DIA 27 NOVIEMBRE DE 2001
SESION DEL PRIMER PERIODO
DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 27 NOVIEMBRE DE 2001
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ORDEN DEL DIA 27 NOVIEMBRE DE 2001. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
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| Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco | |
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| Oficios de la H. Cámara de Senadores | |
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| Iniciativas del Ejecutivo | |
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| Iniciativas de ciudadanos diputados | |
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| Dictámenes de primera lectura | |
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| Excitativas | |
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| Proposiciones | |
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| Efeméride | |
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| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Ruego a
la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se
informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputados, por lo tanto
hay quórum.
LA C. PRESIDENTA: Se abre la sesión (10.50 horas)
LA MISMA C. SECRETARIA: Se va a dar lectura al orden del
día:
( ORDEN DEL DIA )
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.—
LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 27 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Salvador López Orduña.
De los congresos de los Estados de Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco y Yucatán.
Del auditor superior de la Federación.
De la mesa directiva.
De la Junta de Coordinación Política.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco
Que reforma el quinto párrafo del artículo 80-A, de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta. (Turno a comisión.)
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite para los efectos del artículo 72, inciso h,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa que reforma
los artículos 13, 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y los artículos 2o. y
2o.-A, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, presentada por la
senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo. parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con el que se remite punto de acuerdo del Congreso del Estado de
Guerrero, por el que se solicita, se tome en cuenta la iniciativa del sur, como referencia
para el análisis, discusión y diseño del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del
año 2002. (Turno a comisión.)
Con el que remite punto de acuerdo por el que se solicita,
establecer partidas específicas a favor de los indígenas en el Presupuesto de Egresos de
la Federación, que se apruebe para el año 2002. (Turno a comisión.)
Con el que remite punto de acuerdo por el que exhorta a la
Cámara de Diputados a integrar ala brevedad posible la subcomisión de examen previo y se
aboque a dictaminar las solicitudes de juicio político, particularmente aquellas que
corran riesgo de prescripción. (Turno a comisión.)
Iniciativas del Ejecutivo
Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y
de Información. (Turno a comisión.)
De Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional el derecho a la
alimentación nutritiva, a cargo del diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que adiciona los artículos 33-A y 33-C, a la Ley para Regular
las Agrupaciones Financieras, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
Residuos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno
a comisión.)
De Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a
cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a
cargo del diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de reformas a la
Ley Federal de Derechos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el
Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas, de Ahorro y Préstamo y de Apoyo
a sus Ahorradores, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley del Impuesto General de Importación, a
cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Mónica Herrera Reyes,
María de Lourdes Hernández Mena y Alejandro Salyano Hernández, para prestar servicios
en la Embajada de la República Dominicana, en México. (Dispensa de segunda lectura,
discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con
proyecto de decreto que concede permiso al, ciudadano Armando Sánchez Anavarreto, para
prestar 'servicios en la Embajada de la República Argentina en México. (Dispensa de
segunda lectura, discusión y votación.)
Excitativas
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado
Jorge Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del
diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
A las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Puntos
Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado José Manuel
del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación a la organización de foros
sobre transparencia y acceso a la información pública, a cargo del diputado Abel Trejo
González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los hechos suscitados en la ciudad de
México, por los habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al proceso legislativo en
torno a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas
naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la Instalación de un Museo
Histórico Naval, a cargo del diputado Julio César Lizárraga López, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial
de Estudios y Desarrollo Metropolitano, a cargo del grupo Parlamentario del, Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre los procesos electorales en los
estados de Sinaloa, Michoacán, Tlaxcala y Puebla, a cargo del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo a fin de que el 1% del ramo 33 del
Presupuesto sea entregado a los poderes judiciales locales, a cargo del diputado Luis
Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al presupuesto de cultura para
el año de 2002, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al medio ambiente y áreas
naturales protegidas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de
la salud y empleados públicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con el proyecto de presupuesto
remitido por el Ejecutivo Federal, a cargo del grupo. parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con los recursos destinados al
IPAB, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Efeméride
Sobre el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, a
cargo de los grupos parlamentarios representados en Ia Cámara de Diputados.
LA C. PRESIDENTA: Está a consideración. No habiendo
ninguna observación… Diputado Omar Fayad, sonido en la curul del diputado. Adelante.
EL C. DIP. OMAR FAYAD MENESES: (DESDE SU CURUL) Nada más
solicitarle, si es tan amable, de que se corrija en la Gaceta en el rubro de iniciativas
de diputados, donde señala la iniciativa de reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que
Administra el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, que se corrija que es a cargo del grupo
parlamentario del PRI.
LA C. PRESIDENTA: Lo corregimos así, diputado. Tome nota la
Secretaría.
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Continuando con el orden del día, el tema consecutivo es la
discusión del acta de la sesión anterior. Adelante señor Secretario.
EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al
acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos
parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Se dispensa la lectura.
Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, celebrada el jueves veintidós de noviembre de dos mil uno, correspondiente al
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima
Octava Legislatura
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal.
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del jueves veintidós de noviembre
de dos mil uno, con la asistencia de trescientos veintiún diputados, la Presidenta
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la
sesión anterior.
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que
concede permiso a ciudadanos mexicanos para que puedan prestar servicios en la Embajada de
la República Dominicana en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, con proyectos de decreto por los que se concede permiso al ciudadano Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar las
condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas del Perú y de
Argentina. Son de primera lectura.
En votación económica, la Asamblea les dispensa la segunda
lectura y sin nadie que haga uso de la palabra, con el registro de trescientos cincuenta y
cuatro diputados, a las diez horas con cincuenta y tres minutos, la Secretaría ordena el
cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
La Secretaría recoge la votación nominal de los proyectos de
decreto, misma que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y siete votos en pro,
cincuenta y seis en contra y trece abstenciones.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.
Pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales.
La Presidenta informa de la presencia en el Recinto de una
delegación de parlamentarios de la República Italiana, encabezada por el excelentísimo
señor Pier Ferdinando Casini, Presidente de la Cámara de Diputados italiana, a quien
concede el uso de la palabra para dirigir un mensaje a la Asamblea.
La Presidenta agradece la visita realizada y expresa comentarios
respecto a los aportes de la cultura y el humanismo italianos al desarrollo universal de
los valores democráticos.
Comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público
La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, da lectura
al acuerdo aprobado por la Asamblea, relativo a la comparecencia del Secretario de
Hacienda y Crédito Público para explicar los criterios generales de política
económica, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos.
La Presidenta informa que en el salón de recepción se
encuentra el licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y
designa una comisión para introducirlo y acompañarlo hasta el lugar que le ha sido
asignado.
La Presidencia concede el uso de la palabra al Secretario de
Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, para dar cuenta de la
Iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de dos mil dos, así como para exponer los criterios generales de
política económica correspondientes.
Fijan la posición de su partido político o grupo parlamentario
en relación con los criterios generales de política económica, los diputados: José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional;
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo;
Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de México;
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal;
Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución
Democrática; Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional; y
Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario
Institucional.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.
Se concede la palabra, para hacer sus comentarios al respecto,
al Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz.
En la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas sobre
los criterios generales de política económica y la iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dos, suben a la tribuna los diputados:
Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social; Víctor Antonio García
Dávila, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de
México; Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; César Alejandro
Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional; y Florentino Castro López, del Partido
Revolucionario Institucional; a quienes en su oportunidad el Secretario de Hacienda y
Crédito Público da respuesta.
Ejercen su derecho de réplica, los diputados: José Manuel del
Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, en el turno de
la diputada Lorenzo Juárez; Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo;
Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Ulloa Pérez, del
Partido de la Revolución Democrática; Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, en el turno del
Partido Acción Nacional; e Ildefonso Guajardo Villarreal, en el turno del Partido
Revolucionario Institucional.
En la segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas sobre
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos
mil dos, suben a la tribuna los diputados: Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, del Partido
Alianza Social; Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis
Arias, del Partido Verde Ecologista de México; Tomás Torres Mercado, del Partido de la
Revolución Democrática; Abel Ignacio Cuevas Melo, del Partido Acción Nacional; y David
Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional; a quienes en su oportunidad el
Secretario de Hacienda y Crédito Público da respuesta.
Ejercen su derecho de réplica, los diputados: Félix
Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido
Verde Ecologista de México; Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución
Democrática; Yadhira Yvette Tamayo Herrera, en el turno del Partido Acción Nacional; y
Miguel Arizpe Jiménez, en el turno del Partido Revolucionario Institucional.
Concluida la comparecencia, la Presidenta solicita a la
comisión designada para acompañar al Secretario de Hacienda y Crédito Público cuando
decida retirarse, cumplir con su cometido.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al
orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura. la de hoy a las dieciséis
horas con veinte minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintisiete de
noviembre de dos mil uno, a las diez horas.
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la
palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Aprobada, señora Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA: Pasamos al capítulo de comunicaciones.
EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Comunicaciones:
( Del diputado Salvador López Orduña )
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por este medio, le comunico que en virtud de haber fineado las
causas por las cuales solicité permiso para separarme temporalmente del cargo de diputado
federal, de esta LVIII Legislatura, solicito mi incorporación nuevamente para continuar
desempeñando mi labor.
Por lo anterior, ruego a usted dar los avisos correspondientes a
efecto de que se me de alta en los sistemas respectivos de la Cámara a partir de esta
fecha.
Agradezco de antemano las atenciones prestadas a la presente.
Atentamente.
México D. F., a 22 de noviembre de 2001.— El diputado
Salvador López Orduña.
LA C. PRESIDENTA: DE ENTERADO y se le tiene por
reincorporado a sus labores legislativas.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
( Del estado de Durango )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso
del Estado de Durango.— Honorable Legislatura.
Cámara de Diputados del Palacio Legislativo — México, D.
F.
Atención: Comisión de presupuesto cuenta Pública.
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la LXII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo, el cual
nos permitimos transcribir, para su conocimiento y efectos legales convenientes.
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Comunicar al Secretario de Salud, Julio Frenk,
nuestra inconformidad por el proyecto de Presupuesto de Egresos para Durango en el ramo 33
para el ejercicio fiscal 2002 y solicitar a su vez que en la determinación de este
último se respete el irreductible asignado para el año 2001 y lo establecido en el
artículo 30 fracción tercera de la Ley de Coordinación Fiscal.
Segundo. Solicitar a la Cámara de Diputados y en especial a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública su intervención para que se aplique
cabalmente las normas de distribución de las aportaciones federales en materia de salud
contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Nos es grato reiterar a ustedes las seguridades de nuestra
consideración, atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"2001, El año de la Lectura en Durango"
Victoria de Durango, Durango., a 31 de octubre de 2001.—
Diputados: Isaías Berumen Aguilar y Alfonso Mercado Chávez, secretarios.
LA C. PRESIDENTA: TÚRNESE A LA COMISION DE SALUD, para su
conocimiento.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
( Del estado de Guerrero )
Escudo.— LVI Legislatura.— Guerrero.— Honorable
Congreso del Estado.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 6 de noviembre del año en curso, tuvo a
bien aprobar el acuerdo parlamentario, por medio del cual exhortan de manera respetuosa al
Presidente de la República y solicitan a esa Cámara, para que tomen en cuenta el
esfuerzo plural planteado en la iniciativa del sur en la confección de la iniciativa del
presupuesto de egresos para el año 2002.
Sin otro particular, reciba mi consideración distinguida.
Atentamente.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, noviembre 9 de 2001.—
El presidente de la Comisión Permanente del honorable congreso del Estado, Ernesto Vélez
Memije.
La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, y
CONSIDERANDO
Primero. Que el 23 de noviembre de año pasado, senadores de
los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción
Nacional y Verde Ecologista de México, propusieron al Poder Ejecutivo Federal y a la
Cámara de Diputados la iniciativa del sur, documento que plantea incluir un fondo anual
especial para los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación que equivalga, por lo menos, al 1% del Producto Interno Bruto durante los
próximos seis años, a fin de impulsar el desarrollo de esas entidades.
Segundo. Que incorporar al sur del país al desarrollo
nacional, requiere de todas las fuerzas políticas y los instrumentos de los tres órdenes
de gobierno, de la sociedad, de los inversionistas y del resto de las regiones de la
República, y suscribir bases de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos
estatales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y estos a su vez con los ayuntamientos, mediante
una instancia nacional de planeación, seguimiento, evaluación y fiscalización.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso del Estado
coincide en la necesidad de que en lo social, en los próximos seis años, los indicadores
de educación, salud, alimentación, empleo y servicios a la vivienda de dichos estados se
igualen a los promedios nacionales.
Asimismo, se pronuncia por la construcción de una red de
comunicación que permita salir del aislamiento a las comunidades, aumentar la
productividad regional y avanzar en su integración económica, impulsar la defensa del
ecosistema y estimular la creación de empleos sustentables, para lo cual es necesario
revisar los instrumentos públicos, que apoyen los proyectos productivos e incentivar la
inversión privada.
Cuarto. Que ante la inminente integración de la iniciativa
de Presupuesto de Egresos para su ejercicio en el año 2002 por parte del Gobierno de la
República, y su posterior análisis, discusión y aprobación en las cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, se hace indispensable que la Comisión
Permanente del Congreso del Estado emita un exhorto de dichas instancias para que sea
considerada la iniciativa del sur planteada en la Cámara de Senadores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos
47 fracción I de la Constitución Política local; 8o. fracción I y 127 párrafos
primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor; La Comisión
Permanente de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Artículo primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso del Estado emite un respetuoso exhorto al Presidente de la República, Vicente
Fox Quesada, para que tome en cuenta el esfuerzo plural planteado en la iniciativa del sur
en la confección de la iniciativa de presupuesto de egresos para el año 2002, que habrá
de someter a la consideración del Congreso de la Unión, en las próximas
semanas.
Artículo segundo. Solicita atentamente a las cámaras de
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, tengan a la iniciativa del sur como un
referente para el análisis, discusión y diseño del presupuesto de egresos para su
ejercicio en el año 2002.
Artículo tercero. Publíquese el presente punto de acuerdo
parlamentario en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, y ordénese su inclusión
en dos diarios de mayor circulación estatal, para el conocimiento general y efectos
legales procedentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente punto de acuerdo parlamentario surtirá
los efectos a partir de la fecha de su expedición.
Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 6 de noviembre de
2001.— Ernesto Vélez Memije, presidente; Roberto Álvarez Heredia, Sebastián
Alfonso de la Rosa Peláez, secretarios.
LA C. PRESIDENTA: TÚRNESE A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PUBLICA.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
( Del estado de Hidalgo )
Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de
Hidalgo.
Cámara de Diputados.— Presente.
Con toda atención, me permito comunicar a ustedes, que la LVI
Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión
ordinaria celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, eligiendo al presidente y vicepresidente, de la
mesa directiva de este propio honorable Congreso, que fungirá durante el mes de noviembre
del año en curso, habiendo resultado electos los diputados: Javier Silva Chávez,
presidente; María del Carmen Rocío Tello Zamorano, vicepresidente.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles
las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Pachuca, Hgo., a 30 de octubre de 2001.— Licenciado Manuel
Angel Villagran Valdespino.
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL MISMO SECRETARIO:
(Del Congreso del Estado de Jalisco, Punto de Acuerdo, Elusión
de Pago de la Cuota Compensatoria).
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Honorable Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, Palacio
Legislativo san Lázaro delegación Venustiano Carranza México, D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco,
en sesión de fecha 30 de octubre del presente año, aprobó el acuerdo económico número
298/01 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se
solicita a esa honorable soberanía, de considerarlo procedente y en el ejercicio de su
respectiva competencia, se adhieran al contenido del acuerdo que se les acompaña, y que,
las acciones que se sirvan tomar al respecto las hagan del conocimiento de esta
legislatura jalisciense para los efectos procedentes.
Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía
jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en, vía de notificación personal y para
los efectos legales subsecuentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 5 de noviembre de 2001.— L.C.T.C.
Leonardo García Camarena, oficial mayor.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Ciudadanos diputados:
El que suscribe, diputado José Trinidad Muñoz Pérez, haciendo
uso de la facultad establecida en el artículo 28 fracción I de la Constitución
Política del Estado, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, 88 y 90 de
la Ley Orgánica que regula a este Poder Legislativo, someto a la consideración de esta
Asamblea en pleno, iniciativa de acuerdo económico, que presento con base en los
siguientes
CONSIDERANDOS
I. La actividad porcícola ocupa un lugar importante en la
economía del país y sobre todo en la del Estado; al ser Jalisco el primer productor
porcícola a nivel nacional. Lo anterior es motivo para seguir fomentando medidas que
desarrollen e impulsen a este sector. Sin embargo, y a decir de los organismos nacionales
de porcicultura, en las últimas semanas esta actividad económica ha empezado a sufrir
una grave baja de precios de hasta un 20%, con la tendencia a que este porcentaje se siga
incrementando, siendo Jalisco uno de los estados que mayor han resentido este efecto.
II. Varios son los factores que han incidido de manera negativa
en el desarrollo de estos precios, entre ellos la apreciación del peso frente al dólar
que otorga un subsidio implícito a las importaciones, la incertidumbre en el ámbito
macroeconómico consecuencia de los acontecimientos de septiembre por todos conocidos, la
estacionalidad de los precios y sobre todo el incremento de las importaciones de carne de
cerdo. Este último factor cobra una importancia significativa, ya que el aumento de las
importaciones llega a más del 70% respecto a 1999, cantidad que representa
aproximadamente el 25% de la producción nacional estimada. Aunado a lo anterior, la
Secretaría de Economía, en su resolución preliminar emitida el 6 de Julio del año en
curso, reconoce que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación
sobre la elusión del pago de la cuota compensatoria que se impone a las importaciones de
cerdo vivo para abasto provenientes de los Estados Unidos, cuota establecida para evitar
las acciones de competencia desleal e iniquitativa.
III. La circunstancia antes señalada pone en gran desventaja a
los porcicultores mexicanos y afecta la producción nacional, ya que es precisamente en
estos meses cuando los productores nacionales tienen una recuperación del precio de sus
productos. Si bien es cierto que estamos en una economía de libre mercado donde el
consumidor decide que productos desea adquirir, la competencia debe desarrollarse bajo
reglas claras y precisas donde todos tengan las mismas oportunidades, por lo que la
elusión del pago de esta cuota rompe con el principio de equidad que deba imperar en toda
transacción comercial.
IV. Como legisladores, es conveniente que apoyemos a este sector
que pasa por momentos difíciles, solicitando a la autoridad competente tome las medidas
necesarias y actúe de manera enérgica para la resolución de este conflicto, a fin de
que la actividad porcícola mexicana recobre la importancia que la ha caracterizado y siga
contribuyendo al desarrollo de la economía de nuestro Estado y del País.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de
este honorable Congreso la siguiente
INICIATIVA
De acuerdo económico
Primero. Gírese atento oficio al titular de la Secretaría
de Economía, mediante el cual se le comunique la preocupación de este honorable Congreso
sobre la situación de los porcicultores mexicanos, solicitándole investigue los hechos
relativos a la elusión del pago de la cuota compensatoria a las importaciones de cerdo
vivo para abasto provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
Segundo. Gírense atentos oficios al Gobernador del Estado
de Jalisco y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, donde se les haga la recomendación de este honorable Congreso,
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias
para el apoyo del sector porcícola.
Tercero. Remítanse copias del presente acuerdo al honorable
Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, de considerarlo
procedente y en el, ejercicio de sus respectivas soberanías, se adhieran al contenido del
mismo.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco a 30 de octubre de 2001.— Diputado
José Trinidad Muñoz Pérez.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
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EL MISMO SECRETARIO:
(Del Congreso del Estado de Yucatán. Elección de la Mesa
Directiva)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.— Gobierno del Estado de
Yucatán.— Gobierno del Estado de Yucatán.— Poder Legislativo.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en junta preparatoria celebrada en
esta fecha por la LVI Legislatura del Estado, se eligió a mesa directiva que fungirá
durante el primer mes del segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al
primer año de ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente;
diputados: María Beatriz Zavala Peniche, presidenta; Ricardo Alberto Gutiérrez López,
vicepresidente; José María Fernández Medina, Luis Armando Ríos Díaz, secretarios;
Joaquín Meléndez Herrera, Felipe de Jesús Ramírez Burgos, suplentes.
Protesto a V. H. mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida Yucatán, a 8 de noviembre de 2001.— El secretario
de la diputación permanente del honorable Congreso del Estado de Yucatán, Pedro Oxte
Conrado.
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL MISMO SECRETARIO:
(Del Auditor Superior de la Federación OASF/1681/2001).
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Auditoria
Superior dela Federación.— Cámara de Diputados.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.— Presente.
Ante la cercanía del momento en el cual habrá de decidirse
sobre la ratificación o no del suscrito, como titular de la Auditoría Superior de la
Federación, y en virtud de lo manifestado por algunos ciudadanos diputados federales, en
el sentido de recomendar la realización de una convocatoria pública para la elección de
un nuevo funcionario, sin antes haberse desahogado el proceso para la ratificación o no
del titular en funciones, respetuosamente me permito solicitar a usted se esté a lo
dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio del decreto mediante el cual se reforman los
artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999.
Al respecto, considero ético y pertinente informar a usted que
existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable a
este caso, donde se establece que la ratificación no es una mera alternativa o
posibilidad, sino un derecho adquirido, a menos que existan motivos graves que la impidan.
Asimismo, cabe recordar que en diciembre de 1998 fui electo
contador mayor de Hacienda, por votación calificada del pleno de la Cámara de Diputados,
para el periodo comprendido de diciembre de 1998 a diciembre de 2006. Por su parte, la
Exposición de Motivos del proyecto de reformas constitucionales antes mencionadas,
establece que la naturaleza de las funciones de la fiscalización superior de la
Federación hace indispensable dar una esfera de protección jurídica especial al titular
de la entidad, lo cual se logra no sólo con el procedimiento previsto para su
designación sino también para su remoción, en caso de que ésta fuese necesaria a
juicio de la sociedad o de sus representantes.
De la sana interpretación de las disposiciones jurídicas
invocadas, se desprende que la Cámara de Diputados, se encuentra compelida a someter a
consideración de su Pleno la ratificación del actual titular de la Auditoría Superior
de la Federación, para cumplir con la voluntad manifiesta del constituyente permanente;
en ese sentido, el servidor público de referencia, ante las circunstancias especiales de
su designación y nombramiento, tendrá el derecho legítimo de ser ratificado en la forma
prevista en la Constitución, o en caso contrario, a obtener el dictamen valoratorio
aprobado por la Asamblea.
Sin menoscabo de que la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación no prevé la forma en que deberá realizarse un procedimiento de no
ratificación, a la Cámara de Diputados no le resulta potestativa ni discrecional la
emisión de un dictamen; por el contrario, se tiene obligación de ello, en cumplimiento
estricto del principio de legalidad, a fin de legitimar en todos sus extremos la eventual
designación o nombramiento de un sucesor.
De no darse los supuestos legales antes enunciados, dicho
nombramiento resultaría viciado y en consecuencia, las actuaciones del nuevo titular
estarían afectadas de nulidad ante el derecho a la ratificación del auditor superior en
funciones, no sólo porque desde su designación adquirió ese derecho condicionado, sino
por el interés de la sociedad.
Agradezco de antemano su consideración al presente y me reitero
a su disposición para cualquier aclaración o ampliación al respecto.
Atentamente.
México, D. F., a 27 de noviembre de 2001.— C. P. Gregorio
Guerrero Pozas, auditor superior de la Federación.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
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EL MISMO SECRETARIO:
(De la Mesa Directiva sobre Informes de Actividades y Programas
de Trabajo de Comisiones).
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Esta Presidencia ha recibido informe de actividades y programa
de trabajo de las siguientes comisiones:
Informe de actividades, por la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública; periodo marzo-septiembre 2001.
Programa de trabajo, por la Comisión Especial del sur-sureste;
periodo 2001-2003.
Lo que comunico a ustedes, para que lo hagan del conocimiento de
la honorable Asamblea.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de
2001.— Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, me permito solicitar a usted:
Que el diputado Héctor Taboada Contreras, quede como secretario
de la Comisión de Pesca y el diputado Rigoberto Romero Aceves quede como integrante de la
misma comisión.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 26 de noviembre de
2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para
remitirle la siguiente sustitución:
Por la Comisión de Pesca: el diputado Taboada Contreras como
secretario, sustituye al diputado Rigoberto Romero Aceves, quien queda como integrante de
la misma.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida,
para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi
consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 26 de noviembre de 2001.— Diputado
Alejandro Zapata Perogordo, coordinador adjunto del grupo parlamentario del PAN.
LA C. PRESIDENTA: Túrnense los originales a la conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquense en la
Gaceta Parlamentaria.
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EL MISMO SECRETARIO:
(De la Junta de Coordinación Política. Cambio de integrantes
de comisiones y de mesas directivas)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva
de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado
Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, me permito solicitar a usted:
Que el diputado Rodolfo Echeverría Ruiz Salga de la Comisión
de Energía y entre el diputado Manuel Medellín Milán.
Que el diputado Enrique Ramos Rodríguez salga de la Comisión
de Vivienda y entre la diputada Hilda Anderson Nevárez.
Que le diputad Hilda Anderson Nevárez salga de la Comisión del
Distrito Federal y entre el diputado Raúl Cervantes Andrade.
Que el diputado José Francisco Yunes Zorrilla salga de la
Comisión de Ciencia y Tecnología.
Que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín salga de la
Comisión de participación Ciudadana.
Que el diputado José Antonio Hernández Fraguas salga de la
Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Que la diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez salga
de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 26 de noviembre de
2001.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.
EL MISMO SECRETARIO:
(De la Junta de Coordinación Política)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del grupo parlamentario del
PRI.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 34 numeral 1 inciso c y 44
numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago
de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, la siguiente sustitución de
integrantes de este grupo parlamentario, así como cambios de mesas directivas, en las
siguientes comisiones legislativas.
Por la Comisión de Energía: sale el diputado Rodolfo
Echeverría Ruiz, entra el diputado Manuel Medellín Milán.
Por la Comisión de Vivienda: sale el diputado Enrique Ramos
Rodríguez y entra la diputada Hilda Anderson Nevárez.
Por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social:
salen la diputada Celia Martínez Bárcenas, como secretaria y queda solamente como
integrante y la diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez; entra el diputado Raúl
H. González Villalva como secretario
Por la Comisión del Distrito Federal: sale la diputada Hilda
Anderson Nevárez y entra el diputado Raúl Cervantes Andrade.
Por la Comisión de Ciencia y Tecnología: sale el diputado
José Francisco Yunes Zorrilla.
Por la Comisión de Participación Ciudadana: sale el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín.
Por la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo: sale el
diputado José Antonio Hernández Fraguas.
Por la Comisión de Marina: entra la diputada María Luisa
Araceli Domínguez Ramírez, como secretaria de la comisión.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi consideración distinguida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de
2001.— Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.
EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta si
se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación).
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
LA PRESIDENTA: Aprobado.
EL MISMO SECRETARIO:
(el dip. Raúl Homero González Villalba se integre como
secretario en la Com. De Fomento Cooperativo, y la diputada Celia Martínez quede como
integrante de la misma comisión. La diputada María Luis Araceli Domínguez Ramírez
entra como secretaria de la Comisión de Marina)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del grupo parlamentario del
PRI.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 34 numeral 1 inciso c y 44
numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago
de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, la siguiente sustitución de
integrantes de este grupo parlamentario, así como cambios de mesas directivas, en las
siguientes comisiones legislativas.
Por la Comisión de Energía: sale el diputado Rodolfo
Echeverría Ruiz, entra el diputado Manuel Medellín Milán.
Por la Comisión de Vivienda: sale el diputado Enrique Ramos
Rodríguez y entra la diputada Hilda Anderson Nevárez.
Por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social:
salen la diputada Celia Martínez Bárcenas, como secretaria y queda solamente como
integrante y la diputada María Luisa Araceli Domínguez Ramírez; entra el diputado Raúl
H. González Villalva como secretario
Por la Comisión del Distrito Federal: sale la diputada Hilda
Anderson Nevárez y entra el diputado Raúl Cervantes Andrade.
Por la Comisión de Ciencia y Tecnología: sale el diputado
José Francisco Yunes Zorrilla.
Por la Comisión de Participación Ciudadana: sale el diputado
Jorge Carlos Ramírez Marín.
Por la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo: sale el
diputado José Antonio Hernández Fraguas.
Por la Comisión de Marina: entra la diputada María Luisa
Araceli Domínguez Ramírez, como secretaria de la comisión.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle
las seguridades de mi consideración distinguida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de noviembre de
2001.— Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.
EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta si
se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación) EL PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Aprobada.
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EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(oficio del Congreso del estado de Jalisco)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—
México, D.F.
La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco,
en sesión de fecha 8 de noviembre del presente año, aprobó el acuerdo económico
número 324/01 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el
cual esta Legislatura jalisciense, tiene a bien elevar a esa alta representación popular,
iniciativa de decretó que reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, con objeto de establecer que, para el cálculo del monto del
subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta, se exceptúen las aportaciones
patrimoniales al IMSS, al Infonavit y similares de previsión social.
Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía
jalisciense, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para
los efectos legales subsecuentes, ,agradeciéndole que las acciones que. se sirva tomar al
respecto, las haga del conocimiento de esta Representación, a la brevedad posible, a fin
de darles el curso correspondiente.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, a 8 de noviembre de 2001.— Leonardo
García Camarena, oficial mayor.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno
de Jalisco— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.
Ciudadanos diputados del honorable Congreso del Estado de
Jalisco.— Presente.
EL que suscribe diputado Octavio F. Navarro Prieto integrante de
esta LVI Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 28 fracción I y 35 fracción I de la Constitución Política, así como lo
dispuesto por los numerales 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco, someto a la elevada consideración de esta Asamblea,
la siguiente iniciativa de acuerdo económico que envía una iniciativa con proyecto de
decreto al honorable Congreso del la Unión y comunicación a todas y cada una de las
legislaturas de los estados, así como a la Asamblea legislativa del Distrito Federal,
bajo la siguiente
EXPOSICIÓN MOTIVOS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (segunda sala), en
fecha 15 de mayo del presente año resolvió la contradicción de tesis número
97/2000-SS, del conflicto suscitado en la interpretación del párrafo quinto del
artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que hace referencia al cálculo del
subsidio acreditable contra el citado impuesto y, si las aportaciones de previsión social
se consideran o no como ingresos de los trabajadores.
Esta misma Sala, aprobó la tesis jurisprudencia¡ número
19/2001 que resolvió la contradicción de tesis en los siguientes términos: "pasa
obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el
tributo a que se refiere el artículo 80-A de la ley relativa, deben incluirse las cuotas
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios
personales subordinados".
En este mismo sentido, en el Diario Oficial de la
Federación del 20 de diciembre de 1991, se publicó la reforma que contenía entre otras,
modificaciones al quinto párrafo del artículo 80-Á de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, relativo a la forma de calcular el subsidio acreditable contra el Impuesto Sobre la
Renta para las personas físicas; reforma que consiste en lo siguiente:
"la proporción mencionada se calculará para todos los
trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el
ejercicio inmediato anterior que, sirva de base para determinar el impuesto en los
términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por
cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados,
incluyendo entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión
social, servicios de comedor, comida y trasporte proporcionados a los trabajadores aún
cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador este sujeto al pago del
impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del
Trabajo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó la
regla 100-B en la que se establece que también se considerarán como erogaciones los
pagos de contribuciones que originalmente corresponden al propio empleador, como: Las
cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos
locales sobre nóminas.
Los anteriores criterios tanto de la del Poder Judicial de la
Federación, como de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en considerar a las aportaciones de previsión social
como ingresos para el trabajador y la falta de claridad con la que ha sido redactada el
articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ha propiciado la tramitación de
diversos juicios de amparo, lo que ha originado interpretaciones y consideraciones
diferentes en relación a si las referidas cuotas entran a formar parte o no del
patrimonio como ingresos del trabajador para efectos del cálculo del subsidio acreditable
contra el impuesto sobre la renta; si se consideran como tales, lógicamente se
incrementará el monto del impuesto a enterar y disminuirá el subsidio.
Por su parte y en fecha reciente de 23 de octubre del año en
curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto parcialmente el problema
mediante el amparo directo en revisión número 949/2001, sosteniendo que el contenido del
quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al considerar a
las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del
Fondo Nacional de la vivienda pata los Trabajadores como signo de capacidad contributiva,
dan lugar a que su pago incremente el impuesto a cargo de los trabajadores, trasgrediendo
el principió de proporcionalidad tributaria y en consecuencia resultar inconstitucional.
Es evidente que ante la situación que impera no solo en el
país, sino' en el resto del mundo debido a los sucesos por todos conocidas, la clase
trabajadora que representa el respaldo de los millones de obreros y asalariados resulta
ser la más afectada, en virtud de que necesitan del subsidio contra el impuesto sobre la
renta.
Cabe mencionar, que en virtud de las reglas y principios que
rigen al juicio de amparo, la sentencia que en fecha reciente (23 de octubre del 2001) ha
emitido el máximo tribunal del, país, sólo beneficiará a la recurrente, no ha si a la
generalidad de los obreros afectados; por eso se considera que el problema esta
parcialmente resuelto, ya que si los demás trabajadores quisieran obtener el amparo y
protección de la justicia federal tendrán que interponer nuevos juicios de amparo. Ante
tal situación, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco tiene el compromiso de salir
ala defensa de los derechos laborales, no solo de los asalariados jaliscienses, sino de
toda la República, por tal motivo, esta soberanía debe pronunciarse en el sentido de
reformar el artículo 80-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de conformidad con las
facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
así establecer con claridad en el artículo objeto de esta iniciativa, que las
aportaciones de previsión social no se considerarán como ingresos para el trabajador ni
se tomarán en cuenta para establecer el cálculo del subsidio acreditable en contra del
impuesto sobre la renta.
CONSIDERANDO
I. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 28 fracción I
de la Constitución Política de Jalisco, es facultad de los diputados elevar al Congreso
del estado iniciativas de ley o decretos.
II. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85, 88
y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es atribución de cada diputado, formular
y presentar iniciativas de ley, de decreto o de acuerdo económico.
III. Que de conformidad con el artículo 71 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas
de los estados iniciar leyes o decretos en materia federal.
IV. Que es necesario que esta soberanía se pronuncie a favor de
la clase trabajadora y emita punto de acuerdo que contenga reforma al quinto párrafo del
artículo 80-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por lo anterior mete expuesto compañeros diputados, someto a su
elevada consideración iniciativa de acuerdo económico en los siguientes términos.
ACUERDO ECONOMICO
Único. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco
tiene a bien poner a consideración del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en
lo que establece el numeral 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, iniciativa de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 80-a
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad de establecer que para el cálculo
del monto del subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta, se exceptuarán las
aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para las Trabajadores y similares de previsión social, en los
siguientes términos:
Artículo único. Se reforma el párrafo quinto del
artículo 80-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 80-A. . .
Quinto párrafo
Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el
impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo,
se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se
obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la
unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos
conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del
empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato
anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo,
entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo, por cualquier concepto
relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo a las
inversiones, sin que forme parte de ellas los gastos efectuados en relación con
previsión social, .servicios de comedor, comida y trasporte proporcionados a los
trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador este
sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas sin incluir los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la
Ley Federal del Trabajo, cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se
tendrá derecho al subsidio.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso del Estado de Jalisco, acuerda remitir
el presente acuerdo económico que contiene iniciativa de decretó que reforma el párrafo
quinto del artículo 80-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a cada una de las
legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
para que de considerarlo procedente se sumen con iniciativas similares.
Atentamente.
Guadalajara, Jalisco, noviembre 6 de 2001.— El diputado Octavio
F. Navarro Prieto.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
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EL MISMO SECRETARIO:
(Oficio de la Cámara de Senadores iniciativa que reforma los
artículos 13, 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y artículos 2 y 2-A de la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—
Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta
fecha, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, presentó
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos
12, 44 y 45 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La presidencia dictó el siguiente trámite: "Remítase a
la Cámara de Diputados, para los efectos del inciso h, del artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, D. F., a 21 de noviembre de 2001.— Senador César
Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual:
• Se reforman los artículos 13, 44 y 45 de la Ley del
Impuesto Sobre la renta.
• Se reforman los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio.
Artículo primero, Se reforman los artículos 13, 44 y 45 de
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 13. . .
I a la IV. . .
V. 15%, si los contribuyentes están dedicados exclusivamente a
la generación eléctrica de alta eficiencia energética.
V!. 25%, si !os contribuyentes están dedicados exclusivamente a
!a generación eléctrica hidráulica, solar, geotérmica, maremotriz, eólica, biomasa y
cogeneración.
Artículo 44. . .
I. a la IX. . .
X, , ,
a. . .
b. . .
c. . .
d. Equipo destinado a la generación eléctrica hidráulica,
solar, geotérmica, maremotriz, eólica y biomasa.
XI y XII. . .
Artículo 45. . .
I a la XIV. . .
XV. 7% Para activos destinados a la generación, transmisión,
transformación y distribución de electricidad.
XVI. 10% para activos destinados en la generación de energía
eléctrica de alta eficiencia energética.
Artículo segundo. Se reforman los artículos 2o. y 2o.-A de
la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o. . .
I. . .
A a la J. . .
K. Combustóleo 40%
II y III. . .
Artículo 2o.-A. . .
I. a la VI. . .
La tasa que se obtuvo conforme a la fracción V de este
artículo en lo correspondiente a diesel para uso automotor, para uso industrial de alto y
bajo azufre, exceptuando al diesel para uso en vehículos marinos, se incrementara
multiplicándose por el factor de toxicidad 1.18.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180
días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que
entren en contradicción con el presente decreto.
Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 21
de noviembre de 2001.— Senadores: Jorge Emilio González Martínez, verónica,
Velasco Rodríguez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Gloria
Lavara Mejía.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
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EL MISMO SECRETARIO:
(oficio del Senado de la República, remitiendo punto de acuerdo
del Congreso del Estado de Guerrero, sobre la iniciativa del Sur)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—
Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta
fecha, se recibió del Congreso del Estado de Guerrero, punto de acuerdo por el que
solicitan a las cámaras del Congreso de la Unión, tener a la iniciativa del sur como un
referente para el análisis, discusión y diseño del Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio del año 2002.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Remítase a
la Cámara de Diputados".
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México D. F., a 22 de noviembre de 2001.— El senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente.
Escudo.— Congreso del Estado Guerrero.— LVI
Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 6 de noviembre del año en curso, tuvo a
bien aprobar el acuerdo parlamentario, por medio del cual exhortan de manera respetuosa al
presidente de la República y solicitan a esa Cámara, para que tomen en cuenta el
esfuerzo plural planteado en la iniciativa del sur en la confección de la iniciativa del
Presupuesto de Egresos para el año 2001.
Sin otro particular, reciba mi consideración distinguida.
Atentamente.
Chilpancingo de la Bravos, Guerrero, noviembre 9 de 2001.—
El presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado, Ernesto Vélez
Memije.
La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y
CONSIDERANDO
Primero. Que el 23 de noviembre de año pasado, senadores de
los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción
Nacional y Verde Ecologista de México, propusieron al Poder Ejecutivo Federal y a la
Cámara de Diputados la iniciativa del sur, documento que plantea incluir un fondo anual
especial para los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación que equivalga, por lo menos, al 1% del Producto Interno Bruto durante los
próximos seis años, a fin de impulsar el desarrollo de esas entidades.
Segundo. Que incorporar al sur del país al desarrollo
nacional, requiere de todas las fuerzas políticas y los instrumentos de los tres órdenes
de gobierno, de la sociedad, de los inversionistas y del resto de las regiones de la
República y suscribir bases de coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos
estatales de Chiapas, Guerrero y Oaxaca y estos a su vez con los ayuntamientos, mediante
una instancia nacional de planeación, seguimiento, evaluación y fiscalización.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso del Estado
coincide en la necesidad de que en lo social, en los próximos seis años, los indicadores
de educación, salud, alimentación, empleo y servicios a la vivienda de dichos estados se
igualen a los promedios nacionales.
Asimismo, se pronuncia por la construcción de una red de
comunicación que permita salir del aislamiento a las comunidades, aumentar la
productividad regional y avanzar en su integración económica, impulsar la defensa del
ecosistema y estimular la creación de empleos sustentables, para lo cual es necesario
revisar los instrumentos públicos, que apoyen los proyectos productivos e incentivar la
inversión privada.
Cuarto. Que ante la inminente integración de la iniciativa
de Presupuesto de Egresos para su Ejercicio en el año 2002 por parte del Gobierno de la
República, y su posterior análisis, discusión y aprobación en las Cámaras de
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, se hace indispensable que la Comisión
Permanente del Congreso del Estado emita un exhorto de dichas instancias para que sea
considerada la iniciativa del sur planteada en la Cámara de Senadores.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos
47 fracción I de la Constitución Política local; 8o. fracción I y 127 párrafos
primero y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor; La Comisión
Permanente de la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente:
ACUERDO PARLAMENTARIO
Artículo primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso del Estado emite un respetuoso exhorto al Presidente de la República, Vicente
Fox Quesada, para que tome en cuenta el esfuerzo plural planteado en la iniciativa del sur
en la confección de la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el año 2002, que habrá
de someter a la consideración del Congreso de la Unión, en las próximas semanas.
Artículo segundo. Solicita atentamente a las Cámaras de
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, tengan a la iniciativa del sur como un
referente para el análisis, discusión y diseño del Presupuesto de Egresos para su
ejercicio en el año 2002.
Artículo tercero. Publíquese el presente punto de acuerdo
parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y ordénese su
inclusión en dos diarios de mayor circulación estatal, para el conocimiento general y
efectos legales procedentes.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente punto de acuerdo parlamentario surtirá
los efectos a partir de la fecha de su expedición.
Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a
6 de noviembre de 2001.— El diputado Ernesto Vélez Memije, presidente; Roberto
Álvarez Heredeia y Sebastián Alfonso De la Rosa Pelaez, secretarios.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
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EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite Punto
de Acuerdo, por el que solicita establecer partidas específicas a favor de los indígenas
en el Presupuesto de Egresos de la Federación)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—
Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta
fecha, se aprobó el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión que, de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al establecer partidas específicas a favor de los indígenas en
el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe para el año 2002, se considere
destinar el mayor monto posible de recursos a favor del desarrollo de pueblos y
comunidades indígenas.
Segundo. Se solicita a los gobiernos y legislaturas de los
estados, así como a los ayuntamientos que en sus presupuestos de egresos correspondientes
al año 2002, al establecer partidas específicas a favor de los indígenas, destinen el
mayor volumen de recursos públicos posibles para promover el mejoramiento de la
condiciones de vida de los mismos.
Tercero. Se recomienda que en los presupuestos federales,
estatales y municipales del año 2002, dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas,
se establezcan disposiciones conducentes para la participación de los indígenas en el
ejercicio de dichos recursos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente.
México D. F., a 15 de noviembre de 2001.— El senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública
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EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a integrar a la brevedad posible la
Subcomisión de Examen Previo y se aboque a dictaminar las solicitudes de juicio
político)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de
la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.—
Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en es
fecha, se aprobó propuesta presentada por el senador Juan José Rodríguez Prats, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a
integrar a la brevedad posible la subcomisión de examen previo, conforme al artículo 3o.
Transitorio, fracción IV inciso b último párrafo, que a la letra dice "los demás
asuntos a cargo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se turnarán a
la nueva Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública" y se aboque a
dictaminar las solicitudes de juicio político particularmente aquellos que corran riesgo
de prescripción".
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México D. F., a 22 de noviembre de 2001.— El senador Diego
Fernández de Cevallos Ramos, presidente.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
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LA SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley
de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y
de Información)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presentes.
Para los efectos constitucionales y por instrucciones del
Presidente de la República, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto por el
que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas
Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y de Información, documento que el
propio primer magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi
consideración.
Atentamente.
México, D. F., a 23 de noviembre de 2001.— El director
general de Gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Presidencia de la República.
Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
En la construcción y el desarrollo de nuestras instituciones,
los medios de comunicación han desempañado un papel decisivo que los convierte en factor
irremplazable en el proceso de democratización nacional.
Desde 1979, el estado mexicano promueve el reconocimiento a la
actividad periodística, otorgando anualmente el Premio Nacional de Periodismo y de
Información, mediante el cual se valora el esfuerzo, el talento y la capacidad de los
miembros más destacados del gremio periodístico. Reconocer y distinguir a los creadores
de los mensajes más logrados en el periodismo nacional, constituye un proceso evolutivo
que ha servido para establecer referencias de calidad en los medios informativos.
En ese contexto, no escapa a las consideraciones del Ejecutivo
que, en muchas ocasiones, la injerencia de las autoridades con motivo de la entrega del
premio, fue interpretada por el ánimo social como un mecanismo que propiciaba las
complacencias mutuas y que provocaba la parcialidad en el ejercicio del periodismo.
Por ello, el proceso de transición política y el cambio que
vive el país me ha incitado, en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal, a
proponer la pertinencia de que la organización y el financiamiento del Premio Nacional de
Periodismo y de Información pase a manos ciudadanas.
En efecto, la evolución de nuestras instituciones políticas,
así como el mayor desenvolvimiento de los actores sociales, marcan actualmente una
relación diferente del Gobierno con los medios de comunicación, que se debe caracterizar
por el más amplio respeto a la libertad de expresión y el cuidado irrestricto por el
respecto a su independencia; todo bajo el marco de la legalidad. Es ya parte de la
conciencia social que la libertad de expresión y de prensa son instrumentos para lograr
la gobernabilidad auténticamente democrática. En ese ánimo, las nuevas condiciones
políticas y sociales incitan al Ejecutivo Federal a mi cargo, a proponer la derogación
del premio mencionado.
La experiencia que ha tenido nuestro país en el fomento de la
participación de la sociedad en asuntos en que ésta es corresponsable, ha tenido
resultados favorables. Es el momento de vivir en plenitud el principio de subsidiariedad,
entendiendo la madurez política de la sociedad para tomar a su cargo el reconocimiento a
quien se ha distinguido por su esfuerzo a favor de la libertad de expresión y de la
función social que conlleva la objetividad, la veracidad y la oportunidad de la labor
informativa.
Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me
confiere la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, por
su digno conducto, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Artículo único. Se deroga la fracción V del artículo
6o., así como los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, que integran el
Capítulo IX, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como
sigue:
"Artículo 6o. . .
I a la IV. . .
V. Se deroga.
VI a la XI. . .
Artículo 60. Se deroga.
Artículo 61. Se deroga.
Artículo 62. Se deroga.
Artículo 63. Se deroga.
Artículo 64. Se deroga.
Artículo 65. Se deroga.
Artículo 66. Se deroga.
Artículo 67. Se deroga.
Artículo 68. Se deroga.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración más alta y
distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 23 de noviembre de 2001.— El presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
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LA SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite
la iniciativa de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación)
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable
Congreso de la Unión.— Presente.
Para efectos constitucionales y por instrucciones del presidente
de la República, con el presente envió a usted iniciativa de Ley de los Impuestos
Generales de Importación e de Exportación, documento que el propio primer magistrado de
la nación propone por el digno conducto de esa Cámara.
Reitero en esta oportunidad las seguridades de mi
consideración.
Atentamente.
México, D. F., a 23 de noviembre de 2001.— Licenciado M.
Humberto Aguilar Coronado, director general de Gobierno.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
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Iniciativas de los ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una
iniciativa que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO EDUARDO ABRAHAM LEINES BARRERA. Con el
permiso de la Presidencia
Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55, 56
y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hago uso de la voz en
esta tribuna de la Nación a nombre de mis compañeros diputados integrantes de la
Comisión de Salud...
(Dio lectura a la iniciativa. Insértese)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.
Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros
diputados.
Con fundamento a lo dispuesto en la fracción II del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55; 56
y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Hago uso de la voz en esta máxima tribuna de la nación a
nombre de mis compañeros diputados integrantes de la comisión de salud del Partido
Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura, del honorable Congreso de la
Unión.
Respetuosamente, sometemos a su amable consideración un asunto
que es de urgente atención nos referimos a la iniciativa con proyecto de decreto a
"elevar a rango constitucional el derecho a La alimentación nutritiva",
proponiendo adicionar al artículo 4o. constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los
actuales para quedar como sigue:
"Toda persona tiene derecho a una alimentación que le
asegure una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley
señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor
de nutrientes".
EXPOSICION DE MOTIVOS
Alimentarse es una acción fisiológica que implica efectos y
consecuencias que crean el marco de desarrollo de los individuos. La acción fisiológica
de nutrirnos por medio de los alimentos está íntimamente ligada con las condiciones
socio económicas y culturales.
Para sostener la posibilidad de vivir y que los órganos
internos lleven a cabo sus funciones. La. Acción Dinámica Específica, se refiere a la
energía necesaria para convertir los alimentos en energía (proceso digestivo). Las
actividades físicas como correr, leer o atender las actividades domésticas llevan al
sujeto a una demanda de energía determinada: si la actividad física es fuerte, su
demanda aumentará, por lo tanto su ingesta de nutrientes deberá ser más alta. En
contraste quienes realicen actividades físicas de baja demanda energética, requerirán
una ingesta de nutrientes adecuada a su actividad.
De, una buena o mala nutrición, situación que en todo momento
será reflejo de la calidad de nuestra alimentación, van a depender una serie de
situaciones que afectan no sólo al organismo como ente biológico, ya que es fundamental,
sino que interfieren de manera definitiva en las posibilidades de desarrollo integral de
cada ser humano, la desnutrición, es un obstáculo para las oportunidades de desarrollo
de quien la padece.
El desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos
provoca la desnutrición. Aunque ésta es una enfermedad causada por múltiples factores,
la podemos diferenciar en dos grandes ramas: la primaria o social que es la que resulta de
la pobreza, que se expresa en la falta de acceso de amplios sectores de la población a
los alimentos necesarios; y la secundaria, que es la resultante de otro proceso
patológico previo.
La desnutrición social, que es una enfermedad de quienes se
subalimentan y ocasiona un circulo vicioso de desnutrición-pobreza desnutrición,
difícil de romper.
Las personas desnutridas se enfrentan a las situaciones
cotidianas de la vida con menos instrumentos, con menos capacidades. En general, la
persistencia de la desnutrición tiene graves repercusiones sobre los niños, la sociedad
y el futuro de la humanidad.
Cabe mencionar que los niños menores de cinco años de edad que
se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo son los más vulnerables ya que al estar
desnutridos, son más susceptibles a enfermarse.
Contrariamente a lo que muchos piensan, el problema de la
desnutrición no se limita a si un niño puede satisfacer su apetito. Ese niño puede
ingerir una cantidad suficiente de alimentos como para calmar su hambre inmediata, y
estar, sin embargo, desnutrido.
La desnutrición es una emergencia silenciosa. Tres cuartas
partes de los niños del mundo que mueren debido a causas relacionadas con la
desnutrición son niños a quienes los expertos en nutrición califican de leve a
moderadamente desnutridos y que a los ojos de un lego no muestran signos o síntomas de
problemas: Como fenómeno, esta cantidad de muertes es una proporción que no tiene
precedentes en la historia de las enfermedades infecciosas desde la época de la peste
negra. Y sin embargo, no se trata de una enfermedad infecciosa.
Cualesquiera que sean las interpretaciones, las dimensiones de
la crisis en materia de nutrición están relacionadas con la muerte y la incapacitación
de niños en gran escala, con miles de mujeres que aumentan las estadísticas de
mortalidad materna debido en. parte a carencias nutricionales, y con el costo social y
económico que limita el desarrollo.
Su poder destructivo se hace sentir en los millones de
sobrevivientes que padecen discapacidades, sufren una mayor propensión a contraer
enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados intelectualmente.
Se trata de un fenómeno que amenaza a las mujeres y las
familias y que, en última instancia, pone en peligro la existencia misma de sociedades
enteras.
Como se observa, el consumo de alimentos y la nutrición están
estrechamente relacionados con los recursos de que pueden disponer las familias. Por esta
razón es relevante conocer el diagnóstico nutricional de los mexicanos, qué alimentos
consumen las familias mexicanas según su ingreso, y que nutrientes obtienen de ellos.
En los últimos años, se ha observado el crecimiento de la
inseguridad alimentaría. Si en 1990 e132% de la población reportaba algún grado de
inseguridad; en 2000 la cifra aumentó a 45 puntos porcentuales.
Los resultados del análisis actualizados al 2000, que abarcan
todos los estados de la República y con un universo de 99 millones 582 mil 251
habitantes, ubicaron a los grupos poblacionales que padecen problemas de alimentación en
las entidades con mayores niveles de pobreza.
Sin embargo hay casos como el del Distrito Federal, que también
se integra al mapa de la hambruna y la malnutrición.
Los estados que ocuparon el primero y segundo lugares en la
categoría de inseguridad alimentaría extrema fueron los de México y Guerrero, con dos
millones 192 mil 715 habitantes y dos millones 477 mil 128, respectivamente.
En tercer sitio se ubicó el Distrito Federal, con un millón
586 mil 706 personas. Le siguieron Oaxaca y Chiapas, con 947 mil 579 y 925 mil 881, en la
misma relación.
En el estrato inferior, denominado inseguridad marcada, repiten
el Estado de México, con ocho millones 678 mil 293 habitantes; Distrito Federal, dos
millones 135 mil 557; Chiapas, un millón 156 mil 223, y Oaxaca, un millón 570 mil 959.
Dichos grupos, que se ubican en diferentes grados de pobreza,
gastan alrededor de 60% de su ingresó en la compra de comestibles.
Entre ellos, los más vulnerables son los niños, las madres
lactantes, las mujeres embarazadas, los ancianos, los desempleados y subempleados, además
de los migrantes, por citar algunos. Este panorama "de subconsumo y de creciente
brote de hambre abierta se convierte en un factor permanente de riesgo y de conflicto
social", de ahí que los especialistas concluyan que la seguridad alimentaría es un
asunto de seguridad nacional.
En la problemática de nutrición por entidades se destaca que
los estados más críticos son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con sus datos, los problemas de nutrición se
acumulan en 4.5 millones de familias, de las cuales dos terceras partes, o sea 3 millones,
están en las zonas críticas; el otro millón y medio se encuentra en áreas más
dispersas, la mayoría, en las zonas periféricas de las ciudades.
Ahora bien, si se considera que el promedio de miembros por
familia es de seis, sobre todo en zonas rurales, existen alrededor de 18 millones de
habitantes en las zonas más afectadas y 9 millones más que observan problemas
importantes de nutrición.
El punto más serio es que estos 4.5 millones de familias siguen
teniendo un hijo cada dos o tres años, los que posiblemente formen los hogares del 75% a
80% de los futuros mexicanos.
Se afirma que salvo sitios aislados del país tanto, como
hambruna, que es la privación total de alimentos, no hay, lo que existe es una
"hambre crónica" que se agrava por momentos, sólo que las mismas estrategias
de sobrevivencia de la gente enfrentan el problema para que no llegue a una situación de
mayor gravedad.
Sin embargo, el Presidente Vicente Fox solicitó a la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que
incluya a México en el Programa Especial de Seguridad Alimentaría (PESA), proyecto que
se aplica solo a los países incapaces de brindar los nutrientes necesarios a sus
habitantes, confirmo Augusto Simoes López, representante de la FAO en nuestro país.
Tal solicitud ocurre en contexto del Día Mundial de la
Alimentación (16 de Octubre). Pues según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social,
11 millones de personas están desnutridas, 18 millones viven en extrema pobreza y 40
millones no tienen acceso a un salario digno que les permita tener una adecuada
nutrición.
El representante de la FAO en México explicó que con el PESA
México establecerá la seguridad alimentaría para quienes tienen bajo nivel de
nutrición, pero aclaró que no se trata dé "darles el pescado", sino de
enseñarles a pescar.
Explicó que el plan de la FAO será aplicado junto con el
programa de las 350 microregiones qué aplica el gobierno mexicano y se integrará a los
planes que ya se aplican para. superar la pobreza, como Progresa, Alianza para el Campo y
Procampo.
Por medio de esa estrategia, dijo, se reduciría el número de
desnutridos e impulsará la producción, distribución, almacenamiento y transformación
de alimentos agropecuarios.
Indicador de desnutrición social
En este renglón ¿Qué variables podríamos considerar por su
vinculación con el fenómeno de la desnutrición, además de las de marginación,
déficit de talla y % de población indígena? Un artículo científico sobre
desnutrición infantil menciona "en la desnutrición energético proteica grave se
presenta un Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que a diferencia del de origen
virad, es potencialmente reversible".
En suma cuando los organismos se hayan gravemente desnutridos,
que es lo común en las comunidades pobres, sobreviven las enfermedades, la astenia y la
anorexia, que junto con la pobreza genera un círculo vicioso de consecuencias graves para
el sistema inmunológico que se debilita poco a poco.
De tal manera que las infecciones se desarrollan fácilmente, en
un organismo que emaciado por la subalimentación no opondrá resistencia. En las zonas
más pobres o marginales del país, el problema se manifiesta en una mortalidad alta por
enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias agudas, principalmente de niños
en edad preescolar.
Como un enfermo de SIDA cuyas defensas están disminuidas en
nivel crítico, las personas severamente desnutridas, son igualmente personas con su
sistema inmunológico gravemente afectado, aunque el origen de su problema nutricional es
reversible. A todo este círculo vicioso entre pobreza extrema, desnutrición, morbilidad
y mortalidad se le ha llamado Síndrome de Deprivación Social el mismo que otros
identifican como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida por desnutrición energético
proteica grave.
Dentro de todo complejo social marginal entonces, la niñez
significa el estrato más sensible de la vida del individuo. Por lo que al desarrollo se
refiere la etapa infantil en el primer año es el más delicado. Por ello el periodo que
se ubica entre los ocho y los 18 meses de edad, es conocido como "El valle de la
Muerte".
Para los niños en zonas marginales, representa el mayor escollo
que tienen que salvar, dado que uno de cada cinco menees mueren y tres de cada cinco salen
con algún grado de lesión en su desarrollo físico y mental.
En términos sociales significa que la sociedad tiene en la
niñez el punto crítico para su desarrollo. Etapa vital que manifiesta de manera
fidedigna cualquier impacto social.
A la población infantil por tanto, se tendría que dedicar todo
el presupuesto posible para su alimentación, todo el dinero necesario para su educación,
no se trataría de un gasto sino de la mejor de las inversiones.
Recordemos que la mayor riqueza con la que cuenta un país es
precisamente su población. La niñez cuyo periodo mas importante llega a los seis años,
en el contexto general de la población es justamente a quien menos se les toma en cuenta.
Los niños generalmente a esa edad no se les da importancia, por el contrario no pocas
veces son una carga y por consiguiente no tienen la atención debida.
Para el gobierno tal sector social, a pesar de ser el más
numeroso; es el menos atendido. Prueba de ello es por ejemplo, que no existen programas de
apoyo a la alimentación y nutrición, similares a los desayunos escolares que se imparten
a niños de cuatro años en adelante, en etapas más tempranas de la infancia. El apoyo
debería ser incluso a las madres en gestación y lactancia, que representan justamente
los periodos donde los organismos reciben sus primeros impactos al desarrollo.
Ubicación de la desnutrición.
El indicador mixto de estado de desnutrición social, ubicó a
nivel municipal, las regiones definidas como de "trinchera", desde donde los
grupos de mayor marginación entre los marginados y portadores de las antiguas culturas
mesoamericanas defienden su cultura y su forma de vivir ahora más amenazadas que nunca.
Ubicó también las áreas suburbanas que conforman considerables cinturones de miseria en
torno a las grandes ciudades, principalmente en razón de las migraciones masivas de las
áreas rurales en extrema pobreza a la ciudad.
A primera vista en un enfoque general se observa al país
partido a la mitad en dos grandes zonas, prácticamente dos "países", que
corresponden al México del norte, donde predominan los problemas de nutrición de
moderados a bajos; y el México del centro y sur donde encontramos predominantemente las
categorías de desnutrición severa e Importante. Entrando en detalle encontramos que de
la mitad norte del país, sólo la franja de la Sierra Madre Occidental que corresponde
con la Sierra Tarahumara y la Sierra de los Tepehuanes es la que "rompe" con la
categorización del norte, dado seguramente por las comunidades indígenas de la zona.
Alimentos que consumen los mexicanos por niveles de ingreso y
tipos de nutrientes que les proporcionan.
La creciente oferta de comestibles y el hecho de que los avances
científicos y tecnológicos hayan incrementado la producción mundial de alimentos,
permite que la oferta de comestibles sea tan diversa como las exigencias de los
consumidores. Sin embargo en México 31'241,990 personas tienen severa, importante o
moderada desnutrición y los restantes 69'507,569 baja desnutrición.
Antes que un asunto de disponibilidad de alimentos, el problema
hambre obedece principalmente a la capacidad económica de las personas para adquirir los
nutrimentos necesarios para su subsistencia
Por otro lado, la Universidad Obrera de México (UOM), indica
que hasta agosto de 2001 con el salario mínimo prevaleciente en el país, de 40.35 pesos,
únicamente se podía adquirir 21.6% de una canasta básica calculada en 186.49 pesos.
Visto así, señala, los sectores de la población que sobreviven con menos de cinco
salarios mínimos padecen inseguridad nutricional.
En 1999 había por lo menos 30.6 millones de mexicanos con
empleo que percibían de cero a tres salarios mínimos, lo cual indica que este segmento
de la población no puede satisfacer los requerimientos mínimos para alimentarse, resalta
la UOM.
El nivel y la calidad de la alimentación entre la población ha
atravesado por varios altibajos a lo largo del tiempo, sin embargo en la década reciente
la malnutrición se ha agravado.
Pero ¿cómo es que esta última ha avanzado?, ¿en dónde se
ubican los principales focos rojos? y ¿cuáles son los grupos más vulnerables?
Con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, la
relación entre participación económica y nivel de ingresos de la población permite
saber que de la población ocupada con ingresos, el 68.64% tiene ingresos menores a tres
salarios mínimos; incluye a la población ocupada que no recibe ingresos, (8.35%); y el
20.67%, que recibe de 0 a un salario mínimo. El restante 31.46 % recibe tres salarios o
más.
Cabe mencionar que en el estado de Chiapas el 82.48% de la
población ocupada recibe menos de tres salarios mínimos, seguido de Oaxaca, Guerrero,
Veracruz, Yucatán, y Tlaxcala.
El Estado que tiene menor porcentaje de población con ingreso
menor a tres salarios es Baja California con 45.83 mexicanos.
En número de población, este 68.64% representa 23' 152,506
mexicanos.
Necesidades nutricionales por etapas de desarrollo
Los nutrientes son elementos químicos que el organismo necesita
para desempeñarse adecuadamente. Hasta ahora, se han descubierto 40 nutrientes y se
requiere para tres fines: proveer energía, crear y reparar células y regular los
procesos orgánicos, estos no se podrían realizar sin los elementos químicos de los
nutrientes.
En cada etapa de desarrollo varía la importancia del
metabolismo basal. Al nacer es muy alto y después de los dos años empieza a disminuir.
declina a partir de los 25 años, y más significativamente después de los 40. Si
después de esa edad no disminuye la ingesta de alimentos, se tendrá un aumento gradual
de peso, solo por la reducción del metabolismo basal.
Debido a los cambios demográficos que ha presentado el país,
los cuales se han reflejado en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la
disminución de los miembros de la familia, la reducción del tiempo para preparar los
alimentos, la apertura comercial y las modas, entre otras razones, los patrones
alimentarios del mexicano se han transformado.
Ahora bien en México existen cinco dietas básicas:
1. Los grupos considerados como obres, aquellos que no perciben
más de dos salarios mínimos y cuyas familias cuentan con cinco integrantes en promedio,
consumen tanto productos tradicionales (tortilla, fríjol y Chile) como alimentos chatarra
(tortas, refrescos, embutidos de baja calidad, frituras y pastas). Como fuente de
proteína animal comen vísceras, retazos y huevos. Producto de esta dieta, la gente
desarrolla enfermedades crónico degenerativas.
2. La clase media se caracteriza por adquirir las novedades de
la industria alimentaría, de modo que es la principal consumidora de la comida rápida.
Asimismo demanda embutidos y derivados lácteos. Empero, este estrato también resiente en
sus ingresos los efectos de la oscilación económica, por lo que puede abandonar su dieta
o bien reducirla en cantidad y calidad.
3. El patrón light, que básicamente abarca a las mujeres
menores de 30 años, incorpora productos que favorecen el cuidado de la estética. Aunque
se trata de una categoría bien focalizada; tiende a extenderse a otros grupos sociales.
4. La "ola naturista" integra alimentos con alto
contenido de fibras y sin grasas para evitar la aparición de enfermedades
crónico-degenerativas; su público objetivo es la gente informada respecto al cuidado de
la salud.
5. El tipo orgánico, totalmente natural, atiende aun pequeño
grupo de elite, aunque con el tiempo permea a otras capas sociales.
Para responder al cambio en los hábitos de vida y consumo de la
población, la industria alimenticia tiene que hacer gala de innovación y creatividad a
fin de ofrecer productos nutritivos y atractivos, pero a precios accesibles.
Esta condición ofrece alternativas de negocio no sólo para las
compañías procesadoras de alimentos, sino también para los proveedores de insumos
primarios y aditivos alimenticios que garanticen la calidad de los alimentos ready to
eat, es decir, listos para comer.
Las empresas especializadas en la importación y producción de
gomas e hidrocoloides, compite por un mercado valuado en 720 millones de pesos anuales, y
de su cartera de 300 clientes destacan Cadbury Schweppes, Jarritos, Derivados de Fruta,
Bimbo, Kraf, Unilever, Sabritas, Alpino, Parma, Nestlé, Sigma Alimentos, Gari, Chocolates
Turín, Grupo Lorena, Michel y-Vlazapán La Rosa, entre otros.
Dentro de la industria alimenticia de productos procesados,
donde hay seis unidades estratégicas: bebidas y emulsiones liquidas que son todos los
refrescos carbonatados, jugos, néctares, bebidas saborizadas, eñergizantes, isotónicas
y funcionales.
Cárnicos, fundamentalmente todo lo que son embutidos como
jamones, salchichas, mortadelas, salamis.
Panificación que incluye mermeladas de depósito, de relleno y
horneables, así como betunes, crema pastelera y de recubrimiento.
Los lácteos y sus derivados, esto es; yogur, quesos, cremas
helados, sorbetes, que se suman a las unidades de postres y confitería, así como a la de
salsas y aderezos.
México es uno de los mercados más importantes y estratégicos
de Latinoamérica, debido al alto grado de desarrollo tecnológico de las empresas y por
los 100 millones de consumidores. Para muestra, se cita el consumo per capita de
refrescos, el cual se ubica en 60 refrescos de ocho onzas.
La energía que requiere el ser humano
Para tener datos más precisos sobre los requerimientos de
energía del ser humano, es necesario sumar a las calorías gastadas en el metabolismo
basal, las de la actividad física y las usadas en la acción dinámica especifica. El
metabolismo basal es el monto de energía para sostener la posibilidad de vivir y que los
órganos internos lleven a cabo sus funciones. .
En la actualidad, como se ha mencionado, la manera de
alimentarse del ser humano es resultado de una serie de hábitos acumulados a largo de su
vida. Sus preferencias por ciertos alimentos están determinadas por la cultura y la
disponibilidad de alimentos que haya en el sitio en que vive. En ocasiones, los hábitos
alimentarios no siempre traen como resultado una alimentación adecuada, algunas veces por
no tener a la mano los alimentos y otras por carecer de principios básicos de nutrición.
De cómo se alimentan las personas, los nutrientes que asimilen
y las actividades que desarrollen depende una nutrición adecuada, o en su caso la
desnutrición.
