COMISIÓN PERMANENTE
SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
LVIII LEGISLATURA,
DIA 17 DE ENERO DE 2001
|
ORDEN DEL DIA 17 DE ENERO DE 2001. |
|
| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
| De la Cámara de Senadores. | |
| Iniciativa del Congreso del estado de Durango | |
| Oficios de la Secretaría de Gobernación | |
|
|
|
|
| Dictamen de primera lectura | |
|
|
| Proposiciones | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agenda política | |
|
|
|
|
| CLAUSURA |
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL
DIA 17 DE ENERO DE 2001.
Presidencia del diputado José Elías Romero Apis
ASISTENCIA
El Presidente:
Proceda la Secretaría a pasar lista dé asistencia.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la
Comisión Permanente.
Señor Presidente, hay una asistencia de 31
legisladores.
Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11:30 horas):
Se abre la sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Comisión Permanente.-- Primer Receso.-- Primer Año.-- LVIII
Legislatura.
Orden del día
Miércoles 17 de enero de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Presidente de la mesa directiva.
De los congresos de los estados de: Baja California Sur, Chiapas,
Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos y San Luis Potosí.
De la Cámara de Senadores.
De los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara
de Senadores y de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario
Con el que se remiten los Informes: sobre el monto de los pagos
efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de cuotas ordinarias
correspondientes al periodo comprendido entre el 1o. de julio y el 30 de septiembre de
2000 y sobre los apoyos financieros otorgados al grupo Financiero Serfín con base en el
programa de saneamiento por el periodo transcurrido al 30 de septiembre de 2000, de
conformidad con los artículos 28 y 84 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. (Turno
a comisión.)
Iniciativa del Congreso del Estado de Durango
Que reforma y adiciona el artículo 2o., de la Ley de Coordinación
Fiscal en sus párrafos primero y quinto. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó
a la ciudadana María del Rosario Gloria Green Macías, como embajadora extraordinaria y
plenipotenciaria de México, ante el gobierno de la República Argentina. (Turno a
comisión.)
Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó
al ciudadano Javier Barros Valero, como embajador extraordinario y plenipotenciario de
México, para que funja como representante permanente de México, ante la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con Sede en París,
Francia. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó
al ciudadano Jorge Enrique Castro Valle Kuehne, como embajador extraordinario y
plenipotenciario de México, ante el gobierno del Reino de Suecia. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el señor Presidente de la República, designó
al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, como cónsul general de México, en Toronto,
Canadá. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República,
designó al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, como cónsul general de México, en
Miami, Florida, E U A. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República,
designó al ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, como cónsul general de México,
en Phoenix, Arizona, E U A. (Turno a comisión.)
Por el que comunica que el ciudadano Presidente de la República,
designó a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin Villenave, como cónsul
general de México, en Milán, Italia. (Turno a comisión.)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Juan E. Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito,
en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo. (Turno a comisión.)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que
varios ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y la
cancelación de permisos otorgados. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la segunda comisión con proyecto de decreto que concede
autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 24 al 30 de enero del 2001, a fin
de participar en el Foro Económico Mundial, en la ciudad de Davos, Suiza, así como
realizar visitas de trabajo a Francfort, Alemania y Milán, Italia. (Dispensa de segunda
lectura, discusión y votación.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo para solicitar la investigación sobre el
fallecimiento de María Rosario Avalos, durante el régimen militar de Augusto Pinochet, a
cargo del senador Sador Sánchez Carreño del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el Horario de Verano, a cargo de la diputada
María del Rosario Tapia Medina del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el Horario de Verano, a cargo de la senadora
Sara Isabel Castellanos Cortés del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo manifestando la solidaridad de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, con el pueblo del Salvador, a cargo del senador
Ernesto Gil Elorduy del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(Urgente resolución.)
Agenda Política
Comentarios sobre la situación política en el Estado de Yucatán, a
cargo del senador César Jáuregui Robles del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Proposición con punto de acuerdo sobre el atentado sufrido por el
gobernador del Estado de Chihuahua, a cargo de la senadora Sara Isabel Castellanos
Cortés, a nombre de integrantes de la Comisión Permanente. (Urgente resolución.)
Comentarios sobre la Política Petrolera del Estado Mexicano, a cargo
del senador Serafín Ríos Alvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente:
Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión anterior y
ponerla a discusión.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN, CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de la Capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las catorce horas con catorce minutos del miércoles diez de enero de dos mil
uno, con la asistencia de treinta y cinco legisladores, el Presidente declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después
al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación
económica.
A consideración del cuerpo colegiado, la integración de las
comisiones de trabajo de la Comisión Permanente del primer receso del primer año de
ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. Se aprueba por treinta y siete votos en
pro y ninguno en contra.
Los congresos de los estados de Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas,
comunican actividades propias de sus legislaturas. De enterado.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informa de
la inauguración de su primer periodo de sesiones correspondiente al dos mil uno. De
enterado.
La segunda legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
informa de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias de su primer año de
ejercicio. De enterado.
Comunicaciones de los diputados:
Manuel de Jesús Espino Barrientos, solicitando licencia por tiempo
indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo; comuníquese a la Cámara de
Diputados.
Enrique Priego Oropeza, quien solicita licencia por tiempo indefinido.
Desde su curul, el senador Raymundo Cárdenas Hernández, solicita que
nuevamente se dé lectura a la solicitud y la Secretaría así lo hace.
La Secretaría da lectura al artículo setenta y ocho, fracción
octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el senador
Demetrio Sodi de la Tijera, desde su curul, hace observaciones a las que el Presidente da
respuesta.
Debaten respecto del punto de acuerdo respectivo, los legisladores:
María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y
Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos, hacen uso de la palabra los legisladores: Jorge
Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido
de la Revolución Democrática; Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario
Institucional y Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de la Revolución Democrática,
quien solicita aclaraciones respecto a la solicitud de licencia del ciudadano Enrique
Priego Oropeza, que el Presidente hace.
Desde su curul, el senador Sodi de la Tijera pide nuevas aclaraciones,
mismas que el Presidente atiende.
La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo y
recoge la votación económica respectiva, misma que resulta aprobatoria. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.
Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien solicita licencia por tiempo
indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo respectivo en votación económica.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que:
Remite la solicitud para que el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del veinticuatro
al treinta de enero de dos mil uno, a fin de participar en el Foro Económico Mundial, en
Davos, Suiza y realizar visitas de trabajo a Francfort, Alemania y Milán, Italia. Se
turna a la segunda comisión.
Solicita el permiso constitucional necesario para que el general
brigadier Genaro Sánchez Rodríguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le
confiere el gobierno de la República del Perú. Se turna a la Primera Comisión.
Remite las hojas de servicios de dieciocho ciudadanos mexicanos, para
los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y ocho de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
La Cámara de senadores remite el presupuesto de dietas, honorarios,
sueldos y gastos para el mes de enero de dos mil uno. Se aprueba en votación económica.
Comuníquese al Senado de la República.
Para expresar sus opiniones respecto a la situación política en el
Estado de Tabasco, hablan los legisladores: Auldárico Hernández Gerónimo, del Partido
de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado José Elías Romero Apis
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, quien
presenta una proposición con punto de acuerdo y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del
Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente turna la proposición del senador Juan José Rodríguez
Prats a la Primera Comisión.
Rectifican hechos los legisladores: Raymundo Cárdenas Hernández, del
Partido de la Revolución Democrática; Efrén Nicolás Leyva Acevedo, del Partido
Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Demetrio Sodi de la Tijera, del Partido de
la Revolución Democrática y Auldárico Hernández Gerónimo, del mismo partido.
La Asamblea considera suficientemente discutido el tema en votación
económica.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas,
citando para la que tendrá lugar el miércoles diecisiete de enero de dos mil uno, a las
once horas.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobada, señor Presidente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente:
Muchas gracias, señor Secretario
Tengo el penoso deber de dar cuenta formal a esta honorable Asamblea,
del muy reciente fallecimiento del ilustre Jurista don Antonio Martínez Báez, quien
fuera diputado en las legislaturas XLIX y LIV y senador de la República en las
legislaturas LII y LIII por el Estado de Michoacán.
Para referirse a este penoso asunto, ha solicitado el uso de la palabra
y lo tiene hasta por 10 minutos, la senadora Martha Tamayo Morales, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La senadora Martha Sofía Tamayo Morales:
Gracias, señor Presidente; compañeras legisladoras, compañeros
legisladores:
En tiempos de cambio, los hombres de leyes y principios son brújula de
la historia.
Por eso, señoras y señores legisladores, resulta lamentable la
pérdida, el 22 de diciembre próximo pasado, del reconocido constitucionalista don
Antonio Martínez Baez, quien dedicó su vida al estudio y aportación al campo jurídico.
Son muchas y muy valiosas las obras que legó al pueblo mexicano.
Originario de Morelia, Michoacán, en donde nació el 18 de agosto de 1901, el abogado
Martínez Baez mostró su erudición en materia jurídica desde su época de estudiante
pues siendo alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, obtuvo el primer premio en el
concurso organizado por los diarios "El Universal" y "Los Angeles,
Times", con el ensayo denominado "Gobierno Constitucional", en 1925.
Este ilustre michoacano, sostenía que para construir una buena
sociedad era necesario formar buenos ciudadanos, creyentes de las bondades que encierra el
espíritu de las normas jurídicas y defensores del estado de derecho, para que su
accionar individual sea en beneficio colectivo y nunca en detrimento de la esfera de
libertades de los demás.
Con esa convicción impartió cátedra a los alumnos de diversas
universidades a los que inculcaba el respeto irrestricto a las leyes.
Destaca en su vasta carrera académica su cátedra de derecho
constitucional en la escuela Libre de Derecho y en El Colegio de México. También,
impartió clases en los cursos de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de
México, institución en la que fue profesor emérito.
De entre sus múltiples ocupaciones académicas, se dio tiempo para
desempeñar muy honrosamente cargos en diferentes organismos; entre ellos, ocupó la
presidencia de la Comisión Nacional Bancaria, fue gerente de la Financiera Industrial
Azucarera y secretario de economía en el periodo de 1948 a 1952.
En el cumplimiento de cada una de estas funciones mostró, en todo
momento, su vocación legal; no cometía ni permitía acto u omisión alguna que
contraviniera el marco jurídico que fijaba sus facultades. Para él, el hombre y sobre
todo el hombre investido de poder, tenía en el derecho la única fuente inspiradora de su
accionar.
El reconocimiento a su cualidad de jurisconsulto trascendió las
fronteras ya que fue miembro de la Academia Internacional de Ciencias Políticas y de
Historia Constitucional de La Sorbona, en París; presidente de la Comisión Económica
para América latina, en México y en Río de Janeiro; miembro del Tribunal Permanente de
Arbitraje de La Haya; delegado de México a la Conferencia Especializada Interamericana
sobre derechos humanos en Costa Rica y representante de nuestro país en el Seminario
Internacional de Organizaciones de Naciones Unidas, sobre el tema "Los peligros del
recrudecimiento de la intolerancia y sobre sus remedios", celebrada en Niza, en 1971.
Debemos aspirar a que en los años por venir haya en la vida pública
de México, hombres y mujeres como Antonio Martínez Baez, que hagan del ordenamiento que
contiene la norma jurídica una conducta cotidiana, toda vez que los tiempos de cambio que
se viven en nuestro país demandan solidez en los principios y acatamiento de la ley para
construir un destino cierto; hombres y mujeres que hagan posible que el cambio de nuestro
país sea hacia etapas superiores y sin retrocesos.
No hay afán de cambio o transformación que justifique obrar con
desapego y desconocimiento del derecho. Por supuesto que no renegamos del cambio,
admitámoslo siempre pues todo régimen de gobierno esta sujeto a la dinámica que impone
la transformación en un conglomerado con vocación democrática.
La evolución de los proyectos y los programas son consustanciales a
las aspiraciones de superación de un pueblo.
En un país de leyes como el nuestro, debe ser compromiso inalterable
de quienes resultan gobernantes por mandato democrático garantizar el respeto del
derecho, obrar estrictamente apegados a la ley, sólo así la democracia cumple con su
cometido.
La popularidad de un gobierno no le da necesariamente, ni sabiduría
para gobernar, ni garantiza su identificación con las responsabilidades institucionales.
La historia está plagada de gobernantes que llegaron con el apoyo
popular al poder y luego se convirtieron en enemigos de quienes los eligieron, todo porque
adolecían de la convicción por el derecho y de los principios que nos enseñó Antonio
Martínez Báez.
La popularidad y los votos en ningún caso son portes para el ejercicio
del gobierno al margen de la ley. Es entonces obligada la pregunta. ¿Qué es lo que da
certeza y rumbo claro a los cambios? La respuesta es simple: el apego alas leyes y
principios, la ausencia de ellos desemboca en anarquía.
En este sentido, Antonio Martínez Báez inspiró varios de sus
estudios históricos en un hombre que es ejemplo de nacionalismo, José María Morelos y
Pavón, de quien el destacado abogado elaboró y publico varios ensayos, en los que
reconoció la aportación de la Constitución de Apatzingán a la vida institucional de
México, así como la congruencia doctrinal que dio a los principios de independencia,
soberanía y división de poderes.
Puede asegurarse que la aportación más significativa del michoacano
en su faceta de historiador, campo en el que incursionó con éxito, fue precisamente
sobre Morelos y los Sentimientos de la Nación, compartía con él la necesidad de acotar
y ejercer controles para el ejercicio del poder, su afán por moderar las distancias entre
la opulencia y la indigencia y la libertad de nuestro país para decidir por símismo su
futuro. Estos principios están vigentes hoy más que nunca, pues se ha mostrado
claramente una compulsión por cambiar el estado de cosas sin que se tenga un enfoque
preciso del lugar al que se aspire, ni las formas para llegar a él.
Hombres como Antonio Martínez Báez, doctor Honoris Causa por la
Universidad Michoacana; diputado y senador, son baluartes frente a la incertidumbre de un
cambio sin rumbo fijo.
Señor Presidente de la mesa, solicito que a su vez pida a la señoras
legisladoras y señores legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, se conceda
un minuto de silencio en honor a la memoria de este ilustre mexicano.
Muchas gracias.
El Presidente:
Tal como se ha solicitado, guardaremos un minuto de silencio en memoria
de don Antonio Martínez Baez.
(Minuto de silencio).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con las comunicaciones.
La secretaria diputada Lidia Madero García:
Del Congreso del Estado de Baja California Sur, comunica la clausura
del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio y
la elección de las directivas de la diputación permanente que funcionarán del 28 de
diciembre de 2000 al 15 de marzo de 2001 y del primer periodo ordinario de sesiones del
tercer año de ejercicio que funcionarán del 15 de marzo al 15 de junio del año 2001.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Estado de Baja
California Sur.
Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
En sesión solemne celebrada hoy 28 de diciembre del presente año,
fueron clausurados los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente
al segundo año de ejercicio constitucional; en la sesión citada fueron elegidas las
directivas de la diputación permanente; así como la directiva del primer periodo
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad a lo
dispuesto por los artículos 34 y 222 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del
estado de Baja California Sur.
La directiva de la diputación permanente que fungirá durante el
periodo de receso que inicia hoy 28 de diciembre del año 2000 al 15 de marzo del año
2001, quedó integrada de la siguiente forma:
Diputados: Soledad Saldaña Bañales, presidente; Plácido Fidel Cota
Valles, Víctor Manuel Martínez de Escobar Cobela, secretarios; Dominga Zumaya Alucano,
primer suplente; José Rosario Verdugo Verduzco, segundo suplente; José Javier Santoyo
Lara, tercer suplente.
La directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año
de ejercicio constitucional que fungirá del 15 de marzo al 15 de junio del año 2001,
quedó integrada de la siguiente forma:
Diputados: Javier Gallo Reyna presiente, Irma Patricia Ramírez
Gutiérrez, vicepresidente; Luis Francisco Amador Hernández, secretario; Alejandro Félix
Cota Miranda, prosecretario.
Sin otro particular, nos es grato enviar a usted, un cordial saludo.
Atentamente
La Paz, Baja California Sur, a 28 de diciembre de 2000.-- Plácido
Fidel Cota Valles, secretario."
El Presidente:
De enterado.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria senadora Lidia Madero
García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Estado Libre y
Soberano de Chiapas.-- Honorable Congreso.
Ciudadanos diputados al Congreso de la Unión.-- México, D.F.
Por medio del presente me permito comunicar a esa Honorable Cámara de
Diputados al Congreso de la Unión, que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el
pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas aprobó el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Unico. Que en aras de brindar bienestar a la población de Chiapas,
solicitamos de manera respetuosa a los diputados federales de las fracciones representadas
en el Congreso de la Unión y en especial a los legisladores chiapanecos, para que
realicen las gestiones que sean necesarias a fin de que nuestra entidad federativa sea
considerada en su totalidad como región fronteriza y el Impuesto al Valor Agregado sea
del 10% en todo el Estado, para que los beneficios que ello representa, aumenten
considerablemente las posibilidades productivas, comerciales e industriales y se
conviertan en verdaderos detonantes del desarrollo y justicia social.
Estamos seguros que con su ayuda coadyuvarán a mitigar la pobreza y la
marginación de los chiapanecos al incentivar la inversión en nuestro Estado.
Sin otro particular, reiteramos nuestra atenta y distinguida
consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 28 de diciembre de 2000.-- Por el
honorable Congreso del Estado, diputado Jesús Pérez Hernández, secretario.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
honorable Cámara de Diputados.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Colima.-- LVIII Legislatura
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión.-- México, D.F.
En sesión pública ordinaria celebrada hoy, los integrantes de la LIII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política local; 22,
fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un punto de
acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:
"Solicitar al Congreso de la Unión que promueva y establezca en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, de manera
prioritaria, que en todos los programas sociales orientados al combate a la pobreza, en
los que se requieran insumos o productos agropecuarios, éstos sean adquiridos de
productores y de la industria nacionales; dando preferencia a los productores de cada
región o Estado en los que se apliquen, siempre que éstos sean de calidad, de acuerdo
con las normas aplicables, estimulando con ello la inversión y la planta productiva del
país".
Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos
de ley correspondientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, 27 de diciembre de 2000.-- Diputados: Antonio Morales
de la Peña, Roberto Alcaraz Andrade, secretarios.
Honorable Congreso del Estado.-- Presente.
En sesión pública ordinaria celebrada por esta soberanía el pasado
18 de diciembre, se ordenó turnar a la Comisión de Gobierno para su estudio y análisis
el punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Solís Aguirre, encaminado a
solicitar al honorable Congreso de la Unión que analice valore y determine la posibilidad
de que en los programas sociales se utilicen de preferencia insumos producido en el país
y, en su caso, en la región.
Que habiendo analizado las consideraciones que sirven de soporte a la
propuesta, concluimos que efectivamente, una forma de alentar la inversión en el sector
agropecuario, es promoviendo el consumo de productos del campo, que se han visto
desplazados por las importaciones que se hacen al amparo de la apertura comercial
promovida por el Tratado de Libre Comercio y que han desestabilizado el mercado interno
con una sensible afectación de la balanza comercial, una desprotección de la economía y
una descapitalización de los productores agropecuarios en quienes además, la falta de
incentivos desalienta la inversión productiva en dicho sector.
Que por otra parte, los programas sociales promovidos por el Gobierno
Federal, que se traducen en el otorgamiento de subsidios para atender las múltiples
necesidad de las familias y la población en general, pueden convertirse en el motor de
las acciones encaminadas a promover el consumo de productos del campo mexicano, en lugar
de los de importación, desalentando ésta y reconociendo el esfuerzo de nuestros
campesinos para fortalecerlos y multiplicar la inversión agropecuaria.
En síntesis, la inquietud y reclamo de los hombres del campo, es
necesario apoyarla sin reservas, por lo que nos pronunciamos por la propuesta y
solicitamos al pleno de esta soberanía, el voto favorable para el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Solicitar al Congreso de la Unión que promueva y establezca en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2001, de manera
prioritaria, que en todos los programas sociales orientados al combate a la pobreza en los
que se requieran insumos o productos agropecuarios, estos sean adquiridos de productores y
de la industria nacionales, dando preferencia a los productores de cada región o estado
en los que se apliquen, siempre que estos sean de calidad de acuerdo con las normas
aplicables, estimulando con ello la inversión y la planta productiva del país.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Colima, 22 de diciembre de 2000.-- La Comisión de Gobierno
Interno y Acuerdos Parlamentarios.-- Diputados: Héctor Arturo Velasco Villa, presidente;
Jorge Octavio Iñiguez Larios, Armando de la Mora Morfín, secretarios.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Congreso del
Estado de Durango.-- Honorable LXI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-- Palacio
Legislativo.
En sesión ordinaria verificada hoy, la LXI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo, el cual nos permitimos
transcribir para su conocimiento y efectos legales consiguientes, y que dice:
"Que esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, aprobó
solicitar al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, el incremento al subsidio ordinario de las universidades públicas y en especial,
a la Universidad Juárez del Estado de Durango, que sea suficiente para hacer frente al
cumplimiento de las prestaciones laborales, incluidas en los contratos colectivos de
trabajo."
Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra
consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Durango, Durango, a 14 de diciembre del 2000.-- Diputados: Pedro Luna
Solís, Jaime Ruiz Canaán, secretarios.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Honorable Congreso del Estado de Guerrero.-- LVI Legislatura
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.-- Presentes.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sesión de este día tuvo a bien aprobar, un acuerdo
parlamentario, relativo a la problemática forestal en el Estado. Documento que me permito
anexar al presente, para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi
distinguida consideración.
Atentamente.
El Presidente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero: diputado Roberto Torres Aguirre.
La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en nombre del pueblo que representa y
CONSIDERANDO
Primero. Que desde que se realiza el aprovechamiento de los recursos
forestales, no se han realizado estudios diagnósticos que indiquen el grado de deterioro
de los mismos, a pesar de que se asegura que la superficie forestal es de 3.5 millones de
hectáreas, así por ejemplo, se consigna que la superficie arbolada de Guerrero, según
el Inventario Nacional, era para 1994: bosques de: 1 millón 945 mil 171 hectáreas, que
se encuentran divididas en coníferas y coníferas latifoliadas mezcladas; de selvas 1
millón 106 mil 482 hectáreas y de áreas perturbadas de 1 millón 719 mil 541
hectáreas. Sin embargo, la producción maderable más importante es la que se extrae de
las coníferas, mismas que se encuentran en 104 mil 458 hectáreas, que realmente son el
área con capacidad comercial; coníferas y latifoliadas 1 millón 304 mil 071 hectáreas.
En las que se encuentran mezclados tanto pinos como encinos, notablemente alterados por el
proceso de extracción de los pinos y 536 mil 642 hectáreas de latifoliadas, lo cual
muestra que la reducción de la superficie con capacidad productiva es importante,
considerando que el 60% de la superficie del estado es de vocación forestal.
Segundo. Que la situación de deterioro de los recursos naturales tiene
como consecuencia la disminución de los beneficios que el bosque proporciona, tales como:
el abastecimiento de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, el aprovechamiento y uso
de plantas medicinales, la conservación del suelo y el equilibrio climático, por tal
razón, se requiere urgentemente se aplique la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Medio Ambiente, realizando el reordenamiento ecológico del territorio,
destinando el uso del suelo a su real capacidad y aprovechar integralmente los recursos
naturales de manera sustentable, haciendo uso de los conocimientos que nos ofrecen la
ciencia y la tecnología, de tal manera que nos permita conservar el ambiente y los
recursos naturales.
Tercero. Que en las regiones forestales por diversas circunstancias sus
habitantes se encuentran en condiciones de marginación, ante la falta de inversión que
los mantiene en aislamiento, con carencias de los servicios básicos y empleo.
Cuarto. Que en algunas regiones del Estado, como en la región de la
Costa Grande, de acuerdo con los datos del inventario forestal 1994, se encuentra
transformada en un 54.1% manteniendo el restante 45.9% con su cubierta vegetal natural o
seminatural. Por tal razón, se requiere con urgencia se realicen acciones de
conservación, ofreciendo al mismo tiempo opciones de empleo a quienes viven en la
región, ya que la población de las partes bajas de la costa reclaman la conservación de
la vegetación de las partes altas ante el peligro que representa la escasez del agua.
Quinto. Que el propio gobierno del estado y Federal, a través de un
pronunciamiento público, discutido y firmado por el Consejo Técnico Consultivo Forestal,
ha reconocido el deterioro de los recursos forestales y la necesidad de presentar acciones
para revertirlo, con acciones que garanticen el manejo adecuado de los mismos,
manifestando su más amplia disposición a que la sociedad guerrerense, y todos los
interesados participen en el diseño de políticas que nos lleven a su solución.
Sexto. Que a partir de esta problemática, la Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable en coordinación con dependencias federales y estatales
nos hemos dado a la tarea de recoger las inquietudes de ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios, entre los que hemos encontrado las preocupaciones y exigencias aquí
contenidas, por lo que esta comisión, en cumplimiento con su obligación expone ante esta
soberanía, para hacerlo del conocimiento de las instancias de la Administración Pública
Federal y estatal, para contribuir en el mejor de los casos a su solución.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8o., fracción I y 127,
párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este honorable
Congreso tiene a bien expedir el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Artículo primero. La LVI Legislatura al honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta al Gobierno Federal para que, en
coordinación con el gobierno del Estado, consideren como prioridad al sector ambiental y
de manera urgente y en el ámbito de su competencia, implementen las acciones necesarias
para atender la problemática forestal que afrontan los ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios del Estado de Guerrero, buscando la solución más viable a la misma,
generando las condiciones requeridas para la preservación del medio ambiente.
Artículo segundo. Para los efectos del artículo anterior, esta
legislatura solicita a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la implementación de un
programa integral para el desarrollo de las áreas forestales, que permita a los
ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios contar con apoyos para la conservación,
regeneración y explotación de los bosques, sin deteriorar el medio ambiente.
Artículo tercero. El honorable Congreso del estado, por conducto
de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, dará el seguimiento
correspondiente al presente acuerdo ante las instancias gubernamentales competentes.
Artículo cuarto. Remítase el presente Acuerdo al Titular del
Poder Ejecutivo Federal; al honorable Congreso de la Unión y al Ejecutivo del estado,
para los efectos legales procedentes.
Artículo quinto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo, surtirá efectos a partir de la fecha
de su expedición.
Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los 19
de diciembre de 2000.-- Diputados: Roberto Torres Aguirre, presidente; Jorge Figueroa
Ayala, Sebastián Alfonso de la Rosa Pelaez, secretarios
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Presupuesto y de Cuenta Pública
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEY DE COORDINACION FISCAL
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Honorable Congreso del Estado de Guerrero.-- LVI Legislatura
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.-- Presentes.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en sesión de este día tuvo a bien aprobar, un acuerdo
parlamentario, por el que se propone a esa alta representación se considere la reforma a
la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de
fecha 31 de diciembre de 1999. Documento que me permito anexar al presente, para los
efectos legales procedentes.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida
consideración.
Chilpancingo, Guerrero a 11 de diciembre de 2000.-- El oficial mayor,
Licenciado Luis Camacho Mancilla."
