SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 17 DE ABRIL DE 2001
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ORDEN DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2001. |
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| APERTURA | |
| LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR | |
| SEMBLANZA | |
| COMUNICACIONES | |
| EFEMÉRIDES | |
| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
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| OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN | |
| MINUTAS | |
| DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA | |
| DICTÁMEN A DISCUSIÓN | |
| PROPOSICIONES | |
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| AGENDA POLÍTICA | |
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| PROPOSICIONES | |
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| APÉNDICES | |
| CLAUSURA |
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2001.
EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (Toca la
campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del computo de asistencia de los ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES:
Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 400 diputados.
EL C. PRESIDENTE: (A las 11:41 horas): Hay quórum. Se abre la sesión.
Compañeras y compañeros diputados: Quiero pedirles a las señoras y
señores diputados se ubiquen en sus curules. Esta Presidencia con profundo pesar informa
a la Asamblea que el día de ayer un diputado federal de esta Legislatura falleció.
Nuestro compañero el diputado José Mario Rodríguez Alvarez, en la Ciudad de Chihuahua,
falleció el día de ayer.
Esta Presidencia al momento de expresar a su esposa, a sus familiares,
a sus amigos, a su grupo parlamentario y a esta Asamblea el pesar de toda la Cámara de
Diputados, quiere rogarles a todos ustedes, puestos de pie, guardar un minuto de silencio.
(Puestos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio)
¡José Mario Rodríguez Alvarez, presente, descanse en paz!
Ruego a la Secretaría proceda a dar lectura al Orden del D7a de la
sesión de hoy.
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES:
Da lectura al Orden del Día
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 17 de abril de 2001.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
SEMBLANZA
Del Dip. José Mario Rodríguez Alvarez, con motivo de su
fallecimiento, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Hidalgo.
De la Junta de Coordinación Política.
EFEMERIDES
306 Aniversario Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas al Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Alfredo Hernández Raigosa, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la Dip. Adela del Carmen
Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno
a Comisión).
INICIATIVA DEL EJECUTIVO
De Ley de Capitalización del Procampo. (Turno a Comisión).
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Rafael Bernal Jacinto, José Hernández Caletre, Raúl Chacón Fernández,
Edén Hernández Hernández, Martín Pedro Islas Labra, Gabriela Peñaloza Anaya, Jesús
Manuel Franco Martínez, Abel Espinoza Zavala y J. Piedad García, puedan prestar
servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus Consulados
en: Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Turno a
Comisión).
MINUTAS
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador
Javier Barros Valero y General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta,
para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de Suecia y por
el Gobierno de la República de Chile, respectivamente. (Turno a Comisión)
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador
Enrique Eugenio Fernández Zapata, Actuario Enrique Vilatela Riba, Licenciado Luis Héctor
Alvarez Alvarez y Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar condecoraciones
conferidas por el Gobierno de Rumania. (Turno a Comisión).
Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los Artículos 49 de la
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados; 40 y
41 del Código Penal Federal; y 193 del Código Federal de Procedimientos Penales. (Turno
a Comisión).
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de
Decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y
usar la Condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere
el Alcalde de dicha ciudad. (dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de
Decreto que concede permiso a los ciudadanos Maestro José Luis Barros Horcasitas, Lic.
Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Lic. Juan
Rebolledo Gout, Lic. Edgar Ricardo Navarro Soto, Lic. Federico Sada González, Lic. Luis
Enrique Ramos Solorio, General de División Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda
Sánchez, General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, Embajador
Enrique Gabriel Jiménez, Licenciada Reyna María Aurora Martínez López, Embajadora
María del Rosario Gloria Green Macías, Licenciado Genaro David Gongora Pimentel,
Licenciado Luis Eduardo Garzón Lozano, Licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de
León, Diputado Eloy Cantú Segovia, Ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, General
Brigadier Retirado Enrique Aranda Salamanca y Adolfo Miguel Aguilar 7inser, para aceptar y
usar condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania. (dispensa de segunda lectura,
discusión y votación).
DICTAMEN A DISCUSION
De la Comisión de Seguridad Social con Proyecto de Decreto que reforma
el tercer párrafo del Artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
PROPOSICIONES PENDIENTES
Con Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo envíe a la Cámara de
Diputados el anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006 y para que comparezca
a exponerlo el Secretario de Gobernación, a cargo del Dip. Lorenzo Rafael Hernández
Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el Consejo de Administración de PEMEX, a
cargo de la Dip. María del Rosario Tapia Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación al campo mexicano, a cargo del Dip.
Nabor Ojeda Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la atención y servicios de salud mental en
México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el proceso electoral en el Estado de
Zacatecas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
AGENDA POLITICA
Comentarios a la iniciativa de reformas a los artículos 72, 74, 75 y
126 Constitucionales que remitió el Ejecutivo Federal, a cargo del Dip. Miguel Barbosa
Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo en relación a los consulados mexicanos, en
Estados Unidos de Norteamérica, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la problemática de la tortuga en
las costas de Oaxaca, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a las declaraciones del Presidente
Vicente Fox Quesada, sobre el proyecto de reforma fiscal, a cargo del Dip. José Antonio
Magallanes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el tema de la reforma fiscal, a cargo del
Dip. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo referente a los concesionarios de Autotransportes
Unidos del Valle de Nativitas, Tlaxcala, S. A. de C.V., a cargo de la Dip. Rosalía Peredo
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la actitud mediática del Ejecutivo Federal
contra el Congreso de la Unión, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
(Turno a Comisión).
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EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Secretario, diputado Bernardo Borbón.
El siguiente punto del Orden del Día corresponde a la discusión del
acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la
lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a
los Coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su
votación.
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los
Coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su
votación
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de la Capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con cuarenta y tres minutos del martes diez de abril de dos
mil uno, con la asistencia de trescientos sesenta y nueve diputados, el Presidente declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba, en
votación económica, el acta de la sesión anterior en sus términos.
Una comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos, con el que somete a la consideración del Pleno, el acuerdo
que establece los lineamientos que se observarán para acreditar las asistencias de los
diputados a las sesiones plenarias, así como para la debida justificación de los
retardos e inasistencias a las mismas.
Por instrucciones del Presidente, la Secretaría informa que al cierre
del sistema electrónico de asistencia, hay cuatrocientos trece diputados.
Se abre el sistema de votación que arroja un saldo de trescientos
veintinueve votos en pro y cincuenta y cuatro en contra, respecto del acuerdo de la
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
El Presidente da la bienvenida a una delegación del Parlamento de
Australia que visita el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se da cuenta con las comunicaciones de los congresos de los estados de:
Baja California, con la que informa de actividades propias de su
legislatura. De enterado.
Baja California Sur, con la que se pronuncia por la aprobación de la
iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos indígenas elaborada por la
Comisión de Concordia y Pacificación. De enterado.
Guerrero, respaldando el acuerdo para que se inicie la discusión de la
iniciativa de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación. De enterado.
Hidalgo, informando de actividades propias de su legislatura. De
enterado.
Morelos, con punto de acuerdo solicitando la intervención de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para apoyar y gestionar ante el Ejecutivo
Federal un apoyo económico para los ex trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata. Se turna
a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Puebla, informando de actividades propias de su legislatura. De
enterado.
Colima, con la que da a conocer que reformó su Constitución Política
para hacerla congruente con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para su conocimiento.
Chihuahua, informando de las reformas constitucionales de esa Entidad
Federativa, en congruencia con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su conocimiento.
Una minuta del Senado de la República con proyecto de decreto con el
que se reforman la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento
siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Un oficio de Ruíz Urquiza y Compañía, Sociedad Anónima, con el que
remite copia del dictamen de los estados financieros del Banco Central al treinta y uno de
diciembre de dos mil, y el Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente,
de Inversión en Activos Fijos y de Inversión en Activo Circulante por Concepto de
Producción de Billete y Adquisición de Moneda Metálica del Banco de México,
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil.
Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Hablan sobre el octogésimo segundo aniversario luctuoso del general
Emiliano Zapata, los diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza
Social
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Rogaciano
Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo Pastrana Gómez, del
Partido Acción Nacional; y Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del Partido Revolucionario
Institucional.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa del
senador Fernando Gómez Esparza, de reformas a la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para presentar iniciativas, suben a la tribuna los diputados:
José Francisco Blake Mora, del Partido Acción Nacional, de Ley de
Juicio Político y Declaración de Procedencia. Se turna a las comisiones de Gobernación
y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional. de reformas a la
Ley de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Mercedes Hernández Rojas. del Partido Acción Nacional. de reformas al
artículo ciento noventa y ocho de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
Ernesto Saro Boardman, del Partido Acción Nacional, de reformas al
artículo ciento setenta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se turna
a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.
Juan Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional,
de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Josefina Hinojosa Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, de
reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y al Código Federal de
Procedimientos Penales. Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y
de Justicia y Derechos Humanos.
El diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario
Institucional, y a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, presenta dictamen de
esa Comisión con punto de acuerdo sobre la política exterior de México en relación con
la República de Cuba.
Habla en pro del dictamen, el diputado José Carlos Borunda Zaragoza,
del Partido Acción Nacional.
La Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese al Poder
Ejecutivo Federal.
El Presidente comunica que la iniciativa de reformas al artículo
setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada
por el Poder Ejecutivo Federal, se turna también a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Agotados los asuntos en cartera la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con
cuarenta y ocho minutos citando para la que tendrá lugar el martes diecisiete de abril de
dos mil uno a las once horas.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura al acta.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Está a discusión el
acta.
No hubo observaciones al acta aludida.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE: Aprobada el acta de la sesión anterior.
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EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto de la Orden
del Día corresponde a la presentación de la Semblanza de nuestro compañero diputado
José Mario Rodríguez Alvarez del estado de Chihuahua, miembro del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Se le concede el uso de la palabra para hacer dicha Semblanza, a la
diputada María Eugenia Galván Antillón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, rogando a la Asamblea su atención y respeto.
LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON: Descanse en paz un
militante panista, diputado José Mario Rodríguez Alvarez. El diputado federal panista
por el Octavo Distrito Electoral Federal, con cabe cera en la ciudad de Chihuahua, José
Mario Rodríguez Alvarez, falleció este lunes 16 de abril del 2001, víctima de un
cáncer estomacal que de tiempo atrás había venido mermando su salud.
Durante una entrevista concedida a un medio de comunicación de
Chihuahua, que a la postre se convertiría en la última declaración desde su lecho de
muerto, José Mario expresó su alegría por haber participado en los avances
democráticos de su estado de Chihuahua, de México, en su fe en el progreso de México y
en el éxito de la transición democrática.
Los panistas de Chihuahua, recordamos a José Mario, desde la
militancia juvenil, desde el Primer Juvenil desde el 79, como un luchador incansable, lo
mismo a la hora de tomar un micrófono y servir de permitieron en innumerables campañas,
como repartir volantes en los cruceros de nuestro natal Chihuahua, propaganda y pegando
engomados y lanzando vivas a favor de los abanderados de mi partido.
Licenciado en Sicología, con un postgrado en Administración en
Auditorías de Calidad, José Mario se desempeñó como maestro en el Colegio de
Bachilleres y en otras instituciones educativas. En el aula, al impartir la cátedra,
siempre encontró el espacio para inculcar en sus estudiantes el amor a México que él
sentía, al mismo tiempo que infundía en ellos el impulso necesario, para que los
jóvenes de Chihuahua se preocuparan por la vida política y social de su comunidad.
Al interior del PAN, José Mario destacó por su participación en
formar nuevos panistas, invariablemente pedía participar en los cursos de capacitación y
formación.
Una de las cosas que más admiras de José Mario, fue su tenacidad,
pues en dos ocasiones fue candidato a diputado por el VIII Distrito Federal con cabecera
en Chihuahua capital. En la primera vez, el voto ciudadano no le favoreció por una
diferencia de 224 votos, pues esa zona considerada como un enclave priísta, pero José
Mario Rodríguez nunca se dio por vencido, y logró su propósito de ganar para Acción
Nacional este distrito el pasado dos de julio, gracias a su incansable trabajo y a su
exitosa campaña electoral. Logró la preferencia ciudadana en el VIII Distrito Federal y
tomó protesta como diputado, al igual que nosotros, el primero de septiembre del año
2000.
Apenas el 15 de enero de este año, una revisión médica le reveló
que sus padecimientos sufridos, por casi 20 años atribuidos a una úlcera estomacal, se
habían convertido en cáncer.
Consciente de su responsabilidad para este período legislativo, quiso
estar presente, sin embargo, el mismo día de su arribo a esta capital de México, debió
ser hospitalizado nuevamente y trasladado a la ciudad de Chihuahua.
Hasta el último día, su esposa Sofía, lo recuerda con alegría
durante estos 20 años de matrimonio y no oculta su tristeza en este momento de su
partida, en unión con sus hijas Luz Angélica y Eva Paola. Ha recibido el apoyo y el
cariño de sus compañeros, de sus amigos, de los medios de comunicación, de todos los
ciudadanos en general, de sus múltiples electores, quienes reconocían en él al hombre
íntegro y al panista intachable.
En cuanto a su carrera política en los días críticos, que se
encontraba suspendida, pero desde su casa encabezaba a un equipo de colaborado res que se
dedicaron a revisar las gestorías en su nombre y dotarlo de información del diario
acontecimiento político y social del país.
Quienes conocimos a José Mario, siempre lo catalogaremos como un
luchador nato, como un político entregado totalmente a sus convicciones, hombre de reto y
de gran fortaleza. Cumplió hasta el último día su misión como diputado.
Son su principal convicción como militante de Acción Nacional, fue
entregar todo por la nación y así lo hizo.
Descanse en paz José Mario; descansa, que bien lo dice el Libro
Sagrado: "Recoge tus sandalias y tu cayado, pues tú ya realizaste tu labor".
Ahora nos toca a nosotros continuar en esta brega de eternidad, pero
ten la seguridad que tu ejemplo y tu recuerdo siempre estará con nosotros.
Los 499 diputados que hoy integramos esta Legislatura, tenemos la
histórica misión de continuar la lucha con solidaridad y sin intereses personales ni de
partido; con auténtico amor por México y honrar la memoria de quien ya no pudo continuar
más.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias.
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Continuando con el desarrollo del orden del día, procede ahora dar
cuenta a esta Asamblea de las comunicaciones.
Proceda la Secretaría.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN.
Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo.
EL C. PRESIDENTE. De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política de proposición
con punto de acuerdo para la creación de una comisión especial.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado don Manuel Medellín.
Le ruego consulte a la Asamblea en votación económica, si se aprueba
el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política que crea una
comisión especial.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN. En votación
económica se consulta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición de la Junta de
Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Unanimidad por la afirmativa, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Aprobado el punto de acuerdo que crea una comisión
especial. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y cúmplase.
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APENDICE No. 3
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política, de autorización
para dar por superados proyectos de resolución de temas, cuya vigencia resulta
extemporánea.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Secretario don Manuel Medellín.
Consulte usted por favor a la Asamblea en votación económica, si se
aprueba el punto de acuerdo por el que se mandan al archivo como concluidos los asuntos
cuya extemporaneidad es manifiesta.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN. Se consulta a la
Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Aprobado el punto de acuerdo. Publíquese en la
Gaceta. Notifíquese a los interesados y cúmplase.
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APENDICE No. 4
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN.
Oficio de la Junta de Coordinación Política con relación a
proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por ciudadanos diputados.
PRESIDENTE: De enterado. Comuníquese y transfiera el expediente a
la Comisión de Agricultura para que se mantenga permanentemente atenta
a la problemática citrícola del país.
Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y cúmplase.
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El siguiente punto de la Orden del Día,
corresponde a Efemérides.
Han solicitado el uso de la palabra para referirse al Aniversario
Luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y la diputada Maricruz
Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada doña María Cristina
Moctezuma Lule, hasta por 10 minutos.
DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso señor presidente;
diputadas y diputados de esta Honorable Cámara:
Es claro que el papel de la mujer en la actualidad está cambiando. Las
mujeres queremos ser vistas y concebidas de forma distinta frente al mundo; no
discriminadas, con derechos, con poder de decisión y la capacidad de combinar lo mejor
del mundo tradicional y aquél que se esboza frente a nosotros. Este proceso ha sido
lento, difícil y largo, requiriendo del esfuerzo y lucha de varias generaciones de
mujeres que han trabajado arduamente para lograr impulsar la fuerza v la capacidad
intelectual de la mujer.
Uno de los principales puntales de esta lucha es sin duda Sor Juana
Inés de la Cuz. Representó un ser libre de espíritu que hubo de hallar la verdad en la
soledad del claustro, pues los cambios del intelecto del siglo XVII eran difíciles para
una mujer que prefería las luces del entendimiento a las trivialidades de la época.
Dueña de una capacidad intelectual superior a la de la mayoría unió
su inteligencia precoz, su carácter amabilísimo y su hermosura tan extraordinaria para
conquistar la admiración de muchas personalidades de la época, pero al mismo tiempo para
recibir severas críticas de la sociedad y de la iglesia, que la obligaron a renunciar a
sus libros y a su vocación.
Alguna vez Sor Juana se definió a si misma como buscadora de la
verdad, "aunque sea contra mí, me ha hecho D;QS la merced de darme
grandísimo amor a la verdad" Esta es una de las claves que
explican su vida, una vida entregada al estudio y a la comprensión del enigma de la
existencia.
La Décima Musa, es considerada una de las mujeres más notables de su
tiempo, su producción es elocuente y expresiva, buscando siempre las igualdades
educativas para las mujeres. Excelsa poetisa, filósofa y humanista, mujer genial y
luchadora. Su inmenso talento pero sobre todo su disposición para el combate, le
permitieron atenuar hasta casi evadir la insoportable carga opresiva de la mujer de su
tiempo.
Siempre buscó con gran ahínco la justicia que iguala a los seres
humanos en la búsqueda de la verdad. Hombre y mujer tienden con sus vidas honestas e
inteligentes, a ser uno mismo y al mismo tiempo iguales. Sin embargo, la verdadera faz
feminista de Sor Juana, está dirigida a revalorizar la imagen de la mujer. Abogó por los
derechos culturales de la mujer y afirmó su derecho a criticar y a pugnar en tal
cuestión. Recorriendo el camino en busca de la verdad, fue ésta quien salió en busca
suya. Una epidemia la llevó a la muerte el 17 de abril de 1695, iniciando con este hecho,
así, lo que habría de ser el principio de la eternidad inmortalizando junto con su obra.
Por tener una enorme aportación en la lucha de la mujer por conseguir
una igualdad de derechos y condiciones, es por lo que el grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, recordamos a la Décima Musa hoy su aniversario luctuoso,
pues su vida y obra deben ser un ejemplo para todo mexicano. Muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias diputada.
Para referirse al mismo tema tiene el uso de la tribuna la diputada
Maricruz Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
LA C. DIPUTADA MARICRUZ CRUZ MORALES: Con su permiso, Señor
Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Hago uso de esta tribuna para
referirme al 306 aniversario luctuoso de una mexicana universal, poeta, prosista y
dramaturga, que pasó a la historia con los significativos nombres de La Décima Musa,
Fénix de México y La Monja Mexicana, entre otros.
Me refiero a Juana de Asbaje y Ramírez de Santallana, mejor conocida
como Sor Juana Inés de la Cruz, quien viera sus primeras luces un 12 de noviembre de 1651
en San Miguel Nepantla, en el municipio de Tepetlixpa del estado de México, hija de Don
Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca y Doña Isabel Ramírez de Santillana.
Mujer mexicana que desde muy pequeña empezó a dar muestra de su gran
talento, quien a la edad de 3 años ya sabía leer, le agradaba la música y sentía gran
afición por la poesía, cuya vocación por el estudio era tan grande que a los 7 años
llegó a proponer a sus padres le permitieran vestir el traje masculino para poder asistir
a la Universidad de México y continuar así con sus estudios.
De joven, radicada ya en la capital del Virreinato, bajo la custodia de
sus tíos María Ramírez y Juan A. Mata, su tío, debido a sus inquietudes de la joven,
llamó al bachiller Martín de Oliva para que le diera clases de latín, retórica y
filosofía. Se dice que a la joven le bastaron sólo 20 lecciones para dominar todas las
materias, empezando a revelarse como escritora y poeta, extendiéndose su fama muy pronto,
motivo por el cual el Virrey, Don Antonio Sebastián de Toledo, Marquez de Mancera, la
colocó en el palacio como dama de honor de la Virreina Doña Leonor de Carreto.
Por criterios de la época que negaban a la mujer el derecho a
dedicarse a la ciencia, a la instancia del Virrey, Juana fue objeto de exámenes que le
hicieron más de 40 maestros distinguidos, entre teólogos, escrituarios, filósofos
matemáticos, historiadores, poetas y humanistas quienes, ante el gran aparato de la corte
y con la presencia del Virrey y de altas autoridades eclesiásticas, comprobaron el recato
y el saber y la prudencia de la joven.
Aún no cumplía los 16 años de edad cuando decidió ingresar al
Colegio de San José de Carmelitas Descalzas, en donde la austeridad y la severidad de las
costumbres quebrantaron su salud, de tal manera que los médicos ordenaron fuera
trasladada al Convento de Santa Paula de la orden de San Jerónimo, en donde una vez
recuperada de su salud tomó la toca y velo en manos del canónigo Antonio de Cárdenas y
Salazar el 23 de febrero de 1669, ante la presencia de los Virreyes Marqueses de Mancera,
quienes fueron sus padrinos, así como de la corte virreynal, el Arzobispo de México, el
alto clero y lo más elevado del mundo social y científico, recibiendo el nombre de Sor
Juana Inés de la Cruz.
En plena madurez literaria criticó el sermón el Padre Veyra
Portugués, de origen jesuita, y lo impugno sosteniendo lo relativo a los límites entre
lo humano y lo divino, entre el amor de Dios y de los hombres, lo que dio motivo a que el
Obispo de Puebla, Don Miguel Fernández de Santa Cruz le escribiera pidiéndole que se
alejara de las letras profanas y se dedicara por entero a la religión.
Sor Juana se defendió en una larga misiva autobiográfica, en la cual
abogó por los derechos culturales de la mujer y afirmó su derecho a criticar y a
impugnar tal sermón; no obstante, obedeció.
A partir de este momento le entregó al Arzobispo Aguilar y Ceijas,
para su venta los 4 mil volúmenes de su biblioteca "quitapesares", como la
llamaba, sus útiles científicos y sus instrumentos musicales para dedicar el producto de
ellos a fines piadosos.
Más sola que nunca no volvió a ninguno de sus amados quehaceres.
Había silenciado su propia esencia.
Para 1690 y 1691 la Nueva España sufrió una gran escasez de
alimentos, lo que provocó una terrible epidemia de fiebre tifoidea y Sor Juana, que se
había consagrado a asistir a sus hermanas de convento atacadas por el mal, no pudo
escapar al contagio y un día como hoy del año de 1695, falleció a la edad de 43 años.
Aunque ya había sucumbido antes, cuando le arrebataron la razón de su existencia: al
prohibirle seguir siendo un ser pensante, lúcido profundo y contradictoria. Representó
el ideal de su época y también su negación.
Como poeta logró alcanzar y permanecer en las más excelsas metas que
ninguna mujer había logrado, al elevar ante el mundo del hombre la subliminación del
espíritu femenino, derivado de la tenacidad mostrada por Sor Juana Inés de la Cruz,
quien hace más de tres siglos inició la reivindicación de las mujeres en todos los
ámbitos al plantear, entre otras cosas, que se diera la oportunidad a las mujeres de
ingresar a las instituciones de educación superior, que se debía transformar la
inferioridad con la que los hombres trataban a las mujeres.
A partir de entonces se han obtenido grandes logros para el desarrollo
pleno de la potencialidad, tanto de las condiciones favorables en su entorno comunitario y
familiar como de espacios públicos para su plena participación activa en la vida
económica, política, social y cultural del país.
En el caso de las mujeres la búsqueda de esta igualdad jurídica y
también de la social familiar, se ha hecho manifiesta desde Sor Juana en su permanente
lucha, logrando hacer visible la situación y ubicación de las mujeres con respecto de
los hombres a partir de relaciones de subordinación y de poder, basadas en la
construcción cultural de lo femenino y lo masculino.
Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado
mexicano, este principio fundamental de igualdad entre el hombre y la mujer se integró a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma de
su artículo 4o., así como la creación de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
el 21 de diciembre de 2000.
La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley es un acto de
justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de
género, que con gran ahínco en su época promoviera Sor Juana Inés de la Cruz.
A partir de estas reformas constitucionales y una vez más como
resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres de combatir la exclusión, la
desigualdad y la discriminación de que han venido siendo objeto, encontramos que se han
creado diversos mecanismos e instituciones públicas con el fin de promover y apoyar el
avance de las mujeres.
También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y
esta tales para superar en campos específicos de algunas desigualdades legales que las
afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social
y familiar.
Es cuanto, señor Presidente.
[Aplausos]
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Muchas
gracias, Diputada Maricruz Cruz Morales.
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En cumplimiento al acuerdo parlamentario en relación a las
asistencias, ruego a la Secretaría dé cuenta a la asamblea de las asistencias y ordene
el cierre del sistema electrónico.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES [PAN]: Hasta este
momento, Presidente, se han registrado 454 Diputados en el sistema electrónico. Nadie
reportó fallas en el registro. Se ordena cerrar el registro de asistencia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: El siguiente
punto del orden del día corresponde a la presentación de iniciativas de ciudadanos
Diputados.
Se ofrece el uso de la palabra a la Diputada Adela del Carmen Graniel
Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar
una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Niños, Niños y Adolescentes.
Tiene usted el uso de la palabra.
LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS (PRD): "Honorable
Asamblea: Los suscritos, diputadas y diputados a 12 LVIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos
"El móvil más poderoso que impulsa al niño a trabajar desde
temprana edad y para ingresas en la vida activa,...
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE
En la lectura de la iniciativa en el párrafo siguiente, se interrumpe
por el C. Presidente.
"Artículo único. Se adiciona el artículo 3 con un inciso h), el
artículo 14 con un inciso e), el artículo 21 con un inciso d) y el artículo 28 con un
inciso k) de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, para quedar como sigue":
"Artículo 3, inciso h). ...
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Señora
diputada, quisiera rogarle me autorice ordenar la insersi6n completa de su iniciativa
tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta y omitir la lectura del articulado en
obvio de tiempo.
LA C. DIP. ADELA DEL CARMIEN GRANIEL CAMPOS: Perfecto. Está bien.
Bueno, pues muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Adela del Carmen Graniel
Campos.
Se ordena la publicaci6n completa en la Gaceta Parlamentaria y su
inclusión íntegra en el Diario de los Debates.
(aplausos)
La iniciativa presentada por la diputada Adela del Carmen Graniel
Campos, se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruego a la Secretaría dar curso a la iniciativa remitida por el
Ejecutivo Federal.
EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Se da cuenta del
oficio de la Secretaría de Gobernación.
Oficio de la Secretaria de Gobernación, con el que se envía la
Iniciativa de Ley de Capitalización del PROCAMPO, propuesta por el Ejecutivo Federal.
EL C, PRESIDENTE: Se recibe y se turna, por su contenido, a las
Comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural de esta Cámara de Diputados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruego a la Secretaría dar cuenta a la asamblea de las comunicaciones y
oficios de la Secretaría de Gobernación.
EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el
permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rafael Bernal Jacinto, José
Hernández Colodra, Ralle Cacen Fernández, Adán Hernández Hernández, Martín Pedro
Islas Labra, Gabriel Peñaloza Anaya, Jesús Manuel Franco Martínez, Abel Espinoza Zavala
y J. Piedad García, puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América
en México y en sus Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Guadalajara, Jalisco,
respectivamente.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernaci6n y Seguridad
Pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Se han recibido tres
oficios con sendas minutas de parte del Senado de la República.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite la Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Javier Barros Valero y
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de Suecia y por el Gobierno de la
República de Chile, respectivamente.
EL C. PRESIDENTE: Se recibe y turna a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN:
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite la Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Enrique Eugenio
Fernández Zapata, Actuario Enrique Vilatela Riba, Licenciado Luis Héctor Alvarez Alvarez
y Luis Angel Domínguez Brito; para aceptar y usar condecoraciones conferidas por el
Gobierno de Rumania.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO:
Oficio del Senado remitiendo Minuta Proyecto de Decreto que reforma y
adiciona Artículos 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados; 40 y 41 del Código Penal Federal y 193 del Código Federal de
Procedimientos Penales.
EL C. PRESIDENTE: Se recibe y turna la Minuta a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos. Gracias señor Secretario.
