Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del miércoles 30 de marzo de 2005

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 398 diputadas y diputados.

Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: (A las 11:15 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si le dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

También está en la Gaceta Parlamentaria, consulte entonces la Secretaría igualmente si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén en contra.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se dispensa la lectura.

Proceda entonces la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los que estén en contra.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada el acta.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Comunicaciones.

(Da lectura a la comunicación del diputado Carlos Alvarez Reyes, diputado federal por la Quinta Circunscripción, en la que solicita licencia por tiempo indeterminado, a partir del día 29 del marzo del presente año)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Esta a discusión el siguiente

"Punto de Acuerdo:

"Único.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Carlos Alvarez Reyes para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha".

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Da lectura a la comunicación del diputado Juan José García Ochoa, por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Da lectura a la comunicación del diputado Horacio Martínez Meza, por la que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Solicitud de licencia del Dip. Juan José García Ochoa)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Se ruega a la Secretaría poner a discusión los Puntos de Acuerdo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Están a discusión los siguientes:

"Puntos de Acuerdo

"Primero.- Se concede licencia al Dip. Juan José García Ochoa, para separarse de sus funciones como Diputado Federal, electo en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a partir de hoy y hasta el 11 de abril del año en curso.

"Segundo.- Llámese al suplente".

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Gracias.

¿Los que estén en contra?

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobados.

Antes de continuar, proceda la Secretaría a ordenar el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, hay un registro de 419 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Se va a dar lectura a un oficio de la Cámara de Senadores.

(Oficio del Sen. Adalberto Arturo Madero Quiroga)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Comunicación el Dip. Jesús Martínez Alvarez)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Comuníquese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos los términos del escrito que nos ha sido turnado por el diputado Jesús Martínez Alvarez, para retirar las iniciativas en comento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(De la Junta de Coordinación Política, en relación a la sustitución del Dip. Sergio Vázquez García, por el Dip. Rubén Maximiliano Alexander Rábago, como integrante de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios de la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada)

En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el cambio.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias.

¿Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa?

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(De la Junta de Coordinación Política, con relación a la sustitución de los diputados José Javier Osorio Salcido por la diputada Verónica Pérez Herrera, como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte; y del diputado Ernesto Herrera Tovar, por el diputado Francisco Lara Arano, como integrante de la Comisión de la Reforma Agraria)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado.

Continúe la Secretaría con iniciativa del Ejecutivo Federal.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Iniciativa del Ejecutivo Federal.

(Oficio del Ejecutivo Federal, con el que remite iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Oficio de la Asamblea Legislativa, enviando Iniciativa que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del D. F. con su correspondiente documentación)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: De enterado y devuélvanse todos estos documentos a la Asamblea del Distrito Federal.

Perdóneme Secretario, sonido a la curul del Diputado Triana.

El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Diputado Presidente, para hacerle la solicitud respetuosa , si me permitiera objetar el trámite de la Iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto señor Diputado. Esta Presidencia, que por acuerdo de la Mesa Directiva ha aprobado este trámite que ha sido solicitado por el mismo promovente, pero no tendría ningún inconveniente en que sea la misma Asamblea quienes decidan por sí mismo lo que la Mesa Directiva ha acordado.

Sonido a la curul del señor Diputado Jorge TrianaTena.

El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Diputado Presidente, en ese entendido, en esa inteligencia, solicitaría respetuosamente el uso de la tribuna para fundamentarlo y solicitar dentro de este trámite que se turnara a las Comisiones del Distrito Federal y Gobernación, en su caso.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Si quiere usted hacer uso de la tribuna, eso entiendo Diputado, para objetar el trámite.

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado Triana, a fin de objetar el trámite que la Mesa Directiva ha dado a esta solicitud de parte de la Asamblea.

Esta Presidencia pregunta si hay un orador a favor del trámite. Diputado Pablo Gómez y se cierra el registro de oradores.

El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso diputado Presidente.

Compañeros Legisladores.

Espero que nos demos cuenta que el día de hoy, si es que regresamos esta iniciativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estaríamos avalando algo inédito en esta Cámara. Estaríamos regresando per sé y por el capricho de una mayoría facciosa en la Asamblea Legislativa que ellos mismos aprobaron, tuvieron su oportunidad de leer, de analizar, de consensar y fallaron.

Si la Asamblea Legislativa no tiene un sistema de control sobre los Legisladores del PRD, porque son una mayoría gandalla, no es un asunto que competa a esta Cámara de Diputados.

Primero, se presenta una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno presentada por un Legislador local del Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario del PRD la lee, la analiza y la vota a favor.

Posteriormente, y en algo que se puede interpretar como un albazo legislativo, el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, presenta un acuerdo en la Comisión de Gobierno de este órgano, por el cual se aprueba someter al pleno de la propia Asamblea Legislativa, el que se remita a la Cámara de Diputados el desistimiento de la propia iniciativa, que ellos mismos aprobaron.

Y los argumentos son endebles, los argumentos se desmoronan por sí solos, dicen que consultaron al Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa, y que éste les comentó que no procedía jurídicamente, ¿desde cuándo un Oficial Mayor tiene facultades para objetar un trámite al interior de un órgano legislativo?

Y por si esto fuera poco, ese mismo día, una diputada local del PRD en la Asamblea Legislativa, presenta una iniciativa, una iniciativa de reforma al propio Estatuto, para dejar todo exactamente como estaba. ¿Cómo es posible que haya dos instrumentos parlamentarios para el mismo tema en sentidos opuestos?

Esto nos habla de una impericia jurídica vergonzante, terrible, preocupante para los habitantes del Distrito Federal. Una pifia más del grupo parlamentario del PRD.

Los mismos Legisladores que ahora pifian, son los mismos que vinieron a esta Cámara de Diputados, y de forma virulenta y majadera tomaron la tribuna y hasta se durmieron en ella. Los mismos que intentaron despacharse un recurso millonario, para otorgarle al Jefe de Gobierno en su campaña antidesafuero, y los mismos que de manera, en verdad vergonzosa, intentaron y lo lograron, hacer una reforma legal, para que el nombramiento del Jefe de Gobierno sustituto, recaiga sobre mayoría simple. ¡Basta ya del uso faccioso de las mayorías!

Estamos de acuerdo en que uno pueda retractarse de una iniciativa que ha presentado, pero no con dos instrumentos en sentido contrario, porque primero recularon sobre lo que hicieron y después recularon sobre su segundo instrumento parlamentario.

Solicitaría entonces que esta iniciativa, fuera turnada para su análisis y discusión a dos Comisiones: primero, a la Comisión del Distrito Federal, que es la Comisión que tiene que ver con los temas relativos a la Ciudad de México y su órgano de gobierno: y segundo, a la Comisión de Gobernación, porque si turnáramos esta iniciativa per sé de facto a la Comisión del Distrito Federal quedaría congelada como todas las demás que se encuentran en esta misma Comisión.

Entonces ésta es la propuesta: turnarla a dos Comisiones: Gobernación y Distrito Federal y por favor coméntenle a sus compañeros tomatribuna que las mayorías son para consensar, no para agandallar.

Es cuanto diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.

Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Horacio Duarte Olivares.

El diputado Horacio Duarte Olivares: Gracias ciudadano Presidente.

Me parece que este debate, este debate que se quiere generar con un tema que por cierto en esta tribuna se viene más que a argumentar, a calificar, a hacer una serie de calificativos que poco ayudan cuando se viene a hablar de acuerdos, de consensos y de búsqueda de encuentros. Quien califica seguramente es porque no argumenta, porque no tiene argumentos.

Hay que señalar con mucha precisión que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, en su base Primera, en su Inciso Ñ, con mucha precisión define algunas de las facultades, de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa y una de sus facultades señala expresamente presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión. Presentar iniciativas, la Asamblea tiene esa facultad de ejercer esta atribución, hacer un planteamiento y si este órgano soberano en sus decisiones, en uso de sus facultades, en uso de sus mecanismos de toma de decisiones, por un voto mayoritario decide retirar la presentación de una iniciativa, está absolutamente ejerciendo sus facultades constitucionales.

Nos resulta extraño que ahora se venga a esta tribuna a decir, a objetar un trámite, cuando es una práctica parlamentaria que quien presenta una iniciativa puede retirarla también. Todos los diputados, las diputadas saben que en muchas ocasiones diputados registran, presentan iniciativas y minutos antes de subir a la tribuna retiran sus iniciativas, retiran sus puntos de acuerdo porque consideran en el más estricto sentido de su libertad, el que consideran que no es el momento o que le falta técnica jurídica o que la iniciativa pueda chocar con el texto constitucional.

Por eso la Asamblea Legislativa ejerce una facultad constitucionalmente señalada. No nos extraña pues, que el trámite que la Mesa Directiva está otorgando es un trámite correcto, es un trámite que solamente se quiere generar a partir de ello un debate falso, un debate sobre si ahora vamos a discutir en esta Cámara si los legisladores o si un órgano como es la Asamblea, tiene o no el derecho de retirar iniciativas. Evidentemente que tiene el derecho porque está consignado en el propio texto constitucional.

Por eso consideramos que el trámite que ha otorgado la Mesa Directiva, es el correcto y que esta asamblea no debiera admitir la objeción que se presenta en estos momentos, porque la Asamblea utilizó sus facultades constitucionales de manera correcta, que en el ámbito de sus competencias ejerció su soberanía con los mecanismos democráticos que se tienen, que finalmente ahí, en la asamblea, se toman las decisiones como en otros órganos se toman las decisiones también por mayoría y la mayoría ejerció sus facultades.

Por eso, el trámite que ha otorgado la Mesa Directiva es el correcto, porque está apegado al texto constitucional y a las normas parlamentarias que rigen este Congreso.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Federico Döring, para hablar en contra del trámite.

El diputado Jorge Triana Tena (Desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado Döring.

Sonido a la curul del diputado Triana.

El diputado Jorge Triana Tena (Desde su curul): Diputado Presidente, para solicitar la palabra, si usted no tiene inconveniente, para rectificar hechos.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Con mucho gusto, señor diputado.

El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

El trámite que ha dictado la Presidencia es un trámite que merece una reflexión. Merece una reflexión en dos vertientes, la jurídica y la política.

En la jurídica es un trámite, que como ha dicho el Presidente de la Mesa, se desprende de un acuerdo colegiado de la Mesa Directiva, pero la cual no ha citado fundamentación jurídica alguna.

No ha invocado un solo precepto de nuestra Ley Orgánica de nuestro Reglamento, en la cual fundamente la decisión de no darle turno procesal y formal a algo que en tiempo y forma fue debidamente recibido en esta Cámara.

El argumento que ya trajo a esta tribuna el diputado Triana, donde un mero empleado administrativo se arroga facultades supraconstitucionales para decidir qué es procesal y qué es constitucional en términos legislativos, es una facultad que no tiene ningún legislador de la República ni mucho menos un empleado de la Asamblea Legislativa ni de esta Cámara ni del Congreso de la Unión, es el único Poder de la Unión facultado para decidir qué es constitucional y que no lo es, el es el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sólo ellos pueden decidir si la iniciativa es constitucional o inconstitucional y para eso hay una ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, si alguien siente que sus derechos constitucionales están siendo vulnerados por una pieza legislativa.

El Presidente de la Mesa Directiva no ha dado cuenta de la veracidad del asunto, porque reza la máxima jurídica que primero en tiempo, primero en derecho. Y primero fue remitido a esta Cámara la iniciativa que fue aprobada por consenso y después fue mando el punto de acuerdo, que no tiene consenso, y el cual tampoco invoca precedentes jurídicos.

Sobre ese sentido es claro, es evidente lo que pasó en la Asamblea, no se dieron cuenta de lo que votaron y cuado se dieron cuenta de lo que habían votado, era un asunto de ética, de probidad, de elemental decoro político, no les alcanzó la estatura política para sostener su palabra empeñada en una votación colegiada de manera unánime.

Eso es un asunto que no se debe de juzgar, como decía el diputado Horacio Duarte y que va a la conciencia de quienes así votaron y de quienes así después tuvieron que renunciar a su propio derecho, pero no es algo raro en una asamblea, a quienes el Jefe de Gobierno en turno ha llegado a nombrar o a referirse como piedras cuando se refiere a sus propios correligionarios, como pasó cuando yo era diputado local y el Jefe de Gobierno criticó la Minuta de Código Electoral que habían aprobado por unanimidad sus correligionarios del Partido de la Revolución Democrática.

Nosotros creemos que se le debe dar trámite porque no hay argumentos jurídicos. El diputado Duarte hizo referencia al 122 en su base cuando se le concede a la asamblea facultad de iniciativa, pero si esa facultad de iniciativa entró primero en tiempo y primero en derecho, es a la que se le debió haber dado el turno. El Presidente de la Mesa se está arrogando facultades que nos parece que no tiene y por eso el trámite debe ser a las Comisiones de Gobernación y del Distrito Federal como ha señalado el diputado Triana.

Sobre el otro tema, sobre el tema de fondo, esta Cámara tiene iniciativas similares como la del diputado Alejandro Murat, que si bien no toca el Estatuto de Gobierno, si señala esa misma argumentación política, jurídica de que el funcionario que se separa del cargo deja de tener el fuero. Esa es una pieza legislativa del PRI, no del PAN, no del PRD, del partido al que el Presidente de la Mesa Directiva pertenece y es una pieza legislativa que tiene exactamente el mismo espíritu que el que aprobó la asamblea por unanimidad.

Ese tema no se va a eludir a capricho de un gobernante ni a capricho de una mayoría ciega y sorda, ese tema ya vive en la Cámara y si el Presidente no es capaz de obsequiar un trámite decoroso y apegado a derecho y quiere convalidarlo en una mayoría, no va a poder el Presidente ni el PRD, evitar que se discuta ese tema, a ese tema también le va llegar su hora, ese tema si hubiera congruencia en parte de los legisladores del PRI, respaldarían esa pieza legislativa del diputado Alejandro Murat, que dice exactamente lo mismo que la que hoy se quiere negar.

Nosotros no tenemos miedo al debate, no tenemos miedo a que se le dé turno a la pieza legislativa y no tenemos miedo a defender la postura de nuestros compañeros en la Asamblea en estas dos Comisiones de Gobernación y del Distrito Federal, seguramente habrá quienes sí tengan miedo de dar ese debate y por eso no le quieran dar entrada a la iniciativa, muy a sus conciencias.

Gracias señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:

Creo que en la Cámara no debería de haber duda de que cualquier persona o entidad que tiene derecho de iniciativa, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, tiene también el derecho de retirar su iniciativa, se ha hecho siempre, jamás se ha objetado el que alguien retire su propia iniciativa. Votar en contra del derecho que otorga el 71 y en el caso de la Asamblea el 122 para iniciar leyes, pues es una grosería a la Constitución.

El que vota, porque no se puede retirar una iniciativa, está votando en contra del contenido básico del precepto constitucional, que no es una facultad, sino un derecho. Esta es una atribución de las pocas que hay en la Constitución que no son de ejercicio obligatorio como las facultades, sino que son derechos, derechos de entidades públicas o de personas que asumen una representación popular. Entonces yo creo que este asunto debe manejarse con cuidado, no tanto por el contenido; lo otro es irrelevante.

El contenido de la iniciativa que fue enviada por la Asamblea y que fue después retirada por la Asamblea, que es lo que estamos discutiendo, es irrelevante por dos razones: primero porque el Estatuto de Gobierno no es el instrumento jurídico idóneo para establecer condiciones a la inmunidad constitucional, puesto que la inmunidad constitucional no solamente existe para los funcionarios del Distrito Federal, sino para todos los funcionarios federales, los altos funcionarios de la Federación que están señalados en la Constitución, donde se incluye al Jefe de Gobierno y a los legisladores locales, así como a los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Entonces proponer que sea en el Estatuto de Gobierno donde se establezca alguna circunstancia específica para el ejercicio de esa inmunidad es un disparate, eso corresponde a la Constitución misma o en tal caso en la Ley de Responsabilidades, cosa que ya hizo la Cámara, envió una reforma, por cierto señores del PAN, ustedes ya la votaron y no sé por qué hablan de que la vamos a votar nosotros. Eso ya se fue al Senado y está en el Senado.

Además es una interpretación lineal de lo que la Constitución dice y también es innecesario que la ley lo señale de esa manera; pero mucho peor, que fuera el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el instrumento para establecer que las personas que gozan de licencia, no gozan de la inmunidad constitucional llamado "fuero".

Esta es una comedia de equivocaciones, primero porque esa iniciativa que se aprobó en la Asamblea no fue una iniciativa suelta, sino venía en un paquete de propuestas para modificar el Estatuto de Gobierno; segundo, porque los partidos no lo negociaron, por lo que haya sido; tercero, porque en el momento en que se aprobó el paquete entero se vio que había una parte de ese paquete que constitucionalmente era incorrecto y que no corresponde a las funciones de la propia Asamblea y por eso se ha retirado.

Yo no me quiero meter en los asuntos de la Asamblea y en la huelga parlamentaria que hizo el PAN ayer, pero allá que con su pan se lo coman y si no quieren regresar a labores, pues no cobrarán la dieta y cuando acumulen las faltas serán probablemente removidos, de eso no hay ningún problema; hasta para hacer huelgas parlamentarias hay que tener talento y en esta Cámara se han hecho huelgas parlamentarias y el PAN las ha hecho, pero yo creo que en este caso ni en otros lo tienen los Asambleístas de Acción Nacional.

Yo llamo al PRI a apoyar el trámite que dio la Mesa Directiva, es el correcto, y a no sentar el precedente de que la persona moral o la persona física que, teniendo derecho de iniciativa retira su iniciativa, no puede hacerlo ya. Creo que debemos respetar nuestro derecho, tanto a presentar iniciativas como a retirarlas y no cometer un atropello y un disparate, desde el punto de vista del derecho parlamentario.

Muchas gracias.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul del diputado Héctor Gutiérrez.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde su curul): Para hechos, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra el señor diputado Triana para rectificación de hechos y en segundo lugar el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, con lo cual después tomaremos la votación.

El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado Presidente.

Es cierto que hasta para hacer huelga se necesita talento, pero también se necesita calidad, señores y vaya calidad que mostraron cuando tomaron esta tribuna. Si a eso le llaman talento huelguista, estamos perdidos, nada más se los recuerdo; y esa sí es una comedia de errores y lo saben.

Por otra parte, estamos ciertos que cualquier órgano legislativo, cualquier persona moral -que yo no sabía que tuviera algo que ver aquí- o física, tiene derecho a retirar una iniciativa que en su momento oportuno ha presentado, lo sabemos perfectamente. El asunto aquí es cómo lo hicieron, cómo lo llevaron a cabo.