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero en uso de las facultades que le confieren los artículos 47,
fracción I, de la Constitución Política local; 8o., fracción I y 127, párrafos
primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre del pueblo
que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
Primero. Que el nuevo escenario político en el país, exige de las
diferentes instancias de gobierno, las fuerzas políticas actuantes a nivel nacional y
estatal, así como de la expresión organizada de la sociedad, la búsqueda de consensos
que nos permitan fortalecer el tránsito a la democracia, mediante la conformación de un
nuevo pacto social que establezca una relación tanto entre la Federación y los estados
como entre autoridades y ciudadanía, fundada en el reconocimiento a la diversidad, la
defensa de las libertades económicas, políticas y sociales y la conformación de un
modelo de desarrollo con equidad, que permita una justa distribución de la riqueza;
Segundo. Que en función de lo anterior, existe un consenso nacional en
cuanto al añejo reclamo de fortalecer el federalismo, que tendrá como consecuencia una
mayor atención al municipio, en su calidad de base fundamental de dicha estructura de
gobierno, como prerrequisito para garantizar su autonomía;
Tercero. Que de la misma manera, si bien es cierto que el municipio
constituye la base de desarrollo, también es cierto que existe una sujeción real hacia
los gobiernos federal y estatal; lo que ha propiciado que el ejercicio de un gobierno
municipal democrático se vea limitado, sin que exista garantía suficiente, dada la falta
de recursos, para atender con eficiencia la prestación de los servicios públicos que
tiene asignados;
Cuarto. Que las últimas reformas constitucionales al artículo 115,
dan muestra de los avances en este sentido, al hacer efectiva la descentralización de
funciones y generar las condiciones que le permitan al municipio asumir el carácter de
verdaderos sujetos de gobierno y erradicar la práctica de convertirse en administradores
de programas y acciones estatales;
Quinto. Que si bien se ha venido avanzando en este terreno, tenemos que
ubicar la búsqueda de estos consensos en la perspectiva de impulsar una real reforma
fiscal integral y una reforma municipalista, lo que obliga a hacer una serie de
planteamientos que conduzcan hacia un verdadero cambio estructural, del que sobresale la
conformación de un esquema de distribución de las participaciones federales con
criterios de equidad, justicia y progresividad, en función de lograr mejores condiciones
para alentar el desarrollo;
Sexto. Que en el sentido expresado en el considerando anterior, el
actual esquema de integración y distribución del Fondo General de Participaciones,
requiere de una revisión a fondo que vincule la satisfacción de las demandas sociales
atendidas por los tres niveles de gobierno, con las posibilidades reales de crecimiento
nacional;
Séptimo. Que partiendo de estas premisas y considerando la
normatividad vigente del Fondo General de Participaciones, se requiere modificar los
porcentajes de distribución otorgando mayores recursos tanto a las entidades federativas
como a los municipios;
Octavo. Que de la misma manera, la LVII Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión en la integración del Presupuesto de Egresos Federal
para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, creó un fondo de apoyo para el fortalecimiento de
las entidades federativas, cuya aplicación estaría destinada a la obra pública o, en su
caso, a la inversión en infraestructura educativa, dependiendo de las erogaciones que
cada una de las entidades federativas ejercieran en materia de educación;
Noveno. Que dicho fondo, considerando su aplicación estricta al
espíritu plasmado en el Presupuesto Federal anterior, reviste para Guerrero y para los
estados más desprotegidos, un monto de recursos necesarios para abatir los rezagos que
les ha generado la marginación a nivel nacional, por lo que se hace indispensable no
sólo mantener su vigencia sino, incluso, considerar su incremento y
Décimo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, está plenamente facultada y obligada a revisar el marco jurídico y fijar los
criterios necesarios para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación del
Ejercicio Fiscal del Año 2001;
Decimoprimero. Que en virtud de que los precios internacionales del
petróleo han mantenido un nivel que permite proveer mayores ingresos de divisas, para el
país, se considera pertinente solicitar al honorable Congreso de la Unión, se analice la
modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, para que estos ingresos extraordinarios,
derivados de aumentos en los precios y niveles de exportación del petróleo, se destinen
a la Recaudación Federal Participable. Para que los estados y municipios compartan los
recursos adicionales de la producción y exportación de ese energético propiedad de los
mexicanos.
Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47 fracción I de la
Constitución Política local; 8o. fracción I y 127 párrafos primero y cuarto de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Artículo Primero. El Pleno de la LVI Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acuerda exhortar a la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal del
año 2001, considere la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario
Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1999, a fin de establecer una
nueva integración y estructura de distribución del Fondo General de Participaciones,
misma que habría de tomar en cuenta los siguientes criterios:
* El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 25% de la
recaudación federal participable que obtenga la Federación en un ejercicio.
* Las participaciones federales que recibirán los municipios del total
del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores
al 25% de las cantidades que correspondan al Estado.
* De la recaudación federal participable habrá de destinarse el 1.5%
para formarse un fondo de fomento municipal con el 16.8% del total y será sujeto de
incremento con el 83.2% que sólo corresponderá a las entidades que se coordinen en
materia de derechos.
* Que los ingresos extraordinarios, derivados de aumentos en los
precios y niveles de exportación del petróleo, se destinen a la recaudación federal
participable. Para que los estados y municipios compartan los recursos adicionales de la
producción y exportación de ese energético propiedad de los mexicanos.
Artículo segundo. En el sentido anterior y tomando en cuenta los
considerandos expuestos, este honorable Congreso igualmente exhorta a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, para que considere la vigencia del Programa de Apoyos
para el Fortalecimiento a las entidades federativas y en la medida de la disponibilidad
presupuestaria, contemplar su posible incremento.
Artículo tercero. Se instruye a la Presidencia de este honorable
Congreso, a fin de turnar el presente acuerdo al pleno de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y a todas las legislaturas de los congresos locales en el país para
su conocimiento y efectos legales procedentes.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo parlamentario, entrará en vigor a
partir de la fecha de su aprobación.
Segundo. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico
Oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.
Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a 11 de
diciembre del 2000.-- Diputados: Héctor Apreza Patrón, presidente, Consuelo Ibancovichi
Muñoz, Olga Bazán González, secretarios."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DE GUANAJUATO
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.-- Presentes.
La LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el acuerdo, mediante el
cual se solicita que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realice las
modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación para
que tenga un incremento en el rubro educativo. Asimismo, anexo al presente el Acuerdo
aprobado, junto con su dictamen.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 24 de noviembre del 2000.-- El Presidente del
Congreso del Estado, diputado Francisco Israel Pardo García.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Unico. El Congreso del Estado de Guanajuato, solicita a la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, realice las
modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, a
fin de que se incremente el presupuesto destinado al rubro educativo, en por lo menos un
porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma adicional a lo que actualmente se
viene asignando y este incremento sea progresivo hasta alcanzar el 8% del producto interno
bruto.
Guanajuato, Guanajuato, a 24 de noviembre del 2000.-- Diputados:
Francisco Israel Pardo García, presidente; Antonio Guerrero Horta, Antonio Rico Aguilera,
secretarios.
Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.-- Presente.
A la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, le fueron
turnados para su estudio y dictamen, los escritos suscritos por la XXVI Legislatura
constitucional del Estado de Nayarit, y la IX Legislatura constitucional del estado de
Quintana Roo, mediante los cuales anexan copia de la aprobación de sendos puntos de
acuerdo, a través de los cuales solicitan el apoyo de las Legislaturas locales para que
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contemple en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, se incremente de manera
sustancial el presupuesto destinado al rubro educativo, así como para que dicho
incremento sea por lo menos en un porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma
adicional a lo que actualmente se viene asignando, y este incremento se dé de manera
progresiva hasta alcanzar el 8% del producto interno bruto, que permita atender esa
prioridad nacional.
Analizados los escritos de referencia y con fundamento en los
artículos 137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes integramos la
Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, nos permitimos presentar el
siguiente:
DICTAMEN
El acceso de todos los niños y niñas a una educación completa y de
calidad, que contribuya al desarrollo del país, es un anhelo nacional que ha quedado
plasmado en el artículo 3o. de nuestra Constitución que estipula que todas la personas
tienen derecho a recibir educación y que la Federación, los estados y los municipios la
impartirán en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, decreta que la
primaria y la secundaria son obligatorias y que el Estado tiene el deber de impartirlas.
La educación, constituye el medio para la formación de individuos, de
ahí que la intervención del Estado es fundamental. La misión pedagógica del Estado se
realiza a través de las políticas públicas educativas, dentro de las cuales se
encuentra la relativa al gasto y funcionamiento de la educación pública.
Es de todos conocido que las necesidades públicas son bastantes y
diversificadas, que el Estado se ve precisado a atender bastantes demandas sociales, y
que, además, debe hacer frente a compromisos financieros que restringen la aplicación de
mayores recursos presupuestales a la educación del país, sin embargo, resulta evidente
que la mayor necesidad que debe cumplir un presupuesto de egresos, es el canalizar
recursos de manera preponderante a la educación.
Las legislaturas de Nayarit y Quintana Roo se han servido dirigir
sendos puntos de acuerdo, donde queda plasmada la preocupación porque a nivel federal se
adopten las recomendaciones de la UNESCO para que los gobiernos de los países en vías de
desarrollo destinen, al menos, el 8% del producto interno bruto a educación.
La Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales, ha
considerado que estos pronunciamientos deben ser compartidos y suscritos por esta
Legislatura, porque compartimos las preocupaciones de nuestros compañeros y compañeras
legisladoras, de proponer las medidas presupuestales que tiendan a mejorar notablemente la
calidad, cobertura y eficiencia de la educación pública.
A nivel nacional se observa que la inversión pública de la
educación, en relación al producto interno bruto, ha venido reduciéndose notablemente
en los últimos años. El gasto público en educación, según el Banco Mundial, es la
principal estrategia de desarrollo de los países. De acuerdo a este organismo, la
expansión de la educación pública ofrece un mayor beneficio social en relación a
cualquier otra inversión educativa.
Si la inversión pública en educación se realiza oportunamente, es
decir, dentro del periodo de edad normativa, tiene efectos más positivos, pues si bien
las insuficiencias en la formación básica pueden recuperarse mediante programas
compensatorios, los costos de éstos superan los regulares.
Prevalecen pues, retos importantes, tales como continuar mejorando la
calidad de la educación en todos sus niveles, promover la equidad en el acceso a los
servicios, atender la demanda creciente de educación media y superior, así como superar
los rezagos en la materia, entre otros.
En los últimos anos, la población que recibe educación en México se
ha ido incrementando como resultado de una política encaminada a extender la cobertura de
los servicios básicos hacia los grupos de población marginados, así como al crecimiento
de la población en edad de cursar la educación posterior a la secundaria y el interés
de las y los jóvenes por seguir estudiando.
Cabe señalar que a raíz de la firma del Acuerdo Nacional para la
Modemización de la Educación Básica, por parte de las autoridades educativas federales
y los treinta y un estados de la República y el Distrito Federal, además de los
compromisos para reorganizar el sistema escolar y replantear el federalismo educativo,
quedó plasmado el compromiso de incrementar continuamente sus aportaciones al gasto
educativo.
Las condiciones de funcionamiento de algunas de las instituciones
educativas han estado determinadas por variables, entre otras, de orden económico. El
financiamiento se ha vuelto parte esencial del debate sobre el tema de la educación, pues
los requerimientos económicos son básicos para la eficiencia en la prestación del
servicio educativo y su magnitud es tal que involucra a todos los actores poder público,
comunidades académicas, sociedad civil.
En México, la disminución del gasto público destinado a la
educación, motivado por las crisis periódicas, ha causado graves danos y ha dejado fuera
a amplios grupos de educandos. Algunos de los indicadores de la disminución se reflejan
en la deserción escolar.
En atención a ello, los integrantes de la Comisión de Educación,
Cultura y Asuntos Editoriales, coincidimos con los legisladores de los estados de Nayarit
y Quintana Roo en el sentido de que a fin de atender la grave problemática educativa, es
necesario un aumento significativo de los ingresos que se destinan para el rubro
educativo. Por ello, y al ser este el momento idóneo por encontrarse cerca el análisis
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el ejercicio fiscal del año 2001, consideramos:
Primero. Es necesario para acceder a una educación integral, un
incremento en el gasto educativo, en el presupuesto de egresos, a fin de dar cumplimiento
cabal a lo dispuesto por artículo tercero constitucional que establece la obligatoriedad
de la educación primaria y secundaria, misma que tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria y a la conciencia de
la solidaridad internacional, en independencia y en la justicia.
Segundo. El proceso de modernización educativa, que a su vez
conlleva la federalización educativa, implica una necesaria corresponsabilidad de la
Federación, estados y municipios en el apoyo y financiamiento en la educación.
Tercero. La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), ha formulado la propuesta de que, los gobiernos de
las naciones en desarrollo destinen por lo menos el 8% de su producto interno bruto al
presupuesto de servicios educativos, ya que es el mínimo indispensable para acceder a
niveles satisfactorios en materia educativa. Nuestro país, forma parte de esta
organización y ha signado dichos compromisos.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y
Asuntos Editoriales, pone a consideración de la Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. El Congreso del Estado de Guanajuato, solicita a la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, realice las
modificaciones presupuestales necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, a
fin de que se incremente el presupuesto destinado al rubro educativo, en por lo menos un
porcentaje del 1% del producto interno bruto, en forma adicional a lo que actualmente se
viene asignando, y este incremento sea progresivo hasta alcanzar el 8% del producto
interno bruto.
Guanajuato, Guanajuato, a 13 de noviembre del año 2000.-- La Comisión
de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales.-- Diputados: Enrique Ortiz Rivas, Jesús
Domínguez Aranda, Alfonso Moreno Morán, Jorge Galván Gutiérrez, Francisco Isaías
Lemus Muñoz Ledo.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DE GUANAJUATO, TRABAJADORES JUBILADOS.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.-- Presentes.
La honorable LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el acuerdo,
mediante el cual se solicita se legisle en materia laboral de previsión y seguridad
social, así como que se incrementen las pensiones de los trabajadores jubilados.
Asimismo, anexo al presente el Acuerdo aprobado, junto con su dictamen.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El presidente del Congreso del Estado, Francisco Israel Pardo García.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Unico. El Congreso del estado de Guanajuato, se solidariza y apoya
el acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Nayarit, a efecto de solicitar al
Congreso de la Unión, para que considere la realización de reformas significativas en
materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2001, con la
finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.
Remítase al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de
Diputados.
Guanajuato, Guanajuato, 24 de noviembre del 2000.-- Diputados:
Francisco Israel Pardo García, presidente; Antonio Guerrero Horta, Antonio Rico Aguilera,
secretarios.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato
Ciudadano presidente del Congreso del Estado.-- Presente.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue
turnado para su estudio y dictamen, el escrito suscrito por el Presidente del Consejo
Directivo del Movimiento Unificador de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de
Nayarit, A C, por medio del cual solicita que este Congreso se una el punto de acuerdo
tomado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar el Congreso de
la Unión el incremento de las pensiones de los trabajadores.
Analizado el escrito de referencia y con fundamento en los artículos
137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, nos permitimos presentar el siguiente:
DICTAMEN
Para nadie es desconocido que las pensiones que actualmente reciben las
personas jubiladas es insuficiente. Ante esta situación consideramos pertinente que las
políticas publicas en esta materia deben revisarse constantemente. Es incuestionable que
dichas políticas públicas deben generar el bienestar social de las personas de la
tercera edad, ya que merecen vivir de manera digna.
En virtud de lo anterior, consideramos que la petición del Movimiento
Unificador de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A C, es por demás
justa y merece ser atendida por las autoridades competentes, como lo es Congreso de la
Unión.
Es por ello, que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
se adhiere y solidariza con el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Nayarit, en
el sentido de solicitar al Congreso de la Unión se tome en consideración el apoyo a
reformas significativas en materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la
ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2001, con la finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los
trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, pone a consideración de la Asamblea la aprobación del siguiente punto
de acuerdo.
ACUERDA
Unico. El Congreso del estado de Guanajuato, se solidariza y apoya
el acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Nayarit, a efecto de solicitar al
Congreso de la Unión, para que considere la realización de reformas significativas en
materia laboral, de previsión y seguridad social, así como la ampliación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del año 2001, con la
finalidad de que se refleje en el incremento de las pensiones de los trabajadores.
Remítase al Congreso de la Unión a través de la Cámara de
Diputados.
Guanajuato, Guanajuato a 16 de noviembre del 2000.-- La Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales los diputados: María Beatriz Hernández Cruz,
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Salvador Márquez Lozornio, Antonio Rico Aguilera, Luis
Enrique Torres León, Luis Fernando García Arias, Jorge Ignacio Tapia Santamaría."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DE GUANAJUATO, ENTIDADES FEDERATIVAS.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.-- Presentes.
Anexo al presente, me permito remitir el Acuerdo aprobado junto con su
dictamen, por la LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, relativo a solicitar a esa
Cámara de Diputados, se conserve en el Presupuesto Federal de Egresos para el año 2001,
el Programa de Apoyo a Entidades Federativas.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato a 29 de noviembre del 2000.-- La Presidenta del
Congreso del Estado, diputados: María Guadalupe Suárez Ponce.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Unico. La LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato, solicita la
inclusión del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2001. Asimismo, solicita que en apoyo a la seguridad jurídica que representaría para los
estados la permanencia del programa, se propone la adición correspondiente en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo para el fortalecimiento
de las entidades federativas.
Comuníquese el presente acuerdo al Congreso de la Unión, por conducto
de la Cámara de Diputados.
Guanajuato, Guanajuato, 29 de noviembre del 2000.-- Diputados: María
Guadalupe Suárez Ponce, Presidenta; Antonio Guerrero Horta, Antonio Rico Aguilera,
secretarios."
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadana Presidenta del Congreso del Estado.-- Presente.
Los que suscribimos, diputada y diputados integrantes de la Comisión
de Régimen Interno de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la
fracción II del artículo 56, en relación con el artículo 57 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato, nos permitimos, proponer a la Asamblea la
aprobación de un punto de acuerdo, en atención a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El Ejecutivo federal dentro del paquete de leyes fiscales que presentó
ante el Congreso de la Unión y concretamente de la iniciativa del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, expresó que con la finalidad de
continuar avanzando en el federalismo a través del fortalecimiento de los estados y
municipios del país, propone la creación de un programa de apoyos para el
fortalecimiento de las entidades federativas, por medio del cual se destinan recursos
adicionales a los fondos creados en la Ley de Coordinación Fiscal.
El nuevo esquema de recursos adicionales vía el programa, se ubica en
la partida del ramo 23, el cual sirve para contribuir a solucionar los problemas de
finanzas públicas que enfrentan la mayor parte de los estados del país, mejorar la
calidad del gasto educativo y apoyar la creación de empleo en el ámbito regional.
La creación del programa responde a la necesidad de mejorar la
capacidad de gestión de los gobiernos locales, incrementar la eficiencia del uso de los
recursos que ejercen y contribuir a que los gobierno locales se conviertan en agentes
promotores del desarrollo económico.
Asimismo, cabe mencionar que la propia argumentación del Ejecutivo
Federal a través de la iniciativa relativa y reiterada por el legislativo al dictaminar
el presupuesto de egresos, se orientó en el sentido de otorgar, con posterioridad,
permanencia al programa dadas las bondades que representa, en este sentido se vislumbró
que para ejercicios posteriores, se establezca el fondo y su mecanismo de distribución
dentro de la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de otorgar mayor certidumbre y
seguridad jurídica a las entidades federativas.
A mayor abundamiento, podemos decir que los recursos provenientes del
programa de apoyos a entidades federativas, previsto por la vigente Ley del Presupuesto
General de Egresos para el año que transcurre, se destina básicamente al rubro educativo
en nuestra entidad.
Una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y el gobierno de
Guanajuato es la atención y robustecimiento de los servicios educativos, que constituyen
uno de los retos mayores de los guanajuatenses.
Reconociendo a la educación como el más importante medio de
desarrollo de nuestras comunidades, esta Comisión de Régimen Interno considera que los
recursos que se ejerzan en el Estado deben tener como área prioritaria en el quehacer de
gobernar, precisamente la atención al rubro educativo.
En este orden de ideas, esta LVIII Legislatura ha expresado ya, con el
acuerdo del pleno promovido por la Comisión de Educación, Cultura y Asuntos Editoriales,
la petición a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de que se fortalezca
financieramente la función educativa.
Considerando que uno de los importantes fondos financieros que se
destinan actualmente a los servicios educativos en Guanajuato, provienen del programa de
apoyo a entidades federativas citado y ante la inminente discusión del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2001, esta Comisión de Régimen Interno ha
considerado oportuna la intervención del honorable Congreso del Estado para plantear,
específicamente, la importancia que en el renglón educativo tendrá que este programa se
mantenga en beneficio de los servicios educativos de la entidad. Dado que el programa de
apoyo a entidades federativas se encuentra dispuesto en una norma legal de vigencia anual,
se hace indispensable dar entrada a un punto de acuerdo en el que este Poder Legislativo
estatal, pida a su paralelo en el Congreso de la Unión que el programa se mantenga en la
Ley del Presupuesto de Egresos Federal para el año 2001.
Consideramos necesaria no sólo la inclusión del programa de apoyos
para el fortalecimiento de las entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, sino la permanencia vía fondo de
aportaciones dentro de la Ley de Coordinación Fiscal.
Atendiendo a la importancia y urgencia del asunto que planteamos,
solicitamos que su discusión sea declarada de obvia resolución, con fundamento en el
artículo 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 57 de la
Constitución Política local y el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, sometemos a consideración de la Asamblea, el siguiente
ACUERDO
Unico. La LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato, solicita la
inclusión del programa de apoyos para el fortalecimiento de las entidades federativas
dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2001. Asimismo, solicita que en apoyo a la seguridad jurídica que representaría para los
estados la permanencia del Programa, se propone la adición correspondiente en el
Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el fondo para el
fortalecimiento de las entidades federativas.
Comuníquese el presente acuerdo al Congreso de la Unión, por conducto
de la Cámara de Diputados.
Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre del 2000.-- La diputada y
diputados que integran la Comisión de Régimen Interno: Ricardo Alfredo Ling Altamirano,
Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Antonio Rico Aguilera, Beatriz Manrique Guevara, Luis
Fernando García Arias."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DE GUANAJUATO, ACTIVIDAD AGROPECUARIA.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la
Unión.-- Presentes.
Anexo al presente, me permito remitir el acuerdo aprobado junto con su
dictamen, por la LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, mediante el cual se solicita a
esa Cámara de Diputados, un incremento sustancial a la partida presupuestal para la
actividad agropecuaria, en el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi
consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 29 de noviembre del 2000.-- La Presidenta del
Congreso del Estado, diputada María Guadalupe Suárez Ponce."
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, acuerda:
Unico. El Congreso del Estado de Guanajuato, se adhiere y apoya el
acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida
presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del año 2001;
asimismo, solicita la aplicación de dichos recursos con criterios generales equitativos
preestablecidos.
Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Guanajuato, Guanajuato, a 29 de noviembre del 2000.-- Diputados: María
Guadalupe Suárez Ponce, presidenta; Antonio Guerrero Horta, Antonio Rico Aguilera,
secretarios.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Honorable
Congreso del Estado de Guanajuato.
Ciudadano Presidente del Congreso del Estado.-- Presente.
A la Comisión de Fomento Agropecuario le fue turnado para su estudio y
dictamen, el escrito suscrito por los diputados secretarios del Congreso del Estado de
Nayarit, al cual anexan copia del acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura de ese Estado,
relativo a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento
sustancial a la partida presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio
fiscal del año 2001.
Analizado el expediente de referencia, con fundamento en los artículos
137 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados que integramos la
Comisión de Fomento Agropecuario, nos permitimos presentar el siguiente
DICTAMEN
La Comisión de Fomento Agropecuario, ha fijado como política
prioritaria que oriente su quehacer legislativo, el apoyar y atender todas aquellas
acciones que se traduzcan en beneficios para el sector agropecuario. Es incuestionable la
problemática por la que atraviesa el campo mexicano y la insuficiente respuesta de las
autoridades para generar alternativas de solución e impulso a una política agropecuaria
rentable para los campesinos.
En este sentido, coincidimos con la motivación del acuerdo que nos
ocupa, al referir que a partir de 1982, el Gobierno Federal generó una drástica caída
en el gasto programable para el desarrollo rural del 12% en 1980 al 6.7% en el presente
año, reorientando el gasto en la política agrícola para fortalecer los procesos de
privatización y canalización de recursos al sector comercial de la agricultura de
exportación, en coincidencia con el proyecto de globalización de economías abiertas,
abandonando la producción de granos y permitiendo el comercio especulativo de los mismos
en manos de compañías nacionales e internacionales, con lo que el país ha perdido el
manejo de las reservas estratégicas de los alimentos.
Aunado a lo anterior, los diputados que suscribimos el presente
dictamen consideramos que el incremento presupuestal para el sector agropecuario, debe
aplicarse con criterios generales equitativos preestablecidos y por otra parte con
criterios contingentes, abandonando la discrecionalidad de la autoridad del ramo.
Por las razones expuestas, la Comisión de Fomento Agropecuario se
adhiere y apoya al Acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Nayarit.
Por consiguiente, sometemos a consideración de la Asamblea, el
siguiente:
ACUERDO
Unico. El Congreso del Estado de Guanajuato, se adhiere y apoya el
acuerdo aprobado por la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit, relativo a solicitar a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un incremento sustancial a la partida
presupuestal para la actividad agropecuaria, en el ejercicio fiscal del ano 2001;
asimismo, solicita la aplicación de dichos recursos con criterios generales equitativos
preestablecidos.
Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Guanajuato, Guanajuato, 28 de noviembre del 2000.-- La Comisión de
Fomento Agropecuario.-- Diputados: Carlos Vidal Yerena, Jesús Cobián Correa, Mario
Ernesto Dávila Aranda, J. Miguel Luna Hernández, Lorenzo Chávez Zavala.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo.-- Poder Legislativo.-- XLVIII Legislatura.
Ciudadano Ricardo García Cervantes, Presidente del honorable Congreso
de la Unión.-- Presente.
Por instrucciones del diputado Basilides Nava Ariza, presidente de la
mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, le remitimos copia certificada del
punto de acuerdo mediante el cual esta legislatura se pronuncia en contra de una posible
aplicación del impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad.
Sin otro particular le reiteramos nuestra consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 13 de diciembre de 2000.-- Los secretarios de la
mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos.-- Diputados: Joel Juárez
Guadarrama, Jesús Fernando Contreras Arias,
Honorable Asamblea: en el ejercicio de las atribuciones que consagran
los artículos 40 fracción m de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, 38, inciso n, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos; 6o.,
fracción VIII, del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, los
suscritos diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política sometemos a su consideración el presente dictamen, de cual se desprenden las
siguientes:
CONSIDERACIONES
Que de conformidad con el artículo 43 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la República Mexicana se encuentra integrada por 31 estados
y un Distrito Federal. Dentro del contexto nacional, el Estado de Morelos representa una
de las entidades con mayor índice de pobreza, marginación y considerables rezagos en su
desarrollo, lo que ha traído como resultado un alto grado de desnutrición, insalubridad
y analfabetismo, así como de desempleo. Aunado a esto, Morelos registra uno de los
niveles de ingresos más bajos del país, lo anterior, en detrimento de la calidad de vida
de las familias morelenses.
Son de la opinión pública las declaraciones formuladas por servidores
públicos de primer nivel del nuevo Gobierno Federal, en el sentido de que se pretende
proponer ante el honorable Congreso de la Unión la aprobación de la aplicación, del
impuesto al valor agregado en productos de primera necesidad como son medicinas y
alimentos.