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El siguiente punto del Orden del Día son dictámenes relativos a las
solicitudes de permiso de los ciudadanos: Embajador Ariel Buira y Seira, Maestro José
Luis Barros Horcasitas, Licenciado Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio
Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Juan Rebolledo Gout, Licenciado Edgar Ricardo Navarro Soto,
Licenciado Federico Sada González, Licenciado Luis Enrique Ramos Solorio, General de
División Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, General Brigadier Diplomado
de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, Embajador Enrique Gabriel Jiménez Remus,
Licenciada Reyna Marra Aurora Martínez López, Embajadora Marra del Rosario Gloria Green
Macías, Licenciado Genaro David Góngora Pimentel, Licenciado Luis Eduardo Garzón
Lozano, Licenciado Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Diputado Eloy Cantú Segovia,
Ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, General Brigadier Retirado Enrique Aranda
Salamanca y Adolfo Miguel Aguilar Zinser, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos
extranjeros.
Son de primera lectura.
En virtud de que los dictámenes se encuentran publicado en la Gaceta
Parlamentaria del día de hoy, ruego al señor Secretario consulte a la Asamblea si se le
dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, con
fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior se consulta a la
Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votaci6n de inmediato,
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente
EL C. PRESIDENTE: Es de segunda lectura. En consecuencia pido a la
Secretaría poner a discusión los proyectos de Decreto.
EL MISMO C. SECRETARIO: En primer término está a discusión el
proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, para
aceptar y usar la condecoración de la Medalla Conmemorativa de la ciudad de Atenas que le
confiere el Alcalde de dicha ciudad.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación
nominal en conjunto.
Se pone a discusión el Proyecto de Decreto que
concede permiso a los ciudadanos José Luis Barros Lorenzo Sánchez Rivera, Marco Aurelio
Provencio, Eduardo Sosa Cuevas, Juan Rebolledo Gout, Edgar Ricardo Navarro, Federico Sada
González, Luis Enrique Ramos Solorio, Roberto Miranda Sánchez, Joaquín Luquín Pérez,
Enrique Gabriel Jiménez, Reyna Marra Aurora Martínez, Marra del Rosario Green Macías,
Genaro David Góngora Pimentel, Luis Eduardo Garzón Lozano, Luis Enrique Mateo Franco,
Eloy Cantú Segovia, Luis Alberto Germán Barrero, Enrique Aranda Salamanca y Adolfo
Aguilar Zinser, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos
extranjeros.
EL PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen en lo general. No
habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pregunto a
los miembros de la Asamblea si se va a reservar algún artículo para su discusión en lo
particular.
En virtud de que no se han reservado artículos para su discusión en
lo particular, se procederá a recoger la votación nominal en lo general y en lo
particular de este y del anteriormente reservado, en un solo acto.
Ruego al señor Secretario Manuel Medellín, dé los avisos a que se
refiere el Reglamento y ordene la apertura del sistema electrónico de votación hasta por
diez minutos.
EL SECRETARIO, DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: Se hacen los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema
electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
VOTACION
Por instrucciones de la Presidencia, se computa solo la votación del
tablero que tiene 358 votos a favor y 7 votos en contra.
EL PRESIDENTE: Aprobados los proyectos de decreto por 358 votos.
PASAN AL EJECUTIVO PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
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Señor Secretario, Honorable Asamblea:
Llega el momento en el orden del día, de conocer un dictamen de
segunda lectura y discusión, sin embargo ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
la Asamblea de una comunicación recibida de parte de la Comisión respectiva.
EL MISMO SECRETARIO: Con esta fecha, en oficio dirigido al diputado
Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva:
LEYO INSÉRTESE
DOCUMENTO LEIDO CON LAS REFORMAS QUE NO ESTAN PUBLICADAS EN LA GACETA
DE HOY.
México, D. F., abril 17 del 2001.
Dip. Lic. Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva.
Presente.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social se dirigen a esta
Mesa Directiva para informarles que, con el propósito de facilitar los consensos entre
los grupos parlamentarios y en diversas consultas con diputados miembros del Pleno,
convenimos proponer las siguientes reformas al dictamen presentado por esta Comisión en
torno a las reformas del Artículo 57 de la Ley del ISSSTE, para quedar como se señala en
el anexo.
Por lo anterior, atentamente le solicitamos considere que este texto
sustituya al publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 17 de abril, y al mismo tiempo
su colaboración para que se someta a votación del pleno de la sesión del día de hoy.
El anexo dice:
Artículo único. Se reforma el tercer párrafo del Artículo 57 para
quedar como sigue:
"La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al
incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Indice Nacional de Precios
al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.
En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Indice
Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos
básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán
en la misma proporción que éstos últimos.
De no ser posible la identificación del puesto para el incremento que
corresponda a la pensión respectiva, se utilizará el Indice Nacional de Precios al
Consumidor como criterio de incremento.
TRANSITOROS:
Primero. Este decreto entrará en vigor el primero de enero del 2002.
Segundo. En el caso de trabajadores que se hayan jubilado o pensionado
con más de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le
aplicará lo dispuesto en el Artículo 57.
Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el
incremento no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo que
establece el párrafo tercero. "
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. En atención a lo
solicitado por la Comisión, le quiero rogar señor Secretario consulte a la Asamblea en
votación económica si autoriza la sustitución propuesta por la Comisión a lo publicado
en la Gaceta del día de hoy.
EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a
la Asamblea si es de aprobarse la sustitución del texto que aparece en la Gaceta del día
de hoy por el texto que ha enviado la Comisión de Seguridad Social.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
V O T A C I O N
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
V O T A C I O N
Mayoría pro la afirmativa, señor Presidente. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Por lo tanto, es de primera
lectura el dictamen de la Comisión de Seguridad Social con la sustitución del texto
aprobada por la Asamblea.
Ruego ahora, señor Secretario, consulte a la Asamblea en
consideración de que en este momento se está distribuyendo a todas las ciudadanas y
ciudadanos diputados, por escrito el nuevo texto, si autorizan en votación económica la
dispensa de la segunda lectura y ponerlo a discusión y votación de inmediato.
EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a
la Asamblea si es de dispensarse la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y
votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
(VOTACION)
Unanimidad por la afirmativa, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario y gracias a la Asamblea. ES DE
SEGUNDA LECTURA. Está a discusión el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que
reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE.
Regulan el procedimiento de debate y votación, lo establecido en el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Esta dos Unidos
Mexicanos, a partir del artículo 95.
Esta Presidencia ofrece el uso de la palabra a la Comisión si quiere
fundamentar y explicar el contenido del dictamen.
Se concede el uso de la palabra, con fundamento en el artículo 108 del
Reglamento, al diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, Presidente de la Comisión de
Seguridad Social, para fundamentar y explicar el alcance del dictamen.
EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC MONTERO ESQUIVEL (PRD): Con su permiso,
señor Presidente.
En fecha 7 de diciembre de 1998 por conducto del C. Diputado Miguel
Angel So lares Chavez, un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática propuso la reforma del Tercer Párrafo del artículo 57 de la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en la
ley vigente establece que la cuantía de las pensiones se incrementara conforme aumente el
salario mínimo general para el Distrito Federal.
De tal modo, que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje
simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto, para quedar como sigue:
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.
En fecha 10 de diciembre de 1998 el diputado Ricardo Cantú Garza del
Partido del Trabajo presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del
Tercer Párrafo del artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo
anterior, proponiendo su reforma para que quedara como sigue:
La cuantía de las pensiones se incrementara conforme aumenten los
salarios de los trabajadores en activo. De tal modo que todo incremento porcentual a dicho
salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el Instituto.
En fecha 26 de abril del presente año, el diputado Javier Paz Zarza, a
nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó
una iniciativa de reformas a los artículos 57, 62 y 64 de esta misma ley, en la que
propone por lo que hace al artículo 57, que su redacción sea: "La cuantía de las
pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los
salarios de los trabajadores en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al
jubilarse",
El artículo 62 de esta ley vigente, establece que el cómputo de los
años de ser vicio se hará considerando uno sólo de los empleos, aún cuando el
trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualquiera que fuesen.
En consecuencia, para dicho cómputo se considerara por una sola vez el
tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador.
La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho
artículo sea la siguiente:
"Para efectos de la pensión, habrá de considerarse el número de
cotizaciones que el trabajador haya aportado al Instituto, con independencia de los
servicios que hubiese desempeñado en activo cuando fueran varios y ante diferentes
dependencias gubernamentales".
El artículo 64 de esta misma ley vigente establece que para calcular
el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los
artículos 60, 63, 67 y 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el
promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior en la fecha
de la baja del trabajador o de su fallecimiento.
La propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho
artículo sea la siguiente:
"Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por
pensión en los términos de los artículos 69, 63, 67, 76 y demás relativos a esta ley,
se tomará en cuenta el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del
trabajador o su fallecimiento".
En fecha 16 de noviembre del 2000, el Congreso del Estado de Durango
presentó iniciativas de reforma al Tercer Párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE,
proponiendo quede con la siguiente redacción:
"La cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en
activo".
Previamente a esta iniciativa formal, en fecha 26 de octubre de 2000 el
mismo Congreso del Estado de Durango acordó solicitar al Congreso de la Unión, que se
modifique la Fracción III del artículo 57 de la Ley General del ISSSTE en los términos
que se encontraba hasta antes de su modificación de fecha 4 de enero de 1 993.
En sesión celebrada el pasado viernes 29 de diciembre del año 2000
esta soberanía conoció del dictamen con proyecto de decreto que reforma el Tercer
Párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Seguridad
Social.
Tal proyecto fue redactado pensando en que su discusión y aprobación
se diera antes del término del año 2000, de manera que los beneficios económicos en los
con tenidos se reflejaran en las percepciones que recibirían los jubilados y pensionados
en el año fiscal del 2001. Empero, esta discusión se ha postergado y en lugar de los
beneficios legales que este dictamen engloba, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2001 se concedió a jubilados y pensionados del ISSSTE, IMSS,
ISFAM, un pago único para el año 2001 en apoyo de sus pensiones, Asimismo sucede
también con los ferrocarrileros, jubilados antes de 1983.
Del obligado análisis de las circunstancias enunciadas resulto una
propuesta de modificación al dictamen con objeto de actualizar las fechas y perfeccionar
la redacción para que englobara los casos que escapaban de la generalidad expresada en el
texto original del proyecto de dictamen.
En tal sentido, la Comisión de Seguridad Social consideró pertinente
proponer las modificaciones de dictamen que a continuación se detallan, por los motivos
también que se explican.
La cuantía, la modificación al artículo 57, Párrafo Tercero
quedaría como sigue: "la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme
al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Indice Nacional de
Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada
año. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Indice Nacional de
Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de
los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma
proporción que éstos últimos.
"De no ser posible la identificación del puesto para el
incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Indice Nacional de
Precios al Consumidor como criterio del incremento".
Transitorios. Primero. Este decreto entrará el vigor el día primero
de enero del año 2002.
Segundo transitorio. En caso de que trabajadores que se hayan jubilado
o pensionado con más de una plaza, a la pensión que corresponda a la suma de las plazas
se le aplica lo dispuesto en el artículo 57.
Tercer transitorio. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea
exigible el incremento, no es posible hacer la identificación del puesto, se aplicará lo
que establece el párrafo 3°.
En virtud de lo anterior, queda claro que la intención de los
diputados de esta asamblea general, de este Congreso, de esta Cámara de Diputados busca,
tiene el interés de que las pensiones que perciben los jubilados se vean mejoradas con
esta reforma al artículo 57.
Muchas gracias señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel,
Presidente de la Comisión de Seguridad Social que presenta dictamen que reforma el
artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.
Compañeras y compañeros diputados: Habiendo ya escuchado la
fundamentación por parte de la comisión, quiero que tengamos a la vista lo dispuesto por
el artículo 114 del Reglamento, que establece que deben establecerse la lista de oradores
en pro y en contra, y antes de que la Presidencia pueda consultar a la asamblea si se
encuentra suficientemente discutido deberán haber hecho uso de la palabra hasta seis
miembros de la Cámara, pero lo dispuesto en el artículo 122: "cuando sólo se
pidiere la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara".
Han solicitado el uso de la palabra cinco señores diputados, lo han
hecho con el propósito de fundamentar su voto. No se inscriben en contra del dictamen,
por lo tanto, quiero rogar a la Secretaría autorice a la Presidencia ofrecerle el uso de
la palabra a los cinco diputados inscritos para fundamentar el voto de cada uno de sus
grupos parlamentarios:
El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; la diputada
Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; el diputado Miguel Rosaldo Salazar, del
Partido de la Revolución Democrática; el diputado José María Rivera Cabello, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agotada esta lista consultaré a la asamblea si se considera
suficientemente discutido.
Pregunte la secretaría si es tan amable, a la asamblea, si autoriza
otorgar el uso de la palabra a cinco individuos de la Cámara.
EL SECRETARIO, DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la asamblea si autoriza a la Presidencia otorgar la palabra a
cinco ciudadanos diputados en pro.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: En consecuencia y con autorización de la asamblea, se
ofrece el uso de la palabra hasta por diez minutos al diputado José Manuel del Río
Virgen, de Convergencia por la Democracia.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Estamos discutiendo el dictamen correspondiente a la reforma del
párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del ISSSTE, y es el momento en que no debemos
de olvidar que los jubilados y pensionados son los grandes constructores de las
instituciones con que actualmente cuenta el país.
Aquí lo destacable compañeras y compañeros legisladores, es que 420
mil Jubilados y pensionados necesitan realmente que sus percepciones se vean
incrementadas; que se apruebe esta modificación y que el ICSSTE termine el programa de
revisión y actualización de las pensiones; que el ISSSTE apoye una cultura de
reconocimiento y calidez de los servicios para los jubilados y pensionados.
Aquí venimos a pedirle a toda esta asamblea su voto, para que los
jubilados y pensionados tengan mejores percepciones. Aquí venimos a recordar a los
maestros que llevaron la educación a nuestros compatriotas hasta los rincones más
apartados de la patria; a los pioneros del sistema de salud que con su trabajo lograron
erradicar las enfermedades epidémicas del ámbito nacional; a los técnicos agropecuarios
y a los agrónomos que llevaron su conocimiento y su fuerza de trabajo para que nuestros
campesinos modificaran sus tradicionales formas de cultivo por técnicas modernas que les
permitieran obtener mayor producción en sus ejidos y pequeñas propiedades .
Ustedes, compañeros legisladores, están en la posibilidad de aprobar
que los jubilados y pensionados tengan mejores aportaciones, ya que el 43, 48% van de 1 a
2 salarios mínimos, y el 35,89% de los jubilados y pensionadas aún van entre los 2 y los
5 salarios mínimos, es más compañeros, solamente un pequeño porcentaje de jubilados y
pensionados alcanza los 10 salarios mínimos, estamos hablando apenas de 12 mil pesos.
Aquí requerimos que ustedes aprueben con toda la fuerza de su voto y
de su verdad, que los jubilados y pensionados del I SSSTE tengan un mejor futuro y un
mejor horizonte de vida, Ante esta situación y ante los salarios tan míseros, las
pensiones y jubilaciones tan míseras que tienen los exservidores públicos, estamos
pidiéndole a ustedes compañeros que se solidaricen en un voto de fuerza para que los
servidores públicos de antaño, hoy vivan mejor.
El problema de fondo, de los jubilados y pensionados del ISSSTE no
terminará sin embargo con el otorgamiento de mejores pensiones y jubilaciones. En
realidad el sistema de pensiones del ISSSTE está en crisis financiera, la cual se refleja
en un déficit de 15 mil millones de pesos, aunada a una creciente demanda de
jubilaciones; demostrando la falta de planeación y la irresponsabilidad de autoridades
del mismo Instituto y de otras autoridades que permitieron que creciera el problema
haciendo oídos sordos a las demandas de los jubilados y pensionados y trabajadores en
activo.
Aquí les venimos a proponer también, compañeras diputadas y
compañeros diputados, que es justo que los jubilados y pensionados del ISSSTE real mente
vean incrementadas sus pensiones, no solamente cuando se incrementen los sueldos de los
trabajadores en activo, sino además cuando en caso de que en la revisión anual que se
realiza en el mes de febrero, se coteje el incremento con el índice nacional de precios
al consumidor y el incremento haya sido menor, se aumente la diferencia.
Compañeras y compañeros: es indispensable que los jubilados y
pensionados cuenten también con un representante en la Junta Directiva del ISSSTE, con el
fin de que atienda y proteja los derechos que les corresponden.
Esta soberanía no debe permitir por ningún motivo que se privaticen
los servicios de salud y las pensiones en los servicios de las AFORE's porque el sistema
pensionario tiene viabilidad y es rescatable y operable bajo esquemas de honradez, bajo
esquemas financieros manejados con eficiencia, con pulcritud y con capacidad.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado José Manuel del Río
Virgen.
Se ofrece el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la Presidencia;
compañeras y compañeros legisladores: Para el Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, es de vital importancia el Dictamen de la Comisión de Seguridad Social con
Proyecto de Decreto que modifica el Artículo 57 de la Ley del ISSSTE que hoy se discute,
pues fue un impulsor de este acto de justicia social al haber presentado en la LVII
Legislatura en esta misma Tribuna, una Iniciativa de Reformas a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la fundamental
preocupación de dotar con estabilidad económica a los trabajadores pensionados por esta
institución de seguridad social.
Es innegable que por las condiciones económicas por las cuales nuestro
país ha pasado, que el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido mermado de manera
notable. Consecuentemente los trabajadores que ya no son activos y están sujetos a un
sistema de pensión, sufren mas por la baja en su poder adquisitivo, Por ello nuestra
preocupación es precisamente que por lo menos se pueda obtener una equidad entre los
ingresos que obtiene un trabajador en activo y un trabajador sujeto únicamente a su
pensión por alguno de los institutos de seguridad social.
Reconocemos que el objetivo primordial del Dictamen que hoy se discute,
fortalecería precisamente el poder adquisitivo de los pensionados, aún más, por la
actualización anual que resulte de la diferencia para equiparar al Indice Nacional de
Precios al Consumidor del año anterior.
Por ello consideramos procedente dicha modificación al marco jurídico
regulatorio de los trabajadores al servicio del Estado en materia de seguridad social.
Por lo anterior, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, manifiestan su conformidad respecto al Dictamen que hoy se discute al
fortalecer los intereses de los pensionados en el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, Dictamen por el cual se busca dar equidad a los
ingresos que perciben los trabajadores en activo, en comparación con los trabajadores que
sujetos a un sistema de pensión, los cuales obtendrán beneficios que repercutirán
directamente en fortalecer por lo menos de manera básica sus necesidades económicas.
Desafortunadamente esto no es la solución para todos los problemas de
los trabajadores jubilados, pero el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera
que es el fruto de una gran lucha social de los trabajadores, no tan solo de los que se
rigen bajo el Apartado "b" del Artículo 123 constitucional, sino de todos los
trabajadores pensionados sin discriminar el régimen bajo el cual están inscritos.
La situación de los trabajadores pensionados es independiente del
régimen de seguridad social de los trabajadores; por ende conminamos a todos nuestros
compañeros legisladores para que la aprobación del presente Dictamen sólo sea un
comienzo para la solución absoluta de las demandas de los trabajadores pensionados, que
este esfuerzo no conmine con soluciones parciales, pues lo que hoy se aprobaría solo es
una pequeña parte del problema.
Tenemos algunas dudas, sentimos que en la parte que corresponde a esta
variación del párrafo, está invirtiendo los criterios; tenemos esa reserva, sin embargo
a pesar de esa reserva votaremos a favor.
Para nosotros esta claro que deben de estar fuera las discriminaciones
de seguridad social. Los trabajadores pensionados que están incorporados al Instituto
Mexicano del Seguro Social, también deberían de ser beneficiados de manera similar.
Por ello los legisladores de nuestro grupo parlamentario continuaremos
con esta lucha.
Compañeras y compañeros diputados, por los comentarios antes
expresados, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
votaremos a favor de la propuesta que hoy se somete a nuestra consideración. Es cuanto
señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada Rosalía Peredo Aguilar. Se ofrece
ahora el uso de la palabra al diputado Miguel Rosaldo Salazar, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias señor presidente. La
posición del Grupo Parlamentario del PRD es la siguiente, señoras y señores
legisladores. El Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, es una pilar de nuestro sistema público de nuestra seguridad social. El ISSSTE
mantiene en la actualidad una cobertura de 10 millones de derechohabientes, diseminados a
lo largo y ancho del país, entre servidores públicos, maestros, trabajadores
universitarios, empleados de organismos descentralizados, y de quienes, mediante convenio,
se han acogido a su régimen.
El ISSSTE es una noble institución que por un lapso de 42 años ha
ofrecido seguros, prestaciones y servicios que están plasmados en su ley, con una visión
integral y solidaria.
A pesar de la enorme importancia que tiene para los servidores
públicos mexicanos y sus familias, la institución sufrió las consecuencias del
desfinanciamiento generalizado, que vivieron las instituciones de seguridad social en los
años 80 y el desprestigio que conllevó el deterioro de sus servicios.
Al promover las reformas al régimen de seguridad social durante los
años 90, el gobierno enfatizó por un lado la necesidad de racionalizar el gasto, a fin
de evitar el desequilibrio del IMSS y del ISSSTE. Esto es, se sugería que las
instituciones públicas eran ineficientes, sin reconocer las causas reales de su
desfinanciamiento.
Por el otro, se sostuvo que la transición epidemiológica,
caracterizada por la emergencia de enfermedades crónico degenerativas, incrementó los
costos de los servicios médicos y que el cambio demográfico o el envejecimiento de la
población, había generado un desequilibrio en el sistema de pensiones.
Para resolver esta crisis financiera del ISSSTE, provocada además por
la reducción del gasto social, la caída del empleo público y del salario, el camino que
se siguió fue el de reducir beneficios.
En el marco de una reforma profunda a las instituciones de seguridad
social, en 1992 dio inició un proceso gradual de transformaciones sustantivas, en donde
la aprobación de la nueva Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro durante 95 y 96, marcaron un nuevo derrotero en el régimen de pensiones.
Nada de lo que ha sucedido al IMSS le ha ido ajeno al ISSSTE, aunque
este Instituto conserve aun su carácter público y solidario y un sistema de pensiones
mixto.
Así en 1992 y por iniciativa del Ejecutivo Federal al reformarse la
Ley del ISSSTE para introducir el Sistema de Ahorro para el Retiro, se aprobaron
tendientes a reorganizar el régimen financiero de las prestaciones y servicios que ofrece
la institución, y medidas que permitieron la intervención de la banca en la
administración de los recursos destinados a la vivienda.
Como consecuencia de la reestructuración financiera promovida por el
Ejecutivo, se produjo una importante pérdida de derechos entre los que sobresale el
modelo de incremento a la cuantía mínima de las pensiones contenida en la ley. Antes de
la reforma del 92 la cuantía mínima de las jubilaciones y pensiones, aumentaba al mismo
tiempo y en la misma proporción de los sueldos de los trabajadores en activo, esta
disposición fue sustituida por el incremento de las pensiones, conforme aumentara el
salario mínimo general en el Distrito Federal.
Los afectados directos de esta reforma, fueron 385 mil jubilados y
pensionados y sus familias, que desde aquella fecha vieron disminuir sus ingresos año
tras año. El deterioro del salario mínimo, arrastró hacia la baja a las pensiones que
pagaba el ISSSTE desde 1992, y el concepto de pensión dinámica concebido por el
Legislador al redactar el artículo 57 de la ley. Esto se distorsionó en perjuicio de los
exservidores públicos, maestros y trabajadores universitarios que se acogen a su
régimen.
El origen de las diversas reformas legislativas presentadas a lo largo
de los últimos años por el Partido de la Revolución Democrática, fue el interés de
corregir aquella injusticia y recoger el una iniciativa de decreto el clamor de jubilados
y pensionados del ISSSTE.
Su objeto es el de que sus representantes populares, le restituyan su
sentido original al artículo 57 de la ley. La necesidad de legislar al respecto es más
imperiosa por cuanto en el propio dictamen que hoy se discute, se reconoce al analizar el
comportamiento del salario mínimo que éste cayó en términos reales 22.6% respecto de
1994 y 74.3% de su poder de compra con relación a 1976.
Vale recordar que desde la reforma salinista de 1992, las pensiones del
ISSSTE se encuentran atadas al salario mínimo. Lo anterior afecta sensible mente las
pensiones que paga el ISSSTE.
Por ejemplo, en 1999 el salario promedio mensual de uno de los sectores
más numerosos, el Sector Magisterial, creció 17%, tres puntos porcentuales por encima
del incremento al salario mínimo que fue del 14. La pérdida neta para jubilados y
pensionados es evidente.
Asimismo, coincidimos con la Comisión Dictaminadora, cuando señala
que desde 1993 los incrementos de los salarios de los trabajadores en activo han sido
superiores al incremento al salario mínimo en el Distrito Federal. Este último, dice la
Comisión Dictaminadora, en el año de 1997 fue de 26.45 pesos diarios y a la fecha es de
37.90. Esto es, ha tenido un incremento de 11.45 en ese lapso, que equivale a un aumento
porcentual de 43.28.
Por otro lado, el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo
lapso, 97 2000, ha tenido un incremento de 60% en promedio, con lo que se demuestra la
injusticia con que han sido tratados los jubilados y pensionados del ISSSTE.
Todo lo anterior acredita que la reforma al artículo 57 de la ley,
como lo propone la Comisión de Seguridad Social, es más necesaria que nunca.
Conviene resaltar que durante el trabajo en comisiones se adicionó la
disposición de que además de que las pensiones se incrementen al mismo tiempo y en la
misma proporción que los sueldos básicos, serán revisadas anual mente en el mes de
febrero con respecto al índice nacional de precios al consumidor, mismo que se acaba
actualmente de reformar.
Esta medida de elemental justicia, garantizará que las pensiones
conserven su valor real a lo largo del tiempo. También conviene precisar que los cambios
introducidos al primer dictamen durante el presente período de sesiones, buscan resolver
los problemas operativos que significaría el pago de las pensiones bajo la nueva
disposición.
Aún si hubiera dificultades para el pago con la nueva redacción, se
debe poner por delante la justicia social antes que las dificultades administrativas
aducidas por las autoridades del ISSSTE. El pago de la pensión debe hacerse con un
criterio de justicia.
Señores y señoras legisladoras, quienes en su momento propusimos esta
modificación, lo hicimos conscientes de que la institución requiere de otros cambios
para hacer frente a un conjunto de problemas estructurales que padece, el renglón de las
pensiones, es el más vulnerable.
En efecto, la modificación en la estructura de la pirámide de edades
en la población, la prolongación en las expectativas de vida, el crecimiento sostenido
de jubilados y pensionados, la no variación de los montos de cotización, el
estancamiento relativo en el número de cotizantes, el desequilibrio entre ingresos y
egresos del Instituto, el deterioro del salario y el creciente monto de las transferencias
presupuestales para el pago de la nómina de pensiones, así como la viabilidad financiera
del seguro médico, son temas que deben ser examinados con responsabilidad y creatividad
por esta Legislatura en futuros períodos de sesiones.
Desde nuestro punto de vista, cualquier iniciativa que pretende
acometer esos problemas estructurales que padece el Instituto, debe orientarse a
fortalecer el modelo colectivo, obligatorio, integral, solidario, público y
redistributivo que prevalece hasta el momento.
Ninguna reforma privatizante que conlleve pérdida de derechos,
generará consenso entre los beneficiarios ni entre los partidos políticos representados
en el Congreso.
La decisión que hoy tomaremos es de gran trascendencia para la
tranquilidad futura de quienes dedicaron su vida a la función pública magisterial o
universitaria. Es una medida de justicia social que debe ser aprobada por todos; es el
mejor homenaje que podemos hacer 2 los trabajadores mexicanos en este principio de siglo;
ellos y nosotros seremos los jubilados y los pensionados de mañana. Mucha gracias.
PRESIDENTE: Gracias don Miguel Rosaldo Salazar.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el diputado José
María Rivera Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
DIP. JOSE MARIA RIVERA CABELLO: Con permiso de la presidencia;
ciudadanos diputados:
El día 13 de diciembre del año 2000, la Comisión de Seguridad Social
de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen que modificaba el párrafo tercero del
artículo 57 de la Ley del ISSSTE. Se trataba de un conjunto de iniciativas que hemos
recibido de fuentes muy diversas y todas ellas proponían que se abandonara la indicación
de las pensiones de acuerdo al salario mínimo del Distrito Federal y que en su lugar se
volviera a la redacción anterior a 1993. Aquella redacción estipulaba que la
actualización de las pensiones sería acorde a los incrementos de sueldo obtenidos por
los trabajadores en activo.
Y es muy comprensible al insatisfacción de los pensionados con que se
haya utilizado como indicador el salario mínimo, especialmente por tremenda caída del
poder adquisitivo que se produjo en 1995 después de una gravísima crisis económica. Esa
crisis económica que por sus niveles de desempleo, de pérdida de patrimonio y
empobrecimiento generalizado, hizo palidecer a la crisis económica de 1929 en México,
fue un golpe muy duro para el poder de compra de la población pensionada y no solamente
del ISSSTE, sino también del Seguro Social.
