El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se procede a pasar lista de asistencia de quienes integran la Comisión Permanente. ¿Falta alguien más de pasar lista?
Hay una asistencia de 23 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: (A las 12:01 horas) En consecuencia, se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Gracias. ¿Por la negativa? (Votación)
La mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a la solicitud del diputado Valentín González Bautista. (Comunicación del Dip. Valentín González Bautista)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide al a Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Está a discusión el punto de acuerdo.
"Unico.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Valentín González Bautista, para separarse de sus funciones con diputado federal electo en el Vigésimo Noveno Distrito del Estado de México, a partir de esta fecha".
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (Votación)
¿Quienes estén por la negativa? (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Solicitud del diputado Oscar González Yáñez. (Comunicación del diputado Oscar González Yáñez)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señora Secretaria, ponga a discusión el Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el siguiente Punto de Acuerdo.
"Unico.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Oscar González Yáñez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal a partir de esta fecha".
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos y ciudadanas legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, favor de expresarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: De los Congresos de los Estados.
(Oficio de los Congresos de los Estados de Guerrero, Sonora y Tlaxcala, con los que se remiten Acuerdos por los que se rechazan la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y el Control de Inmigración Ilegal)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Segunda Comisión de Trabajo, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y a los senadores Leticia Burgos Ochoa y Mariano González Zarur.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Oficio del Congreso del estado de Jalisco, con el que remite acuerdo para que el Gobierno Federal libere los recursos presupuestados para atender la contingencia económica de la baja productividad en el campo del 2005)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio del Congreso del estado de Tamaulipas)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio del Congreso del estado de Tlaxcala)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Educación y Cultura, de la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite Acuerdo sobre la designación de Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Distrito Federal).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite Acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión a que revise, modifique o en su caso, cancele el acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y restauración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Iniciativa del Congreso del Estado de Oaxaca. (El Congreso del Estado de Oaxaca remite iniciativa que reforma la fracción XXV y adiciona la fracción XXV bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: (Oficio de la Comisión Nacional del Agua con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: (Oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que remite información relativa a la evolución de los Ingresos y Egresos del endeudamiento neto del mes de noviembre de 2005, de conformidad con lo que establece el artículo 3º numeral 6º de la Ley de Ingresos de la Federación).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Secretaría de Seguridad Pública)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, remite propuesta del Presidente de la República para la ratificación de los licenciados Silvia Eugenia Díaz Vega y Jorge Alberto García Cáceres, como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el permiso constitucional para que el ciudadano Embajador, Jaime Enrique Inocencio García Amaral pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en Grado de Encomienda con Insignia y el Mérito Civil, en Grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Maria del Rosario Herrera Ascencio: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, permiso constitucional para que los ciudadanos Silvia Moreno Galván y Angel Pérez Rodríguez, puedan prestar servicios en la Embajada de la República Popular China, en México)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Maria del Rosario Herrera Ascencio: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, permiso constitucional para que los ciudadanos Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Diana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá, en México y en el Consulado de Canadá en Monterrey, Nuevo León, respectivamente)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Maria del Rosario Herrera Ascencio: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Yessica Andrade Quiñones, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz, puedan prestar servicios en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América en México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez puedan presentar servicios a la Embajada y en los Consulados de Estados Unidos de América, en México, Hermosillo, Sonora y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Quince oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite las hojas de servicio de Arturo Aldana Varela, Gabriel Herrera Carrillo, Ernesto Pérez Monroy, Jesús Alfonso Valdez, Antonio Fuentes Cruz, Maximino Mondragón González, Francisco Javier Revilla Macías, Fernando Federico Arcaute Velázquez, Emir Alejandro Kuri García, Juan Ramón Aguilar Ramírez, Dagoberto Espinosa Rodríguez, Francisco Moreno González, Franciso Javier Andrade Ramiro, Sergio Aponte Polito y Jorge Juárez Loera, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítanse a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Doce oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio del ciudadano José María Ortega Padilla, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil, en Grado de Encomienda, que le confiere el Gobierno del Reino de España)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la propuesta del Presidente de la República para la ratificación del nombramiento del C. Ernesto Zamarripa Morones)
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos legisladores.
Tiene la palabra el diputado Mario Zepahua Valencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 14 y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente.
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 14 fracción I y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:
Para el Constituyente Permanente, establecer en la Ley Fundamental la organización de las políticas de desarrollo social para obtener el bienestar de la población, dispuso entre otras prerrogativas, la obligación de garantizar a los gobernados disfrutar de vivienda digna y decorosa, advirtiendo que la legislación secundaria establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
La Ley Federal de Vivienda promulgada el 7 de febrero de 1985, se constituyó en el dispositivo con el fin de cumplir los objetivos del párrafo 5° del artículo 4 de nuestro Código Político, logrando consolidar los programas permanentes del INFONAVIT y el FOVISSSTE como objetivos específicos concretos.
El tema de la vivienda, como podemos ver, no corresponde únicamente a una política que deba cumplirse con programas permanentes, existen además los de carácter abstracto; es decir, aquellos que se originan con la planeación y se localizan en el contexto del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción I, el cual preceptúa que a la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde formular, conducir y evaluar la política general para el combate efectivo a la pobreza, en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda.
Es decir, el contexto de la vivienda para esta dependencia debe de ser interpretada con un objetivo de interés público encaminado al abatimiento de la pobreza de los mexicanos, por ser la parte moral de la Administración Pública en las acciones que procuren proveer a los que menos tienen posibilidades de crecimiento económico, con arreglo al ejercicio de las facultades conferidas a fin de que se traduzcan en actos concatenados que produzcan efectos materiales en beneficio del país.
El cuadro normativo que aborda a nivel interno la funcionalidad de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus manuales de organización y procedimiento para la lograr la satisfacción de los mínimos de bienestar de la población plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra la Ley General de Desarrollo Social, cuyo artículo 14 señala que la política nacional de desarrollo social debe incluir las vertientes de superación de la pobreza mediante la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo, capacitación, seguridad social, desarrollo regional, infraestructura básica y fomento económico.
Como podemos apreciar, estos objetivos van encaminados a favorecer a un sector carente de recursos propios para obtener los beneficios del desarrollo social y que se justifican en el esfuerzo del estado para abatir los fenómenos sociales que propician la pobreza, por ser éste un problema nacional que influye en la economía del país.
Por tales consideraciones es procedente adicionar al fundamento legal en comento, el tema de la vivienda, en atención a que el formar parte de este particular, conforme a las metas de la Secretaría de Desarrollo Social, en arreglo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de ningún modo existe justificación para que la Ley General de Desarrollo Social a la luz de las normas, pueda dejar de cumplir con los programas de fomento a la vivienda, dado que el legislador omitió preceptuar en el citado fundamento, dicho objetivo, como lo señala la presente iniciativa.
Asimismo, debemos valorar que para lograr los alcances planteados por la Ley General de Desarrollo Social, los servicios públicos son un elemento esencial, por ser las personas que están facultadas para poner en marcha, proseguir y materializar los objetivos de la dependencia, debido a que para obtener el puntual ejercicio de sus atribuciones discrecionales, deben enfocarse en sus actos al cumplimiento de los programas, los cuales, muchos son de carácter económico, tocantes al financiamiento y gasto, obligando a los titulares a destinar los recursos otorgados en el paquete presupuestal.
En la logística de las reglas de operación de los programas, deben destinarse un número de recursos económicos para satisfacer los conceptos de publicidad e información, para identificar las políticas de desarrollo social con el escudo nacional y la leyenda: "este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social, como se preceptúa en el artículo 28 de la ley en comento".
Por tratarse de un fundamento de carácter organizacional, que entraña una obligación con la sociedad, vinculado al ejercicio de los recursos económicos, su objetivo tutela el combate a la pobreza y que los programas de ningún modo sean confundidos en tiempos electorales con actos de proselitismo, que prohiben los artículos 185, inciso 2 y 186 inciso 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de no involucrar políticas públicas con intereses de índole partidista, así como evitar atribuir acciones a entes ajenos a la Administración Pública; sin embargo, es de explorado derecho que en tiempos electorales se dificulta el cumplimiento de esta disposición, acrecentando, por ser un dispositivo que de manera expresa no establece sanción, siendo una norma imperfecta.
La anterior situación tiene materia para lograr hacer cumplir forzosamente, a quien incumpla la disposición de mérito, a través de aplicación genérica de lo ordenado en los artículos 67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social, a través de la denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos o contravengan los demás ordenamientos relacionados con el desarrollo social.
En forma específica, carece de un planteamiento que dé certidumbre jurídica, que la Administración Pública no podrá valerse de los recursos destinados para los programas de desarrollo social para favorecer a algún candidato o partido político, propiciando probables situaciones de impunidad e iniquidad, lo cual se pretende erradicar con la presente iniciativa, que plantea adicional un párrafo en el que expresamente se aperciba a los servidores públicos, que se abstengan de cumplir los fines de las políticas sociales conforme al Plan Nacional de Desarrollo.
Todos los órganos de Gobierno, sin importar su naturaleza, deben ejercer todos y cada uno de los actos a que los obliga la ley de manera honrada y transparente, con la finalidad de brindar a la sociedad un margen de credibilidad en las instituciones y dignificación de la política, como se plantea en la presente iniciativa, que dará al estado de derecho elementos concretos e importantes para la defensa de los intereses de todos los mexicanos en la lucha contra la pobreza y el logro de la justicia social.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 14, fracción I y XXVIII de la Ley General de Desarrollo social, para quedar como sigue:
Artículo único.- Se adicionan los artículos 14, fracción I y XXVIII de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Capítulo II. De la planeación y la programación. Artículo 14.- La política nacional de desarrollo social, debe incluir cuando menos las siguientes vertientes: Uno.- Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.
Capítulo II. Del financiamiento y el gasto, auto empleo y capacitación.
Capitulo III del financiamiento y el gasto.
Artículo 28.
La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social, deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. El incumplimiento a la presente disposición, será motivo fundado para la denuncia popular que se preceptúa en el artículo 67 de la presente ley".
Transitorio.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero del 2006.
Solicito de manera atenta y respetuosa señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo pides, señor diputado, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se ordena turnar a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 71 a la Ley General de Población.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
La que suscribe, Irma Figueroa Romero en su carácter de diputada federal, perteneciente a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa al tenor de la consecuente exposición de motivos:
El Instituto Nacional de Migración en el documento llamado: "Propuesta Migratoria Integral en la Frontera Sur de México", el cual es resultado de tres foros, plantea diversas estrategias entre las que se encuentra la protección de los derechos de los migrantes que se internan por la frontera sur de México, estableciendo la necesidad de fortalecer la capacitación del personal a su cargo, a fin de que actúen conforme a la ley, en lo que se refiere a derechos humanos y procesos jurídicos, en relación con los migrantes extranjeros indocumentados que son asegurados.
Otro punto más, es la necesidad de fomentar la cultura de la denuncia por violación de los derechos humanos y que debe ser una actividad de cooperación entre todos los involucrados e interesados. En ese sentido, considero que existen buenas intenciones por parte de las autoridades encargadas del Instituto Nacional de Migración, pero es bueno que como Poder Legislativo, contribuyamos estableciendo la ley de urgencia de brindar un trato digno y el pleno respeto de los derechos humanos de los extranjeros indocumentados en México. Recordemos que ellos van también en busca del sueño americano y que nuestro país para ellos, no es de destino, sino de transito; ellos igual que muchos de los nuestros van en busca de una mejor calidad de vida para su familias.
El Instituto Nacional de Migración en las estadísticas que publica, señala como eventos de rechazos, aseguramientos y devoluciones en el periodo que comprende de enero a noviembre del 2005, mayormente a brasileños, guatemaltecos, ecuatorianos y costarricenses. Reportando también en este mismo periodo 221 mil eventos de devolución a sus países de origen por carecer de la documentación requerida para estar de manera legal en el territorio mexicano.
Recientemente aparece en un medio de circulación nacional, el hecho de que las quejas en contra del Instituto Nacional de Migración se han incrementado hasta en un 285% en este sexenio, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asimismo los cónsules de El Salvador, Honduras y Guatemala, presentan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2004, una queja por el maltrato que viven sus connacionales en México y exigieron que el paso de los migrantes por México, no sea confundido con una forma de delincuencia.
Por otra parte la ONG sin fronteras ha señalado que las quejas se incrementen en la medida que la CNDH se acerca cada vez más a la población. La CNDH concluye en el informe especial sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración, que en México se están violando los derechos humanos de los extranjeros ilegales que son asegurados, básicamente señala:
Que existen diversas irregularidades que prevalecen en la mayoría de las estaciones migratorias, las cuales se traducen en violaciones a los derechos humanos de los migrantes asegurados a recibir un trato digno a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a la protección de la salud.
Concretamente, las estaciones migratorias carecen de la capacidad instalada necesaria para albergar en condiciones de dignidad a los asegurados, al no contar con áreas específicas que permitan la separación de hombres, mujeres, menores, familias, enfermos, psiquiátricos y infectocontagiosos. De igual manera, no guardan dichas instalaciones el estado óptimo de servicio para el que están destinadas y no se observan condiciones de higiene, mantenimiento, ventilación, iluminación y áreas de esparcimiento ni al aire libre, y así mismo, el servicio de alimentación llega a no ser proporcionado con la debida oportunidad, calidad y suficiencia.
Es recurrente el hacinamiento sin que se instrumenten las medidas inmediatas y existan los planes necesarios para resolver estos casos, a fin de evitar el deterioro en las condiciones de estancia de los albergados.
Ejecutan la medida administrativa del aseguramiento y omiten dar de inmediato el aviso correspondiente a las representaciones consulares o diplomáticas del país del que es nacional el extranjero, con lo que se vulnera el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de este.
Finalmente, la falta de prestación ante el servicio médico en la mayoría de las estaciones migratorias de nuestro país, provoca que las enfermedades de los asegurados no sean atendidas de manera oportuna y que prácticamente no existan actividades de detección y prevención de los diversos padecimientos.
La Ley General de Población, en su capítulo II referente a migración, establece que a la Secretaría de Gobernación le compete vigilar la entrada de extranjeros, lo cual lo realiza a través del Instituto Nacional de Migración.
También en el último párrafo del artículo siete, apunta el hecho de que la Secretaría velará por el respeto de los derechos humanos de los sujetos a dicha ley.
Considero que es necesario que se adicione a la Ley General de Población, a fin de establecer en el artículo 71, la obligación de que la Secretaría de Gobernación al establecer las estaciones migratorias procurará siempre que las condiciones físicas del lugar procuren la dignidad y el respeto de los derechos humanos de los extranjeros que son asegurados.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 71 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
"Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente, para alojar en las mismas como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como aquellos que deben ser expulsados, procurando siempre que el aseguramiento implique el pleno respeto de sus derechos humanos, apego a la legalidad e inmediato aviso a sus representantes consulares, y que en las estaciones migratorias su estancia sea digna en cuanto a espacios adecuados que impidan el hacinamiento, alimentación de calidad y atención a su salud.
Transitorio: Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."
Solicito, señor Presidente, respetuosamente, se inserte el texto total en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, señora Diputada, se inserta la iniciativa que acaba de presentar de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 25, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Joel Padilla Peña: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
En el año 1997, con el fin de fortalecer el federalismo entre los estados y municipios y la federación, se propuso crear fondos de aportaciones en materia de Educación Básica y Normal, servicios de salud, infraestructura social, fortalecimiento de los municipios y del Distrito Federal, y de aportaciones múltiples.
El Ejecutivo federal promovió una iniciativa de ley para adicionar un capítulo quinto a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado de los Fondos de Aportaciones Federales.
En lo que corresponde al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal, la justificación dada para la creación de dicho fondo fue que a raíz de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Básica, donde se acordó la descentralización de los servicios de educación básica de los estados. Por lo tanto, también correspondía a la Federación buscar el mecanismo para transferir los recursos financieros para la operación del servicio.
En la Ley de Coordinación Fiscal vigente el artículo 26 dice a la letra: "…con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que les corresponda, los estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación."
El artículo anteriormente señalado estipula que los recursos enviados a los estados son para los niveles mencionados en el artículo 13 de la Ley General de Educación, el cual establece lo siguiente: " … corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: Prestar servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás, para la formación de maestros."
Con ello, queremos justificar nuestra intención de crear un fondo de aportaciones para la educación inicial porque este nivel educativo reconocido como tal en la Ley General de Educación, aunque no está reconocida su obligatoriedad, se imparte de manera importante en nuestro país.
La misma Secretaría de Educación Pública cuenta con centros de desarrollo infantil, instituciones de seguridad social como son: El IMSS, el ISSSTE, tienen guarderías y estancias de desarrollo infantil respectivamente. Así también como el DIF cuenta con centros asistenciales de desarrollo infantil.
En estos centros se brinda educación inicial a los niños entre 0 y 3 años. Pero no son los únicos, existen organizaciones sociales y comunales entre otras, que crean su CENDI para atender las demandas de las familias y los niños. Es importante resaltar las bondades de este nivel educativo
La estimulación temprana es uno de los principales activos de esta modalidad educativa. Es necesario destacar que durante el primer año de vida de los infantes su cerebro desarrolla el 25% del tamaño del cerebro adulto, durante los primeros 6 meses de vida el 50% y durante el tercer año de vida el 90%.
Con ello se deja constancia que los primeros 3 años de edad en los infantes son de gran importancia y es ese momento cuando son una esponja y pueden absorber y asimilar actividades que redundarán tanto en el aspecto educativo, escolar y familiar.
La educación inicial tiene ámbitos de acción tales como la asistencial, el pedagógico y el social. Cada uno de estos cumple con una función muy importante en la formación y educación de los infantes.
Por lo tanto, es de vital importancia crear un mecanismo para dotar a las entidades federativas de recursos para que puedan atender este nivel educativo de manera más eficiente y con calidad.
