La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los compañeros y compañeras diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con gusto diputada Presidenta.
Se informa que existen registrados previamente 294 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 11:16 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Señora Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver para el diputado, sonido en la curul del diputado Iván García Solís, por favor.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores: Considero que, salvo omisión de mi parte, no hay en el orden del día ningún tema relacionado a la conmemoración de un aniversario más de nuestra Constitución Política.
A diferencia de la Cámara de Diputados, la de Senadores dedicó el viernes pasado un debate interesante sobre este asunto y, desde luego, el propio 5 de febrero hubo hechos importantes en ese sentido, pronunciamientos de diversas orientaciones en esa materia y creo, por lo tanto, que no debiera pasar desapercibido este asunto en la Cámara de Diputados.
Por lo tanto propongo que se incorpore un punto para abordar, para que los grupos parlamentarios lo hagan y también las diputadas y diputados que quieran hacerlo, el tema de la Constitución de 1917.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Señor diputado, como es de su conocimiento, la orden del día se elabora por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Yo le propondría que sometiéramos a consideración de la propia Junta si este punto entra, que en el desarrollo de la sesión se integre el punto sobre la Conmemoración del 89 Aniversario de nuestra Constitución.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver un momentito, el Maestro Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Presidenta, no me opongo a que este tema, como todos los demás, los trate la Junta de Coordinación Política, pero quiero recordar que la decisión final sobre éste y otros temas, es decir, la definición del orden del día debe pertenecer al plenario de esta Cámara. Entonces yo sugeriría que si hay una aceptación sobre esta propuesta, pues fuera resuelto este punto por el plenario de la Cámara.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En ese sentido si la Junta de Coordinación Política lo propone –así dice el artículo vigésimo- sólo por resolución a propuesta de Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política se habrá de incluir algún asunto no contenido en el orden del día.
En este sentido yo le ruego, diputado, que lo platiquemos con la Junta de Coordinación Política y en el transcurso someteremos al Pleno, si lo acepta, y con mucho gusto lo incluiremos.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si es de aprobarse.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanas diputadas y ciudadanos que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.
Continué la Secretaría con comunicaciones.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comunicaciones.
(Comunicación de la diputada Laura Reyes Retana Ramos, por la que informa su renuncia al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Comisión Permanente con el que remite los asuntos que fueron reservados para conocimiento de la Cámara de Diputados de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De los congresos de los estados.
(Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato por el que informa que se reformó el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, modificando la denominación del Municipio de "Dolores" Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional".
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Remítase el original a la Biblioteca del Congreso y copia al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación del Congreso del Estado de Guerrero, que remite contestación a punto de acuerdo sobre la violencia intra familiar)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Junta de Coordinación Política, dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva, solicitándole se de cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de cambio de la diputada María Angélica Díaz del Campo, cause baja como integrante en la Comisión de Transportes y se incorpore a la Comisión de la Función Pública)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala mediante el cual remite contestación a punto de acuerdo)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que remite Programa Especial Concurrente 2006, en cumplimiento del artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas, no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de enero del 2006.)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Economía.
Una aclaración: en relación al oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, debe remitirse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las comisiones vinculadas con la materia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que remite acuerdo de la Cámara de Diputados de la República de Chile, en donde expresa la solidaridad del país chileno con México, en relación a medidas de protección fronteriza, antiterrorismo y control de la inmigración ilegal (HR) 4437).
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Minuta. (Oficio de la Cámara de Senadores, que remite minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas).
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso constitucional para que la C. María Elí López Reyes, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita permiso constitucional para que la C. Hisa Susana Fukushima Taniguchi, pueda prestar servicios en la Embajada de Japón en México)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: "2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García".
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite informe correspondiente al Cuarto Trimestre de Avance Físico y Financiero del Programa de Empleo Temporal y del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, enviado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Cuatro oficios con los que se remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Once oficios con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la diputada Isabel Maya Pineda comunica que a partir del 7 de febrero del año en curso, se reincorpora a las labores legislativas que le son propias)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada. Comuníquese.
A continuación compañeras y compañeros diputados pasamos al siguiente punto del orden del día que son iniciativas de ciudadanos diputados.
Esta presidencia recibió del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y expide la Ley de los Impuestos a las Ventas y Servicios al Público.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: El suscrito diputado de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II y LVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
INICIATIVA con propuesta de decreto que reforma el artículo 276 y adiciona los artículos 188 bis, 188 bis-1, 275 bis, 277 bis, 1o. de la Ley General de Salud y reforma los artículos 2o. fracción I, inciso c) numeral 1 así como 3o. fracción VIII de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad 1 mil 300 millones de personas en el mundo fuman; lo que equivale al 30% de la población global y de continuar la tendencia 1 mil 600 millones de personas fumarán en el año 2025.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, al año mueren más de 1 millón de personas en Latinoamérica y el Caribe, 506 mil y 5 mil 601 respectivamente, a causa del tabaco; siendo el tabaquismo la causa de muerte de uno de cada 5 latinoamericanos que fallecen.
De acuerdo con la encuesta nacional de adicciones, en el 2002, 26.4% de la población mexicana entre 12 y 65 años de edad, fuman. Lo que equivale a poco más de 16 millones de habitantes, donde poco más de 1 millón son adolescentes de entre 12 y 17 años. Además, dentro de la población urbana cerca de 14 millones de la población están expuestos al humo del tabaco involuntariamente.
Asimismo la edad promedio en que las personas se inician en el vicio del tabaquismo ha ido disminuyendo, empezando antes de la mayoría de edad, cuando aún son jóvenes e incluso niños.
En México la edad promedio del inicio disminuyó a 21 años para la gente que nació en la década de los 30s. y los 40s. Asimismo a la edad de 13 años para las personas que nacieron a partir de los 80s.
Las personas fumadoras incrementan de 5 a 10 veces el riesgo de contraer cáncer de plumón. Tan solo en México 85% de las muertes de esta enfermedad se debe al tabaco, los hombres que fuman aumentan 27 veces la posibilidad de tener cáncer oral y 12 veces cáncer de laringe.
En comparación con los que no lo hacen, fumar causa 30 por ciento de cáncer de páncreas y duplica el riesgo de contraer cáncer de colón.
En el mundo occidental, el tabaquismo es el principal causa del cáncer de vejiga, siendo dos o tres veces más probable que lo contraigan los que no fuman.
La mortalidad por problemas cardiovasculares es dos veces mayor entre los fumadores y estos, y tienen 45 por ciento más probabilidad de sufrir bronquitis crónica o enfisema, que las personas abstemias.
El tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica y progresiva y mortal. Es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer; afecta de igual manera a los fumadores involuntarios ya que también están expuestos a los mismos agentes tóxicos, cancerígenos, mutagénicos, provocándoles cáncer y enfermedades cardiovasculares.
De esta manera, ante la gran preocupación de los diversos países del mundo por los enormes estragos de la salud, además de los económicos y sociales provocados por el tabaquismo, mismo que se considera como un problema de salud pública mundial, se decidió llevar a cabo medidas de índole global tal como la magnitud de problemas lo requiere pero adaptándolos a las distintas situaciones de cada país.
Tras tres años de intensas negociaciones los países miembros de la OMS, firmaron un convenio marco para el control del tabaco en mayo de 2003, convirtiéndose en el primer Tratado Internacional de Salud Pública para combatir el tabaquismo.
El 27 de febrero de 2005, después de haber sido ratificado por 45 países, entró en vigor dicho convenio. México como miembro de la OMS y por su obligación de salvaguardar el derecho a la salud de los ciudadanos como lo estipula el artículo cuarto constitucional, lo aprobó y lo ratificó.
Cabe destacar que nuestro país fue el primero de América en ratificarlo, por lo que hoy se encuentra ya jurídicamente vinculado a los demás países en cuanto a sus disposiciones.
Dicho convenio establece una serie de medidas que si bien no se espera que radique en el tabaquismo, sí se espera que lo combatan eficazmente. Dichas medidas están orientadas a reducir la demanda y la oferta de los productos de tabaco y luchar en contra del comercio ilícito y cooperar científica y técnica financieramente entre los distintos países miembros.
Uno de los principales objetivos es la protección en contra de la exposición pasiva al humo del tabaco, por lo que en el artículo 8 las partes reconocen que la ciencia ha demostrado equivocadamente que el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco son causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad, por lo que en el mismo artículo se obliga a que las partes –incluyendo a sus gobiernos- lleven a cabo sus acciones necesarias legislativas, ejecutivas y administrativas para proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco.
En tal virtud es necesario actualizar la Ley General de Salud con el propósito de que estos compromisos refuercen la competencia de las autoridades necesarias para desarrollar políticas y programas más efectivos contra el tabaquismo.
La presente iniciativa busca que la ley reconozca el daño intrínseco del consumo del tabaco que daría la base legal para mejorar los programas enfocados a la prevención del tabaquismo con un concepto que no solo abarca a los fumadores activos sino a los pasivos bajo un concepto de salud integral.
Así mismo con el fin de reforzar la eficacia informativa, se precisan las opciones de leyenda preventiva sobre los riesgos del tabaquismo que contienen las cajetillas para lo que se propone aumentar su área, del actual 25 por ciento al 100 por ciento del espacio en una de las dos caras del empaque e incluir imágenes que muestren los efectos de su consumo.
Cabe mencionar que esto ya se realiza en varios países y forma parte de una política preventiva, que es la necesaria y por el nivel de incidencia del tabaquismo en la salud pública.
En ése mismo sentido, dada la necesidad de proteger a nuestros jóvenes y niños, se establece la provisión expresa de que se fume en institutos, escuelas y centros educativos del Sistema de Educación Básica.
Adicionalmente se plantea incrementar el gravamen a la fabricación y venta de cigarros a un 110 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, precisando los insumos tipo de tabacos en los que se aplica, para hacer más efectiva su aplicación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto:
Primero.- Se reforma el artículo 276 y se adicionan los artículos 188-bis, 188-bis uno, 275-bis, 277-bis uno-A de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:
En las etiquetas de los empaques y envases que se expenda o suministre el tabaco, además de lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, deberán figurar en forma clara y visible los mensajes de advertencia que a juicio de la Secretaría podrán comprender imágenes o fotografías, los que deberán estar redactados con letra fácilmente legible, con los colores y contrastes sin que se invoque o haga referencia a alguna disposición legal con un tamaño equivalente al 100 por ciento de cualquiera de las caras frontales o traseras de cajetillas en adicción a la leyenda de advertencia en una de las caras laterales de las cajetillas, las cuales se alternan con los contenidos siguientes "Dejar de fumar reduce importantes riesgos de la salud", "Fumar es causa de cáncer y enfisema pulmonar" o "Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro y de bajo peso en los recién nacidos".
En las etiquetas y en los empaques y envases en que se expenda o suministre el tabaco, contendrán una inserción que fácilmente pueda ser ubicada por los consumidores y perfectamente legible con mensajes para orientar al fumador hacia los programas del tratamiento para dejar de fumar.
La Secretaría de Salud publicará en el Diario Oficial de la Federación acuerdo mediante el cual se establezca que tipo de mensajes se incorporarán en los envases y empaques, de acuerdo a lo establecido en el primero y segundo párrafos del presente artículo, así como las disposiciones para su aplicación y utilización.
Artículo 188 Bis. El programa referido en el artículo anterior, así como las acciones ejercitadas por las dependencias y entidades competentes en el ámbito o aplicación de esta ley, deberán sustentarse en el principio de que el tabaco es un producto cuyo consumo implica un riesgo intrínseco para la salud.
Artículo 188 Bis primero: En virtud de la existencia de un riesgo intrínseco para la salud derivado del consumo del tabaco, las dependencias o entidades competentes en el marco de esta Ley deberán enfocar sus esfuerzos para disminuir dicho consumo y combatir el daño a la salud, derivado del mismo.
Artículo 277 Bis: Una vez que el tabaco es un producto cuyo consumo presenta un riesgo intrínseco para la salud, las autoridades competentes en el marco de esta ley llevarán a cabo las acciones tendientes a disminuir dicho consumo, por lo que el ejercicio de sus facultades deberá sustentarse en lo establecido en el presente artículo.
Artículo 277 Bis 1: Se prohíbe el consumo de tabaco en las instituciones, escuelas demás centros educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Artículo 2°: Se reforman los artículos 2° fracción I, inciso c) numeral primero y tercero; fracción VIII de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios para quedar de la siguiente manera:
El valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, aplicarán a las tasas siguientes: Tabacos labrados, cigarros y paquetea para hacer cigarros, 110%; tabacos labrados, paquete para hacer cigarros y los paquetes que independientemente de su presentación, ya sean en envases, cajas, cajetillas o cualquier otro tipo de contenedor, incluyen una porción de tabaco para aliar, entendiendo por éste el tabaco rubio-oscuro, que puede ser utilizado en la elaboración de cigarros, papel o cualquier otra sustancia para envolver dicho tabaco con la finalidad de que el consumidor pueda elaborar sus propios cigarros; otros tabacos labrados; los que no están comprendidos en los incisos anteriores se consideran tabacos labrados, entre otros, los tabacos cernidos, picados, de hebra, de mascar, así como el rapéb (?).
Transitorios.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación con relación a las reformas al artículo 276 de la Ley General de Salud, a que se refiere el presente decreto. Las mismas entrarán en vigor a los seis meses de su publicación.
Tercero.- La Secretaría de Salud deberá emitir un acuerdo a lo que se refiere el tercer párrafo del artículo 276 de la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación del presente decreto.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Víctor Hugo Islas Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda y Crédito Público.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de nuestro país.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
La etapa más reciente por la que atraviesa el Poder Legislativo, define su propia circunstancia: El momento de la transición de un poder formal a uno real. Es decir, empieza ejercer de manera incipiente y descontrolada las funciones fundamentales de todo parlamento en su sistema democrático.
Representación, legislación, control y regulación del Ejecutivo y legitimación, son esas labores que para el Congreso Mexicano se convierten en sus más grandes retos.
La interrelación de dos poderes políticos que conforman la estructura del gobierno mexicano, el Ejecutivo y el Legislativo, ha sido cuando menos ríspida. El Congreso ha apostado en gran medida por la confrontación y muy poco por la vinculación con el Poder Ejecutivo y esto ha traído como consecuencia, que el Ejecutivo utilice incluso su derecho de veto. Esta es la nueva realidad del Congreso Mexicano, una realidad más viva, más democrática, aunque no necesariamente más eficiente y conveniente.
Al respecto muchos analistas del tema de la productividad legislativa han diferido sobre la aplicación de un solo criterio para cualificar lo que es cuantificable en el trabajo legislativo. Lo que es indiscutible es que a partir de que los órganos de dirección del interior de las Cámaras se fueron democratizando, recordemos la Legislatura anterior, la conformación de los temas a tratar en el pleno de cada una de estas Cámaras, la cantidad y la calidad de asuntos se incrementó exponencialmente.
"Hasta hace algunos años el Ejecutivo Federal era el gran legislador, pues aún en la Legislatura anterior del Congreso de la Unión el Presidente de la República fue quien presentó más del 50 por ciento de las iniciativas a la Cámara de Diputados. Y el anterior los diputados presentaron el 82 por ciento de las iniciativas y el Presidente sólo el 6 por ciento.
"En esa misma Legislatura en el Senado los Legisladores presentaron el 47 por ciento y el Presidente el 36 por ciento. En cualquier caso, vemos que el Ejecutivo Federal ha dejado de ser el legislador más importante, con lo que podríamos considerar que los integrantes del Congreso han tomado más en serio el papel que les corresponde en la actualidad.
"Pero no solamente se han incrementado el número de iniciativas presentadas por los legisladores, sino que producto de ello el número de proyectos de dictamen que emiten las comisiones, el número de excitativas que envían los legisladores a las comisiones, el número de proposiciones de los congresistas y de los órganos de gobierno, el número de iniciativas que envían los congresos de los estados y aún más el número de asuntos denominados de agenda política, hacen que el orden del día en las sesiones en el Congreso prácticamente nunca se desahogue a la totalidad, provocando que en el último día de sesión de un periodo ordinario se turne directamente a las comisiones todo aquello que se encuentra agendado sin ser presentado al pleno como lo marca el Reglamento del Congreso.
"Y por supuesto que no podemos negarnos a que los legisladores participen y propongan lo que consideren necesario para el mejor funcionamiento del país, pero sí creemos que es incorrecto que aún cuando no se aborden todos los temas que están agendados para ser presentados al pleno de las Cámaras, principios de noviembre de 2005 en el orden del día de una sesión de la Cámara de Diputados se encontraban agendados más de 150 proposiciones con punto de acuerdo, por ejemplo.
"Pensemos en continuar en el mismo número de sesiones por cada periodo, es decir 28 sesiones promedio en el primer periodo ordinario y 24 sesiones promedio en el segundo periodo ordinario. Luego de la última reforma al artículo 65 constitucional que conllevó a alargar por mes y medio más el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, habría parecido no necesario en el corto plazo pensar en una nueva modificación a este artículo, encaminada a alargar aún más la duración de alguno de los periodos de sesiones.
"Sin embargo, la propia dinámica del trabajo legislativo nos deja en claro que los seis meses y medio que suman los dos periodos ordinarios de sesiones son insuficientes para el puntual desahogo de cada uno de los temas que se tratan en ambas Cámaras. Es decir, la única manera de desahogar todos los temas del orden del día de las sesiones en el Congreso es incrementando el número de sesiones, y para incrementar el número de sesiones es indispensable incrementar el tiempo de duración de alguno de los dos periodos legislativos.
"La propuesta aquí planteada es que se junten el primero y segundo periodo para crear un único periodo de sesiones que inicie el 1o. de septiembre y concluya el 31 de mayo. De tal suerte que el Congreso sesione nueve meses al año, promediando 72 sesiones al año, es decir, un 38 por ciento más de sesiones anuales que las que se tienen actualmente.
"La vida nacional requiere de un Congreso que esté en todo momento trabajando para el bien de la patria. Existen diversas experiencias internacionales de congresos o parlamentos que sesionan en cualquier época del año, es decir, no están sujetos a periodos específicos. Tal es el caso del Congreso de los Estados Unidos o del Parlamento francés.
"La necesidad de incrementar el periodo de sesiones del Congreso parte de la premisa siguiente: a mayor número de sesiones en el Congreso mayor eficiencia en los trabajos legislativos. Esto no es en automático sino producto de una variable: el incremento en la productividad de las comisiones, como se explica a continuación.
"Es bien sabido que para todos, durante los periodos de receso del Congreso, que son cinco meses y medio al año, la gran mayoría de los diputados no se presentan a la Cámara, aún cuando estuvieren convocados para sesiones de alguna comisión. De hecho el porcentaje de sesiones de comisiones convocadas que no se realizan por falta de quórum, es superior al 80 por ciento durante los periodos de receso.
"Las comisiones sencillamente no pueden desahogar los asuntos que tienen pendientes porque los legisladores no se presentan. Esto trae como consecuencia que las propias comisiones se vuelvan altamente improductivas en sus trabajos, porque saben que pueden estar muchos meses antes de que un asunto pueda ser discutido en el pleno de la comisión, por lo que se la llevan con calma.
"La fórmula es sencilla: a más duración del periodo de sesiones del pleno de las Cámaras, más número de sesiones de comisiones realizadas y consecuentemente, esperemos, mayor productividad en ambos órganos.
"No hay razón alguna que justifique que cinco meses y medio del año los legisladores no testemos presentes en la Cámara. Porque crear un periodo único de sesiones de nueve meses, además de obedecer a razones de productividad legislativa es también un asunto de justicia para los millones de mexicanos que trabajan más de 300 días al año. Y aquella justificación de que los legisladores necesitan estar en sus estados para tratar asuntos locales en realidad es inadmisible, pues en la práctica los legisladores del interior de la República en periodo de sesiones, están cuatro días de la semana en sus estados; llegan a la ciudad de México el martes por la mañana y se regresan a sus estados el jueves por la tarde, por lo que no necesitan de cinco meses y medio de receso para atender a sus asuntos locales.
