La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se solicita a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los compañeros y las compañeras diputadas.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 272 ciudadanas diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (10:23 horas): Se abre la sesión.
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que éste se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura y proceda la lectura a poner a discusión el acta
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta. Favor de continuar con comunicaciones.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Comunicación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
Daniel Raúl Arévalo Gallegos, Jorge Triana Tena y Francisco Diego Aguilar.
Se encuentra a puerta de este recinto la ciudadana Yolanda Leticia Peniche Blanco, diputada suplente electa en la Tercera Circunscripción Plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes ciudadanos diputados y diputadas: diputado Juan Manuel González Portugal, diputada Blanca Eppen Canales, diputada Elsa Obrajero Montes, diputado Manuel Velasco Coello, diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
La comisión cumple su cometido.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadana Yolanda Leticia Peniche Blanco ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
La diputada Yolanda Leticia Peniche Blanco: Sí protesto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bienvenida a su casa.
Favor de continuar la secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Comunicación del gobierno del estado de Veracruz)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de Ferrocarriles Nacionales de México)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (De la Junta de Coordinación Política relativa a cambio de integrante en el Parlamento Latinoamericano)
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Acuerdo de la mesa directiva relativo a las votaciones en las sesiones)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Del diputado Manlio Fabio Beltrones)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que exhorta a los legisladores a abstenerse de presentar iniciativas que fuesen iguales a las leyes de otros países)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta Presidencia la solicitud para hablar en contra, del diputado Rafael García Tinajero, del Partido de la Revolución Democrática, y a favor, del diputado Pascual Sigala Páez, Adrián Chávez, representante del Partido de la Revolución Democrática, y de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del Partido Acción Nacional.
En consecuencia tiene la palabra para hablar en contra, hasta por tres minutos, el diputado Rafael García Tinajero Pérez.
El diputado Rafael García Tinajero Pérez: Con su venia, compañera Presidenta.
Muchos se preguntarán por qué vamos a hablar en contra de este Punto de Acuerdo, que tiene como centro lo que es evidentemente un acto de deshonestidad política, de deshonestidad intelectual y de deshonestidad legislativa. Pero quiero decirles que hablo en contra del Punto de Acuerdo por dos sencillas razones:
Una.- Porque no puede esta Cámara, ni aún a guisa de exhorto, proponer que cualquier legislador se abstenga de proponer iniciativas. Eso sería aberrante y sería violatorio del artículo 61 constitucional. Cualquiera de los que estamos aquí, podemos iniciar la ley que deseemos, independientemente de la honestidad intelectual del contenido de ésta, aunque sea plagio, inclusive, de una ley extranjera.
En segundo lugar, porque también considero que no podemos caer en esta Cámara en el juego vil de invocar fantasmas que no existen y tratar de espantar con el petate de Chávez, como lo hace un partido político y hacer de las decisiones de esta Cámara la parodia del spot panista.
La única injerencia documentada que existe en este proceso electoral es la de Aznar y ya la criticamos acremente.
Aprobar este Punto de Acuerdo sería tanto como afirmar que sí, que en realidad existen los círculos bolivarianos que están actuando en nuestro proceso electoral, y para acabarla de amolar, que se encuentran en el PAN. Yo creo que esto es de risa loca.
Aquí hay un problema de deshonestidad intelectual simplemente, de deshonestidad política, parlamentaria; pero no es el único, si revisamos las iniciativas que se presentan, vamos a encontrar que es una constante, hay muchas leyes que son copia con punto y coma de leyes que ya existen en el extranjero, muchas iniciativas, perdón. Hay piratería, no solamente de leyes extrajeras, hay piratería de iniciativas que ya se han presentado en otros procesos legislativos, en otras legislaturas y en lugar de sacarlos de la congeladora, hay diputados que quieren figurar y las presentan como iniciativas propias.
Hay por ahí un diputado muy activo que ha presentado muchas iniciativas, pero algunas de ellas sobre artículos que ya han sido derogados. Hay leyes que se inician por intereses ajenos a la Cámara, ajenos al interés nacional, por grupos privados, me atrevo a decir que podría ser el caso de la Ley de Radio y Televisión y que la presentan diputados aquí en la Cámara. Y tenemos a los senadores en este momento que están iniciando leyes para reformar una ley que aún no ha sido promulgada.
¡No! señores, hay que votar en contra de esta ley, no podemos, bueno, en contra de este Punto de Acuerdo, por lo que señalé al principio.
Y la baquetonería, la chabacanería y la irresponsabilidad de cada uno de los legisladores es otra cosa.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado García Tinajero.
Para hablar a favor del unto de Acuerdo, tiene el uso de la voz el diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pascual Sígala Páez: Muchas gracias, Presidenta.
Yo vengo a llamar a los ciudadanos diputados y diputadas a votar a favor del Punto de Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política. Y no estuviéramos llamando a votar a favor de este Punto de Acuerdo, si el tema no hubiese venido a colación a partir de que el pasado octubre del 2005, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó iniciativa para regular las zonas costeras de nuestro país, iniciativa que resultado de una revisión ha sido sustraída y copiada del decreto con fuerza ley de zonas costeras, publicada el 7 de noviembre del 2001 en la Gaceta número 37,319 de la República Bolivariana de Venezuela.
Y no estuviésemos debatiendo el tema, si por lo menos aquella que tomaron de base los legisladores panistas, se hubiesen tomado el tiempo y la molestia para modificarla en su forma y en su fondo, ya que en la comparación de ambas podemos observar que las dos contienen los mismos títulos, los mismos capítulos, los mismos 49 artículos, de los cuales 47 son íntegramente sustraídos y los 7 artículos transitorios también son sustraídos.
Dicha acción además de causar extrañeza en todos aquellos ciudadanos que conocemos de sobra el sentir del Presidente de la República y del Partido Acción Nacional, con respecto a la política y el gobierno chavista, es resultado, conociendo esta actitud, resulta ser extraño que estén ahora sustrayendo las iniciativas firmadas en el 2001 por Hugo Chávez y que vengan a querer implantar o hacer que el Congreso Mexicano acuerde, suscriba, apruebe una ley que evidentemente no reúne las características para que sea aplicada en nuestro país.
A mí me parece que esto, compañeros diputados, tiene que ver con la ética y con la moral que tantas veces en esta tribuna los panistas han venido a profesar. Sabemos del doble discurso y de la doble moral del panismo y que ahora han adoptado al abominante Hugo Chávez como su asesor legislativo. Ahora resulta ser que Hugo Chávez está en el PAN, asesorando a los panistas para que haga las leyes que tiene que aplicar este poder, que tiene que acordar este Poder Legislativo, para que el Ejecutivo las aplique.
Miren, ¡qué barbaridad!, ¡Hugo Chávez, asesor legislativo de los panistas en esta Legislatura!
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Sigala.
A continuación tiene el uso de la voz el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del punto de acuerdo.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: Compañeras y compañeros diputados.
No cabe duda, como dice un refrán, que en ocasiones el zorro no se ve la cola.
Aquí nos encontramos ante tres grandes errores: el primero, la falta de seriedad en la elaboración de iniciativas; el segundo, el no procurar que éstas se adapten a nuestra realidad nacional y, el tercero, y lo que más en este caso nos ofende, es que en este caso se nos acusa a nosotros como PRD de ser influenciados por el gobierno venezolano, por una parte, y por la otra se promueven por el partido del gobierno iniciativas calcadas prácticamente idénticas de un ordenamiento de la República Bolivariana de Venezuela.
En el primer caso se fortalece la opinión pública de que en esta Cámara no se desarrolla un trabajo serio. Si bien es cierto que se tiene que trabajar con el derecho comparado para poder estandarizar nuestra legislación con criterios jurídicos internacionales, también lo es que por mínimo respeto y ética se debió dejar claro esto en la exposición de motivos, para dar crédito, para hacer la referencia a que se tomaba como base la legislación venezolana. No se hizo nada de esto.
En cuanto al segundo punto, la iniciativa no manifiesta ser reglamentaria del artículo 27 constitucional, no es acorde a la Ley de Bienes Nacionales ni a ningún otro ordenamiento vigente en el país, claro, porque era una ley para otro país y de otra situación y con otras leyes.
Más allá, salta aún más evidente el plagio, cuando se manifiesta en el articulado un artículo 3 Bis, simple y sencillamente para que pueda concordar esta ley o esta iniciativa hasta en la numeración con la que se encuentra aprobada por la República de Venezuela.
Hay en la redacción términos que no utilizamos en nuestras leyes, como municipalidades en lugar de municipios, poder público nacional en lugar de Federación. Sólo faltó que en lugar de hablar de la Secretaría de Medio Ambiente, habláramos del Ministerio de Medio Ambiente, como es el caso venezolano.
Finalmente, sabemos cómo procesan las iniciativas los grupos parlamentarios y en este caso el PRD, no puede dejar pasar, que mientras se nos acusa a nosotros y a nuestro candidato de plagiar ideas del modelo venezolano, el partido que paga spots en contra de Andrés Manuel, descalificándolo y acusándolo de situaciones totalmente falsas, el partido que mete en los spots la figura de un presidente extranjero y lo mete en la contienda presidencial, el partido que exclama, en voz airada, que no debemos permitir la injerencia de gobiernos extranjeros en nuestras campañas, es el mismo, que hoy por hoy está planteando la calca de un ordenamiento jurídico, que se aplica en la república bolivariana de Venezuela y que aquí pudimos conseguirle, para que cualquiera pueda verificarlo.
Por lo menos reconozcan y denle el honor a quien lo merece, que un gobierno a quien ha acusado de perverso modelo, es quien hoy le sirvió de inspiración, señores del PAN, para hacer una mala copia, en la elaboración de la iniciativa que ustedes presentaron, coherencia, es todo lo que pedimos, coherencia.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Finalmente, para hablar a favor de este Punto de Acuerdo la diputada Irene Herminia Blanco Becerra del Partido Acción Nacional.
La diputada Irene Herminia Blanco Becerra: Con la venia de la presidenta.
Me dirijo ante esta H. Cámara e Diputados del Congreso de la Unión, para fijar mi postura con respecto al Punto de Acuerdo que presentan los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional.
Mi compromiso, como legisladora y representante de la ciudadanía, me obliga ante ustedes y frente a mis electores, a reconcer mi responsabilidad, por haber presentado una iniciativa de ley que pretendía adecuar un marco normativo a la realidad que tienen las zonas costeras de nuestro país, misma que fue retirada el día de ayer.
El estudio de los temas que son fundamentales para el desarrollo de un país en muchos casos implica el análisis de la legislación de otros países, con objeto de identificar prácticas que han sido probadas en el orden internacional.
Partiendo de esta consideración y sin la intención de descubrir el hilo negro, se consultaron leyes, reglamentos y documentos que atañen a las zonas y su biodiversidad de diversos países, con el objetividad de no caer en experiencias infructuosas.
Lo anterior, con la finalidad de presentar ante el pleno de la Cámara y ante la Comisión de Medio Ambiente de Recursos Naturales, un proyecto de investigación fundamental para el desarrollo y legislación en materia de medio ambiente, particularmente en lo referente al cuidado de las zonas costeras y sus ecosistemas.
Compañeros diputados, reconozco plenamente ante ustedes mi error. Asumo la responsabilidad que conlleva, me parece que es necesario realizar un análisis más profundo y detallado sobre el tema, en virtud de que comparto el objeto de iniciativas que se planteaban, la cual es el regular las zonas costeras, el cual carece de un marco regulatorio específico en nuestro país.
La única intención era la de poner a disposición de la Comisión de Medio Ambiebnte, mayores elementos para una institución más amplia. En ningún momento era la intención de un plagio, como se ha dicho, nada, sino lo que fuera la propia Comisión en la elaboración del dictamen la que determinara lo conducente.
Por su atención, muchas gracias, además de este asunto, deslindo totalmente al grupo parlamentario de Acción Nacional soy yo diputada federal Irene Blanco, quien asumo la absoluta y única responsabilidad como es esto; un error humano.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, consulto a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa de que se apruebe el punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores, devuelve minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud y reforma la Ley de Propiedad Industrial, para los efectos del Inciso D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y Economía.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores, devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Salud, para los efectos del inciso D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores, devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud, para los efectos del Inciso D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores, devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos del Inciso D) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día son las presentaciones de iniciativas.
Esta Presidencia recibió iniciativa de Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, suscrita por los diputados Adriana González Carrillo y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, ambos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, en esta Presidencia, iniciativa que reforma los artículos 603 y 660 de la Ley Federal del Trabajo.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 27 y 28 de la Ley Federal de Turismo.
Túrnese a la Comisión de Turismo.
A solicitud del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone la iniciativa que habría de presentar, en la que solicitaba la reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
En virtud de que el diputado Francisco Diego Aguilar del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no está presente para presentar la iniciativa, se pasa al final del capítulo.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra nuestro compañero diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No estando en el Salón de Sesiones, pasa al final del capítulo.
Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal del Notariado.
El diputado Abdallán Guzmán Cruz: Con su venia diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa de ley con adición a la fracción X al artículo 73 de la Constitución Federal y se presenta una Ley Federal de Notariado sobre la base de las siguientes
CONSIDERACIONES
Todos, en algún momento, hemos conocido de abusos cometidos por malos notarios. En muchos casos, su laboro obstaculizar la rápida regularización jurídica de inmuebles; actuando así, precipitan que dichos bienes pierdan valor y también dificulta la transparencia necesaria en estas operaciones, afectando negativamente un eje fundamental de la movilidad y el crecimiento económico del país.
Con frecuencia también conocemos que los malos notarios certifican hechos falsos, lo que constituye una actividad delictiva que tanto afecta a particulares, que a sindicatos, empresas y al propio Estado. Aunque teóricamente es a través de un riguroso examen de oposición como se elige a los notarios, la realidad en otra.
En el dominio público para designar a una parte de quienes ahora son notarios, se siguieron procedimientos viciados. No olvidemos que en este ámbito destacan casos de nepotismo, de los llamados premios de consolación política o de plano la compra del cargo.
Estas prácticas inevitablemente hacen del lucro el propósito central de los notarios, lo que de inmediato quita sustento al honesto y eficaz ejercicio de esta honorable profesión. Por eso es inadmisible que los privilegios e intereses personales de unos cuantos malos notarios, tengan en jaque los intereses de la absoluta mayoría de los mexicanos; además es prácticamente nula la inspección sobre la labor desempeñada por los notarios.
Se debe recordar que la actividad desempeñada por los notarios, es una función pública a cargo del gobierno; es decir, una atribución del Estado y de ninguna manera materia para un negocio privado. Lo que también nos lleva a recordar que los notarios para desarrollar su función, necesitan de patente de una delegación del Estado en su favor.
Partiendo de lo anterior, si el gobierno constata que no se cumple debidamente el interés social encomendado a los notarios, no solamente puede, sino debe revertir a su favor las funciones del notariado de manera total o parcial, en aras del interés superior del país.
En este sentido, la siguiente propuesta va por federalizar las funciones del notariado, el objetivo podría basarse en la fracción XXIX- E, en relación con la fracción XXX del artículo 73 de la Carta Magna, desde el momento en que ésta autoriza al Congreso de la Unión, expedir leyes de orden económico, como también es la presente.
Esto, porque de aprobarse mi iniciativa, se daría un impulso considerable a las transacciones de los inmuebles y por tanto, al crecimiento económico del país, además de los beneficios sociales derivados. No obstante lo anterior, he preferido efectuar una adición expresa a la fracción X de este artículo, para que no exista duda alguna al respecto.
"La federalización del notariado, permitirá uniformar las disposiciones aplicables a una actividad central, evitándose las actuales disparidades y abusos en costos y trámites, lo que representa un factor de fomento a la economía y un freno a los actos fraudulentos de algunos notarios que se amparan en la falta de homogeneidad y en una mal entendida autonomía".
Por lo anterior, urge que la designación de los notarios sea ratificada por la Cámara de Diputados, a la cual, además, deberá rendir informes semestrales la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, en tanto que los exámenes serían aplicados y calificados por el Poder Judicial.
Por su parte el Ejecutivo Federal se encargaría de emitir la patente respectiva y de llevar a cabo inspecciones y vigilancias de mayor calidad sobre el desempeño de ésta actividad. Es decir, participarían de manera armónica los tres Poderes de la Unión, para el logro de la eficiencia y honestidad en el desarrollo de esta actividad tan importante.
Sin embargo, respecto de los asuntos, cuyo valor no excediera de 500 mil pesos, conforme al salario mínimo vigente al 2006 en el Distrito Federal, su autentificación quedaría en manos de notarios, cuyos ingresos pagaría el Estado, es decir, serían empleados del Gobierno Federal, lo que haría posible que no cobrarán aranceles a la población de bajos o medianos ingresos; aunque desde luego, éstas personas sí cubrirían en su caso, los gastos e impuestos causados.
Por lo que hace a los notarios que no actuarán como empleados del gobierno, se propone que la Ley Federal del Notariado, contenga un arancel preciso calculado sobre la base del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para evitar cualquier abuso. Este arancel de manera permanente, deberá ser expuesto en los edificios públicos y en las oficinas de los notarios, con el objeto de que la operación de las notarias se realice conforme a las últimas tecnologías, lo que permitirá ahorros de tiempo y de recursos en la prestación de servicio, con el consecuente abaratamiento a favor de la población.
En el artículo 8° de esta iniciativa se precisa: "que las operaciones notariales y la recaudación de los respectivos aranceles, se harán mediante sistemas automatizados sin menoscabo de la seguridad jurídica de las mismas.
La firma electrónica de los notarios, tendría por tanto la misma validez y eficacia aprobatorias que la ley otorga a la firma autógrafa. Igualmente con la finalidad de poner fin a vicios ya antes señalados, se prohíbe expresamente la designación en cada distrito judicial como notarios a quienes sean parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de algún notario que esté en funciones. Por la misma razón, estos parientes no podrán sustituir a un notario que deje el cargo. En la iniciativa propongo medidas para que se vigile de cerca la actividad de los notarios, de manera que su actuación se apegue a derecho y por tanto, no se cause perjuicios al interés individual ni a la sociedad.
Finalmente, destaca que las funciones del notario con incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicos con empleos y comisiones de particulares con el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos contenciosos o con el ministerio de cualquier culto religioso.
Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior propongo que esta soberanía apruebe la adición a la fracción X del artículo 73 de la Constitución y la Ley Federal de Notariado aquí expuestas.
Solicito su publicación íntegra en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Guzmán Cruz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Se recibió del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 33, 47 y 75 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Asimismo, esta Presidencia recibió de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 37, 73, 136 y 160 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A solicitud del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone la presentación de iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado "B" del artículo 123 constitucional.
Esta Presidencia recibió del diputado Javier Alvarado Villazón, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transporte.
También esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 194 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Alarcón Trujillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto que expide el Código de Justicia Militar.
El diputado Ernesto Alarcón Trujillo: Con su permiso, diputada Presidenta.
El que suscribe Ernesto Alarcón Trujillo, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y como Secretario de la Comisión de Defensa Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente decreto que expide el Código de Justicia Militar, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las fuerzas armadas mexicanas a fin de cumplir con los requerimientos de la evolución social en el ámbito penal, que les permitan garantizar la conservación de la disciplina y el desarrollo armónico de sus integrantes en relación con su organización, funcionamiento y misiones, es necesario proporcionarles nuevos conceptos en el ámbito jurídico-penal, que complementen los ya tradicionales, para enfrentar los cambios sociales y responder con los compromisos que la sociedad le requiere a las instituciones armadas nacionales.
El artículo 13 de la Constitución Política determina la existencia del fuero de guerra al que le corresponde conocer de los delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 29 fracción I y X, determina que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, organizar, administrar y preparar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como administrar la justicia militar y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, determina los órganos del fuero de guerra en sus artículos 26, 27 y 28, 29, 30 y 31.
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, establece que dichas fuerzas armadas deben ser organizadas, adiestradas y equipadas conforme a los requerimientos que reclama el cumplimiento de sus misiones.