Por ello, el objetivo de la iniciativa es adicionar el Fondo de Aportaciones para la Educación Inicial al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, puesto que en éste se encuentran comprendidos los fondos que fueron establecidos mediante los decretos de ley de 1997 y 1998.
La constitución de estos fondos fue primordialmente fortalecer el federalismo entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales. Con ello, se buscó fortalecer las haciendas estatales y municipales, buscando la mejor forma de otorgar los recursos a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación Inicial, que se proponen, se plantean la adición de los artículos 47, 48 y 49 a la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se especificará cómo se hará el reparto de recursos entre las entidades federativas.
Los criterios para la asignación de los recursos para el fondo de aportaciones para educación inicial, serán los mismos que se aplican en la asignación de recursos para el fondo de aportaciones para la educación básica y normal.
Señor Presidente, por razones de tiempo obviaré la lectura completa al articulado, dado que está publicado en la Gaceta Parlamentaria; solamente solicito respetuosamente insertarlo de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.
Como lo ha solicitado, se ordena que se inserte el texto íntegro en el diario de los Debates la iniciativa que usted acaba de presentar y se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Nava Díaz, para presentar iniciativa que crea la Ley del parque Vehicular en México, suscrita por el senador Erick Luis Rubio Barthell, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfonso Juventino Nava Díaz: Con su permiso, señor Presidente.
Amigos y amigas legisladores:
Este trabajo que ponemos respetuosamente a su consideración, es producto de un trabajo de empeño, de conciliación, de escuchar las voces que demandan crear los marcos jurídicos.
En este trabajo han intervenido la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, han intervenido las asociaciones de propietarios de vehículos, ha intervenido el Senado de la República a través del Senador Erick Luis Rubio y hemos intervenido diversos diputados que tenemos clara conciencia del tema que expondremos.
Cuando en 1896 se puso en circulación el primer vehículo automotor y luego, cuando en México, en 1925 se estableció la primera planta de automotores, nunca imaginamos el impacto que sobre la sociedad tendría este invento del hombre. En la actualidad, no se concibe la dinámica social sin la presencia de vehículos automotores.
Sólo por tratar de ser gráficos, imaginemos esta Ciudad sin taxis, sin ambulancias, sin patrullas, sin transporte colectivo y que los millones de habitantes no contaran con un vehículo para desplazarse a sus centros de trabajo.
El vehículo se ha convertido para las familias, después de las viviendas, en el patrimonio más importante que puedan poseer.
Las siguientes cifras nos demuestran la importancia del tema: a septiembre del 2005, el parque vehicular nacional se integra o se integraba casi con 23 millones de unidades, 23 millones de vehículos automotores; de los cuales era 15 millones de automóviles, 7 de camiones de carga y 300 mil de pasajeros.
La concentración de este parque vehicular se da especialmente en cinco entidades federativas: el 17 por ciento en el Distrito Federal, el 9 por ciento en Jalisco, 7 en el Estado de México, 6 en Nuevo León y 6 en Baja California. En los últimos años, el parque vehicular se ha incrementado de forma tal, que conlleva enormes retos para el desarrollo urbano.
En este sentido, la circulación de automóviles particulares creció en los últimos cinco años casi el 50 por ciento, pasando en el año de 2000, de 10 millones, a 15 millones en el 2005.
Sin embargo, al crecimiento del parque vehicular no le ha correspondido una adecuada legislación que precise el marco jurídico para un desarrollo urbano, un desarrollo ordenado y sustentable de este extraordinario crecimiento vehicular.
La industria automotriz en nuestro país tiene una presencia muy vigorosa; contribuye con el 13.1% del personal ocupado en el sector manufacturero y el y el 1 y medio del total nacional.
Esto significa, que la cadena productiva genera aproximadamente un millón de empleos en nuestro país. También, genera el 10% de los ingresos tributarios y es, en Latinoamérica, el tercer ramo industrial más importante.
Esta Ley que estamos proponiendo, Ley del Parque Vehicular en México, tiene como objeto fundamental, asegurar el crecimiento sostenible y sustentable del parque vehicular; un crecimiento que favorezca la seguridad, que proteja el medio ambiente, que preserve e incremente la planta productiva de la industria automotriz del país y que desarrolle estrategias de ventas competitivas, que aseguren a la población, especialmente a la de escasos recursos, la adquisición de vehículos mediante una serie de estímulos.
Esto se podrá lograr, según lo planteamos en la Ley, mediante dos instrumentos fundamentales: la creación de la Comisión Nacional del Sector Automotor y la constitución del Fideicomiso para la Renovación del Parque Vehicular. Ambas estarán integradas por el Ejecutivo Federal a través de las distintas secretarías o representantes de la industria y la comercialización automotriz, por sindicatos de trabajadores y por universidades que conozcan del ramo ecológico.
Como líneas de acción, la Comisión interpretará las siguientes, dentro de otras:
Concertar acuerdos entre las diferentes ramas y grupos ecológicos.
Revisar y proponer las diferentes disposiciones legales que favorezcan a la modernización del sector automotriz.
Examinar periódicamente las repercusiones de tratados comerciales y que, sobre todo, el crecimiento del parque vehicular preserve el ambiente ecológico de entre los sistemas de verificación.
Del Fideicomiso para la Renovación del Parque Vehicular, cito algunas cifras: del total del parque vehicular, el 41% tiene más de 15 años, tienen ausencia de catalizadores de fábrica; son vehículos que pertenecen en su mayoría, a una población de escasos recursos. Este Fideicomiso tendrá el compromiso de trabajar para hacer posible que quien así lo desee, pueda acceder a vehículos en mejores condiciones de las que ahora se pueden establecer.
Finalmente, es importante destacar que el objeto de esta Ley no se cumpliría a plenitud si no se considera el fenómeno de los autos de procedencia extranjera que circulan irregularmente en el país.
En efecto, más allá de buscar culpables, más allá de reconocer la ilegalidad de estos vehículos, debemos de buscar la solución para los mismos.
El 25% del parque vehicular que circula en nuestro país, está en condiciones de ilegalidad. Se trata, por lo tanto, de reestablecer el Estado de derecho, la equidad fiscal y la seguridad pública en lo referente a este parque de procedencia extranjera.
En suma, se trata de una ley que auspicie la legalidad provocando el desarrollo con una ley que reconozca e interprete con claridad la complejidad del parque vehícular. Se trata de lograr un crecimiento sustentable. Se trata de reconocer que nuestro país podrá cambiar la vecindad con el mayor país de procedencia y de fabricación de vehículos.
Se trata por lo tanto, de encontrarle a la industria la solución a las desigualdades, a las asimetrías. Se trata por lo tanto también, de que esa población de escasos recursos que requiere un vehículo, pueda y tenga derecho de acceder a ellos.
Quiero, señor Presidente, rogarle… he entregado un texto corregido de esta ley, rogarle por favor sea publicado. Agradezco a todos esta oportunidad.
Estamos hablando no de un tema menor, estamos hablando de un tema de una relevancia tal que la solución, el sentar bases para este problema, nos asegure a la industria, a la parte comercial, a los usuarios, esa respuesta sentida de que todos podamos crecer, podamos participar estableciendo leyes en las que todos estemos de acuerdo como es el caso de esta Ley propuesta.
Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor diputado.
Como lo ha solicitado y entendiendo que el texto varía en relación con el publicado en la Gaceta Parlamentaria, se ordena –previa firma del documento de la iniciativa correspondiente- que se publique en la Gaceta Parlamentaria el nuevo texto y éste se remita a las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un cuarto párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la presidencia.
La seguridad social en ese avance de la seguridad colectiva, comprende una amplia gama de servicios esenciales para preservar y mejorar la condición humana: asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, deportivos, etcétera.
El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, han desarrollado esfuerzos de ampliación de cobertura de los servicios de salud, brindando acceso a la atención médica a la gran mayoría de los mexicanos.
A pesar de ello, entre dos y tres millones de familias se empobrecen anualmente debido a que emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud.
Este gasto de bolsillo cuyo desembolso se destina principalmente a la compra de medicamentos y consultas médicas, afecta sobre todo a los hogares de bajos ingresos.
Según el registro del Censo de Población y Vivienda 2000, el 57.8 por ciento del total de la población del país no está asegurada por alguna institución de seguridad social, por lo cual en la mayoría de los casos posterga e incluso deja de atenderse por el alto costo que el tratamiento involucra el limitado patrimonio del que se dispone.
Este amplio sector, de no asegurados, se encuentra en mayor riesgo de empobrecimiento por gastos catastróficos de salud. Esta realidad dio origen a la creación del seguro popular cuyo objetivo central es reorganizar el sistema de la salud en el país a fin de garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por motivos de salud. De esta manera se lograría materializar la prerrogativa constitucional del derecho que todo mexicano tiene a la protección de la salud.
La unidad de protección del seguro popular es el núcleo familiar integrado por el titular, su cónyuge, sus descendientes directos menores de 18 años y/o sus hijos solteros de 18 a 25 años que cursen la educación media superior o superior, hijos discapacitados, dependientes y sus ascendientes directos mayores de 64 años y dependientes económicos que vivan en el mismo hogar.
Es importante resaltar que la condición socioeconómica no es restrictiva para el acceso al Seguro Popular, pues cuenta con un esquema no contributivo para aquellas familias que por su condición económica o por su marginación no puedan tributar al Sistema.
El diagnóstico del que parte el Seguro Popular descansa en lo ineficiente e injusto que resulta el contexto financiero de la salud en México para las familias más desprotegidas.
La reorganización del Sistema de Salud a través del Seguro Popular, como vehículo financiero, está enfocado a romper con los problemas del reducido financiamiento de la salud, desigualdad en la distribución recursos públicos y presupuestos inerciales ineficientes. Para ello plantea reestructurar los servicios de salud públicos a fin de corregir los desequilibrios financieros existentes en el Sector Salud y canalizar los recursos públicos de acuerdo a las necesidades de salud de las distintas regiones y grupos poblacionales.
Optimizar también el aprovechamiento de la infraestructura pública para la atención de la salud mediante una planeación y manejo integral de los recursos públicos destinados a los servicios de salud, y también garantizar una cantidad mayor de recursos públicos de la Federación y los estados para incrementar la infraestructura y gama de servicios de salud a que tenga acceso la población abierta.
Sin duda esta estrategia de universalizar la salud está dando buenos resultados. A la fecha el Seguro Popular ha afiliado a más de 3 millones de familias en el país y ha probado ser un instrumento eficaz en el aspecto de distribución del ingreso. El 92.8% de las familias beneficiadas se ubica en los dos primeros deciles de ingreso, rango en el que las familias no aportan un solo peso de contribución.
De esta forma se inscribe una estrategia de erradicación de la pobreza, bajo el supuesto de que si se carece de salud no se puede tener acceso a los demás bienes y servicios de desarrollo personal y social.
La reforma a la Ley General de Salud y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo de 2003 y el 5 de abril de 2004 respectivamente, reforman, adicionan y dan vida al Sistema de Protección Social en Salud, mediante el cual se convierte en ley el Seguro Popular.
Sin embargo, el Seguro Popular no está exento de dificultades, sobre todo con la aproximación de la contienda electoral. Resulta un gran desafío mantenerse hasta cumplir la transitoriedad establecida en la Ley como una estrategia de Estado, alejado de la coyuntura y de las posiciones políticas. En la práctica depende del respaldo que se les dé de parte de los gobiernos, tanto Federal como estatales. Hay que tomar en cuenta que los servicios de salud han sido en su mayoría descentralizados a las entidades federativas.
Esta realidad está presente en la operación del Sistema de Protección Social, ya que las entidades federativas, además de operar directamente los servicios de atención médica, participan en su financiamiento, de ahí la necesidad de que se asegure no sólo el compromiso presupuestal de la hacienda federal, sino que sea correspondido por los gobiernos de los estados sin importar su ideología y color partidista.
Coincidimos plenamente con la propuesta de la Comisión Nacional de Gobernadores: Se debe oficializar el Seguro Popular. Por ende, esta iniciativa pretende establecer el derecho constitucional de toda persona, a disponer de una institución de salud que le proporcione atención y asistencia médica gratuita. Para hacer efectivo este derecho, tomando en cuenta que ya existen instituciones de seguridad social que cubren alrededor de la mitad de la población. Se prevé entonces que la población abierta se incorpore al Seguro Popular.
Al día de hoy los niveles de cobertura y calidad son insuficientes para satisfacer la demanda de afiliación al Seguro Popular con su incorporación al texto constitucional. Precisamente se busca manifestar y estructurar de manera adecuada este Seguro, de esta manera se logrará definir la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno federal y local y dar contenido efectivo al derecho, a la protección de salud haciendo más explícitos los derechos y las obligaciones de la ciudadanía y el gobierno tanto local como federal.
En virtud de lo expresado es que presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para añadir y quedar como sigue:
"Artículo cuarto. Las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud, la ley definirá los lineamientos de afiliación y las bases de prestación de servicios del Sistema, así como la participación económica de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Es cuanto diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma la base tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de autonomía de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y su Consejo de Representantes.
El diputado Iván García Solís: Gracias ciudadano Presidente.
Quien suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presento por mi propio derecho y con fundamento en la normatividad vigente el siguiente proyecto de redecreto que reforma y adiciona la fracción II de la base tercera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y la creación de los Consejos de Representantes. Esto en función de la siguiente exposición de motivos:
Una de las demandas reiteradas por nuestro partido, el de la Revolución Democrática pero por muchas fuerzas más, la mayor parte de los partidos en distinto grado y por supuesto la intelectualidad democrática concuerda en que el Distrito Federal debe avanzar para constituirse en una entidad con plenos derechos similares a los que tienen las entidades federativas que constituyen este país.
Con la intención de dar un paso más en esta materia, en este curso, presento esta iniciativa que busca una transformación de las demarcaciones políticas para que cuenten con una mayor autonomía de gestión que les permita brindar de manera eficiente los servicios públicos indispensables en el ámbito territorial que les corresponde, y de modo correlativo también se propone que exista un Consejo de Ciudadanos que coopere, que coadyuve a la vigilancia de este ejercicio delegacional.
Tratamos de caminar, pues, hacia la reconstitución del municipio en la ciudad de México. Desde luego un municipio concebido no necesariamente en su forma original sino en su forma más evolucionada, y cuando digo en su forma más evolucionada me refiero a los cambios que progresivamente se han hecho al artículo 115 y que tienen qué ver con diferentes aspectos, pero uno muy importante: el que abarca las labores de coordinación entre los gobiernos y las entidades de autoridad que ahí existen, en zonas conurbadas y en zonas que pertenecen a una misma población.
Debemos recordar, de manera breve, la historia de la supresión de los municipios, porque la ciudad de México tuvo municipios de 1917 a 1928, pero sabemos que en el proceso de concentración del poder presidencial estos municipios fueron cancelados; esto ocurrió en 1928 a propuesta del General Alvaro Obregón. Hubo oposición a esta reforma, hay que rescatar los argumentos que entonces se dieron.
Un vocero muy importante que defendió a los municipios en la primera sesión porque en la segunda fue amenazado prácticamente, en aquellos tiempos turbulentos de las legislaturas de esa época, fue Vicente Lombardo Toledano. Si se revisa su exposición no impregnada de argumentos ideológicos, sino de argumentos de eficiencia administrativa de participación democrática y en suma de modernidad, se podrá rescatar esta parte del pensamiento legislativo que es muy conveniente que tengamos en cuenta.
En esa ocasión no hubo forma de mantener los municipios y, por lo tanto, desaparecieron y fueron sustituidos años más tarde por delegaciones político-administrativas, primero más administrativas que políticas, casi dijéramos delegaciones policiacas en el comienzo, porque todo el poder en la ciudad estuvo concentrado en el Jefe de Gobierno, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, como se le llamó, hoy es Jefe de Gobierno democráticamente electo.
Esta breve historia nos indica que la larga marcha en el Distrito Federal por modificar las instituciones que lo rigen debe ser conocida, asimilada y desde luego base para nuevos cambios.
En 1996 fue un cambio importantísimo, porque se dio legitimidad democrática a la autoridad delegacional, pues la fracción 2 de la base tercera del 122 de nuestra Constitución Política señala que será el estatuto de Gobierno el que establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones en que se divida el Distrito Federal. Al mismo tiempo, se dice que los titulares de esos órganos serán electos de manera universal, libre, secreta y directa. Sin embargo, en esa ocasión un artículo transitorio hizo que esta reforma se pospusiera hasta el primero de enero del año 2000.
Aquí estamos corroborando esta evolución no exenta de dificultades, de tropiezos, pero que podemos decirlo con toda claridad, tiene un destino y un horizonte ciertos: evolucionar y mejorar las condiciones representativas del Distrito Federal.
En esta ocasión, entonces, la modificación que propongo es para dotar a las delegaciones políticas de un estatuto más cercano al de los ayuntamientos, para que por una parte ejerzan en forma concurrente acciones ejecutivas para brindar los servicios básicos cual si fuera, como dijimos, un ayuntamiento, y por otra, para que el electorado se vea representado en un consejo de representantes, que será un adecuado contrapeso del ejecutivo citado.
Es decir, tiene una doble intención, una doble vertiente esta propuesta, por un lado, buscar mayor autonomía para el Gobierno, los órganos de Gobierno en esta entidad, y por otra, también, buscar elementos de compensación, elementos que son los cabildos en los municipios, que surjan de la representatividad ciudadana y que, por lo tanto, tengan una mayor eficiencia y gocen de mayor representatividad.
Este consejo será integrado proporcionalmente con base a la votación que reciban los partidos políticos nacionales. Aquí estamos superando esa visión de que la participación ciudadana debiera ser distanciada de la participación de los partidos, al contrario, el que sea a través de los partidos permite mayor claridad, mayor transparencia y mejor orientación para la ciudadanía.
