Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 24 de noviembre de 2005

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 318 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: (10:19 horas) Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (oficio del Congreso del estado de Nuevo León)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (oficio del Congreso del estado de Tamaulipas)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (solicitud de licencia del diputado Eduardo Olmos Castro)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eduardo Olmos Castro, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Quinto Distrito del estado de Coahuila, a partir del 28 de noviembre de 2005.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Junta de Coordinación Política, que el diputado Francisco Landero Gutiérrez salga del Grupo de Amistad México-Cuba)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 339 diputados y diputadas.

Quienes hasta el momento no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

Proposiciones de Acuerdo de los órganos de Gobierno, de la Junta de Coordinación Política.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a actualizar las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos que incluyan la categoría de enfermedades genético-metabólicas Gaucher, Fabry, Mucopolisacaridosis y Pompe)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ha solicitado hacer uso de la voz, para apoyar esta propuesta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Angélica de la Peña Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia se concede el uso de la tribuna a la diputada Angélica de la Peña Gómez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve porque solamente quiero reafirmar que este punto de acuerdo que ha considerado como suyo la Junta de Coordinación, hace una rectificación que es muy importante mencionar, de una votación que no logramos por muchas condiciones, cuando discutíamos el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ciertamente, como menciona un diputado colega, hay una gran cantidad de enfermedades que debieran estar contempladas en este concepto de enfermedades catastróficas, pero creo que las enfermedades que hoy estamos integrando en este concepto, que son enfermedades verdaderamente terribles, genético-metabólicas, que son francamente muy dolorosas para las niñas y los niños que lo viven, que lo padecen, pero sobre todo es más doloroso cuando las familias son tan pobres que no tienen condiciones de atenderlas porque estos tratamientos son bastante caros.

Por lo tanto, el que podamos integrar en estos conceptos las enfermedades de Gaucher, Fabry, Pompe o Mucopolisacaridosis, nos permite resolver un pendiente que tenemos con esta población infantil, que desafortunadamente no tendrían otras condiciones para verse beneficiado por esta terapia de reemplazo enzimático como se conoce el TRE (?), que consiste en suministrar a estos pacientes enzimas que su cuerpo no produce.

Por lo tanto, el día de hoy agradezco la oportunidad y la justeza del punto de acuerdo que ha asignado la Junta de Coordinación y ojalá que tengamos condiciones de poder resolver de manera ya programática y de manera mucho más estructural que este tipo de enfermedades, junto con otras que faltan, se garanticen desde el sector salud, más allá de sí los niños, sí las niñas, están beneficiados o no por la seguridad social, o por el seguro popular. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No hay más oradores, está suficientemente discutido este asunto, continúe la Secretaría.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Perdón, permítame señora Secretaria.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez (desde su curul): Señor Presidente, a favor de este punto de acuerdo.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: A favor.

El diputado García Tinajero tiene el uso de la tribuna por cinco minutos para expresarse a favor de este punto de acuerdo.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, honorable Asamblea.

Vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo porque sin duda su aprobación subsanaría una situación que se dio durante la pasada discusión del presupuesto, cuando la compañera diputada Angélica de la Peña proponía que del Presupuesto de la Secretaría de Salud, se destinara una parte mínima, aproximadamente 30 millones de pesos, para los medicamentos de reemplazo enzimático de los pacientes con enfermedad de Pompe, Fabry, Gaucher y otras que ella señaló.

Es loable que ahora se trate de rectificar este error que fue producto de la poca atención que a veces nos ponemos unos a otros, del cansancio de aquella sesión y de los acuerdos a los que se había llegado, planchando un presupuesto que algunos no consideramos fue el adecuado para este país.

Sin embargo, tenemos que señalar también que el rubro de gastos catastróficos se destina fundamentalmente para aquellas personas que están inscritas en el Sistema de Protección Social en Salud y que el grupo de pacientes a los que la diputada hizo referencia, además de ser rarísimos, además de ser muy pocos; lo que no implica que no se les deba prestar la atención adecuada, todos los mexicanos tienen derecho a la atención adecuada en salud, pues seguramente no estarán inscritos varios de ellos o muchos de ellos o quizás la totalidad o quizá la totalidad, en el Sistema de Protección Social en Salud.

Este tipo de enfermos generalmente es atendido en hospitales nacionales de referencia y en los institutos nacionales de salud, como podría ser el Instituto Nacional de Pediatría, como podría el Hospital Infantil de México, etcétera.

Creo que independientemente de que hay que apoyar el punto de acuerdo, hay que añadir un inciso más que cubriría a aquellos que no estén dentro del apartado de gastos catastróficos y que no tengan seguro popular y aquí sería en este sentido:

"Se exhorta a la Secretaría de Salud para que de su presupuesto destine los recursos necesarios para el reemplazo enzimático que requieren los pacientes con enfermedad de Gaucher, Pompe, etcétera y que se haría llegar a los hospitales nacionales de referencia y al Instituto Nacional de Pediatría, que es donde se atienden estos pacientes".

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En términos del artículo 122 de nuestro reglamento se concluye este debate y continué la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en los términos del comunicado de la Junta de Coordinación y comuníquese esta determinación. Continué la Secretaría.

Como lo ha solicitado la Junta de Coordinación Política, la lectura a esta proposición de la propia Junta, lo va hacer el diputado Pedro Vázquez González, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.

De la Junta de Coordinación Política, mediante el cual la Cámara de Diputados, establece que impulsará la realización de conversaciones entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Venezuela, con el objeto de contribuir por medio de la diplomacia parlamentaria, a la superación de las diferencias diplomáticas surgidas entre los gobiernos de México y de Venezuela en días recientes.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimocuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo a la orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo que presentan los diputados José Alberto Aguilar Iñarritu del grupo parlamentario del PRI, Jorge Martínez Ramos del grupo parlamentario del PRD, Alejandro González Yánez del grupo parlamentario del P.T. y Jesús González Schmal del grupo parlamentario de Convergencia, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente acuerdo:

Primero. Esta soberanía impulsará la realización de conversaciones entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de Venezuela, con el objeto de contribuir por medio de la diplomacia parlamentaria a la superación de las diferencias surgidas entre los gobiernos de México y de Venezuela en los días recientes.

Segundo. Esta soberanía se pronuncia por la pronta normalización de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de México y Venezuela, en beneficio de sus gobiernos y de ambos pueblos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2005.

Diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, rúbrica en abstención. Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Alejandro González Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.

Nos ha solicitado hacer uso de la tribuna para hablar en pro, el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.

El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señor Presidente.

Estamos, en el grupo parlamentario de Acción Nacional, perfectamente de acuerdo con el espíritu de este punto de acuerdo. Qué mejor que tener una coadyuvancia para que las relaciones entre México y Venezuela sean óptimas. Estamos de acuerdo y damos nuestro sí, pero nuestro sí tiene que pasar por un pleno respaldo a la institución presidencial mexicana, porque somos mexicanos.

Tiene que pasar por un reconocimiento de que el ejercicio de la diplomacia parlamentaria no puede exceder la coadyuvancia, toda vez que la conducción de la política exterior es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, el Presidente de la República y también tiene que pasar por una previa consulta, acuerdo y coordinación con el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, para conocer a fondo cuál es la actual situación, cómo se está trabajando con la Cancillería venezolana y para no contrariar el sentido constitucional que nos rige.

Pero también, hay que decirlo, hay que ubicar que la normalización de estas relaciones, pasa por un cese a las acciones injerencistas de Venezuela en México.

Hay que tener un poco de memoria y ubicar lo que, para el año pasado en el mes de mayo, decía el Embajador Lino Martínez en México: "que –decía explícitamente- Andrés Manuel López Obrador, era el Hugo Chávez para México y que ambos eran como una luz para sus países".

Hay que recordar que por estos hechos, ese embajador tuvo que retirarse de este país por violentar nuestra Carta Magna. Hay que recordar también que el Embajador que le siguió, Vladimir Villegas, a pocos días de tener sus cartas credenciales en México, fue a un evento de campaña política de Marcelo Ebrard Casaubón y que, contrariando también nuestro sentido constitucional, nuestra soberanía nacional, se inmiscuyó en la política interna de este país. Por esas acciones recibió una amonestación de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Y hay que también estar muy cuidadosos, ya que hay algunos legisladores de este Congreso que están más prontos a adherirse al ofensor a las instituciones nacionales, que a respaldar a este país. Hay que estar cuidadosos porque esta diplomacia parlamentaria no puede ser la del tipo que ejemplificó el diputado del PRD, que fue a la manifestación de Hugo Chávez, con relación a este tema.

Creemos pues que sí debe haber una coadyuvancia. Creemos pues que debe haber unos trabajos que en sintonía con el Poder Ejecutivo coadyuven a una mejor relación sí. Pero que también cesen las tentativas de Venezuela, de influir en el proceso electoral mexicano del 2006 y que se retiren las ofensas que se virtió por parte de ese presidente a nuestro presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado.

Asimismo para hablar en pro y en los términos del 122 de nuestro Reglamento, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José García Ochoa, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática hasta por 5 minutos.

El diputado Juan José García Ochoa: Qué bueno que el diputado que me antecedió habló de una estrategia de diplomacia, puesto que la diplomacia es justamente en este momento la construcción de acuerdos. No se puede decir que estamos a favor de hacer diplomacia parlamentaria y venir a verter nuevamente acusaciones contra quienes queremos justamente tender un puente.

La valoración del por qué en este momento puede ser importante la diplomacia parlamentaria, es porque ambos ejecutivos se encuentran de alguna manera detenidos por lo que han dicho, por lo que han declarado y porque también se vuelve complicado para ellos, para ambos, retractarse de los dicho.

Sin embargo, ambos han señalado también, ambos ejecutivos, la necesidad de que tengamos buenas relaciones entre ambos pueblos. Entonces hay que buscar y coadyuvar a encontrar un puente de encuentro y entendimiento, que ayude a nuestra diplomacia a poder restablecer nuestras relaciones normales con Venezuela.

Ese es el objetivo y el PRD se suma a ese objetivo. Si quieren discutimos las posiciones de Venezuela en el momento que tengamos que hacerlo. Pero hoy venimos a discutir las posibilidades de la diplomacia parlamentaria.

Nosotros hemos dicho con claridad, como grupo parlamentario del PRD y también el resolutivo que emitió el Comité Ejecutivo Nacional, que nuestra preocupación central en este conflicto es la buena relación que debe existir entre México y Venezuela. Las discrepancias que hay entre jefes de Estado en América Latina, no son novedad, ni son solamente de los últimos 5 años. Ha habido discusiones fuertes sobre temas geopolíticos y geoestratégicos en América Latina por lo menos en los últimos 30 ó 40 años, que han puesto a prueba nuestra diplomacia y que en ningún momento habían colocado a México en la situación de retirar embajadores.

Nos hemos quedado solos en discusiones en la OEA, como país con una posición contra todos los jefes de Estado, contra todos, y no decidimos retirar embajadores. Nuestros presidentes han sido acusados de muchas cosas y no hemos, a pesar de eso, retirado embajadores; y no lo hemos hecho porque nuestra política exterior había puesto como prioridad el mantener buenas relaciones con América Latina, independientemente de sus gobiernos, de las declaraciones de sus jefes de Estado; habíamos decidido como país que nuestra prioridad era tener una buena relación con América Latina.

Eso es lo que hay que rescatar y no seguir haciendo caso de voces que quisieran que nuestras relaciones se deterioraran con países o con gobernantes con los que ideológicamente no se coincide.

Nosotros tampoco coincidimos cómo gobiernan algunos presidentes en Europa o en América Latina. El PRD no coincide, no es nuestro proyecto. No lo haríamos así en México, pero sin embargo esto no significa que si nosotros estamos en el gobierno, vamos a tratar de que nuestro Presidente asuma una posición de partido o ideológica como lo resolvió la Reunión de la Democracia Cristiana en América Latina, de hacerle la guerra a Chávez y el Presidente hacer eco a una internacional ideológica en vez de asumir una posición de Estado.

Entonces, queremos ver al Presidente con una posición de Estado y por eso queremos ayudar. Si el Presidente no ha podido o quiere esperar sentado a que le den disculpas, pues nosotros vamos a ser activos y a proponer un puente parlamentario para ver si es posible restaurar nuestras relaciones normales con un país hermano como Venezuela.

Ese es nuestro objetivo y queremos decir que por eso estamos a favor de este punto de acuerdo, para fortalecer nuestra diplomacia parlamentaria.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: No tengo... Sí, señor diputado.

El diputado Carlos Jiménez Macías (desde su curul) Señor Presidente. Para pedirle consulte a la Asamblea si puede abrir una ronda de oradores.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Cómo no, señor diputado.

Consulte la Secretaría en votación económica, a la Asamblea, si se abre una nueva ronda de oradores en los términos de los artículos 122 y 123 de nuestro Reglamento Interior de Gobierno.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se autoriza que se abra una nueva ronda de oradores, con fundamento en los artículos 122 y 123 del Reglamento.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: (votación)

Gracias. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta presidencia desea preguntar a la Asamblea si hay diputados que quieran registrarse para hablar en contra ... a favor ... diputado Carlos Jiménez, el diputado… perdón diputado, me solicitó la palabra el diputado Pedro Avila.

En consecuencia, en términos del 122 para hablar a favor, diputado Pedro… Pedro Avila ¿a favor?… a favor. Tiene el uso de la palabra los diputados Carlos Jiménez y Pedro Avila para hablar a favor en los términos del artículo 122. No registré oradores para hablar en contra, en consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Jiménez hasta por cinco minutos, para hablar en pro.

El diputado Carlos Jiménez Macías: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Frente a la insensatez, es de aplaudir la sensatez de este punto de acuerdo. Nos parece, a los diputados priístas, que esta disputa irracional en la que han caído nuestros dos gobiernos, tenga que convocarnos ahora a nosotros a querer ver quién lleva más agua a su molino, de los partidos.

Tan inadmisible es venir aquí a hacer acusaciones de apoyos a partidos o a candidatos, como también es hacerle el juego a las locuras –con respeto lo digo- de un presidente como Chávez. Yo creo que la sensatez que nosotros debemos de tener es a favor del país y, perdónenme, a favor del Presidente Fox.

No podemos compartir los diputados del PRI este aprovechamiento político de estos desaciertos, pero cuando se toca de manera importante a la institución de la República los diputados tenemos que hacer a un lado nuestros intereses partidistas y nuestros intereses electorales.

No es válido, por más que se quiera justificar, que haya legisladores que vayan a un país extranjero a participar en un mitin, a pesar de que afirmen que lo hacen de manera personal, cuando además son testigos que el diferendo está tomando dimensiones delicadas para los dos países.

No podemos atizarle el fuego, pero no podemos permitir que el presidente Chávez le falte el respeto a la presidencia, que es una institución y que, independientemente de quién la gane, necesitamos que sea una presidencia respetable.

Tampoco podemos dejar que el gobierno mexicano no retome la vía de la diplomacia. Pero hay un planteamiento que a mi juicio debemos ponderar y es el del gobierno mexicano, que nadie puede descalificar que está en la ruta correcta.

Todos dicen quién empezó el pleito. Aquel señor así lo dice. No se trata de pleitos. Comparta yo o no la posición de Fox, él llevó un planteamiento de una visión económica del mundo y quiso empujarlo.

La discusión es si en el país ese planteamiento tiene consenso; esa es otra discusión. Pero ahí él asumió una posición que podemos no compartir personalmente –en ese plan estoy--; lo que sí sé es que la respuesta del presidente Chávez fue de manera grosera porque el presidente no hizo más que defender una visión que él tiene de Estado y que quiso empujarla, y la respuesta del señor fue de burla y fue de falta de respeto a la institución del presidente y a este país.

Y tampoco podemos jugar así nosotros. Reclamamos del gobierno federal prudencia, ponderar la política que a lo largo de la historia de la humanidad ha funcionado y que es la diplomacia. Y nosotros contribuir con la diplomacia parlamentaria, hoy un instrumento valioso para que las naciones se acerquen más a través de sus parlamentarios, no para seguir atizándole al fuego, como ahorita estamos observando en este debate.

Estamos a favor del punto de acuerdo porque nos parece sensato y en medio de la desmesura hay que convocar a la mesura y no venir aquí a caer otra vez en la desmesura porque entonces somos incongruentes con el punto de acuerdo que estamos hoy suscribiendo y que estamos apoyando como un gesto de contribución a la solución de las diferencias entre dos gobiernos, que tienen que superarse porque estos dos pueblos han estado hermanados durante mucho tiempo.

Y nosotros no nos podemos dar el lujo de pelearnos con una nación como Venezuela por muchas razones. Por eso creo que la convocatoria es la mesura, la diplomacia y otra vez a tratar de reconstruir algo que hoy está lastimado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Nos ha solicitado el uso de la tribuna el diputado García Tinajero para rectificación de hechos. Tiene usted el uso de la tribuna hasta por 5 minutos para rectificación de hechos.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Pido la palabra para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Hechos de quién, del orador anterior. Se lo concederé al final de la lista de oradores.

El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su permiso, honorable Asamblea, honorable Presidente. Qué triste que dos pueblos hermanos como el de México y el de Venezuela se encuentren hoy confrontados por los dislates de sus presidentes.

Qué triste que nuestro presidente haya ido a Mar del Plata no solamente a ofender, no solamente a mantener una posición que no podemos considerar como la que mantenemos la mayoría de los mexicanos, a criticar al presidente de la República Argentina, a denostar al presidente de Venezuela, a denostar a un ciudadano argentino por hacer de su libre, de su libertad de expresión. No consideramos que esto sea lo correcto. No consideramos tampoco correcto que el Presidente de nuestro país haya ido a defender el ALCA y haya ido a defenderlo como si ésta fuera, como dijo el compañero diputado del PRI, una política de Estado, cuando ni siquiera se ha discutido en México. Fue a introducir un tema que ni siquiera estaba en la agenda de la Cumbre de Mar de Plata.

Esperamos que estos hechos bochornosos pronto sean simplemente una anécdota, una anécdota que deje una memoria muy tenue en la historia de la relación entre nuestros pueblos, una anécdota como también debe serlo el hecho de que algunos pretendan explotar un ánimo patriotero y envolviéndose en la bandera nacional nos digan: "Hay que defender al Presidente, hay que defender a la investidura presidencial...", cuando el primero que no respeta esa investidura es el propio Presidente de la República, y de eso hay suficientes muestras en cada una de las visitas que hace al extranjero.

Y dejemos lo anecdótico y vayamos a lo sustancial. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tres asuntos fundamentales que yo veo que tienen que discutirse.

El primero es si la política exterior mexicana que se ha seguido ruante este sexenio ha sido la adecuada. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los aquí presentes ¡No! Y se ha dicho en esta tribuna que el Presidente de la República, el Ejecutivo, ha acabado con una política exterior que dio lustre y prestigio a México. El Presidente de la República no se ciñe a los principios constitucionales que deben regir nuestra política exterior.