Primero presentan una iniciativa en términos muy llanos; la aprueban, con su voto la avalan después de haberla analizado, en un afán desmedido por desmarcarse de René Bejarano.

En segundo lugar, presentan un acuerdo interno en una comisión para dejar sin efectos esa votación; pero después, por si fuera poco, presentan una contrarreforma, una iniciativa para dejar las cosas como están. Cómo van a dejar las cosas como estaban en un principio, si ya habían dejado sin efectos la votación que errónea y equívocamente habían llevado a cabo. Esos dos recursos parlamentarios se anulan por sí solos.

Yo los invitaría a que analizaran a precisión, a plenitud, la forma como retiró esta iniciativa la Asamblea Legislativa y los argumentos que utilizaron para ello; porque eso sí, eso sí es una grosería a la Constitución el actuar como actúan y como constantemente han actuado los perredistas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por supuesto, y yo coincido, yo coincido con el orador que me antecedió en el uso de la tribuna, en algunos de sus argumentos nada más que aquí hay el pequeñísimo detalle de que estos argumentos se debieron haber esgrimido en el momento oportuno en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal uno, y que tienen ahora oportunidad de esgrimirlo en las comisiones respectivas en caso de que prospere el turno.

Por otro lado, lo que queda aquí de manifiesto sin duda alguna, y no me dejarán mentir, es la intención flagrante, abierta, cínica, de amarrarse y abrazar el fuero a como dé lugar.

¿Cuál honestidad cuando primero votan en un sentido, en pro de acotar el fuero presentan iniciativas importantes aquí los mismos legisladores del PRD para acotar el fuero y después se echan para atrás en la Asamblea Legislativa.

¿Cuál valentía cuando ya es una práctica común del perredismo el abrazar el fuero a como dé lugar, no soltarlo para evitar juicios en su contra? Hay que hablar con la verdad y la verdad es que hay una intención política clara en el fondo de este asunto, que se ha omitido mencionar en este debate y por ello es que temen el debatirlo al interior de las comisiones a donde estamos solicitando turnarlo.

Insistimos, y le comentamos a los legisladores del PRI: Métanse, échense un clavado en la forma como se desistieron los diputados locales de su partido, ¿se unieron a los de Acción Nacional los del Verde Ecologista? aclaro; PRI, Verde y Acción Nacional repudiaron la majadera forma como se desistieron. Congruencia, señores del Partido Revolucionario Institucional. Por favor no vengan aquí a contrapuntear lo que hicieron sus diputados locales en la Asamblea Legislativa. ¡Y por favor, ya hablen con la verdad y detengan a los vociferantes de la izquierda incongruente!

Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para rectificación de hechos.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Con su venia señor diputado presidente:

Nunca he sido partícipe de adjetivizar el discurso. Creo que debemos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si hablamos de respeto debemos de respetarnos mutuamente. Eso ayuda a un diálogo constructivo, a un debate de ideas. Pero un debate que implique diálogo no simple y sencillamente que uno habla y el otro no escucha.

El presidente de la mesa directiva basa su resolución en la Ley Orgánica del Congreso: Artículo 23 numeral uno, inciso f) que señala: "Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara".

Las cuestiones de carácter político que han quedado plenamente evidenciadas en esta tribuna, son cuestiones eminentemente políticas. Pero esta Cámara, y hablando de congruencia, tiene que ser congruente con lo que en diversas, múltiples ocasiones se ha mencionado: Cumplir con el estado de derecho.

Es más, en este momento el tema es resolver conforme a la legalidad. Entonces, vamos a partir de ese supuesto. Número uno, efectivamente la Asamblea del Distrito Federal tiene derecho de iniciativa, es un ente soberano, es un poder al que debemos que respetar. Debemos de demostrarle a la Asamblea del Distrito Federal que podemos y debemos, y tenemos la altura para respetar sus decisiones, independientemente que habemos unos que consideramos que miembros de la Asamblea no respetaron esta tribuna del Congreso meses atrás.

Pero hablemos de legalidad y hablemos de estado de derecho. Hay una decisión del Pleno de la Asamblea enviando una iniciativa, y a su vez hay una decisión posterior del propio Pleno solicitando la revocación de ése acto.

Quiero mencionar al propio tiempo, que la directiva no había turnado el asunto a ninguna comisión. Si esto hubiese pasado en el inter, ya no es decisión de la directiva; el asunto estuviese en comisiones y por lo tanto tenía que resolverse en comisiones, más sin embargo ese trámite no había sido dado cuenta por parte de la directiva; por lo tanto es perfectamente legal el trámite que en este momento propone la presidencia de la directiva, de regresar el asunto a la Asamblea del Distrito Federal.

Al propio tiempo hay que recordar que tenemos derecho de iniciativa sobre el particular, inclusive –como aquí se mencionó- hay una iniciativa sobre el tema presentada por nuestro compañero Murat, vamos a trabajar sobre ella. Y por otro lado, que expliquen en la Asamblea del Distrito Federal… (intervención del diputado Pablo Gómez)…

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul y sin micrófono): Eso ya está visto, ya está terminado…

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: ...Hay una parte, Pablo, hay otra que no. Una parte se fue al Senado, otra la tenemos aquí.

Y por otra parte, que expliquen los perredistas de la Asamblea del Distrito Federal qué los motivó a retractarse de su decisión, pero a su vez… a su vez tenemos que ser congruentes, tenemos que respetar el estado de derecho y en consecuencia no entrometernos en la decisión del ente soberano que revoca su decisión primaria en términos de su propia normatividad.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias señor diputado.

Para rectificación de hechos, tengo anotados al diputado Döring y al diputado Arce Islas, posteriormente consultaré a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido para pasar a votación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señor Presidente.

En primer término, quiero felicitar y agradecer el tenor de la intervención del diputado Gutiérrez de la Garza, no solo para hacer vacaciones legislativas sino para argumentar con inteligencia, se requiere clase y educación y ese tipo de legisladores enaltecen esta Cámara.

Lo único que quiero rectificar de hechos al diputado Gómez es, que lo único que acepto de su intervención porque es lo único en lo que tiene razón, es que éste ha sido un cúmulo de una cadena de errores y hoy se corre el riesgo de consumar otro más.

Y cuando hablamos de la congruencia que ha traído a esta tribuna el diputado Gutiérrez de la Garza, les quiero decir que en el PAN hay congruencia cabal; que nosotros somos congruentes y respaldamos a cabalidad las decisiones que toman nuestros compañeros en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Somos una unidad porque tenemos una unidad de visión y de proyecto, y porque hay congruencia entre lo que el PAN dice, oferta y vota en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y lo que hace, dice y vota en esta Cámara de Diputados, es que haremos nuestra esta iniciativa –si la votación no nos favorece- y con punto y coma la suscribiremos mañana procesal y formalmente para que quienes le tienen miedo al debate no puedan evadir el tema.

Muchas gracias compañeros.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): Para responder alusiones del diputado Döring.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene el uso de la palabra para alusiones personales el diputado Pablo Gómez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: Señoras y señores del PAN.

Nada más por aquello de la congruencia.

Ustedes y el resto de la Cámara votamos aceptando el retiro de una proposición del presidente Vicente Fox que iba a ir a un viaje; la Cámara no le iba a otorgar el permiso constitucional, retiró su solicitud. Estaba en comisiones y la Cámara admitió en el acto el retiro.

¿Por qué lo hicimos en lugar, entonces, de votar la negativa?. El presidente no quería que se dijera que la Cámara le había negado el permiso, sino que él se había desistido de hacer el viaje porque tenía que ir a ver al señor Gates, Bill Gates.

El señor Fox lo retiró. Y hablando de congruencia, señores y señoras del Partido Acción Nacional y su célebre síndrome de la chimoltrufia que como dicen una cosa dicen la otra, hoy están diciendo la contraria a la que dijeron entonces, cuando aceptaron el retiro de la solicitud el presidente para hacer un viaje y admitimos que no se votara aquí, y ya estaba en comisiones.

Dónde está entonces la congruencia, ciudadanos y ciudadanas. Gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Tiene la palabra el señor diputado René Arce Islas, para rectificación de hechos.

El diputado Rene Arce Islas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: el asunto que hoy se trata tiene un contexto y tiene un fondo.

El contexto se da en un momento en que había una discusión acerca de si un diputado local pedía licencia éste conservaba o no el fuero e incluso el asunto llegó a esta Cámara precisamente porque existía esa controversia y se tuvo que pedir a la Cámara el asunto y la Cámara lo trató.

Para terminar un poco con este problema se presentaron en ese momento iniciativas también en la Asamblea Legislativa e incluso en esta Cámara fue aprobado, a propuesta del PRI, en el mes de diciembre, en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos este asunto.

Ese fue el contexto en el que se dio esta iniciativa en su momento en la Asamblea.

Prácticamente las declaraciones de todos los miembros de los partidos políticos fue en el sentido de apoyar que, para terminar con esa controversia, quedara explícitamente que aquel diputado que pidiera licencia perdía el fuero.

Por qué hoy en este asunto se da esta discusión. Porque efectivamente en la Asamblea Legislativa se retoma el asunto en la comisión correspondiente y en el sentido favorable que todos los diputados tienen en relación al punto, se vota de esta manera.

Pero el contexto ha cambiado. No ha cambiado el fondo del problema, en el que todos estamos de acuerdo. En este momento el contexto es muy delicado porque pareciera que esta reforma va directamente en contra de lo que hoy está a debate nacional, que es el problema del desafuero del jefe de Gobierno.

Y también --hay que decirlo con franqueza-- se cometió un error en la Asamblea Legislativa, y así lo han aceptado los diputados, al no ver que el contexto anterior en el que se daba esta reforma iba a afectar también el proceso actual, aunque en el fondo se mantiene el acuerdo, compañeros del PAN y del PRI, de que efectivamente tenemos que dejar cada vez más claro que aquél que pida licencia pierde su fuero.

Pero entonces situemos la discusión en el contexto para que, en todo caso, hablemos sobre esa base y aceptando que efectivamente en la Asamblea Legislativa se cometió un error, que nada cuesta decirlo, también acepten ustedes que el contexto no ayuda en este momento porque pareciera que es directamente el asunto en contra del jefe de Gobierno.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Permítame, señor diputado Arce. Sonido a la curul del diputado Döring. Con qué objeto, señor diputado.

El diputado Federico Döring (desde la curul): Sí, señor presidente, si fuera tan amable de consultar al diputado René Arce si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Dóring’

El diputado Rene Arce Islas: Con mucho gusto, diputado Döring.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Adelante, diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Gracias. Diputado René Arce. Usted ha hecho referencia, en un par de ocasiones, a diputados a la Asamblea Legislativa que no han tenido en empacho reconocer que cometieron un error. Yo quisiera que nos pudiera precisar, a la Asamblea, a qué diputado se refiere, concretamente a qué grupo parlamentario pertenecen los diputados que usted dice que reconocen haber cometido un error.

El diputado Rene Arce Islas: Por supuesto, me refiero a los compañeros de mi fracción partidaria en la Asamblea Legislativa, ha sido público que ellos han dicho que cometieron un error y que por eso plantearon que se revisara esto y por eso estoy explicando el contexto en el que se ha dado esta discusión.

Y terminaría diciéndole, diputado Doring, que a partir de lo que usted dice, aquí tengo en mis manos incluso, un documento en donde la diputada Adela Cerezo Bautista, que fue miembro de su partido, pidió aquí que se retiraran una serie de iniciativas que presentaron en su momento miembros de su fracción y fue aceptado por el pleno. esto habla de que esto es factible ¿sí? Siempre ubicando los contextos, ubicando el fondo de las cosas y me parece que esto es un trámite parlamentario.

Yo les pediría a ustedes también que entonces ubiquen el contexto. Yo creo que ustedes, los del PRI y nosotros, iremos en cuantas iniciativas sean necesarias que eviten que esta controversia se dé y que quienes pierdan su licencia o pidan licencia, pierdan su fuero, se dé. Hay que evitar lo que en este momento se dé como en el contexto que se está viviendo en relación a lo del Jefe de Gobierno. Eso es todo lo que les pediría.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Señoras diputadas y señores diputados. Han hecho uso de la voz en pro y en contra de un trámite que ha dispuesto la Mesa Directiva, al respecto de un documento que finalmente ha suscrito y ha enviado el mismo promovente, que es la Asamblea, a través de su Presidente y de su Secretaria General, para retirar, dejar sin efecto una iniciativa que previamente había turnado.

La Mesa Directiva ha dispuesto el trámite de obsequiar el dejar sin efecto y devolver a la Asamblea la iniciativa; pero existe una propuesta hecha por el diputado Triana, de dar turno a la Comisión del Distrito Federal y a Gobernación, del mismo. Por lo cual consulte la Secretaría a la Asamblea si es de obsequiarse o de aprobarse el obsequio que esta Mesa ha hecho.

El diputado Federico Döring Casar (desde su curul): ¡Votación nominal!

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: ¿Quién más lo solicita?

(Varios diputados de la bancada panista levantan la mano sumándose a la propuesta del diputado Federico Doring Casar)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Abrase el sistema electrónico de votación para poder recoger la votación, en el entendido de que la votación a favor, es sobre el trámite que ha dictado la Mesa Directiva, dejar sin efecto y devolver a la Asamblea la iniciativa como ha sido solicitado. Y un voto en contra, será a favor de la propuesta del diputado Triana, que es turnar a Comisión del Distrito Federal y a Gobernación, esta iniciativa de la Asamblea. Por cinco minutos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que hace referencia el artículo 161 de nuestro Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para poner a la consideración en votación nominal el trámite que ha hecho la Presidencia de esta Mesa Directiva de dejar sin efecto y devolver a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa en comento.

(Votación nominal)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Proceda la Secretaría a recoger la votación de quien haya tenido problemas en el sistema de votación, ero cierre ya el sistema.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz el diputado Horacio Martínz Meza.

El diputado Horacio Martínez Meza: ¡A favor!

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: El diputado Filemón Arcos Suárez.

El diputado Filemón Arcos Suárez: ¡A favor!

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: La diputada Consuelo Camarena.

La diputada Consuelo Camarena: Ya voté, Secretario.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: El diputado Lino Celaya, también, al fondo.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Lino Celaya.

El diputado Lino Celaya: ¡A favor!

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Diputado Presidente, se emitieron 259 votos en pro; 167 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Aprobado el trámite que ha dado la Mesa Directiva. Déjese sin efecto y devuélvase a la Asamblea la iniciativa.

Siga la Secretaría con los asuntos en cartera. Oficios de la Secretaría de Gobernación.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alfredo González Castro pueda prestar servicios en la Embajada de Serbia y Montenegro, en México)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(Da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alejandra Fernández Lozoya, Edith Araceli Gómez González, Carla Virginia Padilla Rosales, Octavio Becerra Cortés y César Adalberto Domínuguez, puedan prestar servicios en la Embajada De Cóte d´Ivoire, en México)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(Da lectura a dos oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(Da lectura a nueve oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Remítanse a las Comisiones correspondientes también para su conocimiento.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña:

(Da lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta de proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Alfredo Fuentevilla Ruffo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog en Grado de Caballero Primero que le otorga el Gobierno del Reino de Dinamarca)

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario Jesús Riestra Venegas, para aceptar y usar la condecoración de la Cruz Oficial de la Orden del Mérito, que le confiere el Presidente de la República Federal de Alemania.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió del diputado Pablo Anaya Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que emitan el dictamen correspondiente.

También esta Presidencia recibió del diputado José María de la Vega Lárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería.

Con el mismo fundamento se excita a las Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería, para que emitan el dictamen correspondiente.

Así también, el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitó se excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que se emita el dictamen correspondiente a su iniciativa, lo cual se lleva a cabo en este acto.

Esta Presidencia también ha recibido de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación, para que emitan dictamen correspondiente, lo cual se hace en este acto.

El diputado Jesús Nader Nasrallah, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también ha hecho una solicitud de excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Con los mismos fundamentos reglamentarios se hace lo procedente, excitando a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que emita el dictamen correspondiente.

También la Presidencia ha recibido del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, excitativa a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que atiendan sus iniciativas, lo cual se hace en este acto, fundamentado en el reglamento.

También esta Presidencia recibió del diputado Jesús Nader Nasrallah, dos solicitudes de excitativas. La primera a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, y otra más a la Comisión de Puntos Constitucionales, mismas que se llevan a cabo y a efecto en este acto, como excitativa a ambas Comisiones.

Siguiendo con las solicitudes de los ciudadanos Diputados , el señor Diputado José Manuel Abdalá de la Fuente del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho también solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, misma excitativa que se lleva a efecto en este acto.

La Presidencia también recibió del Diputado Carlos Jiménez Macías del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Con los mismos fundamentos anteriores, se excita a ambas Comisiones para que emitan el Dictamen correspondiente.

También esta Presidencia recibió del Diputado Enrique Escalante Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Pesca, misma que se lleva a efecto con este acto que lleva a cabo la Mesa.

También de parte del Diputado José Manuel Abdalá de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, presenta solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, misma que también se ejerce en este acto.

Por último esta Presidencia también recibió del Diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos., misma que surte efectos con el acto de esta Mesa.

También esta Presidencia recibió Iniciativa que reforma el Artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Se turna a Comisión de Puntos Constitucionales.

El mismo Diputado, Jesús Martínez Alvarez presentó una Iniciativa que reforma el Artículo 1 de la Ley General de Deuda Pública, que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública.

El diputado Javier Orozco Gómez del grupo parlamentario del Partido Verde Cologista, también presentó iniciativa que reforma los Artículos 23 Numeral Primero inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Reglamentos Parlamentarias.

Tiene la palabra el señor diputado Manuel García Corpus del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa de Ley Federal Agraria.

El diputado Manuel García Corpus: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras Diputadas. Compañeros Diputados.

Como muchos de ustedes saben, el Artículo 27 Constitucional y la legislación que de ésta se deriva, son tal vez el producto más elocuente de la historia de nuestro país, al menos la de los Siglos XIX y XX:

El Constituyente de 1917 plasmó en este glorioso precepto los anhelos por los que lucharon los campesinos mexicanos, principalmente la restitución de las tierras de que habían sido despojados, el reparto de la gran propiedad agraria y la justicia social en el campo.

Con base en este orden legal agrario, desde la primera mitad del siglo pasado, se estabilizó el país y se repartió más de la mitad del territorio nacional, equivalente a 103 millones de hectáreas, con lo que pudo emprenderse además el camino del desarrollo productivo, económico, social del campo mexicano.

No obstante desde hace más de 20 años, el campo empezó a caer en crisis, abandono creciente por parte del Estado y el genuino contenido social del agrarismo mexicano se ha ido desvirtuando.

