Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LIX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 18 de abril de 2006

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se pide a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las compañeras diputadas y compañeros diputados.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 349 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum señora presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se abre la sesión (11.29 horas)

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura al orden del día.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la misma, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

Proceda, señora secretaria, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Los ciudadanos y ciudadanas diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.

Se encuentran con nosotros alumnos del décimo semestre de la carrera en licenciatura en derecho de la Unidad Académica Temascaltepec, de la Universidad Autónoma del Estado de México, ellos invitados por el diputado José Eduviges Nava Altamirano.

Sean bienvenidos a ésta, la Casa de la Nación. (Aplausos)

Se solicita a la Secretaría, continuar con comunicaciones.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: "C. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Esta presidencia comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo y dictámenes sobre puntos de acuerdo que se tienen como desahogados y atendidos, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria de las siguientes comisiones:

Gobernación.- Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que se declare el año 2004 como "Año Nacional del Migrante Mexicano". Fecha de publicación: 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a declarar 2004 como "Año de la Familia". 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal que declare 2006 "Año del 2006, Aniversario del Natalicio del licenciado Benito Juárez García" (sic) 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo a fin de que se considere 2005 "Año de la Innovación y Calidad en la Vivienda". 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a declarar 2006 "Año de la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García". 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a fin de instaurar el 16 de junio como "Día Nacional del Federalismo". 11 de abril.

Comisión de Grupos Vulnerables. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de la ejecución de los programas de apoyo para menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Fecha de publicación 11 de abril.

Agricultura y Ganadería. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para que la Sagarpa implemente el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural e Integral. Fecha de publicación 11 de abril.

Educación Pública y Servicios Educativos. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país. Fecha de publicación 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a que reciba a una comisión de maestros de la comunidad académica de la Escuela Superior anexa a la Normal Superior, a fin de que le sean presentadas propuestas de reforma integral a la educación secundaria. Fecha de publicación 11 de abril.

Comisión de Vivienda. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que opere directamente, sin la intervención del Fonapo, el Programa de Vivienda Rural. Fecha de publicación 11 de abril.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, adecue e implemente un programa de desconcentración administrativa del Instituto. Fecha de publicación 11 de abril.

Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Recursos Hidráulicos. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en relación con las entregas de agua a los Estados Unidos de Norteamérica en el marco del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Fecha de publicación 11 de abril.

Comisión de Recursos Hidráulicos. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del Río Papaloapan. Fecha de publicación 11 de abril.

Comisión de Salud. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al gobierno del Distrito Federal a cumplir la norma oficial mexicana PROI/NOM/028/SSA2 1999, para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones.

Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a diseñar una campaña de prevención y control de enfermedades respiratorias, cuyo objetivo sea el saneamiento y mantenimiento de ventilación artificial. Fecha de publicación 11 de abril.

Comisiones unidas de Marina y de Salud. Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco, a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el hospital naval ubicado en el municipio de Centla preste servicios de salud a la población abierta. Fecha de publicación 11 de abril.

Solicito a ustedes lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea. Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2006. Con la firma de la diputada Marcela González Salas, presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Tercer Distrito del estado de Nuevo León, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquense.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Comunicación de la diputada Margarita Martínez López)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.

Unico. Se concede licencia a la diputada Margarita Martínez López para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el Décimo Distrito del estado de Nuevo león, del 17 al 30 del presente mes y año.

El diputado José Antonio Pablo de la Vega (desde la curul): El punto de acuerdo de la Mesa Directiva debe decir "a partir de esta fecha", no como lo solicita la diputada, con fecha retroactiva del día de ayer.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Está bien. Favor de someterlo así, señorita secretaria: la licencia se autoriza a partir del día de hoy, que es día 18 de abril. Porque tengo entendido que la solicitud es a partir del 17. Se autoriza a partir de hoy.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se concede licencia a la diputada Margarita Martínez López para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el Décimo Distrito del estado de Nuevo León, a partir de esta fecha al 30 de abril del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquense.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la diputada María Cristina Díaz Salazar quien solicita licencia para separarse de sus funciones a partir del día 18 de abril de 2006)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Cristina Díaz Salazar, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Segunda Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo.- Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con Reincorporaciones.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Reincorporaciones.

(De la diputada María Viola Corella Manzanilla, por el que comunica que se reincorpora a sus labores legislativas a partir del 14 de abril del presente año)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Del diputado Roberto Colín Gamboa, por el que comunica que se reincorpora a sus labores legislativas a partir del 8 de abril del presente año)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Comuníquese.

Compañeras y compañeros diputados, se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Benjamín García Meza, diputado suplente electo en el Primer Distrito del Estado de Baja California Sur.

Se designa en comisión para que lo acompañen ene l acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:

Al diputado Benito Chávez Montenegro, a la diputada maría Eloisa Talavera Hernández, al diputado Emiliano Hernández Ramos, al diputado Santiago Cortés, diputado Adrián Chávez y al diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.

(La Comisión cumple con su encargo)

Se pide a los presentes ponerse de pie.

(Puestos los presentes de pie la Presidenta dice):

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadano Benjamín García Meza: "¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".

El ciudadano Benjamín García Meza: "Sí protesto".

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: "Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande". Bienvenido a casa.

(Aplausos)

Compañeros diputados: Tengo la pena de participar a esta asamblea el fallecimiento del licenciado Alfredo del Valle Espinosa, Secretario de Servicios Parlamentarios.

El licenciado Alfredo del Valle Espinosa, fue un maestro muy querido en esta Cámara. Fue nombrado como Secretario de Servicios Parlamentarios en 1999. siempre desempeñó una labor profesional apegada a la legalidad, mirando en todo momento por el beneficio de la institución. Su fallecimiento es una pérdida muy lamentable para todos, su aportación será recordada como la mejor.

A nombre de la LIX Legislatura, nos unimos al dolor de familiares y amigos. Que descanse en paz.

Pido a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Puestos los presentes de pie se guarda un minuto de silencio)

(Aplausos)

Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones.

(De la Asamblea del Distrito Federal, oficio con el que remite acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría General de la República integren el proceso jurídico a la brevedad para acreditar el paraje San Juan como bien de la nación)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Del Poder Judicial de la Federación por el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados).

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Dos oficios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los que remite contestaciones a puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Del Instituto Federal Electoral, con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la Junta de Coordinación Política, con relación a que el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, sustituya al diputado José Erandi Bermúdez Méndez, en la Secretaría de la Comisión de Juventud y Deporte)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Junta de Coordinación Política, con relación a que el diputado José L. Díaz Nieblas, sustituya a la diputada Sonia Rincón Chanona, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Social)

En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el cambio.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (De la Junta de Coordinación Política, con relación a que el diputado Marco Antonio García Ayala, cause baja en la Comisión de Seguridad Social y sustituya al Dip. Roberto Vega y Galina, como Secretario de la Comisión de Seguridad Social)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la Junta de Coordinación Política, con relación a los siguientes cambios: diputada María del Rosario Vargas Chávez, sustituya al diputado José Julio González Garza, en la Comisión de Participación Ciudadana y en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Dip. Gabriela Miranda Campero López, sustituya al Dip. Alfonso Moreno Morán, en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y en la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros; diputada Dafne Estela Torres Quintero, sustituya al diputado Salvador Márquez Lozornio, en la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y alta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; diputado Rolando García Alonso, sustituya al diputado Ángel Alonso Díaz Caneja, en la Comisión de Relaciones Exteriores)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación al cambio diputada Marcela Lagarde de los Ríos cause alta como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación al cambio de integrante de Comisión del diputado Daniel Arévalo Gallegos como integrante del Grupo de Amistad México-Costa Rica)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que propone que la Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación, una auditoría en términos del párrafo tercero, fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de señalar el estado que guarda el proceso de reclutamiento, selección y nombramiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera y se requiera al Secretario de la Función Pública para que proporcione la información correspondiente a la evaluación para certificar las capacidades profesionales de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal Centralizada)

En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, propone a la Cámara de Diputados la ampliación de vigencia de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia, por favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta alguna ciudadana o algún ciudadano diputado por registrar asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico de asistencia. Quien no lo haya hecho hasta el momento, tiene 15 minutos para hacerlo mediante cédula.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la Junta de Coordinación Política, propone a la Cámara de Diputados la ampliación de vigencia de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, propone a esta Soberanía la ampliación de vigencia del Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados)

En votación económica, se pregunta a esta asamblea si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de marzo de 2006)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Economía.

La Secretaria diputada Sara Rocha Medina: (Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que adiciona una partida presupuestaria contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, en los programas especiales correspondientes al Ramo 09, relativos a los programas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Programa de Vinculación Puerto-Ciudad, presentada por la senadora Silvia Asunción Domínguez López)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta proyecto de decreto que expide la Ley de Vivienda, para los efectos de la última parte del Inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Vivienda.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Industrial)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Economía.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al Capitán de Navío CG DEM Pedro García Gil, para aceptar y usarla Condecoración del Servicio Marítimo Nacional en Grado de Servicio Distinguidos "Almirante Cristóbal Colón en segunda clase "Mérito Naval", que le otorga la Comandancia del Servicio Marítimo Nacional de la República de Panamá)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día, son los dictámenes de Primera Lectura.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley de Inversión Extranjera; de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma el último párrafo del artículo 173 y adiciona el artículo 173 Bis a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Pesca, con Proyecto de Decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 4 fracción II inciso B), 5, 12 fracción I inciso e) y fracción X, 14 fracción IV y se adiciona un nuevo inciso b) a la fracción II del artículo 4 recorriéndose en su orden los demás incisos a la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Salud con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción I al artículo 271 de la Ley General de Salud; con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción I al artículo 25 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de Migrantes Repatriados Enfermos.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona el inciso G) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Equidad y Genero, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3° de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1° de la Ley de Aguas Nacionales.

Con proyecto de decreto que reforma las fracciones I y II y se adiciona un párrafo quinto al artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Silvia Pinal Hidalgo, para aceptar y usar la Condecoración de Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.

También tenemos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga y establece diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Es de primera lectura.

Compañeros y compañeras diputados, el siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, el próximo día 8 de mayo del 2006, a fin de realizar una visita a la República de Costa Rica, para asistir a la ceremonia de transmisión del Mando Presidencial en ese país.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaria a la asamblea, si se dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Morales Garduño: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

Esta Presidencia informa que no se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, ninguno de nuestros compañeros diputados y diputadas. En tal virtud se considera que está el punto suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.

Para cambiar el sentido de su voto, el diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del PRI, curul 473.

El diputado Lino Celaya Luría (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias, diputado. De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa (desde la curul): Roberto Colín, a favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias, diputado. El diputado Gustavo Madero.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señora Presidenta, se emitieron 345 votos en pro, 3 en contra y 7 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular por 345 votos, el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional el 8 de mayo de 2006, a fin de realizar una visita a la República de Costa Rica, para asistir a la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si es de dispensarse la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

En virtud de que no tenemos oradores registrados para hablar en lo general y en lo particular, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutido.

En consecuencia, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en sus términos.

(Votación)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa. Por favor, sonido a su curul.

El diputado Roberto Colín Gamboa (desde la curul): Roberto Colín, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. De viva voz el diputado Benjamín García Meza. Sonido a su curul, por favor.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presidente, se emitieron en pro 348 votos, en contra 0 y abstenciones 2.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Señoras y señores legisladores, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa su lectura.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.

Tiene el uso de la palabra en términos del artículo 108 del Reglamento Interior el señor diputado Víctor Hugo Islas Hernández, hasta por 10 minutos.