Se acabó la igualdad jurídica de las naciones; se acabó la autodeterminación y respeto a la soberanía de otras naciones; se acabó la no intervención; se acabaron muchos de los preceptos que regían nuestra política exterior.

Y hay un segundo punto. Hay que prepararse para más encontronazos, hay que prepararse para más diferendos. ¿Por qué? Porque en esta ocasión están chocando dos visiones diferentes sobre lo que debe de ser la integración de los pueblos de América, una visión que es la que mantiene el Presidente de la República, no sé si por voluntad o no del pueblo de México, porque eso no se ha discutido aquí, que tiene que ver con la prevalencia de la Doctrina Monroe hasta nuestra época con la hegemonía de los estados Unidos sobre nuestras naciones, sobre condiciones de comercio desiguales, una propuesta colonialista contra una propuesta de integración de los pueblos de América en igualdad de condiciones.

Y por último, también resulta trágico que algunos quieran aprovechar este diferendo para abonar a las cuestiones internas.

Creo que tanto Chávez está en vísperas de procesos electorales y probablemente pretenda lo mismo allá en Venezuela, pero vamos a hablar de México. Quieren equipara a uno de los candidatos a la Presidencia de la República con Chávez, que es un figura mediaticamente desprestigiada y quieren crear en la mente de la gente ese vínculo con el fin de obtener ventajas electorales en julio de 2006.

Desde aquí, desde esta tribuna, les decimos: Hay cosas en las que el PRD difiere y mucho, de Chávez y de otro mandatario de Latinoamérica. Hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, y se los decimos bien claro, el PRD, como partido político y ahí están sus Estatutos, se Declaración de Principios, ahí hay muchos documentos del partido, no está por la forma de integración latinoamericana que promueve el Presidente de la República. Eso tiene que quedar bien claro, sin que esto se interprete como la hermandad con Chávez.

Mantenemos esa visión junto con otros muchos ciudadanos de América y junto con otros muchos pueblos de América, pero que no se quiera utilizar esto con fines electorales y no se quiera crear en la gente una unidad que no existe.

Nos deslindamos de Chávez, pero no nos deslindamos del proceso alternativo de integración latinoamericana. Gracias.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Diputado Martínez Alvarez, me ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputado Martínez Alvarez.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Para hechos? Permítame, señor diputado. ¿Hechos en relación con el último orador?

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez (desde su curul). En conjunto.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En conjunto. Entonces al final de la lista de oradores, señor diputado.

Diputado Pablo Alejo, ¿con qué objeto?

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿En relación con lo que acaba de señalar el orador?

El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul). En general.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En general. Lo enlistamos, diputado Pablo Alejo.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Pedro Ávila Nevarez, hasta por cinco minutos.

El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso, señor Presidente.

¡Qué tristeza que la política del gran sinaloense Genaro Estrada y la política del insigne mexiquense Isidro Fabela de la No Intervención y Autodeterminación de los Pueblos haya sido olvidada por este gobierno!

No venimos aquí a esta tribuna a defender a Hugo Chávez ni venimos tampoco a defender al Presidente Fox, que ha cometido innumerables irregularidades en la política internacional de México, que por más de 70 años los gobiernos priístas levantaron inhiesta y llena de gloria en todos los confines de la patria por los presidentes que fueron electos por el pueblo de México y que crearon las instituciones sobre las que hoy gobierna el gobierno panista. ¡Qué tristeza!

¡Venimos aquí simplemente a protestar porque el Presidente Chávez ha insultado a la institución presidencial y como aquí se dijo la institución presidencial represéntela quien la represente nos representa a todos los mexicanos y cualquier mexicano bien nacido no debe estar de acuerdo en que otro presidente extranjero insulte al presidente de todos los mexicanos, sea del partido que sea! ¡A eso venimos aquí a esta tribuna!

¡Porque estamos conscientes que México ha sido baluarte de las libertades de nuestros hermanos latinoamericanos! ¡Recuérdese la política de ese hombre criticado por muchos, de ese hombre fuera de serie que se llama Luis Echeverría Alvarez y que cuando la dictadura de Pinochet trajo a todas esas gentes que lucharon con Salvador Allende por democratizar a esa República hermana de Chile, los trajo para acá a México!

¡Recordemos al Presidente Cárdenas cuando la dictadura de Francisco Franco como trajo a nuestros hermanos españoles a tierra mexicana! ¡Recordemos cuando el conflicto de El Salvador cómo nuestra patria se hermanó con esos hermanos nuestros!

¡Y recordemos al tlaxcalteca y gigante Emilio Sánchez Piedras cuando le dijo por medio de esta tribuna, la más alta de la República, al Embajador de Estados Unidos en México que en la crisis de Cuba le acudía la razón al heroico pueblo de Cuba!

¡México ha sido el hermano mayor de Latinoamérica y ahora nos convertimos en una burla de la política internacional de México porque el Presidente en lugar de representarnos, va y representa a los Estados Unidos y a Bush allá en la Cumbre de las Américas! ¡No estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en criticar a Chávez, que como aquí se dijo "es un loco", pero no estamos de acuerdo en que el Presidente esté haciendo política en contra de nuestros hermanos latinoamericanos!

¡México seguirá adelante, como dijo Adolfo López Mateos, porque México es el país que sostiene las libertades y las instituciones de Latinoamérica y la política Estrada y la política de Isidro Fabela son los que gobiernan los intereses de este pueblo nuestro que va hacia delante!

¡No venimos aquí a hacer campaña política por algún candidato de algún partido, venimos a protestar porque es una bajeza que se insulte a la institución presidencial y todos los mexicanos estamos en contra de esto! Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, diputado Pedro Ávila Nevarez.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Emilio Serrano Jiménez, quien solicitó hacer uso de la voz para rectificación de hechos, en relación con lo manifestado por el diputado Carlos Jiménez Macías.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado Presidente. Es muy importante lo que dijo mi amigo el diputado Carlos Jiménez Macías, pero también es importante que reflexionemos que hace años el pueblo de México veía como símbolos a nuestra Bandera Nacional, el Himno Nacional, el Escudo Nacional y mucha gente veía al Presidente de la República como otro símbolo de todos los mexicanos. Y, efectivamente, este Presidente que ganó con la mayoría de los votos de los mexicanos, Vicente Fox Quesada, un gran vendedor, uno de los más grandes vendedores del mundo, que no sabe qué vende pero vende, él ha desprestigiado esa imagen de la alta investidura del Presidente de México, es el primero que ha faltado a esa alta investidura.

No es posible que frente al los medios de comunicación le chifle a su esposa como si fuera un animal. No es posible que haga mofa del pueblo de México, de la pobreza y del hambre, que vaya a una Cumbre porque ya se acostumbró a actuar como empleado de los Estados Unidos de América.

¡El ya no trabaja en Coca-Cola, le debe de quedar claro! Es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no es empleado de George Bush, no es defensor de los Estados Unidos, que no necesitan defensa, ellos se saben defender solos. Y a ustedes les consta, compañeras y compañeros diputados, diputadas, que fui el primero que votó en contra que se le permita salir al Presidente Vicente Fox del país, porque cada vez que sale mete la pata, la riega, en desprestigio de la imagen de este pueblo que tradicionalmente ha sido pacifista, México.

Y la aclaración que quiero hacer es que no hay un conflicto entre pueblos de Venezuela y México, hay un conflicto entre gobernantes. Uno fue a insultar, el otro se defiende e insulta al Presidente de México, que ahí sí nos unimos todos para defender lo que representa el Presidente de México, para defender nuestra bandera, nuestro Himno Nacional y nuestro Escudo Nacional.

Pero hay que reflexionar y decirle al Vicente Fox Quesada, que se olvide de que no es empleado de la Coca-Cola, no es empleado de George Bush, no es empleado de los Estados Unidos de América. Es candil de la calle y oscuridad de su casa.

Es importante que aprobemos este punto de acuerdo, pero que también le hagamos reflexionar al Presidente de todos los mexicanos, que antes de hablar y hacer propuestas consulte al Congreso, que somos los representantes del pueblo, para ver si es correcto lo que va a decir o no, porque comete errores que perjudican a toda la nación.

Han mandatarios locos, efectivamente, que por un momento de loquera rompen relaciones con otras naciones y les declaran la guerra. Por eso es que se han dado las grandes batallas mundiales por mentes enfermas que no les importa cuantos humanos van a morir en un conflicto bélico pero se creen los enviados de Dios, uno de ellos, es George Bush, Hussein y otros como Hitler que se sintieron iluminados y gracias a ellos, a sus errores hubo matanzas, masacres.

Es importante que reflexionemos que no hay rompimiento de los lazos de amistad y de hermandad entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de México, seguimos siendo hermanos.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Martínez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia hasta por cinco minutos, para rectificación de hechos.

El diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez: Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros.

Considero fundamental que este tema tan delicado que es la relación fraterna que debe existir con Venezuela en el caso particular, por las intervenciones que hemos escuchado y que desde luego son respetables, pudieran confundir aún más lo que todavía no queda muy claro para muchos de los mexicanos.

Yo iniciaría afirmando algo que creo que todos coincidimos, nos molesta , nos ofende que se lesione la institución Presidencial y eso fue lo que sucedió; esto no quiere decir que estemos a favor de una propuesta de integración como la que se fue a hacer en Argentina.

Para entender mejor el asunto, lo plantearía de la siguiente manera: Vicente Fox, como Ernesto Zedillo, como Carlos Salinas creen en el ALCA, lo que hizo Vicente Fox en Argentina, fue hacer un señalamiento de su propia convicción, en el sentido de que no era conveniente haber llevado un tema tan trascendente a un campo de fútbol.

El Partido Convergencia considera que la respuesta a esa posición, que puede ser respetable, como lo fue en su momento para los dos Presidentes anteriores, fue una respuesta que lesiona a la institución Presidencial, que fue una ofensa directa al Presidente de los mexicanos.

Convergencia tampoco comparte lo del ALCA , no creemos en una integración teniendo como vecinos a los Estados Unidos ¿por qué? porque como lo hizo en Europa, la Unión Europea, hay desigualdades: las Islas del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, hay grandes asimetrías y desequilibrios, pero, vuelvo a insistir, debemos decir con toda claridad que el Poder Legislativo no está en contra ni a favor de determinado Presidente, el Poder Legislativo simple y sencillamente debe de asumir una actitud para que esta relación se reanude a la mayor brevedad.

Yo reconozco, que el Presidente Chávez, en la manifestación que hizo a su favor, afortunadamente no calentó ya los ánimos que por sí se encontraban caldeados; hoy, a los Legisladores también nos toca la prudencia, independientemente de nuestras simpatías o antipatías que tengamos por los Presidentes de ambos países. Creo que esta es una cuestión que debemos hacer a un lado en este momento y debemos esperar a que México por los conductos que corresponde, la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga el trabajo político y diplomático para que este incidente penoso ya no vuelva a repetirse. Por lo tanto, compañeras y compañeras, yo no quisiera que este diferendo de visiones sobre el alza o de simpatías o antipatías personales o de que se quiera lastimar a un partido político, por el hecho de haber asistido, algunos de sus integrantes, no debe confundir aun más a la opinión pública.

Todos estamos de acuerdo en que debe existir y debe reinar la prudencia y la reflexión, es la única manera en que pueda retomarse los cauces de la diplomacia, no calentemos más pues el ambiente en este Poder Legislativo, en donde yo veo que finalmente todos coincidimos, más allá de nuestros puntos de vista muy particulares, acerca de la política exterior y acerca de la visión que tenemos de cada uno de los presidentes de México y de Venezuela.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado. Finalmente, tiene el uso de la tribuna el diputado Pablo Alejo López Núñez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional hasta por cinco minutos.

El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso señor Presidente. Hoy, los mexicanos estamos ofendidos, nos ha ofendido clara, directa. Sustancialmente el presidente, el representante del estado venezolano, y es lo primero que hay que aclarar, los mexicanos estamos ofendidos. No podemos permitir, porque si lo hiciéramos, no sabríamos qué tendríamos que defender, que el jefe de una nación, independientemente de la tradición histórica y hermandad entre sus pueblos, sea el que denote, el que manipule y el que termine ofendiendo al representante de los mexicanos, no lo podemos permitir, señoras y señores diputados.

Lo que tenemos que hacer, es que tampoco podemos permitir, como vinieron aquí a hacerlo, algunos diputados del PRD, es que sean los propios mexicanos los que hayan estado en esta tribuna hace unos minutos, para denostar la figura presidencial y con ello ofender a los mexicanos.

Nosotros estamos ciertos que el presidente de la república, como lo dijo bien aquí el diputado Jiménez Macías, fue a exponer en uso a atribuciones, fue a exponer una posición definitiva a la reunión que, como resultado recibió ofensivas por parte del presidente Chávez. Y estamos ciertos que recibió ofensas y estamos ciertos que recibió denostaciones no propias de un jefe de estado y no propias de los mexicanos.

No queramos ocultar, señores diputados del PRD con la actitud que hoy asumen, que ustedes permanentemente han ido a caer a los brazos de Castro y han ido a caer a los brazos de Chávez, que quieren llevarnos prácticamente a pedir disculpas, a pedirle perdón al presidente que ha ofendido a los mexicanos.

No quieran ocultar la coincidencia de sus programas y sus ofertas políticas, que denostan la libertad de los pueblos, ¿qué es lo que quieren ofrecerle a los mexicanos? Quieren ofrecerle una postura, un postulado, quieren ofrecerle una serie de propuestas que estén encaminadas a someter la política internacional de nuestro país a los criterios del populismo.

No, señores diputados, no debemos permitirlo. No quieran entregarnos a los mexicanos, no lo vamos a permitir.

Hay que dejar en claro dos cosas: primero, los mexicanos de este país, exigimos respeto a las instituciones, exigimos disculpas de quienes nos ofenden. En nuestro grupo parlamentario estamos a favor de que se cree, que se hagan labores diplomáticas, como lo dijo aquí el diputado Rodrigo Iván Cortés, siempre y cuando éstas coincidan con la política exterior de nuestro país, que está regulada por el Senado de la República y que debe ser dirigida por el Presidente Vicente Fox y el canciller Derbez. Y también que esté dirigida esta diplomacia como se ha dicho aquí, esos esfuerzos diplomáticos para reavivar esta relación, porque México nunca ha estado peleado con el mundo siempre y cuando se exija y se cumpla con lo que ha exigido la política internacional de nuestro país que en este momento está trazando la Cancillería.

Señores diputados del PRD: No nos confundan, ustedes le proponen a los mexicanos una política de sumisión a las tácticas populistas que hoy ofrecen sus candidatos. Digámoslo claro; lo que ofrecen sus candidatos, lo que ofrece López Obrador es lo mismo que Chávez: ofender a los mexicanos.

Amigas y amigos diputados: El llamado es a que contribuyamos a reanimar esa política exterior de México, pero esa política humanista que ha empezado a delinear el Presidente Vicente Fox y no una política de ocultamiento en la que hemos vivido por muchos años y de doble discurso. Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Permítanme señores diputados.

Tengo y concedo el uso de la palabra si hay alguna rectificación. Tengo registrados al diputado Emilio Serrano Jiménez para rectificación de hechos; tengo registrado al diputado Rafael García Tinajero Pérez para alusiones personales y tengo...

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado de la Vega.

El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Señor Presidente, el diputado Serrano subió para hechos y quiere nuevamente hacer rectificación de hechos, posteriormente la lista de oradores ya se agotó, yo le sugeriría respetuosamente que consultar a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido y si la asamblea lo determina, puede usted conceder el uso de la palabra en esos términos.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, recojo su propuesta. En los términos del artículo 23 de la Ley Orgánica, estando también en los términos del artículo 20, siendo facultades y atribuciones de esta Presidencia dirigir los debates, vamos a proceder en consecuencia a lo siguiente y también me ha solicitado la palabra el diputado Carlos Jiménez, para rectificación de hechos, para alusiones personales.

Sonido a la curul del diputado Carlos Jiménez.

El diputado Carlos Jiménez Macías (desde la curul) Señor Presidente, sólo para adherirme a la propuesta del diputado, en el sentido de que fuera usted tan gentil en consultar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien.

Esta Presidencia quiere dirigir el debate con la mayor equidad posible y de tal manera eficaz, que haga productiva la discusión y finalmente la aprobación del punto de acuerdo. En consecuencia, esta Presidencia va a conceder el uso de la voz al diputado Emilio Serrano Jiménez por 3 minutos, para rectificación de hechos y posteriormente consultaré a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Tiene usted la tribuna, tiene el uso de la tribuna diputado Emilio Serrano, por 3 minutos para rectificación de hechos y posteriormente consultaré si el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sonido a la curul del diputado Gustavo Unanue.

El diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre: (desde la curul): Señor Presidente, nada más para decirle que considero en mi opinión que tienen razón tanto el diputado Jiménez Macías como el diputado De la Vega, puesto que seguimos debatiendo algo que todos vamos a votar a favor. Yo creo que ya está suficientemente discutido y pediría que actuara en consecuencia.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí señor diputado, ya he tomado una decisión que me parece equitativa en función del último orador.

El diputado Emilio Serrano, por tres minutos, diputado para rectificación de hechos y posteriormente consultaré a la asamblea si está suficientemente discutido.

El diputado Emilio Serrano Jiménez: Gracias diputado Presidente.

Fíjense que hay muchos diputados, inclusive del PRD, que reconocen y admiran la posición de diputados del PAN, pero desafortunadamente unos en lugar de ayudarle a su Presidente, le echan más fuego a la hoguera.

Y si ustedes tienen acceso a Vicente Fox, porque el pueblo no, díganle que se comporte como Presidente de todos los mexicanos. Que él represente efectivamente a una Nación cuando va a extranjero; que tenga cuidado con lo que dice, con lo que expresa y lo que representa al exterior, díganselo, porque él ha sido el primero que le ha faltado al respeto a la alta investidura presidencial. Ustedes, si son sus amigos porque lo defienden, díganle que ya no la riegue, que no se eche más desprestigio porque también les está afectando a su partido y lo vamos a ver en las elecciones próximas.

Está luchando contra corriente el PAN por culpa de Vicente Fox Quesada. Me extraña mucho que lo vengan a defender aquí cuando en la conciencia de muchos, muchos diputados y diputadas del PAN, saben que Vicente Fox la está regando.

Y efectivamente aquí podemos decir que corrija el rumbo, que no nos parece, lo podemos criticar fuertemente, lo que no estamos de acuerdo que se le ofenda a la alta investidura que representa el Presidente, pero que no dé pretexto, que no provoque la molestia y la ira de otros mandatarios; fue a meter la pata a Argentina, reconózcanlo y después involucra al pueblo de México que nos ofendieron a todos; ofendieron a Vicente Fox no a la nación mexicana, no al pueblo de México, porque nosotros seguimos peleando y lo seguiremos haciendo como PRD, porque se mantenga la hermandad y los lazos de amistad con todos los pueblos de la tierra que exista la paz, esa es nuestra lucha diputado.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Gracias. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ahora consulte si se aprueba la proposición de la Junta de Coordinación Política en sus términos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba en sus términos el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Gracias. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado, comuníquese.

