Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 6 de octubre de 2005

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (Toca la campanilla y dice): Pido la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputados. Por lo tanto hay quórum, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (A las 10:17 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Votación

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Las ciudadanos diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comunicaciones de los Congresos de los Estados.

Del Estado de Baja California Sur, que informa que al plantear su agenda legislativa, tomará en cuenta la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina.

Del Congreso del Estado de Puebla por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad libere los recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales para el apoyo a las comunidades y familias afectadas por la tormenta "José" en la Sierra Norte del Estado de Puebla.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Del Congreso del Estado de Yucatán que remite Acuerdo por el que solicita se deroguen los artículos 31 y 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en virtud de que atenta con los principios establecidos en el artículo 123 fracciones VII y VIII de la Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Comunicación de la Mesa Directiva en relación a Proposiciones con Puntos de Acuerdo en sentido negativo, que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria de las siguientes Comisione: Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; de Desarrollo Social, de Cultura; de Energía; de Economía; de Atención a Grupos Vulnerables; de Agricultura, Ganadería, y de Trabajo y Previsión Social.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al siguiente cambio: que cause alta el diputado Javier Galván Guerrero como Presidente del Grupo de Amistad México-España.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al siguiente cambio: que cause alta como Presidente de la Comisión Especial de la Función Pública el diputado Víctor Hugo Islas Hernández.

En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Votación

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al siguiente cambio: que se dejen sin efecto los movimientos de alta de la diputada María Eugenia López Cid, Suplente, en las Comisiones de Atención a Grupos y de Seguridad Pública; Comisión Especial del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y del Grupo de Amistad México-Panamá, en virtud de que el diputado Alvaro Burgos Barrera, Titular, se reintegra a sus funciones.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al siguiente cambio: que cause baja como integrante el diputado Benito Chávez Montenegro en las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a los siguientes cambios: integración de los diputados Rafael Sánchez Pérez, Salvador Vega Casillas y José Felipe Puelles Espina en la Comisión Especial de la Función Pública.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al siguiente cambio: que causen alta como integrantes de la Comisión Especial de la Función Pública los diputados Marcela Guerra Castillo, Laura Reyes Retana y Gonzalo Moreno Arévalo.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.

Instruyo a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 354 diputados y diputadas.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, tienen 15 minutos para registrarlo por cédula.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comunicación del diputado Marco Antonio Gama Basarte.

Da lectura a una comunicación relativa al diputado Marco Antonio Gama Basarte.

Está a discusión el siguiente Punto de Acuerdo.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se ruega a la Secretaría insistir en que está a discusión el Punto de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente

"Punto de Acuerdo

"Unico.- Se concede licencia al diputado Marco Antonio Gama Basarte, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V distrito del estado de San Luis Potosí, del 6 de octubre al 7 de noviembre del 2005".

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado y comuníquese.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por medio del cual se exhorta al gobierno federal para que convoque a los industriales azucareros y a los productores de caña de país, para establecer un pacto nacional que garantice la seguridad y bienestar de la agroindustria azucarera y de la sociedad mexicana.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Ante esta Presidencia se han registrado para hablar sobre el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Lázaro Arias Martínez.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Lázaro Arias Martínez.

El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

La exposición de motivos de esta Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, considera que dadas las características específicas y de carácter básico y estratégico que le confiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a la Agroindustria de la Caña de Azúcar y que hoy en esta sesión nos toca venir a hablar y dar el posicionamiento a favor, en donde invito a los compañeros diputados que hagan lo mismo, porque esto es necesario, ya que ésta se regula adecuadamente y garantiza su viabilidad, la seguridad alimentaria en la materia, el fomento del desarrollo que propicia la elevación del nivel de vida de la población rural y de los sectores que en ella interviene, rescatando, actualizando y fortaleciendo las instituciones y disposiciones que han demostrado eficacia en el sostenimiento importante de esta actividad.

La legislación aplicable a la agroindustria de la caña de azúcar, determina la responsabilidad del Estado y asegura el tránsito competitivo de los sujetos de la ley hacia una transformación agroindustrial en condiciones de sustentabilidad, productividad y competitividad.

La ley considera que por vía de la seguridad jurídica y que por la asignación de las responsabilidades, facultades y funciones, es como se da certidumbre y confianza, se evita la discrecionalidad, se puede lograr una conducción rectora del Estado adecuada y la participación definida de los agentes involucrados.

Sólo con un modelo que considere integralmente estos propósitos es como se puede aspirar a lograr un proceso de desarrollo económico y social del sector rural en general y de la agroindustria en particular y no por la libre acción de las fuerzas del mercado, como lo proponen algunos.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar vigente, fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del 2005 y es obligatoria a partir del día siguiente.

La Cámara de Diputados aprobó con fecha 12 de septiembre la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de esta ley, para cumplir con el acuerdo político que suscribió el Ejecutivo y los diputados. Esta Minuta se remitió a la Cámara de Senadores el día 13 de septiembre y la recibió la Comisión de Agricultura.

La Minuta de referencia fue severamente cuestionada por el gobierno federal, alegando que dicha reforma no correspondía a lo que quería la Secretaría de Agricultura, dependencia que nunca presentó formalmente una iniciativa que precisara y fundamentara tales modificaciones, dejando una falta al propio Ejecutivo Federal en donde los diputados cumplimos.

La manifiesta inconformidad del gobierno generó incertidumbre y confusión al respecto de la Minuta aprobada, por lo que el Senado consideró prudente esperar hasta que se concretaran acuerdos con legisladores, organizaciones, productores y el gobierno.

El 21 de septiembre la PGR presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de acción de inconstitucionalidad, para que en esto se declare la invalidez de diversos artículos de la ley.

Los artículos impugnados como inconstitucionales corresponden a temas no sujetos a negociación, acordados por las organizaciones de productores de caña del gobierno, según el acuerdo político del mes de agosto y no guardan ninguna relación con los artículos reformados en la Minuta aprobada por los diputados, por ello el conflicto que había sido superado se volvió a agudizar.

La acción de inconstitucionalidad es una acción judicial que no admite acción de desistimiento, la acción de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos, lo que quiere decir que la ley está vigente y es aplicable en todos sus términos.

Aplicar la ley constituye la demanda principal de las organizaciones, hecho que hizo que distensionaría el clima de confrontación e incertidumbre que prevalece, por ello, es de relevante significancia proceder a darle la aplicación a los mandatos de la ley.

Por lo anterior, cobra relevancia la disposición del Gobierno Federal haber escuchado a los productores de caña de azúcar quien se acompañó de Senadores y Diputados e hicieron e siguiente Acuerdo en la Secretaria de Gobernación, en donde ratifican el Acuerdo del 11 de Agosto, la coincidencia en la necesidad de aplicar inmediatamente la ley para lo cual se estableció una Mesa de Trabajo en la SAGARPA en donde se estableció otra Mesa de Trabajo en la Secretaría de Gobernación, para establecer una Mesa de Análisis Jurídica para perfeccionar y facilitar el cumplimiento de la ley.

Otro aspecto fundamental que hay que destacar, es el cambio del Secretario de Agricultura, el señor Francisco Mayora Castañeda, ojalá lo invitemos para que con una idea y una esperanza, pueda construir una agro industria fuerte , con viabilidad y que de futuro.

El camino es sinuoso y es complejo y ha seguido la ley, requiere necesariamente del concurso de todas las voluntades, del Gobierno, de Legisladores, de Industriales, cañeros y obreros para perfeccionar el ordenamiento jurídico que nos de certidumbre particularmente a los actores económicos de la agro industria.

Es por ello que hago la petición a todos ustedes compañeros Diputados, para que este Punto de Acuerdo, por relevancia, la importancia que requiere el sector y si la situación actual de este proceso que hemos llevado para que todos nos sumemos y lo votemos a favor. Muchas gracias, compañeros Diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa Diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia está suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos Diputados que estén ñor la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado y comuníquese.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación declarar zona de desastre, a diversos municipios de Baja California, Chiapas, Veracruz y Tabasco, afectados por los fenómenos meteorológicos recientes y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame la Secretaría, ¿con qué objeto Diputado Wintio Vega?

El diputado Wintilo Vega (desde su curul): El Secretario está leyendo una proposición de la Junta que no está firmada, el documento ue está firmado trae e Estado de Veracruz, Oaxaca, se agregó el Estado de Hidalgo.

Yo creo que tiene mal la Secretaria su documento.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Diputado Wintilo Vega, tiene usted razón, se está leyendo un documento que por razones de tiempo se recibió con anterioridad.

Instruyo a la Secretaría que de lectura al Punto de Acuerdo que está llegando en este momento en donde se hacen las aclaraciones pertinentes.

El Secretario Marcos Morales Torres: Se procede a dar lectura al Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Gobernación declarar zona de desastres a diversos municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Solicitar a la Secretaría de Gobernación hacer la declaratoria de desastre natural en los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Con la firma del diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Del diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Del diputado José González Morfín, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Del diputado Manuel Velasco Coello, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Por lo cual se somete a la consideración de esta soberanía si es de aprobarse el Punto de Acuerdo.

Las diputadas y diputados….

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Un momento, Secretario, por favor. Esta presidencia tiene registrados diversos oradores que son los diputados

Carlos Oswaldo Pano Becerra

Sofía Castro Ríos

Emilio Zebadúa González

Francisco Antonio Rojas Toledo

Alberto Baruch Barrera Zurita

Francisco Juan Avila Camberos

En los términos del Artículo 122 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, voy a concederle el uso de la palabra a los dos primeros oradores y después preguntaremos si está suficientemente discutido o se le concede, por disposición de la Asamblea, el uso de la palabra a los demás oradores.

Si, diputado de la Vega.

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde su curul): Si, diputado presidente, para solicitarle que pueda ser inscrita también la diputada Marisol Vasgas Bárcenas, quien habíamos registrado en la mañana de este día.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se toma nota y se preguntará en su oportunidad, conforme lo hemos dispuesto, apoyados en el 122 de nuestro Reglamento Interior.

Si, diputado González Schmal.

El diputado Jesús González Schmal (desde su curul): Idéntica solicitud, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se toma la misma resolución dictada con anterior, con el apoyo en el Artículo 122 registramos su participación diputado González Schmal.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Oswaldo Pano Becerra de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para referirse al Punto de Acuerdo.

El diputado Carlos Oswaldo Pano Becerra: Con su venia

Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Hoy el Sureste de México ya no es noticia de inseguridad solamente, de narcotráfico, de tráfico de indocumentados, de contrabando, de violación de derechos humanos, mara salvatrucha, de pobreza externa. Hoy el Sureste de México, sobre todo la frontera sur, es motivo de lamentación, desesperación, llanto, tristeza, desolación, y por supuesto un caos por venir,

Hace aproximadamente diez días las lluvias han azotado despiadadamente las costas del Soconusco en el estado de Chiapas, lo que ha traído como consecuencia el crecimiento de los ríos provocando inundaciones y ocasionando inmensos destrozos a la población.

Los estragos que este fenómeno natural está ocasionando provocados por el Huracán Stan han dado como resultado que más de 28 municipios y 200 comunidades rurales se encuentren totalmente desbastadas, esto implica aproximadamente 50 mil damnificados y más de 200 mil habitantes que están siendo afectados por las torrenciales lluvias que siguen todavía el día de hoy cayendo en el estado de Chiapas.

Hasta el momento más de 6 mil casas resultaron afectadas por el temporal; 3 mil quedaron totalmente destruidas y más o menos 1000 kilómetros de carretera y alrededor de puentes han sido dañados. No obstante, el Presidente Fox visitó por 30 minutos el día de ayer la zona de desastre, los cuales, se llevó para recibir un informe 20 minutos y 10 minutos para visitar un albergue, un motivo por el cual es de reconocerse su preocupación, sin embargo, le solicitamos desde esta tribuna instruir a la Secretaría de Gobernación hacer la declaratoria urgente de desastre natural y pedirle por razones eminentemente humanitarias, la liberación de recursos emergentes del FONDEN y del Apoyo para Contingencias.

En virtud de que la magnitud del desastre en la costa y Soconusco de Chiapas supera la capacidad financiera de respuesta del estado y de las dependencias y entidades paraestatales, el día de ayer el Presidente dijo que se atenderá la emergencia para después dar paso de un programa de reconstrucción, reconociendo la grave situación que están sufriendo miles de mis paisanos.

Compañeras y compañeros diputados: Mi estado, Chiapas así como los otros estados de Oaxaca, Veracruz y los demás y sobre todo en Tapachula y los demás municipios que represento, han sido en diversas ocasiones la inquietud de un servidor manifestar en esta tribuna los problemas que padecemos en la frontera sur y se ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno Federal el por qué no voltear los ojos a la olvidada frontera. Nuestra frontera no tiene alambrados ni muros; tiene ríos, los que hoy, ya desbordados por las inclemencias del tiempo, hacen notar su existencia y decirle al Gobierno y al pueblo de México que en el sur se necesita mucho por hacer y que es hora que se le deje de relegar al sureste del país como la última frontera.

Yo solicito del Gobierno Federal, así como reacciona con tanta presteza ante las desgracias de quienes habitan en otros países como lo que acaba de suceder en Norteamérica, lo haga por situaciones humanitarias para nuestros estados que hoy están colapsados. No quisiera pensar que el Gobierno Federal basa su situación en la ganancia mediática de lucimiento personal a nivel internacional. Sería una lástima confirmar que fuera este interés mezquino y no la vocación humanitaria que caracteriza a nuestro pueblo, lo que motivó tan espectacular despliegue. En Chiapas también hay un desastre natural y los medios han dado constancia puntual de ello. ¿Será acaso, señor Presidente, que en nuestro país usted tiene más trabas burocráticas que para prestar auxilios en el extranjero?