De ser aprobada por el Congreso de la Unión la citada propuesta,
impactará en forma negativa a la economía familiar de los mexicanos y en particular la
de los morelenses.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a su
consideración el presente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La XLVIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,
se pronuncia en contra de una posible aplicación del impuesto al valor agregado en
productos de primera necesidad como son medicinas y alimentos.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo al honorable
Congreso de la Unión para su conocimiento y trámite correspondiente.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. Publíquese el presente en el órgano informativo del
honorable Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar.
Recinto legislativo, a 6 de diciembre de 2000.
Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del
Reglamento Interno para el Congreso del Estado de Morelos, solicitamos se califique el
presente como asunto de urgente y obvia resolución.
Atentamente
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la XLVIII
Legislatura del Congreso del Estado.-- Diputados Jorge V. Messeguer Guillén, presidente;
Víctor Hugo Manzo Godínez, secretario; Sergio Alvarez Mata, vocal.
Los suscritos Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras
Arias, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.
CETIFICAMOS
Que el presente documento es una copia fiel y exacta del original que
tuvimos a la vista, mismo que consta de tres fojas útiles, las cuales se encuentran
debidamente foliadas y entreselladas, documento que se encuentra resguardado en el
archivó histórico de esta soberanía, damos fe.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca Morelos, a 13 de diciembre del 2000.-- Los secretarios de la
mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.-- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y
Jesús Fernando Contreras Arias."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RECURSOS ECONOMICOS.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo.-- Poder Legislativo.-- XLVIII Legislatura
Ciudadano Ricardo García Cervantes Presidente del honorable Congreso
de la Unión.-- Presente.
Por instrucciones del diputado Basilides Nava Ariza, presidente de la
mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, le remitimos copia certificada del
punto de acuerdo por el cual esta legislatura invita a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, con el afán de llevar a cabo la reforma fiscal integral con el
propósito de que se permita la generación de recursos económicos necesarios para el
desarrollo que se proyecta para nuestra nación.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 13 de diciembre de 2000.-- Los secretarios de la
mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos.-- Diputados: Joel Juárez
Guadarrama, Jesús Fernando Contreras Arias.
Honorable Asamblea: los diputados integrantes del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40,
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de
Morelos, y 58 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, nos
permitimos exponer las siguientes:
CONSIDERACIONES
Es conocido por todos que en próximos días, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, tendrá a bien aprobar la Ley de Ingresos así como el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001 por los cuales
se tienen programadas diversas obras, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, por lo
que se hace necesaria una adecuada captación de recursos económicos para enfrentar con
éxito los planes que se tengan por parte de cada una de las dependencias de la
Federación.
Cabe destacar que el presupuesto presentado por el Presidente de la
República para el ejercicio constitucional del 2001 no considera incremento alguno a los
impuestos, asimismo, no habrá este año IVA para las medicinas ni para los alimentos.
Aunado a esto, Acción Nacional propone que se impulse de manera decidida la reforma
fiscal integral que propone el Gobierno de la República, medida que sin duda alguna,
permitirá la generación de recursos necesarios para el desarrollo que se proyecta para
el país. En este sentido, nos permitimos formular a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Esta soberanía invita a la honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión con el afán de llevar a cabo la reforma fiscal integral con el
propósito que se permita la generación de recursos económicos necesarios para el
desarrollo que se proyecta para nuestra nación.
Segundo. Asimismo, se invita a los Congresos de los estados para
que se adhieran al presente acuerdo, haciéndolo del conocimiento de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
Atentamente
Dado en el salón de sesiones a 13 de diciembre del 2000.-- Diputados
integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional de la XLVII Legislatura: José
Sigona Torres, Jesús Antonio Tallabs Ortega, Tito César Sagahón Velasco, Nicolás
Edmundo Venosa Peña, Rodolfo Esquivel Landa, Demetrio Román Isidoro, Joel Juárez
Guadarrama, José León de la Rosa Lagunas, Salomón Salgado Urióstegui, Javier Alvarado
Ibares. Sergio Alvarez Mata, Martín G. Lezama Rodríguez, Juventino López Serrano, Pablo
Guzmán Sánchez, Martha Leticia Rivera Cisneros.
Los suscritos Joel Juárez Guadarrama y Jesús Fernando Contreras
Arias, secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.
CETIFICAMOS
Que el presente documento es una copia fiel y exacta del original que
tuvimos a la vista, mismo que consta de tres fojas útiles, las cuales se encuentran
debidamente foliadas y entreselladas, documento que se encuentra resguardado en el
archivó histórico de esta soberanía, damos fe.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca Morelos, a 13 de diciembre del 2000.-- Los secretarios de la
mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos.-- Diputados: Joel Juárez Guadarrama y
Jesús Fernando Contreras Arias."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DE SAN LUIS POTOSI
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Congreso del
Estado de Libre y Soberano San Luis Potosí
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la
Unión México, D F.-- Presentes.
En sesión ordinaria del Congreso del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí celebrada el día de la fecha, se acordó remitirle copia del pronunciamiento
formulado por los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional de esta LVI Legislatura, derivado del anuncio del secretario de Hacienda y
Crédito Público Francisco Gil Díaz, en relación a una amnistía a contribuyentes
morosos.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí a 7 de diciembre del 2000.-- Diputados: Javier Algara
Cossío, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretarios."
Los diputados locales que integramos la fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional en la LVI Legislatura del honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, ante el anuncio del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, Francisco Gil Díaz, de una amnistía a contribuyentes morosos;
realizamos el siguiente
PRONUNCIAMIENTO
El pasado 24 de noviembre, el virtual Secretario de Hacienda y Crédito
Público Francisco Gil Díaz, declaró ante los medios de comunicación que el Gobierno de
Vicente Fox Quesada prepara una amnistía fiscal para los contribuyentes que no están al
corriente con sus obligaciones, que se aplicaría exclusivamente a aquellos que se
registren y paguen de manera inmediata.
Afirmó el señor Gil Díaz, que con este programa la nueva
administración buscará incrementar la recaudación, aunque advirtió que todo el que se
mantenga fuera de la legalidad será castigado.
Explicó que el programa funcionará de la siguiente manera: "si
el contribuyente cumple cabalmente en el 2001 (al presentar su declaración anual) con sus
obligaciones fiscales del año 2000, entonces Hacienda no podrá revisar sus cuentas de
1999 para atrás. Si en el 2002 cumple con sus pagos de 2001, la regla sigue aplicándose.
Pero el acuerdo se rompe si el contribuyente deja de cumplir correctamente con sus pagos
en cualquier año hacia adelante y vuelve a ser sujeto de escrutinio fiscal."
Según la misma fuente, se ha estimado que los adeudos de los
contribuyentes al fisco, podrían representar entre 1.5% y 2% del producto interno bruto,
que equivaldría a unos 105 mil millones de pesos.
Los diputados locales priístas potosinos expresamos:
Que esta propuesta la reconocemos como una importante medida que
compromete al Ejecutivo Federal a realizar una reforma fiscal basada en una planeación
sería.
Si bien representa la posibilidad de regularizar al fisco a un gran
número de evasores fiscales, también representa que 105 mil millones de pesos dejarán
de ingresar a las arcas de la nación. Por otro lado, la medida beneficia a un grupo
importante de personas físicas y morales que no han cumplido con sus responsabilidades
fiscales.
Pero ciertamente, existe un número importante de contribuyentes que se
encuentran en mora sin que hayan tenido un ánimo doloso, sino la imposibilidad real para
cumplir con sus obligaciones y en ellos, seguramente este tipo de medida que se le ha
denominado "amnistía fiscal" es algo justo; por eso reconocemos esta medida,
pero sí consideramos que es incompleta si no incluye beneficios a los contribuyentes
cumplidos.
Esta medida desafortunadamente sólo beneficia a quienes incumplieron
sus obligaciones, pero nada dice de los miles de mexicanos que pagaron oportunamente sus
impuestos, aún a costa de grandes sacrificios. Con esta distinción existe la posibilidad
de vulnerar la garantía de igualdad consagrada en la Constitución General de la
República, así como los principios de certeza, proporcionalidad y equidad que toda
disposición tributaría debe contener.
La propuesta que hacemos es que se establezcan los mecanismos
administrativos necesarios para apoyar a quienes han cumplido con sus obligaciones
fiscales y otorgarles incentivos que permita continúen cumpliendo ante la Hacienda del
Estado; es decir, que en la medida de las posibilidades el Gobierno Federal pueda condonar
proporcionalmente y hasta un 20% del pago total de sus contribuciones anuales, durante los
próximos seis anos.
Por ello consideramos que de aprobarse el perdón fiscal que se
propone, debe limitarse por las siguientes condiciones:
a) No podrán gozar del perdón fiscal todos aquellos que se encuentren
en las listas del Fobaproa;
b) Deberá establecerse un monto máximo susceptible de ser beneficiado
por esta medida, previa aprobación de una comisión revisora de carácter plural de la
Cámara Federal de Diputados y
c) De igual manera deberá establecerse un incentivo a los
contribuyentes cumplidos, haciéndoseles reducciones hasta de un 20% en los impuestos que
deberán pagar en los próximos seis años.
Como se ha mencionado, estas medidas por sí mismas no son suficientes
para lograr el objetivo planteado por el Secretario de Hacienda de hacer crecer los
ingresos públicos; para ello, los diputados locales priístas potosinos creemos que es
necesario plantear los siguientes mecanismos:
1. Que la economía subterránea o informal se transforme en economía
formal, haciendo que las contribuciones sean más sencillas de determinar, por lo que se
hace apremiante una super simplificación administrativa en materia tributaria; también
es necesario que las contribuciones sean más económicas para el contribuyente, así como
para el fisco; para el primero en el sentido de que no sea más gravosas para el bolsillo
y para el segundo en el sentido de que el costo realizado para su obtención se reduzca al
máximo procurando eliminar trámites excesivos; de igual forma se requiere consignar en
nuestra legislación fiscal, criterios de flexibilidad en cuanto al trámite de pago y a
la época de pago, de tal forma que el contribuyente disponga de medios accesibles para
cumplir con sus obligaciones fiscales; también se hace necesario dar certidumbre al
contribuyente en cuanto al uso y destino de sus contribuciones, a través de la puntual
rendición de cuentas a la sociedad y a la adecuada fiscalización de los recursos.
2. El retorno de capitales mexicanos del extranjero en inversiones
productivas que generen empleos y que estimulen la actividad económica en general, es un
renglón que debe atenderse con especial cuidado otorgando facilidades fiscales para el
logro de este objetivo, de tal forma que el contribuyente potencial se convierta en
contribuyente real al traducirse sus capitales en inversiones nacionales.
3. Se considera pertinente proponer que los sectores de contribuyentes
que sean dictaminados para efectos fiscales por contadores públicos independientes,
reciban el beneficio de ya no ser revisados por las autoridades hacendarías.
4. El renglón de los estímulos fiscales para actividades o sectores
que ameriten un mayor impulso para su desarrollo en el contexto de la economía nacional,
deberá ser revisado exhaustivamente incrementando los apoyos a la agricultura,
ganadería, pesca, silvicultura y servicios turísticos principalmente.
5. Los estímulos fiscales y una más justa distribución de los
recursos fiscales, son la llave que permitirá el desarrollo económico en actividades,
sectores y regiones prioritarias del país, lo que debe ser tomado en cuenta para impulsar
el desarrollo de estados pobres, como lo es el caso del Estado de San Luis Potosí y de
las demás entidades federativas.
6. Es necesario revisarlas leyes fiscales actuales de tal forma que
aquellas contribuciones federales que puedan derivarse a los estados, como es el impuesto
sobre la renta a productos del trabajo, se transfieran con el objetivo de fortalecer las
haciendas estatales; ello permitirá atender de manera más importante las necesidades
locales, así como vigilar en forma más estrecha el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los contribuyentes.
Los diputados locales firmantes consideramos que México requiere de un
Gobierno Federal comprometido con el desarrollo del país, que permita el impulso de las
entidades federativas y a sus respectivos municipios a través de una gran coordinación
fiscal, y esto solamente se podrá lograr a través de un trato equitativo estableciendo
mecanismos viables para estos efectos.
Las instituciones públicas de la nueva administración del Ejecutivo
Federal, deben de propiciar el desarrollo de una política hacendaría, articulada para el
desarrollo equilibrado y sustentado, que garantice los derechos sociales con el apoyo
expedito a los sectores marginados y desprotegidos.
En nuestra calidad de representantes populares tenemos la alta
responsabilidad de gestionar o propiciar el establecimiento de los medios necesarios y
suficientes para alcanzar los anhelos de una verdadera justicia social.
Por lo tanto, exhortamos a la nueva administración del Ejecutivo
Federal para que fomente el debate y discusión en tomo al proceso que vivimos; que no se
tomen medidas unilaterales que afectan e impactan en nuestra convivencia diaria; definamos
propuestas conjuntas, cursos de acción y alterativas que se traduzcan en alcanzar el
objetivo común: México.
Atentamente.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 7 de diciembre de 2000.
Los diputados locales de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, de la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de San
Luis Potosí: Miguel Angel Martínez Navarro, coordinador; Aureliano Anaya Martínez, Juan
Evaristo Balderas Martínez, José Angel Castillo Torres, Felisa Montanez Rivera, José
Antonio Orta Lara, Humberto Páez Galván, Ignacio Palacios Robledo, Emilio de Jesús
Ramírez Guerrero, Efraín Rodríguez Gallegos, Fernando Torranzo Fernández, Xicoténcatl
Turrubiartes Flores, Marco Lucano Vázquez Rodríguez, Oziel Yudiche Lara.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La secretaria senadora Lidia Madero García:
Oficios de la Cámara de Senadores.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Cámara de
Senadores.-- México D. F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.-- Presente.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha,
la Cámara de Senadores aprobó el dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de
Agricultura y Ganadería; de Asuntos Indígenas y de Comercio y Fomento Industrial, con
punto de acuerdo en relación con un programa urgente de apoyo a los cafeticultores para
las labores de pizca y acarreo.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "comuníquese a la
Cámara de Diputados".
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, D.F, a 28 de diciembre de 2000-- Senador, Enrique Jackson
Ramírez, Presidente."
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Cámara de
Senadores.-- México D. F.
Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Asuntos Indígenas y de
Comercio y Fomento Industrial
Honorable Asamblea: la mesa directiva del Senado de la República,
turnó a las comisiones de Agricultura y Ganadería; Asuntos Indígenas y Comercio y
Fomento Industrial el punto de acuerdo para la aplicación de un programa urgente en apoyo
a los cafeticultores.
Estas comisiones, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás
relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis del punto de acuerdo
remitido por el pleno, con base en los siguientes
ANTECEDENTES
1. En sesión de fecha 5 de diciembre de dos mil fue presentado al
pleno del Senado de la República el punto de acuerdo para la aplicación de un programa
Urgente en apoyo a los cafeticultores, suscrito por diversos ciudadanos senadores.
2. Por acuerdo de la Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de
Senadores, se ordenó remitir el punto de acuerdo mencionado a las comisiones de
agricultura y Ganadería; asuntos indígenas y Comercio y Fomento industrial.
Con base en lo anterior, los integrantes de estas comisiones nos
permitimos exponer los siguientes
CONSIDERANDOS
Estas comisiones reconocen la existencia de la situación de urgencia
que demanda apoyos del Gobierno Federal para los productores de café, entre los que
existen diversos grupos en pobreza y pobreza extrema, problema ante el cual el Senado de
la República manifiesta su atención plena, tomando en cuenta la existencia de factores
de orden económico y comercial que justifican el otorgamiento de la ayuda planteada, como
es el caso de la baja sistemática de los precios del café y las importaciones de café
de baja calidad.
El precio del café mexicano se ubica en niveles de incosteabilidad,
provocando una situación muy grave que demanda apoyos urgentes para las labores de pizca
y acarreo, en las que participan un número considerable de jornaleros mexicanos. Aunado a
ello, es de destacarse que, si bien es cierto se ha incrementado en áreas importantes la
producción y la productividad, también lo es que se encuentran desatendidas en el sector
social de la producción los diversos eslabones de las cadenas de producción,
comercialización y consumo, como es el caso de la mencionada pizca, el acarreo, el
acopio, el cultivo orgánico, la comercialización vinculada al comercio exterior por
parte de las organizaciones campesinas, especialmente las indígenas, así como la
diversificación productiva.
Asimismo, el impulso de la cafeticultura mexicana requiere de programas
que incidan en su desarrollo integral y equilibrado y al mismo tiempo, promuevan
prácticas equitativas de comercialización, propicien sistemas de cobertura de riesgos,
determinen inventarios óptimos, certifiquen la calidad, subsidien lo necesario, procuren
el almacenamiento, financien la actividad y en suma, representen un factor de apoyo y
crecimiento del nivel de vida de los productores.
En este sentido, las dictaminadoras coinciden con las argumentaciones
vertidas en los considerandos del punto de acuerdo que motiva el presente dictamen, en
especial por cuanto a la necesidad de fortalecer la cadena producción-consumo de café;
por promover un mayor orden y equidad en las fases de la cadena productiva y entre los
participantes que producen, procesan, comercializan, exportan e importan café; y por la
importancia de que el Ejecutivo federal desarrolle acciones cuyos resultados no sean
aislados, fragmentados o insuficientes para atender las necesidades de los productores de
café y de las poblaciones ubicadas en regiones cafetaleras, fortaleciendo la capacidad de
participación y gestión de las diversas instituciones encargadas de apoyar el sector
cafetalero.
Finalmente, cabe mencionar que en la sesión de fecha 21 de diciembre
de 2000, el senador José Carlos Cota Osuna propuso al Pleno del Senado de la República
un punto de acuerdo, el cual se aprobó, mediante el cual se exhorta a la colegisladora a
efecto de que en el marco de sus facultades exclusivas estudie, y en su caso, lleve a cabo
las asignaciones presupuestales que sean procedentes en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el 2001, con el fin de apoyar de manera urgente e inmediata las labores
de corte, acopio y comercialización de café que realizan más de 300 mil productores de
doce entidades del país, los cuales requieren del apoyo institucional por las condiciones
críticas que prevalecen en este sector productivo.
Por razones que anteceden, se somete a la consideración del Pleno de
la Cámara de Senadores el presente
DICTAMEN
Unico. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso
de la Unión a fin de que contemple la previsión en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el ejercicio fiscal del año 2001, que permita establecer y aplicar un
programa urgente de apoyo a los cafeticultores para las labores de pizca y acarreo.
Sala de comisiones "Miguel Ramos Arizpe" del Senado de la
República, a 27 de diciembre de 2000.-- Comisión de Agricultura y Ganadería.--
Senadores: Lauro Díaz Castro, presidente; Salvador Becerra Rodríguez, Rodomiro Maya
Téllez, secretarios; José Antonio Aguilar Bodegas, José Bonilla Robles, Luis Colosio
Fernández, Rómulo Campuzano González, José Antonio Haghenbeck Vampa, Esteban Miguel
Angeles Cerón, Joaquín Cisneros Fernández, Germán Sierra Sánchez, Francisco
Fernández de Cevallos y Urueta, Jeffrey Max Jones Jones, Daniel López Nelio Santiago,
Roberto Pérez de Alva Blanco.
Comisión de Asuntos Indígenas
Senadores: Luisa María Calderón Hinojosa, presidenta; José Antonio
Aguilar Bodegas, Daniel López Nelio Santiago, secretarios; Roberto Pérez de Alva Blanco,
Carlos Rojas Gutiérrez, Sadot Sánchez Carreño, Francisco Fraile García, Felipe de
Jesús Vicencio Alvarez, Lázaro Cárdenas Batel,
Comisión de Comercio y Fomento Industrial
Senadores: Humberto Roque Villanueva, presidente; Ricardo Alaniz
Posada, María del Carmen Ramírez García, secretarios; Esteban Miguel Angeles Cerón,
Genaro Borrego Estrada, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Omar Raymundo Gómez Flores,
Eduardo Bours Castelo, Wadi Amar Shabshab, Gerardo Buganza Salmerón, Benjamín Gallegos
Soto, Jorge Lozano Armengol, Lidia Madero García, Demetrio Sodi de la Tijera.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DERECHOS HUMANOS
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente.-- Presente.
Los suscritos senador Sadot Sánchez Carreño y diputado José Elías
Romero Apis, presidentes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, y
Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados respectivamente, se permiten
informar con fundamento en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 45 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, han acordado que el doctor José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos rinda su informe el 30 de enero,
próximo, ante las comisiones arriba citadas, las cuales sesionaran para tal efecto de
forma conjunta en el recinto de la primera.
Los anteriores acuerdos fueron tomados con base en las siguientes
consideraciones:
Primera. Con motivo de las recientes reformas al apartado B del
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de septiembre de 1999, el
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene la obligación
constitucional de rendir anualmente un informe de actividades ante las cámaras del
Congreso.
Segunda. El actual Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, protestó ante el Senado de la República
como titular de ese organismo el día 16 de noviembre de 1999, consecuentemente se
desprende que ha transcurrido el primer año de su gestión.
Tercera. Las reformas constitucionales tiene como propósito dotar de
mayor autonomía e independencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de
que sea plena la defensa de los derechos humanos.
Con apego a la legalidad que debe observar toda institución y con el
propósito de que la ciudadanía se entere de las actividades de ese organismo, la
Constitución establece la obligación de que el informe se presente anualmente ante las
cámaras del Congreso de la Unión.
Cuarta. Los acuerdos de las comisiones se deben a que en las
disposiciones que contiene el marco jurídico del Senado de la República, así como en la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su Reglamento Interno, no existe
prescripción alguna de cómo debe efectuarse el informe correspondiente.
México, D.F., a 16 de enero del 2000.-- Senador Sadot Sánchez
Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores;
diputado José Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de
Cámara de Diputados.
El Presidente:
De enterado y recíbase el informe citado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Logo.-- Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.-- Presente.
Con fundamento en los artículos 20, 22, 26, 84 y cuarto transitorio de
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 9o., 16 a I8 y 23 del estatuto orgánico del
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y a las "disposiciones relativas a
las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario", publicadas el 31 de mayo de
1999 en el Diario Oficial de la Federación, se acompaña un tanto del "aviso
por el que se publica el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca
múltiple por concepto de cuotas ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre
el 1o. de julio y el 30 de septiembre de 2000", publicado el 29 de noviembre de 2000
en el Diario Oficial de la Federación.
También se acompañan los estados financieros del instituto al 30 de
septiembre de 2000, auditados por Ruiz, Urquiza y Cía., SC, mismos que fueron debidamente
aprobados por la junta de gobierno de este organismo público descentralizado en su XX
sesión Ordinaria, celebrada el 22 de noviembre del año en curso.
Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra atenta y
distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F. a 30 de noviembre de 2000.-- El secretario ejecutivo,
Julio César Méndez Rubio, el secretario adjunto jurídico, Eugenio González Sierra.
El Presidente:
Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Senadores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Congreso del
Estado de Durango.-- LXI Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.-- México D.F.
El pleno de la honorable LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano
del Estado de Durango, en uso del derecho que le confiere la fracción III del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó en sesión
ordinaria, verificada el día 5 de diciembre del presente año, iniciativa de decreto, que
contiene propuesta de reforma al artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal,
misma que nos permitimos presentar ante esa Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión para el trámite parlamentario procedente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango a 5 de diciembre del 2000.-- Diputados:
Pedro Luna Solís y Jaime Ruiz Canaán, secretarios."
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del
Estado de Durango.-- LXI Legislatura.
La LXI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Durango, en uso de la competencia que le otorga el artículo 71, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa
Honorable Cámara de Diputados, iniciativa de reforma al artículo segundo de la Ley de
Coordinación Fiscal, bajo los siguientes
CONSIDERANDOS
Primero. La Coordinación Fiscal entre Federación y estados se
estableció, como sistema nacional a partir de 1980, con el propósito fundamental de
evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia de la recaudación.
Segundo. La Ley de Coordinación Fiscal, congruente con los
propósitos señalados en el considerando anterior, inicialmente incorporó los mecanismos
y fórmulas apropiados para asegurar que los estados coordinados, recibieran cuando menos
las cantidades que dejarían de recaudar al suprimir o dejar en suspenso algunas de sus
contribuciones locales.
Tercero. A partir de la reforma a la citada ley aprobada en el ano
de 1990, se otorgó cada año, mayor efecto a un propósito redistributivo en detrimento
del efecto resarcitorio, de suerte que en la actualidad los fondos participables que se
distribuyen, se hace con criterios en los que no miden en forma adecuada las necesidades
reales de los estados.
Cuarto. Actualmente, diversos Estados han visto progresivamente
disminuidos, en términos reales, los recursos que reciben del Fondo General de
Participaciones; mientras a otros, se les ha incrementado en forma desproporcionada, sin
que estos cambios tengan una relación lógica con las necesidades y los rezagos sociales
que presentan las entidades involucradas.
Quinto. La presente iniciativa tiene como objetivos primordiales
proponer el incremento en el porcentaje de la recaudación federal participable que
constituye el Fondo General de Participaciones, y la adecuación de la fórmula para su
distribución en el sentido de que privilegie la marginación como única forma de lograr
generar el desarrollo de las entidades federativas, en especial, el de aquellas que hacen
verdaderos esfuerzos financieros aportando una cantidad significativa de sus recursos al
gasto e inversión en materia de educación. En el primer caso, se propone el aumento del
20% al 25%; y en el segundo, se pretende que la nueva fórmula permita medir la necesidad
de las entidades en forma más justa, al considerar un porcentaje distribuible para
entidades, en proporción directa al monto de recursos propios que destine a gasto e
inversión en educación.
Por lo anteriormente considerado, nos permitimos someter a la
determinación de esa Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el
trámite parlamentario correspondiente, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley
de Coordinación Fiscal en sus párrafos primero y quinto, para quedar de la siguiente
manera:
Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá
con el 25% de la recaudación federal participable que obtenga la Federación en un
ejercicio.
. . .
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a lo
siguiente:
I. El 40% del mismo en proporción directa al número de habitantes que
tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.
El número de habitantes se tomará de la última información oficial
que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, año con año, en el año que se publique.
II. El 40%, en los términos del artículo 3o. de esta ley.
III. El 9.66%, se distribuirá en proporción inversa a las
participaciones por habitante que tenga cada entidad. Estas son el resultado de la suma de
las participaciones a que se refieren las fracciones I y n de este artículo en el
ejercicio de que se trate.
IV. El 10.34% restante, en proporción directa al monto de recursos
propios que cada estado destine a gasto e inversión en educación.
. . .
Artículo 3o. . . . . .
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente reforma entrará en vigor el día 1o. de enero
de 2001.
Atentamente.
Victoria de Durango, Durango, a 5 de diciembre del 2000.-- Diputados:
Oscar García Barrón, presidente; Pedro Luna Solís, Jaime Ruiz Canaán,
secretarios."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procede la Secretaría a dar cuenta de
los oficios de la Secretaría de Gobernación.
C. MA. DEL ROSARIO GLORIA GREEN MACIAS
La secretaria senadora Lidia Madero García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano Ricardo García Cervantes Presidente de la mesa directiva de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 4 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar a la ciudadana María del Rosario Gloria Green
Macías, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante el gobierno de la
República Argentina.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Green Macías. Con este
fin le envío adjunto los datos biográficos de la interesada.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.-- El
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano Ricardo García Cervantes Presidente de la mesa directiva de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 4 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar al ciudadano Javier Barros Valero, embajador
extraordinario y plenipotenciario de México para que funja como representante permanente
de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, con sede en París, Francia.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Barros Valero. Con este fin
le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.-- El
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano Ricardo García Cervantes Presidente de la mesa directiva de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar al ciudadano Jorge Enrique Castro Valle Kuehne,
embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno del Reino de
Suecia.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Castro Valle Kuehne. Con
este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F.O, 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.-- El
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves.