Se encuentra de visita en este recinto alumnos del 5° año de la Escuela Primaria Margarita López Farfán, invitados por el diputado Marcos Morales Torres, sean bienvenidos jóvenes estudiantes a este Recinto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guerrero, para que realice una investigación sobre posibles hechos de corrupción en su Consejo Estatal Electoral)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ha solicitado el uso de la tribuna para hablar en pro, la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para hablar en pro, la diputada María del Rosario Herrera Ascencio.

La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

El día 16 de noviembre se transmitió un video en el programa "El cristal con que se mira" de Televisa, donde se muestra el presunto soborno de 3 mil 250 millones de pesos, para favorecer a la empresa Servicios, Asesorías y Materiales Electorales SA, (SAMESA), para la impresión de la papelería de las elecciones del 6 de febrero y el 2 de octubre.

Los hechos involucran directamente a los ex consejeros Alejandro Ortiz Hernández, Alfonso Neri Celis, pero también se alude al ex Presidente del Consejo Estatal Electoral Seferino Cruz Lagunas y a su actual Presidente Emiliano Cruz Lozano, como al ex consejero Víctor Manuel Trani Clemente y al representante del PRI, Roberto Torres Aguirre.

En el video difundido se observa al ex consejero estatal electoral Alejando Ortíz Hernández, que pretende vender a un particular el cheque girado a su cuenta de la sucursal 0433, por la empresa referida, por un monto de 3 millones 250 mil pesos, entregado con el fin de que los consejeros aprobaran la firma del contrato de compra-venta de la papelería electoral con SAMESA.

Consideramos un grupo de compañeros diputados que signamos este punto de acuerdo y que celebramos que la Junta de Coordinación Política haya hecho suya, para que se fortalezca el Consejo Estatal Electoral en Guerrero, como institución y que el esclarecimiento de estos hechos, sirva además para que sienten las bases y que otros diputados federales de otras entidades federativas puedan hacer lo propio, ya que en dicho programa, en el video se muestra muy claramente cómo se operó este contrato de licitación. En el mismo programa se alude de que existen alrededor de otros quince estados de la República Mexicana, en donde se ha favorecido a esta empresa con este tipo de licitaciones.

Esta investigación pretende no favorecer a algún partido político en particular, sino que nosotros como diputados federales enviemos señales de nuestra preocupación porque en el estado de Guerrero, no se vuelvan a repetir estos actos de posible corrupción que se está dejando en evidencia y se tenga que investigar a fondo a la mayor brevedad posible.

Con este punto único de acuerdo se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero, que se realice una investigación sobre el posible caso de corrupción en el Consejo Electoral de Guerrero, difundido en los medios de comunicación, que involucran a los servidores públicos del mismo. Es lamentable que el actual Presidente del Consejo Estatal Electoral, se presume que está involucrado en estos presuntos actos.

Esperamos compañeras y compañeros diputados su voto a favor de que se realicen estas investigaciones. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias diputada.

No tengo más oradores, continué la Secretaría.

El diputado Secretario Marcos Morales Torres: Enseguida realizaremos la votación económica para ver si se aprueba, solicitándole antes a los señores diputados y señoras diputadas, pudieran ponerse de pie para manifestar el sentido de su voto.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. (votación)

Gracias. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (votación)

Gracias. Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y al Gobierno Federal, para que ante la OMC, se utilicen de manera profesional recursos para defender a productores mexicanos) En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese. Permítame, Secretaria.

Esta Presidencia da la más cordial y calurosa de las bienvenidas a la Delegación de Parlamentarios Italianos, integrados por los diputados Bruno Tabacci, el diputado Valerio Calzolaio, el diputado Ramón Mantovani y el diputado Ruggero Ruggeri, todos ellos acompañados por el Excelentísimo Señor Felice Scauso, Embajador de Italia en México, en ocasión de la Tercera Reunión Interparlamentaria México-Italia, que se celebra en este Palacio Legislativo de San Lázaro del 22 al 26 de noviembre.

Señores diputados, les agradecemos su presencia en esta casa, la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano y estamos seguros que esta Reunión fortalecerá los históricos lazos de diálogo, amistad y cooperación entre ambos Parlamentos. Enhorabuena.

Bienvenidos. Muchas gracias. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a Legislaturas Estatales a establecer la violencia intrafamiliar como causal de divorcio)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Nos ha solicitado el uso de la tribuna para hablar en pro, el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Diputado Tamborrel, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.

El diputado Guillermo Tamborrel Suárez.- Gracias. Con el permiso de la Presidencia.

En el marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer", que es mañana, vengo a esta tribuna. La mujer, en el México del siglo XXI, lamentablemente y a pesar de los grandes avances, sigue siendo objeto de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales.

Seguimos encontrando actitudes discriminatorias en diversos campos como lo es el educativo, el laboral, etcétera. Sin embargo, es en el ámbito de la familia donde la mitad de las mujeres mexicanas son agredidas y es en este espacio donde los daños y las secuelas de los mismos son mayores.

De ahí, la gran importancia y responsabilidad de avanzar en la protección de los derechos de la mujer al interior de la familia. De ahí, la razón del presente punto de acuerdo. La familia es el espacio natural donde hombres y mujeres se forman como auténticos seres humanos; donde adquieren principios y valores, donde se gravan conductas.

Para Acción Nacional, la familia es el pilar más importante para la formación de valores y su protección se convierte en una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de nuestro país.

La familia es el espacio donde el ser humano se siente o se debe sentir, seguro y protegido de las amenazas que presenta el exterior. Por ello la persona humana es más vulnerable ante las agresiones que se dan en su interior.

Por todo lo anterior la protección de la familia debe observarse como una responsabilidad prioritaria de la sociedad y gobierno. Sin familias sanas, integradas y armónicas, no seremos capaces de construir un país sólido, fuerte, donde exista una oportunidad de desarrollo integral para todas y todos, independientemente del proyecto de nación que la mayoría elija.

Encuestas oficiales realizadas hasta el momento en la República Mexicana orientadas a cuantificar el problema de la violencia, en particular la encuesta sobre violencia intrafamiliar del INEGI en el 99, señalan que uno de cada tres hogares sufre algún tipo de violencia, que las víctimas más frecuentes en todo tipo de maltrato son las hijas e hijos y la cónyuge; y que de los hogares que reportaron algún tipo de violencia, el 85% tiene como jefe a un hombre y 15% a una mujer.

Por su parte la reciente encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada por el INEGI e INMUJERES, da a conocer que de las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 47% prácticamente la mitad, reportó algún incidente de violencia emocional, física, económica o sexual.

Violencia y discriminación que estrictamente la víctima como ser humano no tiene por qué padecer y menos de manera reiterada o frecuente. De ahí que podamos afirmar que tenemos, acorde con la responsabilidad del Estado de proteger a la familia y particularmente a las víctimas de la violencia intrafamiliar y entre ellas a las mujeres, la imperiosa necesidad de establecer como causal de divorcio la violencia intrafamiliar.

Una mujer, un ser humano, no tiene por qué vivir ni permanecer legalmente casada con otra persona que la maltrata, que la discrimina, que no le respeta los derechos fundamentales.

Por ello, compañeras y compañeros, me permito convocarlos a votar a favor del presente punto de acuerdo.

Por su atención muchas gracias.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Iniciativa del Congreso de Baja California que remite iniciativa que reforma el artículo 77 y se adiciona el artículo 77 bis a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras con el que remite Informe Estadístico el el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Oficio de la Comisión Especial para el Campo, con el que remite informe de actividades del 18 de marzo de 2004 al 15 de noviembre de 2005.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite carpeta informativa sobre resultados de la visita del Presidente Fox Quesada a la República de Costa Rica, los días 2 y 3 de noviembre de 2005 y de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata Argentina, los días 4 y 5 del mes en curso.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez, puedan prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea, (KOTRA) en Monterrey, Nuevo León.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Oficio de la Cámara de Senadores: en el que transcribe acuerdo para hacer un llamado a los Poderes de la Unión a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los involucrados para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Minutas.

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del articulo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, para los efectos del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y a la de Gobernación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Naulart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca, y general de brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ha solicitado posponer su intervención el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra el diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 y 193 del Código Penal Federal.

El diputado Antonio Francisco Astiazarasn Gutiérrez: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente.

Es bien sabido que el crimen organizado posee sobrados medios económicos para efectuar sus actividades en todo el territorio nacional.

Lamentablemente, los estados de la República se encuentran en desventaja debido a la carencia de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para enfrentar las diversas bandas criminales y así coadyuvar con la federación en la lucha contra este cáncer social.

Las erogaciones presupuestales que las entidades federativas realizan en equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos representan un porcentaje muy significativo de sus finanzas públicas.

Si bien es cierto que existen programas federales aprobados por esta Cámara de Diputados para colaborar con este propósito como, el Fosec, la realidad es que los recursos públicos y los programas gubernamentales resultan evidentemente insuficientes.

Por poner un ejemplo. En el rubro de seguridad pública y procuración de justicia el gobierno del estado de Sonora ha programado, para el ejercicio 2005, recursos por mil 331 millones 955 mil pesos, que representan un incremento de 57 por ciento con respecto a lo ejercido en el 2004.

De dicha suma la Procuraduría General de Justicia del estado participa con una asignación por 414 millones 609 mil pesos, 12.2 por ciento más que lo erogado en el 2004.

Adicionalmente y con independencia de los recursos federales aprobados por esta soberanía, el estado de Sonora consideró para el presente ejercicio una asignación de 700 millones, 785 mil pesos para la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cifra que representa un incremento aproximado del 90 por ciento respecto a lo aprobado en el 2004.

No obstante lo anterior, los esfuerzos de las corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales, así como del gobierno federal, autoridad esta última a la que legalmente le compete perseguir la actividad delictiva relacionada con el crimen organizado, han sido notoriamente insuficientes, pese al monto sin precedente de recursos comprometidos.

Ante esta situación, una propuesta que sin duda contribuiría a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, a la par que inyectaría recursos materiales adicionales para tal fin, consiste en entregar directamente a las entidades federativas, bajo un esquema de equidad y transparencia, las armas de fuego de uso exclusivo del ejército que sean decomisadas a este tipo de delincuencia.

Esta propuesta incluso ha sido planteada con anterioridad en foros tan importantes como la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Llegado a este punto, permítanme abundar en el significado y alcance de la figura jurídica del decomiso que ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia y dice: "El decomiso se impone a título de sanción por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer cargo de los gobernados, con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que, por sus características, representan un peligro para la sociedad".

El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito está contemplado igualmente como pena pecuniaria en los artículos 24 del Código Penal Federal, así como en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; asimismo, los numerales 40 del citado Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen en términos similares que los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objetos o productos de él se decomisarán si son de uso prohibido, facultando a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público federal, para determinar su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de justicia.

De aprobarse la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta asamblea, se facultaría a la federación para asignar a los gobiernos de las entidades federativas, sin cargo a participaciones o aportaciones federales, el armamento que sea decomisado a la delincuencia organizada.

Esto permitiría que los estados recibieran una importante inyección de recursos materiales, traducidos en armamento adicional, a la par de que coadyuvaría a redoblar, junto con el gobierno federal, los esfuerzos en todo el país en el combate al crimen organizado.

Al disminuir los costos en equipamiento de las instituciones de seguridad pública estatales, los recursos disponibles podrán orientarse a la capacitación, adiestramiento y mejoramiento de técnicas, así como al desarrollo de tecnologías de prevención y combate del delito.

Lo anterior fomentaría una mayor coordinación y un mejor rendimiento en los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada, fortaleciendo el federalismo y salvaguardando la confianza y bienestar de los ciudadanos.

La justificación del porqué el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea el que determine el mecanismo a través del cual se asigne el armamento a los estados obedece a la representatividad de ese foro, ya que en él participan directa y activamente tanto la federación como los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

Proyecto de Decreto. Artículo 1º.: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos.

Tercer párrafo: "El armamento decomisado a la delincuencia organizada mediante resolución judicial definitiva y que pase a formar parte del patrimonio de la Federación, será asignado a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fin de fortalecer las acciones y programas para la prevención del delito y combate a la delincuencia. El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordará el reparto de dichos bienes, privilegiando en todo momento la transparencia, la equidad y proporcionalidad en el mismo".

Artículo 2º.: Se adiciona el último párrafo del artículo 193 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:

"Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin el Ministerio Público dispondrá mediante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia o lo solicitará en el proceso y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o subproducto, se destine a la impartición de justicia y a fortalecer las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o bien promoverá en su caso la suspensión y la privación de los derechos agrarios o de otra índole ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables".

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Se recibió del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Están en este recinto jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho del Centro Universitario Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara, de Autlán, Jalisco, invitados por el diputado Carlos Blackaller Ayala. Sean bienvenidos jóvenes estudiantes.

Tiene la palabra el diputado Ángel Alonso Díaz Caneja, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presenta iniciativa que reforma el artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles.

El diputado Ángel Alonso Díaz Caneja: Con su venia, señor Presidente.

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura, Ángel Alonso Díaz Caneja, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Concursos Mercantiles prevé en su artículo 311, la creación del Instituto Federal de Especialistas de Concursos mercantiles IFECOM, como un órgano dependiente dl Consejo de la Judicatura Federal y dicho Instituto cuenta con autonomía técnica y operativa.

Este Instituto tiene diversas funciones, mismas que están reglamentadas en su artículo 311, sin embargo en su fracción XIV, se establece con claridad la obligación para el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, informe cada seis meses al Congreso de la Unión sobre el desempeño de sus funciones. A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en las tesis aislada con el número XLVI/2000, la inconstitucional del mencionado ordenamiento legal.

En una interpretación que se aparta del texto legal, rescatando el principio de la supremacía constitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció que en realidad el informe relativo debe de ser rendido ante los plenos de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura, y en su difusión hacerlo del conocimiento del propio Congreso.

"Esto es así en atención a que dicha disposición secundaria contaría en forma directa a lo establecido por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone -en su artículo 49- el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

" Este precepto constitucional establece la división de poderes de manera tal que uno no puede inmiscuirse en el funcionamiento del otro sin violar su propia autonomía, salvo que así lo prevea expresamente la Carta Magna, siendo que en la especie no existe disposición en ésta que faculte al Poder Legislativo para obligar al Poder Judicial de la Federación, por conducto de alguno de sus órganos, a rendir un informe sobre sus actividades. Lo cual se pretende hacer a través de una norma legal secundaria.

"Por su parte el artículo 133 constitucional dispone que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

"Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el supremo intérprete y último de la normatividad de la Carta Magna, erigido como tribunal constitucional, el cual está encargado de velar por el respeto de sus disposiciones, lo cual la faculta para ejercer de manera excepcional el control difuso de la constitucionalidad de una ley, ello a fin de lograr cumplir fielmente con la labor que le encomienda la propia Constitución como garante y protector del imperio de sus postulados, principios y normas frente a cualquier ley o acto de autoridad que lo contravenga.

"Bajo estas condiciones es claro que este alto tribunal por medio del control difuso debió declarar la inconstitucionalidad del precepto motivo de la consulta, ya que no es legalmente admisible que el Congreso de la Unión, a través de un ordenamiento legal secundario, pretenda que un órgano del Poder Judicial de la Federación le rinda informes sobre sus actividades, pues ello implica una violación a la soberanía de este último poder en franca violación al artículo 49 de la Carta Magna.

"Por lo antes expuesto, la iniciativa que se propone está a favor de la rendición de ese informe ante los plenos de la Suprema Corte, órgano supremo jurisdiccional y del referido Consejo, pero no ante el Congreso. Para tales efectos se debe difundir públicamente para conocimiento de los interesados, entre ellos el propio Congreso de la Unión, al que podrá enviarse copia del mismo.

"En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.

"Artículo único.- Se reforma la fracción XIV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles para quedar como sigue:

"Artículo 311.

"Del I al XIII igual.

"XIV.- Rendir informe semestral ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y difundir públicamente el informe sobre el desempeño de sus funciones para conocimiento de los interesados".

Es todo, señor Presidente, y le pido de la forma más atenta se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se insertará en el Diario de los Debates y si no está publicada en la Gaceta Parlamentaria se ordena que se publique y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El diputado Fidel Rene Meza Cabrera: "El suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa con base en la siguiente:

"Exposición de Motivos

"En México existen dos numerosos grupos de compatriotas que pese a su indiscutible importancia se les margina, discrimina y hasta cierto grado se les ignora.

"Uno de estos grupos es el formado por quienes no encontrando en su patria oportunidades para subsistir o mejorar su precaria situación social y económica, deciden emigrar principalmente hacia los Estados Unidos de América, la mayoría en calidad de indocumentados.

"El otro grupo lo integran las diversas étnias que aún perduran en varias regiones de la República, generalmente en los estados del sureste.

"Cada año medio millón de mexicanos cruzan o tratan de cruzar la extensa línea divisoria entre México y los Estados Unidos, la cual con sus casi 3 mil kilómetros abarca diversos accidentes geográficos, incluido el Río Bravo, en cuyas aguas anualmente perecen decenas de coterráneos y otro tanto en las candentes arenas del desierto de Sonora.

"A la vez, en los estados del sureste cientos de indígenas son maltratados por sus congéneres, los mestizos, y expoliados por caciques y autoridades autóctonas, quienes con el pretexto de sus usos y costumbres, cometen verdaderas atrocidades, en particular contra sus mujeres.

"Es cierto que desde el año de 1992 se instituyó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gracias a la adición del Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciéndose así la figura del ombudsman, palabra sueca, que significa representante.

"No podemos negar que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los organismos similares de los estados de la Federación, con insólitas excepciones, han desempeñado una encomiable labor en beneficio de personas en lo individual y grupos en lo general, que por alguna circunstancia han tenido que padecer arbitrariedades de parte de algún servidor público, corrigiéndose así en casi todos los casos los atropellos denunciados, mejorando así los métodos de atención al público.

"Pero también es cierto que numerosos latinoamericanos, muchos de ellos mexicanos, al dirigirse a los Estados Unidos de Norteamérica, buscando trabajar temporalmente y al tratar de cruzar la frontera o en sus viajes de regreso a sus lugares de origen, no reciben protección o auxilio de las diversas autoridades situadas en su trayecto.

"Asimismo, la realidad ha demostrado que los integrantes de los operativos para darles la bienvenida a los paisanos, con frecuencia son los primeros en hostigarlos y despojarlos de objetos o dinero.

"La población indígena del estado de Puebla en el 2002 era de 681 mil 980 personas, representando el 13.43 por ciento del total de la población en la entidad, de las cuales 332 mil 411 eran hombres y 349 mil 569 mujeres.

"Parecida situación afrontan los componentes de etnias aún existentes en el país. Sólo en el estado de Oaxaca hay más de 30 grupos de indígenas de características diferentes, quienes por su ignorancia, casi completa, puesto que muchos o no hablan o entienden poco el idioma español, son fáciles víctimas de autoridades desconsideradas.