El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea:

Concurro a esta tribuna para fundamentar el dictamen producido por la Comisión de la Función Pública por el que se modifican los artículos 5, 8, 13, 47, 58 y 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Como ustedes saben a 3 años de aprobada esta ley es necesario valorar sus avances e iniciar un proceso de revisión que ajuste sus insuficiencias. La instauración del Servicio Profesional de Carrera, es un proyecto viable de mediano y largo plazo, para mejorar el desempeño de la Administración Pública Federal, con base en los valores de las administraciones modernas. Esto obliga a reclutar a los mejores recursos humanos disponibles para gestionar las importantes responsabilidades del gobierno.

Como lo expreso en su momento, la iniciativa de la ley, el proceso de implementación del Servicio Profesional de Carrera, debe darse mediante un proceso gradual, descentralizado y cuidadoso. Sin embargo, debemos reconocer que la ley estableció un ámbito amplio a realizarse en muy corto plazo, mientras que en las naciones desarrolladas el servicio civil lleva varias décadas y en algunas más de un siglo, no podemos pretender alcanzar los mismos resultados en menos de 3 años.

No es posible superar el déficit de ilegalidad e imprecisión de atribuciones, perfiles y responsabilidades, de casi 43 mil plazas en tan breve tiempo. Simplemente no existe en el catálogo de puestos ni los manuales de organización.

Nos parece poco serio que en los próximos 5 meses el gobierno quiera certificar el 44% de las plazas, casi 22 mil. Lamentablemente bajo la perspectiva de concluir casi en su totalidad con el sexenio, la implementación del servicio, este gobierno ha acumulado varios errores que es necesario advertir y corregir para no perder lo logrado en aras de prisas injustificables.

Entre los errores advertimos un elevado grado de discrecionalidad que ha cargado de sospecha la forma en que se está operando el servicio. El resultado de casi 2 mil 200 plazas ocupadas, cerca de 1 mil 400,sobre todo directores generales y delegados, se ha nombrado con libre designación y al margen de lo que marca la ley.

El gobierno ha advertido la dificultad de que los niveles de director general y homólogos, queden en el Servicio Profesional. Por ello, los ha nombrado sin convocatoria. Se trata de responsabilidades políticas que permiten la operación de las políticas de gobierno, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero su nombramiento al margen de la ley, ha generado daños de credibilidad a todo el sistema.

La eliminación de estos c argos de la ley y el reconocimiento de que se trata de cargos de dirección política, como ocurre en los servicios civiles de otras naciones, permitirá ajustar la ley a la realidad y fortalecer la estructura realmente operativa que es de director de área hacia abajo, que han sido los menos cuestionados.

A pesar de que la ley prevé un proceso desconcentrado, en los hechos la Secretaría de la Función Pública ha centralizado desde el reclutamiento hasta la certificación, que dará la inmovilidad y que inicia en estos días.

Sin reparar en la naturaleza diferente, el Servicio Público, se ha establecido un modelo de gestión con valores y prácticas propios de empresas privadas, por lo que nos preocupa la carencia de valores orientados al valor público, la responsabilidad social y el compromiso con una nación profundamente desigual que requiere un servicio público orientado a la justicia y al desarrollo equitativo.

El reglamento de la ley ha sido mucho más lejos que la propia norma legal. Constituyendo una legislación de facto, con lo que el propio gobierno ha abierto la puerta que esos puestos puedan ser designados libremente. Esos problemas de operación y de diseño se han demostrado en los debates de ambas Cámaras durante las comparecencias de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y múltiples foros académicos y sociales durante los dos últimos años.

No se puede argumentar falta de diálogo sino al contrario, es clara la falta de disposición del Gobierno para atender las recomendaciones de expertos y legisladores para mejorar su implementación.

El objetivo de la reforma lo resumimos en la siguiente manera:

Numero uno.- Limitar el Servicio Profesional de Carrera hasta el nivel de director de área; la supresión de los niveles de director general y homólogos abarcará a 1,600 plazas aproximadamente, de casi 43 mil el 2.6 por ciento. Introduce la obligación de que en la evaluación se tome en cuenta a los destinatarios del servicio, los ciudadanos, que son los primeros interesados en calificar la calidad y el profesionalismo con que se le debe atender.

Se establece también la obligación de que bimestralmente la Secretaría de la Función Pública remita un informe de los resultados del Servicio Profesional a esta Cámara superando la opacidad con que se conduce actualmente.

Se incorpora la obligación de que la capacitación no genere conocimientos y competencias a secas; que se base en los valores de la ética, la transparencia, la calidad y el servicio a la ciudadanía.

En cuanto a la situación de la pérdida de confianza durante la discusión en lo particular del artículo 60, propondremos la eliminación de los cambios para que quede como está en la ley vigente.

La reforma que hoy sometemos a su consideración no carece de seriedad ni es un retroceso; pretende alejar el riesgo de la improvisación y de que el servicio profesional acabe como un botín, en sentido contrario al objetivo que declara perseguir.

Abrirá una tregua para consolidar la estructura operativa y de mandos medios del servicio profesional como base para su consolidación. Es necesario legitimar y alejar de sospecha al servicio profesional, por ello se requiere esta reforma.

Los diferentes grupos parlamentarios coincidimos en que será necesario dialogar de manera plural para realizar una revisión integral a la ley y su reglamento para que en el futuro de mediano plazo se enriquezca y realmente se consolide como patrimonio no de un gobierno ni de un grupo sino verdaderamente de toda la nación mexicana.

Solicito respetuosamente su reflexión sobre estos planteamientos que pretenden situar en su justo medio el dictamen y otorgarle su aprobación.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

Está a discusión el dictamen. Esta presidencia tiene registrados en contra, al diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México y al diputado Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional; y en pro al diputado Rafael Flores Mendoza.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Fernando Espino Arévalo, del Partido Verde Ecologista de México hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El dictamen que se presenta para su aprobación por parte de esta soberanía, contraviene el espíritu con el cual se creó el Servicio Civil de Carrera mediante el cual se aspira a contar con un instrumento jurídico que permita reconocer los méritos de los servidores públicos en el ejercicio de su actividad profesional a efecto de que tengan la opción de ascender a ocupar espacios en la Administración Pública, por la capacidad o especialidad administrativa demostrada y no como una normatividad que se utilice para justificar la remoción de los mismos.

Hemos constatado lastimosamente, que en los cambios de personas o partidos políticos en la conducción de la Administración Pública Federal o local, trae aparejada la sustitución de funcionarios públicos de todos los niveles jerárquicos sin tomar en cuenta que se está prescindiendo de trabajadores que han adquirido experiencia con cargo a los recursos del Erario Público y que la sustitución implica volver a preparar nuevos cuadros directivos en detrimento del cumplimiento eficaz de los objetivos de la Administración Pública porque los nuevos funcionarios recurren a la contratación de sus amigos o integrantes del equipo de trabajo que los acompañó en otros cargos, ocasionando consecuentemente el desplazamiento de muchos otros servidores altamente especializados.

El dictamen que nos ocupa pretende que se excluya del régimen de la ley a los directores generales de la administración pública federal, quedando en situación vulnerable un sector muy amplio de trabajadores que, en virtud de esta reforma, estarían a merced del superior jerárquico, quien podría removerlos sin justificación alguna.

Adicionalmente, la reforma que se propone del artículo 58 contempla mecanismos de evaluación del desempeño del servidor público sujeto a su régimen, basados en la opinión de la sociedad receptora de los servidores o de las áreas y servidores de la administración que sean los destinatarios del miembro del sistema a evaluar, lo que nos convertiría en cómplices de que se aplicaran instrumentos de valoración de la actividad profesional de ellos, carentes de objetividad y sólo basados en opiniones que pudieran estar influenciadas o dirigidas por el superior jerárquico.

Pero quizá lo más lamentable de esta propuesta legislativa es el carácter represor que se incluye en la fracción VII que se agrega al artículo 60, puesto que se incorpora una causal de cese del funcionario público, incursionando en una materia que es del ámbito de las leyes laborales, puesto que dejar sin efecto el nombramiento del servidor público por pérdida de confianza, entendiéndose que existe ésta, cuando el superior jerárquico acredita que el servidor público representa un obstáculo para el adecuado cumplimiento de los fines y responsabilidades del área.

De aprobarse el dictamen que se somete a la consideración de este honorable pleno, estaríamos actuando regresivamente pues no cabe duda que las reformas propuestas significan el otorgamiento de facultades extraordinarias para desplazar servidores públicos de larga experiencia administrativa, sin responsabilidad laboral y sin más justificación que la opinión subjetiva del público usuario o de los servidores, expresada de manera desfavorable al servidor que se pretende remover o bastando que el superior jerárquico indique que es un obstáculo al cumplimiento de los fines de su área.

Porque la administración pública requiere de estimular la actividad profesional de sus servidores y no tanto un régimen de amenaza a la estabilidad en el empleo de manera que el funcionario busque superarse profesionalmente para ofrecer un servicio más eficiente y de calidad, a efecto de aspirar a ascender a niveles superiores de la propia administración, considero que la propuesta de reforma legislativa resulta contraria al espíritu original de la ley, por lo que desde este momento solicito que sea incorporado mi voto razonado en contra del dictamen de referencia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado. Esta presidencia saluda con todo afecto a invitados del señor diputado don David Hernández, del Municipio de El Salto, Jalisco, de la comunidad de Santa Rosa. Sean ustedes bienvenidos (aplausos).

Tiene el uso de la palabra, en pro, el diputado Rafael Flores Mendoza.

El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, diputado presidente.

Sin lugar a dudas la ley de servicio profesional de carrera significa un avance en la legislación de nuestro país.

Desafortunadamente, esta legislación tiene lagunas, tiene defectos muy graves. Yo creo que todos los que estamos presentes estamos de acuerdo en que en la administración pública se deben de acabar los amiguismos, compadrazgos, cuotas de partido o poner a familiares en los cargos de la Administración Pública Federal centralizada. Para eso nació la Ley. Ese era su muy buen objetivo. Desafortunadamente cuando se estructuró la ley, se copiaron, malamente copiadas, legislaciones ajenas a nuestro régimen constitucional. Se copió la legislación española, algo de la italiana, de la francesa, que tienen muy poco que ver, sobre todo con la estructura constitucional mexicana en lo que es el régimen federal y a la titularidad del Ejecutivo Federal. Y así se publicó la ley el 10 de abril del 2003 con el consenso de todos los partidos políticos. Pero regreso a los errores que tuvo esta ley. Esta ley fue mucho más allá de lo que va la legislación española, chilena, norteamericana, porque incluyó dentro del sistema de servicio profesional de carrera, incluyó a los directores generales y a los delegados federales. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema y en cualquier otro sistema del mundo, cuando llegue una nueva administración, tiene que implementar su proyecto de trabajo, tiene que implementar la oferta política que ofreció a la ciudadanía. Y para ello necesita gente de su confianza, gente comprometida con ese proyecto de nación que se ofertó durante la campaña política. Y entonces el Ejecutivo Federal en turno, debe tener la facultad de designar a todos los mandos superiores de la Administración Pública Federal. Y aquí en la legislación se incluyeron también erróneamente a los directores generales y delegados federales. Por eso estamos precisamente solicitando que se derogue la fracción, el inciso a) del artículo 5° de la ley para excluir a los directores generales del sistema profesional de carrera, porque de mantenerse la ley como está, solamente el próximo Presidente de la República sea del partido que sea, únicamente va a poder designar a 179 servidores públicos, y con 179 servidores públicos no se puede gobernar un país ni implementar un proyecto de nación. Por eso estamos solicitando esta modificación a la ley.

