La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se ruega a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 343 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se abre la sesión (11:15 horas)
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.
Continué la Secretaría con comunicaciones.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio referente a la solicitud de licencia del diputado Alfonso González Ruiz)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfonso González Ruiz, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Séptimo Distrito del Estado de Nuevo León, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquese.
Continué por favor la Secretaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Solicitud de prórroga de licencia del diputado Pablo Bedolla López)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se prorroga la licencia concedida al diputado Pablo Bedolla López, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el X Distrito del Estado de México, del 21 al 31 de marzo del presente año.
No habiendo quien haga uso de la palabra, el votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
Continúe la Secretaría con los comunicados.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Reincorporaciones.
(Oficio del diputado Alfredo Gómez Sánchez, que comunica la reincorporación a sus labores legislativas a partir del 17 de marzo/06)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la diputada Blanca Estela Gómez Carmona, que comunica la reincorporación a sus labores legislativas a partir del 20 de marzo/06)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, que comunica la reincorporación a sus labores legislativas a partir del 29 de marzo/06)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria, diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio del diputado Oscar González Yánez, que comunica la reincorporación a sus labores legislativas a partir del 17 de marzo/06)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria, diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio del diputado Isaías Soriano López, que comunica la reincorporación a sus labores legislativas a partir del 20 de marzo/06)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de los diputados José Angel Ibáñez Montes, José Luis Briones Briseño, Leticia Gutiérrez Corona, Moisés Jiménez Sánchez, Alfonso Sánchez Hernández, Sonia Rincón Chanona, José Alfonso Muñoz Muñoz, Alfonso González Ruiz, Angel Paulino Canul Pacab, Jesús Aguilar Bueno, Jesús Zúñiga Romero, Evelia Sandoval Urban, Bernardo Vega Carlos y Oscar Martín Ramos Salinas, por el que informan que renuncian al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Comuníquese.
De los congresos de los Estados
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Del Congreso del Estado de Nayarit remite acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados por conducto de las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, que a la brevedad presupueste las plazas docentes y las horas/semana/mes hasta hoy no reconocidas y homologue los salarios de los académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit con los ingresos que perciben los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: El Congreso del Estado de Quintana Roo remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, considere la posibilidad de reformar el decreto que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
Se solicita a la secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: ¿Falta algún ciudadano diputado de pasar asistencia? ¿Falta alguna ciudadana diputada o algún ciudadano diputado de registrar asistencia?
Está abierto el sistema diputada. Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 375 ciudadanas diputadas y diputados. Hay quórum señora presidenta.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de quince minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Comisión Federal de Electricidad. (Oficio con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Junta de Coordinación Política. (Cambio en comisión de la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, sustituyendo al diputado Alfonso Rodríguez Ochoa en la Comisión de Gestoría y Quejas)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política. (Cambio del diputado Jesús González Schmal en la Especial para conocer y dar seguimiento al manejo y destino de los recursos entregados al fideicomiso F/9645-2)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política. (Cambio de los diputados Agustín Rodríguez Fuentes y Abdalán Guzmán Cruz, en la Especial para dar seguimiento al manejo y destino de los recursos entregados al fideicomiso F/9645-2, de la empresas mineras Mexicana de Cobre, Mexicana de Acido Sulfúrico, Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita con motivo de la compra-venta que firmó Grupo México y el Gobierno federal por la privatización de Mexicana de Cananea y Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, así como para conocer y dar seguimiento a diversos aspectos relacionados con la problemática minera de la República Mexicana.
Con la firma del diputado Eduardo Espinosa Pérez.
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo de 2006. Diputada Marcela González Salas y Petricioli, presidenta de la Mesa Directiva, H. Cámara de Diputados, presente.
Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política, en alcance al oficio número JCPAMF/1499 y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 39, inciso c), 44, párrafo tres y 44 párrafo dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual solicita lo siguiente:
Que el diputado Fernando Alvarez Monje cause alta como integrante del capítulo de parlamentarios latinoamericanos contra la corrupción.
Sin otro particular quedo de usted atentamente, Eduardo Espinosa Pérez.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Secretaría de gobernación relativo a contestaciones de puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores relativo a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores relativo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Continúe la secretaría con las minutas del Senado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores relativa al Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Cámara de Senadores relativa a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Con relación a la minuta de reforma a los artículos 2 y 10 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el pasado 13 de diciembre del 2005 se recibió una minuta que reforma el dispositivo segundo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. En ese entonces se turnó a las comisiones de Gobernación y de Seguridad Social.
Considero prudente, no obstante que no hay una nueva Ley de Administración de Recursos para la Asistencia Pública, que a fin de que no exista contradicción en los dictámenes correspondientes se ampliase el turno a la Comisión de Seguridad Social y a su vez se solicite la opinión de la Comisión Especial de Juegos y Sorteos que un servidor preside.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto, señor diputado. Tiene usted razón. Esta presidencia turna a Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Social pero no es el punto de la opinión de la que usted preside porque no está dentro de lo que estamos viendo en esta Ley, señor diputado.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Lo que estamos viendo es precisamente el tema del juego y esa fue la situación por la que en su momento se aceptó la opinión de la Comisión que un servidor preside. Posteriormente hubo al parecer un oficio pero no ha sido presentado al pleno de esta Cámara de Diputados, por lo tanto no ha surtido ningún efecto la determinación que esta Presidencia dio del turno correspondiente. Por lo tanto yo le solicitaría si hubiese la oportunidad de presentar la opinión.
La Presidenta María Marcela González Salas y Petricioli: Es que la Comisión a la que usted se refiere, es sobre los permisos que se dan, que se otorgan en materia de juegos y sorteos, no en materia de la Ley Orgánica de la Ley de la Lotería Nacional, por eso consideramos que tiene usted razón en enviarla a Comisiones Unidas de Seguridad Social y obviamente de Gobernación.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Difiero de la opinión de sus asesores, diputada Presidenta, pero respeto su determinación.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.
Continúe la Secretaría y en este caso entonces se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Social.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Cámara de Senadores, que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 52, 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la fracción V del artículo 214 del código Penal Federal.)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 13 Bis, 14 Bis, 14 Ter y 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quater del Código Penal Federal, y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Justicia y Derechos Humanos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Cultura.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Cámara de Senadores con el que remite la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana María Eugenia Sánchez Días de Rivera, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa).
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Compañeras y compañeros diputados, a continuación presentaremos las iniciativas de los señores diputados.
Esta Presidencia recibió del Diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Asimismo esta Presidencia recibió del Diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia también recibió del Diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa que reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
También recibió esta Presidencia del propio Diputado César Amín González Orantes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Túrnese a la Comisión de Energía.
A continuación en nuestro orden del día está el rubro de iniciativas de ciudadanos diputados. En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo.
El diputado Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional. Aporta alrededor del 11% de la producción mundial y genera uno de cada once empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turismos que dejarán una derrama económica muy superior a cualquier otro tipo de ingreso para el Estado.
La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en tener una industria que genera empleos y sea el detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.
El sector turismo aporta más del 8% del Producto Interno Bruto Nacional y contribuye con más del 9% de los empleos directos e indirectos. Asimismo, durante el año 2004 se captaron 20.6 millones de visitantes internacionales, 10.5% superior a lo registrado en el 2003, esto significó una derrama de más de mil millones de dólares; 14.6% superior a lo registrado en el 2003. A nivel mundial, México ocupa el octavo sitio en captación de turistas internacionales y el décimo sitio en captación de divisas.
El Padrón Nacional de Proyectos de Inversión es una herramienta que permite estimar, entre otras cosas, el desarrollo y crecimiento de la oferta del sector turismo nacional y lograr con el apoyo de empresarios y Gobiernos estatales, dimensionar la importancia trascendental de las inversiones en turismo, con palanca de desarrollo regional de generación de empleos y de captación de divisas. En este contexto, la Secretaría de Turismo Federal cuenta con un proceso de recopilación y actualización de información referente a los proyectos de inversión turística que se están construyendo y se tiene programado construir durante periodos de análisis anuales, en las diferentes localidades turísticas del país, cerrando el año del 2004 con una inversión de 2 mil 300 millones de dólares.
Por otra parte, el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 es el instrumento de trabajo que reúne los objetivos, políticas, prioridades y acciones relevantes para orientar el desarrollo de la actividad turística hacia estadios de crecimiento económico y social; establece una política turística articulada en cuatro ejes interrelacionados:
Primero. Hacer del turismo una prioridad nacional, tener turistas totalmente satisfechos, mantener destinos sustentables y contar con empresas más competitivas.
En la industria turística, la micro, pequeña y mediana empresa representan más del 80% de la oferta actual de servicios turísticos, por lo que su fortalecimiento en términos de capacitación y modernización son fundamentales. Por ello, el cuarto eje rector se orienta a impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa turística para que se constituyan como empresa competitiva.
La Secretaría de Turismo instrumentó el Programa de Modernización para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, cuyo objetivo es apoyar a los empresarios turísticos para conducir la administración de sus negocios hacia la modernización, mediante la adopción de sistemas de gestión, estándares de calidad y servicios de clase mundial. Esto con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, traduciéndose esto en mayor rentabilidad y competitividad para las empresas.
Por otra parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Turismo señala en su fracción XI, entre otras, que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo otorgará todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera, para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas que contribuyan al fomento de la actividad.
Sin embargo, se debe de otorgar una mayor certeza a las micro, pequeñas y mediana empresas, por lo que se considera conveniente dictar las reglas que deban observar esta empresas para poder participar en este tipo de créditos.
No hay que olvidar que el municipio es la unidad primaria y básica del desarrollo del país, y que los destinos turísticos son en realidad cada uno de los municipios en México, por lo que hay que entender que un país que desea ser turístico, se conforma de la suma de municipios turísticos, cada uno de los cuales tienen infinidad de atractivos que ofrecer.
Por lo que es necesario prepararse desde el nivel federal, estatal y municipal, planeando, regulando y gestionando las reglas del juego turístico, basado en la sustentabilidad ambiental, social y económica.
En este sentido, para fortalecer y propiciar la creatividad e innovación, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 28 de la Ley Federal de Turismo para quedar como sigue:
"Artículo 28.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo tendrá las siguientes funciones:
"Fracción XI. Otorgar todo tipo de créditos en moneda nacional o extranjera para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas que contribuyan al fomento de la actividad turística.
"Para el efecto la Secretaría deberá expedir reglas considerando la opinión de la Secretaría de Economía y deberá publicar las mismas a más tardar el 30 de noviembre del año en curso, las cuales surtirán vigencia a partir del primero de enero del año siguiente".
Es cuanto diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas Gracias diputado Legorreta. Túrnese a la Comisión de Turismo.
Ha solicitado la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, posponer para próxima sesión, la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley sobre Tenencia y Uso de Vehículos, asimismo la diputada Mendoza Flores también solicita posponer la iniciativa que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, tiene la palabra nuestro compañero diputado José Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura.
El diputado José Evaristo Corrales Macías: Con su permiso diputada Presidenta.
Los que suscribimos, diputados integrantes de la Comisión de Pesca de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, pertenecientes a los diversos grupos parlamentarios que constituyen, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura al tenor de las siguientes
CONSIDERACIONES
Nuestro país cuenta con una de las mayores riquezas en materia de recursos pesqueros, ya que posee 11 mil 592 kilómetros de costa, de los cuales 8 mil 475 corresponden a litoral pacífico y 3 mil 117 al Golfo de México y Mar Caribe, incluyendo islas, una zona económica exclusiva de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y un considerable número de áreas situadas en las costas y en el interior del territorio nacional, destinadas o susceptibles de uso para la acuacultura, como lagos, lagunas, represas y ríos.
La pesca es una actividad productiva de alto contenido social, ya que representa en grandes regiones del país, la principal opción de desarrollo económico para algunos de los sectores más desfavorecidos. El sector pesquero de México, incluyendo la acuacultura, contribuye en forma importante a la económica del país, en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, empleos, desarrollo regional, ingresos de divisas; entre otros.
A nivel mundial México se encuentra dentro de los 20 países con mayor producción pesquera; según datos de la OCDE, las actividades de avicultura, selvicultura, pesca, representa el 5.7 del Producto Interno Bruto, contribuyendo la pesa con alrededor del 1%. La producción anual promedio es alrededor de 1.4 millones de toneladas, la cual genera 350 mil empleos directos y dos millones 300 mil indirectos, con valor promedio anual de la producción de más de 12 millones de pesos, incluyendo exportaciones por más de 600 millones de dólares al año y una balanza comercial históricamente súper habitada en el sector, cercano a los 400 millones de dólares.
El 6 de julio de 1976 entró en vigor en México el Tratado Internacional que establece a lo largo de su litoral, una zona económica exclusiva fuera del mar territorial y adyacente a éste, en la cual se ejercen derechos soberanos sobre los recursos marinos que se encuentran en la columna de agua, en el lecho y en subsuelo oceánico, sean o no renovables.
En congruencia con este tratado, el 7 de diciembre de 1981, fue aprobada por la Cámara de Senadores y por esta Cámara de Diputados, la iniciativa para crear la Secretaría de Pesca, la cual fue publicada en el año de 1982, con la aprobación y participación activa del gobierno mexicano en su diseño. El 3 de octubre de 1995, la FAO aprobó el Código de Conducta para la Pesca Responsable; el cual establece que la pesca, incluida la acuacultura constituye una fuente vital de alimentos, empleo, creación y comercio, bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto en las generaciones representadas como las futuras, por lo que deberá llevarse a cabo de forma responsable.
En ese código se insta a los estados para que apliquen de manera efectiva, los principios y normas internacionales para la aplicación de prácticas responsables en la actividad. Con miras de asegurar la conservación, la creación y el desarrollo de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto del ecosistema y de la biodiversidad y reconoce la importancia nutricional, económica, social, cultural y ambiental de la pesca y defensa de los intereses de todos aquellos que se relacionan con el sector pesquero.
Pese a las bondades de que la actividad pesquera le ha proporcionado al país desde los tiempos antiguos, ésta, salvo en algunas administraciones, no se ha encontrado su acomodo entre la administración pública federal. Basta citar que a partir de la etapa post revolucionaria en 1917 se le ubicó a la Secretaría de Agricultura y Fomento como una Dirección de Pesca; en 1934 pasó a formar parte del Departamento Forestal de Caza y Pesca y en 1940 se transfiere al Departamento de Marina Nacional, que hoy es Secretaría de Marina.
Dentro de esta Secretaría en 1941 se crea la Dirección General de Pesca e Industrias Conexas y en 1946, el área de acuacultura pasó a la Secretaría de Recursos Hidráulico. Nuevamente en 1958, la actividad pesquera se traslada a otra dependencia, la Secretaría de Industria y Comercio, conservando su nivel de Dirección General de Pesca, Industria y Conexa. En 1971 se convierte en la Subsecretaría de Pesca dentro de la propia Secretaría, en este peregrinar continuo en 1977 se crea el Departamento de Pesca, conforme a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para transformar en 1972 en la Secretaría de Pesca, bajo la cual se alcanzaron los avances más importantes y significativos para el sector pesquero, tanto cualitativos, como cuantitativos.
Lamentablemente en 1994 mediante una reforma se suprimió la Secretaria de Pesca, para integrarse como Subsecretaría dentro de la estructura de SEMARNAT. Mediante otra reforma a dicha ley en el año 2000, la administración pesquera, pasó a otra dependencia de nueva creación, la SAGARPA, en un principio como Subsecretaría, del 2001, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto respectivo con el carácter de órgano desconcentrado llamado: "Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca". En reunión realizada con el sector pesquero en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa, el 9 de mayo del 2001, al anunciar la creación de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el titular Ejecutivo Federal señaló que este era un paso para que en un futuro pudiera ser una Secretaría de Pesca.
No obstante con el consenso de dicho decreto, se establece que es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y acuacultura, se concentre en un órgano administrativo que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia en materia para contribuir a elevar la eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad del desarrollo acuícola y pesquero.
La realidad es que la CONAPESCA desde que nació ha tenido severas limitaciones en su actuación, debido a que no queda clara en su estructura orgánica la forma en que se aplica el principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, además de que las deficiencias presupuestales, patrimoniales, de recursos humanos y materiales para cumplir con sus responsabilidades, así como su evidente falta de capacidad de gestión dentro de la propia administración pública federal.
Consideramos que su naturaleza de órgano desconcentrado y las facultades que actualmente tiene asignadas, ha impedido que la CONAPESCA contribuya eficientemente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en específico el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura.
La Constitución Política en su articulado establece los principios jurídicos que rigen lo relativo a los recursos naturales que constituyen la flora y la fauna, cuyo medio de vida parcial o temporal sea el agua que tiene por objeto garantizar la conservación, la preservación o aprovechamiento racional de recursos pesqueros y establecer las bases de su adecuado fomento de administración.