Por eso es de estricta justicia pensar en restituir el poder
adquisitivo de jubilados y pensionados. Esto es lo que inspira la modificación al
artículo 57 de la Ley del ISSSTE, que hoy estamos presentando ante ustedes.
Pero compañeros diputados tenemos que volver la vista a una cantidad
de hombres y mujeres mayores que no tuvieron la fortuna de cotizar a un instituto de
seguridad social, y digo fortuna porque a pesar de una pensión muy pequeña es al menos
un ingreso seguro cada vez. Tenemos que volver la vista a más de 35 millones de mexicanos
que no tienen ninguna pensión. Tenemos que ponerlo en perspectiva esos 35 millones que se
llevan cero a su causa cada mes. A los uno y medio millones que cotizaron al Seguro Social
y a que se llevan de pensión en promedio 1.5 salarios mínimos, y los 400 mil pensionados
del ISSSTE que en promedio llevan a su casa tres salarios mínimos.
Tenemos por lo tanto hoy ya una población de edad, a la que tenemos
que darle un apoyo considerable, pero corno se mencionaba, de los jóvenes de hoy están
hechos los viejos de mañana y tenemos en el futuro también una población que
envejecerá y requerirá un apoyo.
Esta es una aprobación que fundamentalmente es de buena voluntad, es
de buena voluntad porque para fines prácticos significará en promedio cien pesos al mes
en la pensión de los jubilados del ISSSTE. Pero el Instituto tiene problemas mucho más
graves: estamos hablando des de que en 1993 requiere subsidios del Gobierno Federal
incluso para pagar estas pensiones que nos parecen tan bajas; incluso para pagar estas
pensiones tan bajas. A los trabajadores que hoy están en activo habría que quitarles 16%
de su salario para que se cubriera la nómina de pensionados. Y si quisiéramos además
que el ISSSTE hiciera reservas para pagar a los pensionados del futuro, esta retención
podría llegar a 40% del sueldo del trabajador. Qué trabajador podría aguantar una
retención de 40%.
Por eso muy pronto está en nuestro camino, señores legisladores, una
reforma completa al ISSSTE, una reforma que lo haga salir a flote pero desde luego que lo
hagamos no solamente sobre las bases que hoy tenemos, sino repensando su funcionamiento
porque es claro que resulta prohibitivo para un trabajador en activo sostener el actual
sistema del ISSSTE.
Por eso y en vista de que tenemos muchas más personas de edad
avanzada, personas que sufren alguna pensión de invalidez y que se irán agregando en la
cuenta como un pasivo social, tenemos que buscar mayores fuentes de financiamiento de
estas pensiones, porque cada vez que un pensionado nos pide aumentar su cheque mensual
tenemos que voltear a la sociedad, a los jóvenes, que son los únicos que, por sus
capacidades físicas, tienen la capacidad de generar la riqueza para pasarla a los
bolsillos de los pensionados.
Tenemos que voltear a ellos para pedirles que den algo, algo de su
consumo para los trabajadores que ya tienen una edad avanzada y que no pueden valerse por
ellos mismos.
Porque de la misma manera que en la casa el joven da para su padre y su
abuelo, aquí nosotros estamos convocados para buscar, voltear hacia los más jóvenes y
decirles que debemos pedirles parte de su consumo para los más jóvenes.
Viene creciendo a tasas muy fuertes la deuda de pensiones del país; lo
mismo en la Federación que en los estados, y ningún gobierno está exento, por tanto, de
tener que hacer este ejercicio de pedir a la sociedad más recursos si de verdad queremos
que el motivo, que las palabras de que los pensionados tengan una recuperación de
ingresos sea real.
Si queremos pasar más allá de las buenas intenciones, más allá de
gestos pequeños pero que poco ayuden a los pensionados de hoy y del futuro, es inevitable
contar con mayores recursos en la hacienda pública; es inevitable porque esta población
no podrá sostenerse por sí misma y porque, como dije, los jóvenes son la única fuente
de riqueza para poder sostener a nuestros padres y a nuestros abuelos.
Vamos hoy muy contentos en dar este apoyo fundamentalmente de buena
voluntad a los trabajadores pensionados y jubilados del ISSSTE, pero también vamos muy
conscientes de que la tarea es generar suficientes ingresos fiscales para los viejos e
incapacitados que en el futuro se presentarán en las nóminas de pensiones de los
institutos y, sobre todo, para poder apoyar a aquéllos que no tienen ni siquiera el
cobijo de una institución de seguridad social hoy para pasar su vejez.
Muchas gracias, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, Diputado Don José María Rivera
Cabello.
EL C. DIPUTADO JOSE DEL CARMEN SOBERANIS: Señor Presidente, solicito
la palabra para el mismo tema.
EL C. PRESIDENTE: Señor Diputado, voy a desahogar la lista íntegra
que la asamblea me autorizó e inmediatamente después, en los términos del artículo
102, para hechos y por 5 minutos, usted tendrá derecho a hacer uso de la tribuna.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado
Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLIS: Gracias, con su venia, Señor
Presidente. Compañeras y compañeros diputados; las consecuencias y desafíos que
conlleva el cambio en el perfil demográfico es un fenómeno que se presenta actualmente a
nivel mundial.
El también llamado envejecimiento de la población y por tanto de la
sociedad presenta desafíos importantes en los aspectos sociales, culturales, económicos
y éticos.
Dicho envejecimiento está marcado porque las personas viven, en
promedio, más años que antes, por lo que hay un importante crecimiento en el número de
personas de edad avanzada y una menor tasa de fecundidad; es decir, de nacimientos.
Dicho cambio inició en Europa a partir de las transformaciones
económicas y sociales del siglo XVIII, caracterizado en una primera etapa por los
descensos en la mortalidad y posteriormente en el descenso en la tasa de fecundidad.
En esta etapa final de transición epidemiológica en dicho Continente,
la esperanza de vida al nacer llega a los 80 años y el número de hijos está próximo a
dos. Dicho proceso ha tomado en Europa entre 150 y 200 años en desarrollarse.
Sin igualar aún a los países desarrollados en lo que se refiere a
América Latina la esperanza de vida al nacer aumentó en los años de 1950 a 1970 más de
20 años en promedio. Y durante la segunda mitad de este siglo la tasa global de
fecundidad de 6 a menos de la mitad en las últimas décadas.
Por tanto, hoy en nuestro Continente el promedio de población de 60 ó
más años es de 7.4 por ciento en promedio. Mientras que en países como Francia o Japón
es del 20 por ciento.
Detrás de estos hechos hay un profundo cambio en los perfiles
epidemiológicos de la población. Las preocupaciones actuales se centran cada vez más en
las enfermedades crónicas y degenerativas propias de la creciente población de edad
avanzada y menos en las de tipo transmisible, más frecuentes en edades tempranas y las
propias de la infancia.
Por tanto, a partir del año 2000 la población de adultos mayores en
América Latina se duplicará en solo dos décadas, alcanzando aproximadamente 80 millones
de personas.
Por tanto los gobiernos deberán estar preparados para que cada año en
pro medio haya dos millones más de individuos que requieren programas sociales para ese
sector tan importante de la población.
En México el cambio en el perfil demográfico originado por el aumento
en la esperanza de vida de los mexicanos, la baja en la tasa de natalidad, así como el
cambio en el perfil epidemiológico sitúa a la Política social relacionada con el
envejecimiento de la población, en el epicentro del actual debate sobre las Políticas
sociales.
Dicho fenómeno se expresa en las siguientes cifras:
En 1995 de un total de 91 millones de habitantes el 57 por ciento eran
menores de 25 años. En tanto que los mayores de 65 años representaban sólo el 4 por
ciento.
Para el año pasado, es decir el año 2000, esta situación se ha
revertido de manera considerable: de 97.3 millones de habitantes el 53 por ciento son
menores de 25 años. En tanto que el número de los mayores de 65 años ha ascendido hasta
casi el 5 por ciento, es decir, cerca de 6.5 millones de mexicanos.
De la misma forma y derivado de la dinámica demográfica el número de
jubilados y pensionados ha venido creciendo a tasas superiores a las de la población en
general, ya que en el periodo 9599 la población en general creció 1.9 por ciento y las
personas en edad de jubilación o pensión aumentaron en 5.3 como promedio anual.
Por tanto, son necesarias políticas relacionadas con el
envejecimiento, que permitan hacer frente a los retos que abarcan varios niveles, desde el
cultural hasta el social y el económico.
Dentro del aspecto económico y social se plantean diversas
prerrogativas que considero de extremo cuidado y los cuales abarcan desde el mantenimiento
a largo plazo de sistemas de pensiones, con personas dignas y suficientes, la adecuación
de los sistemas de salud a las necesidades de las personas de edad avanzada y el
desarrollo de políticas que impulsen acciones encaminadas a promover y preservar una
participación útil de las personas mayores dentro de la sociedad.
El PRI ha iniciado una lucha junto con el adulto mayor, con el objeto
de saldar la deuda social que los mexicanos tenemos y que hace suya en pro de ese sector
al que todos habremos de llegar.
Compañeros Legisladores:
Este es el contexto en que se enmarca la reforma al párrafo tercero
del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado, y esta es la visión que impulsó a nuestra fracción a apoyar
decididamente esta legítima demanda de los jubilados y de los pensionados.
Esta reforma proviene de varias iniciativas presentadas por el PRD, el
Partido del Trabajo y el Partido de Acción Nacional, que derivaron en varias excitativas
que se presentaron en el curso de los años '98, '99 y 2000 y posteriormente en un
dictamen que fue dejado en moción suspensiva por la LVII Legislatura.
Es de destacarse también que el Honorable Congreso del Estado de
Durango, el 16 de noviembre del año 2000 presento ante esta Legislatura una iniciativa en
el mismo sentido, la cual se considera en el dictamen que hoy se analiza.
La reforma que hoy se discute tiene el objeto de mejorar la situación
de ingreso y por lo tanto las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores
jubilados y pensionados. Más de 400 mil pensionados y jubilados del ISSSTE serán
beneficiados con esta importante reforma.
La problemática que enfrentan los pensionistas y jubilados que
laboraron como servidores públicos, algunos mas de 30 años, constituye una deuda social,
deuda que además ha sido sujeta a cuestiones partidistas, ya que en el Periodo
Extraordionario de Sesiones de diciembre de 1999, por cierto Año Internacional del Adulto
Mayor, la LVII Legislatura de esta Cámara aprobó una partida presupuestal de 2 mil 910
millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
del 2002. Se le dieron de manera extraordinaria apoyos 2 IOS pensionados del IMSS y a los
ferrocarrileros y fueron exentos los compañeros pensionados del ISSSTE, ¡Esto no puede
volver a pasar nunca más!
Sin embargo la LVIII Legislatura aprobó en la Cámara de Diputados una
partida de 645 millones de pesos para los pensionistas y jubilados del ISSSTE, el cual se
pagará en el próximo mes de mayo y permitirá que cuenten con una cantidad única
aproximada de 1, 600 pesos, situación que no puede realizarse año con año sin resolver
el problema de fondo, que es el importante deterioro de las pensiones de los jubilados y
pensionados del ISSSTE.
Las demandas de los jubilados y pensionados que dedicaron su vida
laboral como servidores públicos, se constituyen como elementos de justicia social, Hoy
la Cámara de Diputados abre una puerta de aliento a este tan importante sector de la
sociedad. Estamos ante la posibilidad de otorgar una vida más digna para cerca de 400 mil
personas de la tercera edad, las cuales de ser aprobada la reforma al párrafo tercero del
artículo 57 de la multicitada Ley del ISSSTE, verán incrementada la cuantía de su
pensión no sólo cuando se incrementen los sueldos de los trabajadores en activo, sino
además cuando en caso de que en la revisión anual se coteje el incremento con el Indice
Nacional de Precios al Consumidor y el incremento haya sido menor, se aumentará la
diferencia.
Con la aprobación de esta reforma a la Ley del ISSSTE, el PRI
manifiesta lo que a lo largo de varias reuniones se ha reiterado ante diversas
organizaciones, entre las que hoy destaco la Alianza Democrática de Pensionados y
Jubilados de Oriente ISSSTE, el Consejo Nacional de Jubilados y Pensionados del Gobierno
Federal, Estatales y Municipales de la República Mexicana, 30 organizaciones
independientes, el Sindicato Nacional de Trabajadores Jubilados por el Estado, FSTSE, y la
Asociación Nacional Prodignificación de Jubilados del ISSSTE; a ellos nuestro homenaje
por su lucha que hoy se verá concluida.
Con el apoyo decidido de todos estoy seguro que hoy alrededor del 65
por ciento de los jubilados y pensionados que han laborado en el servicio público,
reciben una pensión que oscila de uno a tres salarios mínimos, lo anterior debido a que
los niveles inflacionarios y la crisis financiera de los últimos años ha ocasionado que
las percepciones de los jubilados y pensionados se queden rezagadas.
Concluyo señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: El
ISSSTE, creado hace 41 años como producto de una larga lucha de los trabajadores y las
trabajadoras mexicanas, ha permitido dar cumplimiento a uno de los fines más altos de la
justicia social, Sin embargo, en materia de pensiones se requiere no sólo la aprobación
de la reforma que hoy se discute en esta soberanía, se plantean importantes retos a los
cuales estamos dispuestos los diputados, y hoy lo reiteramos los diputados del PR I, a
hacer frente.
Estamos dispuestos a discutir alternativas para que el ISSSTE siga
siendo un instrumento de bienestar social, porque los jubilados y pensionados se jubilan
del trabajo y no de la vida, demandan la aprobación de esta reforma para ser personas
autónomas, activas y socialmente integradas, Compañeras, les pido su voto a favor.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don Samuel Aguilar Solís.
Hemos desahogado la lista de oradores inscritos para fijar posiciones a nombre de los
partidos y grupos parlamentarios. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado José
Soberanes González y esta Presidencia solo puede ofrecérsela en los términos del
Artículo 102 hasta por cinco minutos.
Tiene el uso de la palabra el Diputado José Soberanes González, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE SOB~RANES GONZALEZ (P.R.I.) :Con su permiso
Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores: Una sociedad que respeta, que
tiene estimación por sí misma es una sociedad que invierte en su gente, que invierte en
la formación de nuevas generaciones como posibilidad de su propia permanencia, identidad
y desarrollo y que gasta en una existencia plena y digna que cubra los mínimos de
bienestar para quienes representan su memoria y son la síntesis de su experiencia.
En los últimos meses hemos sido testigos de un justo reclamo de los
jubilados y pensionados que sirvieron al Gobierno y al pueblo de México. Para nadie en
nuestro país es un secreto las deplorables condiciones en que sobrevive la mayor parte de
jubilados y pensionados.
El movimiento revolucionario de principio del siglo XX impulsado por
las profundas injusticias y diferencias sociales que todos conocemos, dio lugar a la
Constitución que marcó el inicio del México moderno, sentando bases y ejemplo para el
mundo, incorporó derechos sociales que reivindicaron las demandas más sentidas para el
mejoramiento y dignificación de la vida colectiva individual.
Lo que reclaman en esencia los jubilados y pensionados es solamente su
derecho a un trato digno y justo como establece el espíritu de nuestra Constitución
después de haber servido a las Instituciones de la República. Esta tarea es un
imperativo moral y ético, implica atender y ser congruente con el compromiso de justicia
social que contiene nuestro proyecto de nación, dar prioridad y adecuada respuesta para
esta demanda es saldar una deuda histórica y social para quienes sirvieron y construye
ron un México, es sentar las bases de un futuro con verdadera justicia como lo soñaron
los Constituyentes de 1917 que instalaron sólidos cimientos a favor de la clase
trabajadora.
Las inequitativas condiciones de nuestros jubilados y pensionados son
un serio cuestionamiento al ideal de la justicia por el que se luchó con el proceso
revolucionario del siglo pasado.
Dentro del Artículo 123 Constitucional se recogi6 la protección de
las condiciones de trabajo de grupos sociales vulnerables y en derecho a una vida decorosa
y digna de las personas que han dedicado su vida al trabajo al servicio de la sociedad,
condiciones que representan derechos ganados a pulso, que deben ser substanciados a
través de políticas públicas, permanentes, congruentes y consecuentes y no con visiones
simplistas que conciben estas acciones como limosnas derivadas de programas sociales y
asistenciales, en particular con respecto a los trabajadores al servicio del Estado.
En 1993 se reforma la disposición de la Ley del ISSSTE, que
establecía que los incrementos a las pensiones y jubilaciones se otorgarían en la misma
proporción en que se incrementaran los ingresos de los trabaja dores inactivos (?), para
disponer en su lugar que aumentaran de acuerdo al salario mínimo.
Como grupos altamente vulnerables que son, no puede verse dicho asunto
con una óptica meramente económica teniendo realmente el trasfondo real y humano que es
necesario realizar, por eso es que el grupo de diputados que en esta soberanía
representamos a los trabajadores de la educación agremiados en el Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Educación, consideramos de la mayor justicia social revertir la
medida adoptada en aquella reforma.
Saludamos el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que nos ocupa
y les exhortamos a votar a favor del decreto que la acompaña, un decreto que no es
panacea pero que significa un primer paso para recuperar en parte la vida decorosa que el
esfuerzo de décadas les merece.
Compañeros y compañeras legisladores: Les pido que juntos hagamos un
serio y profundo ejercicio de reflexión apelando a nuestras conciencias, en el entendido
que la presente enmienda no es un acto parlamentario más, sino un acto elemental de
justicia social.
Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente. ( aplausos )
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don José Soberanis González.
Honorable Asamblea:
Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento y toda
vez que el decreto contiene un artículo único, al tiempo de que hemos desahogado la
lista de oradores, quiero solicitar con fundamento en el artículo 114 y 115 del
Reglamento, a la Secretaría, consulte a la Asamblea toda vez que han hecho uso de la
palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, el
diputado Miguel Rosaldo Salazar, el diputado José Marra Rivera Cabello, el diputado
Samuel Aguilar Solís y para hechos el diputado José Soberanis González, si se encuentra
suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que
modifica el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
LA SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: En votación
económica, se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el
proyecto de decreto en lo general y en lo particular,
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
VOTACION
Hay unanimidad señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria.
Está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
(aplausos)
Quiero rogar a la Secretaría, para efectos de que no quede en ningún
miembro de la Asamblea duda alguna de cómo quedaría, de ser aprobado el artículo 57 de
la Ley del ISSSTE, quiero rogar a la Secretaría dé lectura señalando exactamente en
qué términos se modifica o se propone que se modifique el artículo 57 de la Ley del
ISSSTE.
Proceda señora Secretaria,
LA MISMA SECRETARIA: Con mucho gusto señor Presidente. "Artículo
Unico. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 y se adicionan dos párrafos que
serán cuarto y quinto, y el actual párrafo cuarto, será el sexto de la Ley del ISSSTE,
para quedar como sigue:
Artículo 57. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente con
forme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice nacional
de precios al consumidor con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada
año.
Voy a hacer una aclaración que me solicita la Presidencia.
Artículo 57... (puntos suspensivos). Primer Párrafo... (puntos
suspensivos).
La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al
incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice nacional de
precios al consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada
año.
En caso de que en el año calendario anterior el incremento del índice
nacional de precios al consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados, a los sueldos
básicos de los trabajadores en activos, las cuantías de las pensiones se incrementarán
en la misma proporción que estos últimos.
Siguiente párrafo. De no ser posible la identificación del puesto
para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el Indice
Nacional de Precios al Consumidor como criterio de incremento.
Siguiente párrafo. Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una
gratificación.. (puntos suspensivos que indican que queda como estaba).
Transitorios.
Primero. Este decreto entrará en vigor el primero de enero de 2002.
Segundo. En el caso de trabajadores que se hayan jubilado o pensionado
con más de una plaza a la pensión que corresponda a la suma de las plazas se le
aplicará lo dispuesto en el artículo 57.
Tercero. Si en un plazo de tres meses a partir de que sea exigible el
incremento no es posible hacer la identificación del puesto se aplicará lo que establece
el párrafo V.
Es todo, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
Le ruego ahora se den los avisos a que se refiere el Reglamento y la
apertura del sistema electrónico de votación para recibir la votación en lo general y
en lo particular en un sólo acto, hasta por 15 minutos.
LA MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior y se abra el sistema electrónico de votación por
15 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del Proyecto de
Decreto.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTE: Se pide se informe a esta Presidencia del resultado
de la votación.
LA C. SECRETARIA: Señor Presidente, se emitieron 446 votos, hay
unanimidad; ningún voto en contra y ninguna abstención.
EL C. PRESIDENTE: Son 444 votos.
LA C. SECRETARIA: Corrijo, señor Presidente. son 444 votos; ninguno en
contra; ninguna abstención. Hay unanimidad.
EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular, por 444
votos, que representan unanimidad de los presentes en la asamblea, el proyecto de decreto
que reforma y adiciona el artículo 54 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales; el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antes de proceder al desahogo del siguiente punto del orden del día,
esta Presidencia quiere hacer expreso reconocimiento y una felicitaci6n a la Comisión de
Seguridad Social, a los coordinadores parlamentarios y a todos y cada uno de ustedes, por
el esfuerzo realizado y por el testimonio ofrecido a través de este consenso. Es la
única forma que esta Cámara puede hacer avanzar sus proyectos legislativos.
Gracias y felicidades a la asamblea.
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El siguiente punto del orden del día
corresponde a proposiciones con punto de acuerdo.
Para formular una proposición con punto de acuerdo para que el
Ejecutivo Federal envíe a esta Cámara de Diputados el anteproyecto del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 y para que comparezca a exponerlo el Secretario de Gobernación, se
con cede el uso de la palabra, hasta por 20 minutos, al diputado Rafael Hernández
Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. LORENZO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con su permiso señor
Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Conviene para el fortalecimiento del Poder Legislativo y para la
consolidación del sistema de planeación democrática, que esta Cámara de Diputados
tenga una mayor participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo
20012006. Hoy, cuando el Presidente de la República insiste tanto en su reforma
hacendaria, pregunto, ¿por qué no discutir en esta Cámara el proyecto y el rumbo de
nuestra nación, por qué limitarnos a discutir de dónde sacarle más dinero a los
mexicanos sin analizar y definir la estrategia del desarrollo del país?
El cambio político y la posibilidad del cambio de régimen supone la
transformación de la política y la actitud centralista y presidencialista. Un país de
100 millones de habitantes, con un Poder Ejecutivo que carece de mayoría en los gobiernos
estatales y municipales, en muchos de los congresos estatales y en el propio Congreso de
la Unión, debieran obligar al titular del Ejecutivo a definir bajo la figura del consenso
los acuerdos básicos acerca del rumbo de la nación y de los recursos necesarios para
ello.
Por ello consideramos que una verdadera reforma fiscal integral debe
ser resultado de un doble pacto: uno, el de los objetivos básicos del desarrollo
nacional, y dos, el del fortalecimiento del herario público y el destino y la
distribución de la riqueza.
No basta asumir que es necesario incrementar el ingreso público, se
requiere construir juntos el acuerdo de un nuevo pacto nacional. A esto y sólo a esto se
le puede llamar un proceso de transición democrática a nuevos estadios de desarrollo.
El plan sexenal del periodo 3440, emitido por el gobierno del general
Lázaro Cárdenas, orientó la política económica y social del Estado durante ese
sexenio y alcanzó sus principales objetivos en materia agraria, laboral, social,
educativa y de aprovechamiento y de defensa de los recursos naturales del país. Con ese
primer antecedente la planeación en México cuenta con una historia de 70 años, ello
muestra una persistente conciencia de la necesidad de racionalizar a partir del Estado el
uso de los recursos económicos para satisfacer las grandes necesidades sociales y regular
la economía en función de los objetivos nacionales.
La reforma a los artículos 25 y 26 de la Constitución y la
expedición de la Ley de Planeación, realizadas en 1982, incorporaron el concepto de
planeación democrática y establecieron la obligación del Ejecutivo de elaborar un Plan
Nacional de Desarrollo. Lamentablemente este sistema de planeación se ubicó en una
profunda paradoja, pues precisamente a partir de 1982 se impuso una política económica
contraria a la intervención del Estado en la economía, el neoliberalismo que considera
que la economía alcanza la optima regulación cuando se deja en plena libertad a las
fuerzas del mercado, es decir, cuando no hay regulación.
Los planes nacionales de desarrollo decretados por Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en sus respectivos sexenios no se cumplieron,
debido principalmente a la nueva concepción de la economía que implicó cambios
sustantivos en los objetivos de la política económica y el abandono de las prioridades
del desarrollo.
Durante esos 18 años la política de reajuste desplomó el gasto y la
inversión públicos; suprimió masivamente las empresas paraestatales, acabó con el
fomento a la industria y a la producción agropecuaria y minera. Así, el Gobierno Federal
abdicó de los fines del desarrollo nacional en aras de los intereses de los banqueros y
grandes empresarios, los que fueron favorecidos una y otra vez con las privatizaciones y
los rescates bancario y carretero,
Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el marco legal e
institucional vigente en el país imposibilita en la practica la planeación democrática;
el Plan Nacional de Desarrollo su expedición es una atribución reservada al Poder
Ejecutivo que concentra en sus manos la realización de las consultas, el diseño de su
mecánica y agenda, la síntesis y ponderación de las posiciones y propuestas expresadas,
el diseño del plan mismo, así como su aplicación y vigilancia. Al Congreso de la Unión
se le concede el limitado derecho de opinar sobre el contenido del plan y su posterior
aplicación.
Así, hoy, los diputados federales somos mudos testigos de la puesta en
marcha de una consulta ciudadana a la que el Gobierno Federal convocó y organizó
unilateralmente para recabar opiniones y sugerencias para el Plan Nacional de Desarrollo
2001 2006,
Se anunció un proceso de consulta consistente en una pagina de
internet, correo directo y reuniones de opinión ciudadana en las que se realizarán o se
realizaron ya reuniones de ponencia, de validación y sesiones de planeación,
Mucho nos tememos que tales eventos se hayan reducido a ejercicios pura
mente burocráticos en los cuales la última palabra la tendrá siempre el Poder
Ejecutivo.
El régimen presidencialista que aún vivimos se ha caracterizado por
una excesiva concentración de facultades en manos del Poder Ejecutivo Federal, tal
concentración se encuentra apuntalada por un sistema de leyes que dota de capacidades y
amplios márgenes de discresionalidad al Ejecutivo.
Esta discresionalidad otorgada por un sistema de leyes secundarias que
en ocasiones contravienen los ordenamientos constitucionales ha sido uno de los factores
importantes que han permitido tanto los excesos como las carencias de la política
económica. Una ejemplo de ello lo encontramos en la Ley de Planeación en la que destaca
una grave contradicci6n con la Constitución.
Como se sabe, los artículos 73 y 74 constitucionales, establecen la
facultad del Congreso y de la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos. Sin embargo la Ley de Planeaci6n no le otorga facultad para
aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, sino s61o para formular observaciones.
El Ejecutivo Federal envi6 recientemente, el 31 de enero anterior, a la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un oficio en el que solicita a los Poderes
de la Uni6n su contribución para enriquecer la consulta ciudadana sobre el Plan Nacional
de Desarrollo y adelanta que pondrá a su disposici6n una versión preliminar del Plan
Nacional de Desarrollo, con objeto de recoger en la versión definitiva su análisis y
comentarios.
Adicionalmente informa que el Secretario de Gobernación será el
conducto para que se establezcan los mecanismos de participación de los legisladores.
Debe señalarse que de acuerdo con el calendario de elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo a mediados del presente mes el Presidente concluirá la
segunda revisión del Plan para presentarlo formalmente a finales de mayo ante el
Congreso. La importancia del tema nos lleva a sostener que es necesario que esta Cámara
conozca el texto preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2001 2006, antes de que
concluya el actual período de sesiones ordinarias.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 93 segundo párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 53, 58 y 90 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a consideración del pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que con base en los ofrecimientos hechos por el Presidente de
la República en comunicación dirigida a la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión el 31 de enero del presente, la Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo Federal
que a la brevedad le dé a conocer la versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo
2001 2006.
Segundo. Con objeto de asegurar una participación más amplia de los
legisladores en la definici6n del Plan Nacional de Desarrollo, y cumplir a cabalidad con
lo dispuesto por el Artículo 26 constitucional y en la Ley de Planeación vigentes, se
cita a comparecer ante el pleno al Secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel
Miranda.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones
Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Miroslava García, hasta por cinco
minutos.
LA C. DIP. MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la
Presidencia. Señoras y señores diputados: Me parece que es necesario reflexionar sobre
el Punto de Acuerdo que acaba de presentar el diputado Rafael Hernández, porque parece
ser que la discusión general de la reforma fiscal en este país se está abordando en
forma un tanto extraña. Esto está planteado desde el Poder Ejecutivo en una forma que de
acuerdo a la metodología no es lo correcto.
