SESION   DEL PRIMER  PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA.
26 DE NOVIEMBRE DE 2002

LA C. PRESIDENTA:- Proceda la Secretaría poner a discusión y votación de inmediato, el acta de la sesión anterior.

LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

( v o t a c i ón )

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo;

( v o t a c i ón)

LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta.

Pasamos al capítulo de comunicaciones.

- LA MISMA C. SECRETARIA:

( Del Congreso del Estado de Durango)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Del Congreso del Estado de Guanajuato, transcribe Acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía, elaboren un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana.)

LA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Del Congreso del Estado de Guanajuato,transcribe Acuerdo por el que se pronunciaa favor de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Del Congreso del Estado de Guanajuato por el que se adhiere al emitido por el Congreso del Estado de Durango, sobre la distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y se revise su marco jurídico.)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(De la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Mesa Directiva

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003, no se reduzcan los montos a los programas de protección y prevensión a mujeres, niñas y niños)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruir a su cierre.

EL DIP. RAFAEL RAMÍREZ (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Sí, diputado.

EL DIP. RAFAEL RAMÍREZ (Desde su curul): Tengo problemas con el sistema electrónico.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Le registramos su asistencia, señor diputado.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 390 más el diputado Rafael Ramírez, 391 ciudadanos diputado.

LA PRESIDENTA: Gracias.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Ciérrese el sistema electrónico.

EL DIP. JORGE C. RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Sí, diputado Ramírez Marín.

-EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (desde su curul): Ciudadana presidenta, solamente solicitarle si es posible y cabe dentro de los trámites, que los oficios dirigidos por el Director General del Fondem, sobre el huracán Isidore, puedan ser turnados también, es decir, enviar una copia a los diputados de los estados respectivos.

-LA C. PRESIDENTA: Con todo gusto se integra en el trámite la información a los legisladores de esa región y se van a publicar en la Gaceta Parlamentaria.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación

Política relacionado con el diputado Tomás

Coronado Olmos).

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

-LA C. PRESIDENTA: Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política

relacionado con el diputado José A. Botello).

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

-LA C. PRESIDENTA: Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política

relacionado con el diputado Néstor Villarreal Castro).

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

-LA C. PRESIDENTA: Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política,

designando a los integrantes de la Comisión Espe-

cial en relación con el huracán Kena)

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA.- Aprobado.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-

(Oficio de la Mesa Directiva con relación a vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional)

LA C. PRESIDENTA.- Verifíquese con el IFE la relación pertinente y llámese al siguiente en la lista del grupo parlamentario de Acción Nacional.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-

(Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite copia del oficio del Director General de Radio, Televisión y Cinematografía).

LA C. PRESIDENTA.- Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su conocimiento y remítase al promovente.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-

(Oficio de Gobernación, por el que remite copia del oficio del Director General del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil).

LA C. PRESIDENTA.- Remítase copias a la Comisión Especial Encargada de Vigilar que los recursos del FONDEN y partidas extraordinarias que se aprueben, se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán Isidore, a los diputados de esos estados y al promovente.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA

(OFICIO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, DE LA COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL)

-PRESIDENTA: Remítase copias a la Comisión Especial encargada de Vigilar que los recursos del FONDEN y partidas extraordinarias se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el huracán "Isidore" y a los diputados de los estados afectados y al promovente.

-MISMA SECRETARIA:

(OFICIO DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION, QUE INFORMA SOBRE LA ELABORACION DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PRODUCCION, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS CARNICOS)

-PRESIDENTA: Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y al promovente para su conocimiento.

-MISMA SECRETARIA:

(OFICIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN CONTESTACION AL PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS)

-PRESIDENTA: Corrijo el trámite anterior en torno a Norma Oficial Mexicana para la Producción, Industrialización y Comercialización de los Productos Carnícos Curados y Cocidos. Además de a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a la Comisión Especial de Ganadería y al promovente, para su conocimiento.

Y el trámite relativo a la Norma Oficial Mexicana sobre los cilindros portátiles contenedores de gas licuado de petróleo, remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y a los promoventes, para su conocimiento.

-MISMA SECRETARIA:

(Copia de oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativo al exhorto para realizar un análisis minucioso con la finalidd de restituir el subsidio a las tarifas domésticas de energía en zonas del país que por su naturaleza climática se han visto afectados por el decreto del 7 de febrero de 2002)

-PRESIDENTA: Remítase a la Comisión de energía y al promovente para su conocimiento.

Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Pedro Manterola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

-EL DIP. PEDRO MANTEROLA SAINZ: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

De acuerdo a datos proporcionados por la FAO, cada año seis millones de niños mueren por desnutrición, la mayoría en los países en vías de desarrollo; 25 mil personas fallecen víctimas del hambre y la pobreza día a día; existen 840 millones de personas desnutridas, de las que 799 millones son habitantes de los países en desarrollo; 30 millones de los países en transición y 11 millones en los países industrializados.

En un nivel ligeramente superior al de la hambruna se encuentran más de dos mil millones de personas con falta de micronutrientes, es decir sus dietas carecen del aporte necesario de vitaminas y minerales, sobre todo de vitamina A y C, hierro, yodo y zinc, esenciales para el desarrollo y el crecimiento de los seres humanos.

La falta grave de estas sustancias puede ocasionar la ceguera y la discapacidad mental. En los países en donde la situación es más grave la expectativa de vida no supera los 38 años, frente a los 70 que alcanzan los 24 países más ricos del mundo.

El precio de la hambruna se cuenta en millones de seres humanos sometidos a una vida de carencias, lo que refleja una realidad lacerante en las posibilidades de desarrollo de los países. En México, la esperanza de vida del campo es menor que la del resto de los mexicanos.

Los ingresos por trabajo igual o equivalente, son 80% menores a nuestro sector agropecuario; la probabilidad de concluir los estudios es del 25% para los niños campesinos. El índice de mortalidad por enfermedades curables es cuatro veces más alto para los habitantes de áreas rurales; el empleo es temporal y mal pagado. El éxodo rural es una incesante agonía para el campo, a cambio de los dólares que significan estos mexicanos para su comunidad y el país.

Esta realidad de pobreza y desnutrición debe no solo alarmarnos, sino movernos a realizar propuestas claras y específicas cuyo beneficio sea integral, nutricional, económico y social,

Un componente esencial del panorama agropecuario del país, es la citricultura. En nuestro país los aportes de la vitamina C, elemento esencial de una nutrición sana, se obtiene en su mayoría de los cítricos, de ahí que la importancia de estos cultivos esté no sólo en la superficie sembrada y el número de mexicanos que tienen un beneficio directo o indirecto de ella, sino también en el valor de los cítricos en la nutrición de los mexicanos. Pese a su importancia, este cultivo no es considerado como básico y estratégico para el régimen alimenticio del mexicano.

El país en donde año con año se tiran miles de toneladas de naranja, limó y mandarinas porque carecen de mercado, es el mismo que muestra el dramático avance de la anemia, la obesidad, la diabetes o la hipertensión, como las nuevas amenazas a la salud de los mexicanos. Son además, expresión clara de la millonaria publicidad que ha cambiado los hábitos alimenticios de niños y jóvenes a favor del costoso y catastrófico consumo de alimentos industrializados, frituras, botanas, pastelillos y toda la chatarra de los fabricantes de los mal llamados "alimentos".

La economía de mercado especulativa, sin regulaciones ni controles y con un gobierno seducido por la globalización indiscriminada, secuestra la producción e impide al productor llegar libremente a los mercados y favorece a los alimentos industrializados frente a los productos del campo, impulsando el excesivo consumo de mercancías que convierte la alimentación en un negocio destructivo para la salud.

Es una cuestión ética y elemental terminar con la pobreza y la desnutrición, es obligación de todos construir mecanismos de trabajo y cooperación para terminar de una vez y para siempre con lo que la FAO ha llamado la "tenaz persistencia del hambre y la miseria". Es una obligación moral que recae sobre nosotros con más fuerza, de acuerdo a los avances de nuestra capacidad y nuestras tecnologías y la respuesta la tiene nuestra tierra.