Cabe aclarar que la propuesta no plantea en ningún momento constituir obligatoriamente dos sesiones a la semana, pues en ocasiones sería necesario sesionar más de dos veces a la semana y en ocasiones no sería necesario sesionar más de una ocasión a la semana. La propuesta plantea, eso sí, que si la carga de trabajo en alguna Cámara es excesiva, ésta cuente con un periodo de sesiones más largo, en el cual se puedan desahogar un número mayor de asuntos pendientes.
Finalmente un único periodo de sesiones que no abarca todo el año sino sólo nueve meses, trae como consecuencia la necesidad de establecer un único periodo de receso, obviamente de tres meses, el cual sería constituido y funcionaría en los mismos términos en los que establece actualmente en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso.
Se trata, pues, de un círculo virtuoso. A más sesiones en el pleno más desahogo de asuntos turnados por las comisiones, más presentación de asunto turnados a las comisiones y más proyectos de dictamen elaborados por las comisiones. Sin duda tendríamos un Congreso más eficiente para el beneficio de todos los mexicanos.
Es cuanto diputada Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Triana. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las personas con discapacidad.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Jesús Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa de nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Martínez Alvarez: Con su permiso, compañeras y compañeros.
Quiero pedirle a la Presidenta de esta Mesa Directiva, que antes de presentar esta iniciativa de nueva Constitución, permita presentar una iniciativa de derogación del artículo 135 de nuestra Carta Magna.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante diputado.
El diputado Jesús Martínez Alvarez: Como legisladores tenemos la gran oportunidad y la obligación de considerar el largo plazo de nuestras deliberaciones, así como de resolver de fondo los asuntos que más trascienden en la convivencia social. Lo hicieron los legisladores de 1917, lo hicieron los legisladores de 1857. Ahora que aquellos loables esfuerzos constituyentes han quedado rebasados, nos corresponde a nosotros estar a la altura del México de hoy.
La cercanía de las elecciones presidenciales no implica por sí misma una razón para posponer la atención de la urgente necesidad de hacer de nuestra Carta Magna una expresión actualizada y fiel de las demandas sociales y de las necesidades de nuestro país.
Este último periodo de sesiones puede caracterizarse por lograr lo que ha sido pospuesto por muchos años y lo que puede significar la diferencia entre el México del siglo XX y el México del siglo XXI.
Esta iniciativa a la reforma del artículo 135 de los Estados Unidos Mexicanos es para agravar el procedimiento de reforma constitucional.
El estado constitucional democrático y de derecho, se formaliza jurídicamente a partir de la promulgación, desarrollo y expansión normativa de su Constitución, de tal suerte que la norma suprema y su acatamiento, es el reflejo más fiel de la nación. Sin embargo, los regímenes políticos que han tenido, por diversas circunstancias, la mayoría suficiente para externar su voluntad y modificar así el texto de la Constitución, plasman en ella programas limitados a una ideología en particular y corre el peligro de alejarse del verdadero cometido, contenido, valor y significado de la ley de leyes.
Al mismo tiempo, la Constitución es empatía histórica y significado del devenir político, por ello, su reforma implica una tarea tan delicada y tentadora, la nuestra no ha escapado a múltiples reformas y a pesar de ello lo seguimos derogando como la original de Querétaro.
El riesgo de la loa a la historia, implica inamovilidad o autocomplacencia normativa, en detrimento de su concreción. México ha sufrido ambas cosas, sin perjuicio, desde luego, de espléndidas modificaciones, que han reflejado un avance sustantivo en nuestra creciente incorporación da la vida democrática, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, como auténtico tribunal constitucional; los legisladores plurinominales; la autonomía del Banco Central; la ciudadanización y constitucionalización del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son la mejor prueba de ello.
Pero no por ello debemos dejar de lado la sentencia de Ortega y Gasset que afirmaba y cito literalmente: "La Constitución es su totalidad y por lo mismo no cabe de hablar de aciertos parciales en una constitución":
La nuestra ha sido cambiada, parchada incluso cuenta con antinomías y aun así carece todavía de normas básicas para cualquier democracia contemporánea. Los múltiples cambios al texto de la ley fundamental, 417 hasta antes de del presidente Fox, su 150 fe de erratas, cuatro aclaraciones posteriores y más de mil iniciativas pendientes en las Comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, provenientes de todas las bancadas parlamentarias, confirman esta triste aseveración.
El diseño institucional normativo mexicano ha sido rebasado por su propia realidad, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos aceptarlo, está agotada, tanto que el propio artículo 135 correspondiente nada menos que a la reforma constitucional, prohibe la posibilidad de una reforma total, pues en comparta con el Numeral 136 dieron paso a un verdadero ejercicio democrático, contradiciendo los artículos 39, 40 y 41 base de la soberanía juridificada que reconoce al pueblo el derecho básico de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Pero no lo hemos hecho así, hemos engordado la Constitución. Hemos hecho poesía constitucional y hemos resaltado su valor trascendente, su eficacia jurídica. ¿Cuántos derechos sin desarrollo legislativo, ¿Cuántos más sin tutela judicial efectiva? ¿Cuántos otros difusos, que sólo han inventado el discurso revolucionario, pero que no han aterrizado en verdadera justicia social?
¿Qué le hubieran dicho al presidente en turno, Villa y Zapata, de la enorme emigración al estado país vecino del norte? ¿Qué hubiera dicho Juárez del de derechos sin defensa? ¿Y qué hubiera dicho Morelos de las lagunas constitucionales.
El poder de reforma se ha subordinado a mitos y a voluntad presidencial. Permanentemente hemos estado enmendando la Constitución, en todo caso debemos seguir trabajando y tomar la decisión de fondo de hacer una revisión integral de la misma, para ello debemos empezar por derogar el artículo 135 de nuestra Constitución. La propuesta aparece en la publicación correspondiente y para sintetizar al contenido de la misma mencionaría solamente que existirían cuatro procedimientos: Uno de carácter ordinario; otro agravado; otro extraordinario agravado y finalmente la abrogación. Para cada uno de estos procedimientos se establece qué son los requisitos y qué se requiere para poder lograrlo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Y continúe en la palabra diputado.
El diputado Jesús Martínez Alvarez: El primero de septiembre de 2003, al inicio del periodo de esta LIX Legislatura, en esta tribuna presentamos de manera general los compromisos de nuestra agenda legislativa en este periodo. Uno de ellos se refería precisamente a presentar una iniciativa de la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, es decir la revisión integral de la Constitución. Como representante popular y como promotor político, nos dimos a la tarea de cumplir con nuestra agenda legislativa pero de manera muy particular y muy especial, por lo que se refiere a esta iniciativa que hoy estamos presentando ante el pleno de esta Cámara de Diputados.
Estoy convencido de que no habrá rumbo para nuestro país y eficacia de gobierno en todos sus niveles ni lograr los cambios que se requieren, si seguimos persistiendo en no enfrentar la realidad y aceptar que nuestra Carta Magna no es ya por tanto, ni al Carta Magna original ni ninguna de las que pretendieron los Presidentes en turno. Entrampada en el pasado y en la improvisación, es ahora un documento hecho de artículos meramente circunstanciales.
Durante los últimos 5 años México ha vivido una triple experiencia inédita: un Poder Ejecutivo sin ánimo imperial, lejos de actitudes dictatoriales que caracterizaron a los gobiernos anteriores; un Poder Legislativo plural, donde las voces más diversas se escuchan y cuyas decisiones emergen de sí mismo y un Poder Judicial independiente, ajeno a sumisiones y sin embargo, ha desánimo respecto a los resultados, a tal grado que algunos se preguntan si la democracia es capaz de originar y sustentar la gobernabilidad; si por fin entrevemos la división de poderes. ¿Por qué se tiene en muchos ámbitos la sensación de retroceso? Quizás justamente porque tanto era nuestro afán de erradicar las decisiones verticales y unipersonales, que pusimos el acento en la división de poderes como un fin, cuando es sólo el principio. Una vez lograda la división de Poderes, ésta en sí misma poco resuelve; lo que hace falta es la separación, equilibrio y colaboración de Poderes.
¿Somos nosotros los que no hemos sabido interpretar la división de Poderes? ¿Somos los actores políticos los que no hemos podido lograr que la división se convierta en colaboración, o es que las estructuras del Estado como están concebidas ahora, están hechas más que para el equilibrio, están hechas para la confrontación?
También la Constitución de 1917 fue concebida en un momento histórico específico, en tanto que nosotros parecemos haberle dado el carácter de vitalicia, hecha para responder a las necesidades y aspiraciones de México de principios del Siglo XX.
Le dimos calidad eterna en el discurso, mientras en la práctica cada titular del Poder Ejecutivo la moldeo de acuerdo a sus fines sexenales, traje de seis años para gobernar a modo. Sólo un ejemplo, el Presidente Miguel de la Madrid, en un solo mes presentó y fueron aprobadas 33 reformas a nuestra Constitución.
La Constitución General de la República se ha convertido en un freno invisible para el cambio, ajena al mundo actual permanece vigente y sin embargo está obsoleta. Nadie aceptaría hoy un reglamento de tránsito que datará de hace cinco décadas, sin embargo, estamos aceptando que nuestra máxima norma esté por cumplir los 90 años.
El Poder Ejecutivo a pesar de sus límites sigue siendo concentrador del poder. El Legislativo confronta, a pesar de lo sano de su autonomía. Y, aceptémoslo, el Poder Judicial incluso, llega a legislar ante los múltiples vacíos legales. Y ello ocurre porque no nos atrevemos a ir al fondo en la oportunidad histórica que compartimos para renovarnos. Antes siquiera de considerar la revisión integral de nuestra Constitución, surgen voces defendiéndola como intocable. Preferimos tocarla parcialmente, alterarla, desdibujarla, antes que revisarla y menos aún, antes que sustituirla.
Nuestros antecesores, historia y orgullo pensaron en su tiempo y en función de ello actuaron. Nosotros parecemos ignorar la lección y preferimos vivir con una tarea ya hecha.
Es responsabilidad nuestra actuar en función de nuestro tiempo, sin culpas al pasado y sin añoranza, sin reverencia extrema, sin discursos encendidos para permanecer inmóviles. Para que nuestra democracia rinda frutos, es preciso renovar nuestras instituciones. Hay que entender la división de Poderes como primer paso para lograr su separación y, desde luego, su equilibrio y separación.
Requerimos también, desde luego, la colaboración entre Poderes. La Constitución sin duda, documento meritorio al paso de las décadas empezó a sufrir los estragos del tiempo y de nuestro peculiar régimen; cuando no fue la imposición coyuntural fue la visión personal o el lenguaje sexenal los que fueron cambiándola, nunca más revisada integralmente.
La Carta Magna recogió de manera aislada las modificaciones que en su momento se le incorporaron, a veces con acierto, a veces solo por la razón del Ejecutivo en turno. Más allá de las formas, motivaciones, modificaciones, la Constitución vive hoy el desencuentro con su tiempo; ni conservó ortodoxamente lo que era ni se transformó integralmente en función de los cambios de México y el mundo.
Reconozcamos, la Constitución no sintetiza hoy un proyecto de nación ni es instrumento de cambio, letra suspendida entre lo que fuimos y lo que hoy demandamos; requiere ser vista sin prejuicios. No se trata de defender la ultranza ni de dejar de apreciar sus fortalezas.
Este trabajo es resultado de un esfuerzo profesional realizado por académicos y especialistas y profesionistas en esta materia. Se tomó en cuenta la Constitución de la Unión Europea, de los países como Alemania, Italia y España; se tomaron desde luego las propias iniciativas presentados por compañeros legisladores; se tomaron también en cuenta la doctrina académica tanto nacional como extranjera y, sobre todo, criterios jurisprudenciales de tribunales constitucionales de las democracias modernas.
No se trata de copiar una Constitución y tratar de imponerla en México, se trata de hacer una Constitución adecuada a nuestra propia realidad. Eso contempla este proyecto de revisión integral de la Constitución, que sintetizándola podríamos definir que está sostenida sobre cuatro ejes fundamentalmente:
Los derechos fundamentales y las libertades públicas, que tienen por objeto y toman como base la dignidad humana, porque estamos conscientes de que es en la persona y en la familia en donde está el sustento de todo desarrollo.
El segundo eje está constituido precisamente, por hablar de la forma del nuevo régimen de gobierno y de las definiciones que requerimos, en lo político, en lo social y en lo económico.
Y el tercer eje, habla de una configuración de un auténtico federalismo responsable.
Finalmente, aspiramos a vivir en un estado de derecho y que exista una cultura de la constitucionalidad, por eso se debe establecer un diálogo constitucional con la sociedad, un dialogo constituyente con todos aquellos que tienen que participar en las grandes decisiones de México.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Martínez Alvarez. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y deroga los artículos 76, 89 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instruya la Secretaría, favor de cerrar el sistema electrónico de asistencia. Un momentito, señor diputado por favor.
Un momentito por favor, diputado Sandoval Figueroa. Gracias.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.
Señora Presidenta hay una asistencia de 409 diputadas y diputados. Quienes no hayan pasado asistencia tienen 15 minutos para hacerlo por cédula.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Adelante, señor diputado Sandoval Figueroa.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Gracias. Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Comparezco ante ustedes, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 89, reforma los artículos 76 fracción II y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 Apartado "A", establece la organización del Ministerio Público, el cual es presidido por el Procurador General de la República, encargado de perseguir los delitos del orden federal, bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídicas, que garanticen el estado de derecho. Sin embargo, sus deficiencias han sido muchas, tornándose incompetente para poder cubrir los vacíos existentes en la procuración de justicia, equitativa e igualitaria en nuestro país.
Algunas de estas ineficiencias, obedecen a que el Procurador General de la República, de acuerdo a las normas vigentes es designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, por ratificación del Senado y posteriormente puede ser removido libremente por el Presidente de la República, conforme a lo preceptuado en los artículos 89 fracción IX, 76 fracción II y 102 apartado "A" de la ley fundamental, lo que sin lugar a dudas, limita el ejercicio libre, imparcial, equitativo e igualitario de la procuración de justicia en México, provocando que esta actividad de ningún modo obedezca únicamente a los intereses de la población y de la justicia, toda vez que se convierte en un órgano al servicio de intereses político-partidistas inclinados a favorecer al titular del Poder Ejecutivo Federal.
Todo esto se dilucida de manera clara durante el presente sexenio. En diversos casos en los que la Procuraduría General de la República, aparentemente ha dado seguimiento a diversos casos relacionados con las conductas de la familia presidencial sin que hasta la fecha haya resultados. Sin embargo, estos hechos nos permiten observar la inclinación que el titular de esta institución tiene hacia la figura presidencial por lealtades y valores entendidos.
Este problema recurrente ha sido una página cotidiana de la vida pública en la presente administración; por ello, es responsabilidad de nosotros, los legisladores, establecer un marco legal conforme al contexto social de nuestros días que garantice la autonomía de la institución del Ministerio Público y con ello, la igualdad ante los mexicanos.
Debemos brindar certidumbre jurídica a nuestras instituciones, lo cual debe trascender en el ámbito de la procuración de justicia, para que nuestra sociedad recobre la credibilidad en el estado de derecho y evitar que la misión del Procurador se encuentre sujeta a compromisos o preferencias.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IX del artículo 89, reforma los artículos 76 fracción II y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Artículo único. Se deroga la fracción IX del artículo 89, reforma los artículos 76 fracción II y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como aparece publicada en la Gaceta Parlamentaria del Día de hoy, 7 de febrero del 2006.
Transitorio:
Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero del año 2006.
Solicito de manera atenta y respetuosa, señora diputada Presidenta, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muy bien, diputado Sandoval Figueroa.
De acuerdo a su solicitud, favor de integrar completo el texto de la iniciativa presentada por el diputado y turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado José Javier Osorio Salcido, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 34-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia, compañera Presidenta.
El suscrito diputado federal José Javier Osorio Salcido, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento iniciativa con proyecto de decreto que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los avances científicos de la última mitad del siglo XX fueron asombrosos con el surgimiento de nuevas tecnologías. Estas industrias han impulsado el uso de métodos y procesos de producción y elaboración de productos que hasta no hace mucho tiempo eran elaborados por medio de procesos más o menos convencionales.
La ciencia intervino en estos procesos para tratar de eficientar la producción con la creación de alimentos de mayor calidad y a un bajo costo.
La industria que ha desarrollado y patrocinado a la biotecnología, nos ha hablado de todos los beneficios que aportará esta tecnología a la humanidad. Afirman que el avance de la biotecnología en el desarrollo de productos transgénicos o genéticamente modificados, influirá de manera directa en elevar la calidad de vida de toda la humanidad. Señalan que con la modificación genética de la flora y la fauna, se resolverán las necesidades ilimitadas de la humanidad.
Por el otro lado se encuentran los ambientalistas para quienes la manipulación genética de la biodiversidad del planeta no puede traer nada bueno para la vida. Señalan que la naturaleza ya ha empezado a responder a esta intromisión depredadora del hombre.
La existencia y el ejercicio de un verdadero derecho a la información enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática.
La información no debe concebirse como el ejercicio de una libertad plena, así como un medio para el desarrollo económico, político y social. El Estado debe de garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos a estar informados; de lo contrario, se estaría violando una garantía constitucional y de los derechos humanos de la población mexicana.
Es necesario que se legisle para el etiquetado de los productos que contengan organismos genéticamente modificados o transgénicos; garantizando una libre e informada elección de los ciudadanos mexicanos. De esta forma los consumidores finales tendrán la posibilidad de saber si lo que consumen cumplen con sus expectativas de precio, calidad y contenido e inocuidad.
Con esta iniciativa se pretende dar los instrumentos necesarios a las personas para que de manera informada elijan si consumen o no un producto que contenga un transgénico o un organismo genéticamente modificado.
Es necesario exigir a las empresas manufactureras, comercializadoras y distribuidoras, que señalen mediante el etiquetado de sus productos, si el producto que pretenden poner a la venta contiene organismo transgénicos o genéticamente modificados. Lo mismo aplicará para la venta de frutas, legumbres, carnes, semillas y demás productos que se vendan a granel.
La etiquetación es necesaria por muchas razones y no admite más dilaciones por parte de que dará cumplimiento fehaciente al artículo 6o. constitucional, que garantice el derecho a la información y de informar a los consumidores para que su elección sea libre e informada, se podría enfrentar adecuadamente al surgimiento de enfermedades y problemas de carácter ecológico que eventualmente pudieran presentarse por la manipulación genética que hacen de ciertos organismos.
Todos tenemos derecho a saber que compramos y qué consumimos. Ahora bien, si los laboratorios y las empresas que los patrocinan dicen que ciertamente no producen ningún daño al consumo, no entendemos por qué oponerse al etiquetado de estos productos.
Algunos de los riesgos biológicos que generalmente se le aducen al uso comercial del cultivo en modificados genéticamente, es que amenaza la diversidad genética y la simplificación de los sistemas de cultivo.
La creación de nuevas bacterias patógenas y la generación de variedades de virus más nocivos sobre todo en plantas transgénicas diseñadas para la resistencia de algunos virus.
Los que están a favor de esta tecnología argumentan que sólo bajo el uso de la biotecnología y la modificación genética de organismos, se podrá alimentar a la creciente población mundial. Pero el derecho a la información es un derecho fundamental y otorga la decisión final acerca de la conveniencia de consumir productos creados, modificados con las nuevas tecnologías.
El principio precautorio está ligado a una evaluación de riesgo y obliga a las autoridades y científicos en la toma de decisiones de carácter general. El derecho a la información se entiende en el principio de que el más indicado para decidir qué consumir, de los riesgos y beneficios es el propio consumidor. Y que no debe ser la autoridad gubernamental o científica la que decida de forma paternalista lo que debe o no consumir la población.
El Protocolo de Bioseguridad de Cartagena promueve la regulación del comercio mundial de productos generados por la biotecnología y obliga a los estados signados, entre ellos México, a emprender reformas legales para garantizar el principio precautorio.
El Protocolo de Cartagena exige el etiquetado de los productos modificados genéticamente para que el consumidor esté informado y conozca lo que consume, garantizándole así una elección informada.
Esta iniciativa no pretende entrar en la discusión si los organismos genéticamente modificados son buenos o malos para la salud de las personas o si se afecta de forma nociva o no al medio ambiente; o si se atenta también contra la estabilidad biológica del planeta.