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
Oficios por los que se comunica que el señor Presidente de la
República designo a varios ciudadanos mexicanos cónsules generales de México.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano Ricardo García Cervantes presidente de la mesa directiva de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar al ciudadano Manuel Uribe Castañeda, cónsul general
de México en Toronto, Canadá.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Uribe Castañeda. Con este fin le
envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.-- El
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes Presidente de la mesa
directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar al ciudadano Manuel Rodríguez Arriaga, cónsul
general de México en Miami, Florida, EUA.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Rodríguez Arriaga. Con este
fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D F, a 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del secretario.-- El
director general de Gobierno, Sergio Orozco Aceves."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. RUBEN ALBERTO BELTRAN GUERRERO
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano diputado Ricardo García Cervantes presidente de la mesa
directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a ésta de
Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el señor Presidente de
la República ha tenido a bien designar al ciudadano Roberto Beltrán Guerrero, cónsul
general de México en Phoenix, Arizona, EUA.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del articulo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Beltrán Guerrero. Con este
fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D F, 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del secretario.-- El
director general de Gobierno Sergio Orozco Aceves."
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadano Ricardo García Cervantes Presidente de la mesa directiva de
la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de
Gobernación en oficio fechado el día 8 del actual, manifestando lo siguiente:
En uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la
República ha tenido a bien designar a la ciudadana Sandra Camila Antonia Fuentes Beráin
Villenave, cónsul general de México en Milán, Italia.
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para
solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión al nombramiento de la ciudadana Fuentes Beráin Villenave.
Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado.
Lo que hago de su conocimiento, para los fines legales procedentes,
acompañando al presente el documento que en el mismo se menciona.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 16 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.-- El
director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves."
El Presidente:
Recibo y túrnese a la segunda comisión.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a
que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita, pueda aceptar
y usar la condecoración que se menciona:
Juan E. Olvera, condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el Gran Ducado de Luxemburgo.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su
expediente, carta del interesado dirigida al Congreso de la Unión, solicitando el permiso
respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, curriculum vitae y
notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la
seguridad de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 8 de enero de 2001.-- Por acuerdo del Secretario.--
El director general de gobierno, Sergio Orozco Aceves."
El Presidente:
La secretaria diputada Lidia Madero García:
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Secretaría de
Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión.-- Presente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a
que se refiere el artículo 37, inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan
prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Martín García, empleado de mantenimiento; Victoria Baschuk Serrano,
supervisor analista financiero; Sergio Rojas Castañeda, supervisor examinador de
vouchers; Jorge Luis Guerrero Barrera Puesto, mecánico; Valentín Sebastián Baena,
bodeguero/chofer; Teresa Medina Herrera, asistente de personal; María de Lourdes
Villarreal, asistente en visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en la
Ciudad de México: Laura Haydeé Rivera Reyes, auxiliar de recursos humanos; María de
Lourdes Aguirre Aragón, sub-cajera; Juan José Leyva Rojas, empleado en el departamento
de limpieza, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez,
Chihuahua: Julio Andrés Meza López, asistente; Cecilia Montemayor Cantú, asistente,
Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas: Gabriela Guadalupe
Gutiérrez Palomino, asistente de embarques; Donaciano Espinosa Salazar, afanador en el
departamento de limpieza, Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo,
Tamaulipas: Angel Alejandro Chel, chofer, Consulado de los Estados Unidos de América en
Mérida, Yucatán: Martín Guerrero Portillo, mecánico en el departamento de
mantenimiento; Angel Jesús Cervantes Benavente, intendente; en el Consulado General de
los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Gerardo Victorica Vega, especialista comercial; en el Consulado General
de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Mario Fregoso García, prestar servicios en el equipo de mantenimiento
en el área de servicios generales; en el Consulado General de los Estados Unidos de
América en Tijuana, B C.
Enoch Ramos Serrano Puesto, Chofer; en el Consulado General de los
Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Lourdes Georgina Gutiérrez Pérez, empleado administrativo; en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.
Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de
nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Asimismo comunico a ustedes que las personas que se mencionan a
continuación solicitan la cancelación del permiso que les fuera concedido por el
honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.
Ana Wonchee Peña, empleada de visas, en la Embajada de los Estados
Unidos de América en la Ciudad de México.
Hilda Torres Mendoza Puesto, asistente de visas; Carmen Torres Machaen
Puesto, asistente de visas; Mayra Ivonne González Carballo Puesto, auxiliar de personal;
Dolores Leticia Gómez Ayala Puesto, asistente de visas; Ana Margarita Rodríguez Yuen,
asistente de servicios generales; Rogelio Alonso Rodríguez; GSO. Clerk/storekeeper
(empleado de bodega en la oficina de servicios generales); Susana Jáuregui Domínguez,
auxiliar de visas; José de Jesús Castruita, chofer; María Esperanza Carlos Rodríguez,
personal de limpieza; Lorenzo Aureliano Chaparro Rubio, departamento de limpieza; Carla
Judith Cuéllar Martínez, oficinista; Rosa Isela Flores Soto, asistente de visas;
Gabriela Margarita Delgado Cuéllar, asistente de visas; Guadalupe Zarzosa Elizondo,
asistente de visas; en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
Ignacio Gutiérrez Flores, supervisor de provisiones; Esperanza López
Martín del Campo, asistente del área de visas; en el Consulado General de los Estados
Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Asimismo comunico a ustedes que la Secretaría de Relaciones Exteriores
realizó una revisión desde 1975 en el archivo de esa dependencia y no se localizaron
antecedentes de las personas que se enlistan a continuación para la cancelación del
permiso que les fuera concedido por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus
servicios al gobierno estadounidense:
María del Carmen González de Hernández, asistente de visas; en el
Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
José Luis Palacios Cuevas, perito en servicios consulares especiales;
en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Marina Ramos, asistente de visas; Consulado General de los Estados
Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las
seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D F, 8 de enero de 2001.-- Por acuerdo del secretario.-- El
director general de Gobierno, Sergio Orozco Aceves."
El Presidente:
Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, recibo y túrnese a
la primera comisión.
Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar
servicios, túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la
Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se pide a la Secretaría dar cuenta con el
dictamen que aparece en el orden del día.
El secretario senador Héctor Astudillo Flores:
Honorable Asamblea: a la Comisión que suscribe le fue turnada para su
estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa de decreto remitida por
el titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, con objeto de que se le conceda autorización para ausentarse del territorio
nacional del 24 al 30 de enero de 2001, a efecto de que participe en el Foro Económico
Mundial que tendrá lugar en la ciudad de Davos, Suiza, así como para realizar visitas de
trabajo a las ciudades de Milán, Italia y de Francfort, Alemania.
Con fundamento en los artículos 78 y 88 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 116, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General y a partir del análisis de la iniciativa referida, nos
permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
DICTAMEN
La Comisión dictaminadora desea expresar que el actual contexto
internacional exige a la diplomacia mexicana ser más activa y congruente con nuestros
valores, principios y aspiraciones. Para ello, nuestras acciones en el plano internacional
deben orientarse a fortalecer la soberanía, a estimular la cooperación y a darle
prestigio a nuestro país. Es por ello que la acción internacional de México siempre ha
estado inspirada y orientada por los principios fundamentales de política exterior que
son producto de nuestra experiencia histórica, consagrados en el texto constitucional que
nos rige. Nuestro país ha actuado en el escenario internacional guiado por esos
principios invariables.
Con base en la práctica de dichos principios de política
internacional, nuestro país ha impulsado la diversificación de sus relaciones con el
exterior como estrategia fundamental para promover y fortalecer mejores oportunidades de
desarrollo político, económico, social y cultural para México.
Resulta importante para nuestro país el fortalecer los contactos
efectivos de diálogo político, los intercambios económicos y de cooperación con otros
estados, regiones y continentes, lo que complementa un mejor equilibrio a nuestras
relaciones con el exterior.
México ha construido una fuerte presencia que nos permite mantener un
fluido y fructífero diálogo político en los principales foros regionales y mundiales.
Asimismo, la reactivación del crecimiento económico de nuestro país
permite impulsar nuevas iniciativas y fortalecer los nexos e intercambios con otras
naciones y mecanismos de integración.
De cara a una sociedad internacional cada vez más globalizada, México
se concibe como una nación muy vinculada tanto a los principales polos de crecimiento
económico, como a las potencias políticas regionales de los cuatro puntos cardinales. De
manera cotidiana nos entrelazamos con las más diversas culturas y mantenemos con ellas
una comunicación profunda.
En la actualidad, el reordenamiento político en el escenario
internacional con el surgimiento de foros y mecanismos de concertación política, la
globalización de la economía y la multiplicación de los procesos de integración
regional, constituyen algunos de los elementos más destacados que influyen en el diseño
de un nuevo orden mundial.
Por ello, coincidimos con lo señalado en la iniciativa presentada, en
el sentido de que es necesario que nuestro país participe activamente en los principales
foros económicos internacionales a efecto de fomentar el comercio exterior, las
inversiones productivas y la generación de empleo en el territorio nacional.
En la iniciativa se establece que el presidente Vicente Fox Quesada
participará en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Este Foro fue
establecido en 1971 y se celebra anualmente, es considerado uno de los principales
espacios de discusión de las políticas macroeconómicas mundiales. Además, es una
institución autónoma, imparcial y no lucrativa dedicada a la promoción de los procesos
de liderazgo político, económico y empresarial de la comunidad internacional.
El prestigio que caracteriza a este foro ha ido creciendo a través de
los años hasta convertirlo en uno de los principales centros de proyección económica y
política para la comunidad económica internacional. Tradicionalmente se celebra al
inicio de cada año y en sus reuniones, se analizan los supuestos básicos que determinan
las relaciones económicas y políticas del mundo. Los debates de estas reuniones se
centran en el análisis del comportamiento presente y futuro del comercio internacional,
las corrientes financieras, la situación económica mundial y la relación existente
entre el crecimiento económico y el nivel de empleo.
El Foro Mundial congrega a jefes de Estado y de Gobierno, a
personalidades políticas de gran influencia económica y política, así como a altos
representantes de los sectores empresarial, financiero y académico, interesados en
intercambiar puntos de vista sobre el estado y perspectivas de la economía mundial y
sobre otros temas contemporáneos que afectan a la sociedad internacional.
Resulta de la mayor importancia la presencia del Presidente de la
República, porque le permitiría abordar temas de interés de la agenda internacional de
México y se avanzaría en la identificación de posiciones comunes que ayuden a
enfrentar, de una forma coordinada, los desafíos globales del nuevo siglo.
Algunos de los temas que se han abordado en el seno de este foro anual
son los siguientes: 1991 "la nueva dirección para el liderazgo", 1992
"cooperación y megacompetición", 1993 "la recuperación global",
1994 "redefinición de los puntos básicos de la globalización", 1995
"desafíos más allá del crecimiento", 1996 "globalización de la
economía mundial", 1997 "construyendo la sociedad de la red", 1998
"prioridades para el Siglo XXI: crisis asiática y el nacimiento del euro", 1999
"el impacto de la globalización" y 2000 "retos y oportunidades en el nuevo
milenio". El tema del presente año será "sostener el crecimiento y eliminar
las brechas: un esquema para nuestro futuro global".
Por ello, compartimos lo expresado por el presidente Fox en la
iniciativa en el sentido de que "pese al retorno de la inversión extranjera directa,
al avance en los esquemas de libre comercio, así como a los nuevos liderazgos políticos
en nuestra región, la competitividad global de América latina no ha mejorado
suficientemente. Por ello, es necesario profundizar en los esquemas de apoyo a las
iniciativas regionales con vistas a revitalizar la economía regional."
Los legisladores integrantes de la comisión compartimos la convicción
de que el ejercicio de la política exterior a través de los contactos directos entre los
jefes de Estado y de Gobierno, es una práctica obligada ante la globalización y es de
suma importancia que esos encuentros ocurran de manera fluida y periódica. Este tipo de
actividades amplían el margen de maniobra en el ámbito internacional. Asimismo, el
Presidente de la República sostendrá reuniones con representantes de los sectores
empresarial, financiero y académico con quienes trataría temas de interés con el
propósito de avanzar en la identificación de posiciones comunes que permitan enfrentar
los desafíos globales del presente siglo.
Ante la diferencia en la exposición de motivos del viaje presidencial
contenida en la carta de solicitud y el documento anexo que describe los pormenores del
Foro Económico Mundial, esta comisión precisa a dicho del licenciado Miguel Hakim,
representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el presidente Vicente Fox
participa en éste con el tema de "México, el amanecer de una nueva era", lo
que nos permite también solicitar a esa dependencia la necesaria claridad en la
exposición sobre motivos y temas para futuras comunicaciones, a efecto de emitir un
juicio informado sobre la conveniencia o no de las ausencias presidenciales.
Al término de la participación del titular del Poder Ejecutivo en el
Foro Económico Mundial, realizará sendas visitas de trabajo a las ciudades de Milán,
Italia y Francfort, Alemania.
Milán es un importante centro industrial y financiero, para nuestro
país representa un factor estratégico en la búsqueda y localización de proyectos de
inversión que se lleven a cabo en territorio nacional. Además es una zona en la que las
actividades comerciales mexicanas de exportación e importación pueden experimentar un
crecimiento significativo.
Lombardía es una de las cinco regiones más industrializadas e
importantes de Europa y Milán, su capital tiene el producto per capita más alto
de Italia. Esta región forma parte del grupo llamado Los Cuatro Motores de Europa,
constituido, además, por las regiones de Baden-Wurtenberg, en Alemania, de Rhó-ne-Alpes,
en Francia y de Cataluña, en España. La constitución de dicho grupo, que se reúne
periódicamente, ha permitido compartir problemas y soluciones en los campos económico,
de formación, de medio ambiente y de desarrollo social. Dado el florecimiento de las
pequeña y mediana empresas en esas regiones, su experiencia permitiría enriquecer los
programas y apoyos para la micro, pequeña y mediana industrias.
Por otra parte, la visita a Francfort, Alemania, brindaría la
oportunidad de iniciar una gran cruzada de promoción para aprovechar los beneficios del
acuerdo global con la Unión Europea. Ello constituiría un gran impulso para la
diversificación de nuestras exportaciones y de la inversión extranjera directa que
recibe nuestro país. Además, esta visita representaría un avance significativo en la
promoción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
En la actualidad, Alemania se ha constituido en el primer socio
comercial entre los países de la Unión Europea. El comercio total bilateral se
incrementó entre 1995 y 1999 en 108.8%, mientras que el comercio de México con toda la U
E aumentó aproximadamente 56%.
Alemania es el 5o. país inversionista y el 3o. entre los países de la
Unión Europea. En el periodo de 1994 a 2000 las empresas con capital alemán en México
materializaron inversiones por 2,379.8 mdd este monto equivale al 5.1% de la inversión
extranjera directa realizada durante estos años y al 19.7% de la inversión procedente de
los países de la Unión Europea.
En su visita a Francfort, el presidente Fox se reunirá con el
gobernador del Estado de Hesse, Roland Koch y un grupo de empresarios. Este Estado es
considerado como uno de los centros económico-financiero más dinámicos de Europa. De
igual forma, es señalado como uno de los más importantes ejes de la economía del
continente. Es el segundo centro de finanzas de Europa después de Londres y en Francfort,
tienen su sede más de 400 bancos e instituciones financieras.
Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar que
con el objeto de allegarnos mayores elementos de juicio para analizar la procedencia de la
autorización solicitada, la Comisión dictaminadora convocó al licenciado Miguel Hakim,
funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo.
En dicha reunión, celebrada el día de hoy el funcionario invitado
expuso en detalle los motivos de la iniciativa, respondió a las interrogantes
manifestadas por integrantes de la Comisión y entregó información complementaria del
viaje del señor Presidente.
En el intercambio de opiniones planteado en la reunión referida, los
legisladores asistentes acordaron recomendar, que conforme a la práctica ya establecida,
se solicite al Ejecutivo que, una vez que concluyan los viajes del Presidente de la
República, autorizados por el Congreso de la Unión, se informe del resultado de los
mismos al Senado de la República, a través de sus comisiones correspondientes y cuando
esté reunida, también a la Comisión Permanente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la segunda comisión de
trabajo de la Comisión Permanente estima que la participación del Presidente de la
República resulta de la mayor importancia para la nación, motivo por el cual somete a la
aprobación de esta honorable Asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio
nacional del 24 al 30 de enero de 2001, a efecto de que participe en el Foro Económico
Mundial que tendrá lugar en la ciudad de Davos, Suiza, así como para realizar visitas de
trabajo a las ciudades de Milán, Italia y de Francfort, Alemania.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente, México, D. F., a 16 de
enero de 2001.-- Segunda comisión de trabajo: senadores: Silvia Hernández, presidenta;
Javier Corral Jurado, secretario; Ernesto Gil Elorduy, Netzahualcóyotl de la Vega, Juan
José Rodríguez Prats, Luisa María Calderón Hinojosa, Raymundo Cárdenas Hernández,
Sara Isabel Castellanos Cortés; diputados: Alfredo Ochoa Toledo, secretario; Beatriz
Paredes Rangel, Efrén Leyva Acevedo, Silvia Alvarez Bruneliere, Rocío García Gaytán,
Julián Hernández Santillán, María Rosario Tapia Medina, Cortés.
El secretario senador Héctor Astudillo Flores:
Es de primera lectura.
El Presidente:
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda
lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario senador Héctor Astudillo Flores:
Por instrucciones de la Presidencia, y con fundamento en el artículo
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se
pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se
aprueba la dispensa, señor Presidente.
El Presidente:
Se dispensa la segunda lectura al dictamen y dada su unidad, está a
discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
No habiendo quien haga uso de la palabra, proceda la Secretaría a
recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El secretario senador Héctor Astudillo Flores:
Se va a proceder a recoger la votación nominal, en lo general y en lo
particular, del proyecto de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el
artículo 161 del Reglamento Interior.
Señor Presidente, se emitieron 36 votos a favor y ninguno en contra.
El Presidente:
Aprobado el proyecto de decreto por 36 votos.
El secretario senador Héctor Astudillo Flores:
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente:
Tiene la palabra el Senador Sadot Sánchez Carreño, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición
con punto de acuerdo para solicitar la investigación sobre el fallecimiento de María del
Rosario Avalos durante el régimen militar de Augusto Pinochet, hasta por 10 minutos.
El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño:
Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos
legisladores:
Los suscritos, senadores del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita al Ejecutivo Federal que proceda a realizar una investigación
sobre el fallecimiento de María del Rosario Avalos Castañeda, ocurrido en 1973, durante
el régimen de Augusto Pinochet, en Chile.
Esta solicitud la sustentamos en las siguientes consideraciones:
"Como es conocido de la opinión pública, los medios de
comunicación han dado a conocer a la sociedad nacional los acontecimientos en los que
perdió la vida la ciudadana María del Rosario Avalos Castañeda, en lamentables sucesos
que tuvieron lugar en la República de Chile el 8 de diciembre de 1973, durante el
régimen de Augusto Pinochet.
Con independencia de las implicaciones de naturaleza legal sobre las
circunstancias en que se hayan ejecutado tales actos y aún cuando los mismos se dieron
fuera del territorio nacional, los suscritos exigimos que el gobierno adopte una posición
más firme en sus acciones para determinar la procedencia de la solicitud que en forma
reiterada y pública ha hecho también el hijo de María del Rosario Avalos Castañeda, el
señor Ernesto Lederman Avalos.
"Como consecuencia del golpe militar que derrocó al gobierno de
Salvador Allende en 1973, México rompió relaciones diplomáticas, no sin antes, como es
conocido de todos, ofrecer a través de sus servicios diplomáticos en la Embajada en la
ciudad de Santiago, y desde ahí, en un acto de congruencia histórica con su política,
una relación al derecho que fue solicita do para asilar y salvar la vida de muchos
ciudadanos chilenos y a otros que no lo eran.
México ha suscrito y en esto se ha distinguido por haberse adherido y
ha aprobado más de 100 disposiciones que se encuentran contenidas en 57 tratados,
acuerdos y convenciones internacionales que tienden fundamental mente a la preservación y
respeto de los derechos humanos.
También se ha adherido a los instrumentos para establecer mecanismos
que van a permitir enjuiciar a quienes por motivos políticos o raciales o de cualquier
naturaleza los viole.
En virtud de esas consideraciones, por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo previsto por el artículo 78 fracción III de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de la propia Ley Orgánica, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que
instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por los conductos
diplomáticos y en estricto apego al marco legal que le corresponde proceda a practicar
una detallada investigación de las circunstancias en las que perdió la vida la ciudadana
mexicana María del Rosario Avalos Castañeda y con base en dicha investigación se
determine la procedencia de las acciones en contra de quien o quienes resulten
responsables de su muerte. Así también tramitar la localización y traslado de los
restos a México para que sean entregados a sus familiares.
Dado en el recinto de la Cámara de Senadores a 16 enero de 2001.--
Senadores: Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ovando Martínez, Héctor Astudillo Flores, Martha
Sofía Tamayo Morales y el de la voz, Sadot Sánchez Carreño."
Gracias, señor Presidente.
El Presidente:
Gracias, Senador Sánchez Carreño.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiene la palabra la diputada María del Rosario Tapia Medina, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición
con punto de acuerdo sobre el horario de verano.
La diputada María del Rosario Tapia Medina:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Una vez más el asunto del horario de Verano, tan controversial a nivel
nacional, nos obliga a tocar el tema y a presentar esta proposición con punto de acuerdo
para que esta Comisión Permanente asuma de manera inmediata una atención para la
investigación de este asunto.
El tema del Horario de Verano por lo menos tiene, desde nuestro punto
de vista, tres aspectos muy importantes que hay que poner en la mesa de debates que nos
obliga a tener mayores elementos y a tomar definiciones en este momento, avanzar por parte
de la Comisión Permanente y posteriormente en las propias cámaras.
¿A que me refiero? Varios diputados, independientemente del partido
político al que estamos adscritos, coincidimos en que falta ahondar y que se nos den
mayores elementos técnicos de investigación sobre las ventajas y desventajas para la
nación, para la economía del país y para la población sobre la aplicación del Horario
de Verano.
Necesitamos que nos den datos precisos los funcionarios involucrados
sobre el ahorro real de energía. ¿Por qué comentamos esto? Porque cada vez que hemos
tocado el tema y de acuerdo a la investigación que mandó a hacer el todavía secretario
de Energía, Téllez; en su momento, los datos que se proporcionaron en ese momento sobre
el ahorro de energía que había habido en el país, eran de 96, no sabemos por que no
pudieron entregar datos actualizados al 2000, que fue el año en que se hizo la
investigación.
Necesitamos también datos precisos, técnicos, sobre un asunto que se
ha manejado mucho en cuanto a la ventaja del horario de Verano de evitar un asunto
crítico en el que se empape la máxima demanda de energía eléctrica, lo que se llaman
los puntos críticos, con la capacidad instalada les hemos pedido esta información, que
para nosotros sería fundamental tenerla, para poder valorar si realmente el horario de
Verano tiene resultados favorables para evitar este tipo de situaciones críticas entre la
demanda y la capacidad instalada de energía eléctrica en nuestro país.
Necesitamos que nos actualicen ese dato porque igualmente siempre nos
han dato el dato de 96, que fue el primer año en que inició la aplicación del Horario
de Verano. Necesitamos ver también con especialistas, con funcionarios, el asunto
ambiental que fue otro elemento también que se nos plante6 como un objetivo de que iba a
haber mejorías ambientales, no nos han dado datos exactos y precisos.
Nosotros creemos que esta Comisión Permanente necesita de inmediato,
poniéndose el punto en estos días prácticamente ya de nuevo sobre la mesa de discusión
del Horario de Verano, que esta Comisión Permanente pueda tener elementos muy claros
sobre estos aspectos fundamentales para poder tener una opinión calificada y poder
también de alguna manera adoptar una posición de frente a este asunto.
El otro problema que trae aparejado el asunto del Horario de Verano y
también lo hemos comentado entre diputados de diferentes partidos, es el asunto de la
facultad que se tiene para la determinación del horario; esto es, ¿es el Presidente?
¿Es le Ejecutivo Federal el que tiene esta facultad?... algunos decimos que no, otro
dicen que sí; ¿es este Congreso?, ¿La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores,
las que podrían - en su momento -, como cámaras, legislar sobre husos horarios?
Algunos incluso defienden que los Estados son autónomos para
determinar su propio horario; nosotros creemos que este es un debate que tenemos que dar,
que urge ya una definición, ponernos de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios y
ver una salida definitiva para que no estemos cada año o cada vez que se aplique el
horario de verano, metiendo la discusión, algunos cuestionando la facultad presidencial,
algunos insistiendo en que sea este Congreso, o bien, algunos - como lo dije hace un
momento prácticamente en la dispersión total que sea cada entidad la que defina su
horario, que sería caótico para este país.
Y por último, también tenemos que pensar, como Comisión Permanente,
en un tercer problema, que es parte de esta complejidad del horario de verano, que es el
rechazo popular; hay un amplio rechazo popular que es innegable, Por un lado, nosotros
hemos recibido en la Cámara de Diputados una cantidad importante de propuestas, de
resoluciones de congresos locales que nos proponen nosotros tomar en cuenta su punto de
vista para eliminar el horario de verano.
Hemos recibido estas posiciones, por ejemplo en la Comisión de
Energía, pero bueno, está relacionado con el punto anterior, ¿que cauce le damos?;
ellos se oponen, ocho ó 10 congresos locales pero no hay una definición jurídica al
respecto. Y, por otro lado, se han hecho infinidad de consultas, todos nosotros las
conocemos, manifestaciones, expresiones populares, la misma investigación de la que les
comentaba hace un momento que mandó hacer la Secretaría de Energía, el resultado fue
que alrededor del 70% de los encuestados a nivel nacional expresaron un rechazo a la
implantación del horario de verano,
Entonces, esto obliga a que si nosotros tenemos bases jurídicas
claras, a que si nosotros tenemos elementos técnicos muy precisos, muy convincentes,
podemos en un momento dado, tener una opinión y decirle a la población "tienes
razón", o definitivamente "no tienes razón". ¿Verdad?, porque hay todas
estas ventajas pero nos ayudaría en gran sentido, en gran medida a darle una respuesta a
esta ciudadanía a nivel nacional que cuestiona la aplicación del horario de verano.
Por estos motivos, presento el siguiente punto de acuerdo en el que
hemos coincidido, subrayo, con este punto de acuerdo, el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido Acción Nacional, el Verde Ecologista y el Partido de la
Revolución Democrática:
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
acuerda que su Tercera Comisión se aboque al estudio inmediato de las ventajas y
desventajas del horario de verano sobre la economía del país y para la población
mexicana. Dicha comisión deberá entrevistarse con investigado res universitarios,
expertos en el tema; funcionarios públicos relacionados con la actividad energética; y
todo aquél que aporte elementos relevantes sobre este programa de ahorro de energía.
Segundo (sic). La Tercera Comisión, deberá rendir su informe de
sus trabajos, a más tardar en la sesión de la Comisión Permanente del día siete de
febrero del año en curso.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias diputada Tapia Medina. Ruego a la Secretaría tomar nota
de que se rectifique el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por el
senador Sánchez Carreño hacia la Segunda Comisión de la Permanente.
