SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2000.
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ORDEN DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2000. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
| EFEMÉRIDES | |
| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
| OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | |
| MINUTA | |
| PROPOSICIONES | |
| EXITATIVAS | |
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| AGENDA POLÍTICA | |
| CLAUSURA | |
| APÉNDICES |
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2000.
EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MIILAN: Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 260 ciudadanos diputados.
Por lo tanto, hay quórum señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: (A las 11:13 horas) SE ABRE LA
SESION.
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EL MISMO C. SECRETARIO: Se va a dar lectura al orden del día.
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
SESION DEL MARTES 14 DE NOVIEMBRE DE 2000
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de: Colima, Durango e Hidalgo.
De la H. Cámara de Senadores.
De la Junta de Coordinación Política.
De la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Del Gobernador del estado de Veracruz.
Efemérides
Sobre acontecimientos ocurridos el 14 de noviembre de 1910, en Cuchillo
Parado, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De Código Penal Federal y de Código Federal de Procedimientos
Penales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a Comisión).
De Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De Decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Armando Mejía Meléndez, Horacio Alonso Licón Vázquez, Alicia Sofía Zayas
Millán, Adriana López Aguilera, Manuel Eduardo Vega Torres y Alma Rosa Soto González,
puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Julio Alvarez
Arellano, Eduardo José Danielewicz Mata y Miguel Enrique Vallín Osuna, para aceptar y
usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo sobre la revisión del Capítulo Agropecuario del
TLC, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el etanol y la agroindustria de la cana de
azúcar, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno
a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre los grupos armados en el estado de Oaxaca, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a los medios electrónicos de
comunicación, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la situación agraria en
Tihuatlán, Veracruz, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la importación de autos para
discapacitados, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
(Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para conformar una Comisión Especial que coadyuve
ante el Fovissste, para que los sindicatos cuenten con los recursos suficientes para el
otorgamiento de sus programas de vivienda, a cargo del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la situación de los ahorradores defraudados
en Mazatlán, Sinaloa, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la situación electoral en el estado de
Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Excitativas
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
A la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a cargo de la Mesa
Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo.
Agenda política
Pronunciamiento sobre las elecciones en el estado de Jalisco, a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento en relación a los festejos, con motivo de la Toma de
Protesta del Presidente Electo Vicente Fox Quesada, a cargo del dip. Elías Martínez
Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Pronunciamiento sobre los precios de garantía del arroz, a cargo del
dip. Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias
señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la
sesión anterior.
Le solicito, señor Secretario, consulte a la asamblea si se le
dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido entregada copia de la
misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios y también ha sido publicada en la
Gaceta Parlamentaria, para sus observaciones, y se proceda de inmediato a su votación.
EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Por instrucciones de
la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la
sesión anterior, considerando que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, y se proceda a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Se dispensa la lectura.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPU TADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,
CELE BRADAELJUEVES NUEVE DE NOVEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE RIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESI MA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados
Unidos Mexicanos, a las once horas con veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil,
con la asistencia de doscientos cincuenta y un diputa dos, el Presidente declara abierta
la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea en votación
económica, aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos.
Diversas comunicaciones de los congresos de los esta dos de:
Campeche, con la que informa de actividades propias de su legislatura.
De enterado.
Colima, por la que remite punto de acuerdo relativo al pago del bono
sexenal a los trabajadores al servicio del Estado. Se turna a las comisiones de Hacienda y
Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Chihuahua, con la que informa de actividades propias de su legislatura.
De enterado.
Guanajuato, por la envía punto de acuerdo relativo a la convocatoria
para la importación de frijol. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de
Comercio y Fomento Industrial.
Se da cuenta con oficios de los presidentes municipales de Celaya, San
Felipe y Valle Santiago, del Estado de Guanajuato, por los que comunican la instalación
de dichos ayuntamientos. De enterado.
Oficio del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda, referido al Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal correspondiente a mil novecientos no venta y nueve. De enterado.
Comunicación del diputado Eric Eber Villanueva Mukul, Vicepresidente
de la Mesa Directiva, con la que remite informe de la reunión de una comisión de
diputados con presidentes municipales del Estado de México, en relación con el Censo
Nacional de Población dos mil. De enterado.
Comunicación del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa que el
diputado Angel Enrique Herrera y Bruquetas, decidió integrarse a ese grupo parlamentario.
De enterado y que la Secretaría actualice el registro de grupos parlamentarios.
Presentan iniciativas los diputados:
María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de
México, de Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental. Túrnese a
las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
José César Nava Vázquez, del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras
disposiciones relativas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática,
con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género en la
participación política.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y
de Equidad y Género.
La Secretaría informa que al cierre del registro electrónico de
asistencia existen registrados cuatrocientos veintiséis diputados.
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y del
Distrito Federal.
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, de reformas a las
leyes de Vías Generales de Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de
Aviación Civil; de Aeropuertos; y Federal de Telecomunicaciones, en materia de requisa.
Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Amado Olvera Castillo, del Partido Acción Nacional, sobre la
Contaduría Mayor de Hacienda. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda.
Para el mismo asunto, habla el diputado Manuel Galán Jiménez, del
Partido Revolucionario Institucional, y rectifica hechos el diputado Amado Olvera
Castillo, del Partido Acción Nacional.
Se da cuenta con una minuta de la Cámara de Senado res con proyecto de
decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios, para que
ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos
extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Eddie James Varón Levy, del Partido Revolucionario Institucional,
relativo al traslado de los restos de connacionales muertos en el extranjero. Túrnese a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Ver de Ecologista de
México, para que se revise el impacto ambiental del proyecto turístico de Xcaxel
Xcacelito, en Quintana Roo. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Turismo.
Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, relativo
a la comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara
de Diputados, de diversos funcionarios relacionados con la materia ambiental. Se turna a
la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Víctor Hugo Círigo Vázquez, del Partido de la Revolución
Democrática, relativo al pago del bono sexenal a los trabajadores al servicio del Estado.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática,
sobre leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Solicita excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, el
diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, con
relación a una iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el nueve de diciembre de mil novecientos no
venta y nueve.
El Presidente obra en consecuencia.
La Asamblea autoriza. en votación económica, la modificación del
orden del día para la presentación de un tema de urgente resolución, y se concede el
uso de la palabra a la diputada Silvia América López Escoffie, del Partido Acción
Nacional, a nombre de todos los grupos parlamentarios, quien presenta un punto de acuerdo
en contra de la ejecución del mexicano Miguel Angel Flores Rangel, en Texas, Estados
Unidos de América.
La Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese por los
medios más expeditos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y vigílese que se
notifique al gobernador del Estado de Texas.
Se refieren a la reforma del Estado, los diputados: Rosalía Peredo
Aguilar del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
Uuc-Kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática; y
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político
Nacional.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
El Presidente informa que se realizaron los trámites urgentes
correspondientes al punto de acuerdo aprobado relativo a la probable ejecución del
mexicano Miguel Angel Flores Rangel.
Se pronuncia sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos
de América, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presiden te clausura la de hoy a las catorce horas con
cuarenta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes catorce de noviembre
de dos mil, a las once horas.
Esta a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Aprobada el acta, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
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Pasamos ahora al punto del orden del día
de comunicaciones.
EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Comunicación del Congreso del Estado de
Colima, para que se considere la creación de una partida especial destinada al pago de
cada uno de los afectados de las Cajas de Ahorro Populares en el PEF para el año 2001.
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
CC. Diputados Secretarios
De la Mesa Directiva
De la H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
México, DF
En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, los integrantes
de la H. LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las
facultades que les confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política
local; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un
Punto de Acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:
"Que en uso de nuestras facultades constitucionales y legales,
gestionemos la agilización de las acciones emprendidas por los gobiernos federal y
estatal, para encontrar dentro del marco de la legalidad, la solución al problema que
enfrentan los ahorradores afectados, buscando el menor perjuicio económico.
"Solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
que en ejercicio de sus atribuciones, considere en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2001, la creación de una partida especial destinada al pago
correspondiente a cada uno de los ahorradores, el que se recuperará con la venta de los
bienes muebles inmuebles embargados a quien apare ce como representante legal o
administrador de las cajas populares, C. Cirilo José Ocampo Verdugo; lo que de no
garantizar la total cobertura a todos los afecta dos, prevea adicionalmente y dentro del
mismo presupuesto, la creación de otro fondo de liquidación, que de certidumbre y
garantice al 100 por ciento el pago a los ahorradores.
"Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en uso
de sus facultades, proceda a investigar y determinar si existe responsabilidad oficial en
contra de servidores públicos y en caso de haberla, la haga del conocimiento de las
instancias legales competentes, para su persecución y correspondiente sanción".
Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y a los efectos de
ley correspondientes.
Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial
saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., noviembre 1° del año 2000.
Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica)
Secretario
Dip. Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica)
Secretario
Punto de Acuerdo que Presenta la Comisión de Gobierno al Pleno del H.
Congreso del estado, relativo la solicitud del Consejo Directivo de la Unión de
Ahorradores Cooperativistas Colimenses, AC
Considerando
Primero. Que con fecha 25 de octubre de 2000, el Consejo Directivo de
la Unión de Ahorradores Cooperaeivistas Colimenses, AC, acompañados de un gran número
de afectados en su patrimonio por la Caja Popular del Pacífico, SCL, estuvieron en el
recinto parlamentario de esta Soberanía para plantear a todos los legisladores que nos
interesamos en el tema, la situación que viven por no poder recuperar sus ahorros.
Segundo. Que después de escuchar atentamente el planteamiento que se
nos hizo, nos quedó clara la situación por la que estas personas han venido atravesando
por no poder recuperar lo que de buena fe depositaron en las cajas populares administradas
por Cirilo José Ocampo Verdugo y la necesidad que existe de que los integrantes de esta
LIII Legislatura apoyemos en la medida de nuestras posibilidades, competencias y
facultades, las acciones que los gobiernos federal y estatal están implementando para
apoyar a los ahorra dores afectados.
Tercero. Que una de las formas en que, en nuestra opinión, podemos
coadyuvar a la solución de este conflicto, es aprobando un Punto de Acuerdo para pedir a
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, autorice la creación de una partida
especial dentro del Presupuesto de Egresos para el ano 2001, destinada al pago de los
ahorros invertidos por los afectados, en las cajas populares, el que se recuperará
seguramente con la venta de los bienes asegurados a JOV, tanto en el estado de Colima como
en otras entidades federativas, de acuerdo con los juicios civiles y penales que con el
apoyo del C. Gobernador del estado, se iniciaron oportunamente para garantizar dicho pago;
lo que de no resultar suficiente, prevea la creación de un fondo de liquidación
adicional, mediante la creación de una partida específica, contemplada en el mismo
presupuesto.
Que finalmente, conscientes de nuestra responsabilidad como
representantes populares y basándonos en los antecedentes y razonamientos brevemente
expuestos con anterioridad, ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Que en uso de nuestras facultades constitucionales y legales,
gestionemos la agilización de las acciones emprendidas por los gobiernos federal y
estatal, para encontrar dentro del marco de la legalidad, la solución al problema que
enfrentan los ahorradores afectados, buscando el menor perjuicio económico.
Solicitar a la Cámara de los Diputados del H. Congreso de la Unión,
que en ejercicio de sus atribuciones, considere en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ano 2001, la creación de una partida especial destinada al pago
correspondiente a cada uno de los ahorradores, el que se recuperará con la venta de los
bienes muebles inmuebles embargados a quien aparece como representante legal o
administrador de las cajas populares, C. Cirilo José Ocampo Verdugo; lo que de no
garantizar la total cobertura a todos los afectados, prevea adicionalmente y dentro del
mismo presupuesto, la creación de otro fondo de liquidación, que dé certidumbre y
garantice al 100 por ciento el pago a los ahorradores.
Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en uso de sus
facultades, proceda a investigar y determinar si existe responsabilidad oficial en contra
de servidores públicos y en caso de haberla, la haga del conocimiento de las instancias
legales competentes, para su persecución y correspondiente sanción.
Atentamente
Colima, Col., a l de noviembre de 2000.
La Comisión de Gobierno
Dip. Arturo Velasco Villa (rúbrica)
Presidente
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios (rúbrica)
Secretario
Dip. Armando de la Mora Morfín (rúbrica)
Secretario
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
Comunicación del Congreso del Estado de Colima, para que se considere
en el PEF para el año 2001 un incremento a las participaciones federales que actualmente
se entregan a los estados y municipios y se reforme la Ley de Coordinación Fiscal.
CC. Diputados Secretarios
De la Mesa Directiva
De la H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
México, DF
En sesión pública ordinaria celebrada el día de hoy, los integrantes
de la H. LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las
facultades que les confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política
local; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un
Punto de Acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:
"se solicite a la Comisión de Programación y Presupuesto de la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en ejercicio de las atribuciones
que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
año 2001, la aprobación de un incremento del 5 por ciento a las participaciones
federales que actualmente entregan a los estados y municipios para subir de un 20 por
ciento actual, a un 25 por ciento (veinticinco por ciento). Se reforme la Ley de
Coordinación Fiscal, con el objeto de que se incrementen las participaciones que se
distribuyen a estados y municipios".
Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos
de ley correspondientes.
Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial
saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col., noviembre 1° del año 2000.
Dip. Joel Padilla Peña (rúbrica)
Secretario
Dip. Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica)
Secretario
Punto de Acuerdo que presenta la Comisión de Gobierno al Pleno del H.
Congreso del estado, relativo a la solicitud de incremento a las participaciones federales
que se entregan a los estados y municipios, y
Considerando
Primero. Que en el Constituyente de Querétaro, por unanimidad, los
legisladores manifestaron su total acuerdo en cuanto a que el proyecto original presenta
do por Don Venustiano Carranza, en su parte relativa al municipio, debería de ser
adicionado con un elemento indispensable: su autonomía financiera.
Segundo. Que a pesar de ello, al sujetar la composición de las
haciendas municipales a la decisión de las Legislaturas locales, y no señalar
específicamente sus fuentes impositivas, materialmente les negaron a los municipios la
autonomía financiera que requerían para su correcto funcionamiento.
Tercero. Que en las consideraciones de la reciente re forma del
dictamen presentado con fecha 25 de junio de 1999, por las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales, Fortalecimiento del Federalismo y Estudios
Legislativos de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, se reconoce al municipio
como el eje del desarrollo nacional.
Cuarto. Que de igual forma, en el dictamen en cita que dio mérito a la
última reforma, se admite la necesidad de dotar a los municipios de los recursos
económicos necesarios para satisfacer a las demandas que les competen atender y resolver.
Quinto. Que los ingresos por participaciones son una de las principales
fuentes de ingresos de las entidades y que son las alternativas más importantes del
financiamiento del gasto público estatal y municipal.
Sexto. Que la manera como las entidades pueden incentivar su desarrollo
regional y a su vez contribuir al desarrollo de los municipios, es contando con un mayor
monto de recursos vía participaciones.
Séptimo. Que dadas las particularidades de la fórmula de las
participaciones, no es posible modificar la distribución sin dejar de afectar a otras
entidades, da do el afecto "suma cero", por lo que si se desea contar con
mayores recursos, se hace necesario incrementar el monto del Fondo General de
Participaciones.
Octavo. Que es necesario que la federación incentive un desarrollo
estatal y municipal, mediante incrementos al Fondo General de Participaciones, Fondo de
Fomento Municipal y los fondos de aportaciones que contribuyen a dotar al municipio de
mayores recursos; como lo son: el de Fortalecimiento de los Municipios y el de
Infraestructura Social.
Noveno. Que partiendo del hecho de que los gobiernos locales son los
que tienen el conocimiento pleno de las necesidades que se presentan en su entidad, el
gasto público en principio debe hacerse mediante el fortalecimiento de los Fondos
Generales de Participaciones, para que el estado y sus municipios, dispongan de los
recursos suficientes que les permitan tener autonomía en su administración y asignación
en su re distribución local.
Décimo. Que para alcanzar efectivamente tales pro pósitos, sería
necesario pugnar porque en el Presupuesto de Egresos para el próximo año, que habrá de
aprobar la H. Cámara de Diputados, conforme a la facultad que le confiere la fracción IV
del artículo 74 constitucional, se otorguen a los estados y municipios los recursos
federales suficientes para lograr una mayor autonomía económica y financiera.
Que con apoyo en los antecedentes y razonamientos expuestos
anteriormente, se pone a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Se solicite a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, que en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año
2001, la aprobación de un incremento del 5 por ciento a las participaciones federales que
actualmente entregan a los estados y municipios para subir de un 20 por ciento actual, a
un 25 por ciento (veinticinco por ciento). Se reforme la Ley de Coordinación Fiscal, con
el objeto de que se incrementen las participaciones que se distribuyen a estados y
municipios.
Colima, Col., a 31 de octubre de 2000.
Por los grupos parlamentarios
del Congreso del estado
Dip. Arturo Velasco Villa (rúbrica)
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios (rúbrica)
Dip Armando de la Mora Morfín (rúbrica)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Hacienda y Crédito Público.
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EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Comunicación del Congreso del Estado de Durango, para que se considere
en el PEF para el ano 2001 un incremento a las participaciones federales que actualmente
se entregan a los estados y municipios y se reforme la Ley de Coordinación Fiscal.
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
Atención: Dip. Luis Alberto Pazos de la Torre
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la Honorable
Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un Punto
de Acuerdo, el cual nos permitimos transcribir, para su conocimiento y efectos legales que
juzgue convenientes:
"Que esta LXI Legislatura solicite a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que en
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la
Constitución federal, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente al ejercicio fiscal 2001, la inclusión de un incremento de las
participaciones federales distribuibles a los estados y municipios, de un 20 por ciento
que se distribuye actualmente, al 25 por ciento, y a la vez, se establezcan nuevas
potestades tributarias.
"Que para ello se reforme la Ley de Coordinación Fiscal y las
disposiciones relativas al registro, control y operación de contribuyentes menores o
pequeños contribuyentes; al Impuesto sobre la Renta de personas físicas asalariadas; a
la administración, cobro y vigilancia de contribuciones federales vía pago de
incentivos; al régimen simplificado, y al Impuesto al Valor Agregado".
Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra
consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 17 de octubre del 2000.
Dip. Gustavo Castañeda Botello (rúbrica)
Secretario
Dip. Gustavo Alonso Nevárez Montelongo (rúbrica)
Secretario prov.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta
Pública y de Hacienda y Crédito Público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO:
Comunicación del Congreso del Estado de Durango, por el que solicita
al Congreso de la Unión no se lleve a cabo el decomiso de vehículos de procedencia
extranjera y se emita el decreto que autorice la regularización de dichos vehículos.
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
En sesión ordinaria verificada el día 18 de los corrientes, la
Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó
un Punto de Acuerdo, en virtud del problema social que ha generado la existencia en el
territorio nacional de vehículos de procedencia extranjera, por lo que ante esta
Soberanía un grupo de ciudadanos solicitaron nuestra intervención con el fin de que se
emita el decreto correspondiente, para la regularización de los vehículos, el cuál nos
permitimos transcribir:
"Que la LXI Legislatura solicite al ciudadano Presidente de la
República, a las Cámaras de Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, así
como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que no se lleve a cabo el
decomiso de vehículos por la Policía Fiscal o la Policía Judicial Federal, y poder
solucionar el grave problema social que han generado los vehículos de procedencia
extranjera, y se emita el decreto correspondiente que autorice la regularización de los
vehículos internados ilegalmente a nuestro país, cuando menos los correspondientes a
modelos hasta de 5 años anteriores a su vigencia".
Permitiéndonos hacerlo de su conocimiento para los efectos legales a
que haya lugar.
Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra
consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 20 de octubre del 2000.
Dip. Gustavo Castaneda Botello (rúbrica)
Secretario
Dip. Mario Alfonso Delgado Mendoza (rúbrica)
Secretario
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
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EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo, con el que remite
punto de acuerdo para que se autorice un incremento para el Ramo 33 en el PEF para el año
2001.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
México, DF
En relación al oficio N° 5052/2000, enviado por la Sección XV del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, las primeras Comisiones Permanentes
de Educación Pública y Justicia y de Hacienda del Estado y Municipal del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emitieron un Punto de Acuerdo relativo a la
autorización de mayor presupuesto para educación, en el ejercicio fiscal 2001; mismo que
fue aprobado por el Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 del presente, del
cual les estamos enviando copia, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, les reiteramos las seguridades de
nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Dip. Oscar Darnián Sosa Castelán (rúbrica)
Secretario
Dip. Amalia Padilla Uribe (rúbrica)
Secretaria
Honorable Asamblea
A las primeras Comisiones Permanentes Conjuntas de Educación Pública
y Justicia y de Hacienda del Esta do y Municipal, del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de octubre del año en
curso, nos fue turnado el escrito enviado por la Sección XV Hidalgo, del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, donde solicitan la intervención de esta
Soberanía a efecto de que se apruebe la autorización de mayor presupuesto para
educación, en el ejercicio fiscal 2001.
En atención a lo expuesto, con fundamento en lo que establecen los
artículos 55 de la Constitución Política del estado y 71 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y después de haber analizado detenidamente la so licitud presentada, las
Comisiones que suscriben se permiten presentar a la consideración de la Honorable
Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta Legislatura solicite al H. Congreso de la Unión, al
Ejecutivo Federal y al equipo de transición del Presidente electo, lic. Vicente Fox
Quesada, el análisis y aprobación, en su caso, del incremento para el Ramo 33 de
Recursos Presupuestarios Crecientes en términos reales y mayor asignación para el estado
de Hidalgo, de las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios y
del Subsidio para Gastos de Inversión en la Infraestructura Educativa.
Segundo. Que el Ejecutivo del estado incluya en el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2001, Recursos financieros destinados a educación
básica, e incremento creciente en términos reales para educación media superior y
superior, considerando la educación normal de la entidad.
Dado en la Sala de Comisiones del H. Congreso del estado de Hidalgo, a
los veintitrés días del mes de octubre del 2000.
Por la Primera Comisión Permanente de Educación Publica y Justicia
Dip. Santiago Morales Hernández (rúbrica)
Dip. Amelia Mota Angeles (rúbrica)
Dip. Gabriel Medina Rodríguez (rúbrica)
Por la Primera Comisión Permanente de Hacienda del Estado y Municipal
Dip. Gustavo Reséndiz Núñez (rúbrica)
Dip. Jorge Rocha Trejo (rúbrica)
Dip. Arturo Aparicio Barrios (rúbrica)
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública,
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Oficio de la H. Cámara de Senadores, por el que comunica el punto de
acuerdo sobre la integración de la Comisión de Concordia y Pacificación para el Estado
de Chiapas.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados PRESENTES
Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, el
Senado de la República aprobó el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se integra la Comisión de Concordia y Pacificación para el
estado de Chiapas.
Segundo. Integran esta Comisión los siguientes senadores:
Sen. Arely Madrid Tovilla
Sen. Carlos Rojas Gutiérrez
Sen. Felipe de Jesús Vicencio Alvarez
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Sen. Rutilio Cruz Escandón Cadenas
Sen. Demetrio Sodi de la Tijera
Sen. Emilia Patricia Gómez Bravo
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, 9 de noviembre de 2000.
Sen. Enrique Jackson Ramírez
Presidente
TRAMITE: DE ENTERADO.
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EL SECRETARIO DIPUTADO MANUEL
MEDELLIN MILAN:
Invitación que envía la Secretaría de Relaciones Exteriores para la
nominación de candidatos al Premio Nobel de la Paz 2001 que nos envió nuestra
Representación Diplomática en Oslo.
Dip. Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva De la H.
Cámara de Diputados PRESENTE
Por ser del interés de esa H. Cámara de Diputados, anexo al presente
me permito enviar a usted la invitación para la nominación de candidatos al Premio No
bel de la Paz 2001, que nos hizo llegar nuestra Representación Diplomática en Oslo.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Lic. María Amparo Canto (rúbrica)
Jefa de la Unidad
EL C. PRESIDENTE: Se hace extensiva a las ciudadanas y ciudadanos
Diputados la presente invitación.
DE ENTERADO.
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Se da cuenta del oficio del ciudadano
Gobernador del Estado de Veracruz, para extender a los integrantes de esa H. Cámara de
Diputados la cordial invitación para asistir a la Sesión Solemne el miércoles 15 de
noviembre a las 11: 00 horas en el Palacio Legislativo de la ciudad de Cajala, Ver,
Se hace extensiva la invitación a las ciudadanas y ciudadanos
diputados particularmente en el Estado de Veracruz.
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PRESENTE
Sirva la presente para extender a los integrantes de esa Honorable
Cámara de Diputados, una cordial invitación para asistir a la sesión solemne en la que
presentaré mi Segundo Informe de Gobierno ante la LIX Legislatura del Congreso local, el
próximo miércoles 15 de noviembre a las 11:00 horas, en el Palacio Legislativo de la
ciudad de Xalapa, Veracruz, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas, esquina Av. Encanto, colonia
El Mirador de esta ciudad capital.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Miguel Alemán Velasco
Gobernador del estado
DE ENTERADO.
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Se da cuenta de comunicación de la Junta de Coordinación Política.
EL C. PRESIDENTE: Señor Secretario, atento a lo dispuesto por el
Artículo 34 de la Ley Orgánica, consulte a la Asamblea si el acuerdo que ha sido lerdo,
el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha sido lerdo, se aprueba en votación
económica.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN; Por instrucciones de
la Presidencia, está a consideración de la Asamblea el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, y se consulta en votación económica, los Ciudadanos Diputados
que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo,
Votación
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
APROBADO EL ACUERDO SEÑOR RPESIDENRE
EL C. PRESIDENTE: Como ha sido aprobado el Acuerdo y crea la Comisión
para la Reforma del Estado, publíquese en La Gaceta para que entre en vigor de inmediato.
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Sobre el siguiente Punto del Orden del Día,
Efemérides, ha solicitado el uso de la palabra el Diputado José Mario Rodríguez
Alvarez, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Mario
Rodríguez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a
los acontecimientos ocurridos el día 14 de noviembre de 1910 en Cuchillo Parado,
Chihuahua. Se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos.
EL DIP. JOSE MARIO RODRIGUEZ ALVAREZ: Señor Presidente, con su venia.
Señoras diputadas, señores diputados:
Este 14 de noviembre, hay un pueblito en el desierto de Chihuahua que
celebrará, como lo ha hecho a lo largo del tiempo, la Revolución Mexicana el 14 de
noviembre; un pueblito perdido en el desierto en el que cada 14 de noviembre la gente que
se ha tenido que ir a Estados Unidos regresa a festejar la hazaña de sus abuelos y de sus
padres.
En Chihuahua, desde el siglo XIX siempre hubo vientos y ansias de
libertad; los jóvenes, los niños, las mujeres, siempre vieron partir a sus mayores con
las armas primero, para defender al Estado de los apaches, de los estadounidenses, de la
intervención francesa, y por último, en el agónico siglo XIX, para defenderlo del
ejército represor de Porfirio Díaz y tenemos los ejemplos de Tomochi, de Santo Tomas, de
San Isidro, pequeñas poblaciones que en el siglo XIX, a finales, sufrieron la
destrucción plena por parte de las tropas del ejército porfirista.
Lídice y Garníca en el siglo XX quedan pequeños ante la brutalidad
con que actuó el ejército porfirista contra esos pueblos.
Por eso, cuando en 1910 Francisco I. Madero pregona la libertad y
pregona en contra de la dictadura y pregona a favor de la democracia y de elecciones
libres y el sufragio efectivo, aquellos hombres que crecieron en fragor de armas, aquellos
hombres que vieron que el único que mataba a sus padres y que les quitaba las libertadas
era Porfirio Díaz y su ejército, tomaron muy en cuenta el mensaje dado por Francisco 1,
Madero en las tierras chihuahuenses.
Así, Abraham González, Pascual Orozco, Toribio Ortega y muchos más
se organizan, forman clubes antirreleccionistas y participan deseando cambiar el país en
1910. Creen en el mensaje de libertad, creen en el mensaje en el que un voto podría ser
la máxima expresión de la voluntad política de los hombres y que ese voto podría
darles la libertad a la que ellos aspiraban para vivir en paz, para sembrar sus tierras,
para vivir de su trabajo honradamente y sin tener presiones ni opresiones por parte de una
dictadura.
Conocidos los resultados de las elecciones fraudulentas de Porfirio
Díaz y obligado Madero a huir del país y proclamar el Plan de San Luis, que convocaba a
los mexicanos a que en un 20 de noviembre a las 6 de la tarde, en las plazas, se
presentaran y se levantaran en armas para recuperar el gobierno y acabar con la dictadura
de Porfirio Díaz.
Toribio Ortega, un luchador del pueblito de Cuchillo Parado; un
luchador por la democracia y por la libertad, un incansable propagandista de las ideas de
Madero, de la no reelecci6n y del sufragio efectivo, ya es perseguido por la policía y es
obligado por las circunstancias a que un 14 de noviembre en la madrugada se despidan de
sus hijos, se despiden de sus mujeres y él y 65 hombres más cambian los arados por las
armas y emprenden la revolución.
Toman e inician el avance sobre Ojinaga y pronto la mecha de la
revolución prende en el Estado. Después, un 17 de noviembre, en el pueblo de San Isidro
y de Santo Tomás, Pascual Orozco, Francisco Villa y Abraham González siguen el ejemplo
de Toribio Ortega y el Estado prende y se enciende en una mecha revolucionaria que no es
posible apagar,
Yo quiero recordar el evento de estos hombres sencillos del campo; yo
quiero recordar el sacrificio tan grande y tan noble que hicieron. De los 65 que partieron
con Toribio Ortega aquél 14 de noviembre de 1910, sólo 15 regresaron y si no ha sido por
ellos, si no han encendido la mecha de una revolución que se ha convertido en ocasiones
en mito de libertades y en pretexto para acusar o en pretexto para defender, de una
revolución que no supo darnos a los mexicanos todo lo que esperábamos, si no ha sido por
Toribio Ortega no hubiéramos tenido en Chihuahua y en México la primera oportunidad de
que Madero se hubiera convertido en el Presidente de la República y haber sembrado en
tantos años de historia de independencia de nuestro país, haber sembrado una oportunidad
de una nación que puede darse un destino propio.
Hombres sencillos que hicieron una revolución; hombres sencillos que
creyeron en un mensaje de libertad y hombres sencillos que muchas veces los olvidamos.
Recordemos que tenemos una gran deuda de sangre con nuestros antepasados; recordemos que
si no ha sido por el esfuerzo de ellos, que si no ha sido por la fe de ellos y que si no
ha sido por la generosidad de la entrega con su vida misma, no hubiéramos alcanzado a
construir este México que tenemos en la actualidad.
Rindamos un homenaje a los hombres que el 14 de noviembre de 1910
tuvieron el valor, tuvieron la entereza, tuvieron las ganas y se lanzaron a luchar contra
una dictadura; honremos a los hombres que en Chihuahua en 1910 le dieron cobijo a Madero y
que a partir de los tratados de Juárez se logro que Porfirio Díaz dejara el poder;
honremos a los hombres que de Chihuahua partieron hacia la Re pública en la división del
norte y que rompieron la columna vertebral del ejército huertista y permitió que la
Revolución triunfara; honremos a esos hombres que supieron señalarnos camino y que en
ese señalar los caminos nos enseñaron que cuando las circusntancias lo requieren el
sacrificio máximo es posible, Hoy los tiempos han cambiado, pero hoy los tiempos nos
exigen la misma generosidad y la misma entrega que en 1910 exigió a los hombres de esa
época,
Seamos responsables en el recuerdo y brindemos el mejor homenaje con
nuestro esfuerzo por esta patria que tanto nos merece y la que tanto le debemos.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Rodríguez Alvarez.
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Para referirse al Aniversario del
Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, han solicitado el uso de la palabra, la diputada
Sonia Victoria López Macías, del offgrupo parlamentario del Partido Acción Nacional; la
diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y la
diputada Laura Pavón Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,
Se concede el uso de la palabra a la diputada Sonia Victoria López
Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA SONIA VICTORIA LOPEZ MACIAS: Gracias. Con su permiso,
señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputadas:
Juana Inés Azbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la
Cruz, la Décima Musa, el Fénex de México, nació el 12 de noviembre de 1651, escritora,
filósofa, pensadora, crítica de la vida social de su tiempo, lectora de teología,
astronomía, pintura y música, escribía en verso y en prosa, su obra comprende poesías
líricas dramáticas, alegóricas, sacras, festivas y populares.
A los tres años asistió a la escuela de primeras letras en Amecameca;
a los ocho años pidió ingresar a la Universidad, a esa edad compuso una loa para la
festividad de Corpus.
En 1665 fue dama de la Virreina Marquesa de Mancera, ganó en un examen
en el que fue sometida frente a 40 letrados de todas las facultades.
El 14 de agosto de 1667 ingresó al Convento de Santa Teresa la
Antigua.
El 24 de febrero de 1669 se alojó en el Convento de San Jerónimo; fue
contadora y archivista de ese convento, dos veces nominada como priora, cargo que no
aceptó; llegó a reunir 4,000 libros, mapas e instrumentos científicos y musicales, que
finalmente vendió para ayudar a los pobres.