Por lo anterior, solicitamos a este pleno su solidaridad para brindar apoyo rápido y urgente a los municipios afectados en el estado de Chiapas y solicito a los coordinadores de las fracciones parlamentarias todo el apoyo que podamos mandar a las zonas afectadas. Por tal motivo propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Solicitar a la Secretaría de Gobernación hacer la declaratoria de desastre natural en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, en la zona costa y El Soconusco y aplicar los fondos del FONDEN.

Segundo. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que por razones humanitarias, mediante decreto administrativo agilice o en su caso simplifique la liberación de recursos emergentes del FONDEN y del Fondo para Apoyo a las Contingencias.

Tercero. Solicito a la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos correspondientes a las partidas vetadas y no ejercidas del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal que está por concluir y que corresponden al ramo de infraestructura carretera, para asignar fondos a esta contingencia natural y,

Cuarto, solicito respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, se integre una comisión de diputados en forma plural, para supervisar y encauzar gestiones necesarias ante el FONDEN y ante la Secretaría de Gobernación, para que estos recursos sean bien aplicados.

Es cuanto, Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Sofía Castro Ríos: Muchas gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Esta mañana queremos llamar la solidaridad de los legisladores y legisladoras del país, a fin de contribuir para resolver y atender un acontecimiento como es un desastre natural ocasionado en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, por el Huracán Stan.

Oaxaca, como ustedes saben, tiene diversas regiones y en esta ocasión las regiones del Istmo de Tehuantepec, la Cuenca del Papaloapan, la Sierra Norte, la Sierra Sur y los Valles centrales, han sido afectados también por este Huracán Stan.

Queremos por ellos su respaldo y hacemos nuestro, los legisladores oaxaqueños, el punto de acuerdo que ha suscrito la Junta de Coordinación Política, a efecto de llamar al Gobierno Federal a que de inmediato se declare zona de desastre estas regiones del Estado de Oaxaca y desde luego de los estados a los que ya hice referencia.

Esto con el fin de poder acceder a los recursos de manera inmediata, sin menos trámite que el de la declaratoria que seguramente la Comisión Nacional del Agua y las Unidades de Protección Civil, estarán haciendo en favor de estos municipios, 130 en el Estado de Oaxaca y desde luego de los Veracruz y los otros estados.

Es importante señalar que en este momento es el momento de auxilio y de ayuda que están demandando las familias que viven, de por sí, en condiciones vulnerables y que ahora el clima, las lluvias, han vulnerado más su condición de pobreza, su condición desigual en la que padece.

Caminos, puentes, viviendas, han sido destruidos con ese paso del Huracán Stan y que como consecuencia, de manera inmediata, se requieren de víveres, se requieren de los recursos del FONDEN, para poder disponer a corto y a mediano plazo.

Por ello queremos llamar la atención del Ejecutivo Federal, que efectivamente ha hecho visitas, pero que lo más importante es generar los acuerdos para poder destrabar esos recursos de manera inmediata, ir en auxilio y por supuesto, resolver de manera pronta el asunto de los alimentos a los que están esperando nuestros compañeros, nuestros paisanos.

Por eso además, quiero solicitarle a la Junta de Coordinación Política, se cree una Comisión Especial, de aquí de la Cámara de Diputados, para poder revisar la prontitud de las decisiones que el FONDEN vaya a realizar y poder supervisar, para que no ocurra, como ya se señaló ayer en la comparecencia, que los recursos del FONDEN se van a la bolsa en lugar de irse a las atenciones urgentes y prioritarias.

Por eso hemos pedido la solidaridad, la colaboración y el votar a favor del punto de acuerdo que ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política.

Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Le solicito a la diputada Castro que si hay alguna propuesta en su intervención adicional al punto de acuerdo, se sirva presentarla por escrito para ser tomada en consideración o de lo contrario se le dé el tratamiento respectivo de manera paralela.

Para ilustrar a esta asamblea, esta Presidencia informa, como ya lo hemos dicho, que tenemos registrados a los siguientes diputados, todos para hablar en pro: Emilio Zebadúa González, Francisco Antonio Rojas Toledo, Baruch Alberto Barreta Zurita, diputado Francisco Juan Avila Camberos, diputada Marisol Vargas Bárcenas y diputado Jesús González Schmal.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo, en el entendido de que si no es así, tendrán derecho a hacer uso de la palabra los diputados y la diputada que hemos mencionado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el punto está suficientemente discutido.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Votación

Gracias.

Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Votación

Gracias.

Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: No se encuentra suficientemente discutido y en consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Zebadúa González, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Emilio Zebadúa González: Con su permiso, señor diputado Presidente.

Señoras y señores legisladores:

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que ha impulsado igualmente este punto de acuerdo que ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política, a favor de que el Ejecutivo Federal, haga la declaratoria de desastre natural en los estados afectados por el huracán Stan, los estados de Baja California, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, se suma a los planteamientos que de manera particular acaban de hacer mis colegas, la diputada Sofía Castro y el diputado Carlos Pano Becerra.

Es el interés, sin lugar a dudas, de todos los diputados y diputadas de esta Cámara e igualmente de todos los grupos parlamentarios, estoy seguro, de que las tareas de rescate y de reconstrucción que se requieren de manera urgente en los estados mencionados, se agilicen con dicha declaratoria administrativa por parte del Ejecutivo Federal y con el establecimiento de esquemas de coordinación entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, para que a la brevedad se recurra a las regiones afectadas con los recursos materiales, humanos y de logística, necesarios para atender situaciones de apremio, de urgencia que han afectado ya, vidas, patrimonio, tierras cultivables, infraestructura de caminos y puentes y viviendas en miles de casos en estos estados.

El acceso y la comunicación todavía al día de hoy, mientras las secuelas del huracán Stan continúan azotando diversas zonas del sureste mexicano, son todavía extremadamente urgentes. En muchos municipios todavía hay comunidades totalmente incomunicadas a las que las operaciones de protección civil, seguridad pública e incluso de la Marina y el Ejercito, no han podido llegar.

Hay miles, como se ha mencionado de personas y se habla ya de más de 2 mil casas desaparecidas, así como de las decenas de comunidades afectadas. En Chiapas solamente, 200 mil personas en más de 110 localidades en 18 municipios de la costa y la frontera, han sido afectados, mientras ya se habla de varios miles de damnificados, más de 6 mil viviendas han desaparecido y se necesita de manera urgente hacerles llegar a las personas afectadas, los víveres, las medicinas y los enseres necesarios para mantenerse en condiciones de sobrevivencia en estos días críticos.

Es necesario agilizar los trámites administrativos para que con toda la eficacia que esta crisis requiere, el Ejecutivo Federal en coordinación con los gobiernos estatales de Baja California, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, pueda actuar con la diligencia necesaria. Está en juego, el bienestar, incluso la vida, ciertamente el patrimonio de miles y miles de mexicanos en estos momentos.

El grupo del PRD, por lo tanto, también se suma a la solicitud que los diputados Castro y Pano Becerra, han hecho para la constitución de una comisión plural de diputados que recorra las regiones afectadas por el huracán "Stan" y den seguimiento a la atención que los tres niveles de gobierno están realizando actualmente y realizarán a partir de la declaratoria de desastre natural en los próximos días; y que de dicha comisión plural de diputadas y diputados, se puedan desprender recomendaciones específicas para, de ser necesario, tanto este Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo Federal, lleven a cabo tareas adicionales en los próximos días para dar cabal cumplimiento a las necesidades que se han originado por este desastre natural en el sureste de México y en la Península de Baja California.

Es por eso que el Partido de la Revolución Democrática, a través mío, hace suyo este punto de acuerdo y solicita que, de manera unánime, urgente, se apruebe dicho punto para que el Ejecutivo Federal proceda con toda eficacia a atender la zona de desastre.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

En virtud de que no se encuentra en este salón, se concede el uso de la palabra al diputado Baruch Alberto Barreta Zurita... Barrera, rectifico. Disculpe, diputado, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

El diputado Baruch Alberto Barrera Zurita: Con su venia, diputado Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a manifestar nuestro apoyo al punto de acuerdo que presenta ante esta soberanía, así como nuestra solidaridad al pueblo del estado de Veracruz, que está sufriendo por la presencia de diversos fenómenos de origen hidrometeorológico.

Situaciones como las que se están viviendo en diversas regiones de nuestro territorio, dejarán huella imborrable en la vida de muchas personas y familias. En este sentido, resalta de manera clara la obligación que tiene el Estado de conservar y proteger la vida y seguridad de las personas, premisa sobre la que se finca la importancia de la protección civil como una de las herramientas básicas y más importantes para asegurar el pleno y armonioso desarrollo de las sociedades.

La República Mexicana, debido a su posición geográfica, se sitúa como uno de los países con mayor presencia de desastres naturales, principalmente de origen hidrometeorológico que azotan de manera constante y reiterada su territorio.

Durante los últimos meses y en particular en las últimas semanas, las lluvias torrenciales que se han registrado en diversos lugares del país, han puesto en situación crítica a un número considerable de familias mexicanas, así como el buen desarrollo de las actividades económicas de diversas regiones.

Es el caso del estado de Veracruz, donde las consecuencias de estos fenómenos naturales han generado, según información proporcionada por la Unidad Estatal de Protección Civil, la afectación a 44 municipios de la entidad, teniéndose un estimado de 14 mil 393 viviendas dañadas en sus techos y compenetración de agua, producto de la crecida de ríos y arroyos que en total suman 18 cauces. Hasta el momento se han activado 47 refugios temporales en donde se han instalado un total de 4 mil 26 personas.

Somos conscientes que la atención a fenómenos de esta naturaleza que impactan a nuestro país y transforman el desarrollo normal de sus actividades en estado de daños, no es una tarea fácil, ya que requiere de la suma de voluntades y colaboración estrecha de los tres órdenes de gobierno, pero también del sector privado y social, de la población en general y de los recursos económicos y técnicos necesarios.

Sin embargo, como ha sucedido hasta el momento, las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno al amparo del Sistema Nacional de Protección Civil, así como el siempre solidario pueblo de México, fortalecerán sus acciones con la finalidad de brindarle el apoyo necesario a las labores de rescate y protección de vidas humanas; así como las etapas de prevención, reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura dañada y de los hogares de los damnificados que en muchas ocasiones han perdido lo poco que tenían.

Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reitera su total y completo apoyo al punto de acuerdo cometido a consideración de esta Honorable Asamblea, a efecto de que los recursos del Fondo de Desastres Naturales, se sigan liberando como ha sucedido hasta este momento y de manera oportuna en el marco de los mecanismos previstos por la Ley General de Protección Civil, se destinen para mitigar las necesidades más apremiantes de la población buscando privilegiar la protección de la vida de las personas y posteriormente se realicen las labores de reconstrucción y regreso a la normalidad de las poblaciones dañadas por estos fenómenos naturales.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Juan Avila Camberos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Juan Avila Camberos: Con su venia señor presidente.

Compañeros y compañeros legisladores:

Desde luego que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional apoya indiscutiblemente este punto de acuerdo que permitirá llevar apoyos inmediatos a los damnificados por el desastre natural que se está produciendo en los estados de Baja California, el Estado de Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Solamente quisiera hacer una precisión: el Ejecutivo Federal el día de ayer ya declaró zona de desastre natural los municipios afectados. Quisiera que presidencia sometiera a la consideración de los señores legisladores una modificación al punto de acuerdo para que se le agregara el hecho de que se requiere liberar y agilizar sin burocratismos y con la celeridad que el caso requiere, los recursos para que de alguna forma los trámites necesarios para llevar a cabo esa liberación de recursos puedan hacerse con toda la rapidez que nuestros compatriotas demandan. De lo contrario, si el recurso llega tarde van a sufrir más las inclemencias del tiempo y las consecuencias de estos desastres naturales.

Adicionalmente yo quisiera aprovechar la tribuna para hacer un reconocimiento a la excelente labor que viene realizando el Ejecutivo Federal junto con los gobiernos estatales y municipales de las zonas afectadas. Gracias a esa coordinación que se está dando el número de víctimas que siempre es lamentable pero que en este caso hay que reconocer es insignificante, en relación con desastres similares que han ocurrido en otros países, gracias al buen trabajo que están haciendo las autoridades, especialmente en el área de protección civil.

Y adicionalmente yo quisiera también pedirle a la Junta de Coordinación Política, someta a la consideración en su momento, un punto de acuerdo donde los legisladores y las legisladoras para no solamente quedar esta Cámara de Diputados en buenas intenciones, aporten 3 días de nuestro sueldo para poder apoyar a las víctimas que están sufriendo las inclemencias de estos fenómenos meteorológicos.

Sería una manera de hacer a un lado el discurso y desde luego de poner en práctica nuestros mejores sentimientos. Confío en que la Junta de Coordinación Política en su momento pueda someter a la consideración de todos nosotros este punto de acuerdo.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta presidencia insiste en que si hay una propuesta adicional al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con este tema, se sirvan hacerlo llegar a la secretaría, por escrito.

Tiene el uso de la palabra la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Marisol Vargas Barcena: Con su venia señor presidente.

Apoyamos totalmente esta proposición con punto de acuerdo toda vez que en el estado de Hidalgo, también dado a los fenómenos meteorológicos que ya todos conocemos, se han visto afectados los municipios de Tulancingo ya que se ha desbordado el río que lleva el mismo nombre así como los municipios de Acatlan y Meztitlán.

En la madrugada de anoche se desbordó el río Venados, que es uno de los más grandes y en estos momentos, a causa de este fenómeno está obstruido ya el camino al municipio de Meztitlán.