De tal manera, que estamos proponiendo a esta soberanía la reforma de la fracción 2 de la base tercera del artículo 122 en los siguientes términos.
Artículo único.- Se reforma el tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo a la fracción 2 del 122 de la Constitución Política, para que dar como sigue: Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre y secreta y directa según lo determine la ley. En el ámbito de sus demarcaciones, tendrán facultades concurrentes con el Gobierno del Distrito Federal, para planear, programar y ejecutar y evaluar las acciones encaminadas a brindar los servicios públicos a que se refiere la fracción III del artículo 115 de esta Constitución.
"La función de vigilancia y de fiscalización preventiva de los actos administrativos de los órganos político-administrativos, estará depositada en un Consejo de Representantes, cuyos consejeros serán electos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, conforme a la ley respectiva.
"El número de integrantes, facultades y obligaciones de este órgano representativo, será determinado por el Estatuto de Gobierno".
Y finalmente un transitorio que dice:
"Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese la iniciativa que presenta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene a palabra el diputado Mario Zepahua Valencia, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 415 bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Mario Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores: "El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su cuarto párrafo establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, siendo una obligación del Estado garantizar a los mexicanos gozar de las condiciones ecológicas necesarias para su sano desarrollo.
"Por más de veinte años el problema de la contaminación ambiental en nuestro país ha sido uno de los factores que ha influido en la implementación de políticas destinadas a preservar la ecología, promovidas por los titulares de la Administración Pública Federal, con el fin de resolver el problema de falta de conciencia por mantener a salvo los recursos naturales con la participación ciudadana, a fin de aplicar las medidas que las leyes y los acuerdos internacionales han comprometido a la Federación, las entidades federativas y los municipios, para lograr cumplir los fines de la garantía constitucional.
"En el caso concreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la dependencia que conforme al artículo 32 bis fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se encuentra facultada para promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas ambientales, para restaurar el ambiente natural, sin que a estos días se haya logrado erradicar el problema de la contaminación en las grandes ciudades del país y se establezca un orden jurídico adicional que prevenga o sanciones penalmente a las personas que quebranten la conservación del medio ambiente.
"Como podemos apreciar, las fuentes del régimen en materia ambiental se extienden en la base constitucional los artículos 27 y 73, los cuales establecen que es un deber del Estado preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la facultad del Congreso de la Unión para establecer un sistema de concurrencia entre los niveles de gobierno en materia de preservación de la ecología.
"Sin embargo, en el presente año el tema de la contaminación ambiental, propiciada por la irresponsable manifestación de las conductas humanas, generan preocupación en las urbes de mayor concentración demográfica en el país, debido a que la falta de interés de las conciencias detonan fenómenos ambientales como en el caso de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde el día 1º de enero despertó con 399 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire, sin que las autoridades municipales o estatales lograran operar el Plan de Contingencia Ambiental que debe aplicarse cuando se superan los 200 puntos.
"Más allá de esta deficiencia gubernamental, en los hechos las actividades masivas que se practican al aire libre debieron evitarse con el cierre de avenidas céntricas en la ciudad, para que ciclistas, corredores o peatones fueran limitados en su libertad de practicar ejercicio, debido a que la contaminación puso en riesgo su salud, a lo cual la Secretaría del Medio Ambiente local reconoció que si esta situación se hubiera suscitado en un día laborable se hubiera aplicado la fase III del Plan de Contingencia Ambiental que implica la paralización de la totalidad de las actividades al aire libre; con ello, la suspensión de clases, trabajos de pavimentación y disminución de labores en fábricas; ello sin contar que la Red de Monitoreo Ambiental de la dependencia no funcionó durante siete horas, lo cual impidió percibir el elevado índice de la contaminación.
Por tales consideraciones, la presente iniciativa pretende establecer como tipo penal todas aquellas conductas que propician resultados materiales en los que se afecta a las personas en su medio ambiente, obligándolos, como en el caso de Guadalajara, Jalisco, a alterar la consecución de su vida cotidiana, en virtud de verse mermada la calidad del aire; que además, siembra células de brotes epidemiológicos dañinos para la salud.
Fundándose esta medida legislativa en la obligación del Estado para cumplir con las prerrogativas y deberes que el Gobierno debe garantizar a los mexicanos conforme a lo preceptuado en los artículos 4, 27 y 73 constitucionales.
A mayor abundamiento, propongo adicionar un artículo 415 bis al Código Penal Federal porque la conducta que se pretende tipificar estriba en la combustión de materiales en abstracto, produciendo la emisión de contaminantes que afectan a la población y su medio ambiente, colocando a este tipo en el estudio dogmático del delito en uno de carácter instantáneo en virtud de que sus efectos se consuman, agotándose en su mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos.
Se erige en doloso porque conociendo las consecuencias de sus actos, se abstuvo de perder el resultado porque así el agente lo deseó o bien, la realización del hecho permite que la responsabilidad penal sea con multiplicidad de personas y permite el concurso ideal porque con su comportamiento puede producir varios resultados típicos.
En todo Estado de Derecho, como en México, los representantes populares debemos contar con una visión de la gobernabilidad asumida en el sentido de bienestar de las necesidades básicas de toda la población a fin de que la legitimidad que la Administración Pública Federal ha perdido durante el presente sexenio con su nula capacidad de gobernar, sea garantizada con un eficiente equilibrio de la estabilidad social que el Poder Legislativo debe otorgar para equilibrar los factores de la funcionalidad de la legalidad en el país mediante acciones concretas que resuelvan la inoperancia de las políticas emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de equilibrio ecológico, incorporando al campo de las acciones concretas, responsables y comprometidas con la sociedad medidas como las que se hacen valer en la presente iniciativa, que resolverán una necesidad de procuración de justicia para los mexicanos afectados por grupos que no están comprometidos con sus connacionales.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 415 Bis al Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
Título XXV: Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Capítulo Primero: De las actividades tecnológicas y peligrosas. Artículo 415 Bis: Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y de 500 a 1 mil días multa a quien, sin contar con autorización legal, ordene o ejecute la combustión de objetos y materiales que ocasionen contaminación del medio ambiente.
En el caso de que esta actividad se lleve a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta por tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa.
Transitorio Artículo Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de enero del 2006.
Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Rebeca Godínez y Bravo para presentar iniciativa que reforma los artículos 67 de la Ley General de Salud y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Con su permiso señor Presidente.
Estoy aquí a solicitud de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, quien presenta esta iniciativa y es para reformar los artículos 67 de la Ley General de Salud y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En su calidad de diputada federal, y con fundamento en la Constitución y en la Ley del Congreso presenta esta iniciativa, haciendo la siguiente exposición de motivos:
Son de una creciente frecuencia en nuestro país los casos de solitaria maternidad, las familias monoparentales encabezadas por una mujer, ya ocupan un lugar notable en la estadística. Muy por encima de las cuestiones que a nivel de vida individual puedan estar implicadas en ese estado o decisión, el hecho es que la ley y nosotros no podemos ser indiferentes a esa proliferación silenciosa de familias desprovistas de figura paterna, en la que además se carece de medios legales y probatorios para establecer, inequívocamente, la paternidad, con toda la cauda de obligaciones que nacerían a favor del hijo en situación de virtual orfandad paterna.
Por otro lado, la constante y acelerada evolución de los conocimientos científicos y tecnológicos en el campo específico de la biología y la genética, han posibilitado desde hace algunas décadas alcanzar absoluta certeza en la determinación de la ascendencia consanguínea.
Históricamente desde la antigüedad se reconoció siempre la necesidad de disponer de medios para establecer la ascendencia paterna, la materna no fue objeto de contestación por el hecho indubitable del embarazo y el parto, en cambio, con respecto a la paternidad se refinó la imaginación, poniéndose en práctica desde las pruebas psicológicas, cronológicas, fisonómicas, las ordalías del derecho germánico, hasta la herencia de carácter patológico.
El uso de las pruebas semáticas a partir del Siglo XX marcó un avance significativo, pero el desarrollo de las pruebas genéticas de ADN son una inflexión que cambia por completo el rumbo en cuanto a los medios para la determinación del origen biológico de un ser humano.
Van al encuentro, pues, una necesidad social y una posibilidad tecnológica. Solamente hace falta determinar la paternidad de múltiples niños nacidos de forma extramatrimonial, cuyo padre rehusa reconocerla y han surgido, a la vez, medios científico-genéticos que excluyen cualquier asomo de duda en el establecimiento de la ascendencia biológica.
Mi compañera diputada María de Jesús Aguirre, hace después una problemática social de este problema, nos plantea una perspectiva legal; inserta el tema de las pruebas biológicas de paternidad de manera legal; nos habla también de los ámbitos competenciales y fuentes legales involucradas y después nos dice de la configuración de la institución propuesta.
En la iniciativa de reforma se plantea la institución de las pruebas obligatorias de carácter genético para investigar la paternidad, pero no de manera indiscriminada y con un carácter indefinido, sino que se limita su operación a los supuestos de ausencia del vínculo conyugal, en el entendido de que para el caso del matrimonio, las leyes establecen una filiación que opera ipso jure o automáticamente, y no debe ser trastocada por la reforma para evitar crear situaciones de tensión y conflicto en las familias biparentales.
Correspondería a los Estados los detalles en el alcance de las pruebas biológicas de la paternidad y las modalidades en el ejercicio de la acción para investigarla. La praxis o casuística internacional arroja que los Estados han puesto límites a la titularidad y ejercicio de la acción y de la prueba genética. Como referencia se cita que los límites versan esencialmente sobre diversos elementos.
Primero. Se otorga la acción para demandar la investigación de la paternidad sólo a ciertos sujetos, por lo que se restringe la legitimación para exigir la práctica de la prueba a ciertas personas limitativamente.
Segundo. Se permite la demanda de investigación de paternidad y el desahogo obligatorio de la prueba sólo en ciertos supuestos, que serían básicamente en ausencia de relación matrimonial entre la madre y el presunto padre.
Tercero. Se sujeta a la demanda de investigación y la práctica de la prueba a plazos perentorios de prescripción para evitar situaciones de inestabilidad familiar o trastornos a las personas involucradas en las relaciones parentales puestas en entredicho.
Cuarto. A efecto de moderar el abuso de las demandas de paternidad y la práctica genética obligatoria, se suelen exigir requisitos especiales deber y similitud para admitirla y proceder a su notificación.
Quinta. Negativa general de la prueba en los supuestos de anonimato de donantes en procedimientos de procreación asistida.
Por lo que concierne a la forma de desahogo y efectos de la prueba, hay en lo fundamental el sistema de practicarla contra la voluntad del obligado, esto es, a fuerza, como en Alemania o bien, la opción de establecer la prueba genética como carga procesal del presunto progenitor, de manera que cuando rehuse su práctica, se establezca como cierta la paternidad.
Cabe precisar que en la actualidad la prueba genética no trae consigo un procedimiento invasivo o doloroso en el cuerpo humano, que es una razón más para admitir su obligatoriedad.
En esta propuesta de reforma, sólo se plantea la obligatoriedad de la prueba biológica o genética de paternidad, acotada a las situaciones extra matrimoniales, todas las demás opciones se estima que atañen a las entidades federativas.
En apoyo de los lineamientos sugeridos, nos permitimos referir jurisprudencia internacional que en el marco continental europeo ha ido delineando los contornos de una institución que en nuestro país se ha retrasado injustificadamente.
La figura de las pruebas genéticas obligatorias para la investigación de la paternidad, dan cabal respeto al derecho de los niños a la identidad biológica, favorecen la igualdad entre el varón y la mujer, consolidan las políticas de salud y planificación familiar y establecen un ejercicio responsable de los derechos reproductivos.
Su previsión concierte a dos ordenamientos: la Ley General de Salud y la Ley para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud y el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Primero. Se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
"Artículo 67. La Secretaría de Salud, en concurrencia con las secretarías homólogas de las entidades federativas, dispondrán lo necesario para practicar, por orden judicial, la prueba de la paternidad por medios genéticos que será obligatoria en los juicios que se promuevan para investigarla o declararla".
Segundo. Se reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para quedar como sigue:
"Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: c) Conocer su filiación y su origen, incluso mediante la prueba genética cuya práctica será obligatoria en los casos de la filiación extramatrimonial, sin perjuicio de excepciones establecidas en otros preceptos legales".
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las entidades federativas reglamentarán, sin su menoscabo, el principio de obligatoriedad de las pruebas biológicas y genéticas en un plazo de un año, sin detrimento de la aplicación inmediata de los preceptos de esta reforma.
Atentamente, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Rúbrica".
Le solicito, señor Presidente, se mande insertar íntegra en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Así se hará, señora Diputada.
Se ordena insertar el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Adriana González Furlong, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes y se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de Defensoría Pública, suscrita por los diputados Margarita Zavala Gómez del Campo, Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Magdalena Adriana González Furlong: Gracias. Con su venia, señor Presidente. Muy respetables señores diputados, senadores, invitados especiales:
Hago uso de la palabra para poner a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, tomando en la libertad de citar y agradecer las atenciones, asesorías y referentes que para la presente iniciativa se obtuvieron de UNICEF, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Red por la Defensa de los Derechos de la Infancia.
Datos estadísticos aportados por el Consejo de Menores del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, establece que tan solo durante el 2003, se tuvo un ingreso de 3 mil 506 menores infractores en el Consejo del Distrito Federal, de los cuales, cerca de 25 por ciento son considerados reiterantes de las infracciones.
Asimismo, del total de ingresos aludidos, es decir, de los 3 mil 506 menores infractores, cerca del 84 por ciento se trata de adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años de edad, edad propia para que adolescentes entren en conflicto con la ley y que sin embargo, estos no son atendidos correctamente tal como podemos darnos cuenta por el alto índice de menores infractores reiterantes.
Un último dato, es que del total de ingresos que se llevaron a cabo durante el 2003 en el Consejo de Menores del DF, cerca del 68 por ciento se dan por los delitos de robo calificado.
Lo anterior nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre la creación de un sistema de justicia penal para adolescentes con las modalidades previstas en la reforma al artículo 18 constitucional, publicada el 12 de diciembre de 2005.
Esta reforma constitucional sienta las bases para que la Federación, los estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, establezca un sistema integral de justicia aplicable a quienes se atribuya a la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garantice el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos, derechos entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este esfuerzo es un verdadero avance en el cumplimiento de los derechos consagrados en dicha Convención, la cual obliga a los estados partes, según su artículo 2°, a respetar y a establecer el respeto de los derechos contenidos en su texto.
Actualmente las leyes vigentes referentes al tratamiento de menores en conflicto con la ley, a pesar de haber sido creadas de manera independiente entre sí, se encuentran ligadas por la misma doctrina de la situación irregular de los menores y alejadas de la doctrina de la protección integral de los derechos de la niñez, lo cual las hace sumamente similares unas a otras.
Al respecto, el actual modelo tutelar prevaleciente en las entidades federativas, tienen una naturaleza administrativa y no judicial.
Lo anterior contraviene el compromiso contraído por el Estado Mexicano, pues de acuerdo a la Convención antes citada en su artículo 37, establece que toda persona menor de 18 años tendrá derecho de impugnar la legalidad de la privación de su libertad, ante el Tribunal u otra autoridad competente, imparcial, pero sobre todo independiente y una pronta decisión sobre dicha acción; es decir, que exista plena independencia entre el ente acusador y quien juzga tal acción, hecho que en estos momentos no acontece.
Otro de los errores actuales del modelo del tratamiento para adolescentes en conflicto con ley, es que la autoridad administrativa que dirime las controversias de adolescentes en conflicto con ley penal, tiene una facultad discrecional para decidir sobre aquél adolescente que se le atribuya una conducta antisocial o que se encuentre en situación irregular y con base hoy ocurre que cualquier persona que no cuente aún con 18 años de edad, particularmente si proviene de un medio económico desprotegido, podría caer en este supuesto.
Tal es el caso, por ejemplo, de la legislación que prevé lo relativo al tratamiento de menores infractores en conflicto con la Ley del Estado de Puebla, que deja a libre albedrío e interpretación su aplicación.
Y cito:
...
"Artículo 2°. El Consejo Tutelar de Menores del Estado de Puebla, es un organismo colegiado dependiente del Ejecutivo del Estado, cuyo objeto es la protección y readaptación social de los menores de 16 años, que:
...
3°) Se encuentren en estado de peligro social por estar moralmente abandonados, pervertidos o en transe de serlo.
Otro aspecto importante, susceptible de erradicar el actual modelo, es la llamada criminalización de la pobreza, esta característica, ampliamente ligada a la tutelar anterior, institucionaliza en mayor medida a adolescentes que provienen de clases sociales bajas, por el hecho de suponer que se encuentran más expuestos a infringir las leyes, aunque aún no lo hayan hecho, y de esta forma, nos podemos dar cuenta que existe una propensión discriminatoria, no sólo por razones de edad, sino también por cuestiones de estrato social, basta con remitirnos, a manera de ejemplo, a la Ley Tutelar del Estado de Aguascalientes, que en su artículo décimo primero, a la letra dice: Los menores de edad a que se refiere esta ley, son imputables, en consecuencia, para conocer las infracciones cometidas por éstos, se crea en la capital del estado un Consejo Tutelar Central para menores, con jurisdicción en toda la entidad, cuyas funciones y facultades serán las siguientes.
Inciso dos.- conocer de todos los demás casos en que, aunque no exista ninguna infracción, sea conveniente prevenir y corregir a los menores cuando tengan malos ejemplos, mala conducta, compañías corruptas o se encuentren en estado de abandono, pervertidos o en transe de serlo.
Otro inciso, conocer del comportamiento personal de los menores, cuando se presuma fundamentalmente una inclinación a causar daño a la sociedad, a la familia o a sí mismos.