En la interpretación de las disposiciones dictadas para preparar a sus integrantes a fin de coordinar las acciones para la citada finalidad, se requiere de disciplina; la que se constituye en el imperativo de actitud castrense como la norma de convivencia individual con efecto colectivo, siendo consecuencia que la disciplina castrense como ordenamiento de conducta primario, esté jurídicamente protegida por el Código de Justicia Militar, como la piedra angular de conducta normativa para los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México; siendo el citado código la materialización legislativa del fuero de guerra.
El Derecho Militar es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación y las relaciones derivadas de la vida marcial, así como los deberes de cada uno de los miembros de las fuerzas armadas, cuyo espíritu fundamental es la disciplina que requiere de honor, honradez, valor, lealtad, espíritu de sacrificio y amor a la patria, lo que permite la existencia y funcionamiento de las instituciones armadas y sostener un compromiso permanente con los órganos del Estado.
Los valores son el mejor legado de las antiguas generaciones de militares que con su ejemplo y constancia construyeron paso a paso la moderna institución armada de nuestro país.
Si el Derecho Militar se genera inspirado en la institución militar y ésta a su vez en la disciplina, se otorga cohesión y eficacia a las fuerzas armadas, podemos afirmar que este derecho se sustenta en una estructura fundamental necesaria en toda organización del Estado, puesto que garantiza su existencia y seguridad.
Asimismo la disciplina militar es un medio necesario para la realización de los más altos fines que le son encomendados, garantizando el respeto a la sociedad y el cumplimiento de sus misiones generales.
En este contexto se advierte que el Derecho Militar emerge de sus relaciones con otras ramas jurídicas preservando su conexidad cordial y provechosa con las normas de orden público que se traduce en una interdependencia recíproca y permanente tales como el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Internacional y el Derecho Humanitario.
La razón de ser de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se sustenta en su disciplina y en la lealtad de sus hombres, por lo que en el cumplimiento de la misión encomendada, soportan las vicisitudes y privaciones que les presentan en su finalidad de proteger al pueblo de México, como ocurrió en la defensa de nuestra Nación en la lucha contra la invasión del ejército francés y norteamericano en los años de 1838 y 1846.
Asimismo en tiempo de paz con la misma entereza, se cumple con las labores sociales y humanitarias para salvaguardar los intereses de nuestra sociedad.
El Código de Justicia Militar que se propone previene un catálogo de delitos que por su extrema gravedad merecen ser reprimidos con toda severidad, siendo éstos, a saber, traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de la gente, rebelión, insubordinación causando la muerte a un superior, asonada, abandono de puesto, abandono de buque o convoy, extralimitación o usurpación de mando o comisión, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar, según su compromiso, su comisión o empleo, las cuales previenen castigos ejemplares para los militares en tiempos de guerra o de paz, según sea el caso, con la finalidad de preservar la disciplina entre las filas de los integrantes de las fuerzas armadas, ya que se trata de personas que están comprometidas con su país a entregar inclusive su propia vida, si fuera necesario, por lo que indispensable una norma especial que represente la ley penal castrense.
Los órganos del fuero de guerra son instituciones constitucionales y legalmente constituidos, encargados de la administración e impartición de justicia, cumpliendo con las formalidades del procedimiento de manera pronta y expedita; tienen plena autonomía jurisdiccional, siendo necesario que cuenten como herramienta con un conjunto de normas jurídicas actualizadas, basadas en los criterios jurisprudenciales, la doctrina imperante en la materia y principalmente en la justicia.
Cuando un militar no cumple con las leyes y los reglamentos castrenses pone en riesgo el cumplimiento de sus misiones generales que la sociedad ha encomendado a las instituciones armadas cuyos integrantes, al ingresar a sus filas, han jurado anteponer la vida e intereses personales a los fines de la nación.
Es precisamente, compañeros, el artículo 13 constitucional el que justifica la jurisdicción militar y la existencia de los tribunales militares, cuya competencia se funda en el orden, la disciplina y la eficacia de las fuerzas armadas, lo que sería imposible de obtener si no existiera un conjunto de disposiciones jurídicas que reglamenten su actuación, toda vez que un grupo de hombres armados sin disciplina y normas que regulen sus actividades sería una fracción capaz de cometer atrocidades en contra de la sociedad.
Nuestro país no permanece ajeno al desarrollo científico y tecnológico, así como a los sustanciales cambios que se manifiestan en el contexto internacional e interno. Por ello, acorde al devenir histórico, se hace necesario actualizar con nuevos conceptos el código de justicia militar para responder a los cambios que genera la globalización mundial en sus diferentes ámbitos que impactan al interior de las fuerzas armadas y de la nación.
En los 73 años de vigencia del Código de Justicia Militar, la problemática social y la pluralidad del ejercicio político de la nación mexicana han tenido avances trascendentales, modificando la convivencia social que evoluciona dinámicamente en lo político, social, económico y militar, por lo que existe la imperiosa necesidad de actualizar su legislación.
Esta iniciativa presenta un nuevo Código de Justicia Militar, reestructura la organización y competencia de los órganos del fuero de guerra respecto a los tipos penales, se actualizan los ya existentes, derogando aquéllos que fueron rebasados, y se incluyen nuevas figuras delictivas que se consideraban ajenas a la vida militar, actualizando las materias del conocimiento de los tribunales castrenses.
Se incorporan además reglas para la protección de los intereses del ofendido o la víctima, agilizando además el procedimiento penal militar para sostener el objetivo de una justicia pronta y expedita, con pleno respeto a los derechos humanos.
Por lo expuesto, se considera oportuno y de justicia proponer una reforma integral a la legislación penal militar, tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo, por lo que esta iniciativa pretende ajustar dicha relación a la realidad social, sin perjuicio para los sentenciados por los delitos de orden militar de conservar una vida decorosa dentro del ámbito penitenciario y disciplinario en el que se encuentran inmersos.
Por último, compañeros, y en obvio de tiempo, quisiera pedir a la mesa que, ya que se ha publicado en la Gaceta legislativa, se incluya el texto íntegro de la iniciativa que se propone en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Alarcón Trujillo. De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Marina.
Se solicita a la secretaría se instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?
Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación.
Diputada Presidenta, informo a usted que hay 360 diputadas y diputados registrados. Hay quórum.
Los diputados que no han registrado su asistencia, tienen diez minutos para hacerlo por cédula.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Están con nosotros aquí en el Salón de Sesiones y les damos la más cordial bienvenida, a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Cristóbal Colón, del Puerto de Veracruz. Ellos han sido invitados por el diputado Gustavo Zanatta Gasperín, representante del Primer Distrito Federal Electoral del Estado de Oaxaca. Sean ustedes bienvenidos a la casa de la Nación.
(Aplausos)
A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Juana Cusi Solana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud.
La diputada Juana Cusi Solana: Señora Presidenta, con su venia.
Honorable Asamblea: La suscrita, Juana Cusi Solana, diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 fracción II, y 72 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, para ampliar la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis tipo B, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La hepatitis es una enfermedad frecuente y transmisible. Si realizamos una definición de hepatitis virales, encontraremos que es la inflamación del hígado por infección con algunos de los virus existentes: A, B, C, D.
La hepatitis B anteriormente conocido como "hepatitis del suero", es entonces la inflamación del hígado causada por el virus de la hepatitis B, BHB, adquirible por contacto sexual, por la sangre, el uso de drogas, transfusiones, por secreciones y de una madre infectada a su hijo cuando nace.
Entre seis semanas a seis meses después de que se adquiere la infección, puede haber síntomas de hepatitis aguda como cansancio, falta de apetito y color amarillo de la piel.
Sin embargo la hepatitis aguda por el virus B es poco frecuente. La mayoría de las personas que contraen el virus, lo eliminan gracias a su sistema inmunológico. Esta infección es peligrosa porque el 10% que adquieren el virus y no lo eliminan, padecerán hepatitis crónica que generalmente no produce ninguna molestia y sólo se detecta cuando la enfermedad ya está avanzada.
La inflación crónica del hígado durante más de seis meses, puede ocasionar fibrosis o sustitución de las células normales del hígado por cicatrices que hace que el hígado no lleve a cabo sus funciones normales derivando en cirrosis y cáncer.
La vacunación contra el BHB, s la medida más efectiva para prevenir la infección y sus consecuencias.
Ya existe una vacuna contra el virus de la hepatitis B, es efectiva para proteger contra la infección viral en un 90% de las personas sanas que lo reciben, ya que induce la formación de anticuerpos contra el virus de la hepatitis y consiste en la aplicación de tres dosis al 01 y 5 meses de su aplicación.
La vacuna se recomienda aplicar a todos los recién nacidos, a los adolescentes, a los trabajadores de la salud como médicos, enfermeras, técnicos de laboratorios, a las parejas sexuales y las personas que viven con personas infectadas por el virus, a las personas en tratamientos con hemodiálisis o con enfermedades de coagulación, las personas infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, las personas con hábitos sexuales de riesgo y los trasplantados de órganos.
A partir de 1999 esta aplicación se incluye en nuestro país en el cuadro básico de vacunación de recién nacidos, con el objeto de proteger a la población desde edades tempranas, pero quedan desprotegidos aún los adolescentes y adultos.
En todos los casos se ha alegado que la vacuna es de muy alto costo y por eso su esquema es caro, pero de continuarse sólo con esta estrategia de vacunación, se requerirán de doce años más para lograr que todos lleguen vacunados a la adolescencia.
Si al mismo tiempo se inicia un programa de vacunación en alumnos que inician el 6º grado de primaria, lo que seguramente aumentaría el apego a recibir las tres dosis, se lograría la cobertura total en un lapso de sólo 7 años. El impacto de costo-beneficio de ahorro de 5 años, es muy importante en evitar el costo de l daño hepático crónico en sus aspectos de atención médica y consumo de recursos de salud.
El impacto socioeconómico de los resultados obtenidos en México contra la hepatitis B, muestra que una inversión aproximada de 649 mil pesos, se refleja en la reducción de un paciente con cáncer de hígado, 10 pacientes con cirrosis hepática, 100 pacientes con hepatitis B crónica y 1000 con antígeno de superficie de la hepatitis B positivo.
Si el costo aproximado por diez años de vacunación contra la hepatitis B fuera de 31 millones 44 mil 776 pesos, se podría obtener un beneficio de 5 billones 331 millones 940 mil 298 pesos, estrategia que traería un beneficio de 59 mil 762.55 años vida.
Toda política pública sanitaria implica una tendencia preferente hacia la prevención que a la remediación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 144 de la Ley General de Salud, para ampliar la obligatoriedad de la vacunación contra la hepatitis tipo B.
"Unica.- Se reforma y adiciona el artículo 144 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"Artículo 144.- Las vacunaciones contra la hepatitis tipo B, tos ferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis, sarampión, así como otras enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que deben ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud.
"Para el caso de la hepatitis tipo B, será obligación de las instituciones públicas y privadas de salud, verificar que la población a partir de los 11 años de edad, haya sido vacunada y, en su caso, proveerá de las vacunas requeridas".
Transitorios.
Primero.- El presente decreto entrará en vigor para el Ejercicio Fiscal 2007.
Segunda.- La Secretaría de Salud deberá dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, reformar su normatividad reglamentaria para ajustarse al presente decreto.
Tercero.- La Secretaría de Salud deberá elaborar, previo a la entrada en vigor del presente decreto, un informe sobre la situación que guarda la incidencia del VHB en México y las estimaciones financieras que su cumplimiento haya de implicar. Dicha información deberá ser publicada y transmitida a las Comisiones de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, y al Honorable Senado de la República, cuando menos una semana antes de la presentación del paquete económico para el 2007.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Cusi Solana. Túrnese a la Comisión de Salud.
A solicitud del diputado Pablo Franco del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se retira de la presentación la iniciativa de reforma que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se encuentran con nosotros estudiantes y alumnos de la Universidad del Valle de México Campus Texcoco, invitados por el diputado Lucero Palma.
Sean ustedes bienvenidos.
Asimismo están compañeros, alumnos y maestros de la Universidad de Guadalajara, invitados por el diputado Carlos Blackaller Ayala, sean ustedes todos muy bien venidos a esta su casa.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Diego Aguilar del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Diego Aguilar: Con su permiso señora Presidenta.
En diciembre próximo pasado el Congreso General aprobó una serie de disposiciones relacionadas con las zonas y sitios arqueológicos e históricos que merecen ser revisadas, dado que implican ciertas inconsistencias con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.
Los temas que esta iniciativa modifica, están referenciados sobre el pago de derechos para el ingreso a estas zonas, la relación que debe existir con este pago, cuando un área natural protegida, se ubica en una zona arqueológica o histórica, así como establecer los mecanismos para que las cuotas recibidas por distintos conceptos sean otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente para acciones encaminadas a incrementar y mantener el equipamiento e investigación en estas zonas.
Lo anterior, se sustenta en lo siguiente:
1º.- El incremento que se hace al pago de derechos para ingresar a las zonas arqueológicas y museos, requiere estar sustentado de un estudio previo que demuestra el costo real que todo visitante debe pagar y a partir de que se defina esta cantidad y de acuerdo al estado de la economía social, definir cuál será el costo real que cada visitante deberá pagar por ingresar a estas zonas.
El artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, establece una categorización y horarios diferenciados para entrar a las zonas arqueológicas e históricas, cuyos criterios de selección no están establecidos en la Ley Federal de Monumentos. Asimismo se requiere conocer, por parte de las autoridades de Conaculta y el INAH las intenciones que existen, para involucrar a la iniciativa privada en la prestación de diversos tipos de servicios dentro de los recintos arqueológicos y museográficos, toda vez que con la aprobación de extensión de los horarios en las zonas triple AAA hasta las ocho horas, no es claro aun los servicios que se prestarán, para satisfacer el pago de 150 pesos entre las cinco y ocho horas.
Por ejemplo, el Museo Nacional de antropología que se categorizó como área triple AAA tiene una afluencia de visitantes hasta casi las ocho horas, debido a la diversidad y riqueza de objetos que allí se presentan y las exposiciones temporales.
Poner un horario que hasta las cinco horas se pague una tarifa de 45 pesos y después de esa hora una tarifa de 150, sin que aun la autoridad explique qué va a hacer en estos recintos triple AAA después de las cinco horas, nos parece demasiado sospechoso.
En este sentido, se propone que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, establezca un comité de trabajo con la participación de los expertos investigadores y demás público involucrado en estos asuntos, a fin de realizar los estudios pertinentes que conduzcan a elaborar una propuesta de pagos de derechos, para entrar a zonas y sitios arqueológicos e históricos en términos reales y consensuar un monto que no afecte a la economía social.
Este será enviado para su consideración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser congruente con las disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, esto con la finalidad de establecer el pago real de derechos, que un visitante a las zonas y monumentos arqueológicos debe hacer, que sea suficiente para permitir a las instituciones, sufragar parte de los gastos necesarios, para equipamiento e investigación en estas zonas, con base en la situación económica que prevalece en el país.
Asimismo es necesario que las Cámaras del Congreso General reformemos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, para que en ellas se establezcan las categorizaciones de estos sitios, según su importancia, infraestructura y servicios que prestan.
Una vez que se hayan establecido las cuotas sobre el pago de derechos para este fin, los incrementos anuales por este concepto no podrán ser mayores al porcentaje de inflación esperado para el ejercicio fiscal anual siguiente, de manera que no dañe los ya históricamente depauperados bolsillos de los mexicanos.
Segundo. Se requiere modificar el penúltimo párrafo del artículo 288, para que en los casos en que exista una zona arqueológica dentro de un área natural protegida, el visitante tenga la elección de entrar a uno u otro o a ambos, pero que no medie un doble pago de derechos forzoso como sucede en Palenque, que primero se cobra la entrada al parque nacional, que en su mayoría son potreros y no se conserva nada y metros más adelante se cobra la entrada al sitio arqueológico por el INA, quien es quien conserva el ambiente y sus recursos en el área definida de su competencia.
Tercero. La protección, conservación y restauración de nuestro patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y artístico requiere de los recursos que provienen de las cuotas del servicio de no inmigrante, que por disposición de ley el 50% va al Instituto Nacional de Migración y el 50% al Consejo Mexicano de Promoción Turística, sin embargo, ninguna de estas dependencias envía recursos para apoyar los trabajos de protección, conservación, restauración y gestión de este patrimonio, ya que el turismo depende en gran parte de los sitios y zonas arqueológicas.
En este sentido, proponemos modificar el artículo 18 A para que de manera equitativa se distribuyan los ingresos generados por el pago de derechos con el servicio de no inmigrantes, entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 35%; el Instituto Nacional de Migración, 30% y la Secretaría de Turismo a través del Consejo Mexicano de Promoción Turística, el 35%.
Compañeras y compañeros diputados, si el interés general en el ámbito del patrimonio cultural tiene que ver en gran parte con financiar directamente, eficientemente el equipamiento, servicios e investigación científica, necesitamos fortalecer al sector que protege, conserva y restaura este patrimonio.
Solicito a la Presidencia se instruya la inserción completa de la iniciativa en el Diario de los Debates, además de que se incluya dentro de los firmantes de esta iniciativa a la diputada Marbella Casanova, por favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias. Y de acuerdo a su solicitud, favor de dejar establecido en el Diario de los Debates que la iniciativa fue presentada conjuntamente por el diputado Francisco Diego Aguilar y la diputada Marbella Casanova Calam y que se inserte íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió de la diputada Evelia Sandoval Urbán, iniciativa que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra nuestro compañero diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social.
A petición del propio diputado Federico Madrazo Rojas, se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Trabajo y Previsión Social y de Salud y Seguridad Social y que se inserte íntegra en el Diario de los Debates.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado José Antonio De la Vega Asmitia, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el propio diputado De la Vega Asmitia, el diputado Pablo Alejo López Núñez y el diputado Sergio Penagos García, los tres del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia: Con su venia diputada Presidenta.
Los diputados, su servidor, José Antonio De la Vega, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, a fin de establecer la obligatoriedad de los debates en las campañas políticas a la Presidencia de la República, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
A través de los años se ha buscado la consolidación democrática mediante instituciones fehacientes que no sólo regulan los procesos electorales, sino que además se preocupan por despertar la inquietud de los ciudadanos ante asuntos nacionales y en crear una nueva cultura cívica que asegure la participación orgánica del pueblo en el Gobierno.
No obstante, aún nos encontramos frente a un camino largo de recorres; pues si bien es cierto que existen personas preocupadas de su futuro y ocupadas en su presente para estar en posibilidad de alcanzar satisfactoriamente sus objetivos a mediano y largo plazo; también lo es que este tipo de personas son las menos, pues existe un desdencito e incredulidad generalizados de parte de los gobernados hacia los gobernantes, que ha mermado no sólo en la consolidación del sistema democrático sino también en el desarrollo económico y social del país.
Pues los ciudadanos como elementos esenciales del pueblo, se han olvidado del rol que juegan en la sociedad, dejando la capacidad de decisión depositada en muy pocas manos y por ende el destino de la nación.
Para Acción Nacional la democracia es una forma de gobierno y un estilo de vida fundado en el respeto a los derechos individuales, sociales y políticos y por lo tanto, como un régimen plural de libertados en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar con el mismo empeño, la justicia social y el bien común.
Por ello es de interés primordial la colaboración de ambos para la consolidación de la democracia que sin lugar a duda apareja mejores consecuencias para los mexicanos.
Para que exista la democracia se debe empezar por el establecimiento de condiciones equitativas en las contiendas electorales, lo que nos lleva a pensar en la necesidad del fortalecimiento del ejercicio de civilidad, de responsabilidad y de compromiso con la nación, para evitar retrocesos y vicios del pasado y del presente que empañen nuestra democracia.
La democratización supone la institucionalización de las reglas del juego democrática, lo que implica que en los procesos de toma de decisiones, deba existir la probabilidad de que las distintas opciones políticas encuentren un espacio de expresión. Asimismo, está condicionada a que existan mecanismos democráticos eficaces y eficientes.
Por ello, es que creemos en la necesidad de perfeccionar nuestras normas electorales a efecto de mejorar las condiciones de competitividad, equidad y legalidad necesarias en todo proceso democrático.