En 1663 gano dos premios en el certamen universitario del triunfo
parténico, murió en la Ciudad de México de contagio por fiebre maligna, durante la
epidemia de 1695 el 17 de abril.
En la respuesta de Sor Filotea de la Cruz explicó, entre otras
apasionantes cosas la necia e irresistible tentación a la que había sucumbido, leer y
escribir y de la importancia que las otras había tenido en otro afán suyo.
Cito: "Confieso también esto verdad que, como he dicho, no
necesitaba de ejemplares, con todo no me han dejado de ayudar los muchos que he leído,
así como en divinas como en humanas letras, porque veo en una devora dando leyes, así en
lo militar como en lo político y gobernando el pueblo donde había tantos varones doctos;
veo una sapientísima Reina de Saba, tan docta que se atreve a atender con enigmas de
sabiduría del mayor de los sabios, sin ser por ello reprendida, antes por ello será juez
de los incrédulos, veo tantas y tan insignes mujeres, unas adornadas con el don de la
profecía, como Abigail, otras de persuación, como Esther, otra de piedad, como Rajab ( ?
), otras de perseverancia, como Ana, madre de Samuel, y otras infinitas en otras especies
de prendas y virtudes.
Concluyo. Sor Juana Inés de la Cruz, ilustre mexicana, ejemplo a
seguir.
Gracias señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada López Macías .
Se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del grupo parlamentario del PT, hasta por diez minutos.
LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna
para celebrar un aniversario más por el natalicio de la Décima Musa, Sor Juana Inés de
la Cruz, quien entre exclusiones y prejuicios sociales alcanzó llegar la cima del
conocimiento, rompiendo esquemas y paradigmas sociales.
Detrás de los hábitos de religiosa o de cualquier otro vestido que
implique la renuncia ante las costumbres de su época, estuvo siempre un ser humano con
sentimientos y emociones, un ser humano que tuvo que renunciar a ser para realizarse, es
decir, no ser para ser. Una aparente paradoja por la que finalmente Sor Juana cumple su
objetivo con inquietante precisión: el conocimiento.
Juana Ramírez, la incomparable poetiza mexicana que tomó el nombre de
Sor Juana Inés de la Cruz al ingresar al Convento de San Gerónimo, tras el hábito
religioso se filtró para canalizar su inquietud científica, su afán de desarrollar su
conocimiento y su inigualable don poético. Nacida en San Miguel Nepantla, en un rústico
caserío en el estado de México, muy próximo a los volcanes Popocatépetl y
Iztaccíhuatl, en 1651 un 12 de noviembre,
Un personaje multifacétido, objeto de distorsiones que la
postmodernidad ha creado a través de su vida y obra, es la pretensión de rebeldía, sin
embargo, la deformación de los datos históricos es herencia de la modernidad, la cual,
obstinada en demostrar precisamente ciertos aspectos modernos en el pensamiento
sorjuanino, llegó a creer incluso en su gusto heterodoxo .
Acusada de poseer un feminismo exacerbado, Sor Juana dice que el sexo
como género no es esencia en lo entendido, lo que contradice dichas acusaciones, pues lo
que hace de manera implícita es una alabanza a los varones, dado que siéndolo, han sido
tan listos como para aceptar la superioridad femenina.
La frase es incluyente: el sexo, femenino o masculino, no importa para
la inteligencia. Hombre y mujer son, en el real sentido, iguales, lo importante es la
pureza de vida.
Sin embargo, la verdadera faz feminista de Sor Juana es, como todo
producto del amor, incluyente, está dirigido a revalorizar la imagen de la mujer, sí,
pero al hacerlo también revaloriza la imagen del varón. Esto significa que el feminismo
no busca el enfrantamiento; sólo la unidad. Ello se desprende con claridad de los textos
sorjuaninos.
En la sátira filosófica, verbigracia, su poema más conocido y
marcadamente feminista, aparece sin cesar tal idea. "Los hombres tienen la culpa,
claro y en muchas ocasiones, del mal que hacen las mujeres, pues la incitan a él, pero
ellos no deberían, lo cual conlleva a un deber ser".
Sor Juana Inés de la Cruz es autora de numerosas poesías, entre ellas
silvas, liras, sonetos, romances, así como piezas dramáticas y varios ensayos en prosa,
de escritura controversial, pues lo mismo era conceptista que culterano, lo que la llevó
a ser la cumbre de la literatura barroca en México.
Su biografía, rica en anécdotas, permite observar la virtud férrea
que tenía Sor Juana por defender el derecho de las mujeres para ser consideradas a la par
de los hombres, como seres pensantes, con intuición, decisión y capacidad de acción.
Por ello nuestro grupo parlamentario nos unimos a la conmemoración del
349 Aniversario del natalicio de Sor Juana Inés, pregonando hoy en día como mujeres y
legisladoras que hacemos nuestras las tareas iniciadas por la monja ilustre, culta y
decidida para luchar porque todas las mujeres y niñas del presente y futuro, tengan un
acceso justo y equitativo para su desarrollo humano y personal en todos los ámbitos de la
vida social y Política.
El sueño de esta ilustre mujer aún no se ha cumplido, pues las
mujeres tienen una eminente y amplia discriminación en los ámbitos de desarrollo del
quehacer social en nuestro país.
Aunque se han dado avances, todav7a es mucho el camino por recorrer,
por ello es indispensable que todas las legisladoras y legisladores tengamos como firme
compromiso seguir impulsando propuestas que nos lleven a un esquema desigualdad de
oportunidades entre ambos géneros.
Adoptemos pues el legado de equidad y superación que Sor Juana Inés
de la Cruz demostró en su época y que sigue vigente en la literatura sorjuanina, por lo
cual debemos rendirle un reconocimiento expreso hoy que celebramos su natalicio. Muchas
gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias diputada Peredo Aguilar.
Se ha incluido en la lista para referirse a este tema, la diputada
Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y
se le concede la palabra por diez minutos.
LA DIP. JULIETA PRIETO FUHRKEN: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Las mujeres siempre hemos ocupado un lugar importante en nuestro mundo
y más aún en la actualidad. No obstante ello, muchas mujeres aún hoy se encuentran y
justamente sometidas a la pobreza, a la marginación, la violencia, el abuso y de
ignorancia.
Gracias a la lucha tenaz de una mujer, Juana Inés Asbaje de Ramírez
de Santillán, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, la Décima Musa, el fénix
de México, que nació en San Miguel, Nepantla, Estado de México, el día 12 de noviembre
de 1951, las mexicanas tenemos una guía.
Filosofa, pensadora, crítica de la vida social y de su tiempo, lectora
de teología, astronomía, pintura y música; criticaba la condición en que se encontraba
la mujer del Siglo XVII.
La mujer mexicana desde entonces ha buscado mejorar en sus condiciones
y desarrollos Hemos ya accedido por mérito y derecho propio a campos que aun en el pasado
reciente nos estaban vedados; las artes, las Políticas la ciencias, la academia, la
empresa ahora son espacios a los que comúnmente nos es posible llegar.
Frente a una sociedad en la que la condición de mujer tiene más
desventajas que posibilidades de progreso, gracias a la firmeza y genio creativo de una
mujer excepcional, se crea la obra literaria que ha enriquecido la herencia cultural de
nuestro país y de toda la iberoamerica.
En el Siglo XVII tiene un nombre, Sor Juana. Todos los nombres y
circunstancias que sobreviven al olvido corno la Condesa de Paredes o el Conde del
Gálvez, el Obispo Manuel Fernández, son por su relación con Sor Juana, vaya hasta la
peste de 1692, es recordada por que ella cuidó a sus hermanas y sucumbió a la sabia
novohispana.
De acuerdo con el poeta Eliot a la obra de "Un Gran Poeta" b
compone un triada de abundancia y excelencia diversidad. La obra de la monja jerónima es
abundante como sus poemas de "Madureza", "Primer Sueño" logró la
perfección y su diversidad quedó ampliamente demostrado al trabajo, distintas métricas
y rimas dando con el verso que perdura.
Son temas recurrentes de la obra de Sor Juana, la claridad y el
entendimiento y su gusto por la ciencia lo hizo transmitir de la poesía a la dramaturgia
y al debate filosófico, y este punto es el que la distingue de otros escritores
contemporáneos suyos, ya que además de poeta fue una intelectual.
Su defensa por dedicarse a pensar en temas ajenos a la teología y al
ejercicio espiritual, le ganaron el rechazo de sus superiores que no toleraron su interés
y curiosidad por aprender más. Nunca entendieron sus superiores la fina sensibilidad que
la alentaba y que consistía en sus propias palabras, la disciplina y el temor a las
represalias de la época, o sea, la inquisición.
Al escoger esta Honorable Cámara celebrar el aniversario del
nacimiento de la décima musa que nació el 12 de noviembre de 1651, estamos celebrando
también el valor de una mujer que desafió las normas de su época en donde la iglesia le
prohibía leer en el púlpito, así como escribir y estudiar, sólo por ser mujer.
Si hoy sor Juana es antecedente y símbolo del movimiento de
reivindicación de las mujeres, es por haber respondido a su,.. lo que sólo es deseado es
saber para ignorar menos.
La obra de Sor Juana 300 años después y uno de sus besos es como un
mar que al contemplar podemos comprenderlo. Todo es admirar de verlo.
Para Sor Juana ninguna área escapó a su interés. Como pensadora fue
teólogo y humanista; se introdujo en el pensamiento filosófico y científico de su
tiempo como escritora.
Su amor a las letras le hizo transformar la inferioridad a la que se
pretendía condenarla por ser mujer.
El motivo de admiración y aplauso público como de poetisa, sigue
siendo una de las más grandes rectificadoras de habla hispana y pertenece, como lo apunto
Octavio Paz, no sólo a la literatura de nuestra lengua, sino de nuestra civilización.
Conmemorarla hoy a 349 años de su natalidad, es reconocer la riqueza
de la herencia histórica y cultural a la que nos ha legado la mexicana ejemplar en su
nombre en letras de oro, hace valer a este recinto. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada.
Tiene la palabra la diputada Laura Pavón Jaramillo, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
LA DIP. LAURA PAVON JARAMILLO: Señor Presidente; compañeros
legisladores:
Aún existen dudas sobre el año preciso de su nacimiento; 1648, 1651.
El 12 de noviembre se conmemora el natalicio de Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana,
en la antigua Hacienda de Panoaya en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México.
Con justicia la LVI Legislatura de esta Cámara de Diputados, en
ocasión de cumplirse 3 siglos de su muerte, acordó que en ceremonia solemne se
inscribiera en sus muros de honor el nombre de la monja jer6nima, Por su importante
contribución a la cultura mexicana y universal, hoy la recordamos en ocasión del
aniversario de su nacimiento.
Admiramos a Sor Juana por lo que es, por lo que su obra representa,
desde aquella segunda mitad del siglo XVII hasta la fecha; pero más la admiramos por todo
lo que ella significa: Pasión de la naciente identidad mexicana, genio incomprendido de
su tiempo, alma exuberante toda ella, Sor Juana fue y sigue siendo orgullo de las letras,
ejemplo vivo y reivindicación de género.
Convengamos, pues, que la figura y trayectoria de la monja jerónima,
trasciende la estela del tiempo y la evolución misma del lenguaje y la cultura, porque
Sor Juana ha significado para el México intemporal lo mismo, aspiración y orgullo que
presente luminoso y recuerdo entrañable.
La poesía absoluta de Juana, como resultado de las circunstancias e
influencias de su época, desembó caudalosamente en fantasía creadora, en erotismo
sobrio, lo mismo que el motivo sacro y razón mística, porque finalmente ese era el
compendio de una época en donde lo terreno y lo humano ocupaban las razones, todavía
recientes de una conquista, como de igual manera ocupaba espacio la misión evangelizadora
de la conversión.
En el seno de una sociedad regida por un cultura que cerraba el paso al
pleno desarrollo de la naturaleza femenina, la curiosidad y el talento excepcionales de
Juana, sólo podían florecer al amparo de la Corte virreinal y de la institucionalidad
religiosa.
Juana forma parte de ambas, deslumbra a la Corte primero y adopta el
hábito de las monjas jerónimas después. Juana vive, piensa, crea enclaustrada, pero la
celda no destruye su creatividad ni clausura su vocación intelectual. Los muros de su
celda la cerca, pero al propio tiempo estimulan su libertad interior.
No es un contrasentido hablar de una monja en la plenitud de su
libertad interior, ofrenda suntuosa y expresión de gratitud que se consagra en altares
opulentos o en palabras asombrosas, que brotan de los labios y de la mano de la admirable
monja.
De la libertad interior de Juana, deviene caudal poético y reflexión
intelectual que trasciende a su tiempo. Ese tiempo que la enclaustra, pero le abre una
brecha que su sensibilidad y su inteligencia ensanchan. Sor Juana no es una criolla a
secas, es ya cabalmente mexicana y su obra presenta un eslabón esencial en la formación
de la conciencia nacional.
La mexicanidad no encarna sólo en el alma masculina, en Singüenza o
en Clavijero, también en la ternura y en la indignación femenina, en esa avanzada de luz
que es la monja jerónima.
Sor Juana participa del alma colectiva, que va tejiendo sus rasgos
peculiarísimos de la mexicanidad, por ello está por demás decirlo, la nación no se
forja solamente en la plaza pública o en el campo de batalla, también se forja en la
soledad del claustro. No es sólo la resultante del vigor del varón, también lo es de la
vitalidad femenina.
Sor Juana lo prueba, su mexicanidad, su genio individual, resumen del
alma colectiva del arte barroca y de la vocación intelectual. Tradición y modernidad,
símbolo de nuestro pasado y anticipación de nuestro presente. Combinación de
tradiciones y voluntad, de modernización que corre un largo tramo de historia, y en un
punto de esa historia, decisivo acaso, está Sor Juana Inés de la Cruz.
Para el Estado de México es un privilegio haber sido su cuna, que el
terruño apartado pero placentero y fértil donde nació y creció, se cobije en la
entidad mexiquense.
Y claro, su obra ha trascendido el tiempo y el espacio, y tal parece
que hasta hoy valoramos el significado de su paso por el amplísimo mundo del conocimiento
y la creatividad. Y no sólo eso, Sor Juana reivindia su sexo y contribuye notablemente en
la dimensión y el reconocimiento que ahora tiene.
Cumple así esta Cámara de Diputados, con un compromiso en el sabemos
que la república todo lo secunda, fomento de la cultura, reivindicación femenina y el
que asumimos todos con la obra y la vida de la monja de Nepantla.
De la mexicana universal que es hoy para las mujeres de México, un
símbolo, un ideal, un ejemplo. En ella prevaleció la lucha de la individualidad y del
talento, pero encarna también la lucha de la creatividad femenina, que en un mundo
masculino, creado por el hombre y para el hombre, destaca y alumbra con magnitud
incomparable.
Su obra y su vida son un permanente señalar, a gritos de letras, su
valía y su insaciable espíritu que permanece hasta nuestros días.
Compañeros legisladores, en las últimas décadas los países del
mundo han incluido entre los indicadores del desarrollo la medida en que las mujeres se
han incorporado a la vida social, educativa, productiva, y pueden ejercer plenamente sus
derechos fundamentales. En nuestro país existen todavía rezagos significativos; los
índices de desarrollo humano para todas las entidades federativas, si son separadas por
género, reportan una diferencia negativa, rezago que significa mayor pobreza y menores
oportunidades de acceso al bienestar.
La memoria de la trascendencia de Juana en la cultura universal, debe
ser un incentivo para insistir en que las mujeres, pero sobre todo las niñas mexicanas,
cuenten con oportunidades suficientes.
Los legisladores de hoy debemos tener presente el impacto que para
estos fines debe tener la legislación con perspectiva de género, así como las
instrumentación de políticas públicas que atiendan al objetivo de lograr igualdad y
plena participación femenina.
La singularidad excepcional de Sor Juana, es el mejor ejemplo del
talento y del genio, pero sin duda una cultura de la igualdad con pleno respeto a los
derechos de las mujeres son las condiciones indispensables para que México fortalezca sus
potencialidades de desarrollo en la libertad y en la justicias.
Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, contribuyó a ello. Muchas
gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Pavón Jaramillo.
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Pasamos ahora a otro punto del Orden del Día, que es la presentación
de iniciativas de reformas legales, y han solicitado el uso de la palabra el diputado
José Elías Romero Apis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
para presentar iniciativa de reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de
Procedimientos Penales. Se le concede el uso de la palabra.
EL DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con la venia del señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Los mexicanos vamos a reconstituir nuestros sistemas de justicia,
tenemos que hacerlo. No son éstos los mejores tiempos de la justicia mexicana. En México
va muy mal la pobreza y va muy mal la justicia, ésta peor que aquella.
No todos los mexicanos viven en el riesgo de la pobreza, pero todos
viven en el riesgo de la injusticia. Lo distributivo ha ido sucumbiendo ante lo
conmutativo. No sabemos y quizá nunca sabremos si así se dio o así se dispuso que
sucediera, pero vamos a salvar nuestro sistema de justicia penal, esto quiere decir
seguridad, libertad, igualdad, dignidad y al final de cuentas una vida mejor para todos.
La pena ha tenido, a través del devenir de la humanidad, propósitos
muy diversos y ha respondido a distintas finalidades; el asunto no es el tamaño de la
pena sino la certeza de su aplicación; no es un problema de penalidad sino de impunidad.
Por ello es necesario que el tiempo futuro corrija vicios y deficiencias que se traducen
en conductas desvaloradas que hoy en día no se castigan, en otras que por el contrario,
se castigan sin correspondencia, con una descalificación ética, en sanciones que no son
congrunetes por su extrema dureza o extrema blandura, con los bienes jurídicos tutelados
y agraviados, en agravantes y atenuantes mal relacionadas con los medios y circunstancias
comitivas en penas sustitutivas que no se aplican y en una sobrepenalización de la vida
jurídica muchas veces indebidamente supletoria de las deficiencias o incapacidades
aplicativas a otras áreas normativas.
En otro aspecto, la norma se ha extraviado en sus propósitos y se ha
perturbado la protección de los valores a través del sistema penal, del tal suerte que
hoy en día hay tipos delictivos que en algunas ocasiones van más allá de definir una
conducta peligrosa lesiva para la sociedad, mientras que en otras ocasiones es omisa para
proteger otras conductas que son inquietantes. Ejemplo de lo primero son los delitos
patrimoniales y de lo segundo, los fraudes organizados.
Las medidas tradicionales de prevención, investigación y castigo que
quizá fueron útiles en otros tiempos y en sociedades pequeñas, modestas, simples e
intimidables, hoy resultan obsoletas ante la complejidad del fenómeno. Las macrocifras de
esta crisis dan cuenta de su magnitud agoviante.
El asunto se mueve en varios círculos viciosos, uno de ellos es que no
tenemos capacidad para prevenir todos los delitos; luego entonces se cometen muchos
delitos y se rebasa nuestra capacidad de investigarlos; luego entonces al no investigarlos
no podemos castigarlos; por último, al no castigarlos se vuelven a cometer otros delitos.
Otro de los círculos es que las autoridades requieren de más
facultades, pero como no se han hecho dignas de ellas y a diario caen en desprestigio, no
se las conferimos.
Nos movemos entre dos grandes temores: el miedo a la delincuencia y el
miedo a la autoridad. Hemos enfrentado una gran dificultad histórica y temperamental para
hacer coincidir el orden con la libertad y por ello nos hemos movido a través del tiempo
en espacios de mucho orden y poca libertad, o de mucha libertad y poco orden.
Estamos viviendo los mexicanos tiempos que constituyen un punto crucial
en la evolución de nuestro sistema de enjuiciamiento penal; seguimos deliberando sobre
las posibilidades de un proceso más ágil, más equilibrado y más certero. Proseguimos
en nuestras preocupaciones sobre un sistema de protección al individuo y a sus derechos
fundamentales que no devengan espacios de inseguridad frente a la violencia y al delito.
Buscamos una mayor presencia de inculpados y ofendidos dentro del procedimiento. En fin,
hemos reflexionado sobre el momento idóneo para asumir una posición frontal frente al
crimen organizado y las consecuencias secundarias que ello entraña.
Pero todo ello nos lleva al advenimiento de un enjuiciamiento penal que
cada día sea más coincidente con la civilización y en ese propósito el proceso penal
es históricamente un proceso más dependiente de los requerimientos probatorios.
La evolución de la humanidad está ligada en este particular a la
evolución del enjuiciamiento criminal que pasó de la mera suposición, de la intriga, de
la calumnia y del rumor, a la ineludible necesidad de probar y comprobar las conductas y
los resultados punibles. La prueba representa en el proceso penal un triunfo del hombre
sobre su barbarie y sobre su decadencia.
Es por ello que nosotros, los que suscribimos, todos ellos miembros del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hemos decidido presentar
esta iniciativa de Nuevo Código Penal Federal y de Nuevo Código Federal de
Procedimientos Penales.
Estamos convencidos de que solamente una reforma mayor será la que
permita a la sociedad mexicana por primera vez en muchos años, ponerse a la ofensiva en
contra de los principales factores que la han tenido arrinconada y humillada.
Con esta reforma se pretende sustituir integralmente todo el actual
Código Penal que data de 1931 y que no obstante haber sido objeto de múltiples reformas,
ha caído en un anacronismo inconveniente y perjudicial para la vida colectiva de los
mexicanos.
El nuevo catálogo de delitos se estructuró con fundamento en la
jerarquización de los bienes jurídicos a proteger; se incorporó una ideología dirigida
hacia el rescate del ser humano como un punto central de un sistema normativo protector de
nuestra civilización.
En este nuevo ordenamiento, el primer nivel de protección penal
corresponde a las personas individualmente consideradas.
En un segundo nivel, los de su inmediata relación tales como la
familia.
El tercer lugar lo ocupan los bienes jurídicos relativos a la
sociedad.
En un siguiente plano se protegen los vinculados con la soberanía.
En el quinto se tutelan los bienes jurídicos de la Nación y del
Estado. Para cerrar la estructura se encuentran los correspondientes a la humanidad y al
orden internacional.
En lo concerniente a los delitos contra las personas y contra la
familia, se encuentran entre otros, aquéllos que atentan contra la vida y la salud
personal, la seguridad y la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, la
dignidad de las personas, la paz de las personas, la inviolabilidad del domicilio, de la
intimidad personal y del secreto, la buena fama, el patrimonio y los derechos familiares.
En lo que concierne a los delitos contra la sociedad, se encuentran
aquéllos que atentan contra la seguridad de los bienes jurídicos, la salud, las
garantías rectoras del procedimiento penal, la administración de justicia, el equilibrio
vital de la naturaleza y la seguridad pública.
Los bienes jurídicos protegidos y su ordenación obedece a su
importancia, y las penas vinculadas a cada uno de ellos es acorde y proporcional a su
valoración y a la magnitud del ataque a ellos a través de la conducta prohibida.
En el homicidio y en las lesiones, se hace un reordenamiento de las
calificativas. La premeditación queda incluida en el dolo y la ventaja en la alevosía.
La traición se amplía al concepto de perfidia. Pero se incluyen dos muy importantes: la
retribución y la crueldad, con ello se pretende castigar más severamente a quienes matan
o lesionan por razones mercenarias o por complacencia de saña.
Se le presta mayor atención al secuestro por ser una de las conductas
más graves y más reprobadas y se incorpora la desaparición forzada de personas.
Entre los delitos contra la libertad y la seguridad sexual, se
introduce la inseminación artificial realizada sin consentimiento y se agravan las penas
en algunas formas comisivas, de abuso sexual.
En los delitos contra la dignidad de las personas quedan claramente
incorporadas todas aquellas actitudes que se consideran discriminatorias.
El robo calificado queda sancionado con penas sumamente elevadas cuando
se concurre en la violencia en la pluralidad de activos y las armas o instrumentos
peligrosos.
En los delitos contra la moralidad pública se incorpora la llamada
pornografía infantil.
En concordancia lógica con las reformas propuestas en el Código
Procesal, se establecen delitos contra las garantías procesales fundamentales, tales como
la orden ilegal de aprehensión o detención, la aprehensión o detención ilegales, la
entrega retardada de detenidos, la detención y prisión preventiva ilegales, la formal
prisión o libertad retardada, la negación de la función persecutoria y la función
persecutoria indebida.
Con la reforma propuesta que pretende corregir además en lo procesal
además, un sistema de enjuiciamiento que contiene el Código Federal de Procedimientos
Penales, de 1940 y que no pudo revertir ni aun con una profusa, difusa y confusa labor
reformatoria.
Las cuestiones que más han afectado al Sistema Procesal Mexicano, son:
Primero, un fuerte y esencial desequilibrio entre la posición de cada una de las partes
involucradas en el procedimiento penal. Segundo, una degradación valorativa y un
creciente menosprecio de la función de la prueba y al propósito probatorio del proceso y
tercero, una serie de procedimientos, criterios de omisiones irregulares y confusas que
han permitido la entronización de prácticas y personajes que no corresponden a los
propósitos constitucionales.
Por ello, el primer segmento de las reformas dignas de mención se
refieren a la revaloración equilibrada de tres personajes del proceso penal, sobre los
que debe recaer la participación sustantiva: el juez, la víctima u ofendida y el
inculpado.
Para fortificar la presencia y participación procesal de la víctima,
se establece su ineludible vinculación con el Ministerio Público desde la averiguación
previa. Para ello se establecen derechos y obligaciones desde la indagatoria, tanto para
incorporar pruebas como para precisar alegaciones. Entre otras cuestiones, se establece
que el Ministerio Público durante la averiguación previa deberá incorporar y proveer
todas las pruebas que ofrezcan y aporten el ofendido o el indiciado y además tendrá que
usar sus facultades para obtener e incorporar aquéllas que los particulares no puedan por
si mismas.
Muy importante también es la relación con las víctimas, el catálogo
de derechos procesales que adquieren desde la averiguación previa.
En un sano equilibrio de la contienda también se revaloran los
derechos procesales de los indiciados y los inculpados, no sólo en cuanto a lo que
concierne a los imperativos constitucionales, sino en cuanto a aquellas cuestiones que la
realidad ha deformado teniendo como concursos la indolencia de la ley y de los hombres.
Entre otras cuestiones, a título de mero ejemplo se encuentra el caso
de las audiencias en el proceso penal, donde sin que la ley así lo haya dispuesto los 3
principales participantes se encuentran en ausencia real o en ausencia técnica: el juez
frecuentemente aislado en su privado, el inculpado enjaulado y apartado atrás de una reja
de prácticas y la víctima u ofendido atrás de la barandilla o en el pasillo, por si se
llegara a necesitar. En el centro de un escenario promiscuo en medio de escritorios,
archiveros, basureros, ventiladores y vendedores, sólo participan el agente del
ministerio público, el defensor y los auxiliares y mecanógrafos del juzgado.
Para corregir ese desequilibrio y aun para restaurar la presencia y
majestad de la justicia, se dispone en la iniciativa: Primero. Que el juez siempre esté
presente o, de lo contrario, la audiencia será nula.
Segundo. Que el inculpado comparezca igual que los demás, sin jaula,
sin esposas, sin grilletes, sentado junto a su defensor en la mesa designada para ello.
Tercero, que la víctima u ofendido no esté en el pasillo sino
también dentro de la audiencia en la mesa designada y entre el ministerio público y su
abogado personal, personaje de reciente incorporación o de nueva incorporación en el
texto de la iniciativa.
Se introducen y se proponen reformas para que los resultados procesales
dependan esencialmente de que se hayan observado los principios generales de la prueba.
En lo que concierne a la corrección de procedimientos irregulares o
confusos, se establece todo un sistema para la impugnación, a través de dos recursos,
uno ante el procurador y otro ante la justicia federal, contra el no ejercicio de la
acción penal.
Todas estas reformas y muchas más modifican radicalmente el proceso
penal y la imposición de sanciones.
Honorable Asamblea: sabemos que no solamente con reformas a la ley se
podrá mejorar la situación del estado de derecho en México, aunque tampoco sería
fácil lograr esto sin aquello.
Este es el fondo del verdadero drama penal mexicano. Hay en la sociedad
una profunda dolencia generada a través de derrotas, de incomprensiones y de sorderas.
Fuera de unos cuantos afortunados, el resto ya no cree y ya no puede o, lo que sería
peor, ya no quiere creer en la función de la justicia. Este es el verdadero aviso y la
real advertencia para el futuro.
Por ello se requiere de una renovación integral que propicie un mayor
equilibrio entre las partes contendientes. No desde luego una supremacía de la víctima
sobre el inculpado ni de éste sobre aquélla. No del ministerio público sobre la defensa
ni de ésta sobre aquél. No desde luego un proceso penal sin pruebas.
En términos simples, significa evitar lo único, lo único que es peor
que la injusticia y que se llama justicia simulada.
Es cuanto, Señor Presidente y hago entrega de las iniciativas
correspondientes. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado José Elías Romero Apis.
Instruyo a la Secretaría para que se inserten íntegras las iniciativas presentadas por
el Diputado Romero Apis, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de Debates, y
se turnan ambas iniciativas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Para presentar una iniciativa de ley de la agroindustria de la caña de
azúcar, ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Francisco Castro González, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antes de concederle la palabra, solicito a la Secretaría dé cuenta a
la Asamblea y a esta Presidencia del registro final de asistencia de diputados a esta
sesión.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES: Se le informa a la
Presidencia que hasta este momento se encuentran registrados 431 diputados, Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Francisco Castro González,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
iniciativa de ley de la agroindustria de la caña de azúcar.
EL C. DIPUTADO FRANCISCO CASTRO GONZALEZ (PRI): Con el permiso de
usted, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
"Subo a esta alta tribuna del país para dar a conocer a ustedes
un extracto de la exposición de motivos que acompaña la iniciativa de la Ley de la
Industria de Caña de Azúcar, puesta a su respetable consideración por la fracción
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura, cuya
oportunidad corresponde a las gravedades del momento por el que la misma atraviesa.
"La actividad azucarera participa actualmente en la economía
nacional con el 0.5 del Producto Interno Bruto y proporciona el sustento a más de 440 mil
familias, asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados del país, en los que
habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen
directa o indirectamente de esta agroindustria y de una diversidad de actividades
vinculadas a la misma.
"Con la operación de 60 ingénios, México ocupa hoy el séptimo
lugar en la producción de azúcar a nivel mundial entre más de un centenar de países y
la octava posición en cuanto al consumo, con 42 kilogramos anuales per cápita.
"De la producción nacional el 58 por ciento es canalizada a la
industria, el 32 por ciento al uso doméstico y el 10 por ciento restante se destina
básicamente al mercado internacional. Pese a ello el impulso de la actividad azucarera
por parte del Estado no ha correspondido a su trascendencia económica y social.
"En los últimos años la crisis del ramo agroazucarero ha
adquirido tintes dramáticos debido a la concurrencia de numerosos factores de índole
estructural y coyuntural como desajustes suscitados en el mercado interno que causaron la
drástica caída de los precios, la entrada al país de grandes volúmenes de azúcar y de
fructuosa, así como la importación ventajosa de enormes cantidades de maíz subsidiado
para la producción de esta última.
"La carencia de un sistema financiero eficiente, la persistencia
de altos grados de endeudamiento, la creciente descapitalización del campo cañero y la
reticencia de los Estados Unidos para acatar lo pactado en el Tratado de Libre Comercio,
entre muchos otros.
"Así por ejemplo no existe un órgano específico que funja como
interlocutor único de la agroindustria azucarera y se encargue de solventar las
necesidades del sector sin una serie de funciones mal distribuidas en varias dependencias,
que diluyen la obligación del Estado y propician la evasión de responsabilidades con el
consabido desgaste de abastecedores e industriales, la pérdida de rentabilidad y la
caída de los índices de producción en campo y fábrica.
"Dicha normatividad no tiene la jerarquía legal ni ofrece la
misma seguridad jurídica que una ley elaborada y expedida por el Congreso.
"La iniciativa de ley que hoy se presenta tiene por objeto brindar
a la agroindustria de la caña de azúcar la protección jurídica que se merece, su
actividad productiva de interés público y social.
"Por tal motivo, luego de reconocer dicha condición jurídica, la
iniciativa parte de clarificar la rectoría del Estado en el ramo cañero y azucarero,
otorgando al Ejecutivo Federal facultades expresas para fomentar su desarrollo
equilibrado, pues de una conducción efectiva de pende su permanencia en el campo
mexicano. Ello es tan claro que no se cuenta con un plan estratégico que dé coherencia y
rumbo a las acciones estatales de corto, mediano y largo plazo, lo cual revela que la
política nacional azucarera se ha venido definiendo en razón de enfoques parciales y
decisiones emergentes.
"Por otro lado, la regulación jurídica de la actividad azucarera
ha sido tan deficiente que ha estado sujeta a los vaivenes e incertidumbre de una
normatividad secundaria que no ha sido resultado de un proceso legislativo formal, sino
del ejercicio discrecional de las facultades reglamentarias del Ejecutivo Federal, por lo
que su vigencia queda prácticamente al arbitrio de la administración presidencial en
turno.