La ciencia sigue ampliando horizontes y ofreciendo nuevas opciones; los avances tecnológicos y los cambios en la organización de los sistemas agrícolas y de alimentación han sido profundos e irreversibles. Es prioritario que sus beneficios estén al alcance de todos y que se conviertan en herramientas de igualdad y de justicia, de impulso al desarrollo regional e inteligente de nuestros recursos naturales.

Estos cambios, que van desde las técnicas de cultivo y producción a los múltiples y variados efectos del comercio internacional, han despertado la atención de derechos humanos fundamentales, como el derecho a alimentos suficientes y saludables.

Los cítricos son un valioso componente en la alimentación, ya que aportan vitamina C y fibras y favorecen notablemente la absorción del hierro. Su consumo es de utilidad para los diabéticos y su consumo dependientes, ya que ayuda a prevenir la reducción de los niveles de glucosa en la sangre. La vitamina C es necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células y los tejidos, encías, huesos y dientes. También es útil para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye la reducción del colesterol.

"Reduce el efecto de sustancias productoras de alergia, previene el resfriado común y fortalece las defensas generales del organismo. Sirve también para combatir problemas circulatorios ya que fortalece los vasos sanguíneos. Por su riqueza en minerales, sobre todo potasio y magnesio y por su poder purificante de la sangre el jugo de naranja es recomendable en enfermedades cardiacas.

"El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos atribuye al consumo de jugo de naranja la reducción de cáncer de estómago en los últimos años. Quien consume cítricos tiene menos posibilidades de contraer tumores malignos, gracias a las propiedades nutricionales de la naranja. En países donde el consumo de cítricos es alto, la población padece un 60 por ciento menos de tumores en la cavidad oral, faringe, laringe, esófago, estómago y colon.

"El jugo de naranja es cicatrizante y antihemorrágico, estimula las funciones del hígado, es útil en el tratamiento de la fiebre, limpia el aparato digestivo, incrementa la diuresis y baja la temperatura. Es un valioso recurso en la alimentación de niños con procesos febriles. El sumo de naranja limpia y fluidifica la sangre, descongestiona los pulmones y los fortifica.

"La toronja es una fruta baja en calorías y rica en vitaminas C, A y B. Se incluye en dietas por su acción aceleradora del metabolismo de las grasas.

"El limón es una fuente inmensa de vitamina C. Facilita la eliminación de toxinas, es útil para el tratamiento de dolores de garganta y de gengivitis. Reduce los niveles de colesterol previendo el escorbuto, o sea, acción antiviral y antibacteriana. Es rico en vitamina C y posee altas dosis de potasio, magnesio, calcio, fósforo y hierro.

"El limón combate las impurezas de la sangre nivelando de modo natural el regular funcionamiento de los órganos. Además el limón es eficaz contra microbios y ciertos virus. Astringente natural el limón ayuda a combatir más de 200 enfermedades.

"Estas son solo algunas de las propiedades nutricionales de los cítricos. Aunado a su relevante papel en la salud humana , juegan también un papel fundamental en la salud social y económica del país.

"La critricultura en México impuso el desarrollo de 23 entidades federativas con una superficie cultivada de más de 500 mil hectáreas. Una producción anual promedio de 5 millones de toneladas, con valor de 3 mil millones de pesos, que representan para más de 100 familias mexicanas ingresos por abajo del costo de producción en la mayoría de los casos. Los cítricos significan el 30 por ciento de las superficies de frutales en el país y el 3 por ciento de la superficie total sembrada. El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en producción de cítricos, con el 40 por ciento de la producción total. Genera recursos por un total de 8 mil millones de pesos en la industria y el sector primario. Su actividad impulsa la creación de 70 mil empleos directos y 250 mil indirectos, así como 32 millones de jornales durante las épocas de producción y cosecha.

"Sin embargo, los bajos precios, el acceso desigual a la tecnología para incrementar y mejorar la productividad, el desmedido intermediarismo, la falta de organización y la poca claridad del marco jurídico que rige a las agrupaciones de productores tiene a los pequeños agricultores y agroempresarios prácticamente abrumados.

"El campo fue víctima muchos años de la simulación. Poco ha cambiado. Hoy sigue mal distribuida la atención a los productores, sigue haciendo falta una planeación inteligente, capacidad de organización, claridad y criterios productivos en las reglas de operación de los programas rurales. Capacitación a quienes no pueden financiarla y una mejor distribución de la justicia en la estructura productiva.

"Hace apenas unos días, el pasado 20 de noviembre, conmemoramos un aniversario más de la Revolución Mexicana, hecho que determinó la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX. De la Revolución surgieron demandas y exigencias que evolucionaron para dar lugar a instituciones y principios. Así, cada uno de los postulados de la lucha armada se transformó para aportar algo a la transfusión paulatina de nuestro país. De los reclamos a la construcción y perfeccionamiento de instituciones, leyes, principios y formas.

"El sufragio efectivo, libre y secreto, la aplicación de la ley como derecho universal y no como concesión. La educación y la salud como conquista irrenunciable de los mexicanos, son algunas de las respuestas que hemos construido a partir de la lucha iniciada en 1910. Solo el campo sigue siendo asignatura pendiente. Zapata inició con su entrega a la lucha social la recuperación de la tierra como espacio económico y cultural. En él reconocemos la encarnación de un proyecto inconcluso y traicionado, interrumpido con violencia y nunca reivindicado plenamente. No hemos sido capaces de garantizar a los hombres y mujeres del campo el pleno disfrute de los productos de la tierra. Han aparecido nuevas formas de sometimiento como el intermediarismo, la renta de parcelas y la imposición de modelos tecnológicos caros y dañinos.

"Las instituciones creadas para desterrar la incertidumbre y el caos cumplen exactamente la función contraria en el gobierno del cambio. Con hechos, con leyes justas y con la atención permanente de los problemas que tanto lastiman al país, quitaremos al Ejecutivo el falso argumento de que es el Congreso el causante de los males, de las carencias ineficaces y de dislates de un gobierno que hizo de la promesa de cambio un espejismo en el que no hay respuestas para los mexicanos.

"Con estas certezas, hace poco más de un año, los citricultores de las regiones de Álamo y de Martínez de la Torre tomaron las carreteras del norte del estado de Veracruz, para llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública acerca de su alarmante situación. Se trató del movimiento apartidista y propositivo, de ahí surgieron objetivos que dieron lugar a un documento preliminar origen de propuestas posteriores cada vez más completas e integrales.

"Con este movimiento se pudo vencer la indiferencia del gobierno y se inicio la atención de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de esta Cámara y de aquí a la Secretaría de Agricultura, donde se han realizado mesas de trabajo en las que ya no sólo los productores sino los procesadores al interior de la cadena productiva han logrado establecer un catálogo completo de acciones compartidas.

"Revisión del marco jurídico para impulsar la articulación de los productores, integrar datos estadísticos del sector, reactivación de plantas industriales, búsqueda de mercados alternativos en Asia y Europa, constituyen una apretada síntesis de las propuestas surgidas del diálogo en esta importante cadena productiva.

"A pesar de la innegable importancia de la citricultura en todos sus ámbitos, es insuficiente el apoyo para incrementar el consumo de los cítricos. En lo referente a su producción y comercialización, los pequeños productores enfrentan serias desventajas ante los grandes agroindustriales.

"Por todo ello, por todo lo antes mencionado, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos, se pone a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural.

"Se reforma el artículo 179 para adicionar la fracción XII, para quedar como sigue: A la lista de productos básicos y estratégicos se suman los cítricos, consistentes en naranja, limón, toronja y mandarina.

"Por último, se exhorta al gobierno federal para que una vez publicada la presente reforma se elabore y ejecute el Programa Nacional de Fomento Citrícola, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 160, 161, 180, 182 y 183.

"El Programa de Fomento Citrícola deberá incluir acciones específicas y concretas en materia de sanidad vegetal, comercialización, atención regionalizada de la problemática citrícola y garantizar a los pequeños productores mecanismos de acceso a recursos para tecnificación".