En este sentido, debemos poner especial atención en las campañas electorales contemporáneas, a efecto de que las mismas contemplen la existencia de un mecanismo eficiente que pudiera ser determinante no sólo para disminuir el abstencionismo, sino también para provocar el interés de los votantes, para ser parte de la vida política del país, consolidado en el voto razonado de los mismos, nos referimos al necesario, al debate obligatorio entre los candidatos a la Presidencia de la República.
El debate presupone el contacto ideológico entre las personas que toman parte en el proceso electoral para la exposición de sus ideas, el cual indudablemente impacta en la sociedad, pues genera razonamientos que llevan al ciudadano a la reflexión, derivando acciones a través de las cuales los votantes se sentirán motivados para opinar, juzgar, evaluar y decidir sobre a que candidato van a apoyar con su voto.
Estamos convencidos de la imperante necesidad de dar a conocer a los ciudadanos las ideas y plataformas de cada uno de los partidos existentes. Resulta lamentable que el destino de esta gran nación, se determine por la empatía o afinidad que los ciudadanos puedan sentir hacia un candidato, sin siquiera conocer las bases que rigen a su partido o las propuestas concretas.
Por ello, no podemos seguir tolerando mensajes o discursos que no se fundamenten ni se razonen, pues es fácil prometer, pero más fácil aún es dejar de hacer, es fácil prometer con base en nada, pero como mexicanos merecemos que nos dejen saber los qué, los cómo y los cuándo.
No basta coincidir con ideas, es indispensable estar seguros de que las mismas nos sacarán adelante como país, pues no podemos seguir pensando en lo individual. Por ello es indiscutible el enfrentamiento ideológico que nos dé las bases para ser partícipes responsables en el desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida.
La presente iniciativa busca fortalecer la figura del debate público entre los candidatos a la Presidencia, a través de la obligatoriedad de los mismos, a efecto de permitir a los electores, la comparación entre candidatos, propuestas, plataformas políticas, objetivos y estrategias concretas de atención en los temas de verdadero interés nacional; generando así, mayor conciencia entre los votantes, dándoles mayores elementos de convicción al momento de elegir.
No proponemos un debate en la descalificación ni de los candidatos ni de sus partidos, sino por el contrario, proponemos un debate responsable, cuya única finalidad, sea la de involucrar a la sociedad en temas de relevancia nacional, con base en la verdad y la contundencia de propuestas, para estar en condiciones como ciudadanos de redireccionar el rumbo del país a través del voto.
Actualmente el IFE, es una de las instituciones más confiables entre los ciudadanos y dentro de sus atribuciones a través del Consejo General, encontramos justamente la organización de debates, sin embargo, no se determina la obligatoriedad de los mismos. Por ello, es que se propone la adición de un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de facultar al Consejo General del IFE, para que establezca la realización obligatoria de debates públicos, durante las campañas políticas electorales, a efecto de fortalecer la cultura democrática en nuestro país.
Asimismo, proponemos adicionar un inciso al artículo 38 del mismo ordenamiento, a efecto de que se establezca como obligación de los partidos, el acudir a las convocatorias que haga el Consejo General del IFE, en relación a los debates de los candidatos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
Artículo Único. Se reformar el inciso s) del numeral primero del artículo 38, se adiciona un inciso para quedar como t) y se recorre el actual inciso t), para quedar como u). Se adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
"Son obligaciones de los partidos políticos nacionales, garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las oportunidades políticas, participar en los debates públicos convocados por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de sus candidatos presidenciales y las demás que establezca este Código".
Artículo 82. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:
3°. El Consejo General convocará a la realización de al menos dos debates públicos obligatorios, entre los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos, cuya difusión se hará a través de la radio y la televisión.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado de la Vega Asmitia. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Jorge Uscanga Escobar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Uscanga Escobar: Con su permiso, diputada Presidenta.
Honorable Soberanía:
El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción VII al apartado B) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
A lo largo de la historia, los estudiosos de los sistemas penales, los tratadistas y en general los teóricos del derecho penal, lo han estudiado fundamentalmente desde la óptica del delito y la pena. Se ha estudiado al delincuente y las causas que lo llevan a delinquir, pero la víctima u ofendido, no ha sido debidamente valorada y comprendida en sus justos reclamos. Se ha soslayado que todo sujeto pasivo del delito sufre merma en la esfera de su seguridad, porque el delito cometido no sólo lo afecta en lo individual, sino a su familia y a la colectividad de la que forma parte.
De la lectura de diversos documentos de la Organización de Naciones Unidas, podemos advertir que se define a la víctima u ofendido desde la perspectiva de las consecuencias del delito; es decir, al individuo o colectividad que sufre daño bien sea en su persona de carácter físico, emocional o mental o en su patrimonio de carácter económico o financiero o bien en sus derechos con motivo de las infracciones a los dispositivos del orden penal.
El delito se manifiesta en la víctima u ofendido no sólo en una violación, daño o menoscabo de sus derechos, sino en un peligro que lo mantiene con temor, miedo y angustia ante la posibilidad de ser nuevamente agredido, ofendido o victimado.
Generalmente los esfuerzos del sistema jurídico penal mexicano se han centrado en discernir y precisar con base en la conducta o hecho, la norma penal infringida. Es decir, si está o no en presencia de una conducta o hecho típicamente antijurídico y culpable la responsabilidad del sujeto activo del delito, las excluyentes de responsabilidad o causas de justificación y la imputabilidad del delincuente, la pena y su ejecución hasta la readaptación del sentenciado para su reinserción social. La imputabilidad es fundamental en lo que se refiere a este tipo de delitos.
El objeto de esta corriente del derecho punitivo que ha prevalecido, es sin duda garantizar el estado de derecho, las libertades, el orden y la paz pública, así como los derechos, la integridad y la vida de las personas con base en la pena, es decir, el castigo potencial previsto en la norma jurídica como medio preventivo para disuadir a los miembros de la colectividad respecto de conductas o hechos tipificados como delitos que deben ser evitados y que en caso contrario, traería como consecuencia la imposición de las sanciones respectivas.
Otros estudiosos del sistema penal se han pronunciado y han propuesto que el Estado remita a la justicia civil muchas de las conductas o hechos sujetos a la sanción penal, fundando su razonamiento en el interés de las partes afectadas, es decir las víctimas u ofendidas.
Nosotros consideramos que ambas visiones tienen ventajas y desventajas que deben ser ponderadas a fin de evitar en lo posible acciones y omisiones lesivas a la persona.
El sistema penal vigente ha plasmado en el ordenamiento punitivo diversas acciones privativas de libertad que han sido ponderadas en función del valor de lo robado y del monto en el que se sitúa, por ejemplo, el abuso de confianza o lo defraudado o lo dañado.
Se encuentra prevista la reparación del daño y perjuicio causados, pero como todos sabemos, para el ofendido esto implica incursionar en procesos legales de carácter civil que en ocasiones llegan a representar gastos y costos adicionales que muchas veces no lo puedan cubrir o en el peor de los casos, exceden el monto de lo que se quisiera recuperar, restituir o reponer. Así, esas víctimas del delito, a final de cuentas, quedan en eso: en meras víctimas de los sujetos activos del delito.
Nuestra reflexión al respecto nos ha llevado a considerar que a las víctimas de estos delitos el Estado debe garantizarles su derecho a la justicia restitutiva, habida cuenta que el bien jurídico tutelado lo es el patrimonio y precisamente lo que interesa a las víctimas es que se les restituya la cosa o su valor.
Esto es así y es precisamente bajo esta concepción que el Código Penal Federal en su artículo 375 dispone que cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague esto todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna sino se ha ejecutado el robo por medio de la violencia.
Es tan solo una hipótesis, pero en este orden de ideas y considerando que la lógica del binomio delito-pena no es suficiente en los delitos penales, se debe buscar la justicia restitutiva y crear nuevos espacios para que ésta se materialice. Un ejemplo de esto sería la reducción de la pena por restitución a la víctima u ofendido de la cosa o el valor de reposición del objeto material del delito.
Consideramos que así el estado puede cumplir de mejor manera su función primigenia de proporcionar seguridad en el patrimonio de las personas, lo cual no se cumple cabalmente, sólo con acciones represivas. Es por ello que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO que adiciona la fracción VII al Apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
UNICO. Se adiciona la fracción VII al Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 20. En todo proceso de orden penal el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías: B) De la víctima de lo ofendido.
Séptima. que se le restituya la cosa o el valor de la reposición del objeto material del delito.
TRANSITORIO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto señora presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Uscanga. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado José Luis Cabrera Padilla: Muchas gracias. Con su permiso diputada presidenta; compañeras y compañeros diputadas y diputados:
Presento ante ustedes esta iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de garantizar una verdadera representación indígena en el Consejo Consultivo de dicha comisión y reconocer el carácter vinculante de sus propuestas y recomendaciones en la formulación de políticas públicas con perspectivas indígenas.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En la actualidad la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas prevé la conformación de un consejo consultivo integrado por representantes de los pueblos indígenas, de instituciones académicas especialistas en materia indígena, organizaciones sociales que trabajan en las comunidades, integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y un representante por cada uno de los gobiernos de los estados o de las entidades federativas en las que están asentados pueblos y comunidades indígenas.
Referente a la integración del Consejo Consultivo, establece que en su composición habrá mayoría de representantes indígenas. Sin embargo, el reglamento para la integración del consejo, abre la posibilidad de que los representantes no necesariamente deben ser indígenas, lo cual se corrobora al revisar las características que deben reunir las personas para ser integrantes de dicho consejo.
Pertenecer a un pueblo indígena, tener una relación permanente con el pueblo indígena al que pertenece, poseer calidad moral y compromiso con sus pueblos y que ésta sea socialmente reconocida y tener amplia experiencia en el trabajo a favor de los pueblos indígenas.
Es claro que alguien puede tener experiencia en el trabajo a favor de los pueblos indígenas o poseer calidad moral y compromiso y que ésta sea socialmente reconocida, pese a no ser indígena.
De este modo se abre la posibilidad para que ocupen estos espacios dirigentes sociales o académicos ajenos a la vida de los pueblos y comunidades indígenas, quienes por cierto puede tener de alguna forma una sobre representación debido a que ellos ya son considerados en la integración del Consejo.
A mi juicio, es necesario precisar la representación indígena porque el Consejo Consultivo, de acuerdo con la Ley que crea la CONADEPI, es parte importante del cuerpo estructural de la Comisión porque tiene la facultad de analizar, opinar y hacer propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre políticas, programas, acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas.
De esta forma, es ineludible que la Ley de la CONADEP garantice a los pueblos indígenas sean representados por indígenas y que además tengan real representatividad en sus comunidades, muy a pesar de las limitaciones y alcances que el Consejo Consultivo tiene.
Por otra parte, para garantizar que las recomendaciones y propuestas de los indígenas miembros del Consejo Consultivo sean tomadas en cuenta por el Director General y por la Junta de Gobierno de la CONADEPI, por disposición de ley debe especificarse el carácter vinculante de sus propuestas y recomendaciones para ser consideradas en la formulación de políticas públicas del Gobierno Federal.
Las instituciones del Gobierno Federal y los pueblos indígena, en cierta forma representados en el Consejo Consultivo deben aspirar a lograr una asociación más estrecha para la elaboración y puesta en práctica de políticas públicas integradas en las estrategias del desarrollo a partir del principio básico de la interdependencia creciente y conlleve a fomentar y fortalecer la capacidad propositiva y creativa de los indígenas.
De esta forma, al reconocer la contribución esencial de los pueblos y comunidades indígenas en su capacidad de formulación de políticas públicas, se contribuye a la auto-gestión y el auto-desarrollo. Sin duda se contribuye a la lucha por todos los medios de oponernos a la exclusión, marginación y asimismo de elaborar todos los procesos que favorezcan la participación y la corresponsabilidad en las acciones emprendidas por las comunidades indígenas con pleno respeto a su voluntad, iniciativas y organización.
El Gobierno Federal debe reconocer el derecho que los pueblos indígenas tienen para impulsar su desarrollo en el marco de sus propias culturas, formas de organización y necesidades. De este modo, la modificación propuesta tiene el objetivo de garantizar dicha representación sobre la base de que los indígenas que hayan sido autoridades tradicionales o formado parte del sistema de cargos en el pueblo al que pertenezcan, necesariamente fueron reconocidos por su pueblo al recibir un encargo del mismo.
Al mismo tiempo, dotar al Consejo Consultivo que según la ley debe integrarse mayoritariamente por indígenas del carácter vinculante de estas decisiones, o de sus decisiones.
Es decir, se trata de garantizar una adecuada integración y representación indígena en el Consejo Consultivo; asimismo fortalecer su capacidad propositiva en la definición de las políticas públicas.
Por lo anteriormente expuesto y seguro de la necesidad de contar con un marco jurídico que permita garantizar la participación de los pueblos indígenas en el diseño, evaluación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, presento ante esta honorable asamblea la iniciativa que reforma el artículo 12, fracción I, y el artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo único. Se reforma el artículo 12, numeral I, y el artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Artículo 12. La Comisión contará con un consejo consultivo integrado por: -numeral I-representantes de los pueblos indígenas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables derivadas del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para esto será necesario que hayan sido autoridades tradicionales o formado parte del sistema de cargos en el pueblo a que pertenezcan.
Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al director general para las políticas públicas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena. Asimismo, las propuestas y recomendaciones del Consejo Consultivo tendrán carácter vinculante para garantizar que las políticas públicas del gobierno federal tengan una perspectiva indígena que contribuya a su autogestión y autodesarrollo.
Transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado José Luis Cabrera Padilla. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se recibió del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Se recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Rafael Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de decretar como órgano constitucional autónomo a la entidad de fiscalización superior de la federación.
El diputado Rafael Sánchez Pérez: Con su anuencia, señor presidente. Honorable asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Rafael Sánchez Pérez, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Constitución federal con el fin de transformar a la Auditoría Superior de la Federación en órgano constitucional autónomo.
En virtud del tiempo de que dispongo para mi intervención, me permito señalar lo referente al articulado de la propuesta, prosiguiendo a sintetizar el contenido de la misma debido a que, por tratarse de una reforma integral, no sería suficiente el tiempo para dar lectura al articulo a reformar. Sin embargo solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se inserte íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, 73, 74, 79, 110, 111, 115 y 116, y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 74; el artículo 79´, el párrafo primero del artículo 110; el párrafo primero del artículo 111; el inciso c) de la fracción IV del artículo 115; se adiciona un párrafo al articulo 49; un párrafo a la fracción XXIV del artículo 73; la fracción II del artículo 79; un párrafo quinto al inciso c) de la fracción IV del artículo 115; una fracción V, recorriéndose las fracciones V, VI y VII para quedar como fracciones VI, VII y VIII respectivamente, del artículo 116; un párrafo al inciso b) de la fracción V de la base primera de la disposición C del artículo 122; y una base quinta y se recorre la actual base quinta para quedar como base VI de la disposición C del artículo 122; y se deroga la fracción II y los párrafos cuatro, cinco y seis de la fracción IV del artículo 74; el inciso c) de la fracción V de la base primera de la disposición C del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Todo lo anterior por las siguientes
CONSIDERACIONES
Finalidad: Transformar a la entidad superior de fiscalización de la Federación en órgano autónomo constitucional.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Refiere aspectos generales de instituciones precedentes a lo largo de nuestra historia que consideran la actual Auditoria Superior de la Federación. Asimismo resume la necesidad y justificación de ir adecuando la institución encargada de revisar la fiscalización de los recursos públicos; señala y resalta la importancia de injerencia que han tenido reformas constitucionales de leyes secundarias y reglamentos inminentes en el fortalecimiento de la autonomía a la entidad de fiscalización superior.
Se completa con un comparativo en materia de operatividad y estructura del órgano superior de fiscalización de diversos países de América Latina, destacando las bondades de dichas autonomías constitucionales considerando con ello que en nuestro país existen las condiciones de la viabilidad para aprobar e impulsar la transformación de una autonomía parcial a una autonomía total constitucional.
La Auditoria Superior de la Federación debe estar deslindada de todo tipo de intereses políticos y/o personales para un mejor funcionamiento y eficacia en aras de seguir impulsando el fortalecimiento de instituciones fundamentales en el que hacer política social y cultural. Por tanto se considera viable signar dichos estatutos en nuestra Carta Magna respetando el equilibrio de poderes.
Reformar el artículo 74 constitucional implica suprimir la dependencia que actualmente tiene la Auditoria Superior con la Cámara de Diputados, por ende ya no sería este órgano legislativo el encargado de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública.
Sin embargo, acorde con lo anterior, aspectos relativos al objeto de la fiscalización de las responsabilidades y la prórroga para la presentación de cuentas públicas, entre otros, contemplado por el artículo 74, considera trasladarlos al artículo 79 con el fin de diseñar lo más adecuado posible la autonomía de la entidad de fiscalización.
Dos cambios estructurales respecto de la Cuenta Pública implican que la misma sea presentada a la entidad superior de fiscalización a más tardar el 31 de marzo y no en junio como actualmente está establecido. Esto redundaría en mayor prontitud y oportunidad en la revisión y fiscalización de los recursos, contribuyendo a mejorar la transparencia.
El otro cambio fundamental refiere que el Informe del Resultado y Fiscalización de la Cuenta Pública sea presentado ante la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del mismo año en que se recibió y publicado en el Diario Oficial de la Federación para su difusión.
Postulados básicos se contemplan: obligación de los entes fiscalizables, de administrar los fondos y recursos con eficacia, eficiencia y honradez, y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes de conformidad con la ley de la materia.
La titularidad o representación de la Entidad Superior de la Federación, se contempla que recaiga en un órgano superior de dirección, Junta de Gobierno, integrada por cuatro comisionados y un presidente que, con la toma de decisiones en conjunto, eviten discrecionalidad y arbitrariedad que provoca la unipersonalidad.
Que la designación del presidente y los comisionados de la mencionada Junta de Gobierno, sean propuestos por la Cámara y aprobados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, previendo que en caso de receso, la Comisión Permanente únicamente reciba las propuestas para los nombramientos. La ley determinará el procedimiento para esta designación.
A efecto de garantizar la estabilidad y seguridad de los integrantes de la Junta de Gobierno, se recomienda que su encargo sea por ocho años y que por una sola ocasión puedan ser reelectos, pudiendo únicamente ser separados de su cargo por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución.
Indispensable resulta reformar el artículo 11, para dotar de fuero a los comisionados y al Presidente de la Entidad de Fiscalización, para protegerlos contra injerencias o presiones de otros poderes públicos derivados de las tareas que desarrollan.
Reforma el artículo 110 para que tanto la Comisión como el Presidente del Órgano Superior de Fiscalización, puedan ser sujetos de juicio político.
Considerando que dichas reformas deben ser aplicables no sólo en el ámbito federal sino que deben extenderse a las órdenes locales, se propone homologar los sistemas jurídicos de fiscalización federal y los de entidades federativas, mediante la reforma al artículo 115 constitucional.
Adiciona una fracción V al artículo 116 constitucional, para que las entidades federativas incluyan en sus constituciones y leyes secundarias la creación de entidades estatales de fiscalización, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, sin dependencia alguna de los poderes del Estado.
Finalmente, esta homologación también se contempla para el caso del Distrito Federal, por lo cual se establece reformar el artículo 122, a fin de que se elimine la facultad de revisión de la Cuenta Pública a la Asamblea Legislativa y adicionando una base quinta para que exista una entidad de fiscalización con las mismas características que el Organismo Superior de la Federación.
Artículos transitorios.
Primero.- Este decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2010, fecha en que iniciará su función la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, como organismo autónomo.
La revisión de la Cuenta Pública, las funciones de fiscalización realizadas por el órgano autónomo a que se refiere este decreto, se llevarán a cabo a partir de la revisión de la Cuenta Pública del 2009. Las cuentas públicas anteriores a este año serán revisadas conforme a la actual legislación.
A partir de la fecha que inicie sus funciones la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación como organismo autónomo, todas las referencias que se hagan a las disposiciones jurídicas, a la Auditoría Superior de la Federación, se entenderán hechas a dicha entidad.
Segundo.- Todos los inmuebles, equipos, archivos, expedientes, papeles en general, los bienes de la Auditoría Superior de la Federación, pasarán al organismo autónomo, quedando destinados y afectos a su servicio.