"Estos dos numerosos grupos de mexicanos, por sus peculiares atributos, deben ser tratados de manera especial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque están más expuestos a recibir agravios por parte de los servidores públicos.

"Por estos breves razonamientos es que considero debe introducirse en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las figuras del ombudsman del migrante y el ombudsman del indígena, que para ser congruentes con la terminología del citado instrumento legal, sean el visitador general especial de migrantes y el visitador especial indígena respectivamente.

"Con este objetivo propongo las reformas y adiciones necesarias a la multicitada ley, para que con el carácter de visitador general ya existente, se cree al visitador general especial de migrantes, que como su denominación lo indica, se dedique exclusivamente a conocer de quejas o demandas de personas que por su calidad de posibles migrantes sean ofendidos por algún servidor público, sin importar si corresponde éste al gobierno federal, estatal o municipal.

"El visitador general especial de migrantes se instalaría permanentemente en alguna ciudad estratégicamente situada en el norte de la República y con visitadurías adjuntas en las demás ciudades de la franja fronteriza, de acuerdo al criterio de la Ley Orgánica y de su titular.

"De igual forma, el visitador general especial indígena, únicamente atendería asuntos relacionados con personas integrantes de las diversas etnias asentadas en el país para lo cual establecerían su residencia en alguna ciudad del Sureste, preferentemente donde haya más indígenas con Visitadurías adjuntas en cada Estado que estuviera registrada una población de 50 mil o más autóctonos, daría mejor atención a los componentes de las etnias locales.

Se procuraría que el personal de estas Visitadurías adjuntas fueran nativos del lugar y hablaran algún dialecto de sus coterráneos.

Por lo expuesto y con fundamento en el Artículo 56 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto para reformar y adicionar los Artículos 3, 5 y 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo Unico.- Se reforma y adiciona los Artículos 3, 5 y 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar en los siguientes términos:

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando los hechos imputados sean en relación con migrantes o indígenas, en estos casos, desde un principio conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de sus Visitadurías Generales Especiales.

Los asuntos relativos a migrantes, los atenderá la Visitaduría General Especial de Migrantes y lo referente a las etnias, la Visitaduría General Especial de Indígenas.

Artículo 5.- La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaria Ejecutiva, hasta cinco Visitadores Generales, un Visitador General Especial de Migrantes, un Visitador General Especial de Indígenas, así como el número de Visitadores Adjuntos y personal profesional Técnico y Administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo.

Artículo 23.- Los Visitadores Generales y los Especiales de Migrantes e Indígenas de la Comisión Nacional, deberán reunir para su designación los siguientes requisitos.

TRANSITORIO.

Artículo 1º- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 2º- Se concede al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un plazo de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que:

a) Publique en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la difusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , adaptando a las modificaciones de la presente Ley.

b) Elija a las ciudades, sedes de las Visitadurías Especiales de Migrantes y de Indígenas y designe a sus respectivos titulares para que, de acuerdo con ellos, se establezca las Visitadurías Adjuntas.

c) Formule y presente a las autoridades competentes, el Presupuesto de Egresos con motivo de los nombramientos del personal necesario.

d) Igualmente formule y presente el Presupuesto de Gastos que originará la instalación de Visitadurías Generales Especiales y las Adjuntas.

Artículo 3º.- Por ser los Visitadores Generales Especiales de igual rango a los Visitadores Generales, en toda referencia a estos se considerará incluidos aquellos en la presente Ley.

Es todo, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a los jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica Hispano Mexicana del Estado de Puebla, invitados del Diputado René Meza Cabrera, sean bienvenidos jóvenes estudiantes.(aplausos).

Tiene la palabra el Diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa que reforma y adiciona los Artículos 39, 42 y 44, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, señor Presidente.

El suscrito, Norberto Enrique Corella Torres, Diputado a la LIX Legislatura del Parido Acción Nacional a este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la normatividad vigente someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 39 y adiciona los Artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Un aspecto importante largamente analizado por los diputados de la LVII Legislatura, dentro de las discusiones para expedir la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1999, fue la reorganización del sistema de comisiones, en la mayor parte de las asambleas legislativas modernas, las tareas legislativas se llevan a cabo en estos órganos, ya que por su tamaño y por la especialidad de los temas que abordan, se convierten en el ambiente adecuado para el estudio y análisis de las propuestas legislativas.

No obstante, para que el sistema de comisiones de cualquier asamblea cumpla sus objetivos, se debe organizar de tal forma, que las decisiones que cada comisión realice, se encuentren realmente fundamentadas en una tarea de análisis profesional.

Me parece pertinente señalar que ha sido costumbre que la creación de comisiones ordinarias, sea un mecanismo para la distribución de prerrogativas entre los diputados. En el pasado, la falta de una administración de los recursos de manera técnica, quiso obedecer a criterios técnicos, el reparto de presidencias y secretarías de comisión, era la vía para asignar a algunos diputados, algunos beneficios como la contratación de asesores y acceso a otros recursos económicos.

Sin calificar con conceptos normativos esta práctica, podemos decir que ella generó la creación de un sistema de comunicaciones enorme en tamaño e inequitativo, es decir, injusto en tareas asignadas.

Por la observación de lo que ocurre en otras asambleas, principalmente en el Congreso norteamericano, se han podido establecer tres modelos, cuando se analiza el sistema de comisiones. En el primero, los diputados integrantes de las comisiones buscan, antes que nada, su propia promoción al generar beneficios a sus electores y mediante de ello elevar la probabilidad de continuar con su carrera parlamentaria a través de la reelección.

Una segunda forma de reorganización de las comisiones, estaría basada en los intereses del partido mayoritario en aquellas asambleas, en donde puede controlar los procedimientos de integración de las comisiones, para diseñar un sistema que responda a sus intereses.

Con algunas variaciones, puede decirse que este modelo funcionó en la Cámara de Diputados, cuando existió la extinta Gran Comisión, que sólo era integrada por los diputados del partido mayoritario. No obstante, a partir de la LVII Legislatura, cuando ya no hubo un partido mayoritario y a través de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Congreso en 1999, el sistema anterior de integración de comisiones fue desechado, para establecer uno que responda más a las necesidades del pleno de la Cámara.

Con esto daría paso al tercer modelo, que se acerca a lo que buscamos en estos momentos, es decir, que cada una de las comisiones responsa a los intereses del pleno, esto se logra si se asigna a cada una de ellas una jurisdicción perfectamente definida y que se evite en lo posible la participación de dos o más comisiones para la atención de un mismo asunto.

He presentado esta iniciativa, con la convicción de que tendremos un sistema racional, cuando aceptemos que es necesario que el número de comisiones ordinarias de la Cámara se limite y no haya comisiones especiales, y así fortalecer el trabajo interno de las comisiones ordinarias, a través de la creación de subcomisiones y la obligatoriedad de que los diputados participen en forma constante, en las actividades de ambas, ya sea la comisión o la subcomisión.

La reducción de comisiones y la reorganización de sus tareas, se propone la reforma al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adición propuesta del Artículo 42 busca limitar la creación de comisiones especiales y evitar que se le asignen tareas que pueden ser cumplidas por las comisiones ordinarias, mientras que las sanciones para aquellos diputados que no cumplan con las obligaciones contraídas por medio de su pertenencia a las comisiones, se establecerá el Artículo 44 de la misma ley.

Es adecuado recordar que una discusión que lleva tiempo en el Congreso se refiere a las sanciones que pueden ser aplicadas a los legisladores cuando incurran en faltas en el cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legales. Hay quienes dicen que como la Constitución, en su artículo 64 sólo establece como causal de sanción el no acudir a una sesión en la Cámara, con la correspondiente pérdida de la dieta de ese día, entonces no es posible establecer mayores sanciones a esta falta ni prever otras causales de sanción. No obstante, la reciente reforma constitucional aprobada por la Cámara el pasado 28 de junio y esperando que concluya el procedimiento el Constituyente Permanente, sanciona también la ausencia a sesiones de comisión y además permite que la Ley Orgánica del Congreso establezca otras sanciones a las mismas faltas.

No es intención de esta reforma establecer mayores sanciones que la propuesta en el texto constitucional, pero se adiciona la obligatoriedad de la asistencia a las reuniones de subcomisión. La reforma constitucional aprobada el pasado 28 de junio y enviada al Senado, abre la posibilidad de presentar estos cambios en la legislación secundaria, de manera tal que su aplicación se lleve a cabo incluso durante el tiempo de ejercicio de la presente LIX Legislatura.

A diferencia de lo ocurrido en 1999, cuando los acuerdos políticos necesarios para aprobar la nueva Ley Orgánica del Congreso impidieron que la reforma al sistema de comisiones se pusiera en práctica y reconociendo esa experiencia, es necesario que en caso de que esta reforma se apruebe, entre en vigor prácticamente al mismo tiempo que la reforma constitucional que la sustenta.

Así, con fundamento en lo anteriormente señalado, presento a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 39 y adiciona los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo primero. Se reforma el Inciso 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y así en las siguientes", y se enumeran 21 comisiones, a diferencia de las 42 que actualmente hay.

Artículo 42. "Los asuntos que por su competencia correspondan a algunas de las comisiones ordinarias de la Cámara, en ningún caso podrán ser atendidas por comisiones especiales". Esta es la adición que estamos proponiendo.

Artículo 44, párrafo 5º. "La asistencia a las reuniones de comisiones y subcomisiones es obligatoria, la ausencia a una reunión de comisión o subcomisión se sancionará con el descuento en la dieta del día que corresponda. Sólo la Mesa Directiva de la Comisión puede justificar la ausencia de un diputado y en ningún caso podrán ser mayores a 3 durante un mes".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 días del mes de noviembre.

Es cuanto señor Presidente. Solicito que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates, ya que he presentado una versión sintética en atención a la economía parlamentaria y reconozco que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Salud y a la Ley de la Propiedad Industrial.

El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La salud de la población es una de las más trascendentales responsabilidades del Estado. Las democracias constitucionales modernas, entre otras cuestiones se distinguen por los indicadores sostenidos de la salud que garantiza sus políticas públicas. El diseño de dichos instrumentos se funda en los consensos básicos a partir de legislaciones adecuadas y a través de las funciones parlamentarias de control que supervisan las acciones de las administraciones públicas a las que ésta ha confiado la salud general.

Se trata de un asunto que exige la contribución de todos los niveles de gobierno y de la población misma, para que la ejecución de tales programas y acciones, permitan caminar en una dirección satisfactoria.

Los sorprendentes avances científicos y tecnológicos que se conocen son insuficientes para resolver las amenazas constantes a la salud de la humanidad; la globalización ha dado cauce a positivos acontecimientos, pero también al despertar de la conciencia mundial sobre la vulnerabilidad humana, ante estas nuevas epidemias y lo más grave, ante el rezago que existen en algunas latitudes para erradicar enfermedades mutantes que se regeneran y retornan en peligrosas expansiones a todos los destinos del urbe.

Los pueblos más desprotegidos son los que padecen inermes las peores consecuencias. México se encuentra en una zona intermedia de capacidades probadas para enfrentar desde las directrices de la Organización Mundial de la Salud, los riesgos probables que insensatamente se producen.

En buena medida el reto mayor de la humanidad se ubica en la necesidad de remediar los desequilibrios que el progreso, a pesar de sus aportaciones, ha provocado en la salud del planeta y de sus habitantes.

La salud poblacional es una condición indispensable para cruzar el complejo umbral del bienestar general. La salud pública, es reflejo de la auténtica igualdad social en una constante de oportunidades reales para construir la plataforma de acceso al desarrollo humano sustentable; el Estado debe asegurar a todos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y una cobertura total sin obstáculos.

En nuestro país, la realidad nos muestra un sector de salud en desabasto permanente. La falta de recursos financieros para satisfacer la creciente demanda de servicios y medicamentos, se traduce en una barrera infranqueable de marginación para grandes capas de la población, que tienen que enfrentar el aumento considerable de los costos asociados al deterioro de la salud.

La gratuidad de los servicios de seguridad social que en teoría cubren un sector de la población, se vuelve con frecuencia una falacia ante la deficiencia estructural y procedimental que registra la atención ordinaria de estas instituciones.

Se vuelve un mito la gratuidad cuando los derechohabientes deben cubrir con sus propios medios los medicamentos que se les prescriben.

Nos situamos frente a un asunto pendiente que urge corregir, la administración pública tiene que contar con las herramientas jurídicas para frenar el encarecimiento artificial que se genere en el sector publico de salud; la prescripción de medicamentos patentados de muy alto costo, así como la omisión de incluir medicamentos genéricos.

Existe un gran número de medicamentos genéricos que ha acreditado su bioequivalencia y su bioseguridad, demostrando su efectividad terapéutica, siendo además mucho más accesible en términos de precio unitario que los medicamentos de patente.

Asimismo es fundamental fiscalizar el otorgamiento ilegal de exenciones a patentes ya vencidas, pues esto impide el aprovechamiento eficiente de medicamentos equivalentes en el cuadro básico de medicamentos e insumos; mientras no se corrijan todas las ineficiencias y se aseguren licitaciones públicas transparentes, no será posible alcanzar el nivel necesario de financiamiento público óptimo para el sector salud.

Por ello proponemos que el sistema nacional de salud tenga dentro de sus objetivos, el asegurar a la población el acceso a medicamentos, fármacos y material de curación y rehabilitación a través de medidas y programas que permitan establecer precios y costos accesibles a toda la población; fomentar la inclusión de médicamente genéricos en el cuadro básico del sector salud, así como que sea indefectible para el personal médico de la correspondiente prescripción de estos medicamentos para su venta.

Que la Secretaría de Salud, los estados y el Distrito Federal, promuevan las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de las administraciones públicas, tanto federal como local, provean medicamentos genéricos; disponer que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites a los precios de medicamentos, así como a desarrollar mecanismos y programas con objeto de garantizar que la población más desprotegida tenga acceso a los medicamentos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman y adicional diversas disposiciones a las Leyes Generales de Salud y Federal de Propiedad Industrial.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

Tiene la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia Indígena .

La diputada Lorena Torres Ramos: Gracias, señor Presidente.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada Lorena Torres Ramos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° y la fracción II del artículo 71, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el inciso d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En los inicios de este nuevo siglo, vemos con cierto agrado, pero no con total satisfacción, que estamos avanzando hacia una sociedad más incluyente y democrática, para que la coexistencia de los diferentes sujetos nacionales, individuales y colectivos se dé en un ambiente de respeto y de convivencia. Prueba de ello es la ratificación por parte de nuestro país de diversos tratados internacionales, los cambios en la legislación, la creación de nuevas leyes, así como las políticas públicas instrumentadas.

Nuestra Carta Magna en su artículo primero, deja asentado que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Asimismo prohíbe todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La diversidad de pueblos, culturas, lenguas, costumbres, religiones, condiciones y capacidades existentes en nuestro país, nos obliga a pensar y a ejercer la inclusión y el disfrute real de los derechos constitucionales, de acuerdo a las condiciones particulares de los sujetos sociales que conforman nuestra diversidad nacional.

Conscientes de nuestro país, que es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes en donde la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, sino que debe ser el resultado de la colaboración, la

convivencia y la inter relación fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integra nuestra nación, el Constituyente Permanente estableció el artículo segundo de nuestra Ley Fundamental, disposiciones especificas para salvaguardar los derechos de los pueblos y las comunidades que de su entidad plena gozan, como son: la educación y tener más oportunidades de desarrollo y demás actos de naturaleza discriminatoria que sufren los pueblos y comunidades indígenas. Eso representa, aunque todavía con muchas limitaciones, un gran avance en el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas, así como el afianzamiento del principio de igualdad por la ley y ante la ley y el principio de garantizar la equidad en la diversidad que debe existir entre todas las personas y entre todos los pueblos y comunidades que integran una Nación pluricultural como la nuestra.

El sufragio es en nuestro país y se ha consolidado como un derecho y una obligación para cada ciudadano, quien, con ello, debe elegir a sus representantes libremente. Los indígenas se han visto limitados en el ejercicio de esta prerrogativa o, en su caso, requieren de la ayuda de otra persona afectando su derecho de elegir a sus representantes, de acuerdo a lo establecido con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en términos de las características del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Muchas veces los indígenas, particularmente los monolingües, no conocen las plataformas de los partidos por lo cual no se garantiza la obligación de los partidos políticos de dar a conocer su oferta, responsabilidad establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales; de ahí la necesidad de comunicar las ideas y los planteamientos de cada agrupación política de acuerdo a la cosmovisión de estos grupos sociales.

La lengua indígena no debe constituir un obstáculo para el ejercicio pleno del voto, menos aún cuando nuestra Propia Constitución Política reconoce y busca garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Así pues, si bien es cierto que México ha modernizado su marco constitucional en materia de igualdad de derechos como es el establecimiento del principio de la no discriminación, la igualdad del hombre y de la mujer, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el derecho del ciudadano a votar en elecciones, no debemos soslayar, como ya se dijo, que determinadas circunstancias impiden la realización plena de dichos enunciados constitucionales.

De ello se deduce que hay esferas que debemos fortalecer para hacer efectivo uno de los presupuestos básicos que define a la democracia: la extensión del sufragio popular a todos los ciudadanos con independencia de sus condiciones culturales, sociales, políticas y económicas.

En estos tiempos se requiere el establecimiento de mecanismos que permitan lograr el conocimiento, la promoción, la difusión de la cultura electoral para los ciudadanos indígenas.

Dado lo anterior, proponemos que desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su carácter de norma electoral, tanto el Instituto Federal Electoral como los partidos políticos, den a conocer las campañas de participación ciudadana y de información partidista, así como las plataformas políticas y las campañas para la orientación del voto en las lenguas propias de cada pueblo indígena en forma escrita, pero también oral, ya que muchas lenguas aún están en proceso de configurar su escritura y también debido a que gran parte de la población indígena adulta, sobre todo mujeres, no saben leer.

El reconocimiento jurídico para participar en la política mexicana por parte de los ciudadanos mexicanos indígenas, requiere que los partidos políticos y las autoridades en materia electoral, implementen los instrumentos que les permita participar de manera informada y en igualdad de condiciones en las elecciones.

Es así que como consecuencia de estos argumentos, en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, someto a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 42, el párrafo tercero del artículo 44, el inciso g) del artículo 69 y el incido d) del artículo 96, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo dice el cuerpo de la presente iniciativa y cuya lectura completa omito.

Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora diputada.

Como lo ha solicitado, se ordena insertarlo en el Diario de los Debates la versión íntegra y se turna a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

En obvio de tiempo referiré a ustedes los argumentos de mayor importancia que impulsaron la creación de esta propuesta, con la atenta petición a la mesa directiva de que el texto íntegro quede publicado para cualquier consulta posterior en los medios oficiales acostumbrados por esta Cámara.