Conforme a los principios constitucionales de planeación del desarrollo nacional integral y sustentable, se deben garantizar las condiciones para el desarrollo rural que forma parte del sector pesquero y acuícola, con el propósito de generar empleo y asegurar a la población que se dedica a estas actividades, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, lo cual hasta hoy se ha logrado con la creación de SAGARPA y la CONAPESCA.
Por lo anterior, se propone que la Secretaría de Pesca y Acuacultura, como autoridad responsable, lleve a cabo las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura, administrar el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y de acuacultura, establecer las bases del desarrollo e implementación de medidas de sanidad de recursos pesqueros acuícolas y certificación de los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios de los productos pesqueros y acuícolas en el estado natural.
Al contar con una Secretaría de Pesca y Acuacultura, el Estado Mexicano tendría la oportunidad para hacer de la actividad pesquera y acuícola una fuente invaluable de alimentos de gran riqueza proteínica para la población para ordenar y fomentar la actividad de la extracción y el cultivo hasta la mesa de los consumidores, con el cual se podrían generar los empleos suficientes que tanto demanda la población incursionar y competir en el mercado internacional con una mejor oferta y calidad de nuestros productos del mar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 26, 32 bis, 34 y 35, 35 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
"Para el despacho de los asuntos del órgano administrativo del Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación y una Secretaría de Pesca y Acuacultura".
Diputada Presidenta, en virtud de que esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, le solicito se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Evaristo Corrales. De acuerdo a su solicitud, favor de insertar íntegro el texto en el Diario de los Debates y turnarlo a la Comisión de Gobernación.
Se encuentran con nosotros alumnos y maestros de la Escuela Telesecundaria "Francisco Barrientos Barrientos", de Jalaxingo, Veracruz; de la Escuela de Bachilleres "Víctor Peña Lozano", del municipio de Cozatlán, Veracruz también. Ellos invitados por el diputado Ernesto Alarcón Trujillo, del Distrito IX de Perote Veracruz.
Sean todos ustedes muy bien venidos aquí, a esta, la Casa de la Nación. (Aplausos)
Compañeras y compañeros diputados: Esta presidencia acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
Solicito a la secretaría dar cuenta de esta comunicación y consultar a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación del orden del día.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política)
En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se pospone para posterior sesión la discusión de los dictámenes de referencia.
Asimismo ha llegado a esta presidencia la solicitud del diputado Humberto Cervantes Vega. Solicito a la secretaría ponerla a consideración del Pleno.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Solicitud de licencia del diputado Humberto Cervantes Vega)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el siguiente Punto de acuerdo:
UNICO. Se concede licencia al diputado Humberto Cervantes Vega para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el segundo distrito del Estado de Nuevo León, del 22 al 28 de marzo del presente año.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
También damos la más cordial bienvenida a ciudadanos del municipio de Santa Cruz, del Estado de Tlaxcala, invitados por el diputado Florentino Domínguez Ordoñez. Sean bienvenidos a esta la Casa de la Nación.
A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma el artículo 160 de la Ley de Amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su venia señora presidenta:
Esta es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley de Amparo, con relación a la exigencia para el juzgador de actuar con secretario o testigos de asistencia en los procedimientos penales.
De acuerdo a la Ley de Amparo que data de 1936, es exigible a los jueces del orden penal que en todo caso actúen en conjunto con un secretario de juzgado o en su defecto con testigos de asistencia, a efecto de que sus actuaciones tengan pleno valor legal y no constituyan una violación al procedimiento y una afectación a la defensa del quejoso.
La Ley de Amparo vigente que insisto, entró en vigor a mediados de la década de los años 30s. del siglo pasado, coincide con la imposición del modelo procesal penal que aún impera en México, que es el sistema conocido como mixto moderno o mixto inquisitivo.
Por tal razón entendemos que en dicho ordenamiento se haya establecido que las actuaciones de los jueces en procedimientos de orden penal exigieran la participación de personas distintas a aquellos, precisamente por la desconfianza que existía en tales funcionarios por la forma en que se había venido impartiendo la justicia por razones del diseño del sistema mixto antes referido.
Hoy en día los ojos de México, principalmente de sus entidades federativas, se vuelven hacia la necesidad de implementar el sistema de justicia penal acusatorio puro, retomando los principios de oralidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, contradicción, concentración y continuidad en las actuaciones judiciales a efecto de garantizar plenamente el debido proceso, pretendiendo entonces recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, particularmente las de procuración e impartición de justicia penal y en esta acción el artículo 160 de la Ley de Amparo se posiciona como un obstáculo para cumplir con aquellos objetivos.
Los sistemas acusatorios no están diseñados para que la fe pública esté delegada en funcionarios subalternos del Poder Judicial sino directamente en quien tiene la función y responsabilidad de juzgar frente a víctima y acusado y con público; me refiero al juez, considerado en el nuevos sistema como recurso humano de carácter primordial en una unidad de producción de justicia pronta y expedita.
Recordemos que el aludido artículo 160 en las fracciones antes referidas, surge como una vacuna para aliviar en lo posible la desconfianza ciudadana frente a las deficiencias de un sistema principalmente secreto y escrito que pronto habrá de ser substituido en Estados como Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas entre otros, y el que está siendo abandonado casi por completo, Nuevo León.
Además, dicho artículo se extralimita en la interpretación de los preceptos constitucionales al considerar como violación al procedimiento penal y como atentado a la defensa del quejoso, un aspecto que no está previsto en la Carta Magna pero que sin embargo orilla a las legislaturas locales a mantener la figura del secretario en las actuaciones judiciales para evitar la promoción de juicios de amparo por parte de los particulares.
Debemos dejar de lado este tipo de supuesto legales que son por demás ociosos e infructuosos pues la existencia o no de un secretario que firma junto al juez, no hace ni más turbio ni más limpio el proceso.
Frente a ello, dejemos plena libertad a la legislación procesal penal para que en ella se diseñen e incluyan mejores mecanismos para garantizar el cumplimiento del debido proceso y la efectiva defensa de quien en un momento determinado aparece como responsable de la comisión de un delito, cumpliendo plenamente con los postulados constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante este Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con carácter de decreto:
Artículo Único.- Se reforman las fracciones IV y X del artículo 160 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 160.- En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso.
IV.- Cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley.
X.- Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez que deba fallar, o en general la de aquellos que de acuerdo con la Ley Procesal deben comparecer a autorizar el acto.
Transitorios.- Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de este Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo del año 2006.
Señor presidente, le solicito atentamente se dé cuenta de la versión íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates en virtud de ser ésta una versión resumida de la misma. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y publíquese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Sergio Penagos García para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el propio diputado, así como también por el diputado Pablo Alejo López Núñez.
El diputado Sergio Penagos García: Gracias, diputado presidente.
La seguridad pública constituye una garantía ciudadana y componente clave en el desarrollo del Estado, respecto de la cual los distintos órdenes de gobierno tienen la obligación de proporcionar adecuadas condiciones que permitan garantizar los distintos escenarios de seguridad de la ciudadanía y de su patrimonio, procurando siempre el libre desenvolvimiento como elemento fundamental para el progreso de nuestra nación.
Hoy en día las condiciones de inseguridad pública demandan acciones inmediatas y enérgicas por parte de las autoridades en los distintos ámbitos de competencia. La sociedad se encuentra ávida de respuestas claras y contundentes en la lucha contra la delincuencia, respuestas que a todas luces han sido ineficaces por parte de la autoridad.
En este sentido, un tema coyuntural en el ámbito de la seguridad pública es el sistema penitenciario, que gradualmente ha mostrado mayores signos de vulnerabilidad ante el poder corruptor de la delincuencia organizada, al grado de que --es de todos sabido—al interior de estos centros de reclusión penal es donde se organizan e incluso se cometen conductas delictivas en perjuicio social al total amparo de la impunidad.
Si bien es cierto que la tecnología nos ha permitido ser testigos de avances hasta hace años poco imaginables, resulta paradójico que también sirvan para que, mediante la utilización de aparatos de radiocomunicación móvil introducidos de manera clandestina en los penales, se pueda lograr la comisión de delitos.
Por citar un ejemplo. De acuerdo a cálculos realizados por autoridades penitenciarias y de la Procuraduría General de Justicia capitalina, en los penales del Distrito Federal, donde hay unos 30 mil reos, alrededor de 20 mil tienen acceso a un teléfono celular, lo que ha originado que entre 15 y 10 por ciento de los secuestros y el 90 por ciento de las extorsiones sean planeadas desde los penales locales.
Asimismo, según la Agencia Federal de Investigaciones, la forma más común de operar de los estafadores es mediante llamadas telefónicas efectuadas ya sea desde un apartado de telefonía celular o de teléfonos fijos instalados en las prisiones.
Si bien el espíritu de la presente iniciativa por una parte pretende contrarrestar la problemática existente en el adecuado control de las llamadas telefónicas provenientes de los centros de reclusión penal, ésta no sólo se constriñe al ámbito de los centros penitenciarios sino que se propone ampliar el ámbito de aplicación para autorizar o llevar a cabo el bloqueo a la emisión, recepción y transmisión de señales de radiocomunicación móvil a cualquier circunstancia o lugar en que se ponga en riesgo la integridad de las personas y de su patrimonio.
Es urgente que actuemos como legisladores a efecto de establecer e instrumentar medidas tendentes a evitar la utilización, así como la emisión y recepción ilegal de señales de aparatos de radiocomunicación móvil al interior de los penales para poder establecer el marco jurídico que sustente las acciones de las autoridades responsables de la seguridad pública para que, en primera instancia, bloqueen las señales de telecomunicaciones dentro de los centros penitenciarios.
La presente propuesta pretende contribuir a establecer un instrumento que ayude a eficientizar la lucha contra la delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto y conscientes de que el Estado se encuentra obligado a implementar instrumentos jurídicos y políticas públicas tendentes a la debida estructuración de un eficiente sistema de seguridad pública, así como a realizar todas las acciones que satisfagan las necesidades cruciales de los ciudadanos en materia de seguridad, presentamos con todo respeto a consideración de este Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones a efecto de inhibir la emisión, recepción y transmisión de señales de telecomunicaciones en cualquier lugar que resulte necesario para preservar la seguridad pública.
Unico. Se reforma el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del artículo 7, el párrafo primero y la fracción II del artículo 23; se adiciona una fracción II al artículo 7, pasando las actuales fracciones II al XIII a ser las fracciones III a XIV, respectivamente, así como el artículo 23 Bis y 23 Ter, todos ellos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
Artículo 2: "En todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas, imponiendo, en su caso, las modalidades que para su uso y explotación requiera la seguridad pública".
Artículo 7°: "La presente Ley tiene como objetivos: promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, ejercer la rectoría del Estado en materia para garantizar la soberanía nacional y seguridad pública, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que estos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social".
Fracción II: "Determinar las modalidades que para el uso y explotación del espectro radioeléctrico requiera la seguridad pública".
En obvio del tiempo las fracciones III a XIV en la propuesta recogen exactamente los mismos términos en los que hoy quedan establecidas las fracciones II a XIII.
Artículo 23: "La Secretaría podrá cambiar, rescatar o imponer modalidades a una frecuencia o a una banda de frecuencias concesionadas en los siguientes casos:
Fracción II: "Por razones de seguridad nacional o seguridad pública".
Artículo 23 Bis: "La Secretaría deberá dar contestación en un término de 20 días a toda solicitud que formulen las autoridades, en materia de seguridad pública respecto a la imposición de modalidades, al uso y explotación del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios en determinada zona geográfica del país. El Reglamento de la presente Ley, establecerá el procedimiento, requisitos y condiciones para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, donde en su caso deberá preverse la garantía de audiencia de los afectados".
Artículo 23 Ter: "En casos de extrema urgencia, por encontrarse en peligro el orden y la paz pública o la integridad de una persona o grupos de personas, puede la autoridad en materia de seguridad pública, bajo su responsabilidad, de manera excepcional y por el periodo estrictamente necesario, establecer medidas tendientes a inhibir la emisión, transmisión y recepción de determinadas señales de radiocomunicaciones móviles".
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputado Presidente, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa se incorpore al Diario de los Debates.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
La siguiente iniciativa del diputado Luis Antonio González Roldán, para reformar el artículo 9° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se retira del orden del día.
Tiene la palabra el diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Luis Treviño Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito diputado José Luis Treviño Rodríguez, en ejercicio de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proponer reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputados.
El equilibrio entre poderes es una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática y el estado de derecho, únicamente el balance entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, puede garantizar un ejercicio de gobierno responsable en el marco de la ley y que busca soluciones que demanda la sociedad.
El Congreso de la Unión sigue operando con normas, usos y costumbres, que en algunas áreas son propias de otra época, teniendo en cuenta los altos valores del constitucionalismo, expresadas en la famosa frase de Montesquiu en su histórica obra El Espíritu de las Leyes, que el poder controle al poder, principio que fue ratificado por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se consagró con precisión, que donde no exista separación de poderes no hay constitución.
El principio de la división de poderes, entendido como el establecimiento de mecanismos constitucionales operativos, que eviten el abuso de poder, dividiéndolos para su ejercicio al asegurar la libertad de los ciudadanos, no implicaría la inexistencia de colaboración entre las instituciones o sujetos que detentan el poder.
Y tampoco significa una absurda y arbitraria división de trabajo, al contrario, en un régimen presidencial, la separación de poderes requiere de la colaboración de estos, en la realización de las diferentes y distintas funciones del Estado.
El poder es individisible y radica en el pueblo, proclamaba Rosseau, pero el ejercicio del mismo es necesario para que recaiga en órganos distintos, la integración y la composición de la Cámara de Diputados, que por la reforma constitucional de 1963 a iniciativa presentada por el entonces presidente López Mateos, el Legislativo incluyó jurídicamente el denominado sistema de diputados de partido, tal y como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1963.
El partido que obtuviese un 2.5% de las votaciones totales tendría derecho a acreditar diputados de partido y, por consiguiente a que se le asignaran asientos. Ya para el año de 1976 la Cámara de Diputados estaba integrada por 196 diputados de mayoría relativa y 41 diputados de partido, sumando en total 238 legisladores.
En cuanto a la figura de los diputados de partido plurinominales, en 1972 se estableció como requisito para poder acreditar un deportado de partido, que el candidato hubiese obtenido cuando menos 1.5% de la votación total, facilitando al acceso a las curules, designadas como de representación proporcional.
Un notable aumento en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados, se da el día 28 de diciembre de 1977, con la publicación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales así como en la reforma constitucional referente a este tema. Se suprimió la figura de los diputados del partido, y se estableció un sistema mixto en el que se predominaba el principio de mayoría relativa por encima del principio de la representación popular de los 400 diputados que en ese entonces integraban la Cámara de Diputados 300 eran electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 de acuerdo con el esquema de la representación proporcional.
El 15 de diciembre de 1986, se da una nueva reforma electoral, en la cual se aumenta de 100 a 200 diputados de representación proporcional y se mantiene sin modificación los 300 diputados de mayoría relativa, sumando los 500 diputados que actualmente integran esta H. Cámara de Diputados.
Reflexionemos que las circunstancias que reinaban en 1963 cuando López Mateos propuso la creación de la figura de los diputados plurinominales, conocidos entonces como diputados de partido, son diameltralmente diferentes a las circunstancias actuales.
Bajo la premisa de dar apertura y participación a voces y actores diferentes a las del partido oficial, así como una forma de poder legitimar la arena política en la cual el partido en el Gobierno en aquel entonces tenía un control total; esta figura llenaba un hueco que existía entonces.
Sin duda, el sistema electoral en México ha venido adecuándose y respondiendo a las necesidades socio-políticas que se han suscitado en nuestro país y el hecho de haber adoptado un sistema mixto es precisamente una realidad histórica concreta de todos conocida, la existencia de un sistema de partido casi único, la cual ahora ha sido rebasada.
Ahora bien, como se sabe, las elecciones parlamentarias tienen como objetivo lograr un cuerpo legislativo con capacidad y condiciones para ejercer sus funciones propias, como son legislar y ser un equilibrio con los demás poderes políticos, además de ser representante de la población. En resumen, el Congreso está llamado a ser una institución para la gobernabilidad y representatividad de los mexicanos.
Por las razones esgrimidas es que en la presente iniciativa se plantea que respecto a la integración y composición de la Cámara de Diputados, se reduzca el número que la conforman. En tal sentido, proponemos que de 500 diputados se reduzca a 400 diputados mediante la eliminación de 100 diputados de representación proporcional, por lo que la Cámara de Diputados quedaría de la siguiente forma:
Se mantienen los 300 diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y se tendría únicamente 100 diputados electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de las listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.
Existe un innegable reclamo de la sociedad mexicana hacia sus representantes: que realicen su función con eficiencia, dedicación, de manera fructífera, lo cual implica necesariamente durante los periodos legislativos que cada uno de los diputados haga uso de la tribuna haciendo saber a los demás integrantes de la Cámara los reclamos de los grupos de habitantes de su distrito; participe en comisiones y votaciones y esté presente en las sesiones, entre otras tantas tares y fuera de los periodos legislativos, la tarea del diputado es buscar y utilizar los canales de comunicación para con los ciudadanos de su región; escuchar sus reclamos, reflexionar con ellos las mejores vías de solución y de atención.
