La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos y ciudadanas diputados y diputadas.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 318 diputadas y diputados.
Por lo tanto, hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 10:26 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.
Continúe con comunicaciones.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio del C. diputado Guillermo Del Valle Reyes, por el que comunica que se reincorpora a sus labores legislativas a partir del 20 de febrero del presente año)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Solicitud de licencia del diputado Mario Ernesto Dávila Aranda)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes
"Puntos de Acuerdo
"Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Quinto Distrito del Estado de Guanajuato, a partir de esta fecha.
"Segundo.- Llámese al suplente".
No habiendo quien haga uso de l apalabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Favor la Secretaría de continuar con los comunicados de los diputados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Solicitud de licencia del diputado Hugo Rodríguez Díaz)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Hugo Rodríguez Díaz para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Cuarto Distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputado que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Solicitud de licencia del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Décimo Primer Distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Solicitud de licencia del diputado Omar Ortega Alvarez)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Omar Ortega Alvarez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Solicitud de licencia del diputado Ricardo Alegre Bojórquez)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ricardo Alegre Bojórquez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Cuarto Distrito del estado de Querétaro, a partir del 24 de febrero del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Solicitud de licencia del diputado Gonzalo Moreno Arévalo)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gonzalo Moreno Arévalo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Sexto Distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquese.
Se encuentran a las puertas de este Recinto las ciudadanas Modesta Vázquez Vázquez, Patricia Elena Retamoza Vega y Verónica Rangel Bernabé, diputadas federales electas en el VII, XV y VI Distrito Electorales del Estado de Jalisco.
Se designa en comisión para que les acompañe en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes compañeros y compañeras diputados: Lilia Aragón Ribero; Norma Patricia Rodríguez Guardado; Ofelia Ruiz Vega; María del Carmen Izaguirre Francos; José Antonio Cabello Gil; Carlos Noel Tiscareño Rodríguez; Edith Guillén Zárate, y Jorge Legorreta Ordorica.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadanas: Modesta Vázquez Vázquez, Patricia Elena Retamoza Vega y Verónica Rangel Bernabé: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?"
Las ciudadanas Modesta Vázquez Vázquez, Patricia Elena Retamoza Vega y Verónica Rangel Bernabé: "Sí, protesto".
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande.
Sean ustedes bienvenidas a esta su casa. (Aplausos)
Continúe la Secretaría con el orden del día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por favor pueden tomar sus lugares.
(Comunicación del Gobierno del Distrito Federal)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes compañeros diputados: Aníbal Peralta Galicia; Jorge Triana Tena, y Francisco Diego Aguilar.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia y con toda atención se les ruega a los representantes de los medios de comunicación, favor de ocupar sus lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor de información.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia?
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta, existen 346 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
Los diputados que no hayan registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para hacerlo por cédula.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Comunicación de las Presidentas de las Comisiones de Equidad y Género, Especial para conocer y dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y la Procuración de Justicia Vinculada, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado, comuníquese a las Comisiones de Equidad y Género, de Justicia y Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (De la Junta de Coordinación Política, en relación a que la diputada Miriam Arabián, sustituya al diputado con licencia Israel Gallardo Sevilla, como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
Esta Presidencia, compañeras y compañeros diputados, acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que se solicita proponer al pleno la incorporación al orden del día de un acuerdo.
Solicito a la Secretaría, dar cuenta con ésta y consultar a la asamblea en votación económica, si es de modificarse y dar curso al asunto para trámite correspondiente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, de acuerdo al comunicado de la Junta de Coordinación Política.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dará lectura al punto de acuerdo que acaba de llegar a esta Mesa Directiva que dice:
"Con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativos al orden del día de las sesiones, las discusiones y los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación; solicitamos atentamente incluir en el orden del día de la sesión , en el primer turno posible el siguiente acuerdo:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, informe por los medios diplomáticos conducentes al ciudadano español José María Aznar, el contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo reconvenga por sus declaraciones de días pasados y le solicite que en las próximas visitas que realice a territorio mexicano, se abstenga de inmiscuirse en los asuntos políticos del país":
Viene firmado por el diputado Pablo Gómez Alvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el diputado Jorge Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el diputado Alejando Vázquez Yánez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y por el diputado Jesús Martínez Alvarez, en su representación el diputado Juan Fernando Perdomo, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
Solicito a la Secretaría pregunte en votación económica, si se acepta este punto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si es de aceptarse...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Sí diputado?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde la curul): ¡Presidenta!, le pido la palabra para hablar a favor.
El diputado Rafael García Tinajero (desde la curul): ¡Presidenta! Yo también.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, en un momento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, si es de aceptarse el punto que propone la Junta de Coordinación Política.
Las ciudadanas diputadas...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este sentido lo que solicitamos es que, se ha pedido a esta Presidencia, se ha pedido para hablar a favor de este punto, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, el diputado Jorge Kahwagi Macari y el Diputado Pablo Gómez Alvarez. Asimismo tenemos la solicitud para hablar a favor del punto del diputado Rafael García Tinajero.
En tal virtud tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:
La sociedad mexicana está inmersa en el proceso electoral para elegir nuestro Presidente de la República, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión. El 2 de julio, los mexicanos elegiremos a nuestros gobernantes, pero debemos de hacerlo con ánimo reflexivo, conociendo las propuestas presentadas por los diferentes candidatos.
En el marco del denominado "Encuentro con la Sociedad Mexicana", organizado por el Partido Acción Nacional y en el cual participó el expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, ésta persona pronunció un discurso en el cual se contiene un párrafo que resulta claramente intervensionista en los asuntos políticos que solamente los mexicanos tendremos que resolver.
José María Aznar dijo: "me he enterado esta tarde que Felipe Calderón tiene 43 y la cosa que me ha hecho la gracia justa, tengo que decir, pero si lo que tengo que decir es que yo estoy aquí también para decir qué espero, deseo que Felipe Calderón sea el nuevo Presidente de México, para el bien de todos los mexicanos y por el bien de este país". Es una cita textual de lo que dijo José María Aznar.
Esta declaración es violatoria del orden constitucional de nuestro país, ya que ésta constituye una intromisión directa de esta persona en asuntos de política partidista en el que únicamente podemos participar los mexicanos.
Nos queda claro que esta es una reunión de la derecha y que consecuentemente participan en ella promotores también de la política económica neoliberal y quienes a ella asistieron no son personas comunes o corrientes, sino son personas que pugnan por el impulso de políticas públicas que empobrecen a los trabajadores y a sus familias.
El Partido Acción Nacional, como cualquier otro partido político nacional, puede invitar a quien quiera a sus eventos, pero si estos son extranjeros, deben de conducirse con el respeto al orden jurídico mexicano y sujetar su conducta y dichos a lo que las leyes mexicanas le permiten.
José María Aznar no tiene la calidad ética, política y moral, para decirle a los mexicanos por quien debemos de votar. José María Aznar mintió a los españoles y al mundo cuando los atentados terroristas en la Estación de "Atocha", les atribuyó éstos a la Organización Separatista Vasca ETA, cuando en realidad sabía que ellos no fueron. Este engaño a la sociedad española fue descubierto a tiempo, demostrándose que la mentira no paga.
Es cuanto, diputada Presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Vázquez Gonzáles.
A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Jorge Kahwagi Macari, para hablar a favor de este punto de acuerdo, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con la venia de la Presidencia. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores:
¿Acaso no cuenta la sangre derramada por nuestros compatriotas que nos han dado patria y libertad? ¿Acaso no significa nada aquella frase de don Benito Juárez que "entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz"?
La historia nos ha enseñado que la soberanía de un país es algo que se debe de defender a veces hasta con la vida y no podemos permitir que venga un mequetrefe –porque es un mequetrefe que no supo ni siquiera defender a su país- a darnos consejos, porque además está violando nuestras leyes.
Si bien dice el artículo 9 de la Constitución que no podrá haber intromisión de ningún individuo extranjero en reuniones políticas, también el artículo 6 dice que se puede permitir la libre reunión. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado de respetar las leyes.
El Presidente así como Felipe Calderón, se han cansado de repetir que la ley está hecha para respetarse. Yo le haría un llamado a Felipe Calderón y a todo el Partido Acción Nacional, que siga observando la ley porque en estos momentos de desesperación en la que ven que su candidato no crece, se están apoyando en individuos de otros países, pero además individuos que no creo que sean los más indicados para dar ninguna recomendación a ningún país. Individuos que han hecho que en su país pues ya vieron los atentados por estarse metiendo precisamente en otros países.
Me parece que tenemos que cuidar, cuidar nuestra soberanía. Invito al Partido Acción Nacional a que se una a todos nosotros para hacer un llamado a las autoridades pertinentes para que esto se tome con la seriedad que se debe de tomar, que se aplique el artículo 33, que se aplique el artículo que se tenga que aplicar.
Pero nosotros tenemos que ser defensores de nuestra nación. En este momento nosotros no es mucho más fácil defender a nuestra nación porque hay leyes, porque hay leyes que defienden a nuestra nación y nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplirlas.
En otras épocas hubieron mexicanos que tuvieron que dar su vida para defender a la nación y para formar las leyes que hoy nosotros tenemos que cumplir.
Así es que cumplamos con nuestro deber y por su atención muchas gracias compañeros.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Kahwagi Macari.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero el diputado doctor Rafael García Tinajero.
El diputado Rafael García Tinajero: Con su venia Honorable Asamblea:
Es lógico que la derecha mexicana coincida con la derecha de otras partes del mundo, con la derecha española en especial tienen profundas diferencias. Ambos impulsan un mismo orden económico internacional; ambos impulsan la puesta en práctica de políticas económicas que conocemos como neoliberales; ambas coinciden en que la moral decimonónica y la fe, sustituyan en la ley a la razón; ambos se subordinan al imperio.
Aznar en aquella guerra contra Irak, como copartícipe junto con Estados Unidos, la derecha mexicana sirviendo como enganchador para impulsar un tratado de libre comercio para todas las américas, que sirve a los intereses del Imperio. Pero esto no es lo importante, el hecho de que coincidan ideológicamente lógicamente hace que también coincidan en el apoyo; que tengan interlocución, que se ayuden. Pero esta ayuda tiene que tener apego a ciertas formas y a ciertos modos y aquí en México eso está limitado por la ley.
Tenemos que decir claramente que Aznar y el PAN violaron la ley mexicana. Cualquier extranjero en México tiene como primerísima obligación el ceñirse a la ley mexicana, el respetarla. Y Aznar transgredió indudablemente la ley mexicana y también lo hizo el PAN, hay que decirlo; transgredieron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuérdense que el artículo 9 dice en su primer párrafo que: "que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito. Pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país."
El artículo 33 nuestra Constitución dice que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos. Y aquí tenemos que reconocer que Aznar violó la ley pero el que lo trajo fue el PAN, el que lo hizo participar en una reunión política, violando el artículo 9o. constitucional fue el PAN.
El que violó el artículo 25 del COFIPE fue el Partido Acción Nacional. Acuérdense que el artículo 25 del COFIPE dice: "La declaración de principios de los partidos, violó también, también sus estatutos, sus principios, de los partidos, contendrán por lo menos la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen."
Y, en su inciso c) dice: "La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que los sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o en su caso rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta".
Aquí hay graves violaciones a la ley del país. Aquí hay la intromisión de un extranjero en asuntos que sólo compete resolver a los mexicanos en política electoral y nosotros pediremos en primer lugar que este extranjero sea reconvenido, nosotros en ningún momento solicitamos la expulsión.
Y en segundo lugar, que también se haga caer el peso de la ley sobre otro de los partícipes en este acto que el Partido Acción Nacional.
Diremos a la autoridad electoral que haga cumplir la ley, la Constitución y las leyes electorales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado García Tinajero.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero Jesús González Schmal, del Partido Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia ciudadana presidenta.
Efectivamente, compañeras y compañeros diputados, no creo que sea un asunto incidental ligero. Tiene y entraña una gravedad profunda no solo en una transgresión flagrante a nuestras disposiciones constitucionales y no por cualquier persona, por un expresidente de la República Española.
Esto revela pues la condición ya de liberación, de liberalidad, de condescendencia del PAN con este tipo de visitas que ni siquiera son casuales. Debemos saber que el señor Aznar prácticamente vive la mitad de su tiempo en México haciendo negocios; que está trayendo inversionistas españoles y que en el propio España está cuestionado por traer dinero del tráfico de drogas del Estrecho de Gibraltar.
Que no podemos estar consintiendo estas transgresiones, estas violencias a la ley fundamental de México porque estaremos dando lugar a que muchas otras cosas ocurran.
Pero tal vez el aspecto de más fondo es ver qué tanto se identifica hoy Acción Nacional con la política exterior de Aznar respecto a Irak, respecto a la guerra de intervención que los Estados Unidos despliega en el Medio Oriente.
Aquí está una vertiente que necesitamos explorar porque supondría que en el futuro, uno de los partidos políticos está asumiendo posiciones en política exterior, nuevas, que visualizan un riesgo inminente al gobierno, a la República Mexicana. Este ángulo del problema también debemos explorarlo con todo cuidado.
Por lo pronto le diríamos al señor Aznar que en México se respeta la ley, que si quiere venir a este país tiene que hacerlo con respeto al marco jurídico. Que flaco favor le hace al candidato del PAN cuando él es un perdedor en su propia patria y por las razones que todos sabemos pero que de ninguna manera los mexicanos y mucho menos esta representación puede estar de acuerdo con lo que fue su línea de política exterior que comprometió a España y la tiene realmente hundida en un conflicto internacional que los propios españoles rechazan, cual fue la razón de que Aznar perdiera nuevamente las elecciones.
De esta suerte para Convergencia es muy importante considerar en todos sus flancos un problema que no es un incidente, que es una grave transgresión a nuestras leyes y a la línea de nuestra política exterior constitucional.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado González Schmal.
Finalmente tiene el uso de la voz para hablar a favor de este punto, el diputado Homero Díaz Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Homero Díaz Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Honorable Cámara de Diputados:
Acudo a expresar el posicionamiento de mi grupo parlamentario, apoyando la decisión tomada por la Junta de Coordinación Política, en relación al asunto y en particular a las opiniones vertidas por José María Aznar en su reciente visita a nuestro país.
Creemos que el clima político de México requiere en este momento respeto y cumplimiento de la ley por parte de quienes participan y en atención de aquellos que acuden a observarlo, a analizarlo y posteriormente a opinar por él.
Creemos que hay oportunidad y pertinencia, así como foros adecuados para expresar opiniones; pero también hay momentos en los cuales el respeto y la prudencia son mejor apreciados.
Sabemos que en un mundo globalizado en donde México pugna por crear la imagen y consolidar un sistema democrático, es necesaria la opinión en los foros adecuados. Pero inmersos en un proceso electoral democrático en donde las reglas son estrictas y deben de cumplirse, los mexicanos y las instituciones que participan estamos obligados al respecto estricto de las reglas. Y aquellos invitados, aquellos observadores y aquellos analistas, tienen la obligación de respetar y darle oportunidad al pueblo de México para que escuche las propuestas y decida en libertad.
La conciencia en México habrán de formarla los candidatos, no las opiniones de los extranjeros.
Me preocupa, y hago la pregunta al Partido Acción Nacional, al expresar José María Aznar que siempre se han ayudado y van a seguir haciéndolo se refiere a ¿ayuda económica, a ayuda política, a estrategia electoral?
Sabemos lo que dice el COFIPE y estaremos atentos porque la violación a la ley mexicana implica la cancelación del registro de un partido político.
Queremos convocar a la nación desde esta tribuna y decirles que nada ni nadie entorpezca, oscurezca y mucho menos ensucie un proceso democrático que consolidará una decisión decisiva y que permitirá que México tenga en el futuro inmediato, una consolidación absoluta de las instituciones que nos hemos dado por el voto libre de los ciudadanos.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Homero Díaz.
Solicito a la Secretaría consultar a la asamblea si se considera suficientemente discutido este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si está suficientemente discutido el asunto.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está suficientemente discutido. En votación económica, solicito a la Secretaría pregunte si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Solicito a la Secretaría dar cuenta de un comunicado recibido por parte de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política, Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero 2006.
Diputada Marcela González Salas y Petricioli, presidenta de la Mesa Directiva H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 5º del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente, retirar del orden del día de esta Sesión, el siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la H. Cámara de Diputados exhorta a los partidos políticos y a sus candidatos a la Presidencia de la República a dar a conocer a la ciudadanía sus propuestas de gobierno, mediante la celebración de debates públicos organizados y difundidos por el Instituto Federal Electoral.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente. Atentamente. Firman: Diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PRD. Diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Alejandro González Yáñez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado Jesús Martínez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicito a la Secretaría continuar con el orden del día.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: La Secretaría de Gobernación remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: La Procuraduría General de la República remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras remite Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, durante el período Enero-Diciembre de 2005.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Economía.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Cámara de Senadores.
Oficio con el que remite la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los senadores Noemí Zoila Guzmán Lagunes, José Guillermo Herrera Mendoza, Elías Miguel Moreno Brizuela, Silvia Asunción Domínguez López y Luis Ricardo Aldana Prieto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Cámara de Senadores.
Oficio con el remite la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicito a la Secretaría continuar con el orden del día.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación remite contestación a Punto de Acuerdo ..
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Compañeras y compañeros diputados, el siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
De la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 180 de la Ley de Propiedad Industrial.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 1350 del Código de comercio.
De la misma Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1069 del Código de Comercio.
Y también de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 62 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Asimismo, de la misma Comisión recibimos con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción II al artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y una fracción II al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.