Sabemos también que el Gobierno Federal ha estado muy pendiente de los estados y de los municipios que se encuentran en este momento en alerta roja e incluso ha tenido la capacidad de apoyar también a algunos países centroamericanos, como son nuestros hermanos guatemaltecos y nuestros hermanos salvadoreños.

Pido respetuosamente al Gobierno Federal considere al estado de Hidalgo, a través del FONDEN para mitigar estos daños y pido también a mis compañeras y compañeros diputados nos solidaricemos con el estado de Hidalgo, así como también con el estado de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Baja California y Tabasco.

Por su atención gracias. Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, hasta por cinco minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante diputado.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: En efecto, quienes han experimentado como en el caso personal, en un pasado remoto lo experimenté, la angustia, el abandono, la soledad ante la incertidumbre y la impotencia y por la fuerza del viento, el torrente de las aguas, los incesantes caudales que no se avizora en qué momento terminan, podríamos comprender lo que hoy en este mismo momento sufren ya cientos de miles de compatriotas que ya han perdido todo. Sólo les falta perder la vida.

Nunca como ahora el Ejército Mexicano podrá servir a la nación en tiempos de paz, desplegando para ello sus amplios y especializados recursos como lo está haciendo ahora, con disciplina, pundonor y espíritu de servicio para auxiliar a quienes no tienen sino la mano del soldado que incluso exponiéndose él mismo a los riesgos y a la propia pérdida de su vida se arriesga y logra salvar a pueblos enteros en condiciones de desastre y de desesperación extrema.

Por eso, evidentemente hoy el Plan DN-3 creado para este tipo de contingencias debe tener en la Cámara de Diputados su mejor respaldo. Los refuerzos que requiere el Ejército Nacional ahora que incluso debemos tener conciencia de que apenas se inicia la temporada más aguda de las depresiones atmosféricas que producen los ciclones, los huracanes y otra clase de fenómenos hidrológicos.

Por ello, evidentemente el Ejército Nacional tendrá que tomar las medidas conducentes porque los días, los meses y quizás las semanas serán largas y en muchos, en muchísimos lugares de la República mexicana, tan expuesta a estas contingencias.

Por ello nosotros también, en Convergencia, evidentemente nos sumamos al punto de acuerdo y a la iniciativa presentada aquí por el diputado Avila Camberos adicionalmente, para otorgar, para conceder una parte de tres días de nuestros haberes a fin de paliar, al menos en algo, las necesidades económicas que seguramente se están presentando a nuestros compatriotas en todos estos lugares afectados.

Y nos sumamos también a la iniciativa, aunque ya fue declarado estado de emergencia en algunos de los puntos aquí señalados, creo que como nunca el alerta, la alarma, la atención del Poder ejecutivo federal debe estar puesta sobre estos hechos y la de este Congreso, con la representación nacional, evidentemente sumada y aglutinada en una presencia nacional que merecen, que necesitan y que tienen derecho nuestros hermanos en condiciones fatales, en condiciones de esta incertidumbre y este pesar.

Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En virtud de la solicitud recibida en esta presidencia, tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Torres Hernández, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Torres Hernández: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros diputados: a nombre de la fracción parlamentaria de Veracruz, del Partido Revolucionario Institucional, me permito sumarme a este punto de acuerdo propuesto por las fracciones parlamentarias del PRI, de los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo y que la Junta de Coordinación Política ha hecho suyo, cosa que agradecemos entrañablemente a todas las fracciones parlamentarias en un tema afortunado que causa una sinergia solidaria que debemos de encauzar de la mejor manera.

La importancia de que los recursos federales sean oportunamente entregados, sin los lamentables e irresponsables retardos, es una de las condiciones que todos nosotros debemos de apoyar y de tratar de impulsar para que esta ayuda a nuestros compatriotas sea en el momento que realmente se requiere.

La propuesta de nuestra fracción es que se forme una comisión de diputados de los estados afectados para asistir, en presencia solidaria, al apoyo y la entrega de todos estos recursos que puedan ser obtenidos a través de la Cámara de Diputados a las regiones afectadas.

Es importante destacar la propuesta del compañero que propone tres días de salario y a esta propuesta también nosotros nos sumamos.

Es importante también destacar la participación del compañero veracruzano, el compañero Víctor Flores, quien a nombre de su gremio aportará una suma importante de apoyo directo a los damnificados.

La propuesta de nuestra fracción de apoyar en la reconsideración de los recursos que hoy están en discusión por los ajustes en el presupuesto de egresos del 2005 que pudieran generar un apoyo directo a los diputados, en ese acuerdo político que las fracciones hoy tienen.

Las contingencias climatológicas suscitadas en el país y en especial en nuestro estado de Veracruz han provocado catástrofes importantes por el huracán Stan, hasta ahora puedo hablar de mi estado, han sido cinco muertos, 120 mil damnificados, sumados al resto del país en 140 municipios.

Los daños aproximados son de alrededor de 800 millones de pesos y se afectaron 40 mil hectáreas de cultivos por el desbordamiento, como decía el compañero, también de 18 ríos, 9 arroyos y 12 lagunas.

Se encuentran en estado de alerta tres presas. Asimismo ha habido brotes ya de enfermedades como la gastroenteritis, micosis y respiratorias.

Nuestros paisanos ameritan urgentemente de nuestra acción; no nos veamos lentos, compañeros.

La ayuda y la instancia del gobierno federal, municipal y la sociedad en general, debe solidarizarse.

Es importante que estos programas se apliquen con la emergencia, la cabalidad, sin retardos y sin ningún índole político.

Los municipios más afectados en Veracruz son: Hueyapan de Ocampo, San Juan Evangelista, Xacaltianguis Cosamaloapan, Villa Azueta, Santiago Tuxtla, Catemaco, San Andrés Tuxtla y Acayucan, Gutiérrez Zamora, Boca del Río, Veracruz-Puerto, San Pedro Xotiapan y Ursulo Galván.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame la Secretaría.

Esta Presidencia ha recibido tres propuestas adicionales de los diversos oradores que modifican el punto de acuerdo.

Le ruego a la Secretaría dé cuenta con estas adiciones para someterlo a consideración de la Asamblea.

En virtud de las propuestas coincidentes pero múltiples que se han hecho por los oradores en relación con este asunto tan importante y en virtud de las afectaciones, y para darle mayor eficacia al punto de acuerdo, instruyo que las propuestas adicionales que se han hecho se le remitan a la Junta de Coordinación para que integre las mismas y en su caso nos pueda hacer una propuesta conjunta que unifique los criterios, los puntos de vista, las preocupaciones de todos los oradores. Y que esta propuesta, ésta nueva propuesta de punto de acuerdo nos la haga llegar en esta misma sesión para someterlo a consideración; esto por economía procesal y a fin de unificar los planteamientos de los oradores con el punto de acuerdo que originalmente nos envió la Junta de Coordinación Política.

Pregunte la Secretaría si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.

Votación

Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Un momento, señor Secretario.

Diputado Wintilo Vega, ¿con qué objeto?

El diputado Wintilo Vega Murillo (desde la curul): Señor Presidente, en el caso de la propuesta del diputado Pano Becerra, nosotros estaríamos retirándola, porque ya existe dentro de la Comisión de Gobernación, comisión ordinaria, una Subcomisión que se encarga de darle seguimiento a los recursos del FONDEN, entonces sería la encargada responsable de darle seguimiento a la aplicación de los recursos.

Entonces, sería nada más retirarla.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En virtud de que se ha retirado la propuesta que en su planteamiento hizo el diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, solicito a la Secretaría continúe con el proceso de votación en relación con estos puntos, en términos económicos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a consideración de la asamblea si es de aceptarse la propuesta del diputado Francisco Juan Ávila Camberos, por lo que se pregunta a las diputados y a los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.

Votación

Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los agregados que se hacen al punto de acuerdo.

En consecuencia, esta Presidencia reitera su determinación de que se regresen a la Junta de Coordinación Política, para que durante esta sesión nos haga llegar un nuevo texto integrando los agregados al punto de acuerdo y finalmente se someta a votación, y como lo ha solicitado el diputado Wintilo Vega en su momento, ésta sea de carácter nominal.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se exhorta al Ejecutivo Federal a liberar los recursos del PEF/05, asignados al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado y comuníquese.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2006 se consideren los recursos necesarios para incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferrocarriles Jubilados 5012-6 de Nacional Financiera.

En votación económica ...

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame Secretaria.

Esta Presidencia tiene registrado para hablar sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, al diputado Francisco Grajales palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Grajales Palacios, de la fracción parlamentaria ya señalada, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Grajales Palacios: Con su venia, diputado Presidente.

En mi carácter de funcionario del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y como diputado federal, es de gran interés que se consideren los recursos necesarios para incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronales JUB 5012-6 de Nacional Financiera.

Asimismo, me permito manifestarles que en el VI Informe semestral de Avances y estado que guarda el proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al período del 1º de Abril al 30 de Septiembre del 2004, se menciona en la página 26 la existencia de un patrimonio de 13 mil 120 millones de pesos con que cuenta el Fideicomiso y una plantilla de 48 mil 752 jubilados: de esto, existe una erogación por pago de jubilaciones de dicho semestre, de mil 240 millones de pesos y una disminución de 653 millones de pesos del patrimonio fideicomitidos.

En el estudio actuarial realizado por AU Consulting, S. A. de C. V realizado el 31 de Diciembre de 1999, se establece que las reservas se calcularon para 35 años; sin embargo, el solo gasto de la Nómina de Jubilaciones y la disminución del Patrimonio , afectó fuertemente al Fideicomiso dando como resultado que los rendimientos pagados por la Tesorería de la Federación sean insuficientes y se esté tomando parte del capital para cumplir con las obligaciones señaladas en el contrato del Fideicomiso, aclarando que este Fideicomiso lo administra un Consejo de Administración que preside Nacional Financiera, repito nuevamente, que la única función de nuestro Sindicato y de este Fideicomiso, es la de vigilar su buena operación.

Por ello, ante esta importante disminución de dicho patrimonio, es de nuestro interés dar certidumbre en la relación a la capacidad de los fondos de dicho Fideicomiso para pagar las pensiones de los jubilados.

Por tal motivo, se le plantea al Gobierno Federal que se vayan aportando los recursos complementarios a que alude el Artículo 4º del Decreto de Extinción de Ferronales, el cual a la letra dice: "que los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México generados conforme al Contrasto Colectivo de Trabajo aplicables y a la Ley, serán respetados en toda época. El Gobierno Federal, garantizará suplementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México., en el caso de que el Fondo de Jubilaciones sea insuficiente."

Esta petición, nace por la preocupación de un importante número de trabajadores jubilados que han externado su preocupación por la situación financiera que guarda el Fondo de Jubilaciones y el Fideicomiso 5012-6 Ferronales JUB.

Debo destacar la importancia que tiene el intervenir oportunamente para atender esta petición, por la obligación complementaria que tiene el Gobierno Federal de garantizar el pago de pensiones si el Fondo de Jubilaciones resulta insuficiente.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Diputados, los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, solicitan su apoyo para esta proposición.

Muchas gracias (aplausos).

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En virtud de que no hay oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. (Aplausos)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

Votación

Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado y comuníquese. (Aplausos)

Esta presidencia quiere dar la cordial bienvenida al Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas invitados del diputado Javier Carrillo Soberón.

Sean bienvenidos.

También damos la más cordial bienvenida a los trabajadores jubilados pensionados de Ferrocarriles Nacionales, invitados del diputado Víctor Flores.

Sean bienvenidos.

Esta presidencia también se complace en felicitar y reconocer la presencia de los estudiantes del Cebetis No. 3 de Tlaxcala, invitados de la diputada Minerva Hernández.

Sean bienvenidos jóvenes estudiantes.

Y de igual manera, saluda la presencia en esta Cámara de los alumnos del quinto semestre de preparatoria del Congreso Francisco de Huamantla también de Tlaxcala, invitados de la diputada Martha Palafox.

Todos sean bienvenidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Secretaría de Gobernación:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Oficio con el que remite contestación a un Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que solicita una investigación sobre la discriminación racial que sufren los indígenas del Estado de Hidalgo, por parte de las autoridades municipales de Guadalajara, Jal., debido a la utilización del Parque Rubén Darío.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Del Gobierno del Distrito Federal.

Oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que remite informe relativo a la Evolución de los Ingresos y Egresos del Endeudamiento Neto del mes de agosto de 2005, de conformidad con lo que establece el Artículo 3º. Numeral 6 de la Ley de Ingresos de la Federación, y con fundamento en los Artículos 22, 23, Numeral 1, incisos f) y l) de la Ley Orgánica del Congreso General. 67 fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VIII, y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que informa la ratificación del nombramiento del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: De enterado, remítase copia a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen recursos para cumplimentar lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley General de Educación.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

De la Secretaría de Gobernación, para que el C. José Huitrón Leyva pueda prestar servicios en la Embajada e Irlanda, en México.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

De la Secretaría de Gobernación, permiso necesario para que la ciudadana Mariana Velázquez de la Madrid preste servicios en el Consulado de Canadá, en Cancún y que ha dejado de prestar servicios la ciudadana Adriana Vega Cerecedo, en la Embajada de Canadá, en México.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: La solicitud de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Oficio con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

De la Cámara de Senadores, acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen recursos suficientes para el buen funcionamiento y los programas relativos al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

De la Cámara de Senadores, solicitud para que se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

De la Cámara de Senadores, solicitud del senador Fernando Gómez Esparza, a nombre de la Comisión de Fomento Económico.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales :

De la Cámara de Senadores, iniciativa que adiciona el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Fauzi Hamdan Amad y Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, del PAN.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

De la Cámara de Senadores, minuta proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 Bis, 268 Bis-1, al Capítulo VIII del Título Décimo y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que deroga la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres:

Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El siguiente punto del orden del día es discusión del dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se le dispensa la lectura.