De aprobarse esta propuesta se lograría reducir el número de sus integrantes, pero conservando un sistema electoral mixto que a su vez haría prevalecer la existencia de la representatividad dentro de la Cámara y por otra parte se construye la posibilidad, entre otras cosas, de hacer más eficiente la organización y el funcionamiento de esta Cámara.
El artículo 52, las modificaciones que proponemos: "La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 100 diputados que serían electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales".
Artículo 53: "Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones".
Por último, el artículo 54: "La elección de 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas, se sujetará a una de estas bases: que ningún partido político pueda contar con más de 300 diputados por ambos principios".
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Señor Presidente, le solicito se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La iniciativa del diputado Ramón González González, para reformar el artículo 43 de la Ley General de Educación se pospone.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:
Vengo a presentar iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 83 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES
El artículo 186 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por mandato de la Carta Magna, confiere al Tribunal Electoral la capacidad de resolver en forma inatacable, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de la República, así como formular la declaración de validez de dicha elección y la declaración de Presidente electo, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección.
El mencionado precepto dice a la letra:
"Segundo.- Resolver en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala Superior a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.
"La declaración de validez de la elección y la de Presidente electo formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última ordene de inmediato, sin más trámite, la expedición y publicación del bando solemne a que se refiere la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Fin de la cita.
Frente a lo anterior, la pregunta que se hacen muchos mexicanos y personas informadas del extranjero es: ¿Por qué existen casi tres meses entre la declaratoria de Presidente electo y la toma de posesión? ¿Por qué existen casi cinco meses entre el día de la elección y la asunción del nuevo mandatario?
En efecto, se trata de una vieja costumbre mexicana que probablemente tuvo alguna justificación cuando el país estaba muy mal comunicado y los procedimientos electorales eran complicados, pero cuando la propia ley vigente impone un plazo al Tribunal Electoral fijado por el 6 de septiembre, no existe la más mínima explicación aceptable para tan largo lapso entre la elección y la rendición de protesta del nuevo Presidente.
Más allá del 6 de septiembre, nada justifica la demora en el cambio de gobierno, más que un día, el 7 de septiembre en que la Cámara de Diputados debe recibir la notificación y mandar publicar, sin más trámite el bando solemne. Al día siguiente del mandamiento de la Cámara, el nuevo Presidente de la República debería asumir sus funciones.
La República resultaría beneficiada con un cambio de fecha para la rendición de protesta, los tres meses de innecesaria espera, no pueden dejar nada bueno para el gobierno saliente, pues éste ya debería estar preparado para abandonar sus funciones y entregar el poder, toda vez que en México no existe reelección presidencial. En esos tres meses son tiempo perdido para la función gubernativa.
Para el nuevo Presidente de la República tampoco sirve la prolongada espera, ya que es de suponerse que como candidato ha tenido el tiempo suficiente para preparar sus proyectos y estar en condiciones de nombrar a los secretarios del despacho. Tan larga espera sólo sirve para dar rienda suelte a las especulaciones políticas y preparar toda clase de presiones dirigidas al nuevo gobierno.
El Proyecto de Reforma de la Constitución que se propone a través de la presente iniciativa debió haberse aprobado hace ya varios años, pero por circunstancias eminentemente partidistas y quizá en consideración a lo inusitado que resulta recortar tres meses el mandato del Presidente saliente; el Congreso de la Unión prefirió modificar la fecha de la elección, pero poco después se tuvo que volver al primer domingo de julio, manteniéndose la diferencia de casi cinco meses entre ésta y la protesta del nuevo Presidente.
Ningún país del mundo tiene un lapso tan grande espera política y por consiguiente, ningún candidato triunfador tiene que aguardar tanto tiempo. Por último, ningún pueblo está sujeto a un plazo tan grande para lograr que el voto mayoritario se convierta en realidad de poder.
Bajo las condiciones políticas actuales, un plazo de tres meses entre la elección y la rendición de protesta que se propone en la presente iniciativa, sería todavía largo, pero es el tiempo calculado por el sistema de leyes electorales, con que cuenta el país; así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene que concluir el proceso el 6 de septiembre. Es decir, dos meses después de la elección, lo que permite sobradamente el análisis de las impugnaciones, además el Presidente saliente debe informar al Congreso por última vez, el 1° de septiembre.
La presentación de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos fijada por la Constitución para el 8 de septiembre de cada año, podría hacerse el día en que el nuevo Presidente de la República, tomará posesión de su cargo, como es el deseo del Senado en reciente proyecto aprobado en esa Cámara y enviado para su revisión a la Cámara de Diputados.
En la actualidad es posible elaborar proyectos fiscales con la información disponible, sin necesidad de que el gobierno tomé parte, como lo ha acreditado la propia labor legislativa llevada a cabo desde la Cámara de Diputados en los años recientes. Así, con la modificación que ahora se presenta, la Cámara de Diputados podría recibir el proyecto de presupuesto el mismo día 8 de septiembre y contar con los 68 días de plazo para aprobar el decreto correspondiente, sin necesidad de exponer al país a tener dos presupuestos sucesivos, como lo está proponiendo el Senado; uno al aprobarse hasta el 15 de diciembre sobre la base del proyecto del gobierno saliente, el cual ya no tendrá nada que ver con el gasto público y dos, el modificado por la Cámara, si acaso ésta manifiesta acuerdo con el gobierno entrante antes del 31 de diciembre del mismo año.
Con la aprobación del proyecto del Senado, el país tendría un lapso demasiado grande de incertidumbre en cuanto al ingreso gasto federal. Es decir, aquél que va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, un mes y medio. En cambio con la reforma que yo propongo, las fechas ordinarias de cada año, se mantendrían de tal manera, que habría un solo presupuesto en el momento ahora prevista en la Constitución para los años en los que no se produce cambio de gobierno.
Bajo tales consideraciones, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que éste quedé de la siguiente manera:
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su cargo el 8 de septiembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.
Transitorios.
Primero. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos elegido para el periodo 2000-2006, dejará su cargo el 8 de septiembre del año 2006, al momento en que asuma el Poder Ejecutivo de la Unión, quien haya resultado elegido para el periodo 2006-2012.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2006.
Diputado Pablo Gómez Alvarez.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 101 y adiciona un artículo 120 bis a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Espino Arévalo: Señoras y señores diputados:
Un organismo genéticamente modificado es un ser vivo de una determinada especie, al que se le corta uno o más genes de su cadena ADN y se le añade uno o más genes de otra especie para darle ciertas propiedades y características inéditas en su especie. La manipulación genética es el nuevo "Caballo de Troya" de las multinacionales agroquímicas, farmacéuticas y alimenticias.
Uno de los argumentos que esgrimen a favor de este tipo de alimentos, es que según sus creadores, están destinados a ser la salvación de los pobres, principalmente aquellos que habitan en el Cono Sur del planeta y África. O sea, que según ellos, han encontrado la panacea para acabar con el hambre. Sin embargo, sabemos que este problema tiene otro origen y por tanto, una solución distinta.
Todo vale para generar buenos dividendos: olvidar al consumidor, desinformar, engañar, profetizar y monopolizar. Por lo anterior, es necesario saber antes que se siga experimentando con los seres humanos, el tipo de riesgos que puede acarrear el consumo de alimentos transgénicos o genéticamente manipulados, ya que están propiciando la aparición de nuevas alergias, virus y bacterias y con ello la pérdida de eficacia de los antibióticos. Un ejemplo de ello es la hormona de crecimiento "RDGH" manipulada genéticamente para obtener más leche de las vacas. Esta sale sobrecargada con altos niveles de la hormona natural "LGF1". Con ella los varones son cuatro veces más propensos a contraer cáncer de próstata y las mujeres siete veces más de contraer cáncer de mama.
En mérito de lo expuesto, y del derecho que n os otorga el artículo 6º. De nu7estra Carta Magna, es que la información al consumidor final no debe ocultarse bajo ningún motivo o artimaña que pueda confundir, ya que la misma es fundamental y básica, incluso para quienes no sepan leer o tengan capacidades diferentes.
Por desgracia, en nuestro país la Secretaría de Salud, lejos de prohibir o limitar el uso de los transgénicos, ha autorizado la comercialización de 31 productos biotecnológicos para el consumo humano, entre los que se encuentran dos tipos de jitomate, varios tipos de papa, canela, algodón, soya maíz y alfalfa. Los transgénicos implican por naturaleza el desplazamiento de variedades locales y muchas veces endémicas.
Para México, el conflicto es extremadamente serio, porque ya existe el primer caso de contaminación genética de una planta nativa, como es el maíz indígena de Oaxaca. En este caso, la contaminación genética representa una amenaza no nada más para la cultura y medio ambiente, sino para la seguridad alimentaria del país, pues millones de personas dependen del maíz como su fuente principal de alimentación.
La contaminación del maíz mexicano se originó del maíz transgénico "BT", proveniente de los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los daños a la salud, debemos puntualizar que las consecuencias por el uso de "OGMS" ya se han hecho presentes en varios lugares del mundo, pero uno de los casos más sonados es el de la soya transgénica de "pionera", ya que ésta causó en los Estados Unidos la muerte de 27personas y más de 1500 afectados. No es posible que en pleno siglo XXI se siga experimentando al ensayo y error, sobre todo con la salud de las personas.
De igual forma la papa transgénica en una investigación con ratones, mostró que altera el sistema inmunológico y retarda el crecimiento por lo que es inaudito que aun con esas evidencias se siga aferrando a decirnos que los OGMS son la solución al problema del hambre que tenemos en el planeta, pues se les olvida que el problema no es falta de alimentos sino la pésima forma en que se distribuyen los mismos.
Bajo estas circunstancia es descarriado y falta de ética el papel de algunas organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, al adoptar una postura de promoción e impulso de la producción de semillas y ganado genéticamente modificado y buscar su adopción y distribución en todo el mundo, quitando a pueblos y gobiernos el ejercicio de eso que es un derecho básico suyo como la soberanía alimentaria.
Por eso además de las consecuencias ambientales y sanitarias ya mencionadas, y los graves riesgos para la salud de la población, cada vez es mayor el número de personas que coincidimos en señalar que no necesitamos transgénicos, aunque sí una ciencia y tecnología que fomente en ese caso, una agricultura ecológica y socialmente armónica y responsable.
Desafortunadamente la postura del gobierno mexicano ha sido lamentable, ya que de acuerdo con la perspectiva de la administración actual sobre la visión de modernizar y convertir el campo mexicano en competitivo a nivel mundial, los campesinos e indígenas pobres salen sobrando, como se manifiesta en el Plan Puebla-Panamá que centra sus objetivos en enormes plantaciones de monocultivos de las trasnacionales más poderosas del mundo.
Lo anterior nos deja de manifiesto una vez más cómo los intereses mercantilistas de unos cuantos se están imponiendo lanzándose como una avalancha para aplastar cualquier intento para detenerlos, porque algunas veces por ignorancia y otras por la compra de conciencias, es que muchos de los intentos por contenerlos, no fructifican. Y si a ello le sumamos que en los países en vías de desarrollo encontramos un marco jurídico y políticas laxas cuando existen, tenemos los avances que hoy día han realizado las trasnacionales con sus OGMS.
Sin embargo, lo anterior no debe desalentarnos para continuar dando la batalla en esta desigual lucha. Por el contrario, debe ser el estímulo que nos impulse a buscar que se implanten los mecanismos necesarios que permitan a toda la población contar con los elementos precisos para tomar una decisión informativa.
Por lo que, está en juego no es cosa menor, se trata de la soberanía alimentaria de nuestro país y de la salud de todos los mexicanos.
Por lo expuesto propongo reformar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para que todos los productos que contengan elementos genéticamente modificados, desde su origen sean plenamente identificados para que el usuario o consumidor tome la decisión de utilizarlos o no.
Por economía de tiempo solicito a la presidencia de la Mesa Directiva se inscriba íntegra la presente propuesta en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología y publíquese íntegro el texto en el Diario de los Debates y en su caso en la Gaceta Parlamentaria.
Tiene la palabra el diputado Baruch Alberto Barrera Zurita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación.
El diputado Baruch Alberto Barrera Zurita: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea.
Baruch Barrera Zurita, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La educación básica obligatoria en la cual queda comprendida la preescolar, primaria y secundaria según lo señala el artículo tercero constitucional, enfrenta graves problemas tanto en el nivel académico como en la misma infraestructura de los planteles con que se cuenta por lo que debemos poner especial atención como legisladores en mejorar ambos aspectos.
Por ello quiero resaltar el ambiente en que nuestros niños y adolescentes asisten a sus clases en los planteles educativos que poco a poco se van convirtiendo en escuelas marginadas y no precisamente en razón de su ubicación geográfica sino simplemente por el abandono burocrático en que las hemos dejado.
No obstante que se reconocen mejoras paulatinas en cuanto a la cobertura de educación básica, es un hecho que la lentitud de acceso a oportunidades educativas y el bajo nivel de aprovechamiento de buena parte de los estudiantes, evidencia un sistema que no ha combatido del todo la desigualdad e inequidad de oportunidades, ni tampoco la ineficiencia y baja calidad de los servicios educativos que imparte el Estado.
La educación en nuestro país representa la inversión en capital humano de mayor impacto en el desarrollo social. El Partido Acción Nacional concibe la educación como el principal motor de desarrollo personal y nacional, como el más eficaz mecanismo de educación integral y de igualdad de oportunidades.
La convivencia armónica y el progreso de los mexicanos deben de cimentarse en una formación educación integral y de alta calidad que contribuya a afianzar nuestra identidad y los valores humanos esenciales, al tiempo que promueva la adquisición de conocimientos, destrezas y capacidades que permitan la superación y mejora constante de la población, especialmente de aquella que padece las mayores carencias.
Por ello debemos continuar en la búsqueda y desarrollo de aquellas acciones que hagan posible el perfeccionamiento de nuestro sistema educativo nacional.
Por tanto, es imperioso contar con una infraestructura educativa adecuada para mejorar las condiciones de los planteles educativos. Es un hecho lamentable las condiciones en que operan la mayoría de estos, por lo que si ya los tenemos identificados como escuelas urbano o rurales marginadas, es nuestra obligación buscar soluciones al problema y mejorar sus condiciones para garantizar efectivamente y de manera integral el derecho a la educación de todas y todos los mexicanos.
Para lograr este objetivo, debemos de promover la participación de los órdenes de gobierno en cumplimiento al mandato constitucional y a lo establecido en la Ley General de Educación ya que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación básica.
Dichos servicios se prestan en el marco del federalismo conforme a la distribución de la función social educativa establecida por la ley, pero esta obligación a la que están sujetos los tres órdenes de gobierno debe vincularse a la asignación de recursos que les permita cumplir cabalmente con sus tareas.
El Partido Acción Nacional se propuso, entre otras muchas acciones, consolidar el proceso de descentralización educativa bajo la responsabilidad compartida de las autoridades educativas, locales y federales a través de la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, así como impulsar y reforzar los consejos de participación social a través de bases concretas de operación y facultades claras de participación en materia de planeación y evaluación de los servicios educativos.
Es por eso que la preocupación actual como legislador es que cada municipio reciba recursos de forma expedita y con oportunidad para el cumplimiento de las responsabilidades señaladas en el artículo 15 de la Ley General de Educación.
En la actualidad, las autoridades de los distintos planteles se ven en la necesidad de realizar múltiples gestiones con la esperanza de subsanar con prontitud las carencias y deficiencias de que adolecen, tales como construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento o rehabilitación de obras de infraestructura básica educativa, así como equipo básico y gestionan a través de oficios a la presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los legisladores, tanto locales como federales, buscando con esto obtener una pronta respuesta a sus peticiones.
Sin embargo, en la práctica esto no sucede y la mayor parte del tiempo ellos tardan haciendo gestiones sin conseguir muchas veces una respuesta favorable o al menos pronta a sus solicitudes.
La problemática aquí planteada ha sido plenamente corroborada por el que suscribe ya que, a través de nuestros recorridos y nuestras oficinas de enlace, se han recibido múltiples peticiones relacionadas con el tema, la gran mayoría con el común denominador de no haber sido atendidas a tiempo ni en forma por las autoridades correspondientes.
Derivado de lo expuesto es que nace el presente proyecto de iniciativa que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación. Lo anterior en estricta concordancia con la Ley de Coordinación Fiscal respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de la importancia de los consejos de participación social, como instrumentos de democracia participa en el municipio para que decidan las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal, así como que se aprovechen todas las fuentes de recursos existentes de forma ágil, ya que dotando de un instrumento legal al municipio se pretende que se realice la efectiva, expedita y oportuna asignación de recursos para mejorar las condiciones educativas en las que están miles de niñas y niños.