Nosotros planteamos que necesitamos plantear los objetivos, plasmar los
compromisos que el poder Ejecutivo hizo durante la campaña electoral a todos los
mexicanos.
Y no podemos abordar el asunto del proceso de la reforma fiscal
desligado del proceso general de reforma del Estado que debe vivir nuestro país y desde
luego, de los compromisos explícitos que deben estar plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo.
En términos generales de planeación yo quiero recordar que tal vez
estén olvidando los señores del gabinete con su amplia experiencia empresarial, que las
cosas primero se tienen que planificar y que posteriormente tenemos que ver cuáles son
los recursos y los alcances con que dispone el país para cumplir esos compromisos. Y en
esta discusión las cosas no se han dado en ese orden lógico, metodol6gico que
necesitamos.
Es por eso que yo advierto, tal vez de una intención del Poder
Ejecutivo, para eliminar el debate del contenido sustancial de la reforma fiscal y del
Plan Nacional de Desarrollo.
Nos parece que este Legislativo debe tomar en sus manos la posibilidad
no sólo de analizar el Plan Nacional de Desarrollo sino también de aprobarlo y
modificarlo. Y en ese sentido nosotros estamos esperando señales claras del Ejecutivo,
donde se expresen estos compromisos con el país, con los ciudadanos, y posteriormente
entrar de lleno a un proceso de reforma fiscal.
Yo advierto de esta contradicción y de estas serias deficiencias en la
discusión propuesta por el Ejecutivo, porque pareciera ser que hay una premura que no
entendemos desde el PRD, para hacer avanzar de manera, tal vez solamente de imagen,
algunos temas desde esta Cámara.
Y lo digo, porque me sorprende tremendamente, que en la Orden del Día
que nos presentan en esta Gaceta del día de hoy, vemos cosas como que la Comisión de
Hacienda y Fomento, se van a reunir las dos Comisiones, para presentar, analizar, discutir
y aprobar en una sola sesión, una iniciativa que es sumamente importante, relativa a la
Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Y me parece aun una mayor contradicción, que en el paquete que nos
entrega el Ejecutivo, relativo al sector financiero, se hable de esta iniciativa de ley,
que ni se ha presentado, analizado y mucho menos aprobado. Y se habla como un punto de
partida para atender las iniciativas del sector financiero del gobierno.
Y esto, señores, es una falta absoluta de respeto para este Poder
Legislativo, porque nos están diciendo que independientemente del trabajo que hagamos en
Comisiones, esa será la iniciativa con la que este país cuenta como Ley de Ahorro y
Crédito Popular, y que esa será la base para desglosar una serie de iniciativas
alrededor del sector financiero.
Eso, compañeros, compañeras, diputados y diputadas, no es otra cosa
más que un albazo, y yo lo que les quiero pedir a todos, a los compañeros de la
Comisión de Hacienda, de Presupuesto particularmente, y a todos ustedes, que respetemos
nuestro trabajo, y que nos demos los tiempos necesarios, no sólo para analizar la
propuesta del Ejecutivo sino también para conocer nuestras propuestas que se orígenes
desde el Legislativo. Y finalmente, poder en este año, a más tardar, de septiembre a
diciembre, contar con una base lo más consensada posible sobre reforma fiscal.
También quiero advertir, para concluir, que los plazos están
establecidos en el trabajo legislativo, y que la reforma fiscal no tiene ningún
inconveniente para ser abordada y resuelta de septiembre a diciembre como lo marca la ley.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Si, señor diputado.
Adrián Rivera, por favor, sonido a la curul.
EL C. DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (desde su curul): Gracias señor
presidente, solamente para hacer una solicitud respecto a este Punto de Acuerdo, ya que
toca temas de gobernabilidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo y hay una propuesta
para citar al Secretario de Gobernación, que pudiera turnarse a la Comisión de
Gobernación, y si no hay inconveniente del proponente, o en su caso a Comisiones Unidas,
también incluyendo a la de Gobernación.
EL C. PRESIDENTE: Según veo el diputado Rafael Hernández no tiene
inconveniente, por lo tanto, ruego a la Secretaría turnar también a la Comisión de
Gobernación el Punto de Acuerdo al que nos referimos.
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Para referirse en relación a la integración del
Consejo de Administración de Pemex, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos la
diputada María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática.
LA C. DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA. Gracias, señor
Presidente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados.
Vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo para que la
Cámara de Diputados pueda ratificar un pronunciamiento que hizo la Comisión Permanente
sobre los nombramientos hechos por el Presidente de la República en el Consejo de
Administración de PEMEX.
Vengo a presentar esta proposición, ante el silencio injustificado el
Ejecutivo Federal, de frente a una preocupación y a una recomendación que hiciera la
representación legislativa de la Cámara de Senadores y de Diputados en la Comisión
Permanente pasada y porque hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta ni por escrito
ni verbal, ni siquiera a través de los medios; en todo caso, en lugar de dar una
respuesta oficial y seria como merece el Poder Legislativo, lo único que llegamos a
escuchar fue alguna declaración hace algunos días por ahí, de que este formato de
integrar a empresarios a los Consejos de Administración, lo irían a plantear por ejemplo
para el caso de la CFE también.
En este sentido, hay que recordar que el 21 de febrero de este año, el
2001, el diputado Carlos Aceves del Olmo, miembro de la Comisión Permanente y a nombre de
los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la
Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo sobre estos
nombramientos. Dicha proposición fue turnada en su momento a la Primera Comisión de la
Comisión Permanente.
En esa proposición, tanto el Partido Revolucionario Institucional como
el Partido de la Revolución Democrática, manifestamos el interés de que este órgano
del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente considerara que los nombramientos
hechos por el Presidente de la República a favor de cuatro empresarios para integrar el
Consejo de Administración de PEMEX, eran a todas luces contrarios al texto y espíritu de
los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución General de la República y violatorios
de manera expresa al artículo séptimo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiados.
En este texto solicitábamos que la Comisión Permanente, emitiera un
pronunciamiento en donde de constatarse las violaciones a la legislación aplicable,
procedía por tanto la revocación inmediata de dichos nombramientos por parte del propio
Presidente, a efecto de hacer otros con estricto apego a lo establecido en la
Constitución y en la Ley Orgánica de la Empresa Petróleos Mexicanos.
Además, decíamos en esta proposición que la Comisión Permanente
vería con buenos ojos la posibilidad de que en lugar de esto, de estos nombramientos que
había hecho el Ejecutivo Federal, se pudiera conformar una especie de cuerpo técnico de
consejeros de Petróleos Mexicanos que fueran nombrados por el Presidente de la
República, pero que no contraviniera ni la Constitución ni la Ley Orgánica.
El 28 de febrero del 2001, la Primera Comisión presentó ante el pleno
de la Comisión Permanente el proyecto de dictamen correspondiente; en este dictamen que
presentamos a la Comisión Permanente, prácticamente se retomaban los aspectos que ya
habían sido cuestionados desde el principio. Esto es que solicitábamos a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, retomara la ilegalidad de estos nombramientos de los
cuatro empresarios como representantes del Estado para integrar el Consejo de
Administración de PEMEX y que por lo mismo se mantenía la violación tanto a la
Constitución como a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
En este sentido, se consideró que si nosotros le dábamos una
interpretación de manera integral a los artículos constitucionales que hemos mencionado:
25, 26, 27 constitucional, no cabia ninguna duda en que la participación conjunta del
estado y los particulares no incluía las áreas estratégicas en las que el estado tiene
dominio directo. No se puede afirmar entonces, que ser representante del estado es
solamente quien llega a una institución u organización pública desde el sector privado,
nombrado por el presidente, para de esta forma convertirse de manera inmediata en parte de
un ór~3ano de gobierno como es esta empresa del estado, que está además, diri~3ida a la
explotación de un recurso natural sobre el que la nación tiene dominio de manera
directa.
En tal virtud y sin desestimar, y esto lo quisimos dejar muy claro
desde la Comisión Permanente, y queremos dejarlo muy claro también ante el Pleno de esta
Cámara de Diputados, sin desestimar el respeto al principio básico de división de
poderes en que se sustentan las relaciones de colaboración que deben existir entre los
diferentes órganos en que se divide obviamente el ejercicio de la función pública, la
primera comisión de la Comisión Permanente, sometió a consideración tres resolutivos:
el primero consistía en que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
consideraba y considera que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a
favor de estos 4 empresarios para integrar el Consejo de Administración de PE,VIEX, son a
todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos constitucionales ya
mencionados y al 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Por lo anterior, y ese fue el segundo resolutivo, se determina que
procedería por parte del Ejecutivo la reconsideración de dichos nombramientos. Quiero
aclarar incluso aquí que al principio habíamos planteado que procedía la revocación de
dichos nombramientos. Pero tratando de que fuera una proposición al Ejecutivo Federal,
modificarnos el texto original del dictamen y planteamos que en todo caso era más
conveniente decir que se favorecía la necesidad de reconsiderar por parte del Ejecutivo
Federal estos nombramientos.
Y el tercero, insistiríamos en que la Comisión Permanente vería con
beneplácito la conformación de este órgano consultivo técnico, formado por gente
especializada en la cuestión petrolera, que fueran connotados profesionistas,
investigadores, técnicos, etc. que
pudieran ser nombrados por el presidente, pero que tuvieran solamente
el carácter consultivo.
Esto fue lo que aprobamos en la Comisión Permanente el 21 de febrero
de 2001. Y es el momento en que como decía 21 principio, no hemos tenido por parte del
Ejecutivo Federal ninguna respuesta al respecto.
Por eso mismo después de mes y medio en que la Comisión Permanente
emitió este Resolutivo, queremos proponer a esta Cámara de Diputados en primer término,
que ratifique el acuerdo de la Comisión Permanente que se aprobó en cuanto al
nombramiento de estos 4 empresarios al Consejo de Administración de PEMEX, incluye los
tres párrafos que ya acabo de mencionar.
En segundo lugar planteamos que el Ejecutivo Federal envíe una
respuesta por escrito a esta Cámara de Diputados, respecto a estos
acuerdos de la Comisión Permanente y que ahora planteamos que sean
ratificados por la Cámara de Diputados para que nos diga por lo menos, qué pasa con esa
propuesta, con esa solicitud que le hizo la Comisión Permanente. Y ojalá que lo sea
también por la propia Cámara de Diputados. Si es sí, que nos lo diga. Si no está de
acuerdo que nos lo fundamente legalmente por qué no está de acuerdo con nuestra
recomendación.
Y tercero, estamos proponiendo que la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo proceda de inmediato a determinar si existe el supuesto de
conflicto de intereses en el ejercicio de las funciones de los consejeros de Pemex que ya
hemos mencionado, previsto en dicha ley, para que se informe también por escrito a esta
Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
Sabemos que todos estos empresarios tienen negocios directos,
intercambios comerciales muy fuertes con Petróleos Mexicanos y consideramos que esto sí
determina un conflicto de intereses. Pero queremos que sea la Secretaría de la
Contraloría la que nos lo determine. Muchas gracias.
Solicito se turne a la Comisión de Energía y a la Junta de
Coordinación.
EL C. PRESIDENTE: Diputada María del Rosario Tapia Medina: la
proposición con punto de acuerdo, antes de pasar a la Junta de Coordinación Política,
toda vez que, como usted lo ha expresado, se refiere a la aplicación de una ley orgánica
y como usted también lo solicita, esta Presidencia determinaría el turno a la Comisión
de Energía y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
ratifique el pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre los nombramientos hechos por
el presidente de la república para integrar el Consejo de Administración de Pemex
La suscrita, Ma. del Rosario Tapia Medina, en mi calidad de diputada
federal a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo
Parlamentario del PRD, con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del
pleno la Proposición con punto de acuerdo para que esta Soberanía ratifique el
pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre los nombramientos hechos por el
presidente de la república para integrar el Consejo de Administración de PEMEX.
Antecedentes
1. El día 21 de febrero de 2001, el diputado Carlos Aceves del Olmo
presentó ante al Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre de los grupos
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, una Proposición con punto de acuerdo sobre los nombramientos hechos por el
presidente de la república, para integrar el Consejo de Administración de Pemex. La
proposición citada se turnó en la misma fecha para su dictamen a la Primera Comisión de
la . Comisión Permanente.
2. En la proposición se manifestaba el interés de que este órgano
del Congreso de la Unión considerara que los nombramientos hechos por el presidente de la
república a favor de cuatro empresarios mexicanos, para integrar el Consejo de
Administración de Pemex, eran a todas luces contrarios al texto y espíritu de los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República y violatorios del
artículo 7° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismo Subsidiarios.
Asimismo, en el texto aludido se solicitaba un pronunciamiento de la Permanente en el
sentido de que, de constatarse las violaciones a la legislación aplicable, procedía la
revocación de aquellos nombramientos por parte del propio presidente de la república, a
efecto de hacer otros con estricto apego a lo establecido en la Constitución y en la Ley
Orgánica de la empresa paraestatal de referencia. Además, se proponía establecer que la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión vería con beneplácito la conformación de
un cuerpo técnico de consejeros de Petróleos Mexicanos, nombrados por el presidente de
la república, que sin contravenir las normas constitucionales invocadas en la
proposición, por no ser investidos de funciones de autoridad y de gobierno, coadyuvaran
al mejor desempeño y a la acción moderna más eficaz y racional de esa empresa pública
de la nación.
3. Con fecha 28 de febrero de 2001, la Primera Comisión de la
Comisión Permanente, presentó al pleno de ésta el dictamen correspondiente en el que
destaca lo que sigue:
Que se observó en la proposición el interés de provocar la
actuación de la Comisión Permanente a través de la adopción de un acuerdo en el que
este órgano del Congreso de la Unión manifestara sus consideraciones en torno al
nombramiento que el presidente de la república hizo de cuatro connotados empresarios,
ajenos a la función pública y a la estructura administrativa gubernativa, para integrar
el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Nombramiento que, a juicio de los
legisladores proponentes, se había realizado con violación a lo dispuesto por los
párrafos cuarto y quinto de los artículos 25 y 28 de nuestra Carta Magna,
respectivamente, así como del artículo 7° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y
Organismo Subsidiarios. La Comisión consideró que interpretados de manera integral tales
párrafos, no había duda de que la participación conjunta del Estado y los particulares
no incluía las áreas estratégicas sobre las que el Estado tiene dominio directo. Afirma
que no puede ser representante del Estado quien llega a una institución u organización
pública desde el sector privado, para convertirse en parte del órgano de gobierno de una
empresa del Estado, dirigida a la explotación de un recurso natural sobre el que la
nación tiene el dominio directo. Bajo estas circunstancias, los órganos de gobierno de
las empresas que tienen a su cargo funciones relacionadas con áreas estratégicas, sólo
pueden constituirse por representantes del sector estatal que participan en el proceso
productivo correspondiente; naturaleza que le concierne al Consejo de Administración de
Pemex. Por consiguiente, no pueden los particulares ser miembros del Consejo de
Administración de Pemex, en calidad de representantes del Estado, pues no basta la
designación o nombramiento que haga de ello el presidente de la república, si su
designación carece de sustento legal. Y si bien es cierto, abunda la Comisión
dictaminadora, que el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales abre la
posibilidad de ser miembros del órgano de gobierno de una entidad pública a
representantes de los sectores privado y social, también lo es que la jerarquía
reglamentaria de este ordenamiento administrativo no puede contravenir a la Ley Orgánica
de Pemex y mucho menos al texto constitucional.
Estas y otras consideraciones, sirvieron de fundamento y motivación
ala proposición que analizada.
4. En tal virtud, y sin desestimar el respeto al principio de división
de poderes en que se sustentan las relaciones de colaboración que deben existir ente los
distintos órganos en que se divide el ejercicio de la función pública, la Primera
Comisión de la Comisión Permanente sometió a consideración del pleno los siguientes
resolutivos:
"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
considera que los nombramientos hechos por el presidente de la república a favor de
cuatro empresarios mexicanos para integrar el Consejo de Administración de Pemex, son a
todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos 25 27 y 28 de la
Constitución General de la República y violatorios del artículo 7° de la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
"SEGUNDO. Lo anterior determina que procedería la revocación de
dichos nombramientos por parte del propio Presidente de la República, a efecto de hacer
nuevos nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley
Orgánica de la empresa paraestatal de referencia.
"TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
vería con beneplácito la conformación de un Cuerpo Técnico de Consejeros de Petróleos
Mexicanos, nombrados por el Presidente de la República, conformado por connotados
empresarios, profesionistas y técnicos que coadyuven al mejor desempeño y a la acción
moderna más eficaz y racional de esta empresa pública de la Nación."
5. Estos puntos fueron aprobados por mayoría de votos por la Comisión
Permanente, con un cambio en el resolutivo segundo, fruto de la discusión y de la
reflexión maduras de diputados y senadores. La redacción aprobada fue la siguiente:
"Segundo. Por lo anterior se estima pertinente proceder a la reconsideración de
dichos nombramientos por parte del propio Presidente de la República, a efecto de hacer
nuevos nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley
Orgánica de la empresa paraestatal de referencia".
Una vez aprobada la proposición, el presidente en turno de la
Comisión Permanente, diputado Ricardo García Cervantes, señalo que éste órgano del
Estado "está legitimado para emitir esta declaración que contiene recomendación al
Ejecutivo, por lo tanto comuníquense los puntos resolutivos al Poder Ejecutivo."
Consideraciones
1. Que ha transcurrido casi mes y medio de que la Comisión Permanente
emitió resolutivo sobre la designación presidencial de los representantes del Estado
ante el Consejo de Administración de Pemex, y de que a la fecha no se ha recibido
respuesta en ninguna de las Cámaras del Congreso por parte del Ejecutivo sobre el
contenido mismo.
2. Que continuar. en funciones de Consejeros representantes del Estado
ante el máximo órgano de Pemex los empresarios Carlos Slim Helú, Lorenzo Zambrano
Treviño, Alfonso Romo Garza y Rogelio Rebolledo Rojas.
3. Que dichos integrantes del Consejo no han presentado su declaración
patrimonial como lo establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Por lo antes expuesto, me permito poner a consideración del pleno el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratifica los
acuerdos aprobados por la Comisión Permanente el 28 de febrero del año en curso en el
siguiente sentido:
a) De considerar que los nombramientos hechos por el presidente de la
república a favor de cuatro empresarios mexicanos para integrar el Consejo de
Administración de Pemex, son a todas luces contrarios al texto y espíritu de los
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución General de la República y violatorios del
artículo 7° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
b) Por lo anterior se estima pertinente proceder a la reconsideración
de dichos nombramientos por parte del propio presidente de la república, a efecto de
hacer nuevos nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la
Ley Orgánica de la empresa paraestatal referida.
c) La Cámara de Diputados vería con beneplácito la conformación de
un Cuerpo Técnico de Consejeros de Petróleos Mexicanos, nombrados por el presidente de
la república, conformado por connotados empresarios, profesionistas y técnicos que
coadyuven al mejor desempeño y a la acción moderna más eficaz y racional de esta
empresa pública de la nación.
Segundo. Acuerda dirigirse al titular del Ejecutivo Federal, a efecto
de que envié respuesta por escrito al acuerdo que a su vez adoptó la Comisión
Permanente el 28 de febrero de 2001, citado en el punto primero.
Tercero. En tanto el Ejecutivo Federal no reconsidere los nombramientos
hechos, procede que la Cámara de Diputados acuerde, con fundamento en el artículo 80 y
demás relativos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
solicitar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo exija a Carlos
Slim Helú, Lorenzo Zambrano Treviño, Alfonso Romo Garza y Rogelio Rebolledo Rojas
presentar de inmediato su declaración patrimonial. Asimismo, que esta dependencia
determine si existe el supuesto de conflicto de interés en el ejercicio de las funciones
de los consejeros de Pemex mencionados, previsto en dicha ley e informe, por escrito, del
resultado a esta H. Cámara de Diputados, a la mayor brevedad.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de abril
de 2001,
EL C. PRESIDENTE: Diputada Marra del Rosario Tapia Medina: la
proposición con punto de acuerdo, antes de pasar a la Junta de Coordinación Política,
toda vez que, como usted lo ha expresado, se refiere a la aplicación de una ley orgánica
y como usted también lo solicita, esta Presidencia determina el turno a la Comisión de
Energía y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
De ahí se podrá derivar, del estudio que ellos hagan, los términos
de una declaración que en todo caso podría ser turnada a la Junta de Coordinación
Política para que sea puesta a disposición del pleno.
Si usted me permite dar el turno a las comisiones de Gobernación y a
la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
LA C. DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA: Correcto.
EL C. PRESIDENTE: Gracias.
Para referirse a este mismo tema, han solicitado el uso de la palabra
el Diputado Juan Manuel Martínez Nava y el Diputado Héctor González Reza.
Se le concede el uso de la palabra, por 5 minutos, al Diputado Juan
Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Con su permiso, Diputado
Presidente. Compañeras y compañeros diputados: solicité el uso de la palabra para
insistir en los planteamientos hechos por la compañera Diputada Rosario Tapia, para
insistir en el registro histórico, que es importante que se haga, precisamente de los
antecedentes empresariales de una parte más importante del gabinete del Presidente Fox,
además de los de él mismo, quien ha dicho con claridad ante diversos foros
internacionales que su gobierno es empresarial.
No discuto el derecho del Presidente de la República para nombrara su
gabinete; tampoco discuto los derechos ciudadanos de los empresarios que en número sin
precedente pasaron a formar parte del equipo del Presidente porque, como ciudadanos,
tienen ese derecho. Pero insisto y aclaro, sus derechos políticos son por ser ciudadanos,
no por ser empresarios.
Ahí tenemos el caso del controvertido Secretario del Trabajo, Señor
Carlos Abascal, cuyo antecedente es haber sido Presidente de la Coparmex, organización
empresarial nacida en 1929, cuyo objetivo, desde su creación, ha sido la defensa de los
patrones, particularmente en sus relaciones y conflictos laborales.
¿Cuál será la postura del Señor Abascal en estos litigios?
Hay otros casos: el Ingeniero Ernesto Martens Rebolledo, que tiene
antecedentes de haber sido Director General del Grupo Vitro, de Monterrey, entre otros y
que ahora, como Secretario de Energía, tiene la responsabilidad de presidir los consejos
de administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad.
Otro caso del ingeniero Raúl Muñoz Leos, Director General de Pemex,
cuyo antecedente fue haber sido Director General de la empresa Dupont de México, poderoso
consorcio internacional de la industria química y petroquímica, es decir, los clientes o
la competencia privada de Pemex llegaron precisamente a su dirección.
El Secretario de Agricultura también tiene conocido antecedentes
empresariales la Secretaria de Turismo. Junto a ella, el Director General del Fondo
Nacional del Fomento al Turismo.
El Secretario de Comunicaciones y Transportes. El Secretario de
Hacienda. El Director General de Nacional Financiera que tiene, como algunos otros, el
común denominador de haber trabajado para alguno de los grupos empresariales de
Monterrey.
Hubo otros casos que en total llegaron a 19, de personas con
antecedentes empresariales que forman parte del Gabinete del Presidente Fox.
A mediados de febrero ocurrió lo que ya reportó la compañera Rosario
Guerra, ya no me referiré a ello.
Quisiera insistir en el señalamiento de las características del
gobierno empresarial de derecha del Presidente Fox, en el que no solo es notoria la
influencia que han adquirido los empresarios y en particular quienes han sido directivos o
empleados del Grupo Monterrey, tanto en el ejercicio de importantes funciones de gobierno
como en puestos de dirección, como se señaló, de áreas estratégicas de la economía
nacional que por ley deben de estar reservadas al manejo exclusivo del Estado mexicano.
Seguramente aquí está un parte muy selecta de los verdaderos Amigos
de Fox y de los verdaderos compromisos de su campaña. Tal vez aquí está una parte del
verdadero partido político de Fox y el verdadero grupo gobernante.
Quisiera señalar rápidamente algunas otras cuestiones respecto del
Gabinete del señor Fox. Su número excesivo que alcanzó 50 personas, que duplica el
número de espacios previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Abundancia de cargos que no muestran a un Presidente de la República austero ni
ahorrativo a la hora de nombrar a su equipo de colaboradores directos y tampoco lo muestra
riguroso y escrupuloso en cuanto al sustento jurídico para darles nombramientos a sus
colaboradores.
Aquí dejo para la Secretaría, señor Diputado Presidente, un conjunto
de ejemplares del Diario Oficial de la Federación, que fueron publicados entre el 4 de
diciembre de 2000 y el martes 9 de enero del presente año, en los que se dan sustento con
acuerdos del Ejecutivo a diferentes coordinaciones y direcciones especiales que creó el
Presidente de la República. Creó 16 cargos de coordinadores, un coordinador de opinión
pública e imagen, consejeros, comisionados, directores de oficina y hasta una embajadora
especial adscrita a la Presidencia, cuyo soporte legal y administrativo no existía y en
cuyo nombramiento no se cumplieron los procedimientos que marca la ley.
Esta falta de cuidado y escrúpulo jurídico del Presidente para
nombrar a este paquete de sus colaboradores, contrasta, y debo señalarlo, con el cuidado
jurídico que siempre ha caracterizado al Partido Acción Nacional. En estos casos, como
ya mencioné, seguramente prevaleció el entusiasmo presidencial por los nombramientos.
Finalizo señalando otro fenómeno que caracteriza la vida política de
nuestro país, que es la manera como se ha comportado el Presidente Fox con sus
contradicciones y excesos verbales, así como con su notoria preferencia por la vídeo
política, los actos, dichos e incluso ocurrencias que le representen las ocho columnas lo
más frecuentemente posible, sus campañas de me dios, sus frecuentes mensajes personales
a la nación para promover sus iniciativas a través de los medios, encima de la
promoción y articulación de verdaderos acuerdos políticos con las diversas fuerzas
políticas del país que integran el Poder Legislativo, que le permitan concretar en la
realidad los programas de gobierno que verdaderamente demanda la sociedad.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias,
Diputado Juan Manuel Martínez Nava.
Se ofrece el uso de la palabra al Diputado don Héctor González Reza,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO HECTOR GONZALEZ REZA [PAN]: Muchas gracias, señor
Presidente.
Ciudadanas y ciudadanos Diputados:
Vengo en nombre del Partido Acción Nacional sobre todo a hacer
referencia a la intervención de la Diputada del Partido de la Revolución Democrática.
Realmente, por más que pusimos atención, no entendimos cuál era el contenido o la
conclusión del Diputado que me acaba de anteceder en el uso de la palabra.
Sin embargo, rescatamos de él algo importante. Dice: "que a los
Diputa dos de Acción Nacional les ha caracterizado el cuidado jurídico".
Bien. Nuevamente el Partido de la Revolución Democrática esgrime una
interpretación equivocada: una vez más confunden el concepto del Estado y lo limitan al
significado de gobierno. Su argumento tendría lugar antes de hacer las leyes, pero no
después. Las leyes vigentes y las disposiciones que les dan precisión a dichas leyes no
les otorgan a ustedes, señores del PRD y del PRI, la razón en este caso y por eso
invocan el precepto constitucional sobre las áreas estratégicas y sobre la propiedad del
patrimonio nacional.
Y aquí, aquí no estamos discutiendo ni la rectoría de esas
actividades estratégicas ni la propiedad de los recursos naturales. En esto no hay
discusión. Para nosotros en el PAN está claro: ¡el petróleo seguirá siendo de todos
los mexicanos!
[Aplausos de la fracción parlamentaria panista]
Pero Pemex, como organismo descentralizado, se ha debido transformar en
los últimos años y es innegable la inaplazable necesidad de eficientarlo, de
modernizarlo y de dotarlo de una mayor autonomía, sobre todo financiera, para convertirlo
en una empresa estatal de vanguardia.
Y bajo esta realidad en la que se inscriben otros organismos públicos,
bajo esta realidad se elaboró la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la nueva Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Conste que estamos siendo
cuidadosos en materia jurídica! Pues la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece
claramente en su artículo 19 quiénes no pueden ser miembros de Consejos de
Administración de una paraestatal como Petróleos Mexicanos y los empresarios mexicanos
no están impedidos, véase el artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
La misma ley en su artículo 20 establece un candado, un candado para
asegurar y proteger el dominio del Estado sobre Petróleos Mexicanos, El artículo 20
establece que para la validez de las reuniones de dichos consejos solamente serán
válidas esas reuniones cuando la mayoría de los asistentes sean representantes de la
Administración Pública Federal, luego entonces está reconociendo que puede haber
consejeros que no lo sean; artículo 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Adicionalmente el artículo 25 de dicha Ley de Entidades Paraestatales,
instruye a que los nombramientos de los consejeros se inscriban en el Registro Público de
Organismos Descentralizados. Ahí podemos entonces verificar cómo han venido participando
ya representantes del sector privado en organismos tan importantes y trascendentes como el
Instituto Mexicano del Seguro Social, propuesto por cierto por mi partido, o el Instituto
del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, donde también participan empresarios en
sus consejos y ni se han privatizado ni ha habido conflicto de intereses, al contrario, se
han modernizado y se han eficientado, tan es así que el señor exdirector General del
Infonavit casi fue ratificado; ahora está en el FOVISSSTE.