De la misma Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recibimos proyecto de decreto que reforma el artículo 35 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Todos estos han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria y son de Primera Lectura.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a los permisos de los ciudadanos María Elí López Reyes, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
Hella Mylene Audirac Lass y Aline Sol La Lande Vernier, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Las Palmas Académicas, en grado de Caballero, que les confiere el gobierno de Francia.
Hisa Susana Fukushima Taniguchi y Nina Irmeli Jaakkola, para prestar servicios en las Embajadas de Japón y Finlandia, en México, respectivamente.
Rocío Guerra Elizondo, Lilia Francisca Villarreal Vega, Pedro Inés de la Cruz Hernández, Raúl Ramírez Ríos y Alain David Hernández Rubio, para prestar servicios en los Consultados de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
José Luis Cortés Delgado y Francisco Tomás González Loaiza, para aceptar y usar las condecoraciones de la orden de Isabel La Católica, en grado de Oficial y la "Medalla del Pacificador", que les confiere el gobierno del Reino de España y el Ejército de la República Federativa del Brasil, respectivamente.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se les dispensa la lectura. Y, en consecuencia, se ruega a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana María Elí López Reyes, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Helia Mylene Audirac Lass y Aline Sol La Lande Vernier, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que les confiere el gobierno de Francia.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en términos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo y votarlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Hisa Susana Fukushima Taniguchi y Nina Irmeli Jaakkola, para prestar servicios en las Embajadas de Japón y Finlandia en México, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Guerra Elizondo, Lilia Francisco Villarreal Vega, Pedro Inés de la Cruz Hernández, Raúl Ramírez Ríos y Alain David Hernández Rubio, para prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo en lo particular.
No habiendo quien haga reserva alguna, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cortés Delgado y Francisco Tomás González Loaiza, para aceptar y usar las Condecoraciones de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Oficial y la "Medalla del Pacificador", que les confiere el Gobierno del Reino de España y el Ejército de la República Federativa del Brasil, respectivamente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se hace la pregunta reglamentaria en términos del artículo 134 y no habiendo quien ejerza este derecho, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto y para efecto instruya la apertura del sistema electrónico por 10 minutos.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema de votación por 10 minutos, para tomar la votación nominal de éste y los proyectos anteriormente leídos.
(Votación)
La Secretaria diputada Sara Rocha Medina: De viva voz la diputada Verónica Rangel Bernabé.
La diputada Verónica Rangel Bernabé: Afirmativo, Verónica Rangel.
La diputada Modesta Vázquez Vázquez: afirmativo.
La diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Sí. A favor.
La diputada Carrillo: A favor.
Señor Presidente, se emitieron 333 votos en pro, cero en contra y una abstención.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los proyectos de decreto por 333 votos.
Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se le dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
Esta Presidencia informa a la asamblea, que por economía procesal parlamentaria vamos a darle lectura a los enunciados y vamos a reservar los mismos para su votación económica en conjunto.
Si hay algún legislador que quisiera ejercer su derecho de apartar alguno de estos enunciados, le ruego lo haga saber con oportunidad a esta Presidencia.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señor Presidente.
Puntos de Acuerdo del Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Metropolitano, por lo que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Salud; al Instituto Nacional de Ecología, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, se aboquen a la investigación y a tomar medidas urgentes para evitar que en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, se sigan presentando eventos que impacten el Medio Ambiente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, verifique e inspeccione las instalaciones de la Planta de PEMEX Satélite Oriente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por lo que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones conducentes a obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de Conservación, Protección y Aprovechamiento Sustentable del Humedal Sistema Lacustre Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Puntos de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, investigue el daño ambiental y finque responsabilidades por el accidente causado por la fuga de amoniaco, en los ayuntamientos de Nanchintal, Coatzacoalcos y Minatitlán, del Estado de Veracruz.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Puntos de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la Secretaría de Salud en coordinación con la SEMARNAT, al Instituto Nacional de Ecología y a diversos estados, implementar un programa permanente de verificación vehicular.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implementar un programa emergente de rescate y conservación de humedales en zonas metropolitanas.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autorizan éste y los anteriores puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueban éste y los anteriores Puntos de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, comuníquense.
Se ruega a la Secretaría dar lectura a los dictámenes negativos.
Se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea, en primer término, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los enunciados y se reserven para su votación económica en conjunto, en virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Si hay algún legislador que quiera ejercer su derecho de reservar alguno, le rogamos lo haga saber a esta Presidencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los Puntos de Acuerdo y se reserven para su votación en conjunto.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se autoriza.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Punto de Acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía, por el que se desecha la iniciativa que deroga la fracción II del artículo 6, de la Ley Federal de Correduría Pública.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía, por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 1092 y 1093, del Código de Comercio.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea, si son de aprobarse los puntos negativos que contienen los dictámenes que están a su consideración.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a proceder a recoger la votación económica de estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Me informan que no está en el salón, por lo que esta Presidencia, turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su permiso, señor Presidente.
Es esta una iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con relación a la colaboración de las instituciones educativas de nivel superior en las consultas sobre conocimientos especializados, que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales.
La investigación ha demostrado que la prueba pericial en el proceso judicial penal, es una instancia de suma importancia y más aún la valoración que se otorga a estos medios probatorios. Así pues, en un mundo procesal tan compenetrado en la actualidad, con la utilización de la tecnología y otros beneficios de la modernidad para la comprobación efectiva de hechos que se dirimen en controversias jurisdiccionales. Es importante que las partes en el proceso tengan a su alcance los medios para probar sus afirmaciones.
Cuando las partes envueltas en una controversia penal, no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a los costos de las prácticas periciales, muchas veces exorbitantes. Lo que sucede generalmente cuando tampoco se pueden sortear los gastos de la defensa, recurriendo entonces a un defensor público; el propio tribunal puede ordenar la práctica de la prueba, tarea que recae en entes especializados pertenecientes a la administración pública federal primordialmente.
Tales afirmaciones pueden corroborarse por lo dispuesto en el artículo 225 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que la designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público, deberá recaer en las personas que desempeñen ése empleo, por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del gobierno federal, en universidades del país o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República. Y que si no hubiere peritos oficiales titulares, se nombrarán de entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas nacionales o bien, de entre los funcionarios o empleados de carácter técnico en establecimientos o corporaciones dependientes del gobierno.
Sin embargo, estas prescripciones legales no tienen alcance, si no dentro del fuero federal, pues sólo obligan a los entes enunciados a prestar sus servicios a tribunales de esa naturaleza y no a aquellos del fuero común, que son la mayoría del país.
En este sentido, las Legislaturas Locales, por no estar dentro de su ámbito de competencia, están impedidas para establecer disposiciones legales que constriñan a entes federales a prestar esta clase de servicios en los procesos del fuero común, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo y, sobre todo, a los cientos de institutos tecnológicos federales que se encuentran diseminados a lo largo y ancho de la República Mexicana y que todos ellos son los principales centro de investigación y especialización en distintas técnicas y ciencias, contando con el personal capacitado para la práctica pericial en muchas materias,
Es, pues, importante optimizar y racionalizar los recursos federales y aprovecha la capacidad técnica y humana con la cuentan estos centros educativos en lo que el Gobierno Federal y los de los estados invierten una gran cantidad de recursos, de tal suerte que en la medida de sus posibilidades presupuestales, aquellos colaboren en las consultas sobre conocimientos especializados que les sean formuladas por las autoridades jurisdiccionales del fuero común.
Tratar de disponer algo similar a lo propuesto en el párrafo anterior en el Código Federal de Procedimientos Penales sería inadecuado, dado que dicho cuerpo normativo se refiere únicamente a los procesos del orden federal y no a lo conducente al fueron común. Asimismo, la legislación que organiza, estructura y faculta a esta clase de entes de la educación superior, se encuentra muy diversificada dentro del marco jurídico nacional y son limitadas las posibilidades legales de formular una sola disposición en un mismo ordenamiento legal que los obligue a todos.
Nuestra propuesta, a menos que se diseñe un mecanismo jurídico más eficaz para cumplir con el objetivo de la presente iniciativa, es reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que es de los pocos ordenamientos que abarca a todas estas instituciones, a fin de que las instituciones educativas de nivel superior de la federación presten su colaboración en aquellas consultas sobre conocimientos especializados que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales de los fueros federal o común, en los términos de la legislación procesal penal correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto con carácter de decreto:
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y se recorre el contenido del actual a uno tercero, ambos del artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para quedar como sigue:
Artículo 21. "La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines.
Con ajuste a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, las instituciones educativas de nivel superior de la federación, prestarán su colaboración en aquellas consultas sobre conocimientos especializados que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales de los fueros federal o común en los términos de la legislación penal procesal correspondiente.
Las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento".
Transitorios:
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en este Salón del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Muchas gracias, diputada Laguette.
La diputada Martha Laguette Lardizábal: Gracias, señor Presidente. Atentamente le solicito se dé cuenta del texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de Debates. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que deroga el artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, iniciativa que se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los señores diputados que integran el grupo parlamentario del Partido del Trabajo recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Vivienda, por lo que se turna a la Comisión de Vivienda.
Del propio Partido del Trabajo iniciativa que reforma el artículo 29 de la Ley General de Educación, misma que se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Partido Verde, iniciativa que reforma los artículos 1, 9, 10, 12 y 19 de la Ley General de Deuda Pública, misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Del propio diputado Kahwagi, iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se turna a la Comisión de Economía.
Del señor diputado Jesús Aguilar Bueno, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Del diputado Kahwagi, iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Señoras y señores legisladores: las siguientes iniciativas son de diputados que tienen en este momento concedida licencia. Pero que hicieron llegar su iniciativa antes de que el Pleno se las concediese. Es por ello que esta presidencia sostiene el criterio de respetarles el derecho que el artículo 71 de la Constitución les concedía en ese momento.
Del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, misma que se turna a la Comisión de Economía.
Del diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, iniciativa que reforma los artículo 99, 105 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del señor diputado don Ricardo Alegre Bojórquez y de don Manuel Gómez Morín, iniciativa que adiciona un artículo 168 bis-1 al Código Penal Federal, misma que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Del señor diputado don David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales, misma que se turna a la Comisión de Gobernación.
Del diputado Ricardo Alegre Bojórquez y de Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa que adiciona los artículos 168 bis-1, 168 bis-2 y 168 bis-3 del Código Penal Federal, misma que se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Omar Bazán Flores, pospone la iniciativa que reforma los artículos 35, 47, 48, 66 y920 de la Ley Federal del Trabajo.
Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 63 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta presidencia -perdón diputado- saluda a los alumnos de la Universidad Loyola, del municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, invitados por la diputada federal doña Rosalina Mazari Espín.
El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado federal de la quincuagésima novena Legislatura, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se ha señalado en diferentes textos y de manera particular el diccionario parlamentario, editado por esta Cámara de Diputados, la suplencia de diputados y de senadores en México tiene su antecedente más remoto en la Constitución de Cádiz incorporada en todas las constituciones mexicanas, hasta la actual.
La figura del suplente está vinculada con la doctrina que afirma que los diputados representan a la demarcación electoral que los eligió, la cual no podría quedarse nunca sin su representante.
Aunque todos los legisladores federales representan a todas la nación, sin lugar a dudas que el espíritu del constituyente originario entendió que también representan territorios en lo particular, como el caso de los senadores de la República que representan a los estados y los diputados federales que de otra manera representan de manera muy específica a sus distritos federales electorales.
El objetivo de las suplencias es el de asegurar la función normal de la institución, cubriendo así las ausencias temporales o permanentes de los miembros de una legislatura. Es por esa razón que en las elecciones los partidos registran a los candidatos por fórmulas: uno como propietario y el otro como suplente.
De esta manera, los electores votan por dos personas determinadas y otorgan a ambas el mandato representativo, el cual se actualiza u objetiva en quienes asumen tácticamente el cargo, lo que comúnmente ocurre en la presencia del propietario.
Lo anterior supone que la suplencia de los miembros de las Cámaras implica una sustitución inmediata del legislador en el momento en que ocurre la falta temporal o definitiva del propietario.
Pero en muchos de los casos, compañeras y compañeros, esto no ocurre así. La realidad es que para que un suplente asuma el cargo no basta con la ausencia del titular sino que deben ocurrir las siguientes hipótesis que si bien no se encuentran contempladas en la ley de manera expresa, la práctica parlamentaria ante la falta de una normatividad particular para tales casos ha dado por sentado que se necesita por lo menos varios requisitos.
Uno de ellos, que el supuesto diputado a asumir el cargo esté dispuesto en el momento en que falta el propietario, el suplente.
Que el suplente no esté impedido para ejercer tal cargo.
Que la Cámara, por conducto de su directiva, lo que normalmente se acompaña de un acuerdo político de los grupos parlamentarios llame al suplente, lo cual de paso da la figura que se denomina, en términos parlamentarios, el llamamiento sin la cual no se abren estas puertas del Congreso a los suplentes.
Cuarto.- Que el suplente rinda protesta, como lo hacen muchos de nuestros compañeros, ante este Pleno de esta Cámara o de la Cámara respectiva que se trate. Ya sea en el caso de Senadores o de Diputados.
Pero en algunos casos, el llamamiento no ocurre de inmediato; y aún mucho más grave en ocasiones, no corre nunca.
Yo recuerdo varios casos compañeras y compañeros, pero en particular el de un duranguense cuyo senador propietario se separó del cargo tres años antes de concluir su mandato y por diferentes motivos, por diferencias políticas, durante esos tres años, el suplente no fue llamado y obviamente nos quedamos sin un representante en la Cámara de Senadores.
Lo anterior, en la gran mayoría de las veces se presentan muchos por motivos políticos; otros más bien por grupos mayoritariamente deliberados que retrasan la oposición o bien porque la propia fracción parlamentaria se opone a que el suplente participe de una manera práctica en el ordenamiento legal.
Cabe mencionar que el artículo 63 prevé llamar al suplente en los casos de faltas son justificadas, o sin previa licencia de los propietarios, que a decir verdad son los casos más aislados.
Pero en los casos en que las licencias temporales o definitivas, o en los casos de muerte o enfermedad, o de cambio de partido político, o bien simplemente por razones de causa mayor la ley fundamental no mandata ninguna acción, lo que provoca una laguna que atenta contra el régimen representativo de nuestro país.
En razón de lo aquí señalado, compañeras y compañeros, hoy someto a su consideración una iniciativa para adicionar a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que los suplentes puedan asumir la representación que les fue conferida sin que nadie se interponga, es decir, que no medie práctica dilatoria que entorpezca el cabal cumplimiento de sus funciones, protegiendo así, el derecho de los electores a ser representados y a la institución de la suplencia tener el derecho de los individuos que debemos tener todos para ocupar un cargo.
En virtud de lo anterior someto a consideración el proyecto de decreto que dice así:
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 63 de la Constitución General de la República, recorriendo en el mismo orden el párrafo subsecuente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 63: "En los casos de faltas temporales o definitivas de los senadores o diputados por motivos de licencia, enfermedad o fallecimiento de sus miembros, el Presidente d el Mesa Directiva de cada una de las Cámaras respectivas, deberá llamar en un plazo no mayor de quince días al suplente y garantizará que dentro de los treinta días siguientes éste tome posesión de su cargo, a menos que el suplente se encuentre impedido para ejercerlo o no esté dispuesto a sustituir al propietario."
ÚNICO.- Que el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 día del mes de febrero del 2006.
Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
No encontrándose en el Salón de Sesiones, pasa al final de este capítulo.
La siguiente iniciativa del diputado Alfonso Nava Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa al 116 de nuestra Constitución, se retira a petición de su grupo parlamentario.
Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana.
El diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno: Con su permiso, ciudadano Presidente.
A los integrantes de la mesa Directiva, en obvio de tiempo les solicito atentamente sea insertado el texto íntegro de esta iniciativa de ley en los medios de registro y difusión acostumbrados en esta Honorable Cámara de Diputados.
El suscrito diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía, bajo las disposiciones vigentes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que tiene como propósito principal, la creación del Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El crecimiento metropolitano está cobrando cada vez más fuerza e intensidad en el mundo entero. La formación desordenada de grandes ciudades-región con importante flujo de personas, de producción y d prestación de servicios, nos está llevando invariablemente a buscar nuevas formas de urbanización que consideren dentro de sus procesos administrativos, de manera prioritaria, una planeación, evaluación y control de vanguardia que brinde soluciones óptimas de forma ordenada y sistemática.
La premisa principal sigue siendo dejar atrás las deficiencias por la constante improvisación y desinterés cometidas en el pasado y procurar de manera paulatina, rescatar los más valiosos aciertos y adelantos alcanzados en algunas zonas de nuestro país y del mundo y buscar, de forma permanente, los cursos alternativos de acciones más viables para mejorar lo que ya está ocurriendo en nuestras metrópolis en el presente y sobre todo, para realizar una proyección hacia el futuro que contemple una planeación y regulación acorde con la nueva realidad mexicana.
Sabemos que la clave principal en el manejo del fenómeno metropolitano consiste en encontrar los factores económicos, sociales y políticos que hacen que una ciudad sea más productiva, es decir, el gran desafío sigue siendo cómo lograr un desarrollo económico regional que refleje en sus estados y municipios la satisfacción de las necesidades básicas de la población, así como maximizar sus oportunidades.
Para conseguir este objetivo se requiere un equilibrio armónico en la coordinación de los factores que intervienen en el proceso. La planeación de la metropolización, para que sea efectiva, tiene que estar bien dirigida desde el sector público y debe de buscar de manera permanente, el redimensionar la estructura urbana y perfilarse hacia un crecimiento potencial, por lo que, en la presente Iniciativa se pretende modificar el marco jurídico que nos rige en esta materia.