Lo anterior tiene plena justificación en virtud de que, como hemos mencionado, las gestiones para obtener recursos destinados a un área prioritaria como la educación muchas veces se retrasan por la excesiva reglamentación o sencillamente nunca llegan, además de que la población afectada en muchas ocasiones es ignorada en el momento de invertir en el futuro de sus hijos, como es la educación.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación.
Artículo único. Se reforman los artículos 26 y 70, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 26. El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos de forma expedita y con oportunidad para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal.
Asimismo, el ayuntamiento destinará recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el Financiamiento e Inversión para construcción, reconstrucción, ampliación o rehabilitación de obras e infraestructura básica educativa en los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 70. Este Consejo recogerá las demandas de la ciudadanía, establecerá las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal y gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos.
Transitorios.
1. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta presidencia recibió de la diputada Jackeline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, misma que se turna a las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñúzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Con su permiso, señor presidente.
Angel Pasta Muñúzuri, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, el cual se fundamenta y motiva bajo al siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero.- Nuestro planeta se encuentra gravemente dañado, por ello es necesario adoptar una ética de conservación, respeto y resguardo de nuestra naturaleza. Es menester de todos realizar los esfuerzos necesarios para asegurar un ambiente sano mediante una política ecológica enfocada a reducir el número y los efectos de los desastes naturales provocados por el hombre.
En materia legislativa se puede avanzar al respecto mediante el establecimiento de la educación ecológica e investigación científica como uno de los principales básicos en el marco jurídico ambiental.
Recordemos que todas las personas necesitamos elementos únicos que la naturaleza nos aporta para la vida como el aire, el agua, la luz y el alimento.
Esa relación entre el ser humano y el planea debe ser consagrada en leyes que aseguren su observancia, aplicación y su sanción. Por lo tanto se debe de asegurar el derecho al medio ambiente sano, requisito para el adecuado desarrollo de la persona; de aquí que es un deber solemne el proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, como se prevé en las Naciones Unidas.
Debemos estar claros que actuar en la irresponsabilidad en contra de nuestro medio ambiente, pone en riesgo la vida. Esta iniciativa es relevante para que incluya principios fundamentales en la política ambiental para que podamos desarrollarnos en el medio ambiente adecuado.
Segundo.- Es prioritario proteger a los niños y jóvenes en la conducción de la política ambiental en nuestro país, utilizando como medios para su incorporación la educación, incluidos.. nos garantiza despertar su conciencia par ala conservación y comprensión del medio ambiente, así como la sustentabilidad de los recursos naturales indispensables para las generaciones futuras.
Tercero.- La emisiones de bióxido de carbono están aumentando y las actuales medidas nacionales e internacionales no son suficientes para prevenir importantes cambios en el clima y el nivel de los mares, los asuntos en relación con la salud y con el medio ambiente, se combinan en una demanda unificada de políticas de desarrollo sustentable hacia el reconocimiento de la conexión caudal entre la pobreza, la salud y el medio ambiente.
Sumamos esfuerzos, legislemos con mano firme, reafirmemos solemnemente en este momento, en este recinto el compromiso que tenemos con México, nuestra casa, este territorio, este planeta que alberga a toda la familia humana. Declaremos nuestro respeto a la naturaleza, y es necesario actuar con prudencia en la gestión y ordenamiento de todas las especies vivas y los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sustentable. Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar los marcos jurídicos actuales en nuestro bienestar futuro y el de nuestros descendientes.
Honorable Asamblea. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
Artículo 1°. Se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para quedar como sigue:
Artículo 15: "Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios y valores:
Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad. De su equilibrio depende realmente la vida presente y futura así como las posibilidades productivas del país.
4º.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, reparar o pagar los daños que cause así como los costos que dicha afectación implique. Asimismo debe incentivarse a toda persona y entidad, que proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales.
6º.- La prevención de la causa que genera el desequilibrio ecológico, es el medio más eficaz para evitar el daño de la naturaleza.
Décimo.- El sujeto principal de la concentración ecológica, son solamente las personas en lo individual sino también todos los grupos y organizaciones sociales, el propósito de la concentración de acciones ecológicas, es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza.
Vigésimo Cuarto.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable.
Vigésimo Quinto.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, prevención y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa participación es esencial, para lograr el desarrollo sustentable.
Vigésimo Sexto.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el mejoramiento del entorno natural en asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población.
Vigésimo.- La educación es un medio para valorar la vida a través ded la prevención de deterioro ambiental, prevención, restauración y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, y por ello evitar el desequilibrio ecológico y los daños ambientales. Su impartición debe ser prioridad de los programas de gobierno, para asegurar el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Vigésimo Primero.- La investigación científica debe ser prioritaria, como medio para resarcir los daños a nuestro ecosistema, debiendo motivar su estudio en centros universitarios.
Vigésimo Segundo.- Debe existir solidaridad internacional con los países cuyo medio ambiente ya no es sano.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Atentamente. Angel Pasta, para que todos vivamos mejor. Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado Angel Pasta Muñúzuri. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 4º. de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley Federal de protección de Datos Personales.
La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros Legisladores.
En el contexto de un mundo globalizado y sobre todo tecnificado, con un gran desarrollo de instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los datos personales se ha convertido en un tema prioritario de inmediata e inevitable atención.
El tema adquiere particular relevancia, no sólo porque los datos personales de sus diversos titulares circulan indisciminadamente si no porque en ocasiones dichos datos pueden ser conocidos y utilizados por personas con fines ilícitos para la comisión de delitos o simplemente de formas no autorizadas, que eventualmente causan molestia o perjuicios a diversos titulares.
Por otra parte, hoy nos enfrentamos a la realidad ineludible de que los datos personales existen y son necesarios para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles, en beneficio de sus titulares y en general del comercio y la economía nacional. Es decir, no es dable pensar que las múltiples relaciones que se plantean entre las personas, incluso entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de datos personales.
En el ámbito de gobierno, por ejemplo, nuestro sistema jurídico ha dado pasos importantísimos para la protección de los datos personales que detentan las entidades gubernamentales, así tenemos, por citar el cuerpo legal de mayor trascendencia en la materia, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que incluyó en su articulado disposiciones expresas de protección de datos personales conocidos y manejados por las entidades sujetas a su observancia.
A nivel internacional la legislación en la materia es un tema extraordinariamente discutido e incluso de relativa antigüedad. Los primeros trabajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sin duda la institución con mayor experiencia y autoridad en la materia y de la que México forma parte, datan de 1969 con la conformación del grupo de expertos sobre bancos de datos que analizó y estudió diferentes aspectos de la privacidad.
Estos principios reconocen la necesidad de que la información fluya de forma regulada entre los países, que es legítimo que los países impongan regulaciones para el flujo de información que pueda resultar contraria al orden público o que atente contra la seguridad nacional; que el flujo de información tiene un valor económico importante para las economías de los países; que los países deben adoptar medidas de seguridad mínimas para la protección de la información, así como regular sobre la protección de dicha información para evitar su uso o aprovechamiento ilegítimos y que los países, particularmente los países miembros de la OCDE, deben asumir un compromiso de adopción de principios generales para la protección de datos personales.
Con el fin de hallar un consenso internacional en la materia, los trabajos de la OCDE se hicieron acompañar del Consejo de Europa y la entonces Comunidad Económica Europea y terminaron el primero de julio de 1979. En términos generales, estos enfoques divergentes fueron confluyendo inexorablemente en la necesidad de asegurar la protección de la privacidad de los datos personales como un aspecto de derechos humanos fundamentales y libertades individuales.
Los resultados de los trabajos de la OCDE condujeron finalmente a la promulgación de los lineamientos sobre la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos personales de 1980. A esos siguieron tiempo después, pero no con menor importancia, los trabajos del Area Para la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, de la cual México es parte.
Los trabajos en materia de privacidad de APEC son también muy amplios y resultaron en la creación del Marco de Privacidad de APEC, el cual enfatiza que la falta de una legislación adecuada en la materia atrae la desconfianza de los consumidores y los usuarios de comunicaciones y de otras tecnologías de la información, lo cual finalmente entorpece el comercio y afecta la economía de las naciones.
El entorpecimiento del comercio, particularmente el comercio detonado por el dinamismo de las tecnologías de información actuales, es un lujo que México no se puede permitir. Las tecnologías actuales presentan un gran potencial para los beneficios personales y de negocios en los países, para sus gobiernos, así como para la expansión de mercados, la productividad, la educación, la salud pública, la innovación tecnológica y científica, por citar sólo algunos ejemplos. De hecho, hoy por hoy la penetración, el desarrollo y el aprovechamiento de la tecnología es uno de los factores principales que separa los países desarrollados de los no desarrollados y de los países que experimentan crecimiento económico y bienestar, de aquellos que se han rezagado en el panorama internacional.
En este contexto, el marco de privacidad de APEC advierte sobre los riesgos de una legislación laxa en materia de privacidad en relación con la economía de un país. En la medida en que la recolección y manejo de datos personales es cada vez más fácil e indispensable para el crecimiento económico, los individuos comienzan a ser más recelosos para compartir su información y pueden experimentar desconfianza sobre el uso que tendrá su información por parte de las entidades privadas que la recolectan.
Así las cosas, es indispensable crear una legislación que recoja efectivamente los principios contenidos en el Marco de Privacidad de APEC, que provea a nuestras disposiciones legales con la visión vanguardista propuesta por APEC, además, ha sido el instrumento internacional de mayor importancia que sienta el paradigma de modelo de legislación sobre privacidad en muchos sentidos. Esto es así porque de la mano con los lineamientos de OCDE, el Marco de Privacidad de APEC vino a enunciar los principios de contenido legislativo que a la fecha orientan los principales cuerpos normativos del mundo en la materia.
A este respecto se estima que la legislación propuesta es consistente y armónica con las disposiciones existentes en materia de protección de datos personales que son detectados por el sector público, según está regulado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y garantizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Como puede apreciarse, la adopción de los lineamientos internacionales tanto de la OCDE y APEC, particularmente por tratarse de aquellos en los que México ha participado, consensuado y que está de hecho obligado a atender y a cumplir, permitirá a México contar con una legislación moderna acorde a los principios y sus compromisos internacionales.
En este sentido, la iniciativa que hoy se propone ante esta soberanía, no únicamente atiende las recomendaciones internacionales de los organismos de los que México es parte, y que hoy por hoy simplemente reflejan los paradigmas y las prácticas prevalecientes de la protección de la privacidad por el sector privado en el mundo, sino que salda la cuenta pendiente de México en el cumplimiento de un añejo compromiso internacional, de acuerdo con la membresía de las organizaciones aludidas.
En este sentido, es importante destacar los siguiente elementos para la evaluación de la presente iniciativa:
Primero.- Que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de protección de la privacidad de datos personales de los individuos es impostergable, no sólo por tratarse de un tema de protección de derechos humanos y libertades fundamentales, sino porque tiene un origen y efectos esenciales sobre la economía nacional y el aseguramiento del comercio irrestricto entre las entidades federativas y con la regulación del comercio con otros estados extranjeros.
2. Que le Congreso de la Unión está expresa y exclusivamente facultado para legislar en materia de comercio, incluyendo la facultad para legislar en todo cuanto impida que existan restricciones en el comercio entre las entidades de la Federación.
3. Por las razones expuestas en la presente iniciativa, de acuerdo con las exposiciones de motivos y diversa memoranda explicativo tanto de los Lineamientos de la OCDE como del Marco de Privacidad de APEC, ambas organizaciones de las cuales es parte los Estados Unidos Mexicanos como por la propia naturaleza de la legislación que se propone y su origen y efecto sobre el comercio interestatal y desde luego sobre el comercio internacional, la iniciativa se circunscribe en el contexto de la legislación en materia de comercio y en la intervención de esta soberanía federal para impedir el eventual establecimiento de medidas que puedan constituir obstáculos o restricciones al comercio entre las entidades de la Federación, por lo que la facultad de legislar sobre la materia que nos ocupa, está expresamente reservada a la Federación en términos de las fracciones IX, X y XXX del artículo 73 de la Constitución federal.
4. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en materia de protección de datos personales que esta soberanía ha expedido en la jurisdicción federal y en el ámbito del derecho administrativo como las contenidas en relación con la protección de datos personales por las entidades del sector público obligadas bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de las cuales es garante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o las contenidas en relación con la protección de datos personales compartidas en relaciones de consumo, según lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
En lo que respecta al contenido de la propuesta iniciativa, ésta se compone de tres títulos que versan sobre los datos personales, su protección y las autoridades y sanciones respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Honorable Asamblea, de por presentada la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales y solicito a la Presidencia se inserte íntegramente la misma en el Diario de Debates.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y publíquese su texto íntegro en el Diario de los Debates.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Marcari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma la fracción II del artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra la diputada Consuelo Camarena Gómez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
La diputada Consuelo Camarena Gómez: Con su permiso, señor Presidente.
Iniciativa con proyecto de reforma que adiciona diversos artículos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, del grupo parlamentario del PAN.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3° fracción VII, 71 fracción II, 73 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, la suscrita, Consuelo Camarena Gómez, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
Diversas han sido las discusiones que se han dado, en torno a la solución que México debe buscar a sus problemas de índole económico, social, político. Expertos en prácticamente todas las áreas coinciden, en que el punto de partida para la evolución de la sociedad, la fortaleza de un gobierno democrático, es la educación.
Entendemos educación como la conjunción integral de diversos factores, como la familia, la sociedad y la escuela. Es entonces factor esencial, la instrucción como la creación de competencias educativas, la enseñanza de valores y respeto, el civismo y las manifestaciones culturales que deben ser inculcadas y promovidas por estos diversos factores.
La educación, un derecho fundamental de todas las personas, constituye el cimiento en el que descansa el proyecto de desarrollo nacional y la edificación de una nación justa, solidaria e influyente, democrática y exitosa. La educación proporciona la herramienta necesaria y a la vez potencia las habilidades y destrezas de los educandos con el fin de brindarles todos los elementos necesarios para su formación individual y social. Es la educación la que permite la plena inserción en el desarrollo económico del país, en beneficio personal de quien la recibe y de toda la sociedad en su conjunto.
Los objetivos educativos que ha perseguido la acción gubernamental han cambiado en el tiempo, de acuerdo a las necesidades y capacidades de respuesta a la misma. Hace algunas décadas la principal meta que se impuso el Estado, era la universalización de la cobertura, es decir, llevar la educación a todos los rincones del país. Ahora, esa universalización casi plenamente cumplida ha sido desplazada por otro fin, que es la impartición de buena calidad.
Hoy día no basta contar con la infraestructura, el cuerpo docente que instruye a los educandos, los planes y programas. Actualmente se cuestiona y se pone a prueba el contenido de la educación en todos sus niveles, tipos y modalidades, pero sobre todo su pertinencia, su impacto y relevancia en la vida del educando y de la propia sociedad.
Considerando estos cuestionamientos, hoy día todos los países del orbe están sujetos y son parte de un intenso proceso de intercambio y colectividad en distintas áreas del conocimiento y en consecuencia, la competitividad entre las naciones se acentúa. Quien disponga de una población preparada para desempeñar eficazmente actividades productivas, accederá con mayor facilidad a un alto nivel de vida, con menores desigualdades entre las franjas sociales, lo cual naturalmente es lo que anhela todo país.
Como sociedad en transición en los planos, demográfico, económico, político, social y cultural, México debe enfrentar simultáneamente dos grandes tipos de retos educativos:
Por una parte, los que persisten desde hace décadas en lo relativo a proporcionar educación de buena calidad a todas sus niñas y niños, a sus jóvenes y a los adultos que no tuvieron acceso en su momento a la educación; y por otra, los retos inéditos que la nueva sociedad del conocimiento plantea a nuestro país, para que cuente con una población preparada para responder a los desafíos nacionales y para competir eficazmente con nuestros socios comerciales en actividades productivas y a la vez que esa población esté constituida por las ciudadanas y los ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos que una democracia requiere.
La educación superior se puede concebir como el último eslabón que la educación escolarizada y no escolarizada y concluye con el lanzamiento de los educandos hacia la vida social y productiva; sin embargo, ello no debe confundirse con el fin del adiestramiento o la instrucción educativa de la persona, sea por medios escolarizados o no.
Debemos recordar que las condiciones y necesidades de la sociedad contemporánea, demandan de nosotros educarnos en forma permanente con el objeto de allegarnos de los nuevos descubrimientos y avances del conocimiento. La educación superior es, entonces, un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos.
Las bondades que promete el compromiso con la educación superior, no se alcanzan de manera inmediata y directa con la sola instrucción del docente o los educandos. La calidad es un factor clave en todo proceso educativo. De no ser así, la formación educativa se pervierte y este proceso se convierte en una simulación. Debemos buscar como Nación tener un subsistema de educación superior de buena calidad, que esté orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país.
No obstante la calidad, no es el único elemento que la educación superior debe perseguir. Para incrementar la cobertura con equidad, no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso, de forma tal, que su participación en la educación superior corresponda cada vez más a su presencia en el conjunto de la población y lograr que los programas educativos sean de buena calidad para que todo mexicano, con independencia de la institución donde estudie, cuente con posibilidades reales de obtener una educación apropiada.