Otro de los errores que cometen los actuales modelos de tratamiento, es considerar a la infancia como un objeto únicamente de protección y no como sujeto de derecho.
Así, el modelo tutelar considera que niñas, niños y adolescentes, son incapaces; es decir, que se encuentran en estado de interdicción o capacidad disminuida, y que en consecuencia, no son personas sujetas de derecho.
Además de lo anterior, se presenta una negación sistemática de garantías, derechos y principios de derecho, incluso, de aquellos que se encuentran contenidos en la Constitución, en ley federal y en tratados internacionales.
Lo anterior tiene su origen en que el modelo tutelar sostiene que en aras de la protección de niñas y niños en conflicto con las leyes y dado su estado de incapacidad, son considerados inimputables, y por ello, no se les puede someter a un juicio de reproche, puesto que ello significaría procesarlos de igual manera que a los adultos.
Es entonces cuando desaparece de las leyes tutelares la palabra pena, que es sustituida por la palabra tratamiento, y en esa virtud, que se sostiene que el adolescente no se le está sometiendo a un procedimiento penal, aparentemente no existe obligación alguna de contemplar garantías, derechos o principios de derecho de legalidad, debida defensa, audiencia o debido proceso.
Por las anteriores consideraciones, mismas que guardan sustento en estudios multidisciplinarios, quisiéramos poner a su consideración, esta ley que se propone contiene un matiz, en primer término, del reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, hace prevalecer mecanismos legales, eficientes para el resarcimiento de cualquiera de los derechos de la infancia, propone la desaparición de las acepciones de situación de riesgo, situación irregular, peligro moral o material, en virtud de ser parte del mundo de los juicios de valor, teniendo la amplitud que la autoridad considere adecuada y resultaría poco probable construir una definición concreta de ellas.
Es una serie de capítulos que bueno, por razones de tiempo, señor Presidente, yo quisiera suplicarle se pudiera insertar íntegro dentro del Diario de Debates y de la Gaceta Parlamentaria, esta iniciativa que presento a nombre propio y a nombre del diputado Guillermo Tamborrel y a nombre del Partido Acción Nacional.
Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se ordena publicar en Gaceta Parlamentaria, si es que no ha sido publicada, e insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates de la iniciativa presentada por la Diputada González Furlong.
Y se ordena turnar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia de la Comisión Permanente da la más cordial bienvenidas al licenciado Armando López Salinas, Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Consultiva del Instituto Electoral del estado de México y también a la invitada, licenciada Deila García Espinosa de los Monteros, Oficial de Reformas Legislativas Judiciales y Administrativas de la UNICEF México, ambos, invitados especiales de la Diputada Adriana González Furlong, sean ustedes bienvenidos.
A continuación, le pediría yo a la Secretaría, diera lectura a un comunicado de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, para ponerlo a consideración del pleno.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Mesa Directiva. Acuerdo Modificatorio. El acuerdo de los grupos parlamentarios que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones.
"Honorable Asamblea:
La Mesa Directiva de conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción III de la Constitución General de la República, los artículos 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como el artículo 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta para integración de las Comisiones que requiere para el despacho de los negocios de su competencia.
Considerandos.
Que con fecha 21 de diciembre del 2005, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el acuerdo que establece lineamientos para el desarrollo de las sesiones de las Comisiones Permanentes del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura.
2. Que el artículo 2° del mismo acuerdo establece que los asuntos no previstos serán resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.
3. Que en razón de los asuntos agendados por los legisladores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente en las dos últimas sesiones, los integrantes de la Mesa Directiva se permiten proponer el siguiente:
Acuerdo Modificatorio.
El acuerdo que establece lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura.
Artículo Único. Se modifican los artículos tercero, sexto y décimo quinto del acuerdo que establece lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año del Ejercicio para quedar como siguen:
Artículo Tercero. La Comisión Permanente sesionará una vez por semana los días miércoles o en el día que cite el Presidente de la Mesa Directiva. Las sesiones darán inicio a las once de la mañana y tendrán una duración de hasta 4 horas.
La última hora de cada sesión, será destinada para la discusión de puntos de la agenda política, previo acuerdo de la Mesa Directiva y dependiendo del número de asuntos contenidos en el orden del día.
Las iniciativas de ley o decreto y las proposiciones con punto de acuerdo que no hayan sido presentadas al llegarse la última hora de la sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan. El trámite dado será publicado en la Gaceta Parlamentaria, salvo que exista petición expresa y oportuna del legislador para reprogramar su presentación.
La asamblea podrá acordar que se amplié el tiempo de la sesión, cuando existan asuntos cuyo despacho sea de especial interés o para agotar todos los puntos previstos por el orden del día.
La Presidencia de la Mesa Directiva, podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente, notificando a los integrantes de la misma cuando menos con 24 horas de anticipación. También por acuerdo de la asamblea, podrán celebrarse sesiones en días u horas distintos a los programados.
Artículo Sexto. La legisladora o legislador que requiera la inclusión en el orden del día de una iniciativa, proposición con punto de acuerdo, excitativa o algún punto para la agenda política, hará llegar la petición a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, por conducto del representante de su grupo parlamentario, a más tardar a las 18 horas del día anterior a la sesión en la que se solicita que el asunto sea incorporado.
Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y excitativas, el oficio de petición se anexará al documento en versiones impresa y electrónica, el documento impreso deberá contener el nombre y la firma de la legisladora o legislador que lo suscribe y el trámite que solicite. Sólo en casos de proposiciones con punto de acuerdo, el documento original podría ser suscrito por algún integrante de la Comisión Permanente del mismo grupo parlamentario proponente.
En todos los casos las iniciativas deberán contener la firma autógrafa del legisladora autor de la misma, sin la cual no podrán incluirse en el orden del día. Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá de señalarse expresamente.
Artículo Décimo Quinto. El tiempo que se dispone a los legisladores y legisladoras para la presentación de los asuntos es el siguiente:
Iniciativas, hasta por 5 minutos.
Proposiciones con punto de acuerdo, hasta por 5 minutos.
Agenda política, hasta por 10 minutos para el promovente y 5 minutos para los demás oradores.
Estos tiempos podrán reducirse previo acuerdo entre la Mesa Directiva y los representantes de cada grupo parlamentario, con el objeto de agilizar las tareas de la asamblea.
Transitorio:
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y tendrá vigencia durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.
Salón de Legisladores de la República. 11 de enero de 2006.
La Mesa Directiva, diputado Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente (Rúbrica.); diputada Rebeca Godínez y Bravo, Vicepresidenta (Rúbrica.); senador Jorge Zermeño Infante, Vicepresidente (Rúbrica.); diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Secretaria (Rúbrica.); senadora Lucero Saldaña Pérez, Secretaria (Rúbrica.), y diputada Rosario Herrera Ascencio, Secretaria (Rúbrica.).
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señora Secretaria, ponga a consideración de la asamblea la modificación al acuerdo que habíamos tomado con respecto al desahogo de las sesiones de esta Comisión Permanente, en la forma y términos a los que ha dado usted lectura en el documento de referencia.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el acuerdo modificatorio.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
Se acaba de recibir de la Segunda Comisión de Trabajo Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, dos dictámenes y diversas ratificaciones de grados militares.
Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza se incorpore al orden del día para el trámite correspondiente.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza se incorporen al orden del día para el trámite correspondiente, los dictámenes y ratificaciones de grados militares remitidos por la Segunda Comisión.
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la negativa, sírvanse expresarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: De enterado y se incorpora a la orden del día los asuntos de referencia.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: El siguiente punto de la orden del día, es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Eduardo Martín Christlieb Romero, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca.
Martín Hernández Bastar, Sergio Iván Trujillo Bolio y Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia, respectivamente.
Gregoria Reyes Quintana, Carlos Andrés Pascasio Villafán, Claudia Barraza Meléndez, Manuel Juárez Gutiérrez y José Pablo Ramos Cordero, para prestar servicios en las Embajadas de Finlandia, de Australia, de los Estados Unidos de América en México y su Consulado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Leda Karnik Minassian, Veremundo Ríos Rodríguez, Leticia Torres Juárez, Fernando Galindo Jiménez, María Guadalupe Olivares Contreras y Alejandro Pérez Hernández, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.
Germán Escandón Valenzuela, Edna Ivonne Azuara González, María de la Soledad Baca Esquinca y Mónica Patricia Reyes López, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas y en el Programa de Gusano Barrenador de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, para desempeñar el cargo de Consejera Personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau.
Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, si se les dispensa la Segunda Lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la negativa, sírvanse expresarlo (votación).
Mayoría por la afirmativa Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia se pide a la secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al C. Eduardo Martín Christlieb Romero, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Finlandia en la ciudad de Acapulco, con circunscripción consular en los estados de Guerrero y Oaxaca.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Martín Hernández Bastar, Sergio Iván Trujillo Bolio y Jaime Virgilio Nualart Sánchez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Rumania, del Reino de España y de la República de Colombia, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general, no habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Gregoria Reyes Quintana, Carlos Andrés Pascasio Villafán, Claudia Barraza Meléndez, Manuel Juárez Gutiérrez y José Pablo Ramos Cordero, para prestar servicios en la embajadas de Finlandia, de Australia, de los Estados Unidos de América, en México y su consulado en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo personal.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto decreto que concede permiso a los ciudadanos: Leda Karnik Minassian, Veremundo Ríos Rodríguez, Leticia Torres Juárez, Fernando Galindo Jiménez, María Guadalupe Olivares Contreras y Alejandro Pérez Hernández, para prestar servicios en la Embajada del Reino de Arabia Saudita, en México.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior …
******************** 25... está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado ningún artículo, se reserva para su votación nominal en su conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Germán Escandón Valenzuela, Edna Ivonne Azuara González, María de la Soledad Baca Esquinca y Mónica Patricia Reyes López, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas y en el Programa de Gusano Barrenador de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión en lo general el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si va a reservarse algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien se reserve ningún artículo para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Aurizanda Emilia Pinto-Ribeiro de Moya, para desempeñar el cargo de Consejera Personal del Presidente de la República de Guinea-Bissau.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y de los anteriormente reservados, en un solo acto.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(votación nominal)
¿Falta algún ciudadano legislador de emitir su voto.
Presidenta, se emitieron 28 votos en pro y 0 en contra.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto por 28 votos, pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día, es la Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda ausentarse del territorio nacional del 25 al 27 de enero de 2006 a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
En virtud de que se ha distribuido el Dictamen entre los ciudadanos legisladores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Es de Primera Lectura.
En virtud de que se encuentra distribuido entre los ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la Segunda Lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la Segunda Lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se dispensa la Segunda Lectura.
En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Decreto: Artículo Único: Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional, del 25 al 27 de enero del 2006, a fin de realizar una visita de trabajo a la República de Chile, así como asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial en la República de Honduras.
Transitorio: Único.
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
México, Distrito Federal a los 11 días del mes de enero del 2006.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.
se abre el registro de oradores.
En virtud de que esta Presidencia no tiene registrado a ningún orador, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal, en lo general. Se considera suficientemente discutido el Dictamen y proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del Proyecto de Decreto.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
¿Falta algún ciudadano legislador por emitir su voto?… 28 ciudadanos por la afirmativa, señora presidenta y ninguno en contra.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado el proyecto de decreto por 28 votos.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión por el que se propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Punto de acuerdo: Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión propone al doctor Jorge A. Bustamante Fernández, como candidato para recibir el Premio Nobel de la Paz 2006.
Segundo.- Remítase el presente punto de acuerdo al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo haga llegar antes del primero de febrero de 2006 al Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal, 11de enero de 2006.
Es cuanto. Firma la comisión, señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias.
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que esta presidencia no tiene registrado a ningún orador, se considera suficientemente discutido y se pide a la Secretaría, en votación económica, pregunte a las legisladoras y legisladores si es de aprobarse el punto de acuerdo mencionado.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la Asamblea en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo en mención.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Gracias. Por la negativa:
( V O T A C I O N )
Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado el punto de acuerdo.
--- Comuníquese.
Posteriormente procederemos a la votación de los puntos de acuerdo en los que se ratifican las designaciones de diferentes mandos militares. Y vamos a pasar a puntos de acuerdo en el que tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Gracias compañera presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores.
Sé que algunos de ustedes podrían opinar que este tema fue central en el debate de la semana anterior, pero nosotros creemos que han tenido lugar un par de situaciones que creemos deben ser discutidas de nueva cuenta por esta representación nacional.
Por un lado, después de una importante reunión en la que los cancilleres de los países de América Central: Colombia, República Dominicana y México…
( sigue turno 28 )
..en la que los cancilleres de los países de América Central, Colombia, República Dominicana y México analizarían de manera colectiva la mejor forma de hacer frente al sentimiento xenófobo que priva en los Estados Unidos en contra de los trabajadores migratorios provenientes de nuestras naciones.
La percepción generalizada es que el gobierno mexicano ha realizado una defensa no suficientemente fuerte de los derechos y la dignidad de nuestros connacionales. Incluso, El Salvador, país que tiene una relación por demás estrecha con el gobierno del presidente Bush y, que como todos sabemos, envió inclusive contingentes militares a Irak, presentó una postura mucho más firme en contra de la política migratoria de los Estados Unidos, proponiendo hacer un llamado directo al gobierno y al Congreso de este país, a efecto de que reconociera las necesidades laborales de su país.
Desafortunadamente, en un inexplicable afán por no contradecir al gobierno norteamericano, los cancilleres reunidos en México, exclusivamente se limitaron a aprobar una declaración conjunta que acentúa la responsabilidad en los países expulsores de migrantes y que no hace más que evidenciar la falta de decisión y atención del problema migratorio en nuestro Continente porque que demanda el reconocimiento de la realidad social y laboral prevaleciente en la región.
De esta forma, la oportunidad de integrar un bloque regional que condenara enfáticamente el levantamiento de un muro entre nuestras naciones y el objetivo fundamental de fijar una postura común que nos permitiera incrementar nuestro poder de negociación frente a los Estados Unidos, quedó reducida al simple reconocimiento de que, cito textualmente: "Cada país tiene el derecho soberano sobre sus políticas migratorias y de seguridad", omitiendo deliberadamente hacer mención a las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios por parte de las autoridades norteamericanas.
Y por si esto fuera poco, el día de ayer, la Presidencia de la República emitió un conjunto, llamémosles de manera generosa, de desafortunadas declaraciones que en nada ayudarán a fortalecer la postura del Estado Mexicano, frente al embate que sufren nuestros connacionales, afirmando que el desempleo en México no es la causa de que alrededor de medio millón de personas abandonen anualmente el país.
En los últimos diez años la migración a Estados Unidos ha roto todos los esquemas y pronósticos, según los especialistas, ahora no sólo emigran los hombres o los jóvenes de más bajos recursos o provenientes del sector agrícola, ahora también el perfil del migrante es casi idéntico al perfil del mexicano promedio y a un año de que concluya este gobierno el flujo no sólo se ha mantenido sino que ha crecido, pasando de los 350 mil en el año 2000, a casi 500 mil anuales durante 2004 y 2005.
Esto significa que el número de mexicanos que emigran hacia el norte se ha incrementado de tal manera que actualmente uno de cada ocho adultos nacidos en México vive allá.
Adicionalmente, dejando a un lado cualquier retórica que se haya utilizado acerca de las políticas públicas en la actual administración, en materia de combate a la pobreza y generación de empleo, el gobierno no puede soslayar la existencia de una profunda brecha salarial entre dos economías que al cabo de más de diez años de haber determinado su integración, aún siguen siendo abismalmente desiguales.
Y siguen siendo desiguales porque el modelo bajo el cual se pactó la integración de nuestras economías es un modelo que estimula la iniquidad y que condena a nuestro país a vivir en el subdesarrollo. Sólo para poner un ejemplo, de acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo, publicada en su Reporte Laboral 2005, México es el único país latinoamericano en donde el salario mínimo real se ha colocado por debajo del promedio de la región desde el año 2000, haciendo gala de un manifiesto y acelerado deterioro.
Como seguramente esto podría generarle alguna posición encontrada, en comisiones, porque lo hemos retirado de urgente y obvia para permitir el desarrollo más expedito de esta sesión, aquí está para la consulta, precisamente comparados con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, unos números que son absolutamente incuestionables, y que por cierto echan por tierra las afirmaciones del señor Presidente acerca del crecimiento del salario real.
No quiero distraer más su atención y además el tiempo se me ha concluido, como podré observar y ustedes también, compañeros, así que por lo anteriormente expuesto, quiero poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo.
(Sigue turno 29)
No quiero distraer más su atención y además el tiempo se me ha concluido, como podré observar y ustedes también compañeros, así que por lo anteriormente expuesto, quiero poner a su consideración el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República a efecto de que no escatime esfuerzos en la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos y lo invita a avanzar decididamente en la concertación de una postura regional común que rechace enfáticamente la construcción de muros y que nos permita encontrar conjuntamente una solución integral para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades inherentes al fenómeno migratorio".
Definitivamente rechazamos la afirmación que en más de un 85 por ciento los mexicanos que se van a aquel lado es por cualquier otro supuesto menos por una necesidad laboral.
Por su atención muchas gracias compañeros.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias señor Senador.
Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de México y al presidente municipal de Ecatepec de Morelos para que brinde mayor atención a las colonias populares.
Tiene la palabra Diputada.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su permiso señora diputada Presidenta.
En días pasados acudieron hasta mis oficinas, en mi calidad de representante popular, vecinos del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, para solicitar mi intervención ante este honorable Congreso de la Unión para pedir al gobierno estatal y municipal mayor atención a las colonias populares que conforman los municipios de la entidad mexiquense, particularmente habitantes de la colonia Fernando de Alba en Ecatepec.