Para lograr esta meta, a mediano y largo plazo, su justificación; se estima que lo ideal para resolver esta situación sería lograr una urbanización controlada, tratando de minimizar los daños asociados a un desarrollo de baja calidad, disminuyendo los costos de mantenimiento a largo plazo, de mucha infraestructura actualmente obsoleta y procurando mejorar servicios de tratamiento y suministro de agua, de alcantarillado, de desechos sólidos, de carreteras y calles que unen a municipios y estados, de recolección de basura, de Seguridad Pública, de financiamiento, entre muchos otros importantes rubros.
Propuesta concreta: La creación del Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se desprenda de la descentralización administrativa, que tendrá por objeto el diseño de los instrumentos operacionales de contenido técnico, administrativo, financiero y de gestión, que permitan impulsar el desarrollo de los proyectos estructurales, logrando el crecimiento armónico de la conurbación, así como la de concretar las recomendaciones para la instrumentación de políticas públicas adecuadas, que permitan un ejercicio público más eficiente, con carácter intermunicipal.
Su proyección más amplia, tendrá que ser hacia el futuro, como un organismo político, que sea capaz de unificar criterios y que cuente además, con la participación de los diferentes niveles de gobierno, del sector privado, social, así como de los académicos.
Compañeros diputadas y diputados: Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones detalladas en el proemio, que someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Proyecto de Decreto.
Artículo Único: Se expide la Ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana, definiendo su funcionamiento en 20 artículos que se resumen a continuación:
Se crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana como un organismo público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, con domicilio en la Ciudad de México y que podrá tener representaciones en el interior de la República, a petición de los estados y los municipios.
Se determina también en el articulado, su objeto principal, su competencia, sus principales conceptos, sus órganos de gobierno, su integración, sus facultades, funciones, sus sesiones de trabajo, duración en el cargo, relación de trabajo, sanciones y todo lo relativo para su creación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Salón de Sesiones, a 23 de febrero del 2006.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Me permite un segundo diputado, para deshogar algunos saludos que tenemos por aquí.
Para los vecinos de la colonia Viveros del Río, de Tlanepantla, invitados por el diputado José Francisco Landero Gutiérrez, sean bienvenidos.
También le damos la bienvenida a alumnos de la Escuela Técnica No. 30, "Mártires de Uruapan", de Uruapan, Michoacán, invitados del diputado Carlos Silva Valdés. Sean todos bienvenidos.
Gracias diputado, por su comprensión.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
"Diversos diputados de esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"Lo hacemos convencidos de que a once años de la entrada en vigor de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se puede inferir que si bien con el nuevo marco jurídico este tipo de organizaciones obtuvieron significativos beneficios, no se han logrado los objetivos anhelados por el cooperativismo, entendido éste como un sistema socioeconómico basado en la autonomía de las unidades que lo integran y en una administración interna eficiente y democrática.
"En efecto, los objetivos del sistema cooperativo consisten sucintamente en ir socializando el actual régimen individualista de la riqueza, ser el medio en virtud del cual todos podemos llegar a ser económicamente más fuertes, socialmente más competentes y cívicamente más ilustrados; cambiar el espíritu de lucro personal de las actividades económicas por el de servicio y ayuda mutua, poniendo al alcance de las clases débiles la posibilidad de entrar en la vida activa de los negocios y llegando a la democracia económica donde la persona vale por lo que es y no por lo que se tiene.
"En consecuencia, si reconocemos el papel promotor del desarrollo humano y social que cumplen las cooperativas, a efectos de justificar la necesidad de actualizar la legislación cooperativa en nuestro país, vale la pena citar la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrita en el año 2002 y que de manera expresa señala que los estados miembros de la OIT deberían adoptar una legislación y una reglamentación específica en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa Internacional y revisar esta legislación y esta reglamentación cuando proceda.
"En tal virtud, si se analiza con detenimiento el contenido del espíritu de la Ley Cooperativa de 1994, se puede deducir que se trata básicamente de una ley reguladora más que de fomento y de promoción, que ha dejado abiertas diversas lagunas que hoy se evidencian como inconsistencias legislativas graves, que es imperativo subsanar para el adecuado desarrollo del sector cooperativo mexicano.
"Atendiendo a dichas carencias, en la presente iniciativa de ley, entre otras medidas de fomento y promoción, se postula la creación del Instituto Mexicano de Fomento Cooperativo, el cual está llamado a convertirse en la contraparte institucional del movimiento cooperativo mexicano que hoy no existe y que centralizará y coordinará todas las actividades de fomento cooperativo que desarrollen los tres órdenes de gobierno.
"Se contemplan además en esta iniciativa, disposiciones de apoyo a las cooperativas de nueva creación, la exención del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Activo durante 3 años, contados a partir de la fecha de inscripción del acta constitutiva en el Padrón Nacional Cooperativo; se propone igualmente, que las sociedades cooperativas en general, paguen contribuciones únicamente respecto de los excedentes que se distribuyan entre los socios, disposición que promueve la reinversión o la ejecución de obras en beneficio de los propios cooperativistas o de la comunidad en la que actúan.
Otro elemento fundamental que aborda y resuelve la presente iniciativa de ley, tiene que ver con la problemática que enfrentan las cooperativas de ahorro y préstamo en México, problemática derivada de la aprobación en abril del 2001 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, un ordenamiento jurídico que si bien busca prevenir la comisión de ilícitos y garantizar la seguridad de los depósitos de los ahorradores, lo hace sin tomar en cuenta la naturaleza social de las cooperativas y sus fines solidarios y distributivos de la riqueza, otorgándoles un tratamiento mercantil casi bancario.
Aunado a lo anterior, para cumplir con su objeto la Ley de Ahorro y Crédito Popular ha tenido que imponer una regulación excesivamente restrictiva y mecanismos de supervisión altamente onerosos, que prácticamente son imposibles de cumplir para las cooperativas de ahorro y préstamo de tamaño pequeño y mediano, los cuales constituyen la inmensa mayoría de los organismos existentes en el país, amén de que obstaculiza la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular particularmente en las zonas rurales de México.
La ausencia de opciones legislativas para dar cobertura legal a las cooperativas de ahorro y préstamo, más allá de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, puede dar pie a la desaparición de un buen número de estos organismos, lo cual equivale a desperdiciar una gran cantidad de energía social invertida en su constitución y desarrollo a lo largo de más de cinco décadas.
En consideración de lo anterior, con la presente iniciativa de ley se reconoce que el Sistema Financiero Solidario del país, al igual que el de otros países hermanos de América Latina, se integra con dos subsectores: por un lado con los intermediarios financieros no bancarios y con vocación social regulados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las cooperativas de ahorro y préstamo, por otro lado, de vínculo cerrado o exclusivo reguladas por el presente ordenamiento jurídico, estableciéndose con claridad las diferencias esenciales entre unos y otros en términos de su distinta naturaleza jurídica, del ámbito en el que puedan desempeñar sus operaciones financieras, del tipo de dependencia pública que debe de supervisarlas y de la cantidad y tipo de operaciones que puedan realizar.
De esta manera se resuelve uno de los problemas más acuciantes que en los últimos años había sido motivo de encono y confrontación al seno del movimiento cooperativo nacional y se da cumplimiento a la sugerencia contenida en la Recomendación 193 de la OIT, citada líneas arriba, en el sentido de que la legislación cooperativa debe prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas, acorde con su naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y la práctica nacional y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de organización social.
En suma: Considerando que las sociedades cooperativas más que una ley reguladora, requieren de un ordenamiento que las impulse para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo nacional, se somete a su consideración una propuesta integral de readecuación a los nuevos tiempos de la actual Ley General de Sociedades Cooperativas, cuyo espíritu principal está orientado a su fomento y promoción, haciendo copartícipe al sector público en exclusivo cumplimiento de su responsabilidad social de los costos y riesgos que implican los procesos de integración y consolidación de este tipo de entidades asociativas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Señor Presidente, en virtud de que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha martes 21 de febrero del 2006, solicito a usted sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Se obsequia su petición y se inserta el texto de su iniciativa íntegro, en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación.
El diputado Fernando Álvarez Monje, pospone la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 161 de la Ley Agraria.
Esta Presidencia da una cálida bienvenida a los estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de Cuautitlán, Izcalli, y personal que los acompaña. Sean bienvenidos. (Aplausos)
Tiene la palabra la diputada Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales.
Los estudiantes mencionados anteriormente, son invitados de nuestro compañero diputado Edmundo Valencia Monterrubio.
Adelante diputada.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente.
La que suscribe, diputada a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa, de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
Desde mediados del Siglo XIX, la regulación de los bienes del clero forma parte de una política de estado de enorme importancia para el país. Las riquezas de la Iglesia como suposición en general, fueron analizadas y cuestionadas durante el Movimiento de Independencia y después cuando México llegó a ser una nación libre.
La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural; establece mecanismos fundamentales para la protección de bienes culturales, muebles e inmuebles, creando instituciones específicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes.
En el país, existen aproximadamente 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles, considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso.
El patrimonio de bienes muebles, se estima en más de 4 millones de obras. Es evidente todo este patrimonio, debe estar en custodia de los Institutos Culturales de Antropología e Historia y Bellas Artes, pero en algunas acciones fundamentales debe buscarse la vinculación con otras dependencias federales que ya ocurren en cierto sentido, pero excepcionalmente el detrimento de algunos aspectos sustanciales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República.
La situación que guardan el saqueo, el robo, el fraude y el tráfico ilícito es preocupante; estudios recientes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para educación, la ciencia y la cultura, señalan que México es uno de los 10 países en el mundo con mayor índice robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales.
La falta de sistemas de información que permitan ubicar los bienes culturales robados y documentar el robo y el saqueo de los bienes, nos muestra un estado de desamparo vulnerable a ciertas acciones ilícitas en contra de nuestro patrimonio nacional, aunado al contexto de la globalización que contribuye al desplazamiento ilegítimo de los bienes culturales.
Según estudios recientes, realizados por la Organización de las Naciones Unidas para educación, la ciencia y la cultura, el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales se consideran de una gravedad tal como el narcotráfico. Lamentablemente en nuestro país, se encuentra –según la INTERPOL- entre los primeros diez países con mayor índice de saqueo y tráfico ilícito.
Consideramos que este hecho tan grave no ha sido atendido suficientemente, por lo que necesitamos actualizar nuestra legislación en la materia.
La presente iniciativa tiene como finalidad regular la elaboración del catálogo de bienes culturales, muebles e inmuebles, propiedad de la nación, para identificar a las piezas robadas de colecciones, museos, instituciones y sitios de culto religioso.
Se tiene el cálculo de más de 4 millones de piezas en bienes-muebles y de más de 100 mil inmuebles a registrarse y catalogarse. Este catalogo sería un instrumento fundamental para identificar los bienes culturales, muebles e inmuebles, que hayan sido robados o producto del saqueo o del tráfico ilícito. Lo cual obligaría que todo galerista, subastador o negociante de bienes culturales; estarían obligados a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los propios compradores.
Es de interés nacional el resguardo de nuestro patrimonio cultural por su importancia en la configuración de la identidad nacional, por el impacto que tiene en el tejido social de nuestras comunidades, por la paulatina participación del capital cultural en nuestra economía y por ser una vía fundamental en el desarrollo de México.
Por lo anteriormente referido, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley, que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y adiciona la fracción I al artículo 30, la fracción II y el artículo 150.
"Artículo 30. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignarán recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto de Bellas Artes y Literatura, a las entidades federativas; con el objeto de consolidar y actualizar el catalogo de bienes-muebles, culturales, artísticos, históricos y religiosos, mismo que será difundido trimestralmente en su página electrónica y de acceso al público en general. Las instituciones deberán destinar recursos necesarios para la implantación de cámaras de video con circuito cerrado, con la finalidad de resguardar y proteger dichos bienes.
"Artículo 150. También se aplicará esta pena a quienes, roben, saquen o trafiquen ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación.
Artículos Transitorios.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las normas jurídicas que se opongan al presente decreto y que no sean compatibles con su contenido normativo.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre
No encontrándose en el salón, pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra el diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Tomás Cruz Martínez: Muchas gracias, ciudadano Presidente.
La propuesta que voy a presentar al Congreso, nace de la preocupación que en los últimos años hemos visto crecer en el país, de los ataques a la laicidad del Estado, del respeto a la imparcialidad en las instituciones en materia religiosa.
Las enseñanzas morales que predican las diferentes doctrinas religiosas son parte fundamental de la cultura de los pueblos, sobre éstas se fundan diversos comportamientos sociales, económicos, políticos y de verdad. Es decir, que a través de éstas, el hombre de manera individual y colectiva, forja una forma de concebir la vida. Por lo que el Estado debe garantizar en un ambiente de concordia, paz y reconciliación en el ejercicio de las mismas, velando siempre por el orden jurídico, político, que las debe de garantizar.
La libertad religiosa, tanto en occidente y de manera particular en nuestro país, es paralela a la terminación de la forma del estado confesional, al estado con poderes independientes regido constitucionalmente y con ello la aparición de variadas doctrinas, morales, filosóficas o religiosas. Sin embargo, las creencias y prácticas religiosas a lo largo de la historia, han provocado terribles conflictos, al grado de ser los conflictos religiosos los que perduran con graves consecuencias.
Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en distintos puntos de la Tierra; de manera particular podemos citar, el conflicto de Israel y Palestina o los recientes hechos, hechos en Irak, sangrientos, entre facciones de chiítas y sumitas. Conflictos que básicamente tienen un origen en la intolerancia cultural de las religiones, pero además con una mezcla peligrosísima, que es la mezcla de los intereses políticos nacionales o internacionales que se ven en esas naciones.
México, en este sentido, ha vivido este tipo de enfrentamientos entre mexicanos durante la guerra de la Época de la Colonia. Durante la Época de la Colonia se tuvo el Tribunal de la Santa Inquisición, del cual muy pocos quieren hablar en la historia y tiempo después la Guerra Cristera, hace algunos años en historia reciente. Ambos fenómenos se destacaron por sus acciones brutales e inhumanas.
Es hasta la Constitución del 57 cuando se adopta el Estado Laico en el siglo XIX, como una de las características de las formas de gobierno del país, pues las anteriores constituciones claramente adoptaban como la forma de creencia del pueblo a la religión católica. Más adelante, durante el siglo XIX, los liberales en 1855, con base en el Plan de Ayutla, le arrebatan el poder a Santa-Anna y crean un Constituyente que elaboró la Constitución de 1857.
Por su tendencia liberal, los nuevos defensores del poder separan a la Iglesia del Estado, para contrarrestar su poder económico y político y fortalecer la identidad del Estado independiente que nacía en la República: la Ley Juárez en el 55, con la cual se organiza el sistema judicial y se limitan los privilegios del Clero y del Ejército; es una orientación en ese sentido del Estado naciente.
Así, con la reforma del 57, se da el primer paso en la formación del Estado nacional, ya que fue el triunfo del poder político sobre las corporaciones eclesiásticas y militares, donde se definen las bases del nuevo Estado Mexicano, los derechos civiles, las libertades y restricciones. La superioridad del poder civil y la separación del Estado y la Iglesia, son fundamentales para entender el Estado actual al sistema político mexicano y de alguna manera la reconciliación de los mexicanos y durante muchos años la paz.
Podemos mencionar también la Guerra Cristera que refleja la resistencia de la burocracia eclesiástica de los años 20´s del siglo pasado y la jerarquía, así como un México tradicional, campesino y católico apegado a sus tradiciones, desafiando el "Jacobinismo revolucionario".
La rebelión duró tres años, hasta junio del 29, cuando el Gobierno y la Iglesia llegan a un acuerdo de entendimiento después de largas negociaciones en las que se comprometieron a respetar sus respectivos ámbitos: la esfera temporal y la espiritual.
La Iglesia no incitaría a sus partidarios a tomar el poder; en ese entonces, hasta un sector del directivo del episcopado mexicano optó por llegar a un acuerdo con el gobierno. El Estado se comprometió a no aplicar las leyes aunque si modificarlas; y la jerarquía, a no intervenir en cuestiones de carácter político.
El Presidente Cárdenas, consideró innecesario mantener una postura anticlerical por contravenir las tradiciones y valores del pueblo. A partir del 36, su gobierno fue tolerante con el Clero, su persecución disminuyó sensiblemente y con el tiempo se reabrieron los templos; apostó al mejoramiento de las condiciones materiales más que a la revolución de las conciencias religiosas. Por esa razón, la lucha anticlerical pasó a otro orden de importancia.
En ese contexto, podemos mencionar que en los últimos años se ha visto vulnerado el Estado Mexicano al tolerar la persecución de miles de ciudadanos que no profesan alguna religión. Para ello ponemos el ejemplo de alrededor de 30 mil indígenas tzotziles de San Juan Chamula y de otros poblados, que han tenido que emigrar a San Cristóbal de las Casas, en virtud de que son perseguidos por razones religiosas, pero mezclados con fuertes intereses políticos.
En Hidalgo, recientemente hemos visto cómo por profesar una religión diferente se les ha negado a una parte de la población los servicios públicos de drenaje y los más indispensables para una vida saludable.
Quiero acotar también en esta exposición de motivos que recientemente hemos visto el crecimiento en los medios de comunicación, de la presencia de soluciones espirituales a problemas materiales que son sin lugar a dudas en muchos de los casos charlatanerías y no solución, fraudes que son presentados como soluciones reales a los problemas de los mexicanos, que incluso son pasados en horarios triple a, de la televisión nacional.
Menciona también no sólo los ejemplos de tolerancia de la religión católica. Señalo la peligrosa intervención de partidos como los cristianos que han logrado el registro de una partido político en el Estado de México, que se vieron involucrados inmediatamente en fuertes problemas de escándalos de corrupción en el manejo de los fondos de este partido político con una fuerte ascendencia cristiana.