La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación igualmente subroga en todos los derechos y obligaciones de aquella.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación pasarán a formar parte de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y se respetarán sus derechos en los términos de ley.
Tercero.- Los trabajadores de la Auditoría Superior de la Federación y en virtud de lo dispuesto en este decreto, pasen al organismo autónomo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales.
Cuarto.- Las solicitudes y recursos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del presente decreto, seguirán substanciando ante el Organismo Superior de la Federación, en tanto quede debidamente constituido el organismo creado por este decreto.
Quinto.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las modificaciones necesarias en sus ordenamientos jurídicos y expedir las leyes que sean necesarias, con el fin de proveer el debido cumplimiento del mismo.
6º.- No podrán ser comisionados o presidentes de la Junta de Gobierno de la entidad de la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el presente decreto, si con anterioridad hubieran ocupado el cargo de titular de la Contaduría Mayor de Hacienda o de la Auditoría Superior de la Federación.
7º.- En tanto se concluya el proceso correspondiente para la debida integración de la Junta de Gobierno del nuevo órgano constitucional autónomo, paralelamente se deberán adecuar los ordenamientos legales respectivos en los ámbitos federal y estatal y del Distrito Federal para dar cumplimiento al presente decreto, el actual Auditor Superior de la Federación, seguirá fungiendo como titular hasta la conclusión del período parael cual fue electo, es decir, hasta el día 31 de diciembre de 2009 y a partir del 1º. de enero del 2010 deberá entrar en funciones la Junta de Gobierno del Organo Autónomo de Conciliación.
Dado en el Palacio Legislativo el día 4 del mes de abril del 2006.
Suscriben la presente iniciativa el diputado Guillermo Zorrilla Fernández, diputado Alfonso Nava Díaz y diputado Salvador Vega Casillas y otros diputados más integrantes de la Comisión.
Muchas gracias Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y publíquese su texto íntegro en el Diario de los Debates.
Esta Presidencia saluda y da una cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec invitados del personal de esta Cámara de diputados, sean bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Eliana García Laguna: Gracias señor presidente.
Se solicita vendedora, Mueblería Frey. Requisito: excelente presentación. Recepcionista, requisito: excelente presentación. Secretaría, requisito; excelente presentación. Ejecutivas de Venta, Capturistas, Choferes, requisito: excelente presentación. Se combina también con los anuncios de edecanes, en donde se ofrecen edecanes de 18 a 25 años talla 0 a la talla 7 por un costo de ocho mil pesos semanales.
La puesta estadunidense L. West (?) que motivó la creación de una fundación mexicana que dirige la doctora Espurio, decía que ella vivía en el permanente dilema entre su hambre y su miedo a engordar. Ya nuestras compañeras y amigas diputadas de la Comisión de Equidad y Género, el pasado noviembre del 2005, organizaron una cruzada nacional contra la anorexia y la bulimia, para decir "NO" a la talla O. En España una organización de geminuistas, tiene como uno de sus lemas: " Abajo las barbies arriba las barriguitas".
Nosotros estamos en este momento haciendo la discusión de una minuta en relación con el narcomenudeo, como un serio problema en términos de salud y de crimen organizado, y no estamos dándole una atención de la misma magnitud a un problema tan grave, como son los trastornos alimenticios, provocados por una concepción de la belleza, ajena a nuestra propia cultura. Nada más bastaría ir a visitar detenidamente el Museo de Antropología, para ver las figurillas de las mujeres prehispánicas, en donde nuestra conformación no es la de ser modelo sino una concepción de belleza, en la cual la delgadez es lo que se convierte en el modelo a seguir, y que genera grandes frustraciones, que se están reflejando de manera preocupante en jóvenes adolescentes, que empiezan a tener trastornos gravísimos en sus mecanismos de alimentación.
Hay estudios que hablan sobre cuáles son los factores que ocasionan estos trastornos alimenticios, uno de estos estudios lo hizo el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde encuentra factores biológicos, encuentra factores psicológicos, familiares y sobre todo factores de carácter social, ligados con esta idea de que mientras más delgadas, más bonitas.
Los trastornos alimenticios que son conocidos es la sobreingesta compulsiva que se conoce también como "comedores compulsivos". Derivada de esta ingesta compulsiva se presenta otro trastorno que es conocido como "bulimia", en donde uno come, come y después para poder contrarrestar el efecto de comer empieza a vomitar, se provoca vómitos que destruyen todo el aparato digestivo y se abusa de laxantes que permitan la evacuación de todo lo que se comió y una preocupación excesiva por la imagen. Y otro de los trastornos de los que ya nuestras compañeras de la Comisión de Equidad hicieron incluso una campaña, es la "anorexia nerviosa", que es el dejar de comer inclusive al nivel de comer 600 calorías menos de las que el cuerpo necesita diariamente para vivir.
La situación es tan grave, que el día de hoy en un periódico nacional se comenta de una operación cerebral que ya se ha practicado en México en dos ocasiones, a dos jóvenes adolescentes; una joven enferma de anorexia y otra de anorexia y bulimia; es una operación que se practicó en el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", del ISSSTE, que significa cauterizar o destruir tejido cerebral aparentemente normal a través de aplicar impulsos de calor directamente en el cerebro para corregir trastornos obsesivo-compulsivos, como éstos de atracones de comida y luego los vómitos.
Esta operación ha tenido éxito hasta ahorita; se aplicaba anteriormente a pacientes con esquizofrenia o problemas mentales de profunda agresividad y una de las jóvenes a las que se le hizo esta operación ya dejó de vomitar, ya recuperó la vista, ya cumplió sus 19 años; ya no consume drogas; ya no está preocupada por su imagen como lo más importante. Y entonces la iniciativa que voy a presentar, que reforma diversas disposiciones de distintas leyes, tiene como objetivo prevenir, que no tengamos que llegar a que las jóvenes de nuestro país se tengan que estar haciendo operaciones para no padecer los trastornos alimenticios.
La reforma va a los artículos 327 y 115 de la Ley General de Salud, en donde sea una facultad y materia de salubridad general, la prevención y control de los trastornos alimenticios. También va al artículo 63 fracción 4ª y el artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para que se incluya que en las transmisiones queda prohibida toda corrupción de lenguaje, etc., etc., o discriminación de las razas o de personas por su imagen, talla o peso.
También la reforma al 67 de la misma Ley Federal de Radio y Televisión, de la cual dicen que ya estamos un poco ciscados algunos, porque esta ley ha provocado un gran debate nacional, para que se incluya en una fracción que no se podrá hacer programación referida al artículo 59 de publicidad, que incite a la violencia o provoque trastornos alimenticios. Y ahí tenemos todos los programas nocturnos donde venden toda clase de productos para que cada día seamos más delgadas, más bellas; se nos quiten las "llantitas" en 15 días, cuando finalmente nuestros cuerpos son parte de nuestro derecho a una vida como nosotras la queramos.
También proponemos la reforma al artículo 4° de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación para que se incluyan que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, etcétera, etcétera, imagen, talla o peso, como parte de un tema de discriminación.
Aunque no lo crean los hombres, para las mujeres sí es un tema de discriminación el que tengamos que ser la modelo de sus fantasías para poder ser aceptadas en un trabajo, para poder ser reconocidas en nuestras propuestas, entonces como un objeto más de discriminación la lucha que ya las compañeras de equidad plantearon en contra de la talla cero.
Otra reforma es la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3°, en su artículo 5° y en su artículo 133, en donde no se podrán establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, imagen, talla o peso.
Y también en la fracción IX, que se incluya que no se podrá pagar un salario menor por origen étnico, nacional, condición social económica, discapacidad, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, imagen, talla o peso, y desde origen étnico hasta peso es una adición a la Ley del Trabajo.
Y finalmente, el artículo 133, donde quede prohibido a los patrones, negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo, nacionalidad, origen étnico nacional, condición social o económica, discapacidad, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, imagen, talla o peso.
Muchas gracias, y como dicen las feministas españolas: ¡Arriba las barriguitas y abajo las barbies!.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Radio, Televisión y Cinematografía, de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión social.
Se recibió de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 71 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 71de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La ley surge como respuesta a una necesidad, es la expresión de una decisión política como solución a una demanda social.
La demanda, antes de articularse como tal, se presenta en forma de necesidad, preferencia, esperanza, expectativa o deseo social, con respecto al cual, en algún momento pensamos que convendría la intervención de las autoridades.
En las sociedades modernas es frecuente observar que son los grupos de interés, partidos políticos, líderes de opinión o medios masivos de comunicación; entre otros, quienes expresan las demandas. Estos grupos o individuos pueden presentar intereses incompatibles o contrarios, por existir diferencias de valores u objetivos, que nos llevará necesariamente a la negociación política y a la necesidad de toma de decisiones.
Es entonces el legislador quien debe satisfacer las necesidades que dan origen a las demandas, conciliando los intereses con los sectores que podrían verse afectados. Se desempeñaran entonces en diferentes roles, como negociador, mediador o arbitro.
Ahora bien, una vez ubicada una necesidad o problema en la legislación, así como, la forma de resolverlo, se le traduce en una iniciativa de reforma, adición o incluso derogación de una norma jurídica; esto a través del instrumento conocido como "iniciativa", presentada a través de quien conforme a nuestra Constitución, tiene el derecho de hacer tales planteamientos ante los órganos legislativos.
En este punto, es de señalarse que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quienes tienen facultad de presentar iniciativa ante el Congreso de la Unión, son: el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Son éstas las personas que se encuentran facultadas para este efecto. Sin embargo, considero que es necesario ampliar este rubro, de tal manera, que además de los señalados se faculte al Poder Judicial de la Federación, para presentar iniciativas de ley en los ramos de la administración de justicia.
Lo anterior encuentra sustento, en el hecho de que éste Poder, es el que se encuentra en constante aplicación de la norma a los casos concretos. De tal forma, que son los primeros en identificar deficiencias o lagunas en el ordenamiento jurídico y por tanto, quienes cuentan con más conocimiento de la forma en que éstos problemas pueden solucionarse, contando siempre con un respaldo práctico.
Debo señalar que esta situación ha sido una petición constante del Poder Judicial Federal, que a la fecha no ha sido atendida, no obstante, que se encuentra debidamente justificada. Tenemos ejemplos en las entidades federativas, en las que en sus propias constituciones, sí se establece la facultad de los poderes judiciales locales, de presentar iniciativas relativas a los ramos de administración de justicia.
Con la propuesta de adición que presentó, se estaría abriendo un canal de comunicación directo con otro poder federal; de tal forma que se obtendría una importante retroalimentación, respecto del trabajo legislativo y la aplicación de la ley a los casos concretos.
De lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, en el que se adiciona una fracción IV, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se adiciona una fracción IV, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
1°. Al Presidente de la República.
2°. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión.
3°. A las legislaturas de los estados y
4°. Al Poder Judicial Federal, por medio del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las leyes relativas a la administración de justicia.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos y por el Poder Judicial Federal, pasarán desde luego, a Comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.
Artículos Transitorios.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, previa realización del procedimiento a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Pablo Alejo López Núñez, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, suscrita por el propio diputado y por el diputado José Antonio de la Vega, el diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su permiso, diputado Presidente.
Los suscritos diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Sergio Penagos García y el servidor Pablo Alejo López Núñez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la exposición de motivos siguiente:
La gran variedad de fuentes de información hoy a nuestro alcance, nos ofrecen un sinnúmero de ideas y mensajes transmitidos por los medios de comunicación, cuya presencia, participación e influencia en la vida diaria, son a todas luces evidentes. La prensa, la radio y la televisión han dejado de ser un vehículo meramente informativo y se han convertido en la herramienta indiscutible para el debate y el análisis del acontecer diario en todos sus ámbitos.
Es así que en nuestra democracia se refleja cotidianamente la prevalencia y el respeto irrestricto de la libertad de expresión en los medios, independientemente de su formato, de su perfil informativo e incluso de su perspectiva religiosa y es ésta, en el sentido más amplio, fundamento básico de toda sociedad que se precie de ser modernista.
El peso histórico de la relación Estado-Iglesia en nuestro país, ha sido factor determinante regulador del binomio en comento, que delimita derechos y obligaciones propios. Hoy es necesario actualizar y fortalecer nuestro marco jurídico en materia de culto religioso, lo que implica ponderar la posibilidad de que las asociaciones religiosas cuenten con la capacidad jurídica para adquirir, instalar, administrar y operar estaciones de radio y televisión, a efecto de difundir debidamente, oportunamente sus creencias.
Hasta el año de 1992, teníamos en nuestro país un régimen jurídico en materia religiosa identificado por un común denominador de restricciones en perjuicio de libertad de culto. La reforma realizada en el año de 1992, adecua las nuevas condiciones de las que ya se hizo mención, las disposiciones jurídicas en la materia.
Dichas normas se relacionan con la situación jurídica de las Iglesias, las agrupaciones religiosas y los ministros y las manifestaciones de culto que a grandes rasgos, comprenden, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho de libertades en el ámbito religioso y por consiguiente de las expresiones sociales que habían permanecido restringidas desde 1917; la regulación de la actuación de las Iglesias como sujeto activo de derecho cerrando la brecha de interlocución entre la Iglesia mayoritaria y el Estado Mexicano y que dio lugar a conflictos históricos entre ellos hasta mediados del siglo pasado.
Y además, la configuración de la expresión normativa de la libertad religiosa, derecho inalienable del ser humano, con lo que se cubrió un vacío jurídico en un asunto extraordinariamente sensible para la mayoría de los mexicanos.
No obstante ello, dicha reforma ha resultado insuficiente con relación a lo dispuesto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país ha suscrito de ello. Sin demeritar los avances en materia religiosa, algunos aspectos continúan inconclusos, a decir el impedimento legal que no constitucional, para llevar a cabo la difusión de la religión y creencias a través de la instalación, administración y operación de una estación de radio o televisión.
El artículo 24 constitucional, señala en su párrafo final la obligación de que los actos de culto religioso se celebren ordinariamente al interior de los Templos; sin embargo, nos remite a la ley reglamentaria los casos extraordinarios que pueden celebrarse.
Las reformas al artículo 27 constitucional, permiten a las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria.
La capacidad de adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto con los requisitos y limitaciones que establezca la misma ley reglamentaria.
Por su parte el objeto de la reforma al artículo 130 constitucional en líneas generales consiste en establecer la separación Estado-Iglesia.
En síntesis, en los preceptos aludidos no existe una disposición o prevención que establezca una prohibición para que las asociaciones religiosas adquieran, posean o administren concesiones de cualquier naturaleza cuanto menos de permisos para el uso de espacio aéreo y la instalación de estaciones de radio y televisión.
Según el artículo 1o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 15 de julio de 1992 queda, fundado en el principio de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, el reglamentar de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional.
En el artículo 16 del cuerpo legal se establece que en su segundo párrafo la prohibición para que las asociaciones religiosas y los ministros de culto, posean, administren o por sí o por interpósita persona, concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, así como para adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva excluyéndose de dicha prohibición, las publicaciones impresas de carácter religioso.
En tal sentido, la limitación en el patrimonio de las asociaciones religiosas es fruto de la voluntad del legislador ordinario y no del Constituyente Permanente. Así, resulta suficiente realizar las reformas pertinentes al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y en congruencia con lo anterior, a la Ley Federal de Radio y Televisión, a efecto de que se cree la figura que dé permiso para tales fines a las asociaciones religiosas.
Esta iniciativa pretende dotar de capacidad jurídica a las asociaciones que cuenten con el debido registro en términos de ley para que obtengan posean o administren medios de comunicación masiva, así como permisos para la instalación de estaciones de radio y televisión.
A su vez y de acuerdo a la naturaleza y objetivo de las asociaciones religiosas, podrán usar el espacio aéreo para la transmisión de señales y la instalación y operación de estaciones de radio y televisión abierta mediante la figura de permiso para fines religiosos, excluyéndose la posibilidad de que las estaciones de radio y televisión en poder de las asociaciones religiosas, tengan como fin preponderante la obtención de lucro alguno.
Por las consideraciones expuestas es que proponemos ante esta Soberanía Nacional, el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el artículo 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo 1o. Se reforma la fracción II del artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:
Artículo 16. Las asociaciones religiosas podrán obtener, poseer o administrar sin fines de logro y para el logro de su objeto, cualquier medio de comunicación masiva, así como permisos para la instalación y operación de estaciones de radio y televisión.
Artículo 2o. Se reforma el artículo 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esa ley, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, culturales, religiosas, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.
Las estaciones comerciales requerirán concesión, las estaciones oficiales, culturales, religiosas, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán de permiso.
Artículo 25. Los permisos para las estaciones oficiales, culturales, religiosas y de experimentación para las escuelas radiofónicas, sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos, asociaciones religiosas en términos de la ley respectiva y entidades u organismos públicos o sociedades cuyos socios sean mexicanos.
Si se tratara de asociaciones por acciones, éstas tendrán precisamente el carácter de nominativas y aquellas quedarán obligadas a proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la lista general de sus socios.
TRANSITORIO: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es tanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía.
Esta presidencia salud a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados del diputado Miguel Sierra Zúñiga. Sean bienvenidos.
También se encuentran con nosotros estudiantes de la escuela primaria "Francisco Zarco", del municipio de Tlanepantla, Estado de México, invitados por el diputado José Francisco Landero Gutiérrez. Sean bienvenidos. (aplausos)
También damos la bienvenida a estudiantes del segundo de preparatoria de la Universidad Latinoamericana, invitados por nuestra presidenta de la Cámara y por el Secretario de Servicios Administrativos, licenciado Noble San Román. Sean bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
La que suscribe, Irma Figueroa, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con la convocatoria realizada por el Gobierno Estadounidense en los años ‘40s, a fin de que se incorporasen trabajadores agrícolas mexicanos, da inicio el programa BRACERO que concluyó en 1964.
En 1960 se publica el instructivo para los trabajadores agrícolas braceros mexicanos, editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos de Trabajadores Migratorios estableciendo las recomendaciones generales a los trabajadores mexicanos durante su estancia en los Estados Unidos de América.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del miércoles 25 de mayo del 2005 que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores migratorios mexicanos establece que el fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta ley a los extrabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el programa de Trabajadores Migratorios o en su caso cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo sexto de la presente ley.
Las reglas de operación del fideicomiso 2106, Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos de 1942 a 1964, son publicados en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de octubre del 2005. Ahí se establece la población, objetivo, los requisitos de legibilidad, el importe del apoyo social y los pasos de la operación como son: recepción de documentos, relación de beneficiarios, entrega de los apoyos sociales, etcétera.
No obstante el avance que significa la normatividad antes señalada, existen aún exigencias que hacen los extrabajadores migrantes o sus sobrevivientes, como es el pago de 100 mil pesos, en lugar de los 38 mil que establecen las reglas de operación.
También piden respeto al padrón de 104 mil exbraceros, reunión inmediata con el Comité Técnico, entrega inmediata de folios por parte de la Secretaría de Gobernación, recepción de documentos con notario público, respeto y trato digno a los exbraceros.
Los extrabajadores migratorios realizan en el país diversos actos públicos a fin de ser escuchados. En ese mismo tenor acuden hasta nuestras oficinas y nos solicitan la adecuación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, concretamente la organización Alianza Braceroproa por considerar que el artículo actual no es totalmente incluyente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Congreso la siguiente iniciativa de decreto.
Artículo único. Se reforma y adicionan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
Señor presidente, le solicito, por obvio del tiempo, se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro de esta iniciativa. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros y publíquese íntegro el texto en el Diario de los Debates.
Continúe la secretaría ahora dando lectura a un comunicado de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, D. F., 6 de abril del 2006.
Diputada Marcela González Salas y Petricioli, presidenta de la Mesa Directiva, H. Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso C), 43, párrafo tres y 44 párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio:
Que el diputado Adrián Chávez Ruiz sustituya al diputado Francisco Javier Obregón Espinosa en la presidencia de la Comisión de Pesca.
Sin otro particular, quedo de usted diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado. Comuníquese.