En 1992 con el objeto de superar la crisis e impulsar el desarrollo, el Estado promovió la ya famosa reforma constitucional, a través de la cual canceló el reparto agrario y prometió, en compensación, un paquete de nuevos derechos para los campesinos, orientado fundamentalmente, según se dijo, a darles mayor seguridad jurídica, mediante la regularización de la propiedad de la tierra y a partir de ello, con la concurrencia de otras medidas, a traer inversiones, créditos, capitalización, empleo, asociación productiva, ingreso, desarrollo, bienestar y justicia social para el sector.

Sin embargo, a 13 años de vigencia de estas reformas, los resultados obtenidos son muy diferentes a los esperados, existe una gran y variable inseguridad en la tenencia de la tierra, falta de regularizar más de 20 millones de hectáreas de propiedad social y la mayor parte de la propiedad privada, una gran cantidad de conflictos y problemas derivados de resoluciones presidenciales, emitidas o enjutadas incorrectamente.

Por otra parte, subsiste la necesidad de crear opciones de empleo, para al menos 12 millones de personas jóvenes que habitan en el campo, pero ya no hay tierras que repartir.

El crédito y la inversión no llegaron, en los últimos 20 años, la inversión en fomento agropecuario, se redujo en un 95%, el gasto público un 73% y el crédito agropecuario en un 64%. Los resultados de esto, aunado a otros factores han sido estancamientos, dependencia alimentaria y agudización de la pobreza en el sector.

Preocupados por esta situación y atendiendo nuestra obligación fundamental como legisladores, en la Comisión de Reforma Agraria, además de promover mayores recursos presupuestales para el campo hemos analizado, discutido, investigado, escuchado las voces de los campesinos y recogido sus reclamos plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo para proponer un nuevo ordenamiento jurídico que contribuya, aunque sea modestamente, a resolver los graves problemas que aquejan hoy al campesinado de nuestro país.

La iniciativa de Ley Federal Agraria que presentamos, en general se orienta a lograr una legislación con sentido social. Para ello se establecen medidas para proteger a las familias de los ejidatarios y comuneros mediante la definición y reglamentación de un patrimonio de familias. Se crea un título denominado Del Fondo de Tierras para darle estatus legal a lo que esta soberanía ha dispuesto, si bien incipientemente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y para orientar de mejor manera los recursos aportados a fin de motivar, tanto a los jóvenes para que trabajen la tierra y evitar su emigración, como a las mujeres organizadas. Este fondo contribuirá además al relevo generacional que demanda el proceso de envejecimiento de los titulares de las tierras; rescate de la función social de la propiedad al obligar a las sociedades propietarias de la tierra a mantenerlas en explotación, en virtud de que las reformas al 92 les dio derecho de adquirirlas pero no con un fin productivo sino puramente especulativo.

Una respuesta a la demanda de justicia de los pueblos indígenas, con el objeto de atender el sector más débil y olvidado del medio rural, en cumplimiento de la previsión insistente en los artículos 2º y 27 de nuestra Carta Fundamental. De este modo se definen las tierras indígenas, se reglamenta su constitución y se asegura su protección en respeto de la cultura, sistemas normativos, valores sociales, políticos y culturales de los grupos indígenas.

Fortalecimiento de la vida orgánica de los grupos agrarios, al rescatar la tradición de la organización campesina e incorporar nuevas alternativas. A este respecto se precisan atribuciones de la Asamblea Ejidal para mejorar la gestión de los asuntos financieros y sociales; se crean medidas preventivas para garantizar que los ejidos cuenten en todo momento con órganos de administración y representación vigentes.

Se fortalece la junta de pobladores con miras a su participación activa en instituciones creadas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En cuanto a las figuras asociativas agrarias, se definen principios generales aplicables a todas ellas, además se reconoce a la Unión Agrícola Industrial de la Mujer, AUIM, como tal, dotándola de personalidad jurídica y ampliando su objeto y alcance.

La regularización de los múltiples acuerdos de arrendamiento que se dan en el campo, para otorgar mayor seguridad jurídica, proteger a los campesinos pobres y facilitar el acceso a la tierra por este medio.

Vigencia de los principios de sustentabilidad, diversidad productiva y beneficio social para los dueños de la tierra, al incluir disposiciones que protegen las tierras de ejidos y comunidades y motivan su aprovechamiento en actividades productivas, de servicio, de conservación del ambiente y de la biodiversidad. Asimismo, se consideran diferentes y más justas modalidades para la determinación de la indemnización en caso de expropiación de la propiedad social.

Reconocimiento a los nuevos sujetos agrarios, como en el caso de los posesionarios en lo individual y UAIM como ente colectivo.

Apoyo para los pequeños propietarios, incluyéndose medidas que tutelan derechos a favor de la propiedad pardifundista (¿).

Evitar la concentración de la tierra. Para ello se establecen límites a la pequeña propiedad ganadera y a la propiedad de sociedades mercantiles haciendo concordar la ley con el espíritu del artículo 27 constitucional.

Independencia de la Procuraduría Agraria en lo operativo, presupuestal, técnico y administrativo con el objeto de que cumpla eficientemente su función social, para lo cual además se le dota de una Junta de Gobierno representativa.

Mejor vinculación y concordancia con la legislación relacionada con el desarrollo rural, agropecuario y ambiental.

En relación con la Ley Agraria vigente, esta iniciativa crea un título, una sección y 28 artículos; modifica 79 artículos y deroga 2, por lo que se consideró más adecuado, por razones de técnica jurídica, la reestructuración del ordenamiento y expedición de una nueva Ley Federal Agraria.

Compañeros y compañeras diputados: El tema agrario está hoy nuevamente en discusión y redefinición en el mundo; países hermanos latinoamericanos están emprendiendo acciones de reparto de tierras para otorgar oportunidades de trabajo a su población.

En otras latitudes, se redefinen las funciones sociales y ambiéntales en la gestión de la propiedad de la tierra; nuestro país, el que emprendió el proceso de reforma agraria más profundo en el siglo pasado, también reclama y requiere actualizar su legislación agraria, para que los más de 29 mil núcleos agrarios y los más de 5.7 millones de ejidatorios, comuneros, posesionarios y pequeños propietarios minifundistas, encuentren mejores alternativas de empleo, ingreso y superiores estándares de vida en la tierra que les vio nacer.

El suscrito y los 19 diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Reforma Agraria, al calce firmantes, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Federal Agraria que, en obvio de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, como ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 17 de este mismo mes.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

Esta Presidencia recibió, de parte del señor diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 6° de la Ley Federal de Correduría Pública.

Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el señor diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de requisitos para ser Presidente de la República.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, señor Presidente.

El suscrito diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en la normatividad vigente, somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 82, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, en sí misma, la manera de llevar a la práctica la vida que todos nosotros hemos decidido, a través de las distintas etapas históricas, traducidas en diversas reglas que determinan el desarrollo democrático del país.

Pero la Constitución frecuentemente se ha visto rebasada a través del tiempo por distintas circunstancias que han modificado la constante y permanente actualización de la vida de nuestra nación. Es decir, es ya una ley antigua que requiere una nueva vitalidad, entre estos cambios tenemos lo que ha derivado al dinamismo porque el que ha transitado el Distrito Federal y su íntima relación con la Administración Pública Federal.

En este sentido, tenemos que por diversos motivos se ha dado nacimiento a los departamentos administrativos, que a lo largo de nuestra historia tuvieron distintas actividades y distintas obligaciones.

Entre las principales funciones estaban las de ser auxiliar técnico del Ejecutivo Federal en diversos rubros de la Administración Pública. Por ello, bajo la dirección de Venustiano Carranza nacen los primeros departamentos administrativos y años después surgiría el departamento del Distrito Federal, entre otros.

Tras distintos intentos de dar y reconocer el Distrito Federal como el Estado de México y ganar terreno en la lucha por sus derechos, como el que puedan tener representación popular de diputados, fue conformando el Distrito Federal con una jurisdicción híbrida y única diferente de sus semejantes; así, en 1928 nacería el departamento del Distrito Federal dividiendo su territorio en delegaciones y suprimiendo a los incipientes municipios que tanto fueron discutidos por el Constituyente de 1917.

Es así, como el proceso histórico por el que transitó el Distrito Federal le fue ganando facultades que lo han asemejado a cualquier otra entidad federativa. Tomando en consideración los antecedentes anteriores, es importante completar la actualización de la normatividad que rige al encargado del gobierno. Hasta 1997 el Distrito Federal fue una dependencia más del Gobierno Central y a partir de ese año, se elegiría mediante sufragio efectivo y no bajo una designación directa al Jefe de Gobierno, asemejando al gobierno electro de cualquier otra entidad del país.

Es por todo esto que es necesario actualizar el artículo 82 constitucional que plantea en su fracción VI, parte de los requisitos con los que se deberá cumplir para que cualquier mexicano pueda aspirar legítimamente al cargo de Presidente de la República; entre ellos se encuentra el de separarse de su cargo con un mínimo de seis meses antes del día de la elección.

Los cargos que hace referencia son los de: Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de Departamento Administrativo, Procurador General de la República o Gobernador de alguna entidad y se omite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en vista de que esta figura de gobierno no existía anteriormente.

Por ello, los diputados del Partido Acción Nacional venimos a plantear la adecuación de un término en este artículo constitucional para que sea obligación del encargado del Gobierno del Distrito Federal, el que se separe de su cargo con seis meses de antelación en caso de que aspire a la investidura del cargo de Presidente de la República y con ello dar trato de igualdad al de los gobernadores de los estados.

Aunque pudiera interpretarse que por analogía se encuentra comprendida la obligación del Jefe de Gobierno de separarse del cargo para optar por una candidatura, creemos que es mejor que se diga explícitamente y así eliminar un punto de discusión que puede ser detonador de conflictos políticos.

Es importante recalcar aunque sea obvio, que esta disposición normativa busca a que los aspirantes a quienes se hace referencia en la citada fracción VI, se retiren de sus cargos para que no utilicen las prebendas del mismo en beneficio de sus aspiraciones políticas y compitan en un esquema inequitativo. Un régimen democrático no se sutura sólo con el sufragio efectivo, por el contrario, es el elemento importante del mismo, el estado de derecho, estructurado en normas claras que propicien la equidad entre todos.

Por lo mismo, elevarlo a un nivel constitucional es una tarea necesaria para actualizar nuestra normatividad y con ello contribuir a una mayor claridad de la norma. Así también y para darle congruencia a la propuesta, es necesario suprimir la referencia que hace el texto constitucional de Jefe o Secretario General del Departamento Administrativo, dado que ya no existe. Con fundamento en lo anterior, dejemos claro que no existe otra motivación que la de establecer un trato de igualdad que no dé lugar a interpretaciones diversas o a discusiones bizantinas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

Fracciones I a la V, quedarían tal y como están actualmente.

Fracción VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República ni gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

Y la fracción VII, seguiría tal y como está.

"Transitorio

"Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo a los 30 días del mes de marzo del 2005.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres.

Es cuanto señor Presidente, sólo me quedaría rogarle que como ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria la versión íntegra, ésta también sea publicada en el Diario de los Debates y no la presentación abreviada que acabo de hacer, dado el tiempo tan limitado que tenemos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Obséquiese la petición de don Norberto Enrique Corella Torres, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley Federal de Protección Social por Desempleo.

El diputado Francisco Diego Aguilar: Con la venia, señor Presidente.

A partir de 1988, la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es miembro desde 1931, puso a la consideración de los países el Convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, sin que hasta la fecha haya sido ratificado por nuestro país.

Ante la evidente falta de un marco jurídico nacional particular que pudiera sustentar su ratificación, aunado al hecho que ni la legislación laboral ni la de seguridad social vigente, contempla apartado alguno referente al tema de la protección social por desempleo.

El convenio al que he hecho alusión, establece dentro de su marco de consideraciones que las políticas que fomentan un crecimiento económico estable sostenido y no inflacionario, ofrecen la mejor protección contra los efectos nefastos del desempleo involuntario; que no obstante el desempleo involuntario existe y que es importante, por consiguiente, que los sistemas de seguridad social brinden una ayuda al empleo y un apoyo económico a las personas desempleadas por razones involuntarias.

En este sentido, la iniciativa que hoy se presenta, pretende dar una respuesta a este marco jurídico internacional a través de la protección social por desempleo, misma que se refiere a la protección gubernamental de los individuos que han perdido ingresos por la imposibilidad de obtener un empleo conveniente.

Para ello, la iniciativa mencionada, que tiene derecho a la protección social por desempleo, el individuo que haya perdido su empleo involuntariamente y durante el mes siguiente a este evento no haya encontrado uno nuevo y no se encuentre realizando trabajos por cuenta propia o tener otra ocupación remunerada.

Con base en lo anterior, son sujetos de la protección social por desempleo preferentemente los trabajadores cuyas relaciones laborales se regulen por el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución y que coticen en el Fondo Nacional de Protección Social por Desempleo durante un período mínimo de doce meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo involuntario, así como los trabajadores eventuales que hayan cotizado un mínimo de cien días durante doce meses anteriores al cese de la relación laboral y los que se encuentren bajo el supuesto de la fracción anterior y tengan entre 40 y 65 años de edad y que demuestren que los motivos que dieron origen al desempleo fueron involuntarios, mediante la certificación que obligatoriamente debe expedir el patrón a favor del trabajador, sea el principal soporte de su familia, su salario en el empleo anterior fuera inferior a 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal mensuales y se encuentre buscando un nuevo empleo.

Asimismo, son sujetos de la ley los jóvenes que han terminado sus estudios o su formación profesional y no encuentren empleo, toda persona al término de un período consagrado a la educación de un hijo o a cuidar de un familiar o dependiente enfermo, una persona con capacidades diferentes o un adulto mayor, las personas cuyo cónyuge haya fallecido cuando no tengan derecho a una prestación de superviviente y las personas separadas o divorciadas que no sean beneficiadas mediante disposición legal alguna.

De igual forma, se reconoce como autoridad ejecutora de la ley a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante facultades expresadas, señaladas en la ley.

Para la protección social por desempleo aplicable a los que hayan perdido su trabajo, el tiempo total de prestación estará en relación con el periodo de cotización dentro de los 3 años anteriores a la conclusión del contrato o relación del trabajo que dio origen a la situación de desempleo involuntario, dependiendo de los periodos de cotización, variando entre 4 y 12 meses de duración de la prestación.

Para los trabajadores eventuales la duración de las prestaciones será de 1 día por cada 3 de servicios prestados con cotización; computándose a ese efecto exclusivamente las contrataciones superiores a 30 días.

La cuantía de la prestación por desempleo será equivalente al 40% del promedio de sus salarios integrados conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos 12 meses.

Por otro lado, para los sujetos distintos a los mencionados con anterioridad, la prestación será de 30 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y estará vigente hasta por 6 meses y no podrá extenderse en el plazo.

En consecuencia, todo individuo podrá acceder a la protección referida, sólo durante dos ocasiones cada 5 años; la segunda ocasión no podrá ser mayor a 3 meses.

Para constituir los recursos del fondo, los patrones están obligados a efectuar aportaciones por el monto de 2.5% sobre el salario del trabajador, así como tener y enterar las aportaciones de los trabajadores a este fondo, por una cuantía de 1.5 de su salario.

Asimismo, el gobierno federal deberá aportar por cada trabajador y día de salario devengado, la cantidad de 5% sobre el salario base de cotización, prevista en la Ley del Seguro Social. Tales ingresos los depositarán y operará este fondo en una subcuenta especial para destinarlos a cubrir a los beneficiarios la diferencia entre la prestación que les corresponda conforme al saldo de su cuenta individual y monto mínimo establecido por el Consejo del Fondo Nacional para la Protección Social por el Desempleo.

Para la prestación aplicable a los sujetos distintos a los que fueron trabajadores, el Ejecutivo Federal presentará en el proyecto de Egresos de la Federación, los montos presupuestales necesarios para atender a la población beneficiada.

De igual forma la ley establece tanto las obligaciones de los beneficiarios como de los casos en que dicha prestación podrá suspenderse o cancelarse. Bajo el mismo marco de ideas y en el contexto de la planificación democrática del desarrollo de la nación, se deberá incluir la política de protección social al desempleo y sus instrumentos de aplicación.

Para ello se instaura el Programa Nacional de Protección Social por Desempleo, tendiente a la protección de los sujetos de la ley, la generación de justicia social por equidad, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El programa deberá contener los lineamientos, acciones y metas de corto, mediano y largo plazos prioritarios y no prioritarios, con una visión de sustentabilidad social, que garantice la seguridad de las necesidades de las presentes y futuras generaciones.

Asimismo, con el objeto de ampliar la cobertura, la Secretaría se coordinará con sus homologas en los gobiernos estatales y del Distrito Federal.

Finalmente, se crea tanto el Registro Nacional de Beneficiarios, con objeto de contribuir al control (?) del universo de población atendida y a las estadísticas del programa, así como el Fondo Nacional de Protección Social por Desempleo, misma que se regirá por las disposiciones establecidas en el Reglamento de la ley.

Compañeras y compañeros diputados: evidentemente el tema del desempleo en México constituye uno de los tópicos que requieren un debate profundo y exhaustivo, para arribar a un marco jurídico más benevolente con la seguridad social del medio laboral. Es por ello que con esta iniciativa se pretende abrir el debate entre los grupos parlamentarios que convergen en esta Soberanía nacional, así como de los diversos sectores sociales, civiles, sindicales, empresariales y de la población en general.

Estoy seguro es preocupación y obligación de nosotros como representantes de la nación, arribar a soluciones consensuadas en beneficio de nuestros ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete ala consideración del Pleno de este cuerpo colegiado, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección Social por Desempleo.

Ciudadano Presidente, por economía procesal le solicito muy atentamente instruya la inscripción del contenido total de esta iniciativa en la versión estenográfica y el Diario de los Debates del día de hoy, así como su turno a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este cuerpo colegiado.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social (sic) e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción XXII (sic), al artículo quinto de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

La banca comercial en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos hechos en los últimos años por el Estado para sanearla y ponerla en niveles de operación aceptable, no mejora integralmente sus niveles de competitividad y en general apoya insuficientemente el crecimiento de nuestra economía.

Desde la perspectiva de los usuarios de crédito, la banca comercial mexicana es poco flexible y no toma en cuenta en contexto socio-económico y de operación de los agentes económicos.

En este contexto y con el fin de cubrir las áreas de fomento y de inversión que la banca comercial deja de atender, como legisladores debemos apoyar, rediccionar (sic) y promover el papel de la banca de desarrollo dándole un papel de primera importancia en la promoción del mercado interno.

La banca de desarrollo ha tenido históricamente un fuerte rezago centralista en su administración, decisiones y actividades crediticias y de fomento. Esto debe cambiar positivamente.