Bien. Por su parte, ciudadanas y ciudadanos diputados, vamos ahora a la
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios Esta faculta al Presidente
de la República, de acuerdo a su artículo 7°, para designar a los seis representantes
del Estado, que no del gobierno, para formar parte del Consejo de Administración.
Y esta misma ley hace la distinción entre representantes del Estado y
representantes del gobierno, pues en su artículo 9°, relativo a los Consejos de
Administración de los organismos subsidiarios de PEMEX, dice que estos se compondrán de
ocho miembros; aquí sí, aquí sí señores, 4 representantes del gobierno federal y los
4 directores de PEMEX, los otros 3 de los subsidiarios y el Director General, exceptuando
el director del organismo en cuestión. ¡Nótese la lógica que se siguió en esta
transformación de PEMEX!
El Director General de PEMEX no forma parte del Consejo de
Administración de PEMEX, el Director General de PEMEX Petroquímica Básica, tampoco
forma parte de su Consejo de Administración. Entonces, el artículo 9° de la propia ley
distingue entre representantes del gobierno y representantes del Estado. No es necesario
aducir aquí una teoría general del Estado y tratar de confundirlo nuevamente.
Finalmente, para perfeccionar el marco normativo y precisar los
preceptos generales contenidos en la ley, así como para asegurar su adecuada aplicación,
el reglamento de la ley federal en su artículo 17 señala que los Consejos de
Administración podrán ser integrados por representantes de los sectores privado o social
que tengan experiencia en el ramo.
Ciudadanas y ciudadanos Diputados: Para el PAN está más que claro y
estamos convencidos, diputadas y diputados del PAN, de la legalidad en la integración del
Consejo de Administración de PEMEX. Lo importante para nuestra industria petrolera y para
el país es que cuanto antes empiece a funcionar ese Consejo.
Si otros aún tienen dudas, podemos aclararlas aquí o pueden consultar
a quien deseen, seguramente recibirán la misma explicación. Antes que pedir la
reconsideración de los nombramientos, deberían ustedes reconsiderar sus planteamientos.
Muchas gracias señor Presidente.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Héctor González Reza.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos para rectificación
de hechos don Efrén Leyva e inmediatamente después la Diputada Rosario Tapia.
EL C. DIPUTADO EFREN LEYVA: Es usted muy amable señor Presidente.
Compañeros Diputados. El tema de la integración del Consejo de Administración de PEMEX
fue ampliamente discutido en la pasada Comisión Permanente de este Congreso de la Unión
que funcionó durante el receso in mediato anterior.
Se discutió porque se notaba que efectivamente si la Ley, como lo vino
a mencionar el señor Diputado de Acción Nacional y utilizando sus mismas palabras, casi
iba bien hasta que la empezó a regar; no es posible que se mencione que está en toda
legitimidad, como lo marca la misma ley, de que se nombre como Miembro del Consejo a quien
tenga experiencia en el ramo ¿cuál experiencia en el ramo pueden tener los empresarios
que la única experiencia que han tenido, es venderle a PEMEX como el mismo Director
actual que está ahora como Director General de PEMEX que su último antecedente había
sido Director de DUPONT es decir una persona que les surtía a la misma empresa?
No se trata pues de discutir porque podríamos llegar a la teoría del
Esta do efectivamente y aquí nos podríamos pasar un buen rato si quieren en cuanto a una
discusión sobre Derecho, qué cosa es Representante del Estado y que cosa es
Representante del Gobierno y aquí podríamos ver quién nombra al Representante del
Estado y quién nombra al Representante del Gobierno y entonces lo que sí podríamos caer
sería que una cosa es ser representante del Gobierno o podríamos definir con mayor
claridad, representantes del sector público y representantes del sector privado.
Y la propuesta que hice yo en los 3 párrafos y 3 Puntos de Acuerdo que
se tomaron en la Permanente, como lo explicó con toda precisión la Diputa da Rosario
Tapia hace un momento y también en aquella ocasi6n en la Permanente, es de que lo que se
desea es que haya representantes del Gobierno como lo marca precisamente, que en ausencia,
incluso un párrafo de la misma reglamentación dice que: "En ausencia del
Representante ante el Consejo de Adrr,inistraci6n será sustituido por algún miembro del
área de trabajo o del área donde labora".
¿Cómo va a poder ser sustituido un representante por un miembro de su
misma empresa particular?. Yo creo que en ese momento lo que tenemos que discutir señores
es de que la propuesta que se llevó, que se turne a la Comisión, que se discuta en las
Comisiones, que se haga una propuesta concreta, que se reforme la ley y que haya
efectivamente un Consejo Consultivo no nos negamos a ello, al contrario debe existir un
Consejo Consultivo que pueda orientar las acciones que con la experiencia los empresarios
puedan tenerla y enriquecer las actividades de esta empresa tan importante tan útil y
necesaria para la economía de nuestro país, pero que se determine claramente que los
miembros de este Consejo de Administración deben ser gentes efectivamente ligadas con la
actividad que desarrolla esta empresa.
Es todo.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias don Efrén Leyva.
Se ofrece le uso de la palabra para rectificación de hechos hasta por
cinco minutos a la Diputada María del Rosario Tapia Medina, que es uno de l os hechos que
va a rectificar, el nombre.
LA C. DIPUTADA MARIA DEL ROSARIO TAPIA MEDINA: Realmente el debate que
dimos en la Comisión Permanente sobre el tema fue bastante amplio y bastante rico, mucho
más de lo que podríamos hacerlo en este momento en que ya prácticamente nuestro Recinto
tiene bastantes ausencias.
Pero sí es importante comentar que hay una diferencia muy importante,
que en su momento vamos a tener que abordar sobre el concepto de estado y lo subrayamos en
diferentes momentos, porque en nuestra Carta Magna se maneja en diferentes artículos, en
diferentes momentos, el asunto del estado.
Luego entonces en esta discusión quedó muy claro que para los
compañeros y compañeras del PAN el concepto de Estado no tiene nada que ver con lo que
en un momento dado es cierto, el PRD piensa sobre este concepto de estado.
¿Quiénes son representantes del Estado? ¿Sólo porque los nombra el
Ejecutivo y pesca a cualquier ciudadano que se le ocurre, en este caso cuatro grandes
empresari0s magnates del país? y esos . en este caso, 4 grandes empresarios, magnates del
pars y esos son representantes del Estado sólo porque los nombra el Ejecutivo Federal;
para nosotros definitivamente esto no tiene ninguna representación del Estado Mexicano,
entonces sí vamos a tener que discutirlo.
Y vamos a tener también que discutir, de manera abierta, en las
comisiones o aquí en el Pleno, el asunto de cómo se interpretan leyes secundarias porque
aquí el compañero del PAN que me antecedió viene a plantear la Ley Federal de Entidades
Paraestatales en sus artículos 19 y 20, y cuando yo desde la tribuna le digo léelo, pues
obviamente no lo quiere leer; pues no lo lee porque es un autogol, como lo hicieron
también en la Comisión Permanente, cuando en ese artículo se establece perfectamente
quienes son los que integran los consejos de administración de estos organismos
paraestatales y en donde se habla expresamente de que puede participar una representación
del sector social o del sector privado que en todo caso tiene que ser super mínima,
Pero en este caso ellos no entraron como representantes del sector
privado, no fueron nombrados como tales, fueron nombrados como representantes del Estado,
que es muy diferente a que sean representantes de la iniciativa privada como un sector
social que integra la amplia pluralidad de nuestra sociedad mexicana.
Entonces, esos artículos compañero, no son validos en esta
discusión, no son válidos.
Ahora, yo sí quiero insistir en que el debate lo podemos dar aquí de
nuevo pero venimos a hacer esta proposición y a tratar de plantear este punto de acuerdo
en un sentido fundamental, estamos solicitando que el Ejecutivo Federal le tenga un poco
más de respeto y consideración al Legislativo y tenga la mínima... yo diría, decencia,
porque no encuentro otro término, para responder,
Si el Ejecutivo Federal está de acuerdo con todos los argumentos que
vino a plantear aquí nuestro compañero diputado del PAN, bueno que nos lo diga por
escrito. La Comisi6n Permanente del Congreso de la Unión no es cualquier instancia, es la
representación de ambas Cámaras en un período de receso y no es posible que nuestro
Ejecutivo, si le llegó ese comunicado que yo espero que se lo haya hecho llegar la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente que presidía nuestro compañero Ricardo Cervantes,
pues mínimamente nos responda y nos diga por escrito por qué jurídicamente, desde qué
punto de vista legal sostiene esos nombramientos y que no nos lo vengan a decir sólo los
compañeros del PAN, queremos que él nos lo diga, porque quiero decirles que cuando vino
también el Director de PEMEX a una comparecencia con la Comisión de Energía y fue el
primer momento en que nosotros cuestionamos estos nombramientos, le dijimos "Oiga,
por qué los nombraron si está totalmente fuera de la Constitución, de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales, de la Ley Orgánica de PEMEX ."
""Pues yo no sé dijo, pregúntenle al Jurídico de la
Presidencia, seguramente el Jurídico de la Presidencia sabía por que se hicieron esos
nombramientos, yo no puedo responderles. " .
Bueno, estamos apelando al Ejecutivo Federal, a su Jurídico en la
Presidencia, a que nos responda sobre estos cuestionamientos y sí planteamos que no
queremos mas largas, por eso lo hemos traído a esta Cámara de Diputados para que retome
el asunto y para que pueda hacerse esta proposición.
Y finalmente, lo de la Secretaría de Contraloría, nos parece obvio.
Sostenemos que hay un conflicto de intereses, por que no nos dicen también por escrito,
una definición clara: hay conflicto o no hay conflicto y que se tomen las decisiones
pertinentes.
Gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias diputada Marra del Rosario Tapia Medina. Esta
Presidencia le informa a usted y a la Asamblea, que he solicitado a la Secretaría General
nos proporcione la copia del oficio mediante el cual se turna la resolución de la
Comisión Permanente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, que
es la que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como responsable
de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En cuanto la Secretaría me lo haga llegar, daremos cuenta a la
Asamblea y le proporcionare una copia a la diputada Marra del Rosario Tapia Medina.
Me ha solicitado el uso de la palabra, para rectificación de hechos y
alusiones personales, el diputado Héctor González Reza, a quien se le concede el uso de
la palabra hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO HECTOR GONZALEZ REZA (PAN): Muchas gracias, señor
Presidente.
Ciudadanas y ciudadanos diputados:
He subido con la ley, precisamente porque la compañera diputada decía
que no quise leer, no tenía en ese momento el libro aquí, pero el artículo 19 de la
mencionada Ley Federal de Entidades Paraestatales muy rápidamente.
"En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno, y
lo dije, el di rector general del organismo de que se trate, les puse de ejemplo que el
Director de PEMEX no era miembro de su Consejo de Administración. Se exceptúan la
prohibición en aquellos casos de los organismos a que se refiere el artículo Quinto de
esta ley y se refiere al Seguro Social, al I SFAM, no se refiere a Pemex, no vale la pena
abundar ahí.
Segundo. Los parientes, los cónyuges, en primera, en segunda, en
tercera línea.
"Tercero. Quienes tengan litigios pendientes con el organismo, las
personas sentenciadas también o inhabilitadas y,
"Quinto. No lo quise leer por lo siguiente, dice que ni los
diputados, ni los sena dores al Congreso pueden ser miembros del Consejo de
Administración".
El 20. Con mucho gusto, diputada.
"El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad que
señale el Estatuto orgánico, si que pueda ser menor de cuatro veces al año.
" El propio órgano de gobierno, que es el Consejo de
Administración sesionará validamente, y revísese por favor la versión estenográfica,
porque sí lo dije, sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad
más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes
de la Administración Pública Federal, cuando hablé del candado, a esto me refería.
"Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros
presentes, teniendo el Presidente voto de calidad".
Con mucha pena, pero estos dos artículos no le sirven ni a lo que
usted expuso, ni a lo que expuso el diputado que dijo que iba yo bien, pero cuando él
subió, él dijo que él entonces iba bien. No, me parece que él nunca fue bien, y nunca
fue bien por esto. El se refirió no a un artículo de la ley, sino a un artículo del
Reglamento, que es el 17 y el que habla que podrán se miembros del sector privado o
social y que deberán tener experiencia.
La primera que echó por tierra el argumento del diputado fue la
diputada Rosario Tapia, cuando dijo que no son representantes del sector privado, que son
o no representantes del estado. Entonces la diputada ya le contestó al señor diputado
del PRI.
Finalmente él dice que no tienen experiencia.
Miren ustedes, lo de la experiencia es una discusión tan amplia, como
la de la teoría del estado. Si nosotros demostramos que tienen mucha experiencia, ustedes
van a decir que entonces hay mucho conflicto de intereses o que están muy vinculados, y
si decimos que no tienen ninguna experiencia, ustedes van a decir, entonces no entran en
el supuesto del articulo 17.
Yo creo que aquí y en una cuestión reglamentaria no podemos caer en
esos excesos. Tienen la experiencia básica, fundamental para formar parte de un Consejo
de Administración como Petróleos Mexicanos . ¿ Experiencia en qué, En planeación
estratégica, en desarrollo de nuevos mercados, en comercio exterior, en fin, en
expansión, en nivel de inversiones qué se yo.
Finalmente, yo creo que las primeras partes de lo que ustedes han
dicho, algo nosotros les damos la razón, tiene que ser materia de una nueva discusión,
entonces que se vuelva a hacer la ley o que se vuelva a revisar el Reglamento, si pueden o
no ser miembros, pero a como está escrito en el texto que está vigente y al cual debemos
de ceñirnos, los nombramientos son legales.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Héctor González Reza.
Quiero recordar que este tema se está abordando en esta asamblea como
resultado de la presentación de una proposición con punto de acuerdo que ya fue turnada
a comisiones. Será en las comisiones en donde se pueda profundizar en el cono cimiento
del tema y en la argumentación pertinente a efecto de que si por mayoría o por consenso
en estas comisiones, la de Gobernación y la de Energía hacen un planteamiento a la
asamblea, se volverá a discutir el tema en la asamblea. De forma tal que yo quisiera
rogarles, que en consideración...
EL C. DIPUTDO EFREN LEYVA ACEVEDO (PRI): (Desde su curul): Señor
Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
EL C. PRESIDENTE: Sí, tiene usted derecho porque fue aludido en la
intervención anterior, y entonces le concedo el uso de la palabra para alusiones
personales, pero todo lo que estaba diciendo es válido, esto se seguirá discutiendo en
las comisiones y posteriormente volverá al pleno.
EL Dl P. EFREN LEYVA ACEVEDO: Señor Presidente, compañeros diputados:
Quise subir porque cuando yo dije que iba bien, que casi iba bien, me
refería a esa expresión que dijo, señor diputado, con todo respeto porque podemos ser
adversarios pero no enemigos de ninguna manera, que iba bien porque dijo usted que casi
ratificaron al Director del INFONAVIT cuando lo hicieron Director del FOVISSSTE. Yo creo
que lo corrieron del INFONAVIT y le dieron una chamba en el FOVISSSTE, que es diferente.
Entonces ahí no hay casi ratificación, hubo un pago por ahí, entonces a eso me refería
en esa expresión.
La otra que quiero yo ser muy light, dijera mi amigo Audarico, es de
que efectivamente la propuesta nuestra es de que revisemos nosotros que efectivamente
tiene bajo su responsabilidad el Presidente de la República, como lo marca la
Constitución incluso, no nada más la reglamentación, la posibilidad de nombrar a quien
se le antoje. Lo que estamos nosotros expresando es que lejos de haberse cumplido esta
reglamentación, lo que a nosotros nos parece es que está cumpliendo los compromisos de
campaña que hizo bueno, una opinión que vamos a expresar y la vamos a decir aquí y en
otros lados y de que está pagando esos compromisos que había hecho en campaña. Y lo que
a nosotros nos parece también adecuado es que esto se vaya y se dirima en comisiones para
que complementemos no tan solo en una discusión aquí en la tribuna y que nos estén
viendo nuestros compañeros que están en este salón y los que nos ven a través de los
medios electrónicos de comunicación, sino que dirimamos esto más ampliamente, no que
solamente vengamos aquí a decir cuál es nuestra verdad o nuestro punto de vista de cada
una de las fracciones parlamentarias, que siempre tendremos diversas.
Ustedes hoy son gobierno y tienen que defender el gobierno, ustedes son
gobierno y están defendiendo una posición de gobierno, nosotros creemos que se debieron
haber cuidado las formas y nombrar a esas personas efectivamente para que asesoraran la
gran y basta experiencia que tienen como empresarios exitosos, pero no como miembros del
Consejo de Administración.
Nuestra opinión fue manifiesta en la Comisión Permanente, por eso la
compañera diputada Rosario Tapia le pedía al señor Presidente de la mesa directiva, que
también fue Presidente de la Comisión Permanente, el trámite que se le había dado y la
molestia grave de esta intervención, sin duda compartida por nosotros, es la omisión que
sentimos hace el Ejecutivo de una demanda clara, precisa, concreta del Legislativa.
Esa es precisamente la intención a la que se había subido la
compañera y a la que nosotros abonamos nuestra carácter de diputados también que
exigimos el respeto de los Poderes del uno al otro. Pero a lo que vamos a final de cuentas
y con esto concluyo, señor Presidente de que en las comisiones tenemos que dirimir y
hacer una propuesta concreta al pleno.
Vayamos clarificando las acciones para que no queden dudas, vayamos
llegando al fondo del asunto. Si es necesario hacer una modificación a la ley,
hagámosla, hagámosla de tal suerte que quede transparente y que no haya dudas.
Todos los representantes del sector privado se dan efectivamente como
en el INFONAVIT, que hay desde los concamines y conca quién sabe qué, que hay patronal,
como lo hay en el Seguro Social, pero esa figura no estaba vista en la Ley de Petróleos
Mexicanos, sin embargo si es prudente, si ayuda, si fortalece, si consolida las acciones,
hagámosla. Creo que no hay mayor problema, estamos abiertos todos a que ahí hagamos las
leyes, que se transparente las acciones y que no hagamos cosas buenas que parezcan malas
ni cosas malas que parezcan buenas.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Efrén Leyva.
Esta Presidencia...
LA DIP. ROSARIO TAPIA MEDINA: (desde la curul) Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Me permite diputada Rosario Tapia, un momento. Fue usted
aludida y en ese sentido le ofreceré el uso de la palabra.
Estamos ya sobre el tiempo reglamentario de la sesión, pero esta
Presidencia no puede dejar pasar una sombra de duda sobre la tramitación que haya hecho
la Directiva de la Comisión Permanente, que recayó también ese honor en mi persona, y
quiero rogarle a la Secretaría dé lectura a los oficios mediante los cuales se dio
cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente y un oficio también que fue remitido
por el Ejecutivo en relación al mismo.
LA SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Sí señor
Presidente.
Un oficio de fecha 28 de febrero de 2001, dirigido al licenciado
Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se
transcribe:
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
considera que los nombramientos hechos por el Presidente de la República a favor de
cuatro empresarios mexicanos para integrar el Consejo de Administración de PEMEX, son a
todas luces contrarios al texto y espíritu de los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución General de la República y violatarios del artículo 7 de la Ley Orgánica
de Petr61eos Mexicanos y organismos subsidiarios,
Segundo. Por lo anterior se estima pertinente proceder a la
reconsideración de dichos nombramientos por parte del propio Presidente de la República
a efecto de hacer nuevos nombramientos con estricto apego a lo establecido en la
Constitución y la Ley Orgánica de la Empresa Paraestatal de referencia.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
vería con beneplácito la conformación de un cuerpo técnico de Consejeros de Petroleros
Mexicanos, nombrados por el Presidente de la República, conformado por connotados
empresarios, profesionistas y técnicos que coadyuven al mejor desempeño y a la acción
moderna más eficaz y racior1al de esta empresa pública de la nación,
La Presidencia dicto el siguiente trámite: Esta Presidencia expresa
que la Comisión Permanente está legitimada para emitir esta declaratoria que contiene
recomendaciones al Ejecutivo. Por lo tanto, comuníquense los puntos resolutivos al Poder
Ejecutivo.
Y firman, el diputado Ricardo García Cervantes, como Presidente y el
senador Héctor Astudillo Flores, como Secretario.
EL PRESIDENTE: Ciudadana Secretaria, le ruego dé cuenta del sello de
recibido que esta en la parte superior.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Sí, señor Presidente.
Tiene fecha de acuse 1o de marzo del 2001.
EL PRESIDENTE: Hay un oficio que se nos remite como copia del
interesado que también le ruego dé lectura.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Si', es un oficio que
remite la Dirección General de Gobierno, con fecha 1o de marzo del 2001.
Licenciado Juan de Dios Castro Lozano, Consejero Jurídico del
Ejecutivo Federal.
Con el presente le acompaño copia del oficio número DGPL5825254
suscrito por los ciudadanos Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, por el que comunican el Punto de Acuerdo aprobado en
sesión de fecha 28 de febrero próxima pasado, en relación a los nombramientos de cuatro
empresarios mexicanos hechos por el ciudadano Presidente de la República, para integrar
el Consejo de Administración de PEMEX.
Por lo anterior, le acompaño copia del acuerdo de referencia
solicitándole de la manera más respetuosa, hacerlo del conocimiento del ciudadano
Presidente de la República. Y firma el Director General de Gobierno, Sergio Orozco
Aceves,
EL PRESIDENTE: Esta a su disposición el expediente original por si
algún ciudadano diputado quiere consultarlo, Muchas gracias ciudadana Secretaria,
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosario Tapia, hasta por cinco
minutos para alusiones personales,
LA DIP. ROSARIO TAPIA: Bueno en primer término me gusta reconocer
públicamente mis errores y quiero decirle al diputado Héctor que tiene toda razón en
cuanto a los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y que
realmente la referencia que yo equivoqué fue la relacionada al artículo 17 de el
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales en donde refiere cómo se
integral1 los Consejos de Administración y en donde habla precisamente de quién encabeza
dicho organismo, los Secretarios de Estado que deben participar, la representación
posible del sector social o privado, Entonces no me cabe la menor duda en que hubo un
error diputado.
Sin embargo considero que esto no resuelve el fondo del debate. Yo creo
que finalmente el tema central que vamos a tener que discutir en comisiones y aquí es el
asunto de quiénes son representantes del Estado. Ese es el punto para mí fundamental, yo
no puedo ni siquiera pensar ni estar de acuerdo de manera inmediata en que sí aquí por
Congreso de la Unión pasan cuatro gentes y el Ejecutivo Federal dice estos me gustan
porque tienen capacidad de experiencia y con maravillosos, son representantes del Estado
ante un órgano tan importante como es una empresa como Petróleos Mexicanos. Eso es lo
que vamos a tener que discutir.
Y por otra parte quiero aclarar que de mi parte nunca hubo duda en
cuanto a que nuestro Presidente de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente, el
compañero Ricardo García Cervantes, hubiera enviado ese comunicado al Ejecutivo Federal.
Lo que sí agradezco es que ya no se leyeran más oficios porque a ese
paso de intentar enviárselo al Presidente Fox, se le manda a Creel y luego se le envía
al Director de Gobierno, más oficios nos hubieran llevado al secretario del secretario
del secretario de la Presidencia.
Entonces yo espero e insisto una respuesta de Fox, una respuesta de
Creel, una respuesta del Jurídico de la Presidencia, pero que le digan a este
Legislativo, cuáles son las bases jurídicas, legales, para sustentar estos
nombramientos. Gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada Rosario Tapia Medina.
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Hemos agotado el tiempo reglamentario de esta
sesión, también se han agotado los oradores sobre este tema e incorporaremos en el Orden
del Día de la próxima sesión los temas que como Proposiciones con Punto de Acuerdo y
Agenda Política quedaron pendientes de la presente sesión.
Ruego a la Secretaría dé cuenta con el Proyecto de Orden del Día de
la próxima sesión.
EL C. SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN; Desde luego, señor
Presidente.
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 12
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 19 de abril de 2001.
Lectura del Acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de: Durango, Jalisco y San Luis
Potosí.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
Del Congreso del Estado de Coahuila, en relación a las reformas del
Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas al Artículo 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
Comisión).
Que adiciona el Artículo 175 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México. (Turno a Comisión).
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
Con el que se remite comunicación del Congreso del Estado de Durango,
respecto a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Con el que se remite comunicación del Congreso del Estado de Tlaxcala,
respecto a las reformas del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE (A las 15:58 horas): muchas
gracias, señor Secretario diputado Medellín. Se levanta la sesión y se cita para la
próxima que tendrá lugar el próximo jueves 19 de abril a las once horas.
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APENDICES DE LA SESION DEL DIA 17 DE ABRIL DE
2001.
APENDICE No. 1
H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTE
Los CC. diputados coordinadores de las fracciones parlamentarias que
integran la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, emitieron un Punto de Acuerdo en relación a la muerte del C. Roberto
Chávez Reséndiz, originario y vecino de Mixquiahuala, Hgo., mismo que fue aprobado por
el Pleno, en la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, del cual le estamos enviando
copia para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, le reiteramos las seguridades de
nuestra consideración distinguida.
Atentamente
El Secretario de la Diputación Permanente
del H. Congreso del Estado
Dip. Pedro Porras Pérez (rúbrica)
Honorable Asamblea:
Los CC. diputados Gerardo Arturo Saucedo Delgado. Jorge Rocha Trejo,
Pedro Porras Pérez y Arturo Aparicio Barrios. coordinadores de los grupos legislativos de
los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional. de la Revolución
Democrática y del Trabajo, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en relación a la muerte del C. Roberto
Chávez Reséndiz, vecino del municipio de Mixquiahuala, Hgo., se permiten someter a su
consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que nuevamente la sociedad hidalguense padece las lamentables
consecuencias del deceso de un conciudadano, que el pasado S de marzo del año en curso,
fuera asesinado de un balazo durante una redada, por un agente de migración del vecino
país del norte, en el condado de Prima cerca de la ciudad de Tucson, Arizona, Estados
Unidos de Norteamérica.
Segundo. Desde luego, los integrantes que conformamos esta
Quincuagésima Séptima Legislatura, nos sumamos a la pena que embarga a la familia del
joven Roberto Chávez Reséndiz, originario y vecino del municipio de Mixquiahuala, Hgo.,
asimismo manifestamos nuestra más enérgica protesta en relación a estos hechos que
constantemente afectan la paz y la tranquilidad de las familias hidalguenses.
Tercero. En atención a lo antes manifestado, los que suscribimos,
solicitamos por conducto de la Secretaría. se giren oficios a los CC. Vicente Fox
Quesada, Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Jorge G.
Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores. Lic. Ernesto Ruffo Appel, titular de la
Comisión de Asuntos para la Frontera Norte, Dr. Juan Hernández Bell, Titular de la
Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, al representante en México de la
Organización de Estados Americanos, al Departamento de Justicia de la Unión Americana,
así como al Honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados, a efecto
de que se sumen a esta protesta y se solicite a quien corresponda:
1. Se haga justicia y se castigue ejemplarmente al policía responsable
de estos lamentables hechos;
2. Se indemnice a la familia del occiso, de conformidad con lo que
establece la ley de la materia;
3. Se envíe una nota diplomática de enérgica protesta por los
sucesos mencionados, al C. Procurador de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica;
4. Se agende en la Reunión Parlamentaria Binacional del próximo mes
de mayo, el asunto referente a los migrantes y a las constantes agresiones de que son
víctimas. a efecto de que las respectivas Comisiones de Derechos Humanos y los
congresistas participantes. planteen soluciones que pongan fin a estos lamentables
acontecimientos.
Atentamente
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 de marzo del 2001.
El coordinador del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional
Dip. Gerardo Arturo Saucedo Delgado (rúbrica)
El coordinador del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Jorge Rocha Trejo (rúbrica)
El coordinador del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Pedro Porras Pérez (rúbrica)
El coordinador del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo
Dip. Arturo Aparicio Barrios
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APENDICE No. 7
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la
Unión. PRESENTES
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación. solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se
refiere el artículo 37. inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan
prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Rafael Bernal Jacinto Puesto: Ayudante general en mantenimiento
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México
Nombre: José Hernández Caletre Puesto: Chofer Lugar de trabajo:
Embajada de los Estados Unidos de América en México
Nombre: Jesús Manuel Franco Martínez Puesto: Asistente de embarques
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Nombre: Abel Espinoza Zavala Puesto: Afanador en el Departamento de
Limpieza Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,
Tamaulipas
Nombre: J. Piedad García
Puesto: Ingeniero residente
Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados
Unidos de América en Guadalajara, Jalisco
Nombre: Raúl Chacón Fernández Puesto: Empleado de mantenimiento
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México
Nombre: Edén Hernández Hernández Puesto: Ayudante de mantenimiento
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Nombre: Martín Pedro Islas Labra Puesto: Empleado de mantenimiento
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Nombre: Gabriela Peñaloza Anaya Puesto: Asistente en visas Lugar de
trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior. me permito anexar copias certificadas de las actas de
nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las
seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF, 10 de abril de 2001.