Menciono también como algo grave, que un líder cristiano, dirigente nacional de una iglesia cristiana, haya señalado que cuenta con millones de votos y que está en toda la disposición de escuchar a los candidatos para poder incidir en la votación nacional.
Me parece y nos parece a un grupo de compañeros del PRD, de la fracción parlamentaria, graves las intromisiones de cualquier religión en la esfera pública, en la esfera del gobierno.
Por esta razón me parece pertinente que además para desahogar el sinnúmero de iniciativas que se encuentran pendientes en la Comisión de Gobernación sin ser atendidas, de la mayor importancia crear la comisión ordinaria de asuntos religiosos y laicidad del Estado, para examinar las distintas inquietudes que se observan alrededor del tema religioso la laicidad del Estado y por supuesto, el fortalecimiento de esta característica del Estado Nacional, que nos ha dado a los mexicanos paz, nos ha dado estabilidad durante muchos años.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona una fracción XXXIX, recorriéndose la numeración del numeral 2 del artículo 39de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 39 Dos. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
Tercera, asuntos religiosos.
TRANSITORIO
UNICO: El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa del diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, así como la iniciativa del diputado Manuel Velasco Coello, se posponen.
Tiene la palabra el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 201 bis, del Código Penal Federal.
El diputado René Meza Cabrera: Con su permiso diputadas y diputados: El suscrito diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa de decreto para reformar y adicionar el artículo 201 del Código Penal Federal, con base en las siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La perversión sexual de los menores de 18 años y más aún cuando lo son de 10 o menos, se viene incrementando de manera alarmante. Este fenómeno social ha alcanzado tal expansión que dio motivo a la acuñación de la frase "Pornografía Infantil", precisamente para diferenciarle de la pornografía existente desde tiempo inmemorial.
Esta pornografía infantil se caracteriza por la explotación sexual de niños y adolescentes con fines primordialmente comerciales, lo insólito del problema es que cada vez con mayor frecuencia, los adultos son quienes propician su auge al demostrar sus tendencias pederásticas.
La explotación sexual comercial de los menores tiene diversas modalidades que se interrelacionan, siendo las más conocidas el exhibicionismo, los actos lascivos y las actitudes pornográficas realizadas por niños y adolescentes bajo la dirección de sus pervertidores para grabarlos por alguno de los sistemas existentes.
El fenómeno de la pornografía infantil es mundial y ocurre en naciones de elevado nivel económico y cultural como los países con necesidades básicas de bajo nivel educativo y aunque existen diversos factores que lo originan, el principal es la desintegración familiar unida a la irresponsabilidad de padres y educadores.
A pesar de los varios tratados, convenios, convenciones e instituciones a muchos de los cuales pertenece nuestro país, creados para combatir la prostitución y tráfico de menores, la pornografía infantil continúa invadiendo todos los medios de comunicación y difusión de imágenes. A la impresión de folletos y revistas se han agregado los sistemas electrónicos como el Internet y las videograbadoras.
La rapidez con que se ha propalado la pornografía infantil y diversificado en los medios de difusión, hace ya obsoleta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, en que se adicionaba el artículo 201 bis del Código Penal Federal para sancionar el uso del sistema de cómputo y el archivo electrónico de datos en la pornografía infantil.
A fin de actualizar el citado precepto, la presente iniciativa propone la modernización del referido artículo 201 bis agregando como punibles el empleo de los sistemas nuevos en el campo de la electrónica cuando se usan para fomentar la perversión que combatimos.
También la corrección ortográfica de su redacción suprimiendo al concepto o exhibicionismo la palabra corporal, porque es un pleonasmo cuando estamos hablando del exhibicionismo en el ámbito de la psiquiatría.
Asimismo, incrementar la penalidad cuando el menor de edad –o sea al de los diez años o menos- considerando que estos son los preferidos por los sujetos activos de este delito.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta amable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto para reformar y adicionar el artículo 201 bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforma y adiciona el artículo 201 bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 201 – bis.- Al que procure o facilite por cualquier medio que uno o más menores de 18 años, con o sin su consentimiento, los obligue o induzca a realizar actos pornográficos, de exhibicionismo, lascivos, obscenos o sexuales para videograbarlos, fotografiarlos o mostrarlos a través de los medios impresos, electrónicos, archivo de datos, Internet o cualquier otro mecanismo similar con o sin interés de lucro, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
Cuando el menor sea de diez años o menos, la prisión será de diez a veinte años y la multa de cinco mil a veinte mil días.
Al que fije, grabe e imprima actos de exhibicionismo pornográfico, lascivos, obscenos o sexuales en que participen uno o más menores de 18 años, se le impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y de quinientos a cinco mil días de multa.
La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o sin él, elabore y reproduzca, venda, arriende, exponga o publicite, o trasmita el material a que se refieran las acciones anteriores.
Se impondrá prisión de cinco a quince años, de cinco mil a diez mil días de multa así como el decomiso de los objetos e instrumentos y productos del delito a quien por sí o a través de terceros dirija, administre o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en los párrafos anteriores con menores de 18 años.
Para los efectos de este artículo, se entiende por pornografía infantil la presentación sexualmente explícita de imágenes de menores de 18 años.
Transitorio:
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es todo diputada presidente. Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta presidencia saluda y da una cordial bienvenida a alumnos del Videobachillerato "Cieneguilla", del municipio de Victoria, Guanajuato, invitaos de la diputada Ofelia Ruiz Vega.
Tiene la palabra el diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa relativa al 17 de la Ley General de Educación.
El diputado José Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente.
La educación es cimiento del desarrollo humano y condición indispensable para la sustentabilidad de la nación.
Elevar la calidad educativa es corresponsabilidad de las instituciones educativas, los padres de familia, y el gobierno.
Corresponde al Estado prestar los servicios educativos necesarios para que toda la población pueda adquirir, transmitir y acrecentar la educación y la cultura, cumpliendo así con el principio de equidad.
Con las modificaciones aprobadas al artículo 3° constitucional en el año de 1993, no sólo se amplió el compromiso del Estado en la educación pública, sino que se reforzó su carácter nacional al señalarse la atribución del gobierno federal para determinar los planes y programas de estudio de primaria y secundaria.
La reforma anteriormente mencionada, es un paso importante en cuanto a un proceso de federalismo basado fundamentalmente en la reorganización de la estructura del sistema educativo con el fin de transferir íntegramente a las entidades todos los tipos, niveles y modelos educativos en nuevo esquema de corresponsabilidad para la toma de decisiones en materia educativa.
Con el ánimo de impulsar los beneficios de este federalismo educativo, se creó una instancia de coordinación entre las autoridades educativas, federal y local, denominado "Consejo Nacional de Autoridades Educativas", el cual permite apoyar y fortalecer el proceso de descentralización educativa a través del desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del sistema educativo nacional, así como formular recomendaciones y concertar acciones para apoyar la función social educativa.
Este Consejo Nacional se declara virtualmente instalado en septiembre de 2001 y quedó formalmente constituido en marzo de 2004 con el Convenio de Coordinación firmado por la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados.
Su constitución implica un punto de acuerdo del Poder Legislativo; el decreto correspondiente por parte del Ejecutivo Federal, y la adopción de un reglamento interno, los cuales aún no se han establecido, a excepción del primero.
Dicho consejo es un órgano colegiado de reflexión, discusión, análisis y propuestas entre las autoridades educativas federales y locales.
Se encuentra integrado por 33 miembros, el Secretario de Educación Pública del gobierno federal y un representante por cada entidad federativa que será la autoridad educativa local respectiva.
Entre sus objetivos principales se encuentran el velar por el cumplimiento efectivo del mandato del artículo 3° constitucional, en un marco de responsabilidad compartida entre los diversos niveles de gobierno. También, entre otro de sus objetivos se encuentra el de apoyar a las autoridades educativas federales y locales para que continúen y profundicen en la descentralización educativa y también actuar como mecanismo de concertación de las políticas y programas federales.
Dentro de sus atribuciones también se encuentran el de fijar los lineamientos de la política educativa para la elaboración de los programas educativos nacionales y estatales, proponer políticas nacionales de calidad y equidad educativas, definir los criterios generales para implementar el programa de desarrollo de los docentes y directivos, promover mecanismos efectivos de participación social en la tarea educativa, y emitir recomendaciones generales relacionadas con el tema educativo a los gobiernos federal y estatales.
Es por ello que los integrantes de Acción Nacional, preocupados por el avance y consolidación del proceso de descentralización educativa, y con el objeto de mejorar sustancialmente la calidad de la educación, hemos propuesto una adición a la Ley de Coordinación a la Educación Superior, que le dé a este Consejo, al Consejo Nacional de Autoridades Educativas, un marco jurídico ordenado que lo dotaría de certidumbre, tanto a la Federación, a los estados y municipios, al ser un organismo más que integre el Sistema Educativo Nacional y que se encuentra establecido por Ley, y que como señala el propio Consejo Nacional de Autoridades Educativas en sus acuerdos y conclusiones, es un órgano que funciona sin formalizar su creación.
La intención de la presente Iniciativa, dada la creación de este Consejo, es la de incluir esa figura al contenido de la Ley General de Educación, ya que actualmente no cuenta con certeza jurídica, quedando sólo en el marco de la junta de las autoridades educativas que establece el artículo 17 de la misma Ley.
Esta propuesta es un compromiso para continuar con el federalismo educativo en el que se conjuguen la democracia local y la rectoría de la autoridad federal.
En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa que Reforma y Adiciona la Ley General de Educación en los siguientes términos:
Artículo 1º: Se reforma el artículo 17 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Las autoridades educativas Federal y Local integrarán el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa y consolidar el federalismo educativo.
Las reuniones de dicho Consejo, serán periódicas y deberán ser presididas por la Secretaria. El Reglamento del Consejo deberá normar su integración, funcionamiento y operación.
Dado en México, D.F. a 23 de febrero de 2006.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La iniciativa presentada por el diputado René Meza Cabrera, se turna para opinión a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud de parte interesada.
Tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Iniciativa que Reforma los artículos 399 y 399 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, Diputado.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Compañeras y compañeros legisladores:
La Libertad Provisional es un estatus intermedio entre la detención y la Libertad Incondicional cuya duración se extiende hasta que se determine la responsabilidad del procesado, pero se encuentra siempre presente la posibilidad de que aun antes, pierda dicho derecho por una causal de revocatoria.
Con las reformas que se hicieron a la Constitución General de la República, en específico al artículo 20, en la actualidad se otorga este beneficio a las personas que no cometen delitos por la Ley calificados como graves, los cuales se encuentran tipificados por el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales.
Esta figura procesal viene a llenar una de las más importantes funciones en el proceso penal, al permitir que el inculpado que cumple con los requisitos de Ley, a quien la prisión puede acarrearle graves e irreparables daños de orden físico o psíquico, permanezca en libertad, mientras se investigue su participación en el delito.
En sentido estricto, llámese Libertad Provisional a la que se ordena cuando no procede Prisión Preventiva y se denomina excarcelación a la Libertad Caucionada, que hace cesar la Sesión Preventiva antes vigente.
El objeto de la Libertad Provisional es poner fin a la privación de la libertad del inculpado, para dar lugar a que se le impugnen medios de aseguramiento más benignos, siendo sólo una excarcelación transitoria y limitada, que busca evitar se produzcan efectos perjudiciales con una Libertad Absoluta.
El inciso f) fracción III del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, refiere que inmediatamente que lo solicite el inculpado, tendrá derecho a ser puesto en inmediata Libertad Provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de alguno de los delitos calificados como graves, que se precisan en el artículo 194 del citado Código y garantice el monto de la reparación de daños y perjuicios acreditados en autos al momento de la solicitud, y otorgue caución para garantizar su libertad personal.
"En caso de los delitos calificados como no graves, el Ministerio Público podrá solicitar al órgano jurisdiccional la negativa de la libertad caucional del inculpado, cuando éste con anterioridad hubiese sido condenado en sentencia pro algún delito calificado como grave o, en su caso, cuando el Ministerio Público funde su solicitud aportando al juzgador elementos para establecer que la libertad del inculpado representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, en virtud de su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido.
"De igual forma, se notificarán las causas de la revocación de la libertad caucional. En la notificación se hará constar que se hicieron saber al inculpado las anteriores obligaciones y las causas de la revocación, pero la omisión de sete requisito no libera de ellas ni de sus consecuencias al inculpado.
"Asimismo, la libertad provisional consiste en una limitación de la libertad del imputado, mediante la imposición al mismo de obligaciones específicas, cuyo cumplimiento debe ser, en su caso, garantizado por varios elementos.
"La libertad provisional queda sujeta a las exigencias que establece el Código de Procedimientos Penales. Establece también a la apreciación que tenga el juzgador sobre el delito cometido y sobre el imputado. Por ende, su finalidad está orientada a favorecer a los procesados primarios, cuya personalidad no revela las aptitudes para el delito ni condiciones para cometer futuras infracciones punibles.
"Por otra parte, puede suceder que la condición del imputado cambie dentro del proceso penal, ya sea por ejemplo porque cometió otro delito que merezca pena corporal; en este caso el juez penal podrá obsequiar otro auto de formal prisión por ese delito o también puede ocurrir que las nuevas pruebas aumenten la responsabilidad penal del procesado. En este caso la sentencia cambiará radicalmente su situación jurídica.
"En suma, su finalidad es la de lograr la libertad ambulatoria del imputado, pero en forma limitada o restringida, puesto que al quedar sometido aún al proceso, se le adopta para asegurar su comparecencia en el proceso, así como el normal desarrollo de la investigación y el cumplimiento de la pena que eventualmente se le imponga, y ésta se sometida al principio de provisionalidad.
"Es por ello que debemos de considerar como legisladores todos y cada uno de los supuesto que pudieran evitar la acción de la justicia y uno de ellos es la de la fuga del inculpado hacia una nación extranjera, del cual goce de nacionalidad o no, exista tratado de extradición con nuestro país.
"Una de estas medidas que podríamos aplicar para evitar la evasión de la justicia por parte del inculpado, es la de embargarle su documento de identidad para transitar entre naciones del orbe; este documento mejor conocido como el pasaporte.
"La limitación que proponemos a la libertad provisional es la de condicionar este derecho a que el inculpado ofrezca en garantía el mecanismo que le permita transitar libremente por distintos países. Con esta medida se garantiza el hábeas corpus, no sólo para el sujeto a proceso, sino también para la comunidad que lo está juzgando, ya que los juicios son el método que ha acorado la sociedad para determinar la culpabilidad, pero siempre garantizando el derecho y la justicia.
"Por ello y por las razones vertidas, sometemos a esta Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 399 y 399 bis del Código Federal de Procedimientos Penales".
En virtud de la limitante del tiempo, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Presidencia se publique íntegramente en el Diario de los Debates.
Gracias por su atención. Es cuanto.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Insértese el texto de la iniciativa del señor diputado íntegro en el Diario de los Debates. Y se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia informa que a solicitud de la Junta de Coordinación Política se incluya en el capítulo de presentación de iniciativas, la siguiente:
Que deroga los artículos 350, 351, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal.
Por lo tanto tiene la palabra el diputado Vicepresidente Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga los artículos mencionados del Código Penal Federal.
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Compañeras y compañeros diputados:
Las libertades de expresión y de imprenta, así como el derecho a la información, son esenciales a toda democracia. De no existir se dejaría sin control al ejercicio del poder, con lo que prevalecería el abuso, la intolerancia, la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad gubernamentales, por eso las democracias modernas reconocen la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, en sus Constituciones Políticas. No obstante, la normatividad jurídica en los regímenes democráticos se cuida de no otorgarlas como libertades o derechos absolutos, sino que las concibe como una mecánica de pesos y contrapesos.
El derecho democrático buscar encontrar equilibrios entre el interés individual a la manifestación de las ideas y a su reproducción en medios escritos y electrónicos, con el derecho a una adecuada convivencia social basada en el respeto al derecho de los terceros.
Nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión y su difusión, pero hace también responsable al ser humano libre para que, si en uso de esa libertad violenta la convivencia, la sociedad pueda exigir cuentas de ello. Digamos entonces, que tan reaccionario resultaría el impedir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, como el permitir que éstas pudieran ejercerse abusiva, discrecional e indiscriminadamente.
En nuestro país la libertad de expresión y su modalidad de libertad de imprenta o de prensa están consagradas como garantías constitucionales, este reconocimiento ha sido y es el fundamento constitucional que protege el trabajo de los periodistas, constituye lo que se ha llamado la "Democracia Informativa", sin embargo, en los hechos es indudable que esa protección ha servido de parapeto a extralimitaciones mediáticas o de instrumento perverso para desprestigiar al adversario político.
La falta de precisión para determinar los límites entre el adecuado ejercicio de estas libertades y los derechos de terceros han dado motivo al abuso y a la generación artificial del escándalo mediático. La complejidad para precisar dónde inician unas y terminan los otros ha inducido al deterioro o a la pérdida irreparable del honor y las carreras de muchos servidores públicos. El ejercicio periodístico irresponsable, apresurado o tendencioso ha afectado injustificadamente al poder político representado por personas físicas, con demasiada frecuencia. Muchos han sido difamados; a cualquier acusación basada en hechos reales o ficticios se da curso mediático, los medios presumen culpabilidad.
Por ello, para prevenir conductas marginales de los medios y reparar en su caso los daños causados por imputaciones falsas hacia los hombres y las mujeres en el Gobierno, ambos derechos, los dos bienes jurídicos: la libertad de expresión y derecho a la intimidad y al honor, deben prevalecer. Sin embargo, por no ser congruente con la actual realidad social por resultar exagerada la criminalización de la difamación a través de los medios informativos, ésta debe despenalizarse, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado por los medios al derecho de terceros en vía civil, como ocurre en otros muchos países.