La banca de desarrollo debe redimensionarse, debe dirigir sus políticas y acciones para cubrir las áreas que necesitan de su fomento económico y apoyo crediticio con el fin de posicionarla como una banca promotora robusta y eficiente que apoye a todas las actividades económicas no tomadas en cuenta por la banca privada para de esta manera posibilitar el fortalecimiento del mercado interno nacional, estimulando sinérgias entre banca comercial y de desarrollo que permitan fortalecer a nuestra economía hoy caracterizada por su pobre desempeño bajo dinamismo y pérdida de competitividad.

Debemos recordar que la banca de desarrollo debe cumplir con una función básica proporcional al financiamiento a aquellos sectores que por imperfecciones del mercado no son atendidos por intermediarios financieros privados.

En este orden de ideas, la banca de desarrollo está obligada a desempeñar un papel central en el ritmo y dirección del crecimiento económico ya que debe garantizar un adecuado servicio a la empresa pequeña, en todas y cada una de sus necesidades y desarrollo en cuanto a fomento, inversión y fortalecimiento tecnológico.

Es precisamente en este sentido que debemos apoyar y garantizar sus funciones dándole sentido y dirección a sus políticas para elevar la eficiencia de esta importante institución de crédito, así como para transparentar su función y posibilitando una mejor vinculación de sus actividades con las de otras entidades que influyen en las estrategias de desarrollo y competitividad de nuestra economía, y en especial de nuestro mercado interno.

Siempre asumiendo que la banca de desarrollo deberá contar con una administración sustentada en criterios de honradez y altos estándares de buen gobierno que garanticen la canalización eficiente de recursos y esfuerzos hacia actividades con una elevada rentabilidad social.

Además, deberá incrementar su capacidad de operación y ampliar su cobertura, privilegiando la unión de esfuerzos con la banca comercial para optimizar la asignación de crédito.

La banca de desarrollo debe crear esquemas financieros que incluyan criterios de conservación y sustentabilidad, que estimulen el desarrollo de actividades alternativas que promuevan la creación de un mayor valor agregado en el mercado interno.

En este contexto, como legisladores preocupados por esta situación y con el objetivo de propiciar un sistema bancario robusto y eficiente que canalice crédito en mejores condiciones y con una mayor cobertura, nos proponemos fortalecer el papel que debe desempeñar la banca de desarrollo, en especial Nacional Financiera, en el fortalecimiento del mercado interno.

La intención explícita de esta iniciativa es modificar la Ley Orgánica de Nacional Financiera con el fin de fortalecer su papel en la dirección, conducción y fortalecimiento de las actividades de fomento e inversión, apoyando las diversas actividades productivas con las que se tiene contacto y así contribuir dinámicamente en el desarrollo del mercado interno.

En este contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca de desarrollo sana y eficiente que detone crecimiento económico y círculos virtuosos de la economía, promoviendo el crédito, la inversión, el empleo y el ingreso, los diputados que formamos la fracción del Partido Verde Ecologista de México sometemos para su aprobación a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción 12 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.

Decreto. Artículo 5. La sociedad, con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su eficiencia y competitividad en el ejercicio de su objeto, canalizará apoyos y recursos y estará facultada para --fracciones I a la XI quedan igual; se cambia el XII-- Promover el desarrollo del mercado interno".

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor diputado Ochoa Fernández.

Tiene la palabra el señor diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el apartado B del artículo 102 y la fracción II del 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la presidencia.

Compañeros y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del apartado B del artículo 102 y se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 15, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente, en virtud de lo extenso de la iniciativa sólo haré una exposición de carácter general y le solicito atentamente que se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

El propósito de esta iniciativa es fundamentalmente ampliar el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándole facultad para conocer sobre violaciones a los derechos políticos de los gobernados en asuntos electorales y en asuntos laborales y también dotándole de la facultad para poder emitir, en caso de que así proceda, recomendaciones a los órganos jurisdiccionales en actos que no sean, en el fondo mismo, de la solución de una controversia, esto es, en la sentencia.

En materia de derechos políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de diciembre 10 de 1948, establece, en su artículo 21, numeral 2, que toda persona tiene el derecho, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En consecuencia, no se pueden tomar medidas tendientes a dejar fuera a algún aspirante a participar en un proceso electoral.

En México tenemos el caso de que, mediante diferentes subterfugios legales, se pretende inhabilitar a una persona, en particular al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para participar como candidato en la elección presidencial del año 2006.

Esta actitud la consideramos totalmente inaceptable. Estamos firmemente convencidos de que la sociedad mexicana, con madurez y responsabilidad sabrá a qué candidato darle su voto, pero deben de ser ellos, los ciudadanos, los que decidan.

No es permisible que desde los órganos del poder público se orqueste una campaña para jurídicamente inhabilitar en el ejercicio de sus derechos políticos a un particular. Todo el peso del aparato gubernamental se enfoca a impedir que alguien participe en dicho proceso.

Es por esta razón que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera inaplazable el que en nuestro Texto Constitucional se establezca de manera expresa la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer sobre actos de autoridad que puedan ser constitutivos de la violación de derechos políticos, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país reconocen a favor de los gobernados.

Es más, hace algunos días fuimos testigos de la andanada que se orquestó en contra del doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por haber manifestado opiniones contrarias al proceso de desafuero que en esta Cámara se sigue al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Consideramos también que es necesario ampliar la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda conocer sobre asuntos laborales, en particular sobre el precio que tiene en el mercado la fuerza de trabajo y que se traduce en el pago de un salario que resulta a todas luces insuficiente par ala manutención del trabajador y de su familia.

El artículo 123 constitucional, establece en su apartado "a" fracción VI, segundo párrafo, que "Los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".

Reiteramos, esto establece nuestra norma fundamental que para todo aquel que la quiera ver, sabe que ésta no se cumple.

Pero además la multicitada Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 23 numeral III, que "Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social"

Como vemos, este derecho humano de una justa remuneración por el trabajo desempeñado o se cumple ni en términos de la obligación jurídica prevista en la Constitución ni como derecho humano previsto en tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado.

En materia de asuntos electorales, proponemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda conocer también estas violaciones al derecho humano de los gobernados, de elegir a sus gobernantes, siempre en elecciones auténticas en las que se garantice la libertad del voto, ya que éste es el principio básico de un régimen republicano en donde debe existir una renovación periódica de los titulares de los poderes públicos; pero esto siempre en elecciones que se rijan bajo el principio de la equidad que debe existir entre todos los actores políticos.

También proponemos que se adicione un inciso "g" a la fracción II del artículo 105 constitucional, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales de los estados o del Distrito Federal, así como tratados internacionales que puedan llegar a vulnerar el ámbito de los derechos humanos de los gobernados.

Consideramos que ésta es una medida que fortalecería la tutela de los derechos humanos a cargo de la Comisión, ya que oportunamente conocería de las normas generales que pueden traducirse en violaciones de los derechos humanos antes de que puedan ser aplicadas afectando a los gobernados.

Compañeras y compañeros legisladores: Estas son, en términos generales, algunas de las propuestas que en nuestra opinión tienden a fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En la reforma constitucional de 1999, se logró establecer su plena autonomía. Ahora hay que seguir impulsando las medidas legislativas que complementen y fortalezcan el marco legal con que cuenta la Comisión.

Por su atención muchas gracias y dejo en poder de la Secretaría el texto íntegro de la iniciativa.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias,, don Pedro Vázquez.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Con su venia diputado Presidente.

"El suscrito diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos, de conformidad con la siguiente

"Exposición de Motivos:

"Los diputados de la Comisión Especial de Ganadería tenemos como objetivo principal apoyar todo aquello relacionado con el sector ganadero, de tal forma que se facilite su desarrollo y modernización, permitiéndole competir tanto en el mercado interno como en el mercado externo.

"Nos preocupa que los animales vivos, productos y subproductos de origen animal que se importan a territorio nacional cumplan con todas las normas de sanidad y calidad con el fin de proteger la salud de los mexicanos y de nuestros actos ganaderos.

"No podemos permitir que se nos trate como el patio trasero al que se le arrojan los desperdicios de otros países por intereses mercenarios. Solo basta recordar que durante 2004 y en lo que va de 2005 han ocurrido múltiples sucesos lamentables de introducción de productos de origen animal a México contaminados, insalubres o que contienen substancias como el clembuterol que dañan seriamente la salud de los que consumimos.

"Y nos preguntamos ¿cómo es posible que se permita la entrada de estos productos, que en la mayoría de los casos se detecta su presencia cuando ya se consumieron y causaron el daño? La razón es muy sencilla y lamentable: no contamos en México con la infraestructura que se requiere para operar eficientemente en los puntos de verificación de entrada de estos productos conforme lo marca la normatividad.

"A partir de la apertura comercial se nos han vendido reiteradamente las bondades de pertenecer al mundo globalizado. Yo estoy convencido que podemos sacar provecho de esto y no dudo de las ventajas de poder acceder a los mercados internacionales, pero para ello como país requerimos de contar con infraestructura moderna que facilite y permita realizar las operaciones de comercio exterior, similar a la de nuestros países socios.

"La simple firma de un acuerdo comercial no es la llave mágica. Se requiere de medios de comunicación y transporte modernos. Se requiere de autoridades capacitadas para llevar a cabo sus funciones. Se requiere de infraestructura como laboratorios suficientes y bien equipados para realizar un trabajo oportuno y eficaz.

"Un ejemplo de lo anterior es la situación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que debido a las restricciones presupuestales no cuenta ni con el personal ni equipo necesario para realmente, y esto lo subrayo, realizar la verificación de los productos que se importan a México.

"Los diputados de la Comisión constatamos que la realidad es que se verifica el mínimo de lo que se ingresa a México. Esto nos preocupa de sobremanera, ya mencioné nuestro interés de proteger la salud de los mexicanos y de nuestros animales. De no hacerse nada corremos el riesgo de importar enfermedades que acabarían con el sector.

Como diputados no estamos dispuestos a que pudiendo haber tomado acciones y conociendo del problema, se nos reclame que no hicimos nada. Por ello, presentamos una reforma a la Ley Federal de derechos, en donde se adicionó un artículo 85-A a la ley en comento, misma que se aprobó por unanimidad de la Cámara de Diputados y Senadores y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2004, para entrar en vigor el 1º de enero del presente año, misma que ha provocado dudas, que ha provocado dudas a las autoridades administrativas encargadas de su implementación respecto de si es potestativo o no el pago de los derechos establecidos en su texto.

Al respecto cabe mencionar que resulta extraño que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cuida la recaudación de hasta el último peso, en este caso haya buscado mil interpretaciones para no cobrar el derecho.

En respuesta a las dudas de esta autoridad, quiero dejar claro que los tratados comerciales celebrados por México, permiten el establecimiento de derechos por la prestación de servicios públicos relacionados con la importación de mercancías; que la Ley Federal de Sanidad Animal establece como obligatoria la verificación e inspección sanitaria, como un acto previo a la expedición del certificado zoosanitario de importación que ampara la introducción al país de animales vivos o mercancías de origen animal.

Como ya mencioné, es necesario que la autoridad cobre el derecho por el servicio de verificación de acuerdo a la cantidad de productos a importarse. Por ello, el establecimiento del pago del derecho por la verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria de la importación de animales vivos y sus productos, permitirá racionalizar la prestación de dichos servicios. Por tales motivos, se proponen las siguientes reformas a la Ley Federal de Derechos.

Iniciativa de Proyecto de Decreto que adiciona y reforma la Ley Federal de Derechos.

Artículo Primero.- Se deroga el artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos.

Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 86-A-1 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

"Ley Federal de Derechos. Artículo 86-A-1.- Por los servicios de verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria de la importación de animales vivos, sus productos y subproductos, además del pago por la expedición del certificado zoosanitario, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

"Por la importación de productos o subproductos de origen animal, por cada tonelada o fracción 290 pesos; por la importación de productos o subproductos de origen animal no aptos para el consumo humano, por cada tonelada o fracción 50 pesos; por la importación de animales vivos, por cada ejemplar de la especie bovina 50 pesos; por cada ejemplar de la especie caprina, ovina, porcina o equina, 12.50; por cada ejemplar de aves, excepto avestruces, 2 pesos; por cada ejemplar de avestruces 50 pesos".

Para los efectos de la fracción de este artículo, se considerarán productos y subproductos de origen animal a la carne, vísceras y otras partes del cuerpo de los animales, leche en todas sus modalidades, incluyendo sus derivados de fórmulas lácteas, huevos, pastas y embutidos elaborados a partir de carne y de otros tejidos o fluidos o partes de animales y a los órganos o partes útiles de los animales no industrializados que por su naturaleza, por la producción, comercialización o movilización, puedan crear un peligro de introducción o diseminación de enfermedades transmisibles a los humanos o a los animales, con exclusión de los productos biológicos y los destinados a vestido, calzado, deportes, artesanías o para otros usos distintos a los de alimentación humana o animal.

No se considerarán industrializados los productos y subproductos de origen animal por el hecho de que se presenten cortados, aplanados, en trozos, frescos, salados, secos, refrigerados , congelados o empacados.

Solicito a esta Presidencia, se inserte íntegro el documento en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será, señor Diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas al señor Profesor don Juan Manuel Rendón Esparza, Director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y a la Profesora Graciela Gutiérrez, Secretaria de la misma institución, así como al Profesor Austreberto Román, Secretario de la Junta de Administración del Seguro del Maestro, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas. (aplausos)

Tiene el uso de la palabra, el señor Diputado don José Antonio Cabello Gil, para presentar Iniciativa, a efecto de que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, suscrita por el propio Diputado orador y por Lilia Isabel Aragón del Rivero, Filemón Primitivo Arcos Suárez, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Inti Muñoz Santini, Carla Rochin Nieto, integrantes de las Comisiones de Cultura y de Educación Pública y Servicios Educativos, de esta Legislatura.

Gracias Diputado Presidente.

Los suscritos Diputados: Lilia Isabel Aragón del Rivero, Filemón Primitivo Arcos Suárez, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Inti Muñoz Santini, Carla Rochin Nieto y el que suscribe, José Antonio Cabello Gil, todos integrantes de las Comisiones de Cultura y de Educación y Servicios Educativos de esta LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la Legislación vigente, sometemos a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto, para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos.

Primero.- La Real Academia Española se fundó en Madrid el año de 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, aprobada por Real Cédula del Rey Felipe V.

A propuesta de varios señores Académicos, entre los que se encontraba el mexicano Fermín de la Fuente y Apetchea (?), la Academia determinó el 24 de Noviembre de 1870 la creación de Academias Americanas correspondientes, a fin de que con ellas cuidaran la pureza de la lengua castellana.

Para formar la mexicana, fueron designados correspondientes los señores: Sebastián Lerdo de Tejada, Presidente de la República, Juan Bautista Ormachea, José María de Bazoco (?), Alejandro Arango y Escandón, Casimiro del Collado, Manuel Moreno y Jove, Joaquín Cardoso, José Fernando Ramírez, Joaquín garcía Icazbalceta y José Sebastián Segura.

Segundo.- La Academia Mexicana tiene por objeto el estudio de la Lengua Española y en especial aquello que se refiere a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. Asimismo la Academia Mexicana remite a la Española, Indices comentados de voces, giros modismos de México con la historia, siempre que esto sea posible, del origen y vicisitudes de cada uno de sus provincialismos y podrá enviarle también Indices de otras voces que a su juicio deba figurar en el léxico español así como estudios especiales de su diccionario y proposiciones que tiendan a incluir en él las acepciones que a su parecer no hayan sido debidamente registradas.

Tercero.- Los primeros volúmenes de las Memorias publicados a partir de 1876 muestran la importante labor realizada desde sus primeros años por la Academia Mexicana.

En la Academia que comenzó a funcionar con doce Miembros, elevó después aquella cifra a 36 del número y 36 correspondientes fuera del Distrito Federal. A ella han pertenecido muchos de los hombres de letras mexicanas más ilustres, lo mismo filólogos y gramáticos, filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, historiadores y humanistas.

En el transcurso de los 130 años de existencia, han honrado a la Academia Mexicana, entre muchos otros, José María Vigil, Justo Sierra, Emilio Rabasa, José López Portillo y Rojas, Enrique González Martínez, Amado Nervo, Antonio Caso, Carlos Pellicer, Alfonso Reyes, José Gorostiza, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Pablo González Casanova, Andrés Henestrosa, Miguel León Portilla, Edmundo O'Gorman, Octavio Paz, Gabriel Isaiz, entre muchos otros,.

4º.- El 22 de diciembre de 1952 el gobierno de la república, presidido por el entonces presidente Miguel Alemán, se concedió un patrimonio en fideicomiso y la Academia se constituyó en asociación civil el 22 de diciembre de 1952, de esta misma fecha son los estatutos que la rigen.

La Academia Mexicana que mantiene buenas relaciones con las demás Academias, organizó el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que se efectuó en la Ciudad de México en abril de 1951, del que surgió mediante su Comisión Permanente la Asociación de Academias de la Lengua Española conformada en el Segundo Congreso celebrado en Madrid en 1956.

Esta iniciativa que presentamos tiene la intención de reconocer la gran labor de una institución tan noble, como es la Academia Mexicana de la Lengua, por ello, en ocasión de cumplirse en este año, el 11 de septiembre el 130 aniversario de su fundación, se propone que en Sesión Solemne de esta H. Asamblea, se celebre dicho aniversario y que se inscriba en Letras de Oro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por lo antes, fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se inscribe con Letras de Oro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Artículo 1º.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Academia Mexicana de la Lengua.

Artículo 2º.- La inscripción en Letras de Oro de Academia Mexicana de la Lengua se llevará a cabo en Sesión Solemne de la Cámara de Diputados a celebrarse para tal efecto el día 13 de septiembre de 2005 en el 130 aniversario de la fundación de dicha Academia.

Pido a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto diputado Presidente.

El Presidente diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Muchas gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México iniciativa que reforma los Artículos 46 y 47 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y adiciona un Numeral Cuatro al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se turna la misma a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado y profesor don Iván García Solís del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa, a efecto de que se inscriba con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Benemérita Escuela Nacional de Maestros.

El diputado Iván García Solís: Gracias Presidente.

Ciudadanas y Ciudadanos Legisladores.

Hace 118 años se fundó la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, institución que al paso de los años vendría a fijar una huella indeleble en el desarrollo cultural de nuestra nación.

El 24 de febrero de 1887 al fundarse la Escuela Normal de Profesores, cristalizó el tesonero esfuerzo de un grupo de intelectuales de la generación de la reforma encabezado por Ignacio Manuel Altamirano, quienes vieron en la educación el camino privilegiado para elevar el espíritu de la población y para formar al nuevo ciudadano, conocedor y respetuoso de las leyes así como comprometido con su cumplimiento, tal como lo demandaba el nuevo orden social.