Es todo. Muchísimas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.

Túrnese la iniciativa a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

Sí señor diputado.

-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (desde la curul): Señora Presidenta, rogarle que la iniciativa del señor diputado Pedro Manterola se publique completa en el Diario de los Debates, porque es muy importante. Y también suplicarle a usted le pregunte al señor diputado si es tan amable de que la firme con él.

-MISMA PRESIDENTA: Señor diputado ¿acepta usted que suscriba su iniciativa?

-DIP. PEDRO MANTEROLA SAINZ: Sí, señora Presidenta.

-MISMA PRESIDENTA: Que se pase a firma el proyecto de iniciativa al señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tiene la palabra el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

-DIP. DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE: Con su permiso, señora Presidenta.

Honorable Asamblea: "Iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Exposición de Motivos

"La diferencia de mayor relevancia entre el pasado y el presente, sitúa al actual gobierno sin la mayoría en el Legislativo, esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene la posibilidad ni la facultad de aprobar o derogar cuanto se le antoje. La diferencia señalada obliga a los grupos parlamentarios y principalmente a nosotros, diputados y senadores, a desempeñar el papel más importante en nuestras vidas, teniendo la imperante necesidad y compromiso de discutir al interior de la Cámara todas las iniciativas con el mayor cuidado y minuciosidad indispensable para ofrecer a la sociedad verdaderos avances políticos.

"Bajo esta perspectiva y con el único objeto de participar en la reforma del Estado es que se aporta al quehacer legislativo la figura de la rendición de cuentas del Congreso a la sociedad, a fin de que los Legisladores no solo se sientan comprometidos a trabajar e informar a los ciudadanos que los eligieron por una obligación moral o ética, sino por una disposición constitucional que así lo prescriba.

Ello, en virtud de que algunos Legisladores no tienen ningún estímulo para acercarse a sus electores a quienes solo buscan meses antes de las elecciones cuado es indispensable ganar voto y popularidad.

Como es sabido, pocas veces los triunfadores regresan con aquellos que los beneficiaron con su voto para presentar avances , logros o resultados. Cualquier persona a la que se le pregunte su opinión sobre el quehacer legislativo, responderá sin titubeos que ya no confían en el Congreso, que los legisladores una vez electos ni lo ven , ni lo escuchan, que sus dietas son excesivas y sobre todo, que no trabajan.

Y más de uno concluirá que podría desempeñar un mejor papel de ser Legislador. Es importante señalar que nosotros no somos los responsables directos de esta situación, por el contrario, la imagen que hoy se percibe del Poder Legislativo se ha construido a lo largo de las décadas como resultado de los excesos, la apatía y la improductividad de nuestros antecesores.

El establecimiento de un Informe Anual de Actividades por parte del Legislativo y los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, pretende enfatizarlos logros alcanzados por el Congreso y cambiar paradigmas en la perspectiva de la ciudadanía en general.

Así, se busca un legislador responsable y comprometido que ofrezca cambios y beneficios significativos mediante un trabajo incansable y productivo al interior del Congreso, en su distrito o en aquellos escenarios en donde se desenvuelva para que el reflejo de sus acciones se plasme en beneficio directo de nuestra soberanía.

El hecho de que los legisladores tuvieran que formular un Informe Anual de Actividades no significaría una obligación a proponer reformas constitucionales o de ley incongruentes o hechas al vapor, por la simple urgencia o necesidad de incrementar su estadística; por el contrario, de lo que se trata es de informar y de establecer un puente de comunicación entre el legislador y la sociedad, puente que no existe y que debemos de empezar a labrar.

De esta forma, el Informe plasmaría el trabajo, la dedicación y el esfuerzo realizados a lo largo de su gestión y en donde se materializarían los logros y avances de aquellas materias trascendentales y de interés nacional.

Así, el Informe abarcaría tópicos diversos como la formulación de iniciativas o puntos de acuerdo , el análisis de las propuestas de otros legisladores al interior de las Comisiones, el trabajo al interior de sus Fracciones, su participación en foros de discusión o simple en acciones en pro ce la región o distrito de procedencia.

De esta manera me gustaría enfatizar que el Informe Anual de los Presidentes de ambas Cámaras tendrían que realizarse con suma imparcialidad y sin matices partidistas de la misma forma en que lo hace el Presidente del Ejecutivo Federal y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo marca el Artículo 69º Constitucional y la Fracción II del Artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación respectivamente.

Sin duda, el Informe Anual que planteo, más que ser de utilidad, lo considero como la obligación que debe tener el Congreso y sus actores de rendir un informe eminentemente republicano.

Por lo anterior y en atención a la modernización que necesita nuestra Carta Magna y en pleno apego a la Reforma del Estado que se viene manejando, esta Iniciativa está encaminada a adicionar un segundo párrafo del Artículo 66º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la adición de un cuarto párrafo al Artículo 11º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que los Legisladores y los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, estén obligados a rendir un Informe Anual de Actividades ya sea ante el Distrito ó Entidad Federativa al que representen o ante el Pleno de cada una de las Cámaras para el caso de los Presidentes.

Más que una rendición de cuentas, de lo que se trata es de plasmar con precisión el trabajo de diputados y senadores a fin de sensibilizar a la población de que las acciones y el desempeño del Congreso de la Unión tienen como única prioridad el crecimiento y desarrollo de nuestra nación.

Solicito a la Presidencia se publique íntegramente esta Iniciativa en el Diario de Debates y en La Gaceta Parlamentaria para omitir la lectura del articulado. Es todo.

-LA C. PRESIDENTA. Con gusto señor Diputado, gracias. Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates , publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa por la que la Cámara de Diputados emita Decreto para que el Titular del Poder Ejecutivo Federal inicie la re negociación del Capítulo Agropecuario en el Tratado de Libre Comercio.

-ELC. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA. Gracias señora Presidenta. Señoras y señores Legisladores. Pido a ustedes unos minutos de su distinguida atención, se trata de que abordemos un problema de auténtica urgencia, de auténtica urgencia, de auténtica urgencia y sin duda obvia resolución

El tema no puede ser otro, que el del campo mexicano, el de su sector agropecuario y el de su predecible aniquilación a un mes de que se liberen completamente de aranceles las importaciones de productos agropecuarios de origen norteamericano y canadiense como resultado del Tratado de Libre Comercio vigente a partir del 1º de enero de 1994.

Quién puede negar que el campo mexicano es una zona de desastre, desastre producto de políticas erróneas de los gobiernos en turno que entre otras cosas redujeron en forma significativa el gasto programable asignado al sector, incluyendo los subsidios, los recursos destinados a inversión física y el sistema de empresas paraestatales que le brindaban apoyos.

El problema del campo en México no es nuevo. A no dudarlo, el campo es la actividad más desprotegida en nuestra patria; tampoco es nuevo el discurso elaborado sobre él, allí se fincaron las grandes glorias, tragedias y engaños del Estado Mexicano. Se llegó a concebir que el campo no debería estar organizado para producir, sino para votar.

Lo que sí es nuevo o si no nuevo por lo menos reciente, es el reconocimiento generalizado de los efectos negativos que para el campo y el sector agropecuario ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de su entrada en vigor y los que tendrá una vez que llegue el año siguiente, cuando se liberen completamente de aranceles las importaciones de productos agropecuarios de origen norteamericano y canadiense.

Como parte del Estado y del Gobierno del México actual, el Congreso de la Unión debe involucrarse de manera plena en la búsqueda de soluciones y no seguir haciendo sólo discursos del problema.

¿Qué solución se va a ofrecer a los productores de maíz que representan el 65% de los productores agrícolas de México con una productividad por área cultivada equivalente a una cuarta parte de la obtenida en Estados Unidos cuando el mercado nacional sea invadido por estos? ¿Acaso la substitución del cultivo, que afectaría hasta hábitos alimenticios y tradiciones culturales?