El derecho penal se subordina a la Constitución y su imperativo garantista y no represor, no debe seguir constituyéndose en un arma de intimidación de los periodistas.
La intimidación hacia los comunicadores que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, son inadmisibles en un régimen democrático.
Por eso, el tema de las libertades de expresión y de imprenta, así como el de la presencia creciente y constante de los medios de comunicación, tienen en nuestra vida política, provoca la necesidad de actualizar la legislación para garantizar que sean respetadas por gobierno-individuos, sin omitir una sanción civil para aquellos que irreflexiva o dolosamente difundan información que vulnere derechos de terceros.
Es necesario sentar nuevas bases para propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, manteniéndolo ajeno a la amenaza de la cárcel y simultáneamente proteger el ámbito privado de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas, que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria.
El delito de difamación se opone a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en distintos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país y la censura penal a la actividad del comunicador no se justifica, por lo que éste, insisto, debe despenalizarse, dejar en los jueces de lo civil, decidir si los periodistas o comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones y si vulneran o no con su actividad el derecho al honor y a la privacidad de terceros y no a los jueces de lo penal, el determinar si aquellos son o no acreedores a la prisión; sancionar económicamente y no corporalmente a quien abuse de las libertades de expresión y de prensa es impostergable.
En tal virtud, formulo la iniciativa siguiente:
Artículo Único.- Se derogan los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal.
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ruego a usted, señor Presidente, ordene insertar el texto íntegro de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado Vicepresidente. Como lo ha solicitado, publíquese íntegro el texto en la Gaceta Parlamentaria e insértese asimismo, en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes: General de Títulos y Operaciones de Crédito; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de Instituciones de Crédito; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Federal de Instituciones de Fianzas; para Regular las Agrupaciones Financiera; del Ahorro y Crédito Popular; de Inversión Extranjera; del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Luis Antonio Ramírez Pineda: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Acudo a esta tribuna con el propósito de presentar una iniciativa de ley que contempla una serie de reformas que tienen por objeto promover la actividad crediticia y fomentar la competencia entre los intermediarios financieros, así como reducir los costos y por lo tanto, las tasas de interés mediante las desregulación de las actividades de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), arrendadoras y empresas de factoraje.
Al mismo tiempo, la presente iniciativa pretende eliminar una fuente de riesgo moral en el sector financiero, al dejar fuera de la supervisión de las autoridades financieras, actividades donde no hay intereses del público que tutelar y no hay riesgo de que el sistema de pagos se colapse. Aunque los objetivos son simples, sentar las bases para que estas actividades se puedan realizar de manera competitiva en el ámbito mercantil, requiere hacer cambios a ocho leyes financieras y tres fiscales.
La necesidad de reformar estas leyes, surge de la premisa de que el crédito es un elemento crucial en el desarrollo del país, al ser un factor determinante en la inversión; por lo que la innovación financiera, la competencia global y el constante cambio en el entorno financiero, hacen menester realizar ajustes en la legislación del sector financiero para mejorar su funcionamiento.
En este sentido, el pasado 30 de noviembre de 2005, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a los artículos 2 y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, propuesta por la senadora Dulce María, en la que se establece que cualquier empresa mercantil puede obtener recursos mediante oferta pública de valores o créditos de la banca comercial y de desarrollo y utilizar estos recursos para otorgar créditos.
Con anterioridad a dicha reforma, éste tipo de intermediación estaba restringido a las SOFOLES y a otros intermediarios autorizados. Ahora, cualquier empresa puede hacer esta intermediación con mayor libertad que las SOFOLES, ya que no necesariamente tendrá que otorgar crédito a un sector específico, predefinido y autorizado por las autoridades financieras, sino que puede prestar a cualquier sector.
Por este motivo, permitir el otorgamiento del crédito a varios sectores es fundamental para fomentar la actividad crediticia. Resulta inconcebible, por ejemplo, que una arrendadora de maquinaria agrícola, no le pueda otorgar crédito a un campesino para la compra de semillas.
Esta barrera representa una ineficiencia para la canalización del crédito; por un lago, si el arrendador ya conoce la capacidad crediticia del agricultor, ha establecido una relación de largo plazo con él, por tal motivo, resultaría lógico que pudiese prestarle para la compra de semillas y con esto, asegurarse que le continué haciendo los pagos del tractor. Sin embargo, esto no es así, el agricultor tiene que acudir a un intermediario financiero distinto para obtener el crédito deseado.
De esta forma, estas restricciones que se establecen en la legislación actual, no conducen a la eficiencia, ya que no permiten aprovechar la sinergia de haber hecho un costoso análisis crediticio de una personal. Al mismo tiempo, los usuarios del crédito tienen que acudir y hacer trámites ante varias instituciones, encareciendo con esto sus costos de producción.
Adicionalmente cabe mencionar, que la liberalización que llevo a cabo la reforma propuesta por la senadora Sauri, no representa ningún riesgo para el sector financiero. En ese sentido, la literatura económica y la experiencia internacional nos indican, que las dos razones para tener una regulación y supervisión prudencial son: una, proteger los intereses del gran público depositante y la segunda, evitar un problema sistémico en el sector financiero, en caso de que alguna institución no pudiera cumplir con sus obligaciones.
Lo interesante de lo anterior es que ni las SOFOLES ni las arrendadoras o empresas de factoraje, captan depósitos del público ni están conectadas al sistema de pago, por lo que resulta conveniente revisar, sí es necesario seguir manteniéndolas sujetas a autorización y supervisión por parte de las autoridades financieras. De hecho, la regulación existente ha tenido efectos adversos para las SOFOLES, arrendadoras y empresas de factoraje.
En primer lugar la regulación y supervisión por parte de las entidades financieras , queda la percepción de que existe una protección o garantía del Gobierno Federal a favor de los acreedores de estas instituciones.
Lo anterior causa un riesgo moral por parte de las SOFOLES, arrendadoras y empresas de factoraje y reduce los incentivos de monitoreo crediticio por parte de los acreedores.
En segundo lugar, la autorización para constituirse como SOFOL, arrendadora o empresa de factoraje, constituye una barrera de entrada que inhibe la competencia.
Y en tercer lugar, la carga administrativa que impone la regulación, incrementa los costos de operación.
Es así que esta iniciativa busca reforzar la reforma a los artículos 2º. Y 103 de la Ley de Instituciones de Crédito y promover la competencia, la penetración del crédito, reducir las tasas de interés y los márgenes de intermediación. Así se permitirá que cualquier empresa mercantil pueda fondearse de los bancos o mediante ofertas públicas de valores y llevar a cabo operaciones de arrendamiento, factoraje y crédito a cualquier sector.
Es decir, con estas modificaciones legislativas, las empresas mercantiles podrán operar como arrendador financiera, empresa de factoraje y una o varias SOFOLES sin necesidad de contar con autorización por parte del Gobierno Federal.
Por tal motivo, la presente iniciativa busca cumplir con dos objetivos:
El primero. Reconocer que el arrendamiento y el factoraje financiero no deben ser actividades reservadas, como no lo es el crédito y propone que cualquier empresa mercantil pueda llevar a cabo estas operaciones sin autorización y supervisión de las autoridades financieras.
Segundo. Hacer una serie de adecuaciones legislativas para darles, a las empresas mercantiles que se dediquen preponderantemente a otorgar crédito y/o arrendamiento y/o factoraje, las ventajas fiscales y procesales que actualmente tienen las arrendadoras, las empresas de factoraje y las SOFOLES.
Por tal motivo, la manera más práctica y jurídicamente sólida para otorgar las facilidades mencionadas a entidades mercantiles que no requieren autorización, es crear la figura de entidad financiera no regulada que se denominará "sociedad financiera de objeto múltiple" o SOFOME. Adicionalmente, si no están vinculadas con un banco, estas entidades tendrán que llevar la expresión "entidad no regulada". En caso de estar vinculadas con un banco llevarán la expresión "entidad regulada".
De esta forma, aquellas sociedades que se dediquen básicamente a otorgar créditos, dar bienes en arrendamiento financiero y/o a adquirir derechos de crédito mediante contratos de factoraje financiero, serán denominadas SOFOMES, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito a que se refiere la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley de Instituciones de Crédito; Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley Federal de Instituciones de Finanzas; Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley de Inversión Extranjera; Ley del Impuesto Sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado y al Código Fiscal de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado Ramírez Pineda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante, diputada.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Compañeras y compañeros legisladores:
En los últimos veinte años, el sector de las telecomunicaciones ha sufrido importantes cambios, toda vez que los avances tecnológicos han abierto la posibilidad a la competencia en áreas como la telefonía considerada tradicionalmente como un monopolio natural y con características de red.
Para lograr la competencia y los beneficios que de ella emanan, en la industria de las telecomunicaciones es necesario facilitar la interconexión de nuevas empresas a la red de las empresas establecidas, a fin de que puedan ofrecer sus servicios.
Sin embargo, las empresas establecidas no muestran ningún interés en proporcionar acceso libre a sus competidores y utilizan su poder de mercado para impedir o al menos, retrasar la entrada de nuevos agentes a dicho mercado.
El desequilibrio entre el operador establecido y el nuevo operador, implica que muchas de las cuestiones de la interconexión no puedan dejarse por completo a la libre negociación entre éstos.
Alrededor del mundo en países desarrollados y en vías de desarrollo, el tema de la interconexión ha generado discusiones teóricas y prácticas. El tema es considerado complejo y problemático pues no sólo es encontrar la solución al reto que implica la convivencia de segmentos de mercado competitivos y monopólicos, sino además tratar de conciliar intereses en conflicto.
Las posibles soluciones y repuestas generadas en las discusiones sobre el tema, si bien han ayudado de forma notable a disminuir los conflictos presentes en las negociaciones de los acuerdos de interconexión, todavía están lejos de ser consideradas como definitivas y mucho menos inobjetables.
En México el asunto de la interconexión ha causado importantes problemas legales entre las empresas y entre éstas y el regulador. A raíz de la privatización de Telmex y la entrada de nuevas empresas al mercado de telefonía, se han tenido avances sustanciales, por ejemplo los cargos a los consumidores finales han disminuido lo mismo que las tarifas de interconexión, mientras que la red óptica se ha incrementado.
A pesar de ello es posible aseverar que el mercado mexicano de la telefonía todavía no está lo suficientemente maduro como para asegurar que las fuerzas del mercado serán capaces por si mismas, de generar mayor competencia.
El logro de una competencia efectiva len este mercado, requiere de manera inmediata mejorar los mecanismos de intervención pública existentes, para lograr acuerdos de interconexión que al mismo tiempo que faciliten la entrada de nuevas empresas al mercado, no atenten contra los derechos del operador dominante.
El interés por el estudio de los acuerdos de interconexión telefónica en México, es justificado por dos razones: La primera, la innegable importancia que ha adquirido el sector de las telecomunicaciones para el crecimiento y desarrollo de cualquier país. Y segundo, la intervención e injerencia de un organismo público en este asunto.
Es claro que la tendencia mundial es favorecer las negociaciones de los acuerdos de interconexión entre operadores y dejar la intervención de regulador como mecanismo de última instancia.
Por su parte las nuevas empresas no tienen nada que ofrecerle a la empresa establecida, por ello, se ha sugerido la posibilidad de crear marcos regulatorios que faciliten la entrada de las nuevas, al impedir al operador establecido hacer uso de su poder de mercado.
Los reguladores han optado por expedir reglamentos, normas o lineamientos que obliguen a los operadores establecidos a ceder parte de su infraestructura a sus competidores.
En el caso de la desagregación, la polémica se ha suscitado alrededor de los incentivos que esta política genera a los operadores entrantes para invertir en la construcción de su propia red. Mientras que para algunos el uso de la red del operador dominante, es sólo transitoria, para otros es una política que si bien facilita el acceso, no les genera incentivos para construir su propia red.
En la actualidad se discuten y presentan argumentos sobre el éxito o fracaso de esta política. En principio es posible señalar que la estructura de la industria de telefonía en México, es similar a la de muchos otros países.
Existe un operador establecido que es concesionario de la red de telefonía más extensa e importante del país y ante la posibilidad de competencia en algunos segmentos de mercado se ve obligado a dar acceso a su red a sus competidores.
Además, tal como lo señala la teoría y lo muestra la experiencia internacional, Telmex, el operador mexicano más importante, no tiene ningún incentivo para facilitar la entrada del mercado a las nuevas empresas, las cuales a su vez tienen poco que ofrecerle.
La experiencia internacional muestra que existen diversos caminos para lograr los resultados deseados en materia de competencia y desarrollo del mercado de telefonía.
El insistir en uno que ha mostrado ser muy limitado, en lugar de promover el desarrollo del sector, puede convertirse en una barrera por una parte porque no da los incentivos jurídicos necesarios para que las empresas inviertan y por otra, porque ya no corresponden a los adelantos tecnológicos propios del sector.
A pesar de los contratiempos y defectos presentados en los procesos de negociación de acuerdos de interconexión y a la intervención del regulador en este asunto, no se puede negar que ha habido avances importantes.
Tanto en el caso de la telefonía celular como local, el tema de la interconexión ha generado pocos problemas y han sido resueltos a partir de la resolución de la COFETEL de noviembre de 1998.
En estos casos, los operadores han llegado a arreglos sin la necesidad de intervenciones de regulador y han podido evitar largos litigios y peleas en las Cortes.
Finalmente, es posible decir que la experiencia mexicana más que un fracaso puede calificarse como una experiencia de contrastes. Son indudables los avances en creación de red pero los precios todavía son elevados. El asunto parece estar resuelto. No es posible asegurar que lo estará por siempre.
En cualquier momento de negociaciones pueden surgir inconformidades y ser necesaria la intervención del regulador, por lo tanto no se debe dar la espalda a una situación que exige cambios continuos para adaptarse a la realidad del sector. Tampoco podemos discutir abiertamente temas más avanzados si antes no hemos solucionado asuntos básicos como éste.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
ÚNICO.- Se adiciona una fracción al capítulo tercero y al artículo 41, y se reforma el artículo 42 del capítulo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como siguen:
Capítulo cuatro.- De la operación de servicios de telecomunicaciones.- Sección Uno.- De la operación e interconexión de redes públicas de telecomunicaciones.
Artículo 41.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e inter operabilidad de sus redes. A tal efecto la Secretaría elaborará y administrará los planes técnicos fundamentales de numeración, conmutación, señalización, trasmisión, tarifación y sincronización –entre otros- a los que deberán sujetarse los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
Dichos planes deberán considerar los intereses de los usuarios y de los concesionarios y tendrán los siguientes objetivos:
1.- Permitir un amplio desarrollo de nuevos concesionarios y servicios de telecomunicaciones.
2.- Dar un trato no discriminatorio a los concesionarios.
3.- Fomentar una sana competencia entre concesionarios; y,
4.- Establecer tarifas con base en costos sobre los principios de transparencia, racionalidad, factibilidad económica y desagregación.
Artículo 42.- Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes y a tal efecto suscribirán un convenio en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a partir de que alguno de ellos lo solicite
Transcurrido dicho plazo sin que las partes hayan celebrado el convenio o antes si así lo solicitan ambas partes, la Secretaría dentro de los sesenta días naturales siguientes resolverá lo conducente sobre las condiciones que no hayan podido convenirse conforme al procedimiento que para ese fin convengan la Secretaría y las partes en éste.
Se podrá modificar el término para emitir la resolución. La interconexión será directa cuando las redes de dos operadores comparten al menos un punto de interconexión entre ellas, con el objeto de lograr de forma común el funcionamiento de las redes y la operabilidad de los servicios.
Será indirecta cuando se realice utilizando las redes públicas de telecomunicaciones de cualquier otro concesionario previa celebración de los contratos o convenios para este efecto.
TRANSITORIOS:
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá modificar los reglamentos pertinentes para incluir lo señalado por los artículos reformados en un término de sesenta días.
Señor presidente, solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Como lo solicita la diputada, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los debates y túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Tiene la palabra el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley del Seguro Socia; de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana; de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud.
El diputado Inti Muñoz Santini: Con su venia diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Inti Muñoz Santini: El artículo primero de la Constitución Mexicana prohibe toda discriminación motivada por las preferencias de las personas ya que en ello se atenta contra la dignidad humana y se anulan los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
El contenido de este primer artículo de la Constitución honra a dos pilares fundamentales de la democracia, que además de la soberanía popular y el Estado de derecho, constituye los criterios políticos, sociales y económicos y culturales, normativos de la nación democrática. Estos dos elementos son la libertad y la igualdad.
Es inaceptable que aún tengamos en México una legislación de excepción en materia de pensiones y otras prestaciones laborales que impide, obstaculiza y merma las garantís constitucionales establecidas en la Constitución a favor de todas las personas, independientemente de sus preferencias.
Concretamente, en el ámbito de la normativa vigente relativa a la seguridad social y contenida en las legislaciones que en esta iniciativa proponemos modificar, se consideran beneficiarios en materia de atención médica y pensiones, a las parejas de los trabajadores siempre y cuando éstas no sean del mismo sexo.
En razón de ello nuestro orden normativo tiene que actualizarse y ajustarse a los estándares y criterios que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Es inadecuado contar con figuras jurídicas excluyentes y discriminatorias que hacen nugatorios los postulados y principios establecidos en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.
Por ello es necesario que el Congreso de la Unión efectúe una transformación del orden jurídico interno para adecuarlo a los cambios y condiciones que requieren los sujetos de derechos en la actualidad.