Para referirse al mismo tema del horario de verano, tiene la palabra la
senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, para referirse al mismo hasta por 10 minutos.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Congreso de la Unión:
Es evidente que el deterioro ambiental y la escasez de recursos
naturales a nivel planetario está obligando a que se tomen medidas urgentes para su
mejoramiento.
En los últimos 100 años los avances tecnológicos han provocado
cambios radica les en las costumbres, entre otras, se ha alterado la manera en que nos
relacionamos con la luz natural. Sin embargo, la capacidad de abastecimiento del sector de
energía eléctrica se encuentra ante serias dificultades para satisfacer la demanda si el
consumo mantiene su tendencia.
La modernidad implica ya más que comodidades, responsabilidades, es
por eso que hoy necesitamos reducir el impacto que el consumo de energía eléctrica tiene
sobre el medio ambiente.
Es increíble que sea hasta la segunda mitad de la década de los años
noventa, a poco menos de 100 años de haberse aplicado por primera vez en algunos países
y a más de 25 de haberse generalizado en el mundo, cuando en México se haya implantado
el horario de verano a nivel nacional.
El horario de verano es uno de entre los muchos ajustes que estamos
obligados a realizar como sociedad en una realidad cambiante, el problema al que nos
enfrentamos es que la organización social del tiempo está más determinada por la hora
que marcan los relojes y no por la posición del sol sobre el oriente.
Desde el primer año de la instrumentación del horario de verano se ha
pretendido convencer a la población de las ventajas expresadas en el ahorro de energía.
El problema es que éste no se ha visto reflejado en los recibos de luz de los usuarios
por más que las cuentas macro sí reflejan resultados favorables.
A diferencia de muchos otros países con mayor o menor desarrollo
democrático donde los horarios estacionales se han asimilado como algo socialmente
necesario, en México se levantan voces de desacuerdo, se argumentan efectos en salud y se
pone en duda lo que en muchos otros países proponen como una medida benéfica.
Sectores de la población afirman que el horario de verano tiene
efectos desfavorables en su metabolismo debido al descontrol que se manifiesta en su reloj
biológico, sin embargo, está comprobado por estudios de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que sólo se
necesita un día para acostumbrarse al nuevo horario y que no se han encontrado
alteraciones orgánica significativas, al contrario, se armoniza el funcionamiento del
organismo al aprovechar al máximo posible los tiempos de luz solar diaria; lo que sí
afecta a la salud son los índices tan elevados de contaminación que se pueden provocar a
partir de la generación de electricidad.
El sector educativo sólo se ve afectado en cuanto a los hábitos de
estudio, las horas para estudiar y realizar tareas se alteran, sin afectar el rendimiento
y los resultados.
Por otra parte, no se puede negar que se aprovecha más luz de día
para realizar actividades productivas, sociales y de esparcimiento, inhibiendo la
criminalidad y las situaciones de riesgo y accidentes asociados a la oscuridad.
Asimismo, los más beneficiados por este cambio de horario son el
sector industrial y comercial, ya que se ven reducidos los conflictos que tienen debido a
las diferencias de horarios con países con los que se mantiene cada día más intensas
relaciones comerciales.
El horario de verano elimina los inconvenientes de comunicación entre
países, facilitando y promoviendo el intercambio industrial, comercial, financiero y
aeronáutico. El uso de electricidad se hace hoy en día de una manera natural y
automática, sin que pensemos en el gran trabajo, esfuerzo y costo que implica generarla.
El cambio de horario ha influido para que empecemos a tomar conciencia de la energía que
no consumimos, pero no se ha logrado que en las personas exista la necesidad de optimizar
el uso de los recursos naturales y la infraestructura energética.
La Secretaría de Energía debe buscar aumentar la productividad de la
generación de energía, ya que la contribución que pueda aportar el uso de un horario de
verano es limitado al reportar un impacto de sólo 0.6% en el ahorro de energía a nivel
nacional. Es decir, se debe eficientizar el sector vía productividad e inversión, y no
sólo vía consumo.
La Secretaría de Energía debe tomar acciones paralelas a la
imposición de un horario de verano, que permitan que éste sea eficaz. Dentro de ésta,
está el hacer una que en todos los organismos públicos y privados utilicen poca o nula
energía en horas y días no laborables, ya que no se ha podido implementar esta medida de
manera uniforme.
Lo mismo sucede con el alumbrado público. Las autoridades no han
unificado el mecanismo correcto de encendido y apagado de luces, de tal manera que las
vemos prendidas en horas en que no deberían estarlo.
Se requiere que se haga más hincapié en el consumo limitado y
sustentable de la energía. La Secretaría de Energía no puede limitar el estímulo para
la disminución del consumo a un horario de verano; debe de haber un incentivo para dejar
de consumir electricidad en exceso. Para ello deben de ajustarse las cuotas de aquellos
que más consuman. Es una labor intensa que se ha iniciado mucho a tiempo, pero es sólo
el principio de una serie de elementos que deben imponerse para el mejoramiento del sector
eléctrico.
Muchas gracias, compañeros, por su atención.
El Presidente:
Muchas gracias, senadora Castellanos Cortés.
Túrnese a la Tercera Comisión de la Permanente la proposición con
punto de acuerdo presentada por la diputada Tapia Medina, así como la intervención de la
senadora Castellanos Cortés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiene la palabra el senador Ernesto Gil Elorduy, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición
con punto de acuerdo manifestando la solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión con el pueblo de El Salvador, hasta por 10 minutos.
El senador Ernesto Gil Elorduy:
Con su permiso, señor Presidente; honorable Asamblea:
La República de El Salvador está de luto por el devastador sismo que
el sábado 13 de enero de este año le asestó un duro golpe de tragedia y desolación. La
sociedad salvadoreña, sin embrago, está de pie, queriendo sacarle fuerzas a la
adversidad, como pueblo enhiesto que afronta con valentía su destino.
No está solo, desde luego; el pueblo mexicano, conocedor de estos
infortunios, se une a su dolor y su lucha por recuperarse. Uno de los valores que siempre
han orientado las relaciones del pueblo mexicano con los demás pueblos hermanos de
América Latina es la solidaridad en la paz y en la cooperación, con mayor razón, los
mexicanos somos solidarios frente al sufrimiento y la adversidad de comunidades humanas
que sufren el embate incontrolable de las fuerzas naturales causantes de catástrofe,
dolor y muerte.
México ha sido víctima frecuente de azotes de la naturaleza y ha
recibido las muestras de adhesión y solidaridad de muchos pueblos y gobiernos del mundo.
En este contexto, los legisladores que suscribimos el presente
documento, consideramos en tanto representantes populares, el alto valor que la
solidaridad y la ayuda poseen como vínculo entre los pueblos, igual que entre estados y
gobiernos.
Por lo que resulta de la mayor oportunidad y urgencia, expresar al
pueblo de la República de El Salvador, nuestros sinceros sentimientos de pena y
solidaridad, y exhortar al gobierno de México y a la Organización de las Naciones
Unidas, a acudir con la mayor ayuda humanitaria posible en la presente emergencia
salvadoreña y en las tareas de reconstrucción del país y auxilio a los familiares de la
víctimas.
Los legisladores de los grupos parlamentarios representados en esta
Comisión Permanente, se conduelen de la tragedia de los hermanos salvadoreños, con
efectos graves en perdidas humanas y materiales esta tragedia nos obliga a reiterar el
planteamiento sobre la necesidad de cerrar la brecha entre desarrollo y subdesarrollo en
materia de prevención de desastres, por lo que la ayuda internacional debe obedecer tanto
a los aspectos humanitarios como al principio superior de cooperación para el desarrollo.
Debemos en consecuencia, responder con eficacia, racionalidad y
prontitud, al llamado de la comunidad internacional, a los pueblos latinoamericanos en
general, a profundizar acerca de sus programas de protección civil para atemperar y
moderar los efectos de los frecuentes embates de la naturaleza que paradójicamente
afectan más a los más pobres.
En nuestra calidad de legisladores de la nación mexicana, consideramos
que es deber humanitario acudir con apoyo y ayuda emergente y suficiente a los hermanos de
El Salvador, haciendo votos por la pronta recuperación espiritual y material de ese
generoso pueblo.
Por lo anterior y con la petición de que en los términos
reglamentarios se considere como asunto de urgente y obvia resolución, proponemos a este
pleno de la Comisión Permanente, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Los diputados y senadores integrantes de los grupos
parlamentarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expresan su
solidaridad y fraternidad con el pueblo de la República de El Salvador, hermano país
centroamericano que ha sufrido la pérdida de centenares de salvadoreños, con motivo del
sismo ocurrido el sábado 13 de enero a las 11:35 horas.
Al mismo tiempo, exhortamos al gobierno de México y a la Organización
de las Naciones Unidas, para que en los rubros de ayuda humanitaria de sus respectivos
presupuestos, puedan cooperar con las autoridades y organizaciones de ayuda internacional
para apoyar a la atención de la difícil circunstancia que atraviesa ese país en las
tareas de su reconstrucción y de auxilio a los familiares de las víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2001.-- Senadores:
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista y del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
Muchas gracias por su atención, dejo a la Secretaría la proposición.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Gil Elorduy. Consulte la Secretaría a la
Asamblea, si se considera de urgente resolución la proposición presentada.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad,
señor Presidente.
El Presidente:
Se considera de urgente resolución y en consecuencia está a
discusión la proposición.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se somete a votación.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta a los señores legisladores si se
aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad
a favor, señor Presidente.
El Presidente:
Aprobada la proposición.
Esta mesa directiva ruega a los presentes ponerse de pie para guardar
un minuto de silencio en memoria de los desaparecidos por el terremoto en la hermana
República de El Salvador.
(Puestos los presentes de pie, se guarda un minuto de silencio)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día, consiste en comentarios sobre la
situación política en el estado de Yucatán. Para presentar el tema tiene la palabra el
senador Cesar Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos.
El Presidente:
El senador Sergio César Jáuregui Robles:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros
legisladores:
El pasado 12 de octubre del año 2000, la sala superior del tribunal
electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el juicio de revisión
constitucional promovido por el PRD en contra del decreto 278 del Congreso del Estado de
Yucatán, de fecha 31 de agosto del 2000, relativo a la ratificación de los consejeros
ciudadanos y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta
por un periodo extraordinario electoral más.
En la resolución señalada, se revocó el decreto del Congreso y se le
ordenó al mismo realizar una nueva elección de consejeros dentro del plazo de 48 horas
cumpliendo con lo que señalan los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado. En
términos generales los artículos 86 y 90 de este código, señalan que para la elección
de consejeros ciudadanos las organizaciones sociales y los partidos políticos podrán
proponer al Congreso hasta tres candidatos a consejeros ciudadanos anexando los documentos
que acrediten que sus candidatos reúnen los requisitos del artículo 90.
En aparente cumplimiento con la ejecutoria del 12 de octubre del 2000,
el Congreso del estado publicó una relación de los documentos con los que se debía
acreditar los requisitos del artículo 90. El día 14 de octubre la fracción priísta del
Congreso en ausencia de la fracción del PAN y del PRD, publicó una lista de aquellos que
en su concepto no cumplían con los requisitos y otra lista con los que sí los cumplía.
Con estos argumentos la fracción priísta designó a los siete consejeros ciudadanos
propietarios y a los siete suplentes, así como al secretario técnico.
Entre los argumentos esgrimidos por la fracción priísta, para
desestimar la mayoría de las propuestas, fue que no habían acreditado de manera idónea
el modo honesto de vivir, el que no fueran dirigentes de un partido político o que lo
hubieran sido.
En contra de esta nueva designación el PAN y el PRD en forma separada
promovieron juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación argumentando entre otras cosas que al momento de emitir la
convocatoria inicial para el nombramiento de los consejeros ciudadanos, no se
establecieron las formas en que debían acreditarse los requisitos señalados. También se
argumentó que el Congreso tenía la obligación de requerir la presentación de los
documentos originales en aquellos casos en los que se hayan exhibido copias simples y que
se omitiera el requisito de acreditar con pruebas documentales, lo que se consideran
hechos negativos que como todos sabemos, no son susceptibles de acreditar.
Y el Tribunal declaró fundados algunos agravios expresados por los
inconformes y dictó una resolución en fecha 15 de noviembre del 2000 con puntos muy
específicos en cuanto a dejar sin efecto los nombramientos de consejeros ciudadanos que
fueron impugnados revocando el decreto 286 y ordenando al Congreso del Estado de Yucatán,
que en cumplimiento de esta nueva ejecutoria, se requiera a aquellas organizaciones o
partidos políticos para que subsanen las deficiencias de los documentos que hayan
exhibido con un plazo de cinco días y una vez concluido éste, se realice una nueva
designación de consejeros ciudadanos.
Cabe señalar que la ejecutoria del tribunal precisó quiénes deben
ser considerados como candidatos y quiénes no y se incluya a los anteriores consejeros
ciudadanos con la posibilidad de ser ratificados.
Ante el incumplimiento por parte del Congreso del Estado de Yucatán,
el PAN y el PRD presentaron ante el tribunal sendos escritos que motivaron que, por
resolución del 11 de diciembre del 2000, se emitiera una amonestación para el Congreso
local, especialmente para el Presidente de la mesa directiva del Congreso, y se le
requiriera nuevamente para que en 24 horas, a partir de la notificación de la
resolución, diera cumplimiento a la sentencia del 15 de noviembre del año 2000.
Lo anterior también originó que se iniciara un incidente de
inejecución de sentencia en el que, por acuerdo del 13 de diciembre, y ante el reiterado
incumplimiento de parte del Congreso de Yucatán, el tribunal electoral requirió
directamente a los partidos políticos y a las organizaciones sociales que presentaran
propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos en el estado de Yucatán, así como la
documentación necesaria para cumplir con los requisitos que establece la ley.
En el mismo acuerdo señalado se hizo del conocimiento del Congreso que
el tribunal electoral había iniciado la ejecución de la sentencia el 15 de noviembre del
2000, sin perjuicio de que si el órgano legislativa deponía su actitud contumaz,
determinara dar cumplimiento a la ejecutoria de una manera conveniente, podría hacerse
cargo del procedimiento a partir del estado en que éste se encontrara.
Una vez que los partidos políticos y organizaciones sociales
requeridos desahogaron en tiempo y forma los requerimientos, el tribunal, con fecha 22 de
diciembre, dictó un acuerdo analizando el estado de los expedientes relativos a los
candidatos y elaboró una lista con los nombres de las personas que reunían los
requisitos para ser designados consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del estado de
Yucatán.
En el mimo acuerdo el tribunal hizo del conocimiento del Congreso la
lista señalada a efecto de que, dentro de las 72 horas siguientes a su notificación,
designara los 7 consejeros propietarios y siete suplentes conforme al procedimiento legal
correspondiente, situación que no aconteció.
En la misma resolución se apercibió al Congreso del Estado de
Yucatán que de no realizar la designación de los consejeros ciudadanos el tribunal
electoral el día 29 de diciembre, a las 13:00 horas, procedería, previa convocatoria, a
la insaculación de los consejeros.
Cabe hacer mención que según la fracción IV del artículo 86 del
código de Yucatán en materia electoral, en caso de no lograrse la designación de los
consejeros ciudadanos por las cuatro quintas partes de los diputados presentes, se
procederá al procedimiento de insaculación. Por lo tanto el Tribunal, al remitirse a
este procedimiento, consideró que no existe violación alguna al procedimiento ni
invasión de las facultades del Poder Legislativo del Estado de Yucatán.
Ahora bien, habiéndose dado seguimiento a la actuación del Tribunal
Electoral, conviene hacer memoria acerca de la conducta que han observado la mayoría de
los integrantes del Congreso de Yucatán.
En primer lugar habría que recordar que, al iniciarse los trabajos de
la LV legislatura del Congreso, al momento de su instalación, el Tribunal determinó, en
la revisión correspondiente que la última curul disponible por la vía de la
representación proporcional correspondía al PRD y no al PRI, que ya se adjudicaba ese
espacio.
En esa ocasión, para evitar que se cumpliera el fallo, la mayoría
priísta aceleró la toma de protesta de su candidata a diputada, la ciudadana Beatriz
Peralta Chacón y prácticamente secuestró a los actuarios enviados del tribunal,
pretendiendo mostrar los hechos como legítimamente consumados y así sacándole la vuelta
a lo que dispone el artículo 99 constitucional.
Por supuesto que la intentona fracasó pues nadie puede invocar en su
favor hechos ilícitos que uno mismo generó.
Como puede observarse, no es novedad la actitud facciosa como se
conduce la mayoría en la instancia legislativa local. No asumir los mandatos de la
autoridad electoral jurisdiccional, sacarles la vuelta, reconocerlos parcialmente o
abiertamente rechazarlos es el signo de respuesta que ha caracterizado frente a la
legalidad establecida.
Tal desacato, de prosperar, violentaría nuestro estado de derecho y
generaría una situación de caos e ingobernabilidad que mucho lamentaríamos, estoy
seguro, todos los aquí presentes.
Los tribunales tienen siempre la posibilidad legal de hacer efectivas
sus resoluciones, pues de lo contrario éstas quedarían como simples cartas de
invitación susceptibles de cumplirse o no.
Han existido fallos donde Acción Nacional ha mostrado su desacuerdo.
Recuérdese la ocasión cuando se presentó la revisión a la resolución que tenía como
objeto presentar un logotipo con el emblema que incluía al candidato por parte de la
coalición cuando se presentó la revisión a la resolución que tenía como objeto
presentar un logotipo con el emblema que incluía al candidato por parte de la coalición
Alianza por el Cambio.
Y en esa ocasión Acción Nacional, habiendo manifestado una
inconformidad, siempre acató.
También podemos hacer mención a la sentencia que al resolver la
conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decide otorgar curules de
representación proporcional a un partido, que en aquél entonces aplaudía inclusive esta
resolución, pero que no les alcanzaba conforme a la ley, en detrimento de la Alianza por
el Cambio.
En ambos casos la posición de Acción Nacional fue de malestar con
dichas resoluciones, pero como siempre manifestó y como hoy consta su apego y su amplia
disposición a la respetabilidad de las mismas.
No podemos aceptar que cada partido político contrate a sus
especialistas o a sus constitucionalistas para determinar cuáles fallos se deben de
cumplir y cuáles no. Tampoco los órganos de poder pueden contratar a abogados
conocedores de la materia constitucional para que, en opinión interesada, muestren
cuáles sentencias se cumplen y cuáles no.
Reistac es el término que dio origen al concepto estado de derecho y
que comprende la aplicación irrestricta de la legalidad, sin caer en incumplimientos; que
aún con matices doctrinarios, invitan a la excepción.
En el Estado del sureste la actuación del grupo en el gobierno es no
sólo de marginalidad del orden legal, sino de franca provocación, ya que se confronta
pública e indebidamente al consejo electoral legalmente constituido. El gobernador
Víctor Cervera Pacheco no es ajeno a esta situación, pues por un lado niega las
garantías presupuestales, de auxilio de la fuerza pública, de infraestructura y sobre
todo de orden político y de gobernabilidad para hacer efectivo el trabajo efectivo de los
consejeros y por otro lado, promueve o instiga al enfrentamiento, incluso físico, como
aconteció el pasado lunes 15 de enero.
Declaraciones en defensa de la soberanía o invocaciones a un
federalismo que no se soporta en norma alguna, no puede ocultar la injusticia ni la
parcial conducta que han seguido los legisladores priístas y el gobernador de Yucatán en
este caso.
No vamos a litigar aquí la conveniencia o no de respetar las
decisiones de un tribunal, que hoy por hoy es la majestad en la materia. Podemos en el
Congreso de la Unión revisar el marco jurídico que sustenta su actuación e incluso
determinar con mayor precisión los alcances de sus resoluciones, pero no podemos dar
marcha atrás en escenarios faltos de imparcialidad como eran los colegios electorales y
que hoy pretende reproducir el Congreso yucateco.
La calificación por un órgano autónomo de los actos en materia
electoral es lo que posibilita contar con un consejo electoral acreditado, que seguramente
llevará a cabo la preparación, organización y desarrollo de los comicios, haciendo
valer los principios de independencia, objetividad e imparcialidad.
Quienes continúan aferrándose a prácticas primitivas para manipular
la voluntad ciudadana, serán observados en los límites de su responsabilidad para que su
actuar no quede impune.
Podemos concluir, porque el tiempo así termina; que más allá del
debate político y aún así de toda especulación, que como tales siempre serán
lícitas, nadie puede colocarse por encima de las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales ni mucho menos pueden aceptarse rebeldías de instituciones del Estado
frente a actos de autoridad plenamente legitimados.
El Presidente:
Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado
Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Jaime Cervera Rivera:
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
legisladores:
Una vez más el grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a
esta tribuna a manifestar nuestro rechazo a las actitudes de abierta provocación que el
priísmo yucateco y las autoridades del ejecutivo estatal, conjuntamente con la
diputación priísta, han efectuado en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación referente a la integración del Consejo Estatal
Electoral.
En el Diario Oficial de la Federación del día 3 de enero de
2001 se publicó en acuerdo de la Sala Superior del Tribunal Electoral relativo a la
designación mediante insaculación de los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes
del Consejo Electoral de Yucatán, en cumplimiento a la sentencia emitida en los juicios
de revisión constitucional acumulados 440 y 445 del 2000.
Es pertinente recordar que el Tribunal Federal Electoral se vio
precisado a efectuar dicha designación en virtud de la negativa de la legislatura del
Estado a acatar la sentencia de los juicios de revisión constitucional. Con esa actitud,
de los diputados priístas en el Estado de Yucatán se puso en grave riesgo la
realización de las elecciones de mayo de este año para la renovación de los poderes
Ejecutivo y Legislativo, así como ala elección de los ayuntamientos.
Ahora bien, para dar cumplimiento al acuerdo del 30 de diciembre pasado
y ante la negativa de la diputación priísta para recibir la protesta de los consejeros
insaculados tal y como se establece en el punto 3o. del acuerdo citado, los consejeros
insaculados debieron rendir protesta por escrito el lunes 8 de enero y presentarse a tomar
posesión del cargo e instalarse en su órgano el 15 de enero.
Sin embargo, como fue del conocimiento de todo el país por la
difusión que en los medios de comunicación se hizo, los consejeros fueron impedidos de
entrar a las instalaciones del consejo por un conjunto de personas que de manera violenta
lo impidieron, razón por la cual debieron efectuar la sesión de instalación en el
parque Santa Lucía de la Ciudad Capital del Estado.
Compañeros y compañeras legisladores, resulta altamente preocupante
la generación de violencia institucional auspiciada por el PRI yucateco que pone en
riesgo el cumplimiento de las etapas del proceso electoral de este año, la negativa a dar
cumplimiento a la resolución del Tribunal Federal por parte de la legislatura del Estado
pone de manifiesto la ausencia de voluntad para respetar las disposiciones de la
Constitución Federal de la República, específicamente en lo que se refiere al contenido
del artículo 99 de dicho ordenamiento.
Afirma ahora, como lo hace el PRI de que el tribunal se excede en sus
funciones, es ignorar que los diputados y senadores de este partido en la LVI Legislatura
aprobaron dichas reformas constitucionales que además fueron avaladas por una legislatura
de los estados incluyendo por supuesto a la correspondiente legislatura del Estado de
Yucatán.
Además quizá resulte innecesario, pero hay que hacerlo, recordarles
que dicha iniciativa de reformas constitucionales fue enviada por el último presidente de
la República emanado de su partido; sin duda en el Estado de Yucatán, lo más
retardatario del priísmo pretende a toda costa evitar que el consejo electoral insaculado
por el PRIFE empieza a funcionar con el claro propósito de que las elecciones del mes de
mayo no puedan realizarse.
Por ello exigimos a las autoridades correspondientes del Estado libere
los recursos presupuestales a efecto de que se entregue el financiamiento público
ordinario y extraordinario a los partidos políticos y para que el consejo electoral
cuente con los recursos suficientes para poder preparar adecuadamente la elección.
El Partido del Trabajo exige que en el Estado de Yucatán se dé un
regreso a la legalidad prevista en los ordenamientos jurídicos y que en el caso de que la
legislatura local persista en su conducta rebelde, se promueva en su contra y de quien
corresponda, las acciones legales pertinentes.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Cervantes Rivera.
Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada
María Cristina Moctezuma Lule del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por 10 minutos.
La diputada María Cristina Moctezuma Lule:
Con su permiso, señor Presidente; compañeros y compañeras
legisladores:
La situación de inestabilidad política que se ha vivido en las
últimas semanas en Yucatán, respecto al problema sobre la instauración del Consejo
Estatal Electoral, ha sido uno de los desafíos más importantes a resolver por nuestro
nuevo sistema democrático.
El origen del problema ha sido la falta de prudencia y voluntad
política de las partes involucradas en este conflicto, en donde se pusieron en juego las
diferentes interpretaciones que se han hecho sobre el federalismo y sobre la integración
de las autoridades electorales de carácter apartidista.
Aún cuando en Yucatán existe una cultura política apegada a la
normatividad estatal, se ha propiciado que distintas fuerzas políticas hayan pretendido
establecer formas de gobierno caciquil; el problema sobre la designación de los
consejeros electorales en Yucatán, se ha convertido en una situación compleja pues
contiene un alto grado de dificultad legal y plantea un conflicto político, referente a
la autonomía de los estados respecto al Poder Federal.
Es obligado impedir que un diferendo entre el Poder Legislativo local y
el Poder Judicial Federal se convierta en una mera disputa entre partidos, por lo cual el
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera que es necesario
avanzar hacia la democracia, olvidando disputas pasadas y buscando abrir una discusión de
fondo que permita corregir la deficiente normatividad jurídica, acotar con toda
precisión las facultades del tribunal y establecer los límites de su competencia, en
particular respecto de elecciones estatales y municipales.
Asimismo, hacemos un llamado a la mayoría del Congreso local para
resolver el conflicto, respetando siempre su soberanía estatal pero también atendiendo
al fallo del Poder Judicial de la Federación.
Lo fundamental en este momento es resolver este conflicto apegándose a
un estado de derecho, en donde existan márgenes para interpretaciones contradictorias que
se invalidan o permitan la instauración (sic) de poderes incapaces de operar porque se
anulan entre sí. Sin embargo, las leyes no deben de ofrecer estructuras para solapar
feudos locales ni tampoco permitir las imposiciones y los caprichos de un centralismo.
La respuesta a este y muchos otros conflictos ha sido siempre el
diálogo, es necesario que exista voluntad de las partes para negociar la solución a este
problema; mientras esto no suceda, se seguirá incurriendo en faltas a la normatividad
local y federal.
Es fundamental que el caso de Yucatán nos sirva de experiencia para
emprender una amplia reforma electoral y del Estado que logre promover formas de gobierno
democráticas más equilibradas y perfectas.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputada Moctezuma Lule.
Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el diputado
Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Con el permiso de la Presidencia; ciudadanas y ciudadanos legisladores:
En primer lugar, quisiera yo saludar esta evolución que el Partido
Acción Nacional muestra en sus concepciones sobre el respeto a la ley en el plazo de los
últimos siete días; estos siete días sintetizan una transformación de concepciones que
a la humanidad le llevo 350 años recorrer, y recupera así Acción Nacional una
tradición de defensa de la legalidad que algunos vimos rota durante la sesión pasada de
esta Comisión Permanente.