"A fin de mejorar la planeación de esta actividad, la iniciativa
propone reordenar las funciones existentes, lo que implica una nueva distribución de
tareas y la creación de instancias para que productores e industriales participen en la
definición de su destino.
"En ese tenor, la iniciativa considera fundamental aglutinar en
una sola dependencia el conjunto de funciones que tienen qué ver con esta actividad. Para
el efecto, se propone la creación de un organismo descentralizado de la administración
pública federal de naturaleza multisectoral que, además de operar como ventanilla
única, sea responsable directo de defender los intereses de la agroindustria azucarera.
"Asimismo con objeto de abrir la conducción de esta actividad a
la participación de todos los sectores involucrados en su desarrollo, se contempla la
creación de un Consejo Consultivo Nacional como espacio para que las organizaciones
gremiales de industriales y de abastecedores sigan participando activamente, así como la
incorporación de representaciones de índole sindical, académica y científica.
"Uno de los principales cambios que propone introducir la presente
iniciativa académica y científica.
" Uno de los principales cambios que propone introducir la
presente iniciativa, se refiere a la democratización de la representación gremial de los
productores de caña. Para ello se abren nuevas vías de participación en este ámbito a
todas aquellas organizaciones de productores rurales que cumplan determinados requisitos y
garanticen la auténtica representación de los cañeros mexicanos.
" La presente iniciativa propone eliminar el sesgo excluyente de
las disposiciones legales en vigor, abriendo las bases de la representación gremial
cañera. Con ello, la adhesión de los productores a sus organizaciones será resultado de
una decisión voluntaria tomada a partir de lo que más convenga a sus intereses,
" La democratización y pluralidad de nuestros tiempos debe
alcanzar también a quien abastece de materia prima a los ingenios,
" La propuesta que se somete a la consideración de esta Honorable
Legislatura no pretende asignar ningún derecho ni imponer ninguna obligación que vaya
más allá de las que actualmente gozan los productores y los industriales. Lo que se
busca es imprimir una mayor definitividad a las conquistas gremiales hasta hoy obtenidas
por las dos partes, a través de su consagración en un cuerpo legal, parlamentariamente
discutido y aprobado.
" Entre dichas conquistas se encuentran los sistemas actuales de
determinación del precio y de la liquidación de la caña.
"Otro rubro de vital importancia para el desarrollo de esta
actividad, descansa en el actual sistema de impartición de justicia, éste se encuentra
hoy en día a cargo de un órgano de naturaleza administrativa que ejerce una suerte de
jurisdicción delegada, tal como ocurrió hasta 1992 en materia agraria; se trata de la
Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias Azucareras creada en 1975 con
antecedentes de la Comisión Nacional de Conflictos Cañeros establecida en 1946.
"En efecto, para justipreciar cabalmente los hechos vinculados en
los litigios de la agroindustria de la caña de azúcar, se requiere de un conocimiento
amplio de los procesos de producción, transformación y comercialización que se juzgan,
mismo que no se adquiere de la noche a la mañana sino a lo largo de una constante
práctica,
"La falta de especialización puede conducir fácilmente a juicios
inexactos y a poner en entredicho la equidad de las resoluciones. Por ello, una de las
mejores garantías de que el juzgador emitirá una sentencia justa, es un absoluto
conocimiento teórico, práctico y jurídico en el ramo de su competencia.
"Desde el punto de vista instrumental, dada la naturaleza
perecedera de los bienes en juego y la duraci6n del ciclo productivo de la caña, los
conflictos azucareros requieren de un proceso de orden sumario, mismo que no le es dable a
los tribunales civiles ordinarios, cuya formalidad procesal hace muy lenta la resolución
de los litigios.
"Fuerza señalar que el contenido social de este proceso no es
fruto de concesiones paternalistas y guiadas por el Estado para beneficiar a los cañeros,
sino de un derecho concreto que fue conquistado por los productores a través de una larga
lucha histórica, cuya legitimidad no se puede objetar a estas alturas. Se trata de una
reivindicación justicionalista, no de una merced estatal.
"En ese sentido, con la finalidad de agilizar la administración
de justicia, desahogar el rezago y viabilizar judicialmente el proceso de producción,
transformación y comercialización de la caña de azúcar, la presente iniciativa
contempla transformar a la Junta en Tribunal de Controversias Azucareras, con la calidad
de órgano judicial, dotado de plena autonomía y presupuesto propio.
"Frente a la apertura comercial de nuestro país y las
circunstancias que privan en el mercado del endulzante, es imperativo crear condiciones
para diversificar el destino de la caña, canilizándola alternativamente hacia procesos
de transformación asociados a otros usos. Es ahí donde la rectoría del Estado resulta
crucial, pues sin el acompañamiento de Políticas públicas adecuadas, la
diversificación del uso industrial de la gramínea enfrentaría obstáculos difíciles de
superar.
"La nación reclama en estos momentos de difícil situación para
la agroindistria de la azúcar, todo el ingenio y la buena voluntad de sus hombres a fin
de sanearla, mantenerla a flote y elevar sus niveles de competitividad. No debemos
permitir que lo poco que quede en pie en el campo mexicano se desmorone frente a nuestros
ojos por falta de atención oportuna.
"En síntesis, señores diputados: Mediante la presente iniciativa
de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se propone
garantizar y preservar el interés público de la actividad que integra la agroindustria
azucarera, entendiendo por esta la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización
de la caña de azúcar por medio de la adecuación de su marco jurídico a la realidad
actual, lo que se propone lograr a través de la expedición de la Ley de la Agroindustria
de la Cana de Azúcar y la reforma al artículo 7° de la Ley Federal de Competencia
Económica.
"En esa virtud, se pone a consideración de esta Honorable
Asamblea, el siguiente":
"PUNTO DE ACUERDO
"PRIMERO. Turnar a las Comisiones de Desarrollo Rural, Agricultura
y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial, la iniciativa de ley cuya exposición de
motivos se ha dado lectura para su análisis y dictamen correspondiente, con el objeto de
que sea presentada y votada por el pleno de esta Honorable Legislatura.
"SEGUNDO. Acelerar la integración de la Comisión de la
Agroindustria de la Caña de Azúcar, con la finalidad de que se sume a la discusión de
la presente iniciativa e impulse la expedición de los ordenamientos que regulen los
aspectos sustantivos y reglamentarios de la misma,
"Expuesto lo anterior, solicitamos a los compañeros diputados y
diputadas de las distintas fracciones parlamentarias su voto favorable y de confianza para
la tramitación y aprobación de la presente Iniciativa por las Comisiones competentes y
en su momento su ratificación por parte del pleno de esta Honorable Cámara.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados a la LVIII
Legislatura del Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de noviembre del
2000".
EL C. PRESIDENTE: Gracias, el señor Diputado Francisco Castro
González.
La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de
Agricultura y Ganadería y se solicita a la Junta de Coordinación Política (aplausos) su
definición sobre la integración de la Comisión Especial sobre los temas relacionados
con la caña de azúcar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se concede ahora el uso de la palabra para presentar una Iniciativa de
Decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, a la diputada
Norma Reyes Teran, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
LA C. DIPUTADANORMA REYES TERAN (P.R.D.): Con el permiso de la
Presidencia, Ciudadanas Legisladoras, Ciudadanos Legisladores.
La suscrita, Diputada Federal por el Partido de la Revolución
Democrática en esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las
atribuciones contenidas en los Artículos 71 Fracción II y 73 .."
LEYO. INSÉRTESE
EL PRESIDENTE: Gracias diputada Norma Reyes Terán, la iniciativa que
usted ha presentado se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 5
Solicito a la Secretaría dar cuenta de las comunicaciones pendientes
remitidas por la Junta de Coordinación Política.
EL SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Para la formación del Comité de Información, Gestoría y Quejas.
Y un segundo oficio referido a la integración a la integración del
Comité de Información, Gestoría y Quejas.
EL PRESIDENTE: Señor Secretario, haga el favor de consultar a la
Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse ambos acuerdos, el que crea el
Comité de Gestoría y Quejas y su integración.
EL MISMO SECERTARIO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación
económica se consulta a la Asamblea si son de aprobarse los acuerdos de la Junta de
Coordinación Política a los que se acaba de dar lectura.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Aprobados los acuerdos, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
Publíquense ambos acuerdos en la Gaceta Parlamentaria para su
iniciación de vigencia inmediata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Señor Secretario, continuemos con el
punto del orden del día de oficios referidos de la Secretaría de Gobernación.
APÉNDICE No. 6
EL SECRETARIO, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES:
Solicitud de permiso para prestar sus servicios al gobierno extranjero
de los ciudadanos: Armando Mejía Meléndez, Horacio Alonso Licón Vázquez, Alicia Sofía
Sayas Millán, Adriana López Aguilera, Manuel Eduardo Vega Torres y Alma Rosa Soto
González. off
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahora señor Secretario habrá que darle lectura a la minuta que nos
remite la colegisladora.
EL MISMO SECRETARIO:
Oficio del Senado que concede permiso a los ciudadanos Julio Alvarez
Arellano, Eduardo José Danielewicz Mata y Miguel Enrique Vallín Osuna para aceptar y
usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
EL PRESIDENTE: La turnamos a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el siguiente punto del orden del día, es presentación de
proposiciones con punto de acuerdo. Para presentar una proposición con punto de acuerdo
sobre el estanol y la industria de la caña de azúcar, se concede el uso de la palabra al
diputado Jorge Schettino Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por diez minutos.
EL C. DIPUTADO JORGE SCHETTINO PEREZ (PRI): Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Subo a esta alta tribuna del país para dar a conocer a ustedes los
riesgos de contaminación por el aditivo éter metil terbutrlico MTB, por sus siglas en
inglés, usado por PEMEX como oxigenante en sus gasolinas magna y premium,
La diputación cañera reconoce el esfuerzo del gobierno del Distrito
Federal en la promoción del programa Etanol Aire Limpio, el cual suscribimos las
representaciones cañeras como testigos en octubre de 1998.
El programa presentó los siguientes objetivos. Procurar un medio
ambiente sano y limpio, mantener e incrementar las fuentes de trabajo, optimizar el
consumo de nuestras reservas energéticas, producción y uso de combustibles renovables,
identificar y combatir los riesgos para la salud de los habitantes de la Ciudad de
México, beneficiar la balanza comercial en productos petroleros, apoyar al campo cañero
y a la agroindustria azucarera,
Entre otros aspectos se acordó promover conjuntamente ante la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, las Cámaras de Diputados y Senadores de los Estados
Unidos Mexicanos, las autoridades federales correspondientes y Petróleos Mexicanos, la
necesidad de impulsar la producción de Etanol proveniente de la materia prima renovable
caña de azúcar, a fin de preservar la ecología en el Distrito Federal con este
oxigenante y como un instrumento de apoyo a la soberanía nacional en materia energética
mediante la legislación y acuerdo que propicien su 6ptimo desarrollo.
El etanol derivado de la caña de azúcar es un alcohol libre de agua
con alto tranaje, producto de la fermentación de azúcar que puede utilizarse como
oxigenante, también se puede producir etanol a partir de otras materias primas que
contengan azúcar o carbohidratos.
El etanol mezclado con gasolina ha sido probado con éxito como un
combustible alternativo en países como Brasil, Estados Unidos y Canadá, en estos pares
se ha estimulado su desarrollo a través de incentivos fiscales bajo la estrategia de
reducir su dependencia del petróleo, dotar de un mercado adicional a los productores
agrícolas y mejorar la calidad del aire, así como el reconocimiento de que al originarse
de productos agrícolas es el único que ayuda a reducir el calentamiento global.
Actualmente el oxigenante mas utilizado es el MTB, que es un
subproducto del petróleo.
El gobierno de la Ciudad de México, por medio de su Jefa de Gobierno
demando al Director General de Petróleos Mexicanos el 23 de octubre del presente, la
pronta sustitución del MTB usado en sus gasolinas magna y premium, debido a la progresiva
contaminación de los mantos acuíferos de la ciudad. El 24 de octubre de hizo del
conocimiento de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para ello acudió al
prestigio y seriedad de la institución más calificada en nuestro país para un estudio y
evaluación del uso del etanol al Instituto Mexicano del Petróleo, el estudio se integró
con pruebas de vehículos representativos de todo el parque vehícular del Distrito
Federal, esta muestra se proyectó al censo vehícular del Distrito Federal de 1997 con
tres millones 057 mil 570 vehículos, evaluando kilómetro día, kilómetro ano vehícular
y sus factores de emisión para gasolinas con 5% de MTB y su comparación con gasolinas
sin MTB con 6% de etanol,
De acuerdo al Instituto Mexicano del Petróleo, las gasolinas con 6% de
etanol superan en las condiciones de esta ciudad a las calidades magna y premiun que
contienen como oxigenante 5% de la MTB, pudiendo disimular la contaminación del aire
cuando la sustitución oere en todos los automotores capitalinos en las siguientes
magnitudes: reducirá 273 mil toneladas año de monóxido de carbono, equivalentes a menos
21 %; cancelará 2 mil 900 toneladas año de hidrocarburos, equivalentes a menos 3 por
ciento; dejarán de emitirse 50 toneladas año de formaldeidos, equivalentes a menos 12
por ciento.
Por el contrario, el uso del etanol reportaría a la Ciudad de México
un incremento impreceptible y técnicamente no significativo en óxido de nitrógeno,
emisiones evaporadas, aldeidos y benceno. Para esta ciudad y nuestro país, el Programa
Etanol Aire Limpio tiene, además de las ventajas ecológicas y de salud, aspectos de
importancia social y económica que por sí mismos los justifican:
Uno. Es iniciar en México la producción de combustibles alternos
provenientes de materias primas renovables, que ayudarán a mantener por más tiempo
nuestras reservas petrolíferas y con ello preservar de mejor manera este pilar de nuestra
soberanía.
Otro. Es respaldar con una política nacionalista, de fomento a su
diversificación a la principal agroindustria del país, fundamental para la economía de
15 entidades de la República y 227 municipios, ya que viven de ella en forma directa 2.5
millones de mexicanos y a los que hoy ve amenazada su viabilidad por la importación de
alta fructosa líquida proveniente de maíz subsidiado en el extranjero, grano con el que
además producen el etanol con el que también amenazan invadirnos.
No menos importante es para las finanzas del país sustituir la
importación de gasolina y de MPi3 con la producción nacional de etanol a partir de caña
de azúcar. De acuerdo a las estadísticas publicadas por PEI\/IEX, México importó
gasolina por mil 171 millones de dólares en 1997, con un incremento del 65 por ciento
respecto a 1996.
Cada litro de etanol mexicano usado como oxigenante o como combustible,
cancelará otro de importación.
Sucesos de contaminación por fuga de combustibles en los sitios de
almacenamiento, principalmente subterráneos, que ocasionan liberación de hidrocarburos
al ambiente, y con ello sus consecuentes riesgos de afectación al suelo y a las fuentes
de agua, han originado que diversos países industrializados revisen las características
asociadas con los contenidos químicos de los combustibles, principalmente el compuesto
por M~:3 que PEMEX utiliza en las gasolinas Magna Sin y Premium con las que abastece a
nuestra Ciudad de México.
Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno del Distrito Federal
analizó el riesgo del MPB utilizado en las gasolinas consumidas en la ciudad y realizó
la evaluación de la presencia de este compuesto mediante un estudio del subsuelo y de la
ciudad. La contaminación generada refleja ya un panorama de afectación que señala la
contaminación del suelo con presencia del MP B, en un 74 por ciento de un total de 54
sitios evaluados.
El exhaustivo estudio del suelo de la ciudad concluye que la
utilización del MPB como aditivo de las gasolinas ha ocasionado una serie de efectos
negativos, detectándose un grado de contaminación el subsuelo, aguas friáticas y aguas
residuales, que pone en riesgo la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la
Ciudad de México, así como una restricción en el potencial de rehuso de las aguas
residuales.
La gran disputa que tiene hoy la agroindustria azucarera no es sólo en
la guerra de los edulcorantes, sino también en la guerra de la sucroquímica. La
tendencia de usar etanol como oxigenante de gasolinas en las grandes ciudades es una
realidad, en México la tendencia sería favorecer su producción con maíz amarillo
proveniente de los Estados Unidos, cuando las ventajas las tenemos en la caña de azúcar
mexicana.
Basta ya de estar en contra de los intereses de la nación, de los
ciudadanos del Distrito Federal y de los cañeros de México. La salud de los mexicanos
está por encima de cualquier tipo de intereses, sea ésta nacional o extranjera.
En síntesis, compañeras y compañeros diputados, propongo a ustedes
se ponga a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Apoyar por todas las fracciones parlamentarias la demanda del
Gobierno del Distrito Federal a PEMEX, respecto de la sustitución del MPB usado en sus
gasolinas Magna y Premium, debido a la progresiva contaminación de los mantos acuíferos
de la Ciudad de México.
Segundo. Turnar a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Agricultura y Ganadería y a la Comisión de Energía para su estudio y
dictamen, la documentación que ampara la demanda del Gobierno del Distrito Federal y se
ponga para su votación en el Pleno de esta Cámara; y
TERCERO. Legislar en materia de Caña de Azúcar para darle sustento
legal al aprovechamiento de la subpetroquímica como en lo particular representa el
etanol. Muchas gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Jorge Schettino Pérez. Para
referirse a este asunto, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Francisco Javier
Flores Chávez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y se le concede el
uso de la palabra por cinco minutos.
EL DIP. ARTURO HERVIZ REYES (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: ¿Sí, señor diputado? Solicito al diputado Herviz, por
favor.
EL DIP. ARTURO HERVIZ REYES (Desde su curul): Solicito la palabra para
hechos también,
EL PRESIDENTE: Como no. Lo registro para hechos, diputado Herviz.
EL DIP. JOSE MARCOS AGUILAR MORENO (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: ¿Señor diputado? Sonido por favor... Sonido, por favor
al diputado.
EL DIP. JOSE MARCOS AGUILAR MORENO (Desde su curul): Sí, señor
Presidente, gracias. Sólo quiero proponer a quien hizo la presentación de la iniciativa
que se extienda la invitación de estudio a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
EL PRESIDENTE: Bien diputado, lo tomaré en cuenta al dar el turno a
Comisión.
Tiene entonces el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Flores
Chávez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
EL DIP. FRANCISCO J. FLORES CHAVEZ: Señor Presidente. Compañeros y
compañeras diputados:
En México ante la evidencia del calentamiento global y sus efectos en
el clima mundial, nos es imperativo contribuir activamente al esfuerzo multinacional por
un planeta limpio y por la supervivencia; además por si esto fuera poco, tenemos graves
problemas de comercialización de los excedentes de azúcar que nuestros ingenios
producen, ocasionando esto en gran parte por la gran cantidad de alta fructosa que se
está importando, la cual sustituye al azúcar en un sin número de productos,
principalmente en el caso de la industria refresquera, afectando con ello de manera
particular a nuestros productores cañeros,
La mejor respuesta a estos problemas es el etanol, biocombustible
renovable derivado de la agricultura que se encuentra en uso creciente en muchas naciones
del mundo y que en nuestro país proponemos como sustituto del MTBE, en todas las
gasolinas que consumimos,
Es un hecho que el MTBE aprobado primero en los Estados Unidos sin
investigación suficiente, importado y utilizado en México como oxigenante en las
gasolinas, es un peligroso agente tóxico que contamina las fuentes de agua que
consumimos, además de la erogación en dólares que para nuestro país esto representa,
En cambio, el etanol es un oxigenante limpio, muy superior al
desempeño del MTBE, que en una proporción del 10 al 15% oxigena las gasolinas que se
consumen en el mundo.
En México contamos con una agroindustria caña azúcar, capaz de
obtener todo el etanol que necesitamos. El etanol generara cadenas productivas con miles
de empleos nuevos y mejor comportamiento de todas nuestras actividades en el campo.
El etanol es producto de procesar la caña de azúcar, principalmente,
pero factible obtenerlo también a partir de bagazos, lactosuero, papa y otros.
El etanol es un biocombustible que reduce significativamente las
emisiones tóxicas a la atmósfera, en tanto que el MTBE contribuye en gran parte al
calentamiento global.
El etanol mezclado al 10% en las gasolinas solo sustituirá la
importación del peligroso MTBE; para demostrar la factibilidad de la aplicación del
etanol, quiero ejemplificar que en nuestro estado de Jalisco los promedios de
productividad de la caña de azúcar tienen un rango que va de 40 a 120 toneladas por
hectárea, Cada hectárea tiene la potencia para producir desde un mínimo de 2,800
litros, hasta un máximo de 8, 400,
En conclusión, compañeras y compañeros legisladores, por lo antes
expuesto coincidimos en lo general del compañero que me antecedió y consideramos que
debemos incentivar muy fuertemente en nuestro país la producción de etanol beneficiando
con ello a nuestra industria, a nuestros productores cañeros y al medio ambiente.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Flores Chávez,
Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos y se
le concede por cinco minutos, al diputado Arturo Herviz Reyes, del Partido de la
Revolución Democrática.
EL DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso, señor Presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Ha estado en el debate la crisis azucarera. Hemos abordado este tema
las diferentes fracciones parlamentarias. Hoy este tema es un tema muy importante, porque
efectivamente la caña de azúcar tiene 108 subproductos y lamentablemente en nuestro
país hemos subutilizado la producción cañera.
Hoy, con el planteamiento y la denuncia que hace el gobierno del
Distrito Federal, sobre el contaminante MTBE, da la alternativa para que los productores
de caña de todo el país busquen otras fuentes.
Si hoy la importación de alta fructosa en una irresponsable actitud
del exsecretario de Comercio Serra Puche, con las famosas cartas paralelas hace a un lado
el tratado de Libre Comercio; si aquí la propuesta presentada por los diputados del
Partido Revolucionario Institucional la avalamos y la avalamos en el tenor de que es una
alternativa para los productores de caña, tener otras fuentes de ingreso; producir
etanol, sería una gran solución para acabar con la gran crisis cañera que vivimos en el
país. Son quince estados; más de 300 municipios que producen caña y son más de 2
millones de mexicanos que en forma directa o indirecta dependen precisamente de la
agroindustria azucarera.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, avala el pronunciamiento, la propuesta para que no sea solamente en el
Distrito Federal el uso del etanol, sino sea en las grandes ciudades de este país donde
ya empieza a haber contaminación por el uso de gasolinas que tienen contaminantes
peligrosos,
Y en ese tenor nos pronunciamos para apoyar este pronunciamiento
esperando que esto venga a ser parte de la solución de esta gran crisis que vivimos en el
Sector Agropecuario.
Aprovecho para pedir a la mesa que esta propuesta, no solamente sea
canalizada a la Comisión de Agricultura o de Recursos Hidráulicos, sino que también se
sume a la Comisión de Desarrollo Rural para que intervenga en la discusión de este
pronunciamiento.
Concluyo diciendo que hace falta precisamente que se aprovechen todos
los subproductos de la caña. De esos 108 subproductos que tiene la caña, tenemos que
aprovechar la gran mayoría para hacer a nuestros productores realmente productores de
primera, ya no queremos productores de quinta, queremos una alta producción en el campo y
se requiere para esto inversión, se requiere para esto aprovechar los subproductos es
tiempo de que se apoye.
Y esperamos que en la nueva administración los productores de caña no
sean olvidados. Esperamos que en la siguiente administración los productores de caña
cuenten con el financiamiento necesario, para aprovechar estos subproductos y salgamos
adelante, avante con la industria azucarera en México.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Herviz Reyes. H. Asamblea la
proposición con Punto de Acuerdo planteada por el diputado Jorge Schettino Pérez y
apoyada por el diputado Javier Flores Chávez y el diputado Arturo Herviz Reyes, tiene el
pedimento de ser turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Agricultura y Ganadería, Energía y Recursos Hidraúlicos, y ahora también Desarrollo
Rural, implicaría que al turnarla a las Comisiones Unidas se requeriría para su
funcionamiento un quórum de aproximadamente 120 señoras y señores diputados, lo que
hace inoperante su resolución.
Si están de acuerdo esta Presidencia la turna a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para que dictamine escuchando la opinión de las Comisiones
de Agricultura y Ganadería, Energía, Desarrollo Rural y Recursos Hidráulicos. Si el
ponente está de acuerdo éste será el turno y tome nota la Secretaría.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien
dictaminará escuchando la opinión de las Comisiones de Energía, Agricultrua y
Ganadería, Recursos Hidráulicos y Desarrollo Rural.
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EL C. PRESIDENTE: Compañeras y compañeros
diputados. Me permito informarles que están registrado para presentar una proposición
con Punto de Acuerdo sobre la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre
Comercio a petición del Grupo Parlamentario del PRD y del diputado inscrito, el
tratamiento de este tema se pasa para la próxima sesión.
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EL C. PRESIDENTE: Igualmente se tenía registrado
para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre los grupos armados en el estado
de Oaxaca y a petición del partido que inscribió el tema y del propio ponente, se
pospone la discusión de este tema para la próxima sesión.
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En consecuencia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo
en relación a los medios electrónicos de comunicación, se concede el uso de la palabra
hasta por diez minutos al diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ: Con su permiso señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputados:
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LVIII de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, y con fundamento en el artículo 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, presento ante esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de
acuerdo en relación a los medios electrónicos de comunicación.
Consideraciones:
Una parte fundamental del sistema político mexicano de la etapa
postrevolucionaria, fue mantener estrechos vínculos con factores o intereses del poder
real, amalgamados bajo un gobierno que al mismo tiempo era partido.
Cuando existieron riesgos de ejercer con autonomía sus propios
destinos, resultaba contrario a los propios intereses del régimen, por lo que se dispuso,
para contrarrestar ello mismo, de la fuerza policíaca que de decretos y normas de dudosa
legalidad y legitimidad. El fin fue mantener mecanismos de control suficientes, eficaces,
para evitar cualquier resquicio de disidencia. Se trató además de asimilar, bajo
procesos de cambio cultural, la conducta de debida obediencia y cuidado hacia el gobierno
y sus autoridades.
En este terreno los medios de comunicación escritos y electrónicos,
fueron concebidos como instrumentos al servicio del gobierno. No obstante esta situación,
en los últimos años se ha avanzado en la autonomía e independencia de los medios de
información, quienes sin concesión graciosa alguna, han ido arrancando espacios de
identidad hacia un prensa escrita y electrónica cada vez más libre.
El asunto de la libertad de los medios de información va estrechamente
ligado con su capacidad de crítica. Una prensa silenciosa no es una prensa libre. Cuando
la prensa critica, ejerce su condición; sus excesos, que no son positivos, no se dan
cuando se constituyen en verdaderos contrapesos de los poderes públicos, sino cuando
dejan en indefensión al gobernado frente a los actos de autoridad.
La tarea de los medios de información en los procesos de transición
democrática, pueden ser fuente de vida o decreto de muerte para los mismos, por ello
resulta necesaria la discusión en torno al fortalecimiento de su autonomía y regulación
a favor del ciudadano.
Debemos consolidar el tránsito en la concepción de los medios de
información, de instrumentos de la autoridades, a auténticos mecanismos a favor de la
sociedad, por eso en las últimas semanas hemos visto con asombro cómo integrantes del
llamado Equipo de Transición del Presidente Electo Vicente Fox, dan cuenta de una
larcibilidad insultante en contra de las críticas de la prensa. Esa actitud se ha
expresado incluso en posiciones de ironía contra los comunicadores porque no hablan
inglés.
En los últimos días, como respuesta a lo que ellos consideran un
acoso, se ha anunciado que se concentrarán en la Presidencia de la República lo relativo
a la publicidad del gobierno entrante y todo lo relativo a la comunicación social del
Gobierno Federal. Lo anterior, en un afán de control informativo y dosificación de la
publicidad gubernamental, olvidando que apenas hace unos meses se pretendió hacer algo
parecido a través de la Agencia NOTIMEX. Sin embargo, en aquella ocasión se retractaron
de tal propósito.
Para nosotros el cambio significa avanzar, no retroceder, por eso,
lejos de los planteamientos hechos por el foxismo, lo que nosotros queremos someter a la
consideración de este pleno, es la eliminación de controles que impliquen la sujeción
de los medios de comunicación a los gustos del gobernante en turno..
Plantemos en consecuencia, que se elimine del catálogo de impuestos
ese emolumento al presidencialismo rancio que significó la creación del impuesto del 25%
sobre los ingresos obtenidos por publicidad, llamado formalmente Contribución por
Servicios expresamente declarados de interés público por la ley en los que se
intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación; impuesto
que apareció por primera vez en la Ley de Ingresos correspondiente al año de 1969,
impulsada nada menos que por Gustavo Díaz Ordaz después de los hechos de 1968 y como un
mensa je de control, señalándose en el Presupuesto de Egresos de ese mismo año, primero
la posibilidad de la exención total a cambio de someter a la venta del 49% de los activos
de las empresas concesionarias y después mediante un decreto administrativo de fecha 1 de
julio de 1969 que continúa vigente, dado que el impuesto se mantiene establecer el pago
en especie de dicho impuesto en razón de 12. 5% del tiempo diario de la transmisión de
cada estación, cuya utilización es a discreción del Ejecutivo Federal, no siendo
acumulable ni estrictamente cumplido.
En suma, se trata de un impuesto que no resulta en recurso económico y
sí un absurdo mecanismo de control hacia los medios informativos, a quienes por cierto
actualmente el gobierno les compra tiempo en tarifa comercial. Pensamos que debe emitirse
ya la mención de dicho impuesto, que por cierto tiene una previsión de cero en la Ley de
Ingresos de este año.
Como consecuencia de esta medida, el decreto de 1 de julio de 69,
sería guardado como reliquia del presidencialismo asfixiante que debemos dejar atrás.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno
la siguiente propuesta de punto de acuerdo:
UNICO. Esta Cámara de Diputados, asume como compromiso eliminar en la
Ley de Ingresos del año 2001, la mención al Impuesto por Servicios expresamente
declarados de Interés Público por la ley en los que intervengan empresas concesionarias
de bienes del dominio directo de la Nación; y hace un llamado para que en la iniciativa
que remita el Ejecutivo Federal, se omita tal referencia.
Asimismo, para que proceda en consecuencia derogar el decreto del 1 de
julio de 1969, por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago de dicho
impuesto en especie, en razón del 12.5% del tiempo diario de transmisión de cada
estación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de noviembre
del 2000.
Atentamente, diputado federal Víctor Hugo Círigo Vázquez, grupo
parlamentario del PRD y diputado José Manuel del Río de Convergencia por la democracia.
Es cuanto, señor Presidente. Gracias, compañeros.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez.
La proposición con punto de acuerdo que usted ha presentado, se turna
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo, una proposición con punto de acuerdo en relación con la situación agraria en
Tihuatlán, Veracruz, se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, a la
diputada Genoveva Domínguez Rodríguez del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática .
A petición del grupo parlamentario del PRD y de la propia diputada
Genoveva Domínguez Rodríguez, este tema pasa para la próxima sesión.
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Para presentar una proposición con Punto de
Acuerdo sobre la importación de autos para discapacitados, se concede el uso de la
palabra hasta por 10 minutos, a la diputada Esveida Bravo Martínez, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
APENDICE No. 10
DIP. ESVEIDA BRAVO MARTINEZ: Con su permiso señor presidente;
compañeras y compañeros diputados:
Un gran número de mexicanos sufren de algún tipo de discapacidad
física. Para esos compatriotas nuestros, la vida no es fácil ya que para desarrollar
todas sus capacidades requieren en muchas ocasiones de aquellos equipos e instalaciones
especiales. Desgraciadamente en México, la población en general no ha desarrollado una
cultura de apoyo a los discapacitados. Más aún, el gobierno no ha implementado programas
e instalaciones adecuadas para suplir en alguna medida las limitaciones físicas de estas
personas.
Un ejemplo de la poca infraestructura existente para discapacitados es
la falta de accesos, banquetas y transporte especializado, es quizá en este último
punto, donde los discapacitados encuentran mayores dificultades, y que cuando alguna
enfermedad o accidente se pierde la capacidad motriz, las oportunidades de desarrollar
actividades fuera del domicilio, resultan muy escasas. Por lo que muchas veces las
expectativas de estos compatriotas se ven truncadas, perdiendo el país el desarrollo de
un enorme talento que estas personas puedan generar.
Infinidad de ocasiones somos testigos de la forma en que tienen que
desplazarse nuestros compañeros discapacitados, sufriendo en la mayoría de las ocasiones
de grandes incomodidades y hasta peligros. Debemos tomar en consideración que en nuestro
país es un lujo que una persona discapacitada pueda contar con un vehículo especialmente
adaptado para poder transportar a una persona con alguna discapacidad física. Siendo en
virtud de la gran variedad de tipos de discapacidades, prácticamente imposible el
encontrar vehículos para algunos de éstos.