Está a discusión en lo general.

No habiendo oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico, por diez minutos para proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

Votación

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, se emitieron 360 votos en pro, cero en contra y una abstención.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia recibió del diputado Tomás Trueba Gracián, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se recibió del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Elpidio Concha Arellano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Elpidio Concha Arellano: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.

El diputado Elpidio Concha Arellano: Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante el pleno de esta soberanía legislativa, con el objeto de presentar esta iniciativa que modifica el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. Uno de los postulados constitucionales que identifican nuestro sistema democrático, es el precepto referente a la ciudadanía y sus prerrogativas, es el ejercicio de los derechos que conlleva a la ciudadanía, constituye parte de la esencia del poder del Estado Mexicano, ya que el ostentar dicha categoría jurídica, permite a los titulares participar en los asuntos públicos del país, básicamente en el proceso democrático de designación de autoridades y representantes populares.

En esta prerrogativa de la ciudadanía, no sólo cuentan los aspectos normativos o estatutarios para la designación de candidatos, los cuales, pudieran establecerse dentro de la propia Constitución, del Código Electoral, de las sentencias del Tribunal Electoral o de los lineamientos establecidos en los estatutos de los propios partidos políticos. Para ellas, se valoran también criterios de otra índole, aspectos que se convierten en apreciaciones meramente políticas y hasta cierto punto de oportunismo electoral.

Segundo. El proceso de selección y designación de candidatos es fundamental para las instituciones políticas, como para la vida democrática de nuestro país. De ahí que los mecanismos bajo los cuales los candidatos son designados, sean uno de los momentos más relevantes en cualquier organización política partidaria.

Debe subrayarse que la selección de candidaturas es relevante, porque al mismo tiempo que muestra el perfil de ciudadano que es designado como candidato, permite identificar una serie de principios que delinearon la esencia de los propios partidos políticos, pero al mismo tiempo, dicho proceso puede representar el factor que lesione de manera definitiva a la cohesión orgánica e ideológica de un partido, al alejarse de las manos de las dirigencias la designación de los candidatos.

Lo anterior, ha propiciado en la práctica, cada vez más preocupante, de no asumir estrictamente los lineamientos internos de los partidos políticos en lo referente al compromiso ideológico, a la militancia previa y a la congruencia programática que deben mostrar cada uno de los candidatos postulados por un partido a un cargo electivo.

Tercero. Complementando lo anterior, es de tenerse en cuenta que la normatividad electoral señala de manera expresa la obligación de los partidos políticos de establecer en sus documentos básicos, las normas para la postulación democrática de sus candidatos.

En este contexto, el sistema electoral señala, entre otras obligaciones, la responsabilidad compartida, tanto para partidos, como para candidatos, de sostener determinada plataforma electoral, misma que será enarbolada durante la campaña

por los candidatos y constituirá la base que permita diferenciar una propuesta partidaria de otra.

Por ello, si un candidato no asume los postulados contenidos en la plataforma electora del partido que lo postula y del cual se supone que es nominalmente integrante, difícilmente existirá la posibilidad de ese candidato en caso de ser electo, considere como uno de sus compromisos válidos, el asumir como propia la propuesta legislativa emanada de un partido al que sólo le une una relación circunstancial o de conveniencia.

Cuarto. Una de las motivaciones que sustentan la presente iniciativa, es acerca de las afectaciones que el sistema electoral y en las propias instituciones democráticas de nuestro país pueden generar la creciente irrupción de candidaturas desligadas de los aparatos partidarios que no son asumidas por éstos a través de las candidaturas ciudadanas o candidaturas externas, trastocando el espíritu del artículo 41 de la Constitución General, en lo referente a que los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida democrática nacional y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Es de tenerse en cuenta que los candidatos externos representan casi siempre sólo intereses personales dándose penosos casos en los candidatos.

Quinto. Debe recordarse que dentro de nuestro sistema electoral no se encuentra regulada la posibilidad de que los ciudadanos puedan postularse como candidatos a una elección de puestos públicos.

Ejemplo de esto y rescatando el espíritu de nuestra Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechó por improcedente un juicio de amparo interpuesto hace algunos meses sobre el tema de las candidaturas ciudadanas o independientes, en donde el poder Judicial rechaza la eventualidad señalada.

En esta iniciativa se propone definir de manera expresa los requisitos que deben ser satisfechos por los partidos políticos dentro del procedimiento de registro de ciudadanos como candidatos a cargos de elección popular al Congreso de la Unión. Se trata de que los candidatos, cuyo registro se solicite al órgano electoral, sean ciudadanos que tengan una identidad directa y una clara vinculación respecto al partido político que los postula y así generar las condiciones que permitan establecer acuerdos parlamentarios serios en las materias que constituye la agenda legislativa de cada uno de los partidos.

En consecuencia y con fundamento en las facultades que nos confiere a los legisladores la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto:

Artículo único. Se adiciona el numeral al artículo 75 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el texto del mismo quede en los siguientes términos:

Artículo 175, numeral uno al cuatro.

Quinto."...los candidatos a diputados y senadores a elegirse por los distintos principios para ser registrados ante el órgano electoral, deberán acreditar una militancia en el partido que los postula de cuando menos un año previo a la fecha del registro que corresponda. Los candidatos deberán asumir la plataforma electoral que registre el partido político que los postula".

Transitorio Unico. El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra al diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los incisos c) y d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante.

El diputado José Antonio Cabello Gil: Compañeras y compañeros diputados:

El veto es la facultad que tienen algunos Jefes de Estado para observar un decreto que el Congreso envía para su promulgación. Es éste un acto en el que el Ejecutivo participa de la función legislativa y que constituye parte fundamental del sistema de contrapesos entre poderes que debe existir en cualquier régimen que se precie de democrático y republicano.

El veto persigue dos finalidades principalmente:

Primero. Corresponsabilizar al Ejecutivo en la creación de la ley y segundo proteger al Ejecutivo frente a actos del Legislativo, rasgo principalmente característico en los países de régimen presidencial y semipresidencial.

Existe también el llamado "veto de bolsillo", el cual se da cuando la Constitución no obliga al Ejecutivo a promulgar o a observar en un plazo determinado el dictamen aprobado en la Asamblea.

Esto significa que el presidente en turno puede de facto "congelar" como se dice en el argot parlamentario, cualquier dictamen aprobado por el Congreso vulnerando de esta manera tanto su soberanía como su facultad legislativa.

Con las transformaciones políticas que hemos vivido en México y con la realidad cada vez más frecuente de gobiernos divididos se hace necesario reducir los vacíos en nuestro marco legal, para evitar que ya sea por actos u omisiones, los poderes de la República se confronten, se hagan frecuentes las controversias entre los mismos, acabando por judicializar nuestra vida institucional.

Las normas que regulan el veto presidencial en nuestro régimen legal contienen lagunas e imprecisiones jurídicas que hasta hace pocos años no representaban riesgo alguno.

El dominio histórico de un partido mayoritario y el control del presidente sobre el proceso legislativo evitaban que esas lagunas jurídicas se tradujeran en conflictos políticos.

Con un paisaje partidista monocromático; con un partido disciplina y sujeto a la voluntad presidencial, el veto era una figura prácticamente innecesaria. Sin embargo, la democracia que los mexicanos hemos ido conquistando, la nueva pluralidad del Congreso y la nueva experiencia de gobiernos divididos, han dado lugar a situaciones en la cuales el presidente disiente del Congreso sin que haya suficiente claridad sobre sus facultades, para vetar dictámenes aprobados por el Legislativo.

En esta materia del veto se han presentado diversas iniciativas tanto de legisladores de diversos grupos parlamentarios como del propio Ejecutivo Federal. La que ahora presentamos propone a través de la reforma al artículo 72 constitucional, facultar al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras o a la Comisión Permanente, para que puedan publicar las leyes o decretos que hubieren aprobado, cuando el Ejecutivo no los observe ni publique 10 días después de serle remitidas para su publicación.

Por lo antes fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los incisos c) y d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos en los que aparece en e cuerpo de la iniciativa.

Solicito a la presidencia se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto diputado presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Así se hará.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadano presidente.

Ciudadanas y ciudadanos legisladores:

La educación en México requiere cambios. Cambios a los contenidos, a la estructura del sistema, desde luego al financiamiento que es insuficiente.

Pero es necesario también y ello abarca todos los temas mencionados, hacer reformas legales que permitan un avance educativo mayor.

El artículo 3o. aprobado por el Constituyente de 1917 y las normas que rigen la educación en nuestro país, han experimentado numerosos cambios. En 1921 fue reformado el artículo 73 constitucional para que el Congreso pudiera distribuir la función educativa entre la Federación, estados y municipios, así como para establecer y organizar en toda la República escuelas de distinto tipo.

Esto fue muy importante pues permitió iniciar la construcción del vasto sistema educativo de que hoy disponemos.

En ese mismo año, se aprobó una Ley de Educación preparada por José Vasconcelos que establecía la dirección educativa a través de una red de consejos en que estaban representados los estados, los municipios y los centros educativos.

Este ordenamiento no fue aplicado pues se impuso una inercia centralizadora que depositó en el Poder Ejecutivo Federal las decisiones en esta y en otras materias.

Es sin embargo y por eso aquí lo cito, un valioso antecedente que da raíz y razón a la propuesta que hoy presentamos.

En 1934 se reformó el artículo tercero nuevamente, otorgándose al Estado la facultad de establecer los planes y programas de enseñanza y se instauró la educación socialista de contenido democrático y nacional manteniendo su carácter laico y gratuito.

Señalo de manera especial que aquí se incluyó ya la facultad del Estado para establecer planes y programas.

En 1946, una nueva reforma enfatizó el carácter democrático de la educación y proclamó la formación armónica e integral del ser humano.

La Ley federal de educación, aprobada en 1973 fue más allá y reforzó la participación del Poder Ejecutivo Federal, ya no del Estado en general, en la determinación de los planes y programas de estudio y de observancia en toda la República.

Estoy dando cuenta de este proceso de centralización de decisiones en materia de contenidos educativos a lo largo de la legislación vigente y sus antecedentes.

En 1992 la reforma impuesta por el gobierno Salinas, además de restringir indebidamente la gratuidad de la educación, estableció que la facultad de determinar los planes y programas fuera exclusiva de la Federación.

Y si bien el texto agrega que será considerada la opinión de las entidades federativas y la sociedad y así lo consigna la Ley General de Educación, esto –lo sabemos todos- no se cumple, no hay esa consulta, no hay esa consideración para las comunidades educativas ni para la sociedad en general.

Hoy, ciudadanas y ciudadanos legisladores, nuestro país vive la contradicción entre una sociedad crítica y con creciente capacidad de propuesta, y una política cada vez más autoritaria y centralizada en muchos aspectos que excluye opiniones valiosas e informadas y lleva a imposiciones injustas y finalmente ineficaces.

En educación, los ejemplos son numerosos. De manera endémica se comprueba el fracaso de reformas y aún de revoluciones educativas que no correspondieron con las necesidades del país.

Ejemplo vivo y reciente es el empeño del gobierno Fox por imponer una llamada Reforma integral de la educación secundaria, que desdeña las experiencias valiosas obtenidas por las comunidades escolares y, de aplicarse, en vez de fortalecer este ciclo lo empobrecería.

Este caso que hoy cito y mucho otros indican que ha llegado el momento de modificar la norma constitucional para garantizar formas de mayor participación de la sociedad en la determinación de los asuntos educativos.

Debo mencionar que el artículo tercero urge. En el artículo tercero urgen reformas diversas, dijéramos una amplia reforma.

Cito brevemente algunos temas: asegurar la gratuidad de toda la educación que el Estado imparte; ampliar la educación obligatoria; agregar a su ideario temas fundamentales como los derechos humanos, la equidad de género, la educación plurilingüe y multicultural y otros temas más.

Hoy, sin embargo, para empezar esta transformación presentamos un proyecto de reforma a la fracción III del artículo 3 constitucional, a fin de crear un nuevo órgano de Estado que permita asignar la función de orientar la educación básica y determinar sus planes y programas de estudio, llevar a cabo la evaluación del sistema educativo nacional y la de convocar periódicamente a congresos pedagógicos nacionales, indispensables para cumplir adecuadamente con las tareas arriba señaladas.

Todo lo que menciono es urgente. Uno de los temas recientes es el de la evaluación, que está en permanente debate. No debemos escindir programación y planeación educativa, de evaluación, como actualmente está certificado por los órganos correspondientes.

Necesitamos unir estas dos partes del proceso educativo, lo cual se logra con la propuesta que hacemos.

Con base, pues, en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución y los correlativos de las normas del Congreso de la Unión, me permito presentar esta iniciativa en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pidiendo a la vez que quede constancia tal como se hace en esta lectura.

Artículo 1. Se reforma la fracción III del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

III. La orientación y consulta general de la educación estará a cargo del Consejo Nacional de Educación, organismo público autónomo que será independiente en sus decisiones y profesional en sus funciones.

El Consejo Nacional de Educación tendrá como objetivos: a) determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal a fin de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II de este artículo.

b) Definir y llevar a cabo las funciones de evaluación del sistema educativo nacional, y

c) Convocar a congresos pedagógicos periódicamente, congresos nacionales.

El Consejo Nacional de Educación estará integrado por ciudadanos cuya trayectoria profesional se encuentre vinculada a la educación. Serán elegidos por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios. Durarán 7 años en su encargo y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del Consejo y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerables.

Pido a la secretaría que inserte íntegra la propuesta a que parcialmente he dado lectura y hago un llamado a esta Cámara de Diputados para que reiniciemos el debate educativo en su mayor y mejor proyección. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta presidencia recibió del diputado Maximino Fernández Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 23, 98, 108, 129 y 149 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.