¿Qué solución se va a ofrecer a los productores de arroz, ya quebrados; a los piñeros de Oaxaca y Veracruz, cuyo producto en el mercado nacional ha sido reemplazado por el proveniente de La Florida? ¿Qué solución se va a ofrecer a los productores avícolas y pecuarios nacionales cuando el huevo, la carne de pollo, la carne porcina y demás productos afines se importen masivamente con cero aranceles y restricciones y deban competir con productos, con una industria extranjera que cuenta con mayor tecnología y capital?

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para haber sido benéfico al campo y al sector pecuario mexicano tenía como precondición o condición sine-quanón la de que el Gobierno hubiera generado condiciones propicias para que antes de la absoluta liberalización el sector hubiera alcanzado un grado de desarrollo tecnológico y de consolidación de capital que le permitiera competir en igualdad de circunstancias.

Distinto a lo anterior, los productores agrícolas y pecuarios en nuestro país, desde la entrada en vigor del acuerdo libre comercista, primero: han sido las víctimas no sólo del rigor y obediencia con el que el Gobierno Mexicano ha ido cumpliendo los términos del acuerdo al reducir el gasto público destinado al sector de 6.4% en 1995 al 2.9% en el 2000, que contrasta con el apoyo desmedido y desobediente del gobierno americano para subsidiar su sistema agropecuario; y segundo, fueron los paganos de la crisis financiera de finales de 1994 cuando para unos sus deudas contratadas en dólares de un día a otro se vieron incrementadas por la depreciación del peso frente a esa moneda y para todos, verse entrampados en un esquema de defraudación del sistema bancario usurero al haber suscrito contratos de crédito con estipulación de intereses impagables.

El capítulo séptimo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relacionado con el sector agropecuario es el único que no tiene alcance trinacional sino que más bien implica la visión y no la mezcla de dos acuerdos bilaterales, uno de la relación México- Estados Unidos y otro de México y Canadá.

Para Estados Unidos y Canadá en materia agropecuaria, rige el acuerdo de Libre Comercio, en suma, compañeras y compañeros legisladores, el Tratado de Libre Comercio, tiene postrada a la agricultura y al sector pecuario mexicano si no actuamos, por ejemplo pronto vamos a ser testigos como 130 importadores de maíz, entre ellos: Cargil, Arancia, Alpura, Sabritas, Maseca, Minsa, Maizoro, Purina entre otros, van a exterminar a 3.2 millones de campesinos productores de maíz, con parcelas menores a 5 hectáreas, lo mismo ocurrirá con los productores de arroz, de trigo y sorgo.. Por todo ello el Congreso de la Unión, debe adoptar una posición bien definida, debe emitir un decreto que contenga una resolución , cuyo artículo único establezca:

Artículo Unico.- El Congreso de la Unión decreta: Por interés nacional, proponer al titular del Poder Ejecutivo, para que en uso de sus facultades retire para los Estados Unidos Mexicanos de manera provisional, el cumplimiento del capítulo VII, referente al apartado Agropecuario y Medidas Sanitarias y fito sanitarias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e inicie formalmente su renegociación entre las partes contratantes. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA:- Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Si señor diputado,sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Montero, por favor.

EL C. DIP. CUAUHTEMOC MONTERO. ( desde su curul) Señora Presidenta, para pedirle al diputado ponente, dicha iniciativa me permita firmarla, dada la importancia para la estabilidad política del país, dicha iniciativa.

LA C. PRESIDENTA: ¿Acepta señor diputado Barbosa?. Que se le proporcione el proyecto, para que lo firme el diputado Montero.

EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Sí señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: El siguiente punto de iniciativa agendado por el Partido del Trabajo, a petición del mismo se pospone.

Tiene la palabra el diputado Omar Fallad Meneses, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que deroga el párrafo tercero, del artículo 102 y el inciso c), de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además la fracción II del artículo 4º., de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la fracción 4º. Del artículo 66, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIP. OMAR FALLAD MENESES: Gracias, señora Presidenta.

Compañeros y amigos legisladores.

La nación plural, en la que convivimos cientos de mexicanos, requiere indudablemente del continuo ajuste y desarrollo de las instituciones públicas,encargadas de materializar las aspiraciones nacionales. Primordialmente de aquéllas que tienen como encomienda, procurar y administrar justicia. Nuestro sistema de justicia ha sido objeto de constantes reclamos, para adecuarlo a la realidad social en que vivimos y sobre todo, para lograr abatir la impunidad, corrupción e ineficacias, que afectan la estabilidad social del país.

La procuración de justicia, es una función primaria e indelegable de cualquier estado, suficiente cumplimiento otorga a los ciudadanos garantías plenas y permite el progreso de la sociedad, por el contrario su ausencia o deficiente desempeño propician el surgimiento de un clima de inseguridad pública y de inestabilidad social.

En nuestro país esta trascendental función se encuentra encomendada en el ámbito federal a la Procuraduría General de la República. Esta estructura ha absorbido las funciones del Ministerio Público y las de representante y Consejero Jurídico del Gobierno dependiendo del Poder Ejecutivo a lo largo de su historia.

Desde entonces la Procuraduría General de la República se ha constituido en un órgano esencial del sistema federal de justicia que en representación de los individuos de la sociedad y del Estado promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional, procurando justicia en el ámbito de su competencia y participando en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública.

Como parte de su evolución natural, la Procuraduría ha efectuado las adecuaciones legales y estructurales a su alcance para hacer frente a los constantes cambios económicos, políticos y sociales del país. No obstante estos esfuerzos, la Procuraduría General de la República concentra hoy en día un gran número de funciones de diversa índole, como la persecución de los delitos del orden federal, la intervención en todos los negocios en que la Federación sea parte, la intervención en los casos en que los diplomáticos y cónsules generales sean parte, ser parte o tercero perjudicado en los juicios de amparo y hasta representar conforme a la legislación secundaria, los intereses de la sociedad en juicios civiles como en el caso de los menores incapacitados.

Se considera que este alto número de responsabilidades ha venido ocasionando el debilitamiento de la representación social ante la elevada cantidad de asuntos en que interviene. El objetivo primordial de esta iniciativa que presento, consiste en hacer un adecuación más al esquema de responsabilidades que en la actualidad pudiera hacer parecer a la Procuraduría de la República como un ente amorfo y de factible politización y estoy proponiendo eliminar la facultad que posee su titular para intervenir en controversias constitucionales e iniciar acciones de inconstitucionalidad.

Sobre las controversias constitucionales como medio para garantizar el equilibrio entre la facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, consideramos que aún cuando la Ley Reglamentaria en la materia le reconoce al Procurador el carácter de parte, una intervención de esta forma no es compatible con la naturaleza de la controversia ya que la misma plantea un conflicto entre una entidad, poder u órgano que invade una competencia o que viola la Constitución y otro ente, poder u órgano que haya visto invadida su esfera de competencia o presuma la realización de un acto inconstitucional por parte del primero.

De tal suerte que el Procurador no podría ir más allá de dar una opinión autorizada en relación con el fondo de la materia planteada ante el Pleno de la Corte, quien es el único órgano facultado para decidir sobre la constitucionalidad del acto impugnado, por lo que esta intervención debe eliminarse del texto constitucional y de la Ley Reglamentaria en cita.

Por su parte las acciones de inconstitucionalidad tienen como único fundamento la protección de las minorías partidarias en los cuerpos legislativos y como finalidad la salvaguarda de la supremacía constitucional, de ahí que este tipo de control sólo se establezca para actos legislativos.

Estas acciones fueron introducidas en el sistema legal mediante una serie de reformas en materia de justicia las cuales impulsó el ejecutivo en 1994. Sin embargo, sí como parte de estas reformas la función de Consejería jurídica del Gobierno le fue suprimida a la Procuraduría, no se pueden entender entonces la presencia de esta dependencia como parte del juicio de inconstitucionalidad de leyes y esta actuación no puede justificarse tampoco con base en sus atribuciones de persecutor de los delitos, ya que en estricto sentido, estas funciones no tienen relación alguna con la naturaleza del juicio constitucional.

El Procurador como titular del Ministerio Público posee una opinión calificada en relación a la materia que mejor maneja, que es la relacionada con la persecución de los delincuentes y la investigación de los delitos, por lo que es inadmisible que opine acerca de materias procesales o legales que desconoce o que por lo menos no domina.