Nuestro compromiso con la sociedad es preservar el carácter laico y gratuito de la educación pública, promover su constante calidad y pertinencia, permear sus contenidos de los valores universales de libertar, tolerancia, respeto, entre otros.
Entre los principales cambios y temas que atiende esta propuesta, se encuentra la regulación de la educación no escolarizada que últimamente se ha convertido en un asunto que comienza a competir con los planes y programas de estudio convencionales que requieren la presencia física del educando.
Otro aspecto importante de la iniciativa es la normatividad a la entrada de universidades extranjeras en nuestro territorio, así como la evidente necesidad de que las universidades que reciban recursos públicos, rindan cuentas sobre el uso y destino de los mismos, ello Sin detrimento de su independencia en el plano académico. También esta iniciativa pretende dar una referencia sólida a la legislación educativa, específicamente de tipo superior.
De esta forma, México contará con una oferta de educación superior más grande y diversificada en relación a las necesidades del desarrollo económico y de cada una de las entidades federativas, se habrán reducido significativamente las desigualdades en el acceso a la educación superior.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona artículos de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Por economía procesal de tiempo y por la extensión de la iniciativa y dado que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito al señor presidente se inserte íntegramente en el Diario de los Debates para los efectos parlamentarios conducentes.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos e insértese íntegro su texto en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra la diputada Ma. Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La diputada María Angélica Díaz del Campo: Con su permiso señor presidente:
La suscrita diputada federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos.
México ha entrado a una nueva etapa en la vida política y social que requiere estar acompañada de una reflexión que construya puentes entre la gobernabilidad y la transparencia de la gestión pública.
Una de las principales características de la organización pública descrita por Max Feder (?) es la relativa a que la administración es una carrera profesional que se construye a partir del conocimiento teórico y del mérito. En este sentido el funcionario no toma decisiones políticas, únicamente se limita a poner en práctica y ejecutar las decisiones tomadas por los políticos.
Asimismo debe garantizar un uso eficiente y eficaz de los recursos y ser capaz de mostrar que su comportamiento siguió en todo momento las reglas establecidas. En este sentido la transparencia debe elaborarse, construirse e implementarse cuidadosamente con una visión de largo plazo, que asuma al mismo tiempo diferentes objetivos: legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos, culturales; dentro y fuera de las instituciones del Estado.
Es decir, no basta con tener una buena legislación y reglamento que la refuerce y actualice. Hace falta cambiar hábitos, pautas, el modelo en que está organizada la Administración Pública. Todo lo cual implica nuevos esfuerzos de parte de los funcionarios.
La existencia de condiciones de transparencia hace que el control de los servidores públicos y los recursos, no sólo recaigan en el propio aparato jerárquico, sino que se dispensen por toda la sociedad, es decir, todos quedan permanentemente expuestos a la cual sirven.
La< Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, es el ordenamiento que norma el ejercicio del gasto de los recursos federales. De tal suerte que el mecanismo a través del cual se lleva a cabo una licitación, contempla una serie de procedimientos y participa de funcionarios que garantizan la transparencia de la misma.
Sin embargo, no se ha logrado evitar que la corrupción esté presente en dicho procedimiento, ya que al no existir realmente una revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública en dicho proceso, no existe realmente la certeza de la legalidad del mismo, pues actualmente únicamente participan como observadores y no de manera obligatoria.
Es por ello que es de suma importancia que la vigilancia de los procesos de la licitación en una democracia esté garantizada desde la propia legislación.
Este control debe implicar la implementación de acciones tendientes a evaluar y prevenir futuros desvíos y malos manejos, y es ahí donde surge la siguiente interrogante: ¿Acaso el procedimiento por el cual intervienen y participan diversos funcionarios como garantes de la transparencia en las licitaciones no debería de ser suficiente para que se utilice de forma correcta los recursos?
Es notorio que en los procesos de licitación debe de existir la responsabilidad compartida tanto del funcionario que interviene durante el procedimiento, como de las empresas o particulares que participen en el mismo.
La falta de seguimiento y solvencia efectiva de las observaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras, trae como consecuencia que cada vez sean más las dependencias y servidores públicos que son drásticamente afectados con sanciones disciplinarias y económicas por mal manejo de recursos, incumpliendo de obligaciones, metas y objetivos e incluso por verse involucrados en supuestos actos ilícitos.
Por lo que todos los órganos de control interno, órganos desconcentrados, funcionarios y entidades de la Administración Pública deben de ser co-responsables, lo que permitiría asentar las bases que establezcan criterios y evidencias requeridos para avalar, corregir y evitar la recurrencia inmediata de las deficiencias observadas.
Con esta iniciativa buscamos que en los procedimientos de licitación se trabaje en un nuevo contexto de exigencia más rigurosa y siempre a la vista de las dependencias involucradas en el mismo, que pongan en marcha un conjunto de dispositivos que encaucen y mejoren el trabajo interno del Estado.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:
La Secretaría de la Función Pública deberá de participar en los comités a que se refiere este artículo y deberá emitir una opinión fundada y motivada respecto al procedimiento a que se refiere el mismo.
Transitorio.- Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Y continúa la misma diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ahora con la presentación de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Reglamentos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
La diputada María Angélica Díaz del Campo: Gracias. Compañeras y compañeros diputados.
La Administración Pública Federal día con día debe de responder a diferentes retos, por lo que debe de estructurarse de tal manera que den sustento material y legitimidad social al gobierno.
En este sentido, la Ley Orgánica ha sufrido diversas modificaciones entre las que destacan las publicadas el 30 de noviembre del año 2000, en la que se cambia la denominación de diversas Secretarías que conforman la Administración Pública Centralizada.
Con relación a esta modificación, es de destacarse la reforma a la denominación de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y hoy de Economía.
El jueves 10 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Servicios Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y se adiciona la Ley de Planeación.
Complementariamente se ajustan los artículos 31 y 37 de la misma ley para adecuar las nuevas facultades que tendrá la Secretaría para la operación del registro.
El artículo 9 de la Ley de Planeación para establecer el sistema de evaluación y compensación por el desempeño que dará la pauta en la entrega de reconocimientos y estímulos al personal, destacando los artículos 19, 33, 34 y 48 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en lo relativo a la revisión presupuestal y adecuación de las nuevas denominaciones de la Secretaría.
En este contexto, el gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de contar con instituciones dinámicas que le permitan satisfacer el interés general de la sociedad mexicana; sin embargo, este fin no se cumplirá si el Poder Legislativo no asume su función de dotar a los órganos del Estado de cuerpos normativos actualizados que le permitan dar solución a los problemas que la sociedad nos plantea.
A efecto de cumplir con la labor que se le ha encomendado, es necesario modificar las leyes de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y de Obra Pública y Servicio relacionado con la misma, las cuales presentan ciertas contradicciones toda vez que las facultades atribuidas a la Secretaría de Economía y de la Función Pública por la Ley Orgánica de la Administración Pública en los mencionados ordenamientos aún se atribuye a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Por ende, el texto legal de ambas leyes otorga facultades a dependencias inexistentes.
Con la finalidad de eliminar la contradicción normativa de los ordenamientos jurídicos que rigen la vida de las instituciones de la administración pública, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Solicito se integre al Diario de los Debates el texto íntegro de estas iniciativas por economía de tiempo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de la Función Pública e insértese íntegro su texto en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura. Damos cuenta de los siguientes:
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Economía con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
De las comisiones unidas de Gobernación y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de Expropiación y reforma el artículo 94 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Vilia Mam Gmora, Hany Nagar Shitrit, Ana Miriam González Catarrivas, Guirza Dowek Dayan, María Luisa Gutiérrez Badillo, Arturo Centeno Sánchez, Rodolfo Garza Hernández y René Ochoa Gayosso para prestar servicios en la Embajada del Estado de Israel en México.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Orquídea Alvarado Briseño, Eduardo Javier García Guillén, Renata Loza Estrada, Francisco Pablo Dosamantes Aguayo, Leticia del Carmen Cerritos Castillo, María Jimena Ruíz Velasco Rea, Paola Fernanda de los Cobos Gomar, Graciela Treviño Espinosa, Mtzy Matamoros Jiménez y Claudia Lizet Solano Lara para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y sus consulados en Hermosillo, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la agencia consular en San Miguel de Allende, Guanajuato, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Sergio Pérez Cortés, Ramón Alvarado Jiménez, Genaro García Luna y Adolfo Domínguez Martínez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa, del Reino de España y de los Estados Unidos de América respectivamente.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de Primera Lectura.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia está recibiendo en este momento comunicación de la Junta de Coordinación Política. En consecuencia ruego a la Secretaría le dé lectura a la comunicación de referencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Junta de Coordinación Política. Dirigido a la diputada Marcela González Salas, Presidenta de la mesa directiva.
Con fundamento en el artículo 5° del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día de esta sesión, en el primer turno posible, el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a que investiguen la presunta injerencia del gobierno de Venezuela en México a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su vinculación con grupos subversivos.
Sin más por el momento agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.
Con la firma del diputado Pablo Gómez Álvarez, en contra, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD; del diputado Emilio Chuayffet Chemor, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; del diputado José González Morfín, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, en contra; del diputado Alejandro González Yánez, en contra; y del diputado Jesús Martínez Álvarez, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.
En votación económica se consulta a la Asamblea si es de aceptarse a inclusión del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como se ha determinado por la asamblea, incluir este punto en el orden del día, dé lectura a la propuesta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acuerdo.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a que investiguen la posible injerencia del gobierno de Venezuela en México, a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su vinculación con grupos subversivos.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, cuyo original se anexa, suscrita por el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez del grupo parlamentario del PAN por lo que se somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta al Instituto Federal Electoral, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a que investiguen la presunta injerencia del gobierno de Venezuela en México a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su vinculación con grupos subversivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de marzo de 2006.
Con la firma
En contra del diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del grupo parlamentario del PRD. Del diputado Emilio Chauyffet, Coordinador del grupo parlamentario del PRI. Del diputado José González Morfín, Coordinador del grupo parlamentario del PAN. Del diputado Jorge Antonio Kahgawi Macari, Coordinado del grupo parlamentario del Partido Verde. Del diputado Alejandro González Yáñez, Coordinador del grupo parlamentario del PT en contra. Y del diputado Jesús Martínez Alvarez, Coordinador del grupo parlamentario de Convergencia en contra.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia ha registrado como oradores para hablar en contra y en pro a los diputados Pablo Gómez Alvarez de la fracción parlamentaria del Partrido de la Revolución Democrática y al diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez para hablar en pro por parte de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
En consecuencia, no habiendo más oradores registrados tiene el uso de la tribuna el diputado Pablo Gómez hasta por tres minutos para hablar en contra.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: Ciudadanas y Ciudadanos Legisladores.
Sería conveniente que la Secretaría de Gobernación a través del organismo de inteligencia diera un reporte sobre algunas denuncias públicas que se han hecho de presuntas o supuestas actividades de personas del gobierno de Venezuela en nuestro país que sean ilegales.
Eso sin duda sería muy conveniente, pero no es lo que se está solicitando. Lo que se stá solicitando, es que el IFE y la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, investiguen.
Hay aquí algunas instituciones que no pueden investigar, que no tienen facultades para investigar, no obstante lo cual se les está pidiendo que investiguen, eso es una contradicción. Segundo, el contenido mismo del asunto, es francamente deleznable.
La tradición de la política exterior de México, lo digo por los del PRI que están aquí presentes, nunca cayó en tratar de involucrar a gobiernos extranjeros en procesos electorales internos, por varios motivos, pero uno de ellos, porque tal cosa sería superior que un gobierno extranjero puede determinar el sentido de las votaciones del pueblo de México, lo cual es francamente inaceptable e incluso diría que hasta estúpido, no podemos admitir semejante suposición.
Pero es completamente absurdo que esto trate de abonar la propaganda negra que se está haciendo en la televisión, propaganda negra que es, ubicar a un personaje, al presidente de Venezuela, y ligarlo a un candidato a la presidencia. Como toda la otra propaganda negra, propongan lo que piensan, no se dedican los panistas, en este momento, más que atar a Andrés Manuel y no proponen nada. Sus spots son, ataques a un candidato, y el valentón que tienen en el PRI, no hace otra cosa más que retar en la televisión al candidato del PRD y de la Alianza por el Bien de Todos.
Propongan algo, propongan algo, lo que sea, lo que les dé su corta mentalidad. Hagan campaña. Esa es la propuesta, en lugar de hacer anticampaña y propaganda negra...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, se ha concluido su tiempo.
Para hablar en pro de la propuesta hecha por la Junta de Coordinación Política, tiene el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez: Con su venia señor Presidente.
La prosapia perredista del compañero Pablo Gómez es muy propia también de su candidato Andrés Manuel. Llamarle estúpido, señor, a quien no coincide con lo que usted postula, es también como Andrés Manuel llamándole "Chachalaca Mayora" al Presidente de la República. Esto coincide perfectamente con la prosapia "chavista" que vemos recurrentemente en los medios de comunicación que se presenta de la misma manera.
Señores, el día de ayer en esta tribuna recordábamos al "Benemérito de las Américas" y veíamos que "Entre los Hombres, como Entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz". Pues señor, Juárez tal vez estaría muy sorprendido de lo que este país ha tenido que aguantar por parte del Gobierno de Venezuela, en donde podemos ubicar una vinculación sistemática de injerencismo contra este país. Vemos cómo dos embajadores anteriores han hecho actividades, declaraciones injerencistas.
Recordemos en el 2004 a Lino Martínez comparando a Hugo Chávez con Andrés Manuel López Obrador. No lo hacemos nosotros señores; fue el Embajador de Venezuela quien lo hizo propugnando porque ese señor estuviera aquí como Presidente.
Señores, después vino Lino, Bladimir Villegas, Bladimir Villegas estuvo presente y participando en un acto de precampaña con Marcelo Ebrard. Aznar, por ejemplo, ¿qué hicimos con lo de Aznar?; todos aquí votamos un punto de acuerdo para que eso no ocurriera, para reconvenir a que cualquier persona del extranjero respetara aquí la ley.
Señores, ante dos embajadores extranjeros, ante células bolivarianas en más de 20 estados de la República, que están totalmente vinculados con redes ciudadanas de la campaña del PRD y si a esto le sumamos la defensa que hoy sale en los medios de comunicación, del mismísimo Chávez a Andrés Manuel, tenemos que hacer algo señores. Que se investigue y que pare este injerencismo, que lo que busca es la creación de un nuevo eje, un eje Chávez-Castro-López Obrador. Repudiamos eso.
Que se defienda la soberanía de este país y cesen las actividades injerencistas de ustedes, señores...
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Concluya por favor, diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde la curul): Señor Presidente, para alusiones.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta Presidencia exhorta a las señoras y señores diputados a que escuchemos con atención y respeto a nuestros compañeros en uso de la tribuna y que se ajusten invariablemente a su tiempo que esta Presidencia les concede.
Para alusiones personales, el diputado Pablo Gómez tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos.
El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores:
Reitero que me parece una estupidez de política exterior no sólo de México, sino de cualquier país del tamaño y la importancia de México, el suponer que una acción de un gobierno extranjero puede ser importante o decisivo para la elección que va a hacer el pueblo de México. Sí me parece una estupidez. Creo que se ha cometido, en algunas ocasiones, pocas; ésta es una de ellas.
Ahora, quiero precisar lo siguiente: los spots de televisión de contrapropagandas es lo que más está deteriorando el clima político y lo que nos debería preocupar, cuando un candidato hace sus spots en televisión en contra de otro; no a favor de él, sino en contra de otro. ¡Pues qué nivel de campaña ese ése! Yo por eso digo, en lugar de hacer eso, hagan campaña.
Pero se nos acusa de insultar al Presidente. Pregunto: "Víboras", "tepocatas", "marranadas", "zedillín", "labestida", toda esa obra, esa prosapia, es de Fox. Bien.
Y ahora critican la censura que hace un candidato contra el Presidente de la República que está en campaña a favor de Calderón.
Fox combatió a Zedillo porque él decía que estaba en campaña a favor de Labastida. Y hace cosas mucho peores que las que hacía el señor Zedillo.
Ahora bien ¿en qué situación estamos? Bueno, que continúe ese debate, pero que los candidatos hagan campaña. Si todo lo que los mueve es que Andrés Manuel no sea Presidente, entonces lo que va a ocurrí es: que los que están en contra del PAN, tienen que votar por Andrés; los que están en contra del PRI, tendrán que votar por Andrés. Unidos, PRI y PAN a favor de Andrés Manuel. Bienvenidos, celebro su torpeza; pero si quieren cambiar algo, pónganse a hacer campaña en lugar de estar haciendo propaganda negra y atacando solamente a un candidato que es justamente el puntero en las encuestas.
Hagan algo, hagan política, defiendan sus posiciones. Eso es lo que deberían de hacer, si fueran realmente políticos.
Es cuanto, señor Presidente.