En ese orden de ideas es que hoy los diputados del PRD Eliana García, Rafael García Tinajero y el de la voz, proponemos un conjunto de cambios a la ley del ISSSTE, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, en su apartado específico del sistema de protección social en salud, para incluir a las parejas del mismo sexo como sujetas de los derechos en comento.
Consideramos que el Estado tiene el imperativo ético-jurídico de generar y establecer las condiciones necesarias para que los derechos humanos de las personas que integran la sociedad puedan ser ejercidos.
Sin embargo, tratándose de derechos de naturaleza individual, conocidos también como de primera generación, los poderes públicos tienen la obligación de abstenerse y respetar su pleno ejercicio por parte de sus exclusivos titulares que son las personas.
Es un triunfo de la sociedad civil la existencia de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; gracias a esta ley, signo de un México moderno, laico y tolerante, hoy el Estado mexicano está obligado a combatir la discriminación y la homofobia. Sin embargo nuestra tarea pendiente es que los preceptos de dicha ley estén respaldados por el resto de la legislación mexicana para convertirse en realidad y derechos exigibles.
Cito el artículo 4° de dicha ley: "La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".
También cito la misma Ley en su artículo 2° donde dice con toda claridad que "Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas."
También en esa ley se establece con claridad que "Queda perfectamente, claramente prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidad".
A efecto de lo anterior se consideran como conductas discriminatorias establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, impedir la libre elección de cónyuge o pareja, impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga.
Por lo anterior es inaceptable, insistimos, e incongruente que aún existan en México legislaciones bochornosamente decimonónicas que impiden el libre, adecuado y eficaz goce de los derechos de una persona en sus relaciones interpersonales. En este caso de quien no eligiendo tener esposa o concubina, sí cuenta con una pareja y desea que ésta sea la legítima beneficiaria de los activos económicos y prestaciones laborales que establecen las leyes.
En efecto existe en nuestro país una realidad: Hay parejas de hombre y pareja de mujeres. Estas personas, hombres y mujeres, en tanto seres humanos y por lo tanto personas sujetas de derechos, les asiste el imperativo categórico de ejercer sus derechos humanos fundamentales plenamente.
El Estado en tanto creación humana, deberá estar al servicio de quienes integran la sociedad, por lo que dicha entelequia tiene la obligación política y jurídica de realizar las acciones positivas, legislativas y en su caso, abstenerse de intervenir en la esfera individual de las personas.
El Estado está obligado a dar respuestas en el plano legislativo, judicial y administrativo a favor de los derechos humanos, en este caso, de las personas con preferencias sexuales distintas. De no hacerlo así, el Estado vulneraría su propia Ley Positiva y también estaría realizando un fraude a la Constitución al violentarla.
La Constitución, en tanto norma de normas, establece los principios y las decisiones políticas fundamentales de un país. En este tenor, la Reforma del 2001 a su artículo 1º, plantea las hipótesis necesarias para establecer a nivel jerárquico superior, que los derechos fundamentales de las personas con preferencias sexuales distintas, están incluidos y garantizados en la Ley Fundamental de 1917 y corresponderá a los poderes públicos del Estado, brindar las condiciones necesarias y suficientes para su goce y ejercicio en la esfera jurídica concreta, de todas las personas que conforman la sociedad.
Los estados modernos, pero particularmente las sociedades avanzadas, han mostrado un avanzado grado de madurez en torno a la definición política de incluir los derechos de las personas, conforme al estándar y los criterios máximos del Derecho Internacional.
Más aun, la Estructura Jurídica Mexicana, tiene entre sus cimientos el carácter laico del Estado, producto del pensamiento y de las reformas juaristas.
Cito al escritor Carlos Monsivais, con motivo del Bicentenario del Nacimiento de Benito Juárez: "...si algún sentido tiene la celebración del Bicentenario de Juárez, es examinar los significados del respeto y verificar el contenido de los derechos ajenos, los de la población ante el gobierno y los empresarios, los de las mujeres ante el machismo y el patriarcado, los de los indígenas ante la ilegalidad a nombre de la ley y la explotación, los de las minorías religiosas ante la interpretación exterminadora de los usos y costumbres, los de las minorías sexuales ante la homofobia."
Si no se precisan en cada caso el derecho ajeno y el respeto, el apotegma y la paz que traiga consigo quedan a la disposición del vacío, así este muy cubierto por las letras de oro en el Congreso.
¿Quién tiene, señores y señoras diputados, el derecho a elegir o a juzgar la elección de la pareja sentimental del otro?
Con la Iniciativa de Reforma a distintos cuerpos normativos si aquí se propone, el Congreso pondría dicho conjunto de leyes a la vanguardia de lo que actualmente acontece en materia de relaciones de convivencia, sin que para ello sea necesario reformar la Constitución.
En ese orden de ideas, consideramos que el Congreso debe reflejar los cambios que la sociedad experimenta y debe también, ser un catalizador de las aspiraciones, sentimientos y anhelos que la sociedad desea ver reflejados en los cuerpos normativos.
Es por eso, que hoy proponemos brindar un reconocimiento jurídico expreso a las parejas de hombres y a las parejas de mujeres que realicen convivencia plena y que como consecuencia de ello, contraen compromisos de vida y de solidaridad.
Se trata de dar une estatus jurídico de reconocimiento pleno a la personalidad de quienes forman y hacen vida de pareja y que sus derechos en este caso, en materia de pensiones se encuentren asegurados en un marco jurídico, con certidumbre.
A mediados del año pasado, en defensa de la aprobación de la modificación legal que permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, el presidente de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, se dirigió así a los diputados de su país:
"No estamos legislando para gentes remotas y extrañas, estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares ya la vez, estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente, es aquella que no humilla a sus miembros".
No estamos, en este caso, proponiendo que nuestra legislación acepte el matrimonio entre las personas del mismo sexo, simplemente estamos buscando revertir el acto de discriminación que por la omisión normativa actual, impide el ejercicio pleno de la Seguridad Social a trabajadoras y trabajadores que cumplen con las mismas obligaciones y participaciones que sus compañeros de trabajo y a quienes debemos reconocer estos derechos y la libertad de elegir y de amar a su pareja.
En ello, compañeros, compañeras, estamos construyendo un México mejor, para todas y para todos.
Por todo lo anterior, los suscritos integrantes del grupo parlamentarios del PRD, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presente Proyecto de Decreto por el que se Modifican Diversas Disposiciones Legales, en Materia de Seguridad Social y Diversidad Sexual, solicitando se inserte esto en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputado. Insértese íntegro, el texto de la Iniciativa del señor Diputado, en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Salud.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar Iniciativa que Reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Legisladoras y Legisladores:
Durante 1994 y 1995, México vivió una de las crisis económicas más violentas de toda su historia, que provocó una caída drástica del Producto Interno Bruto, del 6.9% en 1995 y un empobrecimiento aún mayor de la mayoría de las familias mexicanas.
"Prácticamente todos los indicadores económicos sufrieron un colapso. Las tasas de interés se dispararon a niveles jamás conocidos en la historia de nuestro país. Por ejemplo, la tasa de interés para depósitos bancarios se ubicó en 148 por ciento durante 1995 y la tasa de interés de las tarjetas bancarias llegó a ser de casi un 500 por ciento en ese mismo año.
"La inflación fue otro de los indicadores que se elevaron de manera vertiginosa. El tipo de cambio se devaluó en más del 100 por ciento, todo ello ocurrió y generó una severa parálisis económica que requirió de cuantiosos recursos financieros para poder ser revertida.
"Dentro de las medidas que tomó el gobierno federal para enfrentar esta crisis económica, estuvo el incremento al IVA del 10 al 15 por ciento, con lo que se contrajo aún más el nivel de ingresos de las familias mexicanas, particularmente de las más necesitadas.
"Como resultado de la debacle económica de estos años, cientos de miles de mexicanos perdieron su patrimonio, unos por la quiebra de infinidad de pequeñas y medianas empresas, otros por la insolvencia financiera, al no tener posibilidades de cubrir los créditos que habían contratado años antes de la crisis.
"Dicha insolvencia se explica en gran parte, porque e un momento a otro las tasas de interés se elevaron drásticamente, lo que llevó a que el saldo total de los pasivos contratados se multiplicara muchas veces. Después de una década todavía hay deudores de la banca que continúan pagando los pasivos y los intereses capitalizados reinvertidos del crédito original.
"Como una crisis económica y su consecuente expresión en crisis financiera, es inevitable en el marco de las sociedades capitalistas, la amenaza potencial del crecimiento desmesurado de las tasas de interés es también una situación inevitable.
"Se hace necesario, en consecuencia, crear instrumentos de regulación que permitan incidir en el nivel que alcance el costo del dinero en una coyuntura de este tipo.
"Por esa razón, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es que el Banco de México tenga la facultad de establecer una tasa de interés promedio para que sea aplicada a todos los créditos que se hayan contratado antes del colapso económico y que provoque un aumento desmedido de las tasas de interés.
"El promedio de dicha tasa se debe de construir tomando en consideración el nivel que hayan alcanzado en nuestra economía las tasas de interés interbancaria en los últimos siete años previos a la coyuntura de crisis de la economía.
"La razón para tomar como base los siete años previos a la crisis, tiene que ver con la duración del crecimiento económico en una etapa de prosperidad. Por otra parte, como el riesgo moral es una conducta que está asociada al negocio financiero, dado de que los agentes financieros en muchas ocasiones otorgan créditos sin las garantías mínimas de recuperación, entonces el riesgo de insolvencia financiera es consustancial a este negocio.
"Las únicas formas en que esta conducta puede ser inhibida, es que los propios agentes del sistema financiero establezcan medidas de mayor exigencia para la recuperación de los créditos o que la autoridad que lo regula fije criterios de mayor racionalidad financiera en el otorgamiento de los préstamos.
"En estas circunstancias, se puede notar que la insolvencia financiera es un riesgo que no va a poder evitarlo, pero sí es posible establecer mecanismos que lo minimicen.
"La experiencia que vivimos en México antes de 1994 es que los banqueros otorgaron créditos sin una correspondiente contrapartida en la exigencia de garantías.
"También pudimos observar que cuando las tasas se elevaron bruscamente, al verse los deudores imposibilitados de cubrir sus pasivos con el correspondiente interés, los bancos aplicaron sobre los intereses insolutos un interés adicional, lo que se conoció como anatocismo, es decir, la capitalización de los intereses sobre los propios intereses, haciendo que los pasivos crecieran aceleradamente y se volvieran impagables.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el cobro de intereses sobre intereses era legal, sin embargo, cuando un ahorrador de una institución financiera, como lo fue el caso del extinto Banco del Atlántico, reclamó la capitalización de sus ahorros sobre la base de la tasa de interés vigente en el mercado, en esos momentos la propia Corte determinó que eso no era procedente. Con esta acción se reconoce que la autoridad sí tiene facultades para establecer criterios de regulación en los casos en que las tasas de interés se eleven abruptamente y ponen en riesgo el patrimonio de los agentes económicos en general.
Esta es otra de las razones por las que creemos que el patrimonio de las empresas, de las familias y del Gobierno en sus tres niveles, debe de ser protegido ante circunstancias de la naturaleza anteriormente descrita.
Compañeras y compañeros legisladores: Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 3º al artículo 26 de la Ley del Banco de México, para que en situaciones de crisis que eleven bruscamente las tasas de interés, establezca un promedio de éstas para que se apliquen a los pasivos de los deudores en general.
Le ruego a la Presidencia insertar la versión íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto y gracias a todos por su atención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Como lo solicita el diputado, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General de Educación.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputado Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados:
A nombre de Convergencia presento esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 41 de la Ley General de Educación, para procurar la plena integración de las personas con discapacidad a la educación regular, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3º, primer párrafo, dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para toda la población, para que puedan cursar la educación preescolar, primaria y secundaria y establece que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes al ejercicio pleno de este derecho de educación de los individuos, a mayor equidad educativa y al logro de la efectiva igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios educativos.
Ya aquí se ha dicho que la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 10 millones de personas en México son o padecen alguna discapacidad. De los porcentajes mencionados por el Censo, podemos apreciar que restando el 14.6% que son personas con deficiencia mental y un 44.6 que son adultos mayores con discapacidad, el 48.8% de los discapacitados sí tienen las condiciones físicas y mentales para integrarse a las escuelas regulares. Lo lamentable es que según la CONAPO, sólo 2.2% de las personas con discapacidad en México estudia. Las causas son:
Porque hay un gran número de escuelas de educación primaria regular del país que les siguen negando la inscripción a las personas con discapacidad, porque aún aceptándolos como alumnos, el sistema de becas no les permite continuar estudiando; porque aceptándolos como alumnos, las instalaciones de escuelas regulares siguen teniendo barreras arquitectónicas; porque aceptándolos como alumnos, siguen careciendo del apoyo de intérpretes de señas para sordos, de especialistas en tecnología adaptada y de maestros de educación especial; porque aún aceptándolos como alumnos, no hay material didáctico ni apoyo en cómputo con tecnología adaptada para el aprovechamiento escolar.
Por ello, lo conveniente sería que en la propia Ley General de Educación se establezca la obligatoriedad para las autoridades educativas, de apoyar con recursos materiales o económicos a las escuelas de educación básica regular que tengan uno o más alumnos con discapacidad, a fin de eliminar las barreras arquitectónicas que impidan el libre acceso y desplazamiento de ciegos y personas en sillas de ruedas o con bastón.
Además es conveniente que la Ley General de Ecuación establezca la obligación para las escuelas de educación básica regular, que tengan alumnos con discapacidad de brindar capacitación especializada a sus docentes, solicitando para tal efecto, el apoyo de las autoridades educativas.
La falta de claridad y precisión de las disposiciones, dejan al libre albedrío de las autoridades educativas el cumplimiento de apoyar a las escuelas de educación básica regular, que entre sus educandos tengan alumnos con discapacidad, con recursos que hagan accesibles sus instalaciones con capacitación especializada y con tecnología adaptada según el tipo de discapacidad.
Compañeras y compañeros diputados: Considerando que la Ley General de Educación en su artículo 41 no establece las medidas que habrán de tomar las escuelas regulares, cuando entre sus educandos tengan alumnos con discapacidad, ni establece los apoyos que para tal efecto habrán de otorgar las autoridades educativas y con el ánimo de que la educación básica regular tenga un sentido incluyente y sea necesario que nuestra legislación se corrija de manera precisa y determinante, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 41 de la Ley General de Educación, para procurar la plena integración de las personas con discapacidad, a la educación regular.
Artículo Único.- Se adiciona un cuarto párrafo con cuatro fracciones y un párrafo más al artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
"Artículo 41.- Cuando las escuelas de educación básica regular públicas y privadas tengan entre sus educandos uno o más alumnos con discapacidad, deberán:
"Primero.- Realizar las adecuaciones físicas y de señalización a sus instalaciones de tal manera que éstas sean de fácil acceso y libre desplazamiento para las personas con discapacidad. Esta misma disposición también se aplicará cuando el plantel del que se trate, tenga entre su personal uno o más discapacitados.
"Segundo.- Instalar el equipo de cómputo con la tecnología adaptada, a fin de compensar los requerimientos de estudio de cada alumno con discapacidad.
"Tercero.- Adquirir y poner a disposición de ciegos y débiles visuales materiales en relieve como libros en Braille y en dispositivos electrónicos que les sean de fácil lectura.
"Cuarto.- Capacitar a sus docentes y demás personal que intervengan en la enseñanza de alumnos con discapacidad y si el caso lo amerita, solicitar a las autoridades competentes el apoyo de profesionales en educación especial, intérpretes de lengua en señas mexicana, escritura en Braille, tecnología adaptada u otra especialidad.
"Para el debido cumplimiento de las fracciones a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades educativas otorgarán los apoyos que sean necesarios a las escuelas de educación básica regular, tratándose de escuelas privadas dichos apoyos serán parciales atendiendo a la evaluación y criterio de las citadas autoridades".
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan a lo dispuesto en este decreto.
Pido a la Presidencia que se inscriba en el Diario de Debates íntegro el texto.
Es cuanto diputado Presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Como lo solicita el señor diputado, insértese el texto de su iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión.
A continuación, tiene la palabra la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Tatiana Clouthier Carillo: Con su venia diputado Presidente...
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Permítame un momento diputada.
Sonido en la curul del señor diputado don Pedro Ávila.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor Presidente, pido con todo respeto rectificación de quórum ya que el Salón de Sesiones está solo, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Esta Presidencia obsequia la solicitud del señor diputado y dispone que la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico, por diez minutos para verificar el quórum, y enseguida, inmediatamente continuamos con la sesión y escucharemos con atención la iniciativa de la diputada Clouthier Carillo.
La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico de votación por diez minutos para recabar la asistencia.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, diputado Presidente.
La que suscribe, diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo, con base en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa mediante la cual se adiciona la fracción III del artículo 3° constitucional.
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3° constitucional, que el Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación, preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizar el derecho a la educación. Asimismo la fracción VIII del mismo artículo, faculta al Congreso de la Unión, a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios.
Por lo anterior y dado que el Congreso tiene la facultad de expedir las leyes necesarias para que la función social educativa se distribuya en los tres niveles de gobierno; creemos que se debe incluir al municipio en la participación de la elaboración de los planes y programas educativos, que son al fin y al cabo la materia medular de la propia educación.
La razón para ello, es que el municipio es el nivel de gobierno que de forma inmediata incide en la vida del ciudadano y de su realidad. Por ende, la opinión en la integración de los planes y programas de estudio de quienes habitan, trabajan y estudian en el mismo, es muy valiosa y fundamental.