Señalan que es necesario que las autoridades estatales y municipales brinden mayor atención a las colonias populares, que por supuesto son la mayoría. Hacen hincapié en una carencia de seguridad pública, en desatención del combate a las adicciones a la población joven y falta de programas que les permitan integrarse plenamente a la sociedad. Desaseo de las calles y avenidas, carencia total de reforestación en áreas verdes, adolecer totalmente de programas que propicien la sana convivencia y la nula representación vecinal.
Señalan que se sienten ignorados al comparar sus colonias con otras, como es el caso de Satélite en Naucalpan, también en el estado de México, donde siempre encuentran calles limpias, patrullas o motopatrullas vigilando. No encuentran jóvenes en cada esquina ingiriendo alguna droga ni niños conviviendo con drogadictos. ¿Qué futuro pues les espera si no actuamos a tiempo?
Señalan los quejosos que esta situación es similar en todas las colonias populares de la demarcación y que ya es justo que sus gobernantes brinden mayor atención a la población que ahí habita.
Como representantes populares no podemos hacer caso omiso de las quejas de nuestros representados, además de tratarse de una demanda por demás justa. De ahí que los invito a que realicemos un exhorto a fin de que las autoridades se esfuercen cada vez más por cumplir con la población a la cual gobiernan y con lo cual ofrecer un futuro mejor a las generaciones que pronto serán jóvenes y que debemos evitar que caigan en las garras de la drogadicción.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a la que suscribe presenta el siguiente punto de acuerdo para quedar como sigue:
"Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a brindar mayor atención a las colonias populares de su entidad en materia de seguridad pública, control de adicciones, limpieza, reforestación y participación ciudadana.
"Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Erubiel Avila Villegas, a fin de que atienda urgentemente las problemáticas de las colonias populares de su municipio, en particular de la de Fernando de Alba en cuestiones de seguridad pública, control de adicciones, limpieza, reforestación y participación ciudadana".
Es cuanto señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias señora Diputada.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Migración a fin de que respete cabalmente los derechos humanos de los migrantes ilegales en México.
La diputada Irma Figueroa Romero: En base a que México cuenta con una frontera natural con el vecino país de Estados Unidos es común que se conviertan en trampolín para que muchos extranjeros transiten de forma ilegal para llegar a territorio norteamericano.
=== Sigue turno 30 >>>
.. En base a que México cuenta con una frontera natural con el vecino país de Estados Unidos, es común que se conviertan en trampolín para que muchos extranjeros transiten de forma ilegal para llegar a territorio norteamericano.
Según el informe que presenta la Secretaría de Gobernación, en el apartado referente a la política migratoria, señala que durante el período de septiembre de 2004 a agosto de 2005 se aseguró a 238 mil 661 extranjeros, cifra 13.8% mayor a la alcanzada en el período anterior.
También informa que se efectuó la repatriación de 217 mil 375 centroamericanos, entre guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, además de población asiática que va en incremento.
Este mismo informe señala que el aseguramiento se realizó con procedimientos fundados en el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, los medios de comunicación sí han hecho pública las quejas que presentan los cónsules centroamericanos respecto de la violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados en México, así como de las extorsiones de que son víctimas por parte de los cuerpos policiacos en nuestro país.
A la vez, en el reciente informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana, señala:
Primero.- La existencia de un alto índice de marginación y malos tratos que sufren los migrantes durante su estancia en las estaciones migratorias del país y lugares habilitados para tal fin.
Segundo.- Falta de interés o la incapacidad de la autoridad responsable para abatir este fenómeno, lo que constituye una constante y permanente violación a los derechos humanos de ese grupo vulnerable.
Tres.- En esos lugares existe una concepción netamente compatible con el sistema carcelario debido a que operan con celdas, rejas metálicas, aldabas, candados y cuentan con bases de cemento que se usan como camas, características que corresponden más a un reclusorio que a un alojamiento administrativo.
Cuatro.- La criminalización del migrante indocumentado, debido a que la Ley General de Población considera como delito el internarse indocumentadamente al país, ello aumenta su vulnerabilidad al ser en todo momento susceptible de una arbitraria actuación de los servidores públicos federales, estatales y municipales, para su exacción, maltrato y en ocasiones hasta abuso sexual.
Cinco.- Asimismo, son fácilmente víctimas de la delincuencia organizada y el pandillerismo que se ha formado en torno del migrante que los asalta y los agrede e incluso los hace sujetos de incidentes provocados que traen consigo lesiones y mutilaciones.
En base a lo anterior y en medida de ser coherentes con la necesidad de que exista en todo momento el respeto de los derechos humanos de todos, es que considero necesario realizar un exhorto al Instituto Nacional de Migración para exigirle pleno respeto y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la que suscribe somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo.
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración al pleno respeto a los derechos y la dignidad de los extranjeros que se internan en nuestro territorio de manera ilegal y que son asegurados en las estaciones migratorias o lugares que sustituyen a las mismas.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se turna a la Segunda Comisión.
Tiene la palabra el senador David Jiménez González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo en relación al nombramiento de la nueva titular de Sedesol.
El senador David Jiménez González: Con su permiso, ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros legisladores.
El pueblo de México ha librado, ha luchado durante muchísimos años por enriquecer la vida democrática de nuestro país, y uno de los puntales para llevar a cabo ese enriquecimiento de nuestra vida democrática es el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos: la libertad. Esta libertad…
(Sigue turno 31)
es el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que tenemos los mexicanos: la libertad. Esta libertad que no solamente se refiere a la libertad física sino también a la libertad de conciencia, nos ha permitido discernir sobre muchas cosas y a la vez nos ha dado la oportunidad de escoger el mejor camino para la República.
Una manifestación clara que tenemos de este derecho, de esta prerrogativa del ejercicio de nuestras libertades, está consignada en nuestra Carta Fundamental y en nuestra Carta Fundamental establece, entre otras, el de que podamos los mexicanos, mediante el sufragio, elegir con absoluta libertad quienes podrán representar al pueblo de México en el Congreso Nacional y a quién podemos los mexicanos depositarle nuestra confianza para que encabeza el gobierno federal, es decir, el Poder Ejecutivo.
De estos dos poderes, son realmente los que recoge el acto soberano del pueblo de México para poder decidir, repito, con absoluta libertad, estas decisiones fundamentales, para que puedan orientar la vida de la República.
Si la libertad viene siendo como un punto de partida en el ejercicio de nuestras conductas, de nuestras acciones, lo es también que sin la legalidad, por más que tengamos libertad, no podemos alcanzar los propósitos de enriquecer la vida democrática de nuestro país.
Los marcos de legalidad son los que dan la pauta para que los mexicanos son sintamos protegidos, tutelados por la Constitución y por las leyes que de ella emanan. La legalidad es la que nos va a dar la pauta para vivir en un estado de derecho en donde prevalezca la seguridad jurídica. Por eso, el de luchar porque las autoridades se ajusten estrictamente a lo que establece la Constitución, las leyes, que dan a su vez pauta para las competencias, atribuciones y funciones, en las cuales sus actividades tendrán que redundar en beneficio del pueblo de México.
El año 2006 se perfila como un año eminentemente político, puesto que se va a llevar a cabo nada menos que procesos electorales en los estados y en los más importantes a nivel nacional, en donde vamos a decidir los mexicanos quién será el próximo Presidente de la República y quiénes serán los que integren el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Por eso, nos extraña muchísimo que; aparentemente creo, por supuesto, porque no es de extrañarse ya, perdón esta contradicción que lo diga en este momento, ya no es de extrañarse; las declaraciones del Presidente de la República, del Presidente Fox, donde dice que éste va a ser un año excelente, que va a ser muy bueno. ¡Sí, sin duda va a ser muy bueno, porque este año se va del gobierno de la República el Presidente Fox y toda su camarilla que no ha funcionado ni ha servido al pueblo de México! ¡Eso es bueno para México, sin duda!
Habla de un crecimiento de la economía del país para este año del 2006, cuando hemos tenido, desde luego, la amarga experiencia de que desde que asumió la Presidencia de la República, en donde nos ofreció crecer a un 7 por ciento anual, no ha cumplido su palabra; ni siquiera la mitad de lo que ofreció en el crecimiento del Producto Interno Bruto se ha dado cumplimiento.
¿Por qué esperar que en el 2006 diga que se va a llevar a cabo esto? Pues con una intención deliberada: influir en la voluntad de los mexicanos, para poder orientar y manipular el voto de los ciudadanos.
Ha dicho que iba a generar más de un millón de empleos cada año. Hemos visto hasta el día de hoy que en lugar de generarlos los hemos perdido y en lugar de disminuir la migración hacia los Estados Unidos ésta se ha incrementado. Basta con que recorramos nuestras entidades y nuestros estados, para darnos cuenta en las condiciones que se encuentran cientos de municipios de nuestro país ...
(SIGUE TURNO 32)
.. basta con que recorramos nuestras entidades y nuestros estados para darnos cuenta en las condiciones que se encuentran cientos de municipios de nuestro país, decenas de municipios de nuestros estados en donde hemos nosotros percatado de que fundamentalmente no ha operado ese ofrecimiento del millón de empleos que se generarían cada año.
Ciudadana Presidenta: lo único que pido, que me dé la misma gracia que le otorgó a mi compañero Raúl Ojeda, de excederse un poquito más del tiempo que está permitido de los cinco minutos. Muchas gracias por ser tan generosa y desde luego, tan compasiva y justa. (Risas).
El campo, por ejemplo, en donde se dio el lujo de decir muchos de los dislates, de las barbaridades a que nos tiene ya acostumbrados: el tener el mejor Secretario de Agricultura. ¿Saben ustedes qué es lo que pasó el año pasado? Pues nada menos que caímos un 6.4 en el sector agropecuario. No basta ser un analista profundo ni mucho menos, sino basta con recorrer el campo de México para darnos cuenta en qué condiciones se encuentran nuestros campesinos.
Habló también el Presidente que no habrá "Año de Hidalgo"; ¡pues claro que no habrá "Año de Hidalgo", ¡ya hubo un sexenio de Hidalgo!, pues qué no estamos viendo lo que ha pasado? Que lo que ha pasado, en el manejo inclusive, de recursos que deben de ser sagrados como son aquéllos destinados para rescatar a los que han sufrido las inclemencias de la naturaleza como los del Sur y del Sureste con los ciclones Wilma y el Stan.
¿En dónde están los recursos?, ¿en dónde están esos recursos del Fondo Nacional para los Desastres? No, señor Presidente, no compañeros de Acción Nacional, no, Gobierno. Esos recursos son sagrados y deben de estar destinados para ir a resolver los problemas y las necesidades que tienen, desde luego, nuestros connacionales.
Y dijo —fíjense ustedes, nada más— que la ayuda que las iba a dar a aquéllos, por supuesto, que resultaron afectados por las inclemencias de la naturaleza, les dijo que no iba a ser gratis, que no iba a ser de "gorra", y lo estamos viendo, no va a ser de gorra; va a ser a cambio de inclinar una voluntad para que puedan ir a sufragar a favor de sus candidatos, tanto a nivel nacional, como a nivel local; y eso no se vale porque el pueblo de México lo que quiere es que no se lesione ni se afecte la dignidad de cada uno de los ciudadanos, sino que se respete absolutamente su libertad para poder expresar de una manera libre, abierta, cuál será, desde luego, la inclinación que tendrán para decidir quién será Presidente de la República, quiénes serán los diputados.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Permítame, señor orador. Diputado Zepahua:
El diputado Mario Alberto Zepahua Valencia: Le quiero hacer una pregunta al señor orador.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo:¿Acepta una pregunta, señor orador?
El senador David Jiménez González: Con muchísimo gusto. La acepto con mucho gusto.
El diputado Mario Alberto Zepahua Valencia: Senador, ¿por qué manifiesta usted que no ha habido crecimiento en el campo mexicano?
El senador David Jiménez González: Porque, mire usted, yo soy muy dado de creer en las instituciones. Nada menos que el INEGI, que es, nada menos, fíjese usted, una de las instituciones con que cuenta el Gobierno, para informar a todos los mexicanos de los crecimientos, como es el caso que usted me pregunta, como de otras actividades que realiza el Gobierno, y la información del INEGI es que 6.4 cayó el sector agropecuario en el 2005.
Ésa sería, en parte, la respuesta, pero quiero decirle otra cosa más, señor diputado, y fíjese usted qué grave es esta situación, porque esto viene y se complementa, nada menos, con una serie de programas que el Gobierno Federal tiene diseñadas, ¿para qué? Dizque para llevar a cabo una serie de acciones y de programas de carácter social en beneficio de los sectores más desprotegidos de nuestra población, sean rurales o sean, inclusive, de las áreas urbanas.
Y lo más grave de esto, señor Diputado, fíjese —porque no he terminado de darle respuesta a su pregunta, se la estoy dando— lo más grave de esto es que el Gobierno —como lo hemos sentido nosotros— ha utilizado estos programas para impulsar las carreras políticas o para impulsar a sus candidatos, a los de Acción Nacional, a los cargos de elección popular, entre ellos el de gobernador del estado, por ejemplo, como sucedió, ¿en dónde? En Veracruz. Hay una prueba fehaciente. A mí me tocó estar allí. Cómo el Delgado de la Secretaría de Desarrollo Social intervino en el proceso electoral de esa…
(Sigue turno 33)
...de la Secretaría de Desarrollo Social intervino en el proceso electoral de esa entidad. Tan es así, que muchos de mis compañeros senadores y diputados fuimos ante el Ministerio Público a levantar un acta de denuncia para que tuvieran conocimiento las autoridades locales como las autoridades Federales, porque eso definitivamente se considera como una conducta ilícita que se configura como delito. De tal suerte que lo que no podemos nosotros aceptar, señor diputado, es que los programas sociales sean destinados a satisfacer las aspiraciones a las campañas políticas del partido que está en el Gobierno, es decir del Partido Acción Nacional.
Por eso es que nosotros hemos impugnado y lo hemos señalado con toda claridad, que la designación del partido en el Gobierno respecto a la nueva titular...
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Disculpe señor senador, ¿ya terminó su contestación?
El senador David Jiménez González: No sé si le habré dado satisfacción al señor diputado.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Para que nos hiciera favor ya de terminar el punto de acuerdo.
El senador David Jiménez González: Con mucho gusto le termino la pregunta. Mire usted, compañeros de Acción Nacional, no les preocupe; eso lo está conociendo todo el país, pero vamos a tomar en consideración el llamado de la Presidencia de la República...
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Por favor, le pido atentamente, no hay diálogos personales.
El senador David Jiménez González: Con mucho gusto.
Nosotros quisiéramos decirle que toda la estrategia del cambio de SEDESOL no obedece más que a una estrategia de carácter electoral, para impulsar a la Presidencia de la República al candidato de Acción Nacional y ganar las curules como los asientos o los escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas, que por supuesto no van a lograr. Por eso es que nosotros, los priístas, presentamos un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que cite a comparecer a la ciudadana Ana Teresa Aranda Orozco, nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social, con el propósito de que exponga a detalle los programas de trabajo de esta dependencia federal a su cargo, para el Ejercicio 2006, para que no seamos sorprendidos en mi estado, por ejemplo, en donde se está dando un apoyo inusitado a la campaña de uno de sus candidatos al Gobierno de Morelos.
Segundo. Se solicita asimismo, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que en el marco de la comparecencia a que se refiere el resolutivo anterior, informe de manera pormenorizada el destino, reglas y mecanismos de aplicación de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 en materia social, para el periodo comprendido entre el 19 de enero a julio de este mismo año, para que desde luego estos programas no sean de gorra, sino que tengan desde luego un rendimiento de carácter electoral. Eso es lo que no quiere el pueblo de México.
¡Dejemos que elija con libertad, que la ejerza para que enriquezcamos la vida democrática de nuestra República!
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación)
Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión.
Tenemos registrado para hablar a favor, al diputado Federico Doring, de Acción Nacional; al diputado Jorge Trina, de Acción Nacional; a la diputada Sofía Castro, del Partido Revolucionario Institucional y al diputado Iván García Solís. ¿También a favor o en contra, diputado?
El diputado Iván García Solís (desde la curul): A favor.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el diputado Federico Döring, hasta por 5 minutos.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:
Nos hemos inscrito los legisladores de Acción Nacional para hablar en pro de lo que es el resolutivo...
(sigue turno 34)
.. nos hemos inscrito los legisladores de Acción Nacional para hablar en pro de lo que es el resolutivo, de lo que es el espíritu republicano del punto de acuerdo que debe ser bienvenido por la Comisión Permanente.
Hay una nueva designación al frente de la Sedesol y es sano para la vida republicana del país; que se inicia el diálogo entre ambos Poderes y que podamos tener un intercambio de opiniones, de inquietudes y trabajar idealmente juntos en materia de política social en este país.
A favor de eso estamos todos los legisladores de Acción Nacional. Por eso, aunque cause sorpresa, estamos apuntados a favor del espíritu de la propuesta.
Lo primero que hay que reconocer de la intervención de mi amigo, el senador David Jiménez, es, en primera, que dejó atrás la grosería y la misoginia con la que estaba originalmente redactado el punto de acuerdo.
En los términos en los que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, tiene un bastante grotesco tufillo de misoginia y yo diría hasta de grosería. Porque aquí se discutió la semana pasada el desempeño de Josefina Vázquez Mota y nadie puso en tela de juicio ni su honorabilidad ni su ética al frente de la Sedesol.
Y hoy, a sus espaldas, sin que ella tenga la oportunidad de réplica ni de defenderse, se redacta algo que me parece que demerita más a quien lo escribe que a quien lo recibe como insulto.
Eso es lo primero que hay que reconocer.