Solicito la votación nominal.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En su momento, señor diputado. En su momento acordaré lo que proceda, señor diputado.
Tiene el uso de la tribuna para hablar en contra, hasta por tres minutos, el diputado Horacio Duarte Olivares.
El diputado Horacio Duarte Olivares: Gracias, diputado Presidente.
El punto de la discusión el día de hoy tiene que ver exclusivamente con un tema, con un tema que no es el tema Chávez. El tema de la discusión de fondo es la absoluta desesperación, la absoluta desesperación del señor Calderón y del señor Fox frente a lo que se enfila a ser una campaña ganadora y una propuesta de gobierno distinta a la que no pudieron hacer los panistas que prometieron llevar el cambio.
Ese es el fondo del miedo, ese es el fondo de presentar un absurdo como el día de hoy, porque a los panistas se les olvidó que ya hace un par de días, el propio Secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbéz; que hasta donde recuerdo o hasta donde se sabe, intenta o va a ser candidato de su partido, ha declarado contundentemente que no hay ingerencia de ningún gobierno exterior en la campaña electoral mexicana de este año, y eso, se les olvida.
Y por eso hoy recurren a esta idea de presentar una investigación y vincular a un personaje de otro país, con quien va a ser el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y le están faltando al respeto, no sólo al proceso democrático, sino a los millones de mexicanos, que en este momento apoyan la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.
Esa es la realidad, esa es la verdad, porque le están faltando el respeto al más del 40% de la intención del voto y eso es lo que les duele, eso es lo que les arde, eso es lo que no les gusta y por eso recurren a este aparente punto de acuerdo de investigación, porque en su investigación se van a topar con la realidad. La realidad es que no hay vinculación alguna, más que en su cabeza, más que en su mente, porque están desesperados, frente al triunfo eminente y evidente que tendrá el movimiento democrático nacional el próximo 2 de julio, lo demás es calentura.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Concluya, señor diputado.
Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro, el diputado Pablo Alejo López Núñez de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Alejo López Núñez: Con su venia, diputado Presidente.
Tal parece que a algunos compañeros legisladores y cito a alguien que me antecedió en tribuna, les ha dado por el mal de la "Chimoltrufia", cuando dicen una cosa por otra. Hace algunos días aquí se discutía en tribuna, si era o no, importante que hubiera intervención de liderazgos y de presidentes en las campañas políticas y hubo una condena total por la parte de nuestros compañeros perredistas.
Yo me pregunto. ¿Qué hay de malo que hoy se apruebe este punto de acuerdo, para que se investigue si existen o no las células que han registrado los medios de comunicación enviadas por Chávez y para tratar de operar a favor de un candidato de la izquierda? ¿Por qué se ha dicho aquí que algunas de las autoridades citadas en el punto de acuerdo, no tienen facultades de investigar, si lo que quisiéramos es que investigáramos todos, todas las instituciones en este país que no ocurran éstas ingerencias?
Porque yo les diría, tal vez no leyeron la prensa del día de hoy los diputados del PRD, donde el propio Hugo Chávez está aludiendo y está mencionando que esta a favor de un candidato en este país. ¡Señores!, aquí lo que quieren ocultar es la similitud que hay entre Chávez, entre el Presidente Chávez y Andrés Manuel López Obrador. Una similitud que les molesta, que les preocupa, porque estamos ciertos que Andrés Manuel, es igual de déspota e intolerante que Hugo Chávez. Lo vimos los mexicanos, que no nos engañen, en días pasados salió a callar al Presidente y yo les digo, no deben en este país los intolerantes callar a nadie, en la democracia no se calla a nadie ni se le falta al respeto de la manera que lo ha hecho ese candidato. Aquí nadie se debe de callar, ¡yo no me calló!
Señor Pablo Gómez, no sea tapadera, no sea tapadera de su candidato ni de Hugo Chávez. Ustedes quieren ocultar que Hugo y Andrés Manuel son iguales. Y eso, el pueblo de México no podrá solaparlo ni se dejará engañar. Son iguales, señores. Que se investigue.
Estamos a favor del punto de acuerdo; que no haya injerencia extranjera, que no haya células extranjeras y que no haya intolerancia por parte de Hugo Chávez.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como es el espíritu de los coordinadores, voy a solicitar a la Secretaría consulte si el asunto está suficientemente discutido.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señor Presidente. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a la Asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Está suficientemente discutido.
Diputado Pablo Gómez, en relación a su solicitud de votación nominal ¿quiénes lo apoyan?
(Varios diputados que se ponen de pie, apoyan la solicitud)
Esta Presidencia ordena se abra el registro electrónico, para votar la proposición, en el entendido, señoras y señores legisladores, que a favor sería como está hecha la propuesta de la Junta de Coordinación y en contra, sería rechazándola.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): ¡Señor Presidente!
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sonido a la curul del diputado Gutiérrez de la Garza.
El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Para solicitarle si la Secretaría de esta Mesa Directiva da lectura al punto de acuerdo, para que quede perfectamente claro qué es lo que estamos votando.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Dé lectura exclusivamente al punto de acuerdo, señora Secretaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señor Presidente.
"Se exhorta al Instituto Federal Electoral, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, a que investiguen la presunta injerencia del Gobierno de Venezuela en México, a favor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y su vinculación con grupos subversivos".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Ruego a la Secretaría ordene se abra el registro electrónico, para recabar la votación en la forma y términos en que la ha planteado esta Presidencia, por cinco minutos.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para recabar la votación del punto de acuerdo.
(Votación)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se encuentran en el recinto diputados de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano:
De Uruguay, el diputado Jorge Patrone y el diputado Juan Carlos Souza. De Venezuela, el diputado José Gregorio Hernández y el diputado Vidal Cisneros. De Bolivia, el senador Omar Fernández. Todos ellos invitados por nuestro compañero y compañera diputados Beatriz Mójica Morga y Miguel Luna.
Señores parlamentarios, sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados y que su estancia en nuestro país sea grata. (Aplausos)
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.
De viva voz, la diputada Sara Rocha. Sonido, por favor.
La diputada María Sara Rocha Medina (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Gracias, diputada Señor Presidente, se emitieron 282 votos en pro, 74 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se aprueba la proposición por 282 votos a favor.
Le ruego a la Secretaría dé lectura a un comunicado que nos hay llegado del diputado Herrera León.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Del diputado Francisco Herrera León comunicando que a partir de esta fecha se reincorpora a sus funciones legislativas por el primer distrito del Estado de Tabasco)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se le dispensa la lectura. Esta presidencia no tiene oradores registrados. En consecuencia se considera suficientemente discutido en lo general y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo oradores registrados, se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de este decreto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del decreto.
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputado presidente se emitieron 348 en pro, 2 abstenciones y 2 en contra.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular con 348 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 6, de la Ley de Aviación Civil y 18 de la Ley de Aeropuertos. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso Amoníaco Fertilizantes Nitrogenados.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se le dispensa la lectura. Esta presidencia no tiene orador registrado por parte de la comisión para fundamentar el dictamen. En consecuencia está a discusión en lo general.
Sí, diputada Rosa María Nájera.
La diputada Rosa María Nájera (desde la curul): Pedí la palabra para hablar en contra.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: La tengo registrada diputada. Esta presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores:
En contra, la diputada Rosa María Avilés Nájera, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
En pro, el diputado Javier Castelo Parada, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene usted el uso de la tribuna diputada Rosa María Avilés Nájera, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
La diputada Rosa María Avilés Nájera: Con su venia señor presidente.
Desde una perspectiva formal, la iniciativa de ley en comento por su naturaleza y objetivos corresponde más a un programa de Gobierno, a una política pública precisa que a una ley de carácter general.
De hecho la aprobación del dictamen implicaría la obligación, por parte del Poder Ejecutivo y por un lapso indefinido de establecer los llamados precios de estímulo para la fabricación de amoníaco y fertilizantes nitrogenados.
Estos precios resultarían, en última instancia, de aplicar un subsidio al precio de mercado del gas natural que tendría dos componentes: Uno, un subsidio directo a Pemex para resarcir la pérdida comercial que implicaría en virtud de que somos un país importador de gas natural, comprar el energético a un precio más alto del que lo vendería.
Dos, una exención fiscal consistente en calcular el valor anual del gas de proceso sobre la base del precio de estímulo y no del precio de mercado, que refleja el costo de oportunidad.
Además de su indefinición temporal, estos subsidios propiciarían un incremento en las importaciones de gas natural y por ende del precio del mismo, lo que implicaría un diferencial creciente entre el precio del mercado y el de estímulo.
Por otra parte, el artículo 28 constitucional en su párrafo tercero señala: "Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.
La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
Esto significa que a quienes se les puede apoyar con precios máximos es al consumidor final y no a los productores de bienes. Menos aún a los distribuidores intermediarios.
Pero más allá de la discusión formal, la iniciativa refleja un planteamiento muy parcial para impulsar un desarrollo sustentable de la actividad agropecuaria o incluso de la mera industria de fertilizantes en el país porque no se inscribe dentro del ámbito de una política integral para el desarrollo rural ni mucho menos lo hace dentro del marco de una política energética de la misma naturaleza.
Plantea beneficiar solamente a la producción de fertilizantes nitrogenados, dejando de lado a los plásticos y a los fosfóricos.
Si bien los primeros son los de mayor uso, los otros son también indispensables para el campo.
Si bien se habla de que el programa que se crearía ad-hoc para la aplicación de la ley contendría elementos de fiscalización, nada garantiza que efectivamente los beneficios del programa se trasladen de manera íntegra y efectiva a los productores rurales, en particular a aquellos que más lo necesitan.
En buena medida, el monto y traslado del subsidio a los productores rurales dependerá de la capacidad de cabildeo que tengan estos ante el Ejecutivo Federal para el establecimiento de los precios de estímulo y de los precios máximos.
El que dichos precios dependan de una negociación compleja implicando actores cuyo interés fundamental no necesariamente sería el incremento de la productividad agropecuaria, abra la puerta para beneficiar solamente o en mayor medida a los eslabones de la cadena productiva vinculados a la producción y a la distribución privadas.
Más aún. La iniciativa lleva implícita la gran paradoja de que conforme el precio máximo del amoníaco de uso directo y de los fertilizantes nitrogenados tiende a garantizar el traslado del beneficio a los productores rurales, en la misma medida tenderá a incentivar el desvío del gas para fines distintos a los previstos por la ley.
Para nosotros más que de una ley que linda en la invasión de facultades constitucionales del Ejecutivo, el impulso efectivo a la actividad agropecuario debe venir de la decisión del Estado en su conjunto para fortalecer la capacidad nacional de producción de fertilizantes, a partir de propiciar la integración vertical de la cadena productiva, gas natural, amoniaco, fertilizantes, con base en el relanzamiento de la capacidad instalada de Pemex.
En ese caso sí podríamos garantizar que los esfuerzos fiscales y presupuestales se trasladarán al productor rural y no implicarán una apropiación indebida de subsidios por parte de intereses particulares.
Por eso y otros argumentos que por falta de tiempo no es posible mencionar en esta tribuna, el grupo parlamentario del PRD votará en contra. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, compañera diputada.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Javier Castelo Parada y rectifico, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para hablar en pro.
El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea: les solicito, amigas y amigos diputados, su voto a favor del dictamen sobre la iniciativa de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.
Por qué es conveniente aprobar esta iniciativa. El sector de la economía más golpeado con la aprobación del Tratado de Libre Comercio ha sido, desde 1994, el sector agropecuario, y aquí me referiré al sector agrícola y muy específicamente al que produce maíz, sorgo, trigo, caña de azúcar, café, frijol, arroz, cebada, etcétera.
Con frecuencia se cuestiona por quienes no están familiarizados con el campo por qué tanto subsidio a los campesinos. La respuesta es: al entrar México al Tratado de Libre Comercio nos llevaron a los productores agrícolas a competir con productores de otros países cuyos gobiernos destinan montos extraordinarios de subsidios para sus productores agropecuarios, y en esas condiciones estamos en desventaja.
Hay razones para apoyar a los productores agrícolas. Cuáles. Los mayores costos de nuestros insumos agrícolas: fertilizante, energía, diesel, intereses, incluso la maquinaria.
Hay quienes piensan que a nuestros productores les falta ser más productivos, obtener rendimientos por hectárea más altos. Permítanme decirles: los productores con capacidad para invertirle todo lo que el cultivo requiere logran rendimientos iguales o superiores que otros productores internacionales.
Los dos factores que impactan más en la producción agrícola son semillas mejoradas y fertilizantes suficientes. Saben cuánto, amigas y amigos, se han encarecido los fertilizantes nitrogenados en México en los últimos tres ciclos agrícolas. El amoniaco 125 por ciento, la urea 88 por ciento.
Qué consecuencias negativas tiene el alza en el costo de los fertilizantes. Que se dejan de aplicar o se aplican en cantidades menores a las requeridas, con la consiguiente reducción en rendimiento.
Hoy, en este 2006, nuevamente vuelven los productores a salir a la calle con su maquinaria en búsqueda de apoyos económicos que compensen el alza desmedida en el costo de sus insumos, sobre todo en fertilizantes.
Esto debido a que el Programa de Ingreso Objetivo no toma en cuenta el incremento en costos de producción. Los productores de trigo de Sonora tomaron una caseta de peaje. En abril saldrán a la calle y carreteras los productores de maíz de Sinaloa y poco después saldrán los productores de sorgo de Tamaulipas.
La iniciativa que pedimos apoyen busca que se venda gas natural a los industriales como materia prima para la producción de fertilizantes a precio subsidiado con el fin de que el productor compre fertilizantes a precios igual que los internacionales.
Está previsto en la iniciativa que el beneficio por el subsidio lo reciban los campesinos no los intermediarios.
Se dice que importamos un 20 % del gas natural que se consume en México. Nosotros respondemos, se importa el 75% de los fertilizantes nitrogenados utilizados en el país.
México como país se beneficia al haber ahorro de divisas, se generará empleo al aumentar la capacidad de producción de las industrias, el fisco recaudará más por los impuestos que paguen las industrias, pero la principal motivación es que nuestros campesinos compren los fertilizantes a precios menores y al aplicarlos en cantidades adecuadas incrementen su producción y se reduzcan las importaciones.
Por México y nuestros campesinos, le pido apoyar esta iniciativa.
Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado.
Para hablar en contra tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace algunas semanas se integró un consenso prácticamente de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Presupuesto. Y ahí llegamos a una conclusión, todas las iniciativas de ley que se presentaran, que implicaran costos fiscales , deberían de estar acompañadas del monto de los recursos que costaría ese tipo de disposición legal y también deberían de estar acompañadas de los recortes necesarios para poder financiarlas, señalando con mucha claridad los rubros que sufrirían esos recortes.
Ahora estamos en la discusión de una ley que tiene un costo fiscal y que implica necesariamente un recorte presupuestario. El problema de esta ley es que no señala el monto del costo fiscal ni tampoco señala el lugar o el programa o los rubros que se van a ver afectados con esta disposición que estamos en estos momentos discutiendo.
Yo solamente quiero señalar la incongruencia de los diputados del PAN y también de muchos diputados del PRI, de primero aprobar una serie de requisitos y de normas para la presentación de leyes y par ala aprobación de las mismas y ahorita venir a señalarnos que son bondadosas sin precisar el lugar de donde vamos a sacar estos recursos financieros.
El otro problema que yo le veo, compañeras y compañeros, es que hay el peligro de que estemos elevando a rango de ley un subsidio a empresas privadas. Es decir, establecer la obligatoriedad en el decreto de presupuesto por un tiempo indefinido para que empresas privadas productoras de fertilizantes tengan la posibilidad de contar con estímulos y con un precio de gas natural mucho más barato que el resto de las industrias del país.
Por qué elevar a rango de ley un subsidio a una empresa privada cuando tenemos la oportunidad, si en realidad queremos beneficiar directamente a los consumidores, en este caso a los productores agropecuarios, de ponerlo en el decreto de presupuesto para que establezcamos ahí las reglas de operación convenientes de tal manera que sean los agricultores de menores recursos los que se vean beneficiados.
Si ustedes revisan con mucha precisión la iniciativa que en estos momentos estamos discutiendo, nos vamos a dar cuenta de que corremos el peligro de beneficiar a empresas privadas productoras de fertilizantes y trasladar una suma importante de recursos a los grandes agricultores y a las grandes empresas agroindustriales de este país y dejar todavía mucho más en la indefensión a los pequeños y medianos productores.
Tenemos que hacer un esfuerzo de abaratamiento a los fertilizantes, como un insumo fundamental para la producción agrícola de México, pero esto lo podemos discutir, el programa específico, las reglas de operación, lo podemos discutir al momento que estemos debatiendo el decreto de presupuesto, que la nueva Legislatura esté discutiendo el decreto de presupuesto para el próximo año, y dirigir correctamente el subsidio a este insumo, tan fundamental para la producción agrícola del país y no correr el peligro, correr el riesgo, de que millones y millones de pesos que sacrifican a Pemex y sacrifican también a las finanzas del país, vayan a beneficiar solamente a grupos privados específicos de productores de fertilizantes y a grandes agricultores.