De igual forma desde el punto de vista orgánico, funcional y político, resulta contradictorio que un colaborador del Ejecutivo federal, cuenta de forma autónoma con la facultad de interponer un juicio constitucional en contra del propio presidente de la república.

Esta situación rompe con el esquema constitucional de la administración pública federal, ya que se está situando en el caso al Procurador como otro poder constitucional.

Por otro lado, cuando la reforma del 94 al Artículo 105 legitimó el Procurador para interponer esta acción de inconstitucional, convirtiéndolo en un guardián de la constitucionalidad de las leyes de todo el país, esta aspiración aunque lo hable resulta en realidad ostentosa y poco factible de cumplir a cabalidad.

En este sentido conviene destacar que el Procurador de la República, es el titular que goza de la acción más amplia, pudiendo solicitar invalidez de toda clase de leyes federales, locales y tratados internacionales, en tanto que las Cámaras del Congreso sólo pueden actuar en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso, y contra tratados internacionales en caso del Senado.

Las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal, sólo en contra de sus leyes locales. Los partidos políticos nacionales en contra de leyes electorales, federales y locales, y los partidos políticos estatales sólo en contra de leyes electorales locales.

Igualmente no es correlativo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o las Legislaturas de los estados, necesiten por lo menos de un 33% de sus integrantes para llevar a cabo el mismo proceso.

Esta situación resulta evidente si tomamos en cuenta que desde la reforma del 94, el Procurador no había hecho uso de esta facultad, no es sino hasta el año 2001 cuando el Procurador acude ante la Corte de Justicia, para cuestionar la constitucionalidad de distintas normas, entre ellas, diversas leyes municipales en materia fiscal, otras más de carácter local, como la del funcionamiento y establecimientos mercantiles del D.F., y la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí.

Sólo en una ocasión sobre una ley federal referente a derechos de personas adultas mayores, cuyo fondo del asunto era en materia laboral.

De las nueve acciones interpuestas por la Procuraduría, ocho son en contra de actos de autoridades locales, por lo que resulta preocupante de esta facultad es que no se utilicen criterios homogéneos para determinar la actuación de esta dependencia en materia de acciones de inconstitucionalidad, pues disposiciones como la Ley para el Funcionamiento y Establecimientos Mercantiles del D:F., implica afectación a las instituciones bancarias, al exigirles implementación de mayor dispositivo de seguridad en sus sucursales, fue impugnada por el Procurador y no fue impugnada aquella que implementó el impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, el cual fue aprobado como parte de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, y que la Corte ya ha declarado como inconstitucional.

Una actuación selectiva en el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, sólo puede ser atribuible al propósito de atacar asuntos específicos, que revisten especial interés política para el Ejecutivo federal o alguna de sus Secretarías.

En razón de lo anterior, se propone a la presente soberanía, eliminar la posibilidad de que un elemento de la justicia constitucional, con efectos tan contundentes como la anulación total de la aplicabilidad de una ley o tratados, pueda ser usado como un brazo político o instrumento del poder, para defender propósitos poco claros o más aun contrarios a los intereses nacionales.

Concluyo esta intervención, señalando que la iniciativa a la cual pido sea ingresada íntegramente en su texto al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria, se reforma para suprimir, tanto el Artículo 112 en su inciso c) de la fracción II del Artículo 105 para que el Procurador General de la República deje de tener esta importante facultad. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. De acuerdo con su solicitud insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública.

Tiene la palabra el diputado Lucio Fernández González del grupo parlamentario del Partido Acción nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un segundo párrafo al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendo el actual segundo párrafo del mismo artículo para quedar como tercero.

EL C. DIP. LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Honorable Asamblea:

El que suscribe, diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recorrer el actual segundo párrafo de la propia Constitución General para que éste quede como tercer párrafo, de acuerdo a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 1º. de la Carta Magna establece la garantía de igualdad consagrando que, en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse si no en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Con esta disposición, se instituye el principio de igualdad al no hacer distinción alguna de sexo, raza, religión o físicas, que impidan el ejercicio de dicha garantía.

Las personas con discapacidad y sus familias, han desarrollado una lucha de varias décadas, un importante movimiento social que pugna por el reconocimiento real de sus derechos y por la construcción de una efectiva igualdad de oportunidades; su reclamo por la equidad en la diversidad de actividades que han enfrentado a enormes dificultades materiales de accesibilidad física y de estigmatización laboral; ellos han tenido que hacer frente a la indiferencia de los demás que los consideran inferiores, que se materializa en su exclusión franca.

Nuestro país está haciendo esfuerzos para alcanzar un desarrollo en diversos planos, sin embargo no se contemplan disposiciones que garanticen a las personas con discapacidad su integración en el ámbito productivo. El Estado Mexicano, ha procurado garantizar el principio de igualdad contemplando e incorporando a nuestro marco jurídico diversas disposiciones, cuyo objetivo es la no discriminación, siendo su finalidad alcanzar una democracia igualitaria en nuestro país para lograr un desarrollo integral con la participación de todos los ciudadanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en diversos artículos la igualdad de oportunidad para todos los mexicanos, constituyendo así una declaración de las instituciones republicanas y democráticas, en donde se reconoce que para alcanzar el desarrollo nacional, tienen que participar igualitariamente todos los mexicanos y reconocer desde la Ley Suprema el derecho al desarrollo integral de las personas con discapacidad; esto constituye un elemento fundamental de justicia.

Atendiendo al aspecto político de las personas, el artículo 34 constitucional señala quienes son ciudadanos mexicanos y en su texto establece que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener modo honesto de vivir. En este precepto encontramos nuevamente consagrado el principio de igualdad entre los mexicanos sin hacer excepción alguna en su calidad de ciudadanía, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en este mismo artículo. Tampoco en la legislación electoral se ha establecido limitación alguna respecto de los discapacitados en los procesos electorales, es decir, al reconocerlos como ciudadanos, inherentemente se está reconociendo la facultad de que tienen de votar y ser votados. No obstante su participación en otros campos, han quedado relegados.

Con esta iniciativa de modificación al artículo 123, se complementa el espíritu del legislador que se ha plasmado en la propia Constitución y en diversas leyes secundarias respecto a la garantía de igualdad de todos los ciudadanos para participar en el desarrollo del país y en el goce de todos sus derechos.

Debe recordarse que desde 1955 la Organización Internacional del Trabajo, se ha referido al tema mediante la expedición de diversas recomendaciones. En 1983, entró en vigor el convenio 159 de la misma Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas, donde se encuentran incluidos los derechos mínimos de las personas con discapacidad. Así como los puntos fundamentales para las políticas hacia ellos.

El principal objetivo de este Convenio, es permitir que la persona con discapacidad obtenga y conserve un empleo adecuado y pueda progresar en éste, además de promover la integración y reintegración de esta persona en la sociedad.

México suscribió y ratificó dicho Convenio el 5 de abril del año 2001. Durante la 85 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobaron las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, donde en uno de los párrafos del artículo 1o. se determina que los estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y contribución al desarrollo.

El Ejecutivo Federal ha emitido un acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, en donde se reconoce que la estrategia de integración de esas personas ha sido limitada, ya que no existe una política de gobierno que incluya una visión total de la problemática de ese sector de la sociedad, que permita incorporar con plenitud a la vida social y productiva del país, a las personas con discapacidad.

Sin embargo, este tipo de acciones no tienen que estar sujetas a planes sexenales, sino que debe de haber garantía constitucional en este rubro. Si ya el Estado Mexicano reconoce la necesidad de implementar acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social, que impiden el desarrollo integral de las personas con discapacidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Es oportuno que la Constitución General de la República señale la facultad para que el Estado establezca las medidas necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad, garantizando plenamente así, no solamente la igualdad de oportunidades y la equidad en los accesos a los servicios públicos de las personas con discapacidad, sino también en el fundamental derecho a la vida productiva.