Y la vimos rota cuando al reclamo del PRD de la ruptura de la legalidad
en el caso de Tabasco, Acción Nacional por voz del senador Rodríguez Prats, nos obsequio
y obsequio a la nación con la siguiente perla, decía el senador Rodríguez Prats:
"yo creo, señor senador Raymundo Cárdenas, que cuando hay una transición hay una
tensión entre derecho y política; hay una tensión entre aplicar la norma jurídica sin
importar sus consecuencias, o tener que aceptar que estamos en un punto intermedio en el
que estamos dejando atrás viejas prácticas".
Hoy sin embargo, Acción Nacional parece ponerse nuevamente en la
tradición de Gómez Morín cuando encontraba en la acción política... cuando encontraba
para la acción política una fuente en la moral y un cauce en el derecho, tal como
afirmaba en 1939 como Presidente de su partido.
En cuanto al PRI, no podemos sentirnos tan optimistas. Si hace una
semana el Partido Revolucionario Institucional se reclamaba defensor de la legalidad, sus
actos del día de hoy no son en ese mismo sentido.
Quisiera también citar el reclamo de legalidad que el Partido
Revolucionario Institucional había en ese mismo recinto, por voz del senador Sadot
Sánchez, la semana pasada.
Afirmaba el senador: "hoy nuevamente traemos un tema en el que hay
una coincidencia fundamental y que es la observancia del estado de derecho, pero esta
observancia no se da por resoluciones, sino que constituye una permanente práctica en
donde gobernados y gobernantes acatemos el derecho. Hoy mi partido, el Revolucionario
Institucional, decía el senador, está dando muestras de este acatamiento y de este
encuentro con el derecho, al cumplir una resolución de la sala superior del Tribunal
Federal Electoral. Esto es el significativo más profundo de que en el Partido
Revolucionario Institucional existe la convicción firme de acatar la legalidad.
Por lo visto la firmeza de esta concepción duró apenas unos días
hasta que pudimos presenciar este día 15 el bochornoso espectáculo del impedimento a la
instalación de un consejo electoral en pleno en derecho en el Estado de Yucatán.
En el caso del Partido Revolucionario Institucional esto no es una
novedad, a diferencia del PAN, no recupera con estas acciones una tradición de legalidad,
sino una vieja tradición de autoritarismo que lo ha caracterizado en su gobierno, no
sólo en la nación, sino particularmente en el Estado de Yucatán.
Es particularmente grave que en toda su defensa de este consejo
electoral espúreo, nombrado no por el Congreso del Estado, sino por una mayoría de
diputados priístas que no son el Congreso del Estado, el Partido Revolucionario
Institucional nunca argumente que esa designación fue legal, y no puede argumentar que la
designación fue legal porque es a todas luces ilegal, lo único que argumentan es que el
Tribunal Electoral carecía de facultades para corregir esas ilegalidades y en general el
PRI se ha dolido de la existencia de medios de defensa para que los ciudadanos reclamen
las violaciones constitucionales implícitas en muchas de las violaciones legales que el
PRD reclamó ante el tribunal.
En esta misma línea por cierto es que realizaron y sometieron al
doctor Burgoa Orihuela durante la semana pasada a una penosa exhibición en donde el
doctor lamentablemente retomó la misma afirmación, no se trata de que en Yucatán no
hubiera habido violaciones legales, sino que el tribunal federal, decía Burgoa, no puede
revisar violaciones legales, sino sólo violaciones constitucionales.
Para colmar esta penosa exhibición, el Partido Revolucionario
Institucional clausuró el mitin al que convocaron a Burgoa con la declaración de un
médico que afirmó que el doctor Burgoa no padece de demencia senil.
El problema de estas violaciones legales y de esta ruptura del orden
constitucional, a nuestro parecer, es un problema nacional no sólo por la forma directa
en que la coyuntura política está impactando a la nación, es un problema nacional
porque nos hace discutir bases fundamentales del proceso mismo de transición
democrática, No podremos avanzar en los meses y años que vienen en la construcción de
un nuevo sistema político, en la discusión de una nueva constitucionalidad y en la
discusión de nuevas bases institucionales para el estado, si simultáneamente no existe
un compromiso real efectivo y práctico de los actores políticos de pactar un estado de
derecho y ceñirse a él.
El Tribunal Federal Electoral no ha hecho más que ejercer sus
funciones, y el PRD no ha sido, por cierto, en los años pasados un defensor a ultranza de
las acciones de este tribunal, sin embargo, un punto al que ningún actor político había
llegado antes era al de considerar que las resoluciones de este tribunal podían
obedecerse según la apetencia del afectado.
El Estado de Yucatán es emblemático hoy, como lo es de Tabasco
también, de cómo en este nuevo contexto nacional seremos capaces de construir bases
institucionales y jurídicas para avanzar hacia nuevas formas de convivencia, de nuevas
formas para dirimir los conflictos y de aceptar de una vez y por todas que el beneficiario
fundamental de los derechos consagrados en nuestra Constitución General, el beneficiario
fundamental del derecho a la defensa constitucional ante órganos federales, contra actos
ilegales de autoridades locales, cualesquiera que éstas sean, este beneficiario tenemos
que reconocer hoy, no son ni pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos de la
República.
¿Dónde queda en este debate el derecho de los ciudadanos yucatecos a
elegir conforme a la ley, a sus gobernantes? ¿Basta con afirmar que el tribunal electoral
carece de facultades de control de legalidad, para que tenga legitimidad la privación de
derechos legales de los ciudadanos yucatecos? Nos parece que no, pero al mismo tiempo nos
parece que no son las bases institucionales que hoy se tratan de construir con estos
golpes fuera de la ley, las que podrán servir para generar un proceso armónico de
transición democrática.
México tiene hoy que asumirse una vez más como una nación que
discute, con una gran capacidad de profundidad, sus temas constitucionales, pero al mismo
tiempo como una nación que es capaz de acordar, que es capaz de ceñirse al derecho y
cuyos actores y dirigentes políticos son capaces de acatar el ejercicio de las funciones
de los Poderes de la Unión, tal como el Poder Judicial de la Federación.
Creo que el enrarecimiento del ambiente político en el estado de
Yucatán no contribuye en nada a este proceso, pero tampoco contribuye en nada a la
sobrevivencia del PRI en esta crisis en que se halla hundido. Yo les invitaría, señores
legisladores del PRI, a que atendieran lo que los medios de comunicación están diciendo
sobre el estado de Yucatán, que atendieran lo que la opinión de los ciudadanos refleja
sobre los efectos que para su partido esta teniendo el caso de Yucatán.
Si el PRI tenía grandes dificultades para legitimar su permanencia en
una nueva elección en el gobierno del Estado de Yucatán, hoy no tiene dificultades;
tiene un problema de imposible resolución. No pueden ustedes suponer que están actuando
sobre las mismas bases en que actuaban hace apenas un año. La impunidad será reducida en
cualquiera que sea el nuevo marco constitucional que este Congreso produzca, y será a
través de esas vías de las únicas a las que podamos ocurrir, no sólo para solucionar
los conflictos de la clase política, sino también para transitar como actores en el
quehacer político y en la búsqueda del gobierno por las vías legítimas de la
democracia.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Espadas Ancona.
Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la palabra el senador
César Camacho Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
hasta por 10 minutos.
El senador César Camacho Quiroz:
Con el permiso del señor Presidente; compañeras, compañeros
legisladores:
Un México de instituciones, sí, pero también un México justo y
federalista, instituciones que trabajen por la nación y que en ello basen su prestigio y
su influencia, que sean sólidas por respetadas y fuertes por confiables; que sus actos de
autoridad se expresen con razón y justeza, que procuren siempre el interés general y
observen escrupulosamente sus propios límites.
Nadie supone que en un país con reglas claras y procedimientos cada
vez mas depurados para conducir la vida pública, quepan expresiones voluntaristas ni
menos decisiones avasalladoras que dificultan la concordia y agravian a la comunidad.
Esta es la esencia de nuestra organización política y la clave de
nuestra coexistencia social, que cada uno haga valer sus derechos y siempre dentro de la
ley, lo que debe y lo que puede, sin contenerse pero sin excederse, nada menos pero nada
más.
En Yucatán se ha creado una situación preocupante, a la divergencia
sobre la integración del Consejo Electoral local ha sobrevenido la radicalización de las
posturas; se habla de la inminente crisis y ya se escuchan peticiones que demandan medidas
espectaculares cuyos impactos son difíciles de predecir.
En el amanecer del Siglo XXI, es inconcebible volver a las pugnas del
Siglo XIX, recordemos la lección; México sufrió ya las consecuencias de los afanes por
controlarlo todo y en todo intervenir ni en esta ni en ninguna otra situación, es
admisible sembrar la semilla de la lucha intestina que enfrenta, que polariza, que divide,
que escinde; en la pugna entre hermanos no hay vencedores sólo vencidos.
Los que claman que el Poder Público Federal haga valer la primacía de
los federal, olvida que la Federación es producto del acuerdo de los estados y que fueron
ellos, en racional y civilizado acto, los que optaron por darse dos órdenes de gobierno
coexistentes y a la vez complementarios, independientes entre sí pero vinculados en torno
a sus propios fines y por encima de ellos un propósito colectivo superior.
Es innegable la importancia del ámbito federal, pero ello no puede
llevarnos a desdeñar y mucho menos a atropellar lo local, y desde luego no debe
desembocar en el error de pretender superponer el primero en detrimento del segundo; ser
federalista implica privilegiar a la Federación que no es lo mismo que el Gobierno
Federal, aquella representa a los estados, éste es sólo el producto de la voluntad de
éstos.
El pueblo también ejerce su soberanía por medio de los poderes de los
estados, que pueden tomar las decisiones más convenientes pues están cerca de sus
representados y en esa medida interpretan mejor sus sentir, decisiones que siempre serán
válidas en tanto no contravengan las estipulaciones del pacto federal, como lo dice la
Constitución.
Nuestro Federalismo es desde el triunfo de la causa liberal, una de las
decisiones fundamentales de los mexicanos, que a nadie se le ocurra echar mano de la
fuerza, menos a quien está obligado a mantener la salud de la República y con ella la
integridad de la Unión, una salida de fuerza no es justificable en éste ni en ningún
otro caso.
Seamos cuidadosos y por encima de todo seamos honrados al asumir una
posición, no olvidemos que en el fondo, de lo que se trata es de hacer valer leyes e
instituciones, de defender la soberanía de un estado por encima de los actores y de las
circunstancias: en este problema el agraviado no es un partido político ni un Consejo
Electoral, es una entidad federativa y su capacidad de ejercer la misma soberanía con la
que concurrió al acto fundador de la Federación. Hoy es Yucatán, mañana cualquier otro
estado de la Unión.
No hagamos descalificaciones automáticas de quienes en uso de sus
facultades tomaron decisiones con las que ciertamente se podrá o no estar de acuerdo,
pero no podemos negarles el derecho a actuar como lo hicieron, no anulemos tampoco las
instancias que en el país y en los estados todos contribuimos a edificar para que fuesen
factor de conciliación y resolución de conflictos. Reflexionemos sí, sobre la gravedad
de actuar así, lo que ahora fomentan, mañana se volverá en su contra, el desgaste de
las instituciones lleva inexorablemente a su debilitamiento y eso a nadie conviene.
No sirve la confrontación, menos para quienes deben poner sus buenos
oficios al servicio de la concordia o preservarse como árbitros de todas las contiendas
públicas.
El Poder Judicial es de la Federación y la Federación fue creada por
los estados.
Lejos están, afortunadamente, los tiempos de las decisiones
unilaterales y las mayorías avasalladoras, pero superada también debe de estar la época
de los fallos dictados por instancias centrales o por consejos de notables.
Como ya se ha dicho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación sólo tiene competencia para anular actos electorales de las autoridades
estatales cuando violen alguna disposición de la Constitución Federal, porque es un
órgano de control de esa constitucionalidad. Además de que es inobjetable que el
nombramiento de los consejeros que deban conducir la próxima elección corresponde
precisamente a la autoridad local. No se trata de una abrogación arbitraria, sino del
fiel cumplimiento de la ley.
Ya mayor abundamiento, esa decisión, esa resolución no es de aquellas
que pudieran resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el
resultado final de las elecciones. No estamos hablando de un asunto relacionado con la
validez de los comicios, sino del ejercicio legítimo de una prerrogativa jurídica.
Negarle esa atribución es ignorar los conceptos contenidos en la Constitución particular
del Estado y es, sencillamente conculcar el federalismo.
Demos pues, paso al debate, démosle también peso a los argumentos. Es
correcto discutir acerca de la calificación de los comicios, lo que no amerita réplica,
es la aseveración de que la instancia federal no puede involucrarse al grado de imponer
su criterio por encima del ejercicio de una libertad y una soberanía consagradas en los
artículos 40 y 41 de la Constitución. De acuerdo con éstos los poderes de la Unión
sólo pueden intervenir en el juicio de garantías y en las controversias
constitucionales. De otra manera estaríamos permitiendo que se violente la soberanía
estatal y con ella el derecho expreso de los estados a elegir a sus autoridades.
Escuchemos también las voces que hoy provienen de Yucatán y que sin
duda brotan en todos los rincones del país. Son vigorosos llamados de atención,
exclamaciones impregnadas de dignidad. Quien alegue que tal reclamo sólo esconde la
pretensión de alguien por imponer su voluntad o sustraerse al imperio de la ley, acredita
lo mismo que condena: incomprensión, intransigencia, insensibilidad.
Ni localismo disolvente ni centralismo que atropelle; impulsemos mejor
un federalismo militante, un federalismo que recuerde siempre que fueron los estados los
suscriptores del acuerdo fundador y que es a ellos a los que toca decidir todo lo
relacionado con su régimen interior, un federalismo que quiere ser más que doctrina,
factor de unidad y nunca causa de enfrentamiento.
La gobernabilidad debiendo ceñirse a lo que marca la ley, no debe
desentenderse tampoco del sentir de los ciudadanos que aspiran a resolver sus divergencias
en el ámbito cotidiano de su actuación y conforme a sus propias reglas.
La vida política no debe desarrollarse entre controversias, sino con
certidumbres; la democracia avanza en las contiendas electorales competidas, no con
expresiones quejumbrosas ni menos con posiciones de fuerza. Nadie quiere ventajas, pero
seguro estoy, nadie está dispuesto a competir en situación de desventaja. Pongámonos de
acuerdo ahora cuando aún no inicia propiamente el proceso electoral, estamos todos a
tiempo de corregir y encauzar las condiciones de la contienda y en consecuencia de la
convivencia. Lo que sea mejor para Yucatán lo será para el resto del país.
Que cada uno ejerza responsablemente sus funciones. El tribunal
electoral cumpliendo con la alta expectativa que los mexicanos hemos depositado en él,
sin exorbitar su ámbito de actuación ni menos pasar por encima de las instancias
locales. El Congreso de Yucatán reivindicando la soberanía que su pueblo le confió,
procurando mantenerse como un garante de la legalidad pero también de la concordia. Que
todos acrediten mesura y hagan un sincero esfuerzo por la conciliación. Seamos una
comunidad y vivamos como el término lo indica, unidos en lo común. Hagamos política
siempre dentro de la ley porque la ley siendo perfectible, es, como ya dijo Morelos,
superior a todo hombre.
Gracias, Presidente.
El Presidente:
Gracias, senador Camacho Quiroz.
Para responder a alusiones personales, tiene el uso de la palabra el
senador Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,
hasta por cinco minutos.
El senador Juan José Rodríguez Prats:
Con su permiso, Señor Presidente. No pretendo desviar el debate que
está notado, que es el caso de Yucatán, pero sí quisiera, señor diputado, y lástima
que interviene usted una semana tarde en relación al debate de Tabasco, precisar mi
afirmación de que en una transición hay una tensión entre política y derecho; no lo
digo yo, lo dicen todos los teóricos de las transiciones y están en los dos casos de
paradigmas de transición, que son España y Chile.
Imagínese, para Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, para
Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, lo difícil que era
sentarse con Adolfo Suárez, que venía de la monarquía y del franquismo.
Imagínese lo difícil que fue en Chile cuando tenían que ir en una
alianza el Partido Socialista y el Partido de la Democracia Cristiana, teniendo que
aceptar el marco jurídico que les estaba dando la dictadura militar de Pinochet, e ir a
un plebiscito y lograr el no a esa dictadura e irse por fin a una elección.
Por eso cuando Patricio Eldwin toma el poder, es una frase que yo cito
con mucha frecuencia porque me parece que es muy ilustrativa dice Patricio Eldwin
"toda la verdad que aflore, toda la justicia que sea posible; hagamos un ejercicio de
reconciliación".
Imagínese el compromiso de suceder en el poder a una dictadura militar
y las tantas voces que clamaban una legalidad a rajatabla, la investigación de todos los
delitos y la sanción a todos los responsables, lo cual, sin duda alguna, hubiera
conducido a Chile a un trastorno mayor y hubiera perdido la oportunidad de arribar
nuevamente a la democracia.
Entonces, no soy yo el que lo afirma, son los teóricos. La política y
el derecho tienen valores, valores afines. Alguien definía al derecho como política
restringida. Pero cuando surge la violencia fracasaron la política y el derecho. Cuando
surge la anarquía, fracasaron la política y el derecho. Cuando surge la falta de
gobernabilidad, fracasaron la política y el derecho.
Entonces tienen valores afines y debemos preservar esos valores.
Detrás de cada norma jurídica siempre hay un valor que hay que proteger.
Simplemente le quiero aclara eso. Cita usted a Manuel Gómez Morín.
Efectivamente en todos sus discursos hay una exigencia de apego a la legalidad, pero
también hay una frase suya: "para solucionar un conflicto político ni tú te metas
en un callejón sin salida, ni metas a tu adversario en un callejón sin salida" Se
tienen que buscar acuerdos y se tienen que resolver los conflictos porque hay un valor
superior, que es precisamente el orden social, la paz pública y buscar que prevalezca la
soberanía popular, como en los asuntos electorales, que no es más que el voto de la
ciudadanía.
No hay contradicción. No se puede vivir sin el derecho, pero no todo
se puede esperar del derecho. Reiteramos que en el caso de Yucatán, como en el de
Tabasco, deben saberse conjugar la aplicación de la ley con el trabajo político.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, Senador Rodríguez Prats.
Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el diputado
Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta
por cinco minutos.
El diputado José Alejandro Zapata Perogordo:
Muchas gracias, señor Presidente:
Uno de los argumentos fundamentales que comentaba el senador Camacho
Quiroz era la vulneración de la soberanía del Estado de Yucatán.
Sobre este particular yo sí quiero referirme a la jurisprudencia de la
séptima época del pleno de la Suprema Justicia de la Nación que fundamentalmente dice
lo siguiente: "si bien es cierto que de conformidad con el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los estados que constituyen la
República son libres y soberanos, también lo es que no debe vulnerarse el pacto federal,
ya que de acuerdo con el propio artículo 40, los estados deben permanecer en unión con
la Federación, de acuerdo con los principios de la ley fundamental, es decir, de la
propia Constitución."
En el particular, al reiterase el desacato de la legislatura del Estado
para con la resolución definitiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, no se respeta lo establecido por el artículo 17 constitucional. Expresamente
reza: "ninguna persona podría hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia
para reclamar su derecho, continúo en ese mismo precepto. Las leyes federales y locales
establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Y me remito al artículo 41 también. "El pueblo ejerce su
soberanía medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y
por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal".
Pudiera seguir para efecto de soportar y sustentar jurídica y
constitucionalmente los actos del tribunal. Sin embargo, debemos abocarnos también a la
conjugación, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, del derecho y del
quehacer político siempre pensando en el bienestar común de la propia sociedad.
Y en el caso de Yucatán la realidad es que se está haciendo presente
el México del pasado: el de los cacicazgos, el de la exclusión, el de la incertidumbre,
el de los amagos separatistas para privilegiar la impunidad.
No podemos, de ninguna manera, justificar el llamado a la ilegalidad
con la intención de evitar el desarrollo transparente, confiable y creíble de un proceso
electoral que está haciendo el gobierno priísta yucateco.
Son inaceptables tanto en lo político como en el ámbito
constitucional y jurídico las excusas que la administración cerverista ha invocado para
evitar el cauce legal y cumplimiento de las resolución emitida por el Trife.
En otras ocasiones y ya se comentó, los diferentes partidos no han
obtenido resoluciones favorables en el Trife y sin embargo, en aras de privilegiar un
estado de derecho y su vigencia, las han acatado.
Hemos observado también, con atención, los aplausos y halagos del PRI
en aquellos casos en que el tribunal ha coincidido con sus posturas. Ahora adoptan una
actitud de rebeldía, de desacato, de confrontación, de llamado a la ilegalidad, aún a
sabiendas que se trata de actos jurídicos definitivos e inatacables.
Bajo la vigencia del estado de derecho la litis ya fue resuelta
y solamente resta a la administración de Cervera Pacheco, procurar las condiciones, los
elementos, las garantías, los recursos y apoyos a los organismos legalmente instalados,
facultados y competentes para llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral.
En términos de ley la controversia fue dirimida. Existe solamente un
consejo estatal electoral, que ha protestado, se ha instalado y está en términos
constitucionales. Simplemente lo único que resta es dejarlo hacer su labor, pues
entorpecer su función, también y ya que se invoca la soberanía, es impedir que donde
resida ésta, que es originaria y esencialmente en el pueblo, no emita de manera libre,
universal, directa y secreta el sufragio; que es el único acto soberano que tiene el
ciudadano mexicano.
En consecuencia y concluyo, remitiéndome a las palabras de quien me
antecedió en el uso de la palabra: apliquemos el derecho y con juguemos la legalidad y el
quehacer político.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias, diputado Zapata Perogordo.
Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:
Con su permiso, señor Presidente; señores diputados; señores
senadores:
En los términos de lo que acabamos de escuchar, aplicar el derecho es:
cumplir cabalmente la resolución del Trife. En otras palabras: aunque no les guste,
cúmplanlas. En otras palabras: Aunque no tenga legalidad en su fundamento, cúmplanlas.
En otras palabras: aunque el Trife ignore la Constitución General de la República,
cúmplanlas.
Primero es el Trife yo he oído aquí escuchar ya en dos ocasiones a
quienes nos antecedieron en el uso de la palabra decir que en otras ocasiones el PRI ha
aplaudido al Trife y en cambio han ellos tenido que resolver y acatar las resoluciones del
PRI.
Yo me pregunto ¿ y qué hubiera pasado si en lugar de suprimir el
logotipo de Fox en la boleta electoral o su silueta, hubiera decidido el PRI eliminarlo
porque era hijo de españoles, cuál hubiera sido nuestra actitud?, no esta en la
Constitución, se obra por encima de la Constitución, se violenta el pacto al que todos
estamos sometidos que es la máxima Ley de la República y qué hubiera pasado si
eliminaban a López Obrador porque era de Tabasco y lo consideraban un extranjero, oigan
Tabasco es parte de la República, si pero es una resolución del Trife definitiva e
inatacable, así que cúmplase.
No caballeros, no Legisladores, el derecho es primero, no encontramos
una sola nota que diga en la Constitución que el Tribunal Federal Electoral puede hacer
las veces de un poder constituido en un Estado libre y Soberano como es el Estado de
Yucatán; no hay una sola mención en la Constitución de la República de que para
cumplir sus resoluciones se convierta en Congreso del Estado e insacule por su cuenta,
añade, alega el Trife la plena jurisdicción, nada más que esta, estimados caballeros,
no se cumple en este caso, porque ninguna ley secundaria puede estar encima de la norma
fundamental y la norma fundamental no le da al trife ninguna posibilidad de erigirse en
poder convertirse en Congreso e insacular al órgano electoral.
El Congreso del Estado no es órgano electoral, no está dentro de la
competencia del tribunal, el Congreso del Estado no organiza elecciones, no está dentro
de la competencia del tribunal ya pesar de todo, ha buscado ser sometido. Ciertamente, hay
un Consejo nombrado por el PRI, ciertamente hay un Consejo nombrado pro el Congreso del
Estado de Yucatán y ciertamente tendremos que hacer un uso extraordinario de nuestros
recursos políticos para dar lugar a una situación que sin vulnerar el estado de derecho,
efectivamente deje a los yucatecos en condiciones de realizar elecciones.
Apliquemos al derecho, apliquemos el derecho, estoy absolutamente de
acuerdo con esta disposición, con esta exposición, cuidemos sobre todo al Trife, el PRI
nunca se ha opuesto a la existencia del Tribunal, nos oponemos a esta irracionalidad y
esta ilegalidad de atribuciones que se toma sin tenerlas, nos oponemos a que se convierta
en el hacedor de política cuando debiéramos estar ante un órgano que se yergue por
encima de toda la política y cumple sus resoluciones con un sentido estrictamente
constitucional y legal, cosa que hoy no hacen.
Se han mencionado aquí algunas eminentes opiniones al respecto, yo me
referiría a la exposición de Hilario Medina, Constituyente del 17, cuando pide salvar a
la Corte del conocimiento de cuestiones políticas no hay intervención política del
Trife, voy a poner un solo ejemplo: al resolver cambiar la sede de integración del
Consejo Electoral, el Trife decide notificarlo a los integrantes del Consejo formado por
él, se notifica a todos, únicamente notifica personalmente a ocho de esos integrantes.
¿Bajo qué criterios legales decidió? notificar solo a esos ocho
entre suplentes y propietarios? ¿Bajo qué criterios constitucionales, legales o de la
Ley Secundaria decidió elegir su propio Consejo además del que había insaculado e hacer
que se constituyeran solamente unos?. Obra en mis manos el recurso interpuesto por el
ciudadano Raúl Xjab quien no fue notificado por el Trifa a pesar de haber sido insaculado
y resultar consejero de este órgano.
¿Quién hace la política en México?. Hemos decidido dejar que
nuestros órganos jurisdiccionales sean ahora los órganos que resuelven las cuestiones
políticas con políticas y no con el derecho? No señores, coincido con las afirmaciones
que han hecho mis compañeros del PAN, apliquemos el derecho pero apliquémoslo
estrictamente, sin distinciones, la justicia debe ser ciega.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Ramírez Marín. Para rectificación de hechos,
tiene el uso de la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Sin duda, no pretendo hacer una discusión sobre la aplicación del
derecho en los contexto de transición, sin embargo creo que hay una gran diferencia entre
las medidas de amnistía que se adoptaron en algunos países que se salían de la
dictadura y la violación de las normas legales para la constitución de los poderes
después de la transición.
No puedo, ni creo que nadie pueda, citar un caso en que después del
pacto de Lamoncloa, las fuerzas franquistas hayan impuesto un alcalde que debía ser
electo o hayan suprimido un proceso electoral que tenía que haber sido realizado.
Se afirmó reciente... en la última intervención en esta tribuna, se
hicieron afirmaciones muy interesantes. Una de ellas pretende que los fallos del tribunal
no deben ser cumplidos a menos que, quien debe ejecutarlos, considere que son legales.
Esto es maravilloso, en el PRD jamás habíamos tenido una reflexión
de esta naturaleza, sobre esta lógica, en 1999 nosotros... a partir de las elecciones de
1999, nosotros tenemos derecho pleno de afirmar que el gobernador legal del Estado de
Guerrero es Félix Salgado Macedonio, y el gobernador legal del Estado de Quintana Roo es
Gastón Alegre, simple y sencillamente porque consideramos que la valoración legal que
hizo el tribunal en los fallos correspondientes, es imperfecta jurídicamente.