Por eso, compañeras y compañeros, porque no beneficia a los agricultores, sobre todo a los medianos y pequeños de este país, por eso el grupo parlamentario del PRD ha señalado con mucha precisión, a través de la intervención de la diputado votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro el diputado Cruz López Aguilar de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.
El diputado Cruz López Aguilar: Diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
La primera cuestión que quiero comentarles a ustedes es que éste es un compromiso que está establecido en el artículo 41 del Acuerdo Nacional para el Campo, ahí señala concretamente de que se efectuará un estudio para evaluar, durante el segundo trimestre del año, estamos hablando de 2003, la incorporación del Programa Especial para el Campo es el gas, para uso en el sector agropecuario, el amoníaco y siguen algunos otros aspectos que tienen apoyo actualmente.
Me parece que es el Acuerdo Nacional para el Campo, ustedes lo recuerdan, fue firmado, suscrito por el Congreso en lo general, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. También lo firmamos las organizaciones, organizaciones que también están representadas en esta soberanía. Además de esto, quiero dejar perfectamente claro, de que la ley, el dictamen de esta iniciativa señala en el artículo 4º. y me voy a permitir leerlo para ser más exactos:
"El Poder Ejecutivo Federal establecerá el programa en los que se incluirán los precios de estímulo y los precios máximos –y dice que el programa-. Asimismo deberá contener los mecanismos y disposiciones que aseguren, que los beneficios de esta ley se trasladen íntegramente en precios de estímulo del amoníaco y fertilizantes nitrogenados a los sujetos previstos en el artículo 2º. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre los cuales tendrán preferencia los productores de menores ingresos.
Déjenme decirles a ustedes cuáles son los sujetos beneficiarios de la ley que señala el artículo 2º. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dice: Artículo 2º.- Son sujetos de esta ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural.
Está perfectamente claro de que esta ley traslada de manera íntegra el apoyo que se está estableciendo a los productores mexicanos, o sea, no podemos nosotros argumentar de que esto va a quedar en la industria, desde luego que no hay que satanizar a la industria, porque la industria mexicana está quebrada, la industria mexicana no está participando en la producción de fertilizantes.
¿Y saben ustedes por qué los fertilizantes están tan altos? El diputado Castelo lo señalaba, el precio que han alcanzado los fertilizantes, por una razón muy simple, porque destruimos la industria nacional, la industria química de los fertilizantes.
El apoyo va en favor de los productores y la industria química de los fertilizantes nos ayudará precisamente a sacar adelante a los productores nacionales.
No se tiene que satanizar la industria nacional porque se haga, porque por esa razón nosotros estamos en la situación que les comentamos y que está afectando seriamente los costos de producción de los productores nacionales. Esa es la verdadera situación; no se está afectando a PEMEX. El propio artículo 4º de la ley que nosotros estamos proponiendo señala precisamente que no se afecte a esta importante industria nacional. Esa es la verdad; es un compromiso.
Hemos cumplido cabalmente todos los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo. Estamos en vías de aprobar también la Ley de Planeación Agropecuaria, que es otro compromiso. No tenemos por qué desatender los compromisos que hemos hecho con los productores. Los productores nacionales son los que verdaderamente nos interesan y también lógicamente nos interesa la industria nacional.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para hablar en pro tiene el uso de la tribuna el diputado Edmundo Valencia Monterrubio, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.
El diputado Edmundo Valencia Monterrubio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Los actores de inversión con mayor efecto en el incremento de la productividad del campo son las semillas mejoradas y los fertilizantes. El uso universal de ambos productos en México representaría un incremento de 9 millones de toneladas solamente en la producción de maíz, o también se puede visualizar como que también puede haber ingresos equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos aproximadamente. Esta ley dará respuesta a la urgente necesidad de dotar al sector agropecuario de los fertilizantes que requiere esta actividad y con ello darles posibilidad de tener un mayor incremento en los rendimientos agrícolas.
Esta iniciativa no se inserta en el marco reglamentario del sector agro-alimentario, sino que se inserta en una nueva dinámica respecto de la regulación a una diferenciación del precio de gas natural, conceptuándolo ahora como materia prima en la producción de fertilizantes.
En el Partido Acción Nacional consideramos el acceso a los fertilizantes como un asunto de interés público. Igualmente reconocemos que la producción y acceso a los fertilizantes en México han venido en retroceso a partir de los altos precios del gas natural y factores como que la mayor parte de los cultivos de interés social en México se realizan en tierras de temporal.
Los productores sociales de maíz, frijol, café, caña de azúcar, etc., suman 4 millones de familias, cerca de 28 millones de personas y la única opción de fertilización química es a través de urea y otros nitrogenados granulados. En el Acuerdo Nacional para el Campo que les decía el compañero Cruz López, se señalan compromisos de precios de estímulo para insumos agropecuarios básicos.
Este numeral incluye diesel, energía eléctrica para uso agropecuario, así como para la pesca ribereña, sin embargo, la Ley de Energía para el Campo no incluye al amoniaco debido a que no es un energético, por lo cual constituye un tema pendiente en el Acuerdo Nacional para el Campo.
En nuestro país la utilización de la infraestructura industrial instalada y agronitrogenados es apenas de un 25%. En el 81 se producían 4.7 millones de toneladas de fertilizantes y hoy sólo se producen 1.4 millones y se ofertan a precios excesivamente elevados. Este dato refleja la fuerte caída en el consumo.
En la actualidad el gas natural tiene una aplicación general y una específica. Hoy para beneficio del sector agropecuario, los legisladores precisamos esta diferencia, la aplicación general es como combustible para la generación de energía eléctrica, para industrias que destacan como el acero, el cemento, el vidrio y la cerámica. La aplicación específica es exclusiva para las centices (?) del amoniaco, es la materia prima necesaria para poder producir fertilizantes.
En ésta además se precisa que el gas natural se utiliza como fuente de metano, para una reacción química y no como combustible y para el propósito de esta ley, se le designa como gas natural de proceso.
A través de esta ley los legisladores impulsaremos el desarrollo agropecuario y forestal del país y lo hacemos estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, primero reactivando la actividad de las plantas de PEMEX y segundo, ofreciendo certidumbre a las empresas fabricantes de fertilizantes.
Los legisladores de esta LIX Legislatura, con esta ley estamos edificando la ordenanza que les dé a los campesinos acceso a los fertilizantes químicos como insumos básicos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es por eso que hoy venimos a apoyar esta ley.
Quienes, por ejemplo se verían beneficiados serían Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque, etcétera, mismas que crecieron demográfica y económicamente en torno a la petroquímica, amoniaco y la fabricación de fertilizantes nitrogenados.
No debemos seguir dependiendo de importaciones para satisfacer nuestra demanda de fertilizantes. El admitirlo nos hace vulnerables al exterior y pone en riesgo la soberanía alimentaria del país. Como un acto de justicia, como una oportunidad para la regeneración de empleo y el desarrollo del campo mexicano, apoyaremos y votaremos en favor de esta ley.
Por su atención, gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado.
De igual manera para hablar en pro, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Julián Nazar Morales, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso compañero Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Me cae de extrañeza en la actitud de algunos compañeros diputados que hicieron uso de la tribuna hace un momento, para descalificar una ley que lleva en el espíritu el sentimiento de los productores mexicanos.
Hoy me queda claro, que lo que siempre hemos pensado con el Partido de la Revolución Democrática, de que cuando la iniciativa no nace de ellos, todo lo que nazca de otros partidos, siempre van a ir en contra.
Aquí se aplica aquél refrán, que si alguno del PRD se desmaya, son capaces de que en lugar en sí, vuelvan en no, porque no le encuentran sentido a las otras iniciativas.
Este proyecto que se está presentando a esta ley, ha sido la demanda sentida de millones de mexicanos que están sumidos en la más desesperante de la pobreza. No es posible que aquellos que firmaron el Acuerdo Nacional para el Campo vengan a desdecirse de lo que firmaron.
Pero algo más preocupante, sus candidatos andan vociferando en cada evento, de que va a abaratar los costos, fundamentalmente todo lo que proviene de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal, pero escuchamos el lenguaje de los diputados que son contrarios a lo que dice el candidato.
Esta ley que estamos peleando, que ha sido producto de la lucha también de muchos compañeros del PRD, fundamentalmente del PRI y del PAN, estamos buscando que al productor nacional se le permita competir en igualdad de condiciones como los demás países que tienen subsidio. No es posible que con la postura de los compañeros, estén avalando las empresas trasnacionales que no están inundando a precios exorbitantes, los fertilizantes tanto nitrogenados como los de urea.
Yo no los entiendo, yo provengo de una comunidad rural en donde le apostamos cada año, aplicar fertilizante a la tierra y tenemos que hacer mezcla hasta con arena para poderle dar el tanto que requiere la tierra, porque ya no podemos pagar el costo que está valiendo el fertilizante que viene de Rusia.
Tal vez los señores que me antecedieron, son teólogos de la agricultura o son tecnócratas de la agricultura, porque no puedo entender que una ley que va a beneficiar a millones de mexicanos, aunque le apliquemos el subsidio que tenga que aplicársele, lo estemos satanizando.
Estamos presentando en la Ley de Planeación, también estamos buscando reformar alguna ley, la Ley de Desarrollo Rural, para poder darle certidumbre a los programas que siempre aprobamos en la Cámara y que llega a cuenta gotas a los campesinos, principalmente a los que menos tienen.
Por eso, si la actitud de los compañeros es como una postura política para decir, "que están inmersos en los intereses trasnacionales y que las inversiones extranjeras son las que deben privilegiar en México"; pues que contrarios están a lo que su candidato anda divulgando a través de los medios en todos los escenarios nacionales.
Por ello, yo quiero decirles compañeros de todas las fracciones, no les regateemos a los hombres que menos tienen, que son los campesinos y que representan la tercera parte de la gran familia mexicana; ellos únicamente han cargado con el costo de los altos precios de los fertilizantes.
De igual forma –como mencionaba mi compañero Mundo, hace un momento-, el costo de la semilla, se ha disparado en forma exorbitante y el único que carga con los costos de la producción son los campesinos, porque le regateamos hoy el derecho de tener una oportunidad de darle a México la certidumbre a través de la producción nacional.
Yo no los entiendo, hoy quedo completamente sorprendido de la actitud, de dos que se dicen ser "luchadores sociales" y que pertenecen a un partido de izquierda; tal parece que los intereses los tuvieran con los grandes capitales de otros países, no con los mexicanos. Han satanizado la producción nacional a través de las empresas de agro nitrogenados.
¿Por qué compañeros?, ¿por qué privilegiarle a los grandes capitales como están queriendo hacer con la Ley Agraria, donde quieren que la inversión extranjera tenga participación en el 49% y dejar el 51, porque se salvaguarda los intereses de los mexicanos?
No permitamos que actitudes como las que acabamos de escuchar hace un momento, vayan a contrarrestar una propuesta de oportunidad de vida para las familias que menos tienen, que son los campesinos, fundamentalmente aquellos que viven en zonas de tierras muy ya divididas y que no rebasan ni las 5 hectáreas por familia.
Es cuanto compañeros y les pido que votemos todos a favor de esta ley, porque va ser de gran beneficio para los mexicanos que reclaman una oportunidad de vida.
Muchas gracias, compañeros. (Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para rectificación de hechos y hasta por tres minutos, tiene el uso de la tribuna la diputada Rosa María Avíles Najéra de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Rosa María Avíles Najéra: Con su venia, señor Presidente.
No vengamos aquí a manejar un discurso demagógico, diciendo que nosotros estamos en contra del desarrollo sustentable del campo. Eso es una gran falacia, si algo ha caracterizado al PRD, es que ha apoyado, tanto en la Ley de Ingresos, en presupuesto y en iniciativas de ley, que realmente apoyan al productor, no al trasnacional, no al que produce los fertilizantes.
Hubiera sido diferente, si aquí hubieran venido a plantear un subsidio directo a los fertilizantes, no querer disimular un subsidio al productor del fertilizante; que es en realidad quien sale beneficiado, no el consumidor final. Todo el problema está en el precio máximo, obviamente no va a bajar el precio del fertilizante, siempre va a estar en función del precio internacional, no lo van a dar más barato por ello no va a salir beneficiado el productor agrícola que es al que hay que beneficiar directamente, no al que produce el fertilizante.
Y por supuesto que se les olvida que acabaron con FERTIMEX, que acabaron con la Productora Nacional de Semillas, que eso sí beneficiaba a los productores agrícolas. Eso sí repercutía en la producción directa del campo, no un subsidio del gas a los productores de fertilizantes.
Y claro que podemos bajar el precio de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica si no le quitamos todo a PEMEX y reinvertimos en ella; y por supuesto que si nosotros echamos a andar aquí las empresas para hacer la gasolina, por supuesto que es obvio y natural, no se necesita ser gran economista, que si nosotros producimos la gasolina, el precio se va a abaratar, porque no la vamos a importar; igual si invertimos en la exploración y extracción del gas natural que lo estamos comprando, por cierto, al precio más caro que es el del Sur de Texas.
Así que por favor, no vengan aquí, so pretexto de los campesinos, a justificar un subsidio al productor del fertilizante.
Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para rectificar hechos, hasta por tres minutos tiene el uso de la tribuna el diputado Adolfo Murat, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Adolfo Murat Macías: Con su venia, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Subo a esta tribuna porque tenemos que ser responsables en el ejercicio del presupuesto. Es cierto que el campo requiere todo el apoyo que podamos juntar, es cierto que los campesinos mexicanos requieren fertilizantes más baratos. Sin embargo, esta ley es una ley que establece el uso del subsidio. Voy a leer textual un párrafo:
"...para cada ejercicio fiscal, el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir una partida específica para resarcirle a PEMEX Exploración y Producción, la cantidad que resulte de multiplicar la diferencia entre el precio de mercado y el precio de estímulo del gas natural de proceso, por el volumen de gas natural de proceso considerado en el programa". ¿Qué implica esto? Implica que se necesitan recursos fiscales para aplicar este subsidio.
Por ello, le pido a esta presidencia que someta a votación que esta ley regrese a comisiones y asimismo se le amplíe el turno a la Comisión de Presupuesto, dado que tiene implicaciones presupuestales de fondo, sobre todo cuando esta ley se pretende que entre en vigor hasta el 2007.
Debemos de apoyar al campo y debemos decidir así a quién le vamos a quitar los recursos. ¿A PEMEX?, ¿a la Secretaría de Agricultura? o ¿a algún programa gubernamental?, para poder apoyar a los campesinos mexicanos.
Muchas gracias.
El diputado Cruz López Aguilar (desde la curul): ¡Señor Presidente!, para rectificación de hechos.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Cruz López, rectificación de hechos. Por tres minutos tiene usted el uso de la tribuna, diputado López.
El diputado Cruz López Aguilar: Con su permiso, diputado Presidente.
Dos aclaraciones muy sencillas: la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoníaco y Fertilizantes Nitrogenados, tiene en discusión dos años y se está aprobando en Comisiones Unidas: por la Comisión de Energía y la Comisión de Agricultura y Ganadería. Durante estos dos años hubo la oportunidad de que se solicitara algún otro turno. No se hizo. Ese es un asunto, creo, que es de la mayor importancia.
Ahora, quiero hacer otra aclaración: tenemos muchos apoyos y subsidios en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ahí están y son apoyos y subsidios al campo. Muchos de ellos provienen de compromisos que se hicieron, que se suscribieron en el Acuerdo Nacional para el Campo.
Y quiero dejar aquí perfectamente claro, que en el caso del amoníaco, que es el tema que estamos tratando, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, está otorgando un subsidio al amoníaco. Entonces no estamos hablando de algo que se está inventando con la ley, sino que ese subsidio se está ejerciendo y es superior a los 800 pesos por tonelada de amoníaco. Así es que no estamos hablando ni de cosas nuevas, ni de cuestiones que no estén debidamente reflejadas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado. Si no hay alguna otra intervención le pido a la secretaría consulta a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra el dictamen suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se encuentra suficientemente discutido en lo general y por consecuencia no puedo acceder a lo solicitado por el diputado Adolfo Murat.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, en el entendido que he recibido reservas por parte de la diputada Avilés Nájera, al artículo 4o., única y exclusivamente.
No habiendo mayores reservas, se pide a la secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular …
Sonido a la curul de la diputada Avilés.
La diputada Rosa María Avilés Nájera (desde la curul): Señor presidente, solicito que sea votado en un solo acto.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien declina usted. Retira usted la reserva. Muy bien.