El suscrito, apegado a los fundamentos legales vigentes en nuestro país, presenta el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como fin lograr las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la Ley de Amparo, que pretenden que la Suprema Corte de Justicia en su calidad de órgano de control constitucional, comunique al Congreso de la Unión, de las sentencias en que declare la inconstitucionalidad y las controversias constitucionales de normas legales, así como las normas legales que se consideren inconstitucionales en los juicios de amparo. Iniciaré exponiendo las razones que motivan y fundamentan esta iniciativa:

Nuestra Constitución vigente consagra un esquema de división de poderes tripartito, que no corresponde con una separación estricta de las funciones que corresponden a cada uno de los tres Poderes.

No obstante lo anterior, se aprecia que el órgano legislativo encarnado en el Congreso de la Unión, es el competente en la elaboración de disposiciones generales que constituyen leyes.

El Poder Judicial por su parte, presta la función jurisdiccional ordinaria a nivel federal y vigila que la Carta Magna sea respetada, amparando contra su violación y anulando preceptos o actos que la violan; por lo que en perspectiva institucional, el Poder Judicial revisa que las leyes que hace el Legislativo Federal, no vulneren nuestra Norma Fundamental.

La Suprema Corte de Justicia es en nuestro sistema constitucional el vértice del Poder Judicial Federal Ordinario. Pero se le reserva a la vez el carácter de titular de un sistema de control concentrado, de la constitucionalidad de todos los actos de autoridad, salvo en materia electoral.

En el marzo organizacional de la división de poderes, el Poder Judicial Federal ejercita la función jurisdiccional ordinaria en el ámbito federal y se erige en defensor e intérprete supremo de la constitución.

Para el desempeño de sus funciones como todo tribunal y todo juez, precisa institucionalmente de una serie de garantías que en mayor o menor grado reivindican los tribunales de cualquier país y sin los cuales es imposible una correcta impartición de justicia.

Las garantías que tutelan al Poder Judicial para el cumplimiento de su función de dirimir controversias aplicando la ley, son múltiples y han tenido una lenta evolución. Pero desde luego el bastión lo constituyen la independencia y la autonomía de jueces y tribunales. Esta doble garantía constituye a nuestro parecer, la única que requiere un análisis para examinar la constitucionalidad de la obligación de informar a la Suprema Corte, sobre invalidación de leyes al Congreso.

Es por lo anterior que podemos decir que la eventual obligación de la Suprema Corte como máximo órgano de sentencia de informar al Congreso de la Unión sobre resoluciones que asienten la inconstitucionalidad de una disposición legislativa, no parece en ningún aspecto atentar contra la independencia de los jueces y la autonomía del Poder Judicial, fundamentalmente porque se trata sólo de comunicar al órgano legislativo, el pronunciamiento en la resolución y el envío del texto de la sentencia.

Comunicar y remitir el texto de las decisiones, no constriñe en absoluto el albedrío decisorio del juez y dichas acciones se ejecutan después de dirimir el litigio por lo que informar es una acción ex pos (?) con relación al acto de sentenciar. Por lo que no vemos la manera en que se menoscabe o restrinja la libertad de la autoridad judicial.

Propuesta concreta: Pretendemos lograr que las modificaciones presentadas orienten hacia la obligatoriedad para que la Suprema Corte de Justicia en su calidad de órgano de control constitucional, comunique al Congreso de la Unión de las sentencias en que se declare la inconstitucionalidad y la controversia constitucional de normas legales, así como las normas legales que se consideren inconstitucionales en los juicios de amparo.

Sobre sale el hecho de que ése mecanismo no es sino un instrumento para que el órgano que tiene el cometido de elaborar las leyes, tenga conocimiento cuando una norma generada por él sea considerada como inconstitucional por la Suprema Corte y pueda de esa manera actuar en consecuencia.

Compañeras diputadas y diputados, es por todo lo anteriormente expuesto que considero que está debidamente fundamentada la necesidad de incorporar las modificaciones a la legislación mexicana, por lo que me permito presentar el día de hoy la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO:

Artículo Primero.- Se adiciona un octavo párrafo al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: El presidente del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. En dicho informe se deberá hacer mención detallada de las resoluciones relativas de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de las cuales dicha Suprema Corte haya tenido conocimiento.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 11, 14 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Artículo 11.- Del pleno de la Suprema Corte: Al término de cada uno de sus períodos de sesiones, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá enviar a cada una de las dos cámaras que componen el Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, una relación detallada de sus resoluciones relativa a las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones del amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

Artículo 14.- Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia: párrafo cinco.- Despachar la correspondencia de la Suprema Corte de Justicia, salvo la que es propia de los presidentes de la sala, incluyendo la supervisión del cumplimiento de la obligación de informar a cada una de las dos cámaras que componen el Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, de las resoluciones relativas a controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

Artículo 179.- En términos de la fracción XIX del artículo 11 de esta ley, la Suprema Corte de Justicia cuidará que las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación se realicen con oportunidad, incluyendo la información que deberá remitir al Poder Legislativo Federal al final de cada uno de los períodos de sesiones que éstas realicen.

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 195 y 197 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 195.- En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el pleno, la sala o el tribunal colegiado, en esa misma gaceta especial deberá ser publicada la información que sea remitida a las dos cámaras que formen el Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal relativas a controversias constitucionales de las acciones de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las resoluciones de amparo contra leyes en términos del artículo 103 y 107 constitucionales.

Artículo 197.- El pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro de un término de tres meses y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195. De igual forma deberá verificar que dicha información se encuentra incluida en el informe remitido a las dos cámaras del Congreso de la Unión del Poder Legislativo Federal, relativo a las resoluciones de amparo contra leyes.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, del estado de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Sean bienvenidos.

De la misma manera, da la más cordial de las bienvenidas al doctor Francisco Balderas, rector de la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, invitado del diputado José Manuel Abdalá de la Fuente. Sea usted bienvenido, señor rector.

Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

El diputado Fernando Espino Arevalo: Con su venia, señor presidente. Señora y señores diputados:

El México moderno, aun con problemas de índole financiero y social, se ve de nueva cuenta estancado en un rubro tan importante como es la recaudación fiscal, lo que ha generado muy variadas controversias porque el gobierno no ha sido capaz de ampliar y mejorar su sistema de administración tributaria, el cual en la actualidad asciende a poco más de 7.7 millones de contribuyentes cautivos, sobre los cuales se han tasado los impuestos más gravosos; ello en virtud de que el 54 por ciento de la población económicamente activa evade impuestos.

Esta base de contribuyentes no es suficiente para solventar las diversas necesidades financieras del Estado mexicano, es decir, no puede satisfacer demandas básicas como salud, educación y seguridad pública, mucho menos tener recursos para la atención de contingencias como los desastres naturales o contar con infraestructura para la promoción del deporte o la organización de unos juegos olímpicos, evento que si bien significa una gran derrama económica para el anfitrión, también lo es que requiere de una infraestructura que no se tenía.

Tal circunstancia fue vislumbrada en nuestro país hacia finales de la década de los cincuentas, derivado de la eventual asignación de México como sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Ello obligó al gobierno federal a destinar grandes cantidades de recursos para construir los diferentes escenarios deportivos y así poder cumplir con esa distinción.

Sin embargo, ese gasto estaba fuera de todo contexto presupuestal. De ahí que fue necesario pensar la forma para que el gobierno se pudiera hacer de los mismos y la opción más ortodoxa y sencilla era la creación de nuevos impuestos.

Esta idea comenzó a generarse en los albores de los años sesentas y logró su concreción al establecerse el Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, mismo que fue incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1962.

La creación del citado impuesto se logró porque en su momento se argumentó que la medida era temporal y que estaría vigente hasta que pasaran las olimpiadas, es decir, hasta 1968.

La Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, pero es a partir de 1981 cuando se genera una situación de mayor inconformidad de los contribuyentes porque consideran que ese impuesto es un exceso, ya que al adquirir un vehículo el mismo viene con una importante carga tributaria como el IVA, aplicado a varios aspectos, entre otros los materiales y piezas para el ensamble, servicios del traslado de la planta armadora a la concesionaria, al comprar la unidad en la agencia, las refacciones y accesorios adicionales, además del impuesto especial de la gasolina, el impuesto sobre automóviles nuevos y el pago por derecho de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, los cuales incrementan ostensiblemente el costo final del automóvil.

Además de toda esta lápida fiscal, tenemos que ponderar que los servicios públicos de transporte que se prestan a las diferentes ciudades del país son de pésima calidad y constituyen un verdadero vía crucis para los usuarios, lo que obliga a las personas a realizar esfuerzos extraordinarios para adquirir un medio de transporte, lo cual en nuestros tiempos está catalogado como una necesidad básica, misma que con este lastre fiscal, resulta muy difícil de concretarse.

Es preciso decir que el Impuesto por la Tenencia de Vehículos está sobredimensionado y fuera de todo contexto, en virtud de que el objeto y justificación para su creación, se fundamentaban a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968; por tanto su vigencia debió de quedar sin efecto hace mucho tiempo. Sin embargo por las ineficiencias de las instancias recaudatorias, se optó por salidas absurdas como perpetuar la aplicación de un impuesto que tenía una temporalidad finita.

Además de lo anterior, dicho tributo goza del repudio generalizado de la población a nivel nacional, pues lo consideran inequitativo y sin razón de ser.

De igual forma existen manifestaciones puntuales de diversos órganos legislativos locales que se pronuncian por la abrogación de la multicitada Ley. En este mismo sentido se presentó una iniciativa en la LVIII Legislatura del Senado de la República.

También vale la pena destacar que Estados Unidos y Canadá, entre sus disposiciones tributarias no tienen impuestos como la tenencia. Por el contrario, en esos países se busca incentivar cada vez más a los ciudadanos para que renueven sus unidades, lo que nuevamente pone a la sociedad y empresas mexicanas relacionadas con el tema en una condición de desventaja, más aún si tomamos en cuenta el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del 2005, el cual adelantó la entrada en vigor del TLC en el rubro relativo a la libre importación de vehículos usados

Finalmente, debemos señalar que al abrogar la presente Ley, no se debe pensar equivocadamente que los ingresos del gobierno federal se verían disminuidos porque de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno Federal, la base de contribuyentes se incrementó al pasar de 7.7 millones en 2003, a 10.2 millones en el 2004, lo cual genera las condiciones para que aprobemos esta iniciativa.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Asamblea para su aprobación, la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Nos ha solicitado posponer su intervención el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

En consecuencia tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley de Amparo reglamentaria del los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Sergio Vázquez García: Con su permiso, señor Presidente.

El que suscribe, diputado federal Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra ley Orgánica, me permito presentar a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Acción Nacional el estado de derecho es condición insustituible para el desarrollo humano, el cual requiere que tanto autoridades como particulares, se conduzcan con apego a las normas jurídicas que tutelas los derechos inherentes de las personas que a su vez emanan de los órganos dotados de competencia formal o material, siendo esenciales el respeto a los derechos humanos y su delimitación en los ámbitos estatal, público y privado, con un profundo sentido de responsabilidad social.

Sin duda alguna siempre es oportuno para un partido político, con actividad permanente, como lo es Acción Nacional, indicar el camino que la ciudadanía exige en base a la concepción de la correcta doctrina del Estado, del ser humano, de la autoridad, de la libertad, de la justicia y del bien común dentro de un Estado democrático.

"En este sentido el juicio de amparo indiscutiblemente es una aportación de México a la ciencia jurídica universal, ya que sus características particulares lo hacen notable entre otras instituciones del derecho que persiguen fines semejantes y naturalmente sus bondades legales han sido objeto de estudio y admiración por juristas extranjeros. De igual manera ha sido objeto también de adopción e imitación por algunas constituciones de otros países latinoamericanos, incluso por algunas naciones del viejo continente como Portugal y España.

"Sin embargo, como toda norma jurídica el juicio de amparo tiene que irse perfeccionando y adecuando su aplicación a la práctica jurídica y sobre todo debe ser congruente con la norma constitucional que rige a las instituciones de nuestro país.

"Es así que en base a lo anterior es preciso mencionar que lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo es contradictorio a lo expresado en el texto constitucional al indicar, en el último párrafo del precepto antes invocado, que la Corte consignará ante el ministerio público federal a la parte responsable, a la autoridad responsable.

"De la lectura de los preceptos antes citados se desprende que existe una contradicción evidente puesto que el texto constitucional siendo nuestra norma suprema ordena a la Corte que cuando la responsable repita el acto reclamado evada ésta su cumplimiento de manera inexcusable, omita cumplir la ejecutoria de garantías, deberá separarla inmediatamente de su cargo y consignarla inmediatamente el juez federal.

"Sobre el tema incluso el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada, celebrada en el año de 1991, aprobó la tesis jurisprudencial número 11/91 en la cual se establece que la inejecución de sentencia si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que una autoridad incurrió en ella y decide separarla de su cargo, debe consignarla directamente ante el juez de distrito que corresponda, considerando que aún cuando de conformidad con lo establecido por los artículos 21 y 102 de la Constitución la regla general en materia de persecución de delitos del orden federal incumbe al ministerio público de la federación, en los casos en que una autoridad insistiera en la repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia, será el pleno de la Suprema Corte, una vez que resuelve separarla inmediatamente de su cargo, quien deberá consignarla directamente al juez de distrito que corresponda para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad.

"La razón radica en que esa hipótesis, la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, establece una situación de excepción al señalar claramente que además de la separación inmediata del cargo de la autoridad contumaz será consignada ante el juez del distrito que corresponda.

"Al respecto, debe aplicarse el artículo 208 de la Ley de Amparo y no el segundo párrafo del artículo 108, en el que se determina en relación al mismo supuesto que será la consignación al ministerio público para el ejercicio de la acción penal correspondiente, pues ante dos disposiciones contradictorias del mismo cuerpo legal debe entenderse a la que reproduce la disposición constitucional y no la que se le opone, tomando en cuenta, por un lado, el principio de interpretación que debe de preferirse la norma específica frente a la general; y, por otro, que si el pleno del más alto tribunal de la República llega a la conclusión de que una autoridad incurrió en desacato a una sentencia de amparo y decide separarla de su cargo no puede condicionar su obligación de consignarla penalmente ante el juez de distrito.

"Es importante señalar que en la hipótesis que se maneja en este artículo cuando una autoridad insiste en la repetición del acto reclamado en un juicio de amparo o trata de eludir el cumplimiento de la sentencia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que resuelve separarla de su cargo, tiene la facultad constitucional expresa de consignarla directamente al juez de distrito que corresponda para que la juzgue penalmente por la desobediencia cometida, sin depender al efecto de una investigación y en consecuencia de una resolución ministerial.

"Por lo anteriormente expuesto se hace necesario reformar el segundo párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de hacerla concordante con lo que actualmente establece el texto constitucional en materia de ejecución de sentencias.

"Por lo anterior manifestado en el cuerpo de la presente iniciativa se propone para su discusión y su turno a las comisiones correspondientes el siguiente proyecto de

"Decreto:

"Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 108.- Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos en ejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, será el pleno de la Suprema Corte quien inmediatamente separará a la autoridad de su cargo y consignará ante el Juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia general señala para el delito de abuso de autoridad".

"Transitorio.

"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Señor Presidente, solicito que por obvio de tiempo, como leí un resumen de la iniciativa, se inserte íntegramente el texto de la misma en el Diario de los Debates.

Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se insertará el texto íntegro en el Diario de los Debates. Y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa que presentó.

Nos ha solicitado también posponer su participación el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa.

Sonido a la curul del diputado Elpidio Concha.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Señor Presidente, para solicitarle en términos del 106 y el 112 del Reglamento, se verifique el quórum, ya que es evidente que no estamos ni un cuarto de los diputados.

Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En términos del artículo 27 del Acuerdo Parlamentario, como lo ha solicitado el diputado Elpidio Concha, se ordena a la Secretaría abrir el sistema electrónico para verificación de quórum por diez minutos e inmediatamente después continuaremos con esta sesión.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por diez minutos, para la verificación del quórum.

(Verificación de quórum 10 minutos)

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Sergio Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado Presidente.

"Con facultades que me da la Constitución Política Mexicana y como diputado federal, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, para que se adicione el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se adicione el artículo 30 bis de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, con base en la siguiente:

"Exposición de Motivos

"En diferentes foros y de manera predominante se han expresado diferentes propuestas que tienden a beneficiar las condiciones que mucho afectan a los adultos mayores, calidad que es atribuida a aquellos que cuentan con 60 años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.

"Por tales efectos, es necesario desarrollar un sistema que coordine las acciones de apoyo a integración social de las personas en edad avanzada, para facilitarles con vida digna, decorosa, creativa, que permita su reinserción a la vida productiva.

"El envejecimiento demográfico, según al Secretaría de Desarrollo Social, México cuenta con una población de 7.3 millones de gente mayor; para el año 2015 habrá 15 millones de ancianos y para el año 2050 habrá 42 millones.

"No podemos negar que existen adultos mayores en desamparo o bajo ciertas formas de incapacidad, marginación o maltrato, que merecen ser sujetas a asistencia social, a fin de modificar y mejorar las condiciones de impiden su desarrollo, la falta de empleo o bien por la raquítica pensión que les provee los organismos de Seguridad Social. Es precisamente el sector Energético en donde pretende asentar y direccionar la presente Iniciativa para tratarse de una de las áreas que menos han favorecido a los usuarios en general y cuyas gravosas tarifas son cada vez más desfavorables en perjuicio de la economía de los mexicanos

El 7 de Febrero del año 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expidió un Acuerdo mediante el cual modifica y reestructura a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, eliminando casi totalmente el subsidio como se contaba hasta antes de esta fecha y que los subsidios sólo serían canalizados a familias de escasos recursos.

Desde el momento en que anunció tal medida, las tarifas eléctricas en algunos casos se han triplicado y los organismos prestadores de servicio, hasta el momento no se han comprobado ni acreditado la justificación de dicha emprendida.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Servicio de Energía Eléctrica, la venta de esta energía, se rige por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y de Economía y la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con quienes fijan las tarifas, se ajuste o se reestructure

Por otro lado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores contiene un Capítulo II , denominado De los Programas y las Obligaciones de las Instituciones Públicas. Dicho Capítulo define una serie de corresponsabilidades a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación Pública, las Instituciones Políticas del Sector Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Comunicaciones y Transportes

Instituciones Públicas de Vivienda de Interés Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Turismo a favor de los Adultos Mayores.

Entre las atribuciones que estas diferentes instancias asumen, se pueden conseguir las siguientes Secretarías de Educación Pública, que garantice el acceso gratuito con descuentos especiales a eventos culturales que promuevan las instituciones públicas y privadas: a las Instituciones Públicas del Sector Salud, les corresponde garantizar a los Adultos Mayores, proporcionar medicamentos previo estudio socioeconomico para su distribución, sin costo alguno

A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la capacitación y financiamiento para auto empleo bolsas de trabajo, oficiales y particulares

A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convenios que se establezcan con Aerolíneas, empresas de Transporte Terrestre y Marítimo, nacional e internacional (?) así derechos permanentemente y en todo tiempo y obtener descuentos a exenciones de pago, al hacer uso del servicio de transporte público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial.

A las Instituciones Públicas de Vivienda de interés Social corresponde garantizar , concretar Programas de Vivienda que permitan a las personas Adultas Mayores, la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o re modelarla.