No señores. Los fallos de los tribunales no pueden ser sometidos a
discusión en sus efectos. Podremos discutir durante años las condiciones de legalidad en
la que se dio el fallo de Guerrero en 1999, el fallo de Quintana Roo en 1999 y el fallo de
Yucatán del 2000. Lo que no podemos discutir es que tiene que ejecutarse efectivamente,
tal como se dijo en esta tribuna: "cúmplase", punto.
Sin esa base mínima, cualquier posibilidad de establecer un poder
judicial en este país, queda suprimida de raíz. Si basta con que yo pueda tener la
opinión de un profesor de derecho constitucional en contra de la resolución de un
tribunal, para que tenga pleno derecho en reclamar la no aplicación de una sentencia, no
tengo idea de hacia donde se pretende llevar el proceso político de este país.
Me parece además que es de una gran irresponsabilidad política
pretenderlo y más aun pretenderlo desde esta tribuna, que es la tribuna de quienes
producimos las leyes a las cuales debe apegarse el ejercicio de la política en este
país.
El asunto de la soberanía me parece que se ha tratado de una manera
también sumamente irresponsable y sumamente irrespetuosa, quiero decir, para quienes
detentan esa soberanía. La soberanía del Estado de Yucatán no reside en la diputada
Mirna Hoyos de Navarrete, tampoco reside en el gobernador Víctor Cervera Pacheco; ellos,
los diputados, han sido designados depositarios pero esta no es una cesión incondicional
de poder, esto es una pretensión hopsiana, el pueblo delega plenamente su poder en el
monarca y que a partir de ese momento, el monarca puede hacer y deshacer lo que quiera y
que el pueblo no puede reclamarle porque ha depositado ya la soberanía.
Esa concepción tiene cinco siglos de atraso. La soberanía que el
pueblo yucateco le ha cedido al Congreso del Estado y a este Congreso, es una soberanía
que está sujeta, cuyo ejercicio está sujeto a leyes, está sujeto a normas
constitucionales y está sujeta a procesos de control de constitucionalidad y de control
de legalidad.
Me sorprende la manera como el Partido Revolucionario Institucional es
capaz de discutir horas y horas el asunto de Yucatán, bajo el solo argumento de la
incompetencia del tribunal, sin ir nunca al fondo de la discusión y el fondo de la
discusión es que ese consejo... ese pretenso consejo no es un consejo nombrado por el
Congreso del Estado, porque para que se pudiera reclamar nombrado por el Congreso del
Estado, este Congreso tendría que haberlo nombrado en apego precisamente a la Ley
Electoral del Estado, a la Constitución del Estado y a la Constitución General de la
República, y eso no fue así. Y por qué puedo afirmar que no fue así y tener más
autoridad para afirmar que no fue así, que quienes vienen a decir que se hizo en apego a
derecho, porque una vez que surgió esa discrepancia de quienes decíamos que no se había
apegado a derecho y quienes afirmaban que sí se habían apegado a derecho fuimos a la
única autoridad que podía resolver el diferendo, es el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y ese tribunal con plena jurisdicción afirmó que el consejo
no había sido nombrado con apego a derecho, lo declaró institucional y en consecuencia
como nunca nombrado por el Congreso.
Los atropellos cometidos por un grupo de diputados no son actos
soberanos, nis on actos del Congreso del Estado de Yucatán, son las mismas
arbitrariedades que este país ha padecido durante 70 años y que les trajo a ustedes el
costo de perder la Presidencia de la República. Hoy están en riesgo de perder su partido
y cuanta gubernatura se dispute en este país en las próximas elecciones.
El Presidente:
Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado
Fernando Pérez Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por
cinco minutos.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente:
He escuchado con mucha atención la intervención del diputado Ramírez
Marín y desde luego me dejó sorprendido.
La pregunta que debemos de hace ríos es quién decide el derecho,
quién dice la última palabra al resolver conflictos entre partes.
Para el Partido Acción Nacional es muy claro, tenemos instituciones,
tenemos al Poder Judicial de la Federación, pero para el PRI por lo visto lo que se
necesita es contratar a alguien para resolver los problemas, en este caso al maestro
Burgoa, para ellos, para el PRI es quien decide el derecho, no los tribunales.
El debate que debemos de presentar el día de hoy es como fortalecemos
las instituciones, cómo vemos la supremacía constitucional, debemos de ver hacia la
transparencia electoral; debemos también buscar en su momento, cómo se manejan los
principios rectores en el ejercicio de la función electoral, que de acuerdo con nuestra
Constitución Federal es uno de ellos el de la legalidad.
Se ha debatido aquí de la competencia del Tribunal Federal Electoral.
Y quiero comentarle al diputado Ramírez Marín, que el artículo 99 en su fracción IV es
muy claro al establecer que existe el tribunal electoral como máxima autoridad
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación
para ver sobre las impugnaciones de actos o resoluciones de las entidades federativas para
organizar y calificar los conflictos o resolver las controversias que surjan durante los
mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones, es decir, la Constitución Federal misma que fue
aprobada por el Constituyente permanente donde participaron todos los estados y también
el Estado de Yucatán precisa que para resolver las controversias en materia electoral
tenemos un tribunal, la Constitución no dice que sea Burgoa el que define, sino un
tribunal el que va a tomar la definición.
El segundo debate que se ha presentado, dicen, puede que el tribunal
tuviera competencia, pero siempre y cuando existan violaciones directas a la
Constitución, qué mayor violación directa a la Constitución que violentar el principio
rector de la legalidad.
No es el momento y sobre todo no tenemos el tiempo para dar toda una
explicación clara de qué entiende la Constitución por legalidad, pero es que se
establezcan determinados requisitos en la ley y que se cumplan los mismos.
Y si vemos lo que establece el Código Electoral del Estado de
Yucatán, establece un procedimiento mediante el cual el Consejo Electoral del Estado va a
ser nombrado a través del Congreso estatal.
Es evidente que no se cumplieron con esos requisitos establecidos en la
ley, por lo tanto se violenta el principio de legalidad y por lo tanto se surten los
extremos para la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Finalmente, tendremos que debatir si las resoluciones del tribunal son
obligatorias o no son obligatorias, si son simples recomendaciones como las que establece
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sus resoluciones son obligatorias y tienen
que cumplirse por todas las partes, y en lo que establece la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en materia electoral, se establece que las autoridades responsables
deben de reparar la violación constitucional que haya cometido. Es decir, tiene la
obligación de cumplir en su momento con lo que establece el tribunal.
No queda a capricho de las partes cumplir lo que establece el tribunal.
Si estamos hablando de vivir dentro de un estado de derecho, si estamos hablando de
fortalecer las instituciones, si estamos hablando de la transparencia electoral, debemos
de aceptar las resoluciones del tribunal, porque es la última instancia. Si hubiera otra
instancia posterior, tendríamos que, podríamos presentarla.
Yo quiero recordar, a menos que esté yo equivocado, que cuando se
inició este proceso judicial, el Congreso del estado de Yucatán presentó una
contestación a las demandas, reconoció la competencia del Tribunal, y tan es así que
compareció a juicio, pero si el juicio después de la resolución no le fue favorable,
ahora dice: "Ya no es competente", cosa que no hizo valer cuando compareció
ante el tribunal.
Yo creo que lo que debemos de buscar todos en este momento es
fortalecer a las instituciones, como les digo, sobre todo buscar la supremacía
constitucional, en este caso para poder tener transparencia electoral.
Muchas gracias.
El Presidente:
Gracias diputado Pérez Noriega.
Para responder alusiones personales, tiene el uso de la palabra el
diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El artículo 99 aquí citado, en su fracción IV dice claramente:
"las impugnaciones de actos, resoluciones definitivos y firmes de autoridades
competentes, de las entidades federativas, sí, autoridades competentes para organizar y
calificar los comicios".
¿El Congreso del estado de Yucatán es el organizador de los
comicios?, de ninguna manera.
Para empezar, el Código Electoral del estado de Yucatán establece en
su artículo 79 que el Instituto Electoral del Estado es el órgano que organiza las
elecciones. También el Cofipe señala quiénes son órganos para organizar y calificar
elecciones. La propia Ley de Medios de Impugnación reconoce quiénes son órganos para
organizar, calificar y resolver elecciones, en ningún caso es un congreso estatal. Eso es
precisamente lo que a legamos.
Nuevamente se ha dicho aquí "obedezcan", y no hemos buscado
a Burgoa para que resuelve el conflicto; el Congreso del Estado de Yucatán ha seguido a
través de cauces legales todos los medios posibles, y el único conato de violencia
producido no ha sido producto de las decisiones del Congreso del estado de Yucatán, sino
más bien de la presencia de los partidos políticos en otro ánimo y condición con
respecto a este conflicto estrictamente judicial.
No nos va a quedar más que aceptar la resolución del Trife; debe
haber todavía una autoridad judicial que lo resuelva en esos términos. Debe ponderar la
prudencia estamos totalmente de acuerdo en esto pero prudencia en ningún sentido debe ser
claudicación.
No aceptaríamos nosotros que una autoridad que no fuera competente,
tuviera ingerencia sobre las cosas de nosotros. No aceptaríamos que la Profeco nos
pusiera una multa de tránsito; no aceptaríamos que cualquier clase de órgano tomara
cualquier clase de resoluciones. De eso precisamente es de lo que se trata: que el máximo
tribunal de máxima competencia sobre las cuestiones electorales está basando sus
razonamientos en cuestiones lejos del apego constitucional; esto es precisamente lo que
decimos.
Yo creo, con uno de los oradores que me antecedían, que soberanía no
es una persona, que soberanía es exactamente el poder del pueblo, pero entonces, sí
vamos a pedir el respeto al poder del pueblo, pidámoslo en todos los sentidos, ¿que
acaso la mayoría del Congreso del estado de Yucatán no tiene validez porque es una
mayoría del PRI?, ¿qué acaso, en este supuesto, la mayoría priísta no tenemos por
qué aceptar que mayoría es la que toma la decisión del Congreso?
Eso es precisamente lo que estamos discutiendo, hay decisiones
políticas manchando lo que deben ser exclusivamente decisiones judiciales. Eso es lo que
estamos pidiendo, que si vamos a tener decisiones políticas llevémoslo al plano en que
éstas se pueden tomar y ese plano nunca debe ser un tribunal que debe garantizar la
equidad y la imparcialidad. Eso es lo que estamos pidiendo.
Yo no creo que Mirna Hoyos sea la soberanía del Estado de Yucatán,
pero creo que una mayoría del Congreso del Estado, es una representante legítima de la
soberanía del estado de Yucatán, así fuera priísta, panista, perredista o ecologista,
es la mayoría y tendríamos que respetarla y no tendríamos por que quitarle esa
respetabilidad.
Yo creo, que no se trata de que le demos la razón o no a Burgoa,
pongámonos un tiempo, pongámonos un momento en el pellejo, en los zapatos, en la
responsabilidad del Congreso del estado de Yucatán, al que además se le pide que pase
por encima de la Constitución del Estado de Yucatán, que haga exactamente lo contrario
de lo que la Constitución de Yucatán le dice que tiene que hacer.
Yo creo que es hora de ponernos un momento en esto, no hay, señores
diputados, chabacano deseo de separarnos del país; éstas son historietas, Yucatán está
más unido que nunca al país, porque comparte la preocupación de un nuevo federalismo,
sí, como decía aquí un ilustre senador, estamos viendo el nacimiento a través de una
nueva correlación de fuerzas, de nuevas formas de federalismo y ésta es una y no veo por
qué tengamos que ridiculizar a un pueblo como el yucateco, al poder instituido de un
pueblo como el Congreso del estado, por el hecho de reclamarle a la Federación derecho
que le competen, que le corresponde y que además están consagrados en la carta que nos
une, en lo único que nos une a todos por igual, la Constitución de la República.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Ramírez Marín.
Han solicitado la palabra para rectificar hechos, el senador Demetrio
Sodi de la Tijera, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona y el diputado Fernández Pérez
Noriega; por lo tanto tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco
minutos.
El senador Demetrio Javier Sodi de la Tijera:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros
legisladores:
Yo he querido hacer uso de la tribuna no para entrar al debate
constitucional de facultades o no facultades, de federalismo, no federalismo, de
soberanía o no soberanía, que puede llevarnos horas y horas y horas y no se ve fácil
que vayamos a llegar a un acuerdo.
Yo creo que hoy lo que está en riesgo, es la propia gobernabilidad en
el estado, la paz en el Estado y el riesgo que existe tanto en el Estado como a nivel
nacional, de que se enrarezca el clima política y todo el proceso de transición en el
que estamos comprometidos todos creo que ese es el debate que deberíamos de llevar, es
decir, no cómo le ponemos, cómo le echamos más leña al fuego que ha de haber y
seguramente existe en Yucatán, sino como buscamos salidas, lo decía el senador César
Camacho en el sentido de buscar alternativas que nos permitan resolver dentro de la ley,
un problema político real.
Porque esto es real; es decir, como van las cosas, podemos llegar al
extremo de que el consejo electoral que tenga el padrón, ese no tiene los recursos, y el
que tenga los recursos, ese no va a tener el padrón y se puede dar el caso que los
candidatos del PRI se registren ante un consejo y los candidatos del PRD y del PAN se
registren ante el otro consejo y luego tengamos casillas electorales paralelas yo no creo
que vayamos a llegar a esto, sería muy irresponsable de todos. Lo que sí creo es que
entre más rápido logremos una solución dentro de la ley, obviamente, más seguras van a
ser las elecciones; de por sí van a ser elecciones muy competidas, con una gran
confrontación política como lo están siendo en todo el país y que entre más vayamos
posponiendo la solución, más leña le estamos echando a la hoguera y un clima de mayor
confrontación se va a dar en el estado y que está viciado, está afectando a todo el
país.
Para el PRD es fundamental el proceso electoral y obviamente no vamos a
entrar a un proceso electoral con órganos electorales en los que no haya garantía de
imparcialidad y ahí en parte se ha originado todo el problema. Pero yo creo que como
Comisión Permanente, como Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como
legisladores, tenemos que contribuir a este debate y no ver cómo ponemos más radicales
las posiciones de cada quien. Sin duda argumentos legales para cada quien defender su
posición, no han salido aquí, bueno han salido de aquí pero las hemos venido leyendo en
los medios, en la prensa y oyendo en los medios de comunicación en las últimas semanas y
parece que no se avanza.
Finalmente en Tabasco, mal que bien se logró una solución, está
avanzado el proceso electoral y cada partido se ha reservado el derecho para impugnar
constitucionalmente lo que considera que es impugnable constitucionalmente.
Y yo creo que en Yucatán ya llegó el momento y ojalá, no veo que sea
el momento tampoco pero ojalá esta Comisión Permanente pusiera a hacer una convocatoria,
el congreso local, pues la única alternativa que yo veo es que se restituya, se reponga
desde el principio todo el procedimiento. Ya lo decía la Presidenta del Congreso Local,
de la Gran Comisión del Congreso Local, ella señalaba la posibilidad de recurrir a la
primera instancia que era el Consejo Electoral que se había ratificado en donde había
cierto consenso de los partidos políticos. Obviamente no nos corresponde a nosotros hacer
una recomendación concreta de quién si, quién no, qué consejeros si, qué consejeras
no, en fin, no va por ahí. Pero yo sí creo que en este momento es ya el momento de hacer
un llamado muy respetuoso llamado a todos los partidos políticos, al Congreso Local, a
los consejeros que han sido insaculados y a los que han sido nombrados por el Congreso
Local, para buscar una salida alternativa dentro de la ley.
Para el PRD obviamente el respeto a la ley es irrestricto, es decir,
hay que cumplir la ley, pero también tenemos que estar muy pendientes de que se diera una
elección igual que otras que se vendrán en el futuro, que son fundamentales para la
transición y para la transformación política nacional.
U optamos por el enfrentamiento u optamos por la conciliación dentro
de la ley y yo creo que ese es el reto.
Yo traigo aquí un punto de acuerdo, no creo que sea el momento de
presentarlo; no se trata, de presentar puntos de acuerdo para que vayan al archivo o para
que vayan a las comisiones, pero sí creo que en este momento si todos dentro de nuestros
partidos y a nivel de legisladores hacemos un llamado a que se reponga el procedimiento y
que se busque una salida política, creo que lograremos ese acuerdo, que lograremos que
avance el proceso electoral y que lograremos que dentro de la ley avance la transición
democrática mexicana.
Seguir discutiendo sobre legalidades o no legalidades eso dejémoslo en
las instancias correspondientes; hay la tribuna para discutir esto, pero no creo que por
ahí vaya a haber avances. Yo creo que la única alternativa es reiniciar el procedimiento
y garantizar, eso sí, que es la única forma en que nos sentaremos cualquiera al proceso
electoral; si hay órganos electorales que garanticen la imparcialidad, la autonomía para
no apostarle desde ahorita a que la elección que se dé en mayo vaya a ser impugnada otra
vez y volvamos a iniciar un proceso de conflicto. Por eso es importante que los órganos
electorales y el consejo electoral que finalmente se decida, sea un órgano que salga de
conseso.
Yo con eso concluyo, creo que llegó el momento en que cada quien
dentro de sus partidos, cada quien como legislador y ojalá pudiera ser la Permanente, la
que hiciera un llamado a todos para que se reponga el procedimiento y dejemos los
conflictos atrás y vayamos a ver qué decide la población sobre quién debe de gobernar
el estado de Yucatán los próximos seis años.
Muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Sodi de la Tijera.
Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Uuc-kib
Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Uuc-kib Espadas Ancona:
Gracias, Señor Presidente:
Seré sumamente breve. Pedí la palabra para hacer una rectificación
de hechos y es exactamente lo que pretendo hacer.
El Congreso del Estado de Yucatán reconoció efectivamente la
competencia del tribunal electoral, no en un momento sino en tres momentos. Reconoció su
competencia cuando se declaró inconstitucional el nombramiento de un primer consejo
electoral; reconoció su competencia cuando se declaró la inconstitucionalidad del
Tribunal Electoral del Estado y reconoció la competencia cuando respondió a las demandas
en esta última controversia para el nombramiento de este Consejo Electoral.
Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su
mayoría en el Congreso del Estado, de manera invariable, hasta el momento de la
sentencia, había reconocido la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
Es absolutamente inconsistente cualquier argumentación que se haga en
este momento que pretenda desconocer ese hecho.
En cuanto a la regla de oro de la mayoría, tengo una fuerte
discrepancia en cuanto a cómo se aplica. El que haya una mayoría priísta en el Congreso
no quiere decir que esa mayoría pueda tomar las decisiones como Congreso.
Existen, por prescripción constitucional, decisiones que el Congreso
sólo puede adoptar por mayoría calificada. Si los 15 diputados priístas, que son el 60%
del Congreso, votan una reforma constitucional solos, esta reforma no pasará a formar
parte de la Constitución aunque sean mayoría, puesto que la prescripción constitucional
es que esa decisión exige mayoría calificada.
Exactamente lo mismo ocurre con la designación de los consejeros, para
lo cual se requieren cuatro quintas partes del consejo.
En otras ocasiones hemos sido capaces de construir soluciones
políticas a conflictos de esta naturaleza en vías estrictamente del derecho. Lo hicimos
cuando pactamos con otro gobernador el consejo saliente, el consejo que terminó sus
funciones al iniciarse el actual proceso electoral.
No hay razones políticas para que los cauces legales se consideren
agotados y tener que recurrir a soluciones ilegales.
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Espadas Ancona. Para rectificación de hechos,
tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Pérez Noriega:
Con su permiso, señor Presidente:
Para centrar nuevamente el debate, creo que lo que estamos en este
momento decidiendo es quién cumple y quién no cumple con la ley. El diputado propinante
del PRI ha establecido más de una vez un sofisma: dice que acata la ley, que acata lo que
resuelvan las instituciones y luego cuestiona dichas resoluciones para no cumplirla. Eso
es un sofisma y eso no es querer cumplir con el estado de derecho.
No hay duda alguna de la competencia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación para resolver estos casos y para eso me permito nuevamente leer
el artículo 99 en su fracción IV, que establece que es competencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación las impugnaciones de actos o resoluciones
definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para
organizar y calificar a los comisiones o resolver las controversias que surjan durante los
mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones.
A su vez, el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán
establece que los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado "serán
designados por el Congreso del Estado". Si esa designación no es un acto de
naturaleza y de carácter electoral, estamos hablando de temas diferentes.
Y finalmente ¿quién interpreta las leyes? La ley se interpreta por el
Poder Judicial, no la interpretan los Legisladores y cuando hay una sentencia la sentencia
no es interpretada por juristas, sino que debe de acatarse en sus términos y máxime que
en este caso era una sentencia clara, que no deja dudas de qué tenía que hacer la
autoridad responsable. ¡El no querer cumplirla es no querer vivir dentro del Estado de
derecho!
El Presidente:
Muchas gracias, diputado Fernando Pérez Noriega.
Para rectificación de hechos tiene el uso de la palabra el diputado
Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez:
Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso:
Quisiera en primer término referirme a la argumentación última que
acabamos de escuchar. Efectivamente, la Constitución dice "que el tribunal conocerá
de impugnaciones o actos o resoluciones definitivos y firmes".
Primer problema. Nunca se recurrió ante la autoridad jurisdiccional
electoral de Yucatán el acto del Congreso. En términos constitucionales no debería de
haberse considerado un acto definitivo y firme.
Segundo. Dice "que es competente para conocer de esos actos que
realicen las autoridades competentes de las entidades federativas para ¡organizar y
calificar! los comicios". El Congreso de Yucatán, como muy bien lo dijo el diputado
Ramírez Marian ni organiza ni califica comicios o para resolver las controversias que
surjan dentro de los mismos. El Congreso de Yucatán no tiene facultades para resolver
controversias que surjan con motivo de los comicios. Pero (?) el Congreso de Yucatán no
está entre las autoridades que la Constitución señala como susceptibles de ser
revisados sus actos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Me parece que más claro ni el agua y eso si opina y creo que no
podemos descalificar al doctor Burgoa ni por su edad ni por ninguna otra razón. Puede
rebatirse su punto de vista, pero no descalificarlo y creo que aquí está muy claro que
el Congreso de Yucatán no está entre las autoridades que pueden ser revisadas.
Además estos actos puedan ser o resultar determinantes para el
desarrollo del proceso respectivo. ¿Era determinante para el desarrollo del proceso
electoral de Yucatán que una persona que aspiraba al cargo de consejero, hubiera
presentado o no una copia simple de acta de nacimiento o una credencial de elector?
Evidentemente no.
Pero el punto más importante no está ahí. Yo creo que la discusión
jurídica efectivamente se puede prolongar por horas. El punto más importante y más fino
está en esto: la ley se cumplió. Efectivamente el Congreso admitió la jurisdicción y
tan la admitió que ejecutó el fallo del tribunal electoral. Cuando el tribunal electoral
determinó que estaba en falta el Congreso de Yucatán, según su punto de vista; y según
el mío, no teniendo competencia para ello. Pero esto es irrelevante. El caso es que hubo
una decisión y hubo un acatamiento. ¡No pueden decir que el PRI esté en contra del
acatamiento, pues si lo acató el Congreso, acató la resolución porque el tribunal se
basó en el hecho de que la designación no se había efectuado por las cuatro quintas
partes de los miembros del Congreso! ¡Ese fue el razonamiento del Tribunal!
Y ojo, aquí está la clave del asunto. El tribunal dice: "hubo
ahí una violación". A mi juicio fuera de su competencia, pero eso dice el tribunal
y considera que hubo una violación constitucional e incluso federal. Creo que
incorrectamente, pero eso dijo, eso dijo y eso se cumplió. El Congreso del Estado lo
cumple, repone el procedimiento, elige por las cuatro quintas partes de los miembros
presentes, que era la mayoría calificada, que se cumplía con los miembros del PRI y, por
lo tanto, era válida porque daba la mayoría calificada que la propia ley exigía.
Escrupulosamente acató el Congreso los términos de la resolución
pero ¿qué pasó después? y aquí es donde viene el conflicto, cumplida la resolución
hay una nueva impugnación que ya no procedía porque hay jurisprudencia y disposiciones
legales que señalan que contra la ejecución de los actos del tribunal ya no procede una
nueva impugnación, pero entonces el tribunal conoce, y aquí vienen las dificultades y el
conflicto de competencia, ya no de un asunto de legalidad o de constitucionalidad sino que
se substituye en las facultades del Congreso local y empieza a revisar la documentación
de los que aspiraban a ser considerados para elegirse consejeros.
¿Con qué facultades? ¿Dónde dice la ley que el tribunal podía
entrar a ese proceso interno que sólo corresponde al Congreso del Estado de Yucatán? Y
empieza a efectuar tareas ya no jurisdiccionales sino tareas que competen a la parte de
facultades legislativas, dicho en términos amplios, del Congreso de Yucatán y eso es lo
que impugna el Congreso de Yucatán; ya no en un terreno jurídico porque está agotada
por lo menos la vía del Tribunal, habría que explorar si dicen otras, pero esa
impugnación, ese conflicto político se da por una invasión de competencia posterior a
las resoluciones jurisdiccionales.
Le pido un minuto señor Presidente para concluir mi argumentación.
En consecuencia existe un acatamiento original del Congresos pero
después existe una invasión por parte del tribunal de facultades del Congreso que es lo
que objeta el Congreso y eso está en un terreno político que hay que decirlo incluso,
hubo aquí una argumentación en el sentido de que era parecido a que un partido no
quisiera acatar una resolución y declarara que su gobernador era el que había postulado,
no es el mismo caos, porque aquí lo que está defendiendo el Congreso de Yucatán es el
ejercicio de la soberanía que le corresponde de acuerdo al artículo 41 constitucional y
tenemos dos órganos de poder del máximo nivel que defienden sus posiciones y que han
entrado a un conflicto de carácter político.
Busquemos, como aquí se dijo, por el senador Rodríguez Prats, por el
senador Demetrio Sodi, busquemos como políticos el ejercicio de una salida política
porque estamos en un ámbito de enfrentamiento tal de máximo nivel de poder, que lo más
sensato es que los políticos asumamos también una responsabilidad y juntos, creo que hay
una coincidencia aquí de las fuerzas políticas representadas en esta Comisión
Permanente de que se está en ese ámbito y que justamente en ese ámbito debe buscarse
una solución sensata y razonable para el bien del pueblo yucateco y de la Federación
mexicana.
Muchas gracias.
El Presidente:
Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra el senador
Corral Jurado Javier, hasta por cinco minutos.
El senador Javier Corral Jurado:
Con su permiso, señor Presidente y en el ánimo no de concluir una
discusión jurídica que habrá simple y sencillamente de trasladarse a donde está, entre
el máximo órgano jurídico que en materia electoral determina la resolución de esos
conflictos que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Simplemente para hacer una síntesis y podríamos decirlo así de
nuestras posiciones y algunas aclaraciones debidas a lo que los antecesores en la tribuna
han venido a señalar.
A mí me parece y con todo respeto se lo digo a don Eduardo Andrade,
incluso desde el punto de vista estrictamente lingüístico gramatical, ya no digamos ni
constitucional ni jurídico, no pueden existir dos máximos órganos de autoridad
política en una materia de conflicto. No existen dos máximos órganos de autoridad; hay
uno máximo y hay otras instancias.