La nueva institución desde sus inicios, fue la expresión de un espíritu modernizador bien entendido y ejemplo de nuestro mejor nacionalismo, en tanto tal influyó de manera decisiva en el desarrollo intelectual y político de nuestro país. Desde muy tempranas fechas, y ello es un gran mérito, cimentó el edificio de la pedagogía nacional y reconoció justamente la figura del maestro.

La nueva educación fortaleció la cohesión nacional, profundizó nuestra identidad y elevó la moral de la república, como pocas veces se ha visto en la historia de México.

Es de destacarse que con la formación de la Nacional de Maestros, se abrió también una participación muy intensa de la mujer, como señala Carlos Monsiváis, en el prólogo a un libro alusivo de la profesora Concepción Jiménez Alarcón: "Las escuelas normalistas de 1890 a 1940 son esenciales en campos tan diversos como la promoción por el interés de la ciencia; la oportunidad de una profesión digna para las mujeres; la expansión del espíritu liberal en zonas dominadas por la reacción; el fomento de la lectura; la difusión de las ventajas del mutualismo; la conciencia de la justicia social; la encarnación de la idea nacional de medios segregados por el regionalismo y el dominio de los caciques, entre otros".

La institución que inicialmente se dedica a formar docentes de primaria elemental, ante las crecientes necesidades educativas del país que se agudizan por la Revolución y que se expresan en el hecho de que el 90% de la población era entonces analfabeta, inicia en 1925 –y esto es muy importante señalarlo- un proceso de profunda transformación con el maestro Lauro Aguirre a la cabeza. Esta verdadera refundación del normalismo supera los lastres cientificistas propios del positivismo dominante en el último tercio del siglo, rescatando no obstante, los valores del rigor académico y el ansia de conocimiento universal.

Este insigne refundador concibe a la nueva escuela como un centro formador de docentes de alto nivel, como una verdadera universidad, es así, con equilibrio entre la teoría y la práctica y sobre todo con un directo compromiso con una sociedad en proceso de transformación. En este sentido, podemos decir que la Escuela Nacional de Maestros es uno de los mejores frutos en esta segunda etapa de la Revolución Mexicana.

En esos años se amplía la gama de formación de maestros a primaria superior, a educación parvularia y se va desarrollando la especialización del docente para áreas rurales urbanas y maestros de diversas actividades técnicas. A partir de entonces la Benemérita Escuela Nacional de Maestros se vuelve la matriz de todo un conjunto de escuelas normales que van diseminando a lo largo y ancho de la República sus conocimientos, de modo tal que sus docentes no sólo formaron maestros, sino también a formadores de maestros, cosa de la cual carecemos en este México del Siglo XXI. Igualmente, esta alma máter de miles de docentes se fue convirtiendo en la base de la capacitación y fortalecimiento de la labor de los maestros en activo, tarea que sin duda en la que debe incidir de manera más importante.

Hay que destacar también que la Benemérita Escuela Nacional de Maestros siempre ha estado vinculada a las causas progresistas de la nación. Y menciono rapidísimamente que ya desde 1919 hubo un compromiso de esta escuela con la lucha de los maestros de ese año, de 19, que simplemente reclamaban el pago de sus salarios y más tarde –lo vivimos muchos, muchos lo conocen por los libros- se inició un gran movimiento magisterial en el cual la Escuela Nacional de Maestros fue un pivote esencial y fue una referencia fundamental. Hoy en día esta Benemérita Escuela es una sólida institución que cuenta con licenciaturas, postgrados y áreas de investigación íntimamente vinculadas a las necesidades educativas.

Al reconocer el más alto nivel a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros esta Cámara reconocerá al magisterio todo y luchará también de manera indirecta, simbólica pero valiosa, por la revalidación, por el impulso, por el financiamiento, por el despliegue con nuevas y mejores alas de esta institución precursora.

Quiero citar ante ustedes un pensamiento que me parece profundo y adecuado y reciente, pensamiento reciente, de un filósofo inglés: George Stainner (¿). Dice que entre las mejores vocaciones, también está la vocación de enseñar: "No hay oficio más privilegiado –dice Stainner- despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros, inducir en otro el amor por los que nosotros amamos, hacer nuestro presente, de nuestro presente interior el futuro de ellos, ésta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra".

"Hasta en el nivel más humilde –sigue diciendo el filósofo inglés- el del Maestro de Escuela, enseñar, enseñar bien es ser cómplice de una posibilidad trascendente, si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila, tal vez escriba versos". Y yo digo, yo interpolo esta reflexión, cuántos de nuestros poetas no son, no han sido gente que no pasó por las universidades ni las altas escuelas pero sí por la escuela elemental.

"Tal vez conjeture –dice Stainner- ese niño, el teorema que mantendrá ocupados a los siglos –recuérdese, interpolo yo el caso de Einstein-, una sociedad como la del beneficio desenfrenado que no honra a sus maestros, es una sociedad fallida".

Esta propuesta, entonces, ciudadanas y ciudadanos legisladores, es con el objeto de que la Benemérita Escuela Nacional de Maestros se agregue a las instituciones que ya reconocemos y que tenemos aquí signadas, como son el Heroico Colegio Militar, la Heroica Escuela Naval Militar y la Universidad Nacional Autónoma de México, menciono que hay propuesta también para nuestro valiosísimo Instituto Politécnico Nacional.

Entonces, esta Escuela, formadora de los Maestros, que data de 1887, no debe faltar en nuestros muros.

Por lo tanto propongo, fundado en el artículo 71 y en nuestros ordenamientos camarales:

Artículo Único.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de "Benemérita Escuela Nacional de Maestros".

Señor Presidente, solicito que la versión íntegra sea reproducida en el Diario de los Debates, y si usted me lo permite, señalo algunos diputados y diputadas que se unen, no son los únicos, pero por ahora se unen a esta iniciativa, diputado Miguel Alonso Raya, diputada Guadalupe Morales Rubio, diputada Susana Manzanares Córdova, diputada Martha Micher Camarena, diputado Santiago Cortés Sandoval, diputado Marcos Álvarez Pérez, diputado Salvador Martínez Della Roca, diputado Pablo Gómez Álvarez.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Maestro.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 12 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Leonel Sandova Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 y la fracción IV inciso c) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Constituyente de 1917 inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia, plasmó en los artículos 1, 2, 4, 12, 13 constitucionales, las garantías de igualdad de las que emanaron diversos dispositivos secundarios a favor de la cultura indígena, el género, la salud, el medio ambiente, la infancia y la adolescencia.

En el caso del principio de igualdad contenido en el artículo 12 constitucional que prohíbe el otorgamiento de títulos de nobleza, honores hereditarios y condecoraciones por otro país, crea un ambiente social de respeto y equidad, mediante la no subordinación de una persona respecto de otra, así como no la discriminación por parte de los órganos estatales sobre sus gobernados.

Sin embargo, los títulos de nobleza como mercedes honoríficas otorgadas por el Gobierno a los ciudadanos por sus servicios a perpetuidad que generaron la esclavitud, una vez consumada la independencia del país, ésta práctica desapareció La disposición constitucional que se hace valer se refiere al otorgamiento de distinciones provenientes de gobiernos extranjeros a los mexicanos que han contribuido con su esfuerzo y talento en el campo de la ciencia, la cultura o la tecnología.

En la práctica nos enfrentamos a un supuesto legal inexistente que atenta contra los principios de igualdad, así como contra las garantías de libertad consagradas en la propia ley fundamental, toda vez que se exige a los individuos cumplir los trámites de obtención de permiso para aceptar y usar las menciones del orden señalado. En la realidad la fracción IV del inciso c) del artículo 37 constitucional preceptúa, que esta clase de menciones pueden aceptarse libremente, lo que resulta falso en la práctica, toda vez que el Congreso Mexicano aún le exige al interesado agotar el proceso de permiso injustificadamente.

A mayor abundamiento el artículo 5 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, prescribe que los individuos acreedores a premios, si tienen la calidad de servidor público, sólo pueden aceptar aquellos que les otorga el Presidente de la República y la Administración Pública Federal, porque si bien es cierto, un premio derivado de reconocimientos literarios, científicos y humanitarios, distingue al beneficiario de otras personas, esto no implica una sumisión con gobiernos extranjeros ni le merece un trato diverso frente a sus connacionales.

El propósito de esta iniciativa es precisar que no se debe condicionar a los beneficiarios para la recepción de títulos literarios, científicos y humanitarios, a realizar los trámites existentes ante el Congreso Federal o la Comisión Permanente, ya que no existe el fundamento legal para ello, toda vez que se trata de una garantía individual.

Esta iniciativa también tiene la finalidad de perfeccionar el orden en que debe ubicarse este tema dentro de la Ley Fundamental, que por la naturaleza unipersonal que implica el ejercicio de este derecho debe quedar en el título primero, capítulo primero de las garantías individuales y no en el capítulo cuarto del mismo título que se refiere a los ciudadanos mexicanos, toda vez que la calidad de ciudadanía se adquiere a los 18 años de edad y entraña la aptitud para ejercer los derechos políticos.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 y la fracción IV inciso c) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas ni honores hereditarios ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país, excepto los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente, sin previa licencia del Congreso Federal o la Comisión Permanente.

Artículo 37 inciso C). "La ciudadanía mexicana se pierde:...

Fracción IV. "... por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente".

Transitorio:

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo del 2005.

Solicito de manera respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y esta Presidencia acepta con mucho gusto.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, para presentar iniciativa que reforma los artículo 52, 53, 54, 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión a 400 diputados federales y 96 senadores, suscrita por el propio orador y por Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su venia, ciudadano Presidente. Gracias, Presidente.

Decreto por el que se reforma el artículo 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 52. "La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales".

Artículo 53. "La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados; la distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas, se hará teniendo en cuenta el último Censo General de Población sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría. Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones".

Artículo 54. "La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley".

Artículo 56. "La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán de registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años".

Artículos transitorios:

Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

En términos sintéticos, este es el fondo y el espíritu de la iniciativa por los siguientes motivos:

La dirección necesaria del trabajo legislativo es la eficacia y productividad, claro está, pero no hay que entender ésta como la producción en línea de iniciativas y propuestas, sino como un trabajo bien diseccionado y razonado con sólidas bases sociales y jurídicas, pues como decía el doctor Miguel Billoro, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conductas declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica.

Así que hoy día, debido a la sobre representación que aqueja a nuestro Poder Legislativo, ha influido en la poca productividad por falta de consensos en la toma de decisiones de la Cámara de Diputados y en el Senado. Acuerdos urgentes y necesarios par sacar adelante las reformas estructurales que requiere con prontitud el país.

La realidad histórica y social del país ha cambiado; hoy en día gozamos de una democracia que nos permite y garantiza el goce pleno de nuestros derechos.

Actualmente no ha beneficiado en nada al pueblo mexicano contar con una representación tan numerosa de 500 diputados y 128 senadores. La impresión de la ciudadanía es que tiene un Poder Legislativo exageradamente numeroso y nada productivo; el cual sesiona juntando los dos periodos de sesiones, sólo la mitad del año.

Aunado a lo anterior se suma el hecho de que la gente tiene la percepción de que no entendemos de manera oportuna sus reclamos. Los ciudadanos piden las reformas laborales, energéticas y de seguridad social. El pueblo es consciente de que se requieren estas reformas para ser competitivos en una sociedad globalizada.

Sin embargo, los cotos de poder que representa un número muy importante de legisladores, ha impedido la aprobación de reformas que sirvan de pilares para el nuevo México que todos demandamos. Esta percepción ciudadana no ha pasado desapercibida para miembros destacados del Partido Acción Nacional.

Sobre la sobre representación de nuestro Poder Legislativo, ha servido para investir con tan digno cargo, a una serie de personas que obviamente deben ser un número menor de integrantes en ambas Cámaras, en virtud de, consideramos que se pueden llegar a acuerdos de una manera más sencilla.

Si bien la reducción del número de diputados y senadores no representa un ahorro sustancial en el gasto del área pública, no sólo ayudará a quitar la mala impresión que tiene la ciudadanía de nuestra labor, además de la eliminación de 100 diputados y 32 senadores de representación proporcional, será significativa en cuanto a la productividad legislativa, que es realmente lo que reclaman airadamente la mayoría del pueblo. Esta reducción en el número de diputados y senadores contribuirá en gran medida para alcanzar acuerdos en puntos estratégicos que requieren ser consensuados para lograr su aprobación.

Los diputados y senadores más preparados y más comprometidos con el bienestar de la mayoría, pronto se obtendrían resultados significativos para el país.

Históricamente el Poder Legislativo nunca había estado tan sobre representado. En el caso de la Cámara de Diputados su articulado ha sufrido 9 reformas que han modificado sustancialmente la conformación de la misma desde su base poblacional hasta la creación de diputados de partidos que son el antecedente de los diputados de representación proporcional o plurinominales.

Fue así como el Congreso de la Unión pasó de ser un crisol ideológico donde todos los integrantes de la sociedad se encontraban dignamente representados, a convertirse en un títere del presidente en turno. Fue en ese momento donde surgen los diputados de partido como ya se dijo, antecedentes de los plurinominales.

Esta reforma obedece al hecho de que estos gobiernos autoritarios querían legitimar su actuación y para ello abrieron espacios para que la oposición ocupara y no se dijera que en México no había democracia.

La primera reforma del siglo pasado se dio en 1963 durante la presidencia de Adolfo López Mateos, en esta reforma se introdujo por primera vez la figura jurídica del denominado sistema de diputados de partido, publicación del Diario Oficial de la Federación, del 22 de julio de 1963. En dicha reforma se establecía que para que un partido político tuviera derecho a la asignación de 5 diputados, debería alcanzar cuando menos 2.5 de la votación total del país, en una elección nacional y por medio punto obtendría un diputado más, sin que rebasara el número mayor de 20 diputados.

Ciudadano presidente, en esta iniciativa detallamos las distintas modificaciones que han sufrido estos artículos y los cuales han llevado finalmente a tener un Congreso representado por 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como tener 62 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. En términos concretos, la iniciativa propone eliminar a 100 diputados de representación proporcional y a 32 senadores plurinominales.

En virtud del tiempo le solicito que la iniciativa sea reproducida íntegramente en el Diario de los Debates y quienes firmamos esta iniciativa somos los diputados, un servidor Jorge Luis Preciado Rodríguez y el diputado Salvador Marquez Lisornio. Es cuanto ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedad de Información Crediticia.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente.

El que suscribe, diputado Gonzalo Moreno Arévalo, integrante de esta LIX Legislatura, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que actualiza el término que disponen las sociedades de información crediticia para conservar la información correspondiente a las personas físicas al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito, fueron constituidas para conservar la información de aquellos solicitantes de crédito y su comportamiento ante los compromisos contraídos con terceros.

Así las cosas, se ha convertido en la lista negra para los bancos y las empresas que contratan sus servicios, lo que es casi imposible que alguna persona física acceda a la liquidez económica para obtener su situación en Buró de Crédito o alguna otra institución similar, sea cual fuere la razón.

En función de lo anterior, pareciera que quienes por su situación económica se encuentran en la lista negra, son culpables hasta que se demuestre lo contrario, situación que no contribuye en nada a la generación de economía.

Señores, si se trata de bancos estos no pierden dinero dado que a sus operaciones financieras se encuentran aseguradas, si se trata de la compra o adquisición de un bien como una casa, un automóvil o el propio bien, garantiza el préstamo con que caracteriza pignorífica (?) o hipotecario, además que obligan al comprador de dicho bien a adquirir un seguro de vida que garantice el monto de la deuda en caso del fallecimiento del comprador. En otras palabras, no hay pérdida.

Ahora bien, actualmente el término para que estas sociedades conserven la información sobre las personas físicas es de 84 meses, o siete años, tiempo que está de más para que una persona –en el peor de los casos- vuelva a reintegrarse a alguna actividad económicamente productiva y poder acceder a créditos económicos.

Por una parte, y por otra parte hay una laguna jurídica por la cual cuando los usuarios de estos sistemas de información mantienen actualizada la información de alguna persona física o moral, es razón suficiente para que vuelva a contabilizarse el término de 84 meses y por ende la persona física o moral que se encuentra inscrita en estas sociedades de información, continuará por secula seculórum hasta en tanto no se regularice su situación crediticia o ésta sea corregida por algún error.

Quiero precisar lo siguiente: Con esta iniciativa no queremos solapar a vividores ni a la banca que incurre en el abuso de cobrar una o dos veces más el valor de lo adquirido; así perdieron su patrimonio muchas familias mexicanas que creyeron en el sistema económico nacional, y en pocos casos resurgieron de las cenizas que les dejaron sus acreedores y en otros casos, muchas aún, no se han recuperado.

Así como el FOBAPROA ha beneficiado entre otros a los dueños de la banca o a grandes empresarios, no se vale que la ciudadanía pague el alto costo de la carestía de la vida a costa del enriquecimiento desmedido que incurren algunas empresas sumiendo en la virtual pobreza a quienes confiando en la situación económica del país, contraen compromisos que luego son imposibles de pagar, perdiendo el poco patrimonio que a lo largo de los años han podido construir.

Creemos que en un lapso de dos años a 24 meses (sic), es tiempo más que suficiente para conservar la información relativa al comportamiento crediticio de cualquier persona física; así también es tiempo suficiente para que una persona vuelva a integrarse a alguna actividad económica productiva a la sociedad y con esto vuelva a ser sujeta de crédito.

No hay razón lógica para conservar el registro de un historial de crediticio durante siete años, o es acaso el castigo que deben purgar quienes no acrecenten (sic) los bolsillos de los poderosos económicos.

Si se aplica por analogía, entonces también prescribe el ejercicio del derecho de los usuarios de las sociedades de información a ser informados sobre el comportamiento crediticio de alguna persona física. Asimismo, no es válida la actualización de la información con el único propósito de mantener en la lista negra a las personas físicas y sin capacidad para ser sujetas de crédito.

Dice un principio de derecho: "Trato de igual a iguales", por tanto el propósito de esta iniciativa es reducir el término para que las sociedades de información conserven la relativa al comportamiento de deudores, personas físicas, sin que esta información pueda –en ningún caso- sujeta de actualización por los usuarios de estos sistemas de información.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma y se adiciona el artículo 23 a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

ARTICULO UNICO:- Se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a personas físicas durante el plazo de 24 meses. Este plazo contará a partir de la última fecha en que ocurra el evento. Los usuarios y las sociedades de información no pueden, por ningún motivo actualizar por si esta información con fines de permanencia de las personas físicas en los registros o bases de datos de las sociedades de información, a menos de que se haya encontrado algún otro movimiento en los registros de las personas físicas durante este período.