Por acuerdo del Director General
El Director
Lic. Gustavo Alejandro Morales Rivera (rúbrica)
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APENDICE No. 8
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
Embajador Javier Barros Valero y General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz
Orta. para aceptar ,v usar condecoraciones conferidas por el Gobierno del Reino de Suecia
y por el Gobierno de la República de Chile respectivamente.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF. a 9 de abril de 2001.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Javier
Barros Valero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en
Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar la condecoración de la
Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que
le confiere el Gobierno de la República de Chile.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a
9 de abril de 2001.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica)
Secretaria
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APENDICE No. 9
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES
Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
Embajador Enrique Eugenio Fernández Zapata, actuario Enrique Vilatela Riba, licenciado
Luis Héctor Alvarez Alvarez y Luis Angel Domínguez Brito, para aceptar y usar
condecoraciones conferidas por el Gobierno de Rumania.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, DF, a 9 de abril de 2001.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique
Eugenio Fernández Zapata, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio
Leal, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano actuario Enrique
Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en
Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis
Héctor Alvarez Alvarez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos,
en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Luis Angel Domínguez
Brito, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de Rumania, en
Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a
9 de abril de 2001.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica)
Secretaria
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APENDICE No. 11
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto,
que concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira y Seira, para aceptar y usar la
condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de Atenas, que le confiere el
Alcalde de dicha ciudad.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para
conceder el permiso solicitado y en tal virtud. de acuerdo con lo que establece la
fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la
consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Unico. Se concede permiso al ciudadano Embajador Ariel Buira
y Seira, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Conmemorativa de la Ciudad de
Atenas, que le confiere el Alcalde de dicha ciudad.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión. México, DF, a 6 de abril de 2001.
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APENDICE No. 11
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le
fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto,
que concede permiso a los ciudadanos maestro José Luis Barros Horcasitas, Lic. Lorenzo
Sánchez Rivera, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Eduardo Sosa Cuevas, Lic. Juan Rebolledo
Gout, Lic. Edgar Ricardo Navarro Soto. Lic. Federico Sada González, Lic. Luis Enrique
Ramos Solorio, Gral. de Div. DEM Roberto Miranda Sánchez, Gral. Brig. DEM Ignacio Luquín
Pérez, Emb. Enrique Gabriel Jiménez, Lic. Reyna María Aurora Martínez López, Emb.
María del Rosario Gloria Green Macías, Lic. Genaro David Góngora Pimentel, Lic. Luis
Eduardo Garzón Lozano, Lic. Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, Dip. Eloy Cantú
Segovia, Ministro Luis Alberto Germán Barrero Stahl, Gral. Brig. Ret. Enrique Aranda
Salamanca y Adolfo Miguel Aguilar Zínser, para aceptar y usar condecoraciones conferidas
por el Gobierno de Rumania.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para
conceder el permiso solicitado y en tal virtud de acuerdo con lo que establece la
fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60. segundo
párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el
siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano maestro José Luis
Barros Horcasitas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en
Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Lorenzo
Sánchez Rivera, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en
Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Marco Aurelio
Provencio Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en
Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Sosa Cuevas,
para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado de Comendador,
que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Juan
Rebolledo Gout, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de
Rumania, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano licenciado Edgar
Ricardo Navarro Soto, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de
Rumania, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Federico
Sada González, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en
Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Luis
Enrique Ramos Solorio, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de
Rumania, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania
Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano General de División
Diplomado de Estado Mayor Roberto Miranda Sánchez, para aceptar y usar la condecoración
de la Orden de la Estrella de Rumania para Militares, en Grado de Gran Cruz, que le
confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor Ignacio Luquín Pérez, para aceptar y usar la condecoración de
la Orden del Servicio Leal, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador
Enrique Gabriel Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella
de Rumania, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana licenciada
Reyna María Aurora Martínez López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
del Servicio Leal, en Grado de Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Embajadora
María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden
de la Estrella de Rumania, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Genaro David
Góngora Pimentel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Estrella de
Rumania. en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado
Luis Eduardo Garzón Lozano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por
Méritos en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Sexto. Se concede permiso al ciudadano licenciado
Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León. para aceptar y usar la condecoración de la
Orden del Servicio Leal, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano diputado
Eloy Cantú Segovia, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en
Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Ministro Luis
Alberto Germán Barrero Stahl, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del
Servicio Leal, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Artículo Décimo Noveno. Se concede permiso al ciudadano General
Brigadier Retirado Enrique Aranda Salamanca, para aceptar y usar la condecoración de la
Orden por Méritos Militares, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de
Rumania.
Artículo Vigésimo. Se concede permiso al ciudadano Adolfo Miguel
Aguilar Zínser, para aceptar y usar la condecoración de la Orden por Méritos, en Grado
de Comendador, que le confiere el Gobierno de Rumania.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión. México, DF, a 6 de abril de 2001.
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APENDICE No. 12
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
Honorable Asamblea:
Con fecha 26 de octubre, a la Comisión de Seguridad Social fue
remitido para continuar con su trámite legislativo, el expediente que contiene el
dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 57, 62 y 64 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dictamen
reservado por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados en la sesión del pleno de
fecha 29 de abril del presente año y dejado a disposición de la misma como resultado de
la aprobación de una moción suspensiva.
La Comisión de Seguridad Social en uso de las facultades que le
confieren los párrafos 1 y 3 del artículo 39 y demás relativos de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y acorde a lo que prescribe el artículo
88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, procedió, para la elaboración de este dictamen, primero al análisis de los
argumentos expuestos en la presentación y posterior aprobación de la moción suspensiva,
para, en segundo lugar, pasar al estudio y análisis del dictamen con proyecto de decreto
motivo de la moción suspensiva y, tercero, analizar las iniciativas que dieron lugar a
dicho dictamen, para terminar con la presentación de conclusiones y la elaboración del
nuevo dictamen con proyecto de decreto para ser presentado al pleno de la H. Cámara de
Diputados.
Siguiendo esta metodología, los suscritos Diputados integrantes de la
Comisión de Seguridad Social aprobaron el siguiente
Dictamen
I. Antecedentes
A. Moción Suspensiva.
En la sesión referida del 29 de abril del 2000, el C. Dip. José
Antonio Alvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expresó
que ''...han surgido otros argumentos que nos sugieren que es necesario dedicar más
tiempo para estudiar a fondo el tema", agregando a continuación que "Tampoco
hasta el momento nos ha sido posible contar con estimaciones precisas y confiables del
impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del presupuesto
nacional"; en seguida expresó que "Adicionalmente, la importancia de mejorar el
sistema de pensiones del ISSSTE, nos obliga a buscar el pleno consenso de todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, para que este dictamen sea realmente
concretado en el beneficio que los jubilados y pensionados del ISSSTE esperan que nosotros
sus representantes, construyamos para ellos".
Por lo que se refiere a dedicar más tiempo para estudiar a fondo el
tema, la Comisión que dictamina considera que la referencia se hizo principalmente en
relación a las propuestas de reforma a los artículos 62 y 64 de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la
modificación a los mismos tiene, en efecto, otras implicaciones además de las
estrictamente económicas.
Estas dos propuestas, de reforma a los artículos 62 y 64, se refieren
concretamente al cómputo de los años de servicios que sirven de base para determinar el
porcentaje de la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho de acuerdo con los
años de servicio (art. 62) y al sueldo básico que se utiliza para calcular el monto de
las cantidades que correspondan por pensión (art. 64).
Las reformas propuestas a la ley de I.S.S.S.T.E. merecen. sin duda
alguna, como todas aquellas que representan la búsqueda de beneficios colectivos, un
estudio profundo por que representan un cambio en específico la propuesta del artículo
62que afectaría no únicamente a esta ley sino también a las del Instituto Mexicano del
Seguro Social (I.M.S.S.) y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas (I.S.S.F.A.M.), en las que, al igual que en la ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), el derecho a la pensión
está en relación al tiempo laborado pero sin sumar éste en dos o más empleos, ya que
de ser así se estaría en el supuesto de que se pudieran alcanzar treinta años de
servicio en quince años calendario al acumular el tiempo laborado en dos entidades
diferentes.
Por lo que hace a la reforma propuesta al artículo 64, si bien es
cierto que representa un avance importante en el mecanismo para establecer las bases de
cálculo de la cuantía de las pensiones, también es cierto que debe de valorarse con
madurez para encontrar el equilibrio deseado entre los beneficios que pueden ser otorgados
y los que las condiciones económicas permiten cristalizar.
Conforme a lo anteriormente expresado, la Comisión que dictamina, por
lo que hace al primer argumento con el que se sostuvo la moción suspensiva, considera que
el tiempo transcurrido ha sido suficiente para profundizar en el estudio del tema y
presentar nuevamente este dictamen.
Por lo que se refiere a contar con "estimaciones precisas y
confiables del impacto y trascendencia de la aprobación del dictamen sobre los fondos del
presupuesto nacional", como textualmente se manifestó en la propuesta de moción
suspensiva, esta Comisión de Seguridad Social, una vez que tuvo nuevamente en el ámbito
de su competencia el dictamen con proyecto de decreto que tenía reservada la Mesa
Directiva de la H. Cámara de Diputados, se abocó a recopilar la información precisa y
confiable a que se hizo referencia en el sustento de la moción suspensiva y solicitó a
la Dirección General del I.S.S.S.T.E. se proporcionaran datos relativos a las pensiones y
los pensionados de esa Institución.
Esta institución, a través de la Subdirección General de
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, informó que "respecto a la
estimación del costo fiscal que representaría modificar el párrafo tercero del
artículo 57 de la ley invocada ( la Ley del ISSSTE) el importe de cada punto porcentual
de diferencia entre los aumentos que se autoricen a los trabajadores en activo y al
salario mínimo general en el Distrito Federal implicaría un costo anual de 176.3
millones (de pesos)".
Esta información se complementa con el dato del total de pensiones a
cargo del I.S.S.S.T.E. que a la fecha del informe suman 412,954, de los cuales el 43.48 %
son pensiones cuyas cuantías están entre 1 y 2 salarios mínimos y 35.89 % son pensiones
cuyas cuantías varían entre 1 y 2 salarios mínimos (es decir, 79.37 % del total de
pensiones 327,761 tienen una cuantía que va de 1 a 5 salarios mínimos).
Por otra parte, la propuesta de reforma al artículo 57, pospuesta en
razón de la citada moción suspensiva, ha dado tiempo suficiente para que los
trabajadores jubilados y pensionados del I.S.S.S.T.E. expongan en innumerables ocasiones
la razón que les asiste para que los incrementos a sus pensiones se otorguen en la misma
proporción y en las mismas fechas en las que aumenten los sueldos de los trabajadores en
activo, como era anteriormente, demostrando el deterioro que sus cuantías han sufrido al
recibir aumentos relacionados con el salario mínimo, mientras que los trabajadores en
activo los reciben en un porcentaje que, en los años transcurridos desde la reforma de
1993, ha sido siempre superior al incremento al salario mínimo del Distrito Federal.
Este último, el salario mínimo general del Distrito Federal, en el
año de 1997 fue de $26.45 diarios y a la fecha es de $37.90, es decir, ha tenido un
incremento de $11.45 en ese lapso, que equivale a un aumento porcentual del 43.28.
Por otro lado el sueldo de los trabajadores en activo en el mismo
periodo (1997-2000) ha tenido un incremento del 60 % en promedio, sin considerar para
establecer este promedio el tope máximo de cotización de once salarios mínimos
burocráticos, o sea incluyendo para determinarlo desde la mayor hasta la menor
percepción, con lo que se demuestra la injusticia con que han sido tratados los jubilados
y pensionados al modificarse el tercer párrafo del artículo 57 de la ley del
I.S.S.S.T.E.
El tercer argumento relativo al consenso de los diferentes grupos
parlamentarios representados en la Cámara de Diputados queda también subsanado con la
presentación de este dictamen que está apoyado por la mayoría de los integrantes de la
Comisión.
B. Dictamen de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura.
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LVII
Legislatura del H. Congreso de la Unión elaboró un dictamen del cual el capítulo de
antecedentes refiere las iniciativas presentadas por el Dip. Miguel Angel Solares Chávez
y otros ciudadanos Diputados del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, la presentada por el Diputado Ricardo Cantú Garza. del grupo parlamentario
del Partido del Trabajo y la presentada por el Diputado Javier Paz Zarza y otros Diputados
del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, que son coincidentes en la
propuesta de reforma al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, aunque con diferentes redacciones; en este mismo
capítulo, el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Social de la anterior
Legislatura refiere las excitativas que se presentaron en el transcurso de los años 1998,
1999 y el presente, para que se dictaminaran esas iniciativas.
La Comisión que suscribe ratifica los datos expresados en el apartado
de Antecedentes de ese dictamen, y los hace suyos en este documento.
En el capítulo de Consideraciones del dictamen que se analiza, la
anterior Comisión de Seguridad Social establece que las iniciativas motivo de ese
dictamen, buscan como propósito central mejorar la situación de ingreso y, por lo tanto,
las condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores jubilados y pensionados del
I.S.S.S.T.E. y, de manera particular, señala que las propuestas se orientan a mejorar las
pensiones y jubilaciones al modificar el referente actual en el que se sustenta el
incremento anual a la cuantía de las pensiones, al cambiar la base para el cálculo de
las pensiones, así como modificar el criterio para el cómputo de los años de servicio
que dan derecho a la pensión.
Igualmente, esa Comisión estableció que en la evolución de los
cambios aplicados por el Poder Legislativo a esa ley se buscó siempre encontrar
mecanismos que mejoraran con justicia social la situación de los trabajadores que durante
un determinado número de años prestó sus servicios al gobierno federal, hasta la
reforma vigente a partir de 1993 en la que se cambió el mecanismo de revisión de las
pensiones para utilizar como referencia el salario mínimo general fijado para el Distrito
Federal, estableciendo que las cuantías de las pensiones aumentarían en las mismas
fechas y en la misma proporción en que aumentara el salario mínimo referido.
Refiere el dictamen que se analiza que en el año de 1999 el sueldo
promedio mensual del magisterio creció en un 17 % y en ese mismo año el incremento al
salario mínimo fue de 14 %, con lo que se demuestra la afectación real en el poder
adquisitivo de las pensiones incrementadas con base a esa modificación a la ley aprobada
en 1992.
El mismo capítulo de consideraciones argumenta, en relación a las
propuestas de modificaciones a los artículos 62 y 64 de la ley referida, que considera
conveniente que el promedio del sueldo integral disfrutado a la fecha de la baja del
trabajador o de su fallecimiento sea el que se considere para efectos de calcular la
cuantía de la pensión que corresponda, así como que para los mismos efectos se tomen en
cuenta la totalidad de las cotizaciones que se hayan aportado al ISSSTE independientemente
de que hayan sido efectuadas en uno o varios empleos.
C. Iniciativas.
En fecha 7 de diciembre de 1998, por conducto del C. Dip. Miguel Angel
Solares Chávez, un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, propuso la reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. que en
la ley vigente establece que "la cuantía de las pensiones se incrementará conforme
aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo
incremento porcentual a dicho salario, se refleje simultáneamente en las pensiones que
paga el Instituto", para quedar como sigue: "Las cuantías de las pensiones
aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos
de los trabajadores en activo".
En fecha 10 de diciembre de 1998, el Diputado Ricardo Cantú Garza, del
Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que entre otras reformas incluía la del
tercer párrafo del artículo 57, cuya redacción vigente se reproduce en el párrafo
anterior, proponiendo su reforma para que quedara como sigue: "La cuantía de las
pensiones se incrementará conforme aumenten los salarios de los trabajadores en activo,
de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en
las pensiones que paga el Instituto".
En fecha 26 de abril del presente año, el Diputado Javier Paz Zarza a
nombre de diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una
iniciativa de reforma a los artículos 57, 62 y 64 de la ley del ISSSTE, en la que
propone, por lo que hace al artículo 57, que su redacción sea: "La cuantía de las
pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los
salarios de los trabajadores en activo, de acuerdo con la plaza en que se desempeñaba al
jubilarse".
El artículo 62 de la Ley del I.S.S.S.T.E. vigente, establece que
"El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno sólo de los empleos,
aún cuando el trabajador hubiere desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que
fuesen; en consecuencia para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo
durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de trabajador". La
propuesta de esta iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la
siguiente: "Para efectos de la pensión habrán de considerarse número de
cotizaciones que el trabajador haya aportado al Instituto, con independencia los servicios
que hubiese desempeñado en activo, aunque fueran varios y ante diferentes dependencias
gubernamentales".
El artículo 64 de la Ley del I.S.S.S.T.E. vigente, establece que
"Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los
términos de los artículos 60, 63, 67, 70 y demás relativos de esta ley, se tomarán en
cuanta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a
la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento". La propuesta de esta
iniciativa es para que la redacción de dicho artículo sea la siguiente: "Para
calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos de los
artículos 69, 63, 67, 76 y demás relativos a esta ley, se tomará en cuenta el promedio
del sueldo integral disfrutado a la fecha de baja del trabajador o su fallecimiento".
En fecha 16 de noviembre del 2000, el Congreso del Estado de Durango
presentó iniciativa de reforma al tercer párrafo del artículo 57 de la ley del
I.S.S.S.T.E., proponiendo quede con la siguiente redacción: "La cuantía de las
pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los sueldos
básicos de los trabajadores en activo". Previamente a esta iniciativa formal, en
fecha 26 de octubre del 2000, el mismo Congreso del Estado de Durango acordó solicitar al
Congreso de la Unión que "se modifique la fracción III del artículo 57 de la Ley
General del I.S.S.S.T.E. en los términos que se encontraba hasta antes de su
modificación de fecha 4 de enero de 1993.
II Consideraciones
Con base en los señalados antecedentes y considerando:
Primero: Que esta Cámara está facultada para legislar en la materia,
atento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXX, y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Segundo: Que esta Comisión es competente para dictaminar este asunto,
a la luz de lo dispuesto por los artículos 39, sección 3, y 45, sección 6, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Duodécimo, inciso a),
del Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y
Comités de la Cámara de Diputados;
Tercero: Que los argumentos presentados como fundamento para la moción
suspensiva, que en su oportunidad fue aprobada por el pleno de la H Cámara de Diputados,
han quedado resueltos como se menciona en el apartado de Antecedentes de este dictamen;
Cuarto Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado es el instrumento que garantiza los derechos a la seguridad
social de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que el concepto de pensión
dinámica, adaptado a las circunstancias económicas que proporcionan aumentos a los
trabajadores en activo, debe de ser lo más justo posible y estar relacionado para
determinar su incremento, en primer término, con el ingreso de los trabajadores en activo
y, en segundo término, con el Indice Nacional de Precios al Consumidor y no con el
salario mínimo general, que en la Ley Federal del Trabajo se aplica a los trabajadores
cuya relación laboral se rige por las disposiciones del apartado "A" del
artículo 123 constitucional
Quinto: Que el Indice Nacional de Precios al Consumidor debe servir de
referente para revisar anualmente las cuantías de las pensiones e igualarlas a ese
indicador si el incremento a las pensiones hubiere sido inferior, para garantizar que no
se deteriore su poder adquisitivo. Esta revisión deberá hacerse en el mes de febrero
para utilizar los datos oficiales del Indice Nacional de Precios al Consumidor del año
inmediato anterior que el Banco de México proporciona en el mes de enero.
Sexto: Que relacionar el incremento a la cuantía de las pensiones del
ISSSTE con el salario mínimo general no es la mejor referencia, toda vez que este se
aplica a los trabajadores cuya relación laboral se rige por el Apartado A) del artículo
123 Constitucional y no a los trabajadores al servicio del Estado;
Séptimo: Que las tres iniciativas que dieron lugar al dictamen primero
de la Comisión de Seguridad Social de la LVII Legislatura tienen, por lo que se refiere a
la propuesta de reforma del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del ISSSTE,
diferentes redacciones, mismas que han sido reproducidas textualmente en el apartado II de
este dictamen;
Octavo: Que la ley del I.S.S.S.T.E. vigente hasta el 4 de enero de
1993, establecía en el párrafo tercero del artículo 5~ que "las cuantías de las
pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumenten los
sueldos básicos de los trabajadores en activo".
Noveno: Que si bien es cierto que la definición de sueldos básicos es
una de las muchas que aparecen en la ley del I.S.S.S.T.E. para referirse al ingreso de los
trabajadores en activo, también lo es que este concepto es el que mejor se adapta para
efecto de igualar el aumento en los ingresos de los trabajadores en activo con los de los
pensionados o jubilados;
Décimo: Que el artículo 62 vigente de la multicitada Ley del
I.S.S.S.T.E. se refiere expresamente al cómputo de los años de servicio y no a las
cotizaciones que se hagan al Instituto, y que referir las cotizaciones en lugar de los
años de servicio en uno o varios empleos, daría lugar a un aumento en las expectativas
de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio y a una inequidad para aquellos que
por razones de horario de trabajo solo tienen la posibilidad de acceso a un solo trabajo;
Décimo primero: Que aún cuando la mejor expresión de justicia social
pudiera ser considerar que el sueldo básico del trabajador en activo fuere el que se
considere para establecer la cuantía de la pensión, hay que recordar que el derecho a
dicha pensión proviene de las aportaciones que los trabajadores y su patrón, el
gobierno, hacen para ese propósito, por lo que al momento actual, considerar al mismo
tiempo que la modificación al incremento de las pensiones el promedio del último sueldo
percibido para el cálculo de la pensión no se considera viable;
Décimo segundo: Que dado que el Gobierno Federal en su doble calidad
de patrón y de garante de la seguridad social de sus gobernados es el responsable de
aportar el faltante que sea necesario para cubrir las pensiones de sus ex trabajadores,
como de hecho lo viene haciendo, deberá incrementarse en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2001 la cantidad que se requiera para cumplir con las
disposiciones de la Ley que se reforma en la partida del ramo 19, aportaciones a Seguridad
Social, y tomar las providencias para que en los años sucesivos se considere la cantidad
que corresponda por esta reforma dentro del Presupuesto del I.S.S.S.T.E.
III. Conclusiones
En base a las anteriores consideraciones, la Comisión que dictamina
concluye:
Primero: Debe aprobarse la reforma al tercer párrafo del artículo 57
de la Ley del I.S.S.S.T.E., para quedar con la redacción que el mismo tenía antes de su
reforma publicada el 4 de enero de 1993, agregándole la referencia. como mecanismo de
revisión anual de la cuantía de la pensión, al Indice Nacional de Precios al
Consumidor;
Segundo: No es de aprobarse la reforma al artículo 62 de la Ley del
I.S.S.S.T.E.
Tercero: No es de aprobarse la reforma al artículo 64 de la Ley del
I.S.S.S.T.E.
En mérito a lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes de la
Comisión de Seguridad Social de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados,
someten a la consideración del pleno de la misma el siguiente Proyecto de:
DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL ART+CULO 57 DE LA LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Artículo Unico: Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 para
quedar como sigue:
Artículo 57. ...
Las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo y
serán revisadas anualmente en el mes de febrero, para que si en el año calendario
anterior, el Indice Nacional de Precios al Consumidor hubiere sido superior
porcentualmente al incremento otorgado a las cuantías de las pensiones y jubilaciones en
el mismo período, se aumente a estas la diferencia que falte para igualarlas.
Transitorios
Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: Si antes de la fecha de inicio de vigencia de este decreto
hubiese una modificación del salario mínimo vigente para el Distrito Federal y se aplica
a las cuantías de las pensiones y jubilaciones, la diferencia que haya entre el aumento a
los salarios mínimos y cualquier incremento que se otorgue a los trabajadores en activo
después del primero de diciembre del año 2000. se pagará retroactivamente a los
jubilados y pensionados.
Dado en la Sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social de la
Cámara de Diputados a los 13 días del mes de diciembre del año 2000.
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APENDICE No. 10
off
CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS
49 DE LA LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y
ABANDONADOS; 40 Y 41 DEL CDIGO PENAL FEDERAL; Y 193 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 49 DE LA LEY FEDERAL PARA LA
ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS; 40 Y 41 DEL CODIGO PENAL
FEDERAL; Y 193 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el párrafo primero del artículo 49 de la
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados: y se
adiciona un segundo párrafo a la misma disposición legal, para quedar como sigue:
Artículo 49. Los aprovechamientos a que se refiere el artículo
anterior, una vez descontados los costos de Administración del Servicio de
Administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados
conforme a la presente Ley, se enterarán a la Tesorería de la Federación, y se
destinarán, en partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial de
la Federación, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Salud.
La parte de los aprovechamientos que corresponda a la Secretaría de
Salud, deberá destinarse a programas de rehabilitación de farmacodependientes.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 40, párrafo segundo; y 41
del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean
objeto o '''producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso
lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un tercero,
sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido
bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo
400 de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero
propietario o poseedor y de la relación que aquél tenga con el delincuente, en su caso.
Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que
podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación y en el proceso. Se actuará
en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los
instrumentos, objetos o productos del delito.
Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o
peligrosas, se destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos
previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime
conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o investigación.
Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o producto de él, la
autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la
procuración e impartición de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los
efectos a que se refiere el artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de
Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Se procederá a su inutilización, si fuere
el caso, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 41. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de
las autoridades investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no
sean recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales,
contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y
el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado, no
se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el
producto de la venta se destinará, por partes iguales, al mejoramiento de la impartición
y administración de justicia, así como de la Secretaría de Salud, para los efectos del
artículo 49 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y
Abandonados, previas las deducciones de los gastos ocasionados.
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad y
que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a su venta
inmediata en subasta pública, y el producto se dejará a disposición de quien tenga
derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir de la notificación que se le haga,
transcurrido el cual, su aplicación se hará en los mismos términos del párrafo que
antecede.
ARTICULO TERCERO. Se reforma el párrafo quinto del artículo 193 del
Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 193 ...
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los
delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos de esos delitos,
cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los
artículos 40 y 41. Para ese fin el Ministerio Público dispondrá dentro de la
averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo,
por partes iguales, al mejoramiento de la impartición y administración de justicia, así
como de la Secretaría de Salud, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal para
la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, o lo solicitará en el
proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o sus productos
reciban la misma aplicación. El Ministerio Público deberá promover, en su caso, la
suspensión y la privación de derechos agrarios o de otra índole, ante las autoridades
que resulten competentes conforme a las normas aplicables.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Of1cial de la Federación.
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APENDICE No. 2
C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
PRESENTES.
Los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos
parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, integrantes de la
Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el inciso b) del
artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
hacen del conocimiento de la H. Asamblea, lo acordado por este órgano de dirección
política.
CONSIDERACIONES
I. Con fecha 16 de noviembre de 2000 fue turnado por la Mesa Directiva
a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto de acuerdo presentada
ante el Pleno de esta Cámara de Diputados por el ciudadano Diputado Sergio Acosta
Salazar, para solicitar la creación de una comisión especial encargada de recabar la
información necesaria sobre el paradero de los fondos de los trabajadores mexicanos
braceros.
II. En 1942, al firmarse el Programa Bracero, se estableció la
creación del Fondo de Ahorro campesino mediante la retención del 10% de los salarios que
percibían los trabajadores en los Estados Unidos, mismo que debía ser depositado en el
Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A.
III. El 21 de febrero de 1948 se ratificó nuevamente el Acuerdo
Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos, y que todos los salarios
descontados, retención del 10%, debían ser entregados a los trabajadores mediante un
cheque bancario certificado a su nombre.
IV. El 7 de abril de 1976 el Banco Nacional de Crédito Agrícola se
fusionó al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C, y revisado el proceso de fusión, no
se detectaron antecedentes de transmisión a Banrural de recursos provenientes del Fondo
de Ahorro Campesino o de depósitos en lo individual relacionados con dicho fondo.
V. El proponente fundamenta su petición en hechos que merecen ser
analizados respecto de la ardua labor de los trabajadores migratorios mexicanos a lo largo
de varias décadas y de la formación en el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A:, de
un fondo constituido por el 10% del salario de los trabajadores, del que no se sabe si fue
revocado o liquidado, o si sigue vigente en el Banco Nacional Crédito Rural, al que se
fusionó el mencionado Banco Nacional de Crédito Agrícola, en 1976.
Por considerarlo de justicia y que ante la Nación entera quede claro
que los legisladores mexicanos son solidarios con la clase trabajadora más esforzada de
nuestro país, esta Junta de Coordinación Política considera procedentes los argumentos
del Dip. Sergio Acosta Salazar y resuelve proponer a la H. Asamblea el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Es procedente la creación de la Comisión Especial para darle
seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, en razón de
las consideraciones mencionadas anteriormente, cuya duración será hasta el 15 de
diciembre de 2001, a partir de la fecha de su integración conforme al presente Acuerdo.