Las carencias nutricionales
Cuando la ingesta no es la adecuada, se producen una serie de
trastornos que afectan al ser humano y que forman parte de las causas de mortalidad dentro
de la población de todas las edades en nuestro país.
Las calorías como la medida de la energía presente en los
alimentos y la razón de ser del metabolismo energético, son el punto de partida para
entender qué es el alimento y cómo lo utiliza el cuerpo humano.
Enfermedades por carencias nutricionales
Como una vertiente de la malnutrición, la desnutrición genera
enfermedades según la deficiencia de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales.
Las enfermedades infecciosas aumentan su incidencia al encontrar en los huéspedes
desnutridos poca resistencia para defenderse, causándoles mayores impactos que a los
individuos sanos.
Respecto a la vertiente de la sobrealimentación, las
enfermedades relacionadas, incluyen padecimientos de tipo crónico que afectan a un alto
porcentaje de la población adulta y mayor del país.
Sobresalen un total de 30 padecimientos, todos ellos
relacionados a algún trastorno en la nutrición ejemplo: anemias, escorbuto, raquitismo,
osteoporosis, diabetes, síndrome de inmunodeficiencia, entre otras.
Indicadores de mortalidad por etapas de desarrollo
Las enfermedades no solo afectan el metabolismo de las
proteínas, sino el de todos los nutrientes esenciales.
Así, los niños que sufren de infecciones continuas, tanto
intestinales como respiratorias, requieren de un aporte especial de nutrientes. Las
variaciones en los requerimientos de los nutrientes, permiten tener información sobre el
estado nutricional de la población y las consecuencias en caso de deficiencias de
nutrientes, los cuales llegan en última instancia a la muerte.
Según los indicadores de mortalidad general en el país, en
1999 la desnutrición y otras deficiencias nutricionales ocupaba el sitio 11 de 22; el
número de muertes comparadas con la primera causa, enfermedades del corazón, fue 9 mil
776 y 69 mil 278 respectivamente. Sin embargo, si consideramos otras causas de muerte
asociadas a problemas nutricionales como Diabetes Mellitus, en el tercer lugar con 45 mil
632 muertes, más otras como Bronquitis, Infecciones Intestinales, SIDA, Anemia y
Tuberculosis, las cifras serían parecidas.
La desnutrición y otras deficiencias nutricionales, sin
considerar otras enfermedades asociadas, ocupa diferentes posiciones dentro de las causas
de mortalidad, según las diferentes etapas de desarrollo.
En mortalidad infantil, es la séptima causa, con 1 mil 052
muertes; en preescolar ocupa el quinto sitio, con 467 defunciones; en la etapa escolar se
ubica en el lugar nueve, con 162 muertes; en la edad productiva se ubica en el lugar 16,
con 1 mil 283 decesos; para. la etapa postproductiva el lugar es el octavo; con 6 mil 737
defunciones.
En cuanto a los grupos de edad, de 15 a 24 años y de 25 a 34,
la causa de mortalidad en comento se ubica en el lugar 17, con 157 y 178 defunciones,
respectivamente. En el grupo de 35 a 44 años sube un poco y se posiciona en el lugar
dieciséis, con 206 muertes; en el grupo de 45 a 54 años vuelve a subir hasta la
posición 13, con 298 muertes. Finalmente en el grupo de 55 a 66 años baja al lugar 14,
con 444 decesos:
Las carencias nutricionales y los efectos en cuanto a la salud
La desnutrición es el resultado de una compleja interacción de
diversos factores que abarcan aspectos tan dispares como el grado de acceso de las
familias a los alimentos, la atención materno infantil, el agua potable y el saneamiento
ambiental.
En su nivel más básico, la desnutrición es causa de
enfermedades y consecuencia de una ingesta alimentaría inadecuada: combinación
debilitante, riesgosa y con frecuencia letal. Pero además de los aspectos fisiológicos,
la desnutrición se relaciona también con muchos otros factores, entre ellos los de
índole social, político, económico y cultural.
Cada tipo de desnutrición mina y destruye el organismo humano
de manera diferente. La carencia de yodo puede afectar la capacidad intelectual; la anemia
es una de las causas de las complicaciones del embarazo y el parto causando incluso la
muerte tanto de la madre como del producto. La carencia de ácido fólico en las
embarazadas puede provocar a los hijos problemas congénitos, como la espina bífida y la
carencia de Vitamina D puede ser causa de deformaciones óseas, incluso de raquitismo;
solo por poner algunos ejemplos.
Las investigaciones demuestran que existe una relación entre la
desnutrición a edad temprana -incluso durante el crecimiento del feto- y el posterior
desarrollo de enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias, la diabetes y la
alta presión arterial. Esto representa preocupación en aquellos países donde la
desnutrición ya es un problema grave.
Los niños desnutridos tienen una mayor tendencia a morir como
consecuencia de las enfermedades comunes de la niñez. Entre estas se encuentran las
infecciones respiratorias y gastrointestinales, la principal causa de muerte en los
menores de cinco años.
Lo más grave es que los efectos nocivos de una nutrición
insuficiente no son del todo reversibles. Tal vez un niño afectado por desnutrición en
un momento dado pueda recuperar peso y talla, pero la maduración del sistema nervioso y
por tanto del cerebro, ya no se recupera, por lo que los daños son permanentes.
Los efectos en la educación
Las consecuencias sociales de la desnutrición superan el
ámbito de la supervivencia infantil y la mortalidad y morbilidad materna. Los niños
desnutridos, a diferencia de los que reciben buena alimentación, no sólo padecen
incapacidades de por vida y el debilitamiento de su sistema inmunológico.
Los efectos en la educación son graves: los niños desnutridos
no tienen la misma capacidad de aprendizaje y de asimilación de conocimientos que los
niños que disfrutan de una nutrición adecuada, son apáticos, con dificultades para
concentrarse en una actividad y con deficiencias en su maduración intelectual.
En los niños de corta edad, la desnutrición disminuye la
motivación y la curiosidad y reduce el nivel de juego y de actividades de exploración e
investigación. Estos efectos limitan el desarrollo mental y cognoscitivo al disminuir las
relaciones de los niños con el medio que los, rodea y con las personas que los cuidan.
Tratándose de la deficiencia de nutrientes específicos:
En el caso de las mujeres embarazadas, la desnutrición, y
especialmente la carencia de yodo, puede producir en los hijos diversos grados de retraso
mental.
En la primera infancia, la anemia por carencia de hierro puede
retardar el desarrollo psicomotor y afectar el desarrollo cognoscitivo mediante la
reducción del coeficiente intelectual en unos 9 puntos.
Esta carencia afecta la capacidad de los niños para obtener la
información más relevante de lo que escuchan o leen; la suplementación del mineral y la
corrección de la deficiencia no llevan a la superación del problema.
Los niños aún cuando ya no padezcan anemia les cuesta más
trabajo obtener información relevante en comparación con infantes que no hayan
presentado la deficiencia. Asimismo, presentan problemas de coordinación y equilibrio y
tienen conductas más retraídas y vacilantes. La capacidad de los niños se ve afectada:
Para relacionarse con el medio ambiente y obtener conocimientos
de su entorno y puede causar la disminución de su capacidad intelectual.
Refiriéndonos a los niños de edad preescolar que sufren
anemia, presentan dificultades para mantener la atención y para distinguir entre diversos
estímulos visuales.
También se ha establecido que existen relaciones entre la
carencia de hierro y el desempeño escolar deficiente de los alumnos primarios y los
adolescentes.
Como se observa, evitar la anemia por carencia de yodo y hierro;
que amenaza a millones de niños, es fundamental cuando se quieren mejorar los sistemas de
educación.
La baja resistencia que tienen los niños desnutridos ante las
enfermedades reduce la eficacia de los considerables recursos que se invierten en
garantizar que las familias cuenten con acceso a los servicios básicos de salud y
saneamiento ambiental. Y los perniciosos efectos de la desnutrición en el desarrollo
cerebral y el desempeño intelectual comprometen las inversiones del gobierno en la
educación básica.
A la larga el resultado es un menor desempeño escolar, menor
aprovechamiento y luego entonces pocas herramientas para salir del circulo vicioso
desnutrición -pobreza- desnutrición.
Los efectos en el desarrollo productivo
En un entorno de alta competitividad económica, la salud de la
población, la cual comienza con una nutrición adecuada, es una condición indispensable.
Los niños desnutridos que superan la infancia son adultos con
limitadas capacidades físicas e intelectuales, presentan dificultades para desempeñar
eficientemente sus labores y para establecer relaciones sociales; les falta madurez
intelectual. Esto genera a su vez niveles reducidos de productividad y tasas elevadas de
enfermedades crónicas y discapacidades, que se agravan en sociedades que no cuentan con
los recursos económicos necesarios ni siquiera para brindar los más elementales
servicios terapéuticos y de rehabilitación.
En muchos puestos de trabajo existe discriminación para las
personas con deficiencias físicas o psíquicas, muchas de ellas generadas por problemas
nutricionales. Aproximadamente, un 70% de los discapacitados en edad laboral están
ausentes del mercado laboral.
En el plano familiar, los crecientes costos y presiones que la
discapacidad y las enfermedades relacionadas con la desnutrición imponen a quienes
atienden a las personas, tienen resultados devastadores para las familias pobres,
especialmente para las madres que reciben poca o ninguna asistencia de unos servicios
sociales sobrecargados de trabajo. Cuando esas pérdidas, que suceden en el seno familiar,
se repiten millones de veces en el plano social, afectan el desarrollo nacional.
Se calcula que las carencias de vitaminas y minerales cuestan a
algunos países el equivalente de más de un 5% de su producto nacional bruto en vidas
perdidas, discapacidad y menor productividad.
"Atender su problema nutricional no es tan difícil;
-coinciden los especialistas muchos países como Sri Lanka, China, Costa Rica, Chile y
Cuba, entre otros, han tenido buenos resultados con programas técnicamente dirigidos, de
detección de la desnutrición y su atención; del enriquecimiento de alimentos básicos a
bajo costo, de seguridad alimentaría familiar y no se ve por qué no se pueda hacer en
México, un país que tiene la economía número 7 del mundo, pero que ocupa el 55 con
relación a la salud".
Los mexicanos, victimas del "bombardeo" de productos
industrializados o "chatarra" se enfrentan a constantes programas alimentarios,
con efectividad sólo política y sexenal, a una limitada orientación en la materia y a
la escasez de nutriólogos, lo que impide superar décadas de mala nutrición.
Algunos programas alimentarios han costado a nuestro país entre
dos y tres mil millones de dólares anuales y su efectividad ha sido solamente de entre 3
y 18% en el combate a la desnutrición.
El Departamento de Asistencia Alimentaría del DIF, acepta que
el poderío de redes alimentarías transnacionales, con impacto mercadotécnico difícil
de enfrentar con los recursos que se destinan a las instituciones dedicadas a la seguridad
alimentaría, causan que "Gansito y papitas maten el desayuno escolar".
Anualmente 15 mil niños fallecen por desnutrición; además,
las zonas detectadas hace 40 años con población mal alimentada tienen todavía el
problema y en más de 50% de los municipios del país, sus habitantes enfrentan una severa
desnutrición.
Y mientras el refresco de cola suple a la leche, las papas a las
verduras y los pastelitos a la fruta, sólo 10% de los más de cuatro mil egresados
nutriólogos del país atienden las deficiencias alimentarías y desnutrición del 80% de
los mexicanos. Asimismo, no se ha logrado superar los rezagos en materia nutricional, por
la lucha desigual que existe con poderosas transnacionales que llegan con sus productos
"chatarra" a regiones de difícil acceso y apartadas de la urbanización, con
dificultad las instituciones dedicadas al apoyo alimentario llevan frijol y arroz, cuando
las papas, los refrescos y otros productos ya están invadiendo las mas apartadas
tienditas.
Sin embargo, la urgente necesidad de emprender "una
mercadotecnia social", o campañas de orientación alimentaría; similares a las que
se transmiten con los productos chatarra para contrarrestar los efectos que esos mal
llamados alimentos tienen en la dieta del mexicano.
Incluso, ya se puso en marcha un proyecto piloto en Hidalgo,
Quintana Roo y Coahuila para demostrarle al mexicano que le sale más caro gastar en
productos industrializados, que en alimentos que lo nutran.
Conclusiones
En términos de desnutrición el problema fundamental no se
encuentra en la disponibilidad de los alimentos sino en su accesibilidad. Así, él acceso
a los nutrientes esta en función de la capacidad de compra.
De la relación entre los factores siguientes: ingreso por
desiles de los hogares, tipo de alimentos que consumen las familias, nutrientes que les
aportan estos alimentos, enfermedades que producen las carencias de nutrientes
(proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales), se encontró lo siguiente:
Tanto las enfermedades como la malnutrición se debe a la
ingesta desequilibrada de proteínas, carbohidratos y grasas, vitaminas y minerales.
La ingesta deficiente o desequilibrada de estos nutrientes se
observa en el 10% más pobre de la población. En este grupo poblacional se consumen más
carbohidratos que proteínas, lo cual está directamente relacionado con el bajo ingreso.
Los efectos últimos son la mortalidad, principalmente en las
etapas preescolar y postproductivas y las deficiencias e incapacidades en los ámbitos de
la salud, la educación y el desarrollo productivo.
Las políticas, programas y en general acciones para abatir los
efectos sociales de la falta de alimentación no han logrado los objetivos planteados
porque existen otros factores relacionados: sequías, incapacidad financiera de los
productores para adquirir tecnología y producir, manipulación del abasto o de el mercado
entre otros problemas del campo.
De acuerdo al diagnóstico nutricional a nivel de municipio que
realizó el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Subirán": en 667
municipios (27.8%) existen problemas de desnutrición severa; en 534 municipios, ésta es
importante; en 283 es moderada y solo en 819 -que representan el 34.1%- la desnutrición
es baja.
Considerando la cantidad de población, un total de 31 millones
241 mil 990 personas tienen severa, importante o moderada desnutrición y 69 millones 507
mil 569 baja. En síntesis, los efectos graves de la falta de alimentación los sufren los
niños y los ancianos más pobres.
Distinguidas y distinguidos diputados
Nuestra obligación política y moral es velar por el bienestar
de nuestros compatriotas, en nosotros han confiados gran parte de su porvenir, nosotros
somos los que tenemos la responsabilidad de legislar para ofrecer un entorno integralmente
equilibrado. Con la aprobación de un cuarto párrafo al artículo cuarto constitucional,
nos aseguramos de garantizar que los alimentos que consumamos tengan el mínimo de
micronutrientes, estableciendo para esto entre otras las siguientes medidas:
a) Que el estado de elija como garante de que toda persona tenga
derecho a una adecuada nutrición, que los alimentos que ingiera la población en su
generalidad contengan los nutrientes mínimos y que permitan estos a su vez, un adecuado
desarrollo integral dentro de la sociedad.
b) Que el estado controle y regule la calidad de lo que
consumimos, indicando a la industria alimentaría el cumplimiento de este precepto.
c) Que el estado garantice la alimentación a los grupos
vulnerables, ampliando sus programas existentes y/o creando otros.
d) Que las instancias gubernamentales, áreas científicas,
medios de comunicación, agrupaciones civiles e internacionales, entre otras, se
corresponsabilicen en dar una educación dietética permanente.
Con esta propuesta legislativa
Primero. Nos mantenemos a la vanguardia y actualizados como un
país en vías de desarrollo.
Segundo. Como pueblo aceptablemente nutrido, seremos más
competitivos en este mundo cada día más globalizado; recordando que un país sano es un
país productivo.
Tercero. Con esto se fortalece el derecho a la salud ordenado
por nuestra Carta Magna.
Basado en éstas reflexiones y razonamientos, solicito a los
integrantes dé este honorable Congreso la sensibilidad necesaria para aprobar esta
iniciativa, ya que con ello quedará de manifiesto nuestro trabajo honesto y responsable
que como poder legislativo sustentamos, defendiendo nuestras garantías constitucionales.
El problema de una alimentación nutritiva para el pueblo de
México es antiguo, los afanes por enfrentarlo lo son también, en pasadas legislaturas
como en la presente, diversos grupos parlamentarios han expuesto diversas iniciativas con
la finalidad de superar este rezago que tanto y tan negativamente impacta a la sociedad
mexicana, como he tratado de mostrarlo en-la exposición de motivos precedente y siendo
responsabilidad del estado ser garante de la satisfacción de las necesidades básicas de
la población, se propone en esta iniciativa realizar las reformas legales que las
contemplen y hagan efectivo su ejercicio. Y con el marco esencial de la Constitución,
desplegar otras iniciativas en los niveles normativos secundario y terciario que den los
ordenamientos que guíen y movilicen a las instituciones públicas y privadas involucradas
en la cadena alimentaría nacional.
Finalmente y en base a todo lo anteriormente expuesto, sometemos
a esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto de "Elevar a rango
constitucional el derecho a la alimentación nutritiva", proponiendo adicionar al
artículo 4o. Constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los actuales para quedar
como sigue:
Toda persona tiene derecho a una alimentación que le asegure
una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley
señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor
de nutrientes.
Del mismo modo se establecerá la concurrencia de la federación
y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo a lo que dispone
la fracción XVI del artículo 73 Constitucional.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscribe la presente iniciativa de ley los diputados priístas
integrantes de la Comisión de Salud.— José Socorro Velásquez Hernández, Olga
Margarita Uriarte Rico, Enrique Meléndez Pérez, Santiago López Hernández, Arturo León
Lerma, Policarpo Infante Fierro, Federico Granja Ricalde, María de las Nieves García
Fernández, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Samuel Aguilar Solís, Héctor
Nemesio Esquiliano Solís y Eduardo Abraham Leines Barrera.
Esto ha sido un extracto del documento original, por lo que pido
se publique íntegramente la iniciativa y ruego a esta Presidencia se turne a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado Eduardo Abraham
Leines Barrera y como lo solicita, que se publique íntegramente dicha iniciativa en el
Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
¿Reitera usted que esté también en Salud, diputado?, porque
una iniciativa similar había estado únicamente turnada a Puntos Constitucionales, aquí
estaríamos haciendo ya un distingo, ¿cómo lo ve?, o con opinión de salud. De acuerdo.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión
de la Comisión de Salud.
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Para presentar una iniciativa que adiciona los artículos 33-A y
33-C de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se le concede la palabra al
diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
EL C. DIP. TOMAS TORRRES MERCADO, (desde su curul).Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Dígame, diputado. Denle sonido a la
curul, por favor.
Sí, diputado Torres.
EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul).Gracias,
ciudadano Presidente.
En este momento personal adscrito a la Secretaría General nos
está haciendo entrega de la versión última del orden del día de la sesión. Aparece ya
una corrección que era pertinente relativa a una iniciativa de reformas a la Ley que crea
el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores. Aparece ya la corrección que era
pertinente, que es formulada por el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo,
ante la Asamblea se había hecho sentir que era del Partido Revolucionario Institucional a
petición del diputado Omar Fayad.
Le ruego a usted que a virtud de que ante la Asamblea se había
hecho la referencia de que no era del PRD, se realice la corrección correspondiente si es
usted tan gentil, señor Presidente.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. A usted, diputado.
Efectivamente, existía la confusión porque el diputado Fayad
en sesiones previas, había también promovido dicha iniciativa; pero se registra que en
esta ocasión en el orden del día de hoy, la iniciativa correspondiente es presentada por
el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Señor diputado Hinojosa, tiene usted la palabra.
EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE. Con su
permiso, señor Presidente.
Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal de la VLIII
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo
55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa
de decreto...
(Dio lectura a la iniciativa. Insértese)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal a la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción ll del
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior, del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Cámara de Diputados la presente
INICIATIVA
De decreto por el que se adiciona al artículo 33-A; tres
párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33-C a la ley para regular las agrupaciones
financieras, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a los principios generales de derecho, ningún sujeto
o corporación, ya sea de carácter público o privado, debe de estar por encima del
ordenamiento jurídico ni sujeto a un régimen de excepción. Lo contrario, es atentar en
contra del principio de supremacía constitucional y alterar el orden público
establecido.
Asimismo, el estado debe de velar entre los miembros de su
sociedad, sean lo más, equitativas posibles cuando éstos están colocados en condiciones
de desigualdad. Allí donde existen desigualdades, debe intervenir el derecho para que,
como instrumento del Estado, establezca contrapesos a fin de evitar abusos de grupos que,
por razones económicas, resultan más poderosos.
En el caso que nos ocupa, las sociedades de información
crediticia, al prestar sus servicios a entidades financieras y empresas que por razones
obvias representan grandes intereses económicos, hacen necesaria dicha intervención, a
fin de que los consumidores que hacen uso del crédito accedan al mismo bajo condiciones
justas y equitativas.
No es posible, que los servicios que prestan dicha clase de
sociedades sé dejen al libre juego de mercado, puesto que el gran público consumidor se
encuentra colocado en una posición de desigualdad, ya que el actual marco jurídico que
regula la prestación del servicio de información crediticia presenta todavía muchas
imprecisiones y vaguedades que tienen.
Después de haber hecho una revisión del marco jurídico que
rodea a las sociedades de información crediticia, han saltado a la vista varias
inconsistencias en cuanto a la forma en que las mismas manejan la información de los
consumidores en sus bases de datos, y es por eso que se hace necesario corregirlas.
En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos
conscientes de lo anterior y es por eso que hoy sometemos a la consideración de ésta
soberanía la presente iniciativa, con la cual se pretende iniciar una regulación más
justa al respecto.
De igual forma, no dudamos que el servicio de información
crediticia sea indispensable para el sano desarrollo del país, pues el mismo ayuda a
determinar la solvencia moral de personas físicas y morales, proporcionando servicios que
ayudan a minimizar el riesgo crediticio, a la vez que promueve un consumo interno sano y
ayuda a mejorar la cultura de crédito, pero asimismo, y en nuestra calidad de
representantes populares, debemos de pugnar por que las condiciones en que se presta dicho
servicio resulten lo más equitativas posibles para todos los actores que intervienen
dentro del ciclo del crédito y de que las sociedades de información crediticia asuman la
importante responsabilidad a su cargo, con una actitud de justicia, imparcialidad y
respeto por los derechos de los consumidores.
En este tenor de idea hemos decidido presentar una iniciativa,
por medio de la cual se propone la adición del artículo 33 de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, ya que las operaciones activas, de personas físicas con o sin
actividad empresarial y personas morales, se ven sujetas ya no solo a lo que establezca el
Código de Comercio o el Código Civil Federal en materia de prescripciones, sino que
tienen aún que. enfrentarse al hecho, de que los adeudos que no han podido cubrir o que
están en vías de hacerlo, aparezcan ante el Buró de Crédito de manera indefinida, por
Id que se refiere al ámbito temporal; por lo que se refiere ala integridad del análisis;
se hace necesario que éstas entidades reflejen además de la información negativa que
emiten, el porcentaje de créditos pagados oportunamente y los montos de los mismos, a fin
de que la entidad financiera o empresa que requiera del historial crediticio del
solicitante, tenga la posibilidad de evaluar la capacidad de pago, nivel de cumplimiento y
oportunidad para así realmente determinar la viabilidad del otorgamiento de un crédito,
que en muchas ocasiones se imposibilita en razón de la "parcialidad deja
información".
Por lo anterior, se propone que los registros negativos que
tengan las sociedades de información crediticia, respecto del comportamiento de los
sujetos investigados que hayan cubierto sus adeudos, sea de 3 años anteriores contados a
partir de la fecha en que se da el reporte de crédito a un usuario de los servicios de la
sociedad.
Cabe señalar, que para obtener la cifra de tres años se
siguió el procedimiento que a continuación se explica. El artículo 1047 del Código de
Comercio en vigor, señala que la prescripción en materia mercantil es de 10 años y el
Código Civil Federal señala un plazo de cinco años. Con base en lo anterior, se
considera adecuado proponer el término de tres años, en virtud de que no todas las
operaciones activas, por medio de las cuales una empresa comercial o entidad financiera
otorga un crédito, son realizadas entre comerciantes, sino que en muchas de las ocasiones
dichos créditos son solicitados por personas cuyo ánimo no es el de obtener un lucro con
el otorgamiento del citado crédito.
Otra de las reformas que se someten a consideración de ésta
Soberanía, es la que se refiere a que cuando exista un litigio entre una entidad
financiera o empresa y una persona física o moral por cuestiones derivadas del
otorgamiento de un crédito, la entidad financiera o empresa acreedora tenga la
obligación legal, en caso de perder el juicio, de ordenar a la o las sociedades de
información crediticia sea borrado el antecedente negativo por completo y la obligación
de dicha sociedad de información crediticia de realizarlo en un breve término así como
de estar constreñida a no poder mencionar de nueva cuenta dicho antecedente, cuando de
nueva cuenta se solicite un reporte del sujeto en mención; so pena de hacerse
acreedora a las sanciones que, en su caso y previa audiencia, determine la autoridad
competente.
Se propone también, que en caso de que la entidad financiera o
empresa acreedora omita ordenar a la sociedad de información crediticia la corrección de
los datos en el historial de crédito de una persona, la misma esté facultada para
solicitar al juez de la causa que gire oficio a la sociedad de información crediticia en
cuestión, a. efecto de que la misma elimine toda la información negativa que esté
relacionada con el crédito que dio lugar al litigio.
Por otra parte, se propone que en todo caso, los afectados con
motivo de la emisión de un informe de una sociedad de información crediticia, adviertan
información no actualizada, falsa o inexacta, puedan acudir en cualquier momento ante la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
para la aclaración correspondiente.
Estamos conscientes, que con la presente iniciativa no se
resuelven todas las cuestiones relativas a los servicios de las sociedades de información
crediticia, pero la misma constituye un avance importante hacia la consecución de dicho
objetivo y se deja la oportunidad para que en un futuro, se presenten iniciativas que
sobre éstas bases avancen en el tema y logren conformar de manera cabal y justa un marco
jurídico adecuado a las necesidades que la realidad dicta.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de ésta
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se adiciona al artículo 33-A, tres párrafos y se
adiciona un nuevo artículo 33-c, a la ley para regular las agrupaciones financieras.
Primero. Se adiciona en tres párrafos el artículo 33-A de
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:
Artículo 33-A. . . .
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando,
seguido un juicio ante los tribunales competentes y se haya dictado sentencia que cause
ejecutoria y que no sea impugnable por algún medio de defensa legal, se absuelva al
acreedor del pago de las prestaciones derivadas del otorgamiento de un crédito por el
acreedor respectivo.
El juez competente, mandará que la sociedad acreedora ordene a
la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información relacionada con
el crédito motivo del litigio.
En caso de que se llegare a demostrar que el acreedor ha sido
omiso al respecto, el Juez de la causa, previa petición de parte y después de escuchar
al acreedor, girará oficio a la sociedad de información crediticia para que ésta borre
toda la información relacionada con el crédito motivo del litigio.
Segundo. Se adiciona un artículo 33-C a la Ley para Regular
las Agrupaciones Financieras, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 33-C. Las sociedades de información crediticia,
no podrán conservar en su registro, por un término mayor a tres años, la información
negativa sobre operaciones activas que guarden en sus bases de datos, y no podrán bajo
ningún motivo, hacer mención de dicha información cuando, transcurrido el citado lapso,
les sea requerida sobre alguna persona física o moral, lo anterior siempre y cuando el
acreditado haya cubierto en su totalidad los. adeudos correspondientes.
En todo caso, las persona que con motivo de la emisión de un
informe de una sociedad de información crediticia, adviertan alguna irregularidad,
consistente en información no actualizada, falsa o inexacta, podrán acudir en cualquier
momento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, para la aclaración correspondiente. En este caso, al haber quedado
acreditada la irregularidad, la referida autoridad mandará que la sociedad acreedora
ordene a la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información
relacionada con el crédito en cuestión.
De igual forma, las sociedades de información crediticia, al
rendir los informes correspondientes, deberán incluir toda la información positiva del
solicitante de un crédito, la cual es, de forma enunciativa más no limitativa; la
siguiente: cantidad de créditos solicitados por el sujeto investigado, porcentaje y
oportunidad con que los ha cubierto y el monto total de cada uno de ellos.
La infracción a lo dispuesto en el presente artículo, hará
acreedora a la sociedad de información crediticia de las sanciones que determine la
autoridad competente.
ARTICULO TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de octubre de 2001.
Le pido, señor Presidente, si es posible publicarla en la
Gaceta y en el Diario de Debates.
EL C. PRESIDENTE. Con mucho gusto, diputado.
EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE. Muchas
gracias.
EL C. PRESIDENTE. A usted, diputado Diego Alonso Hinojosa.
Que se publique íntegramente el texto de esta iniciativa, tanto
en el Diario de Debates como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
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Tiene la palabra el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.
DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la
presidencia; compañeras y compañeros diputados:
"El suscrito diputado federal de esta LVIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en los artículo s71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos …
(LEYO INICIATIVA. INSERTESE)
El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a
consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa por la que se adiciona un párrafo
quinto al artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos conforme a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Obligación constitucional de las diferentes instancias del
gobierno mexicano la respuesta en breve término a la petición ciudadana.
A través de la jornadas legislativas de atención ciudadana, el
Comité de Información, Gestoría y Quejas de esta legislatura atendió, las quejas y
propuestas de cientos de ciudadanos del Estado de Baja California Sur.
Entre ellas, destacan propuestas de modificación á
legislaciones vigentes. La asociación de prestadores de servicios turísticos de la Paz
Baja California Sur presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos.
Particularmente el sector restaurantero refieren graves perjuicios en contra de su
economía, por la aplicación del actual artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos,
cómo consecuencia de que se derogó un párrafo que permitía diferenciar los montos en
los pagos de derechos, que señalaba que en "...el caso de playas, la zona federal
marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro deposito de aguas
marítimas concesionados o permisionados colindantes con terrenos en breña, donde no se
cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso,
goce o aprovechamiento de inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en
la zona I, a que se refiere este artículo y el 232-D de esta ley".
Así como recibimos de los pequeños prestadores de servicios
turísticos, la solicitud de modificar la norma que les afectaba, esta representación
social recibió quejas de avecindados de la zona marítima cercana a puerto Juárez,
Quintana Roo y registró los sucesos violentos entre concesionarios y autoridades
municipales de las playas de Guerrero, por la negativa ciudadana y coacción de la
autoridad para obtener el pago de derechos consignado en la Ley Federal de Derechos.
El artículo considera como uso genera! el que se da a aquellas
superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado construcciones con cimentación o se
lleven a cabo actividades con fines de lucro. Se exceptúan las obras de protección o
defensa contra fenómenos naturales, sin tomar en cuenta las disposiciones que permitían
tasar en nivel I a los predios en breña o sin prestación de servicio alguno.
La norma en comento requiere precisiones.
Perfeccionar la redacción vigente significa precisar las tasas
diferenciadas, partiendo de la situación desigual de los obligados al pago de derechos.
Diferencias que tienen que ver con la calidad e inversión de prestadores de servicios
turísticos, por un lado y por diferencias en el uso, particulares asentados en zonas
marítimas sin explotación turística, lujosas residencias asentadas en litorales de alta
infraestructura turística, que participan en el mercado, bajo condiciones desiguales.
1. No es lo mismo el asentamiento en una zona marítima de
primer nivel en equipamiento, infraestructura o reserva natural protegida, de un
particular avecindado con residencia familiar, que el lujoso hotel con playa.
2. Tampoco es igual la situación de explotación turística de
una zona marítima con equipamiento de primer nivel, a la infraestructura de una zona
natural protegida, o playa agreste y sin mayor prestación de servicios.
3. Así mismo, debe influir en esta diversidad de condiciones,
el monto de inversión que representan los distintos tipos de asentamiento en zona
marítima.
Si es evidente la diferencia entre las actividades económicas
en zonas con servicios e infraestructura de primer nivel turístico con las que no cuentan
con este desarrollo; también lo es la diferencia entre el uso de las playas para
residencia, que las de uso particular. Sin embargo, la zona federal marítima terrestre,
los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas que son
colindantes con terrenos en breña y que no cuentan con servicios públicos, como el agua
potable, drenaje o electricidad, reciben imposiciones de pago iguales a las que cuentan
con servicios de primer nivel.
El texto vigente del artículo 232-C de la Ley Federal de
Derechos pierde el carácter de equidad y proporcionalidad que ordena la Constitución
Federal respecto de la obligación de contribuir a los ingresos de la Federación, los
estados, el Distrito Federal y los municipios, en su artículo 31 fracción IV, pues al
contribuir de la misma forma quienes no gozan de servicios públicos respecto de aquellos
que si los tienen, se generan prácticas de competencia desleal, que afectan en lo
particular a los pequeños empresarios mexicanos cuyos ingresos no están al nivel de las
grandes cadenas hoteleras internaciones. Asimismo se violenta el principio de equidad al
compartir la misma obligación impositiva de los ciudadanos que residen en zonas
marítimas con los que la usufructúan.
Por tal razón, proponemos adicionar el párrafo derogado del
artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos que en la versión derogada precisaba que
los predios colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de
agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de
inmuebles, en virtud de que el contribuyente pagará de conformidad con la cuota
establecida en la zona I, de la tabla establecida en el artículo en comento.
Al reincorporar este texto se establece una clara
diferenciación entre los prestadores de servicios turísticos que cuenten con
infraestructura, respecto de aquellos cuya inversión es mínima o no existe
infraestructura alguna, así mismo la disposición repercutirá en la situación de los
residentes de zonas marítimas colindantes con terrenos en breña.
Por las razones anteriormente expuestas, se presenta el
siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona el quinto párrafo al
artículo 232-C, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 232-C. . .
En el caso de playas, la zona federal marítima terrestre, los
terrenos ganados al mar y cualquier otro deposito de aguas marítimas concesionados o
permisionados, colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de
agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de
inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I a que se
refiere este artículo y el 232-D de esta ley.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrara en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 22 de noviembre
de 2001.— Los diputados: Esteban Daniel Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, Juan
Carlos Regis Ademe, Víctor A. García Dávila, Auldarico Hernández, Adela Del Granel C.,
Francisco Patiño Cardona, Esther López Cruz, Elba Arrieta Pérez, Esvedia Bravo
Martínez, Ramón Soto Resendiz, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Martí Batres y Raquel
Cortés López.