No se considerará como movimiento en la información o base de datos la solicitud de información o, en su caso, los reportes al crédito que tengan derecho las personas físicas a transcurrir el plazo al que se refiere el párrafo anterior. Las sociedades de información deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas con el historial crediticio de que se trate, originado con anterioridad a dicho plazo.

Artículos transitorios. Unico. El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, ciudadano presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates, para su constancia.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día de su presentación.

Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción III al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, y adiciona una fracción II al artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El diputado Luis Antonio González Roldan: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

México posee una amplia biodiversidad, orgullo nuestro y de amplio reconocimiento internacional.

Nuestra gran nación es el segundo país en el mundo por su variedad de ecosistemas, el cuarto por su riqueza de especies. Se podrían mencionar como ejemplos por lo menos 500 especies de importancia para la industria pesquera, más de 600 variedades que se utilizan para realizar labores de reforestación, aproximadamente 4 mil plantas con propiedades medicinales registradas, cientos de especies exóticas y centenas con posibilidades de potencial biotecnológico.

En nuestra legislación hemos protegido cerca de 2 mil 500 especies, en las cuales mi partido ha participado activamente, sin dejar de mencionar que cientos de éstas se utilizan para laborar artesanías o con fines cinegéticos u ornamentales.

Nuestra nación cuenta con un gran potencial natural; sin embargo, la mayoría de los ecosistemas que caracterizan la megadiversidad del país se encuentran habitados por comunidades altamente marginadas, con importantes niveles de pobreza y en múltiples casos llegando a la extrema, lo que conlleva a que estas comunidades dependan de los recursos naturales de sus hábitats para satisfacer, aun de manera precaria, algunas de sus necesidades.

El modelo de desarrollo tradicional, donde la intensa explotación y no el aprovechamiento racional de los recursos que sólo favorece intereses económicos, ha ido agotando los recursos naturales de determinadas áreas, provocando con ello complejos problemas ambientales, económicos y sociales.

El aprovechamiento de los recursos naturales que busca satisfacer las necesidades de las personas, protegiendo los ecosistemas y sus componentes, ha evolucionado basándose en el principio de desarrollo sustentable, término que se aplica a la necesidad del ser humano de explotar los recursos naturales para su desarrollo en una forma racional, garantizando la calidad ambiental de nuestros ecosistemas.

Una de las condiciones básicas para poder acceder a este tipo de desarrollo es a través del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El aprovechamiento sustentable o la utilización sostenible de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Convención Sobre Diversidad Biológica, consiste en, cito textual: "La utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de éstas para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras".

Sin embargo aún más, la práctica sustentable debe implicar beneficio social para las comunidades que viven cerca y dependen de esos recursos naturales. Inmerso en nuestra legislación ya se consagra.

La utilización de los recursos naturales que se realice, de forma tal que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos.

En la política ambiental nacional se reconoce que entre las estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable, se encuentra el promover procesos de educación, capacitación, comunicación y fortalecimiento de la participación ciudadana relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el crear una cultura ecológica que considere el cuidado del entorno y del medio ambiente en la toma de decisiones en todos los niveles y en todos los sectores.

Al igual que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes Generales de Vida Silvestre y de Desarrollo Forestal Sustentable, contemplan también la protección de los recursos naturales a que se refieren, estableciendo lineamientos de aprovechamientos sustentables de esos recursos.

En la primera ley precitada, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LEGEPA, el artículo 1º., establece como objetivo la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana.

En consecuencia, coexisten diversos artículos que establecen, por ejemplo, el derecho de los propietarios donde se distribuye la vida silvestre, a ejercer un aprovechamiento sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los términos de la ley.

De igual forma existe un título quinto relativo a las disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

No obstante que la ley estipula reiteradamente las acciones y condiciones sobre e aprovechamiento sustentable de los recursos de vida silvestre, no se establece una definición en concreto.

Casi similar ocurre con la Ley General de Desarrollo Forestal, la cual cuenta con diversos títulos que comprenden la regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y sin embargo no instituye una definición sobre lo que se entenderá como aprovechamiento sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 3º., de la Ley General de Vida Silvestre y se adiciona una fracción II al artículo 7º., de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Artículo 1º., por el que se adiciona esa fracción III a la Ley General de Vida Silvestre, recorriéndose el número de las fracciones que le preceden para quedar en los siguientes términos:

Aprovechamiento sustentable: "La utilización de los recursos de vida silvestre en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos".

Artículo 2º., Por el que se adiciona una fracción II al artículo 7º., de la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable recorriéndose el número de las fracciones que le preceden para quedar en los siguientes términos:

Fracción II, aprovechamiento sustentable: "La utilización de los recursos forestales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por periodos indefinidos".

Es cuanto, señora Presidenta. Por su atención, gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado González Roldán.

Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A continuación tiene la palabra nuestro compañero el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 26 del Código Penal Federal, a efecto de eliminar el concepto de reos políticos de la legislación penal.

El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Con el permiso de la Presidencia.

"Nuestro país transitó, gracias a la convicción democrática de sus habitantes, de un régimen en el que expresar ideas contrarias a la política imperante desde el Estado podía ser considerado como un acto de traición a la patria y de disolución social hacia una continuidad en que la verdad la construimos todos.

"Asumir la democracia -comenta don Luis H. Alvarez- significa aceptar que en México conviven y convivirán con nosotros quienes no piensan como nosotros ni quieren para el país lo que queremos nosotros.

"Hoy, en los albores del siglo XXI los mexicanos dejamos atrás cualquier resabio de régimen autoritario en el que la única realidad era la del sistema gobernante. Hoy en el Gobierno Federal no existe más la máxima: ´O conmigo o contra mi´. Solo los mediocres que pretenden esconder su cobardía para enfrentar los problemas o su incapacidad para resolverlos imaginan complots gubernamentales e innombrables para destruirlos.

"Afortunadamente hoy resulta innegable que, desde el nivel federal, nadie está preso por motivos de persecución política y mejor aún esas prácticas han sido superadas por la práctica común de la legalidad. Los hechos así lo demuestran. Hoy se acatan las resoluciones judiciales aún en los casos en los que el partido político del Presidente de la República es sancionado o bien cuando es ordenada una nueva elección, aún y cuando el ganador haya sido del mismo partido político que del Presidente. Hoy, las y los mexicanos podemos pensar diferente, actuar diferente. Hoy, las y los mexicanos nos negamos a los linchamientos políticos como también rechazamos rotundamente la impunidad con la que algunos gobernantes cometen faltas y delitos.

"Si es preocupante que un ciudadano cometa un delito, es gravísimo que quien lo cometa sea un gobernante y que para ello utilice la fuerza del Estado. ¡A esos no les daremos cuartel!

"Hoy simplemente todos pedimos, exigimos, vivir en un país ordenado y generoso, donde reine la transparencia del actuar gubernamental, la auténtica rendición de cuentas y desde luego el llamado Estado de Derecho, donde se respete la ley, aún y cuando algunos delincuentes lo llamen canallada.

"Hoy todos construimos esta casa grande en estado de edificación constante que es la patria. Hoy, sin embargo, están algunas prácticas del viejo sistema todavía se muestran plasmadas en algunas leyes por lo que resulta necesaria su debida actualización y continuo mejoramiento, con miras a erradicar las viciosas prácticas del pasado e impedir que en el futuro algún gobernante tiránico, desequilibrado y paranoico las pretenda revivir.

"En efecto, durante años, la persecución de delitos políticos se regía bajo un Estado autoritario, un Estado donde la única verdad era la del gobernante tiránico. Por ello, el México de hoy, inmerso en un proceso pleno de transición democrática por voluntad de sus ciudadanos no puede permitirse seguir contando en la legislación, por muy abstracto que parezca, una facultad que legitime la persecución y represión política.

"Es cierto que la libertad política implica, en primer lugar, el reconocimiento de la dignidad humana en el sentido de que ningún hombre es, en cuanto tal, superior a otro hombre, todos los que tienen libertad política son iguales entre sí, son ciudadanos.

"Luego entonces la obligación primera del Estado es la de salvaguardar dicha condición, lo es en cualquier democracia. La identificación del poder y del pueblo para ser verdadera, durable y fructífera, solo puede ser alcanzada si existe, entre otras:

a) El respeto jurídicamente garantizado de las libertades personales y todos los derechos;

b) Una responsabilidad plena, absoluta, real, del poder ante el pueblo. Lo que implica, entre otras cosas, renunciar a la tentación de alentar la ilegalidad al ocultar información y manipular la verdad, responsabilidad que obliga a no convocar al enfrentamiento entre hermanos, entre mexicanos, sea cual sea el motivo.

Polarizar a la sociedad con falsos argumentos y con los adjetivos despectivos, es apostar por la erosión de la democracia y allanar el camino al retorno al autoritarismo.

Sin duda alguna, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y resulta inadmisible que ésta se torne contra éstos por verlos contrarios a sus intereses; por el contrario, se debe expresar que la sociedad, con toda su estructura legal de subordinación que las autoridades con toda su investidura de facultades coactivas, no deben ni pueden existir, sino para el respeto y la seguridad de los derechos del hombre. Así, bajo la convicción de que la libertad política es intrínseca al estado de derecho y los valores democráticos, resulta primordial garantizar el goce de éstos.

Estamos convencidos que jamás la democracia y el estado de derecho, alcanzarán su plena vigencia ni en México ni en cualquier otro país, mientras no se garantice el respeto a estos preceptos, jamás se alcanzará en tanto la legislación siga contemplando como delito la libertad de poder discernir.

Por ello, para Acción Nacional, la presente iniciativa adquiere un gran valor de congruencia y de conciencia. Con esta iniciativa proponemos eliminar del Código Penal Federal la figura de reo político. ¡Ya Basta! Nunca más una persona detenida y sentenciada por expresar su opinión, su sentir, sin más límite que lo que la misma ley establece.

En ese sentido, la presente iniciativa se suscribe también reafirmando la necesidad de asegurar el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de las y los mexicanos a través de un estado de derecho.

Reconocemos que no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos. Sin duda, estamos convencidos que éstos son principios de la Nación Mexicana, principios que comparten todos los mexicanos.

Compañeras y compañeros diputados: Nos esforzamos para que la democracia en México sea cada vez más una realidad, no sólo como estructura formal de gobierno, sino fundada en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la realización de la justicia y en el ejercicio de las libertades políticas y humanas.

La libertad política es intrínseca de la democracia, jamás la una sin la otra.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Tamborrel.

Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Se encuentran en el Salón de Sesiones los miembros de una Delegación de Parlamentarios del Reino de Marruecos, encabezada por el Sr. Mohammed Ahajjam, Presidente del Grupo de la Alianza Socialista en la Cámara de Representantes, quienes fueron invitados a una reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, así como para la instalación del Grupo de Amistad México-Marruecos. Sean ustedes cordialmente bienvenidos.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado, el doctor Julio César Córdova Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para uso pecuario.

El diputado Julio César Córdova Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre de mis compañeros diputados federales de Sonora, Antonio Astiazarán, Manlio Fabio Beltrones, Lamberto Díaz, Rafael Galindo y Fermín Trujillo, así como de los Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Cruz López Aguilar de Recursos Hidráulicos; Fernando Ulises Adame de León y de la Comisión Especial de Ganadería, Gonzalo Alemán Migliolo, vengo a esta tribuna a respaldar la demanda de apoyo de uno de los sectores que hoy por hoy requieren de la solidaridad de esta Soberanía, el sector ganadero.

Como es de su conocimiento, el 29 de Abril del 2004, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Al respecto, la Unión Ganadera Regional de Sonora, así como otras asociaciones ganaderas en el país han manifestado a esta Soberanía las dificultades que enfrenta el sector pecuario para dar cumplimiento a esta Ley, misma que es, sin duda, un avance considerable para cuidar este líquido vital ; la conservación y manejo de los recursos hidráulicos son tan importantes para la humanidad, que este año fue declarado por la ONU el Decenio Internacional para la Acción el Agua Fuente de Vida 2005-2015 y tan relevantes para esta LIX Legislatura, que para el ejercicio fiscal 2005 re asignamos en el Presupuesto 5 mil 200 millones de pesos para inversión en agua.

Sin embargo, dichas reformas, si bien presentan estrictas medidas para el cuidado de este importante recurso, no contemplaron adecuadamente el impacto en otros sectores económicos ni las particularidades de cada entidad federativa. Prueba de ello, son una serie de obligaciones que los productores pecuarios no pueden cumplir, como la adquisición de equipo de medición de agua, en la cual la mayoría de los ganaderos no genera la riqueza suficiente para adquirirlos. Dichos equipos llegan a costar hasta 25 mil pesos, los cuales difícilmente pueden adquirir, mantener y operar la mayoría de los ganaderos del país.

Por otro lado, las sanciones económicas desproporcionadas por incumplimiento a estrictas medidas establecidas en la Ley de Aguas Nacionales, provocan que los riesgos sean demasiado elevados. Cabe mencionar, que en algunos casos las sanciones oscilan entre los 200 mil y los 900 mil pesos.

Hay ciertos desequilibrios en esta Ley, debido a que, por un lado, se establece que la autoridad del agua promoverá el uso deficiente del recurso y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico mediante incentivos económicos y fiscales.

Por otro lado, si un ganadero mediante la realización de mejoras como represas por retención de aguas, deja de usarla total o parcialmente por verse favorecido con lluvias arriba de lo normal, probablemente dejará de usar ese tiempo el volumen autorizado de sus pozos de abrevadero, lo cual conlleva el riesgo de que se le aplique una sanción por no dar el aviso correspondiente, misma que puede consistir en la extinción de su concesión, es decir, el ganadero que ahorre agua, en lugar de estímulos puede ser acreedor a una multa o a perder su concesión.

El sector pecuario del país no pone en riesgo este recurso aunque se suprima el uso pecuario del agua y se elimine la producción ganadera, los problemas que enfrenta la escasez del recurso seguirán presentes si no se toman las medidas adecuadas para su solución.

En el caso de Sonora, el 80% de la superficie del Estado corresponde a agostaderos en los que se desarrolla la ganadería ejidal y particular. El hato ganadero es de aproximadamente 1.4 millones de cabezas pertenecientes a cerca de 35 mil productores y del total de los productores el 80% tiene menos de 60 vientres, el 12 menos de 100 y sólo el 8% más de 100 vientres.

La ganadería en Sonora se desarrolla principalmente en la sierra y en el desierto, por lo que la gran mayoría de los aprovechamientos de las aguas nacionales, se localiza en lugares alejados y de difícil acceso.

Además el consumo de las aguas subterráneas está sujeto a las lluvias, es decir, si las lluvias son regulares, el consumo es menor; si son escasas y la temperatura es elevada, el consumo es mayor. Esto ha creado en el ganadero una cultura de eficiencia en el uso y conservación del agua, que lo induce a realizar obras de infraestructura para la utilización de aguas superficiales que le permitan cuidar las del subsuelo.

El consumo de agua para usos pecuarios de Sonora, es de 20 millones de metros cúbicos al año, que representan sólo el 0.3% del consumo total del agua del Estado. De esta cantidad, únicamente el 60% se extrae de 7 mil 450 pozos de abrevadero, mismos que equivalen en el sector agrícola al volumen concesionado de 14 pozos de la costa de Hermosillo, el restante 40 se extrae de represas de abrevadero.

Por lo anterior, resulta evidente que el uso pecuario no puede estar regulado igual que el de otros sectores en materia de aguas nacionales, debido a que estamos perjudicando a un sector que consume menos del 0.1% del agua en el país. Asimismo la situación hace que resulte innecesario que los pozos requieran de medidor, para cuantificar su extracción, porque la información adicional quedaría no compensa las erogaciones para instalar, operar, mantener, reparar y reportar el uso de dicho medidor, además del costo de la inspección por parte de la autoridad correspondiente.

Aunado a lo anterior, tanto la autoridad del agua como los ganaderos, disponen de la información empírica referente a cuánto es el consumo de agua en base a cada cabeza de ganado, por ello se propone que para obtener el título de concesión no sea obligatoria la documentación técnica que soporte el volumen del consumo requerido.

Bajo este orden de ideas, los suscritos presentamos esta iniciativa, a efecto de dar un tratamiento especial al sector pecuario en la Ley de Aguas Nacionales, para ello se propone en primer término, adicionar un artículo a efecto de que las solicitudes de concesión para uso pecuario, se puedan realizar con menos requisitos, porque existen ganaderos que no tienen ni la capacidad técnica ni económica para cumplirlos.

Como segunda medida, proponemos establecer multas y sanciones acordes a la realidad ganadera del país, para ello adicionamos el Artículo 120 a efecto de que las sanciones administrativas impuestas a los concesionarios pecuarios mediante multas, sean equivalentes a 300 días de salario mínimo y no como se encuentra actualmente que en algunos casos puede llegar hasta 20 mil salarios mínimos.

Compañeras y compañeros diputados, les solicito respetuosamente su apoyo y solidaridad con la Unión Ganadera Regional del Estado de Sonora, así como con los ganaderos de diferentes regiones de nuestro país, que enfrentan el mismo desafío, problemática que tiene que ver con no menos del 0.1% del agua que se consume en el país.

Estoy convencido que debemos cuidar el agua, que por cierto en el norte del país es muy escasa, y día con día se tienen que enfrentar obstáculos para salvar al sector agropecuario, debido a que la naturaleza es muy adversa.

Los ganaderos, no son solamente un sector productivo fundamental para la economía de nuestro país sino además representantes de las más puras tradiciones de nuestra esencia nacional.

Los ganaderos son gente de trabajo y de retos que no se deja vencer por el desierto ni por la sequía ni por el mercado global, que los obliga a tener mejor calidad a precios competitivos en los productos pecuarios, prueba de ello es que en sanidad animal, la ganadería sonorense se encuentra al mismo nivel de estados norteamericanos, como California, Arizona y Nuevo México.

Cuidamos y cuidaremos el agua, porque conocemos su verdadero valor, y estoy convencido de que estas facilidades que se proponen en esta iniciativa, serán de un gran apoyo para el sector ganadero nacional.

Por su apoyo, compañeros, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Córdova Martínez, y favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el primer párrafo del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar derecho de audiencia a los que desee expulsar el Ejecutivo federal.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su permiso Ciudadano Presidente. Iniciativa que suscribe Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado federal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma el primer párrafo del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos.

Los movimientos migratorios tienen como fin la búsqueda de mejores condiciones de vida, nadie emigra de una región donde los medios naturales, culturales, sociales, políticos, jurídicos y económicos son favorables para acudir a otra región donde estos medios les sean poco favorables. Así, la migración en todos los casos se da únicamente por la necesidad de huir de una región donde los medios no permiten en muchos de los casos la sobrevivencia de sus habitantes.