Y de lo que dijo el senador David Jiménez, la verdad es que no merecería mayor comentario. Es un discurso de su plataforma electoral para el gobierno de Morelos, no vino aquí a hablar del tema, vino a hablar como si estuviera en mitin político en el estado de Morelos, en contra del gobierno de la República, en contra del PAN, no quiso entrar al tema ---y eso también se lo voy a agradecer mucho---, porque lo que usted acaba de reconocer con su intervención, amigo y compañero, es que no tiene elementos para descalificar a Ana Teresa Aranda; que no tiene un solo elemento para cuestionar la designación y como no tiene manera de cuestionar la eficacia y los resultados del gobierno federal en materia de política social, usted sólo recurre a hablar de otros temas, de otras entelequias y nos trae el tema del crecimiento económico.
Y ciertamente ahí hay un pendiente, ciertamente; no se creció al 7%, pero es la primera vez en la historia de este país que cuando el resto de las economías del mundo entran en crisis y en recesión, dos terceras partes de las economías del mundo entraron en crisis después del 2001 y tuvieron tasas negativas de crecimiento, este país no se colapsó como se había colapsado anteriormente.
Porque las crisis económicas de las que usted amnésicamente no recuerda los resultados, se daban en un contexto internacional en donde todo el mundo iba en bonanza económica y con tasas de crecimiento de ese 7% y México tenía tasas negativas y era el caso excepción y no un mal generalizado como fue el caso de la crisis o de la recesión internacional del 2001 y 2002 y 2003.
Y quizás usted no aprecie que tengamos una inflación de un dígito, quizá usted no aprecie que no hayamos tenido una devaluación, quizá usted no aprecie las bondades de la estabilidad macroeconómica; quizá no las aprecie porque no están en la cultura priísta que usted tan enraigadamente lleva y con tanto orgullo enarbola en la tribuna.
Pero para los que las padecimos y para los que no las compartimos, sí las valoramos.
Y sobre ese 7% también sería ético que le dijéramos al pueblo de México qué grado de responsabilidad tiene el Congreso de la Unión, en qué medida dejó de colaborar el Congreso de la Unión y una oposición, que no es de Acción Nacional y una mayoría que no comulga con Acción Nacional, en la consecución de esas metas.
Porque nosotros fuimos una oposición constructiva, responsable, siempre. Y eso es algo que no muchos pueden decir en esta sala y que no muchos van a poder decir en campaña.
Y no se preocupe, no se preocupe. Lo único que se va a dar en el 2006 es este debate. Usted lo está anticipando porque no tiene argumentos para hablar en materia de política social.
Bienvenido al debate político. Nos veremos en las urnas y nos veremos en la campaña. Y seguramente, seguramente, Josefina va a ser, como usted mismo ha reconocido, una excelente incorporación al gobierno de Calderón y a la Campaña de Calderón.
Lo dije la semana pasada y se lo reitero: si no fuera buena, si no tuviera buenos méritos, si no fuera una buena operadora política y no pudiera aportarle muchísimo como mujer y como política a la campaña de Calderón, no estarían tan nerviosos, ¿eh?, no habría tanto brinco, estando el suelo tan parejo.
Muchas gracias, señor Presidente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra la diputada Sofía Castro.
El senador David Jiménez González: (Desde su curul) Para alusiones personales.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Con mucho gusto lo invitamos, terminando.
El senador David Jiménez González: (Desde su curul) Para alusiones personales procede de inmediato.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Pase usted, señor Senador…
( Sigue turno 35 )
... señor senador.
El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): El diputado Döring respetó a cabalidad el tiempo y en esa misma tesitura haríamos la solicitud.
El senador David Jiménez González: No se preocupe, no se preocupe señor diputado.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el senador.
El senador David Jiménez González: Con su permiso compañeras y compañeros.
Qué bueno que aclaró Federico Döring, mi amigo –por supuesto que somos amigos de mucho tiempo atrás- el que yo no estuve de acuerdo en la redacción de lo que apareció en la Gaceta; por eso quise, que lo que yo estuviera diciendo en la Tribuna, como va a quedar en el Diario de los Debates de la Permanente, establezca con toda claridad mi posición al respecto.
Por eso, qué buena aclaración hizo usted señor diputado Federico Döring. Yo asumo la responsabilidad de lo que escribo y de lo que digo, y la asumo completamente.
Así pues, quiero decirle que el espíritu republicano y la política social, pues realmente el espíritu republicano es respetar las instituciones que nos hemos dado como nación independiente desde 1824, cuando nos constituimos como una República representativa, democrática, federal, a pesar después de la reacción que se dieron allá por los años treinta y tantos en donde tuvimos partidos conservadores, la siete leyes treintalistas de 36, las bases del 43, etcétera, pero el pueblo de México nuevamente recapacitó y dijo: "Ese no es el camino ¡eh!", que es lo que está hoy día recapacitando. Vamos a volver por el sendero del progreso, de la libertad y de la justicia social, por eso tenemos una Constitución con un contenido social extraordinario.
Quiero considerar a usted, que yo no estoy hablando en lo personal de doña Teresa Aranda, como usted bien lo comentó, ni de Josefina Vázquez Mota, lo que estamos viendo es la operación que se hace del Gobierno del Estado por medio de una de sus dependencias para poder canalizar recursos que están destinados a resolver los problemas sociales de nuestras zonas marginadas y que no sean éstos utilizados con un afán electorero, es decir, tratar de promover las acciones del gobierno como lo está haciendo el Presidente Fox y como lo han venido haciendo muchos de los secretarios de Estado, para impulsar las carreras políticas de candidatos a diputados, de candidatos a senadores y hasta gobernadores de los estados.
Pero yo quiero comentarle una cosa muy importante, señor diputado Federico Döring, usted hace gala del 3.5 por ciento de la inflación. Fíjese que es un reconocimiento para nosotros, porque usted no debe de olvidar que tiene una autonomía el Banco de México de hace más diez años ¡eh!, donde ustedes todavía ni pintaban.
Y quiero decirle lo siguiente: Esa manera de manejar el Banco de México y la Secretaría de Hacienda por Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz, es lo que ha permitido seguir esta estabilización hasta hoy, después de que el último gobierno priísta del Presidente Zedillo, dejó un crecimiento del 7 por ciento, que no lo ha igualado el gobierno panista del Presidente Fox, por el contrario, se han incrementado fenómenos antisociales a tal grado que hoy día la población de México vive aterrorizada, fundamentalmente en ciertas entidades como Baja California, Sinaloa, como Tamaulipas, como el Distrito Federal, como mi propio estado, Morelos, en donde se ha desbordado la delincuencia, por ejemplo, y no se ha tenido un programa definitorio que nos permita combatir esos actos delictivos.
No me podrá usted desmentir el desempleo galopante que hay en todo el territorio nacional y que quieren convencer a los trabajadores que por fortuna todavía conservan su trabajo, el que darles un incremento de un peso 80 centavos a su salario, es una obra republicana y revolucionaria del Presidente Fox y del gobierno de Acción Nacional.
¡No! Compañero Federico Döring, con todo el afecto que le tengo. No, de ninguna manera podemos decir que son logros y éxitos del Presidente de México y de su partido, por el contrario, son las huellas que han venido dejando durante más de cinco años en donde el pueblo de México la está viendo con lupa. Y por eso, es que el próximo 2 de julio...
(Sigue turno 36)
.. México la está viendo con lupa, y por eso, es que el próximo 2 de julio, ustedes no van a obtener el respaldo que tuvieron en el 2000, porque el pueblo de México, hoy más maduro que hace 6 años, va a ver con un sentido crítico, con un juicio severo a cada uno de los actores políticos, a nivel nacional, a nivel estatal y para aquellos que van a integrar los municipios, los congresos locales y el congreso nacional.
Nosotros sí decimos con índice de fuego, que fallaron totalmente ustedes y no supieron cumplir las promesas que le ofrecieron al pueblo de México en el año 2000.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias, Senador. Tiene el uso de la palabra el Diputado Federico Döring para alusiones personales, hasta por cinco minutos.
El diputado Federico Döring Casar: Habría que aclarar algunas de las aportaciones del Senador David Jiménez, que más que contener elementos de inteligencia y de análisis aportan el folklore de algunos de los actores políticos de nuestro país.
Yo celebro lo que el dice y el precedente que señala de la autonomía del Banco de México, qué bueno, porque esa reforma constitucional se dio con el voto a favor de los legisladores de Acción Nacional, y es el mismo espíritu de una posición responsable que deberían de tener los legisladores del PRI, los legisladores del PRD y de todos, en las reformas que ha planteado recientemente esta Cámara para la autonomía de los organismos financieros.
Sí, ciertamente que Guillermo Ortiz es un valuarte de la estabilidad, y ciertamente, que la autonomía del Banco de México ha contribuido, y es sano, inclusive, la discrepancia en las proyecciones macroeconómicas del propio Banco de México y de la Secretaría de Hacienda; pero lo que no se dijo aquí o porque se desconoce o porque no conviene reconocerlo, es que esa es, fue y será, una propuesta histórica de Acción Nacional, antes de la propuesta del Ejecutivo priísta en su momento; como lo fue el voto de la mujer, y como lo fue la credencial para votar con fotografía y como lo fue la PROFECO y como fueron el Instituto Mexicano Social y tantas instituciones, a propósito de instituciones, que nosotros desde la posición, construyendo y no bloqueando, aportando y no cercenando, le dimos a este país y que después fueron retomadas convenientemente por el PRI, cuando el PRI vio que tenían cabida en la vida política del país.
Y es de sabios cambiar de opinión y qué bueno que lo hayan hecho, porque en ello aprendieron su capacidad para escuchar y para aprender de la oposición; pero en esa misma medida, deberían de ser también una oposición más responsable y más corresponsable, para efectos de lo que usted señala de lo del Banco de México.
Y sobre el escenario electoral se lo vuelvo a decir con todo el aprecio que le tengo, no es esta la tribuna, su campaña, compañero, es en Morelos, y ahí, le recuerdo que la gente ha tenido, a propósito de la zozobra que usted nos viene a traer aquí cuando refiere la inseguridad, la peor y más ominosa crisis de secuestros y de zozobra en la historia de cualquier entidad federativa, y ese legado histórico y esa zozobra y ese inicio de los secuestros como industria delictiva en este país, no se generó en un gobierno panista, se generó en un gobierno priísta, es manufactura priísta de importación, la tecnología de punta fue morelense y ustedes fueron incapaces de contenerlo y como gangrena nos ha castigado a toda la nación y eso es algo de lo que usted debería de estar avergonzado, no por ser morelense, sino porque yo como mexicano y cualquiera, deberíamos estar avergonzados de nuestra incapacidad como actores políticos para sacar adelante la reforma que ha propuesto el Presidente de la República en materia de procuración y administración de justicia, que sería un buen paso adelante, para avanzar en eso que a usted tanto le lacera y que tanto denigra al pueblo de México, porque los discursos no son tan buenos como las acciones, y la gente va a votar mucho más que por los discursos, por las acciones.
Y en el tema que nos ocupa, que usted sigue desviando, las acciones en materia de desarrollo social son tan buenas que le incomodan a ustedes y todavía no empieza la campaña. Espérese al día 19, señor y va a ver lo que es campaña.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos para alusiones personales, señor Senador… (Sigue turno 37)
...el uso de la tribuna hasta por tres minutos para alusiones personales, señor senador.
El senador David Jiménez González: Con su permiso, señor Presidente.
Mire señor diputado Doring, la inteligencia y el folklore, hace años que ustedes lo demostraron pero a plenitud y ante todo el mundo, no solamente ante el pueblo de México.
Yo quisiera recordarle a usted y a sus compañeros, quien fue el que se puso las orejas de burro, que todavía no sé si se las habrá quitado, pero se las puso en el Congreso y que por supuesto, no ha resuelto ninguno de los graves problemas que tiene hoy día nuestro país. Ahí está el folklore, ésas orejas de burro.
Segundo. Nunca antes el desorden, la confusión, había existido en el gobierno; el Presidente dice en la mañana una cosa, al mediodía dice otra y en la noche otra y los Secretarios de Estado dicen lo mismo y se contradicen. Bueno, no tenemos rumbo, no tenemos ningún camino claro que recorrer los mexicanos para enfrentar esos problemas de pobreza, de miseria, de desempleo, de inseguridad, de vivienda, ahora que nos sacan unos programas, dizque va a incrementarse; yo quisiera que fuera a usted a Morelos para que vea qué tipo de viviendas están desarrollando allá y qué impacto han tenido en las comunidades de mi estado.
Nosotros tenemos que tener un gobierno responsable, que verdaderamente vele por los intereses de la sociedad, los intereses mayoritarios de la población y no que venga a prevalecer los intereses de grupos o de familiares para poder obtener alguna ganancia.
Yo creo que la posición responsable la debemos de asumir todos y sí, y por eso la estamos nosotros convocando los priístas, para que no se dejen ustedes de ninguna manera sorprender en la actitud que tiene ya deliberada el Presidente, que por conducto de una de las dependencias encargadas de resolver los problemas sociales, quiere desde luego impulsar las actividades políticas para lograr los triunfos que ¡no alcanzarán!, por supuesto, que no alcanzarán de las zonas marginadas del pueblo de México, porque se han dado perfectamente cuenta, cuál ha sido el propósito y el fin y el objetivo de este gobierno.
Quiero comentarle por otro lado en cuanto a la legislación, vea usted mi querido Federico Doring y se la voy a poner a su disposición, dos cosas: una la participación de nosotros para reformar diversas disposiciones del Código Penal, entre las cuales destaca la normatividad nueva acerca del narco menudeo y la competencia concurrente que usted conoce también.
Y otro, no me diga usted que desconoce en dónde está el Jefe de la Policía Ministerial del estado de Morelos, del gobierno de Estrada Cagigal y de lo que ha sido señalado.
Muchas gracias por su atención. Cumplí con el término, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga:Se le agradece mucho, señor senador.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Sofía Castro, para hablar en pro.
La diputada Sofía Castro Ríos: Con su permiso, señor Presidente.
En efecto, para el grupo parlamentario del PRI, representado en esta Comisión Permanente, es fundamental hacer comparecer a la nueva titular de la SEDESOL, por las razones que ella precisamente ha ocasionado.
En primer lugar, la escasa percepción de lo que la sociedad mexicana espera en un rubro tan sustancial como el desarrollo social.
En segundo lugar, decirle a Federico Döring, que si no se atrevió algún legislador a soslayar la actitud o la conducta de la ex titular de SEDESOL, Josefina Vázquez Mota, eso no necesariamente implica, la capacidad no va unidad con los resultados; por supuesto que es una talentosa para llevarse a pasear a los legisladores, hay que reconocérselo, pero eso no necesariamente habla de los resultados de combate a la pobreza, de la disminución del rezago de las micro regiones que por decreto tiene a su cargo. Tan es así que de los 818 municipios indígenas de México, hay más de 50 que están considerados de muy alta marginación y debería darles pena llamar los antecedentes de la cifra que el propio Ejecutivo ha publicado.
Luego entonces y por la falta y acotada percepción de la nueva titular...
(sigue turno 38)
..propio Ejecutivo ha publicado.
Luego entonces, y por la falta y acotada percepción de la nueva titular de la Sedesol, es necesario que el pueblo de México, y particularmente esta Comisión Permanente, conozca de las aspiraciones de ese nuevo encargo.
Por el segundo tema, tenemos que revisar el pasado, su pasado muy próximo al frente del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia a nivel nacional, en la que, en primer lugar, las cifras de la desintegración de la familia en este sexenio deben ocuparle, y no fueron motivo de su ocupación y su preocupación.
No hay ningún avance en materia de asistencia social, porque evidentemente no la percibió, fue un espacio que le regaló su amiga, la que…el cambio que generó este gobierno, pues fue el cambio de cónyuge, entre otras muchas cosas, ¿no?
Evidentemente, no necesitan año de Hidalgo, pues no acaban de conocer las cifras del Fovissste, del Infonavit de los hermanitos Bribiesca y el propio hermano de la cónyuge del Presidente, Guillermo Sahagún, en su hospital. Ese es el cambio del que nosotros podemos apreciar y del que no se pueden ocultar, a pesar de lo que diga Federico Döring, en donde dice que su actitud ha sido insoslayable.
Él no puede venir a hablar aquí de misoginia, puesto que el primer ejemplo de misoginia en este Congreso lo representa Federico Döring. Federico Döring, no tolera a ninguna mujer que tenga formación y preparación; él le fue a decir a un programa que no sabía leer. Hace ocho días, Federico Döring, 17 errores de lectura en tan sólo siete minutos.
Entonces, ¿de qué puede venir a apreciar de decir que corre en sus venas la inteligencia? O sea, no hay congruencia. Y por ello, porque no hay congruencia ni en su grupo parlamentario ni en la titular, con una acotada percepción, porque dice que se preparó para Secretaria, y sin menospreciarlo -a cualquier secretaria que me merece absolutamente todo mi reconocimiento y respeto-, eso no necesariamente es sinónimo de que tenga la capacidad, como dice, que le vio el Presidente; si a Ana Teresa Aranda, el Presidente le vio talento, pues imagínense, pues así ha de haber visto siempre el país de las maravillas.
Y por eso cree que el 7% al que ofertó, el candidato sabe cuáles son sus facultades y obligaciones, y el candidato sólo puede ofertar lo que la ley le permite, y no tiene la culpa el pueblo de México que Vicente Fox le haya ofertado un crecimiento de 7%, cuando él sabe que las definiciones no dependen sólo del Ejecutivo, sino están supeditadas a la condición del Legislativo.
En ese sentido, de entrada hay un error de fondo que lo hizo con premeditación, con dolo y obviamente, porque su aspiración…
Hace seis años en su campaña él decía: Vamos a sacar al PRI de Los Pinos por corruptos. Hoy le puedo decir a Vicente Fox y a su familia, y al club de amigos, como Pemex, que acaba de llegar un documento exagerado, en donde Bueno Torio, copiando el origen del Presidente, está haciendo lo mimo con sus hermanos, con los hermanos de la cónyuge de Bueno Torio, y se están enriqueciendo de manera acelerada e inexplicable.