Las instancias competentes a las que alude el artículo 99 de la
Constitución son: obviamente, el órgano electoral, obviamente el Tribunal Electoral sí,
pero el Congreso del Estado que es el que origina en un primer acto fundamental la
organización del proceso porque da forma y vida a la integración del principal organismo
que pone en marcha la elección precisamente para el desarrollo de ésta.
La facultad del Congreso del Estado de integrar el Consejo Electoral y
el Tribunal, es el primer acto de la organización de un proceso electoral en cualquiera
de las entidades federativas y por lo tanto no se da esa contradicción que aparentemente
nos pretende explicar el señor diputado Eduardo Andrade.
Pero creo que es bien importante y fundamental, lo digo con sinceridad,
que no permita...
El Presidente:
Con su permiso, señor orador. Pregunta el diputado Ramírez Marín si
acepta usted que le formulara una pregunta.
El senador Javier Corral Jurado:
Con mucho gusto señor diputado, como no.
El Presidente:
Tiene usted la palabra señor diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde su curul):
Quiero preguntarle, ahora que usted ha afirmado, que el acto de nombrar
el consejo es el primer acto de organización del proceso electoral, entiendo que tendría
que estar dentro del proceso electoral, pero tengo una duda porque el Cofipe dispone en su
artículo 174 que el proceso electoral se inicia con la primera sesión del Consejo
General e igualmente, el Código Electoral del Estado de Yucatán dice que el proceso
electoral se inicia con la primera sesión del Consejo Electoral del Estado que no se ha
integrado, no con la organización, no con la integración, sino con su primera sesión.
El senador Javier Corral Jurado:
Con mucho gusto. Voy a hacer una distinción que es muy importante
porque creo que entre actores políticos pues ya lo único que nos faltara es no saber
distinguir el diseño, la organización de un proceso electoral y su inicio en el
calendario de actividades.
Una cosa muy distinta en materia electoral es la organización. La ley,
por ejemplo, diseña la organización del proceso electoral; el Congreso del Estado
realiza un primer acto fundamental de organización del acto electoral, que son los
órganos electorales, al integrarlos, y luego, con toda claridad hay que decir, la ley
determina cuándo se inicia en el calendario ese proceso electoral.
Por eso mismo, por ejemplo, en las atribuciones que le confiere la
Constitución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la fracción
IV, el último párrafo, hay una única excepción a esta competencia para resolver
conflictos, dice así... y bueno, lo repito, que ya lo habrá señalado el diputado
Fernando Pérez Noriega, es muy claro, dice: "esta vía, procederá me refiero a la
competente a la facultad del tribunal para resolver conflictos e impugnaciones... esta
vía procederá solamente, dice, cuando la reparación solicitada sea material y
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de
posesión de los funcionarios elegidos..."
Esto es, el Tribunal interviene precisamente para resolver el conflicto
derivado en tiempo y forma de las impugnaciones que los partidos presentan ante la falta
de una integración imparcial, legal, del órgano que va a desarrollar el calendario
electoral.
Para nosotros es muy claro y aquí cabría una reflexión de carácter
político en este sentido. Siempre nos hemos preguntado qué queremos hacer de nuestra
transición política a la democracia; ahora que hemos construido y tenemos instituciones
fundamentales, tribunales que en definitiva resuelven los conflictos electorales, ahora es
cuando vamos a contrapelo de los vientos de los vientos de la democratización del país y
la instauración de la legalidad.
Tabasco y Yucatán, compañeros legisladores, han puesto algo de
manifiesto que es obvio y que es evidente que no van a aceptar los cacicazgos locales, que
no van a aceptar los autoritarismos desenfrenados, que incluso quieren volvernos a asustar
con la leyenda negra del separatismo e incluso recurrir a términos de carácter
mediatico, emocional para buscar una confrontación de las entidades federativas con el
diseño constitucional de federación que hemos hecho, Pero señalo esto, con toda
claridad Yucatán y Tabasco nos han mostrado el papel importante que en la transición
mexicana a la democracia va a jugar el Poder Judicial de la Federación.
Debemos de celebrar que tengamos una instancia constitucional
definitiva como arbitro de nuestra transición, que este tipo de problemas se resuelvan,
independientemente de los contenidos de las resoluciones judiciales en órganos legalmente
establecidos, constitucionalmente establecidos y que pueden decir, interpretar el derecho
en forma definitiva precisamente para que el derecho gane el terreno que en otros tiempos
ha tenido la calle, la manifestación pública, las manifestaciones diría yo, rupestres
de defensa de la soberanía, cuando se abusa en términos de la defensa de la soberanías
y se atenta contra los derechos de los ciudadanos.
El caso de Tabasco y Yucatán nos plantea a todos el imperio de la ley.
No se puede venir aquí a reclamar respeto por un jurista reconocido como Burgoa, no se
nos puede venir a decir que no descalifiquemos la opinión del señor licenciado Burgoa
Orihuela, y sí se venga a descalificar la decisión del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación integrado por varios juristas tan importantes o reconocidos
como Burgoa, aquí hay un contrasentido. ¿Por qué hay un contrasentido y por qué hay un
doble discurso? Porque es imbatible, porque es indiscutible la competencia, en primer
lugar.
Segundo, porque es indefendible la posición y el desacato del Congreso
del Estado de Yucatán, por eso, porque hay un desacato contumaz, está plagado de
contradicciones el discurso de la defensa en este caso.
Acción Nacional seguirá exigiendo que prevalezca y que privilegiemos
el derecho y que en Yucatán, para nosotros es claro, existen dos consejos electorales;
uno espurio, nacido de una voluntad caprichosa, confundida con una defensa falsa de la
soberanía estatal y otro dotado de la legalidad, de la legitimidad, construido por el
esfuerzo y la lucha democrática de haber llevado a la Constitución en 1998, como lo
hicimos todos los partidos políticos en la reforma electoral, me refiero en el artículo
98 de la Constitución, la definitividad de las decisiones del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
Acatar el derecho es una de las tareas más difíciles, concordar con
él no, porque puede ser muy discutible en los contenidos jurídicos, pero hay que tomar
la decisión, o conducimos la transición democrática mexicana por la vía del derecho o
permitimos esas manifestaciones rupestres, anticuadas, obsoletas de defensa de supuestas
soberanías estatales que quieren pisotear la Constitución y lo que nos ha costado a los
mexicanos mucho tiempo construir.
Por la atención muchas gracias, señores legisladores.
El Presidente:
Gracias, senador Corral Jurado.
Tiene el uso de la palabra para responder a alusiones personales, el
diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Andrade Sánchez:
Con su permiso, señor Presidente.
Yo quisiera en primer término refutar la idea de que pudiéramos estar
condenando al Tribunal Electoral, o no reconociéndole la autoridad que tiene. En mi caso
particular lo recordarán algunos compañeros en la legislatura anterior personalmente
defendí la autoridad y la razón que tenía el Tribunal Electoral justamente en uno de
los casos que aquí hay salido, cuando la asignación de diputados plurinominales en el
estado de Yucatán.
Lo que establezco, sin ningún doble discurso en consecuencia, sino
haciendo el análisis jurídico de cada caso, es que efectivamente acciones concretas que
ha tomado el tribunal han generado un conflicto frente a lo que por otra parte es la
legítima, la justificada defensa de la soberanía estatal y no comparto el punto de vista
de que no puedan existir dos órganos que tengan una supremacía en distintos ámbitos,
porque efectivamente lo que existe es una Constitución Federal y la naturaleza de la
Federación es precisamente ésa: que hay los poderes de la federación, como lo dice
nuestra Constitución, a través de los cuales ejerce su soberanía el pueblo mexicano y
los poderes de los estados, a través de los cuales ejerce su soberanía el Estado.
Es cierto que hay a nivel federal un poder garante de la
constitucionalidad que se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por
ejemplo para revisar la constitucionalidad de las leyes o de actos de las autoridades,
pero si no hay, por ejemplo, una violación constitucional, es evidente que pongamos por
caso la designación de un gobernador interino por un congreso estatal, está dentro del
máximo ámbito de soberanía de ese Estado y si pretende la federación de una manera que
no considere legítima el estado, impugnar o violentar u obstaculizar ese acto, estamos en
presencia de un conflicto, efectivamente, entre dos órganos de su máxima capacidad de
poder en su respectivo ámbito. Precisamente en eso consiste la naturaleza de una
Federación.
Yo controvierto también la idea de que el acto fundacional, dijo bien
el señor senador Corral, el acto fundacional de una determinada situación jurídica
forme parte del proceso que surge de esa situación jurídica. Es evidente que hay
diferencias claras de actos. Por ejemplo, lo que son actos del poder constituyente
fundacionales y los actos de los poderes constituidos y el acto fundacional de
designación que hace el órgano supremo soberano, u órganos de poder federales o
estatales, cuando se trata por ejemplo de organismos electorales, fundan el proceso pero
no forman parte de él.
Si admitiéramos la tesis que aquí se manejó, entonces fíjense lo
que ocurriría: la Suprema Corte de Justicia quedaría sometida a la jurisdicción del
Tribunal Electoral y les voy a decir por qué.
La Suprema Corte de Justicia tiene facultades para proponer a los
integrantes magistrados del Tribunal Electoral, se los propone al Senado. El Senado los
designa. Si el proceso de designación fundacional de un órgano que sí tiene facultades
electorales, como el tribunal, fuera parte del proceso, la propuesta de la Suprema Corte
al Senado sería impugnable y revisable ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo
cual constituye una aberración.
Tan está consciente el Tribunal Electoral, que si revistan ustedes el
fallo de hoy, del día de hoy emitido en el caso de Tabasco, dice el Tribunal... el fallo
emitido el día de ayer, pero publicado el día de hoy, dice el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que no puede, que no tiene competencia para juzgar del
acto de nombramiento del gobernador interino, porque ése no es un acto electoral, aunque
en la Constitución del estado de Tabasco diga que se erige el Congreso en Colegio
Electoral. ¡Claro que tiene razón el tribunal!, no es un acto electoral; es un acto que
tiene que ver con la capacidad de nombramiento que tienen los congresos, y precisamente
dice el tribunal: los actos que no tienen que ver directamente con el proceso electoral,
no están sometidos a su jurisdicción.
Está planteando un doble criterio el Tribunal, insisto, no pongo en
duda su autoridad como máximo órgano jurisdiccional, pero tenemos derecho a plantear
inconsistencias jurídicas y argumentos razonables para demostrar por qué consideramos
que se está en esta situación irregular el tribunal tiene razón cuando dice que el acto
que no tiene que ver directamente con el proceso electoral, no es de su competencia.
Y suponiendo que el acto fundacional tenga la naturaleza, señor
Presidente, si me permite 30 segundos, suponiendo que el acto fundacional que aquí se
mencionaba, tuviera relación con el proceso electoral, ésta sería indirecta, porque de
él surgiría el proceso electoral; si no hay relación directa, evidentemente no se
sostiene la competencia del tribunal electoral.
Es todo, muchas gracias.
El Presidente:
Muchas gracias diputado Andrade Sánchez, honorable Asamblea, sobre
este tema han hecho uso de la palabra: el senador César Jáuregui Robles, el diputado
Jaime Cervantes Rivera, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, el diputado Uuc-kib
Espadas Ancona, el senador César Camacho Quiroz, el senador Juan José Rodríguez Prats,
el diputado Alejandro Zapata Perogordo, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, el
diputado Uuc-kib Espadas Ancona, el diputado Fernando Pérez Noriega, el diputado Jorge
Carlos Ramírez Marín, el senador Demetrio Sodio de la Tijera, el diputado Uuc-kib
Espadas Ancona, el diputado Fernando Pérez Noriega, el diputado Eduardo Andrade Sánchez,
el senador Javier Corral Jurado y el diputado Eduardo Andrade Sánchez.
Se ruega a la Secretaría consultar a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido el asunto.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera
suficientemente discutido los comentarios sobre el asunto de Yucatán.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los señores legisladores que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo... Unanimidad por suficientemente discutido, señor Presidente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Presidente:
Estando suficientemente discutido el asunto y pasando al siguiente
tema, tiene el uso de la palabra, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortes, para
presentar en nombre de todos los grupos parlamentarios, una proposición con punto de
acuerdo sobre los hechos ocurridos en el Estado de Chihuahua.
La senadora Sara Isabel Castellanos Cortés:
Con su permiso, señor Presidente:
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Cámara de
Diputados.-- LVIII legislatura.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura
del honorable Congreso de la Unión.-- Presente.
PUNTO DE ACUERDO
Relativo al atentado sufrido por el gobernador del Estado de Chihuahua,
Patricio Martínez, presentado por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista
de México, en la Comisión Permanente.
Los senadores y diputados que integran la Comisión Permanente de la
LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos ponemos a consideración el siguiente punto de acuerdo fundado en los
siguientes:
HECHOS
En la mañana de hoy el gobernador constitucional del Estado de
Chihuahua, Patricio Martínez sufrió un atentado contra su vida por tres sujetos que
penetraron al Palacio de Gobierno. Evidentemente es un hecho reprobable por todos los
integrantes de esta Comisión Permanente y para la misma sociedad mexicana.
Por lo anterior, ponemos a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Artículo único. Consideramos los hechos de violencia sucedidos en
el Estado de Chihuahua en que se atentó contra la vida del gobernador del Estado de
Chihuahua, Patricio Martínez García.
Exigimos que los órganos competentes realicen la investigación
correspondiente para aclarar debidamente los hechos y castigar a los culpables.
Los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas
del país no permitiremos que ninguna actitud criminal, cualquiera que fuese sus
motivaciones, encarezcan el clima de convivencia en el país y deteriore el estado de
derecho.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
a 17 de enero de 2001.-- Rúbricas."
Es todo, señor Presidente.
El Presidente:
Muchas gracias, senadora Castellanos Cortés.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente
resolución la proposición.
El secretario diputado Adrián Rivera Cortés:
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad
por urgente y obvia resolución, señor Presidente.
El Presidente:
Considerada de urgente resolución está a discusión la proposición.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:
De manera muy breve, señor Presidente. Sólo para ratificar la plena
solidaridad del grupo parlamentario del PRI con Patricio Martínez, un hombre que se ha
evidenciado en su actitud como gobernante, como un ser humano prudente, serio,
responsable, comprometido con Chihuahua y exhortar a las fuerzas políticas en el estado
de Chihuahua, que esta circunstancia no altere el ambiente de convivencia democrática que
ha caracterizado el ejercicio del gobernador Patricio Martínez a quien le deseamos pronto
restablecimiento y su reintegración a la normalidad de sus actividades institucionales.
El Presidente:
Muchas gracias, diputada Paredes Rangel.
Tiene el uso de la palabra el senador Diego Fernández de Cevallos, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
El senador Diego Fernández de Cevallos Ramos:
Señoras y señores:
Los diputados y senadores de Acción Nacional que formamos parte de
esta Comisión Permanente, nos sumamos decididamente y formamos parte de este Punto de
Acuerdo con la indignación que sentimos profunda por un atropello cobarde, inmoral,
perverso que no podemos tolerar.
Todos los mexicanos tenemos aún abierta esa herida profunda de marzo
de 1994, herida que no cierra y que no podrá cerrar. Y antes que cualquier otra
consideración, está para nosotros el exigirnos todos los mexicanos el apostar al orden,
a la paz, al derecho, a la justicia para poder vivir como seres humanos y prosperar en ese
ámbito que de justicia, de paz y de legalidad poco a poco vamos construyendo.
Sin duda esta noticia interrumpe los trabajos de esta Comisión
Permanente y esta noticia nos debe doler profundamente a todos los mexicanos por la
brutalidad del acto, por su cobardía, porque todos debemos de sentirnos en este momento,
heridos por esa bala y sólo en esa perspectiva podemos enfrentar la violencia y la
cobardía de sus autores materiales e intelectuales.
Por ello exigimos a las autoridades de Chihuahua y a las autoridades
federales, que nos den a todos los mexicanos una pronta respuesta con la ley y con el
derecho para que no sea otro crimen más que cubra la impunidad.
Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Fernández de Cevallos.
Tiene el uso de la palabra el senador Demetrio Sodi de la Tijera, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
El diputado Demetrio Javier Sodi de la Tijera:
Con su permiso, Señor Presidente:
También en forma muy breve, a nombre de los legisladores y
legisladoras del PRD, condenamos este acto de vandalismo, este acto de violencia y estar
conscientes todos de que amenazas reales para impedir el tránsito pacífico nacional por
la democracia, hay enemigos reales que están dispuestos a cualquier cosa para sabotear
este proceso que se está llevando a cabo en México.
Por eso hoy más que nunca el pronunciamiento de esta Permanente y
seguramente de todos los grupos parlamentarios de todos los grupos políticos condenando
este acto es una muestra de unidad, una muestra de compromiso y el trabajo que tenemos que
hacer todos para garantizar que, a pesar de que existe gente decidida a impedir esta
transformación política pacífica, son mucho más fuertes las fuerzas nacionales que
garantizaremos este cambio político nacional.
Condenamos el acto y hacemos votos porque pronto se restablezca el
gobernador y siga trabajando por el bien del país.
Gracias.
El Presidente:
Muchas gracias, senador Sodi de la Tijera. Consulte la Secretaría a la
Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta a la asamblea si considera
suficientemente discutida la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad
a favor de suficientemente discutida, señor Presidente.
El Presidente:
Está lo suficientemente discutida... Sírvase la Secretaría proceder
a recoger la votación en forma económica.
El secretario diputado Adrián Rivera Pérez:
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Unanimidad
a favor de la proposición, señor Presidente.
El Presidente:
Queda aprobada la proposición.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para procesar el siguiente tema, tiene la palabra, para hacer
comentarios sobre la política petrolera del Estado mexicano, el senador Serafín Ríos
Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10
minutos.
El senador Serafín Ríos Alvarez:
Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros
legisladores:
El día de hoy, en la sede de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, en Viena, están discutiendo la reducción de la oferta mundial del
petróleo crudo, que pudiera ser hasta por 1.5 millones de barriles diarios, con la
finalidad de estabilizar los precios a nivel de 25, 27 dólares por barril, en la canasta
de estos productores, lo que pudiera significar para la mezcla del petróleo mexicano
promedios similares a los 20 dólares por barril.
Para nuestro país las decisiones que se pudieran tomar en la OPEP
adquieren una gran significación, pues de ellas depende ni más ni menos que el
equilibrio presupuestal de la Federación y el papel que México jugará en los
equilibrios internacionales, específicamente dentro del estratégico mercado de
hidrocarburos, el cual es un factor determinante de los ritmos de desenvolvimiento de la
economía mundial.
Hay que recordar que México es uno de los principales exportadores de
petróleo y, se quiera o no, el mercado y los principales actores en el mundo le atribuyen
una gran responsabilidad a su comportamiento en esta materia.
El posicionamiento en los últimos días que ha reiterado el secretario
de Energía, Ernesto Martens, en el sentido de que México puede aumentar su exportación
en 200 mil barriles diarios, justamente cuando los precios internacionales se debilitan
por ampliación de la sobreoferta existente y de retrasar la decisión de México respecto
del recorte de la exportación petrolera que la OPEP está tratando de instrumentar,
implica en los hechos que nuestro país pierde la iniciativa que había sostenido desde
1998 en la ordenación del mercado petrolero internacional.
Tal posicionamiento puede construir un cambio en la política de
exportación petrolera, que de concretarse ocasionaría un grave perjuicio para la
economía del país y para los cursos internacionales del petróleo e indicaría que el
nuevo gobierno habría cedido finalmente a las presiones del gobierno estadounidense en
esta materia.
La caída de los precios internacionales en 1998 obligó al gobierno
mexicano a participar por primera vez, junto con la OPEP, en el control del mercado
internacional. Entre 1998 y 1999 México retiró 325 mil barriles diarios del mercado, en
un esfuerzo que llevó a los países exportadores miembros de la OPEP y de fuera de este
organismo a reducir la oferta diaria de 3.4 millones de barriles. Lo que permitió que la
mezcla de crudo mexicano pasara de ocho a casi 30 dólares por barril.
Para ello fue necesario que el Secretario de Energía y el director
general de Pemex se comprometieran en una gran concertación, poniendo en pie un mecanismo
muy intenso de consulta entre Arabia Saudita, Venezuela y México, donde cada uno de estos
países actúe en lo individual desplegando un gran esfuerzo diplomático que permitiera
hacer confluir las decisiones de la OPEP con las de grandes exportadores como Noruega o
aún atenuar las presiones de los Estados Unidos.
El crecimiento experimentado por la economía mundial y especialmente
la de los Estados Unidos, llevó a aumentar moderadamente la demanda de petróleo durante
el año pasado de 2.6% hasta llegar a 76.3 millones de barriles.
Sin embargo, ese comportamiento impulsó la oferta hasta de 6.5%,
pasando de 74 millones de 1999 a 78.9 millones en noviembre pasado.
De hecho el Instituto Americano de Petróleo señala que por primera
vez las refinarías están trabajando al 92% de su capacidad y que la oferta de destilados
y de aceites para calefacción en Estados Unidos reportan excedentes suficientes para
enfrentar el invierno, por lo que el abasto de petróleo crudo no es la causa de
crecimiento de los precios al consumidor, como si lo es la especulación y los altos
impuestos que se cobran en los países consumidores.
La presión de los grandes consumidores para los exportadores
aumentaron su producción y bajaron los precios. Dio resultado y así se incorporaron
diariamente 4.8 millones de barriles adicionales al mercado durante el año pasado. Ese
aumento resultó excesivo y ya para diciembre comenzó a registrarse una caída muy
acelerada de los precios internacionales, como lo muestra el caso del petróleo mexicano
que para los primeros días de este mes, es decir, en menos de un mes, ya había perdido
cerca del 50% del valor que tenía acumulado desde 1988.
Para este año se configura una situación diferente para el mercado
mundial del petróleo. Básicamente por el menor crecimiento de la economía mundial, lo
que obligará a reducir relativamente la oferta y a buscar los equilibrios de precios que
permitan mantener la estabilidad tanto de consumidores como de los países exportadores.
Estos equilibrios para México deben significar una banda de precios de
los principales mercados, cuyo nivel mínimo no sea inferior a los 25 dólares, lo que
representaría precios de 18 a 20 dólares en promedio para nuestro país.
De hecho se estima que para poder contener la caída de los precios los
exportadores deberán retirar del mercado 2.5 millones de barriles diarios de petróleo,
lo que implicaría que Pemex, al contrario de lo que ha sostenido el Secretario Martens,
deje de exportar alrededor de 150 mil barriles diarios para conservar un precio
equilibrado de entre los 18 y los 20 dólares por barril.
Para lograr este objetivo es de la mayor importancia que el nuevo
gobierno actúe con claridad y oportunidad, retomando la iniciativa de orientación del
mercado junto a los demás países exportadores.
A partir del pacto de Riat, México había tomado la iniciativa de dar
a conocer de manera anticipada el aumento o recorte de su exportación con la finalidad de
acentuar su posición. La decisión que ahora ha adoptado la Secretaría de Energía de
esperar el resultado de la OPEP y de que en su decisión estará presente la evolución de
la economía mundial y en particular de los Estados Unidos, es inusitada y los mexicanos
nos preguntamos: ¿dónde quedó el interés mexicano?
Declaraciones de este tipo no se le escucharon ni al anterior
secretario de Energía Luis Téllez, a quien se consideraba proclive a los Estados Unidos,
la posición del actual Gobierno es un movimiento de rezago que fragiliza no sólo la
posición del Gobierno mexicano frente a los Estados Unidos pues los separa del resto de
los exportadores, sino que debilita también a los demás exportadores y vuelve hacer
aparecer a México como esquirol de la OPEP, incluso la pérdida de iniciativa de la
diplomacia petrolera mexicana está en contrasentido de lo que se prefiguraría como una
política exterior más activa del Gobierno.
Para México, si el precio de su petróleo se ubica en 15 dólares en
promedio anual, llevaría a agotar prácticamente el fondo de estabilización de ingresos
petroleros constituido con los recursos adicionales del año pasado y eventualmente
conduciría a restricciones en el ejercicio presupuestal e incluso recortes del mismo.
Por esa razón es inaceptable la postura del Gobierno de declinar la
iniciativa que habrá mantenido en los últimos años para defender los precios del
petróleo.
Es urgente que la Secretaría de Energía modifique su postura, que se
defina un nivel de recorte a la exportación petrolera de nuestro país que acompañe
adecuadamente las medidas que en este sentido tomen los países exportadores y se
garantice una coordinación suficiente a fin de mantener la disciplina que requiere le
mercado mundial para encontrar un equilibrio de precios remuneradores.
En los tiempos actuales del país, es indispensable que los avances de
la democracia en lo político. también lleguen al ámbito económico, se deseche la
discrecionalidad y el autoritarismo en la toma de decisiones estratégicas que pueden
afectar al presente y futuro de todos los mexicanos ¡se dé curso en los hechos a
compartir la toma de decisiones entre el Ejecutivo y el Legislativo; de otro modo, no
sirve de nada que la Cámara de Diputados vote un presupuesto que se funda en la
estimación de una variable como lo es el precio del petróleo y después el Ejecutivo
Federal tome acciones que de manera discrecional afecten su evolución.
La política petrolera de México y de manera específica la plataforma
de exportación por su importancia en las finanzas públicas, en la relación con los
Estados Unidos y en la indispensable preservación de los recursos estratégicos y no
renovables que implica, debe constituirse en una verdadera política de Estado, ello
significa fundamentalmente que en su concepción y determinación participen juntos el
Poder Ejecutivo y Legislativo de tal forma que reúna al más amplio consenso nacional, se
eviten los bandazos y se fortalezca al Gobierno en turno frente a las ineludibles
presiones externas.
Desde aquí, como en otras ocasiones la fracción parlamentaria de mi
Partido, invita a los demás grupos parlamentarios para que juntos podamos votar un punto
de acuerdo donde esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al Presidente
de la República para que asuma con toda claridad la defensa de los precios de nuestro
petróleo, lo que significa en este momento la coordinación con los demás países
exportadores para reducir la oferta y poder estabilizar los mercados internacionales, así
como invitar al Secretario de Energía, Ernesto Martens, a comparecer ante la comisión
tercera de este órgano legislativo para discutir los presentes planteamientos así como
informar sobre la Asamblea Cumbre de sus Resolutivos en esta reunión de la OPEP al cual
asiste como Observador.
Muchas gracias.
El Presidente:
No habiendo quien más haga uso de la palabra sobre este tema, se ruega
a al Secretaría dé cuenta del orden del día,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA
La secretaria senadora Lidia Madero García:
Se han agotado los asuntos en cartera señor Presidente. Se va dar
lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Comisión Permanente.-- Primer Receso del Año.-- LVIII
Legislatura.
Orden del día
Miércoles 24 de enero de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación
Del Congreso del Estado de San Luis Potosí
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el
embajador Andrés Leopoldo Valencia Benavides, pueda aceptar y usar la condecoración de
la Orden de San Carlos, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la
República de Colombia. (Turno a comisión.)
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que
varios ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y la
cancelación de permisos otorgados. (Turno a comisión.)
Con el que se remiten trece hojas de servicios de miembros de la Armada
de México, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Dictamen de primera lectura
De la primera comisión con proyecto de decreto que concede permiso al
ciudadano Genaro Sánchez Rodríguez, para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana
al Mérito Militar, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República
del Perú.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé cuenta.
La secretaria senadora Lidia Madero García:
Es todo, señor Presidente.
El Presidente (a las 15:30 horas):
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el
miércoles 24 de enero a las 11:00 horas.