El diputado Javier Galván Guerrero: Con su permiso, diputado Presidente.

El suscrito diputado Javier Galván Guerrero, integrante de esta Legislatura y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución, en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de los artículos 23, 33, 88 y se adiciona un artículo 51 bis de la Ley Agraria, solicitando se turne a la Comisión de la Reforma Agraria, bajo las siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la promulgación de la Ley Agraria de 1992, se agudizó el problema de la enajenación de las tierras ejidales al prever la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno de sus unidades de dotación con fines productivos y agrícolas.

Asimismo se realizaron cambios indiscriminados en el uso del suelo, cambiando drásticamente la finalidad por la cual se dio todo este proceso de otorgamiento del dominio pleno de las tierras, en razón de que la Ley no señala sanciones verdaderamente enérgicas para aquellos productores que cambien el uso o destino de las áreas productivas.

Los cambios en el uso del suelo, y destino de las áreas productivas, aunado a otros factores, han repercutido gravemente en la producción agropecuaria y ha dado pie a que no existan condiciones para dar respuesta a la demanda de consumo nacional, aumentando de manera considerable las importaciones de productos agrícolas básicos y estratégicos, así como de productos cárnicos, poniendo n riego la soberanía alimentaria del país.

Los indicadores estadísticos de la última década reflejan una importante baja en la producción agrícola a nivel nacional, lo que nos da una ida de la insuficiencia para atender la demanda del país en este sentido.

El fracaso de la política sectorial, desde el punto de vista económico, es más notorio en el hecho de que se haya perdido competitividad con los mercados externos, como es el caso con la relación que se tiene con los países del TLC. Esto también contribuyó en gran medida para que se dieran las condiciones de la grave baja en la producción agropecuaria que existe en nuestro país, lo que se ha traducido en incremento de importaciones de productos básicos y estratégicos y por ende, en un peligro real de perder la soberanía alimentaria. Esto lleva a la población rural, campesinos, ejidatarios y comuneros, principalmente, a condiciones de extrema pobreza.

Lo anterior ha ocasionado que tierras con vocación productiva se orienten a actividades como la turística e industrial, que si bien son generadoras de empleos e ingresos, impactan gravemente a la producción agropecuaria y a otros destinos como es el uso habitacional que en muchos casos dado el aumento demográfico de los núcleos de población, es necesario, entre otros, porque se especula con ellos para su venta en mejores condiciones de precio, sin apegarse a la normatividad en la materia; en el peor de los casos, a que los productores dejan de trabajarlas por diversas razones, principalmente.

Otro gran problema son las importaciones, con sus más atractivos y subsidiados costos de producción, pero uno de los más importantes, la grave problemática e incertidumbre que existe en torno a la tenencia de la tierra, la que aumenta en razón de las resoluciones del Poder Judicial que en su mayor parte, más que buscar soluciones y coincidencias basadas en la equidad, la justicia y la realidad que vive nuestro país en materia agraria, se obtienen grandes divergencias que muy pronto se transforman en focos rojos y de alto riesgo.

Hemos puesto nuestra atención económica, principalmente en otros sectores: El comercio, la industria, los hidrocarburos, la construcción y el turismo, entre otros, olvidándonos de la más importante de las industrias, que es la industria alimentaria.

Del total de la superficie de la República Mexicana, el 11 % se destina a la agricultura, el 57, son de agostadero y no cultivables, el 26 de bosques y el 6 restante a otros usos.

De ese 11 % de la superficie agrícola productiva de nuestro país, sólo 19.1 millones de hectáreas son cosechadas, 14.2 millones de hectáreas son de temporal y 4.9 millones cuentan con riego.

"Por estas razones proponemos, con el fin de preservar nuestras tierras de cultivo de vocación agropecuaria y productiva y con el único fin de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria de nuestro país que las tierras ejidales sólo podrán cambiar el uso y destino del suelo, previa anuencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual deberá contener un análisis de impacto agrícola de la región y éste deberá pronunciarse a favor o en contra según el nivel de afectación.

"La Secretaría de la Reforma Agraria deberá solicitar un dictamen a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, de medio ambiente y recursos naturales, en lo que toca a impactos ambientales y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo referente a la producción agropecuaria.

"Estos dictámenes o evaluaciones se elaborarán con base a la región en que se encuentre localizado el ejido donde se solicita el cambio de uso de suelo. Si dicho daño arroja algún daño a la productividad agrícola el cambio de uso de suelo deberá ser negado.

"Por razones obvias de preservación queda prohibida la urbanización, venta y comercialización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas de producción agropecuaria, forestal, acuícola y en espacios naturales protegidos, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva.

"En razón de lo anterior se proponen las siguientes reformas con el fin de que los cambios de uso y destino de suelo con vocación productiva sean reguladas a través de la Ley Agraria y de acuerdo a la normatividad vigente y al destino que se pretenda.

"Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 23, 33, 88 y se adiciona un artículo 51 Bis de la Ley Agraria.

"Artículo Único.- Se reforma el artículo 23, se adiciona la fracción XV del artículo 23 y se recorre en su orden la actual fracción XV para quedar como XVI del propio artículo 23.

"Se adicionan las fracciones V y VI del artículo 33 y se recorren en su orden la actual fracción V para quedar como VII del propio artículo 33.

"Se adiciona un artículo 51 Bis y reforma el artículo 88. Todo de la Ley Agraria para quedar sigue:

"Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses y a solicitud del 20 por ciento del total de ejidatarios que conformen la asamblea para tratar asuntos que por su importancia lo amerite o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o costumbre. Será de la competencia exclusiva de las asambleas los siguientes puntos:

"Fracciones I a la XVI quedando como están.

"Fracción XV. Autorizar al comisariado ejidal gestione los cambios de usos de suelo solicitado por los ejidatarios y comuneros ante la Secretaría de la Reforma Agraria.

"Fracción XVI. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

"Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

"Fracciones de la I a la VI quedan como están.

"Fracción V. Dar cuenta a la Secretaría de la Reforma Agraria de todos aquellos asuntos que impliquen un cambio o modificación de los usos de suelo, tenencia de la tierra y derechos ejidales o comunales para que otorguen su anuencia por escrito de acuerdo al artículo 51 Bis o en su caso realice las acciones a que dé lugar.

"Fracción VI. Dar conocimiento al Registro Agrario Nacional de los cambios de uso de suelo.

"Fracción VII. Las demás que señala la ley.

"Artículo 51 Bis. Las tierras ejidales sólo podrán cambiar el uso y destino del suelo previa anuencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, dicha anuencia deberá contener un análisis de impacto agrícola de la región y éste deberá pronunciarse a favor o en contra según el nivel de afectación. La Secretaría de la Reforma Agraria deberá solicitar un dictamen a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, de medio ambiente y recursos naturales en lo que toca a impactos ambientales, y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo referente a la producción agropecuaria.

"Artículo 88. Queda prohibida la urbanización, venta y comercialización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas de producción agropecuaria, forestal, acuícola y en espacios naturales protegidos, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población cuando se contraponga a l o previsto en la declaratoria respectiva.

"Transitorios"

"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Segundo.- Al entrar en vigor el presente decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones legales aplicables en la materia".

Muchas gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.

Tiene la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo.

El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su venia, ciudadano Presidente.

"Compañeras y compañeros diputados:

El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura de este Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

"Exposición de Motivos

"La seguridad pública constituye una condición esencial de todo estado democrático de derecho, que debe ser entendida como la condición de libertad de los gobiernos para ejercer sus derechos, libertades y deberes, sin sentirse víctimas de amenazas, delitos e infracciones y gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad en todo sentido.

"En tal virtud, cabe señalar que desafortunadamente en nuestro país el tema de seguridad pública constituye el reclamo más fuerte de la sociedad, al grado tal que éste se ha convertido ya en una constante.

"En efecto, la sensación de inseguridad y miedo al crimen, acuñada durante varias décadas de políticas criminales desafortunadas en la materia, ha conducido a la pérdida de credibilidad ciudadana hacia las instituciones responsables de procurar la seguridad pública, llegándose al extremo de considerar que la delincuencia organizada ha rebasado las capacidades de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, situadas éstas en distintos ámbitos de competencia.

"Al respecto, estamos conscientes que la sociedad anhela condiciones de seguridad pública y de justicia, siendo consecuencia estas obligaciones una de las responsabilidades fundamentales del Estado en sus diversos ámbitos de competencia. Esto ya que debemos reconocer que la seguridad constituye una responsabilidad compartida entre la Federación, los estados y los municipios.

"En este sentido, se ha planteado cada vez con mayor fuerza, incluso por los organismos no gubernamentales enfocados en el tema de la seguridad pública en el país, el perfeccionamiento de las instituciones legales jurídicas, utilizadas precautoriamente por los órganos de procuración de justicia en la investigación de los delitos, en la lucha contra el crimen organizado, de manera tal que se subsanen todas las lagunas y resquicios jurídicos que en determinado momento constituyen una limitante al actor de las procuradurías y propician la impunidad de la delincuencia organizada.

"Al respecto vemos con preocupación que hace unos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha decretado la inconstitucionalidad de la figura del arraigo, esto pro ser una medida precautoria que si bien se encuentra establecida a nivel legal, carece de un debido sustenta constitucional.

"En ese sentido, esta determinación de la Corte podrá abrir la posibilidad de que toda persona sobre la cual recaiga dicha medida precautoria, pueda recurrirla y, en su caso, lograr que se deje sin efectos, situación que en determinado momento puede venir a entorpecer la acción de las procuradurías respecto al aseguramiento de la disponibilidad ante la autoridad ministerial de determinados sujetos en contra de quienes se prepara el ejercicio de la acción penal y se corre el riesgo fundado de que puedan evadir la acción de la justicia.

"Asimismo, cabe precisar que en ningún caso dicha medida precautoria implica decisiones en cuanto al fondo, toda vez que no se resuelve la controversia principal, sólo se trata de una medida procesal de carácter precautorio. Más aún, cabría señalar que la figura precautoria del arraigo actualmente encuentra su fundamento legal en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

"En efecto, el artículo 133-Bis del Enjuiciamiento Penal Federal, contempla la posibilidad de que la autoridad judicial pueda, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación lográfica sin su autorización, esto a las personas en contra de quién se prepara el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia.

De lo anterior se colige, que dentro de la etapa de Averiguación Previa tanto el propio Enjuiciamiento Penal Federal como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a través de la figura del Arraigo, prevén la posibilidad de adoptar ciertas medidas denominadas Precautorias o Cautelares, cuyo propósito es asegurar el objeto del proceso mismo consistente en la debida integración de la averiguación previa y la buena marcha de la causa penal.

De lo anterior podemos decir, que la aplicación de esta medida, requiere forzosamente debido sustento Constitucional ya que al constituir la implementación de esta medida un acto de molestia para el gobernado, esta debe estar exceptuada en la Ley fundamental, como una excepción a la libertad de tránsito y libertad personal del individuo.

Similar situación ocurre en los casos de las intervenciones telefónicas, las órdenes de cateos e incluso en la detención, en flagrancia, figuras jurídicas que también constituyen una excepción a las garantías del gobernado y que actualmente presentan debido sustento Constitucional al estar establecidas y reguladas de manera expresa en la propia Constitución.

Por ello y en mi calidad de Legislador del Partido Acción Nacional, consciente en la necesidad de perfeccionar y otorgar debida certeza Constitucional a marco jurídico existente en materia de procuración de justicia, concretamente en el rubro relativo a la aplicación de medidas cautelares como lo es el arraigo, propongo a través de la presente Iniciativa, darle debido sustento constitucional a esta medida.

Para tal efecto, se propone establecer en el Artículo 16 Constitucional, la posibilidad de que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, pueda decretar la medida cautelar de Arraigo, en contra de la persona de quien se prepara el juicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, precisando de igual forma, que dicha medida cautelar sólo se aplicará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales, pudiéndose ampliar otro plazo igual, en el caso de la delincuencia organizada.

En síntesis, se requiere de un marco jurídico acorde a las necesidades que en materia de seguridad social, demanda, sustentando los compromisos de fortalecer la procuración de justicia pero cuidando en todo momento, el respeto a la garantía de seguridad jurídica y legalidad, de que goza todo individuo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los Legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de seguridad pública y justicia, presentamos con todo respeto, a consideración de este honorable Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Arraigo, para quedar como sigue:

UNICO.- Se adiciona un párrafo 8º. Y párrafo 9º al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en consecuencia, los actuales párrafos 8., 9º, 10º, 11º , 12º y 13º, para quedar como 10º, 11º.,12º, 13º, 14º y 15º respectivamente, para quedar como sigue:.

Exclusivamente a autoridad judicial, a petición del Ministerio Público podrá decretar como medida cautelar el arraigo de una persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia correspondiendo al Ministerio Público y a sus Auxiliares , vigilar que el Mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

Dicha medida cautelar, sólo se aplicará en caso de delitos graves, así calificados por la ley y se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como delincuencia organizada.

Esta medida se ajustará a los requisitos y límites previstos en las leyes correspondientes.

TRANSITORIOS:

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación..

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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de Octubre del año 2005.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a la Facultad de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. (aplausos) invitada del Diputado Omar Bazán Flores.

Tiene la palabra el diputado Iván García Solís del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Valentín Campa Salazar.

El diputado Iván García Solís: Gracias presidente. Ciudadanas, Ciudadanos Legisladores.

Valentín Campa es una figura señera en la historia nacional, nacido hace poco más de cien años recorre setenta años de la vida de este país, luchando siempre por las causas de la justicia, por las causas de los obreros, de los campesinos y también por la causa de la democracia, y esto lo subrayo.