Con la formación de los Estados-nación, el problema de la migración legal o ilegal se agudizó, por lo que los Estados se vieron obligados a la creación de instrumentos jurídicos: pasaportes, visas que facilitaran la identificación y el tránsito de nacionales y extranjeros en el territorio de las diferentes naciones. A mediados del siglo pasado se hizo necesario endurecer el control de flujo de personas a través de las fronteras de los distintos países, actualmente las distintas naciones y organismos internacionales ven a la migración como un problema de seguridad.

En los distintos tratados internacionales de los cuales es signatario el Gobierno Mexicano, se ha tratado de proteger jurídicamente el trato del extranjero a nivel internacional, antes de ser extranjero se es persona humana. Se es esencialmente persona y sólo accidentalmente extranjero. Esto no ha sido entendido por las diferentes nacionales, quienes protegen jurídicamente y destinan recursos económicamente importantes para proteger las migraciones y vedas de especies animales y de la flora y sin embargo, violan sistemáticamente los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran en su territorio nacional.

La xenofobia surgió como una reacción de un mundo en constantes conflictos bélicos, donde las migraciones, visitas y residencias temporales de un país distinto al propio era poco probable. En la actualidad cada vez se hace más común el inmigrar a otro país, trabajar, estudiar, invertir, etc., es la causa de un mundo globalizado que interrelaciona a todos los rincones del mundo. Hoy encontramos en día, mexicanos de vacaciones, trabajando, estudiando o viviendo en uno de los cinco Continentes, el desarrollo tecnológico y en particular el de los medios de transporte y comunicación han acortado la distancia.

La migración en un principio implica un choque de culturas que a mediano plazo enriquecerá tanto al extranjero como al nacional, el Estado debe en todo momento garantizar los derechos humanos no sólo de los nacionales, sino también de los extranjeros. Si el gobierno no lo hace estará contribuyendo a las reacciones xenofóbicas, racistas e ideológicas por parte de sus nacionales. El Estado Mexicano debe en todo momento predicar con el ejemplo para contar con la calidad moral para exigir el respeto de los derechos fundamentales de los extranjeros en México y de los mexicanos en el extranjero.

Nuestro artículo 33 constitucional es claramente contrario al derecho natural que tiene cualquier persona humana a ser oído y vencido en juicio, donde se compruebe su culpabilidad o inocencia. El derecho de audiencia es un derecho humano del cual no se puede privar a ningún individuo, al privarlo de este derecho se deja en estado de indefensión a la persona.

El artículo 33 de nuestra Carta Magna es contrario inclusive a los artículos 14 y 16 de ésta, que en el Capítulo Primero de las Garantías Individuales del mismo ordenamiento, a la letra dice:

Artículo 14, segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus propiedades o posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

El artículo 16 señala: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento".

La Constitución en su Capítulo Primero garantiza el derecho de audiencia no sólo a los mexicanos, sino también a personas, ya sea a la persona nacional o extranjera, por lo que el artículo 33 constitucional es totalmente contrario al artículo 14 del mismo ordenamiento, ya que señala: "Los extranjeros en territorio mexicano deben de gozar de todas las garantías individuales, el Estado Mexicano no debe coartar ninguno de sus derechos".

Exigimos se respeten los derechos de los mexicanos en el extranjero y sin embargo en pleno Siglo XXI el artículo 33 constitucional, que es una norma retrógrada, claramente violatoria de los derechos fundamentales de los hombres.

En materia internacional se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala lo siguiente: "Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia en un tribunal independiente, imparcial para la determinación de sus derechos, obligaciones o para el examen de cualquier acusación".

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7º trata sobre el derecho a contar con el debido proceso de ley, que a la letra dice:

"Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad jurídica personal.

"2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

"3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario".

En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también se regula las garantías del proceso de ley en su artículo 9°, que señala lo siguiente:

"Artículo 9°.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria; nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley con arreglo a lo establecido en ésta"

Así pues, esos tratados internacionales que son Ley Suprema de la Federación, al igual que los artículos 14 y 16 de la Constitución, otorgan a las personas el derecho al debido proceso de ley, se trata de un mínimo de derecho con el que debe contar cualquier persona para su defensa.

Con este derecho se garantiza la defensa y la sentencia justa del acusado. El artículo 33 de nuestra Carta Magna es contrario a la garantía de debido procedimiento de ley, al otorgarle la facultad discrecional al titular del Ejecutivo Federal para expulsar sin ningún procedimiento de por medio, a los extranjeros que se encuentren dentro de territorio nacional, por considerar inconveniente su permanencia en territorio nacional.

La orden presidencial de expulsión tiene efectos de ejecución inmediato, sin que se requiera para ello orden judicial alguna, contra esta orden no procede ninguna instancia ni recurso alguno.

Si bien se puede recurrir a juicio de amparo, en ese particular no procede la suspensión del acto reclamado. El efecto se encuentra impedido sino jurídicamente si lo es de hecho, ya que difícilmente podrá llevar su amparo fuera del país.

La tesis sobresaliente de la Suprema Corte de Justicia va en sentido de la aplicación estricta del artículo 36 constitucional, los Magistrados anteponen el interés social basado en los capítulos de una persona a los derechos fundamentales del afectado.

El Supremo Tribunal no ha querido reconocer el derecho que otorga el artículo 33 constitucional, el Ejecutivo de la República, que es una norma autoritaria y violatoria de los derechos humanos de los extranjeros sujetos a la expulsión, por demás razonada que sea para el Ejecutivo autoritaria al Gobierno Mexicano.

En concreto, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando de la manera siguiente:

"Artículo 33.- Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas por el articulo 30, tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo Primero, Título Primero de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, mediando juicio previo ante tribunales competentes, quienes tendrán que resolver en un tiempo máximo de 30 días naturales improrrogables, salvo en aquellos casos considerados de seguridad nacional. Los extranjeros no podrán, de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos del país"

Transitorio

Artículo Único.- El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lo que estamos planteando con esta reforma, es que si bien hay extranjeros perniciosos que deban ser expulsados del país cuando se trate de materia de seguridad nacional, también hay trabajadores, estudiantes, investigadores y demás extranjeros que llegan al país a hacer una actividad distinta y en muchas ocasiones en bien de la propia nación.

Aún ellos no tienen el derecho de ser oídos y vencidos en juicio por la facultad exclusiva que tiene el Ejecutivo Federal. Lo que estamos planteando es la posibilidad de que estas personas tengan un juicio previo, puedan ser oídos y vencidos en juicios y si finalmente la autoridad competente determina que deben de abandonar al país, así lo harán, salvo –y lo repito- en los casos considerados como seguridad nacional.

Esa es la propuesta que hacemos para estar acorde con los tratados internacionales y con el artículo 14 y 16 constitucional.

Atentamente, diputado Jorge Luis Preciado.

Marzo del 2005.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien diputado Preciado Rodríguez.

Favor de turnar la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera María Esther Scherman Leaño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 121 de la Ley Aduanera relativo a la venta de mercancía libres de impuestos en los puertos aéreos.

La diputada María Esther Scherman Leaño: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados.

Me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción I del artículo 121 de la Ley Aduanera sobre ventas libres de contribuciones a pasajeros de vuelos internacionales a su llegada al territorio nacional, en base a la siguiente:

Exposición de Motivos

Las tiendas libres de impuestos ubicadas en los puertos aéreos internacionales fronterizos y marítimos de altura, conocidos como Duty free, constituyen depósitos fiscales debidamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la Ley Aduanera para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras.

Actualmente las mercancías que se venden en estos establecimientos, no son sujeto del pago de impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, siempre y cuando la compra la realicen pasajeros que salen del país y la entrega de dichas mercancías se lleve a cabo en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigno el ciudadano extranjero que las compra.

Como se sabe las tiendas libres de impuesto ubicadas en los aeropuertos se localizan en las zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales, es decir, donde sólo pueden permanecer los pasajeros que están próximos a salir del país. En los puertos marítimos las tiendas se ubican en el recinto fiscal o contiguas al mismo, en ambos casos el control de estos inmuebles, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas, están a cargo de las oficinas aduaneras.

México, en 2004, conserva el octavo lugar a nivel mundial en el número de turistas internacionales con 20.6 millones y mejoró su posición por el monto de ingresos recibidos con 10.8 mil millones de pesos. El gasto medio de los turistas de internación ha tenido un aumento sostenido en los últimos tres años, al pasar de 645.2 dólares en 2003 a 673.7 dólares en 2004 con una tasa de crecimiento anual de 14.6%.

Ante ello, la presente iniciativa plantea una alternativa para contribuir a la captación de las divisas y recuperación de las mismas en la compra de productos nacionales y consiste en complementar el esquema de las tiendas de referencia, permitiendo que quienes llegan al territorio nacional procedentes de vuelos internacionales, puedan también tener acceso a la compra y entrega de mercancías no sujetas al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en viajes internacionales.

Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 61 fracción IV de la Ley Aduanera y demás disposiciones aplicables, por lo contrario las mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes. Este sistema, compañeras y compañeros, se encuentra implementado y desarrollado desde hace varios años en los aeropuertos de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Paraguay, entre otros países de América Latina.

El propósito principal de la iniciativa que ponemos a su consideración, es que las divisas permanezcan en territorio nacional y que con ellos se permita la creación de empleos, se obtengan recursos fiscales para el gobierno. Lo anterior aprovechando el hecho de que cada pasajero nacional o extranjero tiene derecho a introducir al territorio mexicano un monto hasta de 300 dólares como franquicia, siempre y cuando cumpla con las características de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior.

Las nuevas tiendas estarían ubicadas precisamente antes de pasar la revisión fiscal y las ventas se realizarían en presencia de las autoridades hacendarias, dando preferencia a los productos nacionales. Como resultado positivo de esta propuesta se estima que el Gobierno Federal obtendría mayores ingresos anuales derivados de contribuciones y por rentas en los aeropuertos, sin soslayar que las empresas generarían más Impuesto sobre la Renta.

Conviene señalar que ese esquema ya fue instrumentado en México en los años 1984 y 1985, sin embargo, bajo el argumento de problemas de espacio, la entonces Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares dio por terminada la operación del mismo, no obstante que en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no había tenido inconveniente en el funcionamiento de las mismas, sino por el contrario apoyo su continuidad, ya que le permitieron tener ingresos fiscales.

Por lo anterior, considero que esta iniciativa repercutirá en la creación de más empleos, insisto; aumentará la recaudación tributaria y elevará la productividad y la calidad de vida de muchos mexicanos.

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 121 de la Ley Aduanera.

Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 121 para quedar como sigue:

"1. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura, en este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y la entrega de dicha mercancía se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo al extranjero.

Cuando la venta se haga a los pasajeros que arriben al país directamente del extranjero y dicha venta, así como la entrega de las mercancías se realicen en los establecimientos autorizados por la Secretaría cumpliendo los requisitos de control que se establezcan mediante reglas, las mercancías no se sujetarán al pago de impuestos al comercio exterior y de cuotas compensatorias, siempre que se trate de las que comprenden el equipaje de pasajeros en viajes internacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 fracción IV de la ley y demás disposiciones aplicables.

Las mercancías que excedan la franquicia mencionada, estarán sujetas al pago de los impuestos y cuotas compensatorias correspondientes. Las autoridades aduaneras controlarán los establecimientos mencionados en los dos párrafos anteriores sus instalaciones, vías de acceso y oficinas.

La autorización a que se refiere esta fracción, sólo se otorgará a personas morales constituidas de conformidad con las leyes mexicanas, siempre que otorguen las garantías y cumplan con los demás requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas.

En el caso de los aeropuertos, se requerirá que los locales se encuentren ubicados en zonas posteriores al control de acceso de pasajeros internacionales y en el caso de los puertos marítimos, deberán encontrarse en el recinto fiscal o contiguo al mismo.

Tratándose de los establecimientos a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, se requerirá que los locales se encuentren en la zona reservada para pasajeros internacionales dentro del Aeropuerto Internacional o puertos marítimos de que se trate antes de la zona de declaración y revisión anual correspondiente.

La autorización podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual si lo solicita el interesado durante la vigencia de la autorización, siempre que se cumpla con los requisitos que establezca la Secretaría.

Los particulares que obtengan la autorización a que se refiere esta fracción, deberán pagar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes de que se trate un aprovechamiento del 5 por ciento sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de mercancías en el mes inmediato anterior.

Procederá la cancelación de la autorización conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A de esta ley, cuando los locales, objetos de la autorización, dejen de encontrarse en las zonas establecidas o se incurra en alguna otra causa de revocación establecida en esta ley o en la autorización".

Transitorios:

La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente reforma.

Atentamente, su servidora María Esther Scherman.

Muchas gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Scherman.

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa presentada.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de iniciativa ciudadana.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: con se venia, señora Presidenta.

Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración de esta Honorable Asamblea presente, el presente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la siguiente exposición de motivos:

El derecho para iniciar leyes ha estado reglamentado en nuestro país desde nuestra primera Constitución como país independiente; siendo ésta la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente, el 4 de octubre de 1824.

Señalamos lo anterior dado que el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, promulgada en Apatzingán, en 1814, ya esbozaba en su artículo 123 un procedimiento simple para presentar proyectos de ley.

Aun y cuando durante 88 años de vigencia de nuestra Constitución ésta ha sufrido innumerables cambios, el artículo 71 constitucional donde se reglamenta el derecho de iniciar leyes o decretos ha permanecido inmutable.

Consideramos por lo tanto, necesario adecuar este precepto constitucional a las necesidades del régimen democrático y participativo que hoy vivimos y que la sociedad exige y demanda. Es momento de plasmar en nuestra Constitución los mecanismos necesarios para garantizar una democracia participativa donde a las y los ciudadanos se les dé la facultad de tener un papel más activo en la construcción del marco jurídico que rige en nuestro país. Uno de estos mecanismos es la iniciativa popular o ciudadana, de leyes.

Desde la perspectiva histórica del Sistema Constitucional Mexicano, al ciudadano nunca se le ha otorgado el derecho de presentar iniciativas de ley directamente ante el Congreso. La única referencia de este derecho respecto a la ciudadanía en un texto constitucional la encontramos en la leyes constitucionales de la República Mexicana en 1836. Sin embargo, aún en este texto el derecho no era pleno, toda vez que era necesaria la intervención de algún diputado o diputada que hiciera suyo el proyecto o de un Ayuntamiento que junto con los departamentos vigentes en este tiempo, lo calificara de útil.

Consideramos necesario elevar a rango constitucional el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar iniciativas de ley. Nuestra obligación como representantes de la ciudadanía, es buscar continuamente la creación de espacios para la expresión ciudadana individual o colectiva, a través de los organismos de la sociedad civil organizada.

Este es un paso necesario dentro del camino de la democracia participativa que la sociedad desea para que los legisladores y las legisladoras tomemos. Por lo tanto, consideramos importante hacer referencia al marco constitucional de las 22 entidades federativas de nuestro país y del Distrito Federal, en donde sí se le otorga el derecho de iniciar leyes o decretos a los ciudadanos.

Consideramos que esta reforma permitirá que nuestro marco constitucional federal, otorgue un derecho político fundamental a los ciudadanos de la República, que ya se tiene en diversos estados.

A continuación se presentó un cuadro comparativo de los artículos y de las entidades federativas donde esto aparece, pero por cuestiones de tiempo me lo obviaré y lo entrego por escrito.

Por lo anterior, consideramos que hoy en día contamos con una sociedad madura que busca los mecanismos para expresar su voluntad, sin intermediaciones necesarias, y el derecho de iniciar leyes de uno de ellos. A mayor abundamiento señalamos que precisamente esta iniciativa es el resultado de una inquietud de un grupo de ciudadanos y ciudadanos que buscaron el medio para plantear esta iniciativa ante este Congreso.

Por lo tanto, el proyecto de decreto que hoy proponemos es para que se reforme el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO UNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 71 y se modifica el último párrafo del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 71, fracción I a la III. Las y los ciudadanos de la República, tendrán el derecho de iniciar leyes. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión, las que presenten los diputados o los senadores y los ciudadanos, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

TRANSITORIO

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá adecuar a lo dispuesto en el presente decreto de reforma constitucional, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el plazo de 6 meses contados a partir de que entrara en vigor esta iniciativa.

Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputada Clouthier.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia señora Presidenta.

La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de decreto que adiciona un título sexto a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para institucionalizar la audiencia pública en el procedimiento de creación de normas jurídicas al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presencia de ciudadanas y ciudadanos en los asuntos públicos, es una condición necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.

Cuando los individuos están comprometidos en la resolución de los problemas que les afectan o que afectan a la colectividad en su conjunto, se desatan energías que aumentan las posibilidades de crear soluciones imaginativas y estrategias exitosas.

La participación en la vida social y pública, reduce la pasividad y aumenta la prosperidad general en proporción a la cantidad y variedad de las energías individuales unidas para promoverla, sin embargo prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, de manera que en muchos casos el consenso se reduce a minorías no representativas de la pluralidad de intereses societarios (?).

Es por ello, que la organización de las instituciones públicas a partir del principio de la participación exige la adhesión a un concepto de democracia, en el cual ciudadanas y ciudadanos no solo sean convocados para los actos electorales sino que intervengan activamente en la toma de decisiones y en el control de la actividad pública.

Para hacer operativo este principio, es necesario que la participación ciudadana se haga efectiva a través de diferentes tipos de mecanismos y modalidades que a la vez pueden darse en distintos momentos de los procesos de toma de decisión, gestión y ejecución.

La importancia de institucionalizar estos mecanismos reside, entre otras razones, en la necesidad de introducir y establecer instancias específicas y concretas de participación ciudadana que no dependan de la voluntad del funcionario o de la autoridad estatal para que existan como tales.

En esta tesitura, paralelamente a formas semi-directas de democracia, con fuerza vinculante como el referéndum, el plebiscito y la revocatoria, la presente iniciativa tiene como intención institucionalizar la figura de la audiencia pública en el proceso legislativo como otra forma de participación en la que si bien la ciudadanía no substituye, sí acompaña a la decisión gubernamental.

Por medio de la audiencia pública, los ciudadanos y ciudadanas podrán trasmitir a las autoridades todas sus sugerencias, críticas y propuestas y a su vez el órgano encargado de tomar la decisión conocerá de modo directo las opiniones de la población respecto del tema tratado.

La ciudadanía tiene el derecho a estar bien informada sobre el quehacer legislativo, pero aún más, tiene el derecho a participar activamente en la consulta, discusión y generación de todos los proyectos de ley que son discutidos en el seno del Congreso General.