Por lo que se hace necesario establecer un marco jurídico que proteja los derechos de los consumidores, quienes actualmente ven violados sus derechos cuando no se les garantiza una información objetiva que les permita saber exactamente el contenido de lo que compran para su consumo.
Por lo que el Estado debe de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Así, se hace necesario la modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor para exigir el etiquetado de los productos que contengan organismos genéticamente modificados. De no ser así, el Gobierno Mexicano estaría violando los derechos fundamentales de su población, por lo que debemos salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos.
Por otro lado, se debe de aprovechar los beneficios que traería el hecho de que la obligación del etiquetado de productos transgénicos se encontrara regulado dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley es más amigable para la población debido al uso de términos jurídicos y técnicos, sencillos y de fácil comprensión.
Aunado a lo anterior, se aprovechará la infraestructura con la que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor, así como revistas, programas de radio, televisión, consulta telefónica y demás servicios que presta esta institución a los consumidores, a la gente que se encuentra altamente identificada con el funcionamiento y los servicios que suministra esta Procuraduría.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 34-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor:
ARTICULO UNO.- Se adiciona un artículo 34-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
"Artículo 34-bis.- Para el caso específico de la venta de productos que contengan organismos genéticamente modificados, destinados para el consumo humano, su venta al público debe cumplir con los siguientes requisitos: Por organismos genéticamente modificados se entiende aquél organismo natural que haya sido sujeto de aplicación de técnicas o procedimientos de manipulación genética para su mejoramiento o conservación"
En el etiquetado de estos productos se deberá señalar expresamente la leyenda: "Producto genéticamente modificado de acuerdo a lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para el etiquetado de estos productos. La falta del cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se le impondrán las sanciones a que se refiere el artículo 128 de esta ley"
Transitorio.- Este decreto entrará en vigor, a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero del 2006.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Osorio Salcido. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se recibió en esta presidencia del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma y adiciona los artículos segundo y noveno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de la Función Pública.
Asimismo esta presidencia recibió de la diputada Amalin Yabur Elías del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el inciso f) del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Raúl Leonel Paredes Vega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores y legisladoras:
El suscrito Raúl Leonel Paredes Vega, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 45 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El propósito de la siguiente iniciativa es dotar de certeza jurídica al Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, a modo de evitar que los legisladores se ausenten sin motivo de las sesiones del pleno.
Lo anterior tiene su fundamento en la reforma al artículo 64 constitucional, que reconoce la necesidad de evitar las inasistencias del legislador tanto a las sesiones plenarias como a las comisiones ordinarias de que forme parte.
Con la reforma que propongo al artículo 45 del Reglamento, se incrementa la posibilidad de la permanencia de los legisladores durante el desarrollo de las sesiones, puesto que queda sumamente restringida la posibilidad de agendar otro asunto durante este horario. Con esta medida lograremos por lo menos dos objetivos fundamentales:
Otorgar la oportunidad al legislador de cumplir con la obligación de su presencia en las sesiones del pleno, sin perjuicio de otros compromisos derivados de su función, y que, al escuchar todo lo tratado en tribuna, tenga conocimiento general de la temática abordada.
Esta, entre otras medidas abonarán a mejorar la calidad de nuestros órganos legislativos, así como aumentar el grado de credibilidad en esta institución, puesto que la imagen que se difunde en los medios de comunicación durante los periodos de sesión, es de recintos semivacíos, y aquí hay una clara muestra de ello.
En un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, se demuestra claramente una fuerte caída en los niveles de asistencia en la Cámara de Diputados en la presente Legislatura.
La asistencia en las sesiones plenarias disminuyó durante el segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados. El promedio de asistencia en la Cámara baja, fue de 70.12%, 18.5 menor que el primer año; mientras que la asistencia a votaciones para la Cámara de Diputados, disminuyó sustancialmente pasando del 84.5% en el primer año, al 74.9 para el segundo.
En el caso del Senado, el promedio de asistencia a votaciones se mantuvo relativamente estable, variando de 80 legisladores, o sea el 62% en el primer año, a 83 senadores, 64.1%.
El estudio concluye que la asistencia varía considerablemente de un grupo parlamentario a otro y a continuación se presentan los resultados obtenidos por el CIDE. En este espacio se publican unas tablas con estas asistencias.
Asimismo se considera preocupante la postura de legisladores solicitando rectificación de quórum, cada vez que hay una sesión plenaria, lo cual no tendría razón de ser si los legisladores se encontraran en el recinto a la hora de las mismas.
Es entendible que el trabajo en comisiones es importante para el buen desarrollo del trabajo legislativo, por lo que esta reforma contempla que los legisladores podrán ausentarse del pleno, sólo por causa que justifique su trabajo en comisión y previa aprobación del mismo. Por tanto se establece la posibilidad de justificar las inasistencias cuando se cumpla formalmente con una comisión de trabajo del Congreso u ocurran causales que afecten la salud del legislador impidiéndole el desempeño de su labor. Por ello, se prevé una serie de excepciones dentro del propio artículo 45 que se está proponiendo.
"Por último, se hace hincapié que es obligación del legislador estar al corriente de los asuntos que se tratan en el pleno cuando éstos sean votados y se haga con absoluto conocimiento de los mismos, como una forma de respeto a la ciudadanía, quienes han elegido a sus representantes.
"Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 45. Los integrantes de las Cámaras asistentes a las sesiones del pleno permanecerán en el salón durante su desarrollo. Se evitará la programación de cualquier otra reunión o compromiso con los cuales los integrantes de las Cámaras se puedan apartar o distraer de dichas sesiones, salvo en los siguientes casos:
"I. Cuando sesione la Mesa Directiva.
"II. Cuando sesione la Junta de Coordinación Política.
"III. Cuando sesione la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
"IV. Cuando el Legislador tenga compromisos cívicos o protocolarios que, por disposición de la propia Cámara, requiera su presencia.
"V. Cuando el Legislador deba asistir a la sesión de alguna Comisión que por su importancia impacte en forma inmediata al desarrollo de las actividades del pleno.
"VI. En caso de los efectos de algún fenómeno de la naturaleza o de algún movimiento social que interrumpa la sesión, y
"VII. Cuando el deterioro de su salud le impida permanecer en las sesiones del pleno.
"Para tales efectos el Presidente de la Comisión respectiva tendrá la obligación de informar al Presidente de la Mesa Directiva la asistencia a las sesiones convocadas, en la que se establecerá el tiempo en que estuvo presente.
"Se considera ausente de una sesión al legislador que no esté presente al pase de lista; si después de ello hubiera alguna votación nominal y no se encontrase presente y en caso de alguna ausencia durante la verificación del quórum.
"Las inasistencias injustificadas a las sesiones de las Cámaras serán sancionadas por el Presidente de la Mesa Directiva de conformidad con lo establecido por el artículo 64 constitucional".
Esto es todo. Le solicito a la Presidenta se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto diputado Paredes Vega. De acuerdo a su instrucción, favor de insertar íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
A continuación me permito informar que se recibió en esta Presidencia, de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa para reformar el artículo 42 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Marco Antonio Gutiérrez Romero: Con el permiso de la Presidencia.
"Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción segunda, 60, 63 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la iniciativa de reforma y adición a los artículos 115 fracción VIII párrafo segundo, al artículo 116 en su fracción VI y el artículo 123 del Apartado en su fracción XII de la Constitución General de la República, al tenor de la siguiente
"Exposición de Motivos"
"Tomando en consideración que las instituciones políticas del país se han renovado con una mayor apertura a todas las ideas y los poderes del Estado han tomado su verdadero papel en la vida política del país, fortaleciendo su independencia en la toma de sus propias determinaciones, es necesario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueda también integrarse a este proceso de renovación, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ah tomado una relevante acción para considerar las interpretaciones que en materia laboral burocrática, entre otras, se han dado en el país.
"Es menester señalar que se tomará en consideración en esta iniciativa el voto particular que emitiera el Ministro José Vicente Anguiano, con respecto a la jurisprudencia 1/1996, en la que se declara inconstitucional el artículo 1º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los trabajadores de los organismos descentralizados, como trabajadores sujetos a lo dispuesto en el artículo 123, Apartado A y al 9 (?), por opinar que éstos no pertenecen al Poder Ejecutivo, al no tener personalidad y patrimonio propio
Y desde el punto de vista del ministro, si son parte del Poder Ejecutivo, por lo que las relaciones laborales deberían basarse en el Apartado B del artículo 123 constitucional, que se refiere a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, que son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, contrario a lo que piensa la mayoría de los ministros de la Suprema Corte, ya que de acuerdo a la jurisprudencia señalada, los organismos descentralizados integran la administración pública sin formar parte del Poder Ejecutivo, lo que ha dado lugar a que las entidades federativas con sus municipios tenga la misma problemática.
"En el artículo 123, en su Apartado A, en su fracción XXXI inciso b) de la Constitución, se mantiene la palabra empresa, ésta no abarca los organismos descentralizados en razón de la época en que se redactó el artículo señalado. No existía la prestación de servicios públicos por medio de estos órganos descentralizados de la administración pública. Sin embargo, por la interpretación que la Corte señala, al no considerarlos parte del Poder Ejecutivo, se hace necesaria una reforma constitucional.
"Adicionalmente el artículo 28 de la Constitución, expresa: El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para su eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritarios donde de acuerdo con las leyes participe, por si no con los sectores sociales y privado, desprendiéndose que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera, lo que da lugar a dividir la parte empresarial de los organismos descentralizados del Estado.
"En este sentido se hace necesaria una reforma para que la Constitución regule las relaciones laborales de los organismos descentralizados como poder público por actividades realizadas, permitiéndonos analizar algunas circunstancias que justifican plenamente esta inclusión. Su presupuesto es otorgado por la Cámara de Diputados y la ejecución del gasto se realiza siguiendo las reglas que para tal efecto dicta la administración central y su supervisión y control queda a cargo de las reglas que para tal efecto señala la administración central mediante la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y su ejercicio es fiscalizado por el órgano superior de fiscalización.
"En consecuencia, las personas que prestan sus servicios a estos organismos, son trabajadores al servicio del Estado y las relaciones laborales deberán estar reguladas en el artículo 123 Apartado B de la Constitución.
"Al reformar con esta propuesta el artículo 123 Apartado B, fracción XII, se resuelve el ámbito federal. Sin embargo, sería inacabada si no se reforma también el artículo 115 en su fracción VIII y el 116 en su fracción VI de la Constitución de la República Mexicana, en virtud de que el Estado Mexicano es un estado integrado por entidades federativas y municipios, los cuales en su ámbito de competencia los legisladores locales expiden la legislación laboral burocrática que consideran adecuada, debiéndose incluir en la actividad burocrática y reconocer a los organismos descentralizados de origen estatal y municipal que sus relaciones laborales tienen en su carácter burocrático.
"Iniciativa. Propone adicionar al artículo 115 fracción VIII constitucional, para que los organismos descentralizados dentro del ámbito municipal en cuanto a los conflictos que se puedan suscitar con sus trabajadores, pertenezcan a la esfera del derecho burocrático y sean considerados trabajadores al servicio del Estado, autorizando a las Legislaturas locales, para legislar sobre esta relaciones laborales.
Por lo que respecta al Artículo 116 reformar en su fase Sexta Constitucional, para darle facultades a los Congresos locales, para que legislen en materia laboral burocrática incluyendo a organismos descentralizados, por lo que hace al ámbito estatal.
Referente al artículo 123 se debe de adicionar a la fracción XII del Apartado B Constitucional, para que los conflictos que se susciten entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, sean considerados como servidores al servicio del Estado, para ser resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al considerarlos parte del poder público federal.
Con base en lo anterior expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía, el siguiente decreto de reforma:
Iniciativa de reforma a los artículos 115 fracción VIII, 116 fracción VI, 123 del Apartado B fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para considerar los conflictos entre los trabajadores y los organismos descentralizados de la federación de los estados y municipios, sean considerados como servidores públicos, cuando tengan como función la prestación de los servicios públicos o en las actividades de asistencia social o fomento en la cultura e investigación científica, para que su actividad jurídica-laboral sea considerada burocrática.
Artículo 1º.- Se reforma el segundo artículo115 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue:
Artículo 115 fracción VIII.- Las relaciones de trabajo entre los municipios, sus organismos descentralizados y sus trabajadores, se regirán por las leyes emitidas las Legislaturas y los estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 2º.- Se reforma al artículo 116 fracción VI de la Constitución, para quedar como sigue:
Artículo 116 fracción VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados, sus organismos descentralizados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas locales, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 3º.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 Apartado B fracción XII para quedar como sigue:
Los conflictos entre los organismos descentralizados de la federación y sus trabajadores, serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Artículo Transitorio
Unico.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el artículo 135.
Señor presidente, solicito amablemente se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto diputado Gutiérrez Romero, de acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Consuelo Camarena Gómez del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5º. Transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 3º. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre del 2002.
La diputada Consuelo Camarena Gómez: Honorable Asamblea:
La suscrita diputada federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción 2ª del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º transitorio del decreto que adiciona el artículo 30 en su párrafo 1º, fracciones 3, 5º y 6º del artículo 31 en su artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar que por pertinencia fáctica se elimine la obligatoriedad del tercer año de preescolar, dejándolo en sólo 2 cursos obligatorios, bajo la siguiente exposición de motivos:
Perdinám Lasaya (¿) afirmó que una ley que está fuera de la realidad es una mera hoja de papel y que una ley que no persigue fines supremos que mejoren y evolucionen la realidad, es una ley caduca. El justo medio aristotélico nos dicta que una ley debe adecuarse a la realidad, hacer que su aplicación sea factible sin perder el sentido axiológico que procure que la realidad sea encaminada mediante tópicos superiores a una mejoría.
Partiendo de que ambas cosas son necesarias para la buena ley, en diciembre del 2004 se aprobó por esta soberanía y la Cámara de Senadores, un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3º constitucional y fracciones 2ª, 5ª y 6ª y el artículo 31 en su fracción 1ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación preescolar, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de diciembre del 2001.
Dicha reforma radica la obligatoriedad del Estado, la impartición de la educación preescolar y para el ciudadano, hacer que sus hijos concurran a obtener esta educación, señalando dentro del artículo 5º transitorio lo siguiente:
"La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos: El 3er año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005, en el 2º año de preescolar será obligatorio del ciclo 2005 al 2006 y el primer año de preescolar
a partir del 2008 al 2009"
El Estado Mexicano habrá de universalizar en todo el país con calidad, la oferta de este servicio educativo.
En materia pedagógica señala las bondades de la estimulación temprana a partir de los 4 años, sin embargo, también es importante subrayar que la forma escolarizada es recomendable a partir de los 4 años, lo cual deja como opcional del ciudadano el tiempo y forma en que quiere educar a un hijo dentro de un sistema ya escolarizado.
Los padres de familia tienen derecho a optar en la forma educativa para sus hijos menores, específicamente en una edad tan temprana como lo es 3 años, tiene como mejor opción la educación en el seno familiar, fortaleciendo la vinculación paterna y materna que le prepara un perfil psicológico, social y axiológico, para entonces a una edad más prudente recibir la educación formal escolarizada.
Desde hace cerca de 20 años, la Secretaría de Educación Pública ha aplicado la política de emplear la cobertura de la educación preescolar concentrando su esfuerzo en las oportunidades de cursar un año de este nivel, que correspondería a los niños de 5 años de edad, aunque en las estadísticas ha resultado conveniente incluir una categoría que agrupe a la población de 4 a 5 años de edad.
El crecimiento de la década antepasada duplicó el crecimiento en este nivel, a un total de 2 millones 734 mil niños en el ciclo escolar 90-91; 10 años después, ene l ciclo 2001 al 2002, la cifra fue de 3 millones 432 mil. Este crecimiento se ha unido a una mayor diversificación de la oferta del preescolar en la que se distinguen los programas de educación preescolar indígena, los cursos comunitarios, las acciones de CONAFE y el crecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI’s, entre otros.
Las cifras más recientes indican que 71 por ciento de la población de 4 a 5 años, está cursando alguno de los tres grados de preescolar; el 84 por ciento de los niños de 5 años y el 59 por ciento de los de 4 años, sólo el 18 por ciento de los niños de 3 años están registrados como matrícula de preescolar, presumiblemente asistirán después de los segundos grados.
En México, siempre se ha contemplado la existencia de la educación inicial que abarca entre los 45 días de nacido hasta los 5 años de edad, que además tuvo funciones de apoyo a los trabajadores y trabajadoras que son padres y no tienen un apoyo familiar.
La Secretaría de Educación Pública, por su parte, ha señalado que más importante es la calidad que la cantidad en cuanto a la instrucción y la educación previa a la primaria. Es decir, con uno o quizá dos años preescolares con calidad, sería suficiente para preparar al niño y uniformar a los estudiantes al entrar al primer grado de primaria
Por otro lado, se prevé que la SEP pueda dar una cobertura amplia y además con calidad, a los niños con 5 años, previo a su ingreso, a nivel primario de su educación.
El Programa Nacional de Educación 2000-2006, señaló como meta a 2006 contar con una educación básica de 10 grados: uno de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria para el sector juvenil del país.
Tras una medida legislativa que visualiza una organización burocrática, laboral y urbana poco efectiva dado el crecimiento de la plantilla docente de instalaciones y gasto corriente que se tendrá que dar, si bien esto es una creación de plazas para maestros y una fuente de empleo importante, su cobertura en la realidad en compleja e incluso imposible.
Sin denostar este logro debemos aclarar que consideramos, es correcta la liga coercitiva de la ley con el ciudadano y el Estado para cursar la educación preescolar; sin embargo, tres grados pre-escolares no garantizan el fin buscado y sí aletargan y dificultan los fines de la esencia misma de la educación preescolar. Suponer que la manera de cumplir con el desarrollo temprano de la psique infantil se da por el aumento de niveles escolares es falso.
Por ello, se debe considerar más ampliamente y de una manera abierta la intervención en educación preescolar que el Estado ejerce, tanto es su utilidad real a la nación como también ver su factibilidad.
Las cifras que se presupuestaron han sido superadas, la demanda del universo profesional que sería la demanda del universo potencial que serían usuarios de este servicio educativo es superior al que el Estado puede garantizar.
En este sentido tenemos que reconocer que no es aún posible que el Estado Mexicano pueda tener una cobertura total de la educación preescolar en todo el territorio nacional.
Por eso debemos, sin dejar de aspirar a una educación mejor, tener presente que la cobertura y la calidad que debe ser de excelencia, debemos de no ignorar la realidad y las posibilidades que como nación tenemos.
Por eso, en el artículo 5° transitorio tendrá que decir: "La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos: el tercero, 2004-2005; el segundo año 2005-2006".
En los plazos señalados del Estado Mexicano, habrá de universalizar en todo el país con calidad, la oferta de este servicio educativo.
Transitorio
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su aplicación en el Diario Oficial.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículo 9° y 19 de la Ley de Planeación. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 28 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: La Educación Superior es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acreditar conocimientos especializados en beneficio de la sociedad y la cultura. La Educación Superior es capaz de transformar a la sociedad, es un factor determinante para la formación de la persona, de sus valores, de su sentido de tolerancia, solidaridad social y amor a la patria y por ésta razón las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad.
La correcta administración y aplicación de los recursos de las instituciones de Educación Superior, es una actividad fundamental que debe ser conducida con estricto apego a derecho.
El subsidio público gubernamental en las universidades públicas del país para el Ejercicio Presupuestal 2004, ascendió a 48 mil millones 645 mil 600 pesos; mientras que para el Ejercicio Presupuestal 2005, se asignaron recursos por 49 mil millones 922 mil pesos, de los cuáles el 65.6% es subsidio federal y el 34.4% es subsidio estatal. El monto total del subsidio gubernamental de las instituciones públicas de Educación Superior, es mayor que el subsidio que reciben varias de las Secretarías de Estado y la mayoría de las entidades federativas del país.
En este sentido la transparencia y la rendición de cuentas, se han convertido en dos características básicas para una buena administración de las instituciones públicas de Educación Superior. El manejo de tan elevados montos de dinero, proveniente de la Federación y de los estados, entraña una responsabilidad enorme frente a la propia comunidad educativa y especialmente frente a la ciudadanía que compone el entorno social de cada institución.