Y también me permito sumarme a lo expresado por el diputado Presidente de la Comisión de la Función Pública, al diputado Islas, en el sentido de que se retire del dictamen la fracción VII del artículo 60. Y ¿por qué lo estamos solicitando? Porque yo creo que evidentemente en eso comulgo con muchas opiniones que se han vertido el poner como causal de despido de algún servidor público que sea integrante del sistema profesional de carrera, el que se le pierda la confianza por parte de sus superiores jerárquicos, pues evidentemente daría al traste con toda la ley, con todo el sistema.

Desafortunadamente el diputado del Verde Ecologista parece ser que no escuchó al diputado Presidente o que subió con un discurso preelaborado, porque todas sus objeciones fueron precisamente contra la fracción VII del artículo 60 y ya el diputado Presidente, ya es un acuerdo que se tuvo en la Comisión, de retirar precisamente la fracción VII del artículo 60 de la ley.

También es importante destacar que en los países donde existe el servicio profesional de carrera, siempre se han dado mucho tiempo, es decir, se han dado de cinco a diez años en su construcción, en su elaboración y en nuestro país únicamente está construyendo muy rápidamente, aceleradamente o explosivamente y se pretende certificar a más de 40 mil servidores públicos en tan sólo tres años, en menos de dos años.

Sería cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor diputado Flores Mendoza.

Esta Presidencia no recibió de parte del diputado Víctor Hugo Islas, propuesta alguna, como tampoco la está recibiendo de parte del diputado Rafael Flores Mendoza. Luego entonces inferimos que será en términos del artículo 134, antes de la votación en lo general.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional, en contra.

El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso, diputado presidente.

Estas reformas propuestas tienen básicamente tres fines: Uno, eliminar a los directores del Servicio Profesional de Carrera; otro, pretender que la Secretaría de la Función Pública le entregue informes a la Cámara de Diputados bimestrales de los subsistemas que tiene la Secretaría, como si fueran los diputados y no el Presidente los encargados de la administración de este país; y el tercero es el que se refiere a la pérdida de confianza para poder como causal de despido de los funcionarios públicos federales.

Realmente uno de los grandes avances que ha tenido el gobierno, y no hablo solamente de la Administración Pública Federal, sino del gobierno en sí, de la Cámara de Diputados, fue la Ley del Servicio Profesional de Carrera, fue uno de los grandes avances profesionalizar el servicio público.

Los mexicanos tienen derecho, tenemos derecho a ser gobernados por funcionarios capaces y por funcionarios profesionales. El Servicio Civil de Carrera no limita de ninguna manera al Presidente de la República para gobernar de acuerdo a sus decisiones, ni le quita el control de la ejecución de los partidos políticos, sino que lo eficienta; eso lo entendieron perfectamente los diputados de la anterior Legislatura que votaron por unanimidad esta ley.

Le dejó al Ejecutivo la libertad para designar los mandos superiores y medios, que se donde se diseñan las políticas públicas. Y le dejó al Servicio Profesional de Carrera, de los directores hacia abajo, que es en donde se operan las políticas públicas. Y los mexicanos y el gobierno y el Presidente que llegue, tiene todo el derecho de contar con un cuerpo eficiente y profesional de funcionarios públicos para poder implementar las políticas que diseñen.

En todos los países, casi en todos en los que hay servicio público de carrera, se incluyen a los directores generales; una o dos excepciones. Quizás España sea una de las excepciones, en donde son designados, pero son tomados del Servicio Civil de Carrera, tienen que ser funcionarios del Servicio Civil de Carrera.

Y además, si nosotros analizamos esta iniciativa, tiene también varios puntos en los que se parte de errores. No son 179 los servidores públicos que puede designar el Presidente de la República, son 37 mil 100 aproximadamente, porque no todos los organismos, no todas las instituciones ni las entidades están sujetas al Servicio Profesional de Carrera; y esto estoy hablando solamente de la Administración Pública Federal centralizada.

Del total de la Administración Pública Federal son 40 mil 400 puestos los que están sujetos al Servicio Profesional de Carrera, de un total de 1 millón 572 mil, es decir, los funcionarios que están sujetos a este sistema son solamente el 2.5 por ciento del total de los servidores públicos. Y esto también es solamente la parte donde está la operación del Servicio Civil de Carrera.

Yo, después de revisar los datos, yo les quiero pedir, señores diputados, que no voten, que voten en contra de esta iniciativa. Estaríamos pegándole justamente al corazón de la iniciativa, al corazón del Servicio Profesional de Carrera, al desarrollo del gobierno como tal, volviendo a los tiempos del compadrazgo para poder designar, evitando que la gente que va a operar vías políticas públicas en este país, sean evaluadas y sean capaces, y solamente sean designadas por favoritismos o por amiguimismos.

Por otra parte, y en lo que respecta al otro punto que tiene esta iniciativa, que es el informe bimestral a los diputados por parte de la Secretaría de la Función Pública, me parece una evidente y clara interferencia en las funciones que tiene el presidente de la república. Me parece una violación a la división de poderes, no es posible que esta Cámara le esté solicitando informes administrativos a las Secretarías de Estado.

Es claro que la administración federal está en manos de la presidencia de la república. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Mógica Morga en pro.

La diputada Beatriz Mójica Morga: Gracias señor presidente.

En principio quisiera decirle a los diputados que estuvieron aquí hablando en contra, que de la pérdida de confianza el presidente, por si no lo oyeron, el presidente de la Comisión lo retiró desde hace varios minutos lo retiró y a petición del PRD lo suscribe, retiramos el asunto de la pérdida de confianza.

Insistimos en que es importante estas reformas porque justamente, si llamamos al espíritu de la ley, es lo que se ha violentado, y si nos vamos más atrás, a la discusión que se dio desde el año 2000 para la aprobación de esta ley, podemos encontrar que las iniciativas originales no estaban contemplados los directores generales. Y aquí tengo en la mano la iniciativa del senador Jáuregui del grupo parlamentario de Acción Nacional, que justamente no contemplaba a los directores generales por una sencilla razón.

En un sistema de servicio civil que implica todo un tiempo para fortalecer o realizarlo, esto tiene que ver, esto implica que se tienen que ir reclutando a los enlaces, a los jefes de departamento, a los subdirectores, a los directores de área, porque es el equipo técnico que sustenta la administración. Y se consideraba en esta iniciativa que dio sustento a la ley, que los directores generales justamente tienen una función de visión de gobierno, de cómo le damos una orientación a las políticas públicas, por tanto se consideraban mandos de alto nivel designados por el presidente de la república, igual que los secretarios de Estado, subsecretarios y coordinadores, en ese sentido la iniciativa los excluía.

Y permitía que una vez que el sistema sea fuerte, entonces si, podamos incluir a los directores generales, ¿qué está pasando?, ¿por qué nosotros estamos tratando de regresar a ese espíritu que dio origen a esta ley, que queremos decir aquí ha sido un avance fundamental, si, está fuera aplicada correctamente.

El espíritu de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, aprobada en el 2003, era el de reclutar a los mejores hombres y a olas mejores mujeres, para trabajar en el gobierno federal y tener una mayor eficacia y eficiencia en el trabajo público, lo cual tendría que verse reflejado en mejoras de las políticas públicas y mayores beneficios de la ciudadanía.

La propia suministración tendría a la vez que mejorar la prestación de los servicios del Estado y garantizar la estabilidad del sistema y disminuir los costos de la administración, que además fue un compromiso del presidente Fox.

El espíritu de la ley era, y digo era, porque no está siendo así, instalar un Sistema de Servicio Profesional de Carrera transparente, cuyos principios rectores serían, la legalidad, la eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia, mérito y equidad de género. A tres años de aprobada la ley el Servicio Profesional de Carrera, podemos decir, haciendo un análisis legislativo, que fue una buena decisión para el país y un avance para fortalecer el servicio público.

Sin embargo, este avance legislativo se ha visto empañado y envilecido, por una mala y corrupta instrumentación del Servicio Profesional de Carrera. Hay que decirlo claramente, el sistema está naciendo corrompido, hay graves irregularidades, que es momento de corregir.

Hay que corregir la ley, pero sobre todo el funcionamiento de un sistema que en sus inicios permite el legalismo, la química que el Jefe de Unidad me lo dijo a mí personalmente, que aquí era importante la química, para reclutar a los funcionarios públicos y la subjetividad, entonces no tendrá ningún caso invertir más de 200 millones de pesos anuales solamente para mantener un sistema que no le aporte nada a la sociedad.

Estoy convencida de la importancia del Servicio Civil de Carrera, pero no podemos cerrar los ojos ante las irregularidades y dejarlos pasar sean éstas pequeñas o grandes. Un sistema que tiene como fin servir a las y los mexicanos de una mejor manera, no tiene que tener ninguna sombra de duda en su funcionamiento que implica reclutar a los mejores hombres y las mejores mujeres.

Además hay que precisar algo que es muy importante: estamos hablando de cuánto cuesta a los mexicanos los salarios de los funcionarios públicos. Estamos hablando que los directores generales ganan un aproximado, un promedio de 150 mil pesos y los enlaces, 10 mil; estamos hablando que en promedio los funcionarios públicos del Servicio Civil de Carrera le cuestan al país un promedio de 1600 millones de pesos al mes, sin contar con las prestaciones que tienen; estamos hablando de que es el dinero que pagan los contribuyentes mexicanos y que por esa simple y sencilla razón tenemos que ser muy cuidadosos en elegir a los mejores y no sólo a los cuates de Fox o del PAN, como está ocurriendo.

Porque son recursos de los mexicanos tenemos que ser transparentes y conducirnos con legalidad y honestidad, por eso los invitamos a votar esta reforma, que implica sólo el 2% de ese 2% que vino a decir aquí el diputado, es decir, no es significativo pero sí es muy importante para poner una visión de gobierno en las políticas públicas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada.

Esta Presidencia no tiene registrados más oradores, aclara también que el diputado Víctor Hugo Islas a nombre de la Comisión no dejó ninguna reserva. Esta Presidencia, primero declara el tema suficientemente discutido en lo general; segundo, en términos del artículo 134 pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.

Esta Presidencia tiene registrados al diputado Ramón Galindo, con el artículo 5º y el artículo 8º; al diputado Rafael Sánchez Pérez, con el 13 último párrafo y el 60, fracción 7ª; al diputado Rafael Flores Mendoza, el 60 fracción 7ª y al diputado Iván García Solís, la adición de un transitorio.

Diputado Víctor Hugo Islas. Sonido en la curul del diputado Víctor Hugo Islas.

El diputado Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): Para pedir una reserva al artículo 60, señor Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿60 fracción 7ª?

El diputado Víctor Hugo Islas Hernández (desde la curul): 60 completo.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por 10 minutos, a efecto de recabar la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

(Votación y escrutinio)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín: En contra.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Benjamín García Mesa.

El diputado Benjamín García Mesa: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Rectificación del voto del diputado Lino Celaya Luria.

El diputado Lino Celaya Luría: En contra.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Presidente, informo a usted que se emitieron 80 en pro, 292 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No se aprueba.

En términos del artículo 117 del Reglamento, se ruega a la Secretaría pregunte a la asamblea si se devuelve el dictamen a la Comisión.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si es de regresarse el dictamen a la Comisión.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la negativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se desecha. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7° y una fracción XI pasando la actual a ser fracción XII al artículo 14 de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa su lectura.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficiente discutido, pero para los efectos del artículo 134 pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo.

No habiendo reserva alguna, se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación, por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa: Roberto Colín, a favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Fajardo Muñoz.

La diputada Fajardo Muñoz: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Juan Molinar.