Se llega a la conclusión de que no podemos aspirar a ser un país verdaderamente democrático, próspero y con justicia social, mientras no logremos como país integrar plenamente a las personas discapacitadas como un sector de la sociedad que puede contribuir aún más, al desarrollo nacional.

Con estos motivos se presenta el siguiente proyecto:

"PROYECTO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se recorre el actual segundo párrafo de la propia Constitución General, para quedar como tercer párrafo".

"ARTICULO 123.- El Estado establecerá las medidas necesarias para promover el empleo de las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad.

"Segundo párrafo.- El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán y permanece el inciso, el Apartado A y el Apartado B del mismo artículo".

"TRANSITORIO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Atentamente diputado Lucio Fernández González.

Por su atención. Gracias.

-PRESIDENTA: Gracias a usted señor diputado.

Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra la ciudadana diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal.

-LA DIP. MA. DE LOS ANGELES SÁNCHEZ LIRA: Honorable Asamblea:

Con su permiso, diputada Presidenta.

Iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal en materia de violencia familiar.

La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esa soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al todavía llamado Código Civil Federal, en materia de violencia familiar al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 6 de diciembre del año 2001, presenté ante esta soberanía una iniciativa en materia de violencia familiar, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Por alguna situación inexplicable, la comisión no analizó el fondo de la iniciativa aduciendo un error en el nombre del ordenamiento legal a reformar. Hoy día, a fin de erradicar la violencia a la mujer, presento nuevamente la iniciativa, aclarando que se refiere al Código Civil Federal.

Las dimensiones y alcances de la violencia familiar en México y en el mundo, son dramáticas y alcanzas niveles insospechados. Una de cada tres mujeres en el mundo sufre maltrato de su pareja o de algún familiar; una de cuatro ha sido violada o agredida sexualmente; el 70% de las agresiones sexuales a los niños se da en la familia. Cada año dos millones de niñas sufren de mutilación genital y la mitad de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas o exparejas.

Es un hecho, la violencia familiar es un problema grave que no distingue edades, niveles educativos ni grupos socioeconómicos. Cuando la violencia irrumpe en la familia, suele convertirse en un hecho cotidiano el uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar y para refrendar ante el núcleo familiar la autoridad, que se sustenta en las inequidades y discriminaciones que se dan actualmente entre hombres y mujeres, sobre todo en un país como el nuestro, en el que por constantes culturales se ha impuesto el modelo de sometimiento masculino.

Son innumerables las formas de violencia familiar, puede presentarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. Además, siempre es difícil precisar un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o psíquica y ocurre en todas las clases sociales, culturales y edades. La mayoría de las veces se trata de los adultos hacia uno o varios individuos que habitan al interior de la familia.

Se considera la violencia como una situación en la que alguien con más poder abusa de otra con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tiene lugar en las relaciones entre miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión o se da en un contexto de desequilibrio de poder, de sumisión y desprecio hacia los demás miembros de la familia.

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, ésta no debe ser permanente sino que basta con una sola vez que se presente. En todos los casos la violencia lesiona la identidad de la persona, la autoestima y la autodeterminación que se tiene como seres humanos. El grado de violencia puede llegar a ser tan elevado que se llegue al homicidio.

Para comprender el fenómeno de la violencia doméstica, resulta imprescindible comenzar por el análisis de los factores que la legitiman culturalmente. Desde siempre creencias y valores acerca de la mujeres y de los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal, que define a los varones como superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir la conducta de su mujer.

Los estereotipos de género, posición social, color o de cualquier diferencia hacia el patrón socialmente aceptado, trasmitidos y perpetuados principalmente por la familia, la escuela y los medios de comunicación, sientan las bases para el desequilibrio de poder en las relaciones humanas.

Investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, demuestran que a pesar de los esfuerzos realizados por numerosas organizaciones, tendientes a difundir y promover ideas progresistas acerca de la tolerancia, cierto núcleo de premisas constitutivas de un sistema de creencias más amplio, siguen siendo sostenidas por amplios sectores de la población. La más persistente es que las relaciones en el hogar son una constante de imposición del fuerte para con el débil y en esta lucha, generalmente la parte más débil y más afectada es la mujer, los niños, los discapacitados y los ancianos, aunque en forma creciente el hombre también es víctima en esta pugna.

Un sistema de creencias sostenido en tales premisas, tiene como consecuencia inmediata la noción de que en la familia hay quien tiene el derecho y la obligación de imponer medidas disciplinarias para controlar el comportamiento de quienes están a su cargo.

"Es una realidad innegable que la violencia en la familia, particularmente la ejercida contra menores y mujeres, existe en un alto porcentaje. Cifras proporcionadas por la Organización de las Naciones Unidas, a través del Unicem, dicen que para la mujer, el cual se encarga de la protección de los derechos humanos de las mujeres, revela que el 65 por ciento de las mujeres a nivel mundial sufren este problema y consecuentemente se repite de madres a hijos. La violencia contra la mujer constituye una ofensa en la dignidad humana. La eliminación de la violencia es condición indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida pública y privada de todos los integrantes de una familia.

"Es el Estado el que debe velar por la protección de las personas involucradas mediante acciones concretas, tales como el dictado de leyes y demás normas jurídicas, así como la generación de espacios educativos, de contención e intervención comunitaria para ayudar a solucionar este grave problema.

"En este sentido se inserta esta iniciativa, donde buscamos contribuir a erradicar el fenómeno de la violencia familiar, aún y cuando existe una normativa cultural que legitima el uso de la fuerza como método correctivo y como instrumento de poder dentro de las relaciones privadas.

"Con reformas como la propuesta podemos empezar a corregir desde nuestros ordenamientos jurídicos dichas conductas que destruyen la vida de miles de mujeres, hombres, niños, discapacitados y personas de la tercera edad.

"En abril del año 2000 por primera vez la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legisló en materia civil para el fuero común, abordando este importante tema. Resulta pues atinado que reformemos el urgente como es el tema de la violencia familiar, este ordenamiento para la materia federal, que es la que nos corresponde.

"Se propone modificar los artículos 323-Bis, 323-C, para ampliar el concepto de violencia familiar como un fenómeno que puede darse en cualquier lugar y no solo en el hogar y que no es necesario que se repita la agresión para que se le califique, precisamente, como una violencia familiar.

"Asimismo proponemos establecer de manera expresa que por ninguna manera la educación o formación de los menores será considerada justificación para cualquier forma de maltrato. Se propone asimismo adicionar el artículo 323-cuaquer para ampliar esta protección a quienes se encuentren unidos fuera del matrimonio y para sus familiares que convivan o hayan convivido en la misma casa. Esta reforma amplía a cualquier familia la protección, aún y cuando no sea la que ordinariamente conocemos.

"Finalmente, a fin de que esta reforma no quede en lo declarativo, propongo adicionar un artículo 323-quintus para hacer eficaz la protección contra la violencia familiar, por lo que se establece como sanción al responsable la reparación de los daños y perjuicios que ocasione su conducta. Además se plantean medidas precautorias para evitar que se reproduzca la conducta en el hogar.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado presento la siguiente iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal en materia de violencia familiar:

"Iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil Federal en materia de violencia familiar y los artículos 1º". Y pido a la diputada Presidenta sea insertado el total del texto en el Diario de los Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Por su atención, muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señora Diputada.

De acuerdo a su petición, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La siguiente presentación de iniciativa de reformas agendada por el Partido Revolucionario Institucional se pospone.

- LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ LIRA (PRD): Si me permite, diputada Presidenta.

Solicito, además de que es enviada esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se emita la opinión de la Comisión de Equidad y Género.

- LA C. PRESIDENTA: Con gusto agrego al turno el que se pida la opinión a la Comisión de Equidad y Género.

Tiene la palabra el diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-DIP. JUAN DE LA CRUZ ALBERTO CANO CORTEZANO: Con su permiso, señora Presidenta.