Muchas de las instituciones de Educación Superior en el país, proceden de esta manera, gracias a la calidad de sus dirigentes en algunos casos y por su excelencia de su normatividad que así lo propicia; no obstante este proceder no es la característica distintiva de la generalidad de las instituciones. Tal es el caso reciente del auto de formal prisión dictado al ex Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, José Francisco Rodríguez, preso en la Penitenciaría Estatal, acusado de abuso de autoridad y peculado por más de 25 millones de pesos en perjuicio de la institución que dirigió durante los años 2000 a 2004.
Este tipo de casos sugiere la necesidad de eficientar los mecanismos legales para incrementar la transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas de Educación Superior. Hasta ahora si se quiere saber cómo se aplican los recursos, hay que esperar turno en la Auditoría Superior de la Federación, porque los últimos tres informes de la Cuenta Pública, se han auditado sólo 8 de las 38 universidades públicas del país.
El impulso que los legisladores de todos los partidos políticos, le hemos dado a la transparencia y rendición de cuentas, tanto en la esfera estatal como en la local, toca a todas las instituciones del Estado, incluyendo a las instituciones públicas de Educación Superior.
Aunque se discute que las universidades autónomas están amparadas por la garantía constitucional del artículo 3° de la Constitución, el cual hace referencia a la autonomía universitaria, dicho principio no se vulnera con la verificación que haga la entidad de Fiscalización Superior. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ejecutoria N°. 17, 253 del 16 de octubre de 2002, que a la letra dice:
"La autonomía universitaria no se viola por la verificación que haga la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, de los subsidios federales que le otorgan a las universidades públicas".
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en dicha ejecutoria que el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no impide la fiscalización por parte de la entidad de los subsidios federales, porque tal revisión no significa intromisión en su libertad de auto gobierno y auto administración, sino que la verificación de que efectivamente, las aportaciones económicas que reciben del pueblo, se destinaron por los fines que fueron otorgadas y sin que hubiera hecho un uso inadecuado o incurrido en desvío de los fondos relativos.
La rendición de cuentas es un precepto constitucional que tiene su origen en la reforma al artículo 74 de nuestra Carta Magna y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ambas reformas se realizaron en el año 2000. La primera, sirvió de sustento para la presentación de la Cuenta Pública por parte de los organismos gubernamentales ante la Cámara de Diputados. La segunda, en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que decidió ampararse en contra de la auditoría, aunque finalmente su amparo no procedió.
Al igual que la rendición de cuentas, la transparencia obliga a instituciones de educación superior; en el sentido de la UNAM y la UAM, en el marco de su autonomía pusieron en marcha desde el año 2003 un proyecto para implementar los dispositivos técnicos y administrativos necesarios, para transparentar sus recursos y poder facilitar, a los miembros de la comunidad universitaria y a cualquier ciudadano, la información que solicitara relacionada con la institución.
En aquellos Estados de la República donde se han expedido leyes de transparencia, varias universidades públicas han definido sus propias acciones de transparencia, destacando avances, por ejemplo, en la Universidad de Baja California, en este rubro. La cultura de la rendición de cuentas y transparencia en las instituciones de educación superior, debe ser una constante consagrada en el marco jurídico mexicano.
Por ello, la iniciativa de reformar, que someto a consideración de esta honorable soberanía, es la adición del artículo 28 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con la finalidad de incorporar a nuestro marco normativo la responsabilidad de las instituciones públicas de educación superior en el cumplimiento de sus fines antes sus comunidades y el estado, en relación a la obligación de rendir cuentas al pueblo y justificar el uso correcto de los subsidios que les otorgan.
En virtud de lo anterior expuesto y fundamentado, someto a esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto:
Artículo único. Se adiciona el artículo 28 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para quedar como sigue:
Artículo 28. "Las universidades e instituciones de educación superior públicas deberán sujetarse a la fiscalización externa de la Auditoría Superior de la Federación tratándose de los recursos federales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción VI, artículo 16 fracciones I, IX y XI de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; y en cuanto a los recursos estatales que reciban, se sujetarán a la fiscalización que realice el órgano de Auditoría Estatal correspondiente".
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El diputado Alfonso Moreno Moran: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:
El grupo parlamentario de Acción Nacional, a través del que suscribe, diputado Alfonso Moreno Morán, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de la siguiente exposición de motivos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4º., establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Asimismo, la ley reglamentaria correspondiente, en relación con el artículo constitucional el comento, preceptúa en su artículo 1o. las bases y modalidades para los accesos a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
De lo anterior se desprende que todo mexicano tiene la prerrogativa de acceder a los servicios de salud que ofrece el Estado Mexicano en cumplimiento a los preceptos antes mencionados.
Es obligación de los responsables de los órganos del poder público vinculados a la materia de salud, el que toda la población goce en efecto de atención adecuada y suficiente que le permita ejercer una vida plena y productiva, que se reflejará en una sociedad fuerte y dinámica.
En ese sentido el artículo 2o. fracción V de la ley reglamentaria indica que el derecho de la protección a la salud, tiene como finalidad entre otras, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Cabe decir que la salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, como un estado general de bienestar físico, mental y social y no como una mera ausencia de enfermedades o dolencias.
La tutela del derecho a la salud también cuando éste es ejercido por quien excusa a la niñez, incluye la prevención, la atención, el tratamiento y la rehabilitación.
En la Conferencia de Pekín se subrayó que la discriminación de las niñas en los servicios de sanidad y en materia de nutrición, pone en peligro su salud física presente y futura. También se hizo ver que la maternidad a edades tempranas implica un grave riesgo para la madre y su descendencia y se hizo notar enfáticamente el efecto devastador que la violencia sexual y las enfermedades sexuales incluido el VIH Sida tienen en el grupo conformado por la infancia.
Frente a este panorama uno de los objetivos estratégicos fue precisamente el de eliminar la discriminación contra las niñas en los ámbitos de salud y nutrición. Y las medidas tendientes a lograrlo comprometen a todos los sectores idóneos, familia, escuela y otras instituciones públicas y privadas.
Como parte de esta preocupación que nuestra sociedad debe considerar, se encuentra la atención prioritaria de nuestras niñas, niños y adolescentes, grupo vulnerable en el que se depositan las esperanzas del futuro de la especie humana para el desarrollo nacional.
Al proporcionarles mejor condición de vida no sólo en cuanto a que los recursos materiales se refiere, sino sobre todo de un adecuado sistema de salud que garantice y sea propicio para su sano crecimiento y desarrollo.
La problemática que enfrentan niñas, niños y adolescentes es múltiple y variada. Pero sin duda, la salud, la educación y la pobreza son de los pendientes más importantes. Día a día una buena parte de ellos en México se ve expuesta a las necesidades de servicios de salud que dificultan su crecimiento y desarrollo, padecen grandes necesidades de atención médica como consecuencia de la falta de acceso a una vida digna.
Miles de niños son víctimas de los flagelos de la pobreza y las crisis económicas, el hambre y la falta de hogar, las epidemias, el analfabetismo y el deterioro del medio ambiente.
Como diputado integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y como padre de familia, estoy consciente de las necesidades que enfrentan las niñas, niños y adolescentes y por ello debemos de evitar a toda costa que el descuido de nuestra niñez desemboque en situaciones trágicas incluida la muerte.
Es por ello que debemos darle seguridad a través de un marco jurídico que sea puntual en cada una de sus necesidades más inmediatas para su pleno desarrollo.
De esta manera compartimos y nos sumamos a la preocupación vertida por el Presidente de la República por garantizar los servicios de salud a la niñez mexicana, viéndose reflejada en las políticas públicas implementadas para este sector de la sociedad como es el Seguro Popular.
Sin embargo, para que las políticas sigan siendo exitosas, es necesario fortalecer el marco jurídico efectivo que garantice, sustente y permita la continuación de la política social con la participación de los tres órdenes de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un inciso h) al artículo tercero. Se adiciona el inciso c) del artículo 14; y se adiciona un inciso k) al artículo 28, todas de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:
Artículo tercero.- La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Inciso h).- El goce pleno del derecho a la protección de la salud, educación y alimentación para su sano y pleno desarrollo.
Artículo 14.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:
Inciso c).- Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. Estas políticas públicas deberán garantizar el derecho a la protección de la salud, especialmente para quienes no tienen acceso a las instituciones de seguridad social.
Artículo 28.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:
Inciso k).- Proporcionar servicios de salud gratuitos a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad en los términos de las disposiciones legales aplicables.
ARTICULO TRANSITORIO: Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de febrero de 2006.
Es cuanto diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma el artículo tercero de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales:
El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Que con el objeto de optimizar el tiempo destinado a la presentación de esta iniciativa, referiré a ustedes los elementos de mayor importancia que impulsaron la creación de esta propuesta en el entendido de que el texto íntegro quedará publicado para cualquier consulta posterior en la Gaceta Parlamentaria.
El suscrito, perteneciente a la LIX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la legislación vigente someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales, bajo el siguiente exposición de motivos:
La publicidad de las sentencias que declaran inconstitucional e invalidan una ley, datan de la instauración de los sistemas de control constitucional.
La publicidad es un elemento íntimamente ligado a la aparición del estado de derecho en el transcurso del siglo XIX.
La limitación del poder público por todos los instrumentos puestos en práctica desde la conclusión de la revolución francesa, incluyen el establecimiento de normas generales a través de un cuerpo representativo de la voluntad general que es el parlamento.
La ley es el producto de este órgano provisto de legitimidad democrática. La ley como tal realiza el ideal liberal de la igualdad de los ciudadanos puesto que crea una regulación general sin distinción.
La ley es expresión de la voluntad general del pueblo, en quien reside originalmente la soberanía. Bajo la creencia inspirada de las ideas de la ilustración, la ley constituía una elaboración racional, legítima e implacable, generada en la atmósfera de la discusión parlamentaria. Aparejada a este concepto se postuló la exigencia de someter a todas las autoridades a la ley para así erradicar la arbitrariedad y dar a conocer a la vez a los gobernados, el orden normativo a que debían de atenerse todos ellos como los órganos de poder público.
La publicidad de las normas era necesaria para dar certidumbre a los ciudadanos con respecto a las normas a que deben de ceñirse. A esa exigencia responde la institución de publicaciones o periódicos oficiales que permitan la difusión a los ciudadanos de diferentes actos de autoridad que afecten su situación jurídico-subjetiva.
Desde un punto de vista técnico-jurídico, la publicidad de las normas y de las leyes en particular, se convirtió en una cuestión de seguridad y certidumbre jurídica; se definió como parte del proceso legislativo una fase posterior a la promulgación de la ley en la que su texto debería ser insertado al Periódico Oficial del Estado, cuyo nombre varía de país a país; en boletín, en España, gazzetta, en Italia o diario, como en México. Incluso también como parte del proceso legislativo se previó una etapa en la que la ley una vez publicada demoraba un lapso variable para entrar en vigor y durante el cual razonablemente los gobernados se informarían del contenido de las disposiciones que estarían obligados a observar.
Sin embargo se atemperaron las consecuencias de conocer el contenido de las leyes por los particulares, en cuanto que, aunque no conocieran la disposición, estarían obligados a cumplirla. El aforismo "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", expresa esa inquietud.
Se concluye, por lo anterior, que siendo la ley una norma obligatoria, es una cuestión de legitimidad y seguridad a la vez que sea conocida por los obligados a cumplirla, para cuyo efecto se institucionalizó la figura de los periódicos oficiales que en algunos países figura como rango constitucional, como ocurre en España.
Las cosas que en cada derecho positivo nacional se difunden en los periódicos oficiales, tienen que ver con la política legislativa o normativa o con el respeto de la seguridad jurídica.
No sólo la ley se publica, sino normas generales, o a veces actos concretos de autoridad de un ámbito personal de validez individualizado.
La fijación por escrito de la ley y su publicación, es la versión oficial y autentifica el contenido de manera permanente, de modo que se crea una expectativa de certeza y previsibilidad para los particulares que acceden al texto a través del periódico oficial.
FUNDAMENTACIÓN
Queda entonces claro el sentido de esta propuesta que de forma resumida procura establecer que el Congreso es competente para precisar que las sentencias de la Suprema Corte revisten una publicidad menos rudimentaria que la del simple semanario judicial.
La misma facultad que le sirve al Congreso para construir el sistema de justicia, configurar el funcionamiento de juzgados y tribunales federales y reglamentar los procesos por los que imparte justicia el Poder Judicial Federal, y controla la Constitución; le sirve para establecer la obligación institucional de publicación en el Diario Oficial de la Federación, de todas aquellas resoluciones quienes impliquen o anulen una ley federal, se trata de los artículos 94, 105 y 107 constitucionales.
En otro respecto, el Congreso no tiene ninguna limitación en la Constitución para disponer la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una norma o acto de autoridad de carácter federal, incluso determinando o modulando los efectos de la publicación.
A los gobernados les vulnera su seguridad y la certeza jurídica en general también resulta menoscabada, con una norma invalidada, en primer término, porque pueden ignorar la anulación y con ello no saber de la supresión de derechos que podían ejercer o de obligaciones que debían de cumplir. Seguidamente les afecta que el Poder Legislativo no haga con prontitud los ajustes normativos que requiere la invalidación de la norma inconstitucional y la reacción del Poder Legislativo va en relación con su conocimiento de la sentencia invalidada.
.
"Compañeras Diputadas y Diputados:
"Es por todos los razonamientos anteriormente expuestos que considero que es muy conveniente realizar los cambios al artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, por lo que me permito presentar el día de hoy la siguiente iniciativa con
" Proyecto de Decreto:
"Único.- Se reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para quedar como sigue:
"Artículo 3o. Serían materia de publicación en el Diario Oficial de la Federación, párrafo quinto, los acuerdos de interés general emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las resoluciones relativas a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad en las cuales se haya declarado la invalidez de normas generales.
" Transitorios:
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 44 Bis 1 y 44 Bis 2 a la Ley General de Salud.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante Diputado.
El diputado Francisco Antonio Rojas Toledo: "El suscrito, diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud en materia de responsabilidad profesional de los prestadores de servicios de salud, al tenor de la siguiente
" Exposición de Motivos:
"El ejercicio de la medicina es una de las actividades más respetadas en nuestras sociedades, las personas ponemos en manos de los médicos los bienes más preciados con los que contamos: la salud y la vida.
"Como pacientes confiamos en que sus conocimientos y experiencia nos ayudarán a mantener y restablecer nuestra salud y a salvar nuestras vidas. Ésta ha sido por mucho tiempo la premisa que ha dominado la relación médico paciente. No obstante en muchos factores ha intervenido para que en las últimas décadas esta visión armoniosa esté tendiendo hacia el cuestionamiento del quehacer médico, llevando al profesional a enfrentar demandas por mal ejercicio de la práctica médica, mismas que no solo sitúan en entredicho su honorabilidad sino que ponen en riesgo su patrimonio cuando se incurre en multas y se obliga a la reparación del daño.
"Hay que tener en cuenta que el desempeño en la actividad del médico aunque científica tiene un alto componente de arte. Por lo tanto, difícilmente podría encajar en el grupo de servicios técnicos considerados enjuiciables a través de resultados objetivos.
"La medicina no es una ciencia exacta y por lo tanto nunca puede garantizar resultados, de tal manera que el médico se compromete en una obligación de hacer que lleva implícita una actuación conforme a la lex artris. En este sentido el deber como profesionista de la medicina es sobre todos los medios, es decir, aplica sus conocimientos y habilidades sin asegurar su éxito. De tal manera que entre el paciente y el médico encargado de atenderlo se establece una relación contractual y extracontractual en la que cabe la posible responsabilidad personal del médico, pues la obligación del médico no es de obtener en todo caso un resultado positivo en la recuperación del paciente, sino de proporcionarle todos los cuidados que requiera según el estado de la ciencia.
En términos simples, la responsabilidad es la obligación de responder por nuestros actos. Aplicado este concepto a la responsabilidad profesional del médico, significa la obligación que tiene este profesional de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones o errores voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión.
En México el proceso de industrialización junto con el crecimiento de las actividades relacionadas con el sector de servicios y la modernización tecnológica, ha traído como resultado un incremento en las posibilidades de perjuicios a terceros por parte de empresas y profesionistas, como es el caso de los médicos.
El número de quejas y demandas empieza a crecer de manera exponencial, dando como resultado a lo que hoy se conoce como "medicina defensiva", la que significa la adopción de riesgos mínimos por parte del médico en la atención de un paciente, ante el tenor de que pueda ser denunciado por mala práctica.
El punto es que la acreditación de la responsabilidad frente a los perjuicios puede representar importantes pérdidas patrimoniales a los profesionales de la salud. Por esta razón, en las diversas ramas de la actividad económica a las que no escapa la medicina, ha surgido la necesidad de adquirir protección mediante sistema de aseguramiento contra reclamación de terceros.
Los seguros de responsabilidad civil comprenden el pago de indemnizaciones que el asegurado debe a un tercero, como consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro, es decir, la obligación de las aseguradoras consiste en el pago de los daños materiales, morales y perjuicios por los que el asegurado sea responsable, así como el pago de los gastos de defensa jurídica que éste pudiera erogar hasta agotar la suma asegurada.
En general hay dos modalidades del seguro, la primera se refiere a la responsabilidad civil para los médicos, mediante el cuál éstos quedan protegidos por los riesgos de la práctica profesional dentro de la República Mexicana, independientemente de dónde se realicen, así como los que pudieran enfrentar los empleados, ya sean enfermeras, laboratoristas o camilleros que se encuentren trabajando bajo la responsabilidad del especialista.
La segunda modalidad consiste en la protección que se brinda a hospitales, sanatorios o clínicas, donde se amparan los daños de médicos y empleados en general que se encuentren registrados como tales. En el caso de estos últimos, están cubiertos todos los servicios profesionales que se proporcionan dentro de las instalaciones, así como los servicios adicionales que, en su caso, pudiesen otorgarse, como son los laboratorios de análisis clínicos y las farmacias.
Con la reforma que someto a la consideración de esta honorable asamblea, se establece la obligación de los trabajadores de salud, de las instituciones públicas, de contar con una garantía financiera, preferentemente en forma de seguro, para hacer frente a los reclamos por daños ocasionados a los pacientes de nuestro actuar profesional. Lo anterior permitirá mantener a salvo los derechos del paciente de recibir una indemnización cuando se determine responsabilidad objetiva, producto de la acción de un profesional de la salud.
De esta manera, se busca enfrentar las posibilidades de insolvencia de los potenciales dañadores, lo cual afecta negativamente a uno de los objetivos del derecho de daños, que es la compensación de las víctimas, asimismo se lograría una mayor celeridad en el pago de compensaciones, con la consecuente reducción del costo social.
En este orden de ideas, la posibilidad de que resulte ineficiente el seguro obligatorio por la presencia de riesgo moral, es decir, que el asegurado pueda influir en su conducta, en la probabilidad de que ocurra el hecho contemplado en la cobertura, aparte de los incentivos que contemplen las propias pólizas, se establece un tercero transitorio a la obligación de la Secretaría de Salud de trabajar con una mejor comunicación entre médico y pacientes, ello en virtud de que según la CONAMED cerca del a mitad de los asuntos atendidos por esta institución se deben a información incompleta y distorsionada y a trato inadecuado, aspectos que no están relacionados directamente con la responsabilidad objetiva.
Por lo anterior expuesto, me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 44 bis, 44 bis 1 y 44 bis 2, de la Ley General de Salud.
ARTICULO UNICO.- Se adiciona a los artículos 44 Bis 1 y 44 Bis 2 a la Ley General de Salud.
Artículo 44 Bis.- El personal sanitario que preste sus servicios en las unidades de atención médica y hospitalarias de las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, deberán contar con un seguro de responsabilidad u otro aval financiero que garantice el pago de las eventuales indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a personas como consecuencia de los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que preste la institución.
La contratación de las coberturas de las unidades públicas de Salud, se realizará en conformidad con los lineamientos sobre los riesgos incluidos y excluidos que establezcan en su ámbito de competencia la Secretaría de Salud, las entidades federativas y el Distrito Federal y las instituciones públicas de seguridad social.
El costo de la prima del seguro será absorbido por los trabajadores y la institución en términos acordados por las partes.