Cabe mencionar que la Ley Aduanera contiene disposiciones especiales
mediante las cuales se exenta del Impuesto al Comercio Exterior, la importación de
vehículos especiales para personas discapacitadas, no obstante que fue voluntad del
legislador el proteger a los discapacitados, resulta increíble el escaso criterio de las
autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ya que éstas en lugar de
cumplir las leyes que protegen a los discapacitados, quebrantan el orden jurídico
mexicano en perjuicio de los mexicanos más desprotegidos. Un ejemplo de esta caprichosa
aplicación de la normatibilidad, es el hecho de que los funcionarios decidan
caprichosamente qué clase de aditamentos hacen que un vehículo sea especial para los
discapacitados y cuáles no; pudiendo llegar al extremo que una persona, por el hecho de
que su discapacidad no lo obliga a estar en una silla de ruedas, no tenga derecho a
importar un automóvil con características especiales para su problema motriz, en el cual
resulta imposible de conseguir en el país.
Debemos recordar que las modificaciones que se le pueden hacer a un
vehículo, pueden ser tan distintas como las propias incapacidades de las personas que lo
conducirán; por lo que los criterios para que estos autos sean considerados como
especiales, debe ser amplísimo, tomando en cuenta las necesidades del importador.
Por ello, sometemos a la consideración de la Asamblea, el siguiente
punto:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Se exhorta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
para que permita la importación de aquéllos autos que, por sus características
especiales, permitan que los discapacitados los puedan conducir con mayor seguridad,
tomando en consideración las limitaciones físicas de cada solicitante.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del
mes de noviembre del 2000.
Firman los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de
México y, por la Convergencia por la Democracia, el Diputado José Manuel del Río, la
Diputada Raquel Cortés López, del PRD, y también del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias. Hago entrega a la Secretaría del presente punto de
acuerdo. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada Esveida Bravo Martínez. La
proposición que usted ha presentado a esta asamblea se turna a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo para conformar una comisión especial que coadyuve ante el Fovissste para que los
sindicatos cuenten con los recursos suficientes para sus programas de vivienda, se le
concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la Diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Entiendo que solicita que se transfiera a la próxima sesión el
tratamiento de este punto de acuerdo. Con mucho gusto, Diputada Rosalía Peredo Aguilar.
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Procedería el turno, para presentar una
proposición con punto de acuerdo sobre la situación de los ahorradores defraudados en
Mazatlán, Sinaloa, al Diputado Jorge Alberto Rodríguez Pazos, del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo, quien tiene el uso de la palabra por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PAZOS: Con el permiso de la
Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo acude a esta tribuna para insistir en la búsqueda de acuerdos para resolver la
problemática de los ahorradores defraudados por distintas cajas de ahorro en el país.
Hemos señalado en reiteradas ocasiones que se deben brindar apoyos
fiscales que son utilizados para resarcir el daño causado a los miles de ahorradores y
que suman varios miles de millones de pesos.
Reconocemos la necesidad de revisar y estudiar todas aquellas
propuestas que están enfocadas a plantear iniciativas para reglamentar el funcionamiento
de las cajas de ahorro, porque la ley vigente que regula a las organizaciones auxiliares
de crédito tiene una serie de ausencias y limitaciones para hacer de esta forma de ahorro
un mecanismo funcional y complementario del financiamiento para drenar recursos a las
actividades de los pequeños y medianos productores y proteger el patrimonio de los
socios.
De esta manera, queremos someter a la consideración de esta soberanía
un punto de acuerdo para atender esta situación bajo las siguientes consideraciones:
Las cajas de ahorro han resultado ser una verdadera mina de oro para
los administradores de éstas que, a final de cuentas, terminan enriqueciéndose con los
dineros y el patrimonio que han acumulado durante muchos años miles de pequeños
ahorradores que están con la esperanza de acrecentar sus recursos financieros mediante el
sistema de depósito en estas organizaciones de crédito.
Es necesario señalar que la quiebra de esas instituciones auxiliares
de crédito está a la mano amañada de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que, de manera complaciente y mediante la colusión directa con los
defraudadores, ha provocado la ruina de miles de familias que usurparon el crecimiento de
su patrimonio en dichas organizaciones. La falta de regulación eficiente y oportuna ha
generado vacíos legales que son aprovechados por los titulares de las cajas de ahorro
para cometer los ilícitos. Aunado a lo anterior, es evidente que las instancias de
supervisión tampoco han cumplido con su función de previsión de los delitos de este
orden.
Por eso creemos que José Angel Gurría Treviño, en su calidad de
Secretario de Hacienda y Crédito Público, no ha cumplido con las funciones que le han
sido encomendadas por ley. En esas circunstancias, debe ser llamado a cuentas y presentar
de forma inmediata e irrevocable su renuncia al cargo que ostenga porque en un país que
se jacta de ser republicano y democrático los funcionarios que cometen errores, ya sea
por acción u omisión, de manera ética y responsable terminan renunciando como una forma
de reconocer su incapacidad ante la ciudadanía.
Como miembro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, quiero
señalar ante esta tribuna la situación particular de los ahorradores defraudados de
Mazatlán, Sinaloa por la denominada Caja de Ahorro Comercializadora Panamericana
Capricornio y/o Corporación Comercial Privada.
"Este problema data desde 1991, cuando la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público cerró las oficinas de la mencionada caja de ahorro, con el argumento
de que realizaba actividades paralelas a la banca comercial y de competencia desleal al
pagar tasas de interés más altas que las que pagaba la banca privada.
"Acto seguido ordenó a la Procuraduría General de la República
el aseguramiento de los bienes y activos financieros de esa caja de ahorro, teniendo como
respuesta inmediata la resistencia de los ahorradores que vieron en peligro su patrimonio.
"Debemos señalar que los administradores de la Comercializadora
Panamericana Capricornio solicitaron al organismo de vigilancia en cuestión que le
permitiera continuar operando para liquidar a todos los inversionistas. Esta petición les
fue negada.
"El aseguramiento de los bienes y activos por parte de la PGR se
suponía que era con el propósito de proteger a los pequeños ahorradores y resarcirles
sus activos financieros. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no ha ocurrido.
"Cabe mencionar que el director general de Comercializadora
Comercial Capricornio se encuentra preso en el penal de Culiacán, Sinaloa, purgando una
condena de 30 años de prisión: 3 años por evasión fiscal, por fraude en el fuero
federal 18 años y el resto por fraude en el fuero común; pero esto no resarce el daño
cometido a miles de ahorradores.
"En este contexto los ahorradores defraudados por las autoridades
financieras están solicitando que esta soberanía exija a la Secretaría de Hacienda,
así como a la propia PGR, que informen a esta Honorable Cámara de Diputados cuál ha
sido el destino que se le dio a los bienes y recursos monetarios que fueron asegurados.
"A continuación, y basados en los documentos entregados a
nosotros por los defraudados, señalamos el monto del fraude cometido en su contra":
"En el sur del estado de Sinaloa los afectados por este fraude
ascienden a 6 mil personas y los recursos que se perdieron son del orden de 57 millones
659 mil 866 pesos. Mientras que en todo el estado asciende a 115 millones 580 mil pesos.
"Pero no solo en el estado de Sinaloa tenía operaciones esta caja
de ahorro. También hubo gente defraudada en los estados de Nayarit, de Jalisco, el
Distrito Federal, Baja California Norte, Sonora, Puebla y Chihuahua.
"Considerando de manera global este asunto, según las cifras que
nos dieron, el fraude que se cometió asciende a 50 mil personas defraudadas y los
recursos suman el total de 500 millones de pesos.
" La información que está en poder de los ahorradores defrauda
dos señala que los bienes asegurados por la PGR son 12 cuentas bancarias que en total
suman 1 millón 118 mil 038 pesos, 6 vehículos de marcas y tipos distintos y 3
casashabitación ubicadas en la ciudad de México. Es evidente que estos bienes de ninguna
manera son suficientes para cubrir el desfalco a los ahorradores de la Comercializa dora
Panamericana Capricornio.
"Pero tenemos conocimiento y documentos probatorios de que existen
otros bienes como son cuentas bancarias, terrenos y casashabitación que fueron incautados
por la PGR en el año de 1992 y que difieren del listado entregado a los compañeros
defraudados. La PGR no ha aclarado de manera plena si están bajo su custodia y por ello
requerimos que se aclare este asunto.
"Asimismo solicitan al pleno de esta soberanía ser incluidos
dentro de los recursos presupuestales que la propia Cámara está planeando aprobar para
resarcirles el patrimonio que les fue arrebatado por las autoridades señaladas y en el
caso que, sin justificaciones, también están involucrados los administradores de la
Comercializadora Panamericana Capricornio que como sabemos, por la experiencia de otros
fraudes de este tipo, tienen una gran capacidad para coludirse con las autoridades de
vigilancia y regulación financiera de nuestro país.
"Compañeras y compañeros Diputados:
"Este no es un asunto menor, es grave que no sea atendido el justo
reclamo de las personas defraudadas por la caja Capricornio. Simplemente queremos señalar
que han fallecido casi 1, 000 personas a raíz de este fraude, muchas de ellas ante la
desesperación de perder su patrimonio se han quitado la vida. Otras la tristeza ha sido
la causa de su muerte prematura y no olvidemos que en su gran mayoría son personas de la
llamada tercera edad.
"Por las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo propone al pleno de esta soberanía, con fundamento en el artículo 58
del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o
"Artículo lo. Se solicita al pleno de esta soberanía exija a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la PGR, informen a esta Cámara
de Diputados la situación que guardan los activos físicos y financieros que le fueron
asegurados a la caja de ahorro Comercializadora Panamericana Capricornio, S. A. de C.V.
"Artículo 2o. Solicitamos al pleno de esta soberanía incorporar
al Fondo de Apoyo a los ahorradores, a los afectados por el fraude, y la incautación de
los bienes de Comercializadora Panamericana Capricornio, con el objetivo de que sean
beneficiados por los recursos de dicho fondo y les sea resarcido su patrimonio.
"Atentamente.
"Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Diputado
Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador. Diputado José Narro Céspedes, vicecoordinador.
Diputada Rosalía Peredo Aguilar. Diputado Jaime Cervantes Rivera. Diputada Rosa Delia
Cota Montaño. Diputado Félix Castellanos Hernández. Diputado Jorge Alberto Rodríguez
Pasos. Diputado Juan Carlos Regis Adame.
"Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, Diputado Gregorio Urías German. Diputado Rafael Hernández Estrada.
Diputado Delfino Garcés y Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar".
Muchas gracias. Es todo compañeros. Hay que ayudar a esta gente de la
Capricornio. Tienen casi 10 años en la lucha. Muchos han muerto y cuántos tienen que
seguir o tienen que morir para que se les tome en cuenta y para que este asunto salga
adelante. Creo yo que no hay que esperar más tiempo. Tenemos la manera de sacar esto
adelante. Hay que recordar que el pueblo fue el que nos propuso, el que nos eligió para
representarlos y yo les pido sensibilidad para que nos apoyen a todas las fracciones que
están aquí con nosotros y se unan y nos apoyen en ese problema que, como dije, no nada
más es de Mazatlán, Sinaloa, es de toda la entidad y aparte en siete estados más de la
República Mexicana,
Gracias,
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos.
La proposición que usted ha planteado se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre la situación electoral en el estado de Chiapas, se concede el uso de la
palabra al Diputado Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, hasta por diez minutos.
¿Sí señor diputado? Si toman un lugar para hacer uso del sonido, por
favor.
EL C. DIP. POLICARPO INFANTE FIERRO (Desde la curul): Es para una
solicitud de uso de la palabra para hechos.
EL C. PRESIDENTE: Sí. Están inscritos el Diputado Juan Carlos Regis
Adame, el Diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, ...
EL C. DIP. POLICARPO INFANTE FIERRO (Desde la curul): Es sobre el tema
de ahorradores, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: ¡Ah, perdón! Señor Diputado Juan Carlos Regis
Adame: ¿Me permite otorgar el uso de la palabra para concluir el tema anterior?
EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Sí, con gusto.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Se concede el uso de la palabra para hechos, hasta por cinco minutos,
sobre el tema de ahorradores defraudados en Mazatlán, Sinaloa, al señor diputado
Policarpo Infante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIP. POLIC~RPO INFANTE FIERRO (PRI): Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: A los diputados
sinaloenses de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nos
preocupa la situación tan difícil y lastimosa por la que atraviesan miles de personas en
nuestro estado que fueron defraudados tanto por la Caja de Ahorro y Préstamo "El
arbolito", como por la Comercializadora Panamericana "Capricornio",
Muchos ahorradores de Mazatlán, de Culiacán, de Guasave, de Los
Mochis, personas jubiladas y pensionadas, de edad avanzada, otros que ya fallecieron y
otros que cansados ya, sin esperanza alguna, se han retirado de esta larga lucha por
tratar de recuperar sus ahorros, el patrimonio que garantizaría el sustento de sus
últimos años de vida .
Compañeros diputados: No podemos dejarlos abandonados a su suerte,
sería inhumano que todos ellos, víctimas de la voracidad de defraudadores, quedaran
solos y burlados por un acto de injusticia e impunidad.
Nuestra fracción ha planteado ya una iniciativa de ley para que regule
adecuadamente la operación de las cajas de ahorro, donde se proteja el derecho de los
ahorradores contra las acciones dolosas de estos defraudadores, Pero tamb7en estamos
buscando una solución consensada para acudir al rescate de los ahorradores afectados y
obtener la asignación de recursos fiscales para poder cubrirle a todos su quebranto. Pero
tenemos también la opción de que los bienes asegurados por la Procuraduría General de
la República a estos responsables, puedan destinarse finalmente a cubrir estos ahorros.
Hemos recogido las inquietudes y las justas demandas de estos miles de
ahorradores sinaloenses y estamos participando en las comisiones de trabajo haciendo valer
su derecho para encontrar la solución a este grave problema,
Ha quedado claro en ésta, la más alta tribuna del país, la
coincidencia de todas las fracciones parlamentarias de acudir al rescate de los
ahorradores y aquí se han expresado diferentes propuestas para atender el problema que
consideramos de urgente resolución.
En el caso específico de los ahorradores de la Comercializadora
"Capricornio", existe un gran avance en su tratamiento jurídico. El propietario
y director de dicha empresa, Leonel Sigfrido Blanco Beteta y José Manuel Tapia Rueda se
encuentra privado de su libertad en el
Instituto de Readaptación de Sinaloa desde hace ocho años cumpliendo
una sentencia condenatoria por considerarlos presuntos responsables del delito de fraude
maquinado cometido en perjuicio del patrimonio económico de María Ramona Abitia de
Aguilar de 4,830 ofendidos más que además fueron condenados al pago de la reparación
del daño de manera solidaria por un monto total de 90 millones 765 mil 876 pesos con
todas sus consecuencias jurídicas incluyendo su actualización.
Asimismo la Procuraduría General de la República les ha asegurado
numerosos bienes inmuebles de equipo y cuentas bancarias que según avalúos suman una
importante cantidad que permitirá reparar el daño patrimonial a muchos de los
ahorradores.
Sin embargo aquí nos hemos encontrado con los trámites burocráticos
que han entorpecido la solución de fondo, el resarcimiento del patrimonio de sus
ofendidos ya que a la fecha no se han entregado dichos bienes al servicio de
Administración de Bienes Asegurados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y
poder dar cumplimiento al Artículo 3o, de la Ley Federal para la Administraci6n de Bienes
Asegurados, Decomisados y Abandonados.
Retomamos conjuntamente el seguimiento de este problema y coincidimos
con el Diputado Rodríguez Pasos para continuar con la gestión y la atención de este
problema que ha lastimado a muchos sinaloenses.
Es cuanto señor Presidente. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Diputado. No habiendo, ahora sí quien
haga uso de la palabra sobre este tema, pasamos a ofrecerles la palabra para presentar su
proposición con Punto de Acuerdo sobre la situación electoral en el Estado de Chiapas,
al diputado Juan Carlos Regis Adame del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (Partido del Trabajo) :Compañeras
y compañeros Diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta
tribuna para fijar su posición acerca del clima de violencia que se viene en el Estado de
Chiapas.
De todos nosotros es sabido el clima de injusticia y marginación en el
que prácticamente desde la Colonia viven los diferentes grupos indígenas en ese Estado.
Esta situación fue la que orilló el levantamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1º., de Enero de 1994, ese día cuando con
bombos y platillos el Gobierno Federal anunciaba el ingreso de nuestro país al selecto
grupo de las naciones desarrolladas en virtud del inicio de vigencia del Tratado de Libre
Comercio, la rebeli6n indígena se encargó de demostrar a los mexicanos que la
marginación, la violencia y la injusticia era la situación que millones de mexicanos
vivían y viven.
Aunado a la miseria de los grupos indígenas en Chiapas, se ha vivido
un clima de estabilidad política desde le ámbito del Gobierno Local se ha auspiciado a
grupos armados paramilitares que defendieron los intereses de los grandes finqueros de ese
estado. A casi 3 años de la Matanza de Acteal poco se ha hecho para erradicar a los
grupos paramilitares, los operativos del Gobierno Federal para incumplimiento con la Ley
de la materia de detener a estas personas y confiscar las armas que poseen, han sido
ineficaces . Anteayer efectivos de la Policía Judicial Federal que tuvieron a su cargo
dicho operativo fueron repelidos por grupos indígenas en la Comunidad de Los Chorros.
El Poder Legislativo Federal aprobó en 1995 la Ley para el Diálogo,
la Reconciliación y la Paz Justa en Chiapas; en dicho ordenamiento se prevé como
instancia de coadyuvancia para lograr la paz en dicho Estado a la Comisi6n de Concordia y
Pacificación, organismo plural integrado por los Legisladores Federales, Senadores y
Diputados y Representantes del Poder Legislativo Estatal,
Es claro que si la marginación de los indígenas ha persistido
prácticamente desde que los españoles llegaran a lo que actualmente es territorio de
México, la paz digna y justa a la que aspiramos todos no se logrará en 15 minutos, se
requiere de una acción coordinada y conjunta de todos los actores políticos para que
mediante el diálogo constructivo y el reconocimiento de la realidad pluriétnica aunado
al respeto de la diversidad cultural de los actores involucrados pueda alcanzarse este
objetivo,
El 20 de agosto, se celebraron elecciones para gobernador en el Estado
resultado triunfadores el candidato de la Alianza por Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchia,
sin embargo, desde el gobierno del Estado y en complicidad con la Legislatura del mismo,
se promovió en el mes de septiembre una reforma constitucional por medio de la cual se
adiciona el artículo transitorio que pospone la fecha de inicio del proceso electoral del
próximo año para la renovación de ayuntamientos y de la legislatura local.
Aunado a lo anterior también se promovió otra reforma constitucional
para modificar la estructura y denominación del Consejo Estatal Electoral para
convertirse en Instituto Estatal Electoral. Independientemente de la denominación que se
le quiera dar, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estima que estas
modificaciones son contrarias a lo dispuesto en el artículo 116 fracción IV, inciso c)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que los
6rganos electorales de los Estados gozarán de autonomía en su funcionamiento,
independencia y en sus decisiones máxime que estas reformas han sido aprobadas de manera
unilateral por la mayoría priísta en la Legislatura con la clara complicidad del
gobernador Albores Guillen.
Es necesario mencionar que los artículos transitorios de esta última
reforma señalan en su artículo 2o. el organismo público denominado Consejo Estatal
Electoral que dará como consecuencia de las presentes reformas y adiciones, extinguiendo
en la fecha establecida en este decreto para la entrada en funciones del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral.
De igual forma, el párrafo primero del artículo 7o. transitorio
establece que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá quedar instalado
el día primero de diciembre de este año; en tal virtud, la Legislatura del Estado
procedió a efectuar la designación de los consejeros electorales y del consejero
presidente del 6rgano electoral que conforme al mandato expuesto en el artículo 7o.
transitorio debe instalarse el primero de diciembre.
Sin embargo, el miércoles 8 de los presentes, el designado consejero
presidente quiso tomar posesión del cargo violentando el mandato expreso de la norma
constitucional, su argumento fue la existencia de una supuesta fe de erratas en la que se
establecía que el Consejo General del Instituto Electoral quedaría instalado el primero
de diciembre, además la Legislatura local excediéndose en sus atribuciones turna sendos
oficios al Secretario Técnico y Director General del Consejo Estatal Electoral para que
haga la entrega de los activos del Consejo al presidente consejero del Instituto
Electoral.
Por si fuera poco, por la propia Legislatura aprobó una contrarreforma
electoral publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 24 de octubre, por medio de la cual
se establece que si los partidos políticos desean formar coaliciones, éstas tendrán que
ser totales, además se excluye de los órganos electorales a los partidos políticos y se
señala que si los partidos políticos forman coaliciones, el financiamiento público
será el que corresponda al partido que por sí mismo cuente con una mayor bolsa de
financiamiento.
Es pertinente que recordemos que la fracción I del artículo 41 de la
Constitución General, establece que los partidos políticos son entidades de interés
público y en el Estado de Chiapas esta disposición se ha hecho nugatoria.
Compañeras y compañeros diputados: Para el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo el proceso de pacificación en el Estado solo podrá lograrse bajo el
marco del respeto a la Ley y no con actitudes facsiosas como las realizadas por la
mayoría priísta en la legislatura local.
Por ello y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su
consideraci6n el siguiente PUNTO DE ACUERDO:
Artículo 1o. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión exhorta a los gobiernos federal y local a que emprendan acciones que propicien una
distención política en el Estado con el propósito de que el próximo gobierno estatal
que tomará posesión el 8 de diciembre, cuente con un clima de tranquilidad para que el
inicio de su periodo gubernativo se de en condiciones de normalidad democrática.
Artículo 2o. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión exhorta a la Legislatura del Estado de Chiapas para que deponga el clima de
ostigamiento que ha mantenido en contra del consejero presidente y consejero del consejo
estatal electoral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes
de noviembre del año 2000. Firman este punto de acuerdo, por el Partido del Trabajo, el
Coordinador, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Vicecoordinador, diputado José Narro
Céspedes; diputados Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota
Montaño, Félix Castellanos Hernández, Jorge Alberto Rodríguez Pasos y su servidor,
Juan Carlos Regis.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Juan Carlos Regis Adame. Con
fundamento en el artículo 34, Inciso B, de la Ley Orgánica, la proposición que usted
plantea se turna a la Junta de Coordinación Política y se...
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (desde su curul) ( PAS):
Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra.
EL C. PRESIDENTE: Permítame, señor diputado.
Están inscritos para hacer uso de la palabra sobre este tema, los
diputados Alejandro Cruz Gutiérrez, el diputado Audarico Hernández Gerónimo y el
diputado Enoch Araujo Sánchez.
Agotada esta lista de oradores registrados, inmediatamente después se
le concede el uso de la palabra.
Por tanto tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Cruz
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ (PRI): "Nos trataron como
animales, no vinieron a hacer cateos, vinieron de cacería, hasta hicieron disparo adentro
de nuestras casas, por eso salió herida la muchacha que estaba durmiendo".
Excélsior, 13 de noviembre de 2000.
Con su venia, señor Presidente.
Señoras diputadas; señores diputados:
Voy a referirme al punto número uno a que hizo referencia el diputado
que me antecedió en la palabra. "La violencia en Chiapas".
El día 12 de noviembre del próximo pasado más de 200 elementos de la
Procuraduría General de la República en 30 vehículos tipo Suburban y dos camiones con
capacidad de 40 pasajeros cada uno, a las 5 :15 de la mañana, de noche todavía,
irrumpieron en la comunidad Miguel Utrillo de Los Chorros, municipio de Chenalhó,
disparando al aire para intimidar a la población y con el objeto de detectar probables
grupos armados.
Durante el operativo al mando del fiscal Armando del Río se suscitó
un enfrentamiento entre la gente de la Procuraduría General de la República y habitantes
de la comunidad de Miguel Utrilla Los Chorros, hechos estos propiciados por los abusos,
por la actitud prepotente y el despotismo de los agentes de la Procuraduría General de la
República.
Como consecuencia de esta agresión de la policía, resultaron heridos
Antonio Empin de 15 años de edad, con herida de bala en la cabeza; Antonio Guzmán Ruiz
de 17 años de edad con impacto de bala en la pierna derecha y Alfonso Santis Vázquez de
20 años, que también resultara con herida de bala en el brazo izquierdo, producto de los
disparos que realizaron los elementos policiacos.
La actitud demostrada por las autoridades involucradas dejan al
descubierto la falta de profesionalismo y preparación de este tipo de elementos, que con
toda seguridad siguen existiendo en los diferentes cuerpos policiacos.
Por ello, rechazamos estas acciones y lo calificamos de nefasto al
pretender realizar su trabajo con evidente riesgo de lesionar física y mentalmente a los
niños, mujeres y ancianos que habitan ese municipio.
Exigimos cesen los atropellos a los pueblos indígenas, exigimos
respeto a las garantías que establece la Constitución y castigo a los responsables de
los hechos ocurridos en Miguel Utrilla; responsabilizamos a la Procuraduría General de la
República de la violencia que pueda suscitarse por exacerbar los ánimos entre las
comunidades.
Quiero hacer hincapié de que en Chiapas podrían existir grupos
civiles armados, que está muy lejos de la nominación de paramilitares. Para llegar a la
consideración de paramilitar se requiere de entrenamientos especiales, organización,
instrucción y adiestramiento proveniente del gobierno del ejército para un propósito
determinado. Hasta ahora no hay prueba ni indicio de que el gobierno del ejército
hubieran adiestrado a grupos armados.
La decisión de combatirlos comprueba de que se trata de grupos civiles
que por una u otra circunstancia se han armado y procede, desde luego, desarmarlos, pero
el cumplimiento de la ley no puede nunca depender de la comisión de delitos, tampoco de
la represión agresiva e indiscriminada; lo que la policía hizo en la comunidad de Miguel
Utrilla fue un verdadero asalto a gente que resultó inerme por la forma como repelió la
agresión: con machetes, piedras y palos, que distan mucho de ser armas de alto poder.
Fue una pifia la que cometió la policía, con resultados tan
infructuosos que no lograron mas que acrecentar la tensión y el rencor. Esos indígenas
agredidos pueden buscar venganza en sus propios compañeros, ante el hecho de que algunos
de ellos sirvieron como guías a la policía para enseñar las entradas al pueblo y las
casas que ocultaban presunto armamento.
Nada encontró la policía, aun cuando penetró con violencia a los
hogares cateados. E os indígenas se sintieron lesionados en su dignidad y en sus derechos
humanos, con justa razón.
Nadie se opone al combate de los grupos armados, porque ése es un
reclamo social ancestral, pero ese combate debe ser eficiente, estratégico, profesional,
para evitar resultados tan lamentables como los de Miguel Utrilla.
Chiapas vive las consecuencias del conflicto armado de 94, que ha
dejado muchas secuelas lesivas a la paz y a la tranquilidad social, en un conflicto que
detonaron las desigualdades y las injusticias, en un medio indígena con hambre y sed de
justicia. Por eso es urgente que llegue la negociación para lograr una paz digna y justa,
donde los derechos indígenas tengan prioridad en sur espeto y en su desenvolvimiento.
Ese tipo de operativos policiacos producen más tensión que esperanzas
de verdadera paz. Es lamentable que la policía del rango de la Judicial Federal y la
Federal Preventiva se hayan visto rebasadas por la furia indígena y batirse en retirada
con el síndrome de un fracaso inaudito. Eso significa que el operativo prentendieron
realizarlo a través de la violencia y la represión, confiados en el miedo y en la
sumisión de los indígenas. Pasaron por alto que a raíz del conflicto de 94, los
indígenas se despojaron del miedo y decidieron luchar en todos los frentes por el respeto
a su dignidad de seres humanos.
Podría apuntarse a favor de la policía que actuó con prudencia, ya
que repeler con balas la agresión con piedras hubiera traído funestas consecuencias,
pero la prudencia perdió elegancia para convertirse en aparatosa huida. Más
profesionalismo, más sagacidad, mayor información es lo que necesitó esa policía para
salir avante. Es preferible que dejen en paz a las comunidades indígenas y no
amedrentarlas con aparatosas acciones.
Los indígenas sintieron que eran objeto de un asalto, de una
arbitrariedad, por eso decidieron defenderse, eran hombres, mujeres, jóvenes, decididos a
todo, incluso a ser acribillados,
Señoras diputadas, señores diputados: éstos son los casos
lamentables que no se deben repetir, cuando se dan palos de ciego, las consecuencias son
funestas; que cumpla con su deber la policía mexicana, pero inspirado en la razón, en el
respeto a la ley y con incuestionable profesionalismo; que desarme a los delincuentes, no
que asalte a los pueblos inocentes. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Alejandro Cruz Gutiérrez.
Con el mismo tema tiene la palabra el diputado Auldárico Hernández
Gerónimo del Partido de la Revoluci6n Democrática, hasta por diez minutos.
EL DIP. AULDARIO HERNANDEZ GERONIMO: Muchisimas gracias, señor
Presidente.
A unos cuantos días de que el sureste mexicano se haya teñido de
sangre, en un ajuste de cuentas del gobierno federal con los grupos paramilitares, el
sistema tira lastres, los priístas devoran a sus hijos incómodos para dejar "la
casa limpia" entre comillas para la transición del foxismo.
El gobierno zedillista cerró los ojos ante el conflicto armado en
Chiapas, incumplió la palabra empeñada en la mesa de San Andrés Larrainzar, persiguió
a los zapatistas y ahora quiere deshacerse de los paramilitares que prohijó en Chiapas.
El supremo comandante de las fuerzas paramilitares Ernesto Zedillo, y
el subcomandante Albores, han decidido licenciar a los asesinos y represores que
organizaron, entrenaron y financiaron los llamados eufemísticamente probables grupos
civiles armados.
El pasado 11 de noviembre, mil elementos de la Policía Federal
Preventiva y de la Policía Judicial Federal, con apoyo del Ejercito Federal se
trasladaron a los Altos de Chiapas para desactivar a grupos paramilitares como Desarrollo,
Paz y Justicia, Mascara Roja, los Chinchulines y el Movimiento Indígena Revolucionario
Antizapatista, a fin de establecer dijeron: las condiciones necesarias para la toma de
posesión del gobernador electo Pablo Salazar Meniguchie, el próximo 8 de diciembre.
La operación fue provocada por las amenazas de organizaciones
paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia y de liberar del penal de Cerro Hueco a once
de sus líderes, arrasar varios pueblos a su paso y reventar el estado antes de que
Salazar Meniguchie se convierta en gobernador.
Esto provocó hechos sumamente violentos como en la comunidad de Miguel
Utrilla, los Chorros, Municipio de Chenalho considerada por organismos no gubernamentales,
como la cuna de los paramilitares en esa demarcación, donde los indígenas impidieron a
la PGR, concluir un operativo para catear 22 viviendas con el fin de buscar y en su caso
asegurar armas de presuntos paramilitares.
El saldo fue de dos indígenas heridos de bala, un agente de Ministerio
Público Federal a quien sus agresores le sacaron un ojo, de 20 lesionados y la detención
de José Santrs López a quien se le encontró un revólver.
No debemos perder de vista que en el origen de esta situación se
encuentra el general diplomado del Estado Mayor Mario Renán Castillo, excomandante de la
séptima región militar con sede en Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, de 1995 a 1997 y el
actual comandante de la décimo primera regi6n militar en Torre6n, Cohauila, Renán
Castillo, es uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Secretario de la Defensa del
gabinete foxista, y ha sido señalado por organismos no gubernamentales de derechos
humanos como el padre de los grupos paramilitares en el sureste mexicano. Durante el
periodo que estuvo al frente de la séptima región militar surgieron "Paz y
Justicia", "Los Chinchulines", "Máscara Roja", "Alianza San
Bartolomé de los Llanos", y el "Movimiento Indígena Revolucionario
Antizapatista. "
Mediante la estrategia de represión, asesinato y terrorismo al
servicio del Estado, diseñada por Renán Castillo, los grupos paramilitares han realizado
matanzas, violaciones masivas de derechos humanos, torturas, mutilaciones y violaciones y
han provocado el desplazamiento interno forzoso de diez mil campesinos de las zonas del
norte y los Altos de Chiapas.
En diciembre de 1997 la matanza de Acteal fue la más sangrienta
operación de esta estrategia, después por las masacres de El Bosque y El Charco, en
Guerrero.
Recientemente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas, documentó la existencia de 15 grupos paramilitares cuya presencia se extendió en
los últimos tres años a unos 25 municipios de Chiapas y posiblemente a otras entidades
de la República.
El general Castillo tradujo al español los manuales estadounidenses
sobre la contrainsurgencia y los adecua a la doctrina militar mexicana con el plan de
campaña Chiapas 94, que contempla la creación de grupos paramilitares o fuerzas de
autodefensa integradas por civiles reclutados entre la población amiga, estructura
paralela por civiles reclutados de entre la población y el Ejército, dedicada a
operaciones de contraguerrilla y restauración del orden, Con ese vínculo los
paramilitares supuestamente civiles quedaron subordinados a la fuerza de tarea
"Arcoiris" responsable de contener a los insurgentes zapatistas,
La incursión de la Policía Federal Preventiva y la Judicial se trata
de una aprehensión pactada en el marco de la preparación de una amnistía al vapor para
los grupos civiles armados de extracción priísta, a unos días del cambio de poderes,
Consideramos que la propuesta presentada por el PRI tiene esa misma lógica.