En consecuencia, no habiendo mayores oradores ni reservas este asunto se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Ruego a la secretaría abra el sistema electrónico de asistencia por 5 minutos para votación en un solo acto, en lo general y en lo particular, del decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso Amoníaco, Fertilizantes Nitrogenados.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 282 votos en pro, 71 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 282 votos, el proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural, de Proceso Amoníaco, Fertilizantes Nitrogenados. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
(Aplausos)
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se le dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se autoriza. Si algún ciudadano diputado tiene interés en la discusión de algún dictamen, se le pide lo haga saber a esta presidencia. Continúe secretario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía, por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Economía por los que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Puntos de acuerdo del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Desarrollo Social por los que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Estando a discusión estos puntos de acuerdo y no habiendo oradores registrados, solicito consulte la Secretaría a la Asamblea si todos estos asuntos están suficientemente discutidos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si consideran suficientemente discutidos.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutidos.
Proceda la Secretaría a recoger la votación de estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados en un solo acto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se va a proceder a recoger la votación económica de estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Ha retirado su proposición con punto de acuerdo el diputado Víctor Manuel Sánchez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en donde presentaba proposición para que se exhortara al ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a fortalecer los apoyos a PyMES y a emprendedores de ése municipio.
Se recibió del diputado Jorge Romero Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal instaure el día 20 de enero como el Día Nacional del Municipio Libre.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al grupo de trabajo que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de esta soberanía, dé seguimiento al estudio y defensa en el caso de la editorial Plaza y Valdés.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano presidente.
Así como los delitos de calumnia y difamación de carácter penal que preservan indiscutibles derechos al honor y al buen nombre de toda persona han sido desvirtuados para reprimir la libertad de expresión y crítica de los periodistas y medios de información; así también los novedosos ordenamientos punitivos en el mundo y en el país han sido extremados para atacar el robo de los derechos de autor y propiedad intelectual. en determinados momentos éstos y en ciertas circunstancias están siendo utilizados para perseguir, intimidar y quebrar financieramente a los editores y empresas editoriales que puedan afectar intereses políticos o simplemente no satisfacer las desmedidas expectativas de altas ganancias de algún autor que traslada a la editorial sus frustraciones.
En este tipo de perversiones judiciales en contra de los editores se encuentra el caso de Fernando Valdez, de la Editorial Plaza y Valdez, que constituye un verdadero baluarte de independencia y libertad al haber auspiciado la publicación de obras de gran valor en el conocimiento social, político y económico de nuestra realidad nacional y que, dentro del amplio elenco de autores, se encuentra uno del área didáctica que por décadas mantuvo con él una relación comercial e incluso de amistad, pero que a su muerte se producen problemas con su sucesión.
El hecho en sí no sería excepcional si no es porque la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en particular, en colusión con los familiares del fallecido autor, convierten un asunto de carácter civil, como lo es la diferencia en el monto de los adeudos y la procedencia o no de la terminación de un contrato, en un asunto de carácter penal, llegando al extremo de configurar falsamente el delito de piratería o de robo de derechos de autor para poder allanar las instalaciones de la editorial con un operativo expectacular de fuerzas armadas y sin entregar la orden de cateo a través de un Ministerio Público que se negó a presentar la notificación y así incautar las obras impresas en el tiempo de la vigencia del contrato y proceder a aprehender y encarcelar al editor Fernando Valdez a través de un juez de consigna como lo es César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal.
Por lo expuesto, solicito como punto de acuerdo: Unico. Se pida al grupo de trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación creado por esta Cámara para que atraiga, para su estudio y defensa, el caso del editor Fernando Valdez, internado injustamente en el Reclusorio Norte del Distrito Federal por la iniquidad de sus acusadores y del juez segundo de distrito en materia penal, Jorge César Flores Rodríguez.
Siendo evidente la irresponsabilidad penal del procesado, lo tiene sometido a la privación de su libertad. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias. Túrnese a la Junta de Coordinación Política
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se propone la creación del Centro de Estudios de la Función Pública.
El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: El que suscribe, diputado federal de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Exposición de motivos. En el mes de septiembre del 2004 esta Cámara tomó una decisión trascendente para actualizar su trabajo con la creación de la Comisión de la Función Pública. Por decreto publicado el 23 de enero pasado adquirió un carácter de comisión ordinaria.
En estos días el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados fortalece tanto la función legislativa como la de representación, gestión social, fiscalización y control de la gestión pública.
Esta situación avisora avances en el combate a la corrupción y en crear una mística de servicio, calidad, eficiencia y orientación al ciudadano de los órganos y las personas que conforman la administración pública, acciones que impactan el desarrollo social, el crecimiento económico, la integración global y la legitimidad de las instituciones públicas.
El desarrollo de la función pública forma parte de un proceso laborioso de reforma de Estado para contar con un servicio profesional de carrera, para establecer acciones y programas contra la corrupción, para transparentar las adquisiciones, los arrendamientos y la obra pública gubernamental que perfeccione los sistemas procesales de lo contencioso administrativo, que establezca sistemas de indicadores y desempeño y metas cuantificables para lograr un gobierno verdaderamente profesional, más allá del patrimonialismo, la prebenda y la discrecionalidad que produzca resultados verificables tanto por la sociedad como en su representación, por nuestra Cámara.
Nuestra proposición consiste en el establecimiento de un órgano de apoyo para la Cámara en la forma de un centro de estudios de función pública. Pretendemos que el concepto de control y fiscalización pase de ser un buen propósito o una realidad metodológica y práctica que integre bases de datos, defina indicadores de desempeño, labor de estudios y propuestas de las políticas públicas para la profesionalización, transparencia, mejora regulatoria, eficiencia y calidad del servicio público.
Por lo anterior someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
ÚNICO.- Se crea el centro de estudios de la función pública. Estará adscrito a la Comisión de la Función Pública. Su objeto es prestar en forma objetiva, imparcial y oportuna, servicios de apoyo técnico y de información analítica para el cumplimiento de las funciones de control y fiscalización atribuidas constitucionalmente a esta Cámara, sobre los órganos de la Administración Pública. Actuará conforme a su plan de trabajo aprobado y acorde con metodologías y técnicas de investigación científica, se integrará por especialistas de investigación, sistematización y análisis de información en los temas correspondientes a la función pública.
Centro de Estudios de la Función Pública contará con un director general nombrado por acuerdo mayoritario de la Comisión de la Función Pública se integrará por la estructura, tabulador y funciones que se determinen en la propuesta que presente la Comisión ante la Junta de Coordinación Política. Para ello contará con el apoyo en sus procesos y requerimientos administrativos por la Secretaria General de la Cámara; para el reclutamiento y nombramiento de su estructura directiva, de investigadores y analistas, la Comisión con el apoyo de la Secretaría General de la Cámara diseñará y ejecutará un programa específico de selección por convocatoria pública.
Analizar las políticas públicas y programas, los reglamentos, disposiciones, evaluar permanentemente el desempeño de las políticas.
En virtud de estar esto ya en nuestro documento, solicito sea considerado este punto de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social regule la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en las gasolineras del país.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso, diputado Presidente.
Hoy los mexicanos nos sentimos consternados por la irreparable pérdida de 65 mineros en Coahuila. Lamentable suceso que ha puesto al descubierto la inhumana condición laboral en que desempeñan sus quehaceres estos trabajadores. Sujetos a un miserable sueldo, estos mexicanos tuvieron que morir para que sus familias puedan aspirar a mejorar sus condiciones de vida, con la indemnización que habrán de recibir de la empresa y el compromiso de apoyar a sus hijos.
Pero estos trágicos acontecimientos podrían haberse evitado si las autoridades de la Secretaría del Trabajo cumpliera con sus funciones de manera oportuna.
Lo sucedido debe de orientar también nuestro interés hacia otro grupo de mexicanos que por centenares despachan gasolina en los expendios asentados en el territorio del país, los cuales en su mayoría ni siquiera reciben el salario mínimo y mucho menos están sujetos a algún tipo de seguridad social, puesto que sus salarios son las propinas que reciben de los conductores.
Ya sabemos que algunos propietarios de gasolineras no sólo engañan a los consumidores vendiendo litros que no son litros, sino también en que en muchos de estos expendios se obliga a los despachadores del fluido a vender una cantidad determinada de lubricantes, y si no cumplen con ello, tienen la obligación de aportar de sus escasas propinas, una cantidad fija diaria a la empresa.
Yo me pregunto, compañeras y compañeros legisladores: ¿tendrá la Secretaría del Trabajo que esperar una catástrofe para orientar su mirada hacia estos trabajadores que laboran en condiciones injustas, como las que he descrito?
Por lo expuesto es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
UNICO.- Que la Secretaría del Trabajo revise de manera inmediata la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en gasolineras del país, y en su caso se regule conforme a la ley su situación laboral.
Es cuanto, diputado Presidente.
Gracias.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Ávila Nevarez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregue a las entidades federativas los recursos asignados para infraestructura así como los del Ramo 09 para construcción y modernización de carreteras no ejercidas el presupuesto 2005.
El diputado Pedro Avila Nevárez: Con su permiso señor presidente.
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Pedro Avila Nevárez, presento a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.
Vengo a esta tribuna a pedir al Ejecutivo federal cumpla con los plazos que se fijaron para ejercer el presupuesto de egresos 2005 y 2006, principalmente en la infraestructura carretera que se aprobó en esta Cámara de Diputados.
El sello que ha distinguido a este Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, que llegó para desgracia de México a partir del año 2000, es el de retener el presupuesto Soberanía ha aprobado, año con año, y que ha bloqueado la tarea del Secretario de Comunicaciones y Transportes Pedro Cerisola, que se ha comprometido con los estados de la federación, a impulsar las carreteras que tanto necesita el país y que el presidente Fox ha dado impulso a su máximo en este gobierno.
Año con año, venía aumentando el pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, Adefas, cada año, hasta que esta Soberanía las redujo en el presupuesto 2005. En el informe sobre el estado de guarda la economía en México del cuarto trimestre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se informa que en el presupuesto ampliado 2005 por esta Cámara, las Adefas aprobadas fueron 2 mil millones 285 mil cuatro millones de pesos, que en construcción y conservación de carreteras, hubo un subejercicio de 2 mil millones 720 mil, lo que confirma que se esconde el presupuesto con otros fines de los que originalmente se definieron.
Pero lo más grave es que en los tramos carreteros aprobados, sólo se han ejercido, en base del mismo informe, sólo casi el 60& del presupuesto asignado por este Ramo, por esto es, que se debe exigir al Secretario de Hacienda, se entregue de inmediato el presupuesto subejercido en 2005, que de acuerdo al mismo estableció que se fueran a gasto en infraestructura y se libere de inmediato el presupuesto carretero.
Por lo anterior escrito, presento a esta H. Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la entrega inmediata del total de los recursos asignados a las entidades federativas para infraestructura, así como los del Ramo 9 para construcción y modernización de carreteras no ejercido del presupuesto 2005 en las ampliaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio de San Lázaro a los 22 días del mes de febrero del año 2006.
Compañeros diputados, en virtud de que las carreteras de México que enlazan a la patria no se han concluido, porque el señor Gil Díaz tiene el dinero retenido en la Secretaría de hacienda, y un hombre que si cumple con el presidente y cumple con México como Cerisola, no ha podido ejercer ese dinero en beneficio del pueblo de México, les pido a ustedes que aprobemos este Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.
Los que piden que pronto y el tiempo, es que no saben lo que la gente del campo, los campesinos, los obreros y todos los que tienen que moverse y que no tienen carreteras, es por culpa de este señor, que tiene detenido el dinero que no es de él, es del pueblo de México, ya basta que le exijan a uno que se baje de esta tribuna. Nos eligió el pueblo y venimos aquí a eso. Pido el voto a favor, compañeros.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias Secretario. En consecuencia está a discusión la proposición.
No habiendo oradores registrados, esta Presidencia considera el asunto suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, audite los recursos federales correspondientes a los fondos del Ramo 33 ejercidos en diversos municipios del estado de Guerrero, en los ejercicios 2004 y 2005.
El diputado Angel Pasta Muñuzuri: Con su permiso señor Presidente.
El suscrito diputado federal por la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Angel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al pleno de la Cámara de Diputados una proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes considerandos:
Por el derecho que me corresponde para hablar por Guerrero, el estado del sur rico en patria, en naturaleza, en historia, aquí donde surgen los Sentimientos de la Nación, donde la pobreza duele más, los ciudadanos demandan conocer la verdad: en qué se aplicaron los recursos de la Federación dados a nuestro estado en el año 2004-2005.
El presente punto de acuerdo es para requerir a la Auditoría Superior de la Federación, a su titular el Contador Público Arturo González de Aragón, audite en Guerrero y determine la denominación del Ramo 33 en lo que corresponde a las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios y se requiere revisión urgente, puntual y transparente en los rubros de educación, salud e infraestructura social.
Esta auditoría tendrá por objeto fiscaliza, verificar la distribución, administración, ejercicio y destino de los recursos federales asignados al estado en el Ejercicio Fiscal 2004-2005, pues es necesario que los recursos federales que se ejerció el Gobierno estatal y los municipios fiscalizados estrictamente en el término de la Ley de Planeación y de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilara que los recursos aprobados deban ser ejercidos con honradez, puntualidad, transparencia y equidad y por ello se debe y faculta a la Secretaría de la Función Pública, que en el ámbito de las facultades que realiza la inspección y vigilancia de los recursos federales ejercidos en Guerrero.
Por todo esto y lo que resulte, es urgente que se realice una auditoría integral en Guerrero por lo que corresponde al ejercicio en mención, lo que determine el denominado Ramo 33 correspondiente a las aportaciones federales para la entidad federativa y municipios.
Punto de acuerdo:
Unico. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en los términos que establece la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicite la fiscalización de los recursos federales correspondientes al Ramo 33 relativo a educación, salud e infraestructura social, ejercidos en el Municipio de Acapulco de Juárez; Chilpancingo de los Bravos; Taxco de Alarcón; Iguala Independencia; a Juchitlán de Progreso y Tecoanapa durante el Ejercicio en cuestión.
Gracias por su atención señor Presidente. Para que todos podamos realmente, para que todos podamos vivir mejor.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
La siguiente proposición del diputado Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, así como de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, no autoricen la bursatilización del 85 por ciento de la participación accionaria del Gobierno Federal, pretendida por el Grupo Aeroportuario del Pacífico.
El diputado Jesús González Schmal.- Con su anuencia diputado Presidente.
Con fecha 29 de octubre de 2003, 25 de mayo de 2005 y todavía este último 4 enero de 2006, se presentaron ante esta representación, distintas propuestas con Punto de Acuerdo para que el riesgo existente con la bursatilización del Grupo Aeroportuario del Pacífico, que hasta ahora es del Gobierno Federal a través de Nacional Financiera, pase a ser propiedad en su mayor parte de las empresas españolas Unión FENOSA y Dragados de España, quienes adquirirán así, no sólo la confirmación del 15 por ciento de las acciones de control que ahora detentan, sino la parte mayoritaria para evitar cualquier contrapeso al dominio de 12 aeropuertos mexicanos en el área del Pacífico, donde se encuentran centrales aeroportuarias de la importancia de Guadalajara y Tijuana.
Tal bursatilización debe de tenerse no sólo porque están pendientes las auditorías que esta Cámara de Diputados ha solicitado de la Auditoría Superior de la Federación, sino también porque los comerciantes mexicanos instalados en los corredores de los aeropuertos, han sido víctimas de los dueños españoles que los han desalojado arbitrariamente para traer nuevas franquicias internacionales e ibéricas.
Interpusieron estos comerciantes locatarios el pasado 22 de julio de 2005 ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un recurso de revocación administrativa de las concesiones aeroportuarias y la Secretaría eludió entrar al fondo en la expedición del informe justificado, por lo que se tuvo que interponer un amparo en revisión, que todavía está pendiente de resolución.
Sobra decir que la concesión de los 12 aeropuertos de la zona del Pacífico otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacífico, significa prácticamente la cesión a título gratuito de las instalaciones de los aeródromos y de todos los servicios conexos que constituyen activos estratégicos del patrimonio nacional por un plazo de 50 años prorrogables a otros 50 más con lo que México perderá la capacidad de control sobre uno de sus principales activos estratégicos.
Por lo anterior, respetuosamente someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, entre otras razones por la interposición del recurso de rescisión administrativa promovido por los comerciantes de los aeropuertos, aunado a los negativos antecedentes citados por el presente Punto de Acuerdo y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, debe rechazar la bursatilización del 85 por ciento de la participación accionaria que detenta el Gobierno Federal, la que evidentemente será adquirida por AENA y sus filiales Unión FENOSA y Dragados de España, significando un mayor perjuicio al ya ocasionado para el patrimonio de los mexicanos y para el ejercicio de la soberanía nacional.
Palacio Legislativo.
Jesús González Schmal, suscritor de esta petición.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Transportes.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Orden del día de la próxima sesión)
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias Secretaria.
Se pide la Secretaría abra el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Ábrase el sistema electrónico por seis minutos para verificación de asistencia.
(Verificación de Asistencia)
Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputado Presidente hay un pase de asistencia de 353 diputados.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias Secretaria. (A las 16:06 Horas) Se levanta la sesión y se cita para que la tendrá lugar mañana jueves 23 de marzo a las 10:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:00 horas.