Artículo 44 Bis.- Los prestadores de servicio de Salud de carácter social y privado, con excepción de servicio personal independiente, están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil profesional, que responde a las indemnizaciones por daños a los usuarios en ejercicio de su actividad sanitaria.
Artículo 44 Bis 2.- La persona afectada así como la aseguradora, en su carácter de representante asegurado, podrán recurrir a los mecanismos de conciliación y proceso arbitral que ofrece la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las Comisiones de Arbitraje Médico existente en las entidades federativas, a fin de determinar la existencia de responsabilidad civil y la posibilidad de indemnización a la víctima, paciente o tercero afectado que de esto se derive.
ARTICULO TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las instituciones públicas de Salud contarán con 90 días a partir de la publicación del presente decreto para emitir los lineamientos para la contratación de los seguros de responsabilidad profesional personal e institucional que les competan.
TERCERO.- La Secretaría de Salud impulsará programas formativas de mejoras de la comunicación entre prestadores y los usuarios del servicio de Salud.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. La iniciativa que adiciona los artículos 44 Bis, 44 Bis 1 y 44 Bis 2 de la Ley General de Salud presentada por el señor diputado Rojas Toledo se turna a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado José Sigona Torres del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado José Sigona Torres: Muchas gracias, muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, compañeros diputados.
El suscrito diputado federal José Sigona Torres integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, 56 y 62 y demás relativas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del H. Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones legales a la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de prevención del delito, mismo que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda alguna en la actualidad la seguridad pública constituye una de las asignaturas que más preocupa a la sociedad y al gobierno mexicano. Al efecto, la magnitud de este problema debe ser objeto de atención y de urgente propuesta de solución.
El fenómeno de inseguridad constituye una condición esencial de retroceso que atenta, en todo momento, contra el modelo de desarrollo y bienestar de la población, por ello, modernizar la capacidad inhibitoria del delito, constituye una tarea prioritaria del Estado, siendo la delincuencia en estos momentos el peor enemigo de la sociedad mexicana. En tal virtud, el Estado Mexicano, entendido éste en sus distintos ámbitos de gobierno, se encuentra obligado a formular con la colaboración directa de la sociedad, políticas que tiendan a la estructuración de un eficiente sistema de seguridad pública.
En este sentido, la importancia que juega el aspecto de la prevención dentro de la política criminal del país es fundamental para poder encarar con eficiencia el agudo fenómeno delictivo que enfrentamos en la actualidad. Por tal motivo, los legisladores de Acción Nacional hemos conceptualizado a la seguridad pública no sólo como una acción estatal de persecución de conductas delictivas, sino también como una política que deberá estar basada en la prevención científica de la comisión de delitos, entendiéndose ésta como el conocimiento anticipado de la probabilidad de una conducta antisocial disponiendo de los medios adecuados para evitarla.
En efecto, no es posible concebir hoy en día a la prevención como una acción aislada, toda vez que una concepción limitada sin duda contribuye al fracaso de cualquier medida implementada por el Estado en la lucha contra la delincuencia, ya que la seguridad pública implica un conjunto de asignaturas: prevención, procuración, administración de justicia y readaptación social, que deben funcionar de manera estructurada y perfectamente coordinada en cuanto a sus acciones y resultados. Es por ello que también desde el ámbito legislativo del cual formamos parte, se hace necesario establecer una base legal firme de prevención del delito, erradicando las viejas prácticas que se centran únicamente en la represión del delito, en donde sólo se plantea como supuesto que el individuo que comete el delito habrá de ser castigado, es decir; se ataca el hecho delictivo, no las causas que lo producen o los factores que lo favorecen. En este sentido, la política criminal se plantea como un intento de hacer frente a la gravísima crisis que padece en general el sistema de justicia de nuestro país, y en donde la sociedad se encuentra ávida de respuestas y resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia que día a día carcome con mayor brutalidad el tejido social sobre el que descansa la estructura misma del Estado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, preocupados por contar con disposiciones legales eficaces, que propicien la conformación de un adecuado marco jurídico en materia de seguridad pública, presentamos con todo respeto a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones legales a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prevención del delito.
Unico. Se adiciona el Título 4º denominado "De la Prevención del Delito", recorriéndose en consecuencia el actual Título 4º para quedar como Título 5º, así como que se adicionan los artículos 51 Bis y 51 Ter a la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Título 4º, "De la Prevención del Delito". Artículo 51Bis: Las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen como misión primordial la prevención del delito. El Consejo Nacional de Seguridad Pública estará facultado en el ámbito de su competencia, para establecer mecanismos e implementar acciones tendientes a evitar los factores que generan o favorecen las conductas antisociales, así como a inhibir la realización de conductas delictivas. Para tal efecto, los miembros de las instituciones policiales, principalmente los pertenecientes a la Policía Preventiva, podrán desarrollar labores de recolección, procesamiento, análisis, interpretación y difusión de información que permita la planeación de la vigilancia y de los operativos para inhibir la realización de conductas que puedan constituir delito y, en su caso, detener a presuntos responsables de la comisión de conductas antisociales en flagrancia, debiendo hacer del conocimiento inmediato del Ministerio Público, hechos que pudieran ser constitutivos de delito.
Artículo 51 Ter.- En las actividades de prevención del delito y para la obtención de información, las instituciones de seguridad pública, podrán instalar y operar en lugares públicos, así como en vehículos oficiales debidamente identificados, cámaras de circuito cerrado de televisión o de cualquier otra tecnología con propósitos de vigilancia en los términos que dispongan las leyes demás ordenamientos respectivos.
Las policías preventivas podrán desarrollar operativos de vigilancia para detener en flagrancia a presuntos responsables de la comisión de delitos mediante el uso de los medios idóneos para tal fin, respetando en todo momento los derechos humanos y ajustando su comportamiento a lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y demás ordenamientos aplicables.
Título Quinto, que es el que se recorre, que es referente a los servicios privados de seguridad con sus artículos 52 al 54.
Transitorios
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es tanto, señor Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
La iniciativa que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de su servidor, diputado Álvaro Elías Loredo, se pospone parar su presentación.
Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Salud.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: El suscrito diputado federal, José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El reconocimiento teórico y práctico de la superioridad de la persona humana implica que es el centro y razón de ser, es decir, el sujeto, principio y fin de la vida social y política.
En efecto, la persona humana y la promoción de sus derechos y su desarrollo debe de ser el motor que nos impulsa a todos los servidores públicos y uno de esos derechos se establece en el párrafo tercero del artículo 4° constitucional, que garantiza el derecho a la salud de todas las personas.
En este derecho está comprendida la atención médica que es la actividad a la que he dedicado la mayor parte de mi vida. Al conocer y participar en la medicina, sé lo trascendente que resulta para el tratamiento del paciente la comunicación con su médico, esta relación no sólo incide en el estado de ánimo, sino que se ve reflejada en el desarrollo y en el resultado de su tratamiento y como consecuencia lógica en una mejoría en su salud.
Los valores de Acción Nacional nos llevan a una política con rostro humano y es precisamente esa humanidad la que hay que devolverle a la ciencia médica y qué mayor ejemplo que la humanización de la comunicación entre el médico y su paciente.
Progresivamente la atención médica en nuestro país ha logrado grandes avances; sin embargo, este esfuerzo no puede quedar únicamente en las acciones administrativas, tenemos la oportunidad y el enorme reto de ir más allá garantizando el derecho de una atención más cercana entre el paciente y el personal médico que lo atiende.
Por experiencia sé y conozco de primera fuente la desesperación de una persona cuando se enfrenta a la enfermedad. Por eso, en nuestro juramento los médicos nos comprometemos a actuar siempre en beneficio del enfermo y en pos de ese beneficio es importante darle al enfermo la oportunidad de elegir al médico que lo atiende, incluso en las instituciones públicas, para conseguir una mayor comunicación que se verá reflejada en una mejoría en praxis.
La Ley General de Salud establece los derechos de los usuarios de los servicios de salud dentro del Título Tercero y particularmente en el Capítulo Cuarto Artículo 51, donde dispone que los usuarios tendrán derecho a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.
A pesar de estar de acuerdo con el texto vigente, como médico considero que debemos de ir más allá en la protección de los derechos de los pacientes. En ese sentido se ha manifestado también la Secretaría de Salud en su Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, manifestando en su informe de desempeño, que en 2001 y 2002, el énfasis de esta cruzada se orientó a mejor los aspectos interpersonales de la relación entre usuarios y prestadores de los servicios de salud. No es suficiente lograr una cobertura universal, es importante implementar más la calidad y la calidez en el tratamiento de los pacientes.
La intención de la presente iniciativa es la de dar continuidad a esta preocupación, procurando que los pacientes o los usuarios de os servicios de salud, tengan la oportunidad de elegir al médico o profesional de salud con el que sientan más confianza o afinidad, fomentando asimismo un mejor desempeño de los profesionales para que el paciente se sienta más satisfecho con sus servicios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 4°, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la salud, así como los artículos 71, fracción II y 73 fracción XVI del mismo ordenamiento y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 51 actual. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.
Se adiciona el párrafo que dice:
"Los usuarios tendrán la facultad de elegir en función de las posibilidades de la institución pública de salud, al médico que se encargará de su atención".
Transitorio.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Proceda la Secretaria a dar lectura a un comunicado de la Junta de Coordinación Política, dirigido a esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicado de la Junta de Coordinación Política, para que se incluya en el orden del día, de la presente sesión, el posicionamiento de los grupos parlamentarios, respecto a la expulsión de una delegación de funcionarios cubanos, del Hotel Sheraton "María Isabel", del Distrito Federal ocurrido el pasado 4 de febrero de los corrientes)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Señor Secretario, sírvase dar a conocer a la asamblea un comunicado más de la Junta de Coordinación Política.
Proceda la Secretaría a tomar la votación económica del comunicado que se acaba de dar lectura.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de incluirse en el orden del día, el punto propuesto por la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Continué la Secretaría con el segundo comunicado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicado de la Junta de Coordinación Política, solicitando se incluya en el orden del día de la presente sesión, el posicionamiento de los grupos parlamentarios, respecto al LXXXIX Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Proceda la Secretaría a someter a votación económica el comunicado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la inclusión en el orden del día de la propuesta realizada por la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud, habremos de continuar con el posicionamiento de los grupos parlamentarios con respecto a la expulsión de una delegación de funcionarios cubanos del Hotel "María Isabel Sheraton" en el Distrito Federal, el pasado viernes 3 de febrero.
En tal virtud, tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Jesús González Schmal, por cinco minutos.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadana Presidenta.
En efecto, no podía pasar desapercibido a esta representación nacional el vergonzoso hecho acaecido precisamente aquí, en la Capital de la República, apenas hace dos días.
En esa –diría yo- incalificable actitud de la política exterior norteamericana que ahora denominan "política preventiva", llegó al extremo de violentar cualquier norma de derecho internacional positivo, pero también violentar las mínimas normas de decoro y respeto a la soberanía de otros países, cuando, desde la Oficina del Tesoro Norteamericano, se indica, se ordena a una empresa que tiene en México la franquicia, la hospitalidad del país para ejercer en el ramo, en el giro de hotelería, le ordena, a través de los conductos oficiales, que inmediatamente ejerza el desalojo, el despido de los huéspedes de nacionalidad cubana, que, por cierto, habían sido convocados a esa reunión nada menos que por negociantes norteamericanos que estaban interesados en hacer negocios con Cuba en materia de energéticos.
Pero, aquí, debemos advertir que este hecho no es casual, que no es fortuito; que deriva ya de una permisibilidad, de una licencia que el Gobierno de Vicente Fox había dado reiteradamente a los norteamericanos desde aquella vez que, en la Ciudad de Monterrey, tuvo la osadía, tuvo la incalificable idea de despedir del país nada menos que al Presidente de la República de Cuba, diciéndole que porque venía el Presidente Norteamericano, tenía que salir de nuestra Nación.
Es evidente que este precedente tiene que ver ahora con la licencia, con la decisión que tomó el Tesoro Norteamericano, para disponer, a través de una empresa transnacional, del derecho de la aplicación extraterritorial de la Ley "Helms Burton".
Este hecho, señoras y señores diputados, no puede ser simplemente otro más entre los excesos, entre las arbitrariedades de el Gobierno de Washington. Tiene que comparecernos, tiene que encontrarnos frente a nuestra propia política exterior.
¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos derrumbado? ¿Qué pecados hemos cometido para ser objeto de este maltrato, de este desprecio por parte del gobierno de Washington, cuando antes éramos respetables no sólo ante Washington, sino ante muchas otras naciones?
¿Qué ha pasado con nuestra política exterior? ¿Qué ha pasado con el artículo 89, con la fracción décima, respecto de la prestancia, de la energía, de la verticalidad de México frente a otras naciones del mundo respetando la soberanía territorial y la soberanía jurisdiccional de cada país? Todo esto ha sido barrido por la imprudencia, por la incapacidad de quienes hoy están manejando este delicado tema de el Estado Mexicano.
Basta ver con lo que apenas declaró ayer Derbez; otra vez ese Derbez que dice: "…estoy seguro que el desalojo de funcionarios cubanos del hotel Sheraton, no fue un acto de desprecio; no fue una arbitrariedad; no fue una aplicación extraterritorial de la Helms Burton; fue un acto de discriminación-"
Bueno, ¿habrase visto tal confusión de conceptos? Se trata de una intervención, de una injerencia de Washington, directo en territorio mexicano, en decisiones que corresponden a mexicanos exclusivamente. Y este acto de allanamiento, de vulneración a la dignidad de los invitados cubanos, debe ser evidentemente, enérgicamente exigido ante el gobierno de Washington, como un agravio que se nos hace a los propios mexicanos en nuestra propia casa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputado González Schmal.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, por 5 minutos.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La agresión que sufrió la comitiva de funcionarios cubanos por parte de la gerencia del hotel "Ma. Isabel Sheraton", obedeciendo órdenes del gobierno de los Estados Unidos, bajo el argumento de cumplir con la Ley Helms Burton, está al nivel de aquel vergonzoso episodio del "comes y te vas".
La delegación de funcionarios cubanos tenía previsto reunirse con representantes de las empresas petroleras norteamericanas, que están interesadas en exploración y explotación de petróleo cubano. Dado que el gobierno de Bush sabe de la importancia estratégica que significa desarrollar la industria petrolera en Cuba, trató de boicotear por todos los medios el que funcionarios cubanos de la rama del petróleo y empresarios norteamericanos tuvieran acercamientos para emprender negocios en la isla, ya que sólo le interesa el negocio del petróleo en el que participen él, su familia y sus empresas.
Por lo tanto, está claro que los directivos del hotel "María Isabel Sheraton", no pueden actuar como filibusteros del gobierno norteamericano.
Asimismo, el gobierno mexicano está obligado legal, moral y políticamente, a denunciar este hecho. Pero también de exigir directamente al gobierno de Bush de no entrometerse en nuestro territorio, queriendo extender una supuesta ley que debe tener validez para su país pero no para el nuestro.
El Presidente Fox, lo menos que debe exigir es respeto para nuestro país, su soberanía y nuestras leyes. Dado que el pueblo le confirió el mandato de defender México ante cualquier circunstancia que vulnere su autonomía e independencia.
Fox debe recordar que nuestro país tiene desde octubre de 1996, la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras, que contravengan el derecho internacional, que establece claramente la prohibición de que en el ámbito territorial del Estado Mexicano se apliquen leyes de otros países con carácter extraterritorial.
Por tanto, exigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores se impongan al hotel "María Isabel Sheraton", las sanciones previstas en el artículo noveno de la ley antes citada.
Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal también está obligado a aplica la ley imponiendo las sanciones que corresponden al mencionado hotel por aplicar leyes ajenas al estado de derecho de nuestra nación.
El Congreso de la Unión está obligado a tomar cartas en el asunto y a asumir la responsabilidad que le corresponde a efecto de evitar una sucesión de eventos que puedan producirse en el futuro, encaminados a vulnerar nuestra soberanía ya desconocer nuestro estado de derecho.
Desde esta tribuna queremos decirle al pueblo y gobierno de Cuba que el pueblo de México no avala y por el contrario repudia el trato grosero, discriminatorio y a todas luces vengativo que una empresa norteamericana dio a destacados funcionarios de la industria petrolera de Cuba.
También queremos que sepan que le pueblo mexicano siempre estará del lado del pueblo cubano en su lucha y resistencia contra los ataques del imperio. Nos oponemos a que el gobierno de los Estados Unidos quiera subordinar a otra nación.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo condena enérgicamente el trato dado a los funcionarios cubanos por los directivos del hotel María Isabel Sheraton, pero también condenamos la tibieza con que el gobierno del presidente Fox quiere conducirse en este asunto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted compañero diputado Espinoza Ramos.
La siguiente intervención corre a cargo de nuestra compañera, la diputada María Avila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Los hechos: El hotel Sheraton María Isabel informó el viernes pasado que expulsó a 16 funcionarios cubanos por órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La delegación cubana se encontraba participando desde el jueves en un encuentro con empresarios del Estados Unidos en dicho hotel para explorar posibilidades de negocios en el mercado energético de Cuba.
La medida ordenada por la oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, según explicó el portavoz de la compañía, fue en aplicación del embargo comercial contra Cuba según establecen las normas estadounidenses.
Para el Partido Verde Ecologista de México esta actitud a simple vista es inadmisible. Se requiere una investigación escrupulosa e inmediata ya que permitir que pueden aplicarse las leyes de otro país en México es algo que atenta contra la soberanía nacional.
Para nadie resulta desconocido que los Estados Unidos tiene una arraigada tradición de pretender dar un efecto extraterritorial a algunas de sus propias leyes.
El caso más parecido al mexicano ocurrió durante la administración de Bill Clinton, cuando su Departamento del Tesoro pidió a la empresa Wall Mart Canadá el retiro de la venta de pijamas hechas en Cuba bajo el argumento de que eran violatorias de la Ley Hells Burton.
El gobierno canadiense logró desactiva la petición del Tesoro toda vez que ese mismo año había puesto en vigor la ley contra la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.
Uno de los efectos de la legislación es convertir en un delito la aplicación de la Ley Hells Burton, en Canadá, Otawa. Aplicó esta legislación en varias oportunidades para defender el derecho de las empresas canadienses de comerciar con Cuba e impedir que Washington aplicara su legislación en territorio canadiense.
No podemos y no debemos caer en las explicaciones simplistas de que este es un asunto entre particulares, como dijo en un primer momento la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El asunto de fondo es que una disposición legal extranjera no puede ser aplicada en el territorio libre y soberano de México. Toda empresa extranjera establecida en México debe cumplir nuestros ordenamientos jurídicos, y en caso de disputa someter sus diferencias en los tribunales nacionales. Esta es una potestad de todo estado moderno.
El hotel violó al menos cuatro leyes, entre ellas, el artículo 1º de la Constitución, las leyes Federales de Turismo y la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley para Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
En México las leyes rigen a todas las personas que se encuentren en la República Mexicana, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes. Por ende una ley extranjera n puede bajo ninguna circunstancia aplicarse dentro del territorio nacional.
En la actualidad la exclusividad de la competencia territorial del Estado como principio consuetudinario, no tiene discusión. La limitación primordial que impone el derecho internacional es aquella de excluir, salvo la existencia de una regla permisiva contraria, todo ejercicio de su poder sobre el territorio de un tercer Estado. Lo anterior quiere decir que por el hecho de que el Estado es soberano sobre su territorio y que esta soberanía es exclusiva, ello impide a un Estado tercero, el poder ejercer el más mínimo acto de autoridad sobre el territorio del primer Estado.
En México no hay y no debe haber ningún tipo de discriminación por raza, nacionalidad, credo político o religioso ni ninguna otra razón. Esta es una de las virtudes de nuestra Carta Magna aún vigente y por lo mismo respetable bajo toda circunstancia. México está abierto a los visitantes extranjeros que contribuyen a la estabilidad de la economía y todos nacionales y no, tienen las garantías y protecciones que la ley otorga en materia de tratos mercantiles y de servicios.
En nuestro país sólo deben aplicarse las leyes mexicanas y estamos obligados a hacer respetar nuestro Estado de derecho.
Urge una investigación en este hecho lamentable, y sobre todo, que el gobierno mexicano actúe con base en las leyes mexicanas, pues en la medida en que las haga respetar, serán asimismo respetables. Es cuanto y muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Ávila Serna.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados: El hecho que está comentándose en este momento en la Cámara, es ante todo la violación de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que contravengan el derecho internacional, que prohíbe a las personas físicas o morales, públicas o privadas, que se encuentren en el territorio nacional, a aquellas cuyos actos ocurran o surtan efectos total o parcialmente en dicho territorio, así como aquellas que se sometan a las leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio, la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras.
Esto demanda una sanción de parte del gobierno mexicano. Por encima de la violación de otras normas, es evidente que la empresa hotelera aplicó una ley con efectos extraterritoriales, pero esa ley es una ley del Congreso de los Estados Unidos de América. Está prohibida su aplicación en México, por cualquier persona, sea nacional o extranjero, sea una empresa nacional o extranjera, porque las empresas nacionales y extranjeras están por igual sometidas a las leyes mexicanas, y debe, desde luego, que aplicarse una sanción.
Sin embargo creo que lo más importante no sólo es éste hecho como hecho aislado. Si a esto sumamos la última carta del embajador de los estados Unidos en México donde se atreve a decir lo que las autoridades mexicanas deben hacer en materia de seguridad pública para hacerle frente al crimen organizado, y las declaraciones del señor Negroponte, ubicando al Estado mexicano como uno de los Estados más débiles en la lucha en contra de la delincuencia y del crimen organizado, comparándolos con Afganistán y con Haití.
Y ahora la aplicación de la Ley Helms-Burton en el territorio nacional, cosa que no había intentado hacerse durante muchos años, la pregunta que tendríamos que hacernos como representación nacional es: ¿si el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo una escalada de actos para tratar de presionar o de provocar al gobierno de México y en general al Estado mexicano?
Por lo desusado, por lo extraordinario, de estos tres acontecimientos que yo he señalado, pareciera que en efecto desde Washington se está planteando una modificación de la política exterior de Estados Unidos hacia México y una actitud de provocación hacia el Estado mexicano en su conjunto.
Creo que el Presidente de México debería poner estas cosas muy en claro, no dejar estas situaciones sueltas, establecer una interlocución que aclarara esta situación con el gobierno de los Estados Unidos e informar al país el propósito de estas declaraciones y de estos actos, que son ofensivos al Estado y a las leyes mexicanas y que evidentemente afectan o pueden llegar a afectar profundamente las relaciones entre México y los Estados Unidos. Una actitud, a la altura de la exigencia, tendría que ser tomada por el gobierno de México con el apoyo naturalmente del Congreso mexicano. Eso es todo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Gómez Alvarez.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia, señora Presidente.
Este lamentable hecho del caso Sheraton tiene antecedentes y debe tener consecuentes. Dentro de los antecedentes tengo que mencionar que para el Partido Acción Nacional históricamente ha estado en contra del bloqueo a Cuba y en contra de sus derivados como lo son la Ley Helms-Burton y la llamada Negociando con el Enemigo.
De manera consistente el Partido Acción Nacional y su grupo parlamentario ha exigido a los gobiernos respectivos, federales, usen las instancias internacionales como es la mismísima Naciones Unidas, para que México se pronuncie en contra de este tipo de prácticas injustificables.
Ahora no debe ser México arena de confrontación diplomática, al estilo guerra fría, entre Estados Unidos y Cuba. El gobierno norteamericano, y en esto coincidimos con el diputado Pablo Gómez, ha estado como que teniendo regresiones en este respecto.
Y a la cuestión de Negroponte o a la cuestión de Tony Garza tendríamos que añadir, señor Diputado, la cuestión del muro fronterizo; otra característica más de una regresión a un clima de guerra fría.
México por lo tanto tiene que enfatizar las consecuencias a este hecho. México tiene que hacer vale su soberanía y la mejor manera de hacer valer la soberanía es aplicar la ley. El Estado Mexicano cuenta con una ley antídoto que es precisamente la Ley de Protección al Comercio y la inversión de normas extranjeras, que es aplicable justamente contra las que mencioné anteriormente.
Es de reconocer también que ante el llamado del gobierno cubano al Embajador Mexicano en ese país, se dio ya una respuesta el día de ayer y el día de hoy el gobierno cubano da por positiva la respuesta que el gobierno mexicano le ha transmitido a este respecto, en donde se enfatizan, como he mencionado, las respuestas de orden jurídico para hacer vale la soberanía nacional tanto en el nivel federal, con la ley antídoto, como con diversas disposiciones de instancias como la PROFEPA y la CONAPRED y también donde se debe llegar hasta las últimas consecuencias en el Gobierno del Distrito Federal, ya que cuentan con una legislación que el compañero Toscano propuso en su tiempo, en donde se norma precisamente los servicios que dan las empresas en la capital, en donde no puede aceptarse ni la discriminación ni mucho menos la confiscación de bienes, y en este caso un efectivo, un activo económico, y mucho menos mandarse al extranjero.
Por lo tanto, tenemos que ser muy enfáticos. No podemos ser arena de conflictos que no son nuestros. México tiene que concentrarse en ser un país con una política exterior independiente, basadas en principios como son los derechos humanos, la democracia, el respeto al derecho internacional y no deben permitirse intentos o pretensiones de extraterritorialidad; eso no debe ser, hay que hacer el énfasis de que esas consecuencias se tienen que dar y que la respuesta que da Relaciones Exteriores tiene que llegar ya a sus últimas consecuencias, de la mano de la PROFECO, de la CONAPRED y del Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. (Aplausos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Cortés Jiménez.
Finalmente para concluir esta ronda, tenemos la presentación en tribuna del diputado José Rangel Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Rangel Espinosa: Muchas gracias. Con su anuencia, diputada Presidenta.
Con el respeto y el afecto de siempre, compañeros legisladores, en particular al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, partido al que pertenecen el Presidente Fox y el Secretario Derbez, responsables, en primer término, de las relaciones con nuestros vecinos, con los países vecinos.
La expulsión de ciudadanos cubanos de un hotel mexicano, mexicano, operado por una trasnacional, es un asunto político, de política de gobierno, de la forma en que en el Poder Ejecutivo se ejerce el mandato popular ahí depositado, obviamente también el asunto contiene aspectos jurídicos, a saber, por lo que se difunde en los medios de comunicación masiva, se violan leyes federales y locales con esta acción.
Pero en nuestra opinión, los problemas relevantes, los que nos deben ocupar, son dos: esto que sucede, es el resultado de la política errática, entreguista a los intereses económicos que están más allá de nuestras fronteras, a los intereses económicos de esas empresas transnacionales, del que la actora de este hecho bochornoso en México forma parte, así como los bancos y quienes están interesados en el petróleo y en otro tipo de bienes nacionales, como ya aquí se refirió.
Por otro lado, no acaba de entender el gobierno foxista-panista, de que no sólo hay un vecino norteño, también tenemos vecinos en el sur, y también la isla es un vecino nuestro, porque si descontamos los derechos internacionales de mar, realmente los kilómetros que nos separan como país de Cuba son nada.
Entonces vamos aceptando y procurándonos esa buena vecindad, son nuestros vecinos del oriente, tenemos en el norte, tenemos en el sur, y éstos serían los del oriente. Recién estuve en la isla y ellos anhelan que volvamos a ser sus aliados de occidente.
Entonces vamos nosotros a defender esa postura, insisto, más allá de lo que pueda pensar el presidente y el canciller en turno.
El problema también, para que quede claro, no es con los partidos de oposición, no es con nosotros, el problema del presidente, es con la historia de México. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Rangel Espinosa.
A continuación el siguiente punto de nuestro Orden del Día es el posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del Octagésimo Noveno Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
En este sentido, tiene el uso de la voz, nuestro compañero diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla del Partido Convergencia por cinco minutos.
El diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla: Muchas gracias presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
Es digno de encomio el hecho de que se incluya el recuerdo, en esta ocasión, a nuestra Carta Magna, y es digno de encomio por el hecho de que cumple un año más, ochenta y nueve años venerables, en que ha intentado darle estructuración jurídica y política a un pueblo deseoso de seguir amando la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad y la igualdad.
En que ha intentado estructurar armónicamente a los órganos de gobierno primario del Estado, asignarles un marco competencial. En que ha intentado establecer el tipo, la calidad de relación que debe existir entre gobernantes y gobernados y en que ha intentado también nuestra Suprema Carta, establecer el catálogo de derechos que ha de proteger a los gobernados frente al poder unilateral de la autoridad: al Poder del Estado Mexicano.
Todo esto hace en sí mismo venerable a nuestro gran documento, habría que agradecer de aquí y hasta donde estuviere, al ilustre "Barón de Cuatro Ciénegas", a don Venustiano Carranza, gracias por ser el impulsor desde el Plan de Guadalupe, de nuestra venerable Carta Magna, pero hoy habría que mirarla como algo más que un instrumento ordenador del esfuerzo de un pueblo noble y digno como el nuestro; habría que verla mas que como un instrumento a manera de normas jurídicas que intentan establecer la paz y la armonía social en nuestro país; habría que mirarla como un catálogo de los grandes valores que condensa el pueblo de México; los grandes fines que el pueblo de México se ha asignado y que no han variado desde su promulgación aquel 1º de mayo de 1917, pese a que se presentación previa fue el 5 de febrero en el Teatro de la República, del año citado y no han variado y esto se advierte simplemente al leer la exposición de motivos de la Constitución abuela de la que nos rige.
En 1824 los constituyentes querían legarle al pueblo de México un Ejecutivo lo suficientemente fuere como para hacerse gobernar en el interior y respetar en el exterior; un Legislativo lo suficientemente ágil, pero sin que legislara bajo precipitaciones y extravíos; un Judicial lo suficientemente autónomo e independiente como para poder resolver las controversias que se susciten en una sociedad heterogénea, compleja y activa como la nuestra.
Nótese cómo los principios en buena medida siguen siendo vigentes desde la Constitución abuela de la Constitución que nos rige. Por eso hoy, al venerar a nuestra Constitución a través de este recuerdo, habría que mirarla mas que como un conjunto de normas jurídicas que intentan establecer esa armonía social que nos permita seguir evolucionando por la espiral ascendente como nación, habría que mirarla como ese crisol maravilloso, continente de valores preciados para el pueblo de México: su libertad, su justicia y su independencia; su educación, fundamentales valores que ojalá sigan animando el acto diario de autoridad y también la responsabilidad cívica que a todos nos debe conducir.
Enhorabuena y felicidades a nuestra Constitución.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Moreno Garavilla.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia señora Presidenta. Legisladores y legisladoras:
Conmemoramos en este día el 89º Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. Nuestra Constitución fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales y de la soberanía de la nación sobre los recursos y riquezas asentados en nuestro territorio.
Asimismo, los diputados Constituyentes plasmaron en ordenamientos legales la modernización del aparato político y administrativo del país; el trabajo y la tierra fueron objeto de una mayor atención.
Los artículos 27 y 123 de nuestra Constitución, cobijaron y protegieron los recursos más importantes que poseíamos y que a la fecha siguen siendo fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestro país.
Las enormes masas de analfabetas también fueron consideradas como una de las prioridades centrales para que los mexicanos tuvieran una vida digna y productiva.
El artículo 3° de nuestra Constitución, como sabemos, garantiza el carácter gratuito y obligatorio de la educación para todos los mexicanos.
El municipio libre, célula fundamental de nuestra organización política y administrativa, está contemplada, y la magna ley de 1917 garantiza su autonomía e independencia.
Nuestra Constitución es ejemplar en su versión original, porque no hay un solo renglón de la vida política, social y económica de nuestro país que no esté considerada y en los cuales se puso énfasis para promover el crecimiento con igualdad.
El desarrollo y la modernización de México a lo largo del siglo XX, fue producto, sin duda, de este notable esfuerzo que los Constituyentes hicieron para tener una patria más digna y generosa.
Sin embargo, la realidad actual de nuestro país hoy nos plantea situaciones radicalmente distintas que en nada se asemejan al proyecto de nación que se desprende de la Constitución de 1917.
La ley se ha torcido y los cambios políticos neoliberales que se han hecho en el marco constitucional y en las leyes secundarias, han cambiado el nombre de perfil de la cual se le dotó a nuestra Carta Magna en 1917.
Hoy tenemos una Constitución mutilada, en muchísimos de sus aspectos y con la amenaza de la seguirla cambiando para seguir generando pobreza y desigualad social en nuestro país.
Los nefastos cambios estructurales, que según lo neoliberales son necesarios, no harán otra cosa más que sumirnos en el subdesarrollo y en el atraso. Por eso las fuerzas progresistas de nuestro país, hemos dicho un ¡no! rotundo a dichos cambios. Al contrario, lo que deseamos y sin duda conseguiremos, es que nuestra Constitución retome el espíritu y el aliento de los Constituyentes de 1917.
Los nobles ideales de los revolucionarios deben de restituirse, el pueblo como en 1910, sigue ávido de justicia, de libertad, de empleo digno, de educación, de seguridad, en suma, los mexicanos y las mexicanas queremos una vida más digna.
No es posible que en México tengamos en los albores del Siglo XXI más de la mitad de la población mexicana en situación de pobreza extrema; no es posible que tengamos que vivir atemorizados de manera permanente ante la ola de violencia que ha desatado el narcopoder en nuestro país; no es posible que nuestros hijos y nosotros mismos, no tengamos acceso a la educación, a la salud y a una vivienda digna; no es posible que tengamos que emigrar al vecino país del norte para dar de comer a nuestras familias.
Este Aniversario de la Constitución, no debe de ser una simple retórica ni una simple reflexión, debe ser ante todo un acto de lucha y de reconocer que debemos de estar con el pueblo y que desde nuestra trinchera haremos todo lo posible por mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos y de las mexicanas.
Este es el mejor homenaje que podemos darle a nuestra Constitución y a todos aquellos hombres y mujeres que ayudaron a forjarla.
Muchas gracias y es cuanto, diputado Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted, diputado Vázquez González.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, es la materialización de los ideales que nos identifican como nación; es la construcción suprema que surge de los clamores y necesidades más diversas de un pueblo necesitado de democracia, justicia y libertad; es una creación que no se puede concebir como algo efímero o pasajero, no es producto creado por grupos o intereses facciosos, es inicio y conclusión de un proceso histórico que hoy seguimos construyendo.
El Constituyente de Querétaro dio vida a las garantías que marcaron el Siglo XX, plasmo los derechos inalienables del pueblo mexicano, la libertad de pensamiento sin corta pisas, respaldada por el derecho a la educación. La libertad de creencia sin concebir falsas inquisiciones; la libertad a la propiedad como resultado del legítimo trabajo protegido y consagrado en el artículo 123; la libertad de imprenta como instrumento de difusión de todas las ideas, sin distingos de posturas o colores.
No se debe perder de vista que en la Constitución de 1917, se conciben los derechos humanos, como derechos inalienables al individuo. Se consagran los derechos sociales que por primera vez en el mundo adquieren vigencia; se concibe el derecho soberano que tiene la nación sobre su territorio, reconocido en su artículos 27 constitucional y se asientan los fundamentos para una nueva doctrina social contenida en el artículo 123, tutor y protector de la clase trabajadora constructora de nuestro país. La Constitución de 1917 es producto de un solo ideal, el patriotismo alejado de cualquier interés perverso.
Quienes redactaron la Constitución crearon un sistema de gobierno de capas múltiples, le dieron la supremacía a la estructura nacional y le asignaron funciones específicas como la regulación monetaria y las relaciones exteriores entre otras. Reconocieron sabiamente la necesidad de tener niveles de gobierno que estuvieran más directamente en contacto con el pueblo y dejaron así, muchas responsabilidades en manos de jurisdicciones estatales y locales.
El día de hoy el Estado Mexicano cuenta con un marco general, está cimentado en varios de los principios y valores establecidos desde la Constitución de 1824. La Carta Política de 1917, ha sido reformada en innumerables ocasiones como reflejo y respuesta a la rápida dinámica social que obliga a una continua adecuación de normas, estructuras e instituciones.
Si bien es cierto que vivimos en estado de derecho, en que la Constitución ha cumplido su papel de Norma Suprema y fundante de todo orden jurídico; no menos es cierto es que la Norma Suprema responde a un proceso permanente de perfeccionamiento y consolidación, labor ardua e importante que corresponde al legislador.
El tiempo y el espacio que nos toco vivir, obliga a continuar y fortalecer la ruta que nos enseñaron aquellos que ofrendaron sus vidas a cambio de libertad, justicia e igualdad. Los tiempos actuales imprimen un dinamismo a la vida de los pueblos y las naciones, por lo que nuestro país debe ir en la ruta democrática, sin apartarse ni desviar el camino de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de ideologías, de la libertad de imprenta y de la libertad de asociación política.
Porque el estado de derecho es aquél que respeta y consolida a las instituciones que se han constituido a base de luchas legítimas, que se fundamentaron en los reclamos y las exigencias sociales y por lo mismo, no pueden ser violentadas ni pervertidas; mucho menos corrompidas a partir de las personas que se encuentran al frente de ellas, porque el abuso del poder trastoca el derecho y ofende a la sociedad y a las instituciones.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México desde esta H. Tribuna, hace un llamado para que nuestro país siga transitando por la vida democrática y se consolide el estado de derecho, porque nos oponemos y estamos en contra de la arbitrariedad, la injusticia y la doble moral. Honremos, pues, nuestra Carta Fundamental.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado González Roldán.
A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
El pasado 5 de febrero, se celebró el Octogésimo Noveno Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1916-1917.
El Presidente Fox, encabezó una ceremonia en Palacio Nacional y ahí llamó a revisar nuestro orden jurídico, porque los principios con que se planteó reconstruir a la República, se fueron convirtiendo, en muchos casos, en una arquitectura jurídica sin consenso. Criticó el presidencialismo exacerbado, así como al centralismo que padecemos. Eso está bien; pero, en cambio, luego pidió adecuar la Constitución a la realidad.
¿A qué realidad? La realidad el día de ayer, fue que hizo una inmediata visita a la Catedral Metropolitana, donde, recibido que fue por el Cardenal Norberto Rivera, convirtió un acto de fe privado en una ostentosa demostración pública que no se corresponde con el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, consagrado en los artículos 3º., 24 y 130.
Pregunto: ¿acaso quiere Vicente Fox revisar estas normas como lo piden sectores de la Jerarquía Católica y su Secretario de Gobernación, el señor Abascal, emisario de un fundamentalismo anacrónico y confeso? ¿Es acaso otra de sus reformas estructurales? Esperamos y creemos que no; pero si lo fuera, que lo pronuncie claramente para que el país discuta y decida.
Otros son los cambios que requiere la Constitución. Hay que revisar el régimen político para establecer un sistema semipresidencial que le permita al Congreso intervenir de manera creciente en la conformación del Gabinete y en la conducción general del país; o incluso, marchar, si es así necesario, hacia un régimen parlamentario, que sería mejor expresión de la voluntad colectiva y una forma más adecuada de confirmar o relevar a un gobierno, en su caso. Urge también erigir un tribunal constitucional con autonomía tal, que no se convierta en juez y parte, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia, en el reciente diferendo sobre el Presupuesto.
El Poder Judicial, reformado hace once años, debe ser nuevamente revisado para convertirlo en una garantía de recta impartición de justicia, como todavía no lo es; y también se requiere ampliar los derechos humanos y sociales de los que nuestra Carta Magna es precursora.
Las anteriores y otras reformas más, pueden definir nuestra marcha hacia una nueva constitucionalidad, progresista y avanzada, que nos sitúe dentro de la amplia vertiente de cambios profundos a las instituciones que se registran en el mundo de nuestros días. Y si ello llevara a dar vida a una nueva Constitución, como muchos proponen y como, de manera saludable, aquí hemos escuchado ya, una completa propuesta de una nueva Constitución, si ello ocurriera así, en un proceso surgido ahora no de un movimiento revolucionario, sino de un nuevo consenso construido en el dilatado ejercicio democrático, debemos decir que así sea para el bien de la Nación. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado don Iván García Solís.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera diputada Ana Luz Juárez Alejo, del Partido Acción Nacional.
La diputada Ana Luz Juárez Alejo: Compañeras y compañeros diputados:
La Constitución es la ley fundamental, la expresión definida de la voluntad nacional; es la imagen de casi nueve décadas de historia. En ésta se encuentran contenidos los lineamientos del comportamiento de todos y cada uno de los miembros que integramos esta nación.