Antes de dar vuelta a la página, el expediente de la violencia en
Chiapas tiene que resolverse conforme a la ley y hasta el último día de su gestión el
responsable, compañeras y compañeros diputados, de esta situación, es el Presidente
Ernesto Zedillo Ponce de León.
Muchisimas gracias por su atención.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Auldárico.
Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Enoch Araujo Sánchez,
del Partido Acción Nacional.
EL DIP. ENOCH ARAUJO ANCHEZ: Compañeras y compañeros diputados: La
violencia en Chiapas es lejana en el tiempo, solo que fue imperceptible para muchos
insensibles.
En 94, sin embargo, hizo irrupción con las armas. Por fin la
federación golpeo de pronto a Chiapas, sobre todo por la amenaza que le representaba,
quizá no por los chiapanecos.
Se habla a la fecha de mucho dinero que se ha llevado a Chiapas para
atender el atraso y el agravio. Sin embargo a la fecha, siguen sin existir proyectos de
desarrolla, ni se pregunta todavía a los indígenas cual es su concepción del desarrollo
para ellos mismos.
Los chiapanecos, sin embargo, decidimos mayoritariamente el pasado 20
de agosto, caminar por nuevos y esperanzadores caminos. Hoy pedimos desde esta tribuna que
el gobierno federal y el gobierno estatal, actúen con la prudencia, oportunidad y
eficacia, que la situación de Chiapas está exigiendo. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Para hechos tiene la palabra el diputado José Antonio
Calderón Cardoso.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con la venia de la
Presidencia. Amigas y amigos diputados. No voy a abundar más relatando los hechos que
sucedieron el fin de semana en la comunidad de Los Chorros, municipio de Chenalhó en
Chiapas. Voy a hacer una reflexión respecto de la causa que motivó la intervención de
la Policía Judicial, señalado por el propio Secretario de Gobernación.
Decía el Secretario que cumplía esa orden en función de que un juez
había ordenado el cateo, para buscar eventualmente la existencia de armas. Alianza Social
no pone en duda desde luego que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza pública y que
mediante el ejercicio de la fuerza legítima, se pueden combatir eventualmente actos que
presuntamente sean delictivos.
El hecho no es ese, creemos repito que el Estado es una atribución que
tiene, sin embargo, y con todo de que eventualmente haya estado conforme a derecho la
determinación, el hecho es, señores legisladores, que una de las virtudes y si no de las
necesidades que tiene el gobernante, es actuar con prudencia para que sus actos, con todo
y que pudieran ser legales, no causen mayor daño del que se está buscando evitar, I a
prudencia política es por excelencia la aptitud rara el gobierno.
Todavía más, entendemos que una parte de la prudencia política es la
circunspección que es, mirar alrededor, examinar las circunstancias circundantes que
puedan ser favorables o desastrosas, hasta el punto de modificar totalmente si no la
naturaleza misma de la acción al menos su oportunidad.
Y en el caso de Chiapas, amigos legisladores, la historia reciente de
la violencia detonada desde 1994, obligaba a que se fuera muy prudentes y no ser una causa
para volver a incendiar ese estado hermano, porque sin duda alguna cualquier pretexto
puede encender nuevamente el enfrentamiento entre hermanos y el derramamiento de sangre de
gente inocente.
Nos pronunciamos porque este tipo de cosas sean tratadas con sumo
cuidado, y que no en aras de cumplir una determinación que aunque fuera legal se corre el
riesgo de que se enfrente a la gente inclusive de que algún grupo interesado, utilice
esto como pretexto para repito regar nuevamente la sangre.
Por último, tenemos la oportunidad, ya que el diálogo ha estado
estancado, que después del 2 de julio se abre una oportunidad que podemos utilizar como
un buen pretexto, para que replanteemos, y que el gobierno ofrezca nuevamente la
oportunidad del diálogo.
La violencia ni siquiera legítima es lo más prudente en un estado,
donde ésta se ha aplicado de manera sistemática.
No queremos ser ingenuos y pensar que con la simple transmisión de
gobernantes el problema de Chiapas se va a resolver. Sabemos que requerirá esto igual de
un diálogo constante y de una disposición abierta, pero el resultado del 2 de julio en
el estado de Chiapas era un buen pretexto, para en todo caso no haber cumplimentado la
ley, en aras no de violentar el estado de derecho sino actuar con prudencia y seguir
exigiendo e intentando el diálogo que hermane a los grupos y no que los enfrente.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado José Antonio Calderón Cardoso
Tiene la palabra para hechos el diputado Alvaro Vallarta Ceceña, hasta
por cinco minutos.
EL DIP. ALVARO VALLARTA CECEÑA: Con su permiso, señor Presidente.
Soy un hombre educado para defender instituciones. Para mi las
instituciones también son los partidos políticos. El PRD es una institución respetable;
yo no creo que el PRD en su conjunto como partido, quiera el debilitamiento de
instituciones, aunque sí algunos miembros del PRD, tal vez inconscientemente, quieran ese
debilitamiento de instituciones, como aquí un compañero del PRD que me antecedió en el
uso de la palabra lo ha hecho.
Hacer acusaciones temerarias sin fundamento, aparecer como vocero de
organizaciones enemigas de las instituciones de México, así se disfracen algunas de
ellas como organizaciones que se llaman de defensa de los derechos humanos y calumniar a
las Fuerzas Armadas, al Ejército, esas con canalladas que no debemos de permitir; no
debemos de permitir el debilitamiento de instituciones, cualquiera que éstas sean, así
sean partidos políticos o así sea una institución como lo es el Ejercito.
El trabajo, la labor del Ejército que ha desarrollado en estos años,
desde 1994, está a la vista, reconocida por propios y extraños: el respeto a los
derechos humanos, el Ejército, en casi todas las comunidades, es un factor de paz, es un
factor de comunicación entre organizaciones que mutuamente se atacan en esas comunidades,
y el Ejército ha sido el que ha comunicado a unos y a otros y ha buscado la paz y poco a
poco la ha logrado, y ahí esta la muestra reconocida por todos.
El general Mario Renán Castillo, un soldado, un hombre íntegro,
sabía y sabe, como sabemos todos los militares, y me digo militar porque es mi origen, y
no estoy hablando como militar sino como diputado que soy, pero también con mis
antecedentes militares, estamos en desacuerdo con la existencia de cualquier grupo
paramilitar que exista.
Los grupos paramilitares únicamente se forman cuando hay invasiones
extranjeras y sí hay el apoyo del Ejército, pero jamás las fuerzas armadas fomentarán
ni siquiera que haya aspectos paramilitares, organizaciones paramilitares. Si hay grupos
armados, los hay y eso es a lo que el Ejército ha evitado que estos grupos se maten unos
a otros. Inclusive la salida del Ejército de Chiapas se tendrá que discutir en cada una
de las comunidades; no es nada más salir por salir; se tiene que estudiar profundamente
esto, porque es factor de paz y es factor de tranquilidad.
Por eso el Ejército ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo con sus
misiones institucionales.
Mañana sale la Comisión de Defensa de esta Cámara de Diputados a
Chiapas, a la cual el diputado que me antecedió del PRD, si quiere puede sumarse para que
vea lo que está haciendo el Ejército en Chiapas, para que se interiorice y no hable nada
más de oídas o se convierta en un vocero de algunas otras organizaciones.
Al Ejército no le corresponde eliminar las raíces del conflicto, pero
ha mantenido y seguirá manteniendo esa posición y jamás caerá en ninguna provocación,
así sea en esta Cámara o en cualquier otro lugar que se manifieste el Ejército, se
deberá respetando la ley y seguirá apoyando al pueblo de México.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Gracias al diputado Alvaro Vallarta Ceceña.
EL C. DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO, (desde su curul). Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Si, señor diputado Auldárico.
EL C. DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO, (desde su curul). Para
alusiones.
EL C. PRESIDENTE. Adelante, tiene la palabra el diputado Auldárico
Hernández Gerónimo para alusiones personales, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO. Muchísimas gracias.
Qué bueno que uno de los representantes de las Fuerzas Armadas aquí,
se haya expresado de que en efecto, están para cuidar el orden las instituciones; sin
embargo, me atrevo a señalar que delante de ellos o cruzándose de brazos se llevan a
cabo las innumerables matanzas en Chiapas, y eso es grave.
No estamos en contra del Ejército, que quede claro. Precisamente seis
años, siete años desde que inició este conflicto y lo que nos espera al pueblo
mexicano; precisamente es hora de que el Ejército se levante y diga esta voz es mía,
para que en efecto se sumen, pero en serio, se sumen a estas tareas de pacificar a ese
hermano estado. Que no se esté gastando innecesariamente hasta ahorita, con sostener a
todo ese Ejército, porque son muchos los recursos que se están destinando, para que
estén ahí en cuarteles militares.
Precisamente veremos que ese Ejército, se levante su prestigio, que
vele por los intereses de los chiapanecos en este tema, en este asunto para que en efecto
se lleve a cabo la paz y la reconciliación en este estado hermano.
Sin embargo, no quisiera meterme en este debate porque una de las
instituciones, las únicas que se habían salvado, que es el Ejército, también tiene lo
suyo; pero esa va a ser otra historia en otro momento.
Solicitamos pues, de que todos de manera, en coadyuvancia, podamos
hacer los esfuerzos necesarios y todos los que estemos involucrados en esta situación a
estos días que espera el pueblo mexicano ese mensaje. Y que el ejército en efecto haga
lo suyo, haga su trabajo pero que deje de estar de brazos cruzados, porque así ese es el
mensaje que estamos nosotros ahorita los mexicanos viendo a través de la actuación del
ejército ...
PRESIDENTE: Permítame señor diputado
¿Sí, diputado Vallarta?
DIP. JOSE ALVARO VALLARTA CECEÑA (curul) Señor presidente nada más
para ver si me autoriza usted hacerle una pregunta al señor diputado orador que está en
tribuna.
PRESIDENTE: Vamos a ver si él autoriza.
¿Usted autoriza la pregunta señor diputado?
DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO: No, de ninguna manera señor
presidente.
PRESIDENTE: No se autoriza señor diputado.
Continúe señor orador.
DIP. AULDARICO HERNANDEZ: Es todo lo que tenía que agregar señor
presidente. Muchas gracias.
PRESI DENTE: Gracias diputado Auldarico Hernández Gerónimo.
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Pasando a otro punto de la Orden del Día,
para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha
solicitado la palabra el diputado Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, en lugar
del diputado Delfino Garcés Martínez.
DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor presidente; compañeras y
compañeros diputados:
Los miles y miles de ahorradores defraudados tienen muchos meses y
alguno de ellos, según ha quedado expresado en esta tribuna, muchos años esperando que
alguna autoridad sea capaz y tenga voluntad política para solucionar su problema. Hoy
mismo, un nutrido grupo de estos ahorradores, se encuentra a las puertas de este Recinto,
en espera de que esta Honorable Legislatura tome en cuenta sus peticiones y resuelva
satisfactoriamente sus demandas.
Es por eso que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente
que el presidente de la mesa directiva de la Cámara, excite a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, para que dictamine de inmediato sobre la iniciativa de ley que crea el
Fondo de Apoyo a los Ahorradores afectados por las cajas de ahorro.
Algunas cajas de ahorro constituidas bajo la modalidad tanto de
sociedades cooperativas como de sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un
funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado en su momento por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Comisión Bancaria y de Valores.
Lo anterior provocó que estas sociedades llevaran a cabo operaciones
que al paso del tiempo provocaron que miles de ahorradores de escasos recursos se vieran
en la imposibilidad de recuperar su patrimonio. Por su magnitud el problema gestado se ha
convertido en un asunto de interés público que el estado no puede ni debe soslayar. Por
ello, el 26 de octubre del presente año fue presentada ante este Pleno, una iniciativa de
ley para atender y solucionar esta problemática.
En virtud de lo anterior y de que la atención de esta Honorable
Cámara debe ser sobre todo en asuntos de interés público, y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía el siguiente acuerdo:
UNICO: Que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara excite a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine de inmediato sobre la
iniciativa de la ley que crea el Fondo de Apoyo a los Ahorradores Afectados por las Cajas
de Ahorro. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado. Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público que emita a la mayor brevedad posible el dictamen correspondiente.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, compañeras y
compañeros diputados, informo que a solicitud de el Presidente de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía, el punto de acuerdo presentado a esta asamblea por el
Diputado Hugo Círigo Vázquez, que fue turnado a la Comisión de Hacienda, también se
turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en comisiones unidas, para
que presenten el dictamen a la mayor brevedad posible.
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En otro punto del orden del día, en
agenda política, para hacer pronunciamientos sobre las elecciones en el estado de
Jalisco, se ha inscrito el Diputado José Manuel Correa Ceceña, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede el uso de la palabra hasta
por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CECEÑA: Señor Diputado Presidente,
señoras diputadas, señores diputados: Legalidad y legitimidad son elementos
imprescindibles para el soporte necesario del ejercicio del poder.
Ya Thomas Hobbes, en el Siglo XVI, en ese libro monumental que fue y
que es El Leviatán, se preguntaba por qué obedecemos. Obedecemos porque consideramos que
la autoridad tiene derecho a mandar, pero no es un derecho gratuito. En la democracia se
gana con el voto.
Pero la expresión de éste, la expresión del voto exige elementos
insustituibles de validez. El primero de ellos, crucial, es la presencia de un árbitro
que no fuese; esto es, un órgano electoral intachable, sin sombra de duda, y sobre todo
imparcial.
El segundo de ellos, imprescindible, el gobernante lejos de la disputa
electoral, sin hacer uso, por supuesto, de los mecanismos del poder para favorecer a un
candidato. El gobernante apartado del relevo electoral. Y esto, desde luego, como bien se
sabe, es un principio vertebral.
De no presentarse estos elementos, el proceso de elección se contamina
de manera más o menos grave. El proceso electoral de Jalisco está contaminado de manera
grave.
[Aplausos del grupo parlamentario priísta]
El proceso electoral de Jalisco ha tenido, como es del dominio
público, claros oscuros, claros oscuros evidentes, el signo que más lo ha enturbiado es
la actitud parcial que ha asumido el gobernador del estado.
[Aplausos del grupo parlamentario priísta]
Convirtió la elección de Jalisco en una elección de Estado en la que
llegó a confundirse la militancia partidista de los gobernantes con la función del
ejercicio de gobierno. El PRI, el PRI y los demás partidos de oposición se enfrentaron
no solo al licenciado Francisco Ramírez Acuña, son a toda la maquinaria gubernamental.
El más reciente ejemplo fueron los spots simultáneos en radio y
televisión, en uno de los cuales aparece el señor ingeniero Alberto Cárdenas como
militante, pidiendo el voto para su candidato. Y acto seguido, pero inmediatamente
seguido, se transformaba en Jefe del Poder Ejecutivo del estado para invitarnos a todos
los jaliscienses a participar en los comicios.
Esto es, el mandatario jalisicense acudió al cierre de campaña del
candidato Ramírez Acuña el pasado 4 de noviembre, donde le entregó una chamarra con el
logotipo de "Gobernador del Estado" e invitó a votar por el candidato de su
partido; acción que, como ya se dijo, pro siguió en radio y televisión.
Por otro lado, por otro lado es sumamente lamentable que el órgano
electoral, específicamente su Presidente, no cuenten con la credibilidad y la confianza
necesarias; porque la democracia no es solo que los ciudadanos acudan a las urnas, sino
que haya respeto a esa presencia para que exista legitimidad. ¡ En Jalisco han surgido
elementos que ponen en cuestión esa transparencia y esa imparcialidad!
¡ No es un asunto menor, creo por lo contrario que es un asunto toral;
se trata nada menos de la credibilidad del órgano al que la ley confiere la facultad de
certificar el carácter legal y legitimo de la autoridad surgida de elecciones para
gobernar en consecuencia mediante actos legales y legítimos!
Esto es importante en la medida que el acatamiento de los resultados de
una elección por los candidatos, los partidos y la sociedad en gran medida descansa en la
pulcritud, la precisión, la eficiencia y la seguridad con que se manejen los instrumentos
esenciales de cualquier proceso comicial, las boletas electorales y el listado nominal de
ciudadanos.
En fin, la pregunta es: ¿Fue imparcial el Consejo Estatal Electoral de
Jalisco? O para decirlo de otra manera: ¿Ha demostrado el Presidente del Consejo Estatal
Electoral que se conduce y conduce al órgano con imparcialidad? Parafraseando al
Evangelio: "Por los hechos los conoceremos ".
Este Consejo Electoral ha sido fuente de escándalo en varias
ocasiones, los enfrentamientos entre sus miembros han sido frecuentes y no precisamente
por las causas más nobles. Se ha demostrado en varias ocasiones el uso de vehículos
oficiales en la campaña del licenciado Ramírez Acuña y un Consejero Electoral, un
Consejero Electoral asistió a un acto de campaña de este candidato, a una hora en la que
supuesta mente debería estar ejerciendo sus funciones como Consejero.
El Consejo Estatal Electoral por medio de Internet realizó un
ejercicio antes de la elección y el propio día electoral, en el cual se expresaba un
claro triunfo de Acción Nacional.
Asimismo no es un asunto menor el que no se haya aclarado con
puntualidad el destino final de 156 mil boletas electorales impresas en exceso. La
organización de la elección falló en el punto neurálgico: que es dar resultados
confiables y ciertos. El PREP no funcionó. La incertidumbre sobre la elección fue
propiciada por el vacío de información electoral.
Por eso ocho partidos se retiraron de la sesión. Cinco partidos poco
antes de efectuarse las elecciones acusaron al Consejo Estatal Electoral y a su Presidente
de falta de eficiencia y de experiencia. Ojalá esos hubiesen sido sus únicos defectos.
Las elecciones deben ser ciertas y transparentes porque son el único método democrático
para tener gobiernos y órganos de representación legítimos y legitimados.
Es evidente que en el Consejo Estatal Electoral de Jalisco no se
cumplió con los principios rectores de imparcialidad, certeza, legalidad, independencia,
equidad y objetividad que requiere una contienda electoral y que exige la Constitución
Política de Jalisco.
Un Consejero Electoral, un Consejero Electoral lo dijo mejor en la
sesión del lunes 13 de este mes y lo dijo en el Consejo: "Le hemos fallado a la
ciudadanía".
Aún así, aún así sostenemos la preservación de las instituciones,
a pesar de que las han usado en contra de nuestro partido y de los votantes que le dieron
su sufragio. Esperaremos el resulta do final y nos conduciremos en la ruta que nos marca
nuestro sistema político y en el derecho que nos asiste para expresarnos con legitimidad
en el campo político.
Muchas gracias.
(Aplausos del grupo parlamentario priísta)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES (PAN): Gracias,
Diputado José Manuel Correa Ceseña.
Para hacer pronunciamientos sobre el mismo tema a nombre del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra
al Diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, hasta por diez minutos.
EL C. PRESIDENTE: ¿Declina su participación? Bien.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ ( PAN ): Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados: Iniciare precisando que nosotros
somos los verdaderos triunfadores en la elección de Jalisco y que ustedes lo saben.
(Gritos, bulla y aplausos en el salón)
Y lo saben porque sintiéndose perdidos quieren ir a los tribunales
electorales además de solicitar la apertura de las urnas antes de terminar siquiera la
primera instancia,
Si ustedes dicen que ganaron vamos viendo los datos para información
suya, señores diputados. El 97.4 por ciento de la votación indica que tenemos una
abrumadora diferencia de 55 mil votos con respecto a su candidato a gobernador, ¡arriba
de el!
( Aplausos y desorden en el salón)
EL C. PRESIDENTE: Señor diputado Urdapilleta ¿me permite un minuto?
Creo que quieren hacerle una pregunta.
EL C. DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ: Con gusto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: ¿Sí diputado? Sonido al diputado, por favor.
EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (Desde la curul): Solo quiero
preguntarle al orador ¿por qué paró el conteó del PREP?
EL C. PRESIDENTE: Permítame señor diputado.
EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (Desde la curul): Perdón señor
Presidente, es para saber si me permite una interpelación.
EL C. PRESIDENTE: Déjeme ver si la autoriza el orador.
EL C. DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ: Al final, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Al final el orador y la Presidencia autoriza que
usted formule una pregunta.
EL C. DIP. JORGE CARLOS RMIREZ MARIN (Desde la curul): Gracias
Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Continúe el orador.
EL C. DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ: (Continúa) Con esos 55 mil votos
de diferencia a nuestro favor respecto a su candidato, con una participación del 55, 6
por ciento de los electores.
Compañeros diputados del PRI: En tribuna vienen a tratar de demostrar
lo que no se refleja en las actas. Partiendo de este principio con todo gusto iniciaremos
el debate.
Una vez más, como en los últimos años, el gobierno emanado de
Acción Nacional vuelve a poner un ejemplo de respeto y transparencia en su actuación,
sobre todo marcando una línea clara de separación en atribuciones entre las autoridades
electorales y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual no es una característica de
sus gobiernos.
Respecto al tema del Consejo Electoral en Jalisco al cual hace
referencia, me permitiré recordarles a los compañeros diputados del PRI que el actual
Consejo Electoral tiene las siguientes características:
La totalidad de sus consejeros integrantes fueron votados y reconocidos
por la totalidad de los partidos políticos representados en el Congreso, incluyendo
obviamente al PRI.
Los actuales consejeros electorales son los mismos, insisto, son los
mismos que en la pasada elección local de 1997, en donde obviamente ningún partido
cuestionó la pérdida de la mayoría en el Congreso Local y pérdida de municipios por
parte del Partido Acción Nacional.
Ahora, en esta elección, con los mismos consejeros electorales, se
desarrolló de manera normal la jornada electoral, en donde las 6 mil 443 casillas en su
apertura, en su cierre y en su entrega de actas no tuvieron incidentes mayores. Y digo
incidentes mayores a pesar de que se cerraron con cadenas y sellos apócrifos en las
escuelas públicas, a fin de no permitir su apertura en los distritos VIII, XI y XII, en
donde con Acción Nacional se ha manifestado una abrumadora diferencia con respecto al
Revolucionario Institucional.
Por lo que respecta a la participación del gobernador del Estado en el
proceso electoral, quiero decirles que en todo momento fue institucional como Ejecutivo,
ciñiéndose a un acto proselitista de partido, más sin embargo en el tema en particular
estamos en la mejor disposición de debatirlo para exhibir la verdadera y perversa
manipulación de algunos alcaldes y funcionarios públicos del PRI que manipularon con las
despensas del DIF.
En lo referente al sistema PREP, señores diputados, quiero decirles
que fue tan sólo un sistema implementado para hacer llegar los datos de manera expedita,
pero en ningún momento es supletorio de la recepción y registro de las actas que de
manera oportuna llegaron a los consejos distritales, cuyas copias obran en poder de todos
los partidos políticos representados en el proceso.
(aplausos)
Señores Diputados: Coincidimos en que el sistema implementado PREP no
cumplió de manera ágil con su cometido, cosa que no es el tema a discusión, lo
verdaderamente importante es que la voluntad de los jaliscienses expresada en las urnas no
deja ninguna duda, que la mayoría del Congreso Local en más de 70% de la población
gobernada en más de 55 municipios y sobre todo la gubernatura en el estado le corresponde
a Acción Nacional,
Muchas gracias (aplausos)
EL C, PRESIDENTE: ¿Diputado Urdapilleta, autoriza usted en este
momento la pregunta del Diputado Jorge Carlos Ramírez?
EL C. DIPUTADO JORGE URDAPILLETA NUÑEZ Sí señor.
EL C. PRESIDENTE: EL orador autoriza y esta Presidencia también que
usted formule una pregunta,
Sonido por favor al Diputado Ramírez,
EL DIPUTADO JORGE CARLSO RAMIREZ (desde su curul): Le formulo la
pregunta señor orador, ¿por qué el PREP dejó de contar a la hora que lo hice y por que
afirma que el PREP no cumplió su cometido? LO acaba de afirmar.
EL C. DIPUTADO JORGE URDAPILLETA NUÑEZ: Señor Diputado como lo
mencione el prep fue un sistema establecido para efecto de poder tener resultados en
oportunidad, más sin embargo en esto no marca ninguna definición sobre el resultado de
las elecciones. Si efectivamente fue lento en su proceso, nosotros coincidimos con ustedes
mas no significa que la elección por si' misma se descarte. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Urdapilleta. Sí diputado Correa.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CESEÑA (desde su curul) Para hechos
señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al diputado Correa
Ceseña para rectificación de hechos por cinco minutos. Tiene usted el uso de la palabra.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CESEÑA: Señor Diputado Presidente,
señoras Diputadas, señores Diputados: Bueno en principio yo quiero señalarle a mi
estimado compañero y amigo el señor diputado Jorge Urdapilleta que no contestó la
pregunta del diputado Jorge Carlos Ramírez.
En segundo, bueno, yo admiro su habilidad para que según el método
Olendorf poner en mi boca afirmaciones que nunca hice; yo nunca hablé de resultados
electorales definitivos, dije, si', que exigimos que el Consejo Estatal Electoral se
comporte con un mínimo de ética política, pero nunca hablé de resultados electorales,
a pesar, a pesar de que hay declaraciones de mi partido en un determinado sentido, igual
que hay declaraciones de su partido en otro sentido, pero lo que yo sí planteo es que sí
haya ética política del Consejo Estatal Electoral, es muy sencillo, unámonos para
exigirle que abra el PREP y que desde mañana se vuelva a contabilizar y que es más que
el conteo se lleve a cabo abriendo las ánforas (ruido de voces de protesta) lo que hemos
dicho es que nos sometemos, a pesar de todo y esto sí lo digo, nos sometemos a los
órganos electorales, por supuesto los resultados electorales y también a los Tribunales
Electorales.
Hablar del DIF Y esas cosas, mejor como dijo Miguel de Cervantes
"no meneallo Sancho", mejor vámonos circunscribiendo a lo que es la discusión
estrictamente electoral.
Y en lo que yo afirmé, y en lo que yo afirmé con todo respeto
además, con todo comedimiento, es un debate de ideas no es un debate a dominen (?), ni
mucho menos, ni quiero llevarlo a ese terreno, simplemente es una expresión y es una
exposición de ideas y de conceptos, y lo que dije está ahí como testimonio, está la
televisión y está el radio, sí hubo, sí hubo una actitud parcial del gobernador, por
supuesto que sí la hubo; ahí está la televisión, están los programas de radio, está
el mitin en el que habló el gobernador,
Por supuesto que sí la hubo. Del Consejo Estatal Electoral, todos los
medios de comunicación de Jalisco lo expresan, yo no digo que no sea ciudadanizado el
Consejo Estatal Electoral, lo que digo es que le faltó imparcialidald, independencia,
objetividad, eso fue lo que yo dije y que debemos de trabajar más en ese sentido para
tener elecciones más transparentes y ciertas, no estamos en una actitud de rebeldía ni
muchisimo menos, estamos estableciendo cuestiones de carácter conceptual.
Y frente a lo que yo afirme, no hubo ningún desmentido. No quiero en
este momento, porque en esta semana se sabrán cifras, entrar en una guerra de cifras lo
que sí yo establezco es nuestra razón esencial para declarar que un gobernador no puede
asumir una actitud como la que asumi6 el gobernador de Jalisco y un Consejo Estatal
Electoral debe de ser imparcial e independiente.
Es cuanto. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Se concede el uso de la palabra para hechos, hasta por 5
minutos al diputado Ulloa, Alonso Ulloa, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Me da mucho gusto encontrarme nuevamente debatiendo, como dijo el
diputado Correa Ceseña, ahora aquí con temas de Jalisco.
Ciertamente debe resultar muy frustrante, muy frustrante para mis
compañeros diputados del PRI del Jalisco, el que dedicaron buena parte de los últimos
tres años a tratar de desprestigiar al gobernador del Estado, al gobernador Alberto
Cárdenas, y no solo no lograron desprestigiarlo sino que el gobernador del Estado sigue
teniendo un amplísimo reconocimiento de los jaliscienses... (aplausos)... reconocimiento
que debo decir si' fue utilizado por Acción Nacional como un activo en campaña, pero mas
aún fue utilizado por su candidato Jorge Arana quien lo hizo aparecer en sus spots de
televisión y en sus publicaciones utilizando la imagen de un hombre limpio, un hombre
honesto como es Alberto Cárdenas Jiménez. (aplausos y desorden en el salón)
Por otro lado, usted pregunta el asunto del PREP y de porqué se par6
el PREP. No es a nosotros a quien debe preguntárnoslo, es al Consejo Electoral del
Estado, pero lo que se ha dicho y no es cierto señor diputado y me extraña, me extraña
de un brillante abogado como usted, es que diga que el Programa de Resultados Preliminares
es el centro del proceso electoral.
Y más aún me extraña que pretende usted que para mañana miércoles,
que son los cómputos distritales y que ése sí es el centro del proceso electoral,
quiere usted que se abra un proceso de resultados preliminares; mañana no necesitamos
resultados preliminares, los necesitamos definitivos, para el caso de munícipes y
diputados... ( desorden y aplausos en el salón)... y el domingo los tendremos para el
caso de gobernador del Estado y para el caso de diputados de representación proporcional
. ... ( interrupción ) ...
EL PRESIDENTE: Diputado Alonso Ulloa, ¿me permite un momento? sí,
diputado, dígame.
EL DIP. JOSE MANUEL CORREA CESEÑA (PRI): [DESDE SU CURUL] Quiero, con
todo respeto señor Presidente, preguntarle al orador a través suyo si permite una
pregunta.
EL PRESIDENTE: Señor orador, ¿autoriza usted una pregunta del
diputado?
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ: Señor Presidente, yo he aludido
directamente al diputado Correa Ceseña y tendrá oportunidad de responderme por alusiones
personales.
EL PRESIDENTE: No lo autoriza. No se autoriza. Continúe usted,
diputado Ulloa.
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ: Gracias señor Presidente. Miren, la
estrategia del PRI es muy clara en esto, es muy clara para nosotros en este momento pero
no ha sido clara incluso entre ustedes en Jalisco; su representante en el Consejo
Electoral del Estado se ha dedicado desde que llegó a Jalisco a tratar de desprestigiar
al Consejo Electoral del Estado para preparar este escenario. Pero resulta que el día
anterior a la jornada electoral prácticamente a la misma hora que su representante en el
Consejo Electoral del Estado denunciaba esta parcialidad y las irregularidades, el
Presidente Estatal de su partido en Jalisco y su candidato a Gobernador le declaraban a
los medios que era un proceso transparente que confiaban en las autoridades electorales,
que no esperaban ningún tipo de problema, incluso su candidato a gobernador decía que
las campañas habían sido limpias, tranquilas y que en todo caso los exabruptos que se
habían dado en parte del calor electoral pero que no tenían mayor impacto.
Decía Jorge Arana a las 10 de la noche de la elección, en un momento
en el que él creía que podía ganar la elección, le declaraba a Televisa; "Fue una
jornada muy tranquila, muy transparente, una afluencia muy baja". Pero finalmente
reconocía como una jornada y transparente.
Efectivamente el abstencionismo no dio para que ustedes ganaran como
hubieran querido y resulta que al día siguiente Jorge Arana cambia la historia y les
declara a los medios: " En cuanto a los resultados finales, el Consejo Electoral del
Estado es quien debe emitirlos, pero en base a documentación". Ojo con lo siguiente
que dice Jorge Arana: "Y si no llegamos a acuerdos, habremos de investigar y a irnos
a los tribunales hasta sus últimas consecuencias ".
¿A cuáles acuerdos y con quiénes? ¿Esa es su estrategia, el tratar
de ablandar al Consejo Electoral del Estado para llegar a acuerdos? No señores, los
resultados electorales no se acuerdan, se cuentan.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Ulloa.
Habiéndose agotado,..
Sí, señor diputado.
EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA (PRI) (desde su curul): Para
rectificar hechos le pido la palabra, por favor.
EL C. PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la palabra, por cinco minutos
para rectificación de hechos.
EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA (PRI): Con su venia, diputado
Presidente.
Compañeras diputadas;
Compañeros diputados:
Sorpresiva fue, sin duda, la forma en que nuestro amigo y paisano Jorge
Urdapilleta inicia su intervención pretendiendo rebatir sin éxito los argumentos
sólidos con los que mi compañero diputado Correa Ceseña establecía un planteamiento
inicial de algo que es contundente, de algo que está muy claro en la mente de los
jaliscienses, el que pese a todo tenemos en Jalisco un Consejo Estatal Electoral que no
merece el respeto de la ciudadanía y que por ello presenta el problema de la
incertidumbre.
Curioso que en lugar de entrar a poder hacer un debate sobre argumentos
sólidos que el diputado Correa ha establecido, hechos concretos, acciones contundentes,
viene a pretender en esta tribuna establecer quién ganó y quién perdió en la elección
de Jalisco.