PRESIDENTE: Gracias a usted diputado Esteban Daniel
Martínez Enríquez.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Tiene la palabra el diputado Bernardo de la Garza Herrera, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa
de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
DIP. BERNARDO DE LA GARZA HERRERA: Con su permiso
presidente;
"Los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, en esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 , fracción XXIX de la
Constitución Política …
(LEYO INICIATIVA. INSERTESE)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara
de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México.
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión. Presente.
Bernardo de La Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José
Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez,
Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado,
diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y
55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de
Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
iniciativa:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Al iniciar el Siglo XXI, México. enfrenta entre sus más
grandes retos el de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
Ante la amenaza que representa la generación y disposición
inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, tenemos la obligación de revisar las
políticas y la legislación en la materia, buscando afinar los instrumentos de gestión y
manejo de residuos.
La situación respecto a la generación de los residuos ha
cambiado en nuestro país en la medida que los procesos de industrialización y de
apertura comercial, así como los cambios en los patrones de producción y de consumo han
incidido en la cantidad y composición de los residuos sólidos.
Según datos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol)
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la generación de residuos
sólidos municipales por persona en nuestro país se ha triplicado en el lapso comprendido
entre 1955 y el año 2000, al crecer de 300 a 865 gramos en promedio por habitante al
día, si consideramos que en el mismo periodo la población se ha triplicado, al aumentar
de 30 a 97 millones de habitantes, lo cual significa que actualmente se genera un volumen
anual de residuos que fluctúa alrededor de 80 millones de toneladas, de las cuales se
deja de recolectar el 23%. Se estima además que cerca del 50% de los residuos generados
no se dispone adecuadamente.
Un problema adicional deriva de que la composición de los
residuos sólidos se ha modificado en los últimos años, incorporándose a los desechos
orgánicos un volumen creciente de residuos que contienen materiales de lenta degradación
y que demandan formas de manejo más complejas y costosas.
Asimismo, un volumen cada vez mayor de residuos implica el
agotamiento de los recursos naturales de los cuales se extraen los materiales utilizados
como insumos en la producción de bienes de consumo y que van a parar a la basura en forma
de residuos, en lugar de reciclarse. Adicionalmente, entre los problemas ambientales más
importantes que ocasiona la generación y la disposición inadecuada de los residuos
sólidos municipales y peligrosos, se encuentran:
• La degradación de los suelos que disminuye su
fertilidad, así como su capacidad de retener y depurar el agua;
• El deterioro de los cuerpos de agua subterráneos y
superficiales haciéndolos impropios para el consumo humano;
• El bloqueo de drenajes y de la circulación del agua en
los cauces que provocan inundaciones en la época de lluvias; y el consecuente daño a las
plantas de tratamiento de aguas residuales;
• Debido a la emanación de gases que se generan en los
basureros, la dispersión de sustancias volátiles, de partículas que se liberan de los
mismos y de los incendios en los basureros, se ocasionan incendios forestales, se
contamina la atmósfera, y se agravan problemas ambientales a escala regional y global,
como el llamado "efecto invernadero", el de "lluvia ácida" y el
deterioro de la capa de ozono;
Se estima que en México, entre 45% y 75% de los materiales que
van a parar a tiraderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios es recuperable. Este dato,
nos indica que se está desaprovechando una oportunidad de creación de negocios y empleos
a partir de la valorización de los materiales que actualmente se desechan. Asimismo, se
desaprovecha totalmente el valor calorífico de materiales desechados que podría
utilizarse en la generación de energía.
Esta oportunidad de aprovechamiento económico de los residuos,
resulta particularmente atractiva considerando que la gran mayoría de los municipios en
el país enfrentan condiciones de pobreza que les imposibilitan cumplir adecuadamente con
las. disposiciones Constitucionales relativas a brindar los servicios de limpia.
El costo por el servicio de limpia no suele recuperarse por
parte de los municipios, ni suele incluir. las externalidades o costos ambientales
resultantes de la generación y. manejo de los residuos, con lo cual los generadores de
basura no pagan .un precio justo por la cantidad de residuos que generan, "pasándole
la cuenta" a la sociedad. Sólo se incentivará al generador a minimizar y aprovechar
el valor de los residuos que genera, si se le hace pagar por su manejo en forma
proporcional al volumen y la peligrosidad de los mismos.
Asimismo, es, común observar que los servicios de limpia
carecen de la infraestructura y los recursos suficientes para operar . adecuadamente,
contribuyendo ellos mismos a crear graves problemas de contaminación de aire, agua y
suelo.
Considerando el potencial económico de la basura, resulta
también paradójico que muchos individuos en condiciones de pobreza extrema que viven de
la "pepena", es decir de segregar y recuperar los residuos potencialmente
reciclables, lo hagan en condiciones inseguras, insalubres y carentes de prestaciones,
siendo que podrían trabajar en mejores condiciones.
Además, la generación de residuos de todo tipo puede y debe
ser evitada mediante el reuso y el reciclado, dejando una mínima cantidad para ser
tratada o dispuesta en rellenos sanitarios o confinamientos.
Para lograr todo esto, se deben establecer sistemas de gestión
integral de los residuos que combinen formas alternativas de manejo, adecuándolas a las
circunstancias y necesidades locales.
Es, posible también crear mercados ambientales, mediante reglas
claras que brinden certeza jurídica a los inversionistas y garanticen que se manejen los
residuos con un enfoque de sustentabilidad.
Actualmente existen graves inconsistencias legislativas respecto
a la regulación de los residuos de jurisdicción local. Asimismo, tradicionalmente se ha
puesto más énfasis en la regulación de la administración de los servicios de limpia,
que en el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos. .
Por la forma en que se ha regulado la generación, manejo y
disposición final de los residuos de jurisdicción local, no se ha logrado una gestión
sustentable de los mismos, es decir que sea ambientalmente efectiva, socialmente aceptable
y económicamente viable.
Lo más preocupante, es que los residuos sólidos municipales
son solamente "la punta del iceberg". Junto a los residuos sólidos municipales
se generan grandes volúmenes de residuos en las industrias. Este tipo de desechos
industriales suelen mezclarse con los residuos municipales, sin que las industrias que los
generan asuman los costos reales que implica su manejo y sin que tengan ningún incentivo
para minimizar su generación.
En cuanto a residuos peligrosos, la regulación y control de los
mismos en México data de 1988. Sin embargo, la legislación de estos residuos adolece de
problemas serios que imposibilitan su cumplimiento, entre los que destacan los siguientes:
• no se distingue entre grandes, pequeños y
microgeneradores (entre los que se encuentran los hogares), por lo cual se impone el mismo
tipo de obligaciones a todos, sin permitir el establecimiento de modalidades diferenciadas
de manejo de los residuos peligrosos; • al igual que las regulaciones relativas a los
demás residuos sólidos, no establece mecanismos que faciliten la prevención de la
generación y la valorización de los residuos, creando por el contrario barreras para que
esto ocurra;
• no establece reglas para las diferentes modalidades de
tratamiento de los residuos (incluyendo el reciclaje), tendentes a prevenir la
transferencia de contaminantes de un medio ambiental a otro;
• no establece pautas para evitar que al cierre de las
operaciones de las fuentes generadoras de residuos peligrosos y de las empresas que
brindan servicios de manejo de los mismos, se abandonen. éstos 7o(¿) se queden
contaminadas las instalaciones y los sitios con ellos;
De acuerdo con la problemática anteriormente expuesta, para
lograr un manejo integral de residuos en nuestro país, consideramos indispensable expedir
un ordenamiento en donde se regule la generación, el manejo y la disposición final de
todo tipo de residuos, con un enfoque basado en la prevención de su generación, el
aprovechamiento de su valor y su gestión integral ambientalmente eficiente, socialmente
aceptable y económicamente factible, considerando los principios "preventivo",
"el que contamina paga" y los de "realidad", "gradualidad" y
"flexibilidad", para que responda a las necesidades y contextos que se presentan
en el país.
Buscamos también en esta iniciativa que se presenta, definir
claramente lo que se entiende por residuo, distinguiendo los diferentes tipos de éstos de
acuerdo con sus propiedades y tamaño de fuentes generadoras. Se establecen también
elementos para distinguir aquellos residuos susceptibles de aprovecharse económicamente.
Se busca también en la iniciativa, delimitar claramente el
ámbito de aplicación de la normatividad, y establecer en forma clara las obligaciones de
los generadores.
La nueva legislación fomentará también políticas de
transparencia informativa, privilegiando la sensibilización del público y la educación
de la sociedad, fomentando mecanismos de participación corresponsable de los distintos
sectores sociales, en el manejo de residuos.
Las políticas que surjan de la nueva legislación combinarán
instrumentos de regulación directa y autoregulación para lograr los fines que se
persiguen de la mejor manera en términos de costo y efectividad, reduciendo y
simplificando trámites administrativos, y minimizando la generación de residuos, la
valorización de los mismos y su manejo ambientalmente adecuado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos permitimos someter a la
consideración de ésta soberanía, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se expide la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos.
Artículo único.- Se expide la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:
I. Cuando por causas supervinientes, se compruebe que los
residuos autorizados constituyen un mayor riesgo para el equilibrio ecológico que el que
se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente;
II. Cuando la operación de importación o exportación no
cumpla con los requisitos fijados en la autorización expedida por la Secretaría;
III. Cuando los residuos ya no posean las características
conforme a las cuales se otorgó la autorización y
IV. Cuando se determine que la autorización fue transferida a
una persona distinta a la que solicitó la autorización o cuando la solicitud contenga
datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la
correcta apreciación de la solicitud.
Asimismo, las empresas que importen o exporten residuos se
podrán hacer acreedoras a la revocación de sus autorizaciones para ofrecer este tipo de
servicios, temporal o definitivamente, si se encuentra que intervinieron dolosamente en
una importación o exportación de residuos contraria a lo dispuesto en esta ley y otros
ordenamientos aplicables, y de acuerdo con la gravedad del riesgo que por ello se incurra
o se pueda incurrir.
TITULO SEPTIMO
De la prevención y gestión integral de residuos Sólidos
urbanos y de manejo especial
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 107. La regulación de la generación, manejo y
disposición final de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, se
llevará a cabo *conforme a lo que establezcan las legislaturas de las entidades
federativas y los municipios aplicando los principios y con arreglo a lo dispuesto en el
presente ordenamiento.
Artículo 108. Los Gobiernos de las entidades federativas y
de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de
promover la prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial a fin de conservar y recuperar los recursos, podrán llevar a
cabo las siguientes acciones:
I. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los
grandes generadores de residuos de su competencia a evitar su generación, aprovechar su
valor y darles un manejo ambientalmente adecuado;
II. Promover la suscripción de convenios con los grandes
generadores de residuos de su competencia, para que formulen e instrumenten los planes de
manejo de los residuos que generen, a los que hace referencia el Título Tercero de esta
ley;
III. Integrar el registro de los generadores de residuos de su
competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como
la base de datos en la que se recabe la información que proporcionen en los formatos que
se establezcan para tal fin respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos;
IV. Elaborar y difundir los inventarios de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial;
V. Coordinarse con las autoridades federales, estatales o
municipales según les corresponda, así como concertar con representantes de organismos
privados y sociales para alcanzar las finalidades a que se refiere esta ley, y para la
instrumentación de planes de manejo para los distintos residuos que sean de su
competencia;
VI. Establecer programas para registrar, regularizar, y
constituir esquemas de incentivos financieros y de otra índole para mejorar el desempeño
ambiental de las cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y
preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje,
constituidas por grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y
pequeñas empresas, que forman parte de las instalaciones para la recuperación de
recursos indispensables para el aprovechamiento de los residuos;
VII. Someter ala consideración de la Secretaría programas de
gestión integral de residuos sólidos urbanos, de construcción de rellenos sanitarios,
de recuperación de energía a partir de los residuos y de gestión de residuos peligrosos
sujetos a su control, con objeto de obtener los recursos financieros del Gobierno Federal
para tales fines a los que se refiere el artículo 13 de este ordenamiento;
VIII. Desarrollar guías y lineamientos de buenas prácticas
para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, transporte y recuperación de
materiales secundarios, ambientalmente adecuados, de los residuos de su competencia;
IX. Organizar y promover actividades de comunicación,
educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en relación con los
programas para prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr el manejo integral de
los residuos de su competencia y
X. Promover la integración, operación y funcionamiento de
organismos consultivos en los que participen representantes de los sectores industrial,
comercial y de servicios, académico y de investigación, centros de investigación y
desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores y redes
intersectoriales relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados
a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y
tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar
las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr
los objetivos en la materia.
Artículo 109. La Secretaría expedirá las normas oficiales
mexicanas a las que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la
operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos
controlados.
Las normas especificarán las condiciones que requieren reunir
las instalaciones y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la
formación de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento.
En relación con la formación de gases, plantearán en qué casos ésta se debe evitar y
en cuáles podrá permitirse, a fin de emplearlos en la generación de energía.
Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y
municipios, determinarán en los planes de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano,
las áreas en las cuales se establecerán los sitios de disposición final de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.
Artículo 110. La Secretaría, brindará apoyo a la
Secretaría de Economía, para elaborar las propuestas técnicas de normas mexicanas
relacionadas con los envases, empaques y embalajes, a fin de que éstas sean compatibles
con las disposiciones de esta ley y contribuyan a los propósitos de facilitar el reuso,
reciclaje, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuados de los mismos en el
marco de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en todo el país.
CAPITULO II
De los residuos de manejo especial
Artículo 111. Para la prevención de la generación,
aprovechamiento de su valor y gestión integral de los residuos de manejo especial, la
legislación de las entidades federativas en la materia, establecerá las disposiciones
para:
I. Formular por parte de los gobiernos locales las guías o
lineamientos para los generadores de los residuos de manejo especial, las cuales
considerarán, entre otros aspectos:
a) Medidas y prácticas de manejo que les ayudarán a prevenir o
reducir riesgos a la salud de la población, el ambiente o los recursos naturales;
b) Alternativas para evitar la generación de residuos;
c) Posibilidades para reusar o reciclar los residuos;
d) Procedimientos para integrar planes de manejo referidos a
flujos de residuos específicos;
e) Identificación, clasificación y segregación de los
residuos de manejo especial; .
f) Elementos y formatos para elaborar los informes acerca de la
generación y modalidades de manejo a las que se sujetarán los residuos de manejo
especial, por parte de grandes generadores;
g) Procedimientos para establecer acciones para prevenir,
minimizar o evitar la generación dé esos residuos;
h) Almacenamiento de los residuos de acuerdo con las medidas de
seguridad que correspondan según sus características, con el propósito de prevenir la
generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, el arrastre de los residuos
por él agua de lluvia o por el viento y los medios para contener fugas, derrames o
incendios;
i) Alternativas para su manejo seguro y ambientalmente adecuado;
j) Registros de generadores de residuos y de empresas
autorizadas para brindar servicios para el manejo de ellos y
k) Procedimientos para prevenir la contaminación de suelos con
estos residuos.
II. Formular e instrumentar, por parte de los generadores de
residuos de manejo especial, los programas de minimización y planes de manejo
respectivos.
III. Prever las obligaciones de los generadores de residuos de
manejo especial, tales como las que a continuación se señalan:
a) Obtener el registro de la autoridad ambiental respectiva;
b) Identificar, clasificar y segregar los residuos;
c) Presentar un informe bienal o elaborar una bitácora que se
conservará y mantendrá a la disposición de las autoridades competentes, en los que se
asienten los datos acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron
sus residuos, según corresponda al tipo de generador;
d) Establecer programas para prevenir, minimizar y evitar la
generación de residuos;
e) Almacenar temporalmente los residuos dentro de sus
instalaciones de acuerdo con las medidas de seguridad que correspondan según sus
características y los tiempos que establezcan los ordenamientos jurídicos
correspondientes. En cualquier caso, se deberá prevenir la generación de lixiviados y su
infiltración en los suelos, así como el arrastre por el agua de lluvia o por el viento
de tales residuos y se deberá disponer de los medios para contener fugas, derrames o
incendios.
f) Prevenir la contaminación de suelos y .al cierre o
suspensión de operaciones dejar los suelos libres de todo tipo de residuos y niveles de
contaminación y
g) Evitar el envío a disposición final en celdas de
confinamiento o en rellenos sanitarios, de residuos potencialmente reciclables, cuando su
reciclado sea técnica y económicamente factible o se cuente con planes de manejo
específicos para ellos.
h) Utilizar solamente empresas registradas o autorizadas por las
autoridades competentes, según corresponda, para el manejo de sus residuos.
En la determinación de las obligaciones respectivas, se deberá
distinguir entre pequeños y grandes generadores de residuos, en función del volumen de
los residuos de manejo especial de que se trate.
IV. Regular la promoción, instalación, operación y apoyo a la
mejora del desempeño ambiental, de las cadenas productivas que intervienen en la
segregación, acopio y preparación de los residuos de manejo especial para su reciclaje,
constituidas por grupos de personas de escasos recursos,
microempresas familiares y pequeñas empresas, que forman parte
de las instalaciones para la recuperación de recursos, cuyos integrantes deberán:
a) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes;
b) Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus
actividades;
c) Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y
medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades competentes.
V. Regular la prestación de servicios a terceras personas para
almacenar, reciclar, tratar y dar disposición final a los residuos de manejo especial,
para lo cual deberán considerarse las siguientes previsiones a cumplir por parte de los
interesados:
a) Obtener registro y, en su caso, las autorizaciones de parte
de las autoridades ambientales competentes, proporcionando para ello la información y
demás requisitos que exija la normatividad aplicable;
b) Diseñar, ubicar, desarrollar y operar los servicios, según
corresponda, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las legislaciones locales y
las normas oficiales mexicanas o demás ordenamientos que resulten aplicables;
c) Presentar cada dos años informes acerca de los residuos
sujetos a reciclaje, tratamiento o disposición final;
d) Efectuar el cierre de sus operaciones e instalaciones de
manera que no existan suelos contaminados por residuos de manejo especial;
e) No se podrán confinar residuos de manejo especial líquidos
o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a procesos para deshidratarlos,
neutralizarlos y estabilizarlos o en instalaciones qué no estén debidamente autorizadas;
f) Las celdas de confinamiento deberán ser diseñadas y
construidas teniendo en consideración las características y volúmenes de residuos a
confinar y de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos
aplicables;
g) No se podrán confinar juntos residuos que sean incompatibles
y puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que
puedan solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos;
h) Se deberá contar con un plan para el cierre de las celdas y
de los confinamientos de residuos de manejo especial, así como para el monitoreo de los
mismos ulterior al cierre, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables.
CAPITULO III
De los residuos sólidos urbanos
Artículo 112. Para la prevención de la generación;
aprovechamiento de su valor y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la
legislación de las entidades federativas en la materia, establecerá las disposiciones
para:
I. Establecer las obligaciones de los generadores de residuos
sólidos urbanos, tales como las que- a continuación se señalan:
a) Separación de sus residuos conforme lo determinen las
autoridades competentes;
b) Informarse acerca de las medidas y prácticas de manejo que
les ayudarán a prevenir o reducir riesgos a la salud, el ambiente o los bienes,
alternativas para evitar la generación de residuos, posibilidades para reusados o
reciclarlos, planes de manejo establecidos para devolver los productos de consumo que se
deseen desechar y sus envases o embalajes, a sus proveedores o a los centros de acopio que
para tal fin se establezcan;
c) Entregar los residuos a los servicios de limpia, siempre que
no los sometan a reuso o. reciclado ellos mismos o a través de empresas registradas ante
las autoridades competentes;
d) Fechas y horarios de la recolección de los residuos, a los
que se deberán de sujetar, para lograr una recolección selectiva adecuada, considerando
incluso la recolección nocturna;
e) Acopiar sus residuos de acuerdo a la información
proporcionada por las autoridades encargadas de la regulación de los servicios de limpia;
f) Cuando se trate de unidades multifamiliares y de otros
grandes generadores de residuos sólidos urbanos, se deberá contar con un espacio
destinado exclusivamente al acopio y almacenamiento de los mismos; en condiciones seguras
y ambientalmente adecuadas;
g) Los partidos políticos emplearán en sus campañas con fines
publicitarios y de divulgación preferentemente materiales reciclables y se harán cargo
de ellos cuando se desprendan de los lugares en los que fueron colocados en la vía
pública. Para ello, deberán establecer un plan para su acopio y envío a empresas de
reciclado. Lo anterior, sin perjuicio de lo que al respecto señala la legislación en
materia electoral. La misma obligaciones corresponderá a las personas que realicen
campañas publicitarias en las vías públicas.
h) Los comercios de toda índole, deberán incentivar a sus
clientes a llevar sus mercancías en bolsas, redes, canastas, cajas u otros recipientes
que puedan volver a ser reutilizadas para tal fin; en cualquier caso, dichos comercios
deberán contar fuera de sus establecimientos con depósitos para que sus clientes
depositen las bolsas o empaques que quieran eliminar al salir de ellos.
II. Regular la promoción, instalación, operación y apoyo a la
mejora del desempeño ambiental, de las cadenas productivas que intervienen en la
segregación; acopio y preparación de los residuos para su reciclaje, constituidas por
grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas empresas, que
forman parte de las instalaciones para la recuperación de recursos, cuyos integrantes
deberán:
d) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes;
e) Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus
actividades;
f) Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y
medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades competentes.
III. Regular la promoción, instalación y operación de
establecimientos para el reciclaje y disposición final de residuos sólidos urbanos, los
que, según corresponda, deberán:
a) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes;
b) Ubicarse en zonas apropiadas de conformidad con los
ordenamientos ecológicos y planes de desarrollo urbano y en lugares que reúnan los
criterios que establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables;
c) Operar de manera segura y ambientalmente adecuada;
d) Contar con programas para prevenir y responder a
contingencias o emergencias ambientales y a accidentes;
e) Contar con personal capacitado y continuamente actualizado;
f) Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar
que al cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y
no presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la salud y el
ambiente;
g) En el caso de la disposición final, contar con un programa
de cierre de las instalaciones y de supervisión posterior al cierre por una duración
mínima de 20 años, sustentado en garantías financieras;
Artículo 113. Conforme lo establezca la legislación de las
entidades federativas en la materia, en relación con la generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se prohibe:
I. Verter residuos en las vías o lugares públicos, lotes
baldíos, barrancas, cañadas, redes de drenaje, cableado eléctrico o telefónico, de
gas, en cuerpos de agua, en el mar, cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas o
rurales, y en todo lugar no autorizado para tales fines;
II. Quemar residuos a cielo abierto y la quema de residuos de
manejo especial en calderas no autorizadas por las autoridades competentes;
Ill. Tratar o disponer finalmente de residuos, en áreas de
seguridad aeroportuaria; y
IV. Abrir nuevos tiraderos de residuos sólidos urbanos o de
manejo especial a cielo abierto.
Las legislaturas locales establecerán en las leyes
correspondientes el tipo y en su caso el monto, de las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento de las disposiciones antes señaladas, así como el tipo y características
de las garantías financieras referidas en el inciso g de la fracción II del
artículo 113 de este ordenamiento.
TITIULO OCTAVO
De la participación social y la información
CAPITULO I
De la participación social
Artículo 114. Los gobiernos Federal y de las entidades
federativas y de los municipios, promoverán la participación de todos los sectores de la
sociedad involucrados en la prevención de la generación, la valorización y manejo
integral de residuos, para lo cual:
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y
operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e
instrumentación de políticas y programas para prevenir la generación, valorizar y dar
un manejo integral seguro y ambientalmente adecuado a los residuos.
ll. Convocarán a los distintos grupos. organizados de la
sociedad a participar en los procesos a los que hace referencia la fracción I de este
artículo.
III. Involucrarán a los grupos sociales organizados en
proyectos de demostración o proyectos pilotos destinados a generar elementos de
información para sustentar programas de minimización y planes de manejo de residuos
específicos con fines de acopio y envío a reciclado, tratamiento o disposición final.
CAPITULO II
De la información
Artículo 115 . Las autoridades de los tres órdenes de
gobierno desarrollarán sistemas de información sobre aprovechamiento, recuperación,
restauración y remediación de recursos y prevención de la generación, valorización y
gestión integral de residuos, en los cuales se integrará la información relativa a la
situación local en cada una de esas materias, los inventarios de residuos generados, la
infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su
regulación y control, las experiencias exitosas nacionales e internacionales en este
campo, y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y los
ordenamientos que de ella deriven.
Tratándose de empresas generadoras o que brinden servicios de
manejo de residuos peligrosos, que puedan liberar contaminantes al ambiente por diferentes
rutas, de lo cual informen a las autoridades correspondientes a través de la cédula de
operación anual o de los formatos que para tal fin se establezcan, se integrará dicha
información al registro de emisiones y transferencia de contaminantes, cuyo acceso será
público.
Artículo 116. Los sistemas de información a los que hace
referencia la fracción XII del artículo 6o., serán de acceso público y se promoverán
actividades de capacitación que faciliten a los servidores públicos y representantes de
otros sectores la toma de decisiones basada en el uso de tal información, así como su
contribución para fortalecer dichos Sistemas de Información.
Artículo 117. Las autoridades de los tres órdenes de
Gobierno elaborarán y difundirán informes periódicos, que pongan al alcance del
público los aspectos contenidos en los sistemas de información sobre aprovechamiento,
recuperación y restauración de recursos y prevención de la generación, aprovechamiento
del valor y gestión integral de residuos para que se conozca la situación local en la
materia y las opciones y avances en la resolución de los problemas identificados.
En particular, se difundirán las estadísticas relativas a los
volúmenes y tipos de residuos generados por entidad federativa y las formas de manejo a
las que están siendo sujetos, a fin de determinar el desempeño de las políticas y
programas de gestión de los mismos.
Artículo 118. A fin de dar cumplimiento a la disposición
contenida en el artículo anterior, las autoridades ambientales de los tres órdenes de
gobierno elaborarán los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos
sólidos urbanos y residuos de manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones
respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por los
generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en
esta ley, en la legislación ambiental general, las leyes locales en la materia y los.
ordenamientos que de ellas deriven.
Se integrarán también, inventarios de tiraderos de residuos o
sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada
entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, historia,
características y otros elementos de información que sean útiles a los tomadores de
decisiones o a las partes interesadas, para desarrollar medidas tendentes a evitar o
reducir riesgos.
La integración de inventarios se sustentará en criterios,
métodos y sistemas informáticos, previamente acordados, estandarizados y difundidos.
TÍTULO NOVENO
Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones
CAPITULO I
De las visitas de inspección
Artículo 119. La Secretaría realizará los actos de
inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
ordenamiento, así como de las disposiciones jurídicas que de él se deriven, e
impondrán las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, con arreglo a lo
que establece esta ly y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al
Ambiente en los aspectos a que se refiere el presente Título.
Artículo 120. En los casos en que el Gobierno Federal
transfiera a los gobiernos de las entidades federativas la realización de inspecciones en
las materias de su competencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta
ley, dichos gobiernos deberán ajustar el ejercicio de sus actos a lo dispuesto en el
presente Título.
Artículo 121. Las personas que realicen actividades de
generación, manejo y disposición final de residuos peligrosos, deberán otorgar al
personal debidamente autorizado de la Secretaría, las facilidades indispensables para el
desarrollo de los actos de inspección del cumplimiento de este ordenamiento y de las
disposiciones que de él se deriven. Asimismo, deberán aportar la documentación que
ésta les requiera para verificar dicho cumplimiento.
Artículo 122. El personal de la Secretaría al realizar las
visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que lo acredite o
'autorice a practicar la diligencia respectiva, así como la orden escrita debidamente
fundada y motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
El objeto en la orden de inspección se tendrá por satisfecho
cuando se señalen los ordenamientos en los que se prevén las obligaciones a cargo del
visitado, tratándose de la primera visita de inspección. Para el caso de segunda o
posteriores visitas de inspección o verificación será necesario asentar las
obligaciones específicas de la persona a visitar.
Artículo 123. El personal autorizado, al iniciar la
inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la
diligencia, mediante credencial vigente con fotografía expedida por autoridad competente
que lo acredite para desempeñar dicha función, en la que se indique su fecha dé
expedición, así como el cargo con el que actúa en la diligencia, asentando en el acta
correspondiente dichas circunstancias. Asimismo, deberá exhibir la orden respectiva,
misma que entregará en copia con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto
designe dos testigos.
En el caso de negativa del inspeccionado a nombrar testigos o
cuando las personas designadas para tales efectos no acepten fungir como testigos, el
personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta circunstancia en el acta
administrativa que al efecto se levanté, sin que ello invalide los efectos de la
diligencia.
Asimismo; si durante la realización de actos de inspección, no
fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como
testigo, el inspector deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al
efecto se levante. Si media el consentimiento del inspeccionado, se podrá llevar a cabo
la diligencia en ausencia de testigos sin que ello afecte la validez de la misma.
Artículo 124. La Secretaría, una vez recibida el acta de
inspección, dictará resolución administrativa dentro de los 10 días siguientes a la
fecha de su recepción, en aquellos casos en que la persona inspeccionada reconozca la
falta administrativa en que incurrió.
Artículo 125. En aquellos casos en que los presuntos
infractores sean sorprendidos en ejecución de hechos contrarios a esta ley o a las
disposiciones que de ella se deriven, o cuando alguna persona los señale como
responsables de la comisión de aquellos hechos, siempre que se encuentre en posesión de
los objetos relacionados con la conducta infractora, el personal debidamente identificado
como inspector deberá levantar el acta respectiva y asentar en ella, en forma detallada,
esta circunstancia, observando en todo caso las formalidades previstas para la
realización de actos de inspección.
Artículo 126. Además de lo dispuesto por el artículo 168
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, podrá
concluirse el procedimiento administrativo iniciado a partir de una inspección en los
términos del presente Título, mediante convenio suscrito entre la Secretaría y el
inspeccionado, siempre y cuando no sea contrario al orden jurídico, no verse sobre
materias que no sean susceptibles de transacción y tenga por objeto satisfacer el
interés público.
CAPÍTULO II
De las medidas de seguridad
Artículo 127. En caso de que exista riesgo inminente de
desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave de los recursos naturales, casos de
contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para
la salud pública, la Secretaría, de manera fundada y motivada, podrá ordenar alguna o
algunas de las siguientes medidas de seguridad:
I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes
contaminantes, así como de las instalaciones en que se generen, manejen o dispongan
finalmente los residuos peligrosos involucrados en los supuestos a los que se refiere este
precepto;
II. La suspensión de las actividades respectivas;
III. La aplicación de multas;
IV. El tratamiento. o remisión de residuos peligrosos a
confinamiento autorizado;
V. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos
peligrosos, y demás bienes involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de
la medida de seguridad; y
VI. La neutralización, estabilización o cualquier acción
análoga que impida que los residuos peligrosos ocasionen los efectos adversos previstos
en el primer párrafo de este artículo.
Las autoridades correspondientes podrán, además, promover ante
otras autoridades competentes, la adopción de medidas de seguridad que se establezcan en
otros ordenamientos:
Artículo 128. Cuando proceda, las autoridades competentes
que hubieren dictado las medidas de seguridad a las que hace referencia el artículo 127,
podrán ordenar al interesado las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las
irregularidades que motivaron la imposición de estas medidas, así como los plazos para
su realización, a fin de que una vez cumplidas estas acciones se ordene el retiro de las
medidas de seguridad impuestas.
CAPITULO III
De las infracciones y sanciones administrativas
Artículo 129. Cada una de las conductas que constituyan
violaciones a las disposiciones de esta ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones jurídicas que de ellos se deriven, serán sancionadas
administrativamente por la Secretaría, con una o más de las sanciones siguientes:
I. Multa por el equivalente de 20 a 60 mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse la infracción;
II. Amonestación escrita;
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando:
a) el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones
impuestas por la autoridad competente, con las medidas correctivas o de urgente
aplicación ordenadas,
b) en casos de reincidencia, cuando las infracciones generen
efectos negativos al ambiente, a los recursos naturales o a la salud de la población, o
c) se trate de desobediencia reiterada, en tres o más
ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente
aplicación impuestas por la autoridad.
IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas;
V. La suspensión o revocación de las autorizaciones
correspondientes.
Artículo 130. Para la imposición de las sanciones por
infracciones a esta ley se tomará en cuenta los criterios previstos en el artículo 173
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo 131. Los ingresos que se obtengan de las multas
por infracciones a lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que de ella se deriven,
se destinarán a integración de fondos o fideicomisos para desarrollar programas
vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta ley,
así como a la remediación de suelos y sitios contaminados que representen un riesgo
inminente al ambiente o a la salud pública. En este último supuesto, los fondos que se
apliquen a este fin, deberán ser repuestos por quienes ocasionaron la contaminación en
los sitios sujetos a remediación en los términos que para tal fin se determinen.
CAPITULO IV
Del recursos de revisión y la denuncia popular
Artículo 132. Los afectados podrán impugnar las
resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la
aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, podrán ser
impugnadas por los afectados, mediante la interposición del recurso de revisión, dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación; o de las acciones
que correspondan ante las instancias jurisdiccionales competentes.
El recurso de revisión se interpondrá-directamente ante la
autoridad que emitió la resolución impugnada quien, en su caso, acordará su admisión,
y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso
a su superior jerárquico para su resolución definitiva.
Artículo 133. La sustanciación del recurso de revisión a
que se refiere el artículo anterior de esta ley, se sujetará a lo dispuesto en la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, en sus preceptos aplicables.
Artículo 134. Toda persona, grupos sociales, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Secretaría, todo
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al
ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana en relación con las materias de
esta ley y demás ordenamientos que de ella emanen.
La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este
precepto, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor a los
tres meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que
se opongan al contenido de esta ley y las relativas a la regulación y control de los
residuos contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
Tercero. Todos los procedimientos, recursos administrativos
y demás asuntos relacionados con las materias a que refiere esta ley, iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor al presente decreto, se tramitarán y resolverán
conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.