El diputado Juan Molinar: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Osuna.

El diputado Osuna: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Suárez Dávila.

El diputado Suárez Dávila: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Lilia Aragón

La diputada Lilia Aragón: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Talavera.

La diputada Talavera: En pro.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Marcelo Tecolapa.

El diputado Marcelo Tecolapa: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Julián Angulo.

El diputado Julián Ángulo: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Jorge Carlos Obregón.

El diputado Jorge Carlos Obregón: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Leyson Castro.

El diputado Leyson Castro: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Villegas Arreola.

El diputado Villegas Arreola: En pro.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Beatriz Mújica.

La diputada Beatriz Mújica: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Rafael Pérez Tinajero.

El diputado Rafael Pérez Tinajero: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Rectificación de voto del diputado Moisés Jiménez.

El diputado Moisés Jiménez (rectificación de voto): A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado David Hernández.

El diputado David Hernández: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias diputado. De viva voz el diputado Gonzalo Alemán:

El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias.

Señor Presidente, se emitieron 369 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: ¿Perdón Secretaria, cuántos en pro?

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: 369, Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 7° y una fracción XI, pasando la actual a ser fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Señoras y señores legisladores, tenemos un oficio de la Junta de Coordinación Política, en el que se le solicita a esta Presidencia consultar a la asamblea, respecto del cambio del orden del día, a efecto de abordar de inmediato el dictamen de la Comisión de Hacienda, que tiene que ver con la reforma, adiciona y deroga de varias disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Consulte la Secretaria a la asamblea, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si es de dispensarse la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la segunda lectura, en términos del 108 del Reglamento Interior.

Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz a nombre de la Comisión, hasta por diez minutos y entiendo que para presentar modificaciones. Esta Presidencia suplicara a la Secretaria General, que de inmediato se reparta entre el pleno, copias del documento que nos deje el señor diputado Madero Muñoz.

El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Muchas gracias. Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

La imperiosa necesidad de que la administración tributaria sea eficaz en el cumplimiento de su objetivo recaudatorio, exige simplificar los procedimientos y garantizar el cumplimiento de las leyes.

En los últimos años, las tasas que gravan la renta de las empresas y las personas físicas ha ido a la baja. Actualmente en México se registra la tercera más baja tasa en América con el 29%, pero un impuesto bajo, no será una carga menor para el contribuyente, si las leyes y la actitud de la autoridad fiscal, no se adaptan a los nuevos tiempos.

Para el logro de los anteriores objetivos, es necesario adecuar diversos ordenamientos fiscales para precisar, una serie de categorías y conceptos que otorguen seguridad jurídica al contribuyente y permitan que la función recaudatoria se realice aplicando criterios, que no de lugar a confusiones e interpretaciones que alienten la evasión y la elusión fiscal. Entre estos conceptos relevantes se hace necesario precisar en la norma fiscal, está el que corresponde a la residencia del contribuyente, persona física en el territorio nacional. Al respecto se señala que no pierden su condición de residentes aquellas personas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos no estén sujetos a un régimen fiscal preferente, en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lo anterior no será aplicable cuando el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado acuerdo de intercambio de información tributaria y, al mismo tiempo, se consideran residentes a las personas morales que hayan establecido en México la administración o sede principal de su negocio.

En el mismo orden de ideas y con el objeto de combatir el comercio informal y establecer un marco normativo acorde para que la autoridad fiscal emprenda acciones efectivas para combatir la evasión, se modifica el concepto de "domicilio fiscal" para que en el caso de que los contribuyentes no lo manifiesten o haya manifestado uno distinto al que realmente corresponda, la autoridad podrá practicar diligencias en cualquier lugar en el que el contribuyente realice sus actividades o en el lugar que se considere su domicilio.

Al respecto, se introduce la casa habitación como domicilio fiscal residual sólo en el supuesto de que las personas físicas que realicen actividades o presten servicios personales independientes no cuenten con un local donde realizar sus funciones. Al efecto, la autoridad fiscal comunicará al contribuyente en su casa habitación que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio está ubicado efectivamente en donde esté el asiento principal de sus actividades o el local utilizado para desempeñar sus actividades.

La disposición anterior obedece a una práctica reconocida y efectiva para combatir la evasión y busca alentar que las personas se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes y constituirá una de las medidas eficaces en el combate a la evasión del Impuesto Sobre la Renta y el IVA que en nuestro país alcanza la cifra del 50 por ciento.

En otro aspecto y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se autoriza a las organizaciones que agrupen a contribuyentes, para que a nombre de éstos, presentes declaraciones, avisos y documentos que exijan las disposiciones fiscales. Además, con el propósito de ampliar el padrón de contribuyentes, se establece que aún cuando las personas físicas no realicen actividades económicas, podrán obtener su Registro Federal de Contribuyentes.

En el mundo del derecho la seguridad jurídica y la justicia, son las principales preocupaciones y compete al legislador, a través de la función legislativa, crear los instrumentos técnicos para atender tales preocupaciones.

Uno de los mecanismos para ampliar la base de contribuyentes no registrados, consiste en facultar a la autoridad fiscal a presumir como ingresos los depósitos en cuentas bancarias de un contribuyente, cuando tales depósitos no correspondan a los registros de su contabilidad estando éste obligado a llevarla. Tal presunción resultará aplicable sólo a aquellas personas físicas que estando inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tengan la obligación de llevar la contabilidad, y no aplicará a aquellas personas físicas que sin estar inscritas en el padrón de contribuyentes caen en la hipótesis que prevé actualmente el Código Fiscal, al considerar ingresos los depósitos en sus cuentas bancarias, salvo que los mismos estén exentos del pago de sus contribuciones.

Precisa destacar que la presunción sólo podrá aplicarse mediante el ejercicio de facultades de comprobación de autoridad y la sola circunstancia de que existan depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes, no originará en automático la determinación presuntiva de ingresos y el contribuyente, por tratarse de una presunción legal, podrá optar y aportar los elementos que expliquen la procedencia de los mismos y en su caso acreditar la exención de pago a que se encuentran sujetos.

En relación a las visitas llamadas "innominadas" para actos de comercio exterior, es decir, cuando no se cita el nombre específico del visitado, la jurisprudencia prevé la constitucionalidad de dichas visitas tratándose de comercio exterior y vehículos de procedencia extranjera en tránsito. Los mismos argumentos se aplican a los supuestos en que los contribuyentes no registrados o estando inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos falsos e incorrectos.

En materia de medios de defensa, se contempla que las violaciones cometidas antes del remate, sólo se podrán impugnar hasta la publicación de la convocatoria y dentro de los 10 días siguientes y se reduce de 45 a 20 días el plazo para ampliar el recurso cuando el contribuyente desconozca el acto administrativo. Y se reducirá de 4 a 3 meses el plazo para cumplimentar la resolución favorable al contribuyente, emitida en el recurso de revocación.

En otro aspecto y considerando los vicios formales en los actos de fiscalización que inciden en los actos y juicios de nulidad, la comisión estimó procedente y eliminación del oficio de ampliación y mantener como plazo máximo para las visitas domiciliarias el de los 12 meses.

En el caso de contribuyentes del sistema financiero también se elimina el oficio de ampliación manteniéndose en 18 meses como plazo máximo.

Respecto a las notificaciones éstas se podrán realizar por la vía electrónica, lo cual dará seguridad al contribuyente quien obtendrá una respuesta en menor tiempo y podrá obtener una mayor rapidez en los procedimientos. Las notificaciones de la autoridad surtirán efectos a partir del día hábil siguiente en que sean practicadas.

Por otro lado y para disminuir los altos costos que implica para la autoridad realizar notificaciones por edictos, éstas únicamente se realizarán en los casos de fallecimiento del contribuyente, cuando no se conozca al representante de la sucesión.

Además, las notificaciones de los actos administrativos las podrán realizar agentes externos debidamente habilitados, es decir, se podrá acudir al uso de la infraestructura de empresas especializadas, obteniendo mayor rapidez, simplificación administrativa y reducción de los costos en los envíos.

Al efecto el contribuyente podrá, mediante el acceso a la página de Internet del Sistema de Administración Tributaria, verificar la autenticidad tanto del documento impreso y firmado electrónicamente, como la identidad del funcionario que emitió y firmó el acto.

La presencia de la autoridad en el domicilio fiscal del contribuyente es mayor para aquellos contribuyentes no obligados a dictaminar, toda vez que para los dictaminados la autoridad está obligada a iniciar el acto de comprobación en la revisión del dictamen del Contador Público registrado, lo cual puede durar varios meses, antes de proceder a revisar directamente al contribuyente en su domicilio fiscal.

Por lo anterior y considerando que la revisión a los contribuyentes que dictaminan es más compleja, se propone la eliminación de la notificación al contribuyente cuando la autoridad revise el dictamen a fin de mantener el periodo de ejercicio de facultades y evitar que este lapso se reduzca.

La Comisión de Hacienda consideró necesario sustituir la responsabilidad solidaria de los directores generales y presidente de los consejos de administración en la presentación de declaraciones y avisos, para lo cual cualquiera que sea la denominación del órgano que vigile la operación de las personas morales, éste deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscal a su cargo en el ejercicio anterior, el cual de no presentarse dará lugar a sanciones e infracciones.

Asimismo para los contribuyentes que estén obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado, se establece la obligación de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales la información sobre la retención de impuestos y para los contribuyentes obligados al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se establece la obligación de proporcionar información sobre equipos en donde se realice el almacenaje y contenedores de bebidas alcohólicas y se crea el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas.

Aprovecho para presentar a consideración de este Pleno las modificaciones aprobadas por los miembros de la mesa directiva de la comisión, en base al acuerdo tomado el día de ayer 17 de abril a varios artículos del decreto, con objeto de que sean discutidos y aprobados junto con el dictamen.

Con las modificaciones que se proponen al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se apoyará con adecuados ordenamientos jurídicos, la moderna administración tributaria que requiere al país.

Por lo anterior quiero agradecer en este acto a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, a la mesa directiva, por el espíritu de colaboración y participación que nos llevó a llegar a este acuerdo por consenso, que presentamos ante este Pleno.

Es todo señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El señor diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, a nombre de la comisión ha dejado en poder de esta mesa directiva un documento de modificaciones planteadas por la comisión, mismas que se han repartido a los integrantes de la asamblea.

Pregunte la secretaría a la asamblea en votación económica, si estas modificaciones son de aceptarse para que formen parte del dictamen que está a la consideración del Pleno.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si con de aceptarse las modificaciones presentadas a la Presidencia y de ser así se pregunta a la Asamblea.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aceptadas y forman parte del dictamen que está a discusión en este momento.

Esta presidencia no ha recibido inscripción de oradores. Luego entonces considera el asunto suficientemente discutido pero para cumplir con la formalidad del artículo 134 pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo.

No habiendo quien reserve algún artículo, se ruega a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, de este proyecto con las modificaciones aceptadas y que forman parte del mismo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas por esta Asamblea.

(VOTACION)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa, por favor.

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. De viva voz el diputado Benjamín García Meza, por favor.

El diputado Benjamín García Meza: A favor

Presidente, se emitieron en pro 354 votos; en contra 10 y abstenciones 6.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 354 votos el proyecto que reforma, adiciona y deroga y establece diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, se ruega a la Secretaría preguntar a la Asamblea si se le dispensa su lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si es de dispensarse la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura.

Está a discusión el dictamen. Esta presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.

Se ruega a la Secretaría, ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos, por tres minutos, a efecto de recabar votación en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en su artículo único, en sus términos.

(VOTACION)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por favor sonido a la curul de la diputada Patricia Flores.