Creo que como bien lo dijo mi también amigo Alonso Ulloa, será la
autoridad la que venga a convalidar el triunfo, sí, de un candidato que pese a toda la
maquinaria en su contra del Ejecutivo del estado, y pese al derroche en las campañas
realizado con evidente trasdesfase de límite económico en el monto de campana realizado
por los candidatos y por el Partido Acción Nacional, se viene a alzar con el triunfo, y
que será sin duda el conteo voto por voto, una por una, con todo lo de la ley, cuando se
diga que el que ganó en Jalisco fue la sociedad jaliscience, teniendo como candidato a
Jorge Arana Arana, futuro Gobernador de Jalisco.
Curiosa me parece la forma en que Urdapilleta viene aquí, porque dicen
que a aclaración no pedida, acusación manifiesta, y vienen a pretender desdibujar lo que
todo Jalisco sabe: la parcialidad de la actuación de un gobernador como Alberto
Cárdenas, que sí, dice Jorge Urdapilleta, que en forma delicada, atenta a su función
como gobernador, llamó al voto. En efecto, pero ya lo dijo Correa, lo hacía a la limón,
cuando en Otro espot, alejado de ese manto de ser gobernador plural, pedía el voto para
su partido.
No se requiere ser un genio en publicidad para establecer el hecho de
que está pretendiendo subliminalmente plantear a los jaliscienses la indicación de un
voto por un partido al que él pertenece, y tampoco dijo Urdapilleta que esa acción del
gobernador sucedió también un día antes de la elección, cuando ya había terminado la
etapa de campaña, y que reconoció y dejó de hacerlo; reconoció que hacía mal el
pretender llevar a los jaliscienses a un asunto que no era el adecuado.
Ahora bien. Establece Alonso Ulloa que durante tres años, los
diputados priístas en Jalisco entre los cuales orgullosamente me conté trabajamos
intensamente para desacreditar a Alberto Cárdenas. No, Alonso, yo creo que Alberto
Cárdenas sólito se desacredito. Cada acción, cada hecho de Alberto Cárdenas lo
presentó como es a los jaliscienses: un gobernador nefasto, inepto y que ahora pretende
llevar jaliscienses a una acción para manipular al Consejo Electoral del estado.
Hay hechos, y simplemente en abundamiento a la actitud parcial del
Consejo Electoral del estado, y creo que con hechos podemos dejar establecidas cuestiones.
Que nos conteste el consejo con fundamentos, ¿por qué permitió, o más bien por qué
impidió como un ejemplo que en Ameca importante municipio, el V Distrito, que represento
se le negara el registro en todas las casillas a mi partido, a quien quería
representarlo?, violando la ley.
Que también fundamente por qué permitió que las boletas electorales
de Vallarta, a pesar de la presión, tiempo y forma, se votara por alguien que ya había
fallecido.
Acciones como ésas son en contra del proceso, acciones como ésas tuvo
el proceso, y por ello la ley pondrá a cada quien en su lugar.
Es cuanto. Muchas gracias.
EL PRESDIENTE: Gracias diputado Salvador Cosío.
Ha solicitado el uso de la palabra para responder a alusiones
personales, el diputado Jorge Urdapilleta, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, y se le concede por cinco minutos.
EL DIP. JORGE URDAPILLETA NUÑEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados; trataré de centrarme en los tres
puntos a los cuales los señores diputados hicieron alusión.
En principio, respecto a los spots aquí aludidos, quiero comentar que
una cosa son los spots de partido, como ya Alonso Ulloa lo menciono, tanto el PRI como el
PAN tomaron posiblemente la figura del gobernador, porque es una persona querida en el
estado.
Por otra parte, el gobernador no fue secreto de nadie, que haya
manifestado su preocupación de que esa y todas las elecciones sean transparentes y sean
participativas, porque si algo nos interesa, es que la ciudadanía participe y ese fue su
finalidad.
Por otra parte, respecto a los consejeros electorales que también hace
alusión el diputado Correa Ceseña, quiero comentarles que en particular el tema de un
consejero electoral, más que un problema electoral era un problema entre grupos y entre
partidos; quiero decirles que el consejero aludido fue propuesto por el P R I como
consejero, es una persona que se ha comportado de manera recta, hay que reconocerlo, pero
quiero decirles que más allá de eso, ahí entramos a un tema de tipo interno dentro de
lo que es los hospitales, lo que es los candidatos y es un asunto que sinceramente no
tiene nada que ver con lo que es el día de la elección o el proceso electoral en
Jalisco.
Por otra parte, quiero comentarles en alusión a lo que dice el
diputado Cosio Gaona, que el gobernador ha sido nefasto, quiero decirles que nuestro
gobernador en las últimas encuestas tiene 68 punto y feria por ciento de simpatía, de
reconocimiento y la gente lo quiere a pesar de ustedes.
Muchas gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Urdapilleta Núñez.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 12
Esta Presidencia ha recibido de la Colegisladora, una minuta que quiero
solicitar a la Secretaría dé cuenta de ella a la asamblea.
EL SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES:
Minuta de la Honorable Cámara de Senadores, de la ciudadana Marra del
Rosario Gloria Green Macías.
EL PRESIDENTE: Se turna la presente minuta a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, con la solicitud de que sea dictaminada de inmediato.
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Continuando con la agenda política, se había
inscrito un punto para pronunciamiento de los grupos parlamentarios en relación a los
festejos con motivo de la Toma de Protesta del Presidente Electo Vicente Fox Quesada, a
solicitud del grupo parlamentario del PRD, se pospone para una próxima sesión.
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Y por último, para hacer posicionamientos sobre los
precios de garantía del arroz, se encuentran inscritos el diputado Ramón León Morales,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Jaime
Tomás Ríos Bernal, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
En consecuencia se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos,
al diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática,
EL DIP. RAMON LEON MORALES: Con su permiso, señor Presidente:
Honorable asamblea: En pasada sesión ordinaria del pleno de esta
Honorable Cámara de Diputados, tuvimos conocimiento de una comunicación que con fecha 20
de octubre nos remitió la LIII Legislatura del estado libre y soberano de Colima, en la
que atentamente nos solicita y cito textualmente: "hacer suya la preocupación y
justificada angustia de los productores de arroz y en general de toda la producción
agropecuaria. "
Solicita de nosotros el Honorable Congreso de Colima, como un alivio
para los productores rurales, incluir en el próximo Presupuesto General de Egresos de la
Federación, una asignación presupuestal en el ramo correspondiente suficiente para
cubrir dos sentidas demandas campesinas:
Primero. El incremento de mil pesos por tonelada del subsidio que
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria otorga a los productores nacionales
de arroz. Y
Segundo. El pago de 3 mil pesos por hectárea de maíz siniestrada
totalmente y de 1,500 pesos por hectárea siniestrada parcialmente, tanto por
inundaciones, como por sequía u otros accidentes.
A nombre del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática, ocupo esta tribuna para expresar nuestro apoyo a estas demandas campesinas y
de los productores rurales que nos han transmitido el H. Congreso de Colima y a proponer
al respecto un Punto de Acuerdo bajo las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
Que la producción de alimentos en México y la autosuficiencia y
soberanía alimentarias, deben de ser consideradas como prioridades nacionales.
Que al sujetar a las reglas del Tratado de Libre Comercio la
producción y comercialización de diversos granos, como es el caso del arroz, nuestro
país se encuentra en evidente desventaja tecnológica y productiva en relación con sus
principales socios comerciales,
Que en la generalidad de los países del mundo y particularmente
nuestros principales socios comerciales, la producción de alimentos es una de las
actividades económicas que mayores subsidios reciben, pues su fortalecimiento tiene que
ver con la independencia alimentaria generadora de independencia política y conservación
de su soberanía.
Que el grano de arroz con cáscara grasa, producido el ciclo primavera
verano de 1999 en el estado de Colima, alcanzó un precio por tonelada de 1,800 pesos a
los que se sumaron los 250 pesos de estímulos de ASERCA, para alcanzar un total por
tonelada de 2, 050 pesos, cifra por cierto insuficiente para estimular la producción; que
para ese ciclo con todo y que los insumos para la producción aumentaron su precio es más
del 10 %, que lo errático y escaso de las lluvias han provocado extraordinarias pérdidas
y que en aquellas siembras que sobrevivieron sus índices de producción, no tendrán
punto de comparación con las cosechas levantadas el ciclo anterior, es motivo de extrema
preocupación que el precio internacional del grano al que serán adquiridas las cosechas
apenas y alcanza los 1,200 pesos, a los que al sumar los 250 pesos de estímulos de
ASERCA, apenas alcanzarían los arroceros un ingreso por tonelada de 1,450 pesos, Esto es,
600 pesos que el ciclo pasado, siendo que la producción de este ciclo será sensiblemente
inferior por cuestiones naturales y sus costos de inversión superiores.
Por lo anteriormente expuesto el suscrito con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
1o. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al
Ejecutivo Federal se incluya en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal del año 2001, una partida presupuestal en el ramo administrativo
08 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, suficiente para incrementar el estímulo
por tonelada de arroz que otorga Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en
por lo menos mi I pesos.
2o. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al
Ejecutivo Federal se incluya en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal del Año 2001, una partida presupuestal destinada a Agroasemex,
Ramo Administrativo 06 Hacienda y Crédito Público, recursos suficientes para financiar
el pago de seguros agrícolas por siniestro a razón de 3 mil pesos por hectárea de maíz
siniestrada totalmente y de 1, 500 pesos por hectárea siniestrada parcialmente, tanto por
inundaciones como por sequía u otros accidentes.
Se unen a esta propuesta los compañeros Juan Carlos Regis Adame del PT
y Rosa Delia Cota también del PT. Muchisimas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Esta Presidencia se ve en la
obligación de informarle al diputado Ramón León Morales y a su grupo parlamentario, que
este tema está inscrito en la agenda política y se refiere a Pronunciamientos que no
tienen la tramitación de Puntos de Acuerdo, sin embargo, el contenido de esta
intervención se hará llegar a las Comisiones pertinentes.
Tiene el uso de la palabra para hacer un Pronunciamiento sobre este
tema, Precios de Garantías del Arroz, el diputado Jaime Tomás Ríos Bernal del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO JAIME TOMAS RIOS BERNAL: Con su permiso señor
Presidente. Compañeros diputados. Compañeras diputadas. México hasta 1987 fue
autosuficiente en su producción de arroz de aproximadamente 400 mil toneladas de arroz
blanco pulido, las cuales se beneficiaban en cerca de 70 molinos establecidos en los
distintos estados productores, y ocasionalmente por el gobierno federal a través de la
paraestatal Conasupo realizaban algunas importaciones, para evitar especulaciones y
desabasto del producto y sobre todo para regular los precios.
En 1989 México liberó las importaciones de arroz y en tal sólo unos
meses fue saturado de arroz asiático, con precios muy por debajo de los internos, lo que
hizo que industriales y envasadores encontraran un buen negocio en el arroz y se
desplomara la producción abajo del 50% y en tan sólo dos años cerraran el 70% de
molinos que existían.
Paralelamente México inició la negociación del Tratado de Libre
Comercio con Norteamérica, y en su afán de hacerlo de manera rápida no realizó una
buena consulta con los sectores involucrados y se cometieron errores muy graves en la
forma en que se estableció la desgravación arancelaria, ya que no reconocieron las
grandes diferencias que existen en la producción ni en los apoyos y subsidios que reciben
los productores entre estos tres países.
Por otra parte, el gobierno ha implementado diversos apoyos al
productor como Procampo, Estímulos a la Comercialización, Kilo por Kilo y Alianza entre
otros, con el fin de equilibrar la enorme desigualdad de nuestros productores contra sus
competidores de otros países, sin embargo no ha sido suficiente y la producción nacional
sigue disminuyendo.
Existen muchas zonas arroceras que no tienen otras alternativas de
cultivo por factores climáticos y los productores se encuentran desmotivados para seguir
produciendo en esta situación.
Reiteradamente los productores piden al gobierno que se cierren las
fronteras a las importaciones o que sean reguladas y controladas para que no afecten a las
cosechas nacionales, pero sus quejas no son atendidas.
El sector industrial arrocero consciente de esta situación y
convencido de la necesidad de rescatar a los productores nacionales, que son quienes les
abastecen de materia prima, se han solidarizado con su problemática y presentan un
esquema de autorregular las importaciones mediante el establecimiento de cuotas de
movilización de arroz blanco y para dentro del país.
Las cuotas serían fijadas tomando como base los precios
internacionales, estableciendo una escala de equilibrio, a menor precio internacional
mayor sea la cuota y viceversa. El objetivo de dichas cuotas sería el complementar los
estímulos a la comercialización que ya otorga ASERCA, que es de 250 pesos por tonelada y
que son insuficientes.
Por otra parte, el Consejo Mexicano del Arroz, atento a esta grave
amenaza, han hecho diversas propuestas al gobierno, con el fin de proteger la planta
productiva nacional y cabe destacar las siguientes: frenar la desgravación arancelaria
por cinco años, establecer cuotas de importación, cerrar fronteras en meses de cosecha,
sólo permitir la importación de pala y, sólo permitir importación a quien compre
cosechas nacionales, impedir la importación de arroz blanco pulido de países que cometen
doomping en sus precios, por ejemplo Argentina, Tailandia, Vietnam, Uruguay; realizar
campañas publicitarias de defensa del arroz mexicano para ampliar la base de su consumo
anual, ya que desde hace diez años es de cuatro kilos y medio por personal, tomarnos en
cuenta en el próximo presupuesto a realizar.
Adicionalmente el Partido Acción Nacional tenemos que decir que el
Consejo Nacional Mexicano ha solicitado a la Unidad de Prácticas de Convenio
Internacional de la SECOFI, que dé los resultados a la investigación contra
importaciones de arroz blanco americano, ya que se ha detectado doomping en sus precios,
lo que ha provocado un daño importante a la producción nacional.
Esperamos nuevamente que el señor Secretario de la SECOFI, Herminio
Blanco, dé respuesta positiva a esta petición lo más pronto posible. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Tomás Ríos Bernal.
Para hacer un pronunciamiento sobre este mismo tema de los precios de
garantía de arroz, está inscrito el diputado Edilberto Buenfil Montalvo, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y se le concede el uso de la
palabra hasta por diez minutos.
EL DIP. EDI LBERTO BUENFIL MONTAVO: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
A fines de los ochentas México pierde su autosuficiencia arrocera,
producto de la apertura comercial y del TLC, que permitió la cuantiosa importación
indiscriminada del grado, básicamente de los Estados Unidos y de los países asiáticos.
El entorno socioeconómico de México con respecto a los demás
productores, son totalmente disímbolos, motivo por lo que habrá de crear mejores
condiciones que propicien la igualdad y con ello la posibilidad de permanencia y
crecimiento de la industria arrocera de nuestro país.
Actualmente alrededor del 70% del consumo nacional de arroz es de
origen americano, estadounidense. Sin que nos hayamos propuesto, hemos beneficiado a la
producción norteamericana y de otros países, ya que México al día de hoy es el
principal importador de arroz de Estados Unidos
Posiblemente la entrada un tanto precipitada al TLC, que no consultó
del todo y con tiempo a las instancias y organizaciones debidas en la materia, en México
hoy se paga a mil pesos por tonelada de arroz. A su vez el precio internacional por
tonelada de arroz es de 150 dólares; en los Estados Unidos se pagan 290 dólares por
tonelada; los restantes 140 dólares los cubre el propio gobierno norteamericano. Con ello
facilita la comercialización del producto por México y muchos otros países en vías de
desarrollo.
El gobierno mexicano de inmediato implementó diversas medidas de apoyo
al productor como PROCAMPO, estímulos a la comercialización, sin embargo al paso de los
años, tenemos que aceptar, compañeros legisladores, que no ha sido suficiente y la
producción nacional sigue disminuyendo. Por ejemplo, ASERCA otorga un apoyo de estímulo
por tonelada a la comercialización, lo que ha resultado insuficiente. Hoy aquí hemos
hablado de 250 pesos por tonelada y hay una propuesta que dice que debe de ser de mil
pesos el apoyo de ASERCA.
Son tres los estados que producen arroz, destacando Campeche con más
del 50% del total del cultivo nacional, seguido de cerca por Morelos, Veracruz, Sinaloa,
Colima, entre otros; con 15 mil productores, 3 millones 600 mil jornales por ciclo y con
36 molinos de los 70 que existían apenas hace unos cuantos años.
En términos de asignación presupuestaria, Alianza para el Campo en el
año 2000, da el 61. 90 del presupuesto total, fue dado por la federación y el 38% por
los estados en su conjunto. A pesar del esfuerzo realizado, dichas asignaciones para el
campó no alcanzan a satisfacer los requerimientos mínimos básicos para la producción
agropecuaria, ante las facilidades que han encontrado países altamente competitivos al
incursionar con éxito en nuestro mercado nacional.
Proponemos en concreto y a través de esta distinguida tribuna, ser
portavoz de mi fracción parlamentaria y muy especialmente de la Confederación Nacional
Campesina; de la preocupación extrema que manifiesta el Consejo Mexicano del Arroz, la
Federación Nacional de Productores de Arroz de realizar las siguientes propuestas, las
cuales pido asumamos con seriedad y responsabilidad, ya que muchos de nosotros coincidimos
en estos puntos:
Revisión pormenorizada del TLC en cuanto a la producción arrocera;
regulación de importaciones mediante cuotas de movilización del arroz blanco y palai (?)
dentro del país; las cuotas fi jadas serán tomando como base los precios internacionales
estableciendo una escala de equilibrio que a menor precio internacional, mayor cuota y
viceversa, con lo que se crearía un fondo que significaría un estímulo adicional al
productor y apoyo de gestión durante el proceso productivo inmediato.
Incrementar en los estímulos a los productores y comercializadores;
establecimientos de las cuotas de importación; frenar la desgravación arancelaria al
menos por un tiempo preciso, proponen los productores cinco años; crear un fideicomiso
del arroz representado por el gobierno federal, el Consejo Mexicano del Arroz, la
Federación Nacional de Productores y los representantes de los trece estados productores.
Impedir la importación de arroz de países que cometen dunping (?) en
sus precios; realizar campañas pro defensa del arroz mexicano y pro consumo del arroz
como gran alimento nutritivo y barato. Las importaciones se realizarán sólo cuando no
haya cosecha nacional y para cubrir el déficit del mercado interno.
En suma, hacer una política coherente de fomento a la actividad
arrocera donde se otorguen créditos suficientes y oportunos y esencialmente se
instrumenten medidas para fortalecer la cadena productiva y con ello, la garantía en el
abasto nacional de este importante grano.
Todo lo anteriormente propuesto sería en vano si no cuidamos el precio
y la calidad que se deberán proporcionar al consumidor final, recordando que es un
producto de consumo básico en la dieta del mexicano.
Es cuanto, señor presidente.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Buenfil Montalvo.
Honorable asamblea: hemos desahogado el Orden del Día de esta sesión.
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Señor secretario, informe a la Asamblea si quedan asuntos en cartera.
SRIO. MANUEL MEDELLIN MILAN: Le informo a la presidencia y a la
Asamblea, que han sido agotados los asuntos en cartera. Si usted lo autoriza señor
presidente, daremos lectura al Orden del Día para la siguiente sesión.
PRESIDENTE: Proceda por favor señor secretario.
MISMO SECRETARIO:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 25
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER ANO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 16 NOVIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia
Cívica que con motivo del 176 Aniversario de la expedición del Decreto de Creación del
Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre a las 10:30 Horas, en el Palacio del
Ayuntamiento, ubicado en 5 de febrero y plaza de la Constitución.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia
Cívica que con motivo del 78 Aniversario Luctuoso del Lic. Ricardo Flores Magón, tendrá
lugar el 21 de noviembre a las 10:00 Horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del
Panteón Civil de Dolores.
De los Congresos de los Estados de: Aguascalientes, Colima, Chihuahua,
Quintana Roo y Zacatecas.
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
De reformas al Artículo 57, párrafo tercero de la Ley del ISSSTE.
(Turno a Comisión).
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
Que reforma la Ley Agraria, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
EFEMERIDES
El 90 Aniversario de la Revolución Mexicana, a cargo de los diversos
Grupos Parlamentarios que Integran la LVIII Legislatura.
Aniversario Luctuoso de Vicente Lombardo Toledano, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre Barras Bravas, en el Fútbol, a cargo del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre los trabajadores del INEGI, a cargo del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para el Establecimiento de un Código de Etica
para los Diputados de la LVIII Legislatura, a cargo del C. Dip. José Manuel del Río
Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para la Creación de una Comisión Especial
Investigadora de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la situación del Movimiento Nacional de los
400 Pueblos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
PRESIDENTE: Gracias señor secretario, agradeciendo a todos su
colaboración para el desarrollo de esta sesión, en particular al personal de Registro
Parlamentario.
( A las 15: 38) Se levanta la sesión y se cita
para la próxima que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre, en punto de las 11:00 horas.
APÉNDICES
APENDICES DE LA SESION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2000.
APENDICE No. 6
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
Del H. Congreso de la Unión
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se
refiere el artículo 37, inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan
prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Armando Mejía Meléndez.
Puesto: Chofer de la Sección Agrícola.
Lugar de trabajo: Embajada de Países Bajos en México.
Nombre: Horacio Alonso Licón Vázquez. Puesto: Agregado comercial.
Lugar de trabajo: Oficina Comercial Británica en Monterrey.
Nombre: Alicia Sofía Zayaz Millán. Puesto: Asistente comercial.
Lugar de trabajo: Oficina Comercial Británica en Guadalajara.
Nombre: Adriana López Aguilera. Puesto: Asistente comercial.
Lugar de trabajo: Oficina Comercial Británica en la Ciudad de México.
Nombre: Manuel Eduardo Vega Torres. Puesto: Agregado comercial.
Lugar de trabajo: Oficina Comercial Británica en Guadalajara.
Nombre: Alma Rosa Soto González. Puesto: Asistente comercial.
Lugar de trabajo: Embajada del Reino Unido en México.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de
nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las
seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, 9 de noviembre de 2000.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
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APENDICE No. 7
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
Teniente Coronel del Arma Blindada Diploma do de Estado Mayor Julio Alvarez Arellano,
Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata y
Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Miguel Enrique Vallín
Osuna, para aceptar y usar con decoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, a 9 de noviembre de 2000.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel del
Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor Julio Alvarez Arellano, para aceptar y usar la
condecoración de la Cruz de Mérito Militar de Tercera Clase, que le confiere el Gobierno
de la República de Guatemala.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de
Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata, para aceptar y usar
la condecoración de la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco de
Segunda Clase, que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Coronel de Fuerza
Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Miguel Enrique Vallín Osuna, para aceptar
y usar la condecoración Medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le
confiere el Gobierno de la República de Nicaragua.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a
9 de noviembre de 2000.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
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APENDICE No. 1
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTES
Los grupos parlamentarios expresan su voluntad de participar
activamente en los trabajos y análisis de los temas que se involucran en la Reforma del
Estado, con la finalidad de estar en condiciones de presentar iniciativas sobre las
diversas materias en el Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de
Ejercicio de la LVIII Legislatura, a realizarse del 15 de marzo al 30 de abril del año
2001.
En tal virtud, con el propósito de impulsar los entendimientos y
convergencias que permitan el alcance de acuerdos para que las comisiones competentes y el
Pleno de la Cámara puedan adoptar en su momento las decisiones que constitucionalmente
les corresponden en materia legislativa sobre la Reforma del Estado; y con fundamento en
los artículos 33, 34 inciso c), 42 y 44 párrafo 4 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales integrantes de
esta Junta de Coordinación Política someten a la consideración de la Honorable Asamblea
el siguiente
ACUERDO PARA LA INTEGRACION DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL
ESTADO DE LA LVIII LEGISLATURA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
PRIMERO. Se constituye la Comisión Especial para la Reforma del
Estado, la cual quedará integrada por los diputados coordinadores de los grupos
parlamentarios, los presidentes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, de
Puntos Constitucionales, de Fortalecimiento del Federalismo y de Justicia y Derechos
Humanos, así como por dos diputados de cada grupo parlamentario. Sus decisiones serán
adoptadas por consenso o, en su caso, por voto ponderado.
SEGUNDO. La Comisión Especial podrá establecer subcomisiones o grupos
de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, atendiendo a los temas que deban ser
incluidos en la agenda correspondiente. Para ello, podrá invitar a diputados integrantes
de otras Comisiones.
TERCERO. La Comisión Especial organizará las bases para promover un
diálogo político nacional sobre la Reforma del Estado, a partir de la consideración del
Congreso de la Unión y de esta Cámara como el espacio institucional en el que deben
confluir las opiniones provenientes de los diferentes órdenes de gobierno, grupos,
partidos, sectores, organismos, instituciones diversas del país, así como de ciudadanos
en lo particular, para conformar los acuerdos que sirvan de base para los proyectos,
iniciativas y dictámenes legislativos procedentes que deban conocer y aprobar en su caso
las comisiones competentes y el Pleno de la Cámara.
CUARTO. La Comisión Especial elaborará la Agenda de temas que
precisen el marco de las reflexiones, análisis y propuestas legislativas de la H. Cámara
de Diputados en los temas de Reforma del Estado.
QUINTO. La Comisión Especial para la Reforma del Estado formará las
mesas de diálogo necesarias para la atención y desahogo de los temas que constituyan la
Agenda, en dichos foros podrán participar todos los diputados de la LVIII Legislatura que
así lo deseen.
SEXTO. La Junta de Coordinación Política concertará los acuerdos
conducentes con la H. Cámara de Senadores a efecto de que ésta integre su propia
instancia de atención al tema de la Reforma del Estado y se establezcan los mecanismos
idóneos que favorezcan una acción conjunta y coordinada que asegure el logro de los
objetivos plasmados en este Acuerdo.
SEPTIMO. La Junta de Coordinación Política proveerá a la Comisión
Especial, por conducto de la Junta de Apoyo Administrativo, los apoyos y recursos
necesarios para el desempeño de su encargo.
OCTAVO. La Comisión rendirá informes parciales cada vez que sea
requerida por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y uno final ante la Asamblea de la Cámara. Inmediatamente se hará la
declaración de su extinción, en los términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
NOVENO. Todo lo no previsto en este Acuerdo será resuelto por la Junta
de Coordinación Política, con base en las previsiones constitucionales, legales y
reglamentarias.
TRANSITORIO. El presente Acuerdo estará en vigor el día su
aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2000
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APENDICE No. 10
C. PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DE LA UNION PRESENTE
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA
CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO
BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA
SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR
GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las
Comisiones de Pesca y Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la
LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:
ACUERDO
Consideraciones
Un gran número de mexicanos sufren de algún tipo de discapacidad
física, para estos compatriotas nuestros, la vida no es fácil, ya que para desarrollar
todas sus capacidades requieren en muchas ocasiones de equipos e instalaciones especiales.
Desgraciadamente en México, la población en general no ha
desarrollado una cultura de apoyo a los discapacitados, y más aún, el gobierno no ha
implementado programas e instalaciones adecuados para suplir en alguna medida las
limitaciones físicas de éstas personas.
Un ejemplo de la poca infraestructura existente para discapacitados es
la falta de accesos, banquetas y transporte especializado. Es quizá en éste último
punto donde los discapacitados encuentran mayores dificultades, ya que cuando por alguna
enfermedad o accidente se pierde la capacidad motriz, las oportunidades de desarrollar
actividades fuera del domicilio resultan muy escasas, por lo que muchas veces las
expectativas de estos compatriotas se ven truncadas, perdiendo el país el desarrollo de
un enorme talento que éstas personas pueden generar.
En infinidad de ocasiones somos testigos de la forma en que tienen que
desplazarse nuestros compañeros discapacitados, sufriendo en la mayoría de las ocasiones
de grandes incomodidades y hasta peligros.
Debemos tomar en consideración que en nuestro país es un lujo que una
persona discapacitada pueda contar con un vehículo especialmente adaptado para poder
transportar a una persona con alguna discapacidad física, siendo, en virtud de la gran
variedad de tipos de discapacidades, prácticamente imposible el encontrar vehículos para
algunas de éstas.
Cabe mencionar que la Ley Aduanera contiene disposiciones especiales
mediante las cuales se exenta del impuesto al comercio exterior la importación de
vehículos especiales para personas discapacitadas.
No obstante que fue voluntad del legislador el proteger a los
discapacitados, resulta increíble el escaso criterio de las autoridades de la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial, ya que éstas, en lugar de cumplir las leyes que
protegen a los discapacitados, quebrantan el orden jurídico mexicano en perjuicio de los
mexicanos más desprotegidos. Un ejemplo de ésta caprichosa aplicación de la
normatividad, es el hecho de que los funcionarios decidan caprichosamente que clase de
aditamentos hacen que un vehículo sea especial para discapacitados y cuales no, pudiendo
llegar al extremo que una persona por el hecho de que su discapacidad no lo obligue a
estar en una silla de ruedas, no tenga derecho a importar un automóvil con
características especiales para su problema motriz, el cual resulta imposible de
conseguir en el país.
Debemos recordar que las modificaciones que se le pueden hacer a un
vehículo pueden ser tan distintas como las propias incapacidades de las personas que lo
conducirán, por lo que los criterios para que estos autos sean considerados como
especiales deben ser amplísimos, tomando en cuenta las necesidades del importador.
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Se exhorte a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
para que permita la importación de cualquier auto que por sus características
especiales, permita que los discapacitados lo puedan conducir con mayor seguridad, tomando
en consideración las limitaciones físicas de cada solicitante.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del
mes de noviembre del 2000.
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off
APENDICE No. 3
LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR.
EXPOSICION DE MOTIVOS
En México, dada la importancia que tiene en el conjunto de la
economía nacional, tanto por el valor de la producción como por el número de personas
involucradas en la misma, sin soslayar su trascendental papel en la dieta diaria de la
familia mexicana, la agroindustria de la caña de azúcar configura una actividad
productiva no sólo de carácter histórico, sino además de interés público y social.
Importada con la Conquista, la actividad azucarera participa
actualmente en la economía nacional con el 0.5% del producto interno bruto y proporciona
el sustento a más de 440 mil familias (mediante empleos permanentes y temporales),
asentadas en 227 municipios, pertenecientes a 15 estados de la República, en los que
habitan alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales más de 2.5 millones dependen
directamente de la agroindustria de la caña de azúcar, así como de una diversidad de
actividades indirectas vinculadas a la misma, en una cadena producción consumo tan vasta
que su debacle sería catastrófica para el país.
Sobre esa base, a partir de la operación de 60 ingenios, México ocupa
en la actualidad el séptimo lugar en producción de azúcar a nivel mundial, entre más
de un centenar de países, y la octava posición en cuanto al consumo, con 42 kilogramos
anuales per cápita. De la producción nacional, el 58% es canalizada a la industria, el
32% al uso doméstico y el 10% restante se destina principalmente al mercado
internacional.
Pese a ello, el impulso a la actividad azucarera por parte del Estado
no ha correspondido a su trascendencia económica y social. Esto se ha hecho más patente
en el transcurso de los últimos años en los que la situación ha adquirido tintes
verdaderamente dramáticos debido a la concurrencia de factores de diversa índole,
estructurales y coyunturales, como: los desajustes suscitados en el mercado interno que
derivaron en la drástica caída de los precios del endulzante; la entrada al país de
volúmenes desproporcionados de azúcar y de fructosa, así como la importación ventajosa
de enormes cantidades de maíz subsidiado para la producción de esta última; la
inexistencia de un sistema financiero suficiente y oportuno; la persistencia de muy altos
grados de endeudamiento; la creciente descapitalización del campo cañero; y, para colmo,
la reticencia de los Estados Unidos a acatar lo pactado en el TLCAN, entre muchos otros.
Dicho panorama se toma realmente desalentador si se observa la poca
efectividad de la acción gubernamental ante el alarmante avance del problema y la
significativa carencia de un planteamiento estratégico del Estado para enfrentarlo. El
actual sistema de atención institucional no satisface las necesidades de la agroindustria
de la caña de azúcar, ni corresponde a la importancia de una actividad económica de
interés público.
Para empezar, no existe una estructura orgánica federal específica
que funja como interlocutora única de la agroindustria de la caña de azúcar y se
encargue exclusivamente de solventar las necesidades del sector, sino una serie de
funciones ambiguamente distribuidas en varias dependencias públicas que dispersan las
obligaciones del Estado, propiciando la atención discrecional y la evasión de
responsabilidades, con el consecuente desgaste de abastecedores e industriales y la
lógica pérdida de rentabilidad y caída de los índices de producción en campo y
fábrica.
A ello se añade que no se cuenta con un plan estratégico elaborado a
partir de una visión integradora que dé coherencia y rumbo a las medidas de corto,
mediano y largo plazo, lo cual revela que la política nacional azucarera se ha venido
definiendo, casi por inercia, en razón de enfoques parciales y decisiones emergentes
sólo aplicables a situaciones coyunturales. Una fragmentación así únicamente puede
redundar en graves anomalías para la agroindustria del sector.