La creación de este mecanismo de participación se justifica para satisfacer un permanente reclamo de amplios sectores de la sociedad que deseosos de encontrar una solución a determinados problemas apremiantes, invocan directamente al concurso de sus conciudadanos para que de manera conjunta llamen la atención del Poder Legislativo.

Conforme a la iniciativa, a través de la audiencia pública, se involucra a los destinatarios de una decisión legislativa en el proceso mismo de su diseño, logrando que ambas Cámaras del Congreso cuenten con toda la información y puntos de vista existentes respecto del tema en cuestión, obteniéndose una decisión de mayor legitimidad mediante la más amplia publicidad y transparencia.

Frente a la versión inicial de un proyecto de ley, las opiniones de los participantes pueden contribuir con textos alternativos al articulado o a la fundamentación del proyecto, colaborando de este modo con la tarea legislativa de las Cámaras.

La audiencia pública puede ser convocada por la comisión o comisiones que tengan a su cargo el dictamen legislativo respectivo.

A la convocatoria se dará la mayor difusión posible para que sea conocida por la ciudadanía en general y por los potenciales afectados en particular.

La audiencia pública será abierta y puede ser presenciada por el público en general. No puede tener carácter secreto bajo ningún motivo o circunstancia y no puede restringirse el acceso de los medios de comunicación.

Asimismo, en toda la audiencia pública se realizará un registro de las intervenciones, el cual debe ser transcrito e incluido en el expediente.

El expediente se iniciará con la convocatoria y se agregarán todas las constancias que surjan de cada una de las etapas, así como las etapas documentales de la publicación de la convocatoria y los estudios, informes, propuestas y opiniones que pudieran aportar los participantes y técnicos consultados.

La audiencia pública así entendida habilitará la participación ciudadana en el procedimiento de creación de normas jurídicas a través de un espacio institucional en el que todas y todos aquéllos que tengan interés o puedan sentirse afectados manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva individual, grupal o colectiva respecto de la decisión de adoptarse, buscando siempre comunes denominadores y llegando de este modo a la mejor decisión posible.

En el ámbito de este medio de participación, cualquier ciudadana o ciudadano puede alegar información no contemplada y exigir su consideración o su desestimación fundamentada, en su caso.

Para el Congreso de la Unión esta modalidad es a su vez una renovada oportunidad para construir su propia credibilidad política y social.

Finalmente, si bien las opiniones recogidas durante la audiencia pública serán de carácter consultivo y no vinculante, a fin de otorgarle efectos jurídicos prácticos a la iniciativa en la que se recogen dos premisas: una, la obligatoriedad para las cámaras de celebrar audiencias públicas en todos los procedimientos de creación de normas jurídicas y, dos, la obligatoriedad de fundamentar desestimaciones de opiniones vertidas por los participantes, en caso de no tomarlas en cuenta.

Mientras que lo primero garantiza que la ciudadanía podrá contar con el espacio para ofrecer su punto de vista respecto de una posible decisión pública del Congreso General para incentivar el diálogo entre los ciudadanos y la Cámara de Diputados, lo segundo asegura que las opiniones expresadas en las audiencias públicas deban ser consideradas seriamente.

De esta manera, en el supuesto que las cámaras no crean que éstas sean pertinentes, deben ofrecer debidamente los justificativos del caso y fundamentar su decisión. Es decir, al momento de emitir el dictamen sobre el tema tratado en la audiencia la comisión o comisiones encargadas no sólo deberán fundamentarla considerando su propia visión del tema, sino que tendrán la obligación de explicitar las razones por las que acepta o rechaza las opiniones de la ciudadanía.

Esta cláusula es el reaseguro de que las expresiones de la comunidad serán efectivamente escuchadas, analizadas y respondidas.

Solicito, señora presidenta, instruya a la secretaría para que el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputada Cristina Portillo.

De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su venia, diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados:

Pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que actualiza el término del que disponen las Comisiones del Congreso para dictaminar los encargos de su competencia al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por práctica parlamentaria hemos desechado todo o en parte lo dispuesto por el artículo 87 de nuestro Reglamento que establece un término de cinco días para que las comisiones emitan dictamen sobre los negocios de su competencia.

Así las cosas, cuando en comisiones decidimos la demora, suspensión temporal en la discusión de algún asunto, no lo manifestamos a Cámara antes que prescriba el término de cinco días en referencia ni tampoco las comisiones hacen del conocimiento de la Cámara de esta disposición para que el Presidente acuerde lo conveniente de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del citado Reglamento. Es decir, omitimos las formalidades procesales pero no nos damos cuenta que incurrimos en una práctica ilegal.

Esta serie de prácticas provoca marasmo legislativo, provoca tortuguismo parlamentario, provoca desgaste y acumulación en el trabajo legislativo.

En ocasiones tenemos listo el dictamen o sabemos el sentido de la emisión de dicho documento e incluso desde el momento en que una iniciativa es presentada en otras, duermen el sueño de los justos en espera de la voluntad política del dictaminador en turno.

No omito en comentar en este sentido que no podemos aplicar el principio de mayoría de razón, por lo cual cuando somos la generalidad en la toma de decisiones, en ocasiones esto redunda en perjuicio de la dictaminación de los asuntos de competencia de las comisiones a las que hemos sido asignados.

Es necesario establecer un orden, por lo cual las comisiones que se apeguen irrestrictamente un tiempo perentorio para que los asuntos turnados sean debidamente examinados, analizados y consensuados para estar en condiciones de tomar la mejor decisión que convenga al interés de la ciudadanía, ya sea para aprobar, ya sea para modificar o rechazar alguna otra. El país se paraliza por este tipo de decisiones y sigue una marcha cotidiana.

Por tal motivo el propósito de esta iniciativa es ampliar el término, por lo cual las comisiones dispongan para dictaminar los asuntos propios que le fueron encomendados por la Mesa Directiva para contar con el tiempo suficiente en la elaboración de dicho dictamen y adecuarlo a la práctica parlamentaria contemporánea.

Por lo anteriormente expuesto el suscrito presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, al tenor del siguiente

Artículo Unico.- Se reforman los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 87: "Toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes hábiles al de la fecha en que la haya recibido, habiendo sido acordado por la mayoría de los integrantes de la Comisión su demora o suspensión temporal en su discusión. Esta no podrá prorrogarse por más de dos sesiones plenarias para su aprobación, modificación o rechazo, a menos que se encuentre sujeta al producto del término o conclusión de cualquier acto jurídico, de alguna autoridad o particular, siendo propuesta su discusión en dichos términos.

Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con las proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Artículo 91: "Cuando alguna comisión juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio, bastará con el acuerdo de la mayoría de los integrantes de la comisión para aplazar su discusión, pero si alguna comisión faltando a este requisito retuviere en su poder un expediente por más del tiempo señalado en el artículo 87 de este Reglamento, la Secretaria lo hará presente al Presidente de la Cámara a fin de que acuerde lo conveniente.

Artículos transitorios:

UNICO.- El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, ciudadana Presidenta, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates para su constancia.

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Atentamente el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. de acuerdo a su solicitud, favor de insertarlo íntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (?), para presentar iniciativa que reforma los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia de Posesión y Portación de Armas.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señora Presidenta.

"La suscrita Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa que reforma los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego.

"Exposición de Motivos:

"Uno de los problemas fundamentales que aquejan a nuestro país hoy en día es el de la inseguridad. En efecto, el crecimiento de la población y su concentración en las zonas urbanas ha provocado que se incremente también el número de delitos que afectan de manera importante a la sociedad.

"Las tareas de seguridad pública no bastan para evitar la comisión de delitos y ante esta realidad es indispensable, desde mi punto de vista, complementar en lo que le corresponde al legislativo la responsabilidad global sobre la seguridad de la ciudadanía. Dentro de esta lógica de preservación de la seguridad de las personas el artículo 10 de la Constitución Política de la República señala que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en los que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

"No obstante lo anterior, se han dado casos en la realidad social que van en contra de toda estipulación razonable de la ley, como ha ocurrido en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y en el estado en general, donde por una parte se ha apresado a campesinos por portar carabinas calibre 30-30 de fabricación previa a la Revolución Mexicana y que por obvias razones ya no son funcionales, y por otra parte recientemente se ha dejado en libertad individuos en condiciones aparentemente legales pero en circunstancias poco claras y al parecer inequitativas.

"El artículo 9 de la actual Ley de Explosivos y Armas de Fuego aparentemente se contradice cuando en su fracción I permite la posesión o portación de pistolas de funcionamiento semiautomático no superior al calibre .380 exceptuando los calibres 38 súper y 38 comando. El mismo artículo 9 pero en la fracción II permite los revólveres en calibre no superiores al 38 especial quedando exceptuado el calibre .357 magnum.

"En conclusión, las pistolas 38 súper y 38 comando no se pueden poseer ni portar, pero los revólver 38 especial y pistolas .380 sí se pueden poseer y portar, no obstante que son calibres semejantes para todo fin práctico.

"Por lo anterior me parece que en el texto actual de la ley encontramos serias inconsistencias legales que pueden y deben resolverse, razón por la cual se pone a la consideración de esta Cámara el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Explosivos y Armas.

"Unico.- Se propone modificar los artículos 9o. y 11o. de la ley en comento para quedar como sigue:

"Artículo 9. Pueden poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones establecidas en esta ley armas de las características siguientes: pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al 380 nueve milímetros, quedando exceptuadas esta última y las pistolas calibres 38 súper y 38 comando y también en calibre de 9 milímetros las máuser, lugher, parabelo y comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas de otras marcas. Dos.- Revólveres en calibres no superiores al 38 especial, quedando exceptuado este último y el calibre 357 magnum. Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo fuera de las zonas urbanas podrán poseer y portar con la sola manifestación un arma de las ya mencionadas o un rifle calibre 22 o una escopeta de cualquier calibre, exceptuando las de cañón de longitud inferior a los 635 milímetros. Las de calibre superior al 12, las carabinas hasta el calibre 30-30 y los fusiles de cerrojo máuser y similares calibre 7 y 765 milímetros, las que se mencionan en el artículo 10 de esta ley, las que integren colecciones de armas en los términos del artículo 21 y 22.

Artículo 11.- Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armadas y Fuerzas Aéreas, son las siguientes:

Revolver calibre 357 mágnum y 38 especial. Se eliminarían superiores a éstas y que permiten este calibre.

Pistolas calibre de 9 milímetros parabelum, loether, similares, las 38 súper y comando y las de calibre superiores.

Fusiles mosqueteros, carabinas y tercerolas en calibre 227 7 milímetros, 762 y carabinas 30 en todos sus modelos, exceptuando los tipos mauser de 7 milímetros, 7.65 milímetros y carabinas 3030, ambos tipos cerrojo y demás armas de colección.

El resto de los incisos quedaría igual, por lo que los obvio en lectura por cuestiones de tiempo, pero los tienen aquí transcritos.

Transitorios.

Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención, muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputada Clouthier.

Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos:

Roberto Abraham Mafud, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

José Cruz de la Torre González, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en Aguascalientes, Aguascalientes, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

De Luis Miguel Cámara Patrón, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

De Philippe Jean Rene Seguin Dartois, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en Grado de Caballero que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Héctor Alonso Sánchez Medina y Álvaro Ceferino Rosales Zamora, para prestar servicios en la Embajada de Tailandia en México.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura a los dictámenes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Gracias.

¿Los que estén por la negativa?

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se les dispensa la lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Roberto Abraham Mafud, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Libanesa en la cuidad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano José Cruz de la Torre González, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Francesa en Aguascalientes, Aguascalientes, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Luis Miguel Cámara Patrón, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Polonia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Philippe Jean Rene Seguin Dartois, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en Grado de Caballero que le otorga el gobierno de la República Francesa.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Héctor Alonso Sánchez Medina y Álvaro Ceferino Rosales Zamora, para prestar servicios en la Embajada de Tailandia en México.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no ha llegado a esta Presidencia solicitud para hacer uso de la palabra, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo, se va a proceder a la votación nominal de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos, para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Y ábrase el sistema electrónico de votación por diez minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(VOTACIÓN NOMINAL)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De votación electrónica. De viva voz el Diputado Horacio Martínez Meza.

El diputado Horacio Martínez Meza: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Diputada Presidenta, se emitieron 410 votos en pro y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados los proyectos de Decreto por 410 votos, Pasan al Ejecutivo y al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del Dictamen con pryecto de Decreto, que reforma los Artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al Dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al Dictamen.

Las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

(Votación)

Gracias.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se le dispensa la lectura. En virtud de que no hay registrados oradores, se considera que el Dictamen está suficientemente discutido en lo general.

Y para los efectos del Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado tampoco ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el Sistema Electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el Sistema Electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Se abre el Sistema Electrónico de Votación)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz, el Diputado Horacio Martínez Meza, denle sonido a la curul 151 por favor.

El diputado Horacio Martínez Meza (desde su curul) A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.

De viva voz el Diputado Emilio Zebadúa González. Sonido a la curul 497.

El diputado Emilio Zebadúa González.- (desde su curul): Emilio Zebadúa, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señora Presidenta, se emitieron 398 votos a favor. Adelante, Diputado Buendía.

El diputado Angel Augusto Buendía (desde su curul) A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias.

Al Diputado Luna denle sonido por favor a su curul.

El diputado Miguel Luna Hernández. Mi voto a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Denle sonido a la curul de la Diputada Ana Lilia.

La diputada Ana Lilia.(desde su curul): A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias Ana Lilia.

Diputada Presidenta, se emitieron 401 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada en lo general y en lo particular por 401 votos, el proyecto de Decreto que reforma los Artículos 289 y 290 de la Ley Federal de Derechos

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión del Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo .

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al Dictamen.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Gracias.

Los que estén en contra.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, Diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

En consecuencia tiene la palabra el diputado Gustavo Madero Muñoz para fundamental el dictamen de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gustavo Madero Muñoz: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Legisladores.

A nombre de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito someter a consideración de esta H. Asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo.

Las reformas y adiciones a las leyes orgánicas de la banca de desarrollo que se someten a esta soberanía, tienen su origen en la Minuta enviada por el Senado de la República y se inscriben en el marco de las diversas reformas constitucionales, tendientes a fortalecer los derechos de los pueblos indígenas.

Cabe señalar que a raíz de las citadas reformas constitucionales, se estableció en el Apartado B del Artículo 2º. de nuestra Constitución, que para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, tanto la federación, los estados y los municipios, establecerán las instituciones y las políticas necesarias, para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Las reformas se justifican tomando en cuenta que el propio Constituyente determinó que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y Constituciones locales que procedan y reglamento en lo estipulado en la reforma constitucional de referencia.

Con la reforma constitucional, el poder revisor de la Constitución, no solamente dio respuesta a los legítimos reclamos de más de 10 millones de indígenas y 56 etnias que ancestralmente pueblan el territorio nacional sino que además inauguró un nuevo orden constitucional, que parte del reconocimiento de nuestra identidad pluricultural, una nueva filosofía que privilegia y ubica, en un plano de interés superior, los requerimientos y los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Las reformas y adicionas que ahora se someten a este H. Pleno, tienen como propósito reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Financiera Rural, la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Ley Orgánica de Nacional Financiera y Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, con el fin de incorporar a la banca de desarrollo en el esfuerzo que las diferentes instituciones nacionales realizan, para contribuir desde sus espacios de competencia, al cumplimiento del mandato constitucional, de tal manera que permitan a las comunidades indígenas el acceso a fuentes de financiamiento y a los sistemas de asesoría, capacitación y promoción comercial que ofrecen las instituciones bancarias de desarrollo.

Cabe señalar que en el propósito de extender los beneficios de la banca de desarrollo, al incluir en la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros el Artículo 7º. fracción X se omitió que esta fracción ya había sido objeto de reforma en febrero pasado, por lo que con la reserva que ahora se propone, sólo se cambia el orden de la fracción, para que sea la XI en el dictamen que se somete a su consideración, dejando para esto un documento anexo que presento.

Asimismo aprovecho la oportunidad para dejar ante esta Mesa Directiva, la fe de erratas que como se indica en el documento que consiste en aspectos de forma en la presentación del dictamen, del cual en este momento haré entrega.

Señores Legisladores y Legisladoras, las reformas que proponemos a esta soberanía y para las cuales solicito su voto aprobatorio, buscan varios propósitos, principalmente el logro de la equidad y un principio de justicia con nuestros connacionales indígenas, al facilitarles el acceso a los servicios que presta la banca de desarrollo.

Muchas gracias.

Con permiso de la Presidencia hago entrega de la fe de erratas y la modificación del Artículo 5º. en vez de fracción X que se ha sustituido por una fracción XI.

Es cuanto señora Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulta la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por el diputado Gustavo Madero. Favor de leerla, señor Secretario.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Con gusto diputada Presidenta.

Se va a dar lectura a la propuesta presentada por el Presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Gustavo Madero.

Dice: "En virtud de que el 23 de febrero del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la federación la adición de una fracción X al artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por lo anterior se propone modificar el dictamen en el artículo 5º del decreto para quedar como sigue:

"Artículo 5º. Se reforma la fracción 7ª y se adiciona una fracción 11ava del artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para quedar como sigue:

"Artículo 7, fracción 7ª: Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito, con los sectores indígenas, social y privado y con los organismos de integración y las entidades de ahorro y crédito popular".

"Fracción 11ava: Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión dentro de las comunidades indígenas".

En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite la propuesta presentada por el diputado Gustavo Madero al artículo 5° del proyecto de decreto relativo a artículo 7 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los que estén en contra.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la asamblea.

En virtud de que no tenemos registrados oradores, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea si está suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los que estén en contra.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que tampoco tenemos registrados diputados para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación y la fe de erratas que nos propusiera el Presidente de la Comisión de Hacienda, en un solo acto.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto el dictamen, incluidas las modificaciones y la fe de erratas aprobadas ya por la asamblea.

(Votación)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Damos la más cordial bienvenida a integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular de la República Mexicana que nos acompañan en este acto, aquí en esta Asamblea; ellos han sido invitados por el diputado Juan Bárcenas González. Sean ustedes bienvenidos.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz el diputado Horacio Martínez Meza.

El diputado Horacio Martínez Meza: A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.

De viva voz el diputado Emilio Zebadúa González.

El diputado Emilio Zebadúa González: A favor.

El Secretario diputado Antonio Morales de la Peña: Gracias.

Diputada Presidenta, se emitieron 412 favor, y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos, con las modificaciones y fe de erratas aprobadas a su vez por la asamblea, el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo.

Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo correspondiente a la presente sesión, como lo señala el Acuerdo Parlamentario, proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, el cual incluirá los asuntos no abordados en ésta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 16:07 Horas): La última votación se aceptará como verificación de asistencia.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de mañana 31 de marzo a las 10:00 Horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:00 de la mañana.