Cuarto. Los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, deberán expedir y, en su caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y
demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno
corresponda, en un plazo no mayor a 365 días naturales posteriores a la entrada en vigor
de esta ley, la Secretaría deberá promover y apoyar los trabajos que para tal efecto
sean necesarios.
Quinto. La Secretaría deberá expedir los acuerdos,
circulares, avisos y demás instrumentos jurídicos que correspondan, a fin de dar a
conocer a las personas obligadas a cumplir con las previsiones de este decreto, a más
tardar en un plazo de sesenta días naturales.
Sexto. Las autorizaciones o permisos otorgados con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, seguirán vigentes; su
prórroga o renovación se sujetará la las disposiciones del presente decreto.
Séptimo. Los planes de manejo a los que hace referencia
esta ley deberán instrumentarse por los interesados, en un plazo no mayor a dos años a
partir de la entrada en vigor de esta ley.
Octavo. En tanto no se reformen las normas oficiales
mexicanas vigentes, a las que aplican las disposiciones a lasque se hace referencia en
este ordenamiento, seguirán aplicando dichas normas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos,
a los 27 días del mes de noviembre de 2001.— Diputados: Bernardo de la Garza
Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vice-coordinador; José Antonio Arévalo
González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia
Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero
Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael
García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule,
Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.
DIP. BERNARDO DE LA GARZA: Solicito señor presidente,
dispense la lectura del articulado toda vez que ha sido publicado en la Gaceta
Parlamentaria y que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias.
PRESIDENTE: Con mucho gusto diputado Bernardo de la Garza,
como usted lo solicita que se introduzca el texto íntegro de la iniciativa tanto en el
Diario de Debates, como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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Para presentar una iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano.
Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de
asistencia e instruya su cierre.
SRIO. DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Señor presidente, esta
secretaría informa que confirmará en los listados impresos el registro de la asistencia
de los ciudadanos diputados Rafael Ramírez Sánchez, Carlos Raymundo Toledo y Mario Reyes
Oviedo, toda vez que se apagaron sus nombres en los tableros electrónicos.
Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema
registra la asistencia de 454 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputado.
Al no encontrarse el diputado Amador Rodríguez Lozano en el
salón, se le concede la palabra al diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del grupo
parlamentario del partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
DIP. NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO: Buenos días;
diputado presidente; diputados del Congreso de la Unión:
"El suscrito Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, diputado
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto…
(LEYO INICIATIVA. INSERTESE)
Señora Presidenta, diputados del Congreso de la Unión.
El suscrito Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, dipuado del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LVIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II,
56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de
decreto por la que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal,
misma que se fundamenta bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ha sido en forma continua y más intensa en los últimos años,
con el afán de fortalecer al federalismo en nuestro país el apoyar al nivel de gobierno
en mayor contacto con las necesidades ciudadanas, los municipios.
Así mismo es de todos aceptado que el fortalecimiento de las
finanzas municipales serán el mejor y más pronto camino para lograr la autonomía, tan
amplia y generalmente deseada.
Es por ello que en forma constante los recursos federales
asignados a los municipios ha ido en aumento, siendo de estos aumentos el de 1998, el más
importante, en donde la creación del ramo 33, con los fondos de Aportación para la
Infraestructura Social Municipal y los fondos de Aportación para el Fortalecimiento
Municipal, lograron en muchos casos hasta un incremento en un 150% de los recursos que
los. municipios iniciaron a manejar para la realización de obra pública.
Estos mayores recursos han logrado cubrir en mejor medida las
necesidades más apremiantes de los ciudadanos, que por supuesto en los mayoría de los
ayuntamientos ha sido para apoyar a la población más necesitada.
En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en forma
explícita se expresa que los recursos serán utilizados "exclusivamente" al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social
y pobreza extrema. Los fondos de aportación para la infraestructura social municipal
deberá ser utilizada para: "agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura
básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos
rurales, e infraestructura productiva rural".
También se expresa que en caso de los municipios, estos podrán
disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social
municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo
institucional. Especifica que este programa deberá ser convenido entre el ejecutivo
federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, el gobierno estatal
correspondiente y el municipio de que se trate. Adicionalmente los municipios podrán
destinar hasta el 3% de los Recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados
como gastos indirectos a las obras que se ya se han expresado.
Sin embargo dos problemas fundamentales se han detectado, tienen
los Municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en éste artículo 33.
Primero. El aumento de recursos para obra pública ha
permitido a los municipios tener la posibilidad para realizar obras de mayor magnitud y
que por ello requieren de la realización de proyectos ejecutivos técnicamente
complicados y por tanto costosos. En muchas ocasiones, las condiciones propias de los
ayuntamientos no permiten utilizar recursos, pues no se cuenta con ellos, para la
realización o pago de los proyectos ejecutivos requeridos para obras necesarias para
cumplir con los requerimientos de la población. Como ejemplos pudieran considerarse,
proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales pavimentados,
pozos y líneas de conducción de agua potable etcétera.
Segundo. Con mayores recursos es posible realizar mayor
número de obras, para lo que se requiere un mayor número de personal capacitado para la
supervisión de la ejecución de las mismas, llevando con ello una utilización adecuada
de los recursos y que éstas se efectúen con índices de calidad necesarias y exigidas
por, la normatividad y la ciudadanía. Los recursos de gran cantidad de municipios no son
suficientes para cubrir este rubro de supervisión de obra pública, al no poder contratar
personal capacitado en la cantidad suficiente para que su desarrollo de la actividad sea
la correcta.
En el primer problema tenemos como consecuencia, el que algunos
municipios no logren utilizar el total del recurso asignado por no contar con los
proyectos ejecutivos de la obras que la localidad requiere, situación grave, ante las
grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose en ocasiones a
la realización de obras pequeñas, como canchas de usos múltiples, aulas de escuela,
centros cívicos, etc, que no son necesidades reales ni inmediatas. Por otro lado obras
necesitadas como apremiantes y urgentes no pueden realizarse por la complejidad de ello al
no contar con proyectos ejecutivos adecuados.
El segundo problema ocasiona que muchas obras al no tener la
calidad necesaria por falta de supervisión, no cumpla con las expectativas de la
ciudadanía y por tanto la molestia de la misma y por otra ponga a los munícipes en
serios problemas legales por no cumplir con la normatividad que se requería.
La redacción actual del artículo 33 de la Ley Coordinación
Fiscal, niega, por no estar expresamente señalado que se puedan utilizar recursos de
estos fondos municipales para elaborar proyectos ejecutivos para obras complejas, y así
mismo el poder utilizar recursos para la contratación de personal o empresarial para la
supervisión de obras realizables. Los municipios que tiene capacidad de recursos propios
para sortear estos dos problemas brincan el obstáculo, sin embargo municipios que tiene
recursos propios insuficientes caen en una trampa de ineficiencia, ineficacia y falta de
atención a las necesidades apremiantes de la ciudadanía a la que sirven.
Es por ello que se propone agregar un párrafo al artículo 33
de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se faculte a aquellos Municipios que lo
requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones par la Infraestructura
Social Municipal, para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra, así como para la
supervisión correcta en la ejecución de las mismas.
El agregado no es limitativo, pues el mismo artículo estable
para que se debe emplear el recurso, y por el contrario abre la posibilidad para que aquel
que lo requiera pueda utilizarlo, en un rango que no sea un monto que perjudique el
atender las necesidades básicas de la comunidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los
ordenamientos previamente mencionados, me permito poner a consideración de esta Cámara
de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 33.
Se adiciona al 4o. Párrafo la siguiente leyenda para queda como
sigue:
En caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2%
del total de recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal
que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate.
Así mismo podrán destinar hasta un 5% del total de los recursos de el Fondo de
Aportación para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para elaborar los
proyectos ejecutivos de infraestructura que se realizarán en su territorio, y
hasta un 3% para implementar un programa de supervisión en la ejecución de dichas obras
que asegure que las mismas cumplan con la normatividad establecida. Adicionalmente los
estados y municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada
caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente
artículo. Respecto de dichas aportaciones los estados y municipios deberán:
I a la V. . . .
Solicito atentamente a la presidencia sea turnada para su
estudio y dictamen la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
asimismo que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los
Debates.
Gracias por su atención.
Anexo nombres y firmas de diputados que intervinieron y que
apoyan la presente iniciativa.
José Francisco Blake Mora, José Alfredo Botello Montes,
Víctor León Castañeda, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gabriela Cuevas Barrón, césar
Monraz Sustaita, Julián Hernández Santillán, Eduardo Rivera Pérez, Armando Salinas
Torre, Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Anaya Llamas, Carlos Borunda Zaragoza, Marcos
Pérez Esquer, Abelardo Escobar Prieto, Jaime Salazar Silva, Enoch Araujo Sánchez,
Alfonso Vicente Díaz, Miguel Mantilla Martínez, José Ramón Mantilla González de la
Llave, Alejandro Zapata Perogordo, José Luis Novales Arellano, Luis Pazos De la Torre,
Adrián Rivera Pérez, Sonia López Macías, Cuahtémoc Cardona y Silvia Álvarez.
DIP. NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO: Solicito atentamente
a la presidencia sea turnada para su estudio y dictamen la presente iniciativa, a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, que sea publicada en la Gaceta
Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Como lo solicita,
publíquese íntegramente el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates y en la
Gaceta Parlamentaria.
Por otra parte, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
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Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo
parlamentario del Partido de la revolución Democrática, para presentar una iniciativa de
Ley de promoción a la Avicultura Nacional y de reformas a la Ley Federal de Derechos.
LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ:
(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)
Con el permiso de los integrantes de la Directiva; honorable
Asamblea:
El suscrito, diputado federal a la LVIII Legislatura del
Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en
los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La representación política, es un fundamento de la democracia
representativa propia del Estado y de las sociedades modernas, la representación electiva
en los regímenes republicanos y .federalistas, nace como un modelo alternativo y
complementario a los sistemas sustentados en mecanismos de democracia directa, difíciles
de cumplirse a cabalidad en las sociedades masificadas.
Una de las características de los sistemas políticos modernos,
es la creación de sistemas de representación política de Mayoría, de representación
proporcional o mixto, que reflejen de la mejor manera, la voluntad popular y el interés
nacional.
En ese contexto, es necesario recordar que por lo que se refiere
a los sistemas de representación proporcional, estos sólo pueden ser implementados en
los procesos de integración de cuerpos colegiados, entre ellos, las cámaras
legislativas.
El sistema de representación, tiene como objeto fundamental,
atribuir a cada partido político el número de cargos de elección popular que resulte
proporcional y simétrico a los votos obtenidos en la contienda electoral; en este
sistema, los escaños se reparten entre las listas de candidatos que participan en el
proceso electoral, en proporción al número de votos obtenidos por cada uno de los
partidos.
La aplicación de este sistema, se desarrolla por lo general en
dos fases: en un primer momento, se asigna a la lista de cada partido tantas curules como
votos haya obtenido según un cociente electoral previamente establecido, determinable por
múltiples maneras, mismas que pueden reducirse a las siguientes:
1. Que en cada circunscripción electoral, los escaños se
distribuyan dividiendo el número total de votos emitidos, entre el total de curules
disponibles.
2. Se determina de manera previa, cuál es el número de votos
que se requiere para que un partido político tenga derecho a acreditarse uno o varios
cargos de representación popular.
3. Una combinación de las dos fórmulas anteriores.
Por lo general la primera repartición arroja saldos, es decir,
votos obtenidos por los partidos políticos que no alcanzan la cifra originalmente
requerida por la ley para obtener un cargo de representación popular; para recuperar
dichos votos se han ideado diversos sistemas, los que de manera general responden a dos
modelos fundamentales:
El primero de ellos implica, totalizar los saldos obtenidos por
cada agrupación política a nivel nacional, es decir, sumar los votos obtenidos y no
utilizados por cada partido en todas las circunscripciones y en función de las sumas
resultantes, distribuir las curules que aún existan, entre los partidos que alcancen o se
encuentren más próximos al cociente electoral requerido, hecho lo cual, . se deberá
proceder en forma descendente hasta que ya no existan escaños a repartir.
El segundo modelo hace necesario atribuir las curules
disponibles de la misma forma que en el caso anterior, pero en e! ámbito de cada una de
las circunscripciones.
En el año de 1977 se abandona dentro del orden jurídico
mexicano, el sistema de diputados de partidos instituido en 1963 y se adopta un sistema
electoral mixto, en el que el principio de mayoría se complementa con el de
representación proporcional. El primero de ellos, se funda en que el candidato se
convierte en diputado por haber obtenido las simple mayoría de sufragios emitidos un
determinado distrito por los ciudadanos qué hubiesen votado en las elecciones
respectivas; en el segundo, tienen acceso a la Cámara no sólo los candidatos que hayan
logrado la votación mayoritaria, sino también los que hayan alcanzado cierto número de
votos provenientes de importantes minorías de electores.
La instauración del principio de representación proporcional,
representó entonces un canal apropiado para la participación política de las minorías;
en México el antecedente más antiguo que en la materia se tiene, a saber, se debe al
pensamiento del ilustre jurista Mariano Otero, quien pronunció en diciembre de 1842 un
discurso sobre el artículo 24 de un nuevo proyecto. de Constitución, en donde expuso la
teoría de la representación proporcional y la defensa de las minorías. .Otero afirmó
entonces que: "...las minorías no deben ser síempre sacrificadas a las
mayorías,... se ha creído que la voluntad de la mayoría era soberana y que no tenía
respecto de la minoría ningunos deberes Hoy se sabe como un principio inconcluso de
legislación que se repite con frecuencia, que es necesario respetar a las minorías.. que
el Congreso Constituyente de 1843 resuelva el problema de que la representación nacional
se componga de los diversos elementos políticos y en la misma proporción que se
encuentra la República...la necesidad de llamar todos los intereses a ser representados,
es hoy una verdad tan universalmente reconocida, que sólo ignorando el estado actual de
la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayoría sin el equilíbrio
de la representación de las minorías".
Desde entonces se buscaba que la voz y la presencia de las
corrientes ideológicas minoritarias, se hicieran presentes para la formación de la
representación nacional.
Así, la introducción del principio de la proporcionalidad,
obedece a la necesidad de dar una representación más adecuada a todas las corrientes
políticas relevantes que se manifiestan en la sociedad; así como para garantizar, en una
forma más efectiva, el derecho de participación política de f las minorías y,
finalmente, para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que se
pueden producir en un sistema de mayoría simple.
Atento a todo lo anterior, dentro del sistema político
mexicano, se introdujo el principio de representación proporcional, como un instrumento
para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas corrientes
identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con
una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y
participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización
del país.
Así, se desprende que el principio de representación
proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en un instrumento del
pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año
de 1977 y que ala fecha se mantiene vigente:
El principio de representación proporcional como garante del
pluralismo político, ha tenido en nuestro sistema los siguientes objetivos primordiales.
1. La participación de todos los partidos políticos en la
integración del órgano legislativo en función de su representatividad.
2. Que cada partido alcance en el seno del Congreso o
legislatura correspondientes, una representación aproximada al porcentaje de su votación
total.
3. Evitar un alto grado de sobre representación de los partidos
dominantes.
Más de cinco lustros después de la institución en México del
principio de la representación proporcional, hacen necesaria su evaluación y su examen.
El proceso de evolución del principio de la representación
proporcional en México, innegablemente ha trascendido á un contexto diferente del que le
diera origen.
Es indudable que el escenario que diera pauta a instituir lá
representación proporcional en nuestro sistema legal, ha ido transformándose al mismo
paso que la realidad nacional. Ahora tenemos a una gama de partidos políticos insertos en
un sistema altamente competido, una legislación y unas instituciones electorales,
factibles de perfeccionarse, pero confiables para grandes franjas de la población y para
las instituciones políticas, una alta participación social en las agrupaciones
políticas nacionales, mismas que cada día son mas dinámicas y trascienden a casi todos
los sectores representativos de nuestro país.
Todo ello era impensable en el México de finales de los
setenta, época en la que se implementan gradualmente diferentes avances en materia
políticoelectoral, mismos que en nuestros días se antojan escuetos, pero que bajo el
reformismo lopezportillista, convencieron a la clase política nacional de entonces.
Es evidente que el contexto prevaleciente en nuestros días,
difiere en su casi totalidad con aquellos años de la reforma concebida por Jesús Reyes
Heroles, y es en atención a esas notorias divergencias, que se considera oportuno
plantear diferentes adecuaciones al mecanismo de asignación de cargos legislativos bajo
el principio de representación proporcional.
En numerosos foros y encuentros de intelectuales y analistas de
la realidad política nacional, se ha abordado la necesidad de la refundación del Poder
Legislativo y de los mecanismos que permiten su integración.
Creo que no debemos ser renuentes a analizar en principio y a
reconocer posteriormente, que el sistema de asignación de diputaciones y senadurías por
el principio de representación proporcional a través del mecanismo de listas regionales
y listas nacionales, debe ser replanteado del. todo.
La estructura interna de los partidos políticos y la
correlación de fuerzas que se genera en estos, permiten afirmar que los procesos y los
mecanismos vigentes de asignación de cargos legislativos han quedado rebasados.
La figura de las listas regionales para diputados y la lista
nacional para senadores, como formas de asignación de cargos legislativos por la vía de
representación proporcional, debe ser objeto de un honesto replanteamiento.
La forma en la que fueron concebidas las listas regionales por
circunscripción y sus modalidades vigentes de funcionamiento, no responden ya a los
objetivos para que fueron diseñadas.
La correcta y loable intención inicial que concibió a las
listas regionales plurinominales como mecanismo para asegurar la participación de
expresiones políticas no mayoritarias, ha sufrido una involución y se han tergiversado
sus objetivos iniciales.
En atención a dicha problemática y como respuesta a un
fenómeno político-electoral que se generaliza y se ahonda, es que presento a
consideración de esta Soberanía la presente, misma que persigue la modificación de los
mecanismos constitucionales de asignación de cargos legislativos por la vía de la
representación proporcional.
Esta propuesta gira en torno a la conveniencia de instituir la
figura de las candidaturas de prelación en nuestro marco constitucional; situación que
modificaría una de las formas de acceso a los cargos legislativos a que tengan derecho
los diferentes partidos políticos para acceder al Congreso de la Unión, bajo el
principio de representación proporcional.
Creo que en la actualidad, es pertinente el establecimiento del
sistema de la prelación de candidaturas, como una de las vías de acceso a la función
legislativa por la vía de representación proporcional. Dicho sistema como es conocido,
establece que los candidatos registrados por los partidos políticos como integrantes de
una formula de mayoría relativa, deban ser los mismos que sean considerados como
candidatos de representación proporcional en las diferentes circunscripciones.
Así las cosas, los contendientes que por cada partido hayan
obtenido un mayor porcentaje de votos en sus correspondientes demarcaciones
circunscripcionales, serán quienes tengan la posibilidad de ocupar un escaño legislativo
a través de la vía de representación proporcional.
Es de estimarse que la implementación de la figura de las
candidaturas de prelación, estimularía la competitividad de quienes sean registrados
bajo tal figura, situación que llevaría implícito un mejoramiento al sistema de
partidos, porque al asignarse tales legisladores en función a los mejores resultados
porcentuales obtenidos en las diferentes circunscripciones por los distintos partidos, se
estaría incentivando la participación de los candidatos que hayan diseñado una campaña
electoral eficaz y altamente competitiva.
Es conveniente subrayar que los alcances de la iniciativa que se
presenta, no afectarán el principio de la representación proporcional como fundamento de
la democracia representativa propia de los sistema electorales modernos, él suponerlo
así, entraña una interpretación equivoca e inadecuada respecto a los alcances reales de
esta propuesta, la cual lleva implícita una modificación a cinco artículos
constitucionales tendientes a eliminar las llamadas listas regionales y nacional para
acceder a los cargos legislativos por la vía de la representación proporcional y en su
lugar como ya quedó expresado, instituir la figura de las llamadas candidaturas de
prelación.
Uno de los factores que permitirán un correcto análisis de la
presente, tendrá que ser la adecuada evaluación de los diversos antecedentes de la
figura legislativa. que se propone, misma que a la fecha esta ya inserta, por ejemplo en
la legislación de Oaxaca.
Otro de los elementos a considerar en el proceso de dictamen de
la presente iniciativa, tendrá que ser necesariamente, el examen de la evolución
histórica del texto Constitucional en los apartados que son objeto de esta intervención.
Así, habrá que tener presente el sentido de la séptima
reforma al artículo 52 constitucional de diciembre de 1977, inserto en el marco de la
reforma política de esos años, la cual instituyó la representación proporcional
mediante listas regionales, así como el resto de las adecuaciones alusivas a la
representación proporcional y alas listas regionales contenidas en los artículos 53 al
56.
Es innegable que una iniciativa de este naturaleza, puede
provocar renuencia en los diferentes grupos de presión insertos en los distintos partidos
políticos, lo anterior en la medida que vulneraría sus mecanismos internos de
negociación al seno de sus respectivas agrupaciones, pero no obstante es posible afirmar
que una adecuación legislativa con estas características, en la medida que fomenta una
mayor competitividad entre candidatos y erige formas de participación mas equitativas
para estos, propiciaría un escenario que fortalecerá el sistema de partidos en nuestro
país.
Creo necesario destacar que una propuesta en los términos
señalados, permitiría inhibir la práctica de algunos candidatos, de tratar
denodadamente de ubicarse en un lugar de las listas regionales que les garanticen acceder
a una curul y una vez inscritos en un lugar conveniente omitir toda actividad
proselitista. De tal suerte que un instrumento concebido para fortalecer nuestro sistema
de partidos y la participación política de las expresiones no mayoritarias, termina
convirtiéndose en una espada de Damocles para los propios partidos que quedan cautivos de
sus integrantes y se ven sujetos a distribuir cuotas de poder que lesionan gravemente su
propio crecimiento electoral.
Ahora bien, es oportuno recordar que el principio de prelación
de candidaturas, ha generado una fuerte polémica suscitando agrios debates en varias
ocasiones, la mas reciente de ellas, la que se presentara con motivo de la aprobación del
Código Electoral del Distrito Federal en 1999 y que fuera objeto de la interposición de
una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
encaminada esta a eliminar la prelación de candidaturas en la legislación electoral del
Distrito Federal, precisamente por no estar contemplado en la norma constitucional. De
ahí que nuestra propuesta haya sido cuidadosa y atenta a los resolutivos y argumentos
jurídico-técnicos del máximo tribunal del País, a fin de que el texto la presente
iniciativa no transgreda los criterios que en la materia, han trazado los ministros de
nuestra Suprema Corte de Justicia.
Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento
en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, es que someto a la
consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, la presente
INICIATIVA
Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos a fin de que el contenido de dichos numerales sea modificado en atención a lo
siguiente:
Artículo único. Se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
comprenden el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el artículo 54 en su
párrafo primero y en sus fracciones I, II y III, y el segundo párrafo del artículo 56,
y se deroga el segundo párrafo de la fracción III del artículo 55 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los artículos mencionados queden
como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por
300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el
sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según
el principio de representación proporcional, mediante un sistema de prelación en donde
las diputaciones que le correspondan a cada partido por el principio de representación
proporcional estarán determinadas por los mayores porcentajes de votación que cada
candidato haya obtenido en sus respectivas demarcaciones.
Artículo 53.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de
representación proporcional que lleguen a asignarse por el sistema de prelación, se
constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley
determinara la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el
principio de representación proporcional, que se asignen bajo el sistema de prelación,
se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. Un partido político, para acceder a diputaciones asignadas
por el sistema de vrelacíóí7, deberá acreditar que participa con candidatos a
diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por
ciento del total de la votación emitida en la círcunscripción que corresponda, tendrá
derecho a que le sean atribuidos diputados de representación proporcional asignados por
el sistema de prelación;
III. Al partido político que cumpla con las dos bases
anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que
hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación
proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el numero de diputados que le
corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá un orden
descendente a partir del mayor porcentaje de votación que cada candidato haya obtenido.
IV a la VI. . . .
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes
requisitos:
I y II. . . .
III. Ser originario del estado en que se haga la elección o
vecino de el con residencia efectiva de mas de seis meses anteriores a la fecha de ella.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos
públicos de elección popular.
IV al VII. . . .
Artículo 56.
Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio
de representación proporcional, mediante el sistema de prelación a asignarse en una sola
circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y formulas para
estos efectos.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan
las reformas establecidas en el presente decreto.
Tercero. Las disposiciones comprendidas en el segundo
párrafo del artículo 56 contenido en el texto del presente Decreto, deberán ser
reglamentadas en un término que no excederá de seis meses contado a partir de la entrada
en vigor del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de noviembre de
2001.— Por el grupo parlamentario de la Revolución Democrática, el diputado Rufino
Rodríguez Cabrera.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Agricultura y
Ganadería y a la Comisión Especial de Ganadería, con opinión de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
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El siguiente punto del orden del día es la presentación de una
iniciativa de reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus
Ahorradores, que presentará el diputado Delfino García Martínez, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO DELFINO GARCIA MARTINEZ:
(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)
Iniciativa de reformas. y adiciones a la Ley que crea el
Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fotalecimiento de Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
CONSIDERANDO
Que los ahorradores de diversas cajas de ahorro cooperativas y
sociedades de ahorro y préstamo fueron afectados en su patrimonio por acciones y
omisiones del Gobierno Federal.
Que tanto por la razón .anteriormente expuesta como por el
amplio número de afectados él Congreso de la Unión tuvo a bien crear el fondo referido
y proceder al resarcimiento hasta el 70% a todos los afectados con hasta 190 mil pesos de
ahorro e inversión mediante la aprobación de la ley que nos ocupa:
Que al momento de tomarse esa decisión el Gobierno Federal
aseguró a los diputados que el resto de los afectados podrián recuperar sus ahorros por
vía de la liquidación de los bienes de dichas sociedades y que hasta la fecha no se ha
podido liquidar bien alguno y los ahorradores no han recibido en consecuencia ningún
pago:
Que el Gobierno Federal por conducto de la Procuraduría General
de la República y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene asegurados
los bienes a nombre del apoderado legal de las cooperativas de ahorro en 24 entidades
federativas sin que se haya, podido concluir el proceso correspondiente por lavado de
dinero y crimen organizado.
Que el proceso que se sigue a José Cirilo Ocampo Verdugo virtud
al cual no han podido recuperar los ahorradores de dichas cooperativas sus recursos habrá
de ser ganado por la autoridad responsable según la información oficial proporcionada, y
ello hará inviable la operación del fideicomiso denominado Fichar establecido por el
gobierno anterior en julio del 2000 puesto que los bienes ingresarán como lo manda la ley
al dominio público.
Que en la ley en comento el honorable Congreso dispuso se
dotará al fondo de 500 millones de pesos correspondientes al ejercicio del año 2001 para
efectos de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de
liquidez y/o solvencia.
Que hasta el momento dicho recursos no han sido destinados al
Fondo ni este ha ejercido ninguna acción con el fin referido puesto que el propio
Congreso ha resuelto por mandato de la ley establecer el Banco Nacional de Ahorro Popular
con esos fines.
Que según la información que ha proporcionado tanto, el Ficah
como el Sistema de Bienes Asegurados a los diputados los bienes asegurados representan al
menos 490 millones de pesos y que como se ha expuesto ingresarán al dominio público en
el futuro:
Que los ahorradores como lo demuestra la auditoria ordenada por
el Gobierno Federal son ahorradores legítimos y no se derivan de sus depósitos
operaciones delictuosas y que han sido privados de su patrimonio indefinidamente por actos
de particulares pero también y de manera destacada, por las acciones de la autoridad por
lo que se actualiza el principio de la reparación del daño que el honorable Congreso de
la Unión acertadamente estableció en la ley de referencia.
Que se propone la utilización de los 500 millones ya dispuestos
por el honorable Congreso para aplicarlos al pago de los ahorradores con inversiones
superiores a los 190 mil pesos y a cambio que el Gobierno Federal mantenga desde luego la
totalidad de los bienes asegurados comentados, a fin de resarcir completamente al erario
público.
Que los 500 millones referidos se aplicarían para los casos de
las sociedades incluidas en la ley de conformidad a la proporción que establezca el
comité técnico del fideicomiso que administrara el fondo que tuvo a bien establecer el
honorable Congreso considerando la disponibilidad de bienes proveniente de cada sociedad
con los que pueda resarcirse al erario público para evitar presiones adicionales a las
finanzas públicas:
Que a dos meses del término del ejercicio fiscal
correspondiente al año 2001 los 500 millones referidos no han sido aplicados por lo que
es de concluirse que la urgencia de su utilización en los fines originalmente previstos
no se ha actualizado por lo que se propone que en vez de ser devueltos a la Tesorería de
la Federación se apliquen como se ha descrito para subsanar el sentido discriminatorio
que originalmente tuvo la ley en contra de quines tenían ahorros superiores a los 190 mil
pesos, a la luz de la información que proporcionaba el Gobierno anterior en cuanto a la
existencia de los bienes referidos y a los plazos próximos que se planteaban para la
culminación de los juicios y procedimientos a cargo de la autoridad federal.
Que la ley de referencia estableció limitaciones para apoyar a
sociedades distintas a las de ahorro y préstamo y cooperativas por lo que quedaron
excluidos numerosos ahorradores que enfrentan condiciones similares a las de aquellos que
la ley en referencia permitió resarcir y que debe hacerse un esfuerzo para dar trato
igual a quienes resultaron afectados por problemas similares:
Por todo lo anterior, se presenta a su consideración la
siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la ley en comento:
Artículo 11. Base tercera:
Tercera. Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el
equivalente a diecinueve veces el monto básico podrán recibir la recuperación de dicho
saldo con recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer
las acciones legales que correspondan, así como de los pagos que pueda acordar el comité
técnico cuando existan los recursos necesarios y se reúnan las condiciones que apruebe.
Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio Fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos
que se destinará a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el
fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia
así como para el pago a ahorradores previsto en el artículo 11 base tercera.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo séptimo.
Para el caso de los recursos previstos en el artículo 12 para
el ejercicio fiscal del 2001 que no se hubiese ejercido con antelación al mes de octubre,
el comité técnico podrá disponer su aplicación al pago de los ahorradores previsto en
el artículo 11. base tercera de la presente ley. En ese caso, no serán necesarios los
convenios que dispone el artículo 10 y el comité técnico deberá publicar los
procedimientos de pago antes del 31 de diciembre para proceder al pago a los
beneficiarios.
Los pagos que se efectúen al amparo de esta disposición no
podrán exceder en ningún caso el 70% del saldo neto del ahorro del beneficiario y de un
monto de hasta 300 mil pesos.
Por otro lado existen algunas cajas de ahorro que con la
fórmula jurídica de sociedades civiles o mercantiles o aún de simples asociaciones,
enfrentaron problemas similares a los de las sociedades de ahorro y préstamo y
cooperativas de ahorro popular e iniciaron procesos de carácter penal y mércantil
quedando, sin embargo fuera de los preceptos de ley de referencia principalmente debido a
que en ese entonces está Cámara de Diputados legisló con base a la información parcial
e incompleta que le remitió el Ejecutivo Federal a la fecha, una vez conocida la
dimensión de dichos casos, especialmente en los estados de Hidalgo, Sinaloa, Coahuila y
Jalisco, se propone que se .repara la inequidad que involuntariamente se genero al dar un
trato diferente a ahorradores afectados en circunstancias similares, de ahí que el
Partido de la Revolución Democrática presenta la Iniciativa correspondiente para que en
el Programa de Apoyo a Entidades Federativas del Ejercicio 2002 se transfieran a las
entidades Federativas afectadas la suma de 700 millones de pesos para sufragar el pago a
los ahorradores referidos ejerciendo dichos recursos con arreglo a lo que disponga él
presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones aplicables de las
legislaturas estatales.
México, D. F., a 27 de noviembre de 2001.— Diputado José
Delfino Garcés Martínez.
(Al final de la lectura, el diputado Delfino Garcés Martínez
agregó lo siguiente: Si bien es cierto que en especial el estado de Hidalgo, como
Sinaloa, no fueron consideradas las cajas que en su momento se contemplaron, también es
cierto que fueron comisiones de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General
de la República.
Por tanto, la propuesta en la reforma a la iniciativa de ley es
desde el punto de vista de que en el Presupuesto de Egresos del año 2002 sea precisamente
a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda donde de alguna
manera se les quiten los 700 millones para que se puedan aplicar. Muchas gracias.)
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Túrnese a las
comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial y con
opinión de la de Fomento Cooperativo y Economía Social
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Pasando al siguiente punto del orden del día, se concede el uso
de la palabra al diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del PRD, para
presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
EL C. DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Muchas gracias,
señora Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva quiero presentarles, compañeros
diputados, fundamentándome en el artículo 61 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento
para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
siguiente Iniciativa. Es una iniciativa de decreto para reformar diferentes artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Paso entonces a exponerles lo que a mi manera de ver son algunos
motivos razonables para esta reforma:
"La representación política es un fundamento de la
democracia..."
(Leyó la Iniciativa, insértese)
Iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de
Reformas a la Ley Federal de Derechos.
La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa
decreto de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Las crisis económicas por las que ha atravesado México a
partir de la década de los setenta ha impactado severamente las condiciones en que se
desarrolla la actividad avícola nacional. La ausencia de recursos destinados a los
organismos de fomento al sector pecuario, agudizó el estancamiento productivo y la
descapitalización del sector avícola. Incluso se ha llegado al punto en que los propios
productores han tenido que financiar sus propias campañas zoosanitarias, en vez que el
Estado lo hiciera.
Pese a lo anterior, internacionalmente los cambios sufridos en
el contexto de la globalización de las actividades productivas y de la apertura comercial
iniciada con la entrada de México al GATT en 1986, propiciaron que a fines de la década,
el Estado emprendiera una serie de reformas estructurales en los ámbitos político,
económico y social con el objetivo de reducir la participación estatal en el proceso
productivo, eliminar subsidios, privilegiar el mercado para que la competitividad y la
eficiencia definieran los precios, fomentar la inversión privada, liberar al sector
externo de la economía y estabilizar los precios a niveles similares a los de los países
desarrollados. El propósito declarado de estas reformas fue el de insertar al país en la
corriente de la modernización internacional.