¿Ese es el combate a la corrupción al que ofertaron al pueblo de México? No, y eso es lo que ustedes no van a poder hacer en Sedesol; primero, porque la sociedad está informada, porque los indígenas, porque los más débiles, por su situación o condición económica no permitirán nunca más que se utilicen los programas sociales para poder alcanzar votos en el próximo proceso. Eso no va a ocurrir y de eso nos encargaremos los parlamentarios que tenemos; primero, convicción por el bien de la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Para rectificación de hechos, tiene la palabra el senador Jorge Zermeño.
El senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Presidente.
Bueno, la pobreza, la marginación, la corrupción, la antidemocracia, vienen de lejos, vienen de muy lejos. Y podemos tener visiones diferentes, visiones distintas, pero a los mexicanos no se les engaña.
Ciertamente este es otro México y somos corresponsables como Congreso, como legisladores de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho; si el país no ha crecido al 7%, no solamente es responsabilidad de una sola persona…
(Sigue turno 39)
… al 7% no solamente es responsabilidad de una sola persona, somos corresponsables como gobierno, somos corresponsables como sociedad. Pero nadie puede negar que este país ahora es más libre; que este país ahora hay división de poderes; que en este país hay más transparencia y que hemos logrado muchas cosas juntos los mexicanos y que no hemos logrado sacar de la miseria; de la pobreza y de la marginación a millones de compatriotas; que se generó todo esto en gobiernos corruptos, en gobiernos antidemocráticos, en gobiernos que no supieron ayudar a los mexicanos también para que entre todos pudiéramos hacer de este un país con mejores oportunidades.
Ciertamente coincidimos en que la utilización clientelar de programas sociales no puede ser usada por ningún gobierno y este gobierno no ha utilizado los programas sociales para manipular la pobreza y la miseria de la gente.
Y el PAN no avala que funcionarios de cualquier nivel, federal, estatal o municipal, utilicen programas sociales para manipular la pobreza y la miseria. Este gobierno no lo ha hecho; este gobierno ha sido transparente y ha buscado con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales llevar a cabo los programas sociales de atención a la gente más humilde.
Lo que sí sigue habiendo todavía como prácticas clientelares y electoreras, y las vivimos en los estados, es no solamente programas de asistencia social, sino chambas, presupuestos, obras, servicios, todavía a favor de aquéllos a quienes se quieren manipular electoralmente.
Y yo coincido en que debemos condenar cualquier práctica de esta naturaleza venga de quien venga. Nada más que no cerremos los ojos a lo que sucede en todo el país, en las entidades federativas. Y les habla quien fue candidato hace unos meses, donde se utilizaron la nómina, aviadores, mapaches, recursos estatales, recursos públicos a favor de los candidatos de su partido.
Yo creo que debemos condenar cualquier práctica de éstas, venga de quien venga. Por eso no nos oponemos a que vengan aquí funcionarios a dar cuentas, a que nos expliquen los programas, a que pongan a la luz pública los padrones, a que se diga cómo se utilizan los programas sociales a favor de los mexicanos. Pero que nadie lo haga y que no vengan a decirnos que ahora estas prácticas son nuevas, vienes de lejos, vienen de muy lejos y ojalá las desterremos por bien de los mexicanos y por bien de la dignidad de mucha gente que no se merece ser manipulada por nadie, por ningún partido político.
Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta presidencia tiene registrados como oradores para hablar todos ellos en pro, a los diputados Jorge Triana Tena, Iván García Solís y Julián Nazar Morales.
Sin embargo, en términos del artículo 122 de nuestro Reglamento, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido.
Senadora secretaria Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera suficientemente discutida.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
(VOTACION)
Quienes estén por la negativa.
(VOTACION)
Mayoría por la afirmativa señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Suficientemente discutida.
Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
(VOTACION)
Mayoría por la afirmativa señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a dar celeridad al proceso de declaratoria de zona federal de monumentos arqueológicos del Cerro de la Estrella.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
A la llegada de Hernán Cortés a la cuenca de México en 1519, el Cerro de la Estrella, el Cerro de los Huisaches, formaba parte de la llamada Península de Iztapalapa, una faja volcánica que se inicia en el cerro de la caldera de la serranía de Santa Catarina y termina en el Cerro de la Estrella, dividiendo en ese entonces a los lagos de Chalco y Xochimilco del lago de Texcoco.
El Cerro de la Estrella sigue mostrando ante propios y extraños un gran legado arqueológico y cultural fundamental para la historia e identidad de los habitantes de la ciudad de México. Con la existencia de diversos asentamientos que van desde el preclásico hasta el final de la época prehispánica, incluyendo los ubicados en los alrededores y que tuvieron continuidad poblacional tras la conquista de México, como lo son Iztapalapa, Culhuacán, Mexicaltzingo y los dos últimos, que son importantes conventos coloniales.
El cerro en su conjunto, por lo que ha representado para la vida milenaria de la ciudad de México, es un monumento en sí mismo, fue el punto de origen del calendario y por lo tanto de la villa de nuestros antecesores, el centro del universo donde se admiraba el movimiento del sol y el horizonte durante el año solar.
Por ello cada 52 años, cuando coincidía el inicio de los calendarios, la clase sacerdotal realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo para evitar la muerte del sol, la cual pensaban ocasionarían la total oscuridad del universo, permitiendo el surgimiento de los devoradores de seres humanos.
Desde el año 2001 se decidió llevar a cabo el proyecto de investigación antropológica Cerro de la Estrella, el cual forma parte de la mejor tradición institucional con base a la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural del país.
El Parque Nacional Cerro de la Estrella tenía alrededor de 1 mil 200 hectáreas en la década de 1930 del pasado siglo. Hoy día la declaratoria que está en proceso contempla apenas 190 hectáreas y se supone que desde el punto de vista ecológico es un área protegida, pues gracias a un decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, alcanzó la clasificación de parque nacional.
Pero desde el punto de vista cultural, arqueológico, histórico, aún no lo es y por ello ni con la instalación de una malla se ha logrado controlar el avance, la presión urbana de las colonias colindantes y la permanente amenaza de las invasiones, pues intereses mezquinos hacen que la necesidad de vivienda, su ámbito de lucro al otorgar contratos de propiedad apócrifos y ser ignorado una y otra vez el Bando número 2, iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México, que entró en vigor en enero de 2001 y que supone la redistribución del crecimiento de la mancha urbana hacia las delegaciones periféricas, con la intención de impedir que la mancha urbana siga creciendo hacia zonas de recarga del acuífero donde se produce la mayor parte del oxígeno de la ciudad.
A pesar de la emisión del Bando 2 y de que las autoridades del gobierno capitalino han incrementado la vigilancia en las zonas de reservas y los desalojos de grupos de invasores, el problema persiste, aunque ya no en grandes invasiones, ahora se presenta el fenómeno del crecimiento hormiga.
Los capitalinos ya no podemos seguir tolerando las acciones corruptas de funcionarios que están acabando con los pulmones y la historia milenaria de lo que alguna vez fue un hermoso valle. El Cerro de la Estrella está agonizando y necesita de acciones de gobierno que le permita vivir por muchos años más, porque si este mítico lugar tiene vida, también tendrá vida la Delegación Iztapalapa y la ciudad de México.
Por ello, se exhorta primero al Ejecutivo Federal, a dar celeridad al proceso de declaratoria de zona federal de monumentos arqueológicos del Cerro de la Estrella, con el objeto de que ésta sea concretada de inmediato. Y, segundo, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia tome las medidas necesarias para detener de forma inmediata las invasiones al Cerro de la Estrella y sus predios adyacentes, y además explique por qué no han sido desalojados los actuales invasores. Asimismo, se le solicite a la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial del D.F., que informe sobre la situación actual de esta zona e inicie los trabajos de coordinación con las distintas instancias del gobierno, para recuperar las zonas invadidas.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del ...
(SIGUE TURNO 41)
.. en Votación Económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de Urgente Resolución.
En consecuencia, está a discusión la Proposición.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados.
¿Sí, diputado?
Tiene usted el uso de la Tribuna, señor diputado Iván García Solís.
En pro o en contra, nos precisa, diputado.
El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidente.
Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores:
Esta Propuesta que hemos escuchado, es pertinente porque en efecto, el Cerro de la Estrella, como muchos otros monumentos nacionales, naturales o de construcción humana, merecen esta Declaratoria.
Hay que decir, que en esa calificación del carácter de monumentos, interviene de manera importante, dijéramos, casi definitiva, contundente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por ello, el aval que ha dado este Instituto es importantísimo, es conveniente y de paso, abona por la solidez de este Instituto, que por cierto —y esto hay que decirlo aquí- está siendo asediado por un proyecto de Ley de Cultura que quiere quitarle atribuciones.
De tal manera, que al momento que defiendo esta Declaratoria de Monumento Histórico del Cerro de la Estrella, por las razones urbanísticas, por las razones de convivencia social, por las razones de respeto a lo que para nosotros debe ser considerado como un monumento, agregamos también, la conveniencia, la reiteración de que este Instituto, que aquí es considerado positivo, pertinente, sólido, para hacer esa Declaratoria, luego entonces, también sea considerado así y sea respetado y no invadido en sus funciones por un Proyecto de Ley de Cultura que hemos rechazado en comisiones y que desde luego, no concordamos con él.
Hay que decir, que este proceso de declaratorias es sumamente importante, tiene que extenderse no solamente en el Distrito Federal, sino a lo largo y a lo ancho del país, y hay que decir también, que es conveniente, es aceptable, es ilustrativa, la frase de reconocimiento que el promovente ha hecho acerca del Bando 2, emitido por el Gobierno del Distrito Federal.
El Bando 2, ciertamente, ha buscado promover la limitación de construcciones en zonas periféricas de la ciudad, que, como ocurrió durante muchas décadas, provocaron un desorden en el crecimiento de nuestra ciudad. Es un instrumento que ha sido utilizado para buscar una densificación de la población en las zonas céntricas, pero que al mismo tiempo, —hay que decirlo- implica actuar con la mayor responsabilidad para garantizar los servicios que son necesarios y buscar que esto...
(Sigue turno 42)
… para garantizar los servicios que son necesarios y buscar que esto implique un beneficio sin algunos perjuicios posibles.
Así pues, concluyo esta intervención adhiriéndome a esta propuesta y sobre todo haciendo un llamado, un llamado muy enfático para que este instituto al que ahora se invoca, este instituto al que ahora se reconoce, no solamente se le reconozca para una acción de esta naturaleza, no sólo se le reconozca casuísticamente para una promoción particular de una declaratoria de monumento nacional sino se le reconozca y se le respete en todas sus dimensiones, y esta es una parte del sentido de mi intervención, y por lo tanto se cobre conciencia de que es totalmente inconveniente e inaceptable darle curso a una ley de cultura restrictiva para este instituto y que tampoco garantiza otros beneficios y otras ventajas como sería la unidad entre la educación y la cultura que no está suficientemente concebida en ese proyecto de ley.
Termino pues diciendo que es conveniente aceptar, respaldar esta promoción en todo lo que implica y desde luego respaldar también al instituto encargado de dar un punto de vista contundente en esta materia.
Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Esta presidencia no tiene más oradores registrados, en consecuencia se considera suficientemente discutido este asunto.
Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición planteada.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I Ó N )
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I Ó N )
Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado.
Se ha recibido del diputado Iván García Solís, una proposición como punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a sancionar los delitos y actos de discriminación en contra de los ciudadanos Gerardo Eliud Domínguez y Samir Jabdur, suscrita por los diputados Inti Muñoz Santini y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
--- Como lo ha solicitado, túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine las reformas a la Ley de Servicio de Administración de Bienes, SAE, y al artículo 62 de la Ley de IPAB, a fin de apoyar a los deudores de la banca.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadano presidente.
Efectivamente, el 19 de abril de 2005, el grupo parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 62-bis a la Ley del Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Y considerando que el objetivo de esta iniciativa era el de adecuar el marco jurídico de este instituto a fin de que se encuentre la posibilidad de ofrecer a los pequeños y medianos deudores que hubo de la banca, la posibilidad de recomprar sus deudas sin la intermediación de las administradoras de cartera otorgándoles por lo tanto a estos pequeños deudores el derecho al tanto para recuperar sus bienes.
Es importante señalar que el propio 15 de diciembre, el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones tanto a la Ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, al SAE, como a la Ley del IPAB, que coinciden ampliamente con el contenido de esta iniciativa presentada por Convergencia en el mes de abril del año pasado y que sin lugar a dudas servirá para apoyar y restaurar o rescatar a muchos deudores para que recuperen sus bienes y evitar así el grave costo social y económico que le supuso la creación del IPAB.
Esta iniciativa aprobada por el Senado de la República, establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente…
( sigue turno 43 )
..esta iniciativa aprobada por el Senado de la República establece una serie de modificaciones al marco jurídico existente que deberá permitir que se lleven a cabo las siguientes acciones, tanto por el IPAB como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y que dichos organismos administran los créditos para que se sujeten a los montos mencionados en el primer párrafo del artículo que contiene dicha reforma.
El Instituto, entonces, en coordinación con el SAE, publicaría una convocatoria en donde se informa a los deudores en general, la posibilidad de adherirse al Programa de Recuperación contemplado en este artículo. El SAE, además servirá como ventanilla de gestión para la celebración de contratos de adhesión de los pequeños y medianos deudores que cumplan con las condiciones de entrada al Programa y recibirá el pago respectivo por la enajenación de los créditos liquidados por los deudores que se adhieran a este Programa.
Los deudores que se adhieran al Programa de Enajenación de Créditos Menores, deberán pagar, en un plazo no mayor de doce meses, el importe de los recursos recibidos por parte de la institución respectiva, mismo que no podrá exceder del 50% del monto originalmente recibido por el deudor cuando se trate de créditos agropecuarios. Cuando se trate de créditos comerciales, empresariales y refaccionarios, este monto no podrá ser superior al 60% y en los créditos hipotecarios y de vivienda no puede ser superior al 70%.
En adición a los montos establecidos en el inciso anterior, los deudores que se adhieran al Programa, deberán pagar un 2% adicional por concepto de gastos y administración al SAE. Los deudores que se adhieran al Programa, deberá cubrir todos los gastos derivados de la cancelación de gravámenes, escrituración, liberación de hipotecas y honorarios notariales.
El Programa deberá establecer condiciones especiales para adultos de la tercera edad y para discapacitados. Todos los créditos que el Instituto cedió en la administración a empresas especializadas o compradoras de carteras, deberán ser transferidos otra vez al SAE. Cuando la cartera haya sido vendida por el Instituto a alguna administradora de cartera, el Instituto la recomprará a las administradoras, para lo cual pagará el mismo precio al que la vendió, más un porcentaje que compense los gastos de administración en que se hubiere incurrido o en que hubiere incurrido la empresa especializada o compradora de cartera.
Las instituciones de crédito deberán extender una carta de sesión de derechos de los créditos que transfieran al Instituto, nombrando al SAE como el nuevo titular de los derechos litigiosos y de administración de los créditos respectivos.
Durante el periodo contemplado en el punto anterior y para dar certidumbre a los deudores que se adhieran al Programa, los bancos y las administradoras se abstendrán de promover las ventas judiciales y desalojo de viviendas.
Por lo consiguiente, solicitamos se apruebe el siguiente punto de acuerdo, que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que dictamine las reformas a la Ley del Servicio de Administración de Bienes y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al artículo 62 de la Ley del IPAB, a fin de apoyar a los pequeños deudores de la Banca para que puedan recuperar los bienes perdidos por una crisis a la que fueron totalmente ajenos.
Muchas gracias señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias señor Diputado.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al titular del Instituto Nacional de las Mujeres, informen sobre los avances y resultados en atención a la problemática que enfrentan las mujeres indígenas.
La senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias señor Presidente.
Con relación al lamentable fallecimiento de la comandanta tzotzil, Ramona, bordadora de oficio, tuvo, entre sus varios trabajos, según decía, despertar a la gente, y es que fue el prototipo de la indígena invisible, de los más pequeños, de aquellas tierras invisibles que parecen no existir.
Sin embargo encarnó una de las imágenes tan poderosas e inolvidables de México y también del mundo. Fundadora del Ejército Zapatista y uno de los mandos civiles, el más alto del EZLN, impulsó la Ley Revolucionaria de las Mujeres como un programa de lucha por cumplir.
A Ramona se le recordará como aquella única mujer que participó en el primer diálogo entre la guerrilla y el Gobierno Federal…
(Sigue turno 44)
como aquella única mujer que participó en el primer diálogo entre la guerrilla y el gobierno federal. La primera delegada del grupo armado en participar en una consulta sobre los derechos indígenas. La primera zapatista en llegar al Distrito Federal. La llamada Dulce Furía, un espejo de convicción y de lucha. Puso a temblar al régimen pero también a la propia muerte que deseaba vencerla con una enfermedad curable solo para las sociedades que tienen acceso a los tratamientos oportunos y prevenibles.
Hoy ese símbolo de dignidad de los pueblos indígenas también es la voz de la opresión de las mujeres. Su preocupación por la necesidad de contar con mecanismos de atención a la salud se hizo audible en sus propias palabras, señalando que ella era una de las miles de mujeres indígenas que se encuentran gravemente enfermas en todo el país. Tenemos muchas enfermedades, pero los médicos, las medicinas, los hospitales, no están en nuestras manos.