Ahí están nuestros derechos y nuestras obligaciones; aquí están no sólo reglas de conducta obligatoria, sino que está la expresión de los sueños; ahí están los Sentimientos de la Nación; se encuentra nuestra historia, la lucha de hombres y mujeres para estructurar la organización política, para reconocer cada uno de nuestros derechos.
Estoy convencida que nuestra Constitución es más que muchas letras; estamos hablando de normas jurídicas fundamentales; estamos hablando de los derechos humanos; de los derechos sociales; estamos hablando de niños y niñas que acuden a la escuela para recibir una educación laica, gratuita y de calidad y la obligación del Estado de proporcionárselas; hablamos de hombres y mujeres que buscan un empleo; que salen a trabajar y desean condiciones justas y equitativas.
Estamos hablando de mujeres y hombres que no quieren más discriminación por cualquier motivo. La Constitución lo contempla y nos obliga a legislar para que existan las condiciones necesarias para que no haya más discriminación. Estamos hablando de indígenas que quieren salir de la pobreza y que se les reconozca su identidad, sus tradiciones, su cultura y su lengua.
Es nuestra Constitución un símbolo patrio de grandeza, que nos une a todos los mexicanos y que nos obliga a ser solidarios entre nosotros. Pero no podemos dejar de señalar que en México no haya aún una plena vigencia de un estado de derecho; que queda mucho por hacer.
Para el Partido Acción Nacional, es prioridad la construcción de una auténtica justicia, de un verdadero estado de derecho en el que cada mexicano vea impulsadas sus aspiraciones y pueda desarrollarse en todos los aspectos. Una justicia social que abarca todo el territorio nacional sin más preferencia que dotar de condiciones de igualdad a cada rincón de México. Es responsabilidad de quienes servimos al país, la de cumplir y hacer cumplir en todo momento lo que establece nuestra Constitución.
Los diputadas y diputadas de Acción Nacional estamos comprometidos con los valores y con la historia contenida en nuestra Constitución, que es un reto constante para que la realidad de nuestro país sea plasmada ahí.
Debemos revisar temas como la efectiva rendición de cuentas de los diputados y alcaldes y tratar así el tema de la reelección para estos cargos. Debemos revisar el número de diputados. Garantizar la agilidad de la impartición de la justicia, entre otros.
Acción Nacional hace votos para que las diferencias que tenemos en una sociedad plural, sirvan para promover acuerdos y abandonemos la calumnia y la diatriba. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputada Juárez Alejo.
Finalmente tiene el uso de la voz para concluir con el posicionamiento de los partidos políticos, nuestro compañero el diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro: Con su autorización diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
Hace apenas 2 días celebramos un aniversario más, el número 89 de promulgación e iniciación de vigencia de la Constitución de 1917 que actualmente nos rige.
Esta fecha en sus días previos y aún ahora, motivó el surgimiento de viejos cuestionamientos. Le llamo viejo en razón quizás de una o dos décadas en donde se ha cuestionado si nuestra Constitución recoge efectivamente el proyecto de país al que todos los mexicanos legítimamente aspiramos, o si bien es necesario plasmar en otro documento fundamental las nuevas realidades que sin lugar a dudas vive nuestro país.
Es muy importante para llegar a alguna conclusión, y para dilucidar esta cuestión que no es menor sino de la mayor importancia para toda la sociedad, el precisar que México –como todos los países- tiene derecho a su propia historia, a tener las instituciones que la sociedad y su pueblo demandan y a darles la vida, la vigencia y las características que esta ciudadanía también ha definido a lo largo ya de prácticamente nueve décadas.
Podemos simplemente recordar que las reformas más importantes a la Constitución se han dado para modificar la estructura de los poderes fundamentales.
En 1917 surge nuestra Carta Magna con un Poder Ejecutivo fortalecido, con muchas mayores atribuciones que el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Ha sido la lucha de muchas décadas y la voz de reclamo de prácticamente infinidad de organizaciones sociales las que han dirigido y orientado las reformas tendientes a equilibrar la participación de los Poderes de la Unión.
Si se nos preguntara cuál ha sido las características de la modificación del Poder Ejecutivo, tendríamos que decir que están orientadas a limitar y a reducir su campo de actuación y de participación.
Tan es así, que ha estado cediendo espacios en favor del surgimiento de organismos autónomos. Es el caso y ustedes bien lo saben porque esta soberanía así lo aprobó, del nacimiento del Banco de México; del IFE; ahora más recientemente del INEGI; de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y se plantea ahora la autonomía de organismos financieros y del Ministerio Público.
El Poder Judicial no ha estado exento a esta transformación. Tenemos el Consejo de la Judicatura y el surgimiento de normas que permiten ahora resolver las controversias de competencia entre autoridades en sus distintos ámbitos y también revisar la acción de inconstitucionalidad tratándose de la reforma electoral.
Y nosotros, el Poder Legislativo hemos transitado en distintas épocas en diferentes formas de integración. Ahora recientemente tenemos períodos ordinarios de trabajo mucho más amplios y luchamos por hacer valer el surgimiento y la personalidad de instituciones como son las comisiones y las propias comisiones de investigación.
Nuestro grupo parlamentario se pronuncia en esta circunstancia de debatir si es necesario una nueva Constitución o simplemente quedarnos con la nuestra, en el concepto de Constitución actualizada lo que procede en todo caso es establecer los mecanismos de consulta a la ciudadanía para que el proyecto de nación esté invariablemente actualizado.
No se vale que nos comparen con las constituciones ni con la historia de otros pueblos que en otras latitudes también tendrán su propia idiosincrasia. Quiero recordarles que ante el embate internacional
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: (toca la campanilla)…
El diputado Francisco Cuauhtémoc Frías Castro: Termino, concluyo, diputada presidenta.
Para crear nuevos estados dentro de los ya existentes, la mayoría de las naciones y de los pueblos, han votado por preservar sus raíces y por hacer valer, por sobre cualquier otro interés fundamentalmente de tipo económico, su propia historia.
Amigas y amigos diputados, quedémonos con la historia de México y actualicémosla como exigen las nuevas generaciones para llevar a la Constitución el nuevo proyecto de país que todos estamos demandando. Gracias, diputado Frías Castro.
A esta Presidencia acaba de llegar comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que se solicita proponer al pleno la incorporación al orden del día de un acuerdo de la propia Junta. Por ello solicito a la Secretaría dar cuenta con ésta y consultar a la Asamblea en votación económica si es de modificarse y dar cuenta al asunto para el trámite correspondiente.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.
Diputada María Marcela González Salas y Petricioli,
Presidenta de la Mesa Directiva,
H. Cámara de Diputados,
Presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de febrero del 2006.
Con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día en el primer turno posible de la presente sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que garantice la integridad física del personal del Diario "El Mañana" de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva presentar al presente.
Atentamente
Firman: diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinar del grupo parlamentario del PRI; diputado José González Morfín, Coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado Alejandro González Yánez, Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Partido de Convergencia.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día para dar curso al acuerdo de la Junta de Coordinación Política antes leído.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En tal virtud procesa la Secretaría dar lectura a la proposición.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que garantice la integridad física del personal del diario "El Mañana", de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 14 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo, relativa a la materia objeto del presente que suscriben diputados del grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Acuerdo:
Primero.- Se condena enérgicamente el atentado propinado el pasado 6 de febrero del presente año a las instalaciones del diario "El Mañana", de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas a que realicen, de manera coordinada, las investigaciones necesarias para aclarar los hechos de manera pronta y expedita y exhaustivamente.
"Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a garantizar la seguridad e integridad de los trabajos de el diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como el pleno derecho a la libertad de expresión de todos los colaboradores de ese diario".
"Palacio Legislativo de San Lázaro a 7 de febrero de 2006".
Firman: diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional; diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del Partido del Trabajo y diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del Partido de Convergencia.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: La Presidencia ha recibido la solicitud de la diputada Beatriz Mújica Morga, para hablar a favor de esta proposición. Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la compañera Mújica Morga.
La diputada Beatriz Mújica Morga: Gracias. Con su venia, señora Presidenta.
El 6 de febrero del presente año, a las 19:45 horas de la noche, el diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue atacado con ráfagas de armas de fuego de alto poder y una granada de fragmentación que explotó dentro de la redacción del periódico.
Los atacantes se introdujeron a las oficinas que se encuentran en el primer piso. El reportero Jaime Orozco Tey resultó herido y fue llevado a un centro de atención y hasta el momento se reporta como grave.
Los pistoleros pasaron por la recepción del periódico en el que habitualmente se encuentra un guardia que no porta armas. Mientras realizaban el ataque gritaron amenazas e insultos contra los colaboradores del diario.
Poco después del ataque se hicieron presentes fuerzas de la Procuraduría General de la República y de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas, y hasta las 20:15 horas llegó a las instalaciones personal de las Fuerzas Armadas nacionales.
Cabe hacer mención que hace unos días se llevó a cabo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el seminario "Narcotráfico: Investigación y Cobertura Noticiosa", organizado por la por la Sociedad Interamericana de Prensa, el 26 y 27 de enero. El periódico El Mañana fue uno de los principales promotores y patrocinadores del seminario, junto con el periódico El Imparcial, de Hermosillo, Sonora.
Esta es la segunda agresión grave cometida en contra del periódico El Mañana, en menos de dos años. La madrugada del 19 de marzo del 2004 fue asesinado el Director Editorial de este medio, Roberto Mora García, cuando llegaba a su casa después de salir de la redacción.
El caso, compañeras y compañeros diputados, es muy grave. Nos habla de un atentando con características terroristas. Es un atentado que no solo vulnera la libertad de expresión en Tamaulipas, sino que tiene implicaciones nacionales, porque puede tener como fin aterrorizar a los comunicadores y parar así sus investigaciones como diversos temas.
Podríamos discutir aquí si esos temas son de narcotráfico o de corrupción o de otro tipo, pero eso no sería lo fundamental; lo importante es que no podemos quedarnos impávidos observando la escalada de violencia contra los periodistas y medios de comunicación en un país que se supone democrático, sin que se castigue a los culpables. Y digo esto porque en los últimos 5 años hay 18 periodistas asesinados, 2 desaparecidos y el día de hoy 1 herido, sin que hasta el momento ninguno de estos casos haya sido totalmente esclarecido.
Yo estoy convencida, compañeras y compañeros, que la única forma de parar la violencia en México es combatiendo la impunidad. Hay que aplicar la ley y capturar a los culpables provengan de donde provengan, sobre todo en este tema tan sensible para la sociedad.
Por eso los exhorto a que apoyemos este punto de acuerdo que ha hecho suyo la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, que implica sobre todo un compromiso con el fortalecimiento democrático en México y con la libertad de expresión.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se considera suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto que expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado José María de la Vega Lárraga, hasta por diez minutos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Maria de la Vega Lárraga: Con su permiso, señora Presidente.
Los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en ejercicio y depositarios del mandato y representación de los productores del campo, y miembros de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica y su Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos.
Para los diputados identificados con el campo es indispensable generar oportunidades que no cancelen la viabilidad de los productores agropecuarios mexicanos.
Los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, preocupados por generar alternativas viables para el campo mexicano, hemos diseñado una ley que tiene como inspiración generar opciones que vayan más allá de la producción de alimentos para el campo mexicano y utilizar el potencial del país para generar opciones de energía e impulsar una visión de largo plazo para atender diversos aspectos ambientalistas.
Por otra parte, con el objetivo de proteger la salud de la población, nuestro país ha mejorado la calidad de los combustibles que se emplean en las principales zonas metropolitanas. Este esfuerzo loable requiere de un mayor impulso y qué mejor que ese impulso provenga de la Cámara de Diputados.
Este espacio de representación plural, con un fuerte compromiso, atiende así a la población mexicana.
De manera tradicional las actividades agropecuarias han cubierto las funciones de seguridad alimentaria. Sin embargo, en la actualidad es necesario que éstas vayan más allá y que desarrollen su potencial de función energética a través e la producción de etanol, de biodiesel, biogas y demás productos que pueden utilizarse de la biomasa.
Adicionalmente, en materia ambiental existe evidencia irrefutable de que hay un cambio climático provocado por la emisión de bióxido de carbono proveniente de procesos antropogénicos de combustión.
México ha contemplado una serie de acciones para la reducción de los gases responsables del cambio climático, entre los que se encuentra el empleo de fuentes renovables.
En el ámbito internacional, el empleo de los biocombustibles, data desde hace varias décadas, pues fueron los carburantes, los que utilizaron los primeros motores, el etanol o el bioetanol, se produce por la fermentación de productos como la caña de azúcar o la remolacha, aunque en países como Estados Unidos, también se obtiene a partir de algunos granos como el maíz. En la Unión Europea se utiliza otro biocombustible, el de origen, el cual se obtiene a partir de aceites vegetales, como el aceite de soya, de girasol y de otros productos como es el cebo animal también.
En la actualidad son varios los países que se están sumando a la producción de este tipo de combustibles, en particular aquellos que no cuentan con la suficiente oferta de combustibles de origen fósil y, por lo tanto, dependen de las importaciones para su abastecimiento.
De los países que han impulsado el uso doméstico de los biocombustibles, hay dos que destacan, tanto por los volúmenes producidos como por las inversiones realizadas para su promoción, estos son: Estados Unidos, que obtiene el combustible principalmente a través del procesamiento del maíz y Brasil donde se utiliza la caña de azúcar para producir etanol.
De este modo, en el panorama internacional actual, México se encuentra rezagado con respecto a un marco legal que fomente la utilización de los energéticos, como parte estratégica de la economía del país.
Es así, que los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería, analizamos diversos aspectos relacionados con la producción de los biocombustibles, entre los que se encuentran, el aspecto internacional, el económico, el técnico, el ambiental, jurídico, social, institucional y programático, para lo cual se llevaron a cabo reuniones y giras de trabajo con diversas instituciones, organizaciones, fundaciones, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Como resultado de este intenso trabajo, los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería en nuestra labor de dictamen, consideramos que las acciones del Estado mexicano, deben ser congruentes y estar vinculadas con los compromisos suscritos por nuestro país en diversos regímenes internacionales de energía y medio ambiente, en especial, con el Protocolo de Kyoto y la Declaración de Milenio.
En lo particular, las medidas tomadas para fomentar el uso de fuentes renovables de energía, deben estar orientadas a disminuir globalmente las emisiones de gasas efecto invernadero. Por otra parte, es previsible el agotamiento de recursos de energéticos fósiles, nos obliga esto a dar pasos sólidos y consistentes, para mantener la soberanía energética, de la que México ha gozado históricamente.
El impulso sistemático y de largo plazo a las fuentes renovables de energía, debe ser una acción integrada a las políticas rectores de desarrollo social y económico del Estado mexicano, en especial, cuando se trata del combate a la pobreza, la generación de empleo, el mejoramiento de la salud pública y la protección ambiental.
Los instrumentos de política, derivados de una estrategia nacional, a favor de fuentes renovables de energía, deben incluir y fomentar la participación de los diversos sectores sociales y productivos del país, en especial, se debe fomentar la participación individual, la de las comunidades poseedoras del recurso así como el fomento del desarrollo tecnológico y empresarial mexicano, privado y público.
La ley promueve la agricultura, dándole un valor adicional que es la producción de energía, por lo que existe una consideración diferente de los precios y otros factores de la economía. Es entonces que esta ley se inserta no sólo en el marco reglamentario del sector agroalimentario sino que se inserta en una nueva dinámica del sector energético, que es muy novedoso en el país.
El texto del dictamen consta de 53 artículos, comprendidos en cinco Títulos y tres artículos Transitorios.
Por lo antes expuesto, solicitaría el apoyo de mis compañeros diputados a favor de esta ley. Es todo, señor presidente, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado De la Vega. En consecuencia está a discusión en lo general. Se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:
Por Convergencia, el diputado González Schmal; por el Partido de la Revolución Democrática, Antonio Mejía Haro; por el Partido Acción Nacional, el diputado Edmundo Valencia Monterrubio y finalmente por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Lázaro Arias Martínez.
En consecuencia tiene el uso de la voz el diputado González Schmal.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia diputada Presidenta.
Efectivamente, esta indudable moderna Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos era una demanda o cubre una demanda inaplazable de los tiempos, para poder dar cauce a todo ese conjunto de fuentes alternativas de energía cuyo desarrollo todavía incipiente, es no obstante la única salida a la angustia y al embudo que sujeta al mundo a la dependencia de los combustibles o de la energía de combustibles fósiles.
El genio del hombre, la inteligencia humana a pesar de todo, de toda su brillantez, de toda su capacidad desplegada en muchísimos inventos, innovaciones, creaciones, ha sido sin embargo, limitada, extremadamente limitada en encontrar respecto de las salidas a la dependencia de los combustibles fósiles, hemos estado estancados por más de un siglo en donde los hidrocarburos han sido exclusivamente la fuente de energía que hemos explotado sin limitación, en todo el globo terráqueo.
Este condicionamiento, esta verdadera captura del mundo, el condicionamiento de un uso y de una explotación creciente del subsuelo para convertirla en energía y lanzarla a su vez en las mismas proporciones a la atmósfera, es sin duda una muestra de que el hombre ha ocupado más sus recursos, su inteligencia, su capacidad para otros objetos, que para el de la aplicación a las fuentes alternativas de energía que no dañen, como lo hacen los hidrocarburos, el medio ambiente y no desprotejan también en cavidades u oquedades inmensas el subsuelo del globo terráqueo, provocando quizás lo que tampoco ha sido posible prever: las grandes contingencias de los temblores y de algunas otras hecatombes que han ocurrido recientemente en el mundo y que no tienen por los sismógrafos una explicación completa, salvo la hipótesis de que justamente el vaciado que hemos hecho de los recursos de los hidrocarburos en el subsuelo, tienen que provocar los reacomodos de las capas terrestres hasta hacer cada día más inestable la superficie de la tierra. Y es en este contexto que la Ley para el Desarrollo y Promoción de Bioenergéticos resulta efectivamente un camino, una vía transitables para que podamos en el futuro allegar, albergar esperanzas de que el mundo no va a estar condenado a morir por una contaminación provocada por un supuesto desarrollo y que podrá, en cambio, utilizar los recursos naturales para transformarlos hacia la obtención, hacia la creación de energía para los movimientos necesarios en la vida humana.
Ya desde hace décadas en Brasil a todos nos consta, había habido un desarrollo del alcohol como combustible alternativo y éste obtuvo o detuvo un tanto su desarrollo por causas que no sabemos y que en ocasiones, se dice, se atribuyen al mismo dominio, a la capacidad de la gran industria automotriz y petrolera del os Estados Unidos para truncar, para detener desarrollos de energía alternativa, supuestamente porque el que creciera este nuevo mercado, el que hubiera la sustitución rápida de estos elementos energéticos, traería en realidad consecuencias imprevisibles a la propia economía y estabilidad de la gran nación industrial del norte de América.
Sea cuales fueran las razones, lo cierto es que se detuvo este crecimiento de las fuentes alternativas a partir de recursos renovables y ahora esta ley nos abre un horizonte que ciertamente va a tener si México mismo se ocupa, a partir de este marco regulatorio jurídico, de incrementar su capacidad creativa, su capacidad científica y de investigación, para el desarrollo todavía con mayor energía y prontitud de estas posibilidades que no parecen remotas.
Tenemos que lograr de la biomasa el desprender de ahí los elementos que generen la energía y a su vez hacerlos renovables para que el ciclo biológico tenga su culminación y pueda el mundo albergar esperanzas de un futuro no tan negro como nos los sitúa claramente la dependencia del petróleo y de los hidrocarburos.
Por lo mismo, para Convergencia, esta ley tiene ese mérito, ha sido un trabajo hecho con dedicación, con acuciosidad y esperamos que sea justamente el detonador para que las universidades, los centros de investigación, el ingenio y la creatividad humana de los mexicanos, se desplieguen hacia el desarrollo de esta nueva alternativa en bien del futuro de México, de los jóvenes, de los niños que quizá podrán ver un futuro más promisorio si ya hemos rebasado la era del petróleo que desde principios del siglo XX, nos ha tenido sometidos a México y al mundo entero.