El sector pecuario no estuvo al margen de dichas reformas, por
lo que el enfoque de la modernización se centró básicamente en:
a) La firma y puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte en el cual el país se comprometió a la liberación de aranceles a
productos básicos; por las asimetrías se buscó proteger provisionalmente a productos
avícolas sensibles con aranceles altos o bien con cuotas arancel-cupo.
b) La redefinición de la política de crédito hacia los
productos pecuarios; nuevos esquemas de apoyo a los productores, aun cuando su aplicación
fue deficiente, y
c) El impulso a la economía de libre mercado, dejando el papel
principal en la asignación de recursos a las fuerzas del mercado, con mínima o nula
participación por parte del Estado, lo que a la postre ha significado en un abandono
acelerado. de nuestras actividades productivas.
Las crisis económicas recurrentes, son una constante que se
manifiesta por la ausencia de mecanismos de restitución para áreas de la economía que
se liberalizaron sin establecer mecanismos de reciprocidad, para con nuestros socios
comerciales, especialmente los Estados Unidos.
A lo anterior, debemos añadir, que no hay leyes y reglamentos
suficientes que tengan relación con la promoción y el fomento del sector avícola.
Esta problemática, es uno de los aspectos que afectan la
solución de los problemas pecuarios del país, al impulsarse políticas, programas y
acciones planificadas oficialmente, descoordinadas entre sí, con prioridades y objetivos
diferentes sobre los aspectos que afectan al sector.
Los avicultores mexicanos hasta el momento, no han podido
acceder al mercado internacional vía exportaciones, por la falta de reconocimiento de
áreas libres de enfermedades, por la lentitud y burocracia de nuestros socios comerciales
en los procedimientos para el reconocimiento de tales zonas y de que algunos de ellos no
reconocen zonas sino países enteros; aunado al limitado apoyo y compromiso que el
Gobierno Federal ha mostrado al respecto, por no considerarlo un asunto prioritario.
Independientemente de lo anterior, el dinamismo de la avicultura
y el esfuerzo e imaginación de los avicultores, han permitido que México se ubique
internacionalmente como el cuarto productor avícola a nivel mundial de carne de pollo y
como el quinto en la producción de huevo.
Para continuar con la dinámica de crecimiento que ha
caracterizado al sector avícola, se requiere lograr reciprocidad comercial, y reducir las
asimetrías con nuestros socios comerciales, de esta manera se podría iniciar la
exportación de pechugas, productos procesados de pollo y pavo, así como huevo de plato y
procesado.
En el año 2003 la apertura comercial y la eliminación de
aranceles provocarán la invasión de productos avícolas del exterior, provenientes de
países con una avicultura a escala masiva, tecnificada, subsidiada con créditos blandos
y políticas agresivas de fomento.
Los diferentes hábitos de consumo entre países provocan que
nos envíen productos de desecho para ellos - pierna y muslo - a precios castigados, sin
que los productores nacionales puedan enviar por ejemplo, pechugas de pollo de calidad de
primera a un precio competitivo.
La avicultura mexicana requiere de una inmediata consolidación
y preparación para lo que ya es evidente, so pena de ser arrasada con productos del
exterior excedentes a precios bajos.
La avicultura nacional, no ha sido apoyada o fomentada en forma
decidida, no así, por ejemplo los productores norteamericanos que cuentan con todo tipo
de facilidades, apoyos, subsidios, créditos baratos, organizaciones, consejos y comités
que los apoyan y promueven, creando una disparidad de condiciones que hacen sumamente
vulnerable a la avicultura nacional al enfrentarse a la apertura comercial inminente, por
lo que resulta necesario establecer un trato de igualdad comercial y de condiciones
distributivas entre competidores desiguales.
En caso de desaparecer la avicultura nacional; se crearía un
caos para toda la cadena alimenticia nacional, creándose un vacío que sería llenado por
competidores internacionales que impondrían sus precios, calidades y condiciones, mismas
que repercutirían en todos los eslabones de la cadena, golpeando severamente al
consumidor mexicano, sin contar con la perdida de soberanía alimentaria en un alimento
tan importante en la dieta del consumidor mexicano.
Ante la necesidad de reorientar las políticas de promoción y
fomento aplicables al sector agropecuario, se requiere fortalecer una nueva
institucionalidad avícola: Es decir, nuevas relaciones entre el Gobierno y los
productores, entre los niveles de Gobierno, entre poderes Ejecutivo y Legislativo, una
nueva legislación y una reorientación de las atribuciones, responsabilidades y recursos
para el desarrollo avícola fomentando la creación de instituciones especializadas.
Importante es mencionar que al cadena alimenticia del sector
será impulsada, al promover el consumo de los productos del sector avícola, es decir si
se promueve el crecimiento del mercado avícola, no solo se promueve a los productores,
sino también a los proveedores de insumos y servicios de estos, a los industrializadores
y empacadores, a sus comercializadores e incluso a las empresas importadoras,
beneficiándose directamente al consumidor mexicano con un abasto adecuado y oportuno, a
precios bajos y productos de calidad.
El país ha sufrido transformaciones en todos los ámbitos de la
vida política, económica y social, que debe desembocar, en una mayor democracia y.
autentico federalismo. La descentralización implica el reconocimiento de que son los
agentes directamente involucrados en la actividad avícola a quienes corresponde formular,
planear, y ejecutar los programas para fomentar su desarrollo; supone también el
reconocer su capacidad para afrontar y realizar los cambios necesarios en su entorno para
flexibilizar e instrumentar las estrategias más adecuadas en función de sus condiciones
particulares y demanda. En la medida en que el gobierno federal, los gobiernos estatales y
municipales se comprometan solidariamente a proporcionar o facilitar las condiciones, la
infraestructura y los recursos económicos, los productores estarán en condiciones de
contribuir con su esfuerzo a elevar su producción, y a generar alternativas que se
traduzcan en un mayor beneficio económico y social para los mismos y sobre todo para la
población consumidora.
La avicultura nacional es la actividad agropecuaria más
importante del país, ha desarrollado y cumplido con un cometido social muy importante en
las últimas décadas. En 1999 aportó el 33.5% del PIB pecuario; en toneladas, la
avicultura fue capaz de producir el 59% de la producción pecuaria nacional; en el mismo
año consumió más 10 millones de toneladas de granos forrajeros y pastas oleaginosas,
destacándose como la principal industria transformadora de proteína vegetal en animal;
genera 840 mil empleos directos e indirectos; resultado de la productividad, eficiencia e
imaginación de los avicultores ha hecho posible que en los últimos cuatro años los
precios reales de la carne de pollo y huevo se hayan reducido en 36% aproximadamente;
siendo el único caso en el sector pecuario de este tipo, beneficiándose en forma directa
al consumidor mexicano y a la cadena alimenticia lográndose pues un precio a la baja de
la proteína animal de más volumen producida en México y por ende la más accesible al
público consumidor.
La actividad avícola precisa de un cambio de las instituciones
que ofrezca soluciones reales emanadas de la identificación de la problemática local y
regional, de instrumentos que propicien la participación organizada de los productores y
de la definición de proyectos consensados entres los tres ordenes de Gobierno y los
productores.
La finalidad de la presente iniciativa es otorgar mayores
atribuciones de fomento en materia avícola a los productores, precisando el
establecimiento de relaciones gubernamentales basadas en la concurrencia, coordinación y
solidaridad para la solución de los problemas del sector. En esencia, la iniciativa busca
fomentar al sector avícola, por medio de la promoción del aumento del consumo per capita
de huevo y de pollo, permitiendo así elevar la competitividad de los productores y de
esta manera reducir aún más los precios de los productos avícolas, lo que permitirá
hacer llegar a más mexicanos huevo, pollo y pavo de alta calidad a precios accesibles,
con un abasto adecuado, oportuno y productos de alta calidad en beneficio del consumidor,
a la vez que esto permitirá prepararse para la apertura comercial inminente.
Asimismo, esta iniciativa tiene como fin el fomento e impulso a
las exportaciones de productos avícolas, ampliar los mercados nacionales e
internacionales.
La Ley de Promoción a la Avicultura Nacional se concibe como un
instrumento dinamizador de los agentes que intervienen en el sector, proporcionando un
marco para la definición de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y de
los productores, para eficientar la gestión pública a partir de las normas, ámbitos de
acción y condiciones generales para la planeación, fomento y gestión del desarrollo
avícola.
Se trata de una legislación género, que debe complementarse
con políticas públicas de apoyo a dicha actividad económica.
Pensamos que proteger nuestra industria nacional en general y la
avícola en particular, tendrá siempre consecuencias positivas para el país.
La cadena productiva se conforma de gente de carne y hueso, que
reclama, al menos, posibilidades de subsistencia.
Desmantelar nuestra planta productiva, sólo ha generado pobreza
y marginación para cada vez más sectores sociales y la expulsión de mexicanos hacia los
Estados Unidos, ante las nulas posibilidades de trabajo y subsistencia que les ofrece el
país.
Las políticas económicas de las últimas dos décadas sólo
han ganado aprobación de organismos financieros internacionales y pobreza y marginación
para el grueso de la población mexicana.
Tomemos las medidas desde este Congreso de la Unión o habrá
otros en otros momentos que lo hagan y a quienes la historia se los reconocerá mientras
se reclama nuestra pasividad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta
soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Promoción a la Avicultura Nacional y de
reformas a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se expide la Ley de Promoción a la
Avicultura Nacional, para quedar como sigue:
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de
interés social; sus disposiciones se aplican en toda la República.
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto promover y fomentar
el desarrollo de la cadena alimenticia cuyo eje es la avicultura nacional. Este objetivo
se alcanzará mediante:
I. La elaboración anual del Programa Nacional de Promoción y
Fomento a la Avicultura Nacional.
II. La promoción y publicidad en cualquier medio de
comunicación del consumo de los distintos productos y subproductos avícolas;
II. La educación e información a la población de las
cualidades, beneficios y en general de las ventajas del consumo de los productos
avícolas;
IV. El fomento a la investigación científica, técnica,
comercial, económica y en general desde cualquier ámbito de análisis de todos y cada
uno de los productos avícolas;
V. Estableciendo un órgano de consulta obligatoria en materia
avícola;
VI. Constituyendo un Instituto Nacional Avícola;
VII. Elaborando programas específicos de difusión, gestión,
formación y capacitación empresarial.
VIII. Las demás actividades que sean acordes con el objeto de
esta ley.
Artículo 3o. La aplicación de esta ley en la esfera
administrativa corresponde al Instituto Nacional Avícola y a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los ámbitos de sus
respectivas competencias sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes otorguen a
otras autoridades federales, en cuanto no se prevean en forma expresa en la propia ley.
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Avicultura, a toda actividad qué tenga como objetivo
principal cualquiera de las siguientes actividades: la producción, cría, engorda,
sacrificio y proceso de aves y huevo.
II. Cadena Alimenticia avícola, a la participación de todos y
cada uno de los agentes económicos que directa o indirectamente intervengan en la
actividad avícola nacional, ya sea proveyéndola de insumos y servicios, comercializando,
importando o procesando los productos del sector.
III. Instituto, al Instituto Nacional Avícola y se entenderá
que se trata del organismo encargado de administrar y ejecutar la presente ley.
IV. Programa, al Programa Nacional de Promoción y Fomento a la
Avicultura Nacional, mismo que tendrá una vigencia anual.
CAPITULO II
Del Instituto
Artículo 5o. En términos de esta ley se crea el Instituto
Nacional Avícola, como el organismo público descentralizado que estará encargado de
realizar las actividades de fomento contempladas en la ley, contando para ello con
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 6o. Los objetivos del instituto son los
consignados en el artículo 2o. de esta ley.
Artículo 7o. El instituto contará con los órganos de
administración interna que se señalen en el Reglamento de esta ley.
Artículo 8o. El instituto será presidido por un director
designado por el Ejecutivo Federal de una terna que le presente la Cámara de Diputados en
consulta con las asociaciones de avicultores del país. Podrá ser removido libremente por
el Ejecutivo.
Las secretarías de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; Economía; Hacienda y Crédito Público y de Salud, participarán
en, los órganos de dirección del instituto, así como representantes de las asociaciones
de avicultores del país, quienes tendrán voz en las reuniones para la definición de
políticas y apoyos a la actividad.
Artículo 9o. La evaluación del manejo de los recursos
públicos asignados al Instituto por el cumplimiento de los objetivos y actividades
establecidas en esta ley, se realizará conforme a las metas y plazos que se precisan para
la revisión de la Cuenta Pública que lleva a cabo la Cámara de Diputados.
CAPÍTULO III
De los Recursos del Instituto
Artículo 10. El instituto tendrá los recursos integrados
por el monto de la recaudación de los derechos de fomento avícola; según lo establecido
en la Ley Federal de Derechos.
Artículo 11.- Los recursos del instituto, serán destinados
única y exclusivamente a la promoción de la avicultura nacional, a través del
cumplimiento de los objetivos que están determinados en el artículo 2o. de la presente
ley, así como los objetivos que para el mismo efecto se determinen en el Reglamento.
Artículo 12. El instituto elaborará a partir del segundo
semestre del primer año de operación y durante el último mes de cada año, el Programa
Nacional de Promoción y Fomento a la Avicultura Nacional, donde se harán constar las
acciones y actividades a realizar cada año y el monto presupuestado de recursos,
necesarios para realizar cada una de ellas.
CAPÍTULO IV
De la Coordinación con las Entidades Federativas, el Poder
Ejecutivo y Organismos Internacionales
Artículo 13. El instituto podrá celebrar convenios de
coordinación con las entidades federativas y con organismos internacionales, para
promover la actividad avícola nacional.
En dichos convenios se establecerán las acciones, mecanismos y
procedimientos para la coordinación de las actividades para el fomento de la avicultura
nacional, en los tres niveles de Gobierno.
Artículo segundo. Se reforma la Ley Federal de Derechos,
para quedar como sigue:
Artículo 53. Se pagará el derecho de fomento avícola por
las operaciones aduaneras en las que se introduzcan mercancías al territorio nacional
consignadas en pedimentos que las amparen, cuando dichas mercancías estén clasificadas
en las partidas: 0105.11.01, 0105.11.02, 0105.11.99, 0105.12.01, 0105.19.99, 0105.92.01,
`0105.92.99, 0150.93.01, 0105.93.99, 0105.99.99, 0207.11.01, 0207.12.01, 0207.13.01,
0207.13.02, 0207.13.99, 0207.14.01, 0207.14.02, 0207.14.03, 0207.14.99, 0207.24.01,
0207.25.01, 0207.26.01, 0207.26.02, 0207.26.99, 0207.27.01, 0207.27.02, 0207.27.03,
0207.27.99, 0207.32.01,0207.33.01, 0207.34.01, 0207.35.99, 0207.36.01, 0207.36.99,
0210.90.03, 0407.00:01, 0407.00.02, 0407.00.99, 0408.11.01, 0408.19.99, 0408.91.01,
0408.91.99, 0408.99.01, 0408.99.99, 1601.00.01, 1601.00.99, 1602.10.01, 1602.10.99,
1602.20.01, 1602.20.99, 1602.31.01, 1602.32.01, 1602.39.99, 35.02.11.01, 35.02.19.99, de
la Ley General del Impuesto de Importación.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior, deberá
pagarse por la operación aduanera de que se trate y será de 120 pesos por cada 1 mil
kilogramos de mercancía o fracción excedente El pago del derecho se efectuará
conjuntamente con el impuesto general de importación de acuerdo a las disposiciones de la
Ley Aduanera. Cuando no se esté obligado al pago de los impuestos citados, el derecho a
que se refiere este artículo deberá pagarse antes de retirar la mercancías del recinto
fiscal.
Artículo 53-A. Para el caso de las fracciones arancelarias
0207.13.01, 0207.26.01, 0207.14.01 y 0207.27.01, el derecho de fomento avícola se
determinará de la siguiente manera, 70 pesos por cada 1 mil kilogramos o fracción del
producto importado bajo esas fracciones arancelarias.
El pago del derecho se efectuará en los términos establecidos
en el último párrafo del articulo anterior.
Artículo 53-B. La recaudación de los derechos de fomento
avícola, se destinará al Instituto Nacional Avícola, en los términos de la ley
respectiva.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de
2001.— Diputados: Silvano Aureoles, Petra Santos Ortiz, Luis Herrera Jiménez,
Alfonso Olivero Elías, Manuel Duarte Ramírez, Rogaciano Morales Reyes, Adela del C.
Granel Campos, Auldarico Hernández, Rubén Aguirre Ponce, Alfredo Hernández R. y Rufino
Rodríguez.
LA C. PRESIDENTA: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Gobernación y Seguridad Pública.
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Para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto
General de Importación, tiene la palabra el diputado Rubén Aguirre Ponce, del PRD.
EL C. DIP. RUBEN AGUIRRE PONCE: Con su permiso, señora
Presidenta.
"La crisis nacional de la copra es tema que en esta tribuna
reiteradamente ha sido abordada por diputados representantes del PRI, PAN y PRD, para
plantear medias de protección a la producción y comercialización de este
producto..."
(Leyó la iniciativa, insértese)
Proyecto de decreto de reforma a la Ley del Impuesto General de
Importación, que presenta el diputado Rubén Aguirre Ponce, de la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución.
Con su permiso señora Presidenta: la crisis nacional de la
Copra es tema que en esta tribuna reiteradamente ha sido abordada por diputados
representantes del PRI, PAN Y PRD, para plantear medidas de protección a la producción y
comercialización de este producto.
De mi parte, en el punto de acuerdo del 31 de octubre del ario
en curso, propuse como una de las medidas de protección, incrementar el arancel de la
importación de la Copra del 10% al 100%, lo que turnado a la comisión especial que se
integrará en términos de lo propuesto por del diputado Celestino Bailón Guerrero en esa
misma fecha, será prolongar más las carencias de los ya empobrecidos productores y
trabajadores de este ramo dé la producción y acentuar la crisis nacional del producto,
por ello y para evitarlo, propongo una reforma a la Ley del Impuesto General de
Importación, para incrementar el arancel del 10% al 100% para la importación del aceite
de coco y palma.
Si tratándose de los grupos oligárquicos se han implementado y
tolerado medidas como el rescate carretero, Cintra, Fobaproa y ahora se plantea el rescate
de la rescate de la aviación.
¿Por qué no pronunciarnos por una reforma de ley a favor del
rescate de la pobreza y miseria en que se encuentran sumidos la mayoría de los
productores y trabajadores de la copra.
En el Diario Oficial de la Federación del 18 de
diciembre del año de 1995, Ernesto Zedillo, publicó las modificaciones a la Ley del
Impuesto General de Importación aprobadas por el Congreso de la Unión, y en ellas para
el aceite de coco, y palma y sus derivados, establece la cuota arancelaria del 10%.
En los años posteriores a la vigencia de esta ley y hasta estas
fechas, el precio internacional. del aceite de coco presenta una tendencia a la baja, así
en publicación oficial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el número 95 de
la revista "claridades" de julio del 2001, publica artículo que señala que
durante el ciclo 1999/2000 de octubre a septiembre; el precio promedio anual pagado por la
copra en el mercado de Rótterdam se ubicó en 357 dólares por tonelada, y en lo que va
del año 2000/2001 hasta el mes de abril, el precio promedio se ha ubicado en 205 dólares
por tonelada, lo que representa un descenso del 42.6%.
Ahora bien, por lo que hace a la producción, del departamento
de agricultura de los Estados Unidos de Norte América, considera que la producción
mundial de aceite de coco ha tenido un aumento significativo y considera que para el año
del 2001 el crecimiento podría ser del 4.3%.
Este fenómeno internacional de bajo precio en la venta e
incremento en la producción, en relación a la comercialización nacional del aceite de
coco y palma mexicano, repercute a la baja, con tendencia a incrementar la demanda de
importación del producto por el bajísimo arancel que fija la ley y que es consecuencia
directa de una competencia desleal para el producto nacional.
Por lo anterior, y dada la urgente necesidad de implementar
medidas de protección arancelaria que permitan a México competir en el mercado nacional
con los precios internacionales dé la copra, en beneficio de amplios sectores de la
población en los estados costeros y del sur del país, tales como; Guerrero, Michoacán,
Colima, Tabasco Oaxaca, Campeche, Yucatán Quintana Roo; con fundamento en el artículo 71
fracción II y 73 fraccion XXIX inciso 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el articulo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma la Ley del Impuesto General de
Importación, publicada en el Diario Oficial de la Fderación del 18 de diciembre
del año de 1995, en los incisos 15.11, 1511.10, 1511.10.01, 1511.90, 1511.90.99, 15.13,
1513.11 y 1513.1101 de la Sección Tercera, Capítulo XV, para quedar como sigue:
Primero. Se reforman las fracciones 15.11, 15.13. 1513.11 y
1513.1101 para quedar como sigue:
"Capítulo III. Grasas y aceites animales o vegetales,
productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o
vegetal.
Capítulo XV. Grasas y aceites animales o vegetales; productos
de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado pero
sin modificar químicamente.
1511.10. Aceite en bruto.
1511.10.01 Aceite en bruto. Kg. 100
1511:90- Los demás.
1511.90.99. Los demás. Kg. 100.
15.13 Aceites de coco (de copra) de almendra de palma o babasu,
y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. Aceite de coco (de
copra) y sus fracciones
1513.11 Aceite en bruto.
1513.11.01 Aceite en bruto Kg. 100
1513.19 Los demás
1513.19.99 Los demás. Kg. 100."
Segundo. Transitorio primero. A partir de la fecha de
publicación de esta reforma a la Ley del Impuesto General de Importaciones publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 18 de diciembre de 1995, de la Sección Tercera,
Capítulo XV se derogan los incisos 15.11, 1511.10, 1511.10.01, 1511.90, 1511.90.99,
15.13,1513.11, 1513.11.01, 1513.19 y 1513.19.99.
Tercero. Transitorio segundo. De lo que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público recaude por concepto de la aplicación de los aranceles a que
se refiere esta reforma a la ley del impuesto general de importación, dicha dependencia
destinará el 60% al financiamiento de programas de desarrollo de la producción de copra
que en comisiones unidas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprueben
las comisiones unidad de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la de Economía.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de
2001.— Diputados: Rubén Aguirre Ponce, Manuel Duarte Ramírez, Rogaciano Morales R.,
Petra Santos, Alfredo Hernández R., Rafael Servin M., Esteban Daniel M., Luis Herrera
Jiménez, Jesús Garibay García, Adela del Carmen Granel y Auldarico Hernández S.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.
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Esta Mesa Directiva ha recibido la solicitud suscrita por los
coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del
trabajo, a efecto de incorporar a esta sesión la presentación de una iniciativa de ley
presentada por el diputado Omar Fayad, sobre el tema de la ley que crea el fideicomiso que
administra el Fondo para el fortalecimiento de sociedades Cooperativas de Ahorro y Apoyo a
los Ahorradores.
Aunque esta Mesa Directiva tiene facultades derivadas de la Ley
Orgánica y del Acuerdo Relativo a las Sesiones para incorporar este punto adicional a la
orden del día, en virtud de que hay solicitud de los grupos parlamentarios que forman
mayoría en esta Cámara, dado que sobre este tema ha habido un debate, le ruego a la
Secretaría consulte en votación económica. Antes, el diputado Barbosa.
EL C. DIP MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Sí,
Presidenta. Queremos expresar los diputados y diputadas del PRD que no obstante de que hay
una violentación de la reglamentación al introducir como asunto extraordinario en el
orden del día la iniciativa de ley que pretende presentar el diputado Fayad, y queremos
dejar constancia de ello, estamos a favor de que se presente para no crear un precedente
en relación a obstaculizar la buena marcha de las sesiones; pero dejamos patente nuestra
inconformidad en relación al marco jurídico.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado Barbosa. Si ánimo de
abrir un debate, reconociendo la disposición del Grupo Parlamentario del PRD, para dejar
a salvo el prestigio jurídico de la Mesa Directiva, yo le rogaría a la Secretaría
simplemente dar lectura al artículo 13 del Acuerdo Relativo a las Sesiones.
EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ: Artículo 13
del Acuerdo Relativo a las Sesiones: "Solamente por acuerdo de la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política se incluirá extraordinariamente un punto no
contenido en el orden del día publicado".
LA C. PRESIDENTA: Gracias, Secretario. Diputado Barbosa.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Deseo
también hacer referencia al artículo octavo del Acuerdo Parlamentario relativo a la
integración del orden del día, las discusiones y las votaciones que hoy sale publicado
en la Gaceta Parlamentaria, y que obviamente debe de animar la conducción y las
decisiones que se toman, Y ese artículo dice que "sólo por resolución de la Mesa
Directiva en acuerdo con los coordinadores de los grupos parlamentarios se podrá incluir
extraordinariamente algún asunto no contenido en el orden del día, publicado en la
Gaceta Parlamentaria".
Sin el deseo de polemizar sobre el tema.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Le aprecio la
observación, queda registrado que el acuerdo al que usted hace referencia se tiene que
someter al pleno para su aprobación, pero en todo caso el espíritu del artículo al que
usted hace referencia, coincide con el anterior.
El diputado Omar Fayad tiene el uso de la palabra para presentar
una iniciativa en torno al tema señalado.
EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES (PRI): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Quiero iniciar agradeciendo la comprensión y la confianza de
los distintos grupos parlamentarios, así como de la mesa directiva. Y señalarle a mis
compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática que en el momento en que
hice la moción respecto de que el tema registrado era del Partido Revolucionario
Institucional, obedeció a que por causas ajenas a la voluntad de nosotros pues quedó
plasmado así en el orden del día. Pero que siendo un tema de la mayor importancia para
México y los mexicanos, de la mayor relevancia para cientos de personas que fueron
defraudadas en el asunto de las famosas llamadas Cajas Populares, pues pedirles que juntos
construyamos un consenso y marchemos en pro en poder ayudar a esta gente que tanto lo
necesita.
Por los agravios en ese sentido, si fueran tomados así, les
ruego a los compañeros diputados una disculpa.
Quisiera referirles que durante el primer periodo ordinario de
sesiones del primer año de esta legislatura, motivados precisamente por la problemática
que había suscitado la mala operación de las llamadas Cajas de Ahorro, fue aprobada la
Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el fortalecimiento de sociedades
y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores; ésta fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000 con la noble
intención de dar una pronta solución a este conflicto social que fue calificado
evidentemente como del interés público.
"A diez meses de haber sido aprobada la creación de este
instrumento, los resultados obtenidos por el gobierno Federal, en convenio con los
gobiernos de los estados afectados, en el proceso de restitución del patrimonio a cientos
de mexicanos ha sido solo parcial".
(LEYO. INSERTESE)
Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Compañeras y compañeros diputados: el suscrito diputado
federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de
la LVIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que
otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de este pleno la presente:
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de
gestión de esta LVIII legislatura, motivados por la problemática que habían suscitado
la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue aprobada la Ley que Crea el
Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención
de dar una pronta solución a este conflicto social; que fue calificado, como de interés
público.
A 10 meses de haber sido aprobada la creación de este
instrumento, los resultados obtenidos por el Gobierno Federal, en convenio con los
gobiernos de los estados afectados, en el proceso de restitución del patrimonio a cientos
de mexicanos, ha sido solo parcial.
Debido a la experiencia derivada de la aplicación del objeto
del fideicomiso, consideramos que la solución planteada no fue suficiente, en virtud de
que los lineamientos marcados por la ley que lo regula, solo apoyo a un número
determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así, a muchas otras instituciones
que si bien se crearon de manera distinta a lo previsto por la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades
Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto
sentido, cumplían con la misma finalidad.
Al razonar esto, debemos tomar en cuenta que esta situación
nada tuvo que ver con la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es entendible que
por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no supieron advertir
el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas que no solo los
despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones y
previsiones financieras y legales para operar está clase de negocios.
Ahora, con profunda pena y preocupación les refiero que la
desesperante e impotente situación que desde hace años ;han venido padeciendo.-muchos
ahorradores defraudados del país, aún subsiste. .
Esto es provocado porque la ley que crea el fideicomiso, en su
artículo 7o., prevé que solo serán beneficiarias del mismo, las sociedades y
cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, impidiendo que muchos
ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se
constituyeron bajo otras figuras jurídicas como sociedades civiles, sociedades anónimas
de capital variable, asociaciones civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad
limitada, sean beneficiados.
En estas circunstancias, existen diversos ejemplos en Hidalgo,
Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco,
Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado
de México y Zacatecas, lo que denota que el fideicomiso resolvió parcialmente la
problemática de solo algunos de los ahorradores de las cajas que cumplían los requisitos
establecidos por la ley.
Adicionalmente a lo anterior, también debemos sumar la
limitante que establece la base segunda del artículo 11 de esta ley, respecto del monto
de pago a los ahorradores, al referir que será de diecinueve veces el monto básico
($190,000); precepto que dejo fuera del beneficio del Fideicomiso a muchos ahorradores,
cuyas cajas si reúne los requisitos establecidos en el artículo 8 para ser beneficiadas,
pero el monto de lo que reclaman haber ahorrado rebasa, aunque sea en una cantidad
mínima, el limite fijado en el propio artículo 11.
Debido a estas restricciones establecidas en el texto publicado,
los diputados de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de
nuestros representados, consideramos que gran parte del problema social que dio origen a
este fideicomiso aún existe, habiendo cientos de ahorradores de bajos recursos que por
simples tecnicismos jurídicos, aún siguen reclamando ayuda para restituir, en alguna
medida, su patrimonio.
Por ello, es necesario, y urgente, reformar la Ley que Crea el
Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que también sean
beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron bajo otras figuras
jurídicas diversas a las que ahora se exigen como requisito, y para aumentar el monto de
pago que permita beneficiar a los ahorradores que reclaman montos superiores a 190 mil
pesos, y que ahora, no tienen ninguna posibilidad de recuperar su dinero.
La reforma que aquí se plantea, propone reformar el artículo
7o., para incluir en su texto a las entidades legalmente constituidas como sociedades
civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y cooperativas de
responsabilidad limitada, cuya actividad era la de ahorro y préstamo.
Como consecuencia de la reforma a éste artículo, se plantea
también la reforma a la fracción II del artículo 8o., para adicionar los requisitos de-
haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber dejado de realizar
actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre del 2000, para que
sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, ya
que si se está ampliando el número de cajas beneficiadas, esto permitiría controlar el
acceso para que realmente sean apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a
ser incluidos por el fideicomiso.
Esta iniciativa propone también la reforma a las bases primera,
segunda y tercera del artículo 11, para aumentar de 19 veces ($190,000) a 24 veces el
monto de pago básico ($240,000) con el 70% de dicho saldo; así como para establecer que
aquellos ahorradores de más de 24 veces el monto de pago básico ($240,000), que así lo
decidan, puedan optar por apegarse al beneficio de la ley para recibir el 70% de 24 veces
el monto de pago básico ($240,000); reformas que permitirán dar acceso a los ahorradores
de todo el país que en mayor medida resultaron perjudicados con los fraudes.
Para la obtención de los recursos con los que se hará frente a
la reforma que se plantea; se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de
este ordenamiento.
El artículo 12 actualmente establece la cantidad de $500
millones de pesos para destinarse exclusivamente a las acciones que el fideicomiso realice
con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas
graves de liquidez y/o solvencia.
Este párrafo, se reformaría quitando la palabra exclusivamente
y adicionando al final de su texto la frase "y/o para apoyo al pago de los
ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero se
reoriente con un mayor sentido social, conformando la primera aportación inicial para
resarcir a los ahorradores defraudados que abarcan los supuestos que incluye esta reforma.
Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad
social al dinero que contempla este artículo 12, ya que de usarse únicamente para lo que
actualmente dispone su texto, se estaría beneficiando a un reducido número de personas
que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. Además de
que se estaría dando la posibilidad de que los titulares de dichos negocios, tomen a la
ligera la responsabilidad de responder a sus obligaciones, debido a que visualicen la
posibilidad de ser apoyados con recursos del fideicomiso para hacer frente al mal manejo
de sus cajas de ahorro.
La redacción actual de este artículo 12, dispone el rescate
'de los dueños y el saneamiento de esta clase de negocios, lo que bajo las circunstancias
que padecen aún ahorradores defraudados de varios estados del país, definitivamente debe
de pasar a un segundo plano y los recursos que ahí se prevén, deben ser destinados en su
totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores que no tienen ninguna
esperanza de ver recuperado su dinero.
Es importante mencionar, que al día de la presentación de esta
iniciativa, éste fondo de $500 millones, se encuentra intacto en su monto y se está en
aptitud de aplicarlo en beneficio de los ahorradores y no de los defraudadores.
Además de esta reforma, se propone adicionar un nuevo párrafo
al artículo 12, para prever una partida adicional por 1 mil millones de pesos del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002.
Como lo prevé la ley en cuestión, los ahorradores al momento
de ser beneficiados al 70% por el fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a
favor del mismo, por lo que la Federación, repondrá las cantidades señaladas, que ahora
se solicita. se aporte para el pago a los ahorradores, a través de las sumas de- dinero y
bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos.
Esta cantidad que se solicita del presupuesto 2002, adicional a
los ya existentes 500 millones de pesos que prevé el propio articulo 12, permitiría
contar con un fondo total de 1 mil 500 millones de pesos más, que estarían destinados a
dar una solución ampliamente incluyente y prácticamente total, a este grave problema
social que sigue aquejando a muchos mexicanos de escasos recursos, en su mayoría amas de
casa, viudas, jubilados y pensionados, que fueron engañados y que vieron perdido de
manera espontánea su patrimonio producto de muchos años de. trabajo y esfuerzo y que
hasta el día de hoy, no obstante la expedición de la ley que creo el fideicomiso, ven
nulas posibilidades de recuperarlo, aunque sea; en algún porcentaje.
Por último, se hace necesario reformar !a fracción I de!
artículo 5o., con el propósito de adecuarlo a las cantidades que se están solicitando
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002, así
como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir del inicio de
actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el
presente proyecto de:
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores.