Esta presidencia da una afectuosa bienvenida a profesores de primaria de la zona escolar 56 de Jiutepec, estado de Morelos, invitados por la diputada federal Rosalina Mazar Espín. Sean bienvenidos. (Aplausos)
Esta presidencia ha recibido del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las comisiones unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Comparezco ante ustedes, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el último párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación impartida por el Estado. En el caso de las instituciones superiores, dotadas de autonomía, desarrollan la responsabilidad de autogobernarse para alcanzar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura en un ambiente de libertad de cátedra, libre examen, administración de su patrimonio, fijación de los criterios de ingresos de alumnos, promoción, permanencia del personal y el manejo de sus relaciones laborales.
Estos son los valores que rigen el destino de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por más de dos siglos ha dado prestigio de nivel internacional a la enseñanza de nuestra nación, que ha cosechado prósperas generaciones de grandes personajes que han escrito las páginas de la historia.
En la actualidad ha demostrado capacidad para superar crisis. Sin embargo no ha podido culminar con el problema que enfrenta en su necesidad de representar y defender sus intereses cuando sus derechos se ven en riesgo, sin poder delegar facultades de representación a favor de terceros.
Conforme a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, este organismo descentralizado está dotado de capacidad jurídica para cumplir sus fines mediante el Rector y el Abogado General, conforme a lo establecido en el artículo 9, pero no se les permite delegar estas funciones para ejercer actos de representación o mandato, debido a que se les exige que sus actos sean personalísimos, y esta situación no puede superarse conforme a las normas que dicta el Consejo Universitario, porque el artículo 8 fracción I, sólo le permite emitir ordenamientos para un mejor funcionamiento técnico, docente y administrativo de la institución.
La vida universitaria no puede estar restringida en la máxima casa de estudios, en la necesidad de facultar a terceros para ejercer su atribución de actuar, obligar y decidir en su nombre o por cuenta de alguno de sus académicos; debemos recordar que la institución jurídica de la representación es una de las más antiguas porque permite actuar a una persona física o moral simultáneamente en lugares distintos, produciendo efectos legales de unidad en sus actos, siendo sólo calificados de personalísimos los de las sucesiones o el concurso. Y evidentemente, ambos casos son ajenos a las hipótesis de competencia del Rector o del Abogado General.
Es inadmisible que la Universidad Nacional Autónoma de México vea opacada su excelsitud académica por encontrarse sus funcionarios limitados para representarla ente cualquier persona física o moral, lo cual ha ocasionado graves problemas en los juicios que enfrenta ante las Junta de Conciliación y Arbitraje, por citar un ejemplo, ya que faculta únicamente al Rector o al Abogado General, a acudir personalmente a las diligencias que estos procesos exigen.
Por ello propongo en la presente iniciativa, dotar de facultades a estos funcionarios para delegar poderes a fin de eficientar sus labores en la esfera de las necesidades de la Universidad y conforme lo determine el Consejo Universitario, en el margen de la legalidad que merece la vida de esta centenaria institución.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el último párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quedar como sigue:
"Artículo Unico.- Se adiciona el último párrafo del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quedar como aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy".
Transitorio.
Artículo Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de abril del año dos mil seis.
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los debates.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y publíquese su texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 288 del Código Penal Federal y el artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado José Ángel Córdova Villalobos: Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Una de las principales razones que más influyeron en mi decisión para convertirme en diputado federal, fue sin duda representar a mi gremio en la más alta tribuna de la nación; éste ha sido uno de mis objetivos en mi ejercicio desde entonces.
Soy médico, precisamente por este motivo es que como médico considero indispensable que se otorgue a nuestra práctica la protección jurídica necesaria para que realicemos nuestra labor con la tranquilidad de que las acciones que tomemos para salvaguardar la salud de nuestros pacientes, se encuentren protegidas por la ley.
Al hacer mi juramento hipocrático, prometí siempre velar por el bienestar de mis pacientes y así lo he hecho durante toda mi vida profesional. Esta convicción es la regla general de la práctica médica y puedo afirmar orgullosamente que no he conocido a un solo profesional de la medicina que a sabiendas o intencionalmente ocasione un daño a un paciente.
A pesar de lo anterior, es un hecho de que como médicos tenemos que tomar decisiones que con la ayuda de nuestros conocimientos nos lleven a proteger la salud de nuestros pacientes, aunque en algunos casos dichas decisiones no redunden en una mejoría, sino por el contrario, originen un daño o lesión involuntarios.
Para solucionar algunas de estas controversias contamos con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, institución que busca que los conflictos entre los pacientes y los profesionales de la salud se resuelvan mediante el diálogo y la conciliación.
A pesar de lo anterior, hay circunstancias cuando los pacientes o en otros casos los familiares de éstos, pueden iniciar haciendo uso de un derecho incuestionable, acciones penales en contra de los profesionales de la medicina, que a su modo de ver causaron un daño o lesión.
Cuando se presentan estas situaciones, los profesionales de la salud no contamos con una defensa legal adecuada, ya que las decisiones que tomamos durante una intervención son analizadas por peritos que no cuentan con la especialidad médica específica del profesional que presuntamente cometió el daño. Es decir, que los llamados peritos médicos son generalmente médicos generales que carecen de los conocimientos de un especialista y es de acuerdo a sus dictámenes que se toma la decisión de la probable responsabilidad de un profesional de la salud.
En estas circunstancias, los médicos especialistas se encuentran en una desventaja durante el proceso judicial, ya que sus acciones no están siendo valoradas por uno de sus pares, sino por una persona con una formación distinta y en algunos casos más limitada.
El Código Penal tipifica en su artículo 288 el delito de lesiones, que a la letra dice:
"Bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa".
Como todos sabemos, el Código Penal Federal, tipifica las acciones que serán consideradas como delitos, las cuales tienen la particularidad de no ser interpretadas por analogía e inclusive por mayoría de razón, lo cual quiere decir, en términos prácticos, que las acciones que ahí se describen, tienen que ser sumamente claras para su aplicación.
Debido a lo anterior, propongo que se adicione un segundo párrafo, para que los daños que sean consecuencia directa de actos con justificación científica médica, la cual sea reconocida por los Colegios y Consejos correspondientes, no sean considerados como lesiones.
Del mismo modo, propongo que se adicione un segundo párrafo al artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de que en las lesiones que sean ocasionados por un tratamiento médico, la prueba pericial se lleve a cabo por un profesional o especialista de la misma rama en que se encuentre certificado por el Consejo correspondiente.
Con estas reformas se otorga al profesional de la salud, una garantía de que en caso de ser parte de un proceso penal, sus acciones serán valoradas por expertos que cuenten con una preparación similar, valorando sus acciones con una mayor precisión.
Esta certeza también se verá refleja en la atención a los pacientes, ya que las decisiones que tomen en cuanto a un tratamiento o intervención se refiere, estarán protegidas por la legislación penal, de modo que se actuará con mayor confianza en beneficio del paciente y evitaremos la medicina defensiva que origina mayores gastos, tanto en medicina privada como en medicina pública.
Sabemos que la medicina es una ciencia que está en constante evolución y quienes nos dedicamos a esta noble profesión, lo hacemos por perseguir un bien mayor más que a la vanagloria personal. Nuestro motor fundamental es la ayuda al prójimo, es salvaguardar la vida y la salud de aquellos que en nosotros confían, no sólo su salud sino en muchas ocasiones su vida.
Por esta razón, requerimos una protección jurídica, que facilite nuestra labor, en beneficio de lo que más nos interesa, que es la vida y la salud de nuestros pacientes.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la disposición de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 288 del Código Penal Federal y un segundo párrafo al artículo 223 del Código Federal de Procedimientos Penales, para decir como sigue:
Artículo 288.- En caso de aquellos daños a la salud que sean considerados como reacciones colaterales o complicaciones propias de los tratamientos realizados por médicos con títulos, especialidades o grados académicos legalmente expedidos por instituciones autorizadas para impartir dichos conocimientos, si las señaladas complicaciones o reacciones colaterales son consecuencia directa de actos con justificación, basada en evidencia científica médica reconocida por los Colegios, Consejos de Especialidad o Academias nacionales de Medicina, Pediatría y/o Cirugía, no serán consideradas como lesiones, según lo que establece el párrafo anterior.
Y el artículo 223, el segundo párrafo diría: En caso de que el punto sobre el que deba dictaminarse corresponda a las ciencias médicas, los peritos deberán ser profesionales certificados por el Consejo de Medicina o general de la especialidad que corresponda.
TRANSITORIO
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Gracias por su atención. Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
La que suscribe, Irma Figueroa Romero, en su carácter de diputada federal perteneciente a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción 2ª, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa al tenor de la consecuente exposición de motivos:
El 5º informe de actividades de la Secretaría de Salud señala en el apartado referente a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que se programaron en los hospitales de la Secretaría de Salud un total de 5 mil 345 becas para la formación de médicos especialistas en 71 ramas de la medicina y se extendieron 1 375 constancias de terminación. Cabe destacar que en la actualidad las 99 sedes y subsedes cuentan con el reconocimiento de una institución de educación superior y los 5 mil 345 médicos residentes se encuentran inscritos en 21 universidades del país.
Las enfermedades que día con día padece la población mundial requieren que se especialice más a los médicos dedicados a la atención de la salud pública, principalmente en enfermedades que requieren mayor especialización, como son las neoplásicas, como el cáncer de mama y próstata; infectocontagiosas, como tuberculosis, enfermedades metabólicas como la diabetes, obesidad, etc.
La Ley General de Salud, en su título 4º, referente a los recursos humanos para los servicios de salud, contiene tres capítulos:
El primero corresponde a profesionales, técnicos y auxiliares.
El segundo, al servicio social de los pasantes y profesionales.
El tercero, a la formación, capacitación y actualización de personal de salud.
Los médicos que durante gran parte de su vida han prestado sus servicios en instituciones de salud pública creen, en base a la experiencia adquirida, que es necesario mencionar en la Ley la obligatoriedad de la capacitación y formación continua, pero con énfasis en la especialización de aquellas enfermedades que demandan mayor atención médica. Tal es el caso de las enfermedades neoplásicas y las ya mencionadas con anterior en los párrafos precedentes, hasta que se tengan suficientes conocimientos para abatir las enfermedades y sus costos.
La gaceta que emite la Secretaría de Salud en el mes de noviembre del 2005, señala la necesidad de que el personal médico se mantenga actualizado y apto para desempeñarse en su trabajo; exige una educación continua eficiente por supuesto. La velocidad de recambios de los conocimientos científicos y tecnológicos; las diversas transiciones que ocurren en la sociedad; la necesidad cada vez mayor de responder a parámetros internacionales y la rapidez que ha alcanzado la comunicación científica, la ubican como una responsabilidad profesional ineludible.
Cada día es claro que el término del ciclo formativo de la licenciatura o especialidad es sólo el inicio de una etapa educativa, acaso más intensa y productiva que la precedente, orientada por una necesidad palpable, centrada alrededor del desempeño profesional. Aunque el aprendizaje es siempre un proceso continuo e inacabable, siempre estamos aprendiendo; la educación tiene que entenderse como algo fortuito, centrado tanto en una responsabilidad individual como en una institucional, pero intencional no significa necesariamente formal ni escolarizado, en todo caso ambas modalidades. La formal y la informal son necesarias.
En base a una solicitud que me realiza personal de las instituciones públicas de salud, es que realizo la siguiente propuesta abierta a ser mejorada y enriquecida al Comisión respectiva.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa de decreto:
Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 90 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
"Artículo 90.- Corresponde y es obligatorio para la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas".
1.- Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, priorizando la especialización de los recursos humanos para la salud en la atención de enfermedades neoplásicas, infectocontagiosas y metabólicas.
2.- Apoyar la Creación de Centros de Capacitación y Actualización de los Recursos Humanos para la Salud.
3.- Otorgar facilidades para enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de establecimientos de salud a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que fijan el funcionamiento de los primeros.
4.- Promover y estimular la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de salud en actividades docentes o técnicas.
Transitorio
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchísimas gracias compañeros y compañeras diputadas:
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud.
La iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, de la diputada Consuelo Muro Urista, se pospone.
Tiene la palabra la diputada Marisol Vargas Barcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La diputada Marisol Vargas Barcena: Con su venia, señor Presidente.
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura, con las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, correspondiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 de la Ley de Radio y Televisión, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Desde que se expidió la Ley de Delitos de Imprenta en 1917, el desarrollo de leyes que regula la actividad de los comunicadores se han visto presionadas por la creencia de que cualquier ley o modificación a las existentes en esta materia, tenderá a restringir los derechos de expresión.
La actividad que realizan los periodistas o comunicadores es útil para la vida pública de nuestro país y es evidente que en las sociedades democráticas, la libertad de expresión significa la garantía de que el ciudadano o elector podrá hacer uso coherente de su derecho a elegir a sus autoridades en base a las acciones que se proyectan a través de la actividad periodística. Por lo que los logros que se han conseguido en esta materia no se pueden perder.
Pero también es importante la protección a la vida privada de los ciudadanos, por lo que se hace necesario regular la actuación de los comunicadores en este aspecto de la vida periodística.
La intención de esta iniciativa no pretende ningún ataque a los derechos que los periodistas han conseguido en sus luchas históricas ni tampoco pretende restringir los derechos que nuestra Carta Magna, han consignado en los 6° y 7°, a todo ciudadano de la República.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, será siempre defensor de los derechos consignados en nuestra Carta Magna, pero sobre todo, defendemos el derecho de los ciudadanos a la información y a la transparencia, de las acciones del gobierno; pero también, es importante evitar que la vida privada de las personas, no se vea afectada por excesos en la libertad de expresión.
Es importante salvaguardar la dignidad de las personas y el derecho que todos tenemos a enfrentar momentos en total privacidad, sin que nadie pueda interferir en nuestras situaciones de tragedia o de grave alteración emocional y menos aún, se obtenga un lucro con las difusiones de éstas situaciones.
El avance que la tecnología le ha permitido a los medios de comunicación y la capacidad cada vez mayor que los ciudadanos tienen para acceder a las transmisiones de radio y televisión, ha evidenciado la importancia social que estos dos medios de comunicación electrónica han desarrollado en los últimos años.
Sin embargo, también se han visto casos en los que se invade la vida privada de las personas y muestran poco respeto por el dolor emocional que resulta de una tragedia, en busca de la noticia que incremente su auditorio.
Consideramos que es importante la participación de los medios y expresamos nuestro más alto reconocimiento a quienes han cooperado con la sociedad, al difundir imágenes de personas que se han extraviado o que han sufrido un accidente, lo que ha contribuido a que sus familiares acudan en su auxilio.
Pero el apoyo no debe servir como pretexto para justificar escenas que se difunden en los medios electrónicos cuando ocurre una tragedia y se hace una grave difusión del dolor que muestran las personas afectadas con determinados hechos fatales. Por lo que cualquier acción que tienda a denigrar o ridiculizar a las personas, debe ser regulado por la ley; así como, no hay autorización de la grabación o difusión de imágenes de su duelo.
La presente iniciativa pretende evitar la intervención, no deseada de los medios de comunicación en las situaciones de dolor emocional de una persona o familia, con motivo de una tragedia o que en su difusión se pretenda denigrar o ridiculizar a las personas. Por lo que se pretende establecer una definición que conduzca positivamente el trabajo de los reporteros o conductores de radio y televisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 63 de la Ley de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 63. El texto que voy a leer a continuación es el vigente.
"Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del leguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procases, frases y escenas de doble sentido, apología de la violación o del crimen. Se prohíbe también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas o discriminatorio de las razas".
Y a continuación leeré la propuesta.
"Así como las escenas que afecten los sentimientos y el honor de una persona o familia, cuando padezca alteración emocional con motivo de una tragedia, sin la autorización de las personas involucradas. Queda asimismo, el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos".
Transitorios.
Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
La iniciativa relativa a la Ley General de Turismo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Rogelio Alejando Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 136 y 137, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Gracias Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados:
La rendición de cuentas tiene un sitio preponderante en la democratización de la sociedad. Las elecciones no son un mecanismo suficiente para asegurar que los gobiernos maximizan el bienestar de los ciudadanos. Es necesario que las instituciones políticas hagan posible que los ciudadanos observen y vigilen las decisiones que toman en su nombre.
Por esa razón, el filósofo politólogo italiano Norberto Bobbio (¿), solía considerar entre las muchas definiciones de democracia aquella que la presenta como poder en público, expresión con la que se refería a todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones de manera transparente, de tal manera que permita a los ciudadanos ver cómo y dónde se toman esas decisiones.
El acceso a la información pública y la transparencia, como parte del proceso de rendición de cuentas por parte de las autoridades, son pilares sobre los que se sostienen las modernas democracias de nuestro tiempo.
En atención a este precepto democrático, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ordena garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, con el objeto de transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer con ello la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades gubernamentales.
En el caso del Poder Legislativo de la Unión, el artículo 62 de la Ley Federal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Gubernamental, considera a la Cámara de Diputados y a la de Senadores como sujetos obligados para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en dicha ley.
No obstante, los integrantes del Poder Legislativo de la Unión, no tenemos mandato legal de presentar informes públicos anuales, tal y como en la práctica lo realizan tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal, así como el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales.
De acuerdo con diversos indicadores proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados, es la institución peor evaluada por parte de la ciudadanía con un nivel de confianza de 4.5 en una escala de 0 a 10, seguida de los sindicatos con 4.7, la policía con 4.9 y los senadores con 5 puntos de calificación.
Los bajos niveles de desconfianza que persisten en la ciudadanía hacia los integrantes del Poder Legislativo, significa que existe un elevado nivel de desprestigio hacia la actividad política que desempeñamos los diputados federales y senadores de la República, prestigio y desconfianza que es imperativo recuperar.
Por ello, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de vincular orgánicamente a la sociedad con el Estado, fortalezcamos la importancia de la rendición de cuentas y la garantía de la transparencia en la toma de decisiones.
Es por ello que pongo a consideración de esta honorable soberanía la propuesta de que los legisladores rindamos ante nuestros electores informes anuales sobre el desempeño de nuestro mandato y de nuestras actividades parlamentarias.
Los informes de actividades coadyuvan a mantener activa la imagen pública del legislador ante sus electores, presentarnos ante el escrutinio público y por lo tanto, del partido político al que pertenecemos. Asimismo, mantienen informada a la sociedad sobre la vida política y sobre los avances legislativos de su diputado o de su senador, estrechando el vínculo entre el representante popular y los ciudadanos.
Para la realización de los informes públicos en el caso de los diputados federales electos por el principio de mayoría relativa, el informe público anual deberá rendirse en su respectiva demarcación distrital; en el caso de los diputados federales de representación proporcional, en su circunscripción Plurinominal y en el caso de los senadores en la entidad federativa a la cual representan.
La presente iniciativa también contempla la obligación de cada legislador de presentar anualmente un informe por escrito ante la Mesa Directiva con la extensión y estructura que previamente apruebe la propia Mesa Directiva en consulta con los grupos parlamentarios, con el objeto de consignar estas actividades en los informes generales y publicaciones camarales.
Quienes ejercemos el poder público debemos dar explicaciones y justificar nuestras decisiones y acciones cuando así lo demanden los ciudadanos u otras autoridades e instituciones públicas.
Los servidores públicos debemos vivir con la convicción de estar siempre bajo el escrutinio de la sociedad, sintiendo la obligación de responder ante los cuestionamientos del ciudadano.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto.
ARTICULO UNICO. Se adicionan los artículos 136 y137, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 136. Al término de cada año de trabajo legislativo cada legislador deberá presentar un informe sobre el desempeño de su mandato y actividades parlamentarias a sus distritos y demarcaciones electorales por las cuales fueron electos.
Artículo 137. Es responsabilidad de cada legislador presentar un informe por escrito ante la mesa directiva con extensión y estructura que previamente apruebe la propia mesa directiva en consulta con los grupos parlamentarios a efecto de consignar estas actividades en los informes generales y publicaciones camarales.
Es tanto señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta presidencia saluda y les da una cordial bienvenida a un grupo de señoras provenientes de Zamora, Michoacán, invitadas del diputado Reynaldo Francisco Valdés Manzo. Sean bienvenidas.
Tiene la palabra el diputado Sergio Penagos García, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, suscrita por el propio diputado y por los señores diputados José Antonio de la Vega Asmitia y Pablo Alejo López Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Sergio Penagos García: Gracias diputado presidente.