La diputada Patricia Flores: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Por favor sonido a la curul del diputado Víctor Suárez Carrera.

El diputado Víctor Suárez Carrera: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. El diputado Sami David, por favor sonido.

El diputado Sami David: Sí, a favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Sonido a la curul del diputado Julián Nazar.

El diputado Julián Nazar: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Sonido a la curul del diputado Adrián Chávez.

El diputado Adrián Chávez: A favor

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presidente, se emitieron en pro 354 votos; en contra cero y abstenciones tres.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 354 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura. Está a discusión el dictamen.

Esta presidencia no tiene registrados oradores; luego entonces considera el asunto suficientemente discutido, pero para los efectos del artículo 134, cumplimos estrictamente con la formalidad de preguntar a la asamblea si se va a reservar algún artículo.

No habiendo reserva alguna, se ruega a la secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos, a efecto de recabar votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(VOTACION)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se ruega a los señores diputados y a las señores diputados que avise antes del cierre de votación electrónico si su sistema no funciona porque ya no se tomará votación al finalizar.

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado presidente, informo a usted que se emitieron 362 votos en pro, cero en contra y una abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos el proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No hay oradores inscritos; luego entonces se considera el asunto suficientemente discutido. Se ruega a la secretaría ordena la apertura del sistema electrónico de votación por tres minutos a efecto de recabar votación nominal, en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(VOTACION)

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Lino Celaya.

El diputado Lino Celaya: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Emilio Serrano.

El diputado Emilio Serrano: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Iván García Solís.

El diputado Iván García Solís: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Nancy Cárdenas Sánchez.

La diputada Nancy Cárdenas Sánchez: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Francisco Carrillo Soberón.

El diputado Francisco Carrillo Soberón: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Claudia Ruiz Massieu.

La diputada Claudia Ruiz Massieu: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado David Hernández.

El diputado David Hernández: A favor

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Carlos Rovirosa.

El diputado Carlos Rovirosa: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Diego Palmero.

El diputado Diego Palmero: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Miriam Maradian.

La diputada Miriam Maradian: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado José Luis García Mercado.

El diputado José Luis García Mercado: A favor

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Julio César Córdova.

El diputado Julio Cesar Córdova: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Rosalina Mazari.

La diputada Rosalina Mazari: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Sofía Castro.

La diputada Sofía Castro: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada Melgarejo.

La diputada Melgarejo: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz la diputada María Talavera.

La diputada Maria Talavera: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De viva voz el diputado Carrillo Zavala.

El diputado Carrillo Zavala: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor presidente, se emitieron 371 votos en pro, cero en contra y una abstención.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 371 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 65 de la Ley General de Educación.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 2°, el segundo párrafo del artículo 8°, el primer párrafo del artículo 9°, la fracción II del artículo 14 y adiciona una fracción VII al artículo 2° y una fracción VIII al artículo 14 de la Ley de Planeación, y adiciona también una fracción VIII al artículo 15 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa su lectura.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si es de dispensarse la lectura al dictamen.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se le dispensa la lectura. Está a discusión el dictamen.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo tanto considera el asunto suficientemente discutido, pero en términos del artículo 134 del Reglamento, pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.

No habiendo reserva alguna se pide a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el Sistema Electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en sus términos.

(VOTACIÓN)

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación.

De viva voz, el diputado Roberto Colín Gamboa, por favor.

El diputado Roberto Colín Gamboa: Roberto Colín, a favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: El diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: El diputado Lino Celaya, por favor.

El diputado Lino Celaya: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presidente, se emitieron 370 votos en pro, cero en contra y abstenciones una.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general por 370 votos, en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 2°, el segundo párrafo del artículo 8°, el primer párrafo del artículo 9°, la fracción II del artículo 14 y se adiciona una fracción VII al artículo 2° y una fracción VIII al artículo 14 de la Ley de Planeación, y se adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley de Información Estadística y Geográfica.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Compañeras y compañeros diputados, diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

Ha solicitado la palabra nuestra compañera diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señora Presidenta.

La Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, tenemos la obligación de garantizar jurídicamente el ejercicio y disfrute de los plenos derechos humanos para las mujeres y los hombres de México.

El respeto por la dignidad humana y la igualdad entre mujeres y hombres, son principios y valores inexcusables en la elaboración de la legislación nacional.

La aplicación de las leyes reconocidas como neutrales por la doctrina jurídica tradicional, no produce los mismos efectos en mujeres y hombres, pues en su elaboración no hemos contemplado debidamente el grave problema que representa la discriminación de género.

Legislar en el supuesto de que las mujeres y los hombres nos encontramos en igualdad de condiciones es promover la subordinación de las unas a los otros.

La Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, reconoció los derechos humanos de las mujeres como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Asimismo, diversos instrumentos internacionales han sostenido que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

Al ratificar la Convención para la Eliminación de todos las formas de Discriminación contra la Mujer, reconocemos que la igualdad no se produce con el simple enunciado legal, sino que su existencia real es resultado y efecto de la eficacia de la aplicación de la norma.

Es imperativo para nosotras promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los seres humanos sea una realidad en la que se eliminen los obstáculos para su plena vigencia y la igualdad se perfile como sustento del desarrollo y la democracia.

La igualdad jurídica de mujeres y hombres, establecida en diciembre de 1974 en la Constitución Política de nuestro país, tuvo como antecedentes valiosos avances legislativos, como la expedición de la Ley de Divorcio, el derecho de las mujeres a votar y ser electas, la reglamentación de la situación jurídica laboral de mujeres y menores, la protección materno-infantil y los derechos laborales en el periodo de embarazo y la lactancia, entre otros.

De gran significación resulta la consagración constitucional en abril del 2001, de la prohibición de ejercer cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las mujeres y los hombres.

Asimismo, en 2003 entra en vigor la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la cual regula en forma general el tema de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres.

No obstante, a 31 años de la incorporación de la igualdad jurídica en nuestra Constitución, no hemos conseguido que dicho principio se traduzca en una realidad. La desigualdad en nuestro país es persistente y continúa a pesar de las medidas adoptadas para alcanzar la igualdad al desarrollo y la paz de las mujeres en nuestro país.

Hoy tenemos la oportunidad de garantizar la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, para promover la igualdad entre los tres órdenes de gobierno, en estricto respeto a nuestro federalismo.

Atentos al momento histórico que vivimos, debemos generar un ordenamiento jurídico que asegure la igualdad entre mujeres y hombres, sin menoscabo alguno de goce y ejercicio plenos de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de generar condiciones para la igualdad entre quienes conviven en la desigualdad, de ahí que el proyecto de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que el día de hoy ponemos a la consideración de este honorable pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, la ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Está regida por los principios de igualdad, no discriminación y equidad. Está dirigida a las mujeres y a los hombres que se encuentran en igual tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que la propia ley tutela. Establece que la trasgresión de la ley será sancionada conforme a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos federal y locales. Define los términos necesarios par ala correcta interpretación de la ley. Establece la distribución de competencia y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios,. Mandata que en los tres órdenes de gobierno se establezcan las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y que dicha coordinación se hará mediante la suscripción de convenios y acuerdos correspondientes.

Define las acciones correspondientes al gobierno federal y a las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.

3.- La política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la cual establecerá las acciones para lograr la igualdad en el ámbito económico, político, social y cultural.

Establece los lineamientos considerados por el Ejecutivo federal en el desarrollo de dicha política nacional.

Define el sistema nacional y el programa nacional, ambos para la igualdad entre mujeres y hombres, así como la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres como instrumentos de la política nacional y las autoridades encargadas de su aplicación.

Por otro lado, establece objetivos y acciones de la política nacional, particularmente en los inherentes a la igualdad en la vida económica nacional a la participación y representación política equilibrada de las mujeres y los hombres, a la igualdad de acceso y al pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres, y a la eliminación de esteoreotipos establecidos en función de sexo y el derecho a la información y participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Finalmente, establece la observancia en materia de igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la encargada de dicha observancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley específica de dicha Comisión.

Asimismo determina las acciones a que ésta implemente para cumplir con los propósitos de la observancia en materia de igualdad.

Es por ello que apelamos a la consideración de esta H. Asamblea, para que las y los diputados que la integramos, emitimos nuestro voto afirmativo a favor de la ley, a favor del adelanto de las mujeres y del desarrollo y la democracia de nuestro México. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicito a la Secretaría presentar ante la Asamblea las dos fe de erratas que la Comisión propone.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Fe de erratas que presenta la Comisión de Equidad y Género.

Debe decir:

Artículo 5º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por

1ª. Acciones afirmativas es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a generar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.

2ª. Tranversalidad es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe tratándose de legislación, política, pública, actividades administrativas, económicas y culturas enj las instituciones públicas y privadas.

3ª. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

4ª. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Para los efectos conducentes y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto de la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Firman. Atentamente. Diputada Diva Hadamira Gástelum Bajo, presidente. Secretaria, Margarita Martínez López. Secretaria, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa. Secretaria, Martha Micher Camarena. Secretaria, Blanca F. Encanales.

Fe de erratas que presenta la Comisión de Equidad y Género al artículo 42.

1º.- Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación basada en esteoreotipos de género.

Firman. Atentamente. diputada Diva Hadamira Gástelum Bajo. diputadas: Margarita Martínez López, secretaria; Norma Elizabeth Sotelo Ochoa; Martha Micher Camarena y Blanca F. Encanales, secretaria.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicito a la Secretaría pregunte a la Asamblea si se aceptan estas incorporaciones de fe de erratas al dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si son de aceptarse las incorporaciones antes leídas y presentadas por la Comisión de Equidad y Género.

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Las ciudadanas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que esta Presidencia no tiene registradas compañeras diputadas o diputados para hablar en lo general o en lo particular, sin embargo, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Como no tenemos ningún compañero diputado o diputada que se haya registrado para discutir ningún artículo en lo particular, se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Emiliano Zapata, del vecino estado de Morelos. Ellos han sido invitados por el diputado Rodolfo Esquivel Landa. Sean ustedes muy bienvenidos a ésta la Casa de la Nación.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Mesa: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputada Presidenta, informo a usted que se emitieron 377 en pro, cero en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos, el proyecto de decreto que expide la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se devuelve al Senado para los efectos del Inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal y se adicionan los párrafos 6º con cuatro fracciones, 7º y 8º al artículo 1916 y el párrafo tercero al artículo 1916 Bis del Código Civil Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se dispensa la lectura.

Compañeras y compañeros, en virtud de que no tenemos registrados.Sí tenemos registrados. Ha llegado hasta esta Presidencia la solicitud de la diputada Beatriz Mójica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición en este tema. Ella tiene hasta 10 minutos.

La diputada Beatriz Mójica Morga: Gracias.

El dictamen que hoy presenta a su consideración la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta soberanía es histórico, porque implica el inicio de una transformación estructural a la política criminal del Estado Mexicano y por tanto un paso adelante hacia la reforma, hacia una verdadera reforma del sistema de justicia.

Es una ruptura conceptual a una política pública que hasta ahora había dado paso a criminalizar hechos que lesionan bienes jurídicos de la máxima importancia a través de sanciones especialmente graves.

Constituye un verdadero avance de la sociedad mexicana, la posibilidad de despenalizar la difamación y la calumnia y establecer sanciones de carácter civil para las personas que afecten la vida privada, la imagen propia o la honra con sus opiniones o comentarios, es sin lugar a dudas un precedente favorable para la construcción de nuestra democracia.

Los estándares internacionales en materia de libertad de expresión expresan y solicitan a los países y a sus gobiernos, que adecuen sus legislaciones en materia penal para eliminar las sanciones privativas de libertad que penden sobre ambos delitos.