Corresponde a la Secretaría de Turismo ofrecer tarifas asistenciales y/o gratuitas en centros públicos o privados de entretenimiento, recreación de cultura, deporte, hospedaje en hoteles y servicios turísticos

Como puede observarse, se encuentran definidas las concurrencias intersecretariales en la aplicación de programas, acciones y mecanismos en el ámbito de sus atribuciones, para atender y dignificar la interacción social de los Adultos Mayores.

En mérito de lo expuesto, pongo a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto

1º.- Se adiciona el artículo 33-bis de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 23-bis A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compete garantizar la definición de mecanismos que fomenten e incentiven la participación del sector público, en el financiamiento de los Programas de Atención a los Adultos Mayores.

2- Coadyuvar con las diversas instancias que integren la Administración Pública centralizada, descentralizada y desconcentrada en la formulación y ejecución de las Políticas Públicas para las Personas Adultas Mayores.

3-- El diseño e implementación de Tarifas Preferenciales en el consumo de energía eléctrica, atendiendo para ello las condiciones socioeconómicas de los Adultos Mayores.

2- Se adiciona el Artículo 30-bis, a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 30-bis. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diseñará e implementará una Tarifa Preferencial cuando el usuario sea un adulto mayor en los términos que al efecto se prevén en el Reglamento de esta Ley

TRANSITORIO-

UNICO- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de a Federación.

Salón de Sesiones. Cámara de Diputados. Ciudad de México, noviembre 24 del año 2005.

Es cuanto diputado presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los Artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortes: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Los motivos que llevan a la presentación de esta iniciativa de reforma a los Artículos 59 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos han sido reiterados en diversos documentos parlamentarios, tanto de esta Cámara como del Senado en la presente Legislatura.

En virtud de ello y que las propuestas presentadas hasta ahora por diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios, señalan coincidencias de fondo respecto a la reelección legislativa inmediata, el presente documento pretende impulsar los argumentos de por sí sólidos, para la elaboración de un dictamen convincente que logre el consenso ded todos los grupos parlamentarios.

Bajo este tenor, el presente documento cuenta con los siguientes antecedentes:

El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, Constitución de Apatzingán promulgados en 1814 y cuyas funciones parlamentarias eran unicamerales, señalaba en su Artículo 57 lo siguiente: "Tampoco serán reelegidos los diputados sino es que medie el tiempo de una diputación".

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, permitió la reelección inmediata, el Artículo 8º. señalaba que la Cámara de Diputados estaría integrada por representantes elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos de los estados. Asimismo el Artículo 25 estableció que los dos senadores por cada estado, serían elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas y renovados por mitad de dos en dos años.

Las bases y leyes constitucionales de la república mexicana de 1836 y las bases orgánicas de la república mexicana de 1843, el Acta Constitutiva de Reforma de 1847, la Constitución de 1857 y la vigente de 1917 en su redacción original no expresaron prohibición alguna respeto a la reelección inmediata de legisladores.

En 1933 una reforma al Artículo 59 de la Constitución estableció dentro del texto vigente, el impedimento de reelegirse a los miembros del Poder Legislativo Mexicano y de los Congresos Locales al finalizar su período.

En 1964 el Partido Popular Socialista presentó una iniciativa de reforma al Artículo 54 de la Constitución a la que se agregaría una fracción VI para establecer la posibilidad de reelección continua de los diputados, con el objeto de que los miembros de la Cámara de Diputados puedan ser reelectos tantas veces como los partidos políticos a los que pertenezcan así lo decidan y obtengan los votos necesarios, de acuerdo con el sistema electoral que se haya en vigor, ya sea por la mayoría de sufragios de los distritos electorales o bien como diputados de partido.

La LVI Legislatura en 1996, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, para lograr el equilibrio de poderes y el fortalecimiento del Poder Legislativo, entre las cuales se encontraba la reelección legislativa inmediata.

Durante la LVII Legislatura en 1998 fueron presentadas dos iniciativas sobre reelección legislativa en la Cámara de Diputados y una más en el Senado de la República, que modificaba la estructura, organización, facultades, presencia y significación del Poder Legislativo.

En la Legislatura anterior se presentaron dos propuestas en el Senado y cuatro en la Cámara de Diputados sobre reelección legislativa. En la legislatura actual, en el Senado se rechazó un dictamen sobre la reelección inmediata de diputados y senadores de manera acotada. En la Cámara de Diputados se han presentado hasta el momento 7 propuestas al respecto.

Con base en los antecedentes antes mencionados, expongo a este Honorable Congreso las siguientes consideraciones:

La Constitución de 1917, al igual que las que le antecedieron, no señalaban prohibición alguna a la reelección consecutiva e ilimitada de los legisladores federales y locales, fue hasta 1933, en una época donde el ejercicio del poder se ejercía a través de un partido-Estado, cuando se fomentaron este tipo de prácticas de control político. La restricción constitucional para la reelección inmediata de los legisladores se presentó para garantizar la circulación de los diferentes grupos políticos actuantes en el interior del Partido Nacional Revolucionario, en condiciones de ausencia de competencia electoral. Además, fue una forma de legitimar el presidencialismo, sobre todo a partir de la XXXVII Legislatura, cuando los diputados y senadores entendieron que la disciplina se compensaba políticamente y que la continuidad de la carrera política no dependía de la voluntad de los electores en sus distritos, sino básicamente del Presidente de la República o del candidato presidencial en turno.

En el México actual, donde la competencia electoral permite la alternancia y existen las condiciones de certeza, imparcialidad y legalidad en los procesos, oponerse a la reelección de diputados, senadores y legisladores locales, es apostar a la continuación de un sistema que ya no responde a las expectativas del país y de los ciudadanos.

La responsabilidad política que implicaría la reelección inmediata ante la ciudadanía, le da el poder a ésta de evaluar las gestiones de su legislador ratificándolo en su cargo o retirándolo. Sin posibilidad de reelección, los legisladores carecen del tiempo suficiente de preparación para funcionar como un contrapeso real a los grupos de interés y saben que no podrán permanecer más allá de un tiempo limitado.

Un argumento en contra es que la reelección inmediata renovaría los cacicazgos, de manera que conservaría el poder por un tiempo prolongado. Actualmente, el sistema electoral que poseemos es competitivo, de modo que esto ya no es posible. La duración promedio de las carreras legislativas en todo el mundo es de 12 años, por lo tanto, la rotación de los cuadros se daría de acuerdo a las preferencias de los ciudadanos. Si bien es cierto que algunos legisladores permanecen en su cargo un lago periodo, es debido al refrendo constante que los ciudadanos hacen a través de las urnas.

Los partidos políticos mantienen el monopolio en la postulación para cargos de elección popular y controlan los fondos para campañas, además de contar con mecanismos en la organización interna del Congreso, todos ellos instrumentos más que suficientes para lograr altos niveles de disciplina.

La tarea parlamentaria requiere de una combinación de experiencia e innovación, por ello es conveniente un proceso de renovación de cuadros moderado y sistemático. El sistema de la no reelección inmediata exige una renovación total y absoluta del Legislativo en cada periodo, lo que resulta en extremo tan pernicioso como lo sería el que no hubiera por decreto renovación alguna. La especialización en temas específicos es ya una necesidad actual de cuya actividad surgen ideas nuevas, valiosas, derivado del estudio profundo de la materia y la constancia en ella. La posibilidad de la reelección inmediata pone el proceso de renovación en manos del juicio ciudadano y como se menciona, tiene como resultado carreras moderadamente largas.

Aunque hay personas que han sido legisladores en varias ocasiones, son una minoría poco significativa frente a un 88%, aproximadamente, que no regresan a ser legisladores tras una elección. La posibilidad de la reelección legislativa, el Congreso adquiriría mayor autonomía convirtiéndose en un contrapeso más eficaz a las ambiciones del Ejecutivo, ello derivaría en una evolución en la relación con el Poder Legislativo, ya que habría una preocupación en el Ejecutivo por fomentar la comunicación con legisladores cuyos conocimientos de ciertos temas que le sean sensibles, son fundamentales para lograr avances en la consolidación democrática de este país.

Coincidimos en la visión del último dictamen sometido al pleno del Senado, en que por el momento la reelección inmediata deberá ser de manera acotada, en este caso en una ocasión más en el caso del senador y una de tres ocasiones en el caso del diputado, de modo que sea similar al aplicado en otros países.

El anterior cómputo será aplicable a los suplentes que hubiesen estado en el ejercicio de cargo y ya no podrá extenderse por la vía de la participación como suplentes.

En los transitorios la imposibilidad de reelección para el período inmediato de los legisladores actualmente en desempeño participantes en esta reforma, ello para evitar la suspicacia de dolo en esta acción.

De la misma suerte del párrafo anterior, debe ser legislador local eliminando el párrafo segundo de la fracción II del artículo 116, quedando subordinada esta posibilidad a lo suscrito por cada Constitución local en los mismos términos y condiciones.

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto.

Único.- Se reforma íntegramente el artículo 59 y se deroga el párrafo 2° de la fracción II del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 59.- Los senadores podrán ser electos de manera inmediata hasta por un período adicional; los diputados podrán ser reelectos hasta en tres períodos consecutivos.

"Cumplidos estos períodos los legisladores propietarios o los suplentes que hubieren estado en ejercicio, no podrán ser reelectos para el siguiente inmediato en el carácter de suplentes".

"Artículo 116.

...

"Fracción II. Se deroga el párrafo segundo".

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los integrantes de la presente Legislatura, incluso los suplentes que hubieren estado en ejercicio, no podrán ser reelectos para aquella que constituya inmediatamente a la aprobación de esta reforma.

Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 305 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Continúa la sesión.

No estando en la sala la diputada Esthela Ponce Beltrán, se pasa al final su intervención, de la misma manera en el caso de la iniciativa que presentaría la diputada Evelia Sandoval Urbán. Y nos ha solicitado posponer su intervención el diputado Pablo Alejo López Núñez, respecto a la iniciativa que tenía agendada para hoy.

Tiene la palabra el diputado Isidoro Ruiz Argaiz, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, suscrita por el propio diputado Ruiz Argaiz y por los diputados Sergio Magaña Martínez, Inelvo Moreno Álvarez, todos ellos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Isidoro Ruiz Argaiz: Con su venia, diputado Presidente.

Planificar el desarrollo económico, político y social de nuestra nación no es cosa menor, pero igual lo más importante es aspirar a que la sociedad mexicana a través del Congreso de la Unión participe activa y democráticamente en el diseño, modificación y sanción que determina los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

La Constitución de 1917 estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar en la libertad el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

Como justificación de esta iniciativa de ley y como antecedente de historia económica para ubicar nuestro grado de avance económico contemporáneo, es preciso señalar que México ha transitado por distintas visiones gubernamentales desde el punto de vista del desarrollo económico; es decir, después de la dictadura porfirista y una vez consolidado política y jurídicamente el nuevo régimen, la historia del país ha transcurrido en el marco de dos proyectos nacionales diferentes.

Primero, el del nacionalismo revolucionario surgido del movimiento armado de 1910 consagrado en una nueva Constitución y un marco jurídico que evolucionó dentro de un régimen fuertemente presidencialista y un partido hegemónico de estado y el del neoliberalismo económico que se implementó desde 1982 y ha perdurado hasta nuestros días.

Como contraste de estos dos modelos podemos señalar lo siguiente: de 1940 a 1982, el Producto Interno Bruto creció a una tasa media anual de 6 y medio por ciento y el ingreso por habitante aumentó 3 y medio veces en términos reales, o sea, el mexicano medio pudo triplicar sus niveles de consumo.

En cambio las políticas neoliberales de nuestro asunto de marras, justificaron el cambio de la política económica y la adopción de un nuevo esquema auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, argumentando que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y que la apertura total de la economía era indispensable para su modernización e inserción en la globalidad. Sin embargo, no se trata de plantear un regreso al pasado, pero sí, de un replanteamiento urgente y decidido al diseño democrático del modelo económico a seguir en nuestro país.

Ante esta situación el país demanda la definición del rumbo y de la estrategia del desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo económico nacional que actualicen y orden las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica y permita romper con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la nación.

Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la sociedad mexicana, es necesario ir dando cause a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional. Ante la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal en 2005, es preciso dotar al Congreso de la Unión de las herramientas de análisis, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y con ello lograr la profundización de la democracia participativa en un ámbito tan importante como lo es el proyecto de nación.

Al reformar el artículo 26 y 74 constitucionales y la Ley de Planeación, dándole atribuciones al Congreso de la Unión para su modificación y aprobación, se fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los esfuerzos de la sociedad hacia el desarrollo integral de la nación, que contemple el avance político, económico, social y cultural del pueblo del manera sólida, dinámica, permanente, equitativa y eficiente.

Como resultado de lo expuesto se propone una reforma tanto constitucional como de carácter legal para permitir la participación real y efectiva del Poder Legislativo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior es así, si se toma en cuenta que actualmente el titular del Ejecutivo Federal ejercer el poder de decisión en las distintas fases de planeación nacional, limitando su carácter democrático. En este sentido la democratización del proceso de planeación implica descentralizar las facultades de participación efectiva al Poder Legislativo. El último párrafo del artículo 26 de la Constitución establece lo siguiente: "En el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley". La norma constitucional transcrita no es cumplida actualmente, debido a que la vigente Ley de Planeación, le otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración del plan; el Ejecutivo decide cuando y a quién convoca a estos foros y también decide qué opiniones o propuestas expresadas en los foros toma en cuenta y cuáles no son consideradas, sin que intervenga la Cámara de Diputados.

En principio deberán reformarse los párrafos segundo y tercero y derogarse el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional, para que la Cámara de Diputados intervenga en la formulación del Plan de Desarrollo, pues el ser un ente soberano, su participación es de suma importancia. Asimismo deberá suprimirse el último párrafo de este artículo, ya que el Sistema de Planeación Democrática en la Ley de Planeación, no le da ninguna intervención al Congreso de la Unión.

En segundo lugar debe adicionarse un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 constitucional para concederle a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de participar en la integración del Plan Nacional de Desarrollo, pues tanto los ingresos como el Presupuesto de Egresos, son instrumentos fundamentales de la política económica y social del Estado; expresamente se reconoce que éstos instrumentos deben servir a los objetivos y metras establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La política de egresos y de ingresos del Ejecutivo Federal debe de ser congruente con los Secretarios Generales, estrategias y líneas políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Y en tercer lugar deben adicionarse las fracciones IV del artículo 1°, 4° y 5° de la Ley de Planeación para establecer el procedimiento tendiente a hacer efectiva la planeación democrática contenida en los preceptos constitucionales que serán adicionados y reformados, para quedar de la siguiente forma:

Con fundamento en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Sergio Magaña Martínez, Inelvo Moreno Alvarez y el que suscribe, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 y adiciona una fracción al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma los artículos 1º., 4º. y 5º. de la Ley de Planeación.

Artículo 1º. Se reforman los párrafos segundo y tercero y se deroga el cuarto párrafo del artículo 26 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 26. "...los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de planeación. La planeación será democrática a través de la participación de la Cámara de Diputados, la cual está encargada de recoger las demandas de toda la sociedad, para ser incorporadas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

La ley facultará a la Cámara de Diputados para que se establezcan los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas, induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución".

Artículo 2º. Se adiciona un cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional para quedar como sigue:

Cuarto. "...la Cámara de Diputados discutirá, aprobará, y en su caso, modificará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual será presentado por el Ejecutivo Federal al momento de hacer llegar las iniciativas de la Ley de Ingresos y proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme al procedimiento que la ley establezca para tal efecto".

Artículo 3º. Se adiciona la fracción IV del artículo 1º. y se reforman el artículo 4º. y 5º. de la Ley de Planeación para quedar de la siguiente forma:

Fracción IV. "...las bases para promover y garantizar a la participación democrática de la Cámara de Diputados en la elaboración del plan y los programas a que se refiere esta ley. Para ello consultará a los diversos grupos sociales, así como a los pueblos y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades".

Artículo 4º. "...es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley".

Artículo 5º. "... el Ejecutivo Federal, al tomar posesión como Presidente de la República, remitirá el proyecto de plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración para su examen, modificación y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Cámara de Diputados, después de recibir el plan, deberá aprobar éste antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.

La Cámara de Diputados, previo a la aprobación o modificación, según sea el caso del proyecto del plan, mediante convocatoria, consultará a los grupos sociales a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, quienes participarán en la planeación democrática. El resultado de la consulta será referencia obligada para la revisión y en su caso aprobación o modificación del plan.

Asimismo, la Cámara de diputados formulará observaciones que estime pertinentes durante la ejecución del propio plan".

Transitorios Unico: Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidente, solicito sea incluido el texto íntegro de esta iniciativa, dado que he leído sólo una síntesis.

Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ordena la inserción íntegra en el Diario de los Debates, señor diputado y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Recibimos la solicitud de la diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que a la iniciativa que ha presentado que reforma los artículos 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se le dé el turno que corresponda.

En consecuencia, se ordena turnar esta iniciativa de la diputada Estela Ponce, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Nos ha solicitado el diputado Jorge Kahwagi Macari, posponer su intervención para la iniciativa que tenía agendada en este apartado.

Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

La oleada neoliberal en México coronó su propuesta de reforma económica con la privatización de Teléfonos de México, que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 1990. Lo que constituyó la propuesta central de reestructuración de las telecomunicaciones en México.

Al asignarle esta concesión pública para operar un conjunto de servicios, el Gobierno Federal otorgó a TELMEX el statuts de monopolio privado y constituyó el título de concesión como el instrumento jurídico más importante para la regulación de las telecomunicaciones.

A 15 años de transcurrida la privatización, el mercado de telefonía local está constituido por 23 concesionarios, de los cuales 20 operan a través de red alámbrica y 3 operan sin ésta, con una cobertura de casi 20 millones de líneas telefónicas. Sin embargo, el mercado de telefonía local está concentrado en un 95% por TELMEX, ya que otras empresas no han representado una competencia real.

El discurso oficial del gobierno neoliberal de la época de Salinas de Gortari, se empeñó en pregonar hasta la saciedad que con la privatización de TELMEX los usuarios tendrían un mejor servicio inmediatamente. Los hechos son contundentes, ni hay mejoría del servicio telefónico, ni hay costos más bajos, y sí un hombre cada vez más rico como lo es el caso de Slim Helú. En cambio, sí se dio el alza de las tarifas y la recategorización de conceptos como renta básica y el servicio local medido.

Asimismo se establecieron una serie de conceptos en el título de concesión, que definían los servicios y condiciones en los que la empresa prestaría el servicio de telefonía básica.

La renta básica para el servicio telefónico se designó de acuerdo a la línea contratada, terminal o troncal para los suscriptores residenciales o comerciales.

Para el caso de la línea residencial se incluyeron 100 llamadas y para el resto de los servicios no se incluye.