En el contexto nacional de la democracia pluricultural y en un estado multiétnico, la situación actual de los pueblos indios caracterizada por la exclusión, opresión y pobreza, intolerancia, racismo, discriminación y aún la negación de los derechos, demanda también la legitimidad de los reclamos de la lucha de las mujeres para que se dignifique su participación y su contribución a las propuestas de todas las reformas que necesitamos.
Sí, las mujeres han sufrido un agravio histórico que es necesario reconocer para hacer justicia y reparar los daños que han hecho la discriminación, la exclusión y la opresión que viven muchas mujeres en diferentes sociedades indígenas y también no indígenas.
Con relación al tema de Los Usos y Costumbres, la voz de la mujer indígena está clamando que el reconocimiento de los derechos de las mujeres sea la costumbre, porque no todas las costumbres son buenas. Y que el nuevo pacto en sus comunidades y culturas sobre la tolerancia y el respeto a ser mujer consideren también su derecho a participar y tener representación política.
Hay indicadores que señalan la doble exclusión por el hecho de ser indígenas y también mujeres. Según el Instituto Nacional de las Mujeres se señala que en los municipios indígenas el índice del analfabetismo en las mujeres es el 42 por ciento en comparación con los hombres que es el 24 por ciento. Y el 22 por ciento de las mujeres indígenas han dejado de ser solteras antes de cumplir los 19 años, en comparación con el 8 por ciento de los varones.
Por otra parte, el Censo 2000 reporta una participación indígena femenina en la actividad económica de un 25 por ciento contra un 70 por ciento de los varones. Esto significa propiamente a la subestimación de las partes y pasión de los procesos productivos.
Otro ejemplo es la mortalidad materna cuyo índice se calcula tres veces más alto en el caso de las mujeres indígenas de las que no lo son.
En respuesta a estas desigualdades, el Programa Intersectorial de Atención a las Mujeres Indígenas del Gobierno Federal se visualizó como un espacio interinstitucional con el interés de coordinar acciones aisladas, iniciativas gubernamentales dispersas y potenciar la acción organizada de las mujeres indígenas. Por lo que es necesario conocer cómo se ha dado la aplicación de un enfoque de trabajo basado en los ejes de la multiculturalidad, la sustentabilidad y el género.
Hay muchas áreas de atención, hay un convenio interinstitucional que está firmado en junio del 2002 y su vigencia es en este noviembre de 2006. Vale la pena el seguimiento de las bases y de los mecanismos de trabajo.
Es por ello de que en virtud de que hay que reconocer también la destacada labor de muchos organismos nacionales o internacionales que han sido pilares en el desarrollo de acciones en beneficio de las mujeres indígenas y sus comunidades, sobre todo en la necesidad de asignación de recursos con criterios de género.
Vale la pena que se erradiquen enfermedades que por mucho tiempo atrás pues vemos que en las regiones no indígenas ya están erradicadas pero que todavía siguen siendo una necesidad en las comunidades indígenas.
La alimentación, el techo, la educación, la salud, de niñas y niños indígenas en quienes se ven esperanzadamente los frutos en el combate a estas desigualdades, vale la pena llevar un seguimiento. Por eso solicitamos información detallada sobre los avances y resultados de los mismos para plantear lo que hace falta por hacer.
Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática plural, incluyente y participativa, impone eliminar la intolerancia, la discriminación, así como adquirir una nueva conciencia ciudadana que reconozca y valore a las mujeres en sus pueblos indios como cofundadora de la nación mexicana.
Señor Presidente:
Como está publicado en la Gaceta el punto de acuerdo
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pueblos indios, como cofundadoras de la nación mexicana.
Señor Presidente, como está publicado en la Gaceta el Punto de Acuerdo, dejo hasta aquí, solicitándoles la integración del texto que hoy he leído, en el Diario de Debates.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Así se hará, señora Senadora, se insertará el texto íntegro de su proposición con Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates. Y se turna a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal asignar los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, relativo al otorgamiento de becas para medallistas olímpicos y paraolímpicos.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
El 14 de septiembre de 2004 se publica en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, una iniciativa presentada por el diputado Espino Arévalo, misma que buscaba adicionar un artículo 104 bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que todos los atletas mexicanos olímpicos y paraolímpicos reciban una beca vitalicia. La iniciativa de referencia se turnó a la Comisión de Juventud y
Deporte de la misma Cámara.
El 9 de febrero de 2005 se publica en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el proyecto de dictamen de la citada iniciativa, que consideraba que la modificación se tenía que dar al artículo 99 y no al 104 de la ley en comento.
El 22 de febrero fue aprobada por unanimidad en el pleno de esa misma Cámara y el 28 de abril por la mayoría en el Senado.
El 21 de julio de 2005 se publica en Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Debemos admitir que los legisladores de ambas Cámaras aprobamos una iniciativa que carecía de los elementos suficientes para ser considerada viable, pues tanto la iniciativa original como el proyecto de dictamen que emitió la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, carecen de la más elemental técnica legislativa, pero además tiene una gravísima omisión: no se precisa de dónde se obtendrán los recursos necesarios para otorgar la beca vitalicia.
La iniciativa resulta ser muy vendible ante los medios de comunicación, basta recordar los spots de la Cámara de Diputados, que hasta hace algunos días se transmitían en radio y televisión, a través de los cuales un atleta paraolímpico manifestaba su beneplácito por este apoyo de los legisladores.
No podemos estar en contra del espíritu de esta iniciativa, el apoyo a aquellos que ponen muy en alto el nombre de México en las justas deportivas más importantes, pero sí debemos estar en contra de que se presuma una acción legislativa que en realidad terminó por ser una grave y elemental omisión.
Y es que luego de que el 15 de noviembre de 2005 los diputados aprobáramos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006, ninguno de los 500 diputados, ni siquiera el Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara, hicieron algo para asignar recursos a la creación de los fideicomisos que administrarían las becas para estos deportistas. De tal suerte que no sólo incumplimos con una ley, sino que además los legisladores nos mofamos de los mexicanos al publicitar en los medios un apoyo que ni se ha dado y ni siquiera está contemplado presupuestalmente.
El total de los recursos que se requieren para la conformación del fideicomiso es muy variable, depende de la cantidad que se pretenda dar a cada deportista y esto finalmente lo habrá de determinar la Secretaría de Hacienda.
En cualquier caso son dos los problemas que tenemos ya en cuanto al otorgamiento de estas becas. Primero, los recursos para el año que corre, el 2006, y también los recursos para el año que concluyó, el 2005, por el retroactivo, ya que a partir del mes de agosto debimos haber empezado a otorgar este apoyo económico.
Señores legisladores, el establecimiento legal de reconocimientos, estímulos y recompensas para destacados compatriotas, es un acto de justicia para aquellos que se esfuerzan en superarse y que al hacerlo ponen muy en alto el nombre de nuestra nación y hacen que todos nos sintamos orgullosos de ellos, y, en particular, de nuestro país en general.
Es un acto de justicia, porque con la suma de particulares, superaciones personales, se construye el México ganador y de pleno desarrollo al que aspiramos, pero no mintamos diciendo que hicimos algo que en realidad ni siquiera iniciamos.
La entrega de los recursos para becas a medallistas olímpicos y para olímpicos, es menos que una realidad. Hay que tener la vergüenza suficiente para aceptar nuestras fallas y aún más, hay que tener el coraje y la responsabilidad necesaria para dar solución a un problema que desde aquí, desde la Cámara, ...
(SIGUE TURNO 46)
.. la vergüenza suficiente para aceptar nuestras fallas, y aún más, hay que tener el coraje y la responsabilidad necesaria para dar solución a un problema que desde aquí, desde la Cámara, y no desde ningún otro lado, se generó.
Por lo anterior, proponemos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:
Primero: se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a asignar los recursos necesarios que permitan cumplir con el otorgamiento de os reconocimientos económicos vitalicios a los que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para los años 2005 y 2006.
Y, segundo: se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2007 se contemplen los recursos necesarios para el buen funcionamiento del Fideicomiso referido en los párrafos 2º y 3º del artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias, señor Diputado. Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La senadora Lucero Saldaña Pérez: Como lo ha señalado la Presidencia, se consulta a la Asamblea si el anterior asunto se considera de urgente y obvia resolución. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (Votación). Gracias.
¿Por la negativa? (Votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados; en consecuencia, se considera el asunto suficientemente discutido y le ruego, señora Secretaria, consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
La senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición en mención. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación). Gracias.
¿Quienes estén por la negativa? (Votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra, a nombre de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, el diputado Iván García Solís para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal apoye, sin reservas, los recursos legales de los abogados de los mexicanos condenados en los Estados Unidos de América, para evitar la ejecución suscrita por diputados de diversos partidos políticos.
El diputado Iván García Solís: Gracias, diputado Presidente.
Con este carácter de amplio consenso y de muy reconocible responsabilidad, doy lectura a ustedes, esta propuesta de punto de acuerdo para ser resuelta de manera urgente.
La pena de muerte es la mayor de las violaciones a los derechos humanos al ser un castigo cruel, inhumano, degradante e irreversible. Viola los fundamentos mismos del valor y la dignidad humana. Ninguna investigación ha demostrado que la pena capital sea más eficaz que otros castigos; al contrario, sí se prueba que promueve una cultura de violencia. En ocasiones se impone de manera discriminatoria y no tiene cabida en una sociedad moderna.
Ángel Maturino, de 45 años, fue sentenciado a la pena de muerte en mayo de 2000 por el homicidio de la médica Claudia Benton, en Houston, en 1998. Mauricio (?) Maturino se entregó en forma voluntaria en 1999. El juez William Harmmond, de la Corte Criminal del Distrito 178 en Houston, fijó la fecha de ejecución del connacional para el próximo 10 de mayo. ¡Vaya fecha que escogió! Siete años después de haberse entregado de manera voluntaria a la justicia estadounidense.
Fijó la fecha a pesar de la solicitud para que se pospusiera la ejecución hasta que se dicte una decisión al recurso de apelación del mexicano ante instancias federales.
Maturino se ha convertido en el primer mexicano en tener fecha de ejecución desde marzo del 2004. Cuando se le fijó en Oklahoma a Oswaldo Torres Aguilera, a quien se le conmutó por una sentencia de cadena perpetua.
No se ha ejecutado a ningún mexicano…
(Sigue turno 47)
...conmutó por una sentencia de cadena perpetua. No se ha ejecutado a ningún mexicano desde agosto de 2002.
Por esas razones se propone este punto de acuerdo y hay que tomar en cuenta que estamos respetando y promovemos que se respete lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de pena de muerte; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Todas estas documentaciones las exhibimos, las invocamos como parte de este alegato.
Por lo antes expuesto, entonces sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que apoye sin reservas los recursos legales de los abogados de los mexicanos condenados en Estados Unidos de América para evitar su ejecución.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, para que agote todas las vías diplomáticas a fin de que se conmute la pena de muerte impuesta al mexicano Angel Maturino.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado García Solís.
Pregunte a la asamblea si se considera de obvia y urgente resolución.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa (votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretaria.
Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa (votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretaria.
Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga para presentar proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión Permanente invite a comparecer al Presidente del Consejo General del IFE, para que informe respecto de las actividades desarrolladas durante los primeros tres meses de la etapa de preparación de las elecciones, los avances en la planeación y organización del proceso electoral en curso, suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias.
Los suscritos, diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo siguiente:
El proceso electoral en el que nuestro país actualmente se encuentra inmerso, inició en octubre del año pasado y de su adecuado y legítimo desarrollo somos corresponsables todos. En el marco de este proceso, el árbitro del mismo, el Instituto Federal Electoral, se ha ocupado de desarrollar los actos calendarizados en la ley y de proponer acuerdos que pretenden llenar, mediante la negociación política, ciertas lagunas legales existentes. Esto ha generado entre los actores políticos, puntos de vista, dudas e incluso descalificaciones sobre la actuación del IFE.
No obstante, el proceso electoral se ha venido desarrollando con normalidad y la autoridad del Instituto ha permanecido en márgenes adecuados, por lo que sigue siendo una de las instituciones mexicanas de mayor credibilidad y de más alto nivel de aceptación popular.
Entre otras actividades, el IFE ha impulsado acciones que procuran generar mejores condiciones de equidad entre partidos y medios, estableciendo lineamientos que promueven un trato equitativo en la cobertura noticiosa para precandidatos y partidos...
(sigue turno 48)
.. y medios, estableciendo lineamientos que promueven un trato equitativo en la cobertura noticiosa para precandidatos y partidos, avanzando en la credencialización, observación y organizaciones electorales y promoviendo una tregua para la realización de actos de campaña.
Los pasos inmediatos de trascendental importancia política y procesal serán registrar las candidaturas a presidente de la República e iniciar las campañas electorales de éstos el próximo 19 del actual.
A partir de esto los acontecimientos electorales se concatenarán de manera intensa, constante y sucesiva en los meses siguientes.
El Instituto, de aquí al 2 de julio, cabe esperar, se recrudezcan e incrementen los ataques contra ese árbitro electoral para minar su nivel de confianza ciudadana o poner en entredicho sus resoluciones por candidatos, grupos de poder y partidos que, conforme a las próximas encuestas, pudieran perder terreno en la preferencia del voto.
Para prevenir cualquier tipo de acusación, incluso para evitar la simple sospecha que ensombrezca su actuación, el IFE deberá cuidar todos los detalles que pudieran vulnerar sus principios de actuación: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Tendrá, entre otros aspectos, que fijar las reglas para evitar la intromisión de funcionarios públicos en el proceso electoral, proteger el desarrollo de las campañas, desarrollar la agenda de transparencia y equidad en la relación de partidos y medios de comunicación; explicar la baja participación de ciudadanos en el proceso de instrucción en el estado nominal de electores residentes en el extranjero y los ajustes que hará para recibir una baja votación en la mesa de escrutinio y cómputo, por ejemplo.
El Instituto Federal Electoral tendrá que transparentar plenamente propósitos y resultados por cada tramo de control y acto procesal restantes, dar cuenta amplia, puntual exhaustiva y exacta de sus acciones.
Un medio adecuado y eficaz para satisfacer esa tarea lo constituye esta representación popular, los legisladores somos protagonistas directos de la política y canal de contacto y comunicación con nuestros electores, partidos, distritos y estados.
Por ello, es conveniente que ese Instituto nos informe respecto a los avances en la planeación y organización del actual proceso electoral y sobre las acciones inmediatas y mediatas a realizar para dar certidumbre y credibilidad a su actuación, así como para propiciar equidad a candidatos y partidos durante las campañas electorales.
Un mecanismo idóneo para satisfacer ese objetivo que sin duda interesa, tanto a ese organismo autónomo como a esta soberanía, es la comparecencia ante el Pleno de la Comisión Permanente y ante el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
En esa virtud, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, invita al C. Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, a comparecer ante el pleno de la misma, con la finalidad de que informe respecto de las actividades desarrolladas por ese organismo durante los primeros tres meses de la etapa de preparación de las elecciones, los avances en la planeación y organización del proceso electoral en curso, dar cuenta del proceso de inscripción en el estado nominal del electores residentes en el extranjero y describir las acciones inmediatas y mediatas a realizar, tanto para dar certidumbre y credibilidad a la actuación del IFE , como para propiciar condiciones de equidad a candidatos y partidos políticos durante las próximas campañas electorales.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Heliodoro Díaz Escárraga.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
En virtud de que ha sido distribuida entre las y los señores legisladores la documentación correspondiente a las ratificaciones de grados militares, proceda la Secretaría a dar cuenta sólo a los puntos de acuerdo y reservarlos para su votación económica en conjunto.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Punto de acuerdo…
( Sigue turno 49 )
Punto de Acuerdo
Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Crescencio Sandoval González.
Firman, la Comisión Permanente.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Jorge Alberto Guerra Tenorio.
Firma la Comisión Permanente, el 4 de enero.
Por lo tanto, está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, también se reserva para su votación económica en conjunto.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Francisco Tobía Mazón.
Firma la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Al no haberla, se reserva también para su votación económica, en conjunto.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Es la ratificación del Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Florencio Guillermo Castillo Ventura.
Firma, la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiéndola, se reserva para su votación económica en conjunto.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Luis Rodríguez Bucio.
Firma, la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Al no haberla, se reserva para su discusión en conjunto.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano David Moreno Gutiérrez.
Firma, la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Al no haberla, se reserva para su discusión en conjunto, en votación económica.
El siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Víctor Hugo Aguirre Serna.
Firma, la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Al no haberla, se reserva para su votación económica en conjunto.
El último
Punto de Acuerdo
Único.- Para ratificar el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Pedro Madrigal Ascencio.
Firma, la Comisión.
LA SECRETARIA, DIP. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO:
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del C. Luis Ricardo Díaz Palacios.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, D.F. a 5 de enero del 2006.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Raúl David Guillén Altuzar.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 5 de enero del 2006.
Firma, la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Pablo Díaz Gaytán.
Sala de Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, D.F., a 5 de enero del 2006.
Atentamente la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de Acuerdo
Único.- Se ratifica el Grado de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Genero Robles Casillas.
(Sigue turno 50)
.. Punto de acuerdo. Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier, Diplomado de Estado Mayor, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Genaro Robles Casillas. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 4 de enero del 2006. Atentamente, la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier, Diplomado de Estado Mayor, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Adolfo Hugo Bagmeister y Ortegas. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de enero del 2006. Atentamente, la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Único.- Se ratifica el grado General Brigadier, Médico Cirujano, Diplomado de Estado Mayor, que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del C. Rafael Arias. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de enero del 2006. Atentamente, la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en su conjunto.
Punto de acuerdo. Único.- Se ratifica el grado de General Brigadier que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos Jiménez Arellano. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 5 de enero del 2006. Atentamente, la Comisión.
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriores reservados.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Solicite la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo. Aprobados. Gracias.
Comuníquese al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: (Lectura del orden del día).
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: (16:03 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 18 de enero a las once horas.
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