Diversos grupos, organizaciones de periodistas, editores nacionales, han buscado a través de diversas declaraciones como la de Hermosillo, entre otras, la despenalización como elemento para fortalecer el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México.

Hoy nuestro país puede dar un paso importante en materia de protección y garantía de la libertad de expresión e información. Si el Congreso de la Unión tiene a bien aprobar este Proyecto de Decreto que hoy se presenta en esta tribuna.

Las razones y motivaciones que orillaron al grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta Cámara de Diputados para presentar las reformas que hoy dan origen a este dictamen, fueron las siguientes:

1.- La libertad de expresión no puede tener mayores límites que los establecidos por los estándares internacionales sobre la materia.

2.-La difamación y la calumnia eran utilizadas más como un instrumento de presión para coartar la libertad de expresión que como un verdadero control de protección a los derechos de terceros.

Ambos delitos sean y son utilizados por gobiernos y regímenes autoritarios para amedrentar las opiniones críticas y para callar a sus detractores.

Para proteger adecuadamente los derechos a la vida privada, la imagen propia, la honra y el honor, basta con el establecimiento de sanciones de carácter civil y con la rectificación o aclaración de la información que en el mismo medio en el que se publicó.

Al contener sanciones de carácter civil la presente reforma relacionadas al daño moral, el Proyecto de Decreto pretende que mediante un procedimiento claro, transparente y objetivo, se acrediten las afectaciones reales de la información difundida y una vez acreditadas se procede a su reparación y rectificación.

No podemos concebir una sociedad democrática donde la piedra angular, es decir, la libertad de expresión, no esté garantizada plena y satisfactoriamente.

Esta modificación legislativa no compete sólo a los periodistas sino a la sociedad en general, quienes podrán manifestar sus ideas y opiniones libremente sin el temor a ser privados de su libertad.

Como derecho constitucionalmente plenamente reconocido en los artículos 6° y 7°, estos derechos deben de buscar de su protección en las leyes secundarias; las modificaciones propuestas al Código Penal Federal y al Código Civil Federal, van encaminadas a garantizar estos derechos.

Esta es una posibilidad histórica ya que podemos colocar a nuestro país a la vanguardia en América Latina y equipararlo en esta materia con países de legislaciones avanzadas.

La Cámara de Diputados tiene esta oportunidad en sus manos, ayudemos a garantizar este derecho plenamente y ayudemos a que la sociedad mexicana se sienta segura de ejercer en todo momento el derecho máximo a la libertad de expresión.

Hacemos también un reconocimiento a todos los grupos parlamentarios que en la Comisión de Justicia votaron por unanimidad estas reformas, así que los invitamos a refrendar ese voto.

Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Jesús Gonzáles Schmal, del Partido Convergencia, para presentar el posicionamiento de su grupo parlamentario respecto a este decreto.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, diputada Presidenta.

En efecto, esta reforma que se propone para despenalizar los delitos en la libertad de expresión, los delitos en los que se pudiera incurrir en el ejercicio de la libertad de expresión; es sin duda, un cambio fundamental en la línea de la política constitucional para la preservación de dos derechos fundamentales: el de la libertad de expresión y el derecho también a la salvaguarda de la honra, del buen nombre, de la custodia, de los valores propios de identidad de las personas.

Por ello, fue interesante en este proceso de estudio, de confección de las reformas, el estudio o la incursión en el derecho comparativo, para darnos cuenta que en el mundo, la evolución del derecho nos lleva a preservar por encima de cualquier otro valor, el de la libertad de expresión, el de la fundamental posibilidad de que mediante los medios informativos de comunicación convencionales, puedan expresarse libremente, quienes bajo su propia responsabilidad, emiten juicios, emiten expresiones, censuras, criticas o valoraciones de cualquier clase.

Y con ello, evidentemente contra ello existía precisamente, el amago, de que quienes hicieran uso de esta libertad y de este derecho, fueran a su vez, sometidos, reprimidos, mediante la amenaza de ser procesados o acusados por la comisión de un delito que merece o que está tipificado para castigarse con pena corporal, con pena de privación de la libertad.

Por ello, es un avance fundamental el que sin duda, reconociendo los derechos fundamentales de la persona a su buen nombre, también se reconozca que éstos sólo sean exigibles en caso de violentarse a través de la vía civil, a través del recurso en el que se reclama efectivamente la vulneración a un derecho, pero que no tiene, no es castigado a través de una pena severa y extrema, como podría ser la privación de la libertad.

Con esto evidentemente, nos consagramos a la altura de los países desarrollados en la vía democrática, para que la libertad de expresión ya no encuentre obstáculos ni impedimentos y se manifieste con toda claridad en beneficio de la democracia, del derecho del pueblo a ser informado, para que con conocimiento de causa pueda tomar las decisiones públicas que atañen a su responsabilidad, como componente, como integrante de la comunidad nacional. Por ello, esta propuesta tiene un sentido liberador y tiene un sentido de avance.

Quiénes no hemos visto en los últimos tiempos, ya no sólo la amenaza de la represión o del castigo a través de tergiversación de las vías jurídicas, a los autores de obras o a los periodistas, sino incluso se ha llegado y estamos en un momento lamentable de sujetarnos y estar en las condiciones de ser vergonzosamente de los países en el mundo donde más atentados y donde más crímenes contra periodistas están ocurriendo y ello nos debilita como sociedad, porque a su vez, vulnera y hace frágil la última bastión de defensa de la sociedad frente al crimen organizado, frente a la corrupción, que ya no sólo ha encontrado fácil la vía de amenazar o incluso, de intimidar al periodista, sino incluso de atentar contra su vida, de privarlo o de agredirlo en su integridad física.

Yo pienso que con éstas reformas, hemos ya de enfocar claramente otra etapa a la que tendremos que avocarnos inmediatamente, que es ya una defensa frontal de los periodistas, que ciertamente en este grupo de trabajo que la Cámara de Diputados ha integrado, ha empezado con avances consistentes entre otros, la creación misma de la Fiscalía en la Procuraduría General de la República, especializada para investigar justamente estos atentados contra periodistas, que ha tenido ya, hoy, en estos días, con nuestra concurrencia, diversos acuerdos y diversas acciones desplegadas para estar atentos a que los delitos de homicidios, cuando la víctima sea un periodista, puedan ser atraídos por la autoridad federal, por la Procuraduría General de la República y por lo tanto, sujetos a una investigación más de fondo, fuera o sin la influencia del medio, del entorno donde ocurren estos homicidios y por consiguiente se pueda tener más esperanzas o esperanzas más ciertas de que se imparta justicia, se conozca a los victimarios y se logre que se haga justicia y se impida ya este encadenamiento de muertes de periodistas.

Esto sería, pues, una etapa siguiente y por lo pronto la despenalización que ahora nos ocupa y que está contenida en esta reforma, supone el avance de dejar exclusivamente la vías civil para el reclamo de lesión a los derechos de honorabilidad y de buen nombre y reducir, extinguir la vía penal, que en ocasiones se usaba indebidamente para intimidar, para reprimir, para conculcar la libertad de expresión.

Por consiguiente, nos adherimos con entusiasmo a estas modificaciones y damos nuestro beneplácito para que sean aprobadas estas reformas y consigamos ponernos a la altura de los países civilizados del mundo donde la libertad de expresión sea una garantía consagrada y ya no limitada por amagos de amenazas o de demandas penales que pueden intimidar e inhibir la libertad de expresión.

Damos, pues, nuestro voto aprobatorio a esta reforma. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Gonzáles Schmal.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, del Partido Acción Nacional.

La diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros diputados y diputadas:

Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, siempre ha sido un compromiso el luchar porque se respete y porque se garantice plenamente el derecho de informar y de ser informados. Por eso en esta ocasión histórica, en la que tendremos la posibilidad de aprobar las reformas que son indispensables en nuestra realidad para garantizar el libre ejercicio de la labor periodística, el libre ejercicio de la información, es algo sumamente histórico además de importante.

Es reconocido internacionalmente que la protección al honor y reputación debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles y jamás, jamás, por la vía penal. Los lugares en donde todavía existen casos de denuncias por difamación y calumnia, por divulgación de información sobre temas de interés público, son espejo de la vieja doctrina que considera que los ciudadanos no deben criticar a los gobernantes.

Por esa razón es que hoy, aquí, los legisladores, tenemos el grave compromiso de sacar adelante esta iniciativa, ya que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada, se encuentran consagrados en la Constitución Federal y en el derecho internacional; por lo tanto, los atentados a las libertades de expresión a lo largo del territorio nacional, nos obligan a reclamar un compromiso y acciones urgentes de los poderes públicos para que no prevalezca la impunidad.

En este sentido, debemos garantizar el respeto al ejercicio de la libre expresión y tomar las acciones necesarias y aprobar nuevas leyes que la garanticen, pues varios sectores de la población han demandado reiteradamente que la difamación y la calumnia no sean de carácter penal sino civil, debiendo derogar el delito de difamación y calumnia y eliminando la posibilidad de accionar al mismo tiempo por la vía penal y civil.

Legisladoras y legisladores: Un país que se precie de ser democrático es un país que da plenas garantías al libre ejercicio de la información; porque en eso también estriba el garantizar el derecho que tiene la población de estar debidamente informados.

Por esa razón el grupo parlamentario del PAN el día de hoy, como así lo ha venido expresando en su labor dentro de la Comisión Especial, como en el trabajo de comisiones, es de apoyar plenamente estas reformas porque con ello seguramente daremos un paso adelante también en terminar en nuestro país con la impunidad; sobre todo con la impunidad que se viene registrando en la labor de muchos periodistas que si bien por una parte es en lo que corresponde la labor de informar, también en muchos de los casos que tenemos documentados, está el riesgo que han corrido y el agravio y el atentado que han sufrido en sus vidas.

Por esa razón señores legisladores, el día de hoy el grupo parlamentario del PAN está profundamente satisfecho por este dictamen que se pone hoy a su consideración y que estamos seguros marcará un avance importante en las garantías en este país y sobre todo a que realmente sean los delincuentes los que estén detrás de las rejas y no sean aquéllos quienes ejercen una labor dignamente, quienes se vean intimidados y corren el riesgo de, por presiones políticas, estar tras las rejas.

Eso es una injusticia que tenemos que terminar y por eso el día de hoy estaremos aquí manifestando nuestro voto a favor de este dictamen.

Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputada Hernández Martínez.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias diputada presidenta, con su permiso; compañeros diputados; compañeras diputadas:

El dictamen en sentido positivo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta a consideración del Pleno, tiene por objeto derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, referentes a los delitos de injurias, difamación y calumnia, por considerar que deben ser jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones; eliminado la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros, por la vía civil.

Cabe resaltar la coincidencia de las iniciativas de los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Convergencia.

En estas iniciativas se propuso derogar diversos artículos del Código Penal Federal y reformar el Código Civil Federal, con el ánimo de hacer las adecuaciones pertinentes a los artículos 1916 y 196 bis, donde se contempla lo referente a la reparación del daño moral por quien en ejercicio del derecho de opinión, crítica y expresión o información, contravenga lo dispuesto en los artículos 6 y 7 constitucionales.

Los diputados y las diputadas integrantes de la comisión que dictamina, consideran que efectivamente la libertad de expresión es considerada como uno de los derechos del ser humano consagrado en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, proclamado en Francia el 26 de agosto de 1789.