Articulo primero. Se reforma la fracción I del artículo
5o. para quedar como sigue:
Artículo 5o. . .
I. Las aportaciones del Gobierno Federal por un mil 785 millones
de pesos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley y de. los recursos a que se refiere
el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes
entre si y distintas a aquella en que se administre el resto de las aportaciones;
Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del.
artículo 7o. para quedar como sigue:
Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las sociedades
de Ahorro y Préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace referencia la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de
Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como a las sociedades civiles, sociedades
anónimas de capital variable, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de
responsabilidad limitada, que hayan ofrecido y prestado servicios al público; similares o
equivalentes, a las actividades de ahorro y préstamo autorizadas.
Artículo tercero. Se reforma la fracción II del artículo
8o., para quedar como sigue:
Artículo 8o. . .
II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de
auditoria con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de
noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean,
en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta
ley, y/o haber presentado las denuncias penales correspondientes y haber dejado de
realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre de 2000.
Artículo cuarto. Se reforman las bases primera, segunda y
tercera del artículo 11, para quedar como sigue:
Artículo 11. . .
BASES GENERALES
Primera. Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro
igual o menor a 240 mil pesos, recibirá el 70% de dicho saldo.
Segunda. Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase la
cantidad de 240 mil pesos, podrán apegarse al beneficio de la presente ley, para recibir
el 70% de 240 mil pesos cediendo sus derechos de crédito a favor del fideicomiso, de
conformidad con lo establecido en la base quinta del articulo 11 de esta ley.
Tercera. Para los ahorradores que no se acojan a esta ley,
quedarán a salvo sus derechos para ejercer las acciones legales que correspondan.
Artículo quinto. Se reforma y adiciona el artículo 12 para
quedar como sigue:
Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos
que se destinará para las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar
el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o para
apoyo al. pago de los ahorradores.
De igual forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal del año 2002, se dispondrá de una partida de 1 mil millones de
pesos, que se destinarán para los pagos a ahorradores previstos en esta ley.
Artículo sexto. Se reforma el artículo Tercero y Cuarto
transitorios, para quedar como sigue:
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. . .
Segundo. . .
Tercero. El período durante el cual operará el fideicomiso
que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores
será de cuatro años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga
su patrimonio en los términos de esta ley, lo que ocurra primero.
Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán
a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos
previstos en esta ley y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos
ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a lo
previsto al artículo 5o. de esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en .vigor al. día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a
lo previsto por este decreto.
Tercero. El Comité Técnico del Fideicomiso deberá
publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente
decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente a
que alude el artículo 11 de la ley, respetando las formalidades y plazos consignados en
este numeral para que el fideicomiso efectúe los pagos derivados de sus fines.
México, D. F., a 27 de noviembre de 2001.— Diputado Omar
Fayad Meneses.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción
II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la
fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me
permito poner a consideración de ustedes esta iniciativa, cuyo texto aparecerá publicado
y el cual omito leer.
Quiero finalizar esta exposición pidiendo la comprensión a
todos los compañeros diputados de todos los partidos políticos, quienes representan a
todas las regiones del país, de que hagamos conciencia que tenemos que seguir avanzando
en un tema en que se puso un especial énfasis el año pasado para la aprobación de este
Fideicomiso y del cual se ha podido beneficiar a un gran número de ahorradores. Que
hagamos conciencia para poder ver de este asunto más que un asunto de intereses
partidistas, un asunto de interés de todos los mexicanos; que con su voto y su
aprobación, primero en Comisiones y luego en este pleno, podamos darle la certidumbre a
miles de mexicanos que se vieron caer en la desgracia al depositar sus ahorros en estas
Cajas Populares.
Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su
comprensión.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN):
Gracias, señor Diputado.
Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio y Fomento Industrial, con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y
Economía Social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día se refiere a dictámenes
de primera lectura.
Los siguientes puntos son los dictámenes relativos a las
solicitudes de permiso de los ciudadanos Claudia Mónica Herrera Reyes, María de Lourdes
Hernández Mena, Alejandro Salyano Hernández y Armando Sánchez Anavarreto, para prestar
servicios a gobiernos extranjeros.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: En oficio de fecha 13 de noviembre de 2001,
la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que
concede permiso a los ciudadanos: Claudia Mónica Herrera Reyes, María de Lourdes
Hernández Mena y Alejandro Salyano Hernández, para prestar servicios de carácter
administrativo, en la Embajada de la República Dominicana, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, el día 21 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana, con
la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en
la Embajada de la República Dominicana en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la
fracción II, del apartado C, del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo
párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia
Mónica Herrera Reyes, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la
república Dominicana en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María
de Lourdes Hernández Mena, para prestar servicios en el área de mantenimiento, en la
Embajada de la República Dominicana en México.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro
Salyano Hernández, para prestar servicios en el área de mantenimiento, en la Embajada de
la República Dominicana en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 22 de noviembre
de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández
Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel
Jerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora,
Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo
Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenso
Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrígo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando
Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reina García, Eduardo Rivera
Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto
Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo Néstor Villarreal Castro y
Roberto Zavala Echavarría.
Son de primera lectura.
En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la
Gaceta Parlamentaria del 23 de noviembre, consulte la Secretaría a la asamblea si se les
dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN):
Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a
la asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a
discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los
proyectos de decreto.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN):
Esta a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia
Mónica Herrera Reyes, María de Lourdes Hernández Mena y Alejandro Salyano Hernández,
para prestar servicios en la Embajada de la República Dominicana, en México.
LA C. PRESIDENTA: Está a discusión el dictamen en lo
general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del
artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para
discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para
discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN):
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Armando
Sánchez Anavarreto, para prestar servicios en la Embajada de la República Argentina, en
México.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder
Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 13 de noviembre de 2001,
la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que
concede permiso al ciudadano Armando Sánchez Anavarreto, para prestar servicios como
mayordomo en la Embajada de la República Argentina, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, el día 21 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita
comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la
copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la
Embajada de la República Argentina, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción
II, del apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Armando
Sánchez Anavarreto, para prestar servicios como mayordomo en la Embajada de la República
argentina, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión.— México, D. F., a 22 de noviembre de 2001.— Diputados:
Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel
Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta,
secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos,
Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María
Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricarlde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada,
Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José
Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arna, Germán Arturo
Pellegrin Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban
Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo
Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo Nestor Villarreal Castro, Roberto Zavala
Echavarria.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a
recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado, en un solo acto.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN):
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a
la votación de los proyectos de decreto.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN):
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el
Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la
votación nominal de los proyectos de decreto.
(VOTACIÓN)
EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se
emitieron 399 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones.
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL:
Aprobados los Proyectos de Decreto por 399 votos.
Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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Continuando con el orden del día, tiene la palabra el diputado
Jorge Lara Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar
una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Antes de que haga uso de la palabra el señor diputado, esta
Presidencia modifica el turno a la comunicación del Congreso del Estado de Durango, en
relación a la inconformidad por el Proyecto de Presupuesto de Egresos en el Ramo 33, para
el Ejercicio Fiscal de 2002, que fue turnado sólo a la Comisión de Salud y se corrige el
turno para que sea turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.
Tiene la palabra el diputado Jorge Lara.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Muchas gracias señora
Presidenta.
Buenas tardes compañeras y compañeros Legisladores.
En la actualidad nuestra Constitución Política considera a la
democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político, económico, social y
cultural del pueblo.
Nuestra sociedad ha experimentado avances substanciales en
ciertos aspectos relativos al ejercicio democrático. Quizá en el área en que se han
desarrollado la mayor parte de dichas evoluciones tengan que ver con la democracia formal,
es decir, en el diseño cada vez más óptimo de procesos electorales y que generan
resultados confiables, principalmente en el ámbito federal.
Sin embargo, la democracia no es ni debe ser un camino de una
sola vía, ...
LA C. VICEPRESIDENTA: Permítame señor diputado.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Sí señora
Presidenta.
LA C. VICEPRESIDENTA: Se ruega a los señores legisladores
ocupar sus curules y prestar atención a la exposición que está haciendo el orador en la
tribuna.
Muchas gracias.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Gracias Presidenta.
Sin embargo, la democracia no es ni debe ser un camino de una
sola vía, la política y la democracia deben consolidarse como una actividad humana
indispensable, que no implica la oportunidad de dominio sobre los demás sino que
representa, escucha y requiere del aval comunitario para perfeccionar tanto propuestas
legislativas como acciones de gobierno y así cumplir con el objetivo de toda autoridad,
que es servir con calidad moral a las familias y a las personas en nuestro país.
Insistimos, para Acción Nacional la democracia es una forma de
gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto a los derechos individuales,
sociales y políticos, y por tanto como un régimen plural de libertades, en el que los
gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el
bien común.
Sabemos que lo insustituible de la democracia es la identidad
del poder y del pueblo. La democracia consiste en que quienes van a quedar sometidos a las
reglas de gobierno, participen de diversos modos en los procesos y en la elaboración de
dichas reglas o bien en su participación en decisiones fundamentales.
La democracia representativa es, sin duda, un pilar de las
sociedades modernas, en las que la representación y participación forman un binomio
indisoluble. Hoy es necesario establecer en nuestro marco constitucional, que la
democracia requiere, siempre y en todo momento, de la participación ciudadana con el voto
y más allá de los votos.
Los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional que han
transcurrido a lo largo de las Legislaturas, han expresado diversas iniciativas para
reformar la Constitución y establecer un sistema equilibrado entre la democracia
indirecta ya practicada y la participativa necesaria, en el que se dé viabilidad
jurídica-política a figuras e instituciones tan importantes como lo son el referéndum,
el plebiscito y la iniciativa popular, reformando diversos artículos entre los que
destacan el 35, 36, 40, 71, 73, entre otros, de nuestra Carta Magna, instrumentos
legislativos que tienen su último antecedente y conjugación en la iniciativa presentada
por nuestra compañera diputada Fanny Arellanes Cervantes, en la sesión del jueves 7 de
agosto del año 2000, y en la que abocamos nuestro interés para que sea dictaminada por
la Comisión de Puntos Constitucionales, en virtud de que con esta iniciativa el Congreso
General podría dotar a nuestro marco constitucional de una auténtica democracia
participativa, que complemente los esfuerzos de instaurar un régimen democrático en un
estado nacional y de derecho, incorporando las instituciones de la democracia semidirecta
y dejando en claro que la soberanía se ejercerá también mediante su realización.
Nuestro partido en innumerables ocasiones ha señalado que a
México le urge una nueva cultura política, que lo haga capaz de enfrentar con honestidad
y con valor nuestros conflictos y problemas. Urge a los ciudadanos demostrar que en
conjunto somos capaces de orientar, promover y concretar los cambios requeridos.
Compañeras y compañeros: Para ilustrar la necesidad de avanzar
en temas como el de la democracia participativa y la habilitación de las instituciones
correspondientes, baste señalar lo ocurrido este fin de semana en el Distrito Federal.
Al respecto, indicamos y lo queremos hacer con contundencia, que
la democracia participativa no puede ni debe servir para que gobiernos irresponsables
manipulen al pueblo como lo hizo el Jefe de Gobierno este sábado y domingo anteriores a
través de una supuesta consulta que fue amañada, tramposa, sospechosa, participaron 44
mil supuestos votantes y fíjense compañeros, en el Gobierno del Distrito Federal se
emplean más de 200 mil servidores públicos.
Esa consulta también fue desairada, sin certidumbre jurídica y
por supuesto algo muy grave, sin respeto al principio democrático de la secresía del
voto. (aplausos).
Lo anterior se realizó para que el Gobierno del Distrito
Federal pudiera lavarse las manos, pudiera eludir su responsabilidad en una decisión tan
delicada como lo es la determinación del precio de un servicio público vital como lo es
el METRO.
A este respecto, politólogos de la talla de Geovani Sartori nos
han alertado sobre los riesgos fascistoides de la encuestocracia que parece ser uno de los
mecanismos más socorridos que tiene el actual Jefe de Gobierno para eludir la
responsabilidad de gobernar, por eso es que presentamos esta excitativa, para que esta
soberanía tenga la posibilidad de generar un marco jurídico desde la Constitución que
dé certidumbre a los procesos de democracia participativa.
Por lo expuesto, señora Presidenta, compañeros legisladores,
atentamente pedimos que se sirvan lo siguiente:
UNICO. De conformidad con las consideraciones previamente
establecidas, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que el
dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Fanny Arellanes, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión indicada y en el caso de no
desahogarlo en el término de 5 días reglamentario, se emplace para día determinado.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIP. MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias
señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción
XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen
correspondiente.
Sonido en la curul del diputado Barbosa.
EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: (DESDE SU CURUL)
Diputada, oportunamente pedí el uso de la palabra, no se me concedió, para proponer una
moción de orden porque el diputado que presentó la excitativa no abordó el tema, se
salió del tema. Por tanto, procedía la moción.
Yo lo entiendo, estaba muy excitado. Fue una autoexitación.
Gracias.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA: Continuando con el orden del día, tiene
la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso ciudadana
Presidenta.
Traigo conmigo el orden del día de la sesión de esta fecha,
precisamente porque quien me ha precedido ciudadana Presidenta, fuera de todo contexto, ha
hecho desafortunadas alusiones a un proceso de consulta ciudadana que de paso habrá que
decirle que al tiempo que no argumenta en dónde está lo desestimable, reconoce de suyo
la bondad cuando menos de haber optado por la consulta.
Esa no es una característica de los gobiernos panistas. Le pido
ciudadana Presidenta, para ir hacia el tema que me toca y para dejar las automotivaciones,
para dejar las autoexcitaciones… (aplausos)… mencionarle, ciudadana Presidenta,
que la excitación que rogaré a la Mesa Directiva tiene que ver con una proposición con
punto de acuerdo relacionada con el desempeño de la recaudación y fiscalización del
gobierno federal. Le preciso que fue formulada ante la Comisión Permanente en el segundo
receso del primer período de ejercicio constitucional. Este punto de acuerdo fue
inicialmente derivado a la tercera comisión de la Comisión Permanente y esa tercera
comisión determinó a su vez enviarlo a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados.
Por si el antecedente no obra en la Secretaría, ciudadana
Presidenta, quiero su autorización para entregar al secretariado copia del punto de
acuerdo y del dictamen emitido por la tercera comisión de la Comisión Permanente.
LA C. PRESIDENTA: Proceda a entregarlo, señor diputado.
EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: El que suscribe,
diputado Tomás Torres Mercado, miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, con apoyo en el artículo 21, Fracción XVI del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito se proceda a excitar a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la propuesta con punto de
acuerdo presentada por el suscrito en relación con el desempeño de la recaudación y
fiscalización del gobierno federal.
Fundo mi solicitud en las siguientes consideraciones:
Muchos se han ido sumando al no al IVA en alimentos, en
medicamentos, en colegiaturas, en libros y en transporte.
Las fuerzas políticas se han pronunciado por la necesidad de
una reforma fiscal, una reforma fiscal justa, equitativa y federalista, que no grave el
consumo de alimentos, como ya lo hemos dicho, de medicinas, de colegiaturas, de libros,
que premie la reinversión productiva y grave la acumulación de la riqueza individual
proveniente de dividendos, que amplíe las potestades tributarias de los estados y
municipios, que incremente las asignaciones y participaciones a las propias entidades
federativas de nuestro país.
El PRD también ha logrado que en el marco de la discusión de
estos temas muchos hagan suya la propuesta de modernizar administrativamente el sistema
tributario nacional. Que combata la evasión y la elusión, que evite el contrabando de
productos y mercancías que han desmantelado la planta productiva nacional, que
simplifique el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Cuántos o cuántas,
atentísimos señores legisladores, de nosotros somos capaces de llenar el formato de la
Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta? Que se genere certidumbre jurídica en la
atención al contribuyente, al mismo tiempo que se abata el rezago de los litigios
fiscales. Que revisemos la metodología e indicadores para evaluar el desempeño en la
recaudación y fiscalización.
Por estas razones, desde el pasado 16 de mayo del año en curso,
el PRD planteó la necesaria comparecencia del Presidente del sistema de administración
tributaria y del Procurador Fiscal de la Federación. Y llamo su atención porque algo
tendrán que decirnos.
En este momento, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público funge a la vez como Presidente del Servicio de
Administración Tributaria. O no hay en la plantilla, en el conjunto de quien arriba con
Vicente Fox, alguien que pueda hacer esa función, o lo que ocurre es que hay que reformar
el esquema del Servicio de Administración Tributaria.
En ese mes de mayo mencionábamos que existían créditos
fiscales por alrededor de 70 mil millones de pesos que no se podían cobrar, por
insolvencia o por no localización de los contribuyentes, que ascendían a 124 mil
millones de pesos los créditos con obstáculo de cobro por encontrarse en trámite algún
procedimiento legal, y que se encontraban en procedimiento económico coactivo más de 50
mil millones de pesos. También en ese momento se dijo que a las devoluciones por
sentencias adversas serían para este año por más de 20 mil millones de pesos. En suma,
que los ingresos dejados de percibir o en riesgo de cobro o devueltos, serían para este
año de alrededor de 250 mil millones de pesos.
Por esa virtud, ruego a la Presidencia, porque ha transcurrido
con exceso el plazo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Diputados emita su dictamen sobre las comparecencias solicitadas, proceda a provocar, a
motivar o a excitarla para que emita el dictamen correspondiente dentro de un plazo
perentorio que tenga a bien señalársele.
Como última consideración refiero que más vale que nos
ocupemos de temas sustantivos y que en todo caso el Procurador Fiscal de la Federación se
deje de querellas o denuncias en contra de los vocales ejecutivos del IPAB, y que
escuchemos lo sustancial con relación a su responsabilidad institucional, y si un miembro
del gabinete, si un miembro del equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
piensa que para el avance en los temas nacionales tiene que enjuiciar a vocales
ejecutivos, yo creo que es tiempo que el Secretario de Gobernación tome cartas en el
asunto y llame a los caminos de la institucionalidad y de la pertinencia política.
Muchas gracias ciudadana Presidenta.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación)
LA PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Pido a la Secretaría leer el dictamen que se produjo cuando se presentó la iniciativa a que hizo referencia el señor diputado.
LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Dictamen:
Primero. Túrnese el presente punto de acuerdo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Honorable Cámara de Senadores y de la Honorable Cámara de Diputados, para que en trabajo de comisiones unidas dictaminen en el marco de su competencia, lo procedente sobre el informe y comparecencia solicitadas en la propuesta con punto de acuerdo.
Segundo. En consecuencia, se considera desahogado el punto de acuerdo que se dictamina, debiéndose comunicar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el trámite solicitado.
Salón de Sesiones de la Tercera Comisión, México, D. F., a 12 de junio de 2001.
Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Presidente, diputado David Penchyna Grub; Secretario, Héctor Larios Córdoba y Secretario, diputado Martí Batres Guadarrama.
LA PRESIDENTA: En virtud del trámite que la Comisión Permanente le dio a la solicitud del diputado, esta Presidencia rogaría al señor diputado Torres Mercado que hiciera nuevamente la solicitud a la Comisión de Hacienda para que procediera a dar trámite a su solicitud, porque según el trámite que se le dio en la Permanente, el punto se ha considerado desahogado.
Entonces podemos agendar en la próxima sesión la solicitud para que se, o la puede presentar en este momento, bueno en un momento posterior para que la pasemos y la turnemos a la Comisión de Hacienda, si le parece, señor diputado. Sonido en la curul del diputado.
EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Atendería, ciudadana Presidenta, la gentileza de su sugerencia. El dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, deriva, para la atención correspondiente el Punto de Acuerdo de un servidor; es decir, no es que se haya desahogado por virtud de que se haya estimado pertinente o no la comparecencia.
La tercera Comisión de la Comisión Permanente la deriva a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Senadores y de Diputados para que dictaminen si estima pertinente tal situación. En ese sentido es mi excitativa, si fuera mi propósito un punto de acuerdo distinto, le hubiera dado el trámite correspondiente en ese sentido.
LA PRESIDENTA: Señor diputado, lo que sucede es que la Permanente la pasó a las Comisiones Unidas del Senado y de la Cámara de Diputados, por eso es que no ha sido posible que una Comisión le dé el desahogo adecuado, lo turnó a una Comisión Interna de la Permanente. Entonces yo le pediría respetuosamente que hiciera usted la petición ya a la Comisión de Hacienda de esa Cámara, de la Cámara de Diputados para que ésta se aboque a darle el trámite correspondiente.
Nuevamente sonido en la curul del diputado.
EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Ciudadana Presidenta, no atenderé sino a la atingencia de su recomendación, sólo me permito dejarle y para que lo registre la Secretaría General, de que tengo conocimiento que la realidad es que, no recibió materialmente el punto de acuerdo y el dictamen.
Yo le pido encarecidamente que sea la Secretaría General que verifique si recibió o no, por esa virtud le hice llegar las copias.
Evidentemente la Comisión Permanente no tiene, sino el deber, porque la Constitución así se lo señala, de derivarlo a las comisiones competentes. Y en este caso, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados que determine la pertinencia o no de la comparecencia solicitada. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
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Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, para presentar una excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta.
Antes de leer la excitativa, señora Presidenta, quiero dejar constancia que solicité permiso para que pudieran ingresar a las Galerías diferentes organizaciones no gubernamentales representadas por la Fundación Diego Lucero, por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos de México; por la Organización de Relaciones de Izquierda Democrática Popular, por el Comité Amplio por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, por la Organización Campesina Sierra del Sur del estado de Guerrero y por la Casa de Investigación y Documentación de las Violaciones a los Derechos Humanos y estos no pudieron ingresar a las galerías porque no se les permitió el acceso. Se les puede permitir el acceso a una serie de tipos armados, pero a estas organizaciones no gubernamentales no se les permitió el acceso.
Le rogaría una investigación, señora Presidenta.
Honorable Asamblea:
40 diputados de 6 partidos políticos solicitamos a la Presidencia de esta Cámara, se sirva excitar a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública para ser presentado el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley de Amnistía General para todos los Presos y Perseguidos por motivos políticos, políticos y de conciencia bajo las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
El 11 de abril del año pasado, el diputado Adolfo González Zamora y otros 30 diputados más presentaron iniciativa de Ley de Amnistía General para todos los Presos y Perseguidos por motivos políticos y políticos de conciencia publicados en la Gaceta Parlamentaria el martes 4 de abril del año 2000. Ese mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, turnó a las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia la mencionada iniciativa de ley.
3º. Ha transcurrido en exceso el tiempo que señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las Comisiones hoy de Justicia y Derechos Humanos, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública presenten su dictamen.
Por lo tanto, presentamos las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
Primera. Los 40 diputados firmantes señalan que el respeto a los derechos humanos constituye la principal obligación que un estado democrático debe cumplir con la decidida participación de la sociedad, ya que sin la vigencia de los derechos humanos no cabe la existencia y justificación del Estado.
Nuestra Constitución Política establece claramente las obligaciones y derechos de los ciudadanos, cuyo cumplimiento asegura una convivencia civilizada bajo la lupa de la ley, legalidad y estado de derecho; pero el Estado muchas veces es quien incumple su obligación al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos del ciudadano, dándose el supuesto de violaciones de garantías y derechos humanos que muchas veces se quedan en los terrenos de la corrupción e impunidad, germinando así otros males para la Nación.
Segunda. En diversas partes del país existen organizaciones de derechos humanos que durante años se han manifestado por un país donde la democracia sea traducción de respeto a la legalidad, la justicia y el estado de derecho.
Por tal motivo exigen del Estado Mexicano respeto a los derechos y garantías que otorga nuestra Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece.
Tercera. Siguen imperando en el país las persecuciones políticas o por motivos políticos de dirigentes sociales y luchadores por los derechos humanos, lo que hace evidente que el Estado Mexicano no ha cumplido con su deber constitucional.
La irregular salida de prisión de los campesinos ecologistas y el injusto encarcelamiento del General Gallardo, entre otros, son una muestra palpable de los retos por enfrentar.
Cuarta. Infinidad de líderes y activistas en el país son perseguidos y castigados sin que exista motivación y fundamentación constitucional, que los hace por tanto perseguidos políticos y a otros ya detenidos y a otros más, presos políticos.
Quinta. Diversos organismos defensores de los derechos humanos que han perdido credibilidad en la administración y procuración de la justicia, considerando que muchos mexicanos son presos políticos de conciencia o perseguidos políticos, presentan por conducto de esos 39 legisladores y el de la voz, la solicitud de excitativa legislativa reglamentaria para que se dictamine el proyecto de Ley de Amnistía General para todos los Presos y Perseguidos por motivos políticos bajo los antecedentes y argumentos fundamos y motivados y que de derecho ha lugar.
Destaca en la presentación vía petición constitucional de la presente excitativa, que los ciudadanos Blanca Hernández, presidente de la Fundación "Diego Lucero", Ramferi Hernández Acevedo, ex diputado local en el Estado de Guerrero, Julio Mata Moantiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desparecidos y Víctimas de Violaciones a los derechos humanos en México, AFADEM-FEDEFAM, y Francisco Cerezo Contreras del Comité Amplio por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia, los hermanos Cerezo, Aurelia Pérez Cano, de la Casa de Investigación y Documentación de las Violaciones a los Derechos Humanos; Hilario Mecino Acosta, fundador y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y David Cabañas Barrientos, secretario de relaciones de Izquierda Democrática Popular, que también rubrica.
Anexamos la iniciativa de ley referida y la petición constitucional de quienes solicitan la excitativa respectiva.
Por lo antes expuesto, señora presidenta, le solicitamos:
"UNICO. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva exhortar a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Puntos Constitucionales y Gobernación y Seguridad Pública, para que presenten el dictamen respecto a la iniciativa de ley de Amnistía General para todos los presos y perseguidos por motivos políticos".
Muchas gracias.
Firman esta excitativa los diputados: Martí Batres Guadarrama, Humberto Mayans Canabal, Enrique Herrera, Efrén Leyva Acevedo, Félix Castellanos Hernández, José Antonio Calderón, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Bonifacio Castillo Cruz, Mario Cruz Andrade, Miguel Bortolini, David Augusto Sotelo, Tomás Torres, Ricardo Moreno, Víctor Antonio García Dávila, Rosa Delia Cota Montaño, Nabor Ojeda, Rodrigo Carrillo Pérez, Magdalena Núñez Monrreal, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Francisco Patiño Cardona, Rubén Aguirre Ponce, Rogaciano Morales, Samuel Aguilar Solís, Félix Salgado Macedonio, José Delfino Garcés, Auldárico Hernández, Emilio Ulloa Pérez, Víctor Hugo Círigo, Luis Herrera Jiménez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Jaime Cervantes Rivera, Bulmaro Rito Salinas, Federico Granja Ricalde, José Ignacio Mendicuti Pavón, Alfonso Oliverio Elías, José Antonio Magallanes y el de la voz.
Muchas gracias señora presidenta.
PRESIDENTA: Gracias señor diputado José Manuel del Río Virgen.
De acuerdo a su solicitud esta presidencia indagó y fue informada que las personas de la organización por usted invitadas, sí se encuentran en la galería de este Recinto.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos , de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen correspondiente.
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Continuando con el desahogo del Orden del Día, llegamos al punto de Proposiciones con Punto de Acuerdo y tenemos en primer lugar la Proposición con Punto de Acuerdo, en relación a la organización de foros sobre transparencia y acceso a la información pública, a cargo del diputado Abel Trejo González, del grupo parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados: el pasado 14 de octubre del presente la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, Asociación Civil, AMEP, integrada por 75 diarios de la República Mexicana, entregó a esta soberanía, por conducto de las comisiones de Comunicaciones y Gobernación y Seguridad Pública, una propuesta ciudadana sobre la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, misma que expresa la posición de esta organización referente al tema de la mayor importancia en esta hora de México.
Para el día 26 de octubre la AMEP publicó un desplegado en los diarios adherentes a esta organización en donde propone, cito "El Congreso debe encabezar el análisis y la reflexión porque sus miembros representan al pueblo de México, poniendo sobre la mesa de discusión una situación que no puede pasar de largo ante los ojos de la presente Legislatura".
En este sentido, resulta innegable que, ante la falta de una reglamentación precisa sobre el derecho a la información y temas afines, en la práctica la Suprema Corte y los tribunales colegiados han cubierto el vacío legal dejado por el Congreso de la Unión, pero de manera insuficiente.
Por eso se hace necesario legislar en esta materia y efectuar una consulta pública, abierta a la sociedad y a los individuos, para que se expresen sobre temas como nuevo régimen de concesiones de radio y televisión, derecho de los informadores, derechos de trabajadores de empresas periodísticas, la transparencia de los gastos de los gobiernos en publicidad.
Debe haber coincidencia entre las diferentes fuerzas políticas de la nación en que es necesario que una próxima ley de acceso a la información pública abarque a los tres poderes del Estado: al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, que se incluyan los organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México y que incluso incluya la parte de información pública que empresas privadas y los propios medios de comunicación tienen la obligación de reunir ante la ciudadanía para eliminar aquellas rendijas que aún no están normadas por la ley.
Por todas estas razones, el espacio natural para efectuar e impulsar consultas para la formación de leyes es sin duda el Congreso de la Unión. Bajo esta óptica tenemos que resaltar que para arribar a una democracia plena tenemos que luchas por condiciones equitativas en todos los ámbitos de la vida de los mexicanos.
No basta con los discursos plagados de buenas intenciones. Es una obligación de todos encontrar los canales institucionales que contribuyan a acelerar el tránsito democrático de nuestro país.
El derecho y el libre acceso a la información pública se convierten en una necesidad de primer orden, tanto para los ciudadanos como para los medios de comunicación.
Por otra parte, tiene que quedar claro que existe un compromiso y una obligación de todos los órdenes de gobierno para informar sobre sus acciones, sobre todo en lo que respecta al ejercicio o aplicación de recursos económicos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero incluidas todas las acciones de gobierno que tienen que ver con políticas públicas que, se supone, buscan el bienestar de la sociedad en su conjunto.
La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en este momento de nuestra historia en una de las prioridades que son puntales para el combate a la corrupción.
Todos, sociedad y gobierno, partidos, organizaciones políticas y ciudadanos en general tenemos la obligación de transparentar nuestras acciones y de rendir cuentas en los términos en que lo exige la ciudadanía.
Por otra parte, resulta incuestionable conservar y definir claramente el ámbito y el carácter de la información que puede reservarse por razones de seguridad nacional. Sin embargo, esto tiene que llevarse a cabo por medio de reglas claras, por medio de normas que identifiquen la confidencialidad de la información.
La sociedad mexicana y las organizaciones políticas no afines al gobierno tampoco desean que se utilice como mascarada el tema de la seguridad nacional y que sirva como encubrimiento para espiar ilícitamente a ciudadanos y organizaciones que no comparten las ideas del gobierno.
Por eso motivo debe quedar muy claro y bien definido aquellas áreas de la seguridad nacional que deban quedar protegidas por la ley.
Los diputados también tenemos la clara convicción de que un sistema democrático fuerte es aquél que contribuye con la apertura y con el respeto a la pluralidad de ideas y de posiciones políticas. Es urgente un marco constitucional que dé certidumbre a la opinión pública, a los ciudadanos y a los medios de comunicación acerca del derecho a la información para que todos, con la responsabilidad social respectiva, la utilicemos para el bien de la sociedad en su conjunto y que no haya nadie, por más alta que sea su investidura, que se lance contra los medios de comunicación argumentando que quieren trastocar en su gobierno.
En una sociedad democrática, el ejercicio de la crítica debe siempre llevar el sello del mejoramiento de la actuación de los servidores públicos y del cumplimiento con apego a la Ley de las Funciones y Responsabilidades que todos tenemos frente a la nación.
Por lo anteriormente expuesto formulo el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de Diputados sea congruente con lo que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, y los artículos 70 y 73 fracción XXX de nuestra Constitución Política referente a garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara de Diputados y adopte como suya la propuesta de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, A. C., para que sea la Cámara de Diputados quien encabece el análisis y la reflexión sobre la transparencia y acceso a la información pública.
Segundo. Que la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, Puntos Constitucionales, Educación y Comunicaciones convoquen a una consulta abierta de carácter nacional para analizar y discutir la Propuesta de Libre Acceso a la Información Pública, con todos los sectores sociales, expresiones ciudadanas, instituciones académicas, órganos de gobierno y medios de comunicación con la firme intención de legislar en la materia.
Ratifican firman este Punto de Acuerdo, los siguientes diputados: Irma Peñeyro Arias, Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazabal Bretón, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso zorrilla Cuevas, Cándido Cueto Martínez, Ángel Meixueiro González, Miguel Ángel Moreno Tello, José Soto Martínez y un servidor, Abel Trejo González. Muchas gracias, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Barbosa, del PRD.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, Presidenta. Yo quiero felicitar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra por su interés en el tema sobre la Ley de Acceso a la Información.
Si embargo quiero referir que debemos ya iniciar el proceso de discusión y análisis de lo que ya existe presentado al seno de este órgano legislativo.
El día 11 de julio ante la Comisión Permanente presenté una iniciativa sobre Ley de Acceso a la Información, misma que fue turnada para su dictamen a la Comisión de gobernación y Seguridad Pública. De igual forma ya durante el desarrollo de este período ordinario, el Grupo Oaxaca, ese grupo integrado por académicos, por universidades, por organizaciones, por periódicos y por jóvenes estudiantes, entregaron al seno de la Comisión de gobernación un proyecto muy completo, muy bien integrado, sobre la Ley de Acceso a la Información.
También en relación al tema se llevaron a cabo foros organizados por el Gobierno Federal. Sobre estos foros hubo opiniones muy diversas, de parte de los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, quienes opinamos que era una forma dilatoria para entrar a la discusión de fondo de la Ley de Acceso a la información y quienes opinaron sobre su conveniencia. Las dos posiciones muy respetuosas.