Valentín Campa a sus veinte años era ya dirigente sindical en Ciudad Victoria, a los veintitrés era ya un destacado dirigente de la Federación Obrero de Nuevo León y a los veinticinco fundó la Confederación Sindical Unitaria de México. ¡Cuánto tiempo ha pasado!, ¡cuánta agua ha corrido bajo los puentes!, ¡cuántas luchas hemos conocido y hemos protagonizado muchos y el ejemplo de Valentín Campa Salazar, es un ejemplo vivo!

Valentín Campe fue también un militante político, él se unió a la lucha muy entusiasta, a la lucha combativa, a la lucha de entrega total y absoluta de muchos, muchos mexicanos y mexicanas, que abordaron la causa del comunismo.

Valentín Campa tenía una participación activa en el Comité de Defensa Proletaria y también contribuyó de manera decisiva a la creación de la Confederación de Trabajadores de México, mucho le debe pues a Valentín Campa el movimiento obrero.

Valentín Campa jugó un papel muy importante en la lucha por defender y consolidar los avances, las reformas promovidas por Lázaro Cárdenas. En el diferendo que llegó a sus extremos, entre este mexicano ilustre Cárdenas y Calles, Valentín Campa jugó un papel importante, logrando, contribuyendo a que el movimiento obrero se uniera a causas que significaron construir bases importantes para el Estado nacional mexicano.

Más adelante, Campa enfrentó la concentración del poder, el autoritarismo y la antidemocracia. En 1949 fue encarcelado por oponerse a la imposición desde el gobierno de la dirigencia del Sindicato Ferrocarrilero, es decir, Campa está en los orígenes de la lucha contra lo que hoy se conoce como el charrismo sindical, puesto que aquel dirigente dio su nombre, llamado el Charro, que era un dirigente ferrocarrilero, dió su nombre a esta especie –los charros se han quejado de ello- de dirigentes ilegítimos que no corresponden con la voluntad de sus agremiados.

Más adelante, en el 58, 59 junto con Demetrio Vallejo, que también fue diputado federal, lucha en este movimiento y es detenido, padeciendo una de las prisiones más largas, una de las prisiones políticas más largas que se ha llevado en este país, estuvo encarcelado durante once años, hasta julio de 1970. Hay que decir que dos años antes, el movimiento estudiantil del 68, al que aquí conmemoramos hace unos días, llevó como una de sus banderas la libertad de los presos políticos, Campa era uno de esos presos políticos.

Hay que decir también que Valentín Campa jugó un papel político muy importante en la esfera partidaria, en la esfera partidista. El empezó a acercarse a las posiciones que daban nuevo aliento, nueva vida, nuevos horizontes a la militancia de izquierda. El, por ejemplo, se opuso a medidas autoritarias, medidas injustas y siempre defendió las mejores causas, no solamente del pueblo sino de la democracia.

Campa jugó un papel muy importante en esa lucha que se dio en los años previos al 79, cuando se consolidó la reforma política más importante o una de las más importantes que ha tenido este país y esto lo hizo no solamente de manera declarativa ni lo hizo desde el poder, sino lo hizo desde abajo y desde la oposición, enfrentando las más difíciles condiciones. Campa mismo fue candidato a la Presidencia de la República con un partido comunista sin registro y de esa manera logró, aun no apareciendo en las boletas electorales su nombre, logró testimonios que indican que una copiosa votación fue sufragada en su favor.

En ese sentido, esta Cámara de Diputados debe considerar, debe reconocer los esfuerzos de un mexicano importante, de un mexicano esforzado, de un mexicano valiente que tuvo la claridad y la decisión suficientes para inscribirse en las mejores causas de la historia contemporánea y esa contemporaneidad la estamos viviendo, la estamos disfrutando podríamos decir, incluso la palabra es justa, porque el México de hoy es un México distinto a ese México tan cerrado, tan opresivo, tan intolerante como en el que Campa vivió y el que Campa padeció.

Sin embargo, Campa no fue un hombre amargado ni un hombre que viera hacia atrás, por el contrario; Campa estuvo atento a los cambios que había en el país y en el mundo, vio con simpatía las reformas, las reformas que se apuntaban en un socialismo que estaba urgido de ellas y al mismo tiempo tuvo una gran cualidad: la cualidad de representar siempre las mejores esencias y las mejores luchas del pueblo mexicano.

Valentín Campa fue miembro integrante de esta Cámara de Diputados, en tanto tal, dio una batalla brillante, continua, persistente en la lucha por los derechos obreros. Hay dos palabras clave que han resonado durante muchas décadas, éstas últimas décadas: Libertad sindical, más salario, democracia sindical. Estos lemas, estos objetivos que aún no hemos podido concretizar, que aún no hemos podido cristalizar en la medida en que, no una clase sino el pueblo entero de México lo requieren, fueron divisas insustituibles, invariables en la lucha de Valentín Campa. Por ello su figura no es una figura parcial, no es una figura que corresponda a un partido entendido ni de manera estricta ni de manera amplia; su figura corresponde a aquellas figuras, se conlleva con aquellas figuras que han hecho aportes estables, permanentes, significativos para el devenir de nuestra nación.

Ciudadanas y ciudadanos legisladores: Nuestros muros de honor cuentan con una amplia gama de representaciones, tenemos desde las figuras prehispánicas a las cuales esta legislatura agregó una, la de Nezahualcóyotl, y tenemos también desde luego los padres forjadores de la patria, los hombres de la Reforma y también las figuras más importantes de la Revolución, pero ha llegado el momento en que haya una muestra de madurez y de pluralidad y de que las figuras contemporáneas que ya se han revelado, ya se han sedimentado como valores permanentes del país, pasen también a ocupar este sitio en nuestros muros de honor.

En ese sentido abogo por la madurez, por la pluralidad y al mismo tiempo por la no exclusión y al mismo tiempo que hago –repito- la propuesta de Valentín Campa para nuestros muros de honor, hago un llamado a esta Cámara de Diputados para que también seleccione otras figuras más, que permitan consolidar esa tendencia, esa nueva situación en que nos encontramos y que estos muros, de convertirse solamente un elemento de visita a veces cuasiturística o de formación cívica legítima o de mirar hacia el pasado, sean también una vista hacia el futuro y una confirmación y una consolidación de la democracia que merecemos y que debemos ampliar.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 65 de Irapuato, Guanajuato, invitados del diputado Roberto Colín Gamboa.

Se recibió en esta Mesa Directiva, de la diputada María Ávila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma la fracción XXVIII del artículo 3° de la Ley General de Salud.

Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Quintín Vázquez García: Con su venia, compañero diputado Presidente.

El suscrito, diputado federal por el Distrito IX Electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona el segundo renglón del numeral 1 del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objeto de que se ocupen los tiempos de radio y televisión que se contraten por los partidos políticos para difundir exclusivamente mensajes orientados a la obtención del voto en las campañas políticas de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley Electoral Federal promulgada en 1973, es la primera legislación reglamentaria que consagra como una prerrogativa de los partidos políticos, su acceso gratuito a la radio y televisión y tiene como propósito fundamental, que los partidos políticos puedan difundir sus programas electorales y se limite exclusivamente a los períodos de campaña electoral, y éste dispone que cada partido cuente hasta con 10 minutos quincenales de transmisiones en radio y televisión a nivel nacional.

Posteriormente en 1977, se expide la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales y se dispone que el acceso gratuito a la radio y la televisión, tenga un carácter permanente, y que durante los períodos electorales se incrementaran los tiempos de transmisión.

El Código Federal Electoral de 1987, fija en 15 minutos mensuales el tiempo de transmisiones de que disfrutaría cada partido político de manera permanente y que la duración de las transmisiones se aumente durante las campañas electorales.

La Ley Reglamentaria que se aprueba en 1990, es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que está vigente actualmente y en él se señala que el incremento en la duración de las transmisiones durante los períodos electorales, se hará en forma proporcional a la fuerza electoral de cada partido político y que durante ese período, al menos la mitad del tiempo que le correspondiera a cada uno de ellos, se deberá destinar la difusión de sus plataformas electorales.

Como resultado de la reforma electoral de 1993 y con el propósito de procurar condiciones de equidad en la contratación de tiempos comerciales en la radio y la televisión, que hasta entonces no era objeto de regulación alguna, la ley consagra y reglamenta como derecho exclusivo de los partidos políticos, el de contratar tiempos en estos medios para difundir mensajes orientados a la obtención del voto.

El ejercicio de este derecho se limita exclusivamente a los periodos de campañas electorales y se puntualiza que los candidatos, sólo podrán hacer uso de aquellos tiempos que le asigne el partido político o la coalición a la que pertenece.

Con la reforma electoral de 1996, se introduce un conjunto de disposiciones para regular el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión en periodos electorales, precisándose que el 30% de los tiempos gratuitos adicionales se distribuirá en forma igualitaria y el 70% en forma proporcional a su fuerza electoral.

La prerrogativa de acceso permanente y gratuito a la radio y la televisión de que gozan todos los partidos políticos nacionales, tiene como propósito fundamental, brindarles la oportunidad de difundir masivamente sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales, pero actualmente este derecho se ha desvirtuado y tal parece que ha sido otorgado con el objeto de que los promocionales que realizan los candidatos en sus campañas políticas, tengan como único propósito, emitir descalificaciones e insultos a los candidatos y partidos políticos distintos o de oposición, e inclusive se dan casos que se lancen éstos, entre militantes del mismo partido.

Este hecho cada día es más molesto y vergonzoso para la ciudadanía, ya que en lugar de ver los promocionales de uno u otro candidato para escuchar sus propuestas o programas, nada más lo que escuchan los ciudadanos, es como crecen los insultos, recriminaciones y desprestigio de cada uno de los candidatos.

Por lo que se hace indispensable que a los partidos políticos y a sus candidatos, no se les olvide el fin principal, al otorgárseles el derecho a contratar los tiempos de radio y televisión, que es el de obtener el voto de los electores, ya que con las actuales campañas políticas, donde prevalece el desprestigio, insultos y ofensas para los candidatos de oposición, lo único que se logra es el abstencionismo en las urnas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto.

Único. Que adicione el segundo reglón del numeral uno del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 48. Numeral 1.

Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos de radio y televisión, sólo para difundir mensajes orientados a la obtención del voto, durante las campañas electorales.

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de octubre de 2005.

Atentamente.

El de la voz.

Gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el inciso c) del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

La diputada María del Carmen Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II y 72 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55, fracción y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de decreto, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

No podemos cerrar los ojos, ante los datos como los expuestos por el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, señor Joel Ortega Cuevas, quien aseguró que el número de personas presentadas ante el Ministerio Público, por ser presuntos responsables del delito de robo de automóvil, aumentó en un 18% durante el mes de marzo de este año, en comparación con el mismo mes en el año pasado.

De acuerdo con estas cifras, dadas a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, en 11 delegaciones se alcanzó un mayor número de detenciones, destacando las demarcaciones de Venustiano Carranza, Azcapotzalco e Ixtacalco. Sin embargo, no debemos dejar a un lado, que la seguridad es responsabilidad del Estado y bajo este principio estamos obligados a asumir las consecuencias, por una deficiencia de la misma.

De esta manera, es contrario a justicia cobrar el pago de tenencia de vehículos completa a las personas que han sufrido este agravio, es decir, que han sido sujetos de un robo de vehículo pues en estricto sentido, las personas dejan de ser tenedoras del vehículo, por lo que en una interpretación estricta no deberían de pagar la tenencia. De esta manera, el hecho imponible constituye la base para la definición y clasificación del impuesto, así como un elemento necesario para la interpretación y alcance de la contribución.

La Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en su artículo 1º. contiene el objeto, el sujeto y el plazo del entero del impuesto, el cual dispone lo siguiente:

El artículo 1º. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las personas morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma. Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.

Los contribuyentes pagarán el impuesto por un año calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de los vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el registro del vehículo.

Del contenido del artículo que antecede se desprende el hecho generador del Impuesto de la Tenencia, es precisamente la tenencia del vehículo. Las personas físicas o morales tenedoras o usuarias del vehículo, son los sujetos pasivos del impuesto que por presunción legal, el propietario del automotor es tenedor o usuario. La contribución es de carácter anual, por lo que su causación es por ejercicios fiscales.

En tratándose de vehículos usados, el impuesto se paga por el ejercicio fiscal completo. Para vehículos nuevos o importados, el pago corresponde a la parte proporcional del ejercicio en que se actualizó el hecho imponible, dependiendo del mes en que se enajenó o importó el vehículo, siempre que se hubiese efectuado después del primer mes del año.

Para actualizar el hecho imponible del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, deberá el sujeto pasivo detener legalmente el bien, esto es que la tenencia del vehículo no sea contraria a las leyes vigentes o en su defecto, el sujeto pasivo deberá de actualizar el uso del automotor, circunstancia que por regla general realiza el propietario del vehículo.

En el caso en que el territorio del país se ejecutan diariamente robos de vehículo, lo que provoca que el objeto del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos no se actualice, lo anterior es así, ya que no puede cobrarse dicho impuesto si la tenencia o uso del automotor es ilegal, producto de un robo,.

Derivado de lo anterior, los propietarios, tenedores o usuarios de los vehículos que fueron objeto del ilícito, que fueron objeto del robo, se ven afectados en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se realiza en el ejercicio fiscal en que acaeció el robo.

Lo anterior, toda vez que la contribución es de causación anual y las disposiciones vigentes de la ley de la materia no permiten el cobro proporcional del impuesto, dependiendo el tiempo en que se tuvo o usó el automotor en el año que se cometió la conducta antijurídica antes referida; siendo así, el particular contribuyente del impuesto, tiene que efectuar el pago de la contribución federal por todo el año sin que se actualice el hecho imponible del impuesto.