SEGUNDO. El objeto de la Comisión será recabar la información
necesaria sobre el paradero de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.
TERCERO. La Comisión Especial objeto del presente acuerdo se
integrará por dieciocho diputados en la siguiente proporción: Siete serán designados
por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siete por el Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, dos por el Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, uno por el Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México y uno por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las
designaciones de los integrantes de su propio grupo; la directiva de la Comisión Especial
será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa
Directiva, para los efectos procedentes.
CUARTO. Los resultados de los trabajos de la Comisión Especial serán
remitidos para su estudio y demás efectos, a las Comisiones ordinarias vinculadas en la
materia
QUINTO. La Comisión Especial deberá rendir un informe final cuya
fecha de lectura será determinada por la Conferencia para la Dirección y Programación
de los Trabajos Legislativos.
SEXTO. Notifíquese a los interesados.
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APENDICE No. 3off
AUTORIZACION PARA DAR POR SUPERADOS PROYECTOS DE RESOLUCION DERIVADOS
DE TEMAS CUYA VIGENCIA RESULTA EXTEMPORANEA
En virtud de que las circunstancias y hechos sobrevenientes han dejado
prácticamente sin materia asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara a esta
Junta, procede autorizar su envío al archivo, sin menoscabo de que los interesados
promuevan su reactivación debido a motivos que lo justifiquen.
La autorización mencionada será cumplida por la Secretaría General
de la Cámara, en los términos del párrafo 2, del artículo 35 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los asuntos que a
continuación se enlistan y cuya extemporaneidad se explica por sí misma; de manera que
esta Junta adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. Archívense los siguientes expedientes como asuntos
concluidos:
1. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 7 de septiembre de
2000 al Pleno por el ciudadano Diputado Francisco Patiño Cardona, referente a la
integración de una comisión especial que exhorte a la Honorable Cámara de Senadores dar
trámite legislativo al proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque
Vehícular Mexicano y el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera.
2. Proposición con Punto de Acuerdo en relación con la detención de
Miguel Angel Cavallo, presentada por el Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta, el 29 de
septiembre de 2000.
3. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 19 de octubre de
2000, por el Dip. César Augusto Santiago, para dejar sin materia la Comisión Especial
para observar, en los términos legales aplicable, el proceso electoral de renovación del
Poder Ejecutivo, Congreso local y Ayuntamientos en el Estado de Tabasco.
4. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de octubre de
2000, por el Dip. Feliciano Calzada para que la Cámara de Diputados manifieste su respeto
al pueblo del Estado de Tabasco y a su voluntad ciudadana expresada en las elecciones del
15 de octubre.
5. Proposición con punto de acuerdo presentada el 19 de octubre de
2000, por el Dip. Auldárico Hernández Gerónimo para facultar a la Comisión Especial de
seguimiento del proceso electoral de Tabasco para recibir y canalizar las denuncias sobre
el posible desvío de recursos públicos federales en el proceso electoral. Además de
presentar un informe sobre denuncias recibidas, así como el mecanismo para atenderlas.
6. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de octubre de
2000, por el Dip. Martí Batres Guadarrama para que se haga un pronunciamiento para
limpiar la elección en Tabasco y hacer un enérgico llamado a las autoridades estatales y
federales a fin de que se respete la voluntad popular expresada el 15 de octubre.
7. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. Auldárico
Hernández Gerónimo para ampliar la duración de la Comisión Especial de seguimiento del
proceso electoral de Tabasco, presentada el 24 de octubre de 2000.
8. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 26 de octubre de
2000, por el Dip. José Narro Céspedes para que se sigan las vías legales y se de
transparencia al proceso electoral de Tabasco.
9. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Dip. José
Antonio Magallanes Rodríguez, el 31 de octubre de 2000, para solicitar al Presidente de
la República el pago del Bono Sexenal.
10. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 31 de octubre de
2000, por el Dip. Bulmaro Rito Salinas para exhortar al Ejecutivo Federal se otorgue
complemento a las medidas de fin de año a los trabajadores al servicio del Estado.
11. Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 14 de noviembre de
2000, por el Dip. Juan Carlos Regis Adame para exhortar a los Gobiernos Federal, al del
Estado de Chiapas y al Congreso local a emprender acciones de distensión para que el
próximo Gobierno Estatal tome posesión con tranquilidad y sin hostigamiento.
12 Proposición con Punto de Acuerdo presentada el 28 de noviembre de
2000, por el Dip. Juan Manuel Carreras López para que las autoridades hacendarias,
aduaneras, migratorias y policía federal preventiva se apeguen estrictamente a la
legalidad y al marco del Estado de Derecho de los migrantes, en época decembrina.
13. Comunicación de fecha 22 de diciembre de 2000, relativa a la
solicitud para celebrar reuniones con los diputados integrantes de las Comisiones de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de la Junta de Coordinación Política, con
los Jefes Delegacionales.
SEGUNDO. Infórmese de este Acuerdo a la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados y notifíquese a los interesados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2001.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
off
APENDICE No. 4
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
PRESENTES
En relación a las proposiciones con puntos de acuerdo presentadas por
los ciudadanos diputados Roger Antonio González Herrera en nombre de diputados de los
grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM, y Jorge Carlos Berlín Montero en
representación de diputados del Grupo Parlamentario del PRI, referentes a diversas
cuestiones relacionadas con el virus de la tristeza de los cítricos, los suscritos
diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el
artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
hacen de su conocimiento lo acordado por este órgano de dirección política, de
conformidad con las siguientes
CONSIDERACIONES
1.Con fecha 26 de octubre de 2000 fueron turnados por la Mesa Directiva
a esta Junta de Coordinación Política las proposiciones con puntos de acuerdo referentes
a virus de la tristeza de los cítricos en el Estado de Yucatán, presentadas por:
a) El Diputado Roger Antonio González Herrera, con diversas
propuestas, entre las que destacan: instrumentar un proyecto nacional para enfrentar de
manera integral los problemas de la citricultura relativos al VTC y al pulgón café; el
respaldo al acuerdo sobre el tema, signado entre el gobierno del Estado y la SAGAR; la
solicitud a las autoridades de la Administración Pública Federal de que se informe
permanentemente a la Cámara de Diputados sobre las campañas de sanidad correspondientes;
la integración de una subcomisión de diputados que vigile la instrumentación del
dispositivo nacional de emergencia decretado el 27 de junio de 2000; el exhorto a la SAGAR
para redoblar esfuerzos e intensificar las campañas de sanidad en los huertos yucatecos;
la instrumentación de apoyos subsidiarios a los citricultores, así como la asesoría y
asistencia técnica a los mismos.
b) El Dip. Carlos Berlín Montero, en 13 que se propone que la
Federación destine más recursos para la actividad citrícola del Estado de Yucatán,
especialmente para las campañas en contra del virus de la tristeza, además de hacer un
exhorto a la Secretaría de Estado competente, a fin de que invite a los gobiernos de las
entidades federativas con actividad citrícola y a los productores de las mismas a
solidarizarse con dichas campañas de sanidad. De igual forma propone que se cree una
comisión de legisladores a la que mantenga informada la Secretaría sobre los avances de
las campañas en la entidad.
II. La mayoría de las proposiciones enunciadas en el considerando
anterior constituyen una facultad del Ejecutivo en virtud de que implican instrumentación
de programas de apoyo, razón por la que se considera conveniente intercambiar
posicionamientos y puntos de vista con el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia
competente, en este caso a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
III. Por lo que se refiere a la necesidad de que esta Cámara de
Diputados se mantenga informada de la situación que guarda el problema citrícola del
país, especialmente, en el Estado de Yucatán, se considera que la Comisión de
Agricultura y Ganadería de seguimiento a las acciones y programas que lleve a cabo el
Ejecutivo Federal, así como de las necesidades más imperantes de los productores de
cítricos.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Junta de
Coordinación Política propone al H. Pleno el siguiente
A C U E RD O
PRIMERO. Se instruye a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta
Cámara, para que, en uso de las atribuciones que a las comisiones otorga el artículo 45
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
información sobre la situación que guardan los cítricos en el país, así como
oportunamente invite al Subsecretario del ramo y a los responsables del área de sanidad
vegetal, para que comparezcan ante las comisiones y dialoguen respecto del problema del
Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) en México y los programas que desarrolla el
Gobierno Federal para combatirlo.
SEGUNDO. La Comisión de Agricultura y Ganadería deberá informar al
Pleno, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y
a la Junta de Coordinación Política sobre el cumplimiento de esta encomienda, cuyos
resultados deberán difundirse entre los citricultores de la República.
TERCERO. Notifíquese a los interesados y túrnese copia del expediente
a la Mesa Directiva de la Cámara.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2001
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APENDICE No. 5 off
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA LA PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LA C. DIP. ADELA DEL CARMMEN
GRANIEL CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
Los suscritos diputadas y diputados a la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo la siguiente
Exposición de motivos
El móvil más poderoso que impulsan al niño a trabajar desde temprana
edad y para ingresar en la vida activa, es la necesidad de aliviar en lo posible la
miseria en que vive su familia y contribuir así a satisfacer sus necesidades esenciales.
La más modesta remuneración, en dinero o en especie, será apreciada. Sin embargo, es
sabido que en muchos casos, el propio jefe de familia es quien se encarga de hacer
trabajar a sus hijos. A pesar de estos motivos, se debe subrayar que, la causa fundamental
de todo trabajo infantil es evidentemente la miseria.
Las tareas que realizan los niños, se traducen en un aporte económico
apreciable, siempre con relación a los bajos ingresos familiares, por su parte la
insuficiencia de la seguridad social impone también al niño que trabaja el papel de
sostén de sus padres ancianos, enfermos o desempleados. Los niños que trabajan entregan
la totalidad de sus ganancias a los padres o familiares con que viven. Para una familia
necesitada lo más urgente es ganar con qué sobrevivir, y las demás necesidades, no
estrictamente vitales, sólo se satisfacen si es posible.
Otra razón de la ocupación de los niños es la situación en el
hogar: puede haber tensiones e incertidumbre, engendradas o aumentadas por la miseria, el
padre puede haber abandonado la casa es posible que la madre sea soltera; el padre o la
madre o ambos pueden estar enfermos, ser inválidos o haber fallecido.
Por otra parte, también esta el deber moral, inculcado por el ambiente
de trabajar desde temprana edad por solidaridad con el grupo familiar, para compensar la
carga económica que él mismo representa y ayudar a mantener al resto de su familia,
generalmente muy numerosa.
En la medida que se ha ido tomando conciencia de la nocividad del
trabajo infantil y de la necesidad de instaurar la escolaridad obligatoria y brindar a los
niños los esparcimientos necesarios, se han adoptado medidas legislativas y de orden
práctico. Es sabido que los niños que ingresan en la fuerza de trabajo van a realizar
ul1a tarea que podría ser efectuada por un adulto al mismo tiempo que el niño acepta
trabajar por una remuneración mucho menor que la que debería recibir un adulto.
Se puede decir que estamos en presencia de un circulo vicioso: por una
palle, el trabajo de los niños aumenta el desempleo y comprime los ingresos de los
adultos, pero, por otra, el desempleo y los bajos ingresos de esos mismos adultos los
obliga a hacer ingresar a sus hijos en el mercado de trabajo para mejorar los ingresos
familiares.
Los niños que deben trabajar no tienen posibilidades de instruirse y
calificarse para poder salir de su pobreza, de modo que la extrema indigencia los hace
buscar un medio inmediato de subsistencia, y la falta de calificaciones, a su vez, los
mantiene en la pobreza. En estas condiciones, las familias seguirán necesitando mandar
ilegalmente a sus hijos al trabajo y los empleadores seguirán prefiriendo contratarlos
clandestinamente.
En la mayor parte de los países desarrollados la explotación del
trabajo infantil pertenece al pasado, gracias a la evolución económica, moral y legal.
Ello no significa que, a pesar de su carácter ilegal, el trabajo de los niños haya
desaparecido completamente del escenario laboral. Mientras que el trabajo infantil es algo
que ha quedado arraigado en las tradiciones y actitudes de algunos países pobres como un
vestigio del pasado, como una resistencia al cambio.
La ilustración más patente es la confianza que sienten los habitantes
de las regiones menos desarrolladas en las ventajas económicas de tener muchos hijos para
que aporten sus brazos a la actividad familiar. La culpa de que los niños tengan que
trabajar no la tiene la familia, que está encerrada en un número muy reducido de
posibilidades de acción, sino la sociedad en su conjunto.
Casi en todos los países el trabajo infantil está legalmente
prohibido, condiciones de extrema pobreza y abandono obligan a los niños a realizar
distintos tipos de actividades para poder subsistir. En los países pobres, la proporción
de niños de menos de 15 años con respecto a la población total, es de 40 a 50 por
ciento, es evidente que se plantean tremendos problemas socio laborales, pues no es fácil
planificar su mantenimiento, su empleo y sus ingresos.
En los países menos desarrollados todavía no se ha logrado hacer
desaparecer en la práctica el trabajo de los niños, a pesar de que en casi todos existen
legislaciones al respecto. En estos países se da por un hecho que los menores tienen que
trabajar, de manera que suelen cumplir un papel productivo relativamente importante para
sus respectivas familias, tanto en las ciudades como en el campo.
Cuando un niño disfruta del derecho a la educación, está protegido
contra una multitud de amenazas, como la condena a una vida de pobreza, al trabajo en
condiciones de esclavitud, a la servidumbre doméstica, a la explotación sexual y al
reclutamiento militar durante los conflictos armados. De acuerdo con el documento
"Estado Mundial de la Infancia 2001", del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
En muchos de los países pobres se considera normal continuar con la
tradición familiar de no asistir a la escuela cuando se es niño y empezar a trabajar a
edad temprana, independientemente del grado relativo de pobreza de su familia. En tanto
que si los padres sólo pueden permitirse mandarlos a la escuela por unos años,
lógicamente esos niños tendrán más dificultades para aprender que los niños de las
familias más acomodadas.
Aunque la mayoría de los niños del mundo asiste a la escuela, hay
más de 110 millones que no lo hacen, un 60% está constituido por niñas, que en algunas
sociedades resultan víctimas de la creencia de que para ser esposas o madres no necesitan
educación. El UNICEF recomienda que, todos los niños deberían recibir y completar su
educación básica en ambientes limpios y seguros que les estimulen intelectualmente y les
otorguen confianza y aptitudes para la vida.
Recientemente se percibe al trabajo infantil como un problema social y
consiguientemente la idea de que es necesario proteger al niño, en la medida que el
trabajo infantil, es la explotación del niño por empleadores ajenos a su familia.
De acuerdo con el UNICEF el trabajo infantil reviste condiciones de
explotación si se dan las siguientes características:
trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana;
horario laboral demasiado prolongado;
trabajos que producen tensiones indebidas de carácter físico, social
o psicológico;
trabajo y vida en la calle en malas condiciones; remuneración
inadecuada;
demasiada responsabilidad;
trabajos que obstaculizan el acceso a la educación;
trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños tales como
la esclavitud o el trabajo servil y la explotación sexual;
trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico.
Entre los aspectos del desarrollo infantil que pueden verse afectados
negativamente por el trabajo se encuentran los siguientes:
desarrollo físico, que abarca la salud general, la coordinación, la
resistencia, la visión y la audición;
desarrollo cognitivo, que abarca la alfabetización, el cálculo
esarrollo cognitivo, que abarca la alfabetización, el cálculo numérico y la
adquisición de conocimientos necesarios para la vida ordinaria;
desarrollo emocional, que abarca la autoestima, la afectividad
esarrollo emocional, que abarca la autoestima, la afectividad familiar, y los sentimientos
de aceptación y amor;
desarrollo social y moral, que abarca el sentido de identidad grupal,
la habilidad de cooperar con otros y la capacidad de distinguir el bien del mal.
Los niños trabajaban con su familia, aprendiendo poco a poco por
observación, asociación e imitación, casi inconscientemente, sus futuros papeles de
adultos, A estas actividades placenteras se oponen las ejercidas por oposición o por
explotación con un esfuerzo que sobrepasa las posibilidades físicas y psíquicas del
niño que las ejecuta, porque son pesadas, nocivas, aburridas y demasiado prolongadas,
porque son causa de preocupaciones y porque excluyen la posibilidad de gozar de
instrucción, esparcimiento y bienestar.
Por reducido que sea el esfuerzo físico, la duración de las tareas y
el aburrimiento que supongan, y por satisfactorio que sea el medio de trabajo del niño,
éste inevitablemente se interesara por la buena marcl1a de la empresa familiar y
compartirá con los padres problemas, preocupaciones e incertidumbres que son habituales
para los niños de su edad.
El trabajo que efectúan los niños es ilegal. No obstante, para los
menores de 14 años la legislación no prevé la protección de sus condiciones de empleo,
de modo que la mano de obra infantil queda al margen de la legislación y de sus
beneficios y no tiene derecho a reclamar las prestaciones laborales que les
corresponderían. En otras palabras es una mano de obra sumisa e indefensa, sin poder para
negociar sus condiciones de trabajo, sin sindicato que la defienda y las más de las veces
sin el amparo de un seguro de enfermedad o accidente de origen profesional, ni de los
regímenes de seguridad social.
Muchas de las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores
adultos no cuentan para los niños que trabajan, los que son explotados como si las mismas
no existieran. Como los niños deben asumir papeles de adultos sin poseer la capacidad
física y psíquica que requieren las tareas, el trabajo que ejecutan no suele ser tan
eficaz como el de un adulto; si económicamente resulta rendidor para el empleador, es
porque está remunerado a un nivel aún inferior al de su eficacia.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha
fijado la edad mínima de admisión al empleo en 15 años y recomienda su elevación
gradual hasta la edad de 16, no obstante, muchas legislaciones nacionales fijan mínimos
que varían entre los 12 y los 16 años. En algunos países el trabajo infantil realizado
a partir de los 12 o 13 años, no es clandestino, sino perfectamente legal. Entretanto, la
OIT recomienda que los países donde esa edad mínima legal sigue siendo muy baja
deberían tomar enérgicas medidas de carácter práctico para ofrecer a esos niños una
protección especial.
La fijación legal de una edad mínima por debajo de la cual el trabajo
de los menores está prohibido tiene por objeto preservar su salud física y psíquica,
así como su moralidad, al mismo tiempo, que posibilitar su asistencia a la escuela. La
escolaridad obligatoria es un factor que tiende a limitar el trabajo infantil, ya que no
suele estar por debajo de los 14, 15 o 16 años, según el país.
En algunos países se fija una norma inferior a la general para los
trabajos livianos o no industriales, para las ocupaciones peligrosas o perjudiciales, por
el contrario, la edad mínima es superior a la norma general, mientras que en muchos
países el servicio doméstico suele estar excluido del ámbito de la legislación
pertinente. Según la OIT en pocos países está permitido trabajar a partir de los 12
años, por lo que las legislaciones prevén ciertas salvaguardias. El cumplimiento de la
legislación sobre la edad mínima de admisión al empleo es muy irregular según los
países y los sectores de actividad.
A pesar de que el sistema jurídico mexicano establece la prohibición
del trabajo de los menores que no han cumplido 14 años, la realidad es bien diferente. En
México, se encontraban laborando, durante 1997, 5 millones 693 mil 453 niños, niñas y
jóvenes, entre los 12 a los 19 años, de los cuales 3 millones 371 mil 751 eran niños y
1 millón 961 mil 702 eran niñas de acuerdo con el documento "Estadísticas de
Empleo con Enfoque de Género", del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).
De acuerdo con el documento del INEGI, de la población económicamente
activa, la que se encuentra entre los 12 a los 19 años, trabaja I millón 725 mil 920;
trabaja y estudia 605 mil 514; trabajan y quehaceres domésticos 2 millones 241 mil 306;
trabajan, estudia y realizan quehaceres domésticos 1 millón 120 mil 713 personas.
Es importante destacar que, en México ha habido avances legislativos
recientes, como las reformas al artículo 4 Constitucional, así como la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto
garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución. Dichas reformas se inscriben en el proceso
gradual para mejorar la situación de los niños trabajadores.
En este contexto, la Ley Federal del Trabajo, establece en el artículo
173 que, el trabajo de los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda sujeto a
vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo.
No obstante, en la agricultura donde el trabajo infantil está más
difundido, la inspección del trabajo es prácticamente inexistente. La insuficiencia de
personal y medios materiales impide asimismo a la inspección del trabajo visitar la gran
cantidad de pequeños establecimientos del sector informal, donde ninguna de las empresas
ha previsto un seguro de enfermedad u otra medida de seguridad social.
Las medidas legislativas destinadas a proteger a los niños del trabajo
nocivo en las fábricas, minas y otras industrias, no han incluido a la agricultura,
convirtiendo así a los niños trabajadores agrícolas en los menos protegidos de todos.
Se necesitan medidas de tipo legal, social, económico y educativo para proteger a los
niños contra los peligros de los trabajos nocivos, especialmente en el caso de los
trabajadores agrícolas.
El artículo 176 la Ley Federal del Trabajo señala que, las labores
peligrosas o insalubres, son aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las
condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presentan, o por la
composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el
desarrollo y la salud física y mental de los menores. No obstante, en México los niños
recogen cosechas con las plantas todavía cubiertas de pesticidas o las rocían ellos
mismos con productos químicos.
Familias enteras de trabajadores inmigrantes o jornaleros agrícolas,
incluidos los niños, ayudan a plantar y cosechar las frutas y los vegetales. Los niños
están expuestos a picaduras de serpientes e insectos venenosos y debido a que comienzan a
trabajar desde muy temprano en medio de la humedad y el frío, a menudo descalzos o
vestidos con ropas inadecuadas desarrollan infecciones respiratorias crónicas y
neumonía. Además, las jornadas laborales para los niños en el campo son prolongadas, en
general de 8 a 12 horas diarias y en lugares alejados del abastecimiento del agua
corriente.
Por otra parte, están los países que no reglamentan en la agricultura
el trabajo de los mel1orcs. En la agricultura hay una cantidad enorme de niños que
trabajan durante e, ya sea en violación de la ley, cuando ésta existe, o de plano en
ausencia de cualquier precepto legal. En las regiones aún no desarrolladas, es
prácticamente imposible hacer cumplir las leyes y sus eventuales reglamentos de
aplicación cuando se trata de edad mínima legal para el trabajo agrícola.
A pesar de que no se dispone de datos sobre el número de niños que
trabajan en los campos de todo el mundo, un informe reciente de la OIT, indica que en
algunos países la tercera parte de la fuerza de trabajo agrícola está compuesta por
niños. Los que recogen té, café, caña, caucho, cacao conocen el trabajo extenuante
realizado con pocos medios mecánicos y en condiciones deplorables.
Un sector que ocupa importantes cantidades de niños trabajadores es el
"informal", el cual no cumple ninguna de las disposiciones legales relativas a
la edad mínima de admisión al empleo y a la protección de la infancia en general: las
relaciones profesionales no suelen estar regidas por la legislación, sino por la
tradición y la costumbre y muchos empleadores y asalariados desconocen la existencia de
las respectivas leyes protectoras.
Al menos un millón de niñas al año caen en todo el mundo, mediante
engaños o por la fuerza en las redes de la explotación sexual, de acuerdo con datos de
Organismos No Gubernamentales (ONG), pero los niños varones también son explotados
sexualmente.
En México, un estudio preliminar del Centro de Investigación y
Estudios en Antropología Social (CIESAS) para siete ciudades; Distrito Federal, Tijuana,
Ciudad Juárez, Tapachula, Cancún, Acapulco y Guadalajara, en cada una de ellas, salvo la
capital del país donde se calculan siete mil, se estima un total de entre 500 y mil
niños y niñas víctimas del comercio sexual, en cualquiera de sus modalidades:
prostitución, pornografía, turismo sexual y tráfico. Sus edades oscilan entre 13 y 17
años, pero hay más pequeños.
El daño físico y psicológico infringido por la explotación sexual
con fines comerciales hace que este abuso sea una de las modalidades más nocivas del
trabajo infantil. Independientemente de cuán alto sea el salario o de las pocas horas de
trabajo, los niños y niñas envueltos en la prostitución deben enfrentar riesgos para la
salud, entre ellos las enfermedades respiratorias, el SIDA y las enfermedades de
transmisión sexual, embarazos no deseados y la adicción a estupefacientes.
Por su parte, la protección de los derechos de los adolescentes
constituye una eficaz "inmul1ización" que ayuda a prevenir las enfermedades
venéreas, incluso la infección con el SIDA, y a reducir las tasas de deserción escolar,
el consumo de drogas y los comportamientos violentos.
Los adolescentes, como todos los niños, tienen derecho a que se les
escuche y a participar, en función de su edad y madurez, en las cuestiones que les
afecten y en las cuales sean partes interesadas Es preciso asegurar los derechos de los
niños en todas las etapas de sus vidas, incluido el derecho a la atención en un entorno
acogedor durante los primeros años, y a recibir educación e información, aprendizaje
para la vida práctica y apoyo durante la adolescencia.
A fin de promover en mayor medida el progreso de la infancia, es
necesario establecer las siguientes prioridades: Todos los niños tienen derecho a la
salud, educación, a vivir en familia, a la no discriminación, a la tutela plena e
igualitaria sin distinción de posición económica, raza, edad, sexo, religión, idioma o
lengua, origen étnico, discapacidad suya o de sus ascendientes, a así como a la
protección contra la violencia, el maltrato y la explotación.
Las disposiciones legales destinadas a prohibir el trabajo infantil
constituye un ideal avanzado, una meta para el futuro, así como también, pautas
normativas que puedan hacerse cumplir de inmediato y con rigor.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones
invocadas en el proemio, presento la siguiente Iniciativa de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
Artículo Unico. Se adiciona el artículo 3, con un inciso H; el
artículo 14, con un inciso E; el artículo 21, con un inciso D; y el artículo 28, con un
inciso K; de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 3
...............................................................................................................................
A…………….
B .................
C ................
D..................
F……………
..............................................................................................................................................................G..........…
H. El goce pleno del derecho a la salud. El Estado, la sociedad y la
familia son corresponsables en la adopción y aplicación de medidas tendientes a procurar
los servicios de salud.
Artículo
14......................................................................................................……
A...............................................................................................................
B................................................................................................................
..............................................................................................................................................D................................................................................................................
E. En la adopción de políticas públicas dirigidas a proteger el
derecho a la salud, especialmente para aquellos que no cuenten con acceso a los sistemas
de seguridad social.
Artículo 21…………………….
.............................................................................................................................A..............................................................................................................
B..............................................................................................................
..............................................................................................................................................D.
Contra los trabajos insalubres, peligrosos y dañinos para la salud, especialmente en el
caso de los trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía.
Artículo
28……………………………………………………………………..
............................................................................................................................A..............................................................................................................
B................................................................................................................
C………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................
D…………………………………………………………………………………
E………………………………………………………………………………..
F……………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................G................................................................................................................
H..............................................................................................................
I..................................................................................................................
J.................................................................................................................
K. Proporcionaran servicios de salud gratuitos a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en condiciones de desventaja social, especialmente a los
trabajadores agrícolas, de la calle y del sector informal de la economía.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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APENDICE No. 6
CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION.
Con fundamento en el artículo 71 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del C. Presidente de la
República, con el presente envío a ustedes la siguiente Iniciativa de:
LEYDECAPITALIZACIONDELPROCAMPO
Documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el
digno conducto de ustedes.
Reitero a Ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
CIUDADANO DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES, PRESIDENTE DE LA CAMARA DE
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, PRESENTE.
El desarrollo agropecuario y rural de los Estados Unidos Mexicanos
representa una prioridad nacional, porque se refiere al estrato social y productivo que
con mayor urgencia requiere de nuevas y mayores oportunidades y soluciones que encausen
definitivamente la economía agrícola en beneficio de la colectividad.
Durante las últimas décadas se ha procurado dar atención a los
problemas de los hombres y mujeres del campo en México, pero los esfuerzos realizados al
respecto no han logrado encontrar las suficientes respuestas satisfactorias que permitan
elevar auténticamente las condiciones de vida, el ingreso per capita y la situación no
menos preocupante de potenciar el rendimiento productivo en el sector rural.
Igualmente, se considera como otro de los elementos centrales de
política pública, la afirmación hecha en los foros internacionales en el sentido de que
ningún país debiera ser dependiente de la producción de ciertos insumos alimenticios
generados en otras latitudes, ya que ello propiciaría una indeseable incertidumbre en su
obtención y la consecuente elevación en sus costos de compra.
De ahí, que lo más recomendable es tender los puentes necesarios que
conlleven a los sujetos involucrados en este proceso, a alcanzar niveles más eficientes
que nos permitan contar con una adecuada seguridad alimentaria, que tenga como eje la
potencialización de este tipo de actividades productivas propias del sector rural.