Muy buenos días compañeras y compañeros diputados: "El suscrito, diputado Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71 y 72, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por lo que se reforma y adiciona el artículo 73 fracción XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

"Exposición de Motivos

"Es de singular importancia el hecho que hoy reviste a nivel nacional el tratamiento territorio espacial en nuestras ciudades y conurbaciones urbanas, provocando con ello el alto grado de migración de personas del medio rural-subrural a las grandes urbes y conglomerados suburbanos-urbanos, en consecuencia creando los múltiples y complejos problemas de inseguridad, transporte colectivo, servicios, crecimiento anárquico, especulación del uso del suelo, deterioro ambiental y por tanto desequilibrio ecológico; falta de acciones concretas para el tratamiento de desechos de toda índole y, en consecuencia, la infraestructura y equipamiento deficiente que dificulta el crecimiento ordenado de nuestros centros de población, ciudades, metrópolis y megalópolis.

"En nuestro país las ciudades y regiones se encuentran definidas por el sistema urbano nacional, que está conformado por 364 localidades, de las cuales 243 cuentan de 15 mil a 50 mil habitantes, 75 ciudades cuentan con más de 50 mil habitantes, 32 son aglomeraciones urbanas y 14 consideradas como zonas metropolitanas.

"En las zonas metropolitanas y las aglomeraciones urbanas, se generan aproximadamente el 76 por ciento del Producto Interno Bruto del país y concentra el 67 por ciento de la población urbana. Asimismo, uno de cada 7 habitantes vive en una de las aglomeraciones urbanas o en alguna de las 14 zonas metropolitanas que contempla el sistema urbano nacional.

"Los fenómenos metropolitanos dan inicio en la década de los 40’s, con los casos de la ciudad de México, Monterrey, Torreón, Tampico y Orizaba. Actualmente sólo tres zonas metropolitanas están constituidas y declaradas: Ciudad de México, que merece un trato especial como caso único del país por su dimensión y grado de complejidad; Guadalajara y Monterrey.

"Las zonas metropolitanas ofrecen oportunidades de desarrollo social para la población, pero también enfrentan grandes retos para su ordenamiento territorial. La metropolización es símbolo de modernidad, pero también de rezagos sociales, el reto entonces es formular políticas de desarrollo urbano nacional para efectos de desarrollo económico eficiente que haga eco en lo social. Por ello, es imperativo legislar sobre sistemas metropolitanos, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio nacional.

"La administración y planeación del territorio metropolitano es uno de los elementos centrales del análisis territorial en aras de lograr el mejoramiento productivo, mejor nivel de vida de la población, para vincular el ordenamiento territorial urbano y de sistemas metropolitanos al desarrollo social, para lograr una convergencia que busque una distribución de población más equilibrada en el sistema de ciudades del país. Buscar en todo momento que todo asentamiento humano sea socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.

"Se estima que para el año 2025 nuestra población alcanzará los 126 millones de habitantes, para ello será necesario crear una ciudad de un millón de habitantes por año, incorporar 30 mil hectáreas por año al desarrollo urbano, una demanda de agua potable en las cifras de 260 mil metros cúbicos por año, generando así 195 mil metros cúbicos más de aguas residuales en el mismo lapso.

"De la misma manera, para entonces por año también requerimos generar poco más de un millón de nuevos empleos y otorgar servicios asistenciales a 300 mil personas mayores de 75 años, de tal suerte que las zonas metropolitanas concentran un potencial de desarrollo e innovación con los estados que confluyen y consecuentemente acentúan los problemas sociales más graves, generan una dinámica espacial cambiando así procesos de producción y distribución.

Con ello involucra una tendencia inducida de asociación de redes de ciudades y aglomeraciones urbanas que constituyen una diversidad de asentamientos humanos con características comunes como son: económicas, sociales, funcionales y productivas que destinen flujos de bienes, personas, servicios y recursos económicos.

El Sistema Urbano Nacional debe ser compatible con las políticas que establece el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y ordenamiento del Territorio 2001 2006, así como también de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.

Es por ello que requerimos maximizar la eficiencia economia del territorio espacial que garantice la cohesión social y cultural, un sistema urbano nacional en sinergia con la sustentabilidad, gobernabilidad territorial, planificación y gestión urbana, integrar suelo apto para satisfacer la demanda de vivienda popular y de interés social en áreas regionales.

La atención a las conurbaciones y zonas metropolitanas revisten particular atención, por tanto debe ser específica y focalizada con criterios de valoración urbano ambiental y ecológico; enfoque integral de planeación para avanzar hacia un verdadero desarrollo urbano sustentable definiendo su conceptualización, exploración de variables que lo conforman , identificar líneas de acción concretas para promover su operatividad y definir la legislación urbana y ambiental.

Si bien es cierto que existen disposiciones locales en materia de desarrollo urbano, como es el caso de programas de Ordenamiento Urbano del Valle de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Corredor Tijuana Rosarito y Ciudad Juárez, en los hechos se contraponen dichas legislaciones por tener diferentes puntos de vista, además de leyes estatales y municipales encontradas.

Bajo esta perspectiva es necesario que esta soberanía tenga la facultad de legislar sobre desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y sobre sistemas metropolitanos, reformando y adicionando el Artículo 73 Constitucional en su Fracción XXIX-C quedando como sigue:

"Artículo 73º.- El Congreso tiene facultad Fracción XXIX-C para expedir las leyes que establezca la concurrencia del Gobierno Federal, en los Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Asentamientos Humanos , Desarrollo Urbano, Ordenamiento del territorio y sobre Sistemas Metropolitanos con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 3º del Artículo 27º Constitucional".

Es cuanto, muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La siguiente presentación de Iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática, a petición del mismo, se pospone.

Tiene la palabra el Diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.

-EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR. Muchas gracias Diputada Presidenta. Le solicito que la Iniciativa se integre de manera completa en el Diario de los Debates y permítanme compañeras y compañeros Diputados una explicación muy breve sobre esta Iniciativa en materia de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional.

El pasado 25 de Abril me permití presentar a consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto para adicionar los artículos 73, 76v y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito de dicha iniciativa fue facultar al Congreso para legislar en materia de seguridad nacional; facultar al Senado de la República para conocer y analizar los informes en materia de información e inteligencia para la seguridad nacional, así como para ratificar el nombramiento de los servidores públicos responsables de las agencias de inteligencia y, finalmente, dar sustento legal al Sistema de Inteligencia para la Seguridad Nacional tutelando los bienes jurídicos de interés general para la nación como son la integridad, estabilidad y permanencia del estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación y de los Estados que la componen, el bienestar general de la sociedad así como los principios de la Constitución.

A la fecha, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha abordado el dictamen de tal iniciativa y de otras que se han presentado sobre el mismo tema. Tampoco el Ejecutivo Federal ha ejercido su facultad de iniciativa en este importante tema; sin embargo se hace indispensable avanzar en tanto que dicha comisión resuelve lo procedente sobre las iniciativas presentadas.

En la iniciativa de reformas constitucionales a que hacemos alusión, dijimos que un importante reto que enfrentan hoy nuestras instituciones democráticas consiste en crear un sistema de seguridad nacional que además de salvaguardar la independencia y soberanía nacionales contribuya a fortalecer nuestro estado de derecho y garantizar la estabilidad política y la armonía social.

Dijimos también que las amenazas a la seguridad y a la estabilidad democrática tienden a aparecer y a multiplicarse cuando las agencias gubernamentales encargadas de garantizarlas trabajan sin un marco legal apropiado o en ocasiones con referentes jurídicos deficientes, lo que también propicia la aceptación a las garantías individuales.

También destacamos que sobre el tema se ha manifestado ya el interés y la preocupación de los legisladores, dado que los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, César Augusto Santiago y Omar Fayad Meneses, presentaron sendas iniciativas de reforma a la Constitución; asimismo, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional y como ya se dijo, a la fecha el Ejecutivo Federal no ha ejercido su facultad sobre esta materia.

Es en este contexto que decidimos dar un paso adelante presentando esta iniciativa de ley secundaria que complementa la relativa a la reforma constitucional a que ya aludí y que fue presentada con anterioridad.