En la historia constitucional mexicana la primera referencia la encontramos en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, del 22 de octubre de 1814, donde se proclama la libertad de hablar, discurrir, de expresar opiniones por medio de la imprenta, siempre que no se acatare la fe, perturbar a la tranquilidad pública o se ofendiera el honor de los ciudadanos.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mencionan al respecto la manifestación de las ideas: No será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público el derecho a la información será garantizada por el Estado.

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

La expresión oral es utilizada en medios modernos de comunicación como la radio y la televisión. Estos deben ser considerados como técnicas que permiten la divulgación masiva de las ideas de la misma manera que se hizo hace muchos años por medio de la imprenta.

De tal modo que la libertad de expresión tiene como límites los valores que la propia Constitución señala, como moral, los derechos de terceros, la seguridad de la vida comunitaria que se vería afectada con la comisión de un delito provocado como causa directa de la manifestación de ideas y el orden público.

La formulación constitucional, como corresponde a las normas de esta índole es amplia y por lo tanto debe ser desarrollada en preceptos específicos que señalen cuando el uso de la libertad de expresión sí puede dar lugar a averiguaciones por haber transgredido alguno de los valores protegidos en el mismo precepto.

En la legislación penal y civil existen algunos otros supuestos en los que se pone de manifiesto la posible interferencia de la libertad de expresión con otros valores jurídicos, tal es el ejemplo del delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad.

Si no existiera esta limitación jurídica, podría alegarse que se está haciendo uso de la libertad de expresión al dar a la autoridad expresiones falsas.

Si bien es cierto el artículo 7 constitucional menciona que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, también es cierto que refiere que la libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Es decir, la libertad de prensa tiene como límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública por lo que en este sentido se encomiendan al legislador ordinario emitir las disposiciones necesarias para evitar delitos en la expresión de ideas, prensa o imprenta.

Son muy apropiadas las propuestas planteadas por los autores de estas iniciativas para derogar las disposiciones del Código Penal Federal referentes a los delitos de injuria, difamación y calumnia para que sean los jueces civiles quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas o comunicadores, o alguna otra persona lesionan derechos de terceros, cometen algún delito o perturban el orden público al difundir información u opiniones imponiendo una sanción económica y no de prisión como lo contemplan estos artículos.

Quienes ven lesionada su personalidad en cuanto a su honor o decoro, verían con mayor interés que el sujeto activo del delito les haga la reparación del daño de tipo económico.

Se consideran favorables las propuestas de los párrafos que se adicionan a los artículos 1916 y 1916-bis del Código Civil Federal en donde se contempla lo referente a la reparación del daño por quien en ejercicio del derecho de opinión crítica, expresión o información contravengan lo dispuesto por los artículos 6 y 7 constitucionales.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional siempre estará de acuerdo con reformas que realmente representan un gran avance y beneficio en esta materia.

Falta mucho por hacer pero la Cámara de Diputados el día de hoy cumple con esta reforma. Le corresponde ahora a los señores medios de comunicación desarrollar su actividad de acuerdo a estas normas legales y con gran profesionalismo.

El grupo parlamentario del PRI así como lo hizo en la comisión dictaminadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, votará a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Aguirre Maldonado.

Esta presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia señora presidenta. Compañeros y compañeras legisladores.

La arbitraria detención de Lydia Cacho Ribeiro, así como la demanda civil por supuesto daño moral interpuesta por la señora Marta Sahagún en contra de la empresa editora de la revista Proceso son claros ejemplos de la aplicación de las leyes que, lejos de proteger el honor de las personas, son utilizadas para atacar o mejor dicho silenciar el discurso que se considera crítico y de denuncia contra excesos de poderosos intereses.

Por eso hoy nos congratulamos, en la fracción del PRD, con la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias, cuya sola posibilidad intimidaba al informador.

Las normas jurídicas penales sobre difamación, injurias y calumnia violan los derechos humanos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión consagrados en la Constitución General de la República y expresados en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En efecto, estas disposiciones jurídicas disuaden las críticas por el temor de las personas a las acciones judiciales o sanciones pecuniarias; incluso aquellas leyes que contemplan el derecho de probar la veracidad de las declaraciones efectuadas limitan indebidamente la libre expresión porque no contemplan el hecho de que muchas críticas se basan en opiniones y por lo tanto no pueden probarse.

Las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo han expresado, en forma uniforme, la necesidad de abolir estas leyes que limitan la libertad de expresión al castigar las expresiones que pudieran ofender a los funcionarios públicos y a particulares, porque con ello indudablemente que, al silenciar ideas y opiniones, se restringe el debate público fundamental para el efectivo funcionamiento de una democracia.

Si las y los periodistas son víctimas de cohesiones y persecuciones por denuncias de tipo penal, la atmósfera colectiva retrae sobremanera la posibilidad de expresarse y –todos lo sabemos muy bien—sin una efectiva libertad de expresión, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse y los mecanismos de control y denuncia ciudadana se tornan inoperantes.

Contra lo que establecen los principios universales en materia de libertad de expresión, el nuestro es uno de los pocos países occidentales en donde aún se tipificaban como ilícitas estas conductas.

En el fondo, la calumnia, la difamación y las injurias son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país y la Constitución misma, al consagrar la libertad de expresión, prohiben la tipificación de los delitos de opinión.

Nadie debe de ir a la cárcel ni ser sancionado por opinar de determinada forma. Ojalá que en nuestro país nunca más se apliquen las leyes sólo para los poderosos.

Por ello nuestro voto es a favor del dictamen que despenaliza los delitos de difamación, injurias y calumnias y enhorabuena por estos consensos logrados en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Cristina Portillo.

No tenemos registrados diputados ni diputadas para continuar en esta discusión; por lo tanto, se considera suficientemente discutido. Sin embargo, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la Ley de que se trata.

Como no tenemos registrados compañeros o compañeras diputadas, solicito a la Secretaría abra el sistema de votación para votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 del Código Penal y los que adicionan el artículo 1916 y el párrafo tercero del artículo 1916 Bis, del Código Federal.

Lo vamos a votar en lo general y en lo particular en un solo acto hasta por cinco minutos.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el Sistema Electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

(VOTACIÓN)

(En el transcurso de la votación se dice):

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se encuentran con nosotros en el salón de plenos, compañeros periodistas y pintores de tierra caliente, del vecino estado de Guerrero. Sean ustedes bienvenidos aquí a la casa de la nación. Ellos han sido invitados por nuestra compañera Beatriz Mújica Murga.

La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: Se comunica a las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que los reportes de fallas en el sistema electrónico deben hacerse antes de que transcurra el tiempo par ala votación Una vez cerrado el sistema, no se aceptará ningún voto.

Ciérrese el sistema electrónico.

De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa: Roberto Colín, a favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El diputado Javier Manzano, del PRD.

El diputado Javier Manzano: A favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, se emitieron 361 votos en pro, cero en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, secretaria.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal, y se adicionan los párrafos sexto con cuatro fracciones, séptimo y octavo al artículo 1916 y el párrafo tercero al artículo 1916 Bis del código Civil Federal.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 15, fracción V y 52, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 72, se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se reforma la fracción XIX del artículo 8° de la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se adiciona una fracción V recorriéndose en su orden la vigente, y se reforma el párrafo final del artículo 214 del Código Penal Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si es de dispensarse la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias Secretario. Se le dispensa la lectura.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Tiene la palabra la diputada Amalín Yabur Elías, por la Comisión, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento.

La diputada Amalín Yabur Elías: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros:

El dictamen en sentido positivo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta a consideración del pleno, tiene por objeto fortalecer el marco de atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evitar que los servidores públicos o autoridades obstaculicen la investigación a su cargo.

Con la presente reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá la facultad de dar seguimiento a las actuaciones y diligencias en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos iniciados con motivo de su intervención, y la posibilidad de solicitar la aplicación de sanciones penales a los servidores públicos que rindan informes falsos.

La reforma de los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obedece a la necesidad de hacer compatible su contenido con la reciente reforma al primer párrafo del artículo 65, para que el informe anual que rinde el ombudsman sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido entre 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, sea que en el mes de enero, la Comisión Nacional se presente ante el Congreso de la Unión.

Asimismo, las reformas a los artículos 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 214 fracción V del Código Penal Federal, obedecen a la necesidad existente de sancionar aquellas conductas de los servidores públicos que al rendir su informe puedan apartarse de la verdad o en forma total o parcial.

Con la reforma al artículo 8º fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los órganos internos del control de cada dependencia, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá dar trámite a las quejas por las infracciones en que incurran los servidores públicos por omitir proporcionar la información que se requiera para la investigación de presuntas violaciones de los derechos humanos.

En este sentido, cabe resaltar que en el marco jurídico aplicable a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creado con la idea que la defensa de los derechos humanos pudiera servir como freno a las arbitrariedades de algunos servidores públicos. De ahí que la protección no jurisdiccional de los derechos humanos busque alternativas para el restablecimiento del goce de un derecho en comparación con aquellas a la que se puede recurrir por la vía jurisdiccional o bien mediante procedimientos administrativos. Por ello, la defensa y promoción de los derechos humanos demanda de instrumentos jurídicos que faciliten y garantice la labor de los organismos públicos.

Esta misma Comisión Dictaminadora expresa que los requerimientos de informe, así como la realización de diligencias en lugar de los hechos, tanto al momento en que están ocurriendo, como una vez que éstos sean presentados, constituyen elementos fundamentales para consolidar el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, cuando se pretende limitar u obstaculizar la labor de investigación de un organismo público de derechos humanos, utilizando las instituciones del propio Estado, mediante el temor, la intimidación o bien otras prácticas de regímenes autoritarios que se atenta contra el estado de derecho.

El ejercicio de las facultades actualmente reconocidas en la ley a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tales como el requerimiento de información, la presentación de quejas o denuncias y la solicitud de aplicación de consecuencias jurídicas a servidores públicos, renuentes a colaborar demandan la existencia de reglas claras, para evitar que éstos al ejercer sus funciones, limiten, obstaculicen o entorpezcan las tareas de investigación relativas a violaciones a derechos humanos, aprovechando la laguna existente en unas legislaciones que en los hechos han dado muestras de un rezago.

Como consecuencia propician que el abuso en el ejercicio de las funciones de servidores públicos, se mantenga la impunidad, al no estar legitimada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para intervenir de manera activa en el seguimiento de denuncias y quejas administrativas, así como adolecen de la falta de previsión y consecuencia jurídica alguno de los casos de falsedad de informes que rinden los servidores públicos investigados por el ombudsman nacional.

Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos reconocemos que en la actualidad la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé la posibilidad de presentar denuncias o bien de poner quejas con motivo de los hechos que tengan conocimiento, así como solicitar a los superiores de los servidores públicos, responsables de alguna infracción administrativa, la imposición de alguna medida administrativa.

Sin embargo, a la fecha, el marco jurídico es insuficiente, toda vez que no existe la posibilidad de identificar con infracción administrativa como delito, cuando se presenta un incumplimiento del deber inmerso en el artículo antes mencionado por los dichos actos u omisiones. Aun cuando resultan contrario a la ley no generan consecuencias jurídicas algunas para el servidor público responsable, lo cual evidentemente redunda en una pérdida de eficacia de la norma y un obstáculo para lograr la plena esencia de la ley.

Pues, si bien, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8º. fracción XIX incluye el deber a cargo de todo servidor público de proporcionar en forma oportuna y veraz toda información, datos solicitados por la institución a la que legalmente le compete a la vigilancia y defensa de los derechos humanos.

Existe una insuficiencia de facultades legales para poder actuar en contra de la negativa de la autoridad a colaborar, lo cual representa un serio obstáculo para el adecuado desarrollo de las tareas de investigación.