Esto es así, en virtud de que no puede hablarse que se actualiza la tenencia o uso de vehículo, cuando por circunstancias ajenas provocadas por el robo, ya no se tiene o se usa legalmente el bien mueble.

A mayor abundamiento, en los supuestos de exención en el pago de impuesto federal, no se establece que en el caso de robo de vehículos se exente proporcionalmente el pago del gravamen.

En esta tesitura es necesario adecuar la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, para que se contemple un tratamiento para el entero del impuesto de los vehículos que son robados al propietario, tenedor o usuario del bien, considerando que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos establecen la causación del impuesto para los vehículos nuevos o importados un tratamiento especial en el pago de la contribución, si la enajenación o importación del automóvil se realiza después del primer mes del año, es necesario establecer un mecanismo idéntico para el pago del impuesto en aquellos vehículos que son objeto del ilícito de robo, siempre que el robo se efectúe en los primeros 11 meses del año correspondiente.

En virtud de lo anterior se propone: Que se adicione un último párrafo en el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el que se establezca una reducción en el pago del impuesto para los vehículos que sean objeto de robo; dependiendo el mes en que hubiese sucedido el acto ilícito, de conformidad con lo siguiente:

Primero. Se reforma el artículo 15 inciso c) de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

"Cuando el robo de vehículo o pérdida total del mismo debido a accidentes automovilísticos, incendios, terremotos, maremotos, vandalismos o tormentas, se efectúa antes del pago de la tenencia, se podrá solicitar la exención en la parte correspondiente, y en el caso que se realice después del pago, se podrá solicitar la devolución de la parte proporcional."

Para tal efecto se deberá presentar la reclamación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acompañada del aviso de baja de las placas o denuncia ante el Ministerio Público en los términos que al efecto señale el Reglamento correspondiente.

Una vez transcurrido el término de tres meses procederá autorizar la exención o hacer la devolución correspondiente. La Secretaría de conformidad con el reglamento que al efecto se expida, será la facultada para presentar las acciones correspondientes en caso de mal uso o abuso de este derecho.

TRANSITORIOS.

La presente reforma no será retroactiva para los vehículos que se señalan en la misma antes de la entrada en vigor y

Segundo, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expida el reglamento correspondiente, en donde deberán especificar los detalles de las exenciones y/o devoluciones del pago de la tenencia.

Es cuanto diputado presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, del diputado Alejando Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tiene la palabra el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 133 bis,. Del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su venia señor presidente.

La iniciativa que ahora voy a presentar aquí ante este Pleno, ha sido publicada ya en la Gaceta Parlamentaria el 29 de septiembre del año en curso.

En este contexto y por economía de tiempo, por economía procesal, me voy a permitir expresar ante esta soberanía las partes más importantes de esta iniciativa.

Acudo pues a esta Honorable Soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para derogar los artículos 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los legisladores debemos de sensibles a los reclamos de la sociedad y proponer iniciativas que tengan por objeto satisfacer esos reclamos para que alcanzando el consenso de la mayoría puedan convertirse en ley.

Nuestras leyes deben ser claras, justas, objetivas, entre otros atributos pero sobre todo deben ser plenas de actualidad.

Con ese propósito pongo a su consideración la presente iniciativa que tienen por objeto derogar los artículos 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el 113 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, haciendo eco de la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 20/2003 del 19 de septiembre del presente año, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El criterio de los ocho ministros que votaron a favor de declarar inconstitucional el arraigo domiciliario, coincide con la opinión de la mayoría de los académicos, maestros y doctores en derecho, abogados litigantes sobre todo en materia penal, con articulistas editoriales, con colegios y asociaciones de abogados de todo el país.

Al hacer el análisis de nuestros ordenamientos penales federales, advertimos que en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se dispone el arraigo sin señalar si éste es domiciliario o no. Es decir, no fija el lugar donde éste se va a efectuar. Mientras que en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales se establecen dos figuras: el arraigo domiciliario y la prohibición de abandonar una demarcación geográfica.

El arraigo es una medida cautelar o precautoria no contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí la dispone en la mayoría de los códigos procesales penales de los Estados de la República, nuestro Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Esta medida cautelar no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional. El arraigo es además innecesario porque la Constitución ya señala las formas en que una persona puede ser detenida.

Seguramente habrá quienes piensen que si se derogan los artículos sobre el arraigo de ambas leyes mencionadas, se estará quitando a la autoridad uno de los elementos jurídicos para combatir la criminalidad pero no se pueden combatir los delitos con disposiciones anticonstitucionales.

Dudo que alguien presente una iniciativa que proponga darle rango constitucional al llamado arraigo domiciliario, que en realidad no es domiciliario porque equivaldría a cancelar lo que disponen los artículos 11, 14, 16, 19, 20 y 21 constitucionales.

En el artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no se establece siquiera que sea en el domicilio del inculpado, es decir que puede ser en el lugar que al Ministerio Público se le ocurra sin ninguna limitación. Y lo peor es que puede ser hasta de noventa días.

El arraigo en sus dos modalidades: domiciliario y no domiciliario, nunca debió de haberse autorizado pues en su esencia viola garantías individuales y ha servido como instrumento de las procuradurías de justicia del país para privar la libertad indiscriminadamente a personas de las que no se tiene la seguridad que hayan cometido algún delito, grave o no grave, siendo que la Constitución sólo autoriza la detención de personas en delitos graves y en casos urgentes.

A los arraigados se les priva de su libertad, sin importar que se rebasen los términos que nuestra ley fundamental señala.

Los mexicanos arraigados están en igual situación que los presos de la cárcel de Abougth Griff (?)en Irak o de Guantánamo. Ni se ejercita acción penal contra ellos, ni se les deja en libertad.

Tener arraigada a una persona no es la única ni la mejor manera de investigar su posible participación en la comisión de un delito. No estamos en contra de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica o jurisdiccional sin la autorización de la autoridad judicial, pero en estos casos deberá implementarse el uso de instrumentos tecnológicos, como las pulseras cibernéticas que permiten la localización inmediata a través de un satélite. Una iniciativa en este sentido contará con nuestra simpatía.

A nuestro modo de ver hay dos caminos para impedir los efectos del arraigo: el primero es la obtención de un amparo contra su posible aplicación o su aplicación, pero esto sólo beneficiará al o los particulares que, por medio de un abogado lo soliciten.

El otro camino, más directo, más eficaz que evitaría todas las demandas de amparo y la violación a las garantías individuales de libertad, es la derogación de los artículos multicitados.

De aquí expreso mi petición a todos los integrantes de esta honorable LIX legislatura para que hagamos las reformas necesarias para que no sigamos, de algún modo, siendo cómplices de la arbitrariedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone, 1. Se derogue el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 2. Se derogue el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 12, se deroga.

Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 133. Se deroga

Artículo transitorio.

Unico. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente, Palacio de San Lázaro, octubre de 2005. Muchas gracias. Gracias a la presidencia.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71 y 72, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, señor presidente.

En la actualidad, pensar en la gobernabilidad al margen de la democracia estimula el germen del autoritarismo en aras, en el mejor de los casos, del gobierno eficiente pero sin legitimidad ciudadana.

De la misma manera, postular la democracia sin considerar a la gobernabilidad puede derivar en situaciones de inestabilidad política.

Por estas razones es pertinente la reflexión simultánea en torno a la gobernabilidad democrática y a la democracia gobernable. Con ello se alude a dos niveles fundamentales de la política: los procesos democráticos para la conformación de gobiernos legítimos, y el ejercicio gubernamental eficiente, con vocación de servicio ciudadano.

En este orden de ideas tenemos que reconocer que nuestro país proliferan anomalías sociales, económicas o políticas, situación que abre una crisis de gobernabilidad, que sólo será posible superar mediante una nueva formulación del modelo de relaciones entre los poderes del Estado y del Estado con la sociedad, pues el logro de una adecuada gobernabilidad depende de una serie de acuerdos básicos entre las elites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana.

Cuando esos acuerdos se estabilicen y tomen un carácter institucional habremos avanzado hacia lo que se llama la conformación de un modelo o paradigma de gobernabilidad.

El asunto no sólo tiene importancia teórica, sino que también adquiere relevancia práctica. La responsabilidad por mantener condiciones adecuadas de gobernabilidad no es una cuestión que recae, de manera unilateral, en el gobierno o en la sociedad.

De este modo, gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciudadanas habremos de comprometernos de manera conjunta a la hora de conservar un nivel aceptable de gobernabilidad.

De tal suerte que los desafíos a la gobernabilidad de nuestra democracia, no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino a la necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia con el fin de superar algunos problemas inherentes su propio funcionamiento y complementar sus mecanismos de representación y agregación de intereses con el objeto de superar sus limitaciones externas.

Por lo que es necesario que las instituciones clásicas de la democracia representativa sean complementadas con una serie de esquemas de agregación de intereses, de mecanismos de toma de decisiones, de acuerdos y pactos que doten al gobierno, a los grupos estratégicos y a los propios ciudadanos, en instrumentos eficaces y legítimos de intervención política en los problemas de la sociedad.

En tal sentido nace la urgencia de fortalecer al Poder Legislativo a fin de que pueda contar con los recursos necesarios para asumir una eficaz gerencia pública de desarrollo legislativo, una gerencia capaz de diseñar y poner en práctica políticas sociales que alcancen a los sectores tradicionalmente postergados y a aquellos que han nacido marginados por los procesos de ajuste.

Lo anterior implica la rearticulación o modificación de nuestra legislación interna para lograr una más eficiente actividad legislativa y la formación sistemática de un mejor marco de gobernabilidad.

Es decir, el Congreso tiene que desempeñar un papel de gobierno efectivo, distinto del papel crítico y de oposición que hasta la fecha ha venido desarrollando; tiene que ser capaz de formular metas generales, determinar prioridades e iniciar programas con base en mayorías estables y consistentes, para dotar al Poder Ejecutivo de capacidad operativa para una conducción efectiva de la política externa, el control de la burocracia y el establecimiento de metas generales y de política, pues en un sistema presidencial como lo es el nuestro, no podemos negar que el Poder Ejecutivo tiene responsabilidad de asegurar la acción nacional en situaciones críticas de política económica externa, responsabilidad que no podrá asumir si está amarrado por una cadena de restricciones y provisiones legislativas de escaso significado.

En la misma forma debemos de reconocer que tanto los diputados que integraron la pasada legislatura, como los que integramos la actual, hemos adoptado una actitud que si bien busca contraer de forma legítima la actividad presidencial a sus marcos constitucionales, en la práctica hemos dejado a un lado la verdadera razón de ser, es decir, la razón de representación nacional, de nuestro papel de representantes a favor de la sociedad, de la función por la cual fuimos electos y esto es por el bien común de todos los mexicanos.

En ese sentido los diputados de Acción Nacional creemos que es menester desarrollar una nueva cultura legislativa acorde con los tiempos que corren y que sirva de marco general a la agenda de la gobernabilidad de nuestra democracia. Se trata de establecer una cultura que incorpore a los valores tradicionales de democracia, libertad, tolerancia, respeto a las minorías entre otras, las condiciones exigidas por las necesidades de gobernar a las sociedades complejas, una cultura de pesos y contrapesos, de demandas ciudadanas responsables frente a un Estado obligado a rendir cuentas, pero también de una participación ampliada mediante canales institucionalizados, una cultura que tolere las diferencias pero que sea capaz de resguardar espacios para ciertas decisiones unificadoras; una cultura que en definitiva logre integrar orden y libertad, justicia y eficiencia en un marco democrático y de desarrollo socioeconómico equilibrado en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por lo que se hace necesaria la adopción de actitudes nuevas para seguir avanzando hacia el perfeccionamiento del Poder Legislativo y realizar las modificaciones imperiosas para contribuir a la solución de los problemas nacionales y que se vayan afrontando de la mejor manera posible.

De tal suerte que es inaplazable que se realicen acciones tendientes a lograr que las Cámaras del Congreso Mexicano dispongan de elementos necesarios, no sólo materiales, sino esencialmente humanos para acrecentar la eficacia de esta institución que a pesar de la respetable tradición con que cuenta, no ha logrado ser consecuente con los requerimientos de madurez que la población está demandando.

Bajo esta perspectiva el proceso legislativo es un tema de suma importancia y que debe de ser objeto de una constante evolución para adaptarse a las capacidades de un congreso con las características propias del entorno y contexto en constante cambio, como lo es el nuestro.

"Con esta óptica el valor fundamental al que aspira la presente iniciativa de reforma es incorporar dentro de nuestro marco jurídico las llamadas iniciativas de trato preferente o de carácter urgente, determinando de una mejor manera la eficiencia del Poder Legislativo, contemplando en su faceta de maquinaria procesadora de legislación, pero de una legislación de calidad que se adapte a los dinamismos de la sociedad, a su evolución, a sus avances culturales, tecnológicos, económicos, entre otros. Y que sea la fuente de los grandes propósitos que enlazan al pueblo para su progreso y bienestar común.

"De esta forma se hace necesaria una eficiencia mejorada dentro de la producción y de dictaminación de proyectos de ley, ya que como es de todos conocido dentro del seno de las comisiones se han presenciado gradualmente un incremento considerable en el volumen y en la complejidad temática de la legislación sometida a su consideración. Situación que nos orilla de manera inevitable a reconocer que es de suma urgencia que tanto los procedimientos como los plazos que regulan la canalización de las tareas los procesos legislativos se simplifiquen, se aceleren y se eficienten.

"Por lo que se propone en el presente proyecto la reforma y adición al artículo 71 y 72 de la Constitución General y a diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar las figuras de las iniciativas de trato preferente, así como también reformar los plazos de dictaminación que operan dentro de las comisiones legislativas con la finalidad de eficientar en todo lo necesario y de la mejor manera posible el trabajo legislativo que para estos efectos operan dentro del seno de las propias comisiones.