Por otro lado, la regulación jurídica de la actividad azucarera ha
sido también de suyo deficiente, toda vez que ha estado sujeta a los vaivenes e
incertidumbre derivados de una normatividad secundaria que no ha sido resultado de un
proceso legislativo formal, sino del ejercicio discrecional de las facultades
reglamentarias del Ejecutivo Federal, por lo que su vigencia queda prácticamente al
arbitrio de la administración presidencial en turno.
Esta situación origina que los agentes económicos involucrados en la
agroindustria de la caña de azúcar, especialmente los productores de caña y los
industriales del endulzante, queden en un estado de inseguridad jurídica permanente que
no corresponde ni a la importancia de la actividad ni a las circunstancias que imperan en
los mercados globalizados, donde para acceder en condiciones más o menos competitivas es
necesario, primero, contar con una base legal sólida.
En efecto, en nuestro país no existe en la actualidad un ordenamiento
concreto que sistematice jurídicamente las disposiciones legales en la materia, sino una
serie de regulaciones dispersas que, derivadas de un decreto presidencial, se desgranan en
un conjunto de reglamentos, bases, circulares y lineamientos, defectuosamente articulados,
que, por un lado, no tienen la jerarquía legal ni ofrecen la misma seguridad jurídica
que una ley elaborada y expedida formalmente por el Congreso, y, por el otro, denotan más
la mano del técnico que del legislador.
Ello adquiere mayor significado si se toma en cuenta que se está
hablando de uno de los subsectores más riesgosos de la agricultura de contrato y de un
proceso de transformación industrial, cuya fortaleza depende del abastecimiento
garantizado de la materia prima y del cumplimiento puntual de los compromisos de los
ingenios. Esto exige una mejor planeación y programación de la producción y una mayor
responsabilidad de los procesadores, así como una mejor regulación del mercado, sobre
todo si se quiere evitar que se agrave su ya crítico estado.
En ese sentido, con la finalidad adicional de fortalecer la soberanía
alimentaria nacional y de garantizar la autosuficiencia del país en cuanto a este
producto básico, la Iniciativa de Ley que se presenta en las siguientes páginas tiene
por objetivo central: brindar a la agroindustria de la caña de azúcar la protección
jurídica y la tutela estatal que se merece en tanto actividad económica productiva de
interés público y social.
Por tal motivo, luego de reconocer dicha condición jurídica, la
Iniciativa parte de la clarificación y el fortalecimiento de la rectoría del Estado en
el ramo cañero y azucarero, otorgando al Ejecutivo Federal facultades expresas para
fomentar su desenvolvimiento equilibrado, pues de una conducción gubernamental efectiva
depende que su permanencia en el campo mexicano siga siendo un pilar y no una carga para
la economía nacional.
Como se dijo, una de las principales y más obvias consecuencias de la
falta de sistematización jurídica prevaleciente, ha sido la existencia de órganos y
autoridades, administrativas y judiciales, con funciones entremezcladas y difusamente
diferenciadas. En consecuencia, a fin de perfeccionar el proceso de planeación,
conducción y atención de la actividad agroindustrial azucarera, la presente Iniciativa
de Ley propone reordenar los órganos existentes en la materia, lo cual supone una
redistribución de funciones, públicas y privadas y la creación de los órganos
adecuados para que tanto productores como industriales coparticipen en la definición del
destino de la agroindustria de la caña de azúcar nacional.
En ese sentido, para no quedarse en las palabras, la Iniciativa
considera fundamental aglutinar en una sola estructura gubernamental el conjunto de
funciones hoy dispersas que tienen que ver con su desarrollo. Con tal objeto se propone la
creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de
naturaleza multisectorial, que, además de operar como "ventanilla única", sea
responsable directo de defender los intereses de la agroindustria de la caña de azúcar
nacional.
En ese tenor, con objeto de abrir la planeación y conducción de la
agroindustria de la caña de azúcar a la participación de la totalidad de los sectores
involucrados en su desarrollo, la Iniciativa contempla el funcionamiento de un Consejo
Consultivo Nacional, en el que se crean espacios institucionales para que las
organizaciones gremiales de industriales y abastecedores sigan participando activamente,
así como para la incorporación de representaciones de índole sindical, académica y
científica.
Igualmente, la propuesta de ley hace énfasis en la prevención y
vigilancia constante que debe ejercer el Estado en este ramo, ya que sólo estableciendo
prácticas sanas en las relaciones entre industriales y abastecedores de materia prima y
en la comercialización de los subproductos, se podrá garantizar la estabilidad de los
mercados del endulzante, otorgando con ello una mayor tranquilidad a la economía familiar
cañera y a los inversionistas del sector.
Uno de los principales cambios que propone introducir la presente
Iniciativa se refiere a la democratizacíón de la representación gremial de los
productores de caña. Para ello se abren nuevas posibilidades de participación en este
ámbito a todas aquellas organizaciones campesinas que cumplan determinados requisitos y
garanticen la auténtica representación de los cañeros mexicanos.
Si bien, no se puede desconocer el hecho de que las organizaciones
cañeras locales y nacionales actualmente registradas han venido representando dignamente
los intereses de sus agremiados, tampoco se puede negar que los momentos actuales exigen
una mayor apertura para que los productores de la gramínea sean representados por las
organizaciones de la tendencia política o ideológica que más les parezca.
En la presente Iniciativa se propone eliminar el carácter excluyente
de las disposiciones legales en vigor, abriendo las bases de la representación gremial
cañera. Con ello, la adhesión de los productores a sus organizaciones será resultado de
una decisión volitiva y no de una consigna jurídica tomada a partir de lo que más
convenga a sus intereses. La democratización y pluralidad de nuestros tiempos debe
alcanzar también a quien abastece de materia prima a los Ingenios.
Sin embargo, en consonancia con el carácter sui géneris de la
agroindustria de la caña de azúcar, la organización gremial de los productores de caña
no se encuentra sujeta a las disposiciones que rigen para los agricultores en general, es
decir, la Ley de Asociaciones Agrícolas, vigente desde 1934, sino que se le asigna un
régimen jurídico especial, adecuado a las características específicas del sector. Por
ejemplo, la inconveniencia de que existan organizaciones de nivel regional y su sujeción
a reglas de integración particulares.
No obstante, para mejorar los sistemas administrativos de control y
vigilancia de esta clase de figuras asociativas, se propone transferir las
No obstante, para mejorar los sistemas administrativos de control y
vigilancia de esta clase de figuras asociativas, se propone transferir las funciones de
registro y regulación de las mismas (hasta hoy asignadas a la Junta de Conciliación y
Arbitraje de Controversias Azucareras), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, a fin de que sean operadas desde el mismo punto donde se registra la
mayoría de las organizaciones gremiales de productores agropecuarios.
La propuesta que se somete a consideración de esta H. Legislatura no
pretende asignar ningún derecho ni imponer ninguna obligación que vaya más allá de las
que actualmente gozan los productores y los industriales. Lo que se busca es imprimir una
mayor definitividad a las conquistas gremiales hasta hoy obtenidas por las dos partes, a
través de su consagración en un corpus legal parlamentariamente analizado, discutido y
aprobado.
El status de ley ofrecería mayor solidez legislativa a las normas de
la agroindustria de la caña de azúcar y consolidaría los logros alcanzados por el
gremio cañero a lo largo de su histórica lucha. Entre dichas conquistas se encuentran
los sistemas actuales de determinación del precio y de liquidación de la caña, mismos
que protegen a los productores estableciendo un solo precio para la totalidad del gremio a
través de la celebración de un contrato uniforme y ágiles mecanismos de pago.
Frente a la siempre existente eventualidad de que intereses ajenos a
los de los productores pretendan contrarrestar lo logrado, volviendo a la definición de
precios y de pagos de antaño (a nivel individual y grupal), en desmedro de la economía
campesina, la presente Iniciativa consagra en su articulado las formas de determinación
de precios y liquidación de la gramínea que hoy rigen. El cañero sabe perfectamente,
tras muchos años de lucha que en este aspecto la unión hace la fuerza. Atentar acaso
contra esta conquista sería, sin duda, descabellado.
Otro rubro de vital importancia para el desarrollo de las actividades
del sector, descansa en el actual sistema de impartición de justicia. Este, como se sabe,
se encuentra hoy en día a cargo de un órgano de naturaleza administrativa, es decir,
dependiente del Poder Ejecutivo, que ejercita una suerte de jurisdicción delegada (o por
colaboración), tal como ocurrió hasta 1992 en la órbita agraria.
Se trata de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Controversias
Azucareras, creada en 1975, con antecedentes directos en la Comisión Nacional de
Conflictos Cañeros, creada en 1946. Esta configura un tribunal de carácter especial, no
por razón de su temporalidad (que están prohibidos expresamente por la Constitución),
sino de su materia, en el que se ventilan las disputas o conflictos de intereses surgidos
entre abastecedores y entre éstos y los Ingenios.
La sujeción a la jurisdicción forzosa de la Junta ha representado una
garantía de seguridad jurídica de orden judicial para los justiciables en el ramo
agroazucarero, toda vez que se trata de una materia que se considera inconveniente dejar
en manos de los tribunales del fuero común (locales o federales) por varias razones,
entre las que resaltan: su alto grado de especialización; la necesidad de ventilar las
disputas en forma sumaria; Y la naturaleza social de su estructura procesal.
Efectivamente, para justipreciar cabalmente los hechos ventilados en
los litigios de la agroindustria de la caña de azúcar se requiere de un conocimiento
amplio de los procesos de producción, transformación y comercialización que se juzgan,
mismo que no se adquiere de la noche a la mañana, sino a lo largo de una constante
práctica. La falta de especialización en la materia conduce fácilmente a juicios
inexactos que pueden poner en entredicho la equidad de las resoluciones. Por ello, una de
las mejores garantías de que el juzgador emitirá una sentencia justa, es un absoluto
conocimiento teórico, técnico y jurídico en el ramo de su competencia.
Así pues, desde el punto de vista de la especialización del órgano
jurisdiccional, los tribunales civiles de los fueros común y federal no están en
condiciones de resolver las controversias azucareras en los términos que las necesidades
imponen, simple y sencillamente porque carecen de funcionarios judiciales con
conocimientos y experiencia en la materia.
Desde el punto de vista adjetivo o instrumental, dada la naturaleza
perecedera de los bienes en juego y la duración del ciclo productivo de la caña, los
conflictos azucareros requieren de un proceso de orden sumario, es decir, breve, mismo que
no le es dable a los tribunales civiles ordinarios, cuya formalidad procesal hace muy
lenta la resolución de los litigios, lo que acarrearía grandes pérdidas a las partes en
disputa.
Por otro lado, mientras que al ramo civil le es inherente un
procedimiento de estricto derecho que se sustenta en el principio de "igualdad
jurídica de las partes", en el ámbito azucarero predomina un proceso social, toda
vez que su instrumentación contiene reglas más flexibles, como: la facultad del juzgador
para allegarse oficiosamente las pruebas y el sistema de formulación de sentencias, entre
otros.
Fuerza señalar que el carácter tutelar del proceso social en materia
de administración de justicia azucarera no ha sido fruto de concesiones paternalistas
otorgadas por el Estado para beneficiar a los cañeros a la luz de medidas populistas, ni
mucho menos resultante de la actividad parlamentaria desplegada por el Congreso de la
Unión, sino de un derecho concreto que fue conquistado por los productores y sus
organizaciones políticas y gremiales, a través de una aguda lucha histórica, cuya
legitimidad no se puede objetar a estas alturas. Se trata de una reivindicación
justicialista, no de una merced estatal.
No obstante, la carga de trabajo de la Junta en términos cuantitativos
y cualitativos es cada día más creciente, al grado que en la actualidad cuenta con un
rezago bastante voluminoso. Frente a ello, el funcionamiento de este tribunal especial con
el formato de junta, sujeto a las decisiones de un pleno, ha devenido un obstáculo
insalvable para la fluida y expedita impartición de justicia en el ramo azucarero, a lo
cual se agrega la carencia de facultades de ejecución de sentencias.
En ese sentido, con la finalidad de agilizar el proceso de
administración de justicia, desahogar el rezago existente y viabilizar judicialmente el
proceso de producción, transformación y comercialización de la caña de azúcar, la
presente Iniciativa contempla la transformación de la Junta en Tribunal de controversias
azucareras, con la calidad de órgano especial del Poder Judicial, dotado de plena
autonomía y presupuesto propio.
La modernización integral del sistema de atención estatal de la
agroindustria de la caña de azúcar nacional sienta sólidas bases para que el gobierno
mexicano pueda empezar su rescate en condiciones menos desfavorables. El fortalecimiento
institucional en los ámbitos administrativo y judicial, permitirá al Estado apoyar con
mayor eficacia las necesidades del sector. La existencia de una ventanilla única para las
cuestiones administrativas y de un tribunal para las jurisdiccionales ayudará, sin duda,
a recuperar terreno.
Frente a la apertura comercial de nuestro país y las circunstancias
que actualmente imperan en el mercado del endulzante, donde la competencia desleal campea
impunemente poniendo en entredicho la viabilidad de la agroindustria nacional azucarera,
es imperativo, luego de fortalecer jurídicamente su desarrollo, el crear condiciones para
diversificar el destino de la caña, canalizándola alternativamente hacia procesos de
transformación asociados a otros usos. Es ahí donde la rectoría del Estado resulta
crucial, pues, sin el acompañamiento de políticas públicas adecuadas al efecto, la
diversificación del uso industrial de la gramínea enfrentaría obstáculos difíciles de
superar.
La Nación reclama en estos momentos de difícil situación para la
agroindustria del azúcar, todo el ingenio y la buena voluntad de sus hombres a fin de
mantenerla a flote, y más aún, para elevar sus niveles de competitividad. No debemos
permitir que lo poco que queda en pie en el campo mexicano se desmorone frente a nuestros
ojos por abulia y falta de atención oportuna.
Por lo anterior, a Ustedes Señores legisladores, las Comisiones unidas
de Agricultura y Ganadería y Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados a
la LVIII Legislatura al Congreso de la Unión somete a su consideración la siguiente
Iniciativa de:
LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice Estados Unidos
Mexicanos Presidencia de la República.
Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
decreto:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Decreta":
LEY DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25,
26, 27, fracción XX, y 73, fracciones XXIXD y XXIXE, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de planeación y organización agropecuaria, sus
disposiciones son de orden público y social y tienen por objeto fijar las normas para
regular las actividades asociadas a la agroindustria de la caña de azúcar y a la
rectoría del Estado en esta materia.
Artículo 2o. Se declara de interés público el fomento a la
agroindustria azucarera nacional, comprendida ésta como la siembra, el cultivo, la
cosecha, la industrialización y la comercialización de la cana de azúcar.
Artículo 3o. Para los efectos del artículo anterior, el Estado
promoverá la capitalización del campo cañero mediante la introducción de obras de
infraestructura, el otorgamiento de apoyos y estímulos a la producción, la divulgación
de avances tecnológicos y la pignoración y control de los inventarios del azúcar.
Asimismo, el Estado fomentará la apertura de líneas de crédito
suficiente y oportuno para financiar la producción y procesamiento de la caña y los
inventarios del azúcar, debiendo conceder incentivos fiscales de carácter compensatorio
e impulsar políticas de exportación e importación acordes al interés nacional.
Igualmente, el Estado procurará la diversificación del uso de la
gramínea y apoyará concertadamente a las empresas y proyectos de abastecedores e
Ingenios encaminadas a la reconversión agrícola e industrial de la planta cañera,
siempre a partir de criterios de sustentabilidad y eficiencia que den certidumbre a las
iniciativas presentadas.
Artículo 4o. Las líneas de política para la agroindustria de la
caña de azúcar deberán ser consideradas en el Sistema Nacional de Planeación
Democrática y previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo un enfoque que integre
las acciones propuestas en los planes sectoriales agropecuario, industrial y comercial, en
cada uno de los cuales deberá destinarse un apartado específico para dicha actividad.
Artículo 5o. Son sujetos de esta Ley y gozarán de todos sus
beneficios los abastecedores de caña, los industriales azucareros y las organizaciones
gremiales que representen a ambos sectores.
Artículo 6o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. Comisión: la Comisión Nacional de la Agroindustria de la caña de
azúcar
II. Consejo: el Consejo Consultivo Nacional de la Agroindustria de la
cana de azúcar.
III. Tribunal: el Tribunal de Controversias Azucareras.
IV. Comités: los Comités de Producción Cañera.
V. Cámara: la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y
Alcoholera.
VI. Organizaciones: las organizaciones nacionales y locales de
productores de caña.
VII. Sindicato: el Sindicato Nacional de la Industria Azucarera.
VIII. Abastecedores: productores, personas físicas o morales, cuyas
tierras se dediquen total o parcialmente al cultivo de la caña de azúcar para uso
industrial y tengan celebrado y sancionado Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito
para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar
IX. Industriales: los propietarios de los Ingenios procesadores de
caña.
X. Zona de abastecimiento: el área geográfica donde se ubican los
terrenos de los abastecedores.
XI. Contrato Uniforme: el Contrato Uniforme de Compraventa y de
Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar.
TITULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS Y AUTORIDADES EN MATERIA AZUCARERA
CAPITULO I
DE LA COMISION NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZUCAR
Artículo 7o. Corresponde al titular del Ejecutivo Federal el fomento a
la agroindustria de la caña de azúcar, quien proveerá su atención integral, oportuna y
eficiente.
Artículo 8o. Con ese objeto, se crea la Comisión Nacional de la
Agroindustria de la caña de azúcar, con carácter de organismo multisectorial
descentralizado, dependiente en forma directa del Ejecutivo Federal, la cual contará con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 9o. La Comisión tendrá las siguientes funciones:
I. Dictar las políticas públicas nacionales que habrán de aplicarse
en la materia, a fin de imprimir competitividad a las actividades del sector azucarero.
II. Planificar el desarrollo de la agroindustria de la caña de azúcar
en la totalidad de los eslabones de la cadena producción consumo e impulsar esquemas que
propicien la inversión en el campo cañero y en la industria azucarera.
III. Funcionar como ventanilla única de la agroindustria de la caña
de azúcar para la tramitación y/o prestación de todos los servicios asociados a dicha
actividad.
IV. Asegurar el abasto nacional del azúcar de caña mediante el
establecimiento y la administración de la reserva estratégica, que permita establecer
niveles de inventarios adecuados.
V. Promover el establecimiento de un esquema financiero de corto,
mediano y largo plazo, que, a tasas preferenciales, promueva el desarrollo del campo
cañero y la operación de los ingenios, así como el financiamiento de los inventarios de
azúcar.
VI. Promover la exportación de los productos y subproductos derivados
de la caña de azúcar y operar un sistema integral de información de mercados y otros
servicios.
VII. Expedir los lineamientos y bases relativos a las características
de la caña como materia prima para la industria azucarera, las relaciones entre los
ingenios y sus abastecedores y las cañas no industrializadas y demás disposiciones
relativas.
VIII. Determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la
caña, con base en el balance azucarero para la zafra correspondiente.
IX. Vigilar el cumplimiento de las exportaciones de los excedentes en
los términos del Contrato Uniforme de Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo,
cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar que celebren los industriales con sus
abastecedores de materia prima.
X. Proponer a la autoridad correspondiente los niveles de aranceles
para el azúcar y sus sustitutos.
XI. Operar un registro nacional sobre el método de medición adoptado
por el Comité de Producción Cañera de cada ingenio, de acuerdo al sistema de
cuantificación de calidad de la caña para el pago de la misma.
XII. Establecer los niveles de producción base por ingenio, respecto a
la superficie industrializada en la zafra 1999/2000, con el propósito de dar viabilidad
económica a la agroindustria.
XIII. Determinar los criterios y procedimientos para asignar entre los
ingenios del país, las cuotas de exportación de azúcar acordadas en los Tratados
comerciales que México haya celebrado o celebre en el futuro.
XIV. Apoyar y promover el desarrollo sustentable de la agroindustria,
impulsando la investigación tecnológica y la diversificación de los usos de la caña de
azúcar.
XV. Preservar el medio ambiente y proteger la biodiversidad en el campo
cañero, alentando la ejecución de programas de recuperación ecológica.
XVI. Elaborar y adecuar, en su caso, el formato de Contrato Uniforme de
Compraventa y de Crédito para siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de
azúcar, considerando la opinión de los industriales y las organizaciones nacionales de
los productores de caña.
XVII. Fomentar el consumo nacional de azúcar y de sus subproductos.
XVIII. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida familiar del
campo cañero, gestionando la realización de programas de abasto, vivienda, salud,
educación e introducción de servicios públicos, entre otros.
XIX. Instrumentar un sistema de registro e informes de control mensual
y anual del comportamiento del balance azucarero y de edulcorantes.
XX. Apoyar e impulsar las empresas de los sectores social y privado
cuyo objeto social sea el aprovechamiento de la cana de azúcar, la comercialización de
los productos y subproductos de la misma, así como la distribución de insumos para la
agroindustria, bajo criterios de equidad y productividad.
XXI. Definir las sanciones económicas que, a su juicio, deban
aplicarse a los Ingenios que incumplan con las cuotas de exportación de azúcar
establecidas, a fin de que el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña no
sea afectado por parte de los Ingenios por incumplimiento de las exportaciones.
XXII. Llevar el registro y control de niveles de producción base por
ingenio para garantizar la competitividad del sector en la transición de los mercados de
América del Norte, hacia una situación de libre mercado en materia de edulcorantes entre
los países firmantes.
XXIII. Las demás que esta ley y su respectivo reglamento interno
establezcan.
Artículo 10. La Comisión estará a cargo de un director general que
será nombrado por el Presidente de la República, quien dirigirá y representará
legalmente a la misma.
Artículo 11. La Comisión formulará su programa y presupuesto anual
que será presentado para su aprobación al Titular del Ejecutivo Federal, previa consulta
del Consejo, una vez que éste se constituya.
Artículo 12. La Comisión queda facultada para gestionar en
instituciones públicas o privadas los créditos que demande el financiamiento de los
planes que formule para promover el mejoramiento de la agroindustria de la caña de
azúcar.
Artículo 13. Las dependencias del Ejecutivo Federal prestarán a la
Comisión toda la colaboración que ésta les solicite, dentro de sus respectivas
funciones, lo mismo que los Gobiernos de los Estados y Municipios, quienes apoyarán a la
Comisión en los términos de los acuerdos y convenios que al efecto celebren.
CAPITULO II
DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CANA DE
AZUCAR
Artículo 14. La Comisión contará con un Consejo Consultivo Nacional
de la Agroindustria de la caña de azúcar que estará presidido por el vocal ejecutivo de
la Comisión e integrado por representantes de:
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca;
Secretaría de Desarrollo Social;
Instituto Mexicano del Seguro Social;
Gobiernos de los Estados en donde se produzca e industrialice la caña
de azúcar;
Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera;
Organizaciones Nacionales de Productores de Caña; y,
j) Sindicato de Trabajadores de las Industrias Azucarera, Alcoholera y
Similares de la República Mexicana.
Artículo 15. Los centros de investigación y educación superior y los
organismos no gubernamentales relacionados con la actividad azucarera podrán formar parte
del Consejo, siempre y cuando así lo soliciten y les sea autorizado por el mismo.
Artículo 16. El Consejo tendrá el carácter de órgano de consulta
del sector y contará con las siguientes funciones:
I. Conocer y proponer a la Comisión los programas que resulten más
convenientes para la producción, industrialización y comercialización de la caña de
azúcar y sus derivados.
II. Fungir como instancia de coordinación y de concertación entre las
dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos de los Estados y de los Municipios, los
abastecedores, los ingenios y los trabajadores de los mismos.
III. Resolver las consultas de carácter técnico, presupuestal o
programático que le sean planteadas.
IV. Evaluar las repercusiones de los Tratados de Libre Comercio en el
ámbito de la agroindustria de la caña de azúcar y proponer las medidas a tomar para la
consecución de esta ley.
V. Conocer el informe anual que presente el presidente de la Comisión.
VI. Las demás que se señalen en esta ley y en el reglamento que para
el efecto se expida.
CAPITULO III
DE LOS COMITÉS DE PRODUCCION CAÑERA
Artículo 17. Dada la uniformidad de intereses que debe existir en las
zonas de abastecimiento, en cada ingenio se constituirá un Comité de Producción Cañera
para tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a
la calidad de la materia prima.
Artículo 18. Los Comités de Producción Cañera tendrán las
siguientes funciones:
I. Formular los Programas de Operación de Campo relativos a la siembra
de caña de azúcar; actividades agrícolas; mecanización del campo cañero; cosecha y
molienda de caña para zafra; construcción, conservación y mejoramiento de caminos
cañeros y de obras de infraestructura; albergues para cortadores; modificación de
tarifas por trabajos ejecutados y de tarifas de trabajos de siembra, cultivo, cosecha y
entrega recepción de caña; y de las solicitudes de crédito en general.
II. Modificar, en su caso, el Programa Semanal de Prioridades de Corte;
adecuar el Programa de Zafra cuando a su juicio sea conveniente y acordar la suspensión
de cortes si las condiciones lo requieren.
III. Vigilar que los niveles de producción de caña y de azúcar
estén en concordancia con el nivel de producción base establecido por la Comisión, con
el propósito de mejorar y elevar la productividad de las zonas de abastecimiento. La
producción que exceda del nivel mencionado deberá exportarse en su totalidad y su pago
se hará sobre la base del precio internacional de su venta.
IV. A partir de la zafra 2000/2001, en el seno de los Comités, las
partes podrán acordar un nivel de producción base inferior, como resultado de
reducciones efectivas en la superficie cultivada.
V. Determinar las erogaciones que, en su caso, deban hacer el ingenio
y/o los cañeros para el mantenimiento de los cortadores inactivos a causa de
interrupciones en la zafra.
VI. Convenir las condiciones económicas y de operación para el
traspaso de caña de azúcar de un ingenio a otro, cuando se estime conveniente.
VII. Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de
corte, así como elaborar el acta de fin de zafra durante los diez días siguientes a su
terminación.
VIII. Determinar los descuentos aplicables a la caña de azúcar al ser
entregada al ingenio.
IX. Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los
abastecedores o el ingenio, en su caso, cuando las cañas no cumplan los requisitos
establecidos en los Lineamientos relativos a las características de la caña como materia
prima para su molienda.
X. Informar a la Comisión sobre el avance de los programas convenidos;
los avances semanales y acumulados de los programas de campo y de recepción de caña en
fábrica; los reportes de evaluación de actividades y los cambios de programas; el inicio
y término de la operación de zafra; y los demás que se le soliciten.
XI. Recibir y resolver las inconformidades de los abastecedores o de
los industriales e intervenir como órganos conciliadores en caso de demandas.
XII. Las demás que le confieran la presente ley y el reglamento que
para el efecto se elabore.
Artículo 19. Los Comités de Producción Cañera se integrarán con un
representante del ingenio y los representantes de los abastecedores que corresponda, bajo
las siguientes reglas:
I. El ingenio de que se trate deberá nombrar, de preferencia, a su
gerente y a su superintendente de campo, con el carácter de propietario y suplente,
respectivamente, pudiendo designar a cualquier otra persona siempre y cuando se le
confieran facultades de decisión.
II. Los abastecedores deberán nombrar dos representantes propietarios,
con sus respectivos suplentes, quienes serán designados, uno por parte de la
organización local de productores de caña que acredite tener el mayor número de
agremiados, y otro por la que acredite tener la segunda mayoría.
Artículo 20. En el caso de que existan tres o más organizaciones
locales representativas, la (s) minoritaria (s) ocuparán las suplencias. En caso de
controversias, se solicitará la intervención del Tribunal para que en base a los
padrones cañeros registrados determine la representatividad correspondiente.
TITULO TERCERO
DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR
CAPITULO I
CONSTITUCION Y OBJETO DE LAS ORGANIZACIONES CAÑERAS
Artículo 21. Para hacerse acreedores de los beneficios de la presente
ley y para la mejor defensa de sus intereses, los abastecedores de los Ingenios podrán
constituir organizaciones locales y nacionales de productores de caña.
Artículo 22. Las organizaciones nacionales y locales son instituciones
de interés público y social, de carácter autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y al reglamento que
para el efecto se expida.
Artículo 23. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural llevará un registro de las organizaciones locales y nacionales de abastecedores que
se constituyan, asentando los datos relativos al acta constitutiva y al padrón cañero,
los estatutos y sus sucesivas directivas.
CAPITULO II
LAS ORGANIZACIONES LOCALES DE PRODUCTORES DE CAÑA
Artículo 24. Las organizaciones locales de abastecedores estarán
constituidas en las zonas de abastecimiento con los productores de caña que tengan
firmado contrato uniforme con el Ingenio que corresponda.
Artículo 25. Para la obtención del registro de las organizaciones
locales se requerirá que éstas cuenten con una membresia mínima equivalente al quince
por ciento de la plantilla total de los productores de la zona de abastecimiento
correspondiente.
Artículo 26. Las organizaciones locales de productores de caña tienen
por objeto:
I. Representar los intereses generales de sus agremiados ante los
industriales y toda clase de autoridades y organismos federales, estatales y municipales.
II. Impulsar la modernización de las zonas de abastecimiento y la
adopción de prácticas productivas e innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar
la productividad entre sus afiliados.
III. Promover las medidas que se estimen convenientes para impulsar la
actividad cañera en las zonas de abastecimiento.
IV. Organizar el otorgamiento de servicios de orientación y asistencia
técnica, legal y administrativa relacionada con su actividad, en beneficio de sus
asociados.
V. Defender los intereses particulares de los afiliados ante los
Comités de Producción Cañera, en los términos que se establezca en sus estatutos y en
el reglamento del Comité.
VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias,
seminarios y en general toda clase de actividades que redunde en beneficio de sus
afiliados.
VII. Procurar y estimular la capacitación y el adiestramiento técnico
de los productores de caña de azúcar para el mejoramiento de sus niveles de producción.
VIII. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las
familias cañeras de las zonas de abastecimiento.
IX. Promover y fomentar las figuras asociativas para el desarrollo de
proyectos productivos y de micro financiamiento que contribuyan al desarrollo regional,
municipal y al pleno empleo.
X. Las demás que esta ley, su reglamento y sus estatutos les señalen.
Artículo 27. Las organizaciones cañeras locales que se constituyan
con arreglo a esta ley, integrarán a su vez o se adherirán a cualquiera de las
organizaciones cañeras nacionales legalmente existentes y deberán registrarse ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Artículo 28. Las organizaciones locales perderán su registro luego de
que, investigadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a
solicitud de la Comisión o de alguna de las organizaciones cañeras, se compruebe que
carecen de la representación mínima exigida para la obtención del mismo.
CAPITULO III
DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES DE PRODUCTORES DE CAÑA
Artículo 29. Las organizaciones nacionales que se constituyan deberán
tener su sede en la capital de la República y su régimen interno se sujetará a lo que
establezcan sus estatutos.
Artículo 30. Para la obtención del registro como organización
nacional se requerirá contar con una membresía mínima, debidamente acreditada del diez
por ciento del total de productores de caña del país, con contrato sancionado por el
órgano rector de las relaciones entre los abastecedores de la materia prima y el Ingenio
azucarero respectivo, obtenidos en, por lo menos, la mitad más uno de los estados
productores de caña de azúcar.
Artículo 31. Las organizaciones nacionales tienen por objeto:
I. Representar los intereses de los productores de caña de azúcar
ante cualquier autoridad u organismo de carácter público o privado;
II. Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones
locales afiliadas;
III. Fomentar la modernización del campo cañero nacional y la
adopción de mejoras tecnológicas;
IV. Promover la instrumentación de políticas que impulsen el
desarrollo equilibrado de la actividad cañera en nuestro país;
V. Gestionar el otorgamiento de servicios de extensión y asistencia
técnica, legal y administrativa relacionada con la actividad cañera;
VI. Organizar y participar en eventos, exposiciones, conferencias,
seminarios y en general toda clase de actividades que redunde en beneficio de la actividad
cañera;
VII. Impulsar e instrumentar programas de capacitación y
adiestramiento para la profesionalización de los cuadros de productores, técnicos y
directivos de las organizaciones cañeras;
VIII. Estudiar y promover el establecirniento y perfeccionamiento del
sistema de seguridad y previsión social en beneficio de las familias cañeras;
IX. Fomentar la constitución y operación de organismos auxiliares de
crédito y empresas operadoras de suelos, maquinaria, insumos y otros servicios;
X. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias
cañeras del país y promover el desarrollo rural sustentable de la caña de azúcar;
XI. Defender los intereses de las organizaciones locales y de los
productores de caña, ante el Tribunal, en los términos que se señalen en sus estatutos
y en la ley orgánica del mencionado tribunal;
XII. Prestar los servicios públicos que les sean autorizados o
concesionados por los gobiernos federal o estatales;
XIII. Las demás que esta ley, su reglamento y sus estatutos les
señalen.