Ante la problemática del crecimiento poblacional y de la escasez de
oportunidades, sabemos que se encuentra también directamente vinculada la migración de
la gente del campo a las grandes urbes y aun más allá de nuestras fronteras, con el
propósito de encontrar fuentes de trabajo y generar recursos para su subsistencia. Los
crecientes índices de desempleo en el campo y la incapacidad de encontrar medios de
subsistencia para la vida campesina están conllevando a un serio deterioro en el tejido
social.
Durante años se propició y difundió la idea de que si se contaba en
un amplio número de brazos para las actividades propias del campo, se tendrían mayores
posibilidades de éxito al momento de levantar la cosecha. Ahora, observamos que aquella
afirmación, en términos generales, no corresponde ya a esa realidad; por lo que las
acciones y los apoyos gubernamentales que se otorguen, deberán ser empleados en la
modernización de la infraestructura que el productor posea, en la adquisición de nuevos
equipos que faciliten su labor y que además pueda contar con mejores plantaciones e
instalaciones que hagan más rentable su propio centro de trabajo.
Para propiciar esta tendencia es necesario instrumentar acciones de
mediano y largo plazos, que permitan una verdadera capitalización en el campo, que
generen beneficio económico para los millones de mexicanos que dependen del desarrollo
rural, y para que las futuras generaciones cuenten con perspectivas más adecuadas que les
motiven a ir hacia delante y aprovechar los elementos tecnológicos de la modernidad.
Se tiene la certeza de que al incorporar la población rural a la
dinámica del desarrollo nacional, en un escenario de mediano plazo se convertirá en un
detonante de la demanda de bienes y servicios. Por ello, es del más alto interés
nacional apoyar a los productores del campo, mediante aquellas acciones que hagan viable
elevar sus condiciones de vida, conservar los recursos naturales y fomentar su desarrollo.
Cabe señalar que de la población nacional en condiciones de pobreza,
actualmente la mayor parte de ella se ubica en el campo, siendo ésta una situación que
hace impostergable que la sociedad y el Estado renueven su compromiso con los grupos
rurales más desprotegidos.
Subsiste por ello la obligación del Estado de propugnar por que su
población cuente con mayores oportunidades de desarrollo, partiendo de la premisa de que
éste se encuentre en aptitud de generar mayores fuentes de empleo, aunque habrá que
reconocer que no es una tarea fácil. Del universo poblacional en edad laborable,
alrededor de quince millones se encuentran en las zonas rurales y a ello habría que
agregar que el fenómeno migratorio que se ha citado es más frecuente en los estratos de
población menor a treinta y cinco años, principalmente por la falta de oportunidades.
Por todo ello es vital brindar mayores expectativas y oportunidades a nuestros
connacionales ubicados en esta situación.
Sabemos también que es una mínima parte de la Población
Económicamente Activa, ascendiendo a una cuarta parte de ella la que se encuentra
empleando su fuerza de trabajo en las actividades propias del sector rural, generando
únicamente un porcentaje menor al diez por ciento de nuestro Producto Interno Bruto.
Mientras que en otros países más desarrollados tecnológicamente, con tan sólo el diez
por ciento de la población concentrada en producir insumos agropecuarios, se arroja una
producción que equivale a poco mas de una quinta parte de dicho producto.
De ahí la necesidad de impulsar a estas actividades como una
condición necesaria que nos permita paulatinamente ser más eficaces y competitivos en
esta importante materia de producción primaria, basándonos en una adecuada capacitación
para el trabajo que arroje como consecuencia mano de obra calificada y especializada, lo
cual podrá ser un mecanismo de impulso, entre otros, a las comunidades indígenas que
sufren condiciones de marginación.
El desarrollo rural en México no podrá resolverse sin una visión de
largo plazo. El desarrollo rural en nuestro país debe orientarse siempre al alcance de
futuras épocas positivas y a que se genere un balance favorable que además eleve las
condiciones de vida del sector campesino y redefina el peso de estas actividades primarias
en beneficio de la población y de la economía nacional.
Habría que agregar el hecho de que no se está impulsando
adecuadamente a la competitividad, paralelamente con el evidente advenimiento de nuevas
tecnologías, lo cual nos está rezagando aún más en el contexto de competencia
internacional que enfrenta la Nación, en un entorno comercial de orden global en el que
los países en desarrollo tienen que importar productos alimenticios a precios inferiores
a los que nosotros podemos producir. Por lo que también debemos revertir esa tendencia.
Es un hecho innegable que nuestros socios comerciales de otros países
otorgan también a través de diversos mecanismos una serie de apoyos a la producción de
mercancías, destacando sobre todo los impactados en los productos agrícolas a los que se
adicionan las campañas al consumo de sus derivados.
Siguiendo este esquema, el Ejecutivo Federal está emprendiendo un
conjunto de acciones en varias vertientes de carácter educativo, asistencial, económico
y social, para enfrentar con responsabilidad las exigencias de la población. Al efecto,
se estima indispensable promover que nuestro país cuente con una producción de granos,
hortalizas, frutales, cárnicos y otro productos, que sea suficiente para satisfacer la
demanda primaria de los propios productores rurales y que además permita su
comercialización en el mercado nacional a precios competitivos con el exterior.
Por lo que esta propuesta es consecuente con ese reclamo frecuentemente
manifestado en las distintas regiones del país y que pretende, guardadas las proporciones
de recursos, se aumente y potencie nuestra producción agropecuaria con la obtención
adelantada de los apoyos directos derivados del PROCAMPO que se encuentran previstos en
forma anual hasta el año de 2008, con lo cual los sujetos de la ley podrán disponer de
mayores recursos y aplicarlos a su proyecto productivo enfocándolo con una visión a más
largo plazo y a aquellos insumos que ellos mismos consideren más necesarios para el
ejercicio propio de su labor.
Es sabido que el PROCAMPO se encuentra ya en su octavo año de vigencia
de los quince inicialmente programados. Desde la época de su puesta en marcha, en que se
nos situó en el entorno de una transición económica derivada de la suscripción del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se tuvo como propósito que este
instrumento pudiera mejorar las condiciones comerciales de nuestros productores en el
marco de un libre mercado y franca competencia, permitiendo una asimilación paulatina
entre las distorsiones y ventajas comparativas entre los actores involucrados de los tres
países.
Igualmente, se considera que la capitalización del Procampo,
permitirá también a sus beneficiarios utilizar cualquier tipo de esquema legal que sea
vigente y que a la vez sea planteada esta posibilidad en forma individual o partiendo de
la base de cualquier tipo de figura asociativa prevista por la propia ley.
La estrategia de apoyar decididamente los requerimientos del Sector
Agropecuario Nacional implica la generación de múltiples proyectos productivos viables y
la posibilidad de financiarlos. La presente iniciativa de Ley de Capitalización del
Procampo, que someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, presenta una
modalidad en la previsión de las disponibilidades del gasto público, ya que propone la
posibilidad de que los beneficiarios del PROCAMPO, puedan acceder ahora, vía los
mecanismos financieros que se determinen, a recursos equivalentes a los que restan de
dicho programa.
La capitalización de recursos que propone esta iniciativa, de merecer
su aprobación, contempla la existencia de una disposición legislativa con una vigencia
determinada y preestablecida al 31 de diciembre de 2008, lo cual permitirá que, en
cumplimiento de un mandato legislativo, se otorguen los correspondientes montos anuales de
recursos económicos que permitan su cabal y puntual aplicación.
La presente propuesta se apega al principio de anualidad del
Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual no implica que la vida nacional tenga
que nacer y terminar cada año fiscal, ya que las actividades de planeación y prospectiva
se verían irracionalmente limitadas. Un sano criterio de interpretación de las
disposiciones constitucionales en la materia, señala que debe existir la necesaria
simetría entre los ingresos y los gastos públicos, de tal manera que las finanzas
públicas nacionales encuentren la debida correspondencia entre las contribuciones que se
impongan y las disponibilidades presupuestales que al efecto se aprueben para sufragar los
gastos públicos.
En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
que si bien la Ley de Ingresos de la Federación es un ordenamiento legal de vigencia
limitada al Ejercicio Fiscal en turno, ello no significa que las leyes fiscales que
establecen las contribuciones, impuestos y derechos, por ese solo hecho deban considerarse
como de vigencia anual. Por el contrario, la interpretación de nuestro máximo Tribunal
sostiene con claridad que las leyes fiscales son de vigencia permanente.
Es en este mismo sentido es que, en correspondencia a la simetría
existente entre las disposiciones de ingreso con las de gasto, se sostiene la tesis de que
efectivamente el Presupuesto de Egresos de la Federación es un ordenamiento legal de
vigencia limitada única y exclusivamente al Ejercicio Fiscal en turno, pero que ello no
es óbice para que existan leyes que prevean la viabilidad de programas de mediano y largo
plazos, como es el caso de la presente iniciativa.
Lo anterior es consistente con la actual redacción que presenta la
fracción IV del Art. 74 de nuestra Ley Suprema, en donde a partir de 1977 al reformarse
los artículos 65 y 74 de la propia Constitución, se modificó el concepto de
"Aprobar el Presupuesto anual de gastos", para pasar al de "aprobar
anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación".
Posiblemente ha existido una inercia interpretativa de lo que fue
durante muchos años un concepto radicalmente restrictivo del principio de anualidad del
Presupuesto. Sin embargo, y no porque se trate de un mero formulismo o de la
interposición de los vocablos, sino porque el mandato Constitucional así lo señala
expresamente, se debe hacer hincapié en que es muy distinto hablar de la aprobación de
un Presupuesto Anual, que hablar de la facultad de aprobar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
En tal virtud, la iniciativa de Ley de Capitalización del Procampo,
que se somete al H. Congreso de la Unión, está basada en el mismo razonamiento, en el
sentido de que aún cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación debe ser aprobado
anualmente, esto no significa que las previsiones del gasto establecidas en las leyes
programáticas que requieren de recursos fiscales para su cumplimiento deban agotar
anualmente su vigencia.
La insuficiencia de recursos económicos y financieros ha constituido
por un periodo significativo la principal restricción para instrumentar estrategias y
proyectos suficientes, para mantener y consolidar la modernización y el desarrollo del
Sector Agropecuario y Rural mexicano. Por ello se presenta una propuesta que pretende
contribuir a resolver esta problemática.
Por todo lo expuesto, la presente iniciativa de Ley de Capitalización
del Procampo, tiene como propósito dar certidumbre, integralidad y suficiencia a los
apoyos gubernamentales dirigidos al sector rural, agroalimentario y forestal de México.
Este ordenamiento permitirá a los productores conocer con precisión que los apoyos
gubernamentales a través del Programa de Apoyos Directos al Campo van a estar disponibles
en los próximos años y bajo qué condiciones serian elegibles para recibirlos. Sabemos
todos que el Procampo, ha sido un instrumento de política agropecuaria con finalidades de
apoyo para toma de decisiones de inversión que indudablemente han repercutido en
beneficios para el sector rural.
Con base en la experiencia institucional, derivada de los años de la
vigencia del Programa, se han logrado mejoras en sus procedimientos técnicos y otros
medios materiales y aún normativos conllevando a que sea éste un instrumento confiable
de capitalización en el sector rural, por ello considero es viable la propuesta de elevar
sus directrices esenciales y los instrumentos financieros de anticipación al rango de
ley, atendiendo los requerimientos no sólo de la gente del campo, sino de la población
en general que nos demanda cada vez más y mejores esquemas para la obtención y alcance
de satisfactores.
La Ley no solamente propiciaría un uso más apropiado de tales apoyos
por parte de los beneficiarios y de los diversos actores que concurren al desarrollo de la
actividad, sino que como se ha afirmado, otorgará una mayor certidumbre al negocio
agroalimentario y una mayor capacidad de negociación a los productores primarios.
Por otra parte, este ordenamiento hará explícitas las políticas de
fomento que son requeridas para otorgar ciertos apoyos a los productores agropecuarios al
asegurar un flujo de recursos a !os productores y facilitará la negociación de ellos y
su aplicación eficaz a proyectos de inversión.
Dadas las finalidades del sector, cuyas actividades son prioritarias
para el desarrollo nacional, el hecho de proporcionar una señal normativa coadyuvará en
el logro adecuado de asociar en tiempo y espacio los recursos necesarios para emprender
los proyectos que el sector rural requiere para la transformación agropecuaria e integral
que en las diversas regiones debemos darnos los mexicanos; por lo que sin modificar las
bases previstas para el Procampo, ni su destino presupuestal expresado en términos
constantes, nos proporciona las bases para conjuntar esfuerzos en beneficio del sector.
La permanencia de las políticas de fomento y de los instrumentos de
apoyo en el mediano y largo plazos es fundamental para permitir la emergencia de un
moderno sector agroalimentario, que requiere de una transformación radical de sus formas
de producción y organización, de su tecnología, de su infraestructura y de su capital
humano, además de una más equilibrada relación con el resto de la economía de la
sociedad.
Dicha transformación requiere necesariamente de un periodo que brinde
seguridad y que contribuya a madurar la cultura de la capitalización de la reconversión
productiva en la actividad agroalimentaria.
En el ordenamiento propuesto, se incorporan previsiones que hacen
flexible su manejo para cumplir con el resto de las prioridades en materia inflacionaria,
cambiaría, de equilibrio presupuestal, de desarrollo industrial y de desarrollo urbano,
que han tenido un gran peso en las decisiones gubernamentales y, que junto a la excesiva
centralización de las decisiones, han marginado al campo de los beneficios de las
políticas públicas de impulso y modernización.
Es por ello imprescindible restituirle al campo los apoyos que
conduzcan a un desarrollo integral y le den gran dinamismo. La importancia del desarrollo
del sector rural como eje de las economías regionales, como proveedor de alimentos de una
población creciente, como componente básico de múltiples cadenas agroindustriales, y
como generador de bienes exportables, debe ser considerada en su real dimensión. También
debe serlo la ineludible necesidad de establecer condiciones de digna subsistencia a la
población rural, contribuyendo al incremento de sus percepciones económicas y en general
en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
En esa virtud, el Ejecutivo Federal a mi cargo, al someter a la elevada
consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Ley de
Capitalización del Procampo, lo hace partiendo de la base de que el orden jurídico debe
mantener permanentemente abiertos los caminos de la justicia social, postulado fundamental
inmerso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción I del
articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno
conducto someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente
Iniciativa de
"LEY DE CAPITALIZACION DEL PROCAMPO
TITULO PRIMERO
Objeto y Aplicación de la Ley
Capítulo Unico
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto fomentar las labores
productivas agrícolas, ganaderas, piscícolas, acuícolas, forestales y silvícolas,
englobando a estas como actividades de producción rural previstas dentro del Programa de
Apoyos Directos al Campo, en lo sucesivo Procampo, a la vez que las reconoce como eje de
las economías regionales para coadyuvar al desarrollo rural del país. Sus disposiciones
son de interés público.
Para alcanzar el cumplimiento de ese propósito, tomando como base los
derechos derivados de la tenencia de la tierra y el directorio de beneficiarios del
Procampo, se concede a estos sujetos la posibilidad de acceder al sistema de pago
adelantado de sus apoyos directos, que podrán ser otorgados al productor para la
realización de sus proyectos productivos.
Artículo 2. En el marco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Estado a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en lo sucesivo "la Secretaría", con la
participación de otras dependencias y entidades participantes en el Sector, podrá
coordinar, concertar e inducir diversos mecanismos que permitan identificar los incentivos
más acordes para alcanzar la capitalización de los beneficiarios del Procampo,
escuchando las propuestas de las entidades federativas y de los propios productores dentro
del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Artículo 3. El establecimiento del pago adelantado del Procampo, es un
apoyo que se instituye para impulsar el desarrollo nacional, como parte de un proceso de
transformación social y económica que conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable
de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las
actividades de producción rural. Dicho apoyo estará disponible a partir de la entrada en
vigor de esta Ley y permitirá que los productores rurales lo conozcan con precisión, a
la vez que se encuentren en posibilidad de satisfacer las condiciones y requisitos que
deberán cumplir para ser elegibles y poder recibirlo oportunamente.
Artículo 4. El Estado impulsará la organización de los productores y
las formas de asociación económica determinadas en las leyes vigentes, a fin de
propiciar con ello una mejor vinculación de las actividades de producción rural con los
otros agentes de la cadena agroalimentaria y el consumidor final, así como del resto de
la economía.
Artículo 5. Las acciones del Estado, encabezadas por la Secretaría,
en los sectores recurrentes de actividades de producción rural, tendrán el tratamiento
que se establece en la presente ley y les serán aplicables los criterios de equidad
social, integralidad y sustentabilidad y podrán concurrir a su realización los sectores
público, social y privado, mediante diversos mecanismos de cooperación.
Los compromisos y responsabilidades del Gobierno Federal frente a los
particulares y frente a los otros órdenes del gobierno, quedarán establecidos en los
programas sectoriales y regionales que sean aplicables.
Dichos compromisos y responsabilidades se atenderán en los términos
de las disponibilidades presupuestarias y sin menoscabo de otras actividades prioritarias
a cargo del propio Gobierno Federal, en atención a las disposiciones jurídicas vigentes.
Artículo 6. Para impulsar el desarrollo rural en los términos que
dispone esta Ley, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante el apoyo
directo a los productores del campo, con la finalidad de que éstos puedan realizar las
inversiones necesarias para incrementar la productividad de sus unidades de producción y,
por esta vía, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.
Artículo 7. La Secretaría con objeto de dar cabal cumplimiento a los
objetivos y propósitos previstos en el Procampo, buscará instrumentar diversas formulas
para que los productores estén en condiciones de recibir por adelantado los beneficios
que asegura el Programa hasta su terminación.
La Secretaría a través de su órgano administrativo desconcentrado,
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, "ASERCA", estará
facultada para apoyar y coordinar a los productores en sus gestiones financieras y en la
definición de sus proyectos de capitalización, utilizando para ello figuras legales que
estén a su disposición.
TITULO SEGUNDO
De la Federalización y Descentralización.
Capítulo Unico
Artículo 8. La aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley y
que correspondan a !as entidades federativas, se coordinará por las dependencias
encargadas del fomento de las actividades de producción rural en cada estado de la
República, en el marco de la federalización de la gestión pública y basándose en los
acuerdos de coordinación suscritos dentro del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, podrán constituir instancias que permitan la participación de los agentes
productivos locales, en la identificación de prioridades, programas y acciones de alcance
regional.
Artículo 9. En esta Ley se prevé la posibilidad de que se presente la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, en atención a sus propios marcos
normativos, como condición que permita estar en aptitud de cumplir con los postulados que
la misma busca alcanzar y bajo la premisa de que en los diversos acuerdos de voluntades
que sean suscritos, se puedan alcanzar los siguientes objetivos:
I. Promover el bienestar social y económico de los trabajadores del
campo, de sus comunidades, y, en general, de la población rural, mediante la generación
de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso y la diversificación del
empleo;
II. Combatir el desequilibrio económico regional, a través de la
atención diferenciada a las regiones, mediante acciones que impulsen la transformación y
la reconversión productiva y económica de dichas regiones con un enfoque productivo
sustentable;
III Contribuir a la seguridad alimentaria de la nación mediante el
impulso del desarrollo rural, y
IV. En su caso, complementar las disponibilidades de recursos
económicos, necesarias en cada ciclo agrícola, a la vez que en este supuesto reforzarán
la certidumbre jurídica y económica del productor beneficiario.
Artículo 10. De conformidad a lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo y el Programa de Desarrollo Sectorial se definirán los criterios de
federalización y descentralización que normarán la corresponsabilidad entre los
distintos órdenes de gobierno, en lo referente a la ejecución de las acciones vinculadas
al fomento del desarrollo rural integral y constituirán el marco de referencia para la
orientación regional del sector y la aplicación de los recursos presupuestales derivados
del Procampo.
Articulo 11. La Secretaría promoverá un marco normativo general para
el fomento y desarrollo sustentable del sector rural con el objeto de dar integralidad a
la política de desarrollo correspondiente; las propuestas emanadas de las dependencias y
entidades paraestatales de los estados y municipios serán invariablemente consideradas en
su conformación.
Artículo 12. La constitución de los foros de participación de los
agentes productivos estatales que promuevan las dependencias encargadas del fomento de las
actividades de producción rural de cada estado, deberá ser representativa de la
composición productiva, económica y social del Sector. Así mismo, la Secretaría en
coordinación con dichas dependencias, dentro del marco del fortalecimiento al federalismo
y la descentralización de la gestión pública, promoverá la participación de los
productores y los municipios en el foro de análisis y decisiones en la materia.
TITULO TERCERO
Del Fomento a la Producción y a la Transformación
Capítulo I
Del Fomento al Desarrollo Rural
Artículo 13. El Gobierno Federal, con la participación que
corresponda a los gobiernos estatales, a los municipios y a los propios productores,
impulsará las actividades de producción rural, su transformación, industrialización y
comercialización.
Artículo 14. La Secretaría apoyará a los productores con los
recursos económicos derivados del Procampo, en los términos de las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio fiscal, así como para implantar nuevas tecnologías que
las hagan más eficientes, competitivas y sustentables.
Artículo 15. De conformidad con las disposiciones de esta Ley y a
través de las correspondientes disponibilidades presupuestarias para cada ejercicio
fiscal, el Gobierno Federal otorgará a los productores del campo apoyos debidamente
definidos en una previsión de mediano plazo, que no será inferior a la vigencia del
Procampo.
Artículo 16. El titular del Ejecutivo Federal al enviar al Congreso de
la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada uno de IGS ejercicios fiscales en que
se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y
disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones
de esta Ley.
Artículo 17. La Cámara de Diputados, durante la vigencia de la
presente Ley proveerá en los correspondientes decretos del Presupuesto de Egresos de la
Federación, partidas y disponibilidades presupuestales para el Procampo. Los incrementos
correspondientes a dichas partidas y disponibilidades presupuestales podrán considerar el
Índice Nacional de Precios al Consumidor como referente económico fidedigno para el año
de que se trate.
Artículo 18. La proyección a mediano plazo de los recursos
correspondientes, perseguirá los siguientes propósitos:
I. Que los productores estén en posibilidad de recibir por anticipado
los recursos previstos en los años restantes de vigencia del Procampo, para capitalizar
sus unidades de producción y poder desarrollar sus proyectos y acciones de
modernización, y
II. Proporcionar a los productores certidumbre de que recibirán los
apoyos que les garanticen implementar los proyectos productivos que permitan entre otras
cosas, una mayor capacidad de negociación al enfrentar los compromisos mercantiles y
aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados
internacionales sobre la materia.
Artículo 19. Los apoyos que se otorguen deberán orientarse para:
I. Modernizar la infraestructura del productor y sus equipos;
II. El establecimiento de convenios entre industriales y productores
primarios;
III. La constitución de empresas de carácter colectivo y familiar;
IV. La asociación de productores mediante la figura jurídica que más
convenga a sus intereses, siempre que se sitúe en el marco legal vigente, y
V. La adopción de tecnologías ahorradoras de energía y ecológicas.
Artículo 20. Las previsiones de recursos y disponibilidades
presupuestales para un ejercicio y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo,
promoverán la producción de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la
producción interna y la balanza comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales
a las cadenas productivas, el acceso a alimentos con menor precio y la reducción de las
condiciones de desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan
lograr su competitividad en el entorno de la globalización económica.
Capítulo II
De los Apoyos al Campo a Mediano Plazo
Artículo 21. Para los efectos de la presente Ley, se continuarán
aplicando todas y cada una de las disposiciones del Decreto de creación del Procampo,
publicado en el Diario Oficial del 25 de julio de 1994, así como sus modificaciones y
adecuaciones correspondientes. Los apoyos directos a los productores rurales a que se
refiere dicho Decreto, se otorgarán para mejorar las condiciones de vida de la población
rural y responde! a los desequilibrios del mercado internacional.
Artículo 22. Mediante la presente Ley se apoyará a los productores, a
través de proyectos productivos financiera y técnicamente viables, a fin de favorecer
que cada terreno produzca aquello para lo que tiene aptitud natural y se desplegará una
política de fomento al desarrollo rural que les permita tomar las decisiones de
producción que mejor convengan a sus intereses.
De conformidad con las disposiciones de la presente Ley, se establece
la modalidad para anticipar en los primeros meses del año y hasta antes de iniciar el
respectivo ciclo agrícola, el pago de los apoyos correspondientes y la posibilidad de
otorgar otros adelantos económicos de mediano plazo, cumpliendo los requisitos que en
este ordenamiento se señalan.
Artículo 23. Los beneficiarios del Procampo podrán obtener
simultáneamente recursos de otros programas, previo cumplimiento de la normatividad que
al efecto expida la Secretaría, o bien, de la dependencia estatal que corresponda en el
supuesto de que algún gobierno local los establezca.
Artículo 24. Los productores que deseen incorporarse a éste esquema,
para estar en aptitud de disponer anticipadamente de los recursos del programa de mediano
plazo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Acreditar que sus predios estén vigentes para que les sean
otorgados los derechos del Procampo;
II. Presentar solicitud donde manifiesten acogerse a este mecanismo de
financiamiento, señalando los ciclos agrícolas para los cuales se requiere, lo cual se
calificará en atención a su proyecto;
III. Anexar él o los proyectos que pretenden realizar con dichos
apoyos, comprometiéndose a materializarlos en un plazo determinado y que deberán
destinarse a algunos de los siguientes rubros:
a) Tecnificación del riego,
b) Reparación o adquisición de equipo,
c) Adquisición de material vegetativo mejorado,
d) Cultivos bajo condiciones climáticas controladas,
e) Reconversión de cultivos o desarrollo de plantaciones y
f) Otros que el productor proponga y que cumplan con lo previsto en
esta Ley;
IV. Presentar para personas físicas, copia de la credencial para votar
expedida por el Instituto Federal Electoral, la Clave Unica de Registro de Población
(CURP) u otra identificación oficial con fotografía y firma o huella digital; para
productores personas morales, copia de su Cédula de Identificación Fiscal por conducto
de su representante debidamente acreditado, y
V. Comprobar estar en uso pleno de los derechos del predio base del
apoyo.
Adicionalmente, los proyectos coadyuvarán a la inscripción de sus
predios en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos al igual que a la regularización de concesiones de aguas subterráneas.
Artículo 25. Los demás beneficiarios del Procampo que deseen
mantenerse conforme a lo establecido por el Decreto correspondiente y sus normas de
operación seguirán recibiendo los apoyos de conformidad a sus previsiones naturales.
Artículo 26. La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones,
deberá promover que los apoyos que se otorguen a los productores les permitan operar bajo
las directrices siguientes:
I. Certidumbre de su temporalidad al fijar en esta Ley la vigencia del
programa y la posibilidad de solicitar por adelantado los recursos previstos en él;
II. Precisión en cuanto a su naturaleza generalizada o diferenciada
por tipo de productor, ubicación geográfica y nivel socioeconómico del beneficiario;
III. Transparencia mediante la difusión de las reglas para su acceso y
la publicación de los montos y el tipo de apoyo por beneficiario;
IV. Responsabilidad de los productores, respecto a la utilización de
los apoyos, y
V. Posibilidad de evaluarlos para medir su eficiencia y
administración, conforme a las reglas previstas.
Artículo 27. Los productores beneficiarios de los apoyos directos
derivados del Procampo, con el apoyo de ASERCA, podrán destinar los recursos
correspondientes para que éstos sirvan como fuente de pago o bien como garantía de
proyectos a desarrollar por los propios productores o mediante las figuras asociativas que
se consideren pertinentes.
Artículo 28. La Secretaría con sujeción a las disposiciones
establecidas en la presente Ley, emitirá la normatividad operativa para otorgar los
anticipos de mediano plazo a que se refiere este Capítulo y aplicará e interpretará
para efectos administrativos lo establecido en este ordenamiento.
Articulo 29. La operación, administración y control de la modalidad
de anticipos de mediano plazo será normada por la Secretaría y se ejecutará conforme a
los criterios de federalización y descentralización señalados en la presente Ley.
Con tal propósito, la Secretaria establecerá los mecanismos de
seguimiento y control sobre los recursos que en su caso se otorguen, y verificará su
correcta aplicación en los proyectos aprobados.
Artículo 30. La Secretaría resolverá las inconformidades que
presenten los productores en la aplicación de la modalidad de anticipos de mediano y
largo plazo previstos por esta Ley.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, y sus beneficios serán aplicables a
partir del 1° de enero de 2002, para lo cual se tomarán las previsiones administrativas
necesarias.
Segundo. El presente ordenamiento concluirá su vigencia el 31 de
diciembre del año 2008.
Tercero. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la entrada en vigor de esta Ley,
promoverá las acciones de fomento a la capitalización rural y la instrumentación de los
mecanismos financieros que se requieran para el cumplimiento de sus disposiciones."
Reitero a Usted, ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Palacio Nacional a 10 de abril de 2001
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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