A nombre de mis compañeros José Antonio de la Vega Azmitia, Pablo Alejo López Núñez y en nombre propio, vengo a proponer a esta Soberanía la iniciativa de que se trata, en los términos que a continuación se señalan.
Hoy en día el sindicalismo tiene una enorme trascendencia en el ámbito de la transformación de instituciones en nuestro país. Precisamente porque las organizaciones sindicales son lugares comunes de promoción y defensa de los intereses de los trabajadores.
Por ello Acción Nacional, un partido que guía sus acciones con principios y doctrina propia, tiene como centro de toda intervención, garantizar el respeto por la dignidad de la persona humana que privilegie el producto del trabajo sobre la persona misma que lo realiza.
El primer fundamento del valor del trabajo es la persona como tal. A esta situación va unida una consecuencia muy importante de naturaleza ética, pues ante todo, el trabajo está en función de la persona y no ella en función del trabajo, pues considerar el trabajo humano como mercancía o como simple elemento de la producción, atenta contra la dignidad del trabajador y contra el orden de la comunidad.
Bajo este principio los trabajadores de múltiples sectores han constituido organizaciones para la defensa y el logro de las mejores condiciones laborales, lo cual constituye el cometido de los sindicatos. Sin embargo, no debemos olvidar que la naturaleza y dignidad del trabajo exigen determinadas características de la organización sindical.
Cuando los trabajadores en ejercicio de un derecho indiscutible, más aún, en cumplimiento de un claro deber, se unen para el estudio, la promoción, la representación y la defensa de sus intereses, tienen el deber de evitar toda forma de desviación sindical.
En tal contexto Acción Nacional considera que el derecho al trabajo es una prerrogativa de todos los hombres porque en última instancia se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato ni por el patrón, ni por el gobierno, a la imposición de criterios ideológicos o políticos, debiéndose garantizar en todo momento que los trabajadores puedan determinar libremente el ser y quehacer de sus organizaciones, gozando de un sindicalismo auténtico, democrático, participativo, que represente genuinamente sus intereses, aspiraciones y valores.
Por ello se hace necesaria la existencia de un marco jurídico en el que los trabajadores cuenten con derechos laborales plenamente respetados y gocen de una auténtica libertad sindical.
En efecto, toda norma jurídica debe proscribir el falso sindicalismo de los trabajadores y garantizar una auténtica libertad sindical. Deben evitarse las actividades políticas de los sindicatos, proteger a los trabajadores contra toda forma de opresión ideológica, servidumbre política y explotación de los líderes, situaciones que constituyen excesos peligrosos que en su momento fueron presagiados por destacados intelectuales encontrándose entre ellos el extraordinario pensador jalisciense don Efraín González Luna, el cual vaticinaba algunos peligros en que puede incurrir el sindicalismo mal enfocado al sostener que si el trabajador en vez de encontrar en el sindicato el amparo de su libertad y de su dignidad de hombre y la protección de su derecho al trabajo, vive oprimido por el fanatismo sectario, por el apetito de predominio de lucro económico y amenazado por la cláusula de exclusión que lo condena al hambre y a la desesperación cuando no incurre en una sumisión abyecta; si el sindicato no está al servicio del trabajador sino de intereses y de causas extrañas que sólo utilizan instrumentalmente, es decir lo esclavizan.
Si el sindicato no tiene objetivo real, el bien humano y profesional del trabajador si no su carácter predominante, si no es que exclusivamente político para encumbramiento de aprovechados y para la destrucción del orden social de los más altos valores del espíritu, de las mejores esencias nacionales, indudablemente es el peor enemigo del trabajador y del trabajo.
Con el paso del tiempo la anterior reflexión ha venido encontrando aplicación hasta llegar a nuestra época actual.
En efecto, infinidad de ocasiones esta libertad fue contrariada por malos dirigentes quienes lograron que la filiación y permanencia en un sindicato sea prácticamente de carácter obligatorio y se convierta en un lastre que presiona y obliga a los trabajadores a ingresar o seguir formando parte de dichas organizaciones aún en contra de su voluntad, llegándose al extremo de condicionar la continuidad en el trabajo a la permanencia en el sindicato del cual forma parte.
Una vez analizadas las circunstancias por las que se atraviesa el sindicalismo en nuestro país, surge la imperiosa necesidad de fortalecer el absoluto respeto a nuestras instituciones sindicales encargadas de la representación de los intereses de los trabajadores, así como garantizar la observancia de los derechos de los trabajadores en forma individual por lo cual se hace necesario garantizar que este tipo de organizaciones funcionen con verdadera democracia y garanticen la eliminación absoluta de todas aquellas formas de coacción en contra de los trabajadores que tengan por objeto restringir el derecho a la libertad sindical de cualquier trabajador como sucede actualmente con las denominadas cláusulas de exclusión por ingreso o por separación y la sindicación única.
No se trata de restringir o reducir un derecho sindical sino por el contrario, ordenar la defensa de los intereses de los trabajadores a efecto de no menguar o debilitar la defensa de los intereses de los mismos.
Ya el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en contra de la sindicación única en las dependencias gubernamentales porque esto viola la libertad sindical consagrada en la Constitución y asimismo ha declarado la inconstitucionalidad de la propia cláusula de exclusión.
Resulta claro que las leyes deben respetar el principio de libertad sindical en los términos consagrados en la Constitución en el artículo 123, es decir sin establecer límites en el ejercicio de dicha prerrogativa. Es por ello que se hace necesario derogar lo establecido en el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual contempla la sindicación única en cada dependencia de Gobierno.
Igualmente se puede afirmar que en los artículos 395 y 413 contenidos en la Ley Federal del Trabajo, referentes a la cláusula de exclusión, a todas luces se tornan inconstitucionales por transgredir garantías individuales consagradas dentro de nuestra Carta Magna referentes a la libertad de asociación, de elección de profesión u oficio, así como el derecho de todo trabajador de coaligarse para la defensa de sus intereses, motivo por el cual se hace necesario derogar dichas disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo a efecto de evitar que la referida ley secundaria contemple preceptos que se encuentren en franca contravención con lo dispuesto en nuestra máxima Ley Fundamental: nuestra Constitución Federal.
Por la situación anteriormente expuesta, quienes suscribimos la presente iniciativa en defensa de los derechos de todos los trabajadores mexicanos, presentamos con todo respeto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para eliminar las figuras jurídicas relativas a la cláusula de exclusión y a la sindicalización única.
Primero.- Se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
ARTICULO 395.- Se deroga.
ARTÍCULO 413.- Se deroga.
Segundo. Se deroga el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para quedar como sigue: Artículo 68, se deroga.
Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputado presidente, tomando en consideración que por economía de tiempo no ha sido posible dar lectura a la exposición de motivos en forma íntegra, ruego a usted gire las instrucciones pertinentes para que sea incorporada al Diario de Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se recibió del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 70 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Norma Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 56 Bis y reforma el artículo 164 del Código Penal Federal.
La diputada Norma Saucedo Moreno: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Los delitos cometidos por personas que prestaron algún encargo como servidores públicos, responsables de la seguridad pública de los mexicanos, desafortunadamente cada día son más constantes.
Recientemente hemos visto –y así se ha consignado en los diversos medios de comunicación—cómo se cometen conductas ilícitas por exservidores públicos encargados de la seguridad de los mexicanos, defraudando la confianza que se les otorgó.
Como toda sociedad que se encuentra en un constante ritmo de evolución, ésta afronta día con día una amplia y creciente complejidad delictiva, lo que nos obliga a considerar y legislar estas nuevas posibilidades de carácter ilícito que actualmente no contempla la ley.
Es responsabilidad del Estado mexicano proporcionar servicios más eficientes que salvaguarden la integridad de las personas, su familia y patrimonio. Pero en su camino para ofrecer soluciones a estas conductas ilícitas las autoridades confrontan una delincuencia que de igual manera va evolucionando.
Y es que vemos que las conductas ejecutadas por individuos producto de la descomposición social no necesariamente implican una asociación delictuosa o delincuencia organizada. Conductas ilícitas son llevadas a cabo por personas de manera aislada, las cuales adquirieron conocimientos técnicos, capacitación y adiestramiento en el manejo de armas de fuego, manipulación de comunicaciones y obtención de información durante el empleo de su encargo y que no forman parte de grupos delincuenciales, pero que desafortunadamente ven en esta actividad la obtención de un lucro indebido.
Aunque la legislación actual contemple delitos especiales que encuadrarían características como las que se mencionan en el párrafo anterior, consideramos que el aumento de la pena debe considerarse para aquellos casos de exservidores públicos encargados de la seguridad.
Por ello consideramos que las penas impuestas a estos sujetos deben ser más severas que las aplicadas a la generalidad de la población delincuencial, pues a ellos se les dotó de un conocimiento y una pericia técnica que utilizan para la comisión del delito.
Con la especialización cada vez más constante de los cuerpos de seguridad, policiales y de investigación, llámese Ministerio Público de la federación, sus auxiliares o integrantes de unidades especializadas de investigación, también es más constante la ejecución de conductas cometidas por personas que encuadran la agravante propuesta.
La exigencia de los mexicanos ante el lacerante flagelo de la delincuencia y la inseguridad pública que sufren en carne propia día a día los mexicanos y con lo que ven afectados su patrimonio y persona nos obliga, como legisladores, a estar actualizando la normatividad para que responda a la realidad de nuestro país.
Por otro lado, actualmente el Código Penal Federal habla genéricamente de corporaciones policiales, lo que obliga al juzgador el empleo de un criterio interpretativo de la norma.
Con esta propuesta proporcionaremos un elemento que permita delimitar específicamente a los sujetos del tipo penal.
Con los argumentos anteriores, se propone adicionar el artículo 56 Bis, con el que se aumenta la pena del delito en aquellos casos en que el delincuente hubiera prestado servicios a la comunidad, ya sea como integrante del Ministerio Público de la Federación, sus auxiliares o integrantes de las unidades especializadas de investigación, y por lo que respecta a la modificación propuesta en el artículo 164 relativo a asociación delictuosa, también se busca la exhaustivividad del término y que además de la mención que se hace de las corporaciones policiales, sea considerada también en la norma al Ministerio Público de la Federación, sus auxiliares y a los integrantes de las unidades especializadas de investigación, evitando con ello un posible carácter interpretativo.
Por último y también para el caso de asociación delictuosa, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 164 de aumentar la sanción de la inhabilitación para desempeñar otro cargo o misión públicos que actualmente se considera de uno a diez años y sea sancionado por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
Por todo ello y con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 56 Bis y se reforma el segundo párrafo del artículo 164 del Código Penal Federal, para quedar como sigue.
Artículo 56 Bis: "Cuando el delito sea cometido por alguna persona que haya sido servidor público integrante de unidades especializadas de investigación, Ministerio Público de la Federación o sus auxiliares y demás miembros de corporaciones policiales, empleando esos conocimientos par ala comisión del delito y no tratándose de asociación delictuosa o delincuencia organizada, las pernas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y además se impondrá la inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta".
Artículo 164: "Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años y de 100 a 300 días de multa. Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público, integrante de unidades especializadas de investigación, Ministerio Público de la Federación o sus auxiliares y demás miembros de corporaciones policiales, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta.
"Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas, en situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de 1 a 5 años para desempeñar cargo o comisión públicos".
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se recibió del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma los artículos 253, 257 y 263 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia repone el procedimiento relativo a la iniciativa que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y concede el uso de la palabra al diputado Norberto Enrique Corella Torres, para presentarla.
El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, diputado Presidente.
El suscrito diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la normatividad vigente, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 70 constitucional ha sido reformado en una ocasión. Esta modificación consistió en adicionarle tres párrafos a tal artículo.
Por lo que respecta al párrafo tercero y cuarto del artículo vigente, se estableció la facultad del Congreso para permitir la ley que regularía su estructura y funcionamiento internos, cuestión que equivocadamente hasta este momento no estaban facultados a hacer.
De igual manera, en esa modificación a la ley fundamental, se estableció la forma y procedimiento para la agrupación de diputados, dependiendo de su afiliación partidista, con el objeto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no fue consignada la posibilidad legal de que los senadores pudieran determinar la forma y procedimiento para su organización.
Tal vez debamos tomar en cuenta que dichas adiciones fueron hechas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fechas 6 de diciembre de 1977, época en que apenas la oposición contaba con algunos legisladores, donde el reconocimiento a otros grupos parlamentarios distintos al partido oficial, no representaban una prioridad, menos aún en el Senado. Sin embargo, poco a poco y a lo largo de nuestra historia, el Poder Legislativo fue ganando una auténtica autonomía y hoy podemos disfrutarla plenamente.
Por esto, con esta propuesta se busca subsanar una omisión y vacío legal que padece nuestra norma fundamental y con ella se da sustento a lo ya establecido en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la forma y procedimientos para la agrupación de senadores.
Por todo ello y con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Tercer párrafo.- La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados y senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en el Congreso de la Unión".
Transitorio.
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Julián Angulo Góngora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 34 y el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El diputado Julián Angulo Góngora: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Julián Angulo Góngora, diputado federal en esta LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su consideración la siguiente iniciativa.
En el año 2000 la ciudadanía planteó la exigencia consistente en la obligación de los gobernantes de rendir cuentas, es así como la sociedad civil se articuló y organizó para formular su planteamiento que fue acogido por el gobierno, al concretar una propuesta legislativa en esta materia, surgiendo así la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual fue aprobada por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2002.
En los hechos el IFAI se ha legitimado frente a la sociedad y a las instancias de gobierno, ya que los comisionados que integran el órgano de dirección de este instituto, han mostrado una preocupación constante por crear una cultura de transparencia no sólo en la Administración Pública Federal sino también en la sociedad, al establecer líneas de colaboración y de comunicación, para impulsar el ejercicio del derecho a la información, lo cual se vuelve palpable con la evolución cuantitativa de las solicitudes de información presentadas por los particulares y en respuesta de las dependencias y entidades a dichas solicitudes.
No obstante lo anterior, a efecto de consolidar la permanencia y efectividad del IFAI hoy es necesario reformar el sistema de nombramiento y renovación de los comisionados, de tal manera que en los ciclos de desempeño y renovación del IFAI se conserve la experiencia acumulada por parte de sus miembros, a la vez que se asegure que dichos nombramientos no estarán sometidos a cuestiones de carácter político electoral.
El artículo 34 de la Ley de Transparencia contempla que los comisionados serán nombrados por el Ejecutivo federal pudiendo a la Cámara de Senadores, o bien, en su caso a la Comisión Permanente objetar dichos nombramientos por mayoría, así como también es que el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Transparencia menciona que para el primer período de ejercicio gubernamental tres comisionados concluirán su encargo en cuatro años, con la posibilidad de ser ratificados para un nuevo período de siete años.
En este contexto la ley es omisa al establecer la aceptación en caso de que se objete mayoritariamente el nombramiento y tampoco establece un límite de objeciones de la Cámara de Senadores o la Permanente pueda realizar, haciendo evidente que dichos nombramientos o ratificaciones puedan sujetarse a cuestiones de carácter meramente político-electoral, dilatando la conformación y desestabilizando el funcionamiento del Instituto.
En tal virtud y dada la incertidumbre que se puede presentar para la renovación de los comisionados, en un clima de transición y para proteger la labor que viene desempeñando el Instituto propongo una adición al segundo párrafo del Artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como también una reforma al Quinto Transitorio de la referida ley, para quedar como sigue:
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 34 y el artículo Quinto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:
Artículo 34.- En caso de que la Cámara de Senadores o bien en su caso la Comisión Permanente objetaran el nombramiento o ratificación de alguno de los comisionados, el Ejecutivo federal someterá una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior, si esta segunda fuera objetada, ocupará el cargo la persona que dentro de dichas propuestas designe el presidente de la república.
QUINTO TRANSITORIO: Al finalizar el primer período de ejercicio, la Cámara de Senadores prorrogará por uno y dos años respectivamente el encargo de los comisionados que se desempeñen por el término de cuatro años. El Ejecutivo indicará en su designación el período de ejercicio para cada comisionado.
TRANSITORIO.
UNICO.- El presente decreto entrará al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, le pido por favor se inserte en todos sus términos esta iniciativa, en virtud de que pues el tiempo solamente hicimos un resumen de la misma. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y publíquese su texto completo en el Diario de los Debates.
Se encuentran con nosotros alumnos y profesores de la Escuela Telesecundaria Ignacio Allende del Municipio de Atlixco, Pue., invitados del diputado Rogelio Flores.
Esta Presidencia los saluda y les da una muy cordial bienvenida.
El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Relaciones Exteriores:
Con proyecto de decreto que concede autorización al C. Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional el 8 de mayo de 2006, a fin de realizar una visita a la República de Costa Rica, para asistir a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en ese país.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:
Con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII del artículo 7º. y una fracción XI pasando el actual a ser fracción XII al artículo 14 de la Ley General de Educación.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
Con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.
Con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Equidad y Género:
Con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género:
Con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 2º; el segundo párrafo del artículo 8º; el primer párrafo del artículo 9º; la fracción 2ª del artículo 14 y se adiciona una fracción 7ª al artículo 2º y una fracción 8ª al artículo 14 de la Ley de Planeación.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos:
Con proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 361 y 363 del Código Penal Federal y se adicionan los párrafos 6º con cuatro fracciones; 7º y 8º al artículo 1916 y el párrafo 3º al artículo 1916 Bis del Código Civil Federal.
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 fracciones V y artículo 52; se adiciona un segundo párrafo al artículo 72; se adicionan los párrafos 2º y 3º al artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se reforma la fracción 19ª del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; se adiciona una fracción 5ª, recorriéndose en su orden la vigente y se reforma el párrafo final del artículo 214 del Código Penal Federal.
Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 243 Bis al Código Penal Federal; se adicionan las fracciones 13ª y 14ª al artículo 215; se reforman las fracciones 11ª y 12ª, así como el párrafo 3º del artículo 215 y se adiciona una fracción 29ª al artículo 225; se reforman las fracciones 27 y 18, así como el párrafo 3º del artículo 225 del Código Penal Federal.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Compañeras y compañeros diputados: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno...
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor.
José Antonio de la Vega. Por favor sonido.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputada, para solicitarle que esta votación pueda hacerse nominal en el sistema electrónico.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, como no. Entonces solicito a la Secretaría abrir el sistema de votación electrónica, por 10 minutos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para recabar la votación.
(Votación)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La votación nominal, para solicitar si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta, Presidenta, esto no está en el orden del día, y no puede modificarse el orden del día.
El diputado José González Morfin (desde la curul): Esto no está en el orden del día.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esa solicitud fue de la Comisión; teníamos información en esta Presidencia que había el consenso de todas las fracciones y tenemos la firma de la Secretaria del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Sí, diputado?
Diputado De la Vega.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta, el orden del día sólo puede modificarse por acuerdo de los coordinadores lo del pleno.
No puede meterse un dictamen para solicitud de dispensa de segunda lectura, simplemente porque lo decide la Presidencia de la Mesa, sin consultar al pleno.
No está publicado en el orden del día, ahorita se nos acaba de circular a las carreras una fe de erratas y por lo tanto, nosotros que se respete el procedimiento legislativo y se actúe con apego a derecho.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene usted toda la razón, simplemente esta Presidencia tenía la información de la Comisión que habían estado solicitando de que esto estuviera.
Se le pidió a la Comisión hacer el cabildeo con todos los grupos parlamentarios, teníamos inclusive del grupo parlamentario de Acción Nacional, la anuencia por pare de la Secretaria en este sentido.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul del diputado De la Vega.
Queremos insistir en que esta votación es inválida porque no se ha tomado la votación para incorporarlo en el orden del día, solicitamos se retire el sistema electrónico y ponga usted a votación si el asunto es de considerarse su inclusión en el orden del día correspondiente.
Habremos de reponer el procedimiento, señor, tiene usted razón.
Solicito a la Secretaría pregunta a la asamblea, en votación económica, si se modifica el orden del día, si se acepta la modificación la orden del día, para incluir la discusión y votación de la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea si es de modificarse y admitirse en el orden del día la discusión...
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito, ¿sí, diputado De la Vega?
Y favor de cerrar el sistema electrónico.