TITULO CUARTO
DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES
CAPITULO I
DE LOS CONTRATOS
Artículo 32. Los contratos de compraventa y de crédito para la
siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar que deben celebrar los
industriales con sus abastecedores de materia prima, será uniformes y se sujetarán a los
términos que se establecen en esta ley.
Artículo 33. En los contratos que se celebren entre abastecedores de
materia prima e industriales, se deberá tener en consideración para su vigencia, la
naturaleza del ciclo de caña de azúcar, contemplándose en los que se refieran a nuevas
siembras, una vigencia mínima obligatoria de tres años y de un año para socas y resacas
que no provengan de plantas contratadas.
Artículo 34. Los recursos que deberán otorgar los ingenios para
créditos de avío y refaccionarios a los abastecedores de materia prima, serán
entregados a estos últimos, en forma suficiente y oportuna.
Artículo 35. Las obligaciones crediticias deberán ser descontadas en
la preliquidación y en la liquidación final, según corresponda a la fecha en que el
ingenio tenga derecho de cobrar o retener para enterar los importes respectivos. En todo
caso el monto de que se trate deberá ser cubierto a más tardar al momento del finiquito.
Artículo 36. En reciprocidad a que el precio de referencia del azúcar
para el pago de la caña se determine considerando el promedio ponderado de las
exportaciones de excedentes, el ingenio entregará la cantidad de azúcar correspondiente
a dichos excedentes a un Fideicomiso de exportación. La entrega se realizará conforme al
programa de producción esperado y a la periodicidad que la Comisión determine. A fin de
zafra, se realizará el ajuste correspondiente a la diferencia existente entre la
producción esperada que determine la Comisión y la producción realmente alcanzada.
El Comité Técnico del Fideicomiso será integrado por representantes
de los productores de caña de azúcar, los ingenios del país y la Comisión. Los
fideicomitentes y los fideicomisarios del mismo serán los ingenios azucareros.
Artículo 37. El ingenio garantizará con el azúcar producida el pago
oportuno de su liquidación a los productores de caña. La Comisión establecerá la
periodicidad de constitución de la garantía y los mecanismos necesarios para que el
ingenio asegure a los productores de caña el pago oportuno de la liquidación.
Artículo 3 8. La responsabilidad de cañas contratadas que no sean
industrializadas, se fijará con apego a los lineamientos correspondientes, expedidos de
conformidad con esta ley.
Artículo 39. Los ingenios y los abastecedores de caña, de manera
voluntaria, podrán emprender conversiones, formar asociaciones o celebrar contratos para
aumentar la productividad, eficiencia y diversificación del campo cañero. En estos
casos, y únicamente en los conceptos en que así lo pacten expresamente las partes, las
relaciones entre los ingenios y sus abastecedores de caña se regirán conforme a lo
establecido en el contrato que se celebre.
CAPITULO II
DEL SISTEMA DE PAGO
Artículo 40. Cuando la caña de azúcar se destine a la producción de
azúcar, su precio deberá referirse al azúcar recuperable base estándar, a razón del
cincuenta y siete por ciento del precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base
estándar, libre a bordo ingenio. Este se determinará como el promedio ponderado del
precio de referencia nacional del azúcar estándar y el precio de las exportaciones de
todos los tipos de azúcar, referidos a base estándar.
Artículo 41. La Comisión, considerando la opinión del Consejo,
establecerá los sistemas de pago de la caña de azúcar cuando ésta se destine a la
producción de bienes distintos al del endulzante.
Artículo 42. El precio de la caña de azúcar regirá anualmente, de
acuerdo al precio al mayoreo de un kilogramo de azúcar base estándar, libre a bordo
ingenio, que debe fijar la Comisión el día 1° de octubre de cada año, con vigencia a
partir de ese día y hasta el 30 de septiembre del año siguiente.
Artículo 43. Para determinar el monto que debe pagarse por la caña
conforme a un contenido de azúcar recuperable base estándar uniforme en cada ingenio, se
debe cumplir lo siguiente:
a) Al concluir la molienda de un ingenio, se determinará el promedio
ponderado del azúcar recuperable base estándar conforme al total de la caña bruta
molida en la zafra de que se trate, calculado en kilogramos de azúcar base estándar por
tonelada, utilizando al efecto los informes oficiales de corrida semanal y de acuerdo con
los lineamientos correspondientes. b) El azúcar recuperable base estándar se calculará
en función de los siguientes elementos: la pol por ciento en caña, la fibra por ciento
en caña y la pureza del jugo mezclado que registre el informe oficial de corrida semanal,
considerando además una eficiencia dada de fábrica referida ésta a una calidad
específica de caña que se establezca en los lineamientos correspondientes. Artículo 44.
Los ingenios pagarán la caña conforme a las siguientes reglas:
a) Una preliquidación equivalente al ochenta por ciento de la caña
neta recibida sobre la base del promedio ponderado del porcentaje de azúcar recuperable
base estándar, obtenido en las cinco zafras anteriores, calculados con respecto a la
caña neta industrializada, debiendo descontarse sus obligaciones crediticias con
vencimiento en la zafra de que se trate. La preliquidación deberá cubrirse al precio
vigente el día 15 de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la
segunda quincena del mes anterior y el día último del mes cuando la terminación del
corte de la caña sea en la primera quincena del mismo mes. b) Una liquidación final
equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar recuperable base
estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación respectiva. Este
saldo deberá pagarse con el precio vigente, en un plazo no mayor a 30 días contados a
partir del día de la terminación de la zafra.
Artículo 45. Para determinar el monto que debe pagarse al abastecedor,
conforme a un contenido de azúcar base estándar individual y/o por grupos de cañeros
organizados en Frentes de Corte o Unidades de Cosecha, se deberá cumplir con lo
siguiente:
El azúcar recuperable base estándar se calculará mediante el
análisis de las muestras tomadas con un sistema de muestreo representativo a través de
una sonda mecánica u otro implemento idóneo en el patio de muestreo.
El cálculo del azúcar base estándar se hará en función de los
siguientes elementos: la pol en caña (porcentaje de sacarosa), la pureza del jugo
extraído por una prensa hidráulica u otro mecanismo idóneo y la fibra en caña,
obtenida a partir del peso de la torta residual del bagazo que arroje el mecanismo de
muestreo para referirlo a la fibra en caña, considerando además una eficiencia dada de
fábrica referida ésta a una calidad específica de caña, conforme a los lineamientos
correspondientes.
c) La toma de muestras se llevará a acabo aleatoriamente, debiendo
existir representatividad de la caña de los contratos a los que se vaya a aplicar esa
muestra, de acuerdo con la normatividad respectiva. El Comité de Producción Cañera
establecerá los métodos de agrupamiento y muestreo de las cañas entregadas.
Artículo 46. Los ingenios pagarán la caña recibida de la siguiente
manera:
Una preliquidación equivalente al ochenta y cinco por ciento del
azúcar recuperable base estándar determinado, que deberá pagar al precio vigente el
día quince de cada mes cuando la terminación del corte de la caña sea en la segunda
quincena del mes anterior y el día último del mes cuando la terminación del corte sea
en la primera quincena del mismo.
b) Una liquidación final equivalente al quince por ciento del azúcar
recuperable base estándar, cuyo monto deberá pagarse en un plazo no mayor de treinta
días, al precio vigente, a partir de la terminación de la zafra.
Artículo 47. Para los efectos del cálculo del precio de la caña de
azúcar se considerarán hasta milésimas de kilogramo de azúcar recuperable base
estándar con relación a la caña neta.
Artículo 48. El procedimiento de toma, manejo y análisis de muestras
se efectuará con base en los lineamientos que para el efecto formule la Comisión y la
reglamentación respectiva.
Artículo 49. Para la toma de muestras representativas y la
realización de los análisis requeridos en el laboratorio, los ingenios estarán
obligados a contar con las instalaciones especiales y exclusivas que garanticen resultados
correctos, según las especificaciones de las normas aplicables a la agroindustria de la
caña de azúcar expedidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y adoptadas
por acuerdo de la Comisión, mismas que deberán operar de manera continua y automática.
Para tal efecto, el Gobierno Federal se obliga a calibrar, verificar y certificar los
instrumentos de medición, materiales, reactivos y demás elementos que se requieran en
los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización.
Artículo 50. Los Ingenios azucareros estarán obligados a entregar
semanalmente un ejemplar del Informe Oficial de Corrida Semanal a la Comisión, al
Consejo, al Tribunal, a la Cámara y a las organizaciones locales y nacionales de
abastecedores.
TITULO QUINTO
DE LA IMPARTICION DE JUSTICIA EN MATERIA AZUCARERA
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 51. Son controversias azucareras las que se susciten con
motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y
disposiciones derivadas.
En lo no previsto en esta Ley se aplicarán supletoriamente el Código
de Comercio, el Código Civil para el Distrito Federal, el Código Federal de
Procedimientos Civiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo 52. Para la resolución definitiva de los conflictos
señalados en el artículo anterior, el sistema de impartición de justicia en esta
materia se conformará con:
I. Los Comités de Producción Cañera; y,
II. El Tribunal de Controversias Azucareras.
Artículo 53. Los abastecedores de materia prima y los industriales
relacionados con la siembra, cultivo, cosecha y transformación de la caña de azúcar,
estarán obligados a someterse a la jurisdicción de los comités y del Tribunal, en los
términos establecidos en esta Ley y en el reglamento respectivo.
Artículo 54. El Tribunal contará con plena jurisdicción para conocer
y resolver todas aquellas controversias que se le sometan, surgidas entre abastecedores de
materia prima, entre éstos y los industriales o entre estos últimos.
Artículo 55. El Tribunal estará dotado de autonomía para dictar sus
fallos y contará con presupuesto propio. Se integrará con tres magistrados, uno de los
cuales lo presidirá.
Artículo 56. Los magistrados serán designados por la Cámara de
Senadores y, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, a propuesta en temas del Presidente de la República.
Artículo 57. Para ser magistrado se deben reunir los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener treinta años cumplidos el día de la designación;
III. Ser licenciado en derecho;
IV. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en el
área de la agroindustria azucarera; y
V. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena
privativa de la libertad.
Artículo 58. La sede del Tribunal será la Ciudad de México, Distrito
Federal, y sus funciones, conformación judicial y normas administrativas, serán
determinadas por la ley orgánica y el reglamento que para el efecto se expidan.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS COMITÉS DE PRODUCCION CANERA
Artículo 59. Los Comités constituyen órganos auxiliares por
colaboración para la administración de justicia en materia azucarera, por lo cual
funcionarán como primera instancia de conciliación y resolución de los conflictos,
pudiendo sus acuerdos ser revocados por el Tribunal.
Artículo 60. Los abastecedores o industriales del ingenio de que se
trate deberán ocurrir al comité respectivo para resolver las controversias suscitadas
entre sí, o bien para inconformarse contra los acuerdos dictados por los propios
comités.
Artículo 61. Las demandas o inconformidades deberán ser presentadas
por escrito ante el comité que corresponda, mismo que deberá resolverlas en un plazo no
mayor a 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su interposición.
Dicho término podrá ampliarse hasta 30 días si la naturaleza del asunto lo amerita.
Artículo 62. Cuando la demanda o inconformidad haya sido presentada
directamente ante el Tribunal, éste la turnará al comité que corresponda dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su recepción, conservando en su poder copia de
todos los documentos remitidos.
Artículo 63 Una vez recibida la demanda o la inconformidad, el comité
podrá allegarse para el efecto todos aquellos elementos de juicio que considere
convenientes, debiendo citar a las partes en disputa o al inconforme a una junta de
avenimiento que deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a
diez días contados a partir del siguiente al que se reciba la demanda o inconformidad.
Artículo 64. Los comités deberán llevar un registro en el que se
asentarán los datos relativos a todos y cada uno de los asuntos que se sometan a su
consideración, señalando los sujetos y objeto de la demanda.
Artículo 65. En la junta de avenimiento a que se hace mención, el
comité correspondiente deberá tratar de resolver en forma conciliatoria las diferencias
suscitadas entre las partes en conflicto y levantar acta respectiva, misma que deberá ser
remitida al tribunal.
Artículo 66. En la tramitación de las controversias que sean puestas
bajo su conocimiento, los comités y el Tribunal se sujetarán al procedimiento previsto
en esta Ley, debiendo dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones.
CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROVERSIAS AZUCARERAS
Artículo 67. El Tribunal tiene competencia para conocer las
controversias surgidas entre abastecedores de materia prima, entre éstos con los
industriales, o entre estos últimos, que los comités no hayan podido resolver por la
vía conciliatoria, así como revisar los acuerdos dictados por los propios comités sobre
inconformidades interpuestas en su contra.
Artículo 68. Las demandas o inconformidades interpuestas ante el
tribunal deberán ser formuladas en forma individualizada, sea que se enderecen en contra
de persona física o moral. El escrito inicial de demanda así como la documentación
probatoria anexa, deberán ser acompañadas de las copias que sean necesarias.
Artículo 69. Cuando una demanda o inconformidad no sea lo
suficientemente clara a juicio del tribunal, éste solicitará las aclaraciones
pertinentes, las cuales deberán hacerse dentro del término máximo de diez días
hábiles. Transcurridos dicho plazo sin que se hubieren hecho las aclaraciones
solicitadas, no se dará curso a la demanda o inconformidad. El tribunal deberá suplir la
deficiencia de la queja cuando se trate de productores de caña.
Artículo 70. Cuando al recibir la demanda o en cualquier etapa del
procedimiento, el Tribunal se percate de que el asunto no es de su competencia, hará la
declaratoria correspondiente.
Artículo 71. Cuando el tribunal reciba inhibitoria de otro en que se
promueva competencia y considerase debido sostener la suya, en un plazo no mayor a tres
días hábiles lo comunicará así al Tribunal competidor.
Artículo 72. Cuando la persona que comparezca ante el Tribunal lo haga
en nombre de otra, bastará con que acredite su personalidad con carta poder firmada ante
dos testigos.
Las organizaciones cañeras nacionales y locales registradas ante el
Tribunal tendrán personalidad para representar legalmente a sus afiliados.
Las organizaciones cañeras nacionales y locales mencionadas y los
ingenios, acreditarán su personalidad por conducto del representante legal
correspondiente, lo que no será necesario si ya existe el registro respectivo en el
Tribunal.
Cuando la personalidad de las partes haya sido reconocida previamente
por el comité dentro de un procedimiento instaurado, dicha personalidad se tendrá por
reconocida por el Tribunal.
Artículo 73. Recibida la demanda o la inconformidad, el Tribunal
procederá a intervenir, ya sea en forma conciliatoria o resolutoria, según corresponda,
y, en su caso, solicitará al comité de que se trate el envío del expediente respectivo,
mismo que le deberá ser remitido dentro de un término que no exceda de diez días
hábiles, contados a partir del día de la recepción del requerimiento del Tribunal.
Cuando sin causa justificada no se remita el expediente dentro del
término indicado, el Tribunal procederá a intervenir en la resolución del conflicto, de
acuerdo a sus facultades, en única instancia.
Artículo 74. Recibido o no el expediente en el plazo correspondiente,
el Tribunal correrá traslado de la demanda y citará a las partes a una junta
conciliatoria.
En el citatorio se expresará, cuando menos, el nombre completo del
actor, su pretensión y la fecha, hora y lugar fijados para llevar a cabo la junta de
avenimiento.
Artículo 75. El procedimiento conciliatorio se sujetará a las
siguientes reglas:
a) El día de la junta, el Tribunal exhortará a las partes a que
resuelvan amigablemente sus diferencias, proponiendo para el efecto las alternativas de
solución que a su juicio considere pertinentes.
b) Si las partes llegan a un arreglo, el conflicto se tendrá por
terminado en forma conciliatoria, asentándose lo pactado en un convenio que deberá ser
firmado por aquéllas; el cual producirá todos los efectos jurídicos de una sentencia y
llevará aparejada ejecución.
c) Si el demandante no asiste a la junta convocada, en el mismo acto,
el Tribunal fijará nueva fecha para llevarla a cabo, la cual deberá celebrarse dentro de
los cinco días hábiles siguientes, salvo que el actor se desista expresamente de la
acción ejercitada.
d) Si el demandado no asiste a la junta o no se lograre la
conciliación de las partes, el Tribunal radicará la demanda y lo emplazará para que en
un término de diez días hábiles, dé contestación a la misma, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que estime necesarias.
Artículo 76. Contestada o no la demanda, o la inconformidad, y
desahogadas las pruebas admitidas que no hubiesen sido recabadas en primera instancia, se
concederá a las partes un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegatos.
Artículo 77. Cuando para mejor proveer, a juicio del Tribunal, sea
necesario obtener mayor información, recabar más pruebas o realizar alguna
investigación respecto a las controversias instauradas, podrá hacerlo en el plazo
mínimo necesario. En estos casos se citará para alegatos una vez recopiladas las pruebas
o desahogadas las diligencias que se hubieren ordenado.
Artículo 78. Transcurridas las etapas mencionadas y presentados o no
los alegatos de las partes, el Tribunal cerrará el periodo de instrucción y contará con
un plazo máximo de treinta días hábiles para dictar la resolución definitiva.
Artículo 79. En la resolución de los conflictos, el Tribunal deberá
dictar sus sentencias a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos debidos
en conciencia, sin sujetarse a reglas o formalidad alguna sobre estimación de pruebas,
pero expresando los motivos y fundamentos legales en que sus fallos se apoyen.
Artículo 80. Los plazos señalados en esta Ley, podrán ser
prorrogados discrecionalmente, una sola vez, por el Presidente del Tribunal.
CAPITULO IV
EJECUCION DE SENTENCIAS
Artículo 81. El Tribunal estará obligado a proveer a la eficaz e
inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto deberá dictar todas las medidas
necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren
procedentes.
Artículo 82. El vencido en juicio podrá proponer fianza para
garantizar la obligación que se le impone, y el Tribunal, con vista de la parte
favorecida por la sentencia, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y, si la
aceptare, podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún
mayor tiempo si el beneficiario estuviere conforme con ello.
Artículo 83. En caso de que transcurra el término señalado sin que
la resolución se hubiere cumplimentado, la parte interesada podrá solicitar al Tribunal
se haga efectiva su ejecución.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abroga el Decreto que declara de interés público la
siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar como
materia prima de la industria azucarera, del 30 de mayo de 1991, publicado en el Diario
Oficial de la Federación al siguiente día.
TERCERO. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolver en los
Comités de Producción Cañera y en la Junta de Conciliación y Arbitraje de
Controversias Azucareras a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán seguir
tramitándose y resolverse conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al
momento de su inicio.
CUARTO. Para la determinación del precio de la cana de la zafra
2000/2001, se tomará como base lo dispuesto en los artículos noveno, décimo y
duodécimo del Decreto que declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha
y la industrialización de la caña de azúcar como materia prima de la industria
azucarera, del 30 de mayo de 1991, y los Acuerdos expedidos por las Secretarías de
Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión
Social y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, los días 25 de marzo de 1997 y 30 de
marzo de 1998, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1997 y
el 31 de marzo de 1998, respectivamente.
QUINTO. La Comisión, el Consejo y el Tribunal deberán quedar
debidamente instalados a más tardar dentro de 30 días siguientes a la entrada en vigor
de esta Ley.
SEXTO. Las organizaciones locales y nacionales de abastecedores ya
existentes, contarán con un plazo de 90 días para adecuar sus estatutos y cumplir con
los requisitos que señala esta Ley para su registro.
SÉPTIMO. En virtud de la presente Ley, del ciclo productivo de la
gramínea, de la participación de los abastecedores de caña en los precios de
exportación de los excedentes, de consolidar la competitividad y productividad, y con el
propósito de evitar un daño grave a la economía de la agroindustria azucarera, se
exceptuarán de manera transitoria los acuerdos de concertación que permitan preservar el
interés público de la agroindustria, lo cual deberá quedar establecido en el artículo
séptimo de la Ley Federal de Competencia Económica.
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APENDICE No. 5
C.C. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Con fundamento en lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 1 del
artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y
del Punto Tercero del Acuerdo de creación del Comité de Información, Gestoría y
Quejas, nos permitimos proponer a la H. Asamblea la integración del mismo conforme las
siguientes designaciones:
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Lorena Martínez Rodríguez
Dip. César Horacio Duarte Jáquez
Dip. Flor Añorve Campos
Dip. María Luisa Araceli Domínguez Ramírez
Dip. Simón Iván Villar Martínez
Dip. Luis Gerardo Rubio Valdez
Dip. Raúl Efrén Sicilia Salgado
Dip. Olga Margarita Uriarte Rico
Dip. Jorge Carlos Berlín Montero
Dip. Silverio López Magallanes
Dip. Esther López Cruz
Dip. Roque Joaquín Gracia Sánchez
Dip. Salvador Castañeda Salcedo
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Dip. Roberto Aguirre Solís
Dip. Luis Antonio Aldana Burgos
Dip. Abel Ignacio Cuevas Melo
Dip. Francisco Esparza Hernández
Dip. Adrián Salvador Garza González
Dip. Roger Antonio González Herrera
Dip. José Gaudencio León Castañeda
Dip. María Guadalupe López Mares
Dip. José Carlos Luna Salas
Dip. José Mantilla y González
Dip. Esteban Sotelo Salgado
Dip. José Ramón Soto Reséndiz
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Rubén Aguirre Ponce
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez
Dip. Martha Angélica Bernardino Rojas
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Esveida Bravo Martínez
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Rosa Delia Cota Montaño
Mesa Directiva:
Presidente: Dip. Lorena Martínez Rodríguez (PRI)
Secretario: Dip. Salvador Castañeda Salcedo (PRI)
Secretario: Dip. José Ramón Soto Reséndiz (PAN)
Secretario: Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez (PRD)
Secretario: Dip. Esveida Bravo Martínez
Secretario: Dip. Rosa Delia Cota Montaño (PT)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2000.
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APENDICE No. 9
Distinguidas Diputadas y Diputados. PRESENTE.
El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 57 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, presento ante esta soberanía la siguiente:
Propuesta con Punto de Acuerdo en relación a los Medios Electrónicos
de Comunicación.
Consideraciones:
Una parte fundamental del sistema político mexicano de la etapa
posrevolucionaria, fue mantener estrechos vínculos con factores e intereses de poder real
amalgamados bajo un gobierno que al mismo tiempo era partido.
Cuando existieron riesgos de ejercer con autonomía sus propios
destinos, resultaba contrario a los propios intereses del régimen, por lo que se dispuso
para contrarrestar ello lo mismo de la fuerza policiaca, que de decretos y normas de
dudosa legalidad y legitimidad.
El fin fue mantener mecanismos decontrol suficientemente eficaces para
evitar cualquier resquicio de disidencia.
Se trató además de asimilar bajo procesos de cambio cultural, la
conducta de debida obediencia y cuidado hacia el gobierno y sus autoridades.
En este terreno, los medios de comunicación, escritos y electrónicos,
fueron concebidos como instrumentos al servicio del gobierno.
No obstante esta situación, en los últimos años se ha avanzado en la
autonomía e independencia de los medios de información, quienes sin concesión graciosa
alguna han ido arrancado espacios de identidad, hacia una prensa escrita y electrónica
cada vez más libre.
El asunto de la libertad de los medios de información va estrechamente
ligado con su capacidad de crítica.
Una prensa silenciosa, no es una prensa libre.
Cuando la prensa crítica, ejerce su condición. Sus excesos, que no
son positivos, no se dan cuando se constituyen en verdaderos contrapesos de los poderes
públicos, sino cuando dejan en indefensión al gobernado frentes a los actos de
autoridad.
La tarea de los medios de información en los procesos de transición
democrática, puede ser fuerte de vida o decreto de muerte para los mismos.
Por ello resulta necesaria la discusión en torno al fortalecimiento de
su autonomía y regulación a favor del ciudadano.
Debemos consolidar el tránsito en la concepción de los medios de
información de instrumentos de las autoridades a auténticos mecanismos a favor de la
sociedad.,
Por eso en las últimas semanas, hemos visto con asombro como
integrantes del llamado equipo de transición del Presidente electo Vicente Fox, dan
cuenta de una irasibilidad insultante contra las críticas de la prensa.
Esa actitud, se ha expresado incluso en posiciones de ironía contra
los comunicadores "porque no hablan ingles". (sic.)
En los últimos días, como respuesta a lo que ellos consideran un
acoso, se ha anunciado que se concentrará en la Presidencia de la República lo relativo
a la publicidad del gobierno entrante, y todo lo relativo a la comunicación social del
gobierno federal. Lo anterior en un afán de control informativo y dosificación de la
publicidad gubernamental, olvidando que apenas hace unos meses se pretendió hacer algo
parecido, a través de la agencia NOTIMEX.
Sin embargo, en aquella ocasión se retractaron en tal propósito.
Para nosotros el cambio significa avanzar, no retroceder.
Por eso lejos de los planteamientos hechos por el foxismo, lo que
nosotros queremos someter a la consideración de este pleno es la eliminación de
controles que impliquen la sujeción de los medios de comunicación a los gustos del
gobernante.
Planteamos, en consecuencia, que se elimine del catálogo de impuestos,
ese monumento al presidencialismo rancio, que significó la creación del impuesto del
25%, sobre los ingresos obtenidos por publicidad llamado formalmente contribución por
"servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que
intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación".
Impuesto que apareció por primera vez en la Ley de Ingresos correspondiente al año de
1969, impulsada nada menos que por Gustavo Díaz Ordaz, después de los hechos de 1968 y
como un mensaje de control, señalándose en el presupuesto de egresos de ese mismo año
primero la posibilidad de la exención total, a cambio de someter a la venta el 49% de los
activos de las empresas concesionarias y después mediante un decreto administrativo de
fecha 1° de julio de 1969, que continua vigente dado que el impuesto se mantiene,
establecer el pago en especie de dicho impuesto, en razón del 12.5% del tiempo diario de
transmisión de cada estación, cuya utilización es a discreción del ejecutivo federal,
no siendo acumulable ni estrictamente cumplido.
En suma, se trata de un impuesto que no resulta en recurso económico y
sí un absurdo mecanismo de control hacia los medios informativos, a quienes por cierto
actualmente el gobierno les compra tiempo en tarifa comercial.
Pensamos que debe omitirse ya la mención de dicho impuesto, que por
cierto tiene una previsión de cero en la ley de ingresos de este año. Como consecuencia
de esta medida el decreto del 1° de julio de 1969, sería guardado como reliquia del
presidencialismo asfixiante que debemos dejar atrás.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno
la siguiente propuesta de punto de acuerdo:
Unico. Esta Cámara de Diputados asume como compromiso eliminar en la
Ley de Ingresos del año 2001, la mención al "impuesto por servicios expresamente
declarados de interés público por la Ley, en los que intervengan empresas concesionarias
de bienes del dominio directo de la nación", y hace un llamado para que en la
iniciativa que remita el Ejecutivo Federal, se omita tal referencia. Asimismo, para que
proceda en consecuencia a derogar el decreto del 1° de julio de 1969 por el que se
autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios
de estaciones de radio y televisión el pago de dicho impuesto en especie, en razón del
12.5% del tiempo diario de transmisión de cada estación.
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APENDICE No. 4
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PA REFORMAR EL ARTICULO 34 DE LA LEY
SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.
La suscrita Diputada Federal por el Partido de la Revolución
Democrática, a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las
atribuciones contenidas en los artículos 71 fracción II y 73 fracción XXIXB de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, vengo a presentar ante esta Soberanía, la iniciativa para reformar el
artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales vigente.
Fundan la presente pretensión, diferentes razonamientos y antecedentes
mismos que a continuación se enuncian.
ANTECEDENTES
La normatividad que regula las disposiciones aplicables a nuestros
símbolos patrios, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, contiene indudablemente los
lineamientos que han permitido el ordenamiento y la regulación de la gran mayoría de los
elementos característicos de nuestros símbolos. Sin embargo algunos aspectos que
complementarían cabalmente las características de la representación de la Banda
Presidencial, contenidos en la normatividad aludida, requieren una corrección a fin de
que se establezca adecuadamente la ubicación de los colores patrios en la misma.
En nuestra historia, la Banda Presidencial ha sido utilizada por
diferentes titulares del Poder Ejecutivo, portando el orden de los colores patrios
indistintamente, de forma tal que a la Banda, se le ha asignado a su franja longitudinal
superior, correspondiente al hombro derecho, tanto el color verde como el color rojo,
situación que es en si misma una irregularidad, ya que la Banda Presidencial es una
representación de la Bandera Nacional y como tal, debe ser utilizada.
El texto vigente de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, da sustento legal a la práctica presidencial de portar la banda con los
colores patrios invertidos, es decir usando en los actos protocolarios y de transmisión
de poderes, la banda con el color verde en su franja superior, hecho que ocasiona que se
modifique el orden de los colores nacionales y ocasionando que la orientación del escudo
nacional quede invertida respecto a su colocación en la Bandera Nacional.
De ahí que al colocarse la Banda presidencial en los términos
establecidos por el artículo 34 de la Ley de la materia, es decir, con el color verde en
la franja longitudinal superior correspondiente al hombro derecho, se permite en los
hechos que se modifique la representación de la Bandera Nacional en actos oficiales.
Al ser la Banda Presidencial, una representación de la propia Bandera
Nacional, tal y como lo menciona el propio artículo 34 de la legislación referida, dicho
numeral está estableciendo una contradicción preocupante, ya que por lado señala la
naturaleza representativa de la Banda respecto a la Bandera y por otra parte obliga a que
su portador la use invirtiendo los colores nacionales.
Es de ahí la pertinencia de la presente iniciativa, que permitiría
rectificar un uso histórico erróneo en la portación de la Banda Presidencial, error que
al paso del tiempo fue convirtiéndose en practica común y que terminaría
incorrectamente legitimado por el articulo 34 de la Ley referida.
En consecuencia de lo anterior y
CONSIDERANDO
Que nuestros emblemas patrios han constituido símbolos de libertad y
de justicia que han sido elementos de identificación nacional en el curso de nuestra
historia. Estos símbolos patrios han reflejado la voluntad nacional que nos ha permitido
erigirnos y consolidarnos como un país soberano e independiente, contribuyendo
decisivamente a forjar una conciencia nacional, dándonos identidad dentro de la historia
universal.
El reconocimiento y el respeto hacia nuestros símbolos nacionales, es
un reconocimiento a todos aquellos que han hecho posible nuestra vida como nación
independiente; es nuestro reconocimiento a los principios vitales como nación y
constituyen por sí mismos un mensaje permanente de justicia y de libertad.
La veneración de la simbología patria es, en este contexto,
inseparable de la evocación a nuestra evolución histórica; con ello ratificamos
cotidianamente los valores de nuestra vida como nación, la historia, nuestros principios
y el compromiso como mexicanos para ratificar nuestro nacionalismo y la adhesión a los
valores de la democracia y la equidad.
El Himno, la Bandera y el Escudo Nacionales, son los símbolos en que
se sintetizan, además, los acuerdos en lo fundamental de todos los mexicanos; expresan
nuestras coincidencias y es por conducto de ellos que nos reconocemos como una comunidad
diferenciada en el concierto universal. En ellos se expresa la unidad de la nación.
Sirven hoy, como en nuestro pasado, para darle fuerza y contenido a los actos de nuestras
instituciones y para afrontar los retos de nuestro proyecto como nación soberana e
independiente.
De tal suerte, el uso masivo de nuestros símbolos nacionales ha
permitido fortalecer en gran medida, un sentimiento de identidad y de pertenencia hacia
México y su historia, por parte de todos aquellos que utilizan honorablemente nuestros
símbolos patrios.
Que el uso de nuestros emblemas nacionales, debe corresponder
estrictamente a las disposiciones normativas. De ahí que al ser la Banda presidencial una
forma de representación de la Bandera Nacional y un emblema de uso exclusivo del
Ejecutivo Federal, es pertinente que tenga una identidad exacta en la colocación de sus
colores y en la posición del escudo, respecto la ubicación de los colores de nuestra
Bandera. En razón de que la Banda es una forma de representación de la Bandera Nacional
y como tal y de ninguna otra forma debe ser utilizada.
Es por las razones y la fundamentación enunciadas que me permito
someter a la consideración de la Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
DECRETO
Artículo único. Se modifica el artículo 34 de la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 34. La banda presidencial constituye una forma de
presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que
solo podrá ser portada por el Presidente de la República, y tendrá los colores de la
Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo
el color rojo a la franja superior. Llevara el Escudo Nacional sobre los tres colores,
bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la banda
rematarán con un fleco dorado.
TRANSITORIO
UNICO. Las presentes reformas entran en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México D.F. a 8 de noviembre de 2000
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APENDICE No. 12
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana
Embajadora MARIA DEL ROSARIO GLORIA GREEN MACIAS, para aceptar y usar la Condecoración de
la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la
República de Panamá.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
MINUTA PROYECTO DE
DECRETO
ARTICULO UNICO. Se concede permiso a la ciudadana Embajadora MARIA DEL
ROSARIO GLORIA GREEN MACIAS, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Manuel
Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de
Panamá.
SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES. México, D.F., a
14 de noviembre de 2000.