De igual forma el artículo 3° constitución en su fracción III dice:
"Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación, preescolar, primaria, secundaria y normal, para toda la República. Para tales efectos el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos en las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale".
Por su parte la Ley General de Educación en su artículo treceavo fracción II, señala que:
"Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias las atribuciones siguientes:
Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la normal y demás, para la formación de maestros de educación básica.
La evidencia apunta a cuestionarse, qué mas regional que el municipio, qué más local y mediato que el municipio mismo. Además la lógica señala que si la Constitución reconoce que los estados y municipios, están facultados para impartir la educación y que el Ejecutivo Federal, considerara la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos actores sociales involucrados en la educación, la participación de los municipios está implícita en dicho proceso, pero no está sustentada de manera específica en nuestra Carta Magna.
Resulta natural pues, que se observe y verifique la participación del municipio bajo la misma tesitura en la que lo hacen los gobiernos de las entidades federativas y los diversos sectores. Es decir, el municipio es la autoridad gubernamental más próxima a los gobernados e involucrando en el engranaje de la elaboración de los planes y programas de estudio, se estima benéfico para el enriquecimiento de los contenidos educacionales.
Ante esto, lo que estamos solicitando es el reconocimiento de algo que en la propia Constitución se encuentra implícitamente considerado. Además si la propia Ley Fundamental establece al municipio la responsabilidad y obligación compartida con los niveles de gobierno de impartir educación básica, no concuerda que esto no pueda participar en la consideración de los planes y programas educativas.
Con base a las anteriores consideraciones, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción III del artículo 3° constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. Se reforma la fracción III, del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3°. Fracción III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, de los municipios, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos que la ley señale".
Transitorios:
Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero del 2006.
Diputada Tatiana Clouthier.
Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. La iniciativa que reforma el artículo 3º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se retira del orden del día la iniciativa del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que reforma, y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación para la Educación Superior.
Esta Presidencia recibió de la diputada María Avila Serna, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.
Esta Presidencia, recibió asimismo la iniciativa del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo 5º. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia repone el procedimiento y concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Alegre Bojórquez, quien presenta iniciativa que adiciona los artículos 168 bis 1, 168 bis 2 y 168 bis 3 del Código Penal Federal, suscrita por el mismo diputado y por el diputado Manuel Gómez Morín Martínez del Río, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Gracias, diputado Presidente. Con su permiso.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con la siguiente exposición de motivos:
La cultura de la legalidad es un tema que con mayor frecuencia nos exige la sociedad. Por ello, la necesidad de buscar el respeto a la ley para que nos lleve a vivir en un estado de paz y de tranquilidad. Para ello, debemos de atacar y resolver los obstáculos que México atraviesa para consolidar una verdadera cultura de respeto al estado de derecho.
Consideramos que uno de ellos consiste en el delito de la piratería, el cual es en términos prácticos el robo del ingenio, la creatividad y el esfuerzo de un tercero. Dicho ilícito ha tenido en nuestro país un desarrollo tal, que ha llevado a México a ocupar a nivel mundial deshonrosos primeros lugares en dicha materia.
Ante tal situación, esta Legislatura ha hecho acciones con el ánimo de combatir dicho delito; sin embargo, no obstante los esfuerzos realizados, aún falta por encontrar un tipo penal específico que sancione a la piratería en todas sus modalidades y en especial, a la piratería en materia de telecomunicaciones.
Actualmente prevalecen muchas formas en las que la gente lucra con el robo de la señal de televisión, sobre todo en los sistemas de televisión satelital o por cable. Ejemplo de ello es la venta de contenidos fuera del territorio autorizado por el titular de los derechos.
La distribución o venta del contenido de un canal de televisión, las violaciones al código de ética de los trabajadores de la empresa de distribución, ofreciendo ilegalmente conexiones rápidas y seguras, así como también la venta de las claves de seguridad de los decodificadores de señal.
Por desgracia dicha práctica de ha hecho tan común, que no sólo grupos delictivos organizados realizan dicha actividad, sino que ahora también existe mucha gente que sin estar consciente de su conducta, se aprovecha de una señal de cable o de satélite.
Según cifras recientes uno y medio millones de hogares mexicanos consume ilícitamente el servicio de televisión por cable, mientras que un número importante también consume ilícitamente las señales de la televisión satelital por medio de la compra de antenas ilegales.
El fenómeno de la piratería está inhibiendo las oportunidades de crecimiento y consolidación de las industrias de telecomunicaciones, las consecuencias van más allá del aspecto puramente económico.
En el caso específico, hablamos de un daño a nuestro patrimonio cultural, la pérdida de generaciones de creadores intelectuales y el detrimento de una verdadera cultura de la legalidad.
Más grave aún es el daño hecho a la sociedad, especialmente a los niños ya que su aprendizaje está rodeado de falta de valores y de la cultura de que el que no tranza, no avanza.
En razón de lo anterior nuestro país requiere de un marco jurídico acorde a la realidad que vivimos, que proteja el uso, aprovechamiento y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones, a través de las cuales se llevan a cabo la transmisión de datos, imágenes, sonidos y videos por parte de los distribuidores y operadores de televisión, así como por parte del público en general.
Sin embargo, dicha tutela debe ser acorde a nuestra realidad y atendiendo a la calidad específica de los sujetos que cometen dichos ilícitos.
Por ello, en la iniciativa que se presenta, se propone sancionar con penas privativas de libertad, a quien cometa dicho ilícito con el fin de lucro y tan solo sancionar con una multa para quien se aproveche de una señal sin un fin lucrativo y así poder tipificar dichas conductas con un sentido humano.
Estamos seguros que la reforma propuesta podrá atacar a los dos problemas que enfrenta la piratería. En primer lugar a los delincuentes que con ánimo de lucro se roban la señal de una transmisión sin estar autorizados para ello. Y por el otro imponer una mayor cultura de la legalidad en aquellos casos en los que personas que no son delincuentes, se aprovechan igualmente de una señal de televisión, sin estar conscientes del daño que ocasionan.
Por lo anterior se propone castigar las conductas que sin la concesión de la autoridad competente lleven a cabo la instalación, operación o explotación de la programación de la televisión restringida, sometiéndose a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 168 bis-1, 168 bis-2 y 168 bis-3, al Código Penal Federal.
Artículo UNICO. Se adicionan los artículos 168 bis-1, 2 y 3 del Código Penal para quedar como sigue:
Artículo 168 bis-1, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 500 a mil días de multa, a quien con ánimo de lucro y sin derecho, se aproveche, acceda, use o explote el contenido de cualquier material que sea parte de la programación transmitida por el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite.
Artículo 168 bis-2. A quien con ánimo de lucro y sin derecho, instale el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario.
Las penas previstas en los dos artículos anteriores se aumentarán hasta en una mitad, cuando en el delito participe algún empleado o dependiente de algún concesionario o permisionario de televisión restringida.
Artículo 168 bis-3. Se impondrá una pena de 500 a 1000 días de multa de salario, a quien sin ánimo de lucro y sin derecho, use, acceda o se aproveche de la programación transmitida por el servicio de televisión restringida terrenal o de vía satélite.
En caso de reincidencia se impondrán las penas previstas en el artículo 168 bis.
El transitorio: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 23 días del mes de febrero del año 2006.
Muchas gracias presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La iniciativa de la diputada María Avila Serna, relativa a la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, se modifica el turno en los siguientes términos:
Se turna a las comisiones unidas de Marina y de Defensa Nacional.
Se instruye a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Se informa a la presidencia que existen hasta el momento perdón. Un segundo por favor.
De viva voz diputados que registran asistencia de viva voz: Por favor denle sonido a la curul de la diputada Verónica Rangel Bernabé, 266:
La diputada Verónica Rangel: Sí, presente. Verónica Rangel.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Sonido a la curul de la diputada Modesta Vázquez Vázquez.
La diputada Modesta Vázquez: Vázquez, presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Sonido a la curul de la diputada Patricia Elena Retamoza Vega.
La diputada Patricia Elena Retamoza: Retamosa, presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por favor, diputada Dolores.
La diputada Dolores Gutiérrez: Presente, Dolores Gutiérrez Zurita
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias. Diputado Corrales, por favor.
El diputado Evaristo Corrales: Sí. Evaristo Corrales, presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Gracias diputado. Señor presidente, hay una asistencia registrada de 334 diputadas y diputados. Hay quórum.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias secretario. Continuamos con la sesión.
Tiene la palabra el diputado Benito Chávez Montenegro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Benito Chávez Montenegro: Con su venia señor diputado presidente.
El suscrito, diputado federal Benito Chávez Montenegro, pone a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para modificar la fracción XV del artículo 89 de la Constitución Federal, acorde a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Nadie puede negar la existencia del fuerte rezago en materia científica y tecnológica de nuestro país. La fuga de cerebros implica un distanciamiento de científicos e investigadores mexicanos que se van buscando mejores condiciones para el desarrollo en sus especialidades.
Las universidades mexicanas no obstante que reúnen muchos de sus recursos tratando de disminuir la desigualdad en los espacios de investigación, no pueden lograr eliminar la disparidad existente, dejando al país marginado del mundo científico y tecnológico que hoy es parte fundamental en la competitividad económica.
Los resultados en el desarrollo económico de los países del primer mundo son ejemplos claros de la importancia y valor que con la cuantía en inversión en el campo de la ciencia y la tecnología se logra. Es en estos países donde se encuentran los mejores y más avanzados centros de investigación de todas las áreas.
No obstante los esfuerzos logrados por la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada por este Poder Legislativo en 2002 y los recursos que año con año se destinan de esta Cámara a CONACYT, y a las universidades públicas para fomentar el avance de nuestros científicos e investigadores, es evidente su insuficiencia.
La visión de México posrevolucionario fue y es a de formar un país fortalecido en el progreso y la modernidad, dotando de garantías necesarias a quienes participan en el desarrollo productivo y estimulando la invención y el ingenio en todos los cambios industriales, pilares fundamentales del progreso mexicano.
Contrario a estos objetivos, en los últimos años la dinámica mundial ha obtenido un progreso que ha propiciado una competencia basada en el desarrollo científico y tecnológico y que en nuestro país no ha tenido la misma dimensión.
Hoy no sólo se compite en la industria del calzado o los alimentos, ahora son los softwares, las computadoras y la clonación permitida los que marcan la pauta en el progreso de las naciones.
Esta iniciativa pretende adecuar nuestra Carta Magna a los nuevos cambios nacionales e internacionales, proponiendo que el Ejecutivo Federal tenga la potestad y el deber de conceder privilegios a los inventores tanto en el campo industrial como en el campo científico y tecnológico, alternando en la forma posible que los científicos e investigadores mexicanos tengan las facilidades necesarias para el desempeño de su labor, contrarrestándoles los impedimentos con que se topen de frente.
El no hacerlo significa postergar cambios que exigen de sus creadores conocimiento, capacidad, creatividad e inteligencia.
Por lo anteriormente presentado se pretende la modificación de la fracción XV del artículo 89 de la Constitución federal para quedar como sigue:
Artículo 89. "Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
Fracción XV: "Concede privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, la ciencia y la tecnología."
Es cuanto, señor Presidente y respetuosamente solicito se inserte por competo el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, diputado Presidente.
El genoma humano contiene la información que se requiere para la formación y funcionamiento del cuerpo humano. El análisis y aplicación de esta información da lugar a una práctica médica más individualizada, más preventiva y más predictiva, ofreciendo grandes beneficios para el cuidado de la salud al permitir identificar a los individuos con riesgo a desarrollar enfermedades comunes antes de que aparezcan los síntomas y así evitar o retrasar sus manifestaciones, complicaciones y secuelas, además, dará lugar a nuevas estrategias de tratamiento, como la generación de medicamentos más efectivos y menos tóxicos, con base en la estructura genómica de cada población.
El 24 de julio del 2004, el Congreso de la Unión creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con el fin de asegurar que los beneficios de la Medicina Genómica se desarrollen en México para beneficio de su población, con investigadores de nuestro país, lo que asegura una disciplina en beneficio de la población mexicana, evitando adquirir una dependencia de otros países en esta materia.
El nuevo paradigma de la Medicina Genómica ofrece grandes beneficios potenciales para la salud individual y colectiva, con un alto beneficio económico en el largo plazo. Sin embargo, su desarrollo tiene implicaciones más allá de la salud, repercutiendo en la economía, la política y la organización social en general.
Algunas de estas preocupaciones se relacionan con la apropiación inadecuada del material genético de los ciudadanos de un país, por aquellos de otros sin que exista un beneficio directo a los donantes o a sus comunidades.
Más aun, con el riesgo de generar daños a la sociedad en la que fueron tomadas las muestras, como es la segregación de los beneficios que generan países industrializados, usando a personas de otros países, donde la regulación no les impone un control que supervise adecuadamente los derechos y seguridad de las personas, en este caso, México.
Es así como se propone una Reforma a la Ley General de Salud al Servicio de los Mexicanos, que permita una tutela de su soberanía genómica, antes de que una violación sea producida o conocida, toda vez que el problema no ha sido atendido, por lo que pretende asegurar el buen uso de la información genética.
Considerandos:
Que la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada en 1997 por la Conferencia General de la UNESCO, establece que "el genoma humano es patrimonio de la humanidad".
Que el Instituto Nacional de Medicina Genómica, lleve a cabo proyectos de investigación científica en materia genómica poblacional bajo estrictos estándares bioéticos, con la supervisión de las comisiones de Investigación, Ética y Bioseguridad de la institución.
Que se han detectado acciones de algunos grupos extranjeros en nuestro país, obteniendo muestras genómicas de diversas comunidades mexicanas, incluyendo pueblos indígenas.
Que México cuenta ya con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, capaz de aportar grandes beneficios para la sociedad mexicana en materia de Medicina Genómica, de tal forma, que los beneficios serán accesibles para todos los mexicanos.
Que en base a lo anterior, se hace un llamado de atención para que México establezca un marco jurídico que proteja la soberanía nacional en lo relacionado al genoma humano de nuestra población, sin menoscabo de las colaboraciones académicas a nivel nacional e internacional para resolver problemas de salud de la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar la siguiente Iniciativa por la que se adicionan los artículo 372 bis, 372 bis 1 del Título XVI y se modifica el artículo 461 del Título XVIII de la Ley General de Salud para proteger la soberanía nacional sobre el Patrimonio Genómico de los Mexicanos.
Artículo Único: Se adicionan los artículos 372 bis, 373 bis 1 del Título XVI y se modifica el artículo 461 del Título XVIII de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Título XVI Artículo 372 bis: Queda prohibida a toda persona física o moral mexicana o extranjera, la obtención de muestras de material biológico que pueda ser fuente de material genético, de población mexicana y su traslado fuera del territorio nacional sin la previa autorización de la Secretaría de Salud.
Sobre los proyectos que así lo requieran, la Secretaría escuchará la opinión del Instituto Nacional de Medicina Genómica en su carácter de órgano asesor del Gobierno Federal en esta materia.
Artículo 373 bis 1: El material genético a que se refiere el artículo anterior no podrá ser utilizado para finalidades distintas o incompatibles con aquellos que motivaron su obtención.
Título XVIII Artículo 461: Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, así como material biológico que contenga fuente de material genético sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por el equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general vigente, de la zona económica de que se trate. Si el responsable es un profesional técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión-oficio, hasta por siete años.
"Transitorio.
"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés del mes de febrero de 2006. La que suscribe".
Muchas gracias Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada. Túrnese a la Comisión de Salud.
Esta Presidencia recibió proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud evalúe e informe a esta soberanía sobre los riesgos que representan para la salud humana las concentraciones de la sustancia acrelamida, en productos alimenticios, suscrita por los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Salud.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo relativo al ataque a pescadores por marinos en el municipio de Progreso, Yucatán.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: con su permiso, señor Presidente.
"La problemática del sector pesquero cada día es más grave. La falta de apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal, lleva consigo que miles de familias se encuentren en la extrema pobreza, sin posibilidades de salir adelante.
"Conforme el Estado fue abandonando su papel de rector en la economía, eliminó sus prioridades la atención a la pesca, cerró el Banco de Fomento Cooperativo, vendió las plantas procesadoras de productos del mar, su comercializadora nacional y desapareció la Secretaría de Pesca. Esto denota el constante golpeteo y la agresión directa contra las comunidades pesqueras que desde hace 20 años no han recibido apoyo alguno, lo cual obliga a la manifestación de la inconformidad.
"Es intolerable que las comunidades luchen por mejorar sus condiciones de vida y el Estado solamente asuma respuestas de carácter ambiguo cuando no negativas.
"En días pasados los trabajadores del mar, originarios de la Comisaría de Chic Hulú Puerto (?), denunciaron ante el Ministerio Público Federal, que sin advertencia y sin identificación los que resultaron ser marinos navales se presentaron en una lancha rápida y comenzaron a disparar contra un banco pesquero.
"Además de los disparos y una persecución en mar abierto, una vez emparejados los marinos, embistieron a los pescadores y finalmente realizaron el abordaje para después someterlos y con golpes e injurias llevarlos arrestados, privándolos ilegalmente de su libertad durante más de cinco horas, hasta liberarlos luego de confirmar que no habían cometido ningún delito.
"Los presuntos acontecimientos ocurrieron en las inmediaciones del arrecife conocido como Alacranes¸ en la zona correspondiente a Isla Pérez, al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso.
"El comandante de la Quinta Región Naval Militar, Martín Fernández Zetina, argumentó que la embarcación sí tiene impactos de bala, pero que no coinciden con los usados por ellos. Y cito textualmente: Si la lancha tiene agujeros, ellos se los hicieron. Lo que de haber sido cierto debería haber llevado a que fueran procesados por portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, ya que dichos impactos eran de un rifle R-15 y no existen tampoco y no se evidenció un planteamiento o alguna evidencia de intercambio de disparos.
"Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
"Primero.- Se exhorte a la Procuraduría General de la República, a iniciar una investigación a fondo sobre lo acontecido, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, reparar el daño causado contra el patrimonio de los afectados.
"Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a implementar programas sociales y proyectos productos que permitan resolver la problemática de las comunidades pesqueras en las costas mexicanas".
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias. Túrnese a la Comisión de Marina.
Esta Presidencia aclara lo que es por demás evidente, que los diputados Alegre Bojórquez y José Ángel Córdova, pertenecen al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y cualquier otro comentario no es peyorativo.
Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a conducirse dentro del marco legal que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
No está en el salón de sesiones, por lo que se turna a la Junta de Coordinación Política.
La diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hizo llegar a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República investigue las conductas ilícitas en que incurrió personal policial de la AFI al recrear la captura de presuntos secuestradores mediante la realización de un video, mismo que se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Esta Presidencia, fiel al turno que en su momento otorgó la Presidencia, le da el uso de la palabra al señor diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
¿Está presente el diputado Murat? Tiene usted el uso de la palabra.
El diputado Alejandro Murat Hinojosa: Con su venia señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas:
El sistema educativo en México atraviesa una situación crítica, especialmente en los niveles básico y medio superior. Aunque debemos de reconocer que existen ciertos casos de éxito en ciertos planteles muy aislados en el caso mexicano, hoy la realidad es que evaluación tras evaluación arrojan el mismo resultado: México a la zaga de sus competidores y socios comerciales.
Por ejemplo, en la última evaluación realizada por la OCDE nuestro país está ubicado en el penúltimo lugar de los países analizados. En todas las áreas que este organismo analiza: matemáticas, ciencia y lectura, nuestro país está muy, pero muy por debajo del promedio.
Aunado a nuestro pobre desempeño, en el plano internacional nos encontramos con la grave situación que se vive dentro del país. En la actualidad existe una brecha hasta el momento infranqueable, entre la calidad de la educación impartida por escuelas públicas y aquella ofrecida por instituciones privadas.
Hoy en el contexto de la era del conocimiento y la información, el contar con una fuerza laboral preparada que genere valor agregado, es un requisito para mejorar la competitividad de nuestro país y gozar de un crecimiento económico sostenido y sustentable. Así, el diagnóstico que hoy les he presentado nos señala que estamos fracasando en nuestra labor de preparar a las futuras generaciones de mexicanos para ser exitosos en una sociedad que cada vez más requeriría de individuos preparados para competir no sólo con sus connacionales, sino con aquellos ciudadanos de otros países, pero también el diagnóstico que aquí presento indica que en las condiciones actuales y dada la brecha de calidad entre instituciones públicas y privadas, el sistema educativo del país no contribuye a la movilidad social, por esto es urgente tomar medidas para mejorar la eficiencia de los usos de recursos públicos y así promover la equidad en la impartición de educación en el país.
En este sentido, resulta impostergable la implementación de evaluaciones nacionales creíbles y el acceso de todos sobre la calidad de la educación impartida en nuestro país, generadas por un instituto independiente. Estas representan la oportunidad de hacer partícipes a los padres de familia y establecer criterios que las puedan orientar el rumbo de la educación en México.
Las evaluaciones representan un primer paso para salir de la crisis que atravesamos y hacerle frente al reto de la educación en el Siglo XXI, por lo tanto es urgente que éstas sean parte de una política de Estado para mejorar la calidad de la educación impartida en nuestro país.
La equidad es otro tema que debemos atender es inconcebible que hoy dos niños mexicanos con las mismas aptitudes, no tengan acceso a las mismas oportunidades en términos de educación.
El esquema de un bono educativo otorgaría la oportunidad a aquellos alumnos de excelencia, de acceder a la escuela de su preferencia. Se busca de esta forma promover la equidad horizontal o igualdad de oportunidades.
La iniciativa de reforma que propone un Fondo Nacional de Bonos Educativos y un Centro de Evaluación Independiente, el cual se ha trabajado por más de cuatro meses y que se presenta en esta Honorable Cámara de Diputados, sin duda, no es la solución total para los problemas en educación que aquejan a nuestro país.
Sin embargo, ésta debe de considerarse como un punto de partida, de un nuevo debate que debe de renovar la política pública del sector educativo; valores como la competencia entre estudiantes, entre profesores, entre planteles públicos y privados deben de ser parte del debate, la libertad de elegir en un plano de igualdad de oportunidades, sin restricciones por parte de las familias, debe también ser centro de este debate, el reconocimiento a los maestros por su desempeño y no sólo por su antigüedad debe también ser la guía en esta nueva perspectiva.
Por último, ¿por qué no también analizar en establecer en su oportunidad un bono educativo para la totalidad de los estudiantes? Para que así se cumpla el valor máximo, que es el de empoderar al estudiante para poder acceder a la mejor opción educativa.
Por las anteriores consideraciones se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, por conducto de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa para modificar la Ley General de Educación.:
"Capítulo II.- Del Federalismo Educativo.
"Sección de la Distribución de la Función Social Educativa.
"Artículo 12.- Coordinar el Programa Nacional de Bonos Educativos que promoverá la igualdad de oportunidades en el acceso a las distintas modalidades del Sistema Educativo Nacional en el nivel básico para los alumnos que satisfagan los requisitos que los ordenamientos derivados de la presente ley señalan:
"Sección Cuarta.- De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
"Artículo 29.- Corresponde al Instituto de Evaluación Educativa como organismo público desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propios creados para tales fines, la evaluación del Sistema Educativo Nacional sin perjuicio de la que las autoridades educativas realicen en sus respectivas competencias.
"Dicha evaluación y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, adopten medidas procedentes y así para que los padres de familia y la sociedad conozcan el nivel de desempeño escolar de cada plantel educativo de forma anual.
"Artículo 31.- El Instituto de Evaluación Educativa dará a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada plantel educativo de forma accesible para los padres de familia y la sociedad en general. Las evaluaciones serán publicadas anualmente en medios masivos de comunicación, así como difundidos entre los padres de familia de los alumnos.
"Capítulo III.- De la equidad en al evaluación.
"Artículo 33.- Promover y articular el Programa Nacional de Bonos Educativos en el que podrán participar los alumnos que cumplan con los requisitos que establezcan los ordenamientos derivados de la presente ley.
"Capítulo IV.- De la educación que impartan los particulares.
"Artículos 57.
...
"Fracción VI.- Proporcionar el acceso a los alumnos que hayan obtenido el bono educativo de acuerdo con las modalidades que la autoridad, que otorgue las autorizaciones o reconocimiento haya determinado.
"Capítulo VII.- De la Participación Social en la Educación.
"Sección Primera.- De los Padres de Familia.
"Artículo 65.-
...
"Fracción VI.- Conocer anualmente las evaluaciones que realice el Instituto de Evaluación Educativa, sobre el desempeño escolar de los planteles del Sistema Educativo Nacional, en términos accesibles y de amplia difusión.
Transitorios.
Séptimo. La aplicación de las evaluaciones del Instituto de Evaluación Educativas, iniciarán al siguiente año escolar posterior a su creación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra la diputada doña Ofelia Ruiz Vega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cortazar a no promover centros comerciales que degraden la vida económica y social de dicho municipio.
La diputada Ofelia Ruiz Vega: Con su permiso, señor Presidente.
El municipio de Cortazar Guanajuato, es una comunidad urbana pequeña con una población estimada de acuerdo al último Censo de Población de Vivienda, de alrededor de 81 mil personas, en su mayoría jóvenes de 35 años, asentados en un territorio de 342 kilómetros cuadrados.
Cortazar distribuye su población económicamente activa entre el sector secundario y terciario, empleando en ambos cerca de 20 mil trabajadores. En materia comercial existen pocos establecimientos administrados como negocios familiares y que son el punto de referencia social cotidiana de la población. Por ejemplo, se tiene el registro de 27 tiendas de abarrotes, sin embargo, hay un padrón de mil 996 comerciantes. El sistema de abasto que se complementa con los mercados forma parte natural del paisaje social y urbano de esta población.
Cortazar, aún no está preparado para el establecimiento de grandes superficies comerciales que son propias de comunidades de mayor tamaño, en donde existe una diferenciación social y formas de comportamiento individualizados. En las ciudades medias se están instalando centros comerciales de auto servicio, que normalmente ocupan áreas de alrededor de 1, 500 metros cuadrados, que se articulan con el sistema productivo de abasto, de financiamiento y de una forma específica de desarrollo social.
No obstante esta experiencia que se ha documentado por los expertos de las técnicas de mercadeo y los estudios de densidad comercial, las tiendas de auto servicio en Cortazar, que se pretenden llevar a cabo, son un proyecto desproporcionado que dañaría irremediablemente el tejido social, económico de la población.
Siendo esta Cámara de Diputados una auténtica representación de las regiones del país, con diputadas y diputados preferentemente identificados y conocedores de la vida de los pueblos y de las ciudades de México, comprenderán con cabalidad que la instalación de estas tiendas arrasará con los actuales establecimientos, que no tienen posibilidad de competencia.
Asimismo está comprobado que las relaciones labores no representan ventajas para la población; en virtud de que se contrata con las menores prestaciones y derechos, llegándose a pagar salarios menores al promedio local, ya que los grandes establecimientos pagan como máximo un promedio de 56 pesos diarios y evitan acumulación de derechos laborales de las personas a su servicio.
En virtud de que como legisladores estamos comprometidos con preservar lo mejor de nuestra cultura y esencia social, apelo a su respaldo para hacer un llamado al gobierno municipal de Cortazar, para que anteponga los verdaderos intereses de la comunidad, antes que "al canto de las sirenas" de los grandes intereses que hoy amenazan a sus habitantes.
En consecuencia, someto a su atención el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se exhorta al Ayuntamiento de Cortazar Guanajuato, a considerar en sus acciones de desarrollo urbano, el respeto a las formas de vida de su comunidad, tomando en cuenta las experiencias de otros municipios para reconsiderar el proyecto de construcción de grandes tiendas departamentales en su demarcación, por ser de interés público y social.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada doña Ofelia Ruiz Vega. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El señor diputado don José Antonio Carrillo Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hizo llegar a esta Presidencia proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instaure el 14 de agosto como el "Día del Cine Mexicano" y considere la creación de un Museo Nacional del Cine Mexicano. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra al señor diputado don Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien a nombre propio y del señor diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Partido Revolucionario Institucional, presentará proposición con punto de acuerdo a efecto de recomendar la creación como área natural protegida de la Laguna de Tecocomulco, estado de Hidalgo.
Si me permite, señor diputado, esta Presidencia saluda con todo afecto y consideración a 75 alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, invitados por el señor diputado don Federico Barbosa Gutiérrez.
(Aplausos)
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso, señor Presidente.
La Laguna de Tecocomulco, es una subcuenca que forma parte de la Cuenca de México. Se localiza al noreste de la Capital de la República, limitada al norte por la Sierra de Chiquicuautla, al este por la de Tepozán, al sur por la de Calpulalpan y al oeste por la Lepatlachic. Dentro de la subcuenca existe el Lago o Laguna de Tecocomulco, que es el único relicto de agua dulce natural que subsiste en los 9 mil 560 kilómetros de la Cuenca de México.
Las sierras que rodean la vegetación primaria es de bosques de pino-encino, en gran parte talado con vegetación secundaria de juníperos, magueyes y cacacteseas. Alberga una rica biodiversidad y una gran cantidad de hábitats, algunas especies en peligro de extinción y otras con el estatus de protegidas. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, se determinan las especies de flora y fauna silvestres, terrestres y acuáticas en algunos estatus.
Vale la pena mencionar que de acuerdo con el Programa Integral de Protección, Conservación, Restauración y Aprovechamiento de la Cuenca de Tecocomulco, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 1999, la laguna cuenta con 48 especies de aves terrestres identificadas, pertenecientes a 8 órdenes y 21 familias, de las cuales 27 son residentes 5 20 son migratorias de invierno y sólo una, irundo rústica, de migratoria de verano, destacando durante la época migratoria la grasita, blanca, dedos amarillos, egreta tula y el garzón blanco casmuredios albus, con poblaciones de 60 a 200 individuos.
La historia ha mostrado que la Laguna de Tecocomulco es un polo de atracción para las actividades humanas desde épocas muy tempranas. Testimonio de lo anterior, son las pinturas rupestres localizadas en un abrigo rocoso en la población de San Miguel de Allende; aunque los arqueólogos no han hecho un fechamiento preciso, algunos pictóricos hacen suponer la presencia humana en Tecocomulco, de alrededor de 9 mil años antes del presente siglo.
Con el propósito de contrarrestar el deterioro que ha sufrido la cuenca en su conjunto, se han realizado en diferentes períodos trabajos tendientes a su recuperación, tales como reforestaciones en los municipios de Almoloya, Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y Tepeapulco.
Con el apoyo del gobierno estatal FIRCO y el PEF, se ha realizado el cercado de la apertura de las brechas corta fuego en algunos ejidos de la cuenca. Por ejemplo, los ejidos de Tecocomulco de Juárez y Tres Cabezas, municipio de Cuautepec; asimismo se han realizado algunos trabajos de conservación de suelo y agua consistentes en la construcción de presas "Caviones" y el ejido del "Jaguey" y "Prieto".
Por lo anteriormente expuesto, el diputado Alfredo Bejos y un servidor sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar los estudios necesarios, a fin de decretar la Laguna de Tecocomulco, Hidalgo, como área natural protegida, de conformidad con lo previsto por el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Muchas gracias señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta presidencia le da la más cordial bienvenida a 55 invitadas que se desempeñan como directoras regionales de Mary Kay, invitadas por el señor diputado José Sigona Torres. Sean ustedes bienvenidos.
Esta presidencia en uso de las facultades que le otorga el artículo 23 de la Ley Orgánica, es que da cuenta con un oficio del señor diputado Eduardo Espinosa Pérez, quien en nombre y representación del diputado Pablo Gómez, a la sazón presidente de la Junta de Coordinación Política, hace llegar a esa presidencia para comunicarnos que el señor diputado Jesús González Schmal, asiste como delegado en representación del grupo parlamentario de Convergencia, a la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de Norteamérica, que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo de 2006, en Valle de Bravo, Estado de México.
Pregunte la secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse esta representación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea si es de aprobarse esta petición de la Junta de Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Rafael Galindo Jaime, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que ejerzan eficiente, oportuna y transparentemente los recursos destinados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Rafael Galindo Jaime: Muchas gracias diputado presidente.
Me permito mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, publicado el 22 de diciembre del año anterior, establece en su artículo 20 un calendario para el ejercicio presupuestal autorizado a las dependencias y entidades de control presupuestario directo.
Otro dato importante que quiero destacar es en el sentido de que con fecha 31 de enero del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el informe sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública 2005.
En él se da cuenta de un incremento de los ingresos del Gobierno Federal, por más de 167 mil millones de pesos y en un crecimiento del gasto público, del 4.8% respecto del 2004.
Considerando, a manera de considerando, me permito señalar que el Poder Legislativo ha tomado múltiples medidas para lograr que las dependencias del Poder Ejecutivo Federa ejerzan el presupuesto del sector rural, de manera eficiente y oportuna, tal y como fue pactado en el Acuerdo Nacional para el Campo y no se han obtenido los resultados esperado, ni se ha cumplido las demandas planteadas en este sentido por los productores rurales.
Cada año los campesinos tienen que esperar hasta los últimos meses para acceder a los recursos destinados para atender los más graves problemas que enfrentan. Lo más grave es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomándose atribuciones que el decreto de Presupuesto de Egresos no le confiere, ha venido modificando sistemáticamente el presupuesto.
A pesar de que los últimos años la Cámara de Diputados ha asignado recursos crecientes en términos reales al Programa Especial Concurrente, al cual esta LIX Legislatura asignó 120 mil millones de pesos para el 2004, 146 mil millones para el 2005 y casi 155 mil millones para ejercer el presente año.
A pesar de ello, la situación del campo no ha mejorado. Por el contrario, las oportunidades de empleo, de educación y en el medio rural son cada vez más escasas.
En lo productivo, seguimos sin una planeación de las actividades agropecuarias. No se han establecido acciones integrales para fortalecer y hacer competitivas a las cadenas productivas nacionales.
Los productores no tienen certidumbre multianual sobre los precios de sus productos y el compromiso de revisar la política agropecuaria para modificar las condiciones estructurales que generan y reproducen el atraso del campo, no se han cumplido en lo más mínimo.
Ante este panorama, el presupuesto para el campo a través del Programa Especial Concurrente se convierte en el instrumento más importante de las políticas públicas para atender los problemas que vive el campo mexicano. (el presidente toca la campanilla).
Diputado presidente, nada más leeré el punto de acuerdo.
En primer lugar, la Cámara de Diputados exhorta al C. presidente Fox Quesada para instruir a las dependencias a su cargo para que el presupuesto de los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de 2006, se ejerzan puntualmente conforme a los calendarios que establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, de manera transparente y sin manipulación política o electoral de este Presupuesto.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Rural.
Esta presidencia le da la más cordial bienvenida al señor Michel Barrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos de Norteamérica, invitado por la diputada Amalin Yabur Elías.
(Aplausos)
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con el orden del día de la siguiente sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (ORDEN DEL DIA DE LA SIGUIENTE SESION)
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se levanta la sesión (14.59 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 28 de febrero a las once horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve.
La última verificación de quórum cuenta como lista final de asistencia.
Esta presidencia informa que habrá comparecencia del señor Secretario de Gobernación el próximo martes.