El saqueo disfrazado que hace TELMEX a los bolsillos de los consumidores está en la renta básica, ya que el costo de la llamada es más alto que el servicio medido, lo que representa una doble exacción; porque los usuarios que tienen una densidad de llamadas menor a lo que fija la renta, están obligados a cubrir la totalidad de la misma a una tarifa mayor que en el servicio medido, la hayan agotado o no la hayan agotado.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que los consumidores adquieren con Teléfonos de México, una línea telefónica. En estricto derecho son dueños de la misma y no tienen por que pagarle a TELMEX una renta por el uso de esa línea que es de su propiedad. Esto se puede equiparar con la situación de una persona que siendo propietaria de un automóvil, tuviera que pagarle una renta a la empresa que lo fabricó.

Debemos recordar que el derecho de propiedad es oponible a terceros y ese universo indeterminado de personas que tienen el deber jurídico de respetar el bien de esa persona. En el caso que nos ocupa, un particular es dueño de una línea pero debe pagar renta por su uso y disfrute, lo cual es ya francamente un fraude legalizado.

Por ello, no es casual que más del 40% de los ingresos de TELMEX, provengan de la telefonía local y que en México tengamos tarifas más caras que en otros países, incluso de menor desarrollo industrial que el nuestro.

Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, propone reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para eliminar el concepto de renta residencial y comercial y que las tarifas de telefonía sean accesibles a todos los consumidores del país.

Nuestra propuesta tiene como propósito central incorporar a la población mexicana al disfrute de los beneficios que han provocado los cambios tecnológicos que se han dado en el campo de las telecomunicaciones, del cual han estado instruido (?) la mayoría de los mexicanos.

No debemos olvidar que la gran mayoría de los mexicanos están empobrecidos; la distribución de la riqueza cada vez es más aterradora. Los datos de la última encuesta de ingreso-gasto de los hogares, es reveladora. En México el primer decil concentra el 1.4 por ciento del ingreso, mientras que en el noveno concentra el 15.6 por ciento, y en el décimo se concentra el 42 por ciento del ingreso total.

Por ello, el contar con una línea telefónica para cubrir una necesidad, se vuelve un lujo para muchas personas pobres, lo que limita aún más sus posibilidades de incorporarse al desarrollo.

Por ejemplo, una familia mexicana que cuenta con el servicio de telefonía residencial para comunicación de voz que realiza una frecuencia de 30 llamadas mensualmente, paga 156 pesos con 55 centavos más IVA con el servicio de renta. Si se elimina la renta, dicho usuario pagaría solo el costo del servicio medido por cada llamada, es decir 44 pesos con 40 centavos más IVA.

La presente iniciativa es todavía más bondadosa para los negocios familiares, las micro, pequeñas y medianas empresas ya que al eliminarse la renta de telefonía local, el costo sólo sería por el servicio medido.

Nuestra propuesta es clara, se trata de suprimir la renta en telefonía local que es una fuente no leal para la acumulación de ganancias y se pueden liberar recursos adicionales para millones de familias que sí lo necesitan, para resarcir su cada vez menor poder de compra.

Nuestra propuesta también beneficiaría a miles de empresas que se encuentran al borde del colapso por la desaceleración económica que atravesamos; y en ése sentido, la responsabilidad del Estado es velar por sentar las bases de un mejor clima económico.

Señor presidente, solicito a usted se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Dado en Palacio Legislativo a los 24 días del mes de noviembre de 2005.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Tiene la palabra el diputado Isidro Camarillo Zavala, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Isidro Camarillo Zavala: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El suscrito, Isidro Camarillo Zavala, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 55 fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona al título décimo primero de la Ley General de Salud, un capítulo quinto denominado "Programa contra las adicciones comportamentales (?)", al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En las últimas décadas, la delincuencia ha tenido grandes transformaciones, observándose entre otras cosas los siguientes elementos:

Uno, han seguido tendencias hacia una mayor organización;

Dos, existe una mayor proliferación de los llamados delitos de cuello blanco;

Tres, hay un aumento en el tráfico de influencia;

Cuatro, la internacionalización de sus acciones; y

Cinco, el incremento global de la inversión de estos grupos en negocios legales, tendencias que en su conjunto han dado como resultado que el fenómeno delictivo supere a las formas y tiempos de reacción del Estado y de sus órganos de seguridad.

Como resultado de todo lo anteriormente mencionado, se comprende plenamente el por qué hoy la delincuencia organizada es ahora el problema más grande con el que se enfrenta la sociedad mundial, ya que además de su enorme organización y eficiencia han creado un sistema económico clandestino que genera ingresos superiores al Producto Interno Bruto de muchas naciones.

En el caso específico de las adicciones, aparecen simultáneamente el lavado de dinero, la prostitución, la proliferación de las multi adicciones y el desmembramiento de las familias, lo que amenaza directamente la estabilidad de la nación y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas democráticamente constituidas.

Sobre el caso de los problemas secundarios de los pacientes con adicciones, es preciso recordar que no tan solo se pone en riesgo la economía personal del enfermo, sino su estabilidad laboral, la existencia de vínculos familiares y sociales y, sobre todo, su salud mental.

Los cambios legislativos y normativos que requerimos para enfrentar el creciente problema de las adicciones comportamentales debe incluir la aceptación, en primer lugar, de ese problema como una enfermedad psiquiátrica. la inclusión de este padecimiento y su prevención, tanto en la Ley General de Salud y las adecuaciones que se considere pertinentes a otras leyes y códigos, en donde se debe privilegiar la protección de los derechos a la salud y no tan solo los aspectos de orden punitivo.

Entre las modalidades de prevención a las adicciones deben estar las de carácter social, educativa, cultural, sanitaria, laboral y política, ya que la salud pública constituye en sí misma un bien jurídico, por lo cual el Estado debe proteger dicho bien frente a los ataques y afectaciones provenientes de las conductas delictivas y sus promotores.

Sobre el problema sanitario y social que surge de las adicciones, ya desde hace varias décadas que las dependencias han entrado a formar parte de las sociedades occidentales, sin que los gobierno, aun en las mejores condiciones y con más recursos, hayan podido erradicar este cáncer social, por lo que además la más ingente tarea es la de prevenir nuevas adicciones y rehabilitar a los miembros de la sociedad prisioneros ya de éstas.

Sin duda esta lacra social avanzará en la medida que el problema de las adicciones se limite a combatir a los consumidores de sustancias y no a cualquiera de las adicciones modernas, ya sean las clásicas sustancias o las compartamentales: al éxito, al trabajo, a los deportes extremos, a la adrenalina y, la más extendida y conocida de todos, el juego de azar.

Para una mejor comprensión de mi propuesta señalaré acerca de la ludopatía o adicción al juego. Esta entidad clínica fue incluida por primera vez como un trastorno patológico psiquiátrico en el año de 1980 en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

Desde esa fecha se han desarrollado diversas líneas de investigación neurobiológica para explicar los mecanismos etiológicos de la enfermedad, de los cuales sobresalen cuatro teorías principales, la primera de ellas que considera la ludopatía como un trastorno del control de los impulsos que supone la implicación de mecanismos serotonérgicos; la segunda que señala como fundamento un nivel de activación y un rasgo de búsqueda de sensaciones que sustentaría una alteración del sistema noradrenérgico; la tercera, que hace hincapié en la relación de la ludopatía con otros trastornos adictivos y, la última, que la explica como un trastorno psiquiátrico del orden obsesivo compulsivo.

Más recientemente se ha sumado a las anteriores teorías la de origen genético, toda vez de la observación de la alta frecuencia de antecedentes familiares en los ludópatas diagnosticados, que algunos autores señalan hasta del 35 por ciento en familiares de hasta segundo grado.

Además, hasta hace pocos años el concepto de adicciones solamente incluía aquellas conductas en las que el factor esencial era el consumo de una sustancia química potencialmente adictiva, como es el alcohol, psicotrópicos, cannabinol, cafeína, etcétera. Pero desde la década de los ochenta empezó a modificarse este concepto y desde hace algunos años muchos investigadores empezaron a incluir dentro del complejo grupo de las adicciones a una serie de trastornos bajo el mismo grupo, denominándose adicciones comportamentales, entre las que se incluyen la adicción al estrés, al ejercicio físico, al trabajo, a las compras excesivas, a los deportes extremos y al juego de azar.

Las adicciones comportamentales se pueden definir como conductas que provocan placer o que evitan la incomodidad, donde además aparece un patrón de estas adicciones consistente en una excesiva preocupación y deseo intenso de satisfacer la necesidad que se siente de llevar a cabo una conducta adictiva, sumando una pérdida de control que se caracteriza por la incapacidad de detener la conducta una vez que se ha iniciado, la aparición de un síndrome de abstinencia con síntomas físicos cuando se suspende la conducta adictiva y un fenómeno de tolerancia. Es decir, la necesidad de aumentar la implicación de la conducta adictiva, que equivale al incremento a la dosis.

Diversos autores e investigadores han encontrado una comorbilidad con otras adicciones, de hasta 45 % con abuso de alcohol o sustancias psicoactivas y un más alto índice de tabaquismo con una relación de hasta 5 a 1 con respecto a los no jugadores.

Se comprende además que es una adicción, por la tendencia a la recaída, al igual que en el reto de las adicciones, lo que representa el más grave problema en la atención de estos pacientes y en el caso de la respuesta farmacológica se ha demostrado que en la ludopatía hay una respuesta favorable a la naltrexona, que es un antagonista opiáceo, utilizado en la adicción a la cocaína.

Por si fuera poco, a todo lo anteriormente señalado, hay que sumar en materia de otras patologías psiquiátricas, que el menos un 72 % de los ludópata han tenido un cuadro de depresión mayor, el 52 % de ellos, trastornos afectivos mayores, el 57.1 % son poli dependientes a dos o más sustancias además de la adicción comportamental, lo que explica su ausentismo laboral, incumplimiento de las obligaciones financieras, problemas familiares, ausentismo escolar y crecientes deudas, conductas antisociales como girar cheques sin fondos, desfalco y robos, o confundir a incautos en juegos de destreza.

Otros datos que nos deben preocupar, son que el índice de suicidios entre ludópatas que es al menos del doble que entre los no jugadores.

Un problema como las adicciones comportamentales, donde además la incidencia de adolescentes es muy relevante y creciente a nivel mundial, nos hace comprender la importancia de las medidas dirigidas a objetivos de prevención, teniendo como centro de atención el hogar y la escuela, así como crear un proceso de evaluación que permita conocer la evolución de estos fenómenos a nivel mundial.

Compañeras y compañeros, no podemos negar las evidencias científicas sobre este creciente problema de salud pública y salud mental, constituido por las adicciones comportamentales, muchos menos, por supuesto, podemos obviar nuestro compromiso para combatir las amenazas en contra de la sociedad y salvaguardar los valores éticos sociales. en el caso de las adicciones, nuestro deber es dar a los derechos a la salud, vigencia absoluta y velar solícitamente y ante todo la salud de los ciudadanos, actuar para proteger los intereses de la sociedad, siempre en beneficio del que potencialmente es; "No un delincuente", sino paciente, respetando la dignidad y los derechos de cada persona.

Por todo lo anteriormente expuesto con anterioridad y con fundamento en las disposiciones señaladas al inicio de este documento, me permito someter ante esta Honorable soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley, con proyecto de decreto, por la cual se adiciona al título Undécimo de la Ley General de Salud, un capítulo Quinto denominado: "Programa Contra las Adicciones comportamentales", para quedar como sigue:

Título Quinto

Programa Contra las Adicciones Comportamentales

Artículo 193 bis 1.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra las adicciones comportamentales que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. La prevención, el tratamiento y la rehabilitación de problemas originados por las adicciones comportamentales.

II. La educación sobre los efectos nocivos de las adicciones comportamentales en la salud y en las relaciones sociales y familiares, dirigida especialmente a la familia y a los adolescentes, a través de medios de comunicación.

III. La educación a la familia y a la sociedad sobre las diversas modalidades de las adicciones comportamentales.

Artículo 193 bis 2. La Secretaría de Salud elaborará un programa de investigación neurológico, psicológico y fisiológico sobre las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con los institutos nacionales de Psiquiatría Ramón de la fuente y de Neurología y de Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el cual incluirá:

I. Las causas de las adicciones comportamentales y las acciones para combatirlas.

II. Los efectos de la publicidad en la incidencia de las adicciones comportamentales

III. Efectos nocivos y repercusiones de las adicciones comportamentales sobre los ámbitos familiar, social y laboral.

IV. Comorbilidad entre las adicciones comportamentales y las adicciones a sustancias.

Artículo 193 bis 3. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional contra las adicciones comportamentales y lo ejecutará en coordinación con las autoridades estatales.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Concluya, señor diputado.

El diputado Isidro Camarillo Zavala: Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ordena insertar el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez para presentar iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia.

"Compañeras y compañeros Diputados:

"A nombre de diversos integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La Constitución Política del año 1857 había contemplado en su fracción X del artículo 73 que el Congreso tenía facultad para establecer las bases generales de la legislación mercantil, de las que no eran una facultad expresa y clara para legislar en dicha materia, motivo por el cual no se pudo expedir el respectivo código de comercio. Para el año de 1883 se reformó el ordenamiento legal en el sentido de expedir los códigos en materia de minería y comercio del que comprendía las instituciones bancarias.

"Con base a lo anterior, se expidió el Código de Comercio el 20 de abril de 1884. Este código dedicó el título segundo, libro segundo, a las compañías o sociedades de comercio, pero no incluyó a las sociedades cooperativas. Fue hasta el 15 de septiembre del año de 1889 cuando se promulgó el actual Código de Comercio que contempla a las sociedades mercantiles, en las cuales se encuentran las cooperativas.

"Ahora bien, ha sido necesario fundar la legislación cooperativa en la siguiente facultad del Congreso, contenida en el artículo 73 fracción X, en materia de comercio. Sin embargo, se concluye que nuestra Carta Magna no otorgó facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar íntegramente en materia de cooperativismo, contrario al artículo 25 de la Constitución que establece que es parte integral del sector social.

"Por otra parte, según el Pacto Federal, permite sustentar la afirmación de que a falta de facultades expresas del Congreso de la Unión sobre una materia determinada, queda esta facultad reservada a los congresos de los estados. Siendo el caso de Yucatán en donde su congreso expidió la Ley de Sociedades Cooperativas Civiles para dicha entidad federativa, publicado en el Diario Oficial del gobierno del estado el 20 de octubre de 1932.

"Y más recientemente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del año 2005, que aprobó por consenso la denominada Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal.

"Como se puede observar, la legislación cooperativa es dispersa según el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se establece que las cooperativas se les reconoce como sociedades mercantiles y el Código Civil Federal las reconoce como personas morales distintas a las mercantiles.

"En efecto, el artículo 76 del código en cuestión dispone lo siguiente: "No son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio". Es decir, estos mismos actos realizados por las cooperativas no son actos de comercio.

"En atención a lo expuesto se concluye que las cooperativas que aunque se organizan y operan en forma de empresa para actuar con eficiencia en el mundo de los negocios, no son de naturaleza mercantil, sino que tiene su propia naturaleza social, autónoma y doctrinaria, que amerita ser reconocida jurídicamente.

"En defensa de la naturaleza social de las cooperativas, hay que tomar en consideración la doctrina establecida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, organismo de integración mundial del cooperativismo, que agrupa a más de 800 millones de cooperativistas de los cinco continentes, entre los que se incluyen los integrantes del movimiento cooperativo mexicano.

"Existen también la recomendación 127 sobre las cooperativas, emitida en el año de 1966, y la recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas, del año 2002, por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, suscrita por una gran cantidad de gobiernos de diversos países del mundo, incluyendo nuestro país.

"Por lo anterior, los efectos de esta última recomendación, al hacer referencia a la aplicación de políticas públicas de promoción de cooperativas, señalan de manera tácita que los estados miembros deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas inspiradas en los valores y principios cooperativos y revisar esta legislación y la reglamentación cuando proceda.

"En tal virtud, el diseño de un marco jurídico adecuado para las cooperativas, debe tener en cuenta que el cooperativismo es un sistema doctrinario propio para obrar activa y conjuntamente de acuerdo con la Declaración de Identidad, Principios y Valores Éticos aprobados por la ACI.

"Por su parte, el movimiento cooperativo es el sector en acción para convertir en realidad la doctrina del cooperativismo en beneficio de sus miembros y al servicio de la comunidad.

"Consecuentemente, lo que se quiere es que el ordenamiento que se estudia se funda en una facultad constitucional expresa, para poder ser de carácter general, es decir, para determinar la autonomía del derecho cooperativo.

"La teoría general del derecho señala tres elementos para determinar la autonomía: que sea científica, didáctica y jurídica.

"En el caso que se analiza la ciencia del derecho cooperativo es el conjunto sistematizado de principios, reglas y métodos relacionados con esta materia.

"El aspecto didáctico está constituido por los textos sobre educación cooperativa, instituciones y organismos de asistencia técnica que señala la ley.

"Y en relación a la autonomía jurídica, esta iniciativa promueve la adición de una nueva fracción del artículo 73 constitucional, con el objeto de otorgar facultades expresas al Congreso de la Unión, para legislar en materia de cooperativas.

"Por actos cooperativos se reconocen los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por ellas entre sí, en el cumplimiento de su objeto social y en la consecución de sus fines institucionales.

"El acto cooperativo constituye la esencia de la autonomía jurídica del derecho cooperativo y debe ser reconocido con toda su originalidad y singularidad.

"Expedir una auténtica Ley General de Sociedades Cooperativas, podemos concluir que de manera concurrente, coincidente o complementaria, las Legislaturas locales pueden también legislar en esta materia en todo aquello que no se oponga a la ley de ámbito federal, como una forma de impulsar el desarrollo social y económico a nivel estatal, apoyándose en la participación organizada de la sociedad civil y valorando las condiciones particulares de sus propias entidades federativas, tal como acontece en otras materias, como es el caso de asentamientos humanos y protección al ambiente, constituyéndose en una práctica legislativa que lejos de debilitar ha venido a reforzar el pacto federal en que se sustenta la República Mexicana.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso n) de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

"Artículo 73 fracción, fracción XXIX-n).- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Cooperativas, reservando para el Congreso de la Unión, todo lo relativo a la regulación en lo general, del Sector Cooperativo y otorgando a los Congresos Locales la facultad de legislar en materia de Fomento a la Actividad Cooperativa, siempre que no se oponga a la Legislación Federal

El Artículo Transitorio es: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Es cuanto, señor Presidente

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias señor Diputado

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales

Tiene a palabra el Diputado Federico Madrazo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.

El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente Compañeras y compañeros diputados.

El principio fundamental de la responsabilidad en el cuidado, conservación, defensa de los ecosistemas y de los habitantes del país, recae en el Estado, sus instituciones, sus autoridades y sus representantes

En este sentido, el Artículo 27 Constitucional, indica que a la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales del suelo y subsuelo y la señala como la responsable directa de resguardar y restablecer el equilibrio ecológico, a serle otorgado por ley, el monopolio de la explotación de los recursos naturales

Sin lugar a duda, la industria petrolera en el país es hoy una de las actividades y una de las fuentes estratégicas de ingresos más importantes para el país. Más del 30% de los recursos del Gobierno Federal, es decir uno de cada tres pesos que gasta el Estado, provienen de Petróleos Mexicanos y de sus organismos desconcentrados subsidiarios.