Muchas gracias ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado González Schmal.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Antonio Mejía Haro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Antonio Mejía Haro: Con su permiso, diputado Presidenta.
El cambio climático del planeta tierra en buena medida ha sido provocado por las actividades del hombre, al devastar nuestros bosques y selvas, al degradar nuestras tierras, al contaminar nuestros ríos, mares y el aire.
En materia ambiental existe evidencia científica suficiente que demuestra que las emisiones de los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el hidroflourocarbono y el perfil plorocarbono y el hexafloruro de azufre, provenientes de procesos antropogénicos de combustión causan cambio climático global.
Lo cual se manifiesta en un sobrecalentamiento de la tierra, en sequías, en ampliación de los desiertos, en la perdida de la capacidad productiva, la desertificación, en ciclones, en huracanes, tsunamis y en otros desastres naturales.
La quema de combustibles fósiles derivados del petróleo y la tala, quema e incendios de los bosques, liberan dióxido de carbono que junto con otros gases de efecto invernadero, atrapan la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando un calentamiento global, el descongelamiento de las capas polares, lo que puede provocar que los próximos años se eleve el nivel del mar y con ello se inunden ciudades costeras, como fue el año pasado.
Conscientes de lo anterior, la comunidad internacional ha suscrito el Protocolo de Kyoto, proveniente de la Convención Marco sobre Cambio Climático de 1997, que convoca a una reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero de los países desarrollados y de algunos países con economías en transición. México firmó su adhesión al Protocolo de Kyoto en 1998 y lo ratificó en el año 2000.
La presente ley en comento se enmarca dentro del Protocolo de Kyoto, al fomentar el uso de fuentes de energía renovables, como los bioenergéticos derivados de la biomasa, entre ellos, el biodiesel, el etanol, el hidrógeno y el biogás, que a su combustión no generan gases con efecto de invernadero. Estos combustibles de contenido energético comparable con el de los combustibles fósiles, son de bajo impacto ambiental, lo que favorece a preservar la salud y la calidad de vida de la población.
El uso del biodiesel puede reducir el impacto al cambio climático hasta en 78%, el etanol lo reduce en un 30%, si lo comparamos con los combustibles derivados del petróleo. Esta ley además de fomentar la preservación del medio ambiente, promueve el uso de bioenergéticos como elementos clave para lograr la autosuficiencia energética del país, sobre todo para cuando se agoten nuestras reservas de petróleo.
De igual manera fomenta y fortalece a las cadenas productivas relacionadas con los biocombustibles, como es el caso de la caña de azúcar y del maíz, al producir oxigenantes de gasolinas o combustibles para la industria automotriz a partir del etanol; combustible que registra una demanda creciente en todo el mundo y que en fechas recientes nuestro país, el Gobierno Federal, manifestó su intención de sustituir el EMTD con etanol como oxigenante de las gasolinas que se venden en los tres principales mercados metropolitanos: el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, lo cual demandaría de 500 a 600 millones de litros por año de etanol.
Al estimular el uso de los bioenergéticos como fuentes de energías renovables alternativas, se contribuirá también a apoyar a cadenas productivas en crisis, como es la caña de azúcar, generando fuentes de empleo y mejorando el nivel de bienestar social en el medio rural; debido al interés que se suscitará en empresas pequeñas y medianas para invertir en las nuevas oportunidades comerciales relacionadas con la producción, preparación, el transportes, el comercio y el uso de éstos biocombustibles.
Por todo lo anterior, diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoyamos el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos. Muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Mejía Haro.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Leonardo Alvarez Romo del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Leonardo Alvarez Romo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
El Partido Verde se congratula por la presentación de esta iniciativa y evidentemente vamos a votarla a favor, porque va en congruencia con con nuestra intención de política internacional a favor del Protocolo de Kioto. Es una medida más para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que están produciendo el calentamiento global y por lo tanto, el cambio climático.
Recientemente sufrimos las consecuencias de este cambio climático con los devastadores huracanes en el sureste del país y en el sur. Lo vimos también en las costas del sur de Estados Unidos. Los huracanes van a ser más fuertes cada año.
Lo que ya sembramos desde la revolución industrial, vamos a tener que esperar esas consecuencias. Lo que ya sembramos lo vamos a cosechar, aunque ahorita dejemos de consumir combustibles fósiles, que al quemarse emiten CO2 que es un gas invernadero, de hecho el gas invernadero más importante.
Ya las consecuencias están sembradas. Cada año los huracanes, las inundaciones y las sequías, van a ser más fuertes, más dramáticas y más devastadoras, aún si hoy frenamos nuestra costumbre de explotar los recursos no renovables.
Lo que estamos haciendo al aprobar este tipo de medidas es pensar a futuro. A más allá de 30 años, van a reducirse los efectos del cambio climático si hoy empezamos a tomar medidas como esta. Por eso el Partido Verde está a favor; por eso felicitamos a nuestras compañeras y compañeros diputados que presentaron esta iniciativa.
Y enhorabuena, esto es un ejemplo que cuando todos nos podemos poner de acuerdo por el bien de la naturaleza que tanto requiere la conciencia de los hombres; en vez de estarnos peleando entre nosotros mismos, tenemos que pensar por nuestros hijos y por nuestros nietos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Leonardo Alvarez Romo.
A continuación, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Edmundo Valencia Monterrubio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados:
Intervención en el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos.
La población mundial y el consumo de energéticos procedentes de los recursos no renovables, entre los que se encuentran los combustibles provenientes del petróleo, están en aumento constante desde hace varias décadas. Las reservas no aumentan al mismo ritmo de la demanda, sino que se presentan estables o a la baja.
Desde hace varios años se han estado desarrollando opciones tecnológicas a través de plantas de etanol y de biodiesel. En México hemos estado bajo la impresión de tener abundantes reservas de petróleo, que si bien son numerosas, también son finitas.
De acuerdo con varios especialistas para hacer viable la producción de etanol y biodiesel, México requiere desarrollar una industria agrícola para producir semillas de oleaginosas, aceites vegetales y caña, necesarios como insumos para la producción de estos bioenergéticos.
Surge entonces el reto: desarrollar la producción agrícola a niveles que permitan producir lo necesario para la alimentación y la producción futura de alternativas energéticas que puedan suplementar.
Es por esto que los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos que la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos, es una de las respuestas que el Congreso Mexicano da para generar opciones para el Sector Agropecuario Mexicano y por tanto, votaremos a favor. Porque como secretario de esta comisión, me consta que el sector cañero ha transitado por situaciones difíciles. Esta es la respuesta de todos los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería. Esta es la solución. Es el trabajo. Es por el bien de México.
Esta ley busca dar impulso a la producción de combustibles biológicos. Durante tanto tiempo nos hemos acostumbrado a emplear energéticos fósiles que pensando con frecuencia que no hay otros. Pero los combustibles fósiles correrán tarde o temprano la suerte de los animales que le dieron origen al nombre: simplemente se extinguirán. Los bioenergéticos son una opción presente y viable. Pero hay que tener valor y visión de futuro para recurrir a ellos.
Consideremos el caso del etanol. Una alcohol que se produce a partir de la caña de azúcar, maíz, remolacha u otros vegetales. Este producto natural puede reemplazar al MTE, el eter metil perbutílico, un químico contaminante que se importa a nuestro país y que se utiliza para oxigenar gasolinas.
En otros países del mundo es común el uso de etanol como oxigenante de la gasolina o incluso como combustible por si mismo. En Brasil hay 43 millones de automóviles que utilizan una mezcla de gasolina y 20% de etanol.
También hay 3 millones de automóviles en Brasil, que sólo usan etano. En Estados Unidos, país que en el 2004 eliminó el mtbe (?) por su toxicidad, también se emplea el etanol como oxigenante. En México tenemos la capacidad técnica para producir bioenergéticos muy diversos. Citaré un ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, lleva a cabo desde hace tiempo un proyecto de producción de combustibles biológicos, utilizando para ello combustibles de las cafeterías del campus. De esa línea de prototipo de producción, surgió una planta de producción biodiesel que utiliza sebo de res como insumo.
Esta planta produce ya 20 mil litros diarios de ese combustible. El país requiere diversificar el uso de la caña de azular; de alentar el uso de los biocombustibles, para lo cual se requiere de una infraestructura mínima, así como investigación.
Además, es indispensable identificar la mejor opción para producir etanol en México. El papel de la energía es crucial en la economía, sobre todo por la necesidad, calidad y confiabilidad del suministro. Para esto el sector energético requiere de otras opciones y no sólo las provenientes del petróleo.
La energía es un factor de producción o un insumo en casi todas las actividades humanas. Por esa razón la incursión en uno de los sectores más importantes para México, como es el área rural, representa una oportunidad más para contar con otras opciones, que son los productores del campo.
Es por eso que los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, invitamos a seguir fortaleciendo el marco jurídico de la agro industria en nuestro país. Pero no desde una sola óptica, sino desde su papel como una oportunidad para la generación de empleo y el mejor desarrollo en el campo de México.
Por su atención muchas gracias. Esperemos contar con su apoyo. Es cuanto señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Valencia Monterrubio.
Finalmente para concluir el posicionamiento de los grupos parlamentarios tiene la palabra nuestro compañero Lázaro Arias Martínez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Lázaro Arias Martínez: Con permiso de la presidencia. Compañeros y compañeras diputadas.
Me da mucho gusto primero, todos mis compañeros diputados que ha hecho uso de la palabra con anterioridad, el apoyo y la visión que están viendo en esta iniciativa.
En el ámbito mundial, la agricultura en su carácter multinacional representa una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la aprobación del campo, además de ir más allá no sólo en la producción de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación señalan de manera categórica esta posibilidad que tiene el campo.
La producción de energéticos proveniente de la biomasa como una oportunidad para el desarrollo de nuestras zonas rurales, incluyendo todas y cada una de las zonas cañeras y de oleaginosas, resalta la importancia de un marco normativo que incentive la producción de bio-energéticos.
Por ello la presente ley está vinculada armónicamente con el sistema jurídico mexicano como a continuación lo detallamos.
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad la supremacía de la Constitución y de los Tratados Internacionales y de las leyes federales, y delimita que las normas que se deriven respeten la supremacía de la Carta Magna, así como con otros importantes artículos de nuestra Constitución.
Se tiene una vinculación directa con los artículos 3º y 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se cuenta además con una norma que permite aplicar supletoriamente las disposiciones jurídicas que se encuentran en esta iniciativa de ley.
En la iniciativa hay una vinculación directa con el artículo 3º en las fracciones X y XVII de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sobre todo en lo que vincula al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
La ley motivo de este dictamen, es armónica, con las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y existe una vinculación con instrumentos internacionales como es el Protocolo de Kioto.
Como ya se señaló, la ley es reglamentaria de varios artículos constitucionales; por ello tiene una consideración especial esto, se ve reflejado en que regula una actividad que no encuentra un contenido jurídico en una ley en específico.
La ley promueve la agricultura dándole un valor adicional que es la producción de energía, por lo que existe una consideración diferente de los precios y otros factores de la economía.
Es entonces que esta iniciativa se inserta no en el marco reglamentario del sector agroalimentario sino que se inserta en una nueva dinámica respecto de una regulación del sector energético que es muy novedoso y muy ambicioso de nuestro país.
México no cuenta con una ley de energía, ni con leyes de energéticos en específico sino que se trata de diferentes energéticos, una Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia del Servicio de Energía Eléctrica y una Ley Reglamentaria del artículo 27 en Materia de Energía Nuclear únicamente.
En el caso de la presente ley se combinan en una sola ley los postulados energéticos constitucionales bajo también los principios de desarrollo económico, desarrollo social y la actividad del sector junto con una nueva obligación que se tiene y una nueva competencia que es el tema ambiental para legislar en la materia, que además es una materia concurrente, hacen que entonces esta ley tenga una serie de connotaciones muy importantes en el análisis constitucional.
La ley consta de 53 artículos comprendidos en cinco títulos y tres artículos transitorios.
El primer título está inmerso en la lógica de su base constitucional, fundamentalmente en dos sentidos: El primero, es cuáles van a ser los principios en los que se enmarca esta ley junto con un esquema fundamental que es el de coordinación y en este caso tiene que ser respetuoso de la Federación y e la soberanía de los estados y municipios, quienes van a tener que ser importantes partícipes de este nuevo valor que investirá al sector agropecuario.
En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se encuentran los mecanismos de fomento, regulación y organización de la actividad motivo de la iniciativa. Así la ley está inmersa en esta lógica y se hace uso de las mismas instituciones.
En el segundo título se presenta como se tiene que elaborar una política en la materia, a partir fundamentalmente de programas y la instancia responsable de estos programas.
La instancia es la misma que considera la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En el título tercero se establece un capítulo específico sobre los instrumentos que van a permitir hacer efectivos los programas y entre estos instrumentos se contemplan los instrumentos económicos, incentivos fiscales, como apoyos financieros ligados con instrumentos técnicos y la inversión en infraestructura.
Sobre este último tipo de instrumento, se hará para proyectos plenamente estudiados, valorados, capacitados. A partir de ellos, en donde se promuevan aquellas acciones que permitan establecer la infraestructura necesaria, ya sea para el desarrollo de destilerías, mejoramiento y tecnificación de actividades ligadas a otros instrumentos, que es la investigación científica y tecnológica.
El título cuarto concerniente al medio ambiente y la oxigenación de gasolina, comprende aspectos relacionados con el control de la contaminación de la atmósfera.
La calidad ambiental en la producción de bioenergéticos, los mecanismos de desarrollo limpio, los instrumentos internacionales en materia ambiental y el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado mexicano con respecto al medio ambiente global.
De esta manera la ley busca cumplir con las obligaciones internacionales que México ha adquirido a través de dos instrumentos en materia de cambio climático, la Convención del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático y el Protocolo de Kioto.
La iniciativa propone el uso de un combustible amigable para el ambiente que busca estabilizar los gases de efecto invernadero, derivado del cambio climático, lo que permite, efectivamente, cumplir con este compromiso internacional y mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas.
Finalmente el título quinto establece procedimientos, responsabilidades y sanciones para el cumplimiento de esta ley.
Por todo ello, compañeros diputados, todos mis compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos da mucho gusto, además de que esta iniciativa surgió de la Comisión de Agricultura y fue votada por unanimidad. Por ello mis compañeros diputados de mi fracción votarán a favor y también pido que todos ustedes, compañeros diputados, votemos a favor de esta iniciativa, para que México inicie una nueva visión en los bioenergéticos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Lázaro Arias Martínez.
En virtud de que no tenemos más oradores registrados aquí en la Presidencia, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se informa a la Asamblea que el diputado Cruz López Aguilar ha reservado los artículos 16, 35, 50 y 53 y él habrá de hablar por la Comisión.
En tal virtud se considera suficientemente discutido en lo general y se pide a la Secretaría abra el Sistema Electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Seis minutos, por favor.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Abrase el Sistema Electrónico por seis minutos para proceder ala votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Se abre el Sistema de Votación y se procede a la misma)
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Presidenta: Se emitieron en pro 346 votos, en contra 3 y abstenciones 21.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 346 votos.
Tiene la palabra nuestro compañero diputado Cruz López Aguilar, por la Comisión, para presentar reformas a los artículos 16, 35, 50 y 53, en un solo acto.
El diputado Cruz López Aguilar: Con su permiso, diputada Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores:
La reserva que voy a presentar fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura y Ganadería.
En la votación en lo particular del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Energéticos, el suscrito, Cruz López Aguilar, diputado federal de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 113 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la modificación en la redacción de los artículos 16 y 35, diversas fracciones del artículo 50 y el artículo 53.
Las modificaciones que se presentan al dictamen son de redacción esencialmente y su objetivo busca que dicho instrumento jurídico sea congruente con otros ordenamientos legales y o se preste a interpretaciones erróneas o equivocadas por parte del responsable de su ejecución.
Cabe aclarar que su contenido es resultado del consenso entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara, por lo que solicito su respaldo para su aprobación.
Artículo 16, dice: "La Comisión sesionará en los términos que establezca el Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y podrá crear grupos de trabajo con representantes de los sectores social y privado para tratar asuntos específicos en los que participen miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial."
Debe decir: "Artículo 16. La Comisión sesionará en los términos que establezca su Reglamento -esto es lo que se agrega "su Reglamento"- y podrá crear grupos de trabajo con representantes de los sectores social y privado para tratar asuntos específicos en los que participen miembros de la comunidad científica, tecnológica y empresarial."
Artículo 35, dice: "Para determinar los contenidos específicos de Etanol y otros bioenergéticos la aplicación de mecanismos de desarrollo limpio, así como la aplicación de precios y aprobación de proyectos, la Secretaría, con la participación de la Comisión, las comisiones de trabajo estatales, la red nacional para la investigación de los energéticos, las organizaciones sociales y los interesados que así lo soliciten, llevarán a cabo reuniones de consulta y participación con el fin de promover la inversión en infraestructura y dar seguridad jurídica al productor conforme a los objetivos de la presente ley."
Artículo 35, debe decir: "Para determinar los contenidos específicos de Etanol y otros bioenergéticos la aplicación de mecanismos de desarrollo limpio, así como la fijación de precios y aprobación de proyectos, la Secretaría, con la participación de la Comisión, las comisiones de trabajo estatales, la red nacional para la investigación de los bioenergéticos, las organizaciones sociales y los interesados que así lo soliciten, llevarán a cabo reuniones de consulta y participación con el fin de promover la inversión en infraestructura y dar seguridad jurídica al productor, conforme a los objetivos de la Ley Federal de Competencia Económica ." Esta última parte: "de la Ley Federal de Competencia Económica", es lo que se agrega.
Artículo 50, dice: "Son infracciones a la presente ley realizar cualquier acto tendente al incumplimiento de la ley:
"I. Realizar cualquier tipo de coacción de las demandantes de los apoyos que establece esta ley.
"II. Condicionar el otorgamiento de los apoyos a cuestiones electorales.
"III. No cumplir con las obligaciones que establece la ley dentro de los plazos establecidos, y
"IV. Incumplir con cualquier obligación regulada en la presente ley".
Debe decir: "Artículo 50: Son infracciones a la presente ley:
"I. Realizar cualquier otro acto tendiente al incumplimiento de la ley.
"II. Realizar cualquier tipo de coacción a los demandantes de los apoyos que establece esta ley.
"III. Sujetar el otorgamiento de los apoyos a cuestiones distintas de lo que establece esta ley.
"IV. No cumplir con las obligaciones que establece la ley dentro de los plazos establecidos, y fracción
"V. Incumplir con cualquier obligación regulada en la presente ley".
Artículo 53, dice: "Contra las determinaciones emitidas en términos de la presente ley procede el recurso de revisión, mismo que se tramitará en el plazo y la forma que establezca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, exceptuando las cuestiones de responsabilidad que se tramitarán en términos de las normas aplicables".
Artículo 53, debe decir: "Contra las determinaciones emitidas en términos de la presente ley, cualquier interesado podrá interponer el recurso de revisión que se tramitará ...". Esto es lo que se agrega: "... cualquier interesado podrá interponer el recurso de revisión que se tramitará en el plazo y la forma que establezca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, exceptuando las cuestiones de responsabilidad que se tramitarán en términos de las normas aplicables".
Esto es todo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas a los artículos 16, 35, 50 y 53, presentadas y propuestas por el diputado Cruz López Aguilar, a nombre de la Comisión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas a los artículos 16, 35, 50 y 53, propuestas por el diputado Cruz López Aguilar.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, son aceptadas.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 16, 35, 50 y 53, con las modificaciones presentadas y aceptadas, en virtud de que se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, con las modificaciones aceptadas por esta asamblea, de los artículos 16, 35, 50 y 53.
(VOTACIÓN NOMINAL)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Presidenta, se emitieron en pro 341 votos, en contra 6, abstenciones 20.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, quedan aprobados los artículos de referencia, los artículos 16, 35, 50 y 53, por 341 votos, con la modificación aceptada por la asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que expide la Ley para el Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo acordado por esta asamblea para las plenarias, solicito a la Secretaría dé lectura del orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señora Presidenta. (Lectura del acta de la próxima sesión)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 16:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves nueve de febrero a las diez horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho horas.
La última votación se tomará como registro de asistencia.