Si partimos de la idea de que un Estado democrático cualquier actividad requiere del examen público, entonces el reto consiste en diseñar un esquema de información e inteligencia para la seguridad nacional que cumpla el doble requerimiento de ser efectivo, para lo cual se requiere cierto nivel de asecrecia (?) y grado de independencia institucional y a la vez actuar de manera transparente y con apego a derecho, para lo cual se requiere a su vez de un esquema de rendición de cuentas apropiado, es decir de control del legislativo y de supervisión ciudadana.

La discusión por lo tanto se centra en la definición de un conjunto de pesos y contrapesos que den forma a un sistema de información e inteligencia acorde a las necesidades democráticas del país; es decir un sistema que por un lado sea eficaz en su objetivo de preservar la integridad del Estado y que al mismo tiempo respete los derechos humanos y se someta al escrutinio ciudadano a partir de un esquema de rendición de cuentas que sea llevado a cabo por esta soberanía.

La iniciativa de ley que presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea, parte de una visión moderna y actualizada de la inteligencia y la seguridad nacional; parte también de una visión de Estado que busca que las actividades de inteligencia sean concebidas como el ejercicio permanente de acciones para la obtención, evaluación, sistematización y análisis del conocimiento y la información específicas que permitan identificar riesgos y amenazas en contra del Estado, de la sociedad o de la seguridad interior de las entidades federativas.

Esta ley propone una agenda de la seguridad nacional a efecto de que delimite  el ámbito institucional de las diversas agencias que están laborando en esta materia, también propone la creación de una comisión bicameral del Congreso de la Unión, que sea la encargada de llevar el escrutinio de los informes de las agencias de los productos de inteligencia de las agencias de seguridad nacional; de tal suerte que este Congreso tenga conocimiento del desarrollo de las actividades que se realicen.

También como ya dijimos, sería facultad del Senado de la República ratificar el nombramiento de los responsables de las agencias a propuesta del Ejecutivo Federal. Para garantizar el equilibrio, entre ejecución centralizada de la política de seguridad nacional y la coordinación eficaz de acciones con el resto de los estados de la Federación se propone el establecimiento de un esquema bilateral de coordinación y colaboración entre la federación y cada uno de los estados de la República y el Distrito Federal.

Cabe aclarar por cierto, que ante el vacío legal que enfrentamos ya algunas entidades federativas han empezado a legislar en la materia, se garantiza también que ningún organismo que realiza labores de inteligencia estará facultado para realizar tareas represivas de carácter policial, ni tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo cuando le sea requerido por una autoridad judicial competente, autorizada por la ley. Se propone igualmente el establecimiento de un servicio civil de carrera, que perfeccione el sistema hoy imperante, por ejemplo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y que ha acreditado en los hechos profesionalismo y un desempeño eficaz, pero que requiere ahora tener un fundamento legal de mayor jerarquía.

Finalmente la iniciativa contempla las conductas y actos que atentan contra la seguridad nacional así como contra las instituciones del sistema, que puedan cometer tanto los servidores públicos adscritos a los órganos de información, o bien otras personas físicas o morales. La intención de prescribir tales conductas, dará pauta a otra fase del trabajo legislativo en materia de penalización.

Es en razón de lo anterior, señora Presidenta, compañeros, compañeras diputados, que me permito presentar esta iniciativa de Ley del Sistema de Información e Inteligencia Para la Seguridad Nacional, a sabiendas de que es imprescindible dar pasos firmes en una reforma del Estado, que todos profesamos nuestra comisión, nuestra decisión de llevar a cabo, pero que esta encontrando obstáculos de enorme consideración que podrían en un momento dado, poner en entredicho la viabilidad democrática que es producto de la transición que todos estamos construyendo. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada, Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley de Tatuajes y Perforaciones.

LA C. DIP. MIROSLAVA GARCIA SUARES: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy quiero llamar su atención sobre un tema que pudiera parecer poco importante o que pudiera parecer, tan sólo, parecer superficial, pero es un tema de lo más importante si tomamos en cuenta la trascendencia que tiene en términos de salud, principalmente para el sector de jóvenes de nuestra población y el factor de riesgo, precisamente, que implica hacerse tatuajes o perforaciones permanentes en el cuerpo humano.

Y me parece que si hablamos de salud pública y de salud para los jóvenes de este país, aunque para muchos de los que estamos en esta Camara nos sintamos muy distantes de un tema de jóvenes o de un tema cultural, yo quiero llamar la atención de ustedes para decir que no solamente los grandes temas nacionales que nos ocupan en esta época del año como es el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, no solamente estos tema son importantes para la sociedad mexicana, también hay temas que a veces se nos olvidan y que a veces parecen poco importantes en medio de los grandes temas.

Pero esta iniciativa de ley que hoy vengo a presentar ante ustedes, requiere de mucha sensibilidad y de mucha apertura para tocar un tema nuevo en la Cámara de Diputados y para tocar un tema que finalmente sí está requiriendo de nuestra atención para ser legislado.

Esta iniciativa de ley tiene como nombre: Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones en el cuerpo humano.

Y quisiera exponer los motivos que nos llevan a presentar esta iniciativa, más que a comentar el articulado concreto de esta ley, que le pido a la Mesa Directiva de Cámara, pueda remitir a las Comisiones de Salud y a las Comisiones de Juventud de esta Cámara.

La práctica de modificaciones particulares data desde los orígenes mismos de la civilización humana. Se ha documentado la presencia de tatuajes y perforaciones en culturas milenarias, que van desde Mesoamérica hasta el lejano oriente, pasando por África y Asia Meridional.

Los motivos pueden variar de un pueblo a otro, sin embargo, es un hecho que personas de todos los tiempos manifiestan su interés por adornar su cuerpo o modificarlo de manera permanente.

Los métodos empleados también varían de un lugar a otro, pero estas prácticas se han realizado de manera cotidiana en personas, si bien es cierto que de todas las edades, particularmente entre el sector de jóvenes. Condiciones económicas, religiones o sexos no implican más que la diversidad cultural de los pueblos.

En el Siglo XX se comienza a asociar el tatuaje con delincuencia, con vagancia o con delito y con otras condiciones humana negativas, lo que finalmente lo hace susceptible de desaprobación social y finalmente de estigmatización contra ese sector de la población que decide portar un tatuaje en su cuerpo.

En ese sentido, consideramos que es muy importante revisar la cultura de los pueblos y sobre todo pensar en una cultura de tolerancia. Más allá de que simpaticemos o no, compañeros legisladores, con estas prácticas, tenemos que legislarlas para que se hagan en un sentido estrictamente higiénico y de salud, cuidando la salud de los jóvenes.

Sin embargo, a finales del Siglo XX y a principios del Siglo XXI, el incremento en la demanda por este tipo de trabajos, promovida en parte por los medios de comunicación, promovida en parte también por la globalización, obliga a que las instituciones presten atención sobre las implicaciones que pudiera tener esta demanda en la salud pública.

De acuerdo con especialistas de la Secretaría de Salud que participaron en dos foros organizados por el grupo parlamentario del PRD, para analizar este tema, existe la posibilidad de que por medio de los instrumentos que se emplean para efectuar estos trabajos permanentes en el cuerpo humano, se transmitan virus o bacterias y por lo tanto se transmitan enfermedades a veces curables, a veces incurables como la hepatitis tipo C y el VIH, ello si no se siguen algunos procedimientos básicos de higiene, todo esto se puede prevenir y por eso es el motivo principal de esta iniciativa de ley.

Es una realidad que no podemos soslayar, es una realidad que más allá de coincidir o no con ella, tampoco podemos prohibir, insistimos que la cultura de la tolerancia a través de una reglamentación mínima, nos va a permitir convivir y respetar las preferencias de las personas con seguridad.

Además de acuerdo con los propios trabajadores de este medio, existen en todo el país alrededor de mil tatuadores y perforadores, cifra difícil de precisar, en virtud de que no existe un registro sobre los establecimientos que se dedican a esta actividad, ni la Secretaría de Hacienda ni la Secretaría de Salud tienen un dato confiable acerca de este tipo de trabajos.

No obstante, concediendo que sea un millar de personas, según los propios tatuadores, las que realizan estas modