de los agentes económicos, cobra altas comisiones por todo tipo de servicios que presta y a pesar de esto, para los banqueros que prestan representa un negocio con altos niveles de rentabilidad. Esta situación no es aceptable ni es benéfica para nuestra economía, ya que condiciona su competitividad.
Como legisladores debemos proporcionar el fortalecimiento de un sistema bancario que cumpla eficientemente con sus funciones básicas como son captar eficientemente el ahorro del público, que pague tasas de interese reales y canalice créditos en forma expedita y a precios competitivos, de tal manera que se dé un efecto multiplicador en la economía detonando más inversión, empleo y consumo. Nuestro país lo necesita urgentemente.
La banca nacional y extranjera que opera en nuestro país, hay que reconocerlo, se le ha destinado cantidades inmensas de recursos con el fin de alcanzar el saneamiento del sistema financiero y mejorar su operación. A pesar de esto, la banca sigue siendo ineficiente y poco competitiva.
La banca nacional cobra por todo tipo de servicios y ha olvidado importantes segmentos del mercado crediticio para volverse una banca fundamentalmente comisionista.
Ante esta abierta política de desregulación que ha beneficiado a la banca privada para fijar el cobro de comisiones, como legisladores debemos oponernos y estamos obligados a reorientar este proceso con el fin de crear mercados realmente competitivos.
La insolvencia de los bancos es parte de una historia que no debe repetirse, pero tampoco debemos permitir una operación tan ineficiente de la banca privada nacional.
Hoy tenemos un sistema bancario fundamentalmente trasnacional, con altas ganancias que asume pocos riesgos, que presta poco y que cada día cobra comisiones más altas.
Los usuarios de los servicios bancarios en nuestro país somos víctimas de un mercado bancario con escasa competencia, situación que se ve reflejada en el cobro de comisiones. En este contexto, el usuario está imposibilitado de optar por otras alternativas.
Por lo anterior, como legisladores, debemos involucrar a todas las instituciones encargadas de la regulación del sector bancario, de tal manera que todas ellas intervengan, autoricen, regulen y vigilen el nivel de comisiones que cobra la banca privada nacional.
Como representantes de la sociedad estamos obligados a proteger al usuario de los servicios bancarios y debemos posibilitar mercados competitivos en el sector.
En la actualidad, los mexicanos ya manejamos 67 millones de cuenta financieras. A pesar de la alta rentabilidad de la banca comercial, ésta aún no enfrenta el reto de llevar financiamiento suficiente a la sociedad ni baja el cobro de las comisiones por todos los servicios que presta.
Una banca, costosa e ineficiente para cualquier país, es un problema grave. En México, lo que tenemos actualmente es una banca múltiple que ya no es fundamentalmente nacional.
Tenemos una banca comisionista que vive de otorgar créditos al Estado con riesgo nulo, altas ganancias y que se niega a abrir al público usuario y a difundir la información sobre el nivel de cobro de comisiones.
En suma, tenemos una banca poco transparente y poco competitiva internacionalmente, con altos niveles de rentabilidad.
En este contexto, y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca sana que detone crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, que promueva el crédito, la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, los diputados que integran la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México sometemos, para su aprobación a esta H. asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Por consideración y respeto al tiempo de mis compañeros, omitiré la lectura del articulado, solicitando su publicación íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Kahwagi.
De acuerdo a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates, publicarlo en la Gaceta Parlamentaria y turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En relación a la iniciativa presentada por el diputado Víctor Carrera, para adicionar al artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito, se instruye que se turne a comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y ampliar el turno a la de Fomento Cooperativo y Economía Social.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona el título III-A a la Ley de Impuesto sobre la Renta, una fracción VIII al artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389 Bis A al Código Penal Federal.
El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón (PRI): Con su permiso, ciudadana diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: los suscritos, diputados Francisco Saucedo, José Juan Bárcenas y Francisco Monárrez Rincón, su servidor, hace unos días, concretamente el pasado 21 de octubre, presentamos a esta soberanía la iniciativa de decreto que adiciona el título III, inciso A a la Ley del Impuesto sobre la Renta y la fracción VII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, así como el artículo 389 Bis A del Código Penal Federal, que fue leída y firmada por nosotros y por varios de nuestros compañeros diputados que se solidarizaron con esta propuesta y que hoy, con la finalidad de replantear y aclarar y potencializar aún más la posibilidad de la creación de los empleos, a través de incentivar el trabajo cooperativo, hacemos la siguiente exposición de motivos.
Con la intención de precisar y de establecer que las reglas sean más claras para que esta iniciativa en comento no se conviertan en imprecisiones, en fuentes de evasión fiscal, se hace necesario establecer normas que perfeccionen los artículos presentados originalmente ante esta Honorable Cámara, por lo que se proponen las siguientes adiciones que complementan la iniciativa presentada el pasado 21 de octubre para quedar como sigue:
Artículo 1º., Ley del Impuesto Sobre la Renta, título 3-A del régimen fiscal de las sociedades cooperativas de producción. Artículo 105-A, que es el que se reforma:
Las sociedades cooperativas de producción deberán calcular Impuesto Sobre la Renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de un 20 %.
El impuesto que se haya determinado conforme al párrafo anterior después de aplicar en su caso la reducción a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley, será el que se acreditará contra el Impuesto al Activo del mismo ejercicio y será el causado para determinar la diferencia que se podrá acreditar adicionalmente contra el Impuesto al Activo en los términos del artículo 9º., de la Ley del Impuesto al Activo.
Para tales efectos, deberán de cumplirse con los siguientes requisitos:
Primero.- Podrán optar por tributar conforme a este título todas aquellas cooperativas que se dediquen a una actividad lícita de beneficio social en las actividades siguientes: Agricultura, ganadería, silvicultura, fruticultura, pesca, extracción y beneficio de minerales metálicos, industria textil, fabricación de calzado, elaboración y/o envases de refresco, aguas gaseosas y purificadas, fabricación de cemento, cal, yeso y derivados, industria mueblera, industria azucarera, elaboración de alimentos y considerados de la canasta básica y todas aquellas que por la naturaleza de su operación realicen sus actividades integrando a los procesos productivos el 100 % de los insumos de procedencia nacional, entre otras, de beneficio social, excepto aquellas que realicen actividades del Sistema Bancario Mexicano como lo señala el artículo 3º. Del título de la Ley de Instituciones de Crédito.
Segundo requisito.- El número mínimo de socios cooperativistas para poder constituir la sociedad cooperativa, será la que señala la fracción V del capítulo primero del título segundo de la Ley de Sociedades Cooperativas.
Tercer requisito.- Los trabajadores, socios cooperativistas tendrán la obligación de hacer una aportación mínima con el objeto de demostrar su carácter de socio cooperativista en los términos del artículo 50 capítulo cuarto del título segundo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que dependerá de las actas y bases constitutivas de cada sociedad cooperativa en particular.
Cuarto requisito.- Las sociedades cooperativas estarán obligadas a proporcionar una declaración informativa de los empleos nuevos directos o indirectos creados en el ejercicio, donde se incluirá respectivamente, el número del Registro Federal de Contribuyentes y la manifestación de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Quinto requisito.- Las sociedades cooperativas tendrán la obligación de certificar ante notario público, la lista de sus socios cooperativistas cada ejercicio fiscal y presentar la misma anexa a la declaración del ejercicio en la fecha que se señala para tales efectos en esta misma Ley.
El resultado final del ejercicio de terminará como sigue:
Primero.- Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulados obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título.
Segundo.- A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar en ejercicios anteriores.
El impuesto del ejercicio se pagará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.
Las sociedades cooperativas de producción que realicen exclusivamente actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y fruticultura, podrán aplicar lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 81 de esta Ley que les favorece positivamente.
De tal forma que esta iniciativa que hoy complementamos y que hoy reconfirmamos, y que hacemos petición a esta Honorable Asamblea para su apoyo, le pedimos a la señora Presidenta que la publique y la inscriba íntegramente en el Diario de los Debates y con esto no abusamos más de su tiempo.
Es cuanto. Muy amables compañeros.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Monárrez y de acuerdo a su solicitud favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates, si no ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria hacer lo propio y turnarse a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.
Se encuentran en este salón de sesiones de la Cámara de Diputados los alumnos del CEBETIS Número 65 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. ¡Sean todos ustedes bienvenidos!
Ellos han sido invitados por el diputado Roberto Colín Gamboa.
Muchas gracias por su presencia alumnos y personal del CEBETIS.
(Aplausos)
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en materia de administración federal.
El diputado José Antonio Cabello Gil (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.
El diputado José Antonio Cabello Gil (PAN):
Compañeras y compañeros Diputados;
Jóvenes estudiantes que nos visitan en esta mañana:
El ejercicio del gasto público no puede ni debe ejercerse discrecional o arbitrariamente sino que debe estar sujeto tanto a criterios de racionalidad administrativa como a la ley. En este sentido uno de los conceptos de gasto público más importantes es el que tiene que ver con el de los servicios personales, pago de nómina, sueldos, así como la entrega de bonos, incentivos, estímulos y recompensas a servidores públicos.
Dicha entrega debe realizarse con toda objetividad, con estricto apego a la ley y reduciendo márgenes de discrecionalidad que puedan existir en esta materia. Para ello es importante que existan criterios claros y objetivos que den certidumbre, claridad y transparencia en la entrega de estos recursos.
Si bien es cierto que esto se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación, también es cierto que ésta es una enorme con alcances temporales limitados a un año, existiendo la posibilidad de que cada año estos criterios puedan cambiarse u omitirse. Por ello, resulta necesario añadir una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto para precisar los criterios bajo los cuales se entregarían los recursos que hemos señalado.
La iniciativa pretende varios objetivos fundamentales:
1o. Plantear las bases para la proyección de las percepciones extraordinarias como figura que complementa las percepciones ordinarias a las que hace referencia la ley.
2o. Regular las diversas formas que adopten las percepciones extraordinarias.
3o. Coadyuvar a garantizar tanto a la sociedad como a los propios servidores públicos la correcta y equitativa aplicación de la partida presupuestal que contenga los recursos destinados al pago de estas percepciones extraordinarias, eliminando la discrecionalidad a la que puedan estar sujetas la entrega de estas percepciones.
4o. Incentivar y elevar la calidad del servicio público.
5o. Ser un elemento importante para evitar conductas indebidas en la función pública al eliminar espacios de corrupción.
6o. Establecer condiciones que garanticen la eficacia del quehacer público.
7o. Crear una cultura en la función pública basada en valores éticos.
Hay que destacar finalmente que esta iniciativa responde plenamente con los principios y lineamientos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señora Presidenta.
(Aplausos)
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias señor diputado Cabello Gil y de acuerdo a su solicitud favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Marcos Morales Torres del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma el Artículo 117 de la Ley de Institucionales Nacionales de Crédito.
El diputado Marcos Morales Torres (PRD): Con su anuencia presidenta. El que suscribe diputado Marcos Morales Torres perteneciente al grupo parlamentario del Partido de loa Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión y con fundamento en los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa de reforma al Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El secreto se refiere a situaciones que se tienen reservadas, la palabra procede del latín "cercenere" que hace alusión a una cosa separada, aislada, rodeada de obstáculos, con el fin de que no se conozca.
En la vida jurídica es necesario el secreto para la protección de la intimidad de las personas de un asunto que solamente unas cuantas pueden conocer y que si se difunden puede provocar un perjuicio.
El secreto regulado en la legislación se divide en secreto profesional, secreto bancario y el fiduciario. El secreto profesional se refiere a servidores públicos o prestadores de servicios, que por la naturaleza de sus funciones conocen aspectos de la vida íntima de personas.
El secreto bancario es una especie de secreto profesional, aquí el prestador de un servicio, en este caso, las actividades de banca y crédito, tienen información privilegiada sobre las operaciones que realiza cliente determinado. Esta información, puede utilizarse, por ejemplo, por compañías que compran los datos de operaciones con tarjetas de crédito, para incidir de alguna manera en el consumo de productos o servicios.
El secreto bancario está contenido en los Artículos 117 y 118 de la ley vigente de Instituciones de Crédito y es el resultado de la evolución de la ahora abrogada Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 en su Artículo 115 fracción II que contenía los principios básicos de esta figura jurídica.
Actualmente el secreto bancario en México esta de tal forma regulado, que no permite que los funcionarios y empleados bancarios puedan denunciar ante las autoridades competentes, montos que presumiblemente puedan ser de actividades ilícitas, al contrario si lo hacen, pende sobre ellos la amenaza de la responsabilidad civil y penal.
Ante esta limitación los empleados y funcionarios bancarios se convierten en la práctica en cómplices de operaciones sospechas sin oportunidad de denunciar, por ello, la cultura de la denuncia no forma parte del sistema bancario mexicano.
Adicionalmente esta regulación no permite que autoridades con facultades de investigación y supervisión, puedan solicitar y disponer de la información sobre las cuentas bancarias.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de sus facultades para Reglamentarias, por medio de circulares dispone qué autoridades pueden consultar las cuentas bancarias, es decir, ésta es una facultad discrecional desmesurada, más aun, los servidores públicos de las diferentes dependencias públicos, con facultades de investigación y supervisión, tienen la obligación e guardar el secreto profesional, por lo que una denuncia directa no se contrapone con la protección de la intimidad de las personas.
La sociedad moderna evoluciona y entra en contradicción con las figuras jurídicas tradicionales, como es el secreto bancario, la delincuencia organizada utiliza estas fallas jurídicas, para seguir actuando con impunidad.
El delito que más utiliza el secreto bancario, es el establecido en el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal llamado Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita, conocido como lavado o blanqueo de dinero.
En el ámbito internacional el grupo de acción financiera internacional GAFI, es un organismo intergubernamental autónomo, auspiciado por más de 20 naciones, cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, cuyo proceso consiste en ocultar el origen ilegal del dinero de naturaleza criminal, para ello, el GAFI ha elaborado una serie de recomendaciones, sobre la base de una experiencia de una veintena de países.
Estas recomendaciones del GAFI existe una participación más activa de los países por medio de las instituciones financieras, de sus empleados y de sus funcionarios, esto implica protección a la denuncia ante las autoridades competentes.
Así el Ministerio Público está limitado en sus facultades constitucionales de investigación porque en el Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se le menciona como autoridad facultada para pedir informes de manera inmediata a la institución bancaria, con el fin de integrar, rápida y correctamente, la averiguación previa. Actualmente, para que la ostente el ministerio público debe realizarse por intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de los directores generales, subprocuradores o el mismo Procurador General de la República, perdiéndose tiempo valioso en la investigación y por lo tanto en el combate de los delitos.
Por razones de tiempo no se le da lectura al documento completo y por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Título Sexto, de la Protección de los Intereses del Público. Artículo 117: "Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicios, salvo cuando las pidieren debidamente fundamentada y motivada, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en que el titular sea parte o acusado; el ministerio público local o federal, conforme a las facultades constitucionales de persecución e investigación de los delitos; la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública, los órganos de control locales, el Instituto Federal Electoral y las autoridades hacendarias federales y locales por conducto de la Comisión Nacional Bancaria.
Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables. Por violación del secreto que se establezca, las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto sin derecho a personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, a reparar los daños y perjuicios que se causen, aunque tendrán la obligación de denunciar al ministerio público o autoridad competente las operaciones que consideren extrañas o que se realicen con recursos de probable procedencia ilícita. Lo anterior en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria toda clase de información y documentos que en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, le solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten".
Transitorio.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinarán, conforme a sus competencias de regulación financiera, las actividades extrañas que permitan sospechar la comisión de algún ilícito, publicándolas a través de reglas generales en un término no mayor de 60 días naturales a partir de la vigencia de la presente reforma.
Presidenta, solicito la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Marcos Morales.
De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción IX al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
La globalización del comercio no se refleja solamente en mayores ingresos económicos, sino también en mayores exigencias por parte de los compradores y consumidores con respecto a los diferentes productos que un país decide importar. En México los instrumentos económicos vigentes en materia ambiental aún no desarrollan toda su potencialidad y existen numerosas oportunidades donde pueden obtener, tanto mejores y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales, como menores volúmenes de contaminación si se utilizan adecuadamente los instrumentos económicos.
Se debe propiciar la sustitución de insumos y el mejoramiento, ahorro y cambios de combustibles y fuentes de energía; la incorporación de procesos y tecnologías más limpias, la reducción, reutilización, neutralización, reciclaje y adecuada disposición final de los residuos generados; la necesidad de evitar la transferencia de contaminantes entre medios receptores y la incorporación de los agentes económicos en programas de autorregulación ambiental.
En la economía global actual las iniciativas de los gobiernos de los países industriales están creando presiones de mercado para grandes y pequeñas compañías, para que adopten normas ISO-14.001 o dejarlas fuera de los mercados principales.
Básicamente la adopción de estas normas obliga a las compañías a afectar al tema ambiental, una estructura específica para poder conseguir las mejoras ambiéntales que se exigirán y para bajar costos ambientales a través de estrategias, como por ejemplo la prevención de la contaminación.
En breve, las normas ISO-14.001 configurarán un sistema que esencialmente privatizará las regulaciones ambiéntales, ya que las exigencias ambientales del comercio internacional, serán una prioridad aún mayor que el cumplimento de las regulaciones legales locales.
Como consecuencia de ello, se potenciará el autocontrol de los establecimientos industriales en el cuidado del medio ambiente y se valorizará la figura de la auditoría ambiental, ya sea interna como externa.
Durante los pasados 2 años, la situación económica de México ha restringido severamente la capacidad del gobierno y de la industria para continuar avanzando, al mismo o mayor ritmo del que se tenía, sobre los aspectos críticos de la calidad ambiental.
A pesar de estos retos, México continúa dando una alta prioridad a la protección y en la mejora ambiental a través de una mezcla interesante de iniciativas ambiéntales obligatorias y voluntarias.
El gobierno debe incrementar su apoyo hacia mejoras ambiéntales en las pequeñas y medianas empresas, basándose en la prevención y en las mejoras de las eficiencias de operación, ya que el 90 por ciento de las empresas mexicanas son consideradas como pequeñas y medianas.
Estas empresas enfrentan por lo general la carencia de los recursos más básicos y de una conciencia ambiental. Los mecanismos de defensa de los seres vivos y los procesos de degradación, pueden verse rebasados ante la abundante introducción al comercio y al ambiente de grandes volúmenes y de diversas sustancias, muchas de ellas nuevas y con propiedades peligrosas, por lo que se requieren fortalecer los mecanismos para lograr su manejo seguro y prevenir riesgos.
La producción más limpia es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eficiencia ambiental y se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.
La Procuraduría Federal de la protección al ambiente, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debe ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la ley ambiental responda al ideal de justicia que la población demanda. En una sociedad en la que cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser humano y la naturaleza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza.
Dicha ley al regular las adquisiciones del sector público, tiene un gran impacto como instrumento económico para modificar conductas y adoptar normas de producción y comercialización de bienes y servicios que permitan un desarrollo sustentable.
Debemos continuar fortaleciendo instrumentos económicos vigentes en materia ambiental y seguir desarrollando su potencialidad y numerosas oportunidades para obtener mejoras y más eficientes formas de aprovechamiento de nuestros ecosistemas y recursos naturales como menores volúmenes de contaminación.
En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde, presenta decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 y una fracción X al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar en los siguientes términos.
Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 para quedar como sigue:
Adicionalmente la Secretaría de Economía, mediante las disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales, determinará aquellos productos que desde que se extraen de la corteza terrestre, se sintetizan o procesan en las industrias, se transportan, almacenan, comercializan, utilizan, reciclan o convierten en residuos que se tratan y que tengan un manejo eficiente y ambientalmente favorable, con objeto de que se reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.
Artículo 2°. Se adiciona una fracción X al artículo 23, para quedar de la siguiente forma:
Promover acciones que propicien la proveeduría con empresas que cumplan con los requisitos de auditoría ambiental, establecidas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Velasco Coello. Favor de turnar a la Comisión de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 248, cinco párrafos al artículo 464 de la Ley General de Salud y adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
La diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba (PRI): Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.
La diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba: La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Debido a que la alimentación de los seres humanos es en la actualidad una prioridad ineludible a satisfacer, los requerimientos de alimentos de origen animal se han incrementado sustancialmente por parte de la sociedad, tanto en cantidad como en calidad. En este contexto los productores de alimentos de origen animal, han aprovechado los adelantos, tanto tecnológicos como científicos, que les han permitido incrementar la producción en un lapso de tiempo menor.
Sin embargo, si bien es cierto que se obtienen importantes resultados en el peso, volumen y tiempos de crecimiento de los animales, éstos tienen una repercusión dañina en la salud humana, cuando son consumidos como alimentos, ejemplo de ellos son: problemas de resistencia a los antibióticos hormonales y casos de intoxicaciones por sustancias químicas.
Uno de ellos es el clenbuterol, que se define como un agente agonista de los receptores adrenérgicos, utilizado frecuentemente como broncodilatador en el tratamiento del asma bronquial, bronquitis asmática y bronquitis espástica. Actúa después de unirse a estos receptores, provocando una serie de reacciones a nivel del organismo, que dan como resultado final la relajación de la musculatura bronquial, favoreciendo así la respiración.
La ingesta de carne de animales engordados con elevadas cantidades de betagonistas, método muy común utilizado por algunos productores de carne, causa efectos graves en el consumidor, alteraciones de la tiroides, disfunciones metabólicas o intolerancia a la temperatura, son algunos de los efectos que causa la ingesta humana de estos fármacos.
Regularmente el consumo de estos medicamentos con fines distintos a los que fueron originalmente diseñados, causa efectos secundarios nocivos para la salud, como la taquicardia, nerviosismo, temblores, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio y posibles espasmos musculares. También causa insuficiencia hepática, glucosuria, aumento en crisis epilépticas y mareos vertiginosos, imposibilitando a las personas para desarrollar sus tareas habituales por un periodo de uno a treinta días o inclusive, hasta causar la muerte. El caso del cilpaterol y la ractopamina el efecto es menor, pero también se presenta.
Es verdaderamente preocupante la utilización cada vez más extendida entre los ganaderos, de estos fármacos, para la obtención de mayores rendimientos mercantiles en la cría del ganado en perjuicio de los consumidores.
En animales, el "clembuterol" y el "cipaterol", se utilizan en bovinos y caballos como broncodilatador y en yeguas como "tocolítico" para disminuir las contracciones uterinas. La toxicidad de estos medicamentos para consumo humano a través de la ingesta de carne, puede causar un aumento de la respiración y frecuencia cardiaca, llegando a observar lesiones en el miocardio y la "hepatoxicidad".
Ya que se emplean cantidades elevadas y administradas a los animales antes del sacrificio, va a ocasionar que una cantidad importante se quede retenida en el organismo, especialmente en el hígado, músculo y retina y éstos afectarán al consumidor, según su susceptibilidad a este fármaco, llegando a afecciones graves e incluso la muerte, como lo comenté anteriormente.
El uso de los medicamentos "beta agonistas" de la manera descrita en los párrafos anteriores, es ante todo un procedimiento desleal y como tal reprobable y debería ser severamente castigado, pero sólo alcanza en México penalidades de tipo administrativo como son multas y clausura de establecimientos.
Las consecuencias para la salud pública por el consumo del "clembuterol" y el "cipaterol" en productos de origen animal, es peligrosa por su actividad cardiovascular.
Hasta la fecha, las Secretarías competentes carecen de capacidad de monitoreo para analizar toda la carne que se consume en el país, aunado a la forma poco programada de comercialización del ganado para el abasto y un buen número de estos animales está siendo sacrificado con menos de tres días de retiro del "cipaterol", que esto va incluso en contra de las instrucciones exigidas por el fabricante.
Entonces es evidente que el uso de los "veta agonistas" conlleva a peligros en particular, si se utilizan dosis excesivas de este agente con el ánimo de incrementar ganancias o por el mal manejo del principio activo en estas premezclas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan los artículos248 y 464 a la Ley General de Salud y una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se considere delito grave y se sancione severamente a las personas que promuevan, comercialicen y utilicen las sustancias "beta agonistas" en el proceso de engorda de animales destinados para consumo humano, que es un uso distinto para los que originalmente fueron diseñados y elaborados.
Señora Presidenta, solicito la incorporación del texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputada Consuelo Rodríguez de Alba.
De acuerdo a su solicitud, favor de integrar el texto completo en el Diario de los Debates y turnarlo a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona una fracción al artículo 3 y el título décimo cuarto bis sobre reproducción asistida, a la Ley General de Salud.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez (PRD): Con su permiso, compañera Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, diputado.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: En las últimas décadas hemos sido testigos de grandes progresos en todos los campos de la medicina moderna, en particular los estudios de fecundación y reproducción humana han permitido avanzar en el conocimiento de las causas de la infertilidad, definida como la incapacidad para lograr un embarazo después de un año de sostener relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva.
Aún cuando los números varían de un estudio a otro, se calcula que la infertilidad afecta a nivel mundial entre 8 y 15 por ciento de las parejas en edad reproductiva, lo que representa un problema de salud de gran repercusión social.
La aplicación de las técnicas de reproducción asistida tiene diversos antecedentes: el primero informe de la utilización de la fertilización in Vitro en conejos reportado en 1930 por "Pinkus", el primer nacimiento en 1953 de un niño por inseminación artificial con semen congelado por "Bunge y Sherman", la realización en 1955, del primer Congreso Mundial sobre Esterilidad y Fertilidad; las recomendaciones del noveno Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en La Haya en 1964, que planteaba que las leyes nacionales reconocieran la posibilidad de la inseminación artificial con el consentimiento de los esposos; el nacimiento, en 1978, de Luis Brown, la primera bebé de probeta, lo que constituyó un momento importante para la ciencia, ya que permitió que a partir de entonces miles de personas se beneficiaran con el empleo de ésa y otras técnicas de reproducción asistida; la primera transferencia de un embrión al útero de otra mujer que no era la madre genética, realizada en 1984 y en ese mismo año, En Australia, el nacimiento de Suw Leila, resultado de un embrión previamente congelado.
La reproducción asistida generó, desde sus primeros antecedentes, controversias éticas y legales que hicieron necesario que en diversos países se conformaran comités y comisiones interdisciplinarias responsables de analizar las técnicas de reproducción asistida y sus complicaciones.
Así tenemos, por ejemplo, el análisis ético y legal de las técnicas de reproducción asistida de 1962, en Suecia; el Informe Warno, en el Reino Unido, en 1982; el Informe Benda, en 1985, en Alemania, y el Informe Palacios, en España, en 1986.
En el aspecto legislativo destaca el Reino Unido que se ha caracterizado por ser innovador en avances genéticos y reproductivos. Ejemplo de esto son los descubrimientos de la doble hélice de ADN, realizado por los investigadores Jane Watson y Francis … en los Laboratorios Cavendith, y el primer nacimiento por fecundación in vitro, en 1978.
En Alemania, la Ley de Protección a Embriones, que entró en vigor en 1991, establece una serie de prohibiciones relativas a la utilización de la investigación con embriones humanos.
Es importante destacar que, siendo una de las legislaciones más restrictivas, define al embrión como el óvulo humano ya fecundado y capaz de desarrollarse a partir del momento de la fusión nuclear, lo que hace factible la quiro conservación de cigotos, es decir, óvulos fecundados antes de que se produzca la fusión nuclear.
Para evitar embarazos múltiples y embriones sobrantes se prohibe, en Alemania, fecundar un número superior de óvulos de los que se pretente transferir en el mismo ciclo. Esta transferencia intratubérica de gametos autoriza, como máximo, la transferencia de tres óvulos. Prohíbe, además, la maternidad subrogada, la clonación reproductiva, la creación de híbridos y quimeras y la reproducción posmorten.
En España, el Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación in vitro e inseminación artificial humanas del Congreso de Diputados de 1986, conocido como el Informe Palacios, derivó en las leyes 35 1968 sobre técnicas de reproducción asistida y la Ley 42 1988, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u Organos, regulación moderada que permite la donación de gametos y pre embriones.
Esta donación deberá ser gratuita y secreta; prohíbe la maternidad subrogada y reconoce el derecho a la filiación de los hijos nacidos de una reproducción posmorten, siempre y cuando el marido hubiera consentido en escritura pública o testamento que su material reproductor fuera utilizado por su esposa en los 6 meses siguientes a su fallecimiento.
La Ley 45 2003, promulgada el 21 de noviembre modificó, después de 15 años, la aplicación de la Ley 35 1968 por considerar que la investigación y la práctica médica habían superado las previsiones contenidas en ella, en particular en lo relativo al elevado número de pre embriones humanos sobrantes, que se ha venido acumulando y cuyo destino no estaba claramente precisado.
En México existen disposiciones aislada e incompletas, por lo tanto de difícil aplicación, sobre la investigación en fertilización asistida y la disposición de células germinales en la Ley General de Salud y en los reglamentos en materia de investigación para la salud y de órganos y tejidos y cadáveres de seres humanos.
Dado lo conflictivo e ideologizado del tema durante décadas, se ha propuesto su regulación específica, a pesar de que desde hace varios años vienen operando diversas clínicas sin ningún tipo de certificación, algunas de las cuales incluso han sido denunciadas por los propios especialistas, y de que se estima existen aproximadamente más de mil embriones congelados en nuestro país.
De acuerdo con la información de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, únicamente 12 de los centros de reproducción asistida que operan en México se encuentran incorporados a la Red, que tiene como objetivo recopilar, analizar, publicar y distribuir los resultados de las técnicas de reproducción en sus centros.
Proponemos legislar sobre este tema desde una perspectiva ética, en la que prevalezca el respeto del pluralismo ético y el derecho a la libertad reproductiva, buscando que la aceptación o rechazo de cada precepto se argumente desde el supuesto de una correcta información y sin motivaciones interesadas ni presiones ideológicas, confesionales, partidistas, sustentándolo únicamente en una ética de carácter laico, en la aceptación de una realidad confrontada con criterios de racionalidad.
La presente iniciativa no pretende regular la clonación con fines terapéuticos. Ello deberá ser objeto de una iniciativa distinta.
Existe ya un análisis de las recomendaciones recogidas en los foros organizados por la Comisión de Salud de la 59 Legislatura de esta Cámara de Diputados. En la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México del 27 de abril de 1999 y en diversas iniciativas que otras fracciones parlamentarias, sobre todo Acción Nacional han puesto a la discusión en este pleno.
En la presente iniciativa se reconoce la reproducción asistida como un medio para hacer efectiva la libertad reproductiva desde el respeto de los derechos sexuales y reproductivos que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por México.
Asimismo existe la obligación del médico responsable de conocer e proyecto reproductivo de cada pareja e informarles de la posibilidad de éxito de la intervención y los posibles riesgos para la salud y para la posible descendencia.
Por considerar que se puede ser instrumentalizado el cuerpo de la mujer, en particular el de las más vulnerables, que son las mujeres pobres, se declara nulo de pleno derecho cualquier contra de alquiler de útero o maternidad sustitutiva o subrogada con o sin precio.
La iniciativa que se somete a consideración va acorde con la evolución de las técnicas de reproducción asistida que en la actualidad han convertido en práctica habitual la transferencia de tres embriones, limitación que ya se refleja en algunas legislaciones como la española, que autoriza la transferencia al útero de un máximo de tres embriones en una mujer en cada ciclo, dejando a los profesionales responsables del proceso de reproducción asistida la decisión del número de homositos a fecundar en el mismo ciclo reproductivo.
Se regula la autorización de unidades o servicios como bancos de semen, laboratorios de semen, por capacitación espermática, unidades de inseminación artificial, centros y unidades de fecundación in vitro y bancos de embriones, definiendo claramente las reglas y plazos de conservación destacando la necesidad de que los usuarios firmen un documento de responsabilidad sobre los productos crío-conservados y prohibiendo la críoconservación, donación o utilización de un embrión después de que haya aparecido la línea primitiva.
Asimismo se establece el carácter anónimo y no lucrativo de la donación de gametos o embriones preimplantatorios, críoconservados y los requisitos que debe satisfacer el donante, aclarando que cuando del donante haya resultado seis nacidos vivos, sus gametos no podrán ser utilizados con fines de reproducción asistida.
En los casos de donación se permite la investigación en gametos y embriones críoconservados y no viables, sujetándolo a lo dispuesto por esta ley y sus disposiciones reglamentarias.
Se establece el Consejo de Fertilización Humana y Embriología como una instancia dependiente de la Secretaría de Salud, multidisciplinaria e integrada por expertos en técnicas de reproducción asistida y representantes de la sociedad civil, la cual tendrá entre otras atribuciones, proponer las normas oficiales mexicanas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad,, para la organización, funcionamiento y certificación de los establecimientos donde se apliquen estas técnicas para la organización y funcionamiento del registro Nacional de Donantes Gametos y Embriones; apoyar proyectos de investigación, diagnósticos terapéuticos con gametos y embriones críoconservados donados para este fin y escuchando la opinión de la Comisión Nacional de Bioética, así como evaluar sus resultados.
Se adiciona al artículo 462 bis para imponer de uno a cuatro años de prisión y multa por el equivalente de 1000 a 4000 días de salario mínimo general vigente. A quien disponga de células germinales o gametos con fines distintos a los autorizados, a quien revele la identidad de donadoras de células germinales o gametos, a quien utilice las técnicas de reproducción asistida para fines de selección de sexo, salvo en los casos de antecedentes de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales.
Se adiciona el artículo 462 bis para imponer de cuatro a diez años de prisión y multa el equivalente de 4 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, a quien transfiera gametos o embriones no humanos al útero de la mujer o produzca híbridos y quimeras; a quien comercialice o dé uso industrial a los embriones y sus células, a quien extraiga células o tejidos de embriones o fetos en desarrollo de la placenta o sus envolturas o de líquido amniótico, si no es con fines de diagnóstico prenatal y a quien realice técnicas de reproducción asistida en menores de edad o incapaces y a quien modifique al genoma del individuo sin fines terapéuticos.
Por lo anterior los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática nos permitimos someter a esta cámara de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III de l Ley General de Salud y título 14 bis sobre reproducción asistida.
En obvio de tiempo, suplico a usted que la iniciativa íntegra sea incluída en el Diario d elos Debates.
Muchas gracias.
Un comercial. Se les va a entregar a cada uno de los compañeros diputados en su curul un folleto sobre reproducción asistida que elaboramos algunos miembros del PRD y algunas otras personas y que tuve la oportunidad de coordinar. Y van a tener también como un acto simbólico, en el Día de la Lucha Contra el SIDA a cada uno se le va a entregar un preservativo también en su curul.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado García Tinajero. Y de acuerdo a su solicitud, favor de insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la comisión de Salud.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de los mayores desafíos, vivimos en una era signada por el envejecimiento global sin precedente, una de cada 10 personas en el mundo tiene 60 años y más, y para el año 2050 se espera que esta proporción se duplique.
En nuestro país existen 7.9 millones de individuos longevos y se prevé que para el año 2005 habrá 8.1 millones de ancianos. En el 2025 se incrementará a 18.4 millones y en el 2050 será de 36.2 millones, lo cual nos impone mayores exigencias económicas y sociales.
Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo reconsiderar el papel que tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada desempeñan en nuestra sociedad. Las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos y realizan una importante contribución a la estructura de nuestra sociedad.
Sabemos que las personas mayores tienen necesidades específicas, pero también habilidades especiales y una experiencia única. Las mujeres y los hombres mayores en todas partes contribuyen con recursos, destreza y experiencia a sus familias, comunidades y naciones.
Por ello, la promoción de medios favorables para el desarrollo social de las y los adultos mayores es una de las metas centrales que debemos tener, un medio que potencie su capacidad y su desarrollo debe ser una realidad.
El entorno en el que viven las personas de edad se torna sumamente importante a medida que envejece, pues los lugares que se consideraban como adecuados pueden convertirse en una carrera de obstáculos para las personas de edad. A medida que las personas de edad envejecen la discapacidad se torna más común y la movilidad más y más limitada, con lo cual se reduce la accesibilidad. Por ello son las adecuadas entornos seguros y propicios a accesos y atención preferente a los servicios, son necesidades básicas para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida.
La mayoría de las personas mayores desea seguir participando como miembros activos de la sociedad, trabajando y viviendo lado a lado con sus familias y sus comunidades. Desean ser involucradas en los programas de desarrollo. Contribuir con su experiencia y conocimiento acumulado y aprender destrezas nuevas para mantenerse asimismo y apoyar a su familia.
El aumento de la población de adultos mayores es un hecho indiscutible y por ello se ha convertido en una preocupación pública. La sociedad debe garantizar a todos sus miembros un conjunto de derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona humana. La familia es el único núcleo básico de la formación de las personas y de la sociedad y ella debe ser apoyada con acciones concretas por parte del Estado.
Un entorno físico que tenga en cuenta a las personas ancianas puede establecer la diferencia entre independencia y dependencia para todas las personas, pero son de especial importancia para las que están envejeciendo.
El incremento de las expectativas de vida, gracias a los adelantos médicos, científicos y tecnológicos, representa para México el desafío de generar nuevas formas de relación, que contemplen una sociedad en la cual el respeto, la solidaridad y la justicia, sean prioridad.
Es necesario una sociedad que promueva que los adultos mayores sigan manteniendo su autonomía e independencia y que les permita estar vigentes y dar un pleno sentido a su vida. Debemos responder a las necesidades de las personas adultas mayores y al mismo tiempo reconsiderar el papel que, tanto las mujeres como los hombres de edad avanzada, desempeñen en nuestra sociedad, y así poder brindar una mejor calidad de vida.
Para el Partido verde Ecologista de México es de interés fundamental respaldar proyectos que tengan un beneficio para la sociedad y el país, la vehez es el crisol de la virtud, la sabiduría y de la vida, la fuente de la experiencia y el testimonio vivo de valores, virtudes vivas y en plenitud.
Por ello, nos permitimos someter a la consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión el presente decreto por el que se adiciona una fracción IX al Artículo 5º. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5º.- De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objetivo garantizar a las personas adultas mayores, los siguientes derechos:
Fracción IX.- Del acceso a los servicios:
Tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que presentan servicios al público.
Los servicios y establecimientos de uso público, deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.
Contar con asientos reservados en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.
Por su atención muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Kawahgi.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Pedro Avila Neváez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto para inscribir en letras oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del estadista mexicano Adolfo López Mateos.
El diputado Pedro Avila Nevárez (PRI): Con su permiso compañera presidenta. Compañeros diputados. Compañeras diputadas. Venimos a presentar esta iniciativa para honrar el hombre estadista y patriota, por su obra al servicio de la nación, por sus acciones que dieron honor a nuestro país en el mundo entero, al reconocer esta obra que hizo de la energía eléctrica las venas que permitieron ensanchar la planta industrial del país y que dio al más pobre la oportunidad de tener luz en sus hogares, seguro es que el pueblo de México hará un reconocimiento a aquel hombre, que tuvo en sus manos el destino de la patria y que más allá de sus errores como ser humano, sobrevive la grandeza de la tarea cumplida para las generaciones de mexicanos, que siguieron después de su mandato, que heredaron un país con la fortaleza de sus instituciones y su soberanía, en el uso de los energéticos que siguen siendo pilar del desarrollo.
Nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México en 1910 y murió en la ciudad de México en 1969. Se inició en la política estudiantil como alumno de la escuela nocturna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar donde conoció al licenciado José Vasconcelos, e imbuído por el espíritu universitario, formó parte del grupo de estudiantes que lucharon por la autonomía universitaria. Ese grupo de estudiantes y maestros, comprometidos con la lucha social, que pusieron en riesgo su propia vida.
El siempre se declaró un izquierdista con la Constitución en la mano, desde donde llevó sus ideales revolucionarios en su lucha por un México mejor.
Fue Director del famoso Instituto Científico y Literario de Toluca, donde se comprometió con la educación popular y gratuita y con el espíritu de aquellos grandes hombres liberales que construyeron a la patria y a su historia.
Senador de la República de 1946 a 1958, donde emprendió su carrera como hombre de Estado que lo llevaría primero a comprometerse con la lucha de los obreros y el sindicalismo nacionalista al ser Secretario del Trabajo de 1952 al 58 y llevar ya como anhelo el justo reclamo del reparto de utilidades, que más adelante lo hizo ley al ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Llegó a la Presidencia de la República para el periodo 1958 a 1964, desde el primer momento aquel hombre que había sido empapado por la educación socialista y la lucha de Lázaro Cárdenas por la soberanía del país, puso al servicio de la nación toda su capacidad e inteligencia. Bajo su administración México alcanza un crecimiento industrial nunca visto, logrando diversificarlo en varias ramas, entre ellas destaca la industria automotriz, que tuvo una época de resplandor que nunca hemos vuelto a tener. El crecimiento económico ha sido uno de los más altos de nuestra historia, cuidando siempre el beneficio de la clase obrera al establecer el reparto de utilidades que mejoró el ingreso económico de los obreros, gran enseñanza para los actuales gobernantes conservadores.
López Mateos, comprometido con los ideales de la Revolución Mexicana, con el pueblo y principalmente con los campesinos, distribuyó la tierra más que ningún otro Presidente. La repartición de la tierra había sido casi olvidada desde tiempo del patriota Presidente Lázaro Cárdenas como una meta de la Revolución Mexicana, pero López Mateos dio todo su esfuerzo a favor del ejido y a la defensa de éste.
Una de sus grandes decisiones es la nacionalización de las compañías eléctricas propiedad de americanos y canadienses, decisión que demuestra su gran nacionalismo y al hombre que, despojado de egoísmo oportunista entregó a la patria sus riquezas. La nacionalización de la industria eléctrica, ahora amenazada por los conservadores y neoliberales, permitió al país impulsar el desarrollo de la industria mexicana al subsidiar el consumo, tanto para los industriales como para los pobres. Desgraciadamente el Gobierno de Fox quitó ese subsidio a la gente pobre. Poco o nada han hecho también los industriales en beneficio de los más pobres de México.
Su vida ahora resalta ante un Ejecutivo que pretende acabar con la seguridad social y privatizar las instituciones al servicio del pueblo. El expandió el aparato de seguridad social. Entendiendo que la gran mayoría del pueblo mexicano no tenía acceso a la seguridad social, al deporte y a la cultura, amplió los servicios al fortalecer al Instituto Mexicano de Seguridad Social, construyendo grandes centros de salud, hospitales y centros de cultura, pero fue más allá al pensar en los trabajadores al servicio del Estado, creando el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que ahora se pretende privatizar. Esta política comprometida con el más necesitado es ahora una luz en las tinieblas de conservadurismo.
Como mexicano comprometido con los más necesitados, atacó vigorosamente los altos niveles de analfabetismo en México. Adolfo López Mateos crea la Comisión Nacional de Texto Gratuito en febrero de 1959, bajo la dirección del gran narrador de la Revolución, Martín Luis Guzmán. Este programa logra la distribución de millones de texto requeridos en las escuelas primarias de México.
Dio a los hijos de millones de mexicanos una de las grandes promesas de la revolución: educación para todos. La plataforma educativa en su administración se basó en el énfasis de las escuelas rurales, a los cinco años de su mandato la educación se convirtió en el mayor factor del presupuesto de México; cuán ejemplar es ahora este hecho.
Lanza el plan junto con Torres Bodet, el Plan de Once Años para elevar el nivel de educación en el país y reestableció la práctica de los desayunos gratuitos junto con su señora Eva Sámano de López Mateos, para los niños pobres de las escuelas primarias, programa que hasta la fecha garantiza el acceso a alimentos de la población infantil más necesitada.
Su entusiasmo por una cultura se hizo evidente en el hecho de organizar una serie de museos en los que se honraba la historia de México. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural y el de Antropología, encabezado por la figura de Tláloc, Dios de la Lluvia, el cual tiene escrito en la pared: "Para mirar con orgullo dentro del espejo de tu pasado".
En el área de la política exterior, manejó con dignidad las relaciones con los Estados Unidos de América al votar en contra de la expulsión de Cuba, de la Organización de Estados Americanos y convertirse en el único país en el hemisferio occidental que mantuvo su relación con Cuba, hecho que la historia lo coloca a lado de los grandes líderes del país que dieron su vida por mantener la soberanía de la nación frente a los ejércitos invasores.
Rescata el Chamizal, 600 sacres que más que el tamaño, significó un gran triunfo de actitud, de actitud nacionalista.
El Presidente López Mateos es historia en la diplomacia al recuperar una parte de nuestro territorio perdido, que ahora se vuelve una lección para los actuales responsables del Gobierno Federal, ante los tristes acontecimientos en la frontera norte donde mueren mexicanos en las arenas calientes de Arizona.
En cuanto a la soberanía del país y su defensa, su personalidad hizo que con la fortaleza de su patriotismo declarara el dominio nacional sobre la plataforma continental, lo que fortaleció su liderazgo en América Latina, agregando por su vocación bolivariana, apoyó la creación del mercado común latinoamericano, impulsó la firma del Pacto de Desnuclearización del Continente.
Este hombre sostuvo siempre la soberanía de la patria, la defensa del pueblo y la emancipación de las grandes libertades que la sociedad demanda; fue quien trajo los juegos olímpicos a México, fue quien defendió más a los pobres y a la patria.
Por lo anterior propongo a esta Honorable Soberanía, el siguiente decreto:
Único.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de esta Honorable Cámara de Diputados, el nombre del estadista mexicano, del gran mexiquense don Adolfo López Mateos.
Transitorio
Primero.- Facúltese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva al estadista mexicano don Adolfo López Mateos.
(Silbidos en el Salón)
Quienes chiflan, ya sabemos quiénes son, los reaccionarios, los que con la obra de López Mateos padecieron y allá en Monterrey, allá en Monterrey apedrearon a los que distribuían los libros de texto gratuitos.
¡Qué Viva Adolfo López Mateos! (Voces en el Salón: ¡Viva!)
¡Qué Viva México! (Voces en el Salón: ¡Viva!)
¡Que mueran los reaccionarios!
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias don Pedro Ávila.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se encuentran en el Salón de Sesiones, acompañándonos, invitados especiales de la diputada Adriana González Furlong, que vienen de Tlanepantla. (aplausos)
También están aquí con nosotros, invitados por la diputada Guadalupe Suárez, estudiantes del Instituto Cumbres. Bienvenidos sean ustedes. (aplausos)
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
La participación ciudadana es indispensable para la construcción de un país incluyente, moderno y democrático. Nos corresponde a nosotros como servidores públicos, circunscribir su participación por un bien común.
En México ha ocurrido en innumerables ocasiones que la ciudadanía, a través de asociaciones civiles religiosas o incluso políticas, rebasen cualquier expectativa de solidaridad, atendiendo sus necesidades y la de sus vecinos, conectándose con las más afectadas ante un desastre natural o ante los abusos perpetrados por terceros.
La sombría apatía de algunos gobiernos al no resolver problemas cotidianos que afecten la calidad de vida de su electorado, permiten que las dificultades que alguna vez fueron banales, cobren fuerza y complejidad en el tiempo. La pobreza, el desempleo, la marginación o el deseo ancestral de vivir mejor, son demandas que la colectividad no puede saber como satisfacer y requieren de orientación.
Detrás de los grandes conflictos como el agrario que tanto afectan al campo mexicano, pueden existir elementos que encontraron fortaleza en la apatía de sus gobierno y han derivado en cacicazgos, narcotráfico, grupos paramilitares, movimientos armados o luchas de poder entre comunidades. Estos elementos hacen sumamente complejo encontrar una solución ciudadana consensuada.
En algunas organizaciones, antes que los grandes conflictos se apoderen del escenario, las asociaciones de residentes han encontrado un medio óptimo de comunicación y cooperación económica, que les permita resolver problemas cotidianos que aquejan a su comunidad.
Problemas de seguridad, recolección de basura, alumbrado, bacheo, señalización y estética urbana, son aparentemente insuficientes, pero su abono deriva en la anarquía. Estas asociaciones al atender y resolver problemas que afectan a su población logran una plusvalía de su patrimonio, así como una sensible mejora en su calidad de vida y la de sus vecinos, mejorando con ello la integración de su identidad social.
La participación ciudadana ha tomado un nuevo cauce ya en 17 estados de la Republica, dado que se ha implementado un programa llamado "Iniciativa Ciudadana Tres por Uno". Este programa impulsa las iniciativas ciudadanas que en coordinación con los tres ordenes de gobierno, efectúan proyectos que mejoren las condiciones socio-económicas de la población sobre todo en comunidades con alto índice de migración y en condiciones de pobreza extrema.
Con esta acciones se logró aumentar la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno con los migrantes mexicanos interesados en la superación de la pobreza. Desafortunadamente otros más de 100 millones de mexicanos que no han emigrado al norte, siguen adoleciendo día, a día, las carencias que aquejan a sus comunidades, sin un programa integral de desarrollo que los incluya.
Debemos comprender que la demanda ciudadana se resume en el primitivo deseo de vivir mejor. Como parte de las aspiraciones genéricas de todo individuo, figura el vivir en un lugar más limpio, con mejores servicios, con árboles y jardineras, con parques, plazas y fuentes, con zonas donde los vecinos puedan conocerse e intercambiar ideas, con espacios donde sus hijos puedan jugar y crecer sanamente.
Ciertamente, es fácil argumentar que dentro de las necesidades que un gobierno municipal debe satisfacer a través de obra pública, figuran asuntos más urgentes que el embellecimiento estético de la mancha urbana.
Sin embargo, eso no significa que el contenido estético de la planeación urbanista carezcan de importancia, sino que los recursos son tan limitados, que no permite atender todas las necesidades que demanda la sociedad. Irónicamente el presupuesto permite sufragar otros gastos tal vez menos importantes o innecesariamente efímeros, tal es el caso de los altos costos publicitarios de las contiendas político-partidistas en tiempos de campaña.
La estrategia proselitista de atraer el voto ciudadano a través de inundar las calles con carteles persuasivos, pone de manifiesto el hecho de que los recursos económicos destinados a la democratización de México pueden llegar a cualquier rincón del país, sin embargo los recursos destinados a esa forma de democratización ensucian el paisaje, no informan a la ciudadanía y luego de la contienda electoral se convierten en toneladas de basura infructuosa, sin que el ciudadano haya recibido nada útil a cambio del gasto de ese recurso.
Si los aspirantes a ocupar puestos de elección popular, en lugar de saturar a la ciudadanía con agotadoras jornadas mediáticas se hiciera difusión a través del reconocimiento público por la ejecución de proyectos de mejoramiento estético urbano de los barrios o colonias que pretenden gobernar, el contexto democrático de nuestro país sería mucho más evolucionado, veraz y representativo de quienes son en realidad los aspirantes a gobernar.
En este sentido, manifiesto que la importancia del embellecimiento urbano radica en el hecho de que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes, aumenta la actividad turística, artística y cultural; genera empleos temporales y fijos; da plusvalía al patrimonio de los ciudadanos, contribuye a una mejor integración ciudadana, con lo que se le aumenta la vigilancia vecinal y por lo tanto, la seguridad; incentiva las actividades deportivas y la derrama económica que todo esto signifique.
La inserción de la sociedad civil, la iniciativa privada y los partidos políticos en el patrocinio de proyectos de pequeña y mediana envergadura que tengan por el objeto el mejoramiento estético y funcional del urbanismo, podría resolver problemas locales de manera inmediata sin tener que depender de un presupuesto federal determinado, que siempre parece ser insuficiente.
La falta de recursos económicos puede ser sustituida por la voluntad de hacer las cosas; la sociedad, los sectores productivos y la clase política podían otorgar la independencia económica que nos falta, para que pequeños proyectos con gran porvenir se puedan realizar y mejorar sensiblemente la plusvalía de una localidad.
La creación o reforestación de parques, el embellecimiento de fuentes, esculturas, relojes solares o monumentos conmemorativos; la "insertación" (¿) de jardineras en banquetas y camellones, la reparación y construcción de banquetas, glorietas, cruces peatonales, el rescate de monumentos históricos, el uniformar, asfaltar, delimitar o eliminar terminales de autobús, la creación de carriles exclusivos para transporte público, la iluminación de edificios, monumentos y fuentes, son tan solo algunos de los ejemplos de proyectos que se podrían emprender con la participación ciudadana, la iniciativa privada, partidos políticos, asociaciones civiles y/o recursos de los tres niveles de gobierno.
Por todo esto, en el grupo parlamentario de mi partido, creemos oportuno hacer las reformas necesarias para que la ciudadanía, los poderes públicos y la iniciativa privada, puedan patrocinar ordenadamente, so reconocimiento público, proyectos de obra pública que tengan por objeto el embellecimiento estético y la funcionalidad de la mancha urbana.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Cuauhtémoc Ochoa.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, del Distrito Federal y de Gobernación.
El diputado Juan Carlos Pérez Góngora, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, envió a esta Presidencia iniciativa que reforma los artículos 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación, relativos a los delitos de presunción de contrabando, contrabando equiparado y de defraudación fiscal equiparada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.
A solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se pasa la presentación de su iniciativa al final del capítulo.
En consecuencia, tiene la palabra el compañero diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica de la Ley de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
En virtud de que el diputado Amezcua Alejo no se encuentra en el salón de sesiones, pasa al final y en consecuencia, tendría el uso de la palabra la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 54, 57, 60 y 67 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
En virtud de que los oradores no están presentes en el salón de sesiones, habremos de continuar con los dictámenes de primera lectura.
El siguiente punto de acuerdo son precisamente los dictámenes de primera lectura de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, en grado de Gran Collar que le confiere el gobierno de la República de Bolivia.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Polonia.
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Y de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano presidente Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, del 6 al 11 de diciembre del presente año, a efecto de participar en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en Perú, el7 de diciembre del año 2004; asistir a la III Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de este mismo año; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004, publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera lectura.
En virtud de que el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación de inmediato.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato… (interrupción)…
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor, secretario. Sonido en la curul del diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís (desde su curul):Ciudadana Presidenta, de manera atenta solicito la palabra para fundamentar, a nombre de la Comisión, el presente dictamen.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, sólo que vamos a hacer el proceso como lo establece la reglamentación y en un momento le damos la palabra señor diputado.
El diputado Iván García Solís (PRD) (desde su curul): Muy bien. Gracias.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por la negativa:
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se dispensa la segunda lectura y tiene la palabra el diputado Iván García Solís, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadana Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores.
A casi 200 años de existencia del Primer Congreso Mexicano, el honorable Congreso de la Unión se reivindica hoy como un órgano de poder verdadero, auténticamente representativo y en ejercicio de sus facultades y autonomía constitucionales, por primera vez, quizá desde la tercera década del siglo XX.
Sin embargo, al mismo tiempo, ante los ojos del ciudadano se encuentra en problemas derivados de una normatividad constitucional e interna con muchos rasgos de obsolescencia e incluso de anacronismo.
Esta situación se concreta en la ausencia de normas constitucionales claras y suficientes, en una serie de aspectos que van desde las facultades de control político, que representan una función contemporánea esencial de los parlamentos, hasta la falta de claridad constitucional, particularmente en cuestiones como el Presupuesto de Egresos de la Federación. Igualmente es notable la falta de mecanismos ágiles de producción legislativa.
Al respecto y analizando las cifras, tenemos que de la confronta entre iniciativas presentadas contra las dictaminadas, los porcentajes han ido en decremento de manera alarmante.
En la LV Legislatura se dictaminó el 62 por ciento de iniciativas. En la LVI el 47 por ciento. En la LVII el 30, en la LVIII el 27 y del 1 de septiembre del 2003 al 9 de noviembre del 2004 esta nuestra VIX Legislatura lleva sólo el 8.2 de iniciativas dictaminadas.
Esto no es casual ni gratuito. Al mismo tiempo que la Cámara de Diputados reclama su lugar como poder, hay un notable incremento de los asuntos legislativos y simultáneamente una insuficiente asistencia de los diputados en comisiones y comités.
De acuerdo a cifras del Centro de Investigación y Docencia Económica, durante el primer año del ejercicio de esta legislatura el promedio de asistencia de los diputados a comisiones fue de poco menos del 42 por ciento.
Ante este diagnóstico, los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias resolvimos que la modificación a las reglas de producción legislativas insertas en nuestro marco jurídico es un paso urgente, necesario para afrontar y resolver esta situación.
Sin embargo, advertimos que a ese umbral llegaron otras legislaturas que presentaron propuestas de reforma para modificar estos ordenamientos, sin éxito.
Las iniciativas de Ricardo García Cervantes, Beatriz Paredes Rangel, Augusto Gómez Villanueva y Martí Batres Guadarrama, entre otros, dan cuenta de esta limitación.
Conforme al análisis realizado por la Comisión, la dificultad está en que las cámaras distintas en materias, facultades, integración y procedimientos actualmente están sujetas a un ordenamiento que regula tanto las sesiones conjuntas de Congreso General como las disposiciones de cada cual por separado.
En tal circunstancia fue preciso dilucidar si la legislación actual es vigente para las sesiones de cada cámara, actuando por separado, y la Comisión realizó un basto y prolijo examen histórico y político de la situación para poder concluir con este dictamen.
Dentro de los resultados del trabajo de investigación queda claro, a la luz de dicho análisis, repito, que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General fue planteado como un ordenamiento muy ambicioso, que regulaba la estructuración de las cámaras, las sesiones conjuntas de las mismas, la Comisión Permanente y todo tipo de sesiones.
El crecimiento del número de miembros de las cámaras, la complejidad y amplitud de los temas legislativos, la ampliación de sus facultades y la demanda pública ciudadana de una mayor y mejor intervención de este poder dentro del sistema presidencial mexicano han rebasado ampliamente a nuestro Reglamento y crearon la necesidad de establecer ordenamientos en dos niveles: en las materias comunes, Congreso General, Comisión Permanente, reuniones de Conferencia, cuyo procedimiento seguirá siendo bicamaral, así como en las materias de estructura y funcionamiento de cada una de las cámaras, cuyo procedimiento debe ser exclusivamente unicamaral. Así lo establecieron los legisladores en 1979 en la Ley Orgánica del 25 de mayo. Esta perspectiva, sin embargo, encaró el problema del principio de legalidad en un país en que es una exigencia la facultad expresa para la realización de estos actos.
Hubo que resolver si está vía era la adecuada, toda vez que la Constitución no señala que cada Cámara pueda hacer su propio ordenamiento y más aún que este ordenamiento se sujete a un proceso distinto bicamaral señalado en la Constitución.
El derecho de una asamblea a darse sus propias normas es una necesidad elemental de orden inherente a todo conglomerado, es parte intrínseca de la naturaleza de una voluntad colectiva que desea tomar acuerdo y este acto democrático ejercido por la mayoría rebasa cualquier afectación individual.
El proceso de creación de estas normas, es único y especial por el carácter de las mismas y por tanto no se pueden regular por los ordenamientos generales establecidos, sino por los que son propios a su naturaleza e inherentes a su objeto.
Finalmente, según una posición cada vez más extendida, no es en absoluto necesario confundir al Reglamento con la Ley para alcanzar consecuencias más allá del parlamento y obligar a otros poderes desde este ordenamiento.
En el mundo pocos más de 40 países tienen sistemas bicamarales. De ellos sólo dos: Bolivia e Italia, cuentan con disposiciones constitucionales expresas para que cada una de sus cámaras realice con independencia de la otra, sus propios ordenamientos. En el resto, cada cámara realiza su reglamentación con autonomía de la otra sin facultad expresa y sin procedimiento bicamaral.
Por ello esta Cámara, pensamos perfectamente, convenientemente, de manera útil, puede tener sus procedimientos internos sin facultad constitucional expresa. Esta es una parte fundamental del alegato que presentamos para tener el derecho pleno de construir nuestro propio Reglamento.
Esta reforma entonces al artículo 3º., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que faculta expresamente a las Cámaras para darse reglamentos internos, constituye un primer paso, así lo entendemos, en el indispensable proceso de actualización del marco normativo interno del congreso de la Unión para mejorar de inmediato los procedimientos legislativos tanto en comisiones como en los plenos de las cámaras; proceso que sabemos deberá continuar con el fortalecimiento de las facultades de control político del Congreso, a fin de poner al día, uno de los principios básicos de la democracia, que el poder controle al poder.
Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Al presentar a ustedes este dictamen y pedir de manera atenta y solidaria su voto, estamos en la convicción de que si esto es así, si esto se aprueba, tendremos condiciones par que en breve plazo nuestra Cámara, como también así el Senado, dispongan de ordenamientos propios que faciliten sus trabajos y por lo tanto mejoren no solamente su eficiencia, sino correspondan mejor al papel de representantes populares que les ha asignado la nación.
Muchas gracias.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Iván García Solís.
En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se han registrado para fijar posición de los grupos parlamentarios, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra.
El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con la venia de la Presidencia.
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La materia de la reforma que hoy discutimos y votamos es de vital importancia para ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Se trata de que tanto la Cámara de Senadores como esta Cámara de Diputados podamos aprobar nuestros propios reglamentos y acuerdos sin intervención de la Colegisladora.
Sabemos que las normas jurídicas que regulan la estructura y funcionamiento de las Cámaras del Congreso de la Unión son, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en virtud de que las disposiciones del Reglamento Interior son omisas, confusas y en muchas ocasiones inaplicables para la nueva realidad de la Cámara de Diputados es por lo que nos hemos visto en la necesidad de aprobar innumerables acuerdos parlamentarios, pero el aspecto fundamental es que no contamos con un reglamento moderno y actualizado que nos permita realizar de manera más eficaz nuestra importante tarea legislativa.
Por ejemplo, el Senado de la República ya tiene tiempo trabajando en su propio Reglamento. En esta Cámara de Diputados el grupo de trabajo que integró la Junta de Coordinación Política para la reforma del Congreso, también hemos venido trabajando en la elaboración de nuestro propio reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, es necesario contar con la facultad, derivada ésta de la Ley Orgánica, para que podamos contar con nuestro propio Reglamento. En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se nos presenta por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está suficientemente discutido y se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Se pide se hagan los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
De viva voz la diputada Miriam Muñoz. A favor.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Diputada presidenta, le informo que se emitieron 419 votos en pro y una abstención.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 419 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el Artículo 3º. Numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano (PAN): Señores u señores legisladores. El siguiente punto del Orden del Día es el proyecto de decreto que concede autorización al Ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 6 al 11 de diciembre de 2004, a efecto de participar en la reunión extraordinaria del Consejo Presidencial Andino a celebrarse en Perú el 7 de diciembre de 2004; asistir a la Tercera Cumbre de América del Sur, a realizarse en Cuzco, Perú, el 8 de diciembre de 2004; y para hacer una visita oficial a la República de Bolivia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004.
Consulte por favor a la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Secretario.
Se le dispensa la Segunda Lectura.
Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del proyecto de decreto.
En virtud de que esta presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Por lo tanto, se pide a la Secretaría, se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior, abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(Votación)
De viva voz los diputados
Miriam Marina Muñoz Vargas: A favor
Miguel Angel Toscano Velasco: A favor
Ricardo Alegre Bojórquez: A favor
Jesús González Schmal: A favor
Martha Laguette Lardizábal: A favor
Marcela Lagarde de los Ríos: A favor
Rómulo Salazar: a favor.
Diputado Murat: a favor.
Diputado Quintín Vázquez: a favor.
Diputado Filemón: a favor.
Diputada Ruth Hernández: a favor.
Diputada Cárdenas Sánchez, a favor.
Señor Presidente, se emitieron 404 votos a favor, cero en contra, 10 abstenciones.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Secretario.
Aprobado el proyecto de decreto por 404 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48, se adiciona la fracción XXXVII al artículo 3º y los artículos 47 Bis y 47 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se le dispensa la segunda lectura.
Señoras y señores legisladores. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo llegar a la Presidencia de la Mesa Directiva, fe de erratas al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fe de erratas que ha sido previamente ya distribuida a los ciudadanos diputados. No obstante que la Comisión califica el documento como fe de erratas, esta Presidencia por prurito reglamentario instruye a la Secretaría consulte a la asamblea si aprueba que esta fe de erratas se incorpore al dictamen de referencia.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Con mucho gusto.
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si es de considerarse la fe de erratas en el dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: El texto pertinente del documento entregado por la Comisión se incorpora al dictamen de referencia.
Se concede el uso de la palabra a la diputada doña Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán(PVEM): Con su permiso diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Adelante diputada.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Compañeras y compañeros diputados:
México se ubica dentro del selecto grupo de países que se consideran como megadiversos del mundo, ya que dentro del territorio nacional se encuentra un gran número de ecosistemas y de especies de vida silvestre.
Este privilegio también conlleva a una enorme responsabilidad, ya que todos los mexicanos debemos conservar la riqueza natural de nuestro país, atendiendo al principio de corresponsabilidad en materia de protección al ambiente, previsto por la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por esta razón, el sistema jurídico mexicano cuenta con instrumentos de política ambiental que permiten proteger la variabilidad biológico y ecosistémica del país.
De dichos instrumentos jurídicos, las áreas naturales protegidas se han constituido como el más desarrollado para conservar la biodiversidad, así como para garantizar la continuidad de los servicios ambiéntales vitales.
Por ello, actualmente más del 8 por ciento del territorio nacional se encuentra sujeto al régimen especial de protección de las áreas naturales protegidas y la actual administración tiene como meta alcanzar el 10 por ciento para el año 2006.
La LEGEPA es el ordenamiento jurídico encargado de regular todo lo relativo a las áreas naturales protegidas. En este sentido, desde el año 1988, desde que entró en vigor, esta Ley estableció la definición de áreas naturales protegidas así como el procedimiento para su declaratoria y los instrumentos que permiten su adecuada planeación y manejo.
La importancia de su establecimiento radica en que como instrumento de protección de la diversidad biológica, se crean con la finalidad de conservar espacios que no han sido alterados significativamente por el hombre, constituyéndose como porciones del planeta terrestres o acuáticos en donde el ambiente natural no ha sido esencialmente afectado y que están sujetas a regímenes especiales de protección.
Es importante señalar que si bien es cierto que en la legislación ambiental se aborda este instrumento, también lo es que la manera en que se vincula con las áreas naturales protegidas no es la más adecuada.
Al respecto, se ha identificado la necesidad de contar con una definición clara de zonificación para posteriormente vincular ambos instrumentos de política ambiental.
Asimismo se señala que las zonificación se encuentra regulada dentro del Reglamento de la LEGEPA en materia de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a pesar de ello, la forma en que se prevé difiere de la misma de la misma ley, al preverse en el multicitado instrumento la posibilidad de zonificación en materia de áreas naturales protegidas para todas las categorías de manejo, mientras que en la ley a la cual regula, solamente se hace referencia a la zonificación parar una categoría de manejo: la reserva de la biosfera, razón suficiente para sujetar estas disposiciones a una reforma.
Por esta razón, dentro del capítulo dedicado a este instrumento de protección de la naturaleza, encontramos disposiciones relativas a los estudios previos justificativos para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, la clasificación de los polígonos de las reservas de la biosfera en zonas núcleo y de amortiguamiento y el contenido de los programas de manejo que faciliten su adecuada gestión.
Asimismo, dentro de la regulación que la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente hace de otros instrumentos de política ambiental, se determina la relación que estos guardan con las áreas naturales protegidas.
Por lo que hace al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, definido en el artículo 28 de la ley en comento y mediante el cual se establecen las condiciones a que se sujetarán los proyectos de obras y actividades que puedan incidir de manera negativa en el ambiente o rebasar los límites y condiciones contenidos en las disposiciones aplicables para proteger y conservar el equilibrio ecológico, en este sentido la fracción XI de este artículo determina que los proyectos de obras que se pretendan ejecutar dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, tendrán que someterse a este procedimiento de evaluación previa.
Lo mismo se presenta en los ordenamientos ecológicos locales, toda vez que en el artículo 20 Bis 5 fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento diputada, por favor suspendan el cómputo del tiempo.
A solicitud del señor diputado don Leonardo Álvarez, esta Presidencia ruega a los señores legisladores prestar atención a la diputada oradora que está en la tribuna con la cortesía que se le debe.
Continúe diputada.
La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Gracias señor Presidente, gracias diputado Álvarez.
Lo anterior hace evidente la relevancia transversal de las áreas naturales protegidas como instrumento de protección ambiental, ya que las mismas inciden directamente en la formulación y ejecución de otros importantes instrumentos de la política ambiental.
La LGEEPA como cualquier instrumento jurídico, requiere de adecuaciones que permitan que sus disposiciones normativas se adapten a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad y a las condiciones del ambiente.
Por otro lado, los artículos han demostrado su imprecisión, por lo que requieren de modificaciones que permitan que las áreas naturales protegidas cumplan con sus objetivos, previstos por el artículo 45 de dicha ley.
En el artículo en comento se prevé la evaluación de impacto ambiental como el instrumento de política ambiental, encaminado a que la autoridad evalúe el impacto que las obras o actividades causarán sobre el medio ambiente, mediante un procedimiento a través del cual, establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de las mismas, en caso de que éstas causarán desequilibrios ecológicos o rebasaran los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.
Tal es el caso del anteriormente citado artículo 28 fracción XXI de la LGEEPA, en el cual se omite sujetar las actividades que se lleven a cabo dentro de las áreas naturales protegidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con esta omisión se le resta eficacia a la evaluación de impacto ambiental, como instrumento encaminado a prevenir y mitigar el deterioro ambiental, máxime cuando dicho menoscabo se puede realizar dentro de un área natural protegida.
Por otro lado, la regulación de la zonificación de las áreas naturales protegidas que actualmente hace la LGEEPA, resulta confusa e imprecisa, lo que permite inferir diversas interpretaciones de un solo precepto, debilitando la necesaria planeación de dichas áreas.
Coincidiendo plenamente con lo expuesto en la iniciativa, la falta de una definición en la legislación ambiental del término "zonificación", contribuye sensiblemente a la indeterminación de dicho instrumento planificador. La zonificación representa el medio a través del cual se aplicarán a la realidad las modalidades a la propiedad y las restricciones a la ejecución de actividades productivas, previstas en diferentes ordenamientos jurídicos, en aras de contribuir con la protección y conservación de los ecosistemas y de las especies de vida silvestre.
Por ende, la zonificación constituye la esencia misma de las áreas naturales protegidas, en cuanto que éstas representan un régimen especial de protección al querer sujetarse a cualquier forma de propiedad o los derechos sobre los recursos naturales que en ella se encuentran.
Aunado a esto, la zonificación es el medio que permitirá compatibilizar los objetivos de protección ambiental y del cuidado de los recursos naturales de todos los tipos de áreas naturales protegidas, con la posibilidad de que se lleven a cabo actividades productivas que resulten compatibles con dichos objetivos. Por lo tanto la zonificación permitirá que las áreas naturales protegidas se conviertan en modelos para el desarrollo sustentable y por ende, que los pobladores de las mismas mejoren su calidad de vida.
Sin embargo el hecho de que la LGEEPA contenga los conceptos de zona-núcleo y de amortiguamiento dentro del artículo que define las reservas de la biosfera, hace pensar que el espíritu del legislador, sólo pretendió aplicar la subdivisión a este tipo de área natural protegida y no a todas las categorías de manejo.
Estas imprecisiones jurídicas motivaron al Poder Ejecutivo Federal, a intentar subsanarlas a través del reglamento de dicha ley en materia de áreas naturales protegidas, el cual entró en vigor el 30 de noviembre de 2000.
Dicho reglamento prevé todo un artículo de conceptos jurídicos, el cual complementa las definiciones previstas en la LGEEPA, disposiciones relativas a la administración y manejo de las áreas naturales protegidas, la integración del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los consejos asesores y una serie de normas que determinan la zonificación y subzonificación para todas las categorías de las áreas naturales protegidas.
Asimismo en el presente reglamento se dispone que todas las categorías de áreas naturales protegidas, podrán ser subdivididas en zonas núcleo y amortiguamiento, las cuáles a su vez, podrán ser clasificadas en subzonas.
Con esto, a pesar de ser un esfuerzo conveniente para dotar a la autoridad de los instrumentos de planificación necesarios para la adecuada gestión de las ANPES, se excede lo dispuesto en la ley, corrigiéndose el riesgo de que la zonificación prevista en este ordenamiento reglamentario, sea impugnado ante su falta de fundamento jurídico.
Por todo lo anterior, es de gran importancia que el presente dictamen se vote a favor, ya que aporta elementos necesarios para la debida administración de las áreas naturales protegidas.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias diputada.
Antes de continuar con la fase que sigue en este dictamen, señoras y señores legisladores. Se encuentran en este recinto un grupo de alumnos de la escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial del municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, invitados por la diputada, doña Blanca Estela Gómez Carmona, a los que les damos la bienvenida. Bienvenidos, jóvenes.
Hecha la fundamentación del dictamen por la Comisión en los términos del artículo 108, se abre la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto y para tal efecto, esta Presidencia tiene registrados a los siguientes oradores:
En pro el diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; también en pro la diputada doña Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se le concede el uso de la palabra a don Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI): Con su venia, diputado Presidente.
El tema que nos ocupa...
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Un momento, don Héctor, por favor.
Ruego a los señores legisladores, con toda atención por parte de la Presidencia, prestar atención debida a la discusión de este dictamen.
Gracias.
Adelante, don Héctor.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado Presidente.
El tema que nos ocupa el día de hoy son diversas modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.
Estamos en presencia de una minuta del Senado de la República que lamentablemente contiene diversas fe de erratas presentadas el día de hoy y que por consecuencia, la minuta no puede ser aprobada en sus términos y tendrá que regresar al Senado de la República para las adecuaciones correspondientes.
Más sin embargo, deja de manifiesto diversos conceptos que están obscuros en la ley o no previstos dentro de la propia ley, básicamente en el tema de "áreas naturales protegidas" y la propia "zonificación" y esto nos lleva en dos vertientes que es conveniente precisar el día de hoy:
Obviamente apoyamos la propuesta presentada, sin lugar a dudas; pero nos deja una enseñanza muy importante. El Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, conforme al artículo 89 fracción I de nuestra Constitución, puede reglamentar la exacta observancia de la ley, pero tiene dos límites: no puede ir ni más allá de la ley ni en contra de la ley.
Es decir, el día de hoy, el Congreso de la Unión, una vez más, señala en forma muy clara que la atribución de legislar es del Congreso de la Unión, no del Presidente de la República; que no obstante sus buenas intenciones de cubrir vacíos en la ley, no es su facultad.
Esto nos ayuda también a dejar un precedente en una controversia constitucional que actualmente sostiene esta Cámara de Diputados con relación al Reglamento de Juegos y Sorteos publicado el pasado 26 de septiembre del año próximo pasado.
Y por otro lado, el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, señala el tema "responsabilidad civil por violación a esta legislación". Me preocupa que sigamos legislando con normas imperfectas, normas sin sanción.
¡Qué bueno que ya aclaramos lo que son las áreas naturales protegidas!, ¡qué bueno que ya aclaramos conceptos de zonificación!, pero debemos dejar y precisar cuáles son las consecuencias de la violación a esas determinaciones, a esas determinaciones previstas dentro de la propia legislación.
Actualmente, esta Cámara de Diputados tiene el análisis y estudio de una minuta del Senado de la República; una minuta correspondiente a la Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental. Yo exhorto de la manera más respetuosa a mis pares, a mis compañeros diputados, a que nos aboquemos a trabajar en el tema de la responsabilidad civil por daño y deterioro ambiental.
No sigamos legislando con normas imperfectas, con normas que no tienen sanción. Aboquémonos al tema, podemos no coincidir en ello, lo que no podemos permitirnos es excluirnos de un debate que es muy importante: la preservación del medio ambiente.
Muchísimas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor diputado don Héctor Gutiérrez de la Garza. Para hablar en pro, se le concede el uso de la palabra a la diputada doña Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Lorena Torres Ramos (PAN): Con su permiso señor Presidente.
Para el Partido Acción Nacional, el medio ambiente, la ecología y el desarrollo sustentable y la protección de estos, es un compromiso permanente que precisa el deber y la responsabilidad del grupo legislativo y del Estado.
En la defensa de nuestros recursos tanto renovables como no renovables que permita el mejor uso de esos recursos en tiempo y aprovechamiento, optimizando así nuestras reservas y los productos que podemos obtener de ellas, pugnando de esta manera por un medio ambiente sano y limpio.
De esta manera me permito señalar que con respecto a esta minuto proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 28 y 48, y se adiciona –por un lado- la fracción XXXVII al artículo 3º, y por otro lado los artículos 47 bis primero, de la LEGEPA, obedece a nuestra necesidad de ser responsables con los ciudadanos que han depositado toda su confianza en nosotros, a efecto de actuar de manera responsable en el tema que permita mantener el orden y equilibrio ecológico en contra de las actividades que perjudica nuestro entorno y el de las futuras generaciones; permite determinar las zonas con las que deben contar las áreas naturales protegidas, haciendo de esta manera un desarrollo más sustentable.
Es así que como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, impulsaremos el ordenamiento y la homologación de las distintas leyes y competencias que la materia ambiental tiene, para eficientar la labor de protección de la biosfera en conjunto con los diferentes ámbitos gubernamentales.
Los proyectos que impulsaremos, incorporarán el planteamiento de protección y preservación del medio ambiente.
La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, debe ser tal que permita la satisfacción, las necesidades de los hombres sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza y por tanto la existencia de las generaciones futuras.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, diputada doña Lorena Torres Ramos. Agotado el turno de oradores, se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretaria. Suficientemente discutido.
Se instruye a la Secretaría para que se abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, recordando a los señores legisladores que, de acuerdo con el acuerdo parlamentario, pueden votar hasta que se cierre el sistema electrónico. Podrán votar después sólo los que avisen daño en el aparato biométrico. Adelante, secretaria.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas: A favor.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: Diputado presidente, se emitieron 411 votos en pro, ninguno en contra y 3 abstenciones.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, con las incorporaciones aprobadas por la asamblea, por 411 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 48, se adiciona la fracción 37 al artículo 3 y los artículos 47 bis y 47 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314 fracción II y 350 bis 6 de la Ley General de Salud.
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se le dispensa la lectura. Se le concede el uso de la palabra al señor diputado don José Angel Córdoba Villalobos, por la Comisión, para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, me dirijo a ustedes para presentar la fundamentación del dictamen por medio del cual se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 bis 6 de la Ley General de Salud.
Por su dignidad, los hombres son iguales por naturaleza y no se debe hacer distinción alguna entre éstos, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno.
La importancia de respetar la dignidad humana es la excelencia o jerarquía que tiene el ser humano sobre los demás seres corpóreos en virtud de su naturaleza racional.
Esta no se extingue con la muerte, por lo que se debe dar un trato digno al cadáver de todo ser humano.
Sólo es a partir de los años 50 que nuestro país inicia oficialmente la certificación de las defunciones de forma obligatoria ante procesos legales, civiles o penales.
Debido a nuestro bagaje histórico, esta práctica fue delegada a las instituciones religiosas y sólo hasta 1860 es que se crea el Registro Civil.
Años más tarde, en 1986, año en el que para entender el proceso de salud-enfermedad se modifican los certificados de defunción para adaptar e incorporar un mayor número de datos del difunto, la causa del deceso, incluyendo las muertes dentro del útero materno, entre otras.
Esta manera de elaborar los certificados de defunción sigue vigente y son el principal instrumento para los informes de mortalidad, ya sea que ocurra en útero o sea muerte fetal o después del nacimiento.
La Ley General de Salud dedica todo un capítulo para referirse a los certificados comprendidos entre ellos los de defunción y muerte fetal.
De conformidad con lo anterior y con el artículo 392 de la propia Ley, corresponde a la Secretaría de Salud elaborar los modelos de estos documentos y publicarlos en el diario Oficial de la Federación, lo cual se hizo el 21 de noviembre de 1986.
Esta preocupación no sólo ha sido manifestada por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó la minuta objeto de este dictamen el 5 de diciembre del 2003, y nosotros los diputados de la LIX Legislatura aprobamos, como ustedes recordarán, el proyecto de decreto que reforma, entre otros, el artículo 314 de la Ley General de Salud el 15 de diciembre del mismo año, dentro de un grupo de artículos que se referían a muerte encefálica con fines para transplante de órganos.
Es evidente, pues, el interés del Congreso de la Unión respecto a este tema. Sabemos bien que las causas que condicionan la mortalidad en nuestro país, han variado respecto de aquellas que se presentaban en décadas anteriores.
Los certificados de defunción y de muerte fetal, además de servir como constancias que acreditan la realización de los hechos a que los propios certificados se refieren, contienen datos útiles tanto para efectos estadísticos como para establecer índices y causas de mortalidad a través del aprovechamiento de su información.
Nunca es sencillo, ni siquiera para nosotros como médicos, hablar de la muerte. Pero es necesario e impostergable abordar temas como éste, ya que la información contenida en estos certificados puede ser la base de las políticas y acciones en la salud pública de nuestro país.
Por estas razones, compañeros legisladores, solicito su voto aprobatorio al presente dictamen a nombre no sólo de los integrantes de la Comisión de Salud, sino de todos los médicos mexicanos que encontraremos en esta reforma un instrumento fidedigno para emitir un documento veraz de repercusión innegable.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Angel Córdoba Villalobos, y habiéndose hecho la fundamentación del dictamen, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Esta Presidencia tiene registrado, para hablar en pro, al señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se le concede el uso de la palabra.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez (PAN): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros legisladores: Hago uso de esta tribuna a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional para apoyar el dictamen de las reformas a la Ley General de Salud, en materia de garantizar el destino final a todos los cadáveres, incluyendo el de los fetos.
Para Acción Nacional uno de los principios fundamentales es el reconocimiento a la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte.
El concepto de dignidad ha evolucionado sustancialmente desde que este valor surgió en la sociedad en la antigua Roma, hasta que fue incorporado en nuestra cultura occidental.
Pasó de ser una conquista individual a un derecho inherente a la condición del ser humano. Es decir, la dignidad humana otorga derechos inalienables...
Pasó a ser una conquista individual a un derecho inherente a su condición del ser humano, es decir, la dignidad humana otorga derechos inalienables que persiguen fines de protección y derecho para todo ser humano. En este sentido el Estado debe asumir su deber de preservar la dignidad de todo individuo, lo cual se inscribe en la declaración universal de los derechos humanos y que nuestro país se acogen en nuestra Constitución en la cual prevalece el concepto de que la dignidad pertenece a todo ser humano por el simple hecho de ser persona, la cual atiende a todo individuo en todas las etapas de su vida.
El trato digno de las personas, incluyendo a los fetos, atiende a estos derechos. Por lo que consideramos que deben apoyarse todas las propuestas que tengan el espíritu de proteger la vida y la dignidad humana y en este caso la dignidad de los cadáveres de los fetos.
En nuestro país establece diversas disposiciones sobre el manejo de los cadáveres, sobre todo en materia de salud ya que como todos sabemos un mal manejo de ellos puede provocar diversas enfermedades derivadas de la descomposición de los cuerpos y que pueden causar daños a la salud. No obstante, se carece de una claridad específica sobre los cadáveres de los fetos que no sean reconocidos o reclamados, es decir, hay un vacío legal en la actualidad respecto al trato digno que debe de darse a todo ser humano, el cual no se extingue con la muerte, incluyendo al de los fetos que no sean reclamados.
El dictamen que ahora nos ocupa es de trascendental importancia para garantizar que los cadáveres de los fetos que no sean reconocidos tengan un destino final, un trato digno, a la que toda persona tiene derecho.
Como complemento de lo establecido en los artículos vigentes que atienden lo relacionado al manejo de los cadáveres, esta propuesta persigue un fin loable desde diversas perspectivas como lo son el atender a la dignidad del ser humano, así como evitar problemas de salud.
Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de la dignidad humana, con lo que se reconoce la igualdad entre todas las personas, por lo que desde el ámbito de nuestra competencia tenemos la encomienda de vigilar que estas definiciones prevalezcan en toda nuestra legislación para estrechar los vacíos legales y atender el mandato de nuestra Carta Magna, que en el artículo 1o. dicta que queda prohibido toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
En este sentido en Acción Nacional afirmamos que la dignidad de la persona debe atenderse desde su concepción. Por ello, compañeros y compañeras Legisladores, nos sumamos al apoyo de este dictamen y esperamos que todos unamos nuestros esfuerzos y voluntades para que nuestro país sea un digno representante de los derechos humanos y en donde prevalezca el interés del individuo como persona y en conjunto hagamos una sociedad donde se privilegien los valores universales.
Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado don José Luis Treviño Rodríguez.
Agotados los oradores registrados para la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Suficientemente discutido.
Se instruye a la Secretaría disponga se abra el sistema electrónico por cinco minutos.para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
(Votación)
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Mientras transcurre el tiempo para votación, les informo que tenemos hoy la visita guiada de los alumnos de la Universidad del Valle de México Campus Hispano Americano, invitados por el señor diputado don Salvador Marcos Losornio, a quienes damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir señores.
(Aplausos)
El Secretario Marcos Morales Torres: De viva voz:
Diputada Miriam Marina Muñoz Vargas: A favor.
Señor presidente se emitieron 330 votos a favor 81 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias Secretario.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 330 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 314 fracción II y 350 Bis-6 de la Ley General de Salud.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Señoras y señores legisladores, la H. Junta de Coordinación Política ha presentado a la presidencia el pedimento para que sea modificado el Orden del Día de la Sesión de hoy, jueves 2 de diciembre de 2004, a efecto de que sea inscrito en el mismo los siguientes Puntos de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta H. Cámara, con la finalidad de que éstos sean sometidos a discusión de esta soberanía de inmediato por su evidente relevancia.
El primero de ellos:
Proposición con Punto de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protect Arizona Now en el estado de Arizona.
Y el segundo:
Proposición con Punto de Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la Iniciativa HR10 en el Congreso de Estados Unidos de América.
Se instruye a la Secretaría para que se consulte a la Asamblea, en primer término, si se modifica el Orden del Día para incluir de inmediato estos dos Puntos de Acuerdo.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se incluyen estos dos puntos en el Orden del Día.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias señor Secretario. Por lo tanto, se incluyen estos dos puntos en el orden del día para ser considerados de inmediato, si la asamblea estima que deben tratarse como asuntos de urgente y obvia resolución. Para tal efecto y parar dar a conocer el primero de ellos, se concede el uso de la palabra al señor diputado don Rogelio Alejandro Flores Mejía, a nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (PAN): Gracias señor Presidente.
Quienes suscribimos diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la iniciativa Protec Arizona Now, del estado de Arizona, con base en las siguientes consideraciones:
Desde los años 50 el Gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso a los migrantes ilegales a su territorio, este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187, ley que reforma la inmigración ilegal y la responsabilidad de inmigrantes de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza, volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de 3 a 10 años, aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.
Otras medidas para disuadir y controlar el mismo son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997, como la Operación Guardián en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia en Nogales, Arizona; la Operación Portero, en El Paso, Texas; la Operación Salvaguardia y Río Grande, en la frontera con el estado de Texas.
Ante este escenario, el objetivo central del Gobierno Norteamericano a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentado en la hipótesis de que entra más duras sean las medidas menor será el grado de migración hacia estos estados y sus ciudades, aun cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas. La Iniciativa Protec Arizona Now fue aprobada en plebiscito ciudadano en el estado de Arizona con el 56% de votos a favor durante las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de Norteamérica. Su puesta en marcha implicaría la restricción o negación de los servicios en materia de educación, seguridad, recreación, cultura y salud a cualquier persona que no demuestre la nacional estadounidense con documentos oficiales.
En una declaración abiertamente racista por parte de Kathy Mckey, principal promotora de esta propuesta, señaló que los migrantes indocumentados destruyen la cultura y el idioma de los estadounidenses, violan las leyes del país, contribuyen a aumentar la criminalidad y hacen uso de servicios y asistencia pública que son pagados con dinero de los contribuyentes estadounidenses.
Por las consideraciones antes mencionadas, el punto de acuerdo que proponemos a esta honorable soberanía es el siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la aprobación de la puesta en marcha de la iniciativa Protec Arizona Now en Estados Unidos, por considerarla una iniciativa profundamente racista, discriminatoria e inhumana, que no contribuye a un deseable entendimiento bilateral en materia migratoria.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de los consulados mexicanos en Arizona utilice los recursos administrativos y judiciales pertinentes, para hacer valer en todo momento el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en esa localidad.
Tercero y último. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reconoce las declaraciones sobre el particular que han hecho la Gobernadora demócrata Janeth Napolitano, el senador federal republicano, John Mckey (¿); los representantes federales republicanos Jim Colvey y Jeff Blake y los alcaldes de Phoenix y Tucson, rechazando esta propuesta. Asimismo, celebramos la disposición y el interés que ha mostrado la coalición denominada (no se entiende) Arizonians for Real Inmigration Reform, presidida por el ex procurador general de Arizona, Grand Woods, el Consejo Nacional de la Raza y todas aquellas organizaciones y personalidades en Arizona que proponen reformas de fondo para resolver los problemas de cientos de miles de migrantes en aquél estado.
Señor Presidente, le solicito que el presente punto de acuerdo sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Gracias, señor diputado.
Como lo solicita el señor diputado don Rogelio Alejandro Flores Mejía, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si este asunto se considera como de urgente resolución.-
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Se considera de urgente resolución.
Se abre a discusión el punto de acuerdo.
Como esta Presidencia no tiene oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Se instruye a la Secretaría disponga se abra el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para recibir la votación.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: ¿Es votación económica?
El Presidente Juan de Dios Castro Lozano: Es que no es dictamen. Reconoce la Presidencia y rectifica.
Se recabe en votación económica, señor Secretario.
El Secretario Antonio Morales de la Peña: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los que estén por negativa.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra (PRI): Aprobada.
Comuníquese.
El segundo punto es el punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncie enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos de América.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Francisco Javier Guizar Macías para dar a conocer a la asamblea el contenido del documento.
Un momento diputado, antes de seguir adelante, en relación con el proyecto de decreto de la Ley General de Salud, la Presidencia hace una precisión que quedó aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314 fracción II y 350 Bis-6 de la Ley General de Salud.
Y se reitera el trámite de devolución al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adelante, señor diputado.
El diputado Francisco Javier Guízar Macias (PRI): Gracias, señor Presidente. Con su anuencia.
Esta es una proposición con punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores que proponemos que sea de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncie enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.
Quienes suscribimos, diputado miembros de esta Comisión, en base a las facultades que nos otorga nuestra Ley Orgánica, el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a todos ustedes, este punto de acuerdo con las siguientes:
Consideraciones
El pasado 8 de octubre, la Cámara de Representantes debatió y aprobó con 282 votos a favor y 134 en contra la denominada ley "HR-10", que dice implementar las recomendaciones de la comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense, mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de los Estados Unidos.
La propuesta, además de no permitir el uso de la matrícula consular como forma de identificación en Estados Unidos, le dará poderes extraordinarios al gobierno federal para minar derechos inalienables de los migrantes en ese país.
Entre otras disposiciones esta ley determina la expulsión de extranjeros, sin darles derecho a una revisión administrativa o judicial en sus casos. Restringe el derecho al asilo, autoriza deportaciones mientras está pendiente un proceso de apelación en una corte de inmigración; establece la revocación de visas y otros documentos de viaje por el Departamento de Estado y prohíbe la Agencia Federal, aceptar licencias de manejo u otros documentos de identidad emitidos por un estado de la Unión Americana.
Esta previsto que el próximo lunes 6 de diciembre, último día de sesiones del congreso en pleno de Estados Unidos, el Senado estadounidense discuta esta iniciativa, de aprobarse constituiría un retroceso considerable en materia de regulación migratoria en Estados Unidos, que afectaría distintas áreas sensibles para los migrantes en el vecino país.
Destaco entre ellas, las que tienen que ver con la matrícula consular. Según los datos de la Embajada de México en Estados Unidos, las matrículas consulares son aceptadas en la actualidad, entre 177 ciudades, 167 condados, 178 instituciones financieras y 1,180 departamentos de policía. Entre 33 estados, al menos una autoridad acepta la matrícula consular como identificación oficial y en al menos 12, es aceptada como una de las pruebas de identidad requeridas para obtener la licencia para conducir.
Para fortalecer la matrícula consular, -se nos fue el tiempo señor Presidente-, paso directamente al punto de acuerdo es:
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-10 en el Congreso de Estados Unidos, para constituir una disposición que contraviene en el derecho internacional y en las diversas convenciones internacionales que consagran los derechos de los migrantes en el mundo.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, hace un atento llamado a las autoridades estadounidenses involucradas en la aprobación y eventual implementación de esta ley, para que consideren el daño que ocasionarían a nuestros migrantes y por tanto, ambos países con la entrada en vigor de esta disposición.
Tercero. La Cámara de Diputados manifiesta que la seguridad fronteriza es una preocupación plenamente compartida por México y por ello nuestra matricula consular cuenta con los elementos de seguridad suficientes para confiar en su validez.
Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta, que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos merecen un trato digno y respetuoso, toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida, a través de su reconocido y arduo trabajo, por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.
Y por último, quinto, señor Presidente, señoras y señores diputados.
La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados mexicanos, utilicen todos los recursos administrativos y judiciales pertinentes para hacer valer en todo momento el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales.
Le pedimos señor Presidente por favor, que publique en la gaceta oficial, en sus términos, el texto íntegro de este punto de acuerdo.
Muchas gracias, señoras y señores.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y no sólo en la gaceta, también el Diario de los Debates, diputado Huizar.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria Graciela Larios Rivas: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
A esta Presidencia ha llegado un punto de acuerdo firmado por los coordinadores parlamentarios del PRI, del PRD, del Partido Verde, del PT y del Partido CONVERGENCIA.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de incluirse en el orden del día.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de incluirse en el orden del día los puntos de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
(Votación)
Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces dé cuenta la Secretaría con el comunicado.
El Secretario Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que las fuerzas políticas representadas en esta Honorable Cámara de Diputados, exhortan al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para que al hacer referencia a los diputados y diputadas de esta Honorable Cámara de Diputados, lo haga con el respeto que merecen todas y cada uno de los integrantes de esta soberanía.
Dirigida a los Secretarios de la Cámara de Diputados.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso B), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para que al hacer referencia a los diputados y diputadas de esta Honorable Cámara de Diputados, lo haga con el respeto que merecen todas y cada uno de los integrantes de esta soberanía.
Segundo. Se apercibe a los ciudadanos licenciado Francisco Gil Díaz Miranda, Secretario de Hacienda y Crédito Público y la C. Xóchitl Gálvez Gutiérrez, Directora General para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de que llamar al incumplimiento de las normas expedidas por esta Honorable Cámara de Diputados, conlleva a caer en el desacato.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el segundo día del mes de diciembre del año 2004.
Con las firmas del diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Pablo Gómez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del diputado Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; del diputado Alejandro Gonzáles Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y del diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de CONVERGENCIA.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: A ver, diputado Wintilo Vega; sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: De Eduardo Espinoza.
El diputado Luis Eduardo Espinoza Pérez (desde su curul): Presidente, con su atención le solicitamos se haga la votación nominal de esta propuesta.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: ¿Quiénes lo secundan?… En términos del 148, obsequiaremos a su petición. Diputado Döring.
El diputado Federico Döring Casar: (desde su curul): Sí, señor Presidente.
He escuchado con atención la propuesta del punto de acuerdo y yo quisiera que usted sometiera a consideración de la Asamblea si es de aceptarse una modificación para agregar un resolutivo tercero.
Me parece encomiable el exhorto al Presidente de la República en términos de que deba de referirse con respeto a los diputados, pero me parece que también sería un gesto de estatura política y de congruencia de esta Cámara, también un exhorto a todos los diputados para que también se conduzcan con el mismo respeto y con la misma altura al Presidente de la República… (desorden en el salón)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Döring. Entenderá usted que para procesar su petición necesitaría tener la misma por escrito. Sí, diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Yo creo que aunque tuviera la propuesta del diputado Döring por escrito, no la puede procesar porque ya estamos en el proceso de votación.
Usted preguntó si era de aceptarse la urgente y obvia resolución. Cuando esa votación se la aceptación en la inclusión en el orden del día. Cuando es incluido en el orden del día, era el momento que estaba puesto a discusión la propuesta de la Junta de Coordinación Política…
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, de cualquier manera llegamos al mismo punto. Vamos a proceder a la votación y se instruye a la Secretaría para que ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal de este asunto.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos…
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado Rodríguez Díaz.
El diputado Hugo Rodríguez Díaz (desde su curul): Señor Presidente, nada más para que si en algo trasciende antes de la votación, el señor secretario debe de corregir, no es Miranda, es Díaz el segundo apellido del secretario.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Francisco Gil Díaz Miranda dice el punto de acuerdo… Bueno… A ver, tenemos por escrito la petición del diputado Döring, y esta presidencia siempre ha manifestado que es por demás importante, que es quizá lo más importante que se muestre y se demuestre la voluntad de la Asamblea.
Luego entonces vamos a instruir a la Secretaría, para que dé lectura –si ustedes me lo permiten- a este numeral tercero que está proponiendo el diputado Döring, y en votación nominal, en votación económica vamos a someterlo a consideración de la Asamblea.
Diputado Wintilo Vega. Sonido en la curul del diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Lo que no puede hacer usted es aceptar en el proceso de votación, una modificación.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, no hemos abierto el sistema electrónico de votación. Luego entonces lo que… Diputado Wintilo Vega, con todo respeto y afecto que usted sabe que le tengo, (desorden en el salón)... es importante para esta Presidencia que la voluntad de la Asamblea se muestre y se demuestre.
Permita usted que la Secretaría le dé lectura a este apéndice propuesto por el diputado Döring y que la Asamblea lo vote económicamente. Diputado Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Es indudable el afecto que se tienen usted y el diputado Wintilo Vega, más sin embargo, regresando al tema, sí me preocupa el precedente que va usted a dejar diputado Presidente, porque el proceso legislativo señala discusión y votación.
La discusión ya había concluido, por lo tanto e independientemente que el sistema electrónico esté o no abierto, la discusión ya había concluido, por lo tanto no es posible nuevas adecuaciones al punto de acuerdo propuesto; por lo tanto debe someterse a la votación.
El precedente es muy delicado porque más adelante, antes de entrar a la votación y no obstante haberse concluido la discusión, va a ser posible presentar adecuaciones a puntos de acuerdo o, más grave aún, alguna norma jurídica a aprobarse por esta Cámara.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Gutiérrez de la Garza, también es cierto que esta presidencia por omisión no instruyó a la secretaría para preguntar si éste estaba suficientemente discutido.
Luego entonces vamos a instruir a la secretaría para que pregunte a la asamblea si es de admitirse a discusión este numeral tercero del diputado Döring.
Sí, diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega (Desde la curul): Si ya va a modificar usted las cosas, lo primero que tiene que hacer, presidente, es preguntar si hay oradores a favor y hay oradores en contra y abramos de una vez la discusión, con lo que nosotros estamos de acuerdo.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, sería regresar entonces al proceso de discusión. Luego entonces, pregunte la secretaría a la asamblea si es de admitirse…
Diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez (Desde la curul): Señor presidente, quisiera tomar la palabra en contra de que se admita a discusión la propuesta del diputado Döring.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Gómez para oponerse a que se admita a discusión la propuesta del diputado Döring.
Permítame un segundo, diputado Pablo Gómez. Vamos a darle lectura a la propuesta para saber todos de qué estamos hablando.
El Secretario Marcos Morales: Tercero. Que se refieran los diputados al presidente de la República con el mismo respeto que se le exige al titular del Ejecutivo.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD): Ciudadanas y ciudadanos diputados: yo propongo a la Cámara que no se acepte la propuesta del diputado Döring porque contraría la letra y el contenido y el sentido del artículo 61 de la Constitución Política que dice:
"Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas."
Si se entiende que no se admite reconvención alguna a un legislador por las opiniones que manifieste, se entiende naturalmente que tampoco de manera anticipada prejuzgando que los diputados podrían llegar a hacerlo.
Por lo tanto, aprobar aquí la propuesta del diputado Döring sería ir en contra del artículo 61 de la Constitución. Esta condición de la que gozan los legisladores, que es muy antigua y bastante universal, se debe a que es necesario otorgarles a las personas que ejercen los actos de control sobre el gobierno las calidades jurídicas que impidan que el Poder Ejecutivo pueda realizar acciones en contra de la manifestación de las ideas de los legisladores con motivo del ejercicio de las facultades de control que la Constitución le otorga a las cámaras del Congreso.
Por lo tanto, ningún diputado o senador puede ser reconvenido por sus opiniones, por nadie, y mucho menos por la cámara de la que forma parte. Porque sería una negación del estatus parlamentario, constitucional, del que gozan los legisladores.
Quisiera también decir que en estos días en nuestro país las cosas se están queriendo poner al revés de cómo son, en el sistema político de la Constitución.
El Ejecutivo pretende controlar al Poder Legislativo, cuando que en realidad la Constitución señala sin la menor duda, que es el Poder Legislativo el que controla al Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo no puede recriminar al Poder Legislativo; el ciudadano Presidente ha dicho que ha quedado atrás el tiempo de los presidentes autoritarios. Yo le pido a él, que por favor elimine de sus actuaciones públicas y de su relación con el Congreso, todo aquello que fue expresión del presidencialismo autoritario porque tal parece que de lo que se trata por parte del señor Fox, es de restaurarlo en lugar de continuar en un proceso hacia la democracia, el equilibrio de poderes y el respeto a la representación popular que está depositada en esta asamblea.
Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring, para hablar en pro de la admisión de su propuesta.
El diputado Federico Doring Casar (PAN): Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: La propuesta que he remitido, de ninguna manera constituye una reconvención a la libertad de expresión que el fuero constitucional le confiere a un legislador de la República, por el contrario, tan sólo es un exhorto a ser congruente con lo que representa la investidura del fuero constitucional.
El fuero constitucional durante muchos años ha sido el pretexto para cometer una serie de abusos y de atropellos, el último de los cuales fue conocido por este pleno hace unas semanas y no puede ni debe seguir siendo el fuero el pretexto jurídico-político para faltarle el respeto a la norma y para envilecer la política bajo el cobarde amparo y refugio del artículo del fuero constitucional.
El fuero debe de ser la garantía para que un legislador pueda expresarse libremente con respeto, con decencia, sin dañar la imagen del Congreso, sin que sea motivo de represalias u opinión.
Nosotros no queremos inducir la opinión ni la reflexión del legislador, pero me parece que un congreso que no le apueste a su pequeñez, sino que le apueste a su grandeza, sabrá siempre estar por encima de la tentación y la proclividad de la grosería, de la mendacidad.
No queremos los mexicanos excesos que se estén cometiendo al amparo del fuero, no queremos que al amparo del fuero alguien venga a tribuna y con señas obscenas se refiera al Presidente de la República, no queremos señas obscenas de diputados en primeras planas de los diarios nacionales, no queremos los adjetivos en las primeras planas de los diarios nacionales porque la opinión pública más que adjetivos lo que requiere son ideas de los legisladores.
Y si nadie le piensa faltar al respeto a otro poder que ni es más ni es menos, porque en la política y en la filosofía de Montesquieu,...
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un momento, diputado...
El diputado Federico Doring Casar (Continúa): La separación de poderes, los poderes no están uno por encima del otro, los tres son iguales y los tres no tienen como esencia el dominar el uno al otro, sino el ser contrapesos y ser equilibrio.
Y lo único que voy a decir sobre lo que aquí se ha dicho sobre el presidencialismo autoritario es: que por supuesto que Acción Nacional desde la campaña del Maquío, en ´88, decidió acabar con el presidencialismo autoritario. En eso el testimonio y la congruencia de Acción Nacional es una bofetada con guante blanco a la grosería de otros legisladores.
Pero también hay que decir que México no merece y la transición que busca Acción Nacional no es la del tránsito de un presidencialismo autoritario, omnipotente, que conculcaba la libertad de expresión y cancelaba la posibilidad democrática a la alternancia a un parlamentarismo irreflexivo, mezquino, grosero y beligerante. Los dos excesos son nocivos y lo que México necesita es diálogo y no excesos. Lo que México requiere son soluciones y no crispaciones.
¡Si nadie quiere ampararse en el fuero para faltarle al respeto al Estado mexicano y para usarlo como una herramienta de vendetta política y no de debate político, no tiene por qué darse por aludido al resolutivo tercero que yo propongo! ¡Sólo los que quieran faltarle al respeto al Presidente se van a dar por aludidos con ese resolutivo! ¡Los que no pretendan faltarle al respeto al Presidente, pues ni para qué suben a la tribuna a darse por aludidos!
Gracias, señor Presidente.
(Aplausos fuertes de la fracción parlamentaria panista)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene registrados al diputado Miguel Angel Yunes en pro y al diputado Wintilo Vega Murillo en contra.
El diputado Wintilo Vega Murillo (PRI): Con su permiso Presidente.
Un asunto que fue incluido en el orden del día por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Un acuerdo que conlleva dos puntos: uno, exhortar al Presidente a que cuando haga referencia a esta honorable Cámara, lo haga en términos de respeto que merecen todas y todos los integrantes de esta soberanía.
Viene y se nos dice aquí la posibilidad de incluir un tercer punto, donde los diputados pareciera que estaríamos cortando una de las posibilidades que es la libertad de opinar, en ese amplio sentido de lo que representa la libertad.
¡Al Presidente no lo ofenden, al Presidente no le faltamos al respeto, el que no se respeta y el que se ofende a sí mismo cada que habla, cada que sale fuera del país o cada que nos hace quedar en vergüenza, es él!
(Aplausos)
¡A él tendrían que reconvenirlo, señores, a su compañero militante de partido y decirle: "Presidente: Prepárate un poco más para que cada que abres la boca no nos dé vergüenza saber que fuiste electo por nuestro partido". Eso es lo que da la imagen de falta de respeto.
No podemos aceptar tampoco que un Secretario de Hacienda, Francisco Gil Diaz, y que la señora Xóchitl Gálvez día tras día en los medios estén comunicando, llamando a no obedecer las normas que expide esta soberanía.
¡Eso no lo podemos aceptar, ni ustedes mismos lo pueden aceptar y lo saben! Tenemos que ser congruentes, tenemos que decirle: "Señor Secretario. Señora directora del Desarrollo de los Pueblos Indígenas: Está usted consciente de que el llamado que hace la va a conducir al desacato". ¡Eso dice el segundo párrafo! Pero no vengamos aquí a querer, de último momento, sin cumplir el proceso legislativo, incluir un punto. ¡El punto lo podían haber incluido con mucha facilidad, cuando el señor coordinador del Partido Acción Nacional, el Contador Francisco Barrio, firmaba el documento o no lo firmaba!. No aceptó firmarlo, pudiera haberlo incluido ahí con la firma del diputado Barrio…
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un momento señor diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo: A ver.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado Sánchez Pérez.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Gracias señor presidente. Nada mas para preguntarle al señor orador, con el debido respeto, si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, ¿acepta una pregunta?
El diputado Wintilo Vega Murillo: Se llama interpelación, presidente, con mucho gusto, las que me quiera hacer.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Adelante señor diputado.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Bien, una vez que aceptó usted la interpelación, le quiero interpelar, a ver si es posible que su sabiduría le explique a la Asamblea, según el diccionario de Pallares, qué quiere decir interpelación.
El diputado Wintilo Vega Murillo: El último término no se lo escuché.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): ¿Qué quiere decir reconvención?
El diputado Wintilo Vega Murillo: Se lo voy a explicar en las dos frases de la palabra compuesta, para que lo entienda y le quede claro, le va a servir, porque ya no tendrá que volverlo a preguntar.
(DESORDEN EN EL SALON)
Re es el proceso de conducción, es reconvención, es volver a tramitar el convencimiento. Es volver a tener la posibilidad de no cometer el mismo error, es un asunto que esta Cámara llevamos cerca de año y medio, tratando de reconvenir al presidente para que agarre la senda y conduzca a este país.
Hasta ahorita no lo ha podido hacer, hasta este momento, su presidente, presidente Vicente Fox, no es más que un hombre que ha fracasado una vía y otro también. Sugerencia a futuro, dígale al presidente que las recomendaciones del Congreso son, siguiendo lo que él nos estipuló, el presidente propone, el Congreso dispone…
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Vega, me permite, el diputado Sánchez Pérez.
El diputado Wintilo Vega Murillo: Adelante.
El diputado Rafael Sánchez Pérez (desde su curul): Nada mas para pedirle de nueva cuenta, señor presidente, si aceptaría que le volviera a reformular la pregunta, porque no me la está contestando, ya que yo le pedí que conforme al diccionario de Pallares, es decir, una definición jurídica de la palabra reconvención.
(DESORDEN EN EL SALON)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta diputado Wintilo Vega?
El diputado Wintilo Vega Murillo: Le voy a dar respuesta, presidente, le voy a dar respuesta para resolverle sus dudas para siempre, le voy a pedir a la Secretaria General de esta Cámara que le extiendan un pase permanente para que vaya a leer todos los diccionarios. El ver las cosas, sentarse a discutirlas, cuesta trabajo.
(DESORDEN EN EL SALON)
Me agrada mucho ver a los compañeros de la bancada de Acción Nacional gritando, me agrada, me reconforta, porque cada grito sé que cada una de mis palabras les caló en la herida, y aquí les guste o no, les guste o no, diputados, con la firma de Francisco Barrio o sin ella, y lo estoy aludiendo, para ver si se sube, diputado Barrio, lo estoy aludiendo, con la firma de Francisco Barrio o sin ella, va a salir un Punto de Acuerdo para reconvenir al presidente de la república, al Secretario de Hacienda y a la Directora del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es cuanto presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Wintilo Vega.
Tiene el uso de la palabra para hablar en pro de la propuesta el diputado Miguel Angel Yunes Linares.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (PRI): Con su permiso señor Presidente.
Muchas gracias compañeros diputados. Se han producido en esta tribuna dos interpretaciones constitucionales que sin duda quedarán registradas no sólo en el Diario de los Debates, sino en los textos más avanzados de interpretación constitucional. Ha venido primero el maestro en derecho parlamentario a decir que no se debe exhortar de ninguna manera a los diputados a no referirse al Presidente de la República de una manera grosera, en razón de que sería una reconvención prohibida por el artículo 61 y posteriormente, el director de ceremonial del grupo parlamentario de PRI ha venido a decirnos que reconvenir es algo como volver a evitar que se vuelva a cometer el error.
Yo a ambos les quiero decir que les voy a obsequiar un manual de derecho constitucional, para que sepan que en nuestro sistema de responsabilidades, reconvenir tiene que ver con lo que se denomina fuero impunidad. Reconvenir tiene que ver precisamente con la libertad plena de cualquier legislador de venir a esta tribuna a expresarse y de que por esa definición y por esas expresiones no pueda ser jamás en su vida procesado. Es decir, la doctrina denomina a esta libertad plena establecida en el artículo 61, como fuero impunidad. Nadie puede ser reconvenido por lo que exprese en la tribuna. No es ni lo que dice el diputado Gómez ni mucho menos lo que dice el diputado Vega.
Yo le sugeriría al Vega que solicite que se borre del Diario de los Debates esto que es vergonzoso.
Hay otro fuero, el fuero inmunidad, que es el que tiene que ver con la posibilidad de que un legislador para ser procesado, primero tenga que ser sometido a un proceso interno en esta Cámara, denominado desafuero o procedimiento para la declaración de procedencia. Eso es lo que significa reconvenir y ése es el fuero inmunidad. Pero un poco más allá...
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo señor diputado Yunes.
Sonido en la curul de la diputada Sofía Castro. Con qué objeto, diputada.
La diputada Sofía Castro Ríos (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta usted una pregunta, diputado Yunes)
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: La diputada Castro sabe que yo le tengo a ella el mismo cariño que usted le dispensa a Wintilo Vega, así que con muchísimo gusto diputada.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Diputada Castro, adelante.
La diputada Sofía Castro Ríos: (desde la curul) Muchas gracias.
Quiero preguntarle, con ese cariño que me tiene el diputado Yunes, si sabe qué es inmunidad y en consecuencia, si sabe que la inmunidad de la que habla es la inmunidad de la que goza. ¿Cuántas denuncias trae a cuestas? Yo creo que para poder interpelar a un compañero es necesario saber si uno ha actuado conforme a las conductas sociales equilibradas en la ley y en la justicia.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Adelante diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: Muchas gracias señor Presidente, seré muy breve y le agradeceré a la diputada Castro que en su función de vocera de alguna procuraduría o de varias procuradurías, me haga saber cuáles son las denuncias a las que hace referencia, porque yo no tengo conocimiento de ninguna. Muchas gracias diputada Castro.
Continúo si me lo permite, señor Presidente.
No se trata entonces de venir aquí a darnos definiciones de reconvención al gusto de quien quiera aplicar este término, se trata de respetar la Constitución. Pero más allá, éste es un debate lamentable; ni nosotros debiéramos exhortar al Presidente ni debiéramos exhortarnos a nosotros mismos; debiéramos actuar dentro de las normas de civilidad, de cortesía y respeto que todos nos merecemos, porque yo quiero recordar que muy recientemente un diputado, compañero nuestro, le ha faltado respeto a un servidor público del Ejecutivo de alto nivel, deformando su apellido y diciendo que debiera apellidarse "cabeza de asno" y nadie le ha pedido a nuestro compañero diputado que reitere ese señalamiento y que ofrezca una disculpa.
Pero quiero recordar que también, en este pleno, con motivo de los informes de gobierno y no me refiero a Fox, me refiero a varios Presidentes, se ha ofendido a los Presidentes de la República aquí en lo que es nuestra casa, faltando no sólo al respeto, faltando también a la cortesía, faltando también a las normas de civilidad.
Yo estoy en desacuerdo entonces con ambos exhortos, el exhorto al Presidente y el exhorto a los diputados. Creo que hay normas que no están en las leyes pero que las aprendimos en la escuela primaria, de los maestros que nos enseñaron a ser buenos mexicanos, normas que nos debieran llevar a conducirnos de una manera distinta y a que no fuera necesario dar el espectáculo de debatir en esta tribuna si nos merecemos respeto o no nos merecemos respeto y si es necesario que por la vía de un exhorto, el Presidente de la República se dirija a nosotros de una u otra manera o nosotros nos dirijamos a él de una u otra manera.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado Yunes.
El diputado Pablo Gómez para alusiones personales.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Y posteriormente el diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Señor Presidente, es para alusiones personales.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: El diputado Pablo Gómez ha pedido la palabra para alusiones personales.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (PRD): Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:
El debate es pertinente. Lamento algunas expresiones que no concuerdan con la pertinencia de este debate que es una de las cosas más presentes en la historia parlamentaria de México y de otros muchos países, que es la condición del legislador.
Se ha dicho que esto corresponde a la inmunidad parlamentaria en general y sin embargo, al ser una inmunidad absoluta se distingue del estatus general de la inmunidad parlamentaria.
¿Por qué el legislador mexicano utilizó la palabra "reconvenir", que quiere decir, según la Academia Española de la Lengua, "censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho"? Porque es muy amplio, el concepto que se utiliza en la Constitución, porque no solamente está vinculado a la comisión de delitos, a la situación de suspensión de todo procedimiento penal en contra de un legislador hasta que se lleve a cabo el jurado de procedencia.
Ya la Corte tiene un criterio sobre esto que no concuerda con lo que dijo el preopinante, no se trata de la cuestión penal solamente sino de cualquier reconvención y fue el caso de una demanda de carácter civil contra dos o tres legisladores de esta Cámara, interpuesta por un exfuncionario público y la Corte resolvió sin el menor titubeo y entendió bien lo que quiere decir la palabra reconvenir.
Yo pienso que lo que está proponiendo el diputado Döring sí es una reconvención, está haciendo una advertencia al hacer el llamamiento, como también el primero y el segundo artículos del punto de acuerdo que está proponiendo la mayoría de la junta, es una advertencia al Presidente, porque el Presidente no tiene esta inmunidad, porque el Secretario de Hacienda, no la tiene, porque los únicos que la tienen son los legisladores y ese es parte del sistema político de la Constitución Mexicana. No es un derecho de los legisladores, decir lo que quieran decir, no, es un elemento consustancial a su función, algo que tiene que ver con la inviolabilidad de los parlamentarios.
Si nosotros introducimos lo que está planteando la bancada del PAN, no solamente estaremos poniendo al mismo nivel al Ejecutivo y al Legislativo, como es lo que ahora ya plantea el PAN, que nunca planteó eso. El PAN siempre planteó la preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo, cuando estaban en la oposición, porque es lo que dice la Constitución.
¿Quiénes realizan los actos de control?, el Legislativo, ¿quién es el controlado?, el Ejecutivo...
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Permítame diputado Pablo Gómez. Diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, Presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Sonido en la curul del diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Gracias señor Presidente.
Quisiera preguntarle al diputado Gómez, ¿si acepta una pregunta?
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: ¿Acepta, diputado Gómez?
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, cómo no.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): Gracias señor Presidente. Gracias diputado Gómez.
Preguntarle al diputado Gómez, si dentro de esta amplísima y muy laxa definición de reconvenir y dentro de este derecho de los parlamentarios, se encuentra también el de faltarle al respeto a otros servidores públicos
Gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Adelante, diputado Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Sí, con mucho gusto respondo a las dos preguntas.
Me parece que no es una definición mía, de lo que quiere decir reconvenir, sino en todo caso de la Academia Española de la Lengua.
Segundo. No es una historia que estoy inventado, sino algo que tiene numerosos antecedentes en la Constitución Mexicana y de muchos otros países, en donde los legisladores tienen esta misma situación, algo inherente a su cargo.
Otra cosa. Yo he dicho que no es un derecho; usted dice que es un derecho, yo no dije eso, jamás dije; dije lo contrario. Dije que no era un derecho, dije que era un status, una situación, parte de una condición de la que gozan los legisladores, quienes en sus expresiones, en sus opiniones, deben ejercer la responsabilidad inherente al cargo y condición personal de cada uno, pero que no deben tener la menor limitación.
Si un legislador no le falta al respeto a ninguna otra persona, será porque eso corresponde a su cultura y a sus costumbres, a su educación y si le falta el respeto, como suele ocurrir mucho en esta asamblea en que unos a otros le faltan al respeto con una facilidad inmensa, o como suele ocurrir con ciertas expresiones de miembros del gobierno, que se refieren a esta Cámara con "denuestos" y cada vez más, con más denuestos, pues eso corresponde a la cultura y las costumbres de cada persona, pero entratándose de un legislador, ciudadano diputado, nadie lo puede reconvenir de ninguna manera, de ninguna manera.
Eso dice la Constitución, eso es parte del derecho parlamentario y forma parte del sistema político de nuestra Constitución y quiero decirle, para que lo sepa de una buena vez, siempre ha formado parte del sistema político de las constituciones mexicanas.
Ahora, la otra cuestión que usted me decía, la definición no requiere de un tratado de derecho parlamentario, es una cosa tan sencilla como saber lo que quiere decir la palabra.
Si el señor Döring quiere censurar o reprender a algún legislador por anticipado, quiero decirle, en lugar de hacer eso, debería, en lugar de hacer eso, debería responderle al Presidente cuando se refiere a esta representación popular.
Debo decirle, señor Yunes, que sí hay una preeminencia del Legislativo sobre el Ejecutivo en los regímenes de democracia representativa, porque la representación nacional no se deposita en el Poder Ejecutivo, sino en el Poder Legislativo.
El Presidente no es representante, el Presidente es un mandatario elegido por el pueblo, pero no representa al pueblo; sólo las Asambleas son representativas, porque representan la pluralidad y un individuo no puede representar la pluralidad; aunque ha habido presidentes mexicanos que lo han pretendido en verdaderos ataques, pero no es el caso que lo tengamos que reconocer a estas alturas. Esta representación nacional sí tiene atribuciones constitucionales que la ponen por encima, junto con la Colegisladora, de la función y de la acción del Ejecutivo.
Simplemente, señores y señoras, el juicio político, ¿qué me dice del juicio político? ¿Puede el Presidente, puede el Presidente destituir ahora -no hablo de las cosas de facto de antes- a un legislador? ¿Tiene facultad constitucional? El Congreso sí puede destituir a un Secretario de Estado y hay regímenes constitucionales donde pueden destituir al Jefe del Gobierno.
El Congreso puede, -a través de su acción- esta Cámara, decidir, junto con el Senado, el desafuero del Presidente de la República. ¿Puede el Presidente de la República, puede el Presidente hacer eso? No, no puede. Hay una preeminencia en la República representativa y democrática del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y eso lo debe asimilar el titular actual del Poder Ejecutivo de la Unión. Ese es el planteamiento.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Wintilo Vega, para alusiones personales del diputado Yunes y posteriormente el diputado Yunes, para rectificación de hechos del diputado Pablo Gómez.
El diputado Wintilo Vega Murillo (PRI): Con su permiso, Presidente.
Ahora resulta que el mejor ejemplo de la deslealtad y la traición, quiere reconvenir.
Hay una diferencia, diputado Yunes. Cualquiera de los 499 diputados compañeros suyos, podemos entrar a esta Cámara por cualquiera de los costados sin tener que andarnos escondiendo, como otros.
(Aplausos)
Hay una diferencia, diputado Yunes. Ninguno de los 223 diputados del PRI, ha vendido sus convicciones por una diputación Plurinominal para su hijo. Esas son las cosas que hacen la diferencia.
Y para su información, si no tiene el dato completo, pregunte en la Mesa Directiva de qué Procuraduría de Justicia están pidiendo la información sobre usted para complementar la averiguación previa por las demandas que tiene. No se haga el olvidadizo.
Es todo, diputado Presidente.
(Aplausos)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Tiene la palabra el diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Muchas gracias.
El diputado Vega ha venido a esta tribuna a materializar lo que el piensa que es su derecho a la libertad de expresión y a la no reconvención. El confunde la libertad de opinar de los diputados, con la libertad de ofender, como muchos diputados confunden también el fuero parlamentario con la posibilidad de cometer delitos, de pasarse altos, cometer faltas administrativas.
Diputados como Vega, son los que contribuyen a que la opinión pública nos ubique en el más bajo nivel de aprecio y de calificación entre todos los servidores públicos. Yo no voy a dar respuesta a bajezas. Soy un mexicano que quiere y que trata de actuar siempre con responsabilidad y con respeto.
En efecto, hay en esta Cámara, una solicitud de información para dar curso a una denuncia en mi contra, presentada por el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, en razón de que presenté una denuncia penal en contra de él y de servidores públicos de su gobierno por corrupción. Cuando se me notifique, con mucho gusto daré respuesta a la misma. No es por otra razón.
Pero entraré a lo relevante y dejaré a quien debiera tomar un curso de gramática, de sintaxis, de expresión elemental para que piense que es muy importante venir a esta tribuna a agredirme y a agredir a mi familia. Daré respuesta al diputado Gómez.
El caso al que el diputado Gómez se refiere es el de la denuncia de carácter civil presentada por el señor José Córdoba Montoya contra dos ex diputados del PRD: Ramón Sosa Montes y, si no mal recuerdo, Jesús Zambrano en razón de alguna expresión derivada del trabajo de ambos en la comisión que investigaba el asesinato de nuestro muy querido y siempre bien recordado Luis Donaldo Colosio.
José Córdoba, presentó por la vía civil, primero por la vía penal y se resolvió que no podían ser procesados en razón precisamente del artículo 61 y posteriormente fue por la vía civil y en efecto, como él lo dice y apoya mi tesis, la Corte determinó que no podían ser reconvenidos ni por vía penal ni por vía civil, en razón de que estaban protegidos por la disposición constitucional.
Es decir, la disposición constitucional tiene que ver con la irresponsabilidad absoluta en el orden penal, o en el orden civil, de los legisladores cuando hagan uso de la tribuna o, dijo la Corte, "en cualquier lugar en que estén desempeñando su función y no necesariamente en la tribuna de la Cámara".
Esa es la inviolabilidad, eso es lo que la doctrina denomina "el fuero impunidad".
Lo que ha venido Pablo Gómez a decirnos aquí, es que exhortar a los diputados a que se conduzcan con respeto hacia el Ejecutivo, sería una especie de reconvención en grado de tentativa y eso no existe, diputado Gómez. La reconvención tiene que ver con la responsabilidad jurídica de los parlamentarios en el ejercicio de su tarea y con la más absoluta libertad que tenemos los parlamentarios de expresarnos desde esta tribuna o en cualquier lugar en el que estemos desempeñando nuestra tarea.
Pedirle al Presidente de la República que sea respetuoso en la expresión hacia los diputados, tendría que generar como consecuencia una actitud de autodisciplina de los diputados y asumir que debemos ser respetuosos con el Presidente, sea de cualquier partido; con los ministros de la Corte, sean de cualquier partido; y con cualquier otro ciudadano.
Termino mi intervención diciéndole al diputado Gómez, que una de dos: o él me regala una de sus Constituciones o yo le regalo la mía. Porque la mía, en el artículo 80, señala que se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la unión en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
La mía también, en el artículo 94, denomina a la Corte Suprema, pero no denomina a este Poder Legislativo supremo.
Yo creo que este debate nos debiera llevar a rechazar ambos exhortos. Muchas gracias.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Consulte la secretaría a la asamblea si es de admitirse o no la propuesta del diputado Federico Döring, en votación económica.
El Secretario Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse la propuesta formulada por el diputado Federico Döring.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces instruya la secretaría la apertura del sistema electrónico de votación para votar la propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, por tres minutos.
El Secretario Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 y ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
La diputada Miriam Marina Muñoz Vargas (Desde la curul): En contra.
La diputada Blanca Eppen (Desde la curul): En contra
La diputada Zavala (Desde la curul): En contra.
El diputado Ramón Valdez: A favor.
El Secretario Marcos Morales Torres: Señor presidente, se emitieron 276 votos en pro, 136 en contra y dos abstenciones
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo.
Continúe la secretaría con la lectura del orden del día de la próxima sesión.
El Secretario Antonio Morales de la Peña:
(Lectura orden del día)
El Presidente Francisco Arroyo Vieyra: Se toma como registro de asistencia la última de las votaciones nominales.
(15:45 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de diciembre, a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.