De ahí que el contenido de la propuesta se refiere a la adición de un nuevo párrafo al artículo 72 de la Ley de la Comisión Nacional, el cual considere como infracción administrativa, el que los servidores públicos impidan, entorpezcan u obstaculicen el trabajo de la Comisión Nacional, y dichas acciones u omisiones se homologan en la fracción contenida en el artículo 8º. fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con lo que los órganos internos del control de cada dependencia a solicitud de la Comisión Nacional, podrán dar trámite a las quejas con la infracción al deber antes mencionado y poder aplicar las consecuencias jurídicas respectivas.

Finalmente, la creación de un nuevo tipo penal que se equipara al delito de falsedad comentado a una autoridad, cuando el servidor público que en respuesta a una solicitud de informe de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirme una falsedad o falta a la verdad en todo o en parte, cuya descripción se contempla insertar hasta la ley de una adición y de una fracción V al artículo 214 del Código Penal Federal, no parece atendible la intención de dar vigencia como delito a esta nueva conducta, no configurada en materia federal en el derecho positivo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 52, 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derchos Humanos, 8 de la Ley Fedral de Responsabilidades Administrativas y los Servidores Públicos, y el 214 fracción V del Código Penal Federal.

Muchísimas gracias y apoyamos enteramente esta propuesta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. En consecuencia está a discusión en lo general.

Esta presidencia informa que no tiene oradores registrados, por lo tanto se considera el dictamen suficientemente discutido, y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos, en un solo acto.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder e la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en sus términos.

De viva voz el diputado Roberto Colín Gamboa.

El diputado Roberto Colín Gamboa: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz el diputado Benjamín García Meza.

El diputado Benjamín García Meza: A favor.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, se emitieron en pro 373 votos, en contra cero y abstenciones cero.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Secretario.

Aprobado el dictamen por 373 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 15, fracción V y 52; se adiciona un segundo párrafo al artículo 72; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; se reforma la fracción 19 del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden la vigente y se reforma el párrafo final del artículo 214 del Código Penal Federal.

Se devuelve al Senado para los efectos del Inciso E del artículo 72 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 243 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 215, se reforman las fracciones XI y XII, así como el párrafo tercero del artículo 215, se adiciona una fracción XXIX al artículo 225, se reforman las fracciones XXVII y XVIII, así como el párrafo tercero del artículo 225 del Código Penal Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones del a Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se le dispensa la lectura.

Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados.

El derecho a la información constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades que permite también garantizar el ejercicio de los demás derechos inherentes a las personas.

Diversos profesionistas y periodistas, por las actividades que realizan, tienen acceso a información y a fuentes de la misma, cuya difusión pública puede afectar a grupos o personas de diferentes creencias o ideologías provocando diversas reacciones, incluso agresiones en diversas modalidades.

Resulta esencial garantizar y proteger el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, periodismo, el ministerio de cultos, el desempeño de algunos empleos o cargos públicos, de manera que cuenten con bases legales suficientes para desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

El secreto profesional y la reserva de información son dos instituciones que garantizan el derecho de las personas que desempeñen cualquiera de las actividades descritas a no revelar información que con motivo de éstas, les sea proporcionada.

El derecho a no revelar información se encuentra íntimamente relacionado con la libertad de expresión consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo tanto, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el supuesto que ataque a la moral, los derechos de tercero provoque algún delito o perturbe el orden público.

Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se compromete a garantizar la libertad de expresión, de imprenta e implícitamente el derecho de aquellas personas que obtienen alguna información con motivo del desempeño de su actividad a no ser obligadas a declarar.

A partir de lo anterior, resulta congruente concretar las reformas necesarias en la legislación nacional para hacer más efectiva la protección de los profesionistas, comunicadores sociales y profesionistas que dependen de la información para el adecuado desarrollo de sus actividades.

La declaración de principio sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108 período de sesiones en su artículo 8 expresa: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".

Se reconoce que los compromisos establecidos en los instrumentos internacionales deben de ser incorporados en los ordenamientos penales tanto sustantivo como procesal para dar lugar a un marco eficaz de protección.

Es por ello que la Minuta aprobada otorga la facultad a los profesionistas, periodistas o ministros de algún culto, de abstenerse a declarar si lo desean, como un beneficio procesal y tipificar como delito la conducta que implique la inobservancia de la voluntad de declarar o no.

En este sentido se contempla la adición del artículo 243 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales con la finalidad establecer el secreto profesional y la reserva de información. Asimismo, para dar congruencia a la adición, se proponen reformas y adiciones a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal.

Podríamos hacer un desafortunado recuento de las agresiones a periodistas en diversos estados en la República, publicados en diversos medios informativos; sin embargo, considero que es innecesario por ser éstas del conocimiento público.

Resulta por tanto impostergable legislar con responsabilidad en materia de secreto profesional y reserva de información.

Consideramos que de aprobarse la reforma en los términos presentados, estaremos avanzando en la estructuración de un marco jurídico que contribuya a la protección de los periodistas, comunicadores sociales, ministros de culto y profesionistas, que por la actividad que desarrollan tienen acceso a información diversa y esencial en el desarrollo de sus actividades.

Congruentemente se crearan las condiciones jurídicas e institucionales básicas para inhibir y frenar las agresiones a periodistas, comunicadores sociales, ministros de culto y profesionistas que no deben existir en un régimen democrático independientemente de las ideologías y sistemas de creencias existentes en una sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del decreto, por el que se reforma el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Artículo 1°. Se adiciona un artículo 243 Bis, al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 243 Bis. No estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder, los abogados, consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión.

2. Los ministros de cualquier culto con motivo de las confesiones que hubieren recibido en ejercicio del ministerio que presten.

3. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa, indirecta, pudiera llevar a la identificación de las personas, que con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustentan cualquier publicación o comunicado.

4. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo, oficio o profesión, en virtud del cual, la ley le reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional y,

5. Los médicos, cirujanos o especialistas y sicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con motivo de su ejercicio profesional.

En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores, manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso, de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio.

La reserva de información que por disposición de la propia ley deben guardar los servidores públicos, se hará del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.

Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento.

Artículo 2°. Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 215, se reforman las fracciones XI y XII, así como el párrafo tercero del artículo 215. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 225. Se reforman las fracciones XXVII y XXVIII, así como el párrafo tercero del artículo 225, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 215. Fracción XI. Cuando autorice o contrate, quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar, empleo, cargo o comisión en el servicio público, siempre que lo haga con conocimiento de tal situación. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público, a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión, a que se haga referencia en dicha identificación.

XIII. Obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura y,

XIV. La obligación a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis, del Código Federal de procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a la IX, XIII y XIV, se le impondrán de 2 a 9 años de prisión, de 70 hasta 400 días multas y destitución, inhabilitación, de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo o cargo o comisión públicos.

Artículo 225. Fracción XXVII. No ordenada la libertad de un procesado, decretado su sujeción a proceso, cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena privativa de libertad o alternativa.

XVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información, que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales y,

XIX. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, acerca de la información obtenida con motivo del desempeño de su actividad.

A quien cometa los delitos previstos en estas fracciones, incluso la XIX, se le impondrá pena de prisión de 4 a 10 años y de mil a dos mil días de multa.

Transitorio.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, les invitamos a que voten a favor el presente dictamen.

Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Esta Presidencia informa que se ha registrado la diputada Cristina Portillo Ayala, para hablar a favor del dictamen. En consecuencia se le concede la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Por ser un tema tan importante para la Nación, compañeros, creo que merece este recinto nuestro respeto y también los periodistas.

Creo que cada vez que un periodista o una periodista son víctimas de la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño por dar a conocer la verdad, somos todos ciudadanos y ciudadanas los que nos vemos privados de nuestros derechos a ser informados...

(silbidos en el salón de sesiones)

Señor Presidente, me gustaría, si es posible, que les llame la atención a nuestros compañeros que están silbando, porque creo que es un tema muy importante. Y bueno, quien no quiera escuchar el planteamiento.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se ruega a los compañeros y compañeras poner atención a la oradora.

Continúe, diputada.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Somos todos, ciudadanos y ciudadanas, las que nos vemos privados de nuestros derechos a ser informados y a expresarnos a actuar de acuerdo con nuestra conciencia.

Por ello, la aprobación del presente dictamen, que garantiza el secreto profesional de los periodistas, constituye un paso trascendente para consolidar la libertad de expresión en nuestro país. No se trata para los periodistas de una patente de impunidad, sino del derecho de guardar discreción sobre las fuentes informativas.

Cuando ejercen fielmente su tarea las y los profesionales del periodismo, están amparados por la garantía constitucional a la libertad de expresión y de prensa, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tergiversarse su rol jurídico-social de modo de entenderlos como delatores, denunciantes o simples ciudadanos llamados a decir toda la verdad sobre algo que cayó bajo sus sentidos.

Significa y así se reconoce en el proyecto, que los informadores tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado informaciones bajo condición expresa o tácita de reserva; derecho al secreto que alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, materiales que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente.

Es decir, a partir de la aprobación de la presente reforma, el informador citado a declarar en una investigación o en un procedimiento judicial, podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse en consecuencia a identificar a sus fuentes y excusar cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las fuentes reservadas. Este derecho de las y los periodistas es oponible frente a las autoridades judiciales y no podrán ser sancionados por ello ni deparárseles ningún tipo de perjuicio.

Como necesaria consecuencia, la autoridad pública debe respetar este derecho, ya sea eximiéndolo de contestar y no realizando requerimientos de aportar cualquier tipo de material que conduzca a descubrir la fuente de información. O sea, al reivindicar este derecho a favor de las compañeras y compañeros periodistas, nunca más la revelación de las fuentes de información podrá ser exigida bajo los pretextos de procuración o administración de justicia.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada.

Esta Presidencia informa que no tiene más oradores, por lo tanto el dictamen se encuentra suficientemente discutido; y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trata.

Se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(VOTACION)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, se emitieron 370 en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos, el proyecto de decreto que adiciona un artículo 243 bis al Código Federal de Procedimientos Penales y se adicionan las fracciones decimotercera y decimocuarta al artículo 215 y se reforman las fracciones undécima y duodécima, así como el párrafo tercero del artículo 215. Se adiciona una fracción vigesimonovena al artículo 225 y se reforman las fracciones vigesimoséptima y vigesimaoctava, así como el párrafo tercero del artículo 225 del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se ruega a la secretaría dar lectura a la ampliación de la solicitud de licencia de la diputada Margarita Martínez López.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Solicitud de ampliación de licencia temporal de la diputada Margarita Martínez López a partir del 1o. de mayo al 3 de julio del presente año)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se ruega a la secretaría someter a la consideración del Pleno los puntos de acuerdo.

La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

UNICO. Se concede ampliación de licencia a la diputada Margarita Martínez López, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el décimo distrito del Estado de Nuevo León, a partir del 1o.mayo al 3 de julio del presente año.

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa. (Votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la secretaría con las comunicaciones de cambio en comisiones y de integración de grupo de amistad.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política de cambios de diputados en diversas comisiones)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: De enterado.

La otra comunicación por favor, sobre el Grupo de Amistad México Grecia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (De la Junta de Coordinación Política informa los nombres de diputados y diputadas que conforman el Grupo de Amistad México-Grecia y la presidencia del mismo)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Someta a la consideración de la asamblea el contenido de este ocurso.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI y el diputado José González Morfin, del grupo parlamentario del PAN.

Por instrucciones de la presidencia someto a consideración de la asamblea este documento.

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa diputado presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobado. Comuníquese.

Se ruega a la secretaría dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo (A las 16: 20): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 19 de abril a las 11:00 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto dos horas antes.