(Comentarios en el Salón: ¡no!)
Sí, que se cierre el sistema electrónico porque vamos a reponer todo el procedimiento.
El procedimiento es preguntar a la asamblea si se acepta modificar el orden del día para incluir la discusión y votación de inmediato de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Favor de cerrar el sistema y preguntar, en ese sentido...
La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Dígame diputado De la Vega.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde la curul): Par solicitarle que la votación, por la cual se va a consultar la inclusión en el orden del día de este asunto, pueda ser también de manera nominal.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quién apoya su solicitud?
(Varios diputados levantan la mano)
Bien. Entonces, favor de abrir el sistema de votación electrónico para preguntar a la asamblea si se puede modificar el orden del día para incluir la discusión y votación de inmediato de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Bueno, en primera lectura, segunda lectura y poner a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación, si es de admitirse...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En primera lectura y después pasamos al segundo. Primera lectura sí, diputado Penagos. Por favor.
La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: ...el dictamen de la Comisión de Equidad y Genero con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en primera lectura.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Dígame, diputado de la Vega, ¿o diputado Penagos? A ver diputado Penagos.
El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Diputada Presidenta, el motivo de la interrupción, es porque lo que está sometiéndose a consideración de la asamblea, es la autorización para ver si se incluye el punto en el orden del día. No puede usted decretar anticipadamente, con la inclusión en el orden del día, si se considera de primera lectura o si se le dispensan los trámites, si antes no tiene la autorización siquiera para incluirlo.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La autorización es para incluirlo en primera lectura, es lo que estábamos de acuerdo. En esta primera lectura, una vez que esté incluida, habremos de preguntar si se acepta que sea en segunda lectura y dispensa. Vamos a hacer dos votaciones, señor diputado Penagos.
La primera votación no se requiere de que se calificada, porque es simplemente de mayoría para incluirlo como primera lectura y se dan diez minutos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Abrase el sistema electrónico por diez minutos.
(Votación)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se da la más cordial bienvenida a un grupo de señoras que vienen del municipio de Zamora, Michoacán, invitadas por el diputado Reynaldo Valdez y su esposa Irene.
Sean ustedes bienvenidas.
Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a ciudadanos de la población de Cuatelulpan(¿), del estado de Tlaxcala y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordóñez.
Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas.
(Aplausos)
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputada Presidenta, informo a usted, que hay 197 en pro, 111 en contra y 5 abstenciones.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se acepta la modificación del orden del día; pero han venido a esta Presidencia, varias de nuestras compañeras diputadas, a solicitarnos, que como es un tema de fundamental importancia para el desarrollo social de este país y fundamentalmente para el desarrollo de nosotras las mujeres.
Hemos acordado todas, que quede como primera lectura, para evitar cualquier rispidez, cualquier conflicto que pueda causar una ley de esta importancia para el desarrollo social, para el desarrollo político y sobre todo, para el desarrollo de nosotras las mujeres.
Por lo tanto, queda de primera lectura y los demás que se cantaron, también quedan de primera lectura, hasta la próxima sesión.
A esta Presidencia acaba de llegar una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Solicito a la Secretaría dar cuenta de éstas comunicaciones y consultar a la asamblea en votación económica, si se acepta su inclusión en el orden del día.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.
"Diputada Marcela González Salas y Petricioli.
Presidenta de la Mesa Directiva.
H. Cámara de Diputados.
P r e s e n t e .
Con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente, modificar el orden del día de esta sesión, para incluir en el primer turno posible los siguientes acuerdos:
Primero. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se propone que la H. Cámara de Diputados, exhorte a la Secretaría de Gobernación, para que amplié hasta el 15 de mayo del 2006, el plazo para la inscripción al Padrón Mexicano Exbraceros, Trabajadores, en el periodo 42-1964.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se acuerda que la H. Cámara de Diputados, solicite a la Subcomisión de Examen Previo, resuelva a la brevedad la denuncia de juicio político interrumpida en contra del gobernador del estado Puebla, Mario Marín Torres.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que propone que la H. Cámara de Diputados, exhorte a las autoridades del Estado de México, a investigar los homicidios de mujeres, ocurridos en el municipios de Chimalhuacán, Estado de México.
En el primero y en el último, firman el diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; el diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN; el diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI y el diputado Alejandro González Yánez, coordinador del Partido del Trabajo.
En el segundo documento firman el diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; el diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional; el diputado Alejandro González Yánez, coordinador del Partido del Trabajo y el diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador de CONVERGENCIA.
En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la inclusión de estos puntos de acuerdo en el orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se acepta la inclusión en el orden del día. En este sentido, le pido a la Secretaría que ponga a consideración la proposición, pero quiero que las votaciones vayan siendo una por una.
Entonces ponga a consideración el primero de los puntos de acuerdo y someta a votación del pleno, y así cada uno, subsecuentemente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que amplíe hasta el 15 de mayo del 2006 los plazos para la inscripción al padrón de mexicanos ex braceros trabajadores del período 1942-1964.
Segundo. Se exhorta al Comité Técnico que administra el fideicomiso de apoyo social para trabajadores migrantes mexicanos, integrado por representantes de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social y de la Función Pública, para que permanezca abierto por 90 días el padrón en mención iniciado en 2003, y permita que quienes no realizaron el trámite de compensación, se registren y reciban el pago correspondiente.
En votación Económica, se consulta a la Asamblea...
El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente (desde la curul): ¡Señora Presidenta!, solicito la palabra para hablar a favor del punto de acuerdo
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quiere usted subir? Muy bien. Tendría la palabra el compañero José Manuel Abdalá de la Fuente, representante del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor de este punto de acuerdo.
El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
En el 2003, la Secretaría de Gobernación implementó una medida para incluir a todos aquellos mexicanos que laboraron en los Estados Unidos de Norteamérica en el período comprendido entre 1942 y 1964 para que recibieran una compensación de 38 mil pesos en años posteriores, pero por la falta de difusión esto impidió que muchos de ellos lograran registrarse.
Se estima que cerca de 5 millones de mexicanos fueron los que prestaron sus servicios en los Estados Unidos de América en estos años, de los cuales sólo se han podido empadronar cerca de 105 mil trabajadores para recibir tal compensación.
Del primero de noviembre del 2005 al 10 de marzo del 2006, fue el plazo para que los exbraceros que lograron registrarse en el 2003 recibieran su pero además en él se recibió documentación a aquéllos que no lo habían realizado quedando pendiente el pago correspondiente.
El reclamo por parte de los exbraceros es cada vez mayor, ya que solicitan un periodo más de tiempo para realizar sus trámites. Esto debido a la falta de información, a la edad avanzada con la que cuentan muchos de ellos y que les impide trasladarse a la capital de los estados, para presentar los requisitos solicitados. Este programa ha tenido un gran impacto positivo, ya que es un estímulo al esfuerzo después de tantos años.
Por lo que es necesario reabrir este padrón y que puedan ser beneficiados la mayor cantidad de personas que acrediten que desempeñaron su labor en los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo antes mencionado.
Es por eso que estamos solicitando esta ampliación y es por eso que estamos solicitando el apoyo de todos ustedes compañeros legisladores. Muchas gracias. Es cuanto presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Abdalla de la Fuente.
A continuación ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Marco Antonio Gama Basarte del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Antonio Gama: Gracias diputada presidenta.
En nombre de mi fracción de Acción Nacional, nos sumamos a esta exhortativa y buscamos también manifestar que deseamos que se haga un seguimiento transparente y un seguimiento responsable del tema exbraceros.
Hasta el momento tenemos afortunadamente un avance positivo en el tema gracias a la voluntad de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara y también a la voluntad del Ejecutivo Federal, en un tema que hace más de 40 años no recibía un respuesta. Hoy, gracias a estas dos acciones y a la disposición tanto del Ejecutivo Federal y de esta Cámara, encontramos ya una alternativa de solución.
El avance es importante. Por eso también es necesario mencionar que hasta el momento el trabajo que se desarrolla referente al tema exbraceros, va por un buen camino y se tienen los siguientes datos: Hasta el momento se han registrado en la convocatoria emitida el 11 de noviembre de 2005, 47 mil extrabajadores braceros que cumplen con los requisitos marcados en la Ley emitida por esta Cámara.
Asimismo hasta este momento el monto establecido de 38 mil pesos como beneficio para cada exbracero, se ha entregado a 8 mil 198 personas que conforman este padrón. Hay también ya aprobados por el Comité Técnico, 10 mil 18 personas que recibirán este beneficio.
Es importante que de manera responsable además de solicitar que se analicen los procedimientos para el registro de los exbraceros, asumamos la parte que como Congreso nos corresponde, precisamente en la emisión del Presupuesto, pues hasta este momento tenemos solamente un monto aproximado de 600 millones que entregados por el acuerdo de 38 mil a cada exbracero alcanzará para cubrir alrededor de 15 mil personas.
Es importante por supuesto que el tema lo tratemos con toda responsabilidad y con toda prudencia para que podamos reconocer de manera firme, de manera clara el esfuerzo que nuestros ex trabajadores fueron a brindar a Estados Unidos en aquél convenio.
Acción Nacional está pues a favor de reconocer el esfuerzo de nuestros ex trabajadores braceros y por lo tanto apoyamos la moción presentada. Es cuanto diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado. Finalmente tiene el uso de la palabra para hablar a favor de este punto de acuerdo, el diputado Francisco Mora Ciprés, del grupo parlamentario de PRD.
El diputado Francisco Mora Ciprés: Con su venia, ciudadana presidenta.
En este tiempo en que se eliminan barreras para las mercancías y se elevan muros para el trabajo humano, en el que el resultado de la política neoliberal que predomina en el mundo arroja, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, existen más de 140 millones de desempleados en el que se estima que en el mundo existen aproximadamente 150 millones de personas consideradas migrantes y la tendencia apunta a que la movilidad de los trabajadores se convierta en una norma para los próximos 30 años.
El punto de acuerdo que ahora se expone mediante el cual se exhorta al Comité Técnico que administra el Fideicomiso de Apoyo Social para los Trabajadores Migrantes Mexicanos integrado por representantes de la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Social y de la Fundación Pública para que se reabra el padrón del 2003 para aquellos braceros que laboraron entre el ’42 y el ’64 en Estados Unidos de América y que no realizaron el trámite de compensación para que se registren y reciban el pago correspondiente propuesto por el diputado Abdalá, asimismo, precisamente en la sesión pasada estuvimos presentes y con la mejor decisión para dar nuestro apoyo a este punto de acuerdo.
México es el país del que históricamente ha fluido la mayor cantidad de migrantes a Estados Unidos y se estima hoy en día que un promedio de 400 mil mexicanos emigra a ese país cada año, mientras que otros países de Latinoamérica como El Salvador, Guatemala y Honduras fluyen diez veces menos migrantes.
Ya quedó impuesto en esta tribuna que la migración ha jugado un papel estratégico en la economía nacional que representa una válvula de escape a las fuertes presiones en materia de empleo que se han presentado por las recurrentes crisis económicas además de colocarse como una de las principales fuentes de captación de divisas, cosa que nos da pena aquí en México.
Las divisas que recibe México soportan a poco más de un millón de familias de nuestro país, en especial en entidades como Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, entre otros.
El reto radica en pugnar por políticas migratorias que respeten irrestrictamente los derechos de los humanos y la historia no nos llama a no repetir sus errores.
En los días recientes se ha hablado de programas de trabajo migratorio de carácter temporal que podrían impulsarse en el futuro mediato, hoy (la presidenta toca la campanilla)… y hoy atendemos a que este punto de acuerdo pueda ser aprobado y se respalde fuertemente para que todos aquellos migrantes que no fueron o no tuvieron la oportunidad de inscribirse en el padrón, puedan ser atendidos.
Es cuanto, ciudadana presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Mora Ciprés.
Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica consulto a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…
(interrupción)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, diputado Abdalá.
El diputado José Manuel Abdala de la Fuente (desde la curul): Señora presidenta. Para solicitarle que esta votación sea nominal.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Mire diputado, lo podemos hacer con mucho gusto pero tenemos todavía varios puntos de acuerdo. Terminamos a las tres de la tarde y no hay polémica, yo creo que todos estamos de acuerdo y yo me mantengo en que sea.
El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente (desde la curul): Pero ya le solicité la votación nominal.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si usted… que sea votación económica.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba que sea en votación económica.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia consulto a la asamblea si se aprueba que sea en votación económica.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa en que sea en votación económica, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continúe con el trámite, secretaria, por favor.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa de que se apruebe el punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la secretaría con el siguiente punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Acuerdo único. Se solicita a la Subcomisión de Examen Previo de esta soberanía resuelva a la brevedad la denuncia de juicio político interpuesta en contra del gobernador del estado de Puebla Mario Marín Torres.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a la presidencia la solicitud del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor de este punto de acuerdo.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
El lamentable caso de la periodista Lidia Cacho dejó en claro la represión y la prepotencia y la impunidad con que se conduce Mario Marín al frente del gobierno en detrimento directo de la sociedad poblana a la cual se debe y tiene la obligación de rendir cuentas.
Desde el 14 de febrero. (Escándalo en el salón)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito, diputado. Solicitamos a los diputados y diputadas de la asambleas escuchemos al orador.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González: …fecha en que se hicieron públicas las conversaciones telefónicas con Mario Marín y Kamel Nacif, la ciudadanía ha sido testigo de los excesos en el uso del poder político que permite y rebasa las atribuciones que constitucionalmente le corresponden al titular del Poder Ejecutivo estatal.
La demanda legítima generalizada de los poblanos es a favor de la justicia y en contra del abuso de la autoridad, de la corrupción y la falta de respeto a las garantías individuales.
Ello se demuestra en las diversas marchas ciudadanas por la dignidad, en donde miles de poblanos han exigido al gobernador el exceso de su gobierno. En efecto, son ya muchos ciudadanos del estado de Puebla que consideran que el titular del Ejecutivo del estado, lejos de trabajar a favor del bien colectivo y dentro del marco legal establecido, lleva a la vida diaria una serie de prácticas contrarias al ejercicio de la función pública que le fue encomendada.
Mientras que las manifestaciones sociales en contra del todavía gobernador están dadas, las acciones legales y políticas siguen su curso y entre la larga lista del proceso pendiente por el audioescándalo y por el espionaje del gobernador Mario Marín se encuentra una demanda ante la Procuraduría General de la República un proceso de desafuero, una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una investigación por parte de la Procuraduría General de la República por el espionaje al Frente Cívico Poblano, más los procesos que se acumulen a raíz de los resultados de las indagatorias.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, apoyamos ese punto de acuerdo para que se le dé agilidad al trámite legislativo.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Díaz González.
Para hablar en contra del Punto de Acuerdo, tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros:
Con el respeto que este lugar me ha representado desde el primer día de estar aquí, quiero hoy tomar la palabra, y la palabra no es para pedir que no se haga lo que están pidiendo, porque los primeros interesados en que se investigue y se aclare, somos los diputados priístas de Puebla. Sin embargo lo que verdaderamente es un asco, es que esta tribuna nada más se acercan las elecciones y es tomada y utilizada en forma reiterativa solamente para llamar la atención.
Yo me pregunto ¿verdaderamente le estamos transmitiendo a los que nos eligieron, la verdad? O estamos tratando de que a través de cómo nosotros pensamos las cosas ellos decidan.
¡No! señores, no se vale. Estoy temblando y por eso no traigo nada escrito porque yo lo que no puedo permitir y que lo he vivido muchas veces, es que aquí se haga y se utilice esta tribuna con otros fines para los cuales fuimos electos. Y por favor, era imposible que esta tehuacanera poblana, con mucho orgullo se quedara callada cuando ustedes aseveran, y ya saben que es culpable. ¿Tienen una bolita mágica? Me pregunto yo. ¿Tienen una bolita mágica para saber? ¡Claro! que se investigue, por favor, y después decidamos todos. Pero ¿qué son magos para saber?
Y por favor, a mí me lo enseñaron en derecho; mientras no esté comprobado, todo individuo es presunto responsable. ¿Por qué ustedes dicen que ya lo es? ¿No están faltando a los principios? ¿O qué en su caso no se los enseñaron a dudar? Nunca hay que aseverar nada que no le conste a uno. Hay que investigar y que se aclare.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Izaguirre.
Para hablar a favor de este Punto de Acuerdo, ha solicitado la palabra el diputado Rogelio Flores Mejía, que tiene el uso de la tribuna.
El diputado Rogelio Flores Mejía: Con su permiso, señora Presidenta.
Diputada Carmenchu, como lo expresamos en esta tribuna hace algunos meses,...
El diputado Fernando Ulises Adame (desde la curul): ¡Yaaa! ¡Yaaa!
El diputado Rogelio Flores Mejía: ¿Ya qué, diputado? Acá está la tribuna, véngase usted y súbase acá a discutir los temas. Lo aludo, señor diputado. Es muy fácil gritar allá. Véngase acá, acá es el lugar.
Decía yo, compañeras y compañeros diputados, diputada Carmenchu y también la aludo para que vuelva usted a subir a esta tribuna, es ofender la inteligencia de los poblanos decir y tratar de tapar las fechorías del compañero priísta de ustedes Mario Marín Torres.
Los diputados poblanos, y usted bien lo ha dicho, estamos de acuerdo en que esto llegue a las últimas consecuencias. Pero no se equivoquen, esto no tiene tintes electorales, éste es un asunto de respeto a las niñas y a los niños de Puebla, a las niñas y a los niños de México. Éste es un asunto que nos interesa a toda la nación mexicana.
Ciertamente el presunto responsable de los asuntos de encubrimiento de Nacif, de este señor Kuri y de todos los pederastas en la nación mexicana, ha quedado manifiesto que es precisamente Mario Marín en Puebla.
Hoy quiero decirles, amigas y amigos, y esta es una noticia que nos ha sorprendido, después de que la supuesta señora ésta, Procuradora de Justicia, allá en el estado de Puebla, se había ausentado y hoy regresa, es precisamente para tratar de demostrar que no son culpables. Que nos lo digan acá en la Cámara de Diputados, que sea la Suprema Corte de Justicia, que sean los órganos institucionales los que lo determinen y si Mario Marín verdaderamente no tiene responsabilidad, que el señor renuncie a su cargo, se presente.....
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado, porque hay una solicitud.
Sí diputado Tamborrel.
(Desorden en el salón)
Solicitamos a los señores y señoras diputados, atención, orden y respeto, por favor.
El diputado Guillermo Tamborrel Suárez (desde la curul): Muchas gracias. Si fuera por su conducto, diputada Presidente, preguntarle al orador si me permite una pregunta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado Flores Mejía, ¿acepta usted una pregunta?
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Viniendo de personas decentes, por supuesto que sí.
(Desorden en el salón)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se solicita a los diputados y diputadas de esta Cámara, respeto.
El diputado Guillermo Tamborrel Suárez (desde la curul): Muchas gracias. Con el objetivo de quitar cualquier sombra electorera, yo quisiera a usted preguntarle en qué está afectando a la ciudadanía poblana, a los habitantes de Puebla, el que este juicio político no tenga la celeridad que desde mi perspectiva debiese tener. ¿Cuál es el sentir de los poblanos en este sentido?
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Gracias compañero diputado.
En primer lugar es el clima que se vive en el estado de Puebla de ingobernabilidad, ingobernabilidad que por cierto Marín no tiene solamente hacia los ciudadanos poblanos, sino inclusive la tiene al interior de su propio gobierno y le hace esto.
El asunto de la camioneta que fue a espiar, que acá lo venimos a denunciar, fue a espiar al Frente Cívico Poblano, después nos dijo López Zavala, el Secretario de Gobernación, que había sido un asunto que se les había salido de las manos, que ellos no conocían, que la camioneta no era del Gobierno del Estado y después tuvieron que recular, porque efectivamente sí era la camioneta del Gobierno del Estado. Eso es ingobernabilidad al interior de ese gobierno que ya no tiene nada qué hacer haya en el estado de Puebla.
Y le digo, señor diputado Tamborrel, nosotros en Puebla estamos indignados, y pregúntele a cualquier persona en la República Mexicana, qué es lo que está sintiendo en este momento por las aberraciones que tenemos de Mario Marín, que tiene por cierto que salir a escondidas de las reuniones que viene a hacer aquí con su candidato Madrazo. Como fue el caso, por ejemplo, en el restaurante en donde los ciudadanos que no tienen que ver nada con Puebla, le tuvieron que gritar: ¡Adiós mi gober precioso, adiós papá! ...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado.
Sí, diputado Alejo. Sonido a la curul del diputado Alejo.
El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Sí diputada Presidenta, únicamente para preguntarle si me podría aceptar una pregunta el orador, diputada.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto.
Diputado Flores, ¿acepta una pregunta del diputado Alejo?
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Vuelvo a insistir, de gente decente, por supuesto que sí.
El diputado Pablo Alejo López Núñez (desde la curul): Gracias. Para preguntarle al orador si me puede decir por qué cree él que los compañeros priístas están insistiendo que este es un asunto electoral, es lo que no nos queda claro, a qué se debe que ellos piensen que es un asunto electoral.
Esa es la pregunta, ciudadana Presidenta, muchas gracias.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Sí, gracias diputado. Pues simplemente porque hay preocupación de que en el estado de Puebla las últimas encuestas han establecido un rechazo de más del 60 por ciento a Mario Marín, eso es todo. Entonces hay una preocupación de decir, por supuesto, que esto se ha estado utilizando con tintes electorales, pero no es así, por eso hay diputados del PRD que hemos formado ya un frente allá, diputados salidos de la bancada priísta poblanos, decentes, que están dispuestos a que esto se aclare totalmente.
Y amigas y amigos, concluyo señora diputada la pregunta. Yo nada más diría a los diputados priistas: no sean paleros, por favor, de gente tan deshonesta, de gente de pocas miras en la vida política, de gente como es Mario Marín, que no ha tenido la virtud de ser ético desde el gobierno del estado. Para gobernar se requiere virtud y el señor no la ha tenido y ustedes no deberían ser las personas que estén solapando a personajes de esta naturaleza, el señor no alcanza a ver, por la poca estatura…
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado, un momentito diputado Flores, detener, sonido a la curul del diputado Preciado.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): ¿Me admite una pregunta?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Admite una pregunta usted, diputado Flores?
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Si, claro que si.
El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (desde la curul): El escándalo de Mario Marín lo conocemos a través de los medios quienes no vivimos en Puebla, y no nos queda claro algunas situaciones que se mencionan de manera mediática, y como ustedes viven alla me gustaría que nos aclarara un poco, ¿cuál es la relación de Mario Marín con este empresario Kamel Nacif? Y en segundo lugar, si es verdad que este empresario aportó más de 50 millones para la campaña del hoy gobernador de Puebla.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor diputado Flores. Este no es el tema que estamos en este Punto de Acuerdo, no es el tema, le pido al diputado Flores Mejía que concluya.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Sin embargo, voy a utilizar mis últimos 19 segundos para decirle diputado, que efectivamente si hay, por supuesto que si hay dinero de Kamel Nacif o lo hubo en la campaña de Mario Marín, y que seguramente lo va haber…
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de detener, un momento, favor de detener. Les pedimos a los señores y señoras diputadas respeto para el diputado que está en la tribuna.
Continúe diputado.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Si hubo el dinero y lo único que queremos que Mario Marín renuncie. Muchas gracias señora diputada.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.
Ha solicitado el uso de esta tribuna para hablar en contra de este Punto de Acuerdo nuestra compañera diputada María de Jesús Aguirre Maldonado del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias diputada Presidenta. Compañeros y compañeras diputados.
De veras que ya parece esto una canción, qué cinismo, qué ni vergüenza tiene. Qué cinismo porque la semana pasada precisamente aquí, en esta tribuna, se manejaba lo de Luis Pazos. Y lo tenemos dentro precisamente de la Subcomisión y va primero, va antes…
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito por favor diputado Aguirre. Sí dígame diputado De la Vega.
El diputado José de la Vega Asmitia (desde la curul): Presidenta, le solicitamos que en los mismos términos, como le reconvino a usted al orador que antecedió a la palabra a la diputada, la reconvenga sentarse en el tema. No estamos hablando aquí de ninguna otra persona que no sea Mario Marín y las corruptelas en el gobierno de Puebla.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Le solicito a la diputada Aguirre que se circunscriba al Punto de Acuerdo que estamos discutiendo.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Muchas gracias diputada Presidenta.
Es el colmo que esta tribuna la vengan a utilizar con esos fines los compañeros y que ahora que le toca a una servidora hablar se duelan, ¿por qué?, porque les estoy diciendo, de que esta tribuna n ose debe de utilizar para fines electoreros.
¿Cómo es posible que digan que este Punto de Acuerdo no es con fines electoreros? Claro que lo es y están mencionando a nuestro candidato Roberto Madrazo que nada tiene que ver en este Punto de Acuerdo. No es posible que si ahorita los medios se están ocupando de un asunto como lo es el asunto de Puebla, de un asunto como lo es de Succar Kuri y que en este momento estamos viendo lo de la extradición de Succar Kuri, ¡qué barbaridad", de veras que qué increíble es que se utilice esta tribuna con esos fines.
Yo le diría al diputado que subió a esta tribuna para este punto de acuerdo, que mejor hubiera utilizado este punto de acuerdo en una excitativa para la Subcomisión. Para qué batalla, para qué hacen aquí este diálogo estéril...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputada Aguirre. Sonido ala curul y detener el reloj, por favor.
La diputada María Angélica Ramírez Luna (desde la curul): Presidenta, si pudiera preguntarle a la diputada, a la oradora si me concede una pregunta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputada, ¿acepta usted una pregunta, diputada Aguirre?
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Claro que sí diputada Presidenta. Como dijo un compañero de ella "tiene miedo", no tengo miedo. Yo siempre he subido a esta tribuna a defender lo que es defendible señores, y si alguien ha subido a esta tribuna a hablar de protección a la niñez, hemos sido muchas diputadas.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante.
La diputada María Angélica Ramírez Luna (desde la curul): Diputada, precisamente por eso y algunas de las afirmaciones que ha hecho, le pregunto: ¿considera usted que es hablar de fin electorero, hablar del derecho y la defensa de las personas? ¿En concreto para mí que soy poblana, considera usted fin electorero hablar de la defensa para los poblanos? Eso es por un lado.
Por otro, ¿leyó usted el punto de acuerdo?
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Sin lugar a dudas, claro que le voy a contestar.
Sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme; claro, claro que es con fines electoreros. No me lo puedo explicar de otra manera, que se esté presentando este punto de acuerdo y que sea para que la Subcomisión de Examen Previo dictamine este juicio político que se demandó en contra del Gobernador Mario Marín, de Puebla. Claro que sí diputada; es con ese fin para que se dictamine a la brevedad.
Dejemos entonces que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva, no estamos aquí para prejuzgar; estamos aquí para poder representar los intereses del pueblo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Diputada Presidente, solicito la palabra para hechos.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado. Para hechos tiene usted el uso de la palabra. Diputado Díaz González para hechos, hasta por 3 minutos.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Nada más queremos precisar algo. Nosotros no tenemos la culpa, no tenemos la culpa de la plática bochornosa que se entabló entre Mario Marín y Kamel Nacif. Nosotros no tenemos la culpa; el que la tiene es Mario Marín. Nosotros tampoco tenemos la culpa de que mande el espionaje al Frente Ciudadano. Nosotros no tenemos la culpa.
Tampoco tenemos la culpa en el sentido de que Mario Marín tenga relaciones fuertes con este empresario que le dio dinero en su campaña y le quiso pagar. Nosotros tampoco tenemos la culpa, no tenemos la culpa tampoco nosotros, cuando se dio el acontecimiento de la violación de los derechos humanos con Lydia Cacho; ésa es culpa de Mario Marín que debe de renunciar y ustedes deben de pedir la renuncia por bien de su partido...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito diputado, es que le quieren hacer una...sonido a la curul de la diputada Martha Palafox...
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Señora Presidenta quisiera hacerle una pregunta al señor diputado que está en la tribuna.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Acepta usted, diputado Díaz González?
El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Claro que sí, claro que sí.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Señor diputado: Usted que con tanta vehemencia defiende el pudor, el honor, la moral, de los ciudadanos poblanos y de la República Mexicana, quisiera preguntarle a usted ¿si subirá también a esta tribuna, la cita que hace la escritora Lydia Cacho de la señora Martha Sahagún y los recursos que también recibió del señor Kamel Nacif?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este sentido, diputada Palafox, no estamos a discusión en ese tema.
Le agradezco, diputado Díaz González.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González: Gracias, gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Finalmente, tiene el uso de la palabra para hablar a favor, el diputado Inti Muñoz Santini.
El diputado Inti Muñoz Santini: Con su venia diputada Presidenta.
Simplemente para señalar que el grupo parlamentario del PRD votará a favor de este Punto de Acuerdo.
Nosotros hemos interpuesto la solicitud de juicio político, así como también hemos acudido a la PGR a presentar una demanda penal en contra de Mario Marin, de Kamel Nacif y una serie de funcionarios públicos del Estado de Puebla.
También hemos solicitado junto con otros grupos parlamentarios, que la Corte ejerza su capacidad de investigación en este caso...
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver diputado Muñoz, un momentito por favor, porque la diputada...
Sonido a la curul de la diputada Martha Palafox.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): La misma pregunta sería para nuestro compañero diputado en uso de la tribuna, porque la escritora y los medios de comunicación han dado cuenta también de que su candidato Andrés Manuel López Obrador, fue beneficiario de dicho personaje que se está multicitando aquí, y además, además.
El diputado Inti Muñoz Santini: La mención que hace usted señora diputada.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Permítame, no he terminado, pero además están utilizando para crear una víctima, una mesías a la que está apoyando el PRD en las plazas públicas, para ir a causar problemas como los que están acostumbrados el PRD, de violencia, perfectamente identificados.
El diputado Inti Muñoz Santini: La mención que hace la diputada y respondo...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Muñoz, ese no es el tema que estamos discutiendo, le ruego que continúe con su tema.
El diputado Inti Muñoz Santini: Sí, quisiera señalar y pido que me den el tiempo para responder, que la mención que hace la diputada no es más que una especulación mediática, sobre eso no hay absolutamente nada, el PRD tiene un compromiso muy firme con la transparencia, el candidato del PRD tiene un compromiso muy firme con la justicia y en contra de la impunidad.
Por lo demás en cuanto a sí estamos haciendo de Lydia Cacho una víctima, si este asunto es electoral o no, sólo quisiera decirles, señores diputados, que en todo caso no estaría mal que los mexicanos y las mexicanas que nos ven por el Canal del Congreso...
El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Inti Muñoz, un momentito.
Sonido a la curul del diputado Penagos.
El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Para preguntarle al diputado si me admite una pregunta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿La admite usted, diputado Muñoz?
El diputado Inti Muñoz Santini: Por favor.
El diputado Sergio Penagos García (desde la curul): Quisiera yo saber su opinión en términos de ¿si considera usted o no a la pederastia, como uno de los actos más deleznables que pueda cometer un adulto?
Y por otro lado diputado, ¿si dentro de este Punto de Acuerdo están involucrados además del gobernador Mario Marin y del señor Kamel Nacif, algunos otros personajes?
El diputado Inti Muñoz Santini: Así es.
Están involucrados la Procuradora del Estado, e insito, el PRD presentó una denuncia penal en contra de Kamel Nacif, también. Nuestro compromiso en contra de la impunidad es claro, es firme y es integral.
Y decía, compañeras y compañeros diputados, todavía en el tiempo de la respuesta, éste no es un asunto electoral, es un asunto de compromiso con la justicia, con la rendición de cuentas, con la idea de que México sea un país donde el poder no se utilice a favor de unos cuantos.
Y sería muy bueno, compañeras y compañeros diputados, que los mexicanos y las mexicanas que nos ven por el Canal del Congreso se dieran cuenta de quiénes son los que en esta Cámara están defendiendo el día de hoy a Mario Marín, que los vean, que tomen nota de quiénes son y cuáles son sus rostros.
En efecto, compañeros y compañeras: para las mexicanas y para los mexicanos, para la inmensa mayoría de la opinión pública, el caso Marín-Nacif, es uno de los casos más ominosos en la historia del uso del poder de manera facciosa, del uso del poder a favor del interés particular, del uso del poder para favorecer a los amigos...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, diputado Muñoz. A ver un momentito.
El diputado Inti Muñoz Santini: Termino con mi intervención, por favor diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, diputada Palafox.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez (desde la curul): Señor diputado, quisiera preguntarle a usted, si ante las acusaciones y denuncias que usted está haciendo aquí en general, a nosotros los diputados, por hacerle una pregunta, ¿si usted ya revisó con sus gobernantes del PRD, o ex gobernantes, sino de casualidad por ahí tienen algo guardado y que haga que al rato, usted tenga que rectificar el insulto que está haciendo aquí a todos los diputados? ¿ y si conoce usted la calidad moral de los hermanos Méndez y Malpica de Puebla, que son quienes encabezan este movimiento que ahora hábilmente el PRD como siempre, lo utiliza para hacer elecciones?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ese no es el tema.
Diputada Palafox, porque lo que estamos discutiendo es la proposición. No diputado Muñoz un momentito.
Estamos discutiendo la proposición con punto de acuerdo, para que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, resuelva a la mayor brevedad, la denuncia de juicio político, interpuesta contra el gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres. Por lo tanto, ese es el tema que se va a tratar, no se autoriza dar la respuesta.
El diputado Inti Muñoz Santini: Pero, le pido por favor, que quede anotado, que así como tenemos un profundo respeto por todos y todas ustedes. Sí creemos que es vergonzoso defender a Mario Marín e intentar impedir que se investigue y que se haga justicia. Por lo demás no voy a responder a lo que en efecto, no es más que una conjetura y terminaré mi intervención.
El caso Marín-Nacif...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito. El diputado Preciado, sonido a la curul del diputado Preciado.
El diputado Jorge Preciado Rodríguez (desde la curul): Para preguntarle al orador, si me admite una pregunta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿La admite usted?
El diputado Inti Muñoz Santini: Por favor.
El diputado Jorge Preciado Rodríguez (desde la curul): He escuchado en varias ocasiones el tema, de que si es electorero o no y la verdad lo felicito por estar ahí, porque hay un planteamiento que dice: "que la única forma en que los delincuentes triunfen, es que la gente decente se quede sin hacer nada".
Yo le quiero preguntar ¿en el caso de Puebla, si lo están electorero el tema los diputados del PRI, por el hecho de este casi de Mario Marín, que se ha ventilado a nivel nacional, tienen en este momento a Roberto Madrazo en tercer lugar y por supuesto, fuera de la contienda presidencial. Si este mismo fenómeno que está acudiendo a nivel nacional por este caso, también se está reflejando allá en el estado de Puebla?
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Muñoz, éste tampoco es el tema. Reitero señores, el tema es que se resuelva a la mayor brevedad la denuncia de juicio político interpuesta en contra del gobernador del estado de Puebla. Diputado Muñoz, concluya.
El diputado Inti Muñoz Santini: Concluiré mi intervención, simplemente para señalar que el grupo parlamentario del PRD, reitera en esta discusión, su compromiso indeclinable con la transparencia, en contra de la impunidad y porque todos los mexicanos y las mexicanas, los legisladores y las legisladoras, tengamos un compromiso muy firme, para que ese viejo México, el México de la corrupción quede atrás. Eso es lo que representa este punto de acuerdo y por supuesto que también estamos en contra de la doble moral y por supuesto también creemos que la bancada del PAN, debió votar a favor del punto de acuerdo, para solicitar en los mismos términos que se acelerará la solicitud de juicio político en contra de Luis Pazos.
Eso es lo que quería venir aquí a asentar, estamos a favor del punto de acuerdo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Muñoz.
Para hechos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Fíjense ustedes que, pareciera ser que no hay divergencia en esta Cámara, a pesar de los gritos y sombrerazos que nuestros compañeros del PRI, están generando, porque, pareciera ser que ustedes están dando por hecho, que este punto de acuerdo ya se turnó a la Comisión de Gobernación, ya se voto y se ganó. Es decir, quienes están prejuzgando son ustedes.
El punto de acuerdo que nosotros y le voy a dar lectura, porque pareciera ser que estaban distraídos en el momento de su lectura, es para que la Junta de Coordinación Política, que hizo suyo, proponga a la Honorable Cámara de Diputados, se solicite a la Subcomisión de Examen Previo, resuelva a la brevedad la denuncia de juicio político interpuesta en contra del Gobernador del estado, Mario Marín Torres.
Es decir, no estamos pidiendo que se juzgue, estamos pidiendo que se acelere el procedimiento, que se dé entrada para poder definir, efectivamente, lo que decía la diputada Carmenchu, si es o no culpable Mario Marín.
Por lo tanto, no tenemos por qué estar nerviosos, necesitamos estar tranquilos, serenos, para poder llevar a cabo esta votación, votarla, como estoy seguro lo van a hacer los diputados del PRI, a favor, y que sea la Comisión la que resuelva a la brevedad posible.
De salir en contra de ustedes, porque Marín haya sido culpable, ese ya será otro tema y estaremos por supuesto utilizando la tribuna para poder denunciar, porque para ello fuimos votados, compañeras y compañeros; no fuimos votados para estar sentados, gritando desde lo lejos, dejando pasar las cosas. Yo creo que la intención nuestra es darle celeridad a este asunto para que tengamos todos la verdad y sepamos a partir de ahí, cómo juzgar a los gobernantes que han llegado a estos niveles de corrupción.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.
Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos y ciudadanas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se encuentra suficientemente discutido.
Someta la Secretaría a consideración de la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, someto a consideración de esta Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Concluya la Secretaría con el último punto de acuerdo que la Junta de Coordinación Política nos ha hecho la propuesta. Es el último. Ya estaban autorizados los tres, sólo que ya tenemos el tiempo para concluir. Es muy rápido yo creo.
Adelante.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política los puntos de acuerdo solamente:
Primero. Se exhorta a las autoridades del Estado de México a investigar los homicidios de cinco mujeres ocurridos en el municipio de Chimalhuacán.
Segundo. Se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres de la Procuraduría General de la República, para que, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el Acuerdo número A/003/06, acompañe las actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y contribuya al esclarecimiento de los homicidios de mujeres en Chimalhuacán.
Tercero. Se exhorta al Gobernador del Estado de México a diseñar e implementar un programa de prevención, atención e investigación para la prevención de delitos violentos contra las mujeres.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se pide a la Secretaría, someta, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se pregunta a la Asamblea si los puntos de acuerdo son de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
Se solicita a la Secretaría dé cuenta del orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Lectura del orden del día de la próxima sesión número 23)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Compañeras y compañeros diputados: Tengo la solicitud aquí en mi mano, del diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, para pedir licencia a partir del 17 de abril. No estaba en el orden del día. Pero quiero someter a su consideración si se puede poner en el orden del día, a fin de que se le autorice la licencia y llamemos a su suplente.
¿Estarían de acuerdo compañeros? Se los pido porque acaba de llegar.
Queremos la consideración de la asamblea para que nuestro compañero Francisco Javier Obregón, tenga licencia a partir del 17 de abril, toda vez que nosotros estaremos en funciones hasta el 18 nuevamente.
Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se acepta que entre este punto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se pregunta a la asamblea si se acepta que este punto entre en el orden del día.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa. (Votación)
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Del diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo por el distrito uno de Baja California Sur, a partir del 17 de abril del presente año)
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito del Estado de Baja California Sur, a partir del 17 de abril del presente año.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Muchas gracias a nombre personal y a nombre del diputado Obregón.
Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 6 minutos para la rectificación del quórum final.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 6 minutos para la asistencia final.
(Lista de asistencia)
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
De viva voz los diputados que faltan de pasar asistencia. Diva Adamira Gastelum.
La diputada Diva Adamira Gastelum Bajo: Presente
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz la diputada Carla Rocín.
La diputada Carla Rocín: Presente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Carlos Flores Rico, si es tan amable.
El diputado Carlos Flores Rico: Presente
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Pérez Cárdenas.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas: Presente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputada presidenta, informo a usted que hay un pase de lista de 308 diputados y diputadas.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se levanta la sesión (15.49 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de abril a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve horas.