De los 54 mil kilómetros de ductos instalados en la tierra para la actividad petrolera, encontramos que cerca de 36 mil representan ya un alto riesgo ambiental que ponen en peligro miles de seres humanos, a los ecosistemas, recursos ganaderos, recursos agrícolas y toda la infraestructura municipal y toda la actividad económica que se desarrolle en las localidades por donde atraviesan dichas tuberías y en donde se encuentran los pozos petroleros , refinerías y demás complejos que completan la cadena industrial en la empresa nacional.

En un estudio elaborado en el año 2004 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resume la magnitud de los daños que solamente en cinco años se registró a nivel nacional, dando como resultado, 341 muertos, mil 133 lesionados, 2 mil 626 intoxicados y 87 mil 728 evacuados, generando así un total de 91 mil 828 afectados.

En este sentido, es muy importante resaltar y delimitar las responsabilidades que competen a las autoridades en materia de protección, restauración ambiental y reparación de los daños ocasionados por todas las contingencias, pues los mecanismos compensatorios que existen actualmente, son inciertos, discrecionales y muy poco oportunos para solventar los daños presentados.

Solamente de 1997 al año 2001 hubieron 2 mil 592 emergencias ambientales en todo el país, donde el 57% de estas, ocurrieron en instalaciones operadas por PEMEX y a su vez, el 89% de este total, en tan solo tres Estados, que es Veracruz, Tabasco y Campeche

De esta forma, encontramos que en las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción y en las de PEMEX Refinación ocurren más del 90% de los accidentes de esta empresa.

En el caso de la primera, la mayor parte de los incidentes suceden en los ductos , pozos petroleros, baterías de separación y estaciones de compresión.

En cuanto a PEMEX Refinación, esos ocurrieron en ductos, refinerías, terminales de almacenamiento , distribución y marítimas.

Como anteriormente mencioné, en fechas recientes la paraestatal informó que cerca de 36 mil kilómetros de ductos tienen un alto riesgo ambiental y que su presupuesto ya le es insuficiente para darles mantenimiento, por lo que el peligro de algún accidente es cada vez más probable.

Debido a eso, el enorme riesgo que implica su deterioridad a la infraestructura, hace inminente la propagación de desastres que podrían afectar a la población que reside en los municipios denominados como petroleros.

Preocupados por esta situación, con la presente iniciativa se busca diseñar un fondo de contingencias para desastres petroleros, que sea sectorizado a la Secretaría de Gobernación, por ser ella la encargada de garantizar la protección civil de la población ante desastre de cualquier índole.

Esta fondo dará solución a las eventualidades que se presenten por derrames, explosiones o incendios provocados por la industria petrolera nacional, en donde los municipios afectados puedan, de manera inmediata y de manera directa, hacer uso del mismo para solventar el costo de los daños humanos y materiales que puedan originarse por ese motivo.

Es de resaltar que en el marco jurídico actual de la paraestatal, sólo se favorece la entrega de los recursos de compensación a las autoridades de los gobiernos estatales, sin tomar en cuenta el centro, que son los gobiernos municipales, que son en la mayoría de los casos, los principales afectados por los incidentes de este tipo.

Esto origina que las externalidades negativas no estén siendo compensadas mediante criterios de racionalidad y eficiencia económica sino a través de mecanismos discrecionales o pactos ineficientes y que sólo van en detrimento de la población afectada y de la capacidad propia que tiene el municipio de hacer el orden de gobierno más cercado.

Por todo lo anterior, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciona:

El artículo 3º., fracción XIII, XVII, XVIII y XIX, el artículo 4º., fracción II y IV, el artículo 12 fracción XI, XIII y XV, el artículo 29, párrafo primero y segundo, el artículo 30 fracción III, el artículo 31 párrafo primero, el artículo 32 párrafos segundo, tercero, noveno y décimo inciso b).,el artículo 35 fracción I de la Ley General de Protección Civil para establecer la compensación a los municipios por las explosiones, incendios, fugas tóxicas y/o derrames petroleros que sean producto de la empresa Petróleos Mexicanos.

En virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada íntegramente en la Gaceta, solicito a la presidencia se inserte este texto en el Diario de los Debates.

Es cuanto diputado presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado. Se ordena se inserte esta iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Gobernación.

Nos ha solicitado posponer la presentación desu iniciativa el diputado Fernando Alvarez Monge.

Tiene la palabra la diputado Beatriz Mójica Morga del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el Artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género.

La diputada Beatriz Mójica Morga: Buenas tardes, con su venia señor presidente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales a tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la igualdad jurídica, como principio rector en nuestro sistema normativo, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema, pero que fundamentalmente han permitido establecer las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica igualdad.

Esto ha sido el interés de muchos años de lucha de las mujeres, que aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hoy no podemos de reconocer el trayecto andado. Un breve recuento histórico nos dice que, en el despuntar del siglo pasado, se van sentando los hitos de la emancipación femenina. Es así que en 1917 con la Ley de Relaciones Familiares se logra en nuestro país la igualdad de hombres y mujeres en el seno del hogar, y además se permitió a la mujer la disolución del vínculo familiar.

En 1931, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se reconoce la capacidad de la mujer casada para celebrar contratos de trabajo sin la autorización de marido. Posteriormente, una nueva reforma a la mencionada Ley en 1970, estableció por primera vez la no discriminación por motivos de sexo, así como las disposiciones tendientes a que las mujeres disfruten de los mismos derechos y obligaciones que los hombres.

En 1953, con motivo de la reforma al artículo 34 de nuestra Carta Magna, se concede la calidad de ciudadanas a las mujeres, otorgándose en consecuencia el derecho al voto y a partir de ese momento comienza a tener presencia en los cargos de elección popular, pero no fue sino hasta 1974 cuando se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y mujeres. Su inicial incorporación a la vida política se da en el año de 1955, con el arribo a la Cámara de Diputados de las primeras cuatro representantes populares que constituían en ese momento el 2% de la legislatura.

Es obvio que después de 5 décadas se ha ido incrementando el número de legisladoras, pero aún con las reformas electorales del 93 y 96, sólo se han alcanzado en esta LIX Legislatura 120 espacios para mujeres, que representan un 22%.

No podemos ignorar los esfuerzos para lograr una cultura de equidad en nuestro país, atenuando las desigualdades entre las mexicanas y los mexicanos en una población compuesta por 98 millones de habitantes, de los cuales 50.5 son mujeres, según el último censo del INEGI.

Podríamos seguir exponiendo estadísticas para valorar la presencia numérica de la mujer, invariablemente llegaremos a la conclusión de que no ha sido suficiente en relación a su aportación a la vida política de nuestro país. Tenemos que decir que a final del día, en el pleno Siglo XXI, las mujeres no cuentan con suficientes espacios para la toma de decisiones, si bien el Estado Mexicano reconoció el principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en 19734 mediante la reforma al artículo 4º constitucional, no fue sino hasta el 2002 cuando se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, en el artículo 175 apartado 3º, que los partidos políticos nacionales deben reflejar en sus estatutos que las candidaturas propietarias a diputados y senadores no excedan el 70% para un mismo género.

La reforma al COFIPE no hizo sino poner en evidencia el trato discriminatorio que seguía existiendo para la mujer, por ello la última reforma de junio del 2002 dispone que los partidos políticos deben asumir el compromiso de promover la equidad entre hombres y mujeres para el acceso a cargos de elección popular. Con esa reforma se abrió la posibilidad de que ningún género tuviera una representación mayor al 70%, sin embargo, el espíritu de la ley se vio afectado por ciertas prácticas en algunos partidos políticos, observándose en los inicios de la presente legislatura casos en los que sólo los titulares de las listas fueron de género con representación minoritaria, que desafortunadamente somos las mujeres y a los pocos días, misteriosamente renunciaron a su cargo para dar paso a sus suplentes de género diferente; hombres obviamente, lo cual dio lugar a muchas especulaciones.

No vamos a discutir aquí si fue de manera intencionada o no, lo trascendente es que debemos afinar mecanismos para garantizar una verdadera equidad de género, lo que debe verse reflejado en una mayor presencia de las mujeres en el Poder Legislativo.

Por lo anterior, es importante que cuando se haga uso de una acción afirmativa dentro de las listas de candidatos y candidatas a diputadas federales y senadores o senadoras, se contemple el conjunto de la fórmula, es decir la titularidad y la suplencia, de tal manera que en ningún momento el género menor representado en el H. Congreso de la Unión se vea aún más disminuido en su representación.

Sabemos que esto no va a aplicar para el próximo año, pero también es un llamado de atención a los partidos políticos, sin que esté especificado en la ley lo puedan hacer suyo propio, de tal manera que la titularidad de la fórmula sea del mismo género en el caso del género de menor representación.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 175 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

Unico. Se reforma el primer párrafo del artículo 175 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 175 A. "De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las solicitudes de las candidaturas a diputados como de senadores, que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso se incluirán más del 70 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, garantizando que en el resto del porcentaje, la fórmula de propietario y suplente, sea del mismo género.

Es cuanto, señor Presidente.

Quisiera sea integrada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.

Se recibió del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que deroga al párrafo segundo del artículo 190 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se recibió del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa que adiciona un artículo 15 Bis a la Ley General de Educación.

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se ordena turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Israel Tentory García, para presentar iniciativa que deroga la fracción VI del artículo 1° y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El diputado Israel Tentory García: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores:

Los diputados que suscribimos la presente iniciativa de reforma y deroga la fracción IV del artículo 1 y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el objeto de excluir a las sociedades cooperativas de dicho ordenamiento jurídico, lo hacemos convencidos de que si bien de tiempo de la dictadura de don Porfirio Díaz, ante el nacimiento del Movimiento Cooperativo en nuestro país, se debatía ampliamente acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa, resolviendo el legislador finalmente, incluir un capítulo referente a ellas en el Código de Comercio de 1889, siendo el primer ordenamiento jurídico que de manera expresa hizo referente a este tipo de entidades cooperativas como parte de las diferentes sociedades mercantiles con el reconocimiento jurídico en el país.

Aquella resolución del legislador, se justificó en parte debido a la debilidad del sector cooperativo mexicano, así como producto de la falta de experiencia legislativa en la materia, porque lo que atendiendo a un criterio estrictamente pragmático, la decisión lógica y sencilla consistió en catalogarlas como una sociedad más, de sociedad mercantil.

De esta manera se consumó lo que diferentes ideólogos del Movimiento Cooperativo Mexicano denominan el "pecado original", de la legislación cooperativo mexicano, pecado original que después de 166 años, no ha sido posible conjurar y que la presente iniciativa de ley pretende resolver de una vez por todas.

En 1932 se expidió la Ley General de Sociedades Mercantiles cuyo artículo transitorio cuarto derogó el Título Segundo del Libro 2 del Código de Comercio de 1889 cuando las sociedades cooperativas comprendidas en las siguientes disposiciones.

Artículo 1°. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles.

6°. Sociedades Cooperativas.

Y el artículo 212, las sociedades cooperativas que regirán por su legislación especial.

Como puede apreciarse, esta última disposición supondría que las cooperativas, sin dejar de ser una modalidad de la sociedad mercantil, tendrían una ley especial; hecho que fue interpretado de diversas maneras, para algunos se trataba de darle un tratamiento especial como empresas sociales, en tanto que para otros, la necesidad de elaborar una ley especial de cooperativas, sería interpretada simplemente como una especie de reglamento operativo, lo cual generó y ha generado a la fecha una gran incertidumbre en torno a la verdadera naturaleza jurídica de las cooperativas.

En nuestra opinión las sociedades cooperativas representan una forma de organización de la actividad económica que exhibe características peculiares, constituyendo una estructura jurídico-económica que tiene su naturaleza propia. En efecto, la cooperativa tiene como primer rasgo distintivo, el ser una asociación de personas, es decir, un grupo humano organizado esperando.

Al mismo tiempo constituye una empresa económica, sin embargo, lo peculiar del fenómeno asociativo cooperativo consiste en que la entidad como un todo, como asociación y como empresa, cuenta con valores y principios propios que la caracterizan, conocido como "los principios universales del cooperativismo", los cuales la definen como una estructura y funcionamiento distintos de las otras formas de la organización económica, siendo el único tipo de empresa que imprime a su acción colectiva, un profundo contenido ético y humanista y una gran responsabilidad y compromiso por la preservación del medio ambiente.

La educación, el ahorro, el trabajo colectivo y el consumo responsable, así como la equidad de género, la protección del empleo, la distribución equitativa de la riqueza y el compromiso con la comunidad y con los intereses nacionales.

En base a los anteriores considerandos, los que suscribimos la presente iniciativa consideramos que la adscripción de las sociedades cooperativas en el cuerpo de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, no tiene fundamento legal ni se sostiene desde el punto de vista doctrinal, filosófico e histórico, en el que las cooperativas sustentan su acción social al nivel mundial.

Mantener a las sociedades como una especie más de sociedad mercantil, no ayuda a librar las potencialidades económicas, asociativas y culturales de este tipo de empresas, desvirtuándolas en su esencia e impidiéndoles cumplir con su misión emancipadora de vastos sectores de la población que con su trabajo honesto y mancomunado, sus esfuerzos, desean contribuir al desarrollo social y económico de México.

Por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reforma que deroga la fracción VI del artículo 1 y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el objeto de excluir a las sociedades cooperativas de dicho ordenamiento jurídico.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

Damos la más cordial de las bienvenidas a los jóvenes de la escuela primaria "Lázaro Cárdenas", invitados del diputado Rogelio Flores Mejía.

Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes.

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Fidel Rene Meza Cabrera: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante, señor diputado.

El diputado Fidel Rene Meza Cabrera: Diputadas y diputados:

El suscrito diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa con base en la siguiente exposición de motivos:

El juicio de amparo, nombre que se da al mecanismo empleado en la solución de las controversias suscitadas entre los individuos y el Estado, previstas en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de su ley reglamentaria denominada Ley de Amparo que es la reglamentación que dirige el procedimiento que inicia con la demanda y concluye con la sentencia debidamente ejecutada, es una institución típica del derecho mexicano de largo historial y que prestigia a la justicia de nuestro país.

Sabemos que es característica fundamental y excepcional del juicio de amparo la probabilidad de obtener la suspensión de un acto de autoridad antes de que se ejecute o cuando se inicia y evitar la posibilidad de un daño de difícil o imposible reparación.

Hecho característico de esta hipótesis, es la solicitud de amparo para evitar una detención o aprehensión en forma ilegal o algún daño en nuestro patrimonio o actividad lícita. Así, mediante un procedimiento sencillo y expedito, se pueden iniciar juicios de amparo en materia penal, civil, administrativa, mercantil, agraria, laboral.

Las reformas y adiciones hechas a la Ley Agraria, han introducido normas de aplicación general que dan perfil al estado moderno y que tienden a acotar los poderes públicos a favor de los particulares con la revisión y adecuación de las garantías individuales, sociales y políticas.

Reprobable es que se acuda abusivamente a este noble recurso para demandar la suspensión de un acto legal, aduciendo argucias y evitar o retardar la acción de la justicia en hechos criminales, proteger el funcionamiento de giros mercantiles irregulares, solapar antros de vicio y prostitución, conocidos como "giros negros" y lo que es peor aún, encubrir el tráfico, venta o posesión de estupefacientes; asimismo, toda la gama de falacias usadas en asuntos agrarios y laborales.

Es necesario y urgente detener esta perversión del juicio de amparo que se utiliza por la facilidad con que se obtienen las suspensiones provisionales o definitivas, con lo cual se continuaría actuando en condiciones irregulares de clara ilicitud y a veces delictivas.

Sin embargo, no podemos ni debemos obstaculizar la acción protectora del juicio de amparo en los casos en que sí procede la acotación de la autoridad y evitar la consumación de una arbitrariedad.

Ante el dilema de restringir la protección de los particulares ante la autoridad injusta o propiciar la realización de actos ilegales por la amplitud de las normas jurídicas que facilitan su violación, sólo nos queda el recurso de perfeccionar los instrumentos legales con dispositivos que eviten su transgresión.

Considerando que la solución es reformar y adicionar los artículos de la Ley de Amparo que reglamentan el procedimiento para otorgar la protección y amparo de la justicia federal, es que propongo lo siguiente:

Primero. Adicionar un párrafo intercalado entre el primero y el segundo párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 para que, previa a cualquier resolución que se compruebe que no se incurre en las causales previstas en la fracción III y IV, porque de ser así, se deseche la promoción.

Segundo. Reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 124 para que precautoriamente se compruebe la veracidad del acto reclamado y se precise la conservación de la materia del amparo, así como evitar la continuación de alguna función irregular.

Tercero. Aunque ya el artículo 134 previene y sanciona la repetición de demandas de amparo por el mismo motivo, es aconsejable que se dé cuenta al Consejo de la Judicatura para que aplique la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando se adviertan irregularidades en el procedimiento.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforma y adicionan los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de amparo para quedar en los siguientes términos:

Previo a cualquier resolución se comprobará que no se incurre en alguna de las causales de las fracciones III y IV, porque de ser el caso se desecharán.

Artículo 124 fracción III. El juez de distrito al conceder la suspensión procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo.

Asimismo, antes del otorgamiento de la suspensión comprobará la existencia y autenticidad del acto que se impugna y evitará continúe el funcionamiento de establecimientos en los términos de la fracción II anterior.

Artículo 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación ante otro juez de distrito contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de 30 a 180 días de salario; se dará desde luego vista al consejo de la judicatura federal para los efectos que procedan, cuando se contravenga el último párrafo del artículo 73.

TRANSITORIO:

UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Heriberto Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Esta presidencia saluda a los vecinos y amigos de la colonia "Prensa Nacional" de Tlalnepantla, Estado de México, invitados de la diputada Lizbeth Rosa Montero.

De igual manera a los jóvenes de la Universidad Liceo Cervantino, de Irapuato, Guanajuato, invitados por la diputada federal Consuelo Camarena Gómez.

Sean bienvenidos.

Esa presidencia recibió con solicitud de turno de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a esa soberanía revise la probable inconstitucionalidad del techo de endeudamiento neto de millones de pesos, aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2006.

Se ordena turnar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta es una proposición con punto de acuerdo, su iniciativa está registrada más adelante diputada.

De igual manera se recibió del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con solicitud de turno, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta Soberanía, prorrogue la vigencia de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.

Se ordena turnar a la Junta de Coordinación Política.

Esa presidencia también hace del conocimiento a todos los diputados y diputadas que quienes tengan puntos de acuerdo dado el alto número, se pueda turnar a la comisión respectiva para agilizar su trámite.

Continúe la secretaría.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Heriberto Carlos Díaz Escárraga: La última verificación de quórum se tiene como lista final de asistencia.

(A las 14:56) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 29 de noviembre a las 11:00 horas.