La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 285 ciudadanas diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 11:15 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los señores diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones. De los Congresos de los Estados.
(Del Congreso del Estado de Tlaxcala)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Junta de Coordinación Política, que la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, se incorpore como integrante en la Comisión de Investigación encargada de revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
Favor de continuar Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Proposiciones de acuerdo de los Órganos de Gobierno de la Junta de Coordinación Política. (Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica el acuerdo de creación del Comité de Administración de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario Dip. Marcos Morales Torres: (Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se amplía la vigencia de la Comisión Especial de Ganadería hasta el 31 de agosto de 2006)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. (Contestación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión correspondiente para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación del Gobierno del Distrito Federal, que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Comisión Nacional del Agua, que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
La Secretaria, diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que remite informe trimestral sobre la composición y situación financiera de inversiones del Instituto)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Oficios de la Secretaría de Gobernación. (Oficio de la Secretaría de Gobernación, que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente y al promovente, para su conocimiento.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: (Siete oficios con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Salud.
El siguiente punto del orden del día son iniciativas de ciudadanos diputados.
Compañeras y compañeros diputadas, diputados: Esta presidencia recibió del diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito del Código Federal de Procedimientos Penales de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso diputada presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente INICIATIVA DE DECRETO que adiciona un párrafo tercero al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacionales, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, el sector turismo es una prioridad del Estado Mexicano y éste se ha propuesto asegurar su capacidad competitiva. Busca desarrollar y fortalecer la oferta turística para consolidar los destinos turísticos tradicionales y diversificar el producto turístico nacional, aprovechando el enorme potencial con que cuenta México en materia de recursos naturales y culturales.
Se establece que en el sector turismo con objeto de incrementar las corrientes de visitantes extranjeros, se dará particular atención a las acciones de promoción.
Asimismo se apoyará la modernización de las PYMES, relacionadas con el turismo, para que puedan participar del desarrollo de este sector. Dentro del sector turismo destacan por su importancia los destinos de playa mexicanos. Esto ha sido un referente internacional por su cantidad y calidad.
Sin embargo, es cada vez más común el reclamo de diversos sectores y grupos sociales en el sentido de señalar que particulares están cerrando el acceso a las playas mexicanas. No se trata de casos aislados, sino cada vez más de situaciones sistemáticas en donde las grandes industrias del turismo impiden el acceso y tránsito en las playas. En algunas ocasiones escudados en el argumento de protegerlas de basura y contaminación y en otros simplemente sin dar explicación alguna.
Lo anterior afecta obviamente al pequeño comercio, a los servicios turísticos y a las diversas actividades turísticas que hacen tan atractivo a nuestro país.
Consideramos necesario intervenir de tal manera que se preserve la vocación de nuestro país como sitio amable para el turista. Intervenir de tal forma que se asegure el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas; que se garantice a todas las personas el goce y disfrute de estos bienes de dominio público de la nación.
Debemos considerar que el marco normativo aplicable garantiza el acceso, el uso y el disfrute de las playas a toda persona que se encuentre en México y en forma definitiva está vedado, prohibido, el negar o restringir el paso en forma alguna o con cualquier pretexto en nuestras playas mexicanas.
Al respecto cabe señalar que el marco normativo aplicable a este caso concreto es muy claro y no permite este tipo de abusos. En concreto, cabe señalar que la Ley General de Bienes establece claramente: "…son bienes nacionales las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales."
Además de lo anterior, señala que estos bienes son de uso común por lo que no se puede prohibir ni restringir el acceso a ellas. En este sentido señala el artículo 8 de dicho ordenamiento, que todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común sin más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos.
De igual forma, el Reglamento para el uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, establece el uso de las playas, establece que las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las expresamente señaladas.
De esta forma, resulta inconcebible que particulares estén restringiendo el acceso a estos valiosos recursos naturales y turísticos en detrimento de la sociedad y de la imagen de México como uno de los más cálidos y amables destinos turísticos a nivel mundial, motivo por el cual presento esta iniciativa.
Cabe señalar que uno de los grandes inconvenientes para garantizar que la playas mexicanas sean plenamente disfrutadas por los turistas nacionales y extranjeros, es la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades de los diversos niveles de gobierno.
Además, debe señalarse que siendo nuestro país un gran destino turístico de playa a nivel internacional y que esta actividad por sí misma representa uno de los grandes motores económicos de nuestra nación cuyas características por sí mismas pudieran convertir al turismo incluso en la primera fuente de ingresos de muchas entidades federativas, resulta inconcebible que el Estado no tome medidas más drásticas a favor de este sector.
Conviene aquí hacer ciertas precisiones.
Primero.- Prevención del problema: los ayuntamientos pueden garantizar el acceso de todas las personas a las playas marítimas al establecer en los proyectos y planes parciales de desarrollo y de uso de suelo la necesidad de respetar y asegurar un acceso libre a las playas, de tal manera que al autorizar licencias para cualquier tipo de construcción o desarrollo, que se establezca obligatoriamente un espacio de ingreso directo a éstas, de tal forma que las personas no tengan que ingresar por hoteles, expendios o comercios que impidan el libre acceso.
Dos.- Corrección del problema: De igual forma, estos mismos ayuntamientos pueden implementar inspecciones en las playas de su jurisdicción para evitar que los grandes desarrollos turísticos no limiten el acceso, paso y disfrute de las playas a las personas.
Visto lo anterior, cabe señalar que en este momento la redacción del artículo nueve de la Ley citada, restringe la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno al señalar categóricamente que estos bienes están bajo la jurisdicción de los poderes federales.
De esta forma, es de señalarse que en esta Ley General de Bienes se puede facultar a las autoridades federales para que garanticen el libre acceso, goce y disfrute de los bienes de uso común en coordinación con las autoridades municipales, de tal forma que al final de cuentas quien garantice ése derecho será la autoridad más cercana y definitivamente la más interesada en el debido desarrollo de la actividad turística.
En concreto, esta propuesta consiste en adicionar al artículo ocho relativo a los bienes de uso común para establecer la concurrencia entre las autoridades federales, locales y municipales.
En cuanto a la constitucionalidad de la propuesta, debe señalarse que ésta no riñe con el espíritu de nuestra Constitución toda vez que ésta está en su artículo 73 que señala concretamente:
"Artículo 73.- … fracción XXIX… letra K.- Que el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de turismo estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, estados, municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado".
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO que adiciona un párrafo tercero al artículo 8| de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como a continuación se establece:
Artículo 8: Los dos primeros párrafos quedarían en los mismos términos y el tercero sería: "Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales establecer programas y coordinar acciones para salvaguardar el derecho de todos los habitantes de la República para usar y acceder a los bienes de uso común".
TRANSITORIOS
Único.- La presente reforma entrará en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputada Presidenta, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, diputado Bravo Carbajal. Favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Vicepresidente, diputado Álvaro Elías Loredo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia.
El diputado Álvaro Elías Loredo: Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Decía Carlos Castillo Peraza que es ominoso que en nuestro país la ley y su cumplimiento sean negociables o se vuelvan instrumento discrecional de quien tiene el poder, para evitar críticas o suprimir la competencia política, porque sin justicia legal, ni siquiera puede plantearse la posibilidad de la justicia social.
Ya ha sido debida y abundantemente demostrado que en los países más ricos y más justos, no se dieron leyes después de serlo, sino que están donde ahora se encuentran, merced al imperio del derecho.
La historia enseña que las democracias sin estado de derecho, mueren de sí mismo. Si no hay respeto por la ley, si la autoridad renuncia a imponer la legalidad, si se considera que cualquier uso de la fuerza para hacer valer normas y fallos judiciales, es imposible o indeseable, lo que sigue es la nada democrática guerra de todos contra todos, situación que convoca al tirano que monopoliza el uso arbitrario de la fuerza para imponer el orden, la paz de los sepulcros.
La democracia pasa por el respeto al estado de derecho. No hay bien común sin respeto a la ley, no hay justicia sin el imperio de la ley.
Sin lugar a dudas una de las obligaciones legales esenciales que le han sido conferidas por el constituyente permanente al Congreso, es la de atender con diligencia los procedimientos de naturaleza diversa a la legislativa, como lo son el juicio político y la declaración de procedencia en contra de determinados servidores públicos a los que se les imputen conductas delictivas o contrarias a derecho, los cuales indiscutiblemente constituyen procedimientos que se deberán desahogar en función de la legalidad, teniendo siempre en mente la salud de las instituciones.
Por ello es menester que el Congreso de la Unión sea concebido no sólo como el Poder encargado de la creación del ordenamiento jurídico, sino como el órgano de control político, función que es indispensable para el normal funcionamiento de las instituciones del Estado.
En este contexto la legislación vigente en materia de responsabilidad política y declaración de procedencia, adolece de diversas imprecisiones y falta de sistematización.
Por ello he considerado necesario plantear una nueva ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia.
En tal sentido, presenté durante el mes de diciembre de 2004 una iniciativa de reforma integral al Título Cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para genera mayor certeza jurídica en la tramitación de dichos procedimientos constitucionales, específicamente en materia de responsabilidades políticas, penales y administrativas de los servidores públicos.
Ahora someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa legal que complementa tal esfuerzo. Esta asamblea tiene por objeto establecer un verdadero y efectivo marco jurídico que impida la impunidad en el servicio público y al propio tiempo garantice la estabilidad y correcto ejercicio de la función de los servidores públicos.
En tal virtud, considero necesario perfeccionar el marco legal que regula el juicio político y la declaración de procedencia, adecuándolo a una realidad que nos llevado a emplear estos mecanismos constitucionales cada vez con mayor frecuencia y no con pocas controversias respecto a su interpretación, suscitadas no solo por la naturaleza política que rodea los procedimientos o los órganos encargados de sustanciarlos, sino por lagunas y falta de claridad en la legislación.
Por ello propongo, entre otros puntos, establecer que en sus respectivos ámbitos de aplicación en el Distrito Federal regirán el ordenamiento que someto a su consideración y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; generar una mejor sistematización y hacer más expeditos y menos burocráticos tanto el procedimiento de declaración de procedencia como el de juicio político. Respecto a este último se incorpora el principio de presunción de inocencia, ya que se considera necesario por tratarse de un procedimiento materialmente jurisdiccional y con consecuencias jurídicas y posibles afectaciones de derecho. También se elimina la Subcomisión de Examen Previo.
Asimismo se propone que la Sección Instructora deberá integrarse al inicio de cada Legislatura, al igual que ocurre con las comisiones ordinarias de dictamen legislativo.
Por otra parte se establece que la integración de la Sección Instructora y la de Enjuiciamiento reflejen la pluralidad de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, y también que esto órganos estén integrados por un número impar, situación lógica en todo órgano colegiado. Se suprime la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, se señala con claridad que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no podrá conocer de juicio político o declaración de procedencia en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
También se incluye como requisito el de la denuncia del juicio político, la protesta de decir verdad en los términos de la legislación penal, a fin de evitar un mal uso de este mecanismo constitucional.
Se especifica, para ambos procedimientos, que el servidor público denunciado deberá señalar domicilio en el Distrito Federal para evitar las dificultades en las notificaciones.
Igualmente se elimina por completo la posibilidad de iniciar procedimiento de Declaratoria de Procedencia sin que medie la petición del Ministerio Público. Se aclara que la naturaleza del procedimiento de Declaración de Procedencia es administrativa, por lo que se establece que la Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias y acordes con esta naturaleza.
Se establece con claridad que el objeto de la Declaración de Procedencia es proteger la función pública y no al individuo que detenta el cargo objeto de la protección constitucional, aclarando que por lo tanto no se requerirá Declaración de Procedencia cuando el servidor público se encuentre separado de su encargo por cualquier motivo, así mediante muchas otras disposiciones que por limitaciones de tiempo no puedo enumerar, pretendo crear una herramienta más para la consolidación de la democracia, la que en un sistema de división de poderes requiere de que los pesos y contrapesos necesarios para un adecuado equilibrio entre los poderes, es ahí cuando el mutuo control y supervisión legítima entre éstos, se hace indispensable para la consolidación de un estado democrático de derecho y la responsabilidad política y penal de los servidores públicos pasa desde luego por este camino.
Compañeras y compañeros: No hay paz social sin respeto a la ley. No hay democracia sin el imperio del derecho.
Muchas gracias, señora Presidenta. Y solicito que el texto íntegro de seta iniciativa se integre en el Diario de los Debates. Gracias a todas y a todos por su atención.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, compañero Vicepresidente, don Álvaro Elías Loredo. De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turnarse a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
Asimismo, se instruye a la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico.
Señora Presidenta, hasta el momento hay una asistencia de 375 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que el compañero diputado Iván García Solís no está en el salón de sesiones, pasa al final del capítulo su intervención.
Nos ha solicitado el diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que la iniciativa que presentó para reformar el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se turne a la Comisión de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señora Presidenta. Legisladoras y legisladores:
Petróleos Mexicanos es una empresa que fue creada en 1938 para que sirviera de impulso a la industrialización de nuestro país. Este papel lo cumplió exitosamente hasta principios de los ‘80s, sin embargo, con el arribo de gobiernos neoliberales los recursos de esta empresa paraestatal se empezaron a utilizar para pagar el costo financiero de la deuda interna y externa y en años recientes en el rescate de los bancos, las carreteras y los ingenios azucareros.
En 1992 el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari impulsó la creación de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, que subdividió a Petróleos Mexicanos en cuatro empresas subsidiarias coordinadas por un corporativo.
Con el paso del tiempo quedó plenamente probado que la intención de fondo era desarticular al estructura organizativa de PEMEX para privatizarla y ponerla al servicio de los grandes grupos económicos del exterior y del interior.
El gobierno de Salinas de Gortari también se encargó de modificar el régimen fiscal de la paraestatal, con el propósito de irla ahogando en forma paulatina.
En 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo continuó con la tarea de destrucción de PEMEX como patrimonio de la nación, al abrir a la industria energética al capital privado mediante los llamados Pidiriegas.
Compañeras y compañeros diputados: Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, está claro que las acciones de los distintos gobiernos neoliberales de las últimas dos décadas, ha sido con el firme propósito de desmantelar a PEMEX y de privatizarlo. En ese contexto, el saneamiento de PEMEX pasa por definir quién toma las decisiones en esta empresa y para qué, cuál es el sentido y la orientación de la misma.
Por eso creemos que Pemex debe de ser administrada por personas que estén comprometidas con los intereses del pueblo mexicano y con una visión de trabajo a favor de México, es decir, no caben en Pemex aquellos que son promotores del neoliberalismo y la privatización de la riqueza petrolera de nuestro país.
En este sentido, nuestra iniciativa es para que el director general de Pemex, sea designado por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo Federal mediante una terna, integrada por profesionales capaces de velar por los intereses de nuestro patrimonio público.
También proponemos que los directores generales, de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, sean designados también por esta H. Cámara de Diputados.
Asimismo proponemos en la iniciativa, que el Consejo de Administración de la paraestatal, esté representada la sociedad civil, a efecto de que realicen la función de vigilar y supervisar la orientación de los recursos y la calidad de las obras que forman parte del funcionamiento de esta empresa.
La representación de la sociedad civil, también se hace extensiva a los Consejos de Administración de las subsidiarias de Pemex.
Los representantes de la sociedad civil al Consejo de Administración de Pemex, serán propuestos por las instituciones académicas vinculadas con la actividad petrolera, para que la Cámara de Diputados se la que elija, de entre todas las propuestas, a aquellos profesionales cuyos conocimientos en la materia, sean de reconocido prestigio.
Por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración la presente iniciativa a este pleno de la Cámara, donde se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de Pemex y organismo subsidiarios, y le solicito a usted, señora presidenta, se sirva ordenar que la presente iniciativa, se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias y es cuanto diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Vázquez González, de acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y turnarse a la Comisión de Energía.
A continuación tiene el uso de la palabra, nuestro compañero, el diputado Alfonso Rodríguez Ochoa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma el artículo quinto Transitorio del decreto que adiciona el artículo 3º. párrafo primero, las fracciones III, V y VI y el artículo 31 fracción I de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alfonso Rodríguez Ochoa: Con su venia señora presidenta. Compañeros y compañeros diputados.
La reciente modificación a los artículo 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2002, establece que la educación preescolar conforma parte de la educación básica obligatoria y que cursarla en su de ciclo de tres grados, constituye un pre-requisito para el ingreso a nivel de educación primaria, obliga al Estado mexicano a implementar la prestación del servicio educativo, de conformidad con la candelarización que establece el artículo 5º. Transito del mencionado decreto, que prescribe que la educación preescolar será obligatoria para cursarla para todos en los siguientes plazos.
El primer año escolar a partir del año 2004 al 2005. El segundo año del 2005 a 2006. Y el primer preescolar al 2008-2009, en los plazos señalados el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad a la oferta de este servicio educativo.
En este sentido la Secretaría de Educación Pública estableció las edades de ingreso a los tres grados de pre-escolar, tres años para el primer grado; cuatro años para el segundo; y cinco años cumplidos para el tercer grado, con el objeto de articularlo con la edad de ingreso a la educación en primaria que es de seis años.