Ir a nuevos foros, aún cuando se desahoguen al seno de esta Cámara, significaría nuevamente actos dilatorios para entrar a la discusión de tan importante ley. La Ley de Acceso a la Información es una ley que va a posibilitar la democratización de nuestra sociedad, la democratización del Estado mexicano y desde luego tendrá que ser un instrumento para arribar a una verdadera transición política. Esa es la importancia, de ese tamaño es la importancia de contar con una Ley de Acceso a la Información.
Lo que procedería dentro del proceso legislativo, valga la redundancia, sería una excitativa a la Comisión de Gobernación. Sin embargo, tenemos un acuerdo para que se procese de manera consensada con todas las fuerzas políticas, con el gobierno y desde luego con todos los interesados, y de manera muy importante con el grupo Oaxaca.
Sin embargo no podemos seguir, esta Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, no puede seguir esperando y esperando el transcurso o el ritmo que a esta ley quiere imponer el Poder Ejecutivo. Había un compromiso, y lo digo aquí en esta tribuna, de que era en noviembre cuando tendríamos que discutir y aprobar, en su caso, una Ley de Acceso a la Información. Ya no se cumplió.
Ahí, dentro de las prioridades legislativas, apareció la discusión y aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Espero que sea durante diciembre cuando estemos aquí en la Cámara, dentro de los órganos de la Cámara desde luego, primero, y después en el pleno, discutiendo y aprobando esa ley tan importante.
Era mi deseo presentar una comunicación firmada por varios diputados, para que dirigida a la Junta de Coordinación Política se iniciaran ya los entendimientos y los acercamientos para lograr el fin mencionado. Sin embargo, queremos ser sensibles al escenario de este tiempo legislativo que estamos pidiendo, pero espero que se cumpla la palabra empeñada de todos los grupos parlamentarios. Hacer realidad en este periodo, sin que medien otros foros, la Ley de Acceso a la Información.
Muchas gracias, compañeros.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI):
Gracias, diputado Barbosa.
Túrnese la proposición del diputado Abel Trejo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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El siguiente punto del orden del día es una proposición con punto de acuerdo sobre los hechos suscitados en la ciudad de México por los habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco.
Con ese objeto se concede el uso de la palabra al diputado Raúl García Velásquez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. RAUL GARCIA VELÁZQUEZ: Señora Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
"Compañeras y compañeros diputados; amigos todos: Como es de todos conocido, el día 22 de octubre del presente año el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por virtud del cual se expropiaron varios terrenos en el citado municipio de Texcoco, Estado de México, para destinarlos a la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
"En varias ocasiones, una de ellas el día 14 de noviembre del 2001, temprano por la mañana, algunos habitantes del San Salvador Atenco salieron de la comunidad con dirección a la Ciudad de México, para manifestar su inconformidad con la expropiación de sus terrenos.
"Como ustedes saben ya, los manifestantes marcharon armados con piedras, palos, machetes y quién sabe qué mas, por varias horas hasta llegar a la Ciudad de México, en donde el camino que pretendían seguir hacia el Zócalo se vio interrumpido por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes les impidieron el paso pidiéndoles que dejaran sus armas antes de que pudieran continuar hacia su destino.
"En consecuencia, se desataron una serie de hechos violentos en los que hubo varios heridos, incluyendo a la sociedad, a la sociedad sobre todo que fue testigo y dio cuenta de la falta de responsabilidad por parte de las partes involucradas al ejercer sus derechos o sus atribuciones, según sea el caso.
"En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho que tiene toda persona de manifestar sus ideas sin que sea molestado por ello por alguna autoridad judicial o administrativa. Sin embargo, no será de sea forma en los casos en que se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.
"La redacción del artículo mencionado en el párrafo anterior es muy clara. Toda manifestación de ideas se debe realizar en forma pacífica y respetuosa, reitero, pacífica y respetuosa de los derechos de terceros, para que quien pretenda manifestarse sea tratado con respeto y sean escuchadas sus ideas.
"Por otro lado, en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que no se puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, así como también que ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. En la misma disposición se establece que no se considera ilegal y que no puede ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta, mientras no se profieran injurias contra la autoridad, no se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
"Sin duda, el contingente de manifestantes de la comunidad de San Salvador Atenco que el pasado 14 de noviembre se dirigía al centro de esta ciudad capital, desatendió, no se manifestó sus ideas como lo prescribe la Constitución, desatendiendo la formalidad de ésta al atacar derechos de terceros y perturbar el orden público. Asimismo, se encontraban armados y pretendían llegar así para ahí plantear sus exigencias, hechos que no se justifican como tampoco el comportamiento de las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal, que al demostrar su incapacidad para mantener el diálogo y la negociación generó más violencia y en vez de resolver un problema lo incentivó aún más.
"Es menester señalar que la irresponsabilidad del Gobierno del Distrito Federal pudo terminar el tragedia y otros hechos más de imposible reparación que perjudican no sólo a las partes involucradas sino, como ya se dijo también, a la sociedad.
"Por lo anterior y con fundamento en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara, el siguiente Punto de Acuerdo, relativo a los hechos suscitados el día 14 de noviembre del 2001 en la Ciudad de México, entre los habitantes de la comunidad del San Salvador Atenco y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
"PUNTO DE ACUERDO
"Artículo Primero. Que las autoridades competentes garanticen el restablecimiento del estado de derecho en la población de San Salvador Atenco y las demás que formen parte del conflicto.
"Artículo Segundo. Que se investiguen a fondo los sucesos violentos del día 14 de noviembre del corriente y se informe a este Congreso.
Artículo Tercero. Se solicita a las autoridades del Distrito Federal garantice la paz y la libertad de tránsito con estricto apego a derecho fomentando el diálogo y la negociación para la resolución de los conflictos.
Artículo Cuarto. Este Congreso convoca a las autoridades federales, estatales y municipales involucradas, relacionadas con la construcción del nuevo aeropuerto a fin de formar un frente común de diálogo e inclusión en el proyecto de los habitantes de San Salvador Atenco, explicando sus beneficios e incluyendo sus propuestas en caso de ser pertinentes.
Firman el presente documento, los diputados Carlos Alberto Flores; Daniel Ramírez del Valle; Juan Carlos Pallares; José María Rivera Cabello; Francisco Ramírez Cabrera y un servidor, Raúl García Velázquez, todos diputados federales del Partido Acción Nacional.
Es cuanto señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
TÚRNESE LA PROPOSICIÓN A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Diputado Patiño,… ¿quiere referirse al mismo tema?… Tienen la palabra hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. FRANCISCO PATIÑO CARDONA: Diputado Raúl García, efectivamente el pasado 22 de octubre, los mexicanos muy temprano nos enteramos de que el Gobierno Federal anunciaba varios decretos expropiatorios pero no se trata de simples decretos sino más bien se trata del anuncio, del vil despojo y la condena de los campesinos de San Salvador Atenco, legítimos herederos de sus tierras y que el gobierno de Vicente Fox está condenando a esos campesinos a un futuro incierto, a engrosar las filas del desempleo e incluso, con esa política que está aplicando Vicente Fox en contra de los campesinos, a esos campesinos los está condenando a la mendicidad.
A mí me parece un asunto muy lamentable y al final de cuentas la papa caliente que tiene que ver con la construcción del aeropuerto esté en las manos del gobierno del Estado de México pase a las manos del Gobierno Federal y al final de cuentas ese problema social se quiere dejar en el Gobierno del Distrito Federal. A mí me parece que ese planteamiento no es ético y no es moral.
Pero el gobierno foxista, yo diría que se está convirtiendo en un provocador de conflictos sociales como lo que están viviendo los campesinos de San Salvador Atenco, no solamente han sido despojados o están siendo despojados de sus tierras sino además han sido engañados, se les está condenando a sus familias como ya lo dije anteriormente, a un futuro incierto.
A mí me parece que ese tipo de política no debe seguirse manejando ni por el Gobierno del Estado de México, ni por el Gobierno Federal de Vicente Fox. Yo creo que la mejor política que se tiene que instrumentar en esta Cámara de Diputados y el mejor ejemplo que tiene que dar el gobierno de Vicente Fox es dialogar con los campesinos; Vicente Fox no debe olvidar que gracias también a esos campesinos, hoy se encuentra dirigiendo los futuros de esta nación.
Desde esta tribuna, yo le pediría compañero Raúl García, que ojalá usted que pertenece al partido que ahora está en el poder, pudiera ser el puente de comunicación con el gobierno foxista para que Vicente Fox reciba a los campesinos de Texcoco y reciba a los campesinos y ejidatarios de San Salvador Atenco.
Y también le pediría a mis compañeros diputados del Gobierno del Estado de México que el Gobernador en lugar de estar descalificando a los campesinos de que se trata de unos cuantos, cuando en realidad se trata de más de 3,500 campesinos que representa a cerca de 12 mil personas, que ojalá pudieran hacer la gestión para que finalmente el gobierno del Estado de México escuche directamente el planteamiento y los problemas que esos campesinos quieren ser escuchados.
Yo creo que esa sería la mejor política y el mejor ejemplo para este país, pero no se vale que finalmente este problema se le quiere cargar al gobierno del Distrito Federal, mientras que Pedro Cerisola y Vicente Fox se están frotando las manos porque harán el gran negocio de su gobierno federal.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado Francisco Patiño Cardona.
El siguiente punto del orden del día agendado por el Partido de la Revolución Democrática...
Diputado Mauricio Candiani.
EL C. DIPUTADO MAURICIO CANDIANI (desde su curul): Pido la palabra para hechos, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra para hechos, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO MAURICIO CANDIANI: Con su autorización, señora Presidenta.
Estimados compañeros legisladores;
Amigas y amigos todos:
Hay dos tesis en política que uno puede seguir en el momento de actuar. La primera de ellas es que el fin justifica los medios y la segunda, es que son los medios los que construyen el fin.
Y me invita esta comparación de frases a la reflexión que nos ocupa el día de hoy, porque en la intervención del orador que me antecedió en el uso de la palabra escuché reflexiones en torno al Aeropuerto, al impacto, al método y la medida que ciertamente la gran mayoría de ellas son de una digna consideración. Pero el fondo de la intervención del diputado García en su punto de acuerdo obedece, amigos, a la enorme preocupación que existe en los legisladores que lo firman y en muchos más ciudadanos, de que se ha sentado el precedente de que con el visto bueno del gobierno, de la estructura de gobierno del Distrito Federal en esta ciudad marchó una manifestación armada. Y ciertamente, amigos, no es materia de preocupación el hecho, como se diría en términos de análisis de armamento, la capacidad del arma o de fuego en sí misma, sino el hecho de que la autoridad no haya sido en el gobierno del Distrito Federal, categórica para garantizar la seguridad, la paz de la ciudad, no permitiendo, mediante el diálogo o mediante un acto de autoridad clara, que estos hombres y mujeres que pueden tener, y lo quiero subrayar, todo el derecho del mundo de manifestar aquello que consideren que a su derecho convenga, pero el derecho que no tienen, es a utilizar ni la más pequeña de las armas para querer imponer su razón.
En consecuencia, amigos, centremos el tema en lo que nos ha manifestado el diputado García esta tarde aquí en esta tribuna y el tema es externarle una preocupación al gobierno del Distrito Federal como poder federal para decirle se ha sentado un precedente cauto, peligroso, digno de considerarse desde todo punto de vista de autoridad de una manifestación armada y en donde en consecuencia le pedimos, le exigimos que haga una investigación y que deslinde dónde estuvo la falla en la actuación de Seguridad Publica o dónde estuvo la falla en la capacidad de interlocución y que quede perfectamente claro que en las escenas de televisión, en las narraciones que hubo posteriores al acto, todos pudimos observar lo lamentable de dos cosas.
Primero. El hecho mismo, que aquí lo dijo el diputado García, y lo dijo bien, de la lamentable violencia que generó el impacto entre la fuerza armada y estas personas.
Y lo segundo. Para que no se magnifiquen en esta tribuna ni en ningún espacio, que ciertamente se trataba de armas menores en los manifestantes. Pero amigos, amigos, en esta perspectiva de las cosas no entremos en diálogos que pretendan por el tema en sí mismo, justificar un hecho que estamos seguros, amigos, que si se hubiera dado en contrarui sensu, entre niveles de responsabilidad política y de gobierno, más de uno de ustedes estaría en esta tribuna exigiendo exactamente lo que hoy nosotros estamos, pensamos que con razón, haciendo ante el pueblo de México.
Por su autorización, señora Presidenta, he cumplido mi intervención, le agradezco su atención a mis compañeros.
LA PRESIDENTA : Gracias señor diputado.
Continuando con el orden del día...
EL DIP. FRANCISCO PATIÑO CARDONA: (desde la curul) Señora Presidenta, para hechos.
LA PRESIDENTA: Diputado Patiño para hechos, hasta por cinco minutos.
EL DIP. FRANCISCO PATIÑO CARDONA: Me parece extremadamente delicado el planteamiento de los diputados del Partido Acción Nacional, me parece una manera tramposa y poco congruente con lo que realmente están esperando los mexicanos para resolver un problema tan delicado que es el problema de los ejidatarios de Texcoco y de San Salvador Atenco.
De ninguna manera podemos admitir ese planteamiento. El está llamando a que el Gobierno del Distrito Federal utilice la violencia, está llamando para que los granaderos de la Ciudad de México repriman a los campesinos, está llamando utilizar la represión en contra de la gente humilde, en contra de la gente sencilla, en contra de la gente trabajadora de este país.
Yo creo que ese no debe ser el planteamiento. Insisto, la política en esta nación, que decíamos que se eleve como una gran nación civilizada, utilice fundamentalmente las ideas, el diálogo, el consenso, el acuerdo político, y yo entiendo muy bien al diputado Raúl García cuando ha subido a esta tribuna, porque ha pretendido instrumentar un punto de acuerdo. Veamos si existe congruencia entre el planteamiento que ustedes están haciendo con la propuesta que a continuación les voy a proponer y que esperemos podamos consensar.
Yo plantearía que el Presidente Vicente Fox, un punto de acuerdo de esta Cámara de Diputados en donde el Presidente Vicente Fox reciba a los campesinos de Texcoco y de San Salvador Atenco, para que le planteen el problema social que ellos le quieren exponer a su Presidente, y al mismo tiempo, posteriormente, que el Presidente del país, Vicente Fox, utilizando los medios o los vasos comunicantes con esta legislatura, nos informe a qué acuerdos llegaron a favor de esos campesinos marginados y que han sido pisoteados en sus derechos.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Señor diputado, quiero aclarar respetuosamente a la asamblea que no está a debate el punto de acuerdo ni era el turno del orador para hacer una proposición, simplemente para hechos, por lo tanto continuamos con el orden del día.
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El siguiente punto agendado por el Partido de la Revolución Democrática para un tema sobre el proceso legislativo en torno a la reforma fiscal, se pospone para una próxima sesión, y el punto siguiente agendado por el Partido verde Ecologista de México, sobre las áreas naturales protegidas, que plantea hacer el Ejecutivo Federal, se retira del orden del día.
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En consecuencia, tiene la palabra el diputado Julio César Lizárraga López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la instalación sobre un Museo Histórico Naval, hasta por diez minutos.
EL DIP. JULIO C. LIZARRAGA LOPEZ: Con su permiso, señora Presidenta.
Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados; Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la Comisión de Marina en la LVIII Legislatura Federal, acordamos exponer al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, para que se instale el Museo Naval General José María Morelos y Pavón, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Los españoles exploraron el estado de Guerrero en el año de 1522, cuando la zona costera estaba poblada por yopes, tepoztecos y cuitlatecos, organizados en señoríos semi-independientes, con estructuras ligadas a la Cultura Teotihuacana. A su llegada, los españoles se percataron de la privilegiada ubicación geográfica de la Bahía y se dieron a la tarea de convertirla en uno de los principales puertos de la Nueva España.
En el año de 1532, se construyeron en Acapulco, por órdenes de Hernán Cortés, los primeros barcos para explorar los mares del sur, alrededor de 1565 la Corona Española conquistó las Filipinas, construyéndose Acapulco en el puerto de enlace de la ruta comercial Acapulco-Manila conocida como el Galeón de Manila o Nao de la China, en donde se comercializaban marfiles tallados, porcelanas, especies, obras de arte y un sinnúmero de productos de oriente desconocidos en el Nuevo Mundo.
El puerto adquirió tal importancia, que hacia 1599 el Rey Felipe Segundo le confirió el Título de Ciudad.
En el esplendor del Virreinato de la Nueva España, durante el gran auge y desarrollo comercial que floreció en esta época y dadas las excelentes condiciones portuarias de la Bahía de Acapulco, ésta se convirtió en el principal puerto marítimo del pacífico, en virtud de que se comercializaba con diferentes partes del mundo y dada la cercanía del puerto con la capital de la colonia.
El Virrey Guadalcazar, ordenó el proyecto de la construcción del Fuerte de San Diego, a cargo del ingeniero Holandés Adrián Box. A principios del Siglo XVII, en aras que el gobierno colonial se percató de la necesidad de proteger la Bahía de los reiterados ataques de los piratas ingleses y holandeses, actos que obstaculizaban el libre comercio y mermaban la economía del virreinato.
Posteriormente, en el período del Movimiento Independiente, el principal objetivo de los insurgentes era neutralizar y dominar este puerto, en aras de la importancia económica y mercantil y marítima que representaba para la colonia.
Así, el generalísimo José María Morelos y Pavón, al mando de sus tropas atrincheró, hostigó y dominó el puerto hasta su control total en el año de 1813, mostrando un gran heroísmo por parte de los acapulqueños y del resto del Ejército Insurgente, la misión: rescatar para México el Fuerte de San Diego.
Conociendo la importancia que tiene la formación de las nuevas generaciones de mexicanos, el conocimiento de nuestra historia y tradiciones marinas, sabiendo el interés de la juventud en su conocimiento y asimilación de las mismas y considerando que el Puerto de Acapulco ha sido el pilar esencial de nuestra marina nacional, los suscritos consideramos que la Juventud Mexicana, concretamente acapulqueña, requiere de un centro histórico didáctico que perpetúe la memoria de los valores y tradiciones de la marina nacional, por lo cual proponemos la creación del Museo Histórico Naval de Acapulco, ofreciendo para instalarse a bordo el Buque Durango, de la Armada de México.
Dicho Buque ha llegado al término de su vida operativa y ha sido dado de baja de nuestra Armada, destinado a su deshuesamiento y posterior hundimiento en el mejor de los casos.
En tal virtud, y tomando en consideración la importancia histórica y cultural de este puerto, así como la aguerrida defensa del mismo prestada por el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, es el punto de vista del de la voz, proponer que dicho Museo lleve por nombre "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón", ya que es de considerar que nuestra Armada de México floreció y a partir del momento de nuestra independencia, garantía y defensa de nuestra soberanía nacional; defensa que ha llegado cuando ha sido necesario hasta la ofrenda de la misma vida, como lo demuestran los diferentes hechos de armas ya sea en altamar, en las costas, playas y puertos mexicanos, sabiendo además el fortalecimiento que a lo largo de casi 200 años ha dado a nuestra Nación la Marina Mercante Mexicana que desde los albores de nuestra independencia ha conectado a nuestra Nación con los demás diversos puertos y regiones del mundo, teniendo ampliamente reconocimiento desde entonces la capacidad y profesionalismo de nuestros marinos mercantes mexicanos.
Con base en lo anterior, los legisladores firmantes del grupo parlamentario del PAN, integrantes de la Comisión de Marina proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Solicitar al Ejecutivo Federal la instalación a bordo de la unidad Durango de la Armada de México, el Museo Histórico "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón".
Punto número 2. Dicho Museo Naval se abocará a la descripción de nuestra historia naval, tanto militar como mercante.
Para el montaje, habilitamiento y acervo histórico del mencionado Buque Museo, se formará un comité integrado por académicos en la materia, tanto de la Secretaría Armada de México, así como de las Escuelas Náuticas Mercantes de la República, el Archivo General de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Guerrero y sectores de la Marina Mercante interesados.
Para su mantenimiento y conservación, dicho Buque Museo dependerá de la Zona Naval Militar de Acapulco.
Solicitar al Ejecutivo Federal publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente a la creación y equipamiento del Buque Museo "Buque Museo Naval General José María Morelos y Pavón".
Esta soberanía solicita al Ejecutivo Federal, informe su resolución referente al presente punto de acuerdo a este Honorable Congreso de la Unión.
Así lo acordamos y firmamos el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, el diputado federal César Patricio Reyes Roel y su servidor Julio César Lizárraga López.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el mes de noviembre del año 2001.
Es cuanto, señora Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Cultura con opinión de la Comisión de Marina.
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Tiene la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida del grupo parlamentario del PRD, para hacer una proposición con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial de Estudios y Desarrollo Metropolitano, hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA. Muchas gracias, diputada Presidenta.
Haré un resumen de lo que constituye una serie de antecedentes y consideraciones para la creación de la comisión y solicitaría a la Presidencia la incorporación íntegra del documento que entregaré a la Secretaría, a efecto de que forme parte del Diario de los Debates.
La distribución de la población mundial enfrenta actualmente procesos crecientes de metropolización en torno a grandes y medianas ciudades, situación que se asocia a flujos migratorios tanto internacionales como al interior de cada uno de los países.
Hoy día 7 de cada 10 habitantes residen en zonas urbanas; esta situación para el caso de México ha detonado en las últimas décadas en la conformación de cuando menos 58 zonas conurbadas destacando entre ellas la zona metropolitana del Valle de México integrada por el Distrito Federal y al menos 28 municipios conurbados del Estado de México, así como las de Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, Torreón, Lerdo, Gómez Palacios, León y Tijuana, entre otros.
Para atender la problemática de la metropolización los gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y el Gobierno Federal han impulsado en el pasado diversos mecanismos de coordinación metropolitana, los cuales han respondido al espíritu contenido en los artículos 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las disposiciones de la Ley Federal de Asentamientos Humanos en lo referente a la reordenación de las zonas conurbadas.
En este orden de ideas, es evidente que el ámbito de regulación previsto en el artículo 115 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VI, establece que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. Por ende esta disposición sustenta el marco de actuación de estas comisiones.
La importancia del fenómeno de concentración urbana en donde viven más de 72 millones de habitantes frente a una población rural de cerca de 24 millones, denota la importancia de las 58 zonas metropolitanas, así como su complejidad.
Cabe mencionar que en la zona metropolitana del Valle de México, en la que residen 19.5 millones de habitantes, plantea grandes retos para los gobiernos locales que en ella inciden y para el propio Gobierno Federal.
Siguiendo el espíritu de los previsto en el párrafo III del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es responsabilidad de la Nación el desarrollo equilibrado del país, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos y la regulación del mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
En términos de la fracción 29 inciso c) del artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. En materia de asentamientos humanos con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo III del artículo 27 de esta Constitución.
La interrelación de bienes y servicios plantea la necesidad de articular esquemas de coordinación y colaboración metropolitana en los más diversos ámbitos de la convivencia urbana, a partir de la institucionalización de mecanismos constituidos por los gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y del Gobierno Federal, los cuales han respondido al espíritu contenido en los artículos 115 y 122 de la Carta Magna.
En los foros sobre gobernabilidad y metrópoli, organizados entre 1995 y 1996 por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de la Honorable Cámara de Diputados de la LVI Legislatura, representantes de los diversos sectores expresaron sus puntos de vista sobre formas de gobierno y administración de las zonas metropolitanas, coincidiendo en la necesidad de impulsar una legislación metropolitana.
En el primer encuentro legislativo entre la Segunda Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la LIV Legislatura del Estado de México, se aprobó la declaración conjunta en la que los legisladores de ambas entidades asumieron el compromiso de promover la integración de comisiones de desarrollo metropolitano en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para fortalecer las acciones de coordinaciones de los gobiernos locales que inciden en la conformación de zonas metropolitanas en México.
Asimismo, impulsar una legislación metropolitana para fortalecer los mecanismos e instrumentos de coordinación de las metrópolis en el país.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 65, 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso, los suscritos ponemos a su consideración el siguiente:
"PUNTO DE ACUERDO"
Primero. La Honorable Cámara de Diputados crea la Comisión Especial de Desarrollos y Estudios Metropolitanos, que cumplirá con la tareas previstas por la Ley Orgánica y su Reglamento y tendrá entre otras, las siguientes funciones: Formular estudios y propuestas en materia de legislación metropolitana. Especialmente se abocará a la realización de las consultas con los tres órdenes de gobierno y las legislaturas de los estados, para elaborar una ley reglamentaria de los artículos 27 párrafo III, 115, fracción IV, y 122 apartado G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como impulsar la realización de estudios sobre desarrollo metropolitano e impulsar asimismo propuestas para la asignación de presupuestos para el desarrollo de zonas metropolitanas del país.
Segundo. La comisión se integrará con 21 diputados entre los cuales deberá estar su presidente. Adoptará sus resoluciones por mayoría de votos y ejercerá sus funciones hasta el final de la legislatura.
Tercero. La Junta de Coordinación Política, pondrá a consideración del Pleno la integración de la comisión en la sesión inmediata siguiente a la aprobación de este Punto de Acuerdo.
Cuarto. Se faculta a la secretaría general de la Cámara de Diputados, para proveer los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la operación de. la Comisión Especial de Desarrollo y Estudios Metropolitanos.
Dado en la residencia de la Honorable Cámara de Diputados, de la LVIII Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre del año 2001.".
Signan este Punto de Acuerdo, diputadas y diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Convergencia por la Democracia, Alianza Social.
Es cuanto, diputada presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, compañero diputado.
Para referirse sobre el mismo tema ha solicitado el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Gerardo de la Riva, del grupo parlamentario del PRI.
EL C. DIPUTADO GERARDO DE LA RIVA: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: he solicitado el uso de esta tribuna para referirme al punto de acuerdo propuesto por el diputado Ricardo Moreno Bastida y, sobre el mismo, me permito hacer las siguientes reflexiones.
Como resultado del fenómeno migratorio que se dio durante la segunda mitad del siglo pasado por la atracción económica de las ciudades, en las que se instalaron una gran cantidad de fuentes de trabajo que contrastaron con la vida rural del país, se originó con ello la población de diversas zonas urbanas que crecieron de manera desmesurada, como ya lo expresó mi compañero diputado, siendo los principales ejemplos de ellas la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, a las que le siguen muchas más que hasta el momento suman 58 en el país.
Las zonas metropolitanas generan complejos procesos económicos, sociales y culturales. En éstas se tienen diferentes problemas, entre los que destacan un crecimiento urbano desordenado, déficit en la calidad y cantidad de servicios y de su mantenimiento, contaminación del medio ambiente e inseguridad pública, deficiencia en la procuración de justicia, crisis financiera y presupuestaria en los órganos de gobierno, pérdida de espacios verdes para la agricultura y asentamientos irregulares y marginación.
Ante la magnitud del reto que representan las zonas conurbadas es indispensable adoptar una serie de acciones respecto a los procesos de metropolización que considere tanto a la incorporación de una nueva visión política social como adecuaciones en términos de estrategias que permiten el desarrollo urbano, considerando que no debe temerse al crecimiento metropolitano si éste ocurre de manera ordenada y sustentable.
Lo verdaderamente importante es lograr un crecimiento urbano con autosuficiencia de los servicios y aprovechamiento racional de los recursos.
A través de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados que se propone se busca participar en la consolidación de las instancias de coordinación y colaboración metropolitana existentes y en la creación de las que sean necesarias para reforzar los esfuerzos que se realizan en materia de asentamientos humanos, agua, medio ambiente, transporte, vías de comunicación y seguridad pública, entre otros.
Dentro de las funciones de la Comisión destaca la formulación y estudios y propuestas en materia de legislación metropolitana que permita la creación y adecuación y homologación de los instrumentos normativos en materia de coordinación fiscal, de planeación y de normatividad urbana, de vialidad y transporte, de protección del medio ambiente, entre otros instrumentos jurídicos y reglamentarios de carácter federal, local y municipal que se apliquen en zonas metropolitanas.
Asimismo, se logre una eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones de las zonas conurbadas limítrofes en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable, drenaje, recolección y tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.
Sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen, con apego a sus leyes, en los términos del artículo 122 de la ley en comento.
De igual manera, impulsará la realización de estudios sobre el desarrollo metropolitano que permita una participación activa de la sociedad en los programas y obras que se deben emprender. Esto debido a la necesidad de que las comunidades participen activamente en los proyectos que les permitan consolidar su entorno social, creándose así una conciencia social metropolitana.
Asimismo se deberá fomentar la creación de instrumentos de planeación metropolitana, el aprovechamiento racional de los recursos naturales que permitan garantizar una existencia armónica entre el habitad y las actividades económicas y urbanas de las zonas metropolitanas.
La promoción a efecto de que se creen organismos de planeación y administración metropolitana que atiendan rubros específicos con una visión integral para una mejor calidad de vida para los habitantes de estas zonas.
Consideramos que es necesario que se lleve a cabo todas las acciones a efecto de que se logre la asignación de presupuestos tanto a nivel federal, local municipal para la atención de las necesidades y problemas que se tienen en las zonas metropolitanas del país.
Por lo expuesto consideramos que la comisión que se propone beneficiará a las áreas metropolitanas y las que están por desarrollarse, por lo que se debe de analizar en el seno de las comisiones para un dictamen favorable y poderse debatir en esta tribuna el dictamen respectivo.
Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA: sobre el mismo tema y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.
EL C. DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, ciudadana Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: Se ha traído a esta tribuna un tema de suma importancia para el país, el tema del desarrollo urbano, del ordenamiento territorial y el hecho de abordar en esta tribuna y en este Congreso los temas que tienen que ver con el crecimiento urbano, la relación campo-ciudad, creo que resultan de alta importancia para su discusión y su análisis y que logremos establecer una estrategia al interior del Congreso para abordar esta temática que hasta hoy ha sido de alguna manera relegada, sin embargo su importancia es vital.
Toda problemática tiene causas y efectos, por supuesto una lógica que las produce. Plantear un problema implica necesariamente conocer los procesos que en él intervienen y llegar a sintetizar las lógicas que interactúan en dichos procesos.
Si es la economía a través de la política quien decide en primera instancia las orientaciones del desarrollo del país, es en el territorio en donde tiene lugar su implementación. En este sentido tendremos que considerar la relación económica-territorio en su expresión espacial, es decir, las lógicas que intervienen en la transformación espacial de la economía nacional y que producen la concentración. Esto ha propiciado que existan regiones más desarrolladas que otras y se vean con claridad las disparidades territoriales existentes en el país.
De acuerdo al PIB, la inversión pública federal y en los créditos que se otorgan en las diferentes regiones funcionales, encontramos que la región más desarrollada, la región centro, representa el 8.2 del territorio nacional, alberga a 36.5 % de la población nacional, al 40 % de las industrias manufactureras, produce el 56 % del producto interno bruto (PIB) manufacturero, recibe el 41.9 de la inversión pública federal, recibe el 65 % de la inversión extranjera directa, el 58.7 de los créditos otorgados y el 71 % de los créditos de la banca de desarrollo.
Una de las regiones menos desarrolladas, la región pacífico-sur, representa el 8.6 % del territorio nacional, alberga a 7.7 % de la población nacional, produce el 3.7 del PIB nacional, recibe 4.3 % de la inversión pública federal y el 1.02 % de los créditos otorgados.
Esto evidencia grandes diferencias regionales o dos velocidades de desarrollo que responden a la lógica de concentración en el territorio, dos realidades nacionales se evidencian bajo una misma constitución política y un mismo pacto federal.
Resulta entonces urgente reestructurar el patrón de ocupación de los asentamientos humanos para evitar que se acentúen disparidades regionales y para confrontar también otros territorios, que hasta ahora ha estado fuera de la expectativa del desarrollo nacional.
Creemos que para hacer posible lo anterior es necesario actuar reorientando las dos inercias fundamentales de la concentración:
1º Intensificar la desconcentración de la actividad económica urbana, sirviéndose justamente de la recuperación de la economía nacional y de la reorientación del aparato productivo hacia el exterior.
2º Incidir en la migración rural urbana, reduciendo la velocidad del proceso de urbanización durante las dos próximas décadas, con la idea de buscar una distribución final más equilibrada entre las diferentes regiones y ciudades del país.
Es necesario dibujar entonces un proyecto territorial del país. Partiremos pues de la estrategia mundial de conservación, en donde por principio se define el desarrollo como la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos humanos financieros, vivos e inanimados, en aras de la satisfacción de las necesidades humanas para mejorar la calidad de vida del hombre.
Asimismo se establece la necesidad de un desarrollo sustentable que garantice la conservación de los recursos naturales.
Creo que esta iniciativa merece todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, y creo que el debate que hoy se inicia va a tener resultados muy positivos para el país.
Es cuanto, señora Presidenta.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Diputado.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
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El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo sobre los procesos electorales en los estados de Sinaloa, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha solicitado se posponga para una próxima sesión.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta para presentar una proposición con punto de acuerdo con el propósito de que el 1 por ciento del Ramo 33 del Presupuesto sea entregado a los poderes judiciales locales.
EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Gracias, Presidenta.
Solo para entregar por escrito el punto de acuerdo, que había sido postergado por diferentes sesiones. Y agradecer se me haya concedido este uso de la palabra.
Lo entrego a la Secretaría y con eso agoto mi intervención.
PUNTO DE ACUERDO:
Único.- La H. Cámara de Diputados acuerda, que el uno por ciento del monto del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (de aportaciones a Entidades Federativas y Municipios) sean entregado a los Gobiernos Estatales, en proporción directa de su numero de habitantes, para incrementar el Presupuesto de Egresos de sus Poderes Judiciales Locales.
Atentamente. Dip. Miguel Barbosa Huerta
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Justicia.
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En virtud de que han transcurrido las cinco horas previstas en el acuerdo parlamentario para el desarrollo de la sesión, solicito a la Secretaría informe de los asuntos en cartera de la próxima sesión.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura al orden del día de la próxima sesión)
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 29
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2001
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.
OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES
Con el que remite para los efectos del artículo 72, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Sen. Víctor Manuel Torres Herrera, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos. (Turno a Comisión).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (A las 16:03 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 29 de noviembre, a las diez horas.