"De esta forma la presente iniciativa propone en su contenido una clasificación de plazos para emisión de dictámenes por parte de las comisiones, que será de vanguardia y muy precisa. Asimismo contempla un espectro amplísimo de plazos, según la urgencia relativa e importancia del asunto o iniciativa de que se trate. Procedimientos que sin duda alguna son de suma importancia y que en los últimos tiempos se hace comprensible y necesaria la urgencia de precisarlos lo más explícitamente posible. Así como acelerar el proceso de reconversión legislativa en nuestro país y de esta forma lograr dar más y mejores resultados a favor de todos y cada uno de los ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros.

"Por lo que el suscrito, Jaime del Conde Ugarte, pone a consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 87 y 91, adicionando un artículo 87 Bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:"

El presente decreto solicito que se incluya en la Gaceta.

Gracias señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo:

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, e insértese en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal.

La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su venia, señor Presidente.

Compañeros Diputados:

"Esta es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar diversas disposiciones del Código Civil Federal, referentes todas ellas al testamento ológrafo.

"De acuerdo al numeral 1,500 del Código Emérito se llama Testamento Ológrafo al escrito de puño y letra del testador. En las disposiciones subsiguientes se establecen los requisitos y procedimiento para su otorgamiento, una serie de etapas procesales, algunas relativas a su depósito y otras inherentes a la forma de hacerlo efectivo una vez que quien suscribió el testamento ha fallecido.

"Practicando un análisis sistemático, concienzudo de esta figura jurídica, encontramos en principio que la singularidad de la forma en la que se otorga, así como los actos procesales para su depósito y su verificación son reflejo fiel de su anacronismo.

"Más aún, esta figura resulta ineficiente e ineficaz para una sociedad del siglo XXI que cuenta con otras herramientas más seguras y efectivas para preservar la voluntad patrimonial más allá de la muerte.

"En efecto y en principio, la mayoría de la gente no conoce el testamento hológrafo, lo que es observable en los archivos correspondientes, donde se puede constatar el bajo número de registros de testamentos hológrafos, lo que reducirá sus posibles bondades, que serían exclusivas económicamente a un limitado número de personas.

"Aunado a esto debemos reconocer que no se tiene en general ni la mínima noción de las formalidades jurídicas que lo deben revestir, otorgándose luego entonces en la mayoría de los casos con omisión de alguna de ellas y dada la formad e su entrega en sobre cerrado y su revisión, que es post mortem, lo hacen de inadmisible convalidación, trayendo como consecuencia la imposibilidad de declararlo válido haciendo nugatoria la voluntad de su autor.

"No se puede por una razón de costos sacrificar la seguridad y la certeza en la disposición testamentaria, puesto que el riesgo de anulación de un documento sin la participación del fedatario es alto, pudiendo traer consecuencias que complicarían aún más los asuntos relacionados con los bienes a heredar.

"Son éstas algunas de las razones que hacen inminente la desaparición de la figura del testamento hológrafo del marco jurídico federal, como ha sido la tendencia ya en algunas entidades federativas.

"Estoy consciente de que en la actualidad el Código Civil Federal, particularmente en la materia del derecho de las personas y de la familia, tiene una aplicación territorial muy limitada, pero destacamos la importancia que tiene este ordenamiento como modelo a seguir por parte de las Legislaturas de las entidades federativas.

"Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente proyecto con el carácter de decreto.

"Artículo Unico.- Se deroga el Capítulo Quinto del Título Tercero del Libreo Tercero, así como el contenido de los artículos 1550 al 1564 y los artículos 1566 y 1596, todos del Código Civil Federal referentes al testamento hológrafo, para quedar de la siguiente manera.

"Capítulo Cuarto.- Derogado.

"Artículo 1550 al 1564, 1566 y 1559.- Derogados.

"Transitorios.

"Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Dado en este Palacio Legislativo de San Lázaro, el seis de octubre de este año.

"Atentamente suscribe su servidora, Martha Laguette Lardizábal".

Señor Presidente, esta es una versión resumida de la original de la iniciativa en comento, por lo cual le solicito atentamente se dé cuenta de su versión íntegra en el Diario de Debates.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada y así se hará.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en materia de elección e integración del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.

"La reforma electoral de agosto de ’96 modificó el artículo 122 constitucional, con el propósito de que sin cambiar la naturaleza jurídica del Distrito Federal, los ciudadanos recobráramos el derecho de elegir mediante voto universal, libre, directo y secreto, a nuestras autoridades.

"Esta reforma sentó los principios de la legislación electoral en la capital y determinó la sujeción de las disposiciones que rijan las elecciones a las bases del Estatuto de Gobierno, tomando en cuenta los principios fundamentales establecidos en la fracción IV incisos b) al i) del artículo 116 constitucional, es decir: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia como los principios rectores de la función electoral, autonomía en el funcionamiento, independencia en las decisiones de las autoridades electorales, administrativa y jurisdiccional.

El establecimiento de un sistema de Medios de Impugnación, con el objeto de sujetar los actos y resoluciones electorales, al principio de legalidad y dotar certeza jurídica a cada etapa del proceso electoral.

Modifica sustancialmente la naturaleza jurídica, estructura y atribuciones del Gobierno local. Resultó necesario, reformar y adicionar al Estatuto de Gobierno en dos ocasiones; la primera, el 22 de Noviembre del 96 en lo relativo a la conformación de los órganos de Gobierno del Distrito Federal, acotando el Artículo 3º Transitorio que el 6 de Julio del 97 elegirían exclusivamente Jefe de Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa.

Las función de organizar estas elecciones le correspondió a los órganos federales regidos por el COFIPE, establecidos a través de la estructura de IFE ya que el Distrito Federal no contaba con órganos electorales propios.

Las impugnaciones derivadas de este proceso, se tramitaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La segunda Reforma se dio el 4 de Diciembre de 97 y entre otros aspectos, sentó las bases de la Legislación Electoral capitalina, de este modo, se adicionó a este ordenamiento jurídico un Título VI dedicado a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos, en cuyo Capitulo IV se establece lo relativo a la integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral.

Con ese sustento y tras la presentación de iniciativas a cargo de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se aprobó el Decreto del Código Electoral del Distrito Federal, entrando en vigencia el 6 de enero del 99, en su Libro Séptimo regula la naturaleza, integración, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Durante el mismo mes, la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de conformar tanto al Instituto Electoral como al Tribunal Electoral del D. F. con el objeto de que en la segunda semana de este mes estuvieran plenamente integrados el Tribunal Superior de Justicia del D. F. que sometió a la consideración de la Asamblea, las propuestas de candidaturas de 24 Licenciados en Derecho, con una amplia y reconocida carrera profesional para que se eligieran los nueve Magistrados Electorales, cinco Numerarios y 4 Supernumerarios. El 15 de Enero en Sesión Extraordinaria y por unanimidad, dicha autoridad legislativa designó a los nueve integrantes del Tribunal Electoral del Distrito Federal y les tomaron protesta el lunes 18 de Enero ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

Así, el 29 de Enero del 99 se inició la vida institucional del órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional local en materia electoral de la ciudad de México, el primero en su género desde la creación del Distrito Federal y por imperativo del Artículo 122, Apartado C) Base Primera, Fracción IV, Inciso F) y de los Incisos C) y D) de la Fracción IV del Artículo 116 Constitucional, el Tribunal Electoral del Distrito Federal se instituye como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y como un órgano autónomo y su funcionamiento e independiente en sus decisiones.

Cabe indicar que este Órgano Colegiado se distingue, amén de su autonomía, por su carácter permanente, esto es, el del Tribunal que funciona también en períodos no electorales, sobre todo en el tipo de asuntos que son de su competencia y que no se circunscriben a los períodos de elecciones.

Así, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, como órgano especializado en materia electoral y de conformidad con el párrafo 2º del Artículo 3 del Código Electoral Local, se rige por los principios de certeza , legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad también.

Sin embargo, a pesar de su naturaleza de organismo autónomo, pilar de la vía democrática de la ciudad de México, institución fundamental para la resolución de los conflictos en materia electoral, resulta hasta una Ley Secundaria en la que se señala su forma de integración. La existencia de dos tipos de Magistrados que son los Numerarios y Supernumerarios, tal Tribuna Electoral de Distrito Federal, una vida orgánica compleja pues no queda del modo claro cuando los Magistrados Supernumerarios, entran en funciones.

Por ende, la presente propuesta pretende establecer en el propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; uno, la integración de Tribuna Electoral del Distrito Federal.

Dos, las bases para la elección de los Magistrados y,

Tres, que durante el proceso electoral con el objetivo de una oportuna resolución de los medios de impugnación, los Magistrados Supernumerarios, pudieran ser llamados por el Presidente del Tribunal, para integrar el pleno, sin que el total de sus integrantes constituyan un número par.

Dada la trascendencia en las acciones que son competencia de este Tribunal, se considera necesario no dejar sólo a la Ley Secundaria, la descripción de tales elementos, sino que estos deben estar plasmados en el Estatuto con el objeto de dar una mayor seguridad jurídica a tan importante órgano electoral en la ciudad de México.

Y la legitimidad que consolida al Tribunal sin duda se verá reflejada en un inminente reforzamiento de la vida democrática de los habitantes de esta ciudad capital.

En virtud de lo expresado, es que se presenta ante esta soberanía la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 132 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se reforma así el Artículo 132 del Estatuto, para quedar como sigue:

Los magistrados electorales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa a propuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal funcionará en forma permanente el tribunal pleno y se entera por cinco magistrados numerarios y cuatro supernumerarios.

La elección de los magistrados del Tribunal Electoral del D:F:, se realizará conforme a las siguientes bases:

La Asamblea Legislativa solicitará y recibirá las propuestas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en una lista de por lo menos dos candidatos de cada uno de los cargos a magistrados. De entre estos candidatos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elegirá a los magistrados numerarios por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los magistrados, serán electos cuatro magistrados supernumerarios de la lista adicional, que para ese efecto presente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En este caso se aplicará lo dispuesto en los incisos anteriores.

Las ausencias definitivas de los magistrados, serán cubiertas en el orden que señale la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al elegir a los magistrados supernumerarios, y si alguno de los candidatos propuestos no alcanzara la votación requerida, el Tribunal Superior de Justicia deberá presentar otra lista con nuevas propuestas para cubrir las vacantes existentes, la cual deberá sujetarse al procedimiento que señale el inciso b) del presente artículo.

Una vez nombrados los magistrados electorales, entre ellos mismos designarán a quien fungirá como presidente del tribunal.

Los magistrados serán electos para ejercer sus funciones, para un período de ocho años improrrogable.

Durante el proceso electoral para la oportuna solución de los medios de impugnación, los magistrados supernumerarios podrán ser llamados por el presidente del tribunal para integrar el pleno, sin que el total de sus integrantes constituya un número par.

Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Se recibió del diputado Jesús Martínez Alvarez del grupo parlamentario de Convergencia iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en relación a enfermedades degenerativas.

Túrnese a la Comisión de Salud.

La Junta de Coordinación Política ha entregado a esta presidencia el Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación declarar zona de desastre a diversos municipios de los estados de Baja California, Chiapas, Veracruz y Tabasco, afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Se pide a la Secretaría darle lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Solicitar a la Secretaría de Gobernación hacer la declaratoria de desastre natural en los municipios afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo, y aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a impulsar la liberación de los recursos del Fonden con la urgencia que el caso amerita, para atender adecuadamente la emergencia que se presenta.

Con la firma de los diputados

Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Emilio Chauyffet Chemor, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

José González Morfín, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Alejandro González Yáñez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Jesús Martínez Alvarez, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

Cumplida la instrucción señor presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Secretario.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para recoger la votación nominal del Acuerdo que acaban de escuchar.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para recoger la votación.

VOTACION

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron en pro 351 votos, en contra cero, abstenciones cero.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado por 351 votos. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 18 de octubre de 2005, a fin de que realice una visita de trabajo a España, que comprende su participación en la XV Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en Salamanca, así como una visita a las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña y Valencia.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2º y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 159 de la Ley General de Salud, publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Son de primera lectura.

Se recibió de la Junta de Coordinación Política solicitud para que se dispensen todos los trámites al dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 18 de octubre de 2005, a fin de que realice una visita de trabajo a España, que comprende su participación en la XV Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Salamanca, así como una visita a las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña y Valencia, para su discusión y votación.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y a votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta Presidencia no tiene oradores inscritos, por lo tanto se declara el asunto como suficientemente discutido y se instruye a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del decreto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del decreto.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a ciudadanos originarios de Huauchinango, en el estado de Puebla que se encuentran con nosotros. Ellos son invitados de la diputada Angélica Ramírez Luna. Bienvenidos.

Asimismo, saludamos atentamente y damos la más cordial bienvenida a jóvenes que nos visitan de la Comisión Municipal del Deporte de la Ciudad de León, Guanajuato, invitados de nuestro compañero diputado Salvador Márquez Lozornio. Bienvenidos.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a este recinto, a un grupo de ciudadanos del Estado de Aguascalientes, invitados de nuestro compañero diputado Jaime del Conde Ugarte.

Sean bienvenidos. (Aplausos)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, se emitieron 339 en pro, 5 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos el Proyecto de Decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 18 de octubre de 2005, a fin de que realice una visita de trabajo a España.

Esta Presidencia instruye a la Secretaría, para que dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:

Lectura del orden del día de la próxima sesión

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo (A las 14:38 Hrs): Esta Presidencia dispone que el decreto aprobado por esta asamblea pase al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de octubre a las 11:00 Hrs.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 09:00 Hrs.

La última votación se toma como lista de asistencia.