Señala que la educación preescolar, permite a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente social de mayor diversidad y con nuevas exigencias. El jardín de niños, por el mismo hecho de su existencia, constituye un espacio propicio, para que los pequeños convivan con sus pares y con adultos y participen en eventos comunicativos, más ricos y variados que los del ámbito familiar.
A diferencia de otras experiencias sociales, en las que se involucra a los niños en su familia o en otros espacios, la educación preescolar tiene propósitos definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y potencialidades, mediante el diseño de situaciones didácticas específicamente al aprendizaje, como se aprecia, se puntualiza, que sin la participación de los padres o tutores de la sociedad en general, que sin constituir una efectiva comunidad escolar, la escuela, la institución escolar se inhabilita en el logro de sus fines u objetivos y en su operación, por lo que la familia y su acción educadora en la materia y en la infancia a lo largo de la vida del ser humano, deben fortalecerse. El razonamiento de que la educación inicial impartida por los centros de desarrollo infantil o estancias infantiles, para los niños de 0 a 3 años deberían ser también obligatoria cursarla, en la medida que a través de programas y mediante instrumentaciones didácticas se genera un entorno escolar adecuado al desarrollo afectivo, social, psicomotriz y cognitivo, cuyo propósito educativo es el desarrollo integral y armónico del niño y por tanto ello, en esta lógica implicaría sustraerlo del seno familiar, incorporarlo desde temprana edad al ser humano al sistema educativo de 0 a 3 años, cuando la tendencia pedagógica y educativa mundial es iniciar a los 4 ó 5 años el nivel preescolar y 2 años a la escuela materna en Francia, amén de que esta educación inicial en nuestro país se oferta en diversas modalidades, entre ellas desarrollada por los propios padres bajo un programa institucional.
De conformidad a las normas de derecho internacional en el rubro de los derechos humanos, el artículo 19 de la Recomendación Americana de Derechos Humanos suscrita por nuestro Gobierno, establece que los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. Asimismo, el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que siempre deberá prevalecer por sobre todas las cosas el interés superior del niño, por ello en su desarrollo integral y en el ejercicio pleno de sus derechos, ese interés superior del niño debe ser considerado como el criterio rector en la elaboración y en la aplicación de normas legales, educativas o de cualquier tipo en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
Considerando que la familia mexicana es y debe constituir el ámbito primordial para el desarrollo integral y armónico del niño y el ejercicio de sus derechos, es conveniente para que se preserve y se fortalezca en la primera infancia de los 0 a los 3 años, su permanencia y educación en su núcleo familiar y dependiendo de su maduración afectiva, social, psicomotriz, condiciones socio-culturales y económicas, se determine por los padres de entre diferentes modalidades, su ingreso al nivel educativo preescolar del Sistema Educativo Nacional.
La Secretaría de Educación Pública ha señalado: Los especialistas en la materia señalan que a los 6 años el niño ha alcanzado un desarrollo motriz, de orientación tiempo-especio y de socialización, entre otros, por este motivo el 31% de los países del mundo han tomado el criterio de la edad como parámetro de ingreso a la educación básica.
Las ciencias de la educación y las neurociencias han realizado importantes aportes al conocimiento del desarrollo infantil, puesto en relieve el fundamental papel que desempeñan los primeros años de infancia en la vida futura del ser humano, por ello es indiscutible que la educación inicial y preescolar son hoy de cardinal importancia en los sistemas educativos y para la sociedad en general.
Como bien señala en el acuerdo en mención, la educación preescolar interviene justamente en este periodo fértil y sensible a los aprendizajes fundamentales, permite a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente social de mayor diversidad y con nuevas exigencias; consigna que la educación preescolar se ve impactada por los cambios sociales y culturales y hoy ello lo enfrenta a desafíos tales como los cambios en la estructura familia y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, muchas de las cuales son jefas de familia, se expresa en la reducción del tiempo de atención y convivencia de adultos con los niños, ello implica tantos menores estímulos para el desarrollo de sus capacidades de educación, como menores oportunidades para establecer relaciones sociales y aprender acerca del mundo.
A este respecto, es fundamental puntualizar el hecho de que la madre sea trabajadora no implica necesaria y forzosamente que su efecto forzoso sea una reducción de su capacidad de atención y convivencia con sus hijos, en tanto calidad y calidez.
Si bien es importante reconocer que en nuestra realidad social existen una cantidad de niños adoptados y formados en virtud de tales características, del seno de la familia en que ambos padres salen a trabajar y dejan a los niños en diferentes instancias, tales como centros de desarrollo infantil; guarderías; estancias infantiles; abuelos; tíos o empleados domésticos, a los que el niño se ha obligado a adaptarse y sin darse cuenta el cambio se transforma en lo permanente.
Las ciencias de la educación han realizado un gran aporte en los últimos años, reconociendo en primer lugar que si bien se busca la formación de competencias básicas y la socialización del niño a través de la educación sistemática, en los niños a educar existe heterogeneidad, por lo que surge la pregunta: ¿hay que homogeneizar a través de plazos reglamentarios el periodo de incorporación y adaptación a nivel preescolar?
Si contamos con niños que alcanzan a diferentes ritmos y niveles de desarrollo psicomotriz, afectivo-social y cognoscitivo, parecería que hasta ahora la respuesta a los sistemas educativos y normas legislativos ha sido afirmativa, en tanto existen normas que establecen este periodo como obligatorio, lo cual es interpretado de diversas maneras y se podría seguir diciendo la adaptación del niño a la escuela y a sus maestras. Es decir, el niño es el que debe adaptarse a la institución escolar, lo cual es cuestionable ya que sabemos que las instituciones son dinámicas y deben brindar un servicio, ese sí, si es personalizado mucho mejor.
Consideramos que sería importante abrir el debate sobre las formas del período de adaptación e incorporación y abolir ciertas normativas y descentralizar la decisión a cada institución y padre de familia o tutores, para que puedan asumir ambos un compromiso verdadero con los niños a educar; a través de diversas alternativas ir agregando paulatinamente una hora de permanencia del niño, ahora que la reforma constitucional en comento obliga a que los niños de tres años de edad, a partir del ciclo escolar 2008-2009, a incorporarse a la educación preescolar, consideramos cardinal abrir el abanico de la oferta educativa del nivel preescolar, no sólo al esquema escolarizado aprobado, sino también a la modalidad no escolarizada desarrollada por los padres con apoyo de las instancias educativas.
El niño tiene derecho a recibir en el seno de la familia, educación, a convivir con ella en cantidad y calidad el mayor tiempo posible, de manera que se evite la desvinculación temprana de sus padres biológicos o de su familia extendida. Para ello, diversificar la oferta educativa del nivel preescolar, para permitir que a criterio de los padres y docentes en un proceso de autogestión escolar, la comunidad educativa escolar se termina en el momento del procedimiento de incorporación del niño a la escuela.
El compromiso para el Gobierno Mexicano de ofrecer educación preescolar obligatoria a los a tres años, a todos los niños a partir de los tres años, debe cumplirse al inicio escolar 2008-2009. Ello plantea analizar la actual cobertura y los escenarios de la demanda, y fundamentalmente asegurar ofrecer la misma calidad de servicio educativo para todos, en base al diseño del curriculum determinado por la SEP, con personal docente capacitado óptimamente. Y a su vez subsana el problema de cobertura en la medida que ante la escasez de cursos, debemos de optar por la creatividad de ascender a nuevas estrategias educativas; con ella se puede zanjar el problema.
El sistema escolarizado tradicional que requiere infraestructura, de edificios, mobiliario y equipo personal, proponemos que se establezca el servicio educativo de preescolar en un modelo semiescolarizado y abierto.
Por lo antes expuesto y fundamentado, se propone: "La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos y modalidades.
"En el tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005, para niños de edad de cinco años; el segundo año, a partir de 2005-2006, para de 4 años, y el primer año de pre-escolar, a partir del ciclo 2008-2009, para los niños de edad de tres años cumplidos, en la modalidad escolarizada, en el horario establecido en etapas de adaptación e incorporación paulatina y creciente al horario. Así como también, a criterio de los padres o tutores, se cursará el primer año de preescolar, mediante la modalidad no escolarizada o abierta, desarrollada por parte de los padres o tutores del niño, mediante de programas de asesoría de la SEP, a través de diversas estancias educativas que garantizarán la equidad, calidad y pertinencia del servicio educativo, en todas sus modalidades.
Es cuanto, señor Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Rodríguez Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Educación, pero con opinión de la Comisión de Educación, porque hay acuerdo que todas las modificaciones constitucionales, señor diputado, van a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación y Servicios Educativos.
Se encuentran con nosotros un grupo de mujeres, de señoras que nos acompañan provenientes del Estado de México y de la Delegación Miguel Hidalgo, que han sido invitadas por nuestra compañera, la diputada Adriana González Carrillo.
Sean ustedes, señoras, bienvenidas aquí a la Cámara de Diputados. (aplausos)
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Tiene la palabra nuestro compañero diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero.
El diputado Francisco Antonio Rojas: Con su permiso, señor Presidente.
El suscrito diputado federal, Francisco Antonio Rojas Toledo, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto, por lo que se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
A lo largo de su existencia Acción Nacional ha demostrado de manera interrumpida su compromiso con la legalidad, la transparencia y el correcto ejercicio de la función pública. En ese sentido, ha exigido de todos los funcionarios públicos, en especial de los emanados de sus filas, el recto ejercicio de una de sus tareas más nobles y fundamentales del quehacer público del Estado, utilizar el poder público para el beneficio de la sociedad.
El fundamento esencial de este postulado ha sido sin duda alguna en la historia moderna de nuestro país, la legítima aspiración del pueblo mexicano, de acceder
a un sistema de gobierno democrático sustentado en normas que garanticen la equidad, la igualdad, la justicia y la verdad como principios rectores de convivencia.
Remontándonos al Constituyente de 1917, se aprecia que los postulados anteriormente referidos, han quedado plasmados en nuestro Código Fundamental al establecer que la nación mexicana se propone vivir en la democracia, concibiéndola no sólo como un régimen de gobierno, sino como un modo de vida forjado a través de los valores comunes de respeto e igualdad para todo ser humano.
Tal y como lo señala el artículo 13 constitucional, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de más emolumentos que sea compensación de servicios públicos y esté fijado en la ley. No obstante, el propio Constituyente consideró que existen ciertas funciones que deben de tener una protección constitucional específica para que pueda llevarse a cabo su ejercicio sin ningún tipo de represión. La función legislativa al igual que otros puestos de altos servidores públicos de la Federación, en este caso, no lo necesita para poder expresarse libremente y no ser objeto de represiones de ningún tipo.
Las reformas propuestas al artículo 4° constitucional, concretamente el artículo 111, nos permitirá contar con un marco jurídico acorde a las necesidades actuales
de nuestro país, que logrará contribuir a cubrir las expectativas que tiene la sociedad en la actualidad, respecto al correcto ejercicio de la función pública y además creará una mayor certeza de que la aplicación de la justicia es igual para todos los habitantes de este país, consolidando así las garantías de igualdad y justicia que todo ser humano tiene derecho.
En un afán de congruencia, conciliares proclamados por Acción Nacional en la prevención y lucha contra toda forma de corrupción en el país, así como en la transparencia que exige la gestión y desempeño de las instituciones y de los servidores públicos. Los legisladores de Acción Nacional creemos en la imperiosa necesidad de establecer mecanismos jurídicos, eficaces, a efecto de dotar al Estado Mexicano, de los instrumentos necesarios para que éste pueda desarrollar la difícil tarea de prevención y combate a los actos de corrupción de los servidores públicos de los Poderes de la Unión.
Por tal motivo, el grupo parlamentario de Acción Nacional preocupado de contar con un marco jurídico, adecuado y eficiente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, presentamos con todo respeto a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforman el 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma el párrafo séptimo, así como se adiciona un párrafo octavo, recorriéndose los actuales párrafos, octavo, noveno y décimo, para quedar como: noveno, décimo y undécimo, respectivamente el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 111.- "...el efecto de la declaración que da lugar al presente proceder contra el inculpado, será separarlo inmediatamente de su encargo para que quede sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Si el proceso penal culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia de indulto.
La declaración de procedencia a que se refiere este artículo no será impedimento para que antes de emitirse ésta, la autoridad ministerial pueda realizar las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa correspondiente, a fin de determinar si es de ejercitarse la acción penal en contra del servidor público respectivo.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá la declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de delitos por cuya comisión el actor obtenga un beneficio económico o cause daño o perjuicio patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados".
Transitorio único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La presentación de la iniciativa que reforma el artículo 1º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, se pospone en cuanto a su presentación.
Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
La educación ha sido considerada como un acto intencional que busca desarrollar la capacidad síquica e intelectual del ser humano para potenciar sus habilidades de comunicación con los demás, así como convertir a los educandos en sujetos conscientes de su entorno y capaces de transformarlo. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades modernas se garantiza el derecho a la educación elemental, pero no en todas se garantiza el derecho a la enseñanza secundaria y preparatoria y mucho menos la educación superior.
Tal es el caso de nuestra Nación, donde está elevado a rango constitucional el derecho a la educación preescolar, primaria y secundaria, pero no la educación del bachillerato y la educación superior.
Por esa razón, estamos proponiendo crear un Programa Nacional Educativo de Escuelas de Bachillerato para Trabajadores que abarca cuatro modalidades:
Primero. El bachillerato nocturno, que fue una experiencia que se inició con José Vasconcelos en 1921 y prevaleció hasta 1979, cuando fue sustituido por el sistema de la preparatoria abierta que hoy cuenta con más de 500 mil inscritos, pero es un verdadero candado al desarrollo educativo de la población que estudia en este modelo, porque al alentar el aprendizaje autodidacta, lo hace sin que haya condiciones previas entre los educandos para tal efecto.
Para que el modelo de preparatoria abierta hubiese sido funcional a los requerimientos de los estudiantes mexicanos, era necesario formar primero lectores tempranos en el nivel básico de nuestro sistema educativo. Cuestión que al Estado Mexicano no le ha interesado hasta nuestros días. Sólo de esta manera hubiéramos creado estudiantes autodidactas capaces de insertarse a cualquier nivel educativo bajo cualquier modelo abierto.
Segundo, proponemos el establecimiento del bachillerato en las fábricas y en todos los centros de trabajo sean públicos o privados, para que todos los trabajadores mexicanos que deseen cursar este nivel educativo, cuenten con el apoyo directo del Estado Mexicano, para que puedan realizar y concluir este nivel de enseñanza en sus propios espacios laborales.
Tercero, también proponemos el bachillerato en las zonas rurales e indígenas a lo largo y ancho de nuestra nación para responder a una demanda añeja de millones de mexicanos excluidos históricamente de este nivel educativo.
Queremos que el gobierno lleve la educación a todos los centros de trabajo y al campo. Cuarto, asimismo el bachillerato a distancia haciendo uso de las nuevas tecnologías de Internet para que de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y la población en general, puedan iniciar y concluir el nivel bachillerato.
La educación presencial continúa siendo una necesidad para la mayoría de los mexicanos que no cuentan con hábitos de lectura y el desarrollo de las habilidades que la misma exige. La infraestructura física y los recursos humanos ya los tenemos, sólo hace falta realizar la interacción de éstos con los trabajadores que deseen estudiar el nivel bachillerato.
La propuesta educativa del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se basa en concebir a la educación como un instrumento integral de desarrollo de las potencialidades físicas, síquicas, emocionales, intelectuales e integración al medio social de seres humanos con un alto sentido humanista y solidario.
Por esa razón hemos propuesto iniciativas de ley que alientan y promueven la educación de los infantes, los jóvenes, de las madres y los padres. Y hoy estamos impulsando el establecimiento del bachillerato entre los trabajadores jóvenes y adultos.
Compañeras y compañeros diputados: Por las consideraciones antes expuestas sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley General de Educación.
Solicito diputado presidente se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Como lo solicita insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el diputado Sergio Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 18, 58 y 74 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El diputado Sergio Chávez Dávalos: Con su permiso diputado presidente:
Con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
INICIATIVA con proyecto de decreto para el que se adiciona con segundo párrafo el artículo 18 a la fracción I del artículo 58. Así como un párrafo del artículo 74 de la Ley General de Bienes Nacionales, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional comprende originalmente a la nación su dominio inalienable e imprescriptible (? sic) y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata para los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establecen las leyes.
De este modo, las concesiones entendidas como el acto jurídico administrativo por virtud de la Administración Pública otorga a un particular la posibilidad de usar, aprovechar o explotar un bien o un servicio desde luego sin dejar de reconocer algunas otras modalidades como la licencia, permiso o autorización.
El título de la concesión es instrumento a donde constan las decisiones del Poder Ejecutivo Federal y que otorga al concesionario la seguridad jurídica y legitimación para ocupar una determinada superficie.
En consecuencia, es importante destacar que la modalidad administrativa de concesión en los términos del artículo 16 de la Ley General de Bienes Nacionales implica que las otorgadas sobre bienes de dominio público no crean derechos reales, otorgan simplemente frente a la Administración y sin perjuicio de terceros el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el acto o título de la concesión.
Por lo que éstas, al garantizar la revisión de todos aquellos bienes respecto de los cuales habiéndose satisfecho los requisitos que exige la ley en comento, el reglamento respectivo y las disposiciones establecidas en las mejoras regulatorias correspondientes permite a la Administración recabar el dominio, siendo garante de lo dispuesto en nuestra Carta Magna la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos para los particulares o por sociedades constituidas formalmente ante las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante las concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal y de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
La Ley General de Bienes Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo del año 2004 y que vino a desplazar la publicada el día 8 de enero de 1982, elimina por completo el derecho de revisión que tiene el Ejecutivo Federal para recobrar el dominio de los bienes afectados de la misma, lo que se efectuaba por conducto de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y que ahora conforman con la nueva ley se les domina dependencias administradoras de los muebles a las Secretarías de la Función Pública, Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública y la Reforma Agraria, en relación a los inmuebles federales de su competencia.
En este orden de ideas, la nueva Ley General de Bienes Nacionales ya no contempla aspectos de naturaleza trascendental como los que anteriormente la ley admitía.
La nueva ley ya contempla dentro del capítulo segundo, en su sección octava, la recuperación de muebles por la vía administrativa en sus artículos del 107 al 115 y respecto de los cuales se desprenden únicamente los supuestos en los que iniciara el procedimiento administrativo, el acuerdo de inicio del procedimiento, la notificación y sus formalidades al interesado, y requisitos a los que estará sujeta a la audiencia, los términos dentro de los cuales se deberá de pronunciar la resolución correspondiente, así como la posibilidad en el uso de recursos contra tales resoluciones, pero jamás puntualizó el derecho de revisión.
Por todo lo anterior podemos concluir en las apremiantes necesidades de avalar los intereses de la nación y retomar las garantías institucionales bajo el principio de seguridad jurídica y en el marco de las relaciones de la supra ordinación (? sic), mediante la reincorporación del derecho de revisión que le asiste al Gobierno Federal, incluyendo tal aspecto en la Ley General de Bienes Nacionales, mediante la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:
"Artículo 18.- Para los efectos del párrafo que antecede, las dependencias administradoras del inmueble deberán de llevar a cabo el acta de revisión"
Segundo.- Se adiciona la fracción primera del artículo 58, para quedar como sigue:
"Artículo 58: "Así como los documentos en que conste el derecho de revisión de la Federación".
Tercero.- Se adiciona un párrafo al artículo 74 para quedar como sigue. Artículo 74: "Independientemente de las causas que hayan dado origen a la extinción de la concesión, las dependencias administradoras de muebles, sin demora alguna, ejercerán el derecho de revisión y procederá en los términos previstos a la fracción I del artículo 58 de esta Ley".
TRANSITORIOS
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su venia, ciudadano Presidente.
El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno, la presente INICIATIVA DE DECRETO que reforma el artículo 76 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunidad internacional se enfrenta hoy a viejos y nuevos retos que requieren de una pronta acción y una decidida colaboración de los países en tanto se pretenda preservar un nivel aceptable de paz y seguridad internacional y se busque hacer frente a los nuevos riesgos y amenazas.
Hoy día existen retos y amenazas de especial importancia que si bien no son nuevos, se han agudizado y evidenciado aún más en la posguerra fría, debido a la transformación de la naturaleza de conflictos.
Asuntos como el terrorismo, crimen transnacional organizado, medo ambiente, narcotráfico, combate a la pobreza y desigualdad, derechos humanos, entre otros.
Dentro de estos, un asunto de la mayor gravedad y que también se ha agudizado de manera alarmante en los últimos años, son los conflictos armados de carácter interno, los cuales comúnmente son acompañados por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Ante esto la comunidad internacional a través de la ONU, debe mantener siempre abierta la posibilidad de intervenir al interior de un Estado para sofocar los enfrentamientos bélicos y poner fin al sufrimiento de miles y miles de personas, además de colaborar en la recomposición de las instituciones colapsadas de estados en conflicto. Y es aquí donde las operaciones o misiones de paz de la ONU y el respeto, respaldo y participación de los estados miembros adquieren especial significado.
Las operaciones de paz de la ONU surgidas en 1948, estas operaciones han prevenido y salvado el sufrimiento y muerte de millones de vidas, lo que ha fortalecido su legitimidad y vigencia.
A la fecha se han registrado 60 operaciones de paz, de las cuales 17 continúan vigentes.
Transcurridos 57 años, más de 120 países han aportado contingentes militares y contribuido de esta forma en la pacificación y disolución de conflictos que signifiquen graves riesgos, esto para la población de los países en conflicto y la estabilidad mundial.
Recientemente las misiones de paz han adquirido mayor relevancia y contemplan operativos más completos que incluyen componentes de tipo militar y civil. De esta forma hoy en día, las misiones de paz van desde la supervisión de elecciones en Camboya hasta una gran operación militar en el Golfo Pérsico.
Asimismo la cada vez mayor relevancia de dichas operaciones va a acompañada de la mayor complejidad de las funciones que estas desempeñan, lo que requiere de un mayor compromiso y colaboración por parte de los estados, no sólo en respaldar las misiones de paz, sino ser parte activa de ellas.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas no se basan en el principio de enviar fuerzas que luchen para poner fin a un conflicto, por el contrario, se parte de la premisa básica de que una presencia imparcial de efectos de fuerza de paz de Naciones Unidas en la región donde se desarrolle un conflicto, hace que las partes implicadas procuren arreglar pacífica y negociadamente sus controversias.
Por otro lado, la conformación de una operación o misión de paz requiere de ciertos requisitos que garanticen legitimidad. Una misión de paz puede formarse a solicitud de un Estado, de un grupo o Estado miembro o a propuesta del Secretario General de la ONU o el Consejo de Seguridad. En todo caso dichas operaciones con responsabilidad del Consejo y será éste a través de una resolución quien la establezca.
Para que una operación o misión de paz se lleve a cabo la propuesta debe de contar con el explícito consentimiento del país o países involucrados, debe ser ampliamente respaldada por la comunidad internacional a través de la mayoría de votos en el Consejo de Seguridad y sin el veto de ninguno de los miembros permanentes.
Como se observa, se trata de un mutuo consentimiento de casos cuya urgencia lo justifican plenamente y del apoyo y solidaridad internacional. Esto es, que las operaciones o misiones de paz no involucren exclusivamente acciones de tipo civil o humanitario por un lado y militar por otro; por el contrario, dependiendo de las necesidades, urgencias y amenazas que determinada tengan las operaciones de paz pueden variar en sus componentes y objetivos.
Dentro de las funciones del personal militar encontramos que estos en principio acuden como observadores aportando armas ligeras para su legítima defensa y dentro de sus principios cometidos se encuentra supervisar la retirada de tropas, observar el cumplimiento y acuerdos y evitar la violación de la ley al fuego, vigilar el mantenimiento del orden y la ley, investigar incidentes, observar y supervisar el buen desarrollo de elecciones y verificar el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Como podemos observar, la ejecución de una operación de paz debe ser primero valorada y evaluada por la ONU, el Estado o Estados involucrados deben aceptar el envío de la misión. Sus componentes son de tipo militar o civil, su participación deberá ser neutral.
Bajo esta perspectiva no cabe duda que las fuerzas de paz de la ONU son componentes que reflejan la solidaridad y sobre todo el compromiso de la comunidad internacional.
La presente iniciativa tiene como objeto precisamente eso: el que nuestro país asuma plenamente sus responsabilidades internacionales y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la justicia. El actualizar nuestro derecho interno acorde a las responsabilidades y compromiso de México en el ámbito internacional es parte de esto.
Como sabemos, el artículo 76 fracción III de la Constitución faculta al Senado de la República para autorizar al Presidente de la República a permitir la salida de tropas nacionales y fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas.
En concreto, dicha disposición se encuentra rezagada del actual contexto internacional de colaboración de lucha y de paz y de seguridad internacional, sobre todo en cuanto a la ayuda humanitaria se refiere, de los valores y principios de México los mexicanos por su parte activa no pasiva en la construcción de un mundo más justo y seguro para todos.
Tan solo como referencia la facultad del Senado contenida en la fracción III del artículo 76 constitucional tiene su primer antecedente en la Constitución de 1874, la cual prácticamente se encuentra redactada en los mismos términos, esto es, hace ya 132 años.
Por ello, resulta imprescindible adecuar dicha disposición al dinamismo y realidad de un mundo que interactúa y evoluciona año tras año, donde tanto la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional como la salida de tropas del Ejército Mexicano no obedece necesariamente a actos de guerra o defensa nacional y, por el contrario, sí involucra cuestiones de ayuda humanitaria y solidaridad internacional.
El estudio de opinión pública y política exterior de México arroja elementos para considerar: la opinión contenida en dicho estudio contribuye a evidenciar la transición política de nuestro país y marcar una diferencia entre lo que debe seguir siendo y lo que debemos cambiar, y desde nuestra manera específica en cuanto a la participación activa y responsable de nuestro país en el contexto internacional en ayuda humanitaria.
Como Estado miembro de la ONU México adquirió derechos y obligaciones y los derechos sin obligaciones son impracticables. Las operaciones de paz son uno de los medios utilizados por las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacional y a través de éstas se ha logrado evitar el sufrimiento y pérdida de millones de vidas, pacificar regiones, crear y fortalecer instituciones al interior de ciertos Estados, para elevar con ello la calidad de vida de su población, entre otras cosas.
Todo lo anterior, argumentos suficientes para decidir a abandonar una política que restringe y omite las responsabilidades internacionales de México.
Por lo anteriormente expuesto y motivado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo Unico.- Se reforma la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 79.- Son facultades exclusivas del Senado:
"III.- Autorizar también para que pueda permitir el paso de la estancia de unidades militares pertenecientes a otros países por el territorio nacional y la estancia de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas.
"Tratándose de la salida de tropas mexicanas con motivo de ayuda humanitaria omisiones de paz requeridas para organismos internacionales en los que México sea parte, el Ejecutivo Federal deberá sólo informar previamente al Senado sobre la salida de las mismas y al regreso de éstas deberá dar un informe detallado sobre las actividades desarrolladas.
"En la Ley Reglamentaria que expida el Congreso de la Unión, se determinarán los requisitos, limitaciones y conclusiones en que se deba desarrollar la salida de las tropas mexicanas". Ese cuanto, señor Presidente, le agradezco su atención.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Raúl Piña Horta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo.
El diputado Raúl Piña Horta: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
El Estado tiene la obligación de crear o modificar leyes que den agilidad, eficacia y orientación al sector turístico, para impulsarlo a ocupar un sitio importante dentro de la economía nacional y en el mercado internacional del mismo sector económico. Por ello, la legislación federal en su conjunto debe armonizar dinámicamente las necesidades de información para desarrollar e impulsar la producción, distribución y fomento del turismo en nuestro país.
Desde 1968 la Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó las definiciones sobre turismo internacional, en razón de que el desarrollo de conceptos estadísticos y de los marcos conceptuales para el turismo, no habían evolucionado de acuerdo con los cambios en la naturaleza y significación del turismo a nivel mundial, ni con su potencial de crecimiento futuro.
La medición tradicional del turismo no había tenido en cuenta la interdependencia económica cada vez mayor de todos los países y la reducción de las barreras políticas y económicas entre ellos.
Las necesidades actuales en materia de estadísticas de turismo han aumentado considerablemente. No sólo los gobiernos nacionales requieren datos sobre aspectos específicos del turismo, también los particulares, los profesionales y los investigadores necesitan información sobre una gama muy diversa de temas, como el análisis de mercado, la eficacia de las campañas de comercialización, las inversiones en la industria, el desarrollo de los recursos humanos, así como la toma de decisiones en materia de política de turismo y la defensa de intereses de los particulares.
La Organización Mundial de Turismo ha manifestado que las estadísticas internacionales de turismo, no obstante las mejores logradas en estos últimos decenios, siguen registrando lagunas, definiciones divergentes y falta de uniformidad en la metodología para recolección de datos, por lo cual las cuentas mundiales y la comparabilidad resulta cuestionable.
La información estadística sobre visitantes y posibles visitantes, es vital, ya que nos dice quiénes son las personas que nos visitan. Sin esta información resulta imposible comprender adecuadamente la demanda turística.
Es importante comprender bien las relaciones entre ciertas características de posibles visitantes, como es la edad, el nivel de educación y de ingresos, y el comportamiento turístico para describir el volumen y la estructura del turismo de forma productiva y así prever la posible evolución de la demanda.
El turismo se entiende como flujos de personas que demandan bienes y servicios y también como un proceso de transferencia de riqueza e incremento de ingresos.
La información estadística y geográfica del país permite identificar y conocer los fomentos económicos, demográficos y sociales. Por esa razón es necesaria la revisión y actualización del marco normativo que regula los aspectos informáticos, estadísticos y geográficos, con el objeto de establecer debidamente los mecanismos que garantice que la información recabada se encuentra debidamente clasificada e identificada.
También se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Turismo, en el entendido de que el artículo 4º. de la Ley de Información y Estadística Geográfica, establece que las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Federal y que ejerza a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden ser atribuidas a otras dependencias por mandato de otra ley, a efecto de que en dicho ordenamiento se señale como facultad expresa del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Banco de México, la de llevar a cabo la recopilación y el procesamiento y la difusión de la información turística, generada en base a la aplicación de los instrumentos que se proponen.
Se propone pues. a fin de poner a disposición de quienes toman decisiones y a la sociedad, la información sistemática, que revela que el turismo es un sector importante en la vida económica nacional. Las dependencias del gobierno federal deben ser las responsables de reunir, conforme a los manuales elaborados por la Organización Mundial de Turismo, las ideas turísticas y de dar con ello, la credibilidad y confiabilidad al reporte estadístico.
Los requerimientos urgentes de información macroeconómica para fines pragmáticos, de análisis y de toma de decisiones en el aspecto jurídico, han vuelto necesario plantear el desarrollo de un sistema de cuentas para el Sector Turismo de nuestro país, cuyos resultados den una respuesta, adecuada y pronta, a los requerimientos actuales del mercado turístico.
Estos requerimientos se deben al importante crecimiento del turismo, y a que su estudio sólo se ha visto desde el punto de vista sociodemográfico y en el aspecto de la economía, sólo a nivel de ingresos del exterior.
La estadística actual en materia de turismo, no permite conocer cabalmente el impacto del turismo en la economía y en la sociedad. El turismo, dentro del sistema de cuentas nacionales de México, no es definido como una actividad o como un sector y sólo se ve el aspecto de la oferta turística, por lo que la medición de dichos sistemas es parcial.
Es por ello que para que exista un amplio estudio sobre el turismo, se necesita un proyecto específico que lo clarifique en torno a los temas con él relacionados, desde el punto de vista de la demanda, la oferta y de los servicios institucionales que en el país participan, para así cuantificar la participación y el impacto de las instancias públicas en el sector turístico nacional.
En el transcurso de los últimos años diversos países han realizado intentos, para obtener una visión completa del turismo, con la finalidad de registrar los datos obtenidos dentro del marco de la contabilidad nacional de un país, pero a nuestro entender, eso no lo es todo.
El legislador se tiene que encargar de plasmar esos ideales en la ley, y ese es el espíritu que nos promueve a proponer estas reformas a la Ley de Información, Estadística y Geográfica, de la Ley Federal de Turismo, para dejar claras las facultades que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el Banco de México y demás dependencias del gobierno federal y de los gobiernos locales, para elaborar las estadísticas turísticas y así tener una información estructurada que informe sobre el sector turístico de México.
Es por todo lo anterior expuesto, que nos permitimos someter al pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Información, Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Turismo.
Artículo 1º.- Se reforma el artículo 8º. de la fracción VIII del artículo 17; la fracción II del artículo 22; la fracción II del artículo 36 y los artículos 46 y 52.
Se adiciona una fracción IX al artículo 7º. y una fracción VIII Bis al artículo 17.
Se deroga el artículo 47, todos de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.
Artículo 2º.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 5º. de la Ley Federal de Turismo, recorremos el actual párrafo segundo para ser tercero.
Por respeto al tiempo de mis compañeros diputados, omitiré la lectura del artículo, pero solicito a la Mesa Directiva, sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, si es el caso. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
Tiene la palabra el diputado Lino Celaya, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al Inciso A del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El diputado Lino Celaya Luria: Con su anuencia señor Presidente. Compañeros diputados:
El suscrito integrante de la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente reforma, adiciona un párrafo al Inciso A del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, bajo la siguiente exposición de motivos:
A la muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla en julio de 1811 y debido a la traición de Elizondo en Acatita de Baján, Coahuila, el Ejército Insurgente reconoció a Ignacio López Rayón como su jefe militar y político, quien tuvo la intención de no darle no sólo legitimidad, sino también legalidad al movimiento Insurgente mediante la creación de un Congreso o Junta Nacional.
El licenciado Ignacio López Rayón, quien fuera el alumno más sobresaliente del "Padre de la Patria", fue convertido por éste como su secretario particular y al ser un hombre sus mayores confianzas, convicciones y lealtades, recibe el mando en secreto de "Generalísimo" después de la derrota sufrida en Puente de Calderón, a las afueras de Guadalajara, Jalisco, para trasladarle dicho poder a otro de sus alumnos de don Miguel Hidalgo y Costilla, me refiero a don José María Morelos y Pavón, quien se encontraba insurreccionado e insurreccionando a Tierra Caliente. Este hecho se dio previendo el caso de que fueran capturados los dirigentes de Movimiento de Independencia, como así aconteció.
A su regreso de Saltillo, Ignacio López Rayón pretendió establecer la Junta en Zacatecas, pero no logró su propósito, decidiendo marchar hasta Zitácuaro, Michoacán, lugar que por sus fortificaciones naturales era un sitio seguro, además que ya se encontraba insurreccionado por su primo don Benedicto López Tejada. Es entonces en Villas de Zitácuaro donde el 19 de agosto de 1811 se constituyó la Suprema Junta Nacional Americana en coordinación con el doctor José Sixtos Verduzco y el teniente general José María Liceaga, así que esta Junta se erigió como asamblea parlamentaria en el Primer Gobierno Insurgente Constituyente.
Durante los dos primeros años de vida de la Suprema Junta Nacional Americana, se convirtió en el organismo rector del Movimiento Insurgente al emitir bandos de guerra, extender títulos, nombramientos y ascensos a los diferentes jefes insurgentes; formular proyectos de reformas fiscales para mejorar la estructura económica, social y política de la nación; reglamentaria la conservación y fomento de las fincas rústicas y urbanas y ejecutar programas para la explotación nacional de los recursos del país; acuñar monedas propias y tratar de establecer relaciones diplomáticas con otras naciones, entre ellas Estados Unidos y Haití.
Fue en esta Junta donde se creó el primer proyecto constitucional, que tuvo la nación mexicana denominado "Elementos Constituyentes"; integrado por 38 puntos, y fue el primer antecedente de la Carta Magna, de Apatzingán y de los Sentimientos de la Nación.
Siendo así, que por su trascendencia fue reconocida y jurada por el Siervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón y por su ejército en diciembre de 1812 en Oaxaca. La Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, constituye el primer sistema parlamentario de México, siendo su Primer Ministro el héroe de Tlalpujahua.
Ignacio López Rayón, quien fue declarado Benemérito de la Patria y cuyo nombre aparece con letras de oro en este recinto legislativo desde el 16 de septiembre de 1842, además de que fue el personaje que reprodujo por primera vez el grito de Independencia en Huichapan, hoy Estado de Hidalgo, en 1812.
Los restos del ideólogo de la independencia y fundador de la sociedad fraterna, "Los Guadalupes", descansan en la Iglesia de Nueva Veracruz que se ubica frente a la Alameda Central de la Ciudad de México, y no en el Monumento del Ángel de la Independencia, donde deben reposar.
En consecuencia, por lo anteriormente fundado y motivado se propone el siguiente Proyecto de Decreto.
Único.- Se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 18.- En los términos del artículo 15 de la ley, la Bandera Nacional deberá izarse:
a). A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones: 19 de agosto como fecha de la instalación de la Primera Junta Nacional Americana de Zitácuaro de 1811.
Transitorio
Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Compañeras y compañeros diputados:
Durante mucho tiempo el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado ha sido un tema prioritario en nuestro país.
El constante desarrollo industrial y la constante actividad económica en todos sus rubros ha dado lugar a la generación a un nuevo mayor número de residuos peligrosos que en consecuencia aumentan el riesgo de salud en nuestros habitantes.
Las adecuaciones al marco legal nos han llevado, sin duda, a perfeccionar nuestras normas y procurar un desarrollo sustentable fundado en la prevención de la generación, valorización y gestión integral de residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de un manejo especial para prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.
En este contexto la participación ciudadana ha sido básica para que las autoridades ambientales localicen los lugares que están siendo contaminados o que ya sufren de elementos nocivos que ponen en riesgo la salud pública.
En tal circunstancia es necesario precisar con mayor amplitud la participación de los ciudadanos para presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes.
El artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, contenido en el Capítulo 4° del Título Séptimo de dicho ordenamiento, establece que tanto las personas, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o la misma sociedad podrá denunciar todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud.
De esta manera la denuncia popular representa uno de los instrumentos legales más adecuados para abarcar un universo más amplio en cuanto a la vigilancia de quién o quienes infringen la ley, causando daños al ambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas.
No obstante que el numeral 125 antes mencionado, si bien resulta genérico y abstracto, técnicamente adolece de la falta de claridad, ya que no establece el tiempo posterior al que el ciudadano tiene para denunciar un hecho o conducta ilícita en materia ambiental.
Es decir, en la práctica, principalmente en las zonas rurales del país, se han estado registrado tiraderos clandestinos de residuos peligrosos; incluso en predios particulares, cuyos propietarios se dedican a ocultar o enterrar dichos residuos en barrancas o depósitos no autorizados, con el consecuente peligro de daño ecológico a mantos freáticos y otros elementos naturales.
Estas actividades por sólo mencionar algunas, deben ser denunciadas, pero por desconocer la fecha del ilícito en que se cometió o por razón de que el depósito clandestino de residuos ocurrió hace meses o algunos años, los ciudadanos no denuncian, ya que las autoridades señalan que esos hechos ocurrieron hace mucho tiempo.
Para que no quede duda, tanto en ciudadanos como en instancias ecológicas del Estado, debemos darle claridad a dicho dispositivo, señalando que en todo tiempo podrá denunciarse todo hecho o conducta que propicie un riesgo a la salud en términos de la ley antes citada, sin importar el tiempo en que éstos hayan sucedido, dándole seguimiento investigatorio, administrativo, por la instancia que corresponda, tomando en cuenta que la materia de protección al ambiente en prevención y gestión de residuos, actualmente es ya de orden público e interés social. Resultando además por disposición de ley, que tanto las medidas, obras y acciones que sirvan para evitar el deterioro o la contaminación, son de utilidad pública para la nación.
De tal suerte resulta, que para fomentar y alentar la denuncia popular y lograr más certeza de los ciudadanos en el ejercicio de este derecho, se debe incluir en el texto vigente del numeral en comento, que en todo tiempo que hubiere ocurrido el hecho, al ser denunciado la autoridad le dará el trámite normal que prevé la ley adjetiva aplicable al caso.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción I, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, para quedar como sigue:
Artículo 125. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad, podrá denunciar ante la Secretaría, todo hecho, acto u omisión. Y se le incluye: "en cualquier tiempo que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud, en relación con las materias de esta ley y demás ordenamientos que de ella emanen".
La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este precepto se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Es cuanto, diputado Presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se retira del orden del día la iniciativa del diputado Jorge Legorreta Ordorica, iniciativa que reformaría el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene la palabra la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
La diputada Amalín Yabur Elías: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputada.
La diputada Amalín Yabur Elías: La suscrita diputada Amalín Yabur Elías, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, sobre la base de la siguiente exposición de motivos:
El principio de igualdad, consagrado en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere, para su efectiva realización, asegurar a todos los ciudadanos la sensibilidad y utilización de los espacios públicos. En este sentido, debemos imponer a los poderes públicos las obligaciones de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
Remover los obstáculos que pueden impedir o difundir su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, todo ello de acuerdo a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, sensorial y síquica que habrán de recibir la atención especializada que requieran y sean amparados, especialmente en el goce de los derechos otorgados a todos los ciudadanos.
Con el fin de promover estas condiciones y remover los obstáculos para la libertad y la igualdad del individuo de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural y social de la comunidad de acuerdo con el principio rector de la política social, dispuesto en la Constitución General, en orden a lograr la integración social de las personas con discapacidad para difundir de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.
Las presentes reformas tienden a garantizar el acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y transportes públicos o de uso público a todas las personas con discapacidad que vayan acompañadas de "perro guía" debidamente acreditados como tales, sin que el acceso de estos animales a los lugares mencionados anteriormente suponga para su usuario ningún gasto adicional, salvo que tal gasto contribuya a la prestación de un servicio específico económicamente evaluable.
Cuando una persona con discapacidad visual desea integrarse educativa o laboralmente, se enfrenta a la problemática de que su desplazamiento no es fácil, sobre todo en ciudades tan conflictivas y llenas de obstáculos, como las de nuestro país. Es por ello que un importante número de personas ciegas han encontrado en los "perros guías" una excelente alternativa para su movilidad.
Sin embargo, la mentalidad de la sociedad no está preparada para conocer o sensibilizarse respecto de lo que es un "perro guía" y de la ayuda que éstos prestan a las personas ciegas. No son mascotas, son perros que otorgan un servicio.
Estos perros de asistencia, además de en lo laboral, de ayuda concreta que pueden realizar, son, ante todo, auténticos catalizadores sociales; es decir, una persona discapacitada acompañada de un "perro de asistencia" se relaciona más, se comunica más y desarrolla una vida social mayor cuando está con su compañero.
Parece lógico que los perros puedan acompañar a sus dueños, sí, al cine, al teatro, a las tiendas, tener libre acceso a edificios públicos o privados, a los medios de transporte, etc. Es decir, a todos aquellos lugares a los que pueda cualquier persona o desea ir.
Desgraciadamente esto no es así, en la mayoría de los casos se le impide el acceso y esto es la falta de sensibilidad; se hace necesaria la existencia de legislación que regule este libre acceso.
Con la Ley General de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, dimos un gran paso en materia de discapacidad observando los principios de equidad, justicia social y equiparación de oportunidades, de conocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad.
Sin embargo, el espíritu de esta ley concluyó en algunos aspectos con normas rígidas y excesivamente restrictivas por cuanto no pudo contemplar al empleo de perros en auxilio de otras personas con discapacidad, al margen de aquéllas que no tienen deficiencias visuales.
Además de los perros guías está observándose una reciente utilización de perros como elemento de apoyo en la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad.
A pesar de ello la ley no ampara a los usuarios de estos perros que ven como la prohibición general al acceso de los animales a establecimientos, lugares y transportes públicos o de uso público, prevalece sobre su derecho a una integración social real y efectiva.
Todo lo dicho justifica la necesidad de superar el actual marco normativo y establecer uno nuevo adaptado a las necesidades actuales que amplíe el objeto de su protección a todos los perros de asistencia, lo que supondrá un paso más hacia la consecución del objeto que debe inspirar todas las actuaciones de los poderes públicos en el campo de los servicios sociales. La integración de cuantos viven sujetos a las limitaciones derivadas de su situación de discapacidad.
La presente iniciativa de reforma estructura los requisitos exigidos para el reconocimiento a la condición de perro de asistencia el derecho de las personas que vayan acompañadas de ellos, al libre acceso, deambulación y permanencia en cualquier lugar, establecimiento y transporte público o de uso público y a la vez y como contrapartida sus obligaciones.
Por las consideraciones expuestas someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Artículo 1. Se reforman los artículos 13 párrafo primero y 3o., 14, 17 y fracción I y XXIII, fracción III y se adiciona la fracción XV al artículo 2o. y una fracción II y los incisos a), b), c) d) y e) al artículo 13 y la fracción VI al artículo 17 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 2o.
Decimaquinta, perro guía. Al perro que habiendo sido adiestrado en centros especializados oficialmente reconocidos, haya concluido su adiestramiento y adquirido así la aptitud necesaria para acompañamiento, conducción y auxilio de las personas con discapacidad.
Artículo 13. Las personas con discapacidad incluso con perro guía, tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras, en los espacios públicos o privados con acceso al público.
El acceso del perro guía a los lugares mencionados en el párrafo anterior, no supondrá para su usuario ningún gasto adicional, salvo que tal gasto constituya la prestación de un servicio específico económicamente valuado y debería cumplir con los siguientes requisitos:
a) mantener al perro junto a sí, con la sujeción en caso necesario, en los lugares, establecimientos y transportes a que se refiere esta ley.
b) Llevar consigo y exhibir la documentación necesaria del perro guía, documentación sanitaria del perro guía, cuando sea requerido para ello.
c) Utilizar al perro guía para aquellas funciones para las que fue entrenado.
d) Cumplir las normas de higiene y seguridad en los lugares públicos o de uso público en la medida en que su deficiencia visual o discapacidad le permita.
e) Cuidar con diligencia la higiene y sanidad del perro guía.
Los edificios públicos y espacios privados con acceso al público, que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de esta ley según el uso al que sean destinados, se adecuarán a las normas oficiales que expidan las autoridades competentes para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
Artículo 14.- Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus trabajadores al alguna discapacidad respetando su libre desplazamiento en los términos del artículo 13 de esta ley.
Artículo 17.-Fracción I.- Impulsar programas que permitan la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transportes públicos, aéreos, terrestres y marítimos y medios de comunicación a las personas con discapacidad, incluso con perros guía.
Fracción VI.- Garantizar en los medios de transporte público aéreo, terrestre y marítimo y en medios de comunicación, el libre acceso a las personas con discapacidad, incluso con los perros guía.
Artículo 23.- Fracción III.- Promover la realización de las adecuaciones materiales necesarias para que las personas con discapacidad incluso con perro guía tengan acceso a todos los recintos públicos o privados donde se desarrolle cualquier actividad cultural, difusión de las actividades culturales, impulsar la capacidad de recursos humanos y el uso de materiales y tecnología a fin de lograr la integración de las personas con discapacidad en las actividades culturales y fomentar la elaboración de materiales de lectura.
El último: Transitorio único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto diputado presidente y solicito que quede integro en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.
La diputada Myriam de Lourdes Arabián Couttolenc: Con su venia señor presidente.
Dice Vasconcelos: "Salas muy amplias para discurrir libremente y techos muy altos para que las ideas puedan expandirse sin estorbo. Sólo las razas que no piensan –agregó en un típico desplante- ponen los techos a la altura de la cabeza".
Finalmente dice: "Que la luz de estos claros muros sea como la aurora de un México nuevo, de un México espléndido".
Diputados y diputadas: La educación es indispensable para construir una sociedad de igualdad a través de ella se potencias las capacidades y habilidades de la persona; se enriquece la inteligencia individual y colectiva; florece la cultura; se cultiva el entendimiento y se fomenta la tolerancia, elemento esencial de la democracia.
La educación es el pilar del desarrollo humano y de las naciones. Un país que no invierte eficazmente en educación, está condenado al rezago y a la desigualdad. La educación gratuita laica, es un derecho establecido en el tercero constitucional al que tenemos todos y todas las mexicanas. La educación es responsabilidad compartida entre Federación, entidades federativas y municipios.
En el proceso conocido como descentralización de los servicios educativos federales a las entidades federativas, se ha establecido tanto en las leyes federales como en los distintos convenios, facultades explícitas de las autoridades federales educativas.
Actualmente el Gobierno Federal destina mayor parte de los recursos disponibles del país hacia la educación, dándole la más alta prioridad con el claro reconocimiento de que aún no es suficiente.
Los recursos federales que se transfieren a los estados son condicionados, etiquetados en mayor o menor medida. Tanto el ramo 33 como el 39 se refieren a las transferencias vía aportaciones a las entidades federativas. De igual forma, la SEP Federal está facultada para celebrar convenios y transferir recursos del ramo 11.
Aunado a esto el artículo 6° de la Constitución Federal establece que: "El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información".
La reforma que hoy presento ante esta H. Cámara de Diputados, debe asegurar que cada peso federal que gasten los estados en educación lleguen ahí donde deben de llegar.
Diputadas y diputados: Nuestra responsabilidad es aprobar leyes y presupuestos que hagan efectivas la igualdad de oportunidades de cada niña y niño mexicano, cada padre, cada madre de familia, cada estudiante tiene derecho a la educación laica y gratuita con calidad, tiene derecho a que el congreso Federal mediante leyes, asegure el cumplimiento de las leyes federales a la prestación adecuada de este servicio, sea servicio público de educación federal, sea federal transferido a las entidades federativas o bien sea estatal.
Por eso esta propuesta de reforma al artículo 25 busca que así como ocurre con otros fondos federales, los gobiernos de los estados hagan pública la información de cómo se distribuye entre los diferentes planteles educativos, en forma desagregada por programa educativo y establecimiento, los recursos federales que van a la educación.
Por lo tanto propongo la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, y que quedaría como sigue:
Sección tres, artículo 25: "Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa publicará en sus respectivos diarios oficiales y en los medios de comunicación escritos de su Estado, los recursos que la Federación le transfiere para tal efecto en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.
Diputadas y diputados: Que el techo no sea la opacidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 7, 52, 58 y 67 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el señor diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Iván García Solís: Gracias, ciudadano Presidente. Ciudadanas y ciudadanos legisladores:
El día de hoy seguramente algunas o algunos de ustedes vieron una entrevista en la que compareció el Procurador del Consumidor en funciones. Se trataba de criticar la actitud de los concesionarios de las gasolineras, al no aceptar indebida e ilegalmente, que el producto que ellos expenden, que ellos distribuyen, la gasolina, pues sea distribuida con exactitud, es decir, que los litros sean justamente eso, litros.
Hace mucho tiempo que no veíamos al procurador compareciendo ante los medios, y es saludable que lo haga. No lo hizo mal, porque hizo la crítica de estos proveedores irresponsables y se ajustó estrictamente a la legalidad.
Pues bien, esto me da ocasión para fundamentar la propuesta que hoy hago y que tiene que ver con que la defensa del consumidor y la mejor orientación para el consumo y por supuesto también para los productores y para los proveedores, se estimule a través de los medios masivos. Es decir, que impulsemos una cultura del consumo y de la mejor producción y proveeduría de bienes a través de los medios de que dispone la sociedad.
En México la Ley Federal de Protección de Consumidor es la norma que regula la relación entre proveedores y consumidores, en ella se consagran diversos derechos a favor de estos últimos, a quienes se garantiza un consumo informado y una protección de su derecho de compra más allá de la adquisición del producto-servicio. Este ordenamiento tutela los derechos de los consumidores, de suerte que se equilibre la relación entre quienes suministran los insumos y los que los reciben.
No obstante esta naturaleza protectora del consumo, el ordenamiento vigente no ha logrado promover con efectividad la mejor conciencia de nuestra sociedad en esa materia ni tampoco ha logrado atenuar o disminuir sustancialmente las reclamaciones de los consumidores hacia los productores o proveedores.
El Instituto tiene varias décadas de fundado y si bien es cierto que recibe y procesa quejas en un número considerable, podemos afirmar, yo creo que nadie opinaría lo contrario, que todavía está lejos del alcance de los quejosos, de los ciudadanos y ciudadanas que presentan quejas, pues por distintas razones: por la falta de tiempo de quienes desearían quejarse o porque no hay la oficina cercana a sus domicilios o a su trabajo.
Sin embargo, aquí tenemos el dato del año pasado, se recibieron, el año antepasado, en 2004, se recibieron en la Profeco 145 mil 553 quejas y hay que decir que se logró conciliar en el 80 por ciento, lo cual habla bien de esta función. Y se recuperaron cerca de 820 millones de pesos a favor de los consumidores.
Suponemos, con válidas razones, repito, que muchos no presentaron la queja y que por lo tanto debe haber reclamaciones en un número mayor, aún no hayan sido presentadas expresamente.
Entonces ¿qué necesitamos? Perfeccionar, mejorar, el trabajo de esta Procuraduría, pero llevarla al diálogo público para que la ciudadanía, la población en general, puedan orientarse de mejor manera e incluso evitar, evitar con una buena orientación del consumo la necesaria presentación de quejas si los productos no fueron bien suministrados.
En ese sentido la propuesta que hago incorpora una función más a las que actualmente tiene la Profeco, con la finalidad de aprovechar, decimos, los medios masivos de comunicación. En particular nos parece muy útil que exista un espacio en la televisión, la radio también, para que ahí pueda haber un debate y un avenimiento de los diferendos entre las partes, al tiempo que se estimula la cultura de la provisión y consumo más responsables.
Hay que decir que en varios países, yo lo he observado hace muchos años en España, por ejemplo, pero hay otros países en que también se practica este tipo de dijéramos de oficios que generan desde luego buenos efectos en los consumidores y que en México no han logrado tener todavía su espacio.
Por lo tanto, la propuesta que hago es que haciendo el recorrido correspondiente en el artículo 24 se agregue lo que sería una fracción XXII que diría lo siguiente:
"Auspiciar foros de diálogo entre proveedores y consumidores u organizaciones de consumidores, con el objeto de que éstos puedan presentar sus reclamaciones y aquellos ofrecer sus respuestas".
Aquí digo yo consumidores individuales u organizaciones de consumidores, que es parte también del desarrollo de la cultura del consumo.
Hay en nuestro país ya organizaciones de consumidores, no en la medida que quisiéramos, no en la medida que hay en otras sociedades y en otros países, pero pienso que esto es parte de una sana evolución democrática.
Finaliza la propuesta:
"Tales actos –es decir, estos diálogos televisados o radiodifundidos a través de los medios- tendrán que utilizar los espacios que oficialmente se conceden al Estado".
Pues esta propuesta, ciudadanas y ciudadanos legisladores, la presento considerando que es oportuna, casualmente oportuna, porque –repito- justamente el día de hoy se presentó la comparecencia de un Procurador, que en el caso particular que lo observamos, mostró una actitud diligente, pero que así como en el caso de las gasolineras, que se inocultable, que es masiva la reclamación y que no se podría diferir ni tampoco hacer a un lado, pues en muchos otros casos se pierde la reclamación correspondiente.
Finalmente digo que el objeto no es un objeto persecutorio contra los productores o prestadores de servicio, por el contrario, se trata de avenimientos que buscan mejorar la capacidad productiva del país, no solamente elevar el beneficio en los consumidores, sino que con esa orientación de que la producción sea mejor y de mayor calidad, sentar mejores bases incluso dijéramos para una competitividad no sólo nacional sino incluso hacia el extranjero.
Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted maestro García Solís. Túrnese a la Comisión de Economía.
Señoras y señores legisladores: El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona los artículos 268 bis, 268 bis 1, al capítulo VIII del Título Decimosegundo y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones en materia indígena a la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Elí López Reyes, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de Primera Lectura.
A continuación someteremos al pleno la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 3º y la fracción IX del artículo 4º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señora Secretaria.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, por lo que considera el asunto suficientemente discutido.
Sin embargo y para los efectos del artículo 134, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
No habiendo ninguna reserva de los dos artículos y el transitorio correspondientes en el dictamen, se ruega a la Secretaría instruya la apertura del sistema electrónico de votación por diez minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo evento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(VOTACIÓN NOMINAL)
Diputado presidente, se emitieron 363 votos en pro 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictame3n con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, pregunta la Secretaría a la asamblea si se le dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los Ciudadanos Diputadas y las Ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los Ciudadanos Diputados y las Ciudadanas Diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión el dictamen.
Tiene el uso de la palabra en términos del 108 el señor diputado don Jorge Leonel Sandoval Figueroa a nombre de la Comisión para fundamentar el dictamen.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso señor Presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados.
Con las facultades que la ley me confiere, a nombre de los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y Defensa Nacional, comparezco ante ustedes para exponer el presente dictamen de decreto que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 12 de septiembre de 2005 recibió por parte del suscrito iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8. 9. 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, turnándose por la presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social para su estudio y dictamen.
Posteriormente la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitó la ampliación de turno a la Mesa Directiva, misma que se le concedió, por lo cual con fecha 6 de diciembre de 2005 dicha Comisión comunicó a las Comisiones Unidas sus opiniones respecto a la iniciativa en estudio, mismas que se incorporaron en su mayoría en el presente dictamen.
En las reuniones plenarias de las Comisiones de Defensa Nacional de fecha 7 de diciembre de 2005 y de Seguridad Social de 13 de diciembre de 2005, se aprobó el presente dictamen para ser sometido al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y en su caso aprobación.
En términos generales, el dictamen contiene lo siguiente: en el México actual es necesario dignificar a las instituciones, mediante un trabajo serio, responsable y comprometido con los mexicanos, asegurando a todos los sectores de la sociedad, el pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, como ocurre en la necesidad de garantizar a los militares y a sus derechohabientes el fomento de su salud, vivienda y seguridad social.
El estado de derecho está obligado a dar modernidad al funcionamiento de sus organismos descentralizados, como en el caso del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuya legislación prevé incongruencias normativas en materia de nombres de instituciones que han cambiado, dificultando su aplicación, excluyendo a determinados grupos vulnerables.
El presente dictamen valora que existen diversos dispositivos en los que interviene la Secretaría de la Contraloría de Desarrollo Administrativo, siendo indispensable que la norma sea congruente con el texto actual de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y legitimar el ejercicio de estas atribuciones a la Secretaría de la Función Pública. El presente dictamen en lo que corresponde a la atención médico-quirúrgica, los haberes de retiro de los militares actualiza la legislación, ya que puntualizamos que las Fuerzas Armadas en México han alcanzado un nivel de Ejército universitario con excelencia a nivel mundial y sólo a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es como se logrará conservar su salud y la de sus derechohabientes.
Las Comisiones Unidas hemos estimado reformar la ley de la materia a efecto de hacer cumplir la garantía establecida en el tercer párrafo del artículo 4 constitucional, en lo relativo a la ampliación de la atención médica a militares y derechohabientes discapacitados, en concordancia con lo establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Debemos tener presente que el interés de las Comisiones Unidas es proteger a las personas que junto con sus limitaciones coexisten en el ejercicio de otras potencialidades, tenemos la plena conciencia de sus necesidades, así como la de los adultos mayores, de su honra y la consideración que merecen eliminando las barreras que los limita para lograr su participación social en concordancia con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Finalmente proponemos dar mayor claridad a situaciones específicas, como el fallecimiento de la madre del infante del miembro de las Fuerzas Armadas, para no dar lugar a la indefensión del menor ante la ley, de quien quede a cargo del mismo y proteger los derechos de los miembros retirados. Por ello estimamos procedente incorporar como requisito para obtener el acceso al haber de retiro, presentar la Clave Única de Registro de Población en congruencia con las políticas dictadas por el Registro Nacional de Población y eliminar los casos de homonimia.
Por ello, en nombre de las Comisiones Unidas solicito a ustedes, señores diputados, su voto favorable al presente dictamen, con el que daremos mayor seguridad jurídica a todo militar retirado y sus beneficiarios, ya que los fines que pretende van encaminados a alcanzar la justicia social y expresar nuestra gratitud a las Fuerzas Armadas, así como de sus familias. Para lograrlo no le exige al Estado un impacto presupuestal, dado que el sentido del dictamen no representa afectación a las finanzas públicas, según lo establecido en la opinión que ha brindado la Dirección General de Programación y Presupuesto A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 9 de octubre de 2005.
Los legisladores, en nuestro carácter de representantes populares, asumimos el compromiso con la población de velar por el beneficio social, por lo que proponemos rescatar al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de un porvenir incierto que de ningún modo debemos permitir, porque históricamente les debemos gratitud y reconocimiento.
Por lo antes expuesto y fundado, a nombre de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Defensa Nacional, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra.- Muchas gracias diputado. Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido en lo general, pero se pregunta a la asamblea si hay algún artículo que se reserve para su discusión y votación en lo particular.
No habiendo quien reserve artículo alguno, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. (Votación)
Señor Presidente se emitieron 359 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por 359 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia acaba de recibir comunicación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual solicita proponer al pleno la incorporación al orden del día como dictamen de Primera Lectura con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con esta comunicación y consultar a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse y dar curso al asunto para el trámite correspondiente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día para darle entrada al asunto enunciado por la Presidencia.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces queda de Primera Lectura.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con otra comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política, dirigida a la diputada Marcela González Salas, Presidenta de la Mesa Directiva, H. Cámara de Diputados.
"Con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo de la Conferencia paral a Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día de esta sesión, en el primer turno posible, el posicionamiento de los grupos parlamentarios respecto a las actuaciones de diversos funcionarios en el caso de la periodista Lidia Cacho Ribeiro.
"Sin más por el momento agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.
"Firman: Diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; diputado José González Morfin, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde; diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT y diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia".
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega preguntar a la asamblea si es de modificarse el orden del día en votación económica.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la inclusión del punto de acuerdo anteriormente leído.
Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Secretaria.
Esta Presidencia en uso de las facultades que le otorga el artículo 23 de nuestra ley, fija como tiempo cinco minutos para el posicionamiento de los grupos parlamentarios y le otorga el uso de la voz al señor diputado don Jesús González Schmal, a nombre del Partido de Convergencia.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia, ciudadano Presidente.
El día de hoy, no hubo mexicano que tuviera acceso a la prensa y muy específicamente a la nota de "La Jornada", que no sintiera escalofrío, vergüenza, ira, verdadera angustia por lo que está pasando en México, por la condición ya degradada, francamente rupestre del ejercicio de la política.
Todos nos enteramos desde hace meses como la periodista, escritora, Lidia Cacho, mujer que ha tenido en su trayectoria encomiables encuentros, aciertos, tanto en denuncias y muy especialmente por su vocación en la protección de los menores víctimas de delitos sexuales; como está escritora tuvo el valor, la prestancia, la actitud de servicio a México, de denunciar en un libro "Los Demonios del Edén", como ocurría en Cancún, éste tráfico, ésta perversión de menores, este atentado incalificable de cobardía a la niñez mexicana.
Y como después de estos hechos, la periodista Lidia Cacho, acusada por un sujeto que se menciona en su libro de nombre Kamel Nasif, fue radicada en Puebla, fue traída ilegalmente desde Cancún en un coche a México, para ser recluida en el Reclusorio Norte; el cargo era apenas un delito de difamación.
El operativo movilizó a Policía Judicial de tres estados, para que se concentrarán en Cancún para este traslado. Y hoy sabemos por la grabación de lo ocurrido, como el gobernador de Puebla, Mario Marín, la Procuradora de Justicia, Blanca Laura Villeda, el Ministerio Público asignado, Rosa Aura Espejel y la Juez, Rosa Cecilia Pérez González, se confabularon para llevar a cabo éste atentado de lesa humanidad.
No podríamos denominarlo de otra manera, porque significó el que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría, se coludieran para agredir, para lastimar, para violentar el derecho y hacer materializar la venganza de este señor Kamel Nasif; que contó desde luego, con la anuencia y con la complicidad y la autoría directa del propio gobernador del estado.
Ahora estamos sabedores de cómo se fraguó este acto deplorable que avergüenza a México ante el mundo, que atenta contra la libertad de expresión, que atenta contra las garantías individuales más elementales de toda persona y cómo esto ocurrió en nuestras narices, en estos momentos, en estas horas angustiosas de México, donde estamos viendo cómo también las distintas autoridades en las ciudades fronterizas y en otros sitios, atentan contra los periodistas para acallar su voz, para lograr la auto censura, para hacer que México se degrade sin crítica a la condición de la máxima barbarie del país de los fuertes, del país de los salvajes, del país de los que tienen el poder para atropellar derechos a terceros.
Hoy conocemos, pues, ya la parte negra de esta historia en donde un gobierno estatal, el de Puebla, se presta a hacer y a contribuir a esta denigrante condición de ataque a una periodista y con esto, contribuye necesariamente a la subversión, a la anarquía, al estado de amenaza y de persecución que vive la prensa libre, los escritores, los periodistas, en todas partes de la república.
Queremos dejar constancia, por CONVERGENCIA, de nuestro repudio a estas conductas y de la necesaria acción de esta representación para llamar al propio Gobernador de Puebla a cuentas por estos actos que avergüenzan a México y que denigran toda nuestra condición institucional y el futuro de nuestra Nación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Jesús.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Jorge Kahwagi Macari, para posicionar al Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
Hoy nos encontramos frente a un caso que es vergonzoso para esta sociedad y es vergonzoso en dos vertientes, dos vertientes que me parece que son muy delicadas y que como legisladores tenemos que tomar en cuenta:
Una. Obviamente se tiene que aplicar la ley con justicia en el caso de la periodista Lidia Cacho. Lo que no podemos es ya haber agotado nosotros, que además ni siquiera nos corresponde, porque nosotros somos legisladores, no somos el Poder Judicial; no podemos sentenciar, ya haber juzgado y sentenciado o absuelto a nadie de ningún delito. Lo que podemos pedir es que haya apego a derecho.
También tenemos que condenar la violación a las garantías individuales de los particulares en el momento en el que se están interviniendo las llamadas telefónicas. De ninguna manera podemos permitir que esto se vuelva una práctica cotidiana, porque vulnera el estado de derecho que precisamente es el que nosotros como legisladores debemos de fortalecer.
No debemos de permitir que estos asuntos se politicen, porque en el momento en que un asunto entre particulares se politiza, pues es más difícil que se llegue a la justicia, que se llegue a la verdad.
De ninguna manera estoy defendiendo ni acusando a ninguna de las partes involucradas, lo que sí, es que tenemos que hacer un llamado al Poder Judicial, para que esto se lleve con respeto y con apego a derecho sin que esto se vuelva un linchamiento político.
Nadie, nadie puede estar por encima de la ley y tenemos que tener mucho cuidado en no viciar estos procesos. Por su atención, muchas gracias.
El diputado Inti Muñoz Santini (desde la curul):¡Señor Presidente!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Mójica Morga.
El diputado Inti Muñoz Santini (desde la curul): Señor Presidente, una pregunta para el orador.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ya bajó de la tribuna, a menos de que él quisiera regresar.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Yo regreso. Adelante.
La diputada Beatriz Mójica Morga (desde la curul):¡Señor Presidente!
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: A ver, diputada ¿con qué objeto?, ¿para hacer una pregunta?
Al diputado Inti Muñoz, sonido en la curul del diputado Inti Muñoz.
El diputado Inti Muñoz Santini (desde la curul): Quisiera preguntarle al diputado Kahwagi si acepta la pregunta.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Encantado.
El diputado Inti Muñoz Santini (desde la curul): Lo siguiente: de corroborarse la veracidad de las conversaciones telefónicas que fueron reseñadas el día de hoy por el Periódico "La Jornada", ¿está usted de acuerdo que lo que ahí aparece es suficiente para que se entable un juicio de carácter tanto penal como político en contra de personajes de la Administración Pública, como el propio gobernador de Puebla, que según lo que hemos conocido el día de hoy, estaría infringiendo de manera vergonzosa, flagrante, las leyes mexicanas al presionar al aparato de justicia del Estado de Puebla, para favorecer a un amigo suyo?
Esa es la pregunta que le quiero hacer.
El diputado Jorge Kahwagi Macari: Mire, como le decía, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en que este caso llegue, se lleva a fondo; que verdaderamente lleguemos a la verdad. Pero no podemos partir de pruebas ilegales; tenemos que tener mucho cuidado en cuidar la legalidad.
Usted como legislador conoce que es ilegal intervenir llamadas telefónicas. Entonces, si nosotros ya no queremos cuidar el marco de derecho, bueno, pues vamos a estar en graves problemas. Es alguno de los problemas que tiene por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, que no respeta las leyes. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Mójica Morga, para posicionar a su Partido el de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.
La diputada Beatriz Mójica Morga: Con su venia señor presidente:
Tú no eres el héroe de esta película papá. Lo escuchamos hoy en la televisión, pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esa vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad.
Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras, otras y otros medios de comunicación.
Señoras y señores legisladores: No es éste el primer caso que vemos de que se utilice la justicia de manera discrecional y que las autoridades de los estados no han entendido que estamos en pleno siglo XXI y que tenemos que actuar de manera responsable y diferente ante la sociedad.
Están, aquí ya lo dijo mi compañero del Partido Verde, que si la grabación es legal. Sabemos que tenemos que señalar que la transcripción o las grabaciones violan garantías individuales, cierto. Pero no es ese el punto de discusión en este momento.
¿Cuál es el punto de discusión en este momento? ¿Cómo se utiliza la autoridad y no se respetan los poderes, no se respeta la división de poderes. Esto, esto que comenté hace rato, fue el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. Este es el servidor público que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen; un gobernador que socava las instituciones republicanas, los poderes constituidos locales, no merece la honrosa distinción que el pueblo poblano le confirió.
N o obstante, este delincuente de nombre Mario Marín, no merece ni siquiera ser llamado gobernador. Sin pudor alguno vemos en los medios cómo atropella las garantías individuales de que gozan todos los ciudadanos de este país; como coarta la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación que se atreven a denuncias algunas tropelías. Amén de que ha vulnerado la división de poderes de esta entidad federativa al comprar a jueces, algunos corruptos, que se venden al mejor postor.
Hacemos un llamado a los legisladores honestos de este país y especialmente a los diputados y diputadas del Congreso de Puebla, a que actúen en consecuencia.
Asimismo, de esta tribuna hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, a mantenerse alerta ante los acontecimientos en el Estado de Puebla y a los periodistas y medios de comunicación del país, a no cesar en su esfuerzo por defender una de las libertades más preciadas: la libertad de expresión.
Estos atentados no sólo llenan de vergüenza e indignación a la sociedad poblana, sino al país entero. La destitución de este funcionario público es lo menos que podríamos esperar. Está violentando el artículo 110 que dice que por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, se puede iniciar un juicio político.
El derecho a la libertad de expresión es un derecho consagrado a la constitución. Este asunto es mucho más allá y es muy grave porque tenemos que plantearnos que no podemos permitirnos en el siglo XXI tener un retroceso.
Lidia Cacho fue acusada por difamación, pero nadie, nadie en Puebla se le ocurrió investigar el delito que ella estaba denunciado y que además no era ella la que lo estaba denunciando, eran documentos oficiales que están en la Procuraduría que están denunciando la pederastia y ahí nadie le entró. Y entonces nos es muy fácil entrarle al asunto de la difamación y de otros delitos de prensa para acallar a los comunicadores.
El gobernador de Puebla está vulnerando la división de poderes y esto, compañeras y compañeros diputados, no podemos permitirlo.
Exhortamos a la Cámara de Diputados local a que en consecuencia actúe y adelantamos que desde la fracción parlamentaria del PRD promoveremos un juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín. Porque si algo no podemos permitir en este país es que en pleno siglo XXI se quebrante el estado de derecho y se violen las garantías consagradas en la Constitución.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Myriam Arabián Couttulenc, del Partido Acción Nacional para posicionar a su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.
La diputada Myriam de Lourdes Arabián Couttulenc: Con su venía señor Presidente. Diputados y diputadas.
Hoy hago uso de esta tribuna como poblana, como mujer y como diputada federal para pedir el apoyo de todos los legisladores de los diferentes partidos políticos para investigar no sólo lo que parece ser una persecución política a periodistas, ensañada por el hecho de ser mujer sino también por el quebranto a los principios de un régimen federal; sino también a la utilización del poder y del Estado, a la utilización del poder del Estado y del dinero y a las influencias en contra de los ciudadanos.
Esta complicidad del poder y del dinero se están dando actualmente en el gobierno del Estado de Puebla, como lo vemos también en el caso de Pablo Hernández, indígena encarcelado por más de un año sin otro crimen más que ser un líder de su comunidad.
¿Cuántos ciudadanos y cuántas ciudadanas más en el Estado de Puebla están en la misma situación? Estas violaciones a los derechos humanos de Lidia Cacho es un atentado contra los principios democráticos, republicanos y de libertad que buscamos quienes hoy vivimos en este país.
¿Cómo querer construir un país de justicia y de igualdad si son sus propios gobernantes quienes lo violan?
La forma de obtener información no desestima la importancia y la relevancia de una acción burda e inhumana y extra legal de cómo las autoridades del Estado de Puebla, amparados en la complicidad, cometen actos que coartan severamente la libertad de expresión de prensa. La libertad de las poblanas y los poblanos.
Puebla está claramente en un estado de subdesarrollo político. Puebla hoy acude a esta Cámara de Diputados, a esta soberanía, para pedir que estas investigaciones se lleven a cabo desde el nivel Federal. Muchas gracias. (aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada.
Finalmente, para posicionar al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Alarcón Hernández, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alarcón Hernández: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros.
Permítanme, en relación con este asunto, poner como base esta tesis. La libertad de expresión en este país no sólo es una garantía consagrada en la Constitución. La libertad de expresión tiene realidad no sólo en las organizaciones políticas, no sólo en las familias, sino fundamentalmente en los medios de comunicación y a través de la expresión de nuestros amigos periodistas.
Lo que se ha publicado hoy en el periódico La Jornada, lo que se ha difundido en los medios electrónicos, es una bendita expresión de la libertad que tenemos en México, incluso a veces de llegar a la calumnia, de llegar precisamente a falsedades. Pero me parece que hay que distinguir dos o tres cosas:
Primero el contenido del libro de Lidia Cacho, que más bien debía llamarse "El Edén de los Demonios".
El segundo, y ese asunto está en manos de la autoridad, el segundo asunto ciertamente en relación con esto, también nos deja ver que la libertad de expresión consagrada en la Constitución, también se aprovecha, en una coyuntura especifica, en un periodo precisamente electoral, para querer precisamente demostrar hechos que por una parte y al efecto es importante precisarlo, por una parte es necesario verificar precisamente las grabaciones, precisamente habrá que investigar los hechos a los que ahora nos estamos refiriendo y no convertirnos precisamente en jueces, pues hay que admitir rasgarse las vestiduras en la tribuna, pues es una forma, venir a relatar aquí lo que ya La Jornada expresa, es otra forma, es el escándalo fundado a veces no en la verdad ni en la autenticidad. Erigidos en jueces queremos resolver los asuntos de este país.
A mí me parece que esta Cámara debe pronunciarse definitivamente por la investigación del caso, por la autenticidad; verificado esto, entonces podremos dar una opinión más amplia, más completa y proceder conforme a la ley.
Por lo pronto, compañeras y compañeros, sigamos ejerciendo la libertad de expresión; pero también con esa actitud y con esa responsabilidad, también tomemos prudencia, sensatez, de tal manera que prive el Estado de derecho, de tal manera que por la investigación se llegue a la verdad, a la verdad jurídica.
El diputado José Luis Medina Lizalde (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame, diputado orador. Sonido en la curul del diputado Medina Lizalde.
El diputado José Luis Medina Lizalde (desde la curul): Si me permite una pregunta el orador.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor orador ¿le permite una pregunta al diputado Medina Lizalde?
El diputado José Alarcón Hernández: No, señor Presidente porque no queremos ser parte del escándalo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: No admite su pregunta. Concluya, señor diputado.
Permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado Felipe Díaz.
El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Si me admite una pregunta el compañero diputado.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado, si le acepta una pregunta al diputado del Partido Acción Nacional.
El diputado José Alarcón Hernández: No, ninguna porque no vamos a ser parte..
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Concluya, señor orador.
El diputado José Alarcón Hernández: Concluyo. Primero la libertad. Respeto a quienes hacen uso de ella, empezando por nuestros compañeros periodistas, ellos al final solo difunden una conversación que se grabó; segundo, que estamos en favor del Estado de derecho; tercero, queremos investigar. ¡Lo que sí condenamos es el espionaje que hace el gobierno de Fox, eso sí debemos condenarlo!
(Aplausos)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, señor Diputado. Señoras y señores Legisladores: Hemos terminado con este capítulo de Posicionamientos respecto al asunto que nos ha ocupado en los últimos minutos. Pasamos al capítulo de Proposiciones.
Esta Presidencia recibió del señor diputado don José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal instaure el 14 de agosto como El Día del Cine Mexicano, misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Chiapas a respetar la libertad de prensa y expresión en el estado, consagrada plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y detener inmediatamente las agresiones y órdenes de aprehensión en contra de los periodistas de Chiapas, en especial de quienes laboran en los periódicos El Orden y El Cuarto Poder.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con su permiso, señor Presidente.
"Someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
"Consideraciones:
"Una vez más el gobernador de Chiapas, haciendo uso autoritario del poder del pueblo chiapaneco que le ha conferido de una práctica sistemática y constante, el sábado antepasado ha hecho arrestar al periodista chiapaneco Angel Mario Sherato, columnista del diario El Cuarto Poder.
"Durante el ejercicio del actual gobierno local se han registrado una cantidad considerable de ataques contra periodistas, lo que a todas luces se traduce como represión, tal como lo han apuntado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de los periodistas.
"El pueblo chiapaneco está siendo violentado de su derecho a la información. La prensa chiapaneca, en especial directivos editores y periodistas de los diarios Cuarto Poder y El Orbe son víctimas de esta brutal represión.
"En Chiapas el hostigamiento a los comunicadores no lo lleva a cabo el poder del narco, como ha sucedido en otras partes del país, en Chiapas es el Poder Ejecutivo local quien ha implementado una escala de terrorismo en el estado, para acallar a quienes no comparten su despótica forma de gobernar, para encarcelar y perseguir a quienes critican la corrupción al interior del gobierno del estado. No se puede hablar con libertad ni criticar al gobernador del estado, sin correr el riesgo de ser atacado en su persona, en su familia o en su patrimonio.
"El gobierno del estado presume de estar preocupado por el respeto a los derechos humanos, pero la realidad es otra, ya que se ha hecho caso omiso a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y nacionales. Quien desde el poder hace uso de los órganos del estado para hacer leyes anticonstitucionales, encaminadas solamente a velar por los intereses personales y particulares y no por los intereses generales de la sociedad, no puede ser considerado un demócrata sino más bien un dictador autoritario, como es el caso del gobernador Pablo Salazar Mendicuchía, al promover la famosa ley mordaza. Dicha ley es un retroceso enorme para ofrecer protección y justicia a quienes ejercen la noble labor del periodismo y por lo tanto también es una agresión a la sociedad chiapaneca.
"Es en razón de lo expuesto que pongo a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- Se exhorta al gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendicuchía, a respetar la libertad de prensa y de expresión en el estado de Chiapas, consagrados plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y detener inmediatamente las agresiones y las órdenes de aprehensión en contra de los periodistas chiapanecos, en especial de quienes laboran en los periódicos El Orbe y El Cuarto Poder.
"Segundo.- Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para que de manera pronta e inmediata, al periodista Ángel Mario Cerato, así como a los presos políticos y de coincidencia, dejen de ser perseguidos, y el primero debe ser liberado.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de febrero del 2006".
Solicito a la Presidencia se incluya en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro del presente punto de acuerdo.
Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputada Beatriz Mojica. Permítame un segundo, señor orador.
La diputada Beatriz Mójica Morga (desde la curul): Señor Presidente, pido la palabra.
Vamos primero a desahogar el trámite parlamentario correspondiente.
Usted disculpe señor orador. Muchas gracias.
Se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia tiene al señor diputado Francisco Rojas Toledo, del Partido Acción Nacional, inscrito en contra.
Le preguntamos a la diputada Beatriz Mojica Morga, en qué sentido, si la podamos nosotros inscribir en contra o en pro, en función de que parlamentariamente sería lo que corresponde.
La diputada Beatriz Mójica Morga (desde la curul): En pro.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En pro.
Luego entonces, inicia el turno el diputado Francisco Rojas Toledo, en contra, y posteriormente la diputada Beatriz Mójica Morga, en pro.
El diputado Francisco Rojas Toledo: Con su permiso, señor Presidente.
Siempre he dicho que la herramienta política es la palabra, pero para que tenga fortaleza esa palabra tiene que haber congruencia con lo que se dice y con lo que se hace. El gobernador de Puebla así lo puede hacer y las hace bastante mal, viene a discutir pero libertad de expresión.
La democracia para mí es fundamental, el respeto a la libertad de expresión y soy respetuoso de los medios de comunicación que juegan un papel muy importante en la formación del criterio de nuestra sociedad. Y esta información debe ser sustentada, veraz, bien documentada, responsable e imparcial.
Yo estoy convencido que el cambio de este país no solamente es cambio de los gobernantes o los representantes populares, también es el cambio de actitud de nuestra sociedad y uno de estos cambios de actitud es la responsabilidad y los medios de comunicación tienen un compromiso también de responsabilidad al informar como debe ser en forma imparcial.
Hace un momento presenté una iniciativa de ley en que se disminuyera el fuero a los legisladores. La razón fundamental es que nadie debe tener privilegios en este país, ni siquiera nosotros. No le podemos exigir a la sociedad que respete la ley, cuando nosotros tenemos privilegios que el resto de la sociedad no la tiene.
Sí es cierto, hay un proceso en contra del dueño del periódico "El Orbe", el señor Adolfo Zamora, que por cierto estuvo repartiendo despensas en el desastre del ciclón Stan, lógicamente tiene un delito y no puede tener ningún privilegio.
El señor ángel Mario Cerato, fue acusado por difamación y tengo aquí la documentación donde se prueba que el señor difamó, por lo tanto no tiene que haber ningún privilegio para él. También a los medios de comunicación que no actúan con responsabilidad, también la ley es para ellos.
Voy a finalizar diciendo simplemente, reconozco en el gobernador Pablo Salazar, que ha aplicado el estado de derecho sin distinción ni privilegios para nadie, y si eso duele, pues creo que la paz de este país va a ser cuando tengamos respeto a la ley y se aplique el estado de derecho.
No hay congruencia cuando se viene a pedir que se respete la libertad de expresión, cuando ellos han violado la ley. Acepto la libertad de expresión no un libertinaje de expresión. Gracias señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Diputada Beatriz Mójica en pro.
El diputada Beatriz Mójica Morga: Con su venia señor presidente. Han hablado en esta tribuna de la coherencia y la coherencia es justamente lo que espera la sociedad mexicana de las diputadas y los diputados, de nosotros. En ese sentido el grupo de trabajo que se hizo en esta Cámara de Diputados para dar seguimiento a la presencia periodísta y medios de comunicación, ha recibido diferentes denuncias, quiero decir de todos los partidos políticos, digamos, o gobiernos, o de todos los estados que están gobernados por diferentes partidos políticos.
Entonces hemos encontrado que este asunto de la libertad de expresión, no implica a unos y excluye a otros, tenemos un problema muy grave en el país y tenemos que acatarlo como tal, sin colores, sin partido.
Por eso hablo de la coherencia, en este sentido quiero respaldar el Punto de Acuerdo que aquí se ha presentado en relación a Chiapas, pero quiero decirles además que estamos atendiéndolo ya, que estamos atendiendo las denuncias que hemos recibido de varios estados del país y el grupo de trabajo irá a estos estados a platicar con los procuradores de justicia y con los presidentes de los tribunales de justicia de los estados, porque efectivamente hay reformas que tenemos que hacer, y una de ellas son los delitos de prensa.
Tenemos que revisar, porque no podemos permitir, ya lo hemos expresado acá, que en pleno Siglo XXI, tengamos este problema de libertad de expresión y tengamos agresiones a periodistas y tengamos el lugar número 135 de 167 países en libertad de expresión y seamos señalados como un país peligroso para los periodistas, no podemos permitirlo, por eso la Cámara de Diputados dio un gran paso, pero tenemos que ser coherentes con ese paso.
Y en ese sentido estamos atendiendo las diferentes denuncias que hemos recibido y en breve estaremos por Chiapas, atendiendo esta petición específica, de ver qué está sucediendo por allá, verificar si son ciertos o no son ciertos los casos, pero en primer instancia queremos sumarnos a este Punto de Acuerdo para que se liberen los periodistas que efectivamente están encarcelados, y se revise la legislación local. Pediremos a la Cámara de Diputados local revisen la legislación, que inhibe de alguna manera la libertad de expresión.
Es muy importante que avancemos hacia allá con altura de miras, un estado que se presume democrático, tiene que ser coherente en todos los ámbitos y en todos los sentidos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputada. Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, pero en consonancia con el tiempo que esta Presidencia ha fijado a los anteriores oradores le otorga tres minutos.
El diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández: Con su permiso señor Presidente. Una vez más vemos la aparición de quienes son los pupilos del gobernador Pablo Salazar y que le vienen a paliar aquí una actitud que en Chiapas y a lo largo de este país no están denotadas como se vienen a defender.
Yo quisiera decirle al diputado, que ya dejara de estar confundiendo y que viniera con hechos fehacientes a decir, cómo puede hablar de documentos que prueban que el periodista si incurrió en delito, digo, tiene en sus manos lo que su jefe le entregó como acusación, porque el juez no ha dictado todavía sentencia. Si el juez no ha dictado sentencia, cómo entonces se le puede acusar de delito, ¡ah!, que su patrón le dio los elementos para que lo venga a defender es otra cosa, pero viene a tratar de confundir.
Ahora quiero decirles, que el hecho de Adolfo Zamora, es precisamente una persecución política, y quiero decirle que la persecución del Orbe, no está precisamente en la infundada, en el infundado señalamiento a partir de las famosas despensas, que también quedó probado, que también quedó suficientemente probado que estaba siendo lícita la repartición de esas despensas. Que también el patrón le haya dicho otra información para que venga a tratar de confundir, es otro rollo.
También decirle que la libertad de expresión está emanada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que nada más en la legislación local de Chiapas, porque sólo ahí se da, porque sólo ahí tenemos un gobierno que no comprende que la libertad de expresión está también puesta para que nosotros los servidores públicos seamos sujetos de crítica, ahí en Chiapas nada más, revisen todas las legislaciones locales del país; nada más en Chiapas está tipificada la difamación como delito grave, para qué, para que hagamos una ley justamente a nuestra medida, a nuestros intereses y podamos gobernar bajo una óptica ciega, retórica y con una gran falta de rumbo para dirigir el estado de Chiapas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Señor diputado. Permítame un segundo.
Diputado Francisco Toledo, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Toledo (desde la curul): Si me permite pasar a la tribuna para alusiones personales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Alusiones personales. Por 3 minutos en congruencia con el tiempo que se les ha otorgado a los anteriores oradores.
El diputado Francisco Javier Rojas Toledo: Con su permiso señor Presidente. No cabe duda que cuando no hay elementos que debatir, queda la agresión. Simplemente le quiero decir que por parte mía va a haber respeto, jamás señalaré algo que no tenga sustento para acusarlo. Lo que sí le puedo decir a usted, señor diputado, es que he demostrado ante todos los medios de comunicación que el señor Adolfo Zamora estuvo repartiendo despensas con el logotipo del PRI, lucrando con el dolor de nuestros hermanos del Soconusco. Eso habla de la poca calidad de una persona y si es capaz de regalar despensas, ¿por qué no va a hacer lo demás? Refleja la calidad de persona, como decía hace un momento.
Quiero decirle que estoy aquí no por lo que usted menciona, sino porque creo en la libertad de expresión pero responsable. Si alguien ha sido difamado, descalificado en mi vida política, ha sido un servidor y que no solamente me afecta a mí, sino a mi propia familia y por eso lucho por una libertad de expresión responsable; que quien acusa tenga pruebas y si no, que se quede callado. Y por eso estoy a favor que aquel medio de comunicación que no sustenta la información, se proceda penalmente contra él, porque vuelvo a insistir; en este país no debe haber privilegios para nadie: ni para ningún diputado ni para ningún funcionario político ni para un medio de comunicación ni para su servidor.
Todos tenemos los mismos derechos y debemos ser sujetos a la misma ley. Por lo tanto yo sigo insistiendo que voy a luchar porque si en un momento dado se procede contra un medio de comunicación sin ningún sustento, como sucedió en Puebla, de lo cual usted no habló, entonces sí estaremos en igualdad de circunstancias. Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias.
Pregunte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la vía diplomática, intervenga y solicite al Gobierno Norteamericano el esclarecimiento de las muertes en la frontera norte de los indocumentados mexicanos Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez, hasta por tres minutos.
El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente: Con la anuencia de la Presidencia. Honorable Asamblea:
Han sido varios los casos en donde las autoridades policíacas fronterizas de los Estados Unidos de Norteamérica se han visto implicados en persecuciones y muertes de migrantes mexicanos que en busca del sueño americano han sufrido maltratos, vejaciones e incluso han perdido la vida.
El pasado 14 de diciembre del 2005, Carlos Delgadillo Martínez murió en su intento por cruzar el Río Bravo de Nuevo Laredo a Laredo Texas. Esto debido a que un helicóptero de la patrulla fronteriza descendió más de lo debido, originando con ello que se volcará el tubo de llanta en el que iba pereciendo ahogado.
En lo que respecto al caso de Guillermo Martínez Rodríguez, asesinado por la espalda el 30 de diciembre del 2005 en Tijuana, Baja California, por un agente de la patrulla fronteriza cuando intentaba cruzar el muro.
Igual de lamentable lo fue en contra del joven Ismael Segura Méndez, el pasado 14 de enero del 2006, en el poblado de Escobares cerca de Roma, Texas, en donde después de ser esposado por la Policía Norteamericana, recibió un balazo que le cegó la vida; dos de estos jóvenes son originarios del distrito que represento.
De ahí mi más enérgica protesta para que estos hechos mencionados sean esclarecidos y que no quede impune la muerte de estos jóvenes, que el único delito que cometieron fue el buscar una mejor vida para sus familias.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.
ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la vía diplomática intervenga y solicite al Gobierno Norteamericano el esclarecimiento de las muertes de los indocumentados mexicanos, Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez.
Solicito que el texto se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de febrero del 2006.
Atentamente, diputado José Manuel Abdalá de la Fuente.
Es cuanto, gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado, aunque no lo solicite de cualquier manera se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea, si se considera de urgente y obvia resolución en términos del 59, y al orador si nos permite que la Secretaría pase a concluir el trámite.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces no habiendo oradores registrados, se considera suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
Esta Presidencia recibió del señor diputado Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial que vigile la actuación de los organismos electorales, así como la legitimidad y transparencia del proceso electoral federal de 2006, misma que se turna a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia le da el uso de la palabra al señor diputado don Eduardo Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al municipio de San Nicolás de los Garza del estado de Nuevo León, a emitir de inmediato el permiso para la realización de las obras de construcción del Metro. Asimismo se exhorte a las autoridades estatales y federales se apliquen las sanciones a que haya lugar, al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, por la obstaculización de la realización de esta obra.
El diputado Eduardo Bailey Elizondo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados:
Como sabemos los Sistemas de Transporte Colectivos denominados popularmente como "Metro", son actualmente el principal medio de transporte en las ciudades modernas del mundo, por su amplio y positivo impacto en términos de vialidad y de ahorro económico para sus usuarios.
En ese sentido, Nuevo León y su capital Monterrey, ante el dinámico crecimiento de su zona metropolitana, producto de la alta migración del resto de los estados de la República, construyó el Metro, como el medio de transporte de cara al futuro que transita ya por algunos de los municipios que conforman la zona metropolitana.
El dinamismo de nuestro estado hace que los asentamientos de los habitantes se instalen en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey; lo que hace indispensable que éste tipo de transporte colectivo siga creciendo hacia donde se hace necesario atender su demanda de manera inmediata. Por ello, la ampliación de ésta obra a los municipios de San Nicolás de los Garza y General Escobedo.
Así, en pleno respeto de la autonomía municipal, las autoridades estatales y las municipales de ambos municipios, suscribieron un convenio para acordar la construcción de esta obra de beneficio social. De inmediato las autoridades estatales y los legisladores federales, nos avocamos dentro de nuestros respectivos ámbitos y atribuciones a la consecución de los recursos para llevar a cabo estas ampliaciones por considerar esta obra de trascendente importancia.
Así, en diciembre de 2004, durante las negociaciones del Presupuesto de Egresos, se logró destinar 430 millones de pesos para el año 2005, para esta obra. Cabe señalar que independientemente de la controversia presentada por el Ejecutivo, las autoridades hacendarias siempre demostraron su disposición de apoyo a esta obra, comprometiéndose además con una cantidad similar que está en proceso de negociación para el 2006.
Por lo anterior, la primera parte de los recursos fueron liberados, tiempo después de manera inesperada el presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Miguel Angel García Domínguez, aún habiendo firmado un convenio en un acto protocolario junto con las autoridades federales y estatales, comenzó un despliegue mediático de oposición a la obra, haciendo caso omiso de los convenios que ya había suscrito.
Cabe señalar que la posición del presidente municipal ha variado, de subterráneo a otras partes aéreas, etcétera, sin ningún soporte técnico, sólo argumentando que algunos se oponen. Se reitera, no se puede permitir que por un afán de promoción política personal, se perjudique a miles de habitantes, se hagan nugatorios los esfuerzos de esta H. Cámara de Diputados para otorgar el presupuesto necesario.
Y por ello y con base a las consideración anteriores, se presenta a este pleno de la H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta al municipio de San Nicolás de los Garza del estado de Nuevo León, a emitir de inmediato el permiso sin condiciones para la realización de las obras de construcción del Sistema de Transporte Colectivo "Metro", dentro de su territorio y,
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y estatales para que en el marco de la legislación vigente, se apliquen las sanciones a que haya lugar para el presidente de San Nicolás de los Garza, Miguel Angel García Domínguez.
Es cuanto, señor diputado Presidente y solicito sea considerado de urgente y obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así está considerado diputado. Muchas gracias.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Leyva: Se ruega repetir la votación y a los ciudadanos legisladores, manifestar su anuencia poniéndose de pie.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se repite la votación.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. (Votación)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia turna a la Comisión de Transportes este asunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibió de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a presentar este año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, una resolución de proclama de una moratoria universal de ejecuciones capitales, con miras a la abolición definitiva de las mismas, misma que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Y esta Presidencia le otorga la palabra al señor diputado don Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal establecer un programa de compensaciones para las personas afectadas por el revestimiento del Canal "Todo Americano" (All-American).
El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su permiso, diputado Presidente.
El suscrito diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la normatividad vigente, presenta ante esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal el establecimiento de un programa de compensaciones para las personas afectadas por el revestimiento del Canal "Todo Americano", basado en las siguientes consideraciones:
El Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y autoridades administrativas de ese país, han iniciado un procedimiento para revestir el Canal "Todo Americano" que se deriva del Río Colorado y riega tierras del Valle de Mexicali, en frontera con el estado de Baja California.
La intención del revestimiento es de incrementar el flujo de agua, evitando las filtraciones hacia la zona central del estado de California. Esta obra se iniciará en junio próximo. De concretarse esta obra, el Valle de Mexicali dejará de percibir hasta 400 millones de metros cúbicos que les sirven a 3 mil familias para tareas agrícolas y habrá un daño a la ecología, ya que propiciará la extinción de especies de la flora y de la fauna.
No se puede dejar de reconocer que las autoridades norteamericanas tienen todo el derecho a aprovechar mejor sus recursos naturales, pero la realidad de la frontera en sus aspectos económicos, culturales, sociales, exige la coordinación y sobre todo la cooperación entre los dos países, para limitar los impactos negativos que las decisiones de cada Estado pueda efectuar en los otros.
El 11 de noviembre del 2004, presenté un punto de acuerdo relacionado con este hecho y la Cámara de Diputados lo aprobó; sin embargo, hasta el momento, la respuesta del Gobierno Mexicano no ha sido lo enérgica que la magnitud de este problema demanda. Es necesario que de forma conjunta, Estado y sociedad organizada, lleven a cabo las acciones indispensables para exigir al Gobierno Norteamericano las indemnizaciones que por elemental justicia corresponden a las personas afectadas en el Valle de Mexicali.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita al Ejecutivo Federal la aplicación de un programa de compensaciones para las personas que resulten afectadas en el Valle de Mexicali, por la reducción de agua disponible a partir del revestimiento del Canal "Todo Americano"
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de Agua CNA, para que implemente un programa que permita mantener el abastecimiento necesario del recurso hídrico para productores, agricultores y demás usuarios del Valle de Mexicali, que sea ven afectados por el revestimiento del canal todo americano.
Señor presidente, este punto de acuerdo ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que le ruego que ordene su inserción en el Diario de los Debates, en la versión que previamente se entregó y que ofreció en la Gaceta Parlamentaria y no en esta síntesis que por economía parlamentario se ha presentado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Insértese íntegramente el texto de la propuesta del señor diputado, en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra la diputada María Concepción Fajardo Muñoz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institución, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal tome las medidas necesarias para condonar los pagos obrero-patronales a hoteleros del Estado de Quintana Roo.
La diputada María Concepción Fajardo Muñoz: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
Durante el año pasado, como sabemos, el huracán Wilma azotó las playas del Estado de Quintana Roo, dejando a su paso daños irreversibles. Se disminuyó en un 6% el flujo de turistas internacionales en comparación con el 2004.
De tal manera que el 80% de la infraestructura hotelera fuera dañada. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMI, reporta que la pérdida económica asciende a 1 mil 790 millones de dólares.
La Asociación de Hoteleros de Cancún, pide que se exente el pago de las cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores INFONAVIT; así como se les reduzcan las tarifas energéticas, correspondiente al último trimestre del 2005. Esta solicitud ya fue hecha en diciembre pasado en la visita que hizo el ciudadano Presidente de la República Vicente Fox Quesada, por medio del dirigente de la Asociación de Hoteleros de Cancún, el señor Jesús Almaguer Salazar.
Ya que las empresas aseguradoras no han liberado los recursos para rehabilitar la planta hotelera, sólo han otorgado anticipos por el 10% pese a que se comprometieron a pagar la totalidad de los daños. Se estima que más del 50% de los centros de hospedaje no han recibido y ante el retraso en el pago de los seguros diversos empresarios optaron por conseguir un crédito para poner en operación las 11 mil 839 habitaciones que hoy brindan servicio.
Desde un inicio la asociación siempre solicitó se le exentara de esta carga impositiva, ya que muchas empresas no han podido hacer frente a ella porque las condiciones son excesivas, las contribuciones son excesivas y los ingresos muy bajos.
Sin embargo, no se dio respuesta a eso y ahora corren el riesgo de cerrar propiciando así que no puedan hacer frente a tal requerimiento y por tanto se estarían perdiendo fuentes de empleo importantes para ese sector turístico.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a tomar las medidas necesarias para condonar los pagos obrero-patronales a los hoteleros del Estado de Quintana Roo.
En este punto compañeras y compañeros diputadas y diputados, si quisiera pedirles su total apoyo, ya que hay muchos compañeros quintanarroenses que perderían su trabajo.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Días, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al caso del C. Susumo Asano Moritori y a la empresa Diseño e Impresiones S:A: de C:V.
No encontrándose en el Salón de Sesiones, pasa al final de este capítulo.
Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice un proyecto en materia de infraestructura de transporte y desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
El diputado Angel Pasta Muñuzuri: Con su permiso señor presidente. El suscrito, diputado federal por la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Angel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución bajo las siguientes:
CONSIDERACIONES: El Istmo de Tehuantepec es un corredor intermodal que cuenta con un gran potencial de desarrollo y mayor impacto social en las regiones. Al mismo no se debe pasar por algo los acuerdos con las empresas navieras, con Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los gobiernos estatales y municipales, estos últimos dos para su debida promoción y apoyo del proyecto.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá hacer un estudio minucioso al proyecto ya que debe de tener en la práctica una mayor utilización de la capacidad en la infraestructura de transportes. Debemos también de contar con un sistema de información promocional.
Requerimos el apoyo total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya que necesitamos incentivos fiscales que consideren el establecimiento de nuevas industrias en el corredor trans-sísmico (?) también un establecimiento con un corredor in-bone (?) que incluya el libre tránsito de mercancías en el corredor trans-sísmicos sin revisión aduanal; de igual forma el transporte de mercancías en el corredor trans-sísmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, sin el pago de los impuestos por importaciones o por supuesto por la aprobación de la asignación presupuestal requerida para consolidación del presente proyecto.
Si la Secretaría de Comunicaciones y Transporte realiza adecuadamente el proyecto, se generarán empleos y una gran derrama económica, misma que favorecerá la integración de cadenas productivas; se apoyará al desarrollo de infraestructura industrial y urbana del sistema de ciudades; se apoyarán las exportaciones y tendremos además, de todos los beneficios mencionados, una alta participación de inversión tanto en la iniciativa privada y social.
Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero.- Se propone a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice un estudio en materia de infraestructura de transporte y desarrollo del Istmo de Tehuantepec con la finalidad de fortalecer la competitividad entre las diferentes infraestructuras y servicios de transporte.
Segundo.- Informe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esta soberanía, las inversiones del 2000 al 2005 de proyectos portuarios, ferroviarios y carreteros donde contengan datos del Istmo de Tehuantepec.
Es cuanto señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En virtud de que no se encuentran oradores registrados en esta materia, se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
No habiendo oradores inscritos, esta presidencia la considera suficientemente discutida y dispone que la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobada, comuníquese.
A solicitud del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo en relación con el caso de Susumo Azano Moritori y a la empresa Diseño e Impresiones, S. A., de C. V., se turna a la Comisión de Gobernación.
La siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal para que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Agraria, atiendan lo relacionado al juicio de la pérdida de hectáreas de la superficie original del ejido "Hoy del Aire" localizado en el municipio Taretane en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, rinda un informe acerca de los resultados obtenidos al transcurrir la vigencia del acuerdo denominado "Tregua Navideña Electoral".
No encontrándose en el salón de sesiones, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al derrame de combustóleo, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 25 de enero de 2006.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso, señor Presidente.
Solicito que mi intervención se pueda ser registrada de manera íntegra en el Diario de los Debates y que de esta manera, en estos momentos sólo pueda dar un resumen.
El pasado 25 de enero del presente año, en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dio una fuga de combustoleo, en este caso generado por labores de trasbase del buque-tanque "Tolteca", propiedad de Petróleos Mexicanos, provocando la derrama de más de 15 mil litros de combustoleo. El material tenía como destino la empresa Mital-Still. A la fecha las aguas marinas del puerto muestran la presencia del combustoleo en su superficie y en la bocana por donde acceden los barcos.
En el recorrido que hicieron diversas autoridades en la dársena portuaria, se comprobó que la recuperación fue de 150 barriles de combustoleo y que el derrame se debió a una avería en la válvula de la tubería del muelle. Las consecuencias del derrame se percibían en otros puntos distantes del lugar del accidente, siguiendo la corriente casi imperceptible del río hacia el canal de navegación, que se observa en las orillas, donde algunos arbustos muestran la costra negra de chapopote, la cual dimensiona el alcance de la descarga. Esto se observa en la superficie, pues se considera que también en el fondo marino existe combustoleo que no se puede rescatar, ya que le fue aplicada una sustancia que provoca su precipitación en dicho fondo marino.
Sobre lo acontecido la Secretaría de Marina Armada de México hizo llegar un comunicado en donde se destacaba que aceptando que se procedió a la ejecución del plan local de contingencia para prevenir y controlar derrames de hidrocarburos y otros sustancias nocivas al mar, efectuando estos trabajos en conjunto capitanía de puerto, Secretaría de Marina, Apilac, PEMEX y por el sector privado Mital-Still y Cobalsa, agregando que se continuaban estos trabajos de limpieza hasta terminar el área afectada, concluyendo que los daños fueron mínimos y quedando las aguas del recinto portuario y de la costa en la desembocadura del río Balsas, completamente limpias.
El informe de la Jefa del Departamento de Ecología Municipal de Lázaro Cárdenas, se asienta que la PROFEPA acudió el mismo día de los hechos a inspeccionar y considerar que la empresa responsable de los daños era Corporación del Balsas, una que representa tanto a SICARTSA, como a Mital-Still.
Cabe destacar que no es la primera vez que esto acontece en las costas mexicanas y en específico en las del puerto de Lázaro Cárdenas, generando problemas ecológicos graves y consecuencias sociales de complicación para las comunidades pesqueras que se asientan al margen de dicho puerto.
Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía la aprobación e la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la PROFEPA, para que verifique el debido cumplimiento de la normatividad ambiental por PEMEX y demás empresas involucradas en relación al derrame de combustoleo del 25 de enero en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo para que la SEMARNAT coordine que se instrumenten medidas correctivas con relación al grave deterioro ambiental de la zona, así como las acciones encaminadas a reparar los perjuicios causados y aportar los recursos necesarios para subsanar el quebranto económico causado a los pescadores del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
"Y, segundo, se integre un grupo de trabajo con diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión de Pesca de esta honorable Cámara de Diputados para visitar la zona afectada, con el objeto de conocer directamente los daños causados y los mecanismos de solución a la problemática referida"
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Como lo solicitó el diputado, insértese íntegramente el texto de la propuesta en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión.
No habiendo oradores registrados, esta Presidencia lo considera suficientemente discutida y dispone que la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Erick A. Silva Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar la reclasificación de la tarifa eléctrica de la 1D a la 1E para el consumo de uso doméstico en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
El diputado Erick Agustín Silva Santos: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, Diputado.
El diputado Erick Agustín Silva Santos: Las demandas más sentidas y reiteradas de la sociedad y sobre todo de quienes habitamos en zonas extremadamente cálidas del país, ha sido la solicitud de las tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor nos obliga a utilizar aparatos eléctricos que representan el 80 por ciento del consumo eléctrico total, como es el caso de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Sabemos y entendemos los rezagos de las tarifas acumuladas por años y de los altos costos de mantenimiento de las fuentes que generan electricidad, pero no aceptamos los supuestos beneficios para las zonas cálidas toda vez que en el norte del país la mayoría de las regiones que lo conforman son de clima extremo y muy fríos o extremadamente cálidos. Sin embargo, el costo por servicio eléctrico es cada vez más caro e incosteable.
La decisión del gobierno federal de reducir el subsidio de las tarifas domésticas, tal como se estableció en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero del año 2002, dio como resultado un nuevo incremento a las tarifas eléctricas pero sobre todo en las regiones más cálidas de nuestro estado.
Tal elevación afectó severamente a un segmento de la población con incrementos en la facturación al orden del 100 por ciento, introdujo una escritura tarifaria sumamente complicada, inequitativa y falta de lógica, ya que una pequeña variación en el consumo de energía da lugar a cambios desproporcionados en la facturación.
Un reconocimiento implícito de que un tratamiento equitativo es reconocer las diferencias climáticas que implican un mayor consumo de energía eléctrica, lo representa el hecho de que la reclasificación actual de las tarifas estacionales para servicio doméstico considera menos cargos a temperaturas ambientales mayores, porque a mayores temperaturas también se requiere mayor consumo de electricidad.
En Matamoros, Tamaulipas, contamos actualmente con la tarifa 1D el cual se asigna a ciudades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, cuyo límite por mes es de 1,000 kilowatts y hora. Solicitamos la tarifa 1E asignada a ciudades cuyas temperaturas medias mínimas en verano es de 32 grados centígrados, pero con la diferencia el que el límite del consumo por mes es de 2,000 kilowatts-hora.
Por ello solicitamos dicha reclasificación por ser la diferencia de solo un grado. Nuestra solicitud tiene base y sustento debida a nuestras ciudades hermanas, como lo son Reynosa y Río Bravo, las cuales se encuentran a muy poca distancia de Matamoros, gozan de dicha tarifa, sosteniendo las mismas temperaturas climatológicas, que son la base del establecimiento de las tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
"Cabe señalar que las temperaturas promedio que nos ha proporcionado la Comisión Nacional del Agua no coinciden con las temperaturas que nos ha proporcionado el Centro Meteorológico de Brownsville Texas, en Estados Unidos, por lo cual solicitamos una inmediata revisión y verificación minuciosa en lo referido, requiriendo además que dichas temperaturas sean tomadas por varias dependencias, a fin de establecer con mayor veracidad dicha información, debido a que en nuestra ciudad en temporada de verano el clima oscila entre los 35 y 40 grados centígrados, por ser zona extremosa, rebasando en demasía la temperatura que se requiere para el establecimiento de la tarifa 1-E, que es de 32 grados centígrados.
"En la sociedad matamorense se manifiesta la preocupación bimestral que sufrimos a causa de las altas tarifas eléctricas existentes. En este sentido debemos tomar en cuenta a muchas familias matamorenses, que se les hace algunas veces imposible solventar el consumo energético, toda vez que la facturación es demasiado alta. En ocasiones tienen que definir entre comprar medicamento para su hijo enfermo o para la educación de sus hijos o más aún, darle de comer a su familia o pagar dicho recibo.
"Por lo antes expuesto, me permito poner a la alta consideración de este pleno, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.
"Primero.- Esta Honorable Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la reclasificación de la tarifa eléctrica en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, para el consumo doméstico de la tarifa 1D a la tarifa 1-E.
"Segundo.- Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta al Jefe del Poder Ejecutivo Federal, a que en el ámbito de sus atribuciones instruya a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y Economía, a efecto de que con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de las tarifas eléctricas de uso doméstico en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas".
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.
No teniendo oradores registrados, esta Presidencia considera la propuesta suficientemente discutida y dispone que la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobada. Comuníquese.
Se recibió de la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, investigue la inclusión de 600 servidores públicos en los tres niveles de gobierno, como beneficiarios en el padrón del Programa "Oportunidades" en el estado de Michoacán, y se turna a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal libere los recursos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2005, en el ramo carretero para el estado de Coahuila, y haga oportuna entrega de los correspondientes al ejercicio fiscal 2006.
La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Gracias, señor Presidente.
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por los siguientes motivos
La infraestructura carretera es sin duda uno de los pilares del desarrollo del país, ha sido tema de los debates y negociaciones principales que año con año hacemos los diputados y compromiso prioritario de todos los gobiernos estatales.
El gobierno federal ha anunciado durante los cinco años de su función, el proyecto carretera estratégico, el cual impacta a la mayor parte del territorio nacional y en el que participan los estados de la federación, el sector social y privado y otros sectores estratégicos de la nación. Sin embargo, año con año, hemos constatado la pérdida presupuestal de inversión federal en este ramo, a pesar de los discursos e imágenes mediáticas del Ejecutivo Federal.
En el proyecto de presupuesto 2006 para construcción y modernización de carreteras, el Ejecutivo Federal propuso 4,877.2 millones ded pesos y la Cámara de Diputados le adicionó 7,611.6 millones, y para carreteras rurales y alimentadoras el Ejecutivo Federal propuso 1,255.6 millones y esta soberanía le asignó 5,601.6 millones más.
Se ha mantenido una política de retención desde el presupuesto 2004, el cual en los primeros seis meses sólo serían ejercidos en el ramo de construcción de carreteras el 29% del presupuesto aprobado. Para el presupuesto 2005, en el período enero a agosto de este mismo año, se habían ejercido sólo el 46%, datos proporcionados por la propia Secretaría.
El 14 de julio del año 2004 todos los miembros de la Comisión de Comunicaciones de esta H. Cámara de Diputados, presentaron un Punto de Acuerdo a esta soberanía, para que se ejerciera con oportunidad el presupuesto carretero del mismo año, ya que se observaba un preocupante subejercicio en el ramo. Para el ejercicio presupuesto del 2005 se mantienen detenidos cerca de 4 mil millones de pesos por el Ejecutivo Federal.
Mi estado, Coahuila, que participa en el Programa Carretero Estratégico, no ha recibido la totalidad los recursos para el tramo correspondiente de la carretera Zacatecas-Saltillo aprobados en el año 2005, por lo que se hace necesario exigir al Ejecutivo Federal, que más allá de su proselitismo partidista, se ocupe de terminar aquello en lo que nos hemos comprometido todos, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales, y por supuesto el Ejecutivo Federal que no ha cumplido. Por lo anterior presento el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal la inmediata liberación de los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal 2005 en el ramo carretera, y la oportuna entrega de aquellos para el ejercicio fiscal 2006 del Estado de Coahuila.
Siendo en el Palacio de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero del presente año. Diputada Laura Martínez. Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se considera de urgente resolución, en consecuencia está a discusión la propuesta.
Esta Presidencia informa que no tiene oradores registrados, por lo que considera que está suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobada. Comuníquese.
La siguiente proposición con Punto de Acuerdo relativo al comercio informal y ambulantaje en el sistema de transporte colectivo Metro, por el diputado Emiliano Ramos Hernández, se pospone.
Tiene la palabra la diputada Lorena Torres Ramos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la Comisión Nacional Forestal, lleven a cabo la reforestación de la Sierra de San Martín Bolaños.
La diputada Lorena Torres Ramos: Gracias señor Presidente. Compañeros y compañas diputadas:
A escala mundial, según lo anunció la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el 14 de noviembre de 2005 en Roma la pérdida anual neta de superficie forestal entre los años 2000 y 2005 fue de 7.3 millones de hectáreas anuales, que equivalen a la deforestación del 0.18% de la superficie mundial cada año. La República Mexicana ocupa el segundo lugar mundial en deforestación, situación grave por la pérdida de bosque, cuyo avance nuestras autoridades competentes reconocen e inventariaron, no así el establecimiento efectivo de medidas para combatir la pérdida forestal nacional.
Los efectos de la deforestación mundial se están manifestando en condiciones climáticas anómalas, circunstancias ambientales apreciables en la pasada temporada de huracanes del 2005, que provocaron inundaciones de capacidad de absorción y como sabemos todos, eran en proporciones para todos conocidos, devastadoras. Esto se debió a que los suelos carecían de capacidad de absorción, de retención de agua como consecuencia de la deforestación, prejuiciosos acontecimientos ambientales que los habitantes de la Sierra del municipio de San Martín de Bolaños, del estado de Jalisco, quieren evitar o disminuir con una pronta reforestación de sus montañas, debido a que es menester que urja y se organice un plan forestal, esto en sus bosques y que dé continuidad a la pérdida de flora y que se alcance ese punto máximo de recuperación, ello por el impacto ambiental que impera en esa zona.
La que suscribe, con la finalidad de que las presentes y futuras generaciones, tanto de la serranía del Municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco y de toda la entidad, y además del resto de México, cuenten con zonas forestales, presento el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, para que reforeste la Sierra del Municipio de San Martín de Bolaños del estado de Jalisco mediante el Programa Nacional Forestal 2001-2006, con la finalidad de que sus bosques se conviertan en zonas forestales sustentables, como lo contempla el diverso objetivo del Programa Estratégico Forestal para México 2025.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la SAGARPA y la Secretaría de Salud.
El diputado Diego Palmero Andrade: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Diego Palmero Andrade: Compañeras y compañeros diputados:
Someto a la consideración de ustedes la proposición con Punto de Acuerdo, los suscritos diputados federales de diversos grupos parlamentarios, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, la política de desarrollo social que asume el Gobierno de la República, tiene como objetivo esencial el desarrollo agropecuario, ya que es fundamental para elevar el bienestar de sectores importantes de la población.
En virtud de ello, en el año 2003, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación suscribió un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social con el objeto de establecer un conjunto de acciones y recursos destinados a dar apoyo a cañeros para la prestación de servicios médicos, mediante la utilización de padrones de productores de caña de azúcar y estadísticas obtenidas en ejercicios anteriores, cumpliendo de esta forma con el derecho a la seguridad social, derecho universal y humano.
Asimismo, el pasado 31 de diciembre de 2003, el Poder Legislativo autorizó un presupuesto al ramo 12 de la Secretaría de Salud por la cantidad de 200 millones de pesos para cubrir las cuotas de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social para el padrón nacional con una superficie cultivable de hasta cinco hectáreas promedio para el 2004, dándole un beneficio a 124 mil 153 productores activos.
En el presupuesto para el año 2005, fue aprobado por esta soberanía en el anexo 17 que considera en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el rubro denominado "seguridad social cañeros", Convenio IMSS, con un monto de 200 millones para aproximadamente 111 mil 560 productores activos registrados en el Padrón Nacional con una superficie cultivable hasta de 3.5 hectáreas en promedio para el año 2005.
Existe una gran inconformidad manifiesta por los productores de todo el país, ya que ellos al tener la necesidad de utilizar los servicios médicos en las clínicas correspondientes en los 15 estados productores de caña de azúcar, se dan cuenta que no pueden recibir los servicios médicos porque existen adeudos en el pago de sus cuotas, aportaciones que por cierto ya se les retuvo por parte del ingenio al que pertenecen como abastecedores de la graminia, y están descontadas en sus boletas de liquidación.
Estas cuotas se entregan a los líderes de las organizaciones locales para sus enteros al IMSS con el objeto de recibir oportunamente los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En la realidad los productores no están siendo beneficiados con estos subsidios aprobados por esta soberanía.
Solicito señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates por economía parlamentaria, y quiero mencionar el Punto de Acuerdo
ÚNICO.- Que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Salud y asimismo se informe los resultados obtenidos a esta Cámara para emprender en su caso las acciones conducentes que se requieran.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Insértese íntegramente el texto de la propuesta del diputado en el Diario de los Debates y consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la propuesta.
No habiendo oradores registrados, esta Presidencia la considera suficientemente discutida e instruyo a la Secretaría para que consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea, si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobada. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió del diputado Sergio Arturo Posadas Lara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita el dictamen correspondiente.
Esta Presidencia recibió del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Transportes.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Transportes, para que emita el dictamen correspondiente.
Asimismo, esta Presidencia recibió de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente.
Se recibió también del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita el dictamen correspondiente.
Finalmente, esta Presidencia recibió del diputado Gustavo Zanatta Gasperín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emita el dictamen correspondiente.
Continué la Secretaría.
La Secretaría diputado Patricia Garduño Morales: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. (Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Secretaria. La última votación se tomará como registro final de asistencia.
Se levanta la sesión ( 15:53 horas) y se cita para que tendrá lugar el jueves 16 de febrero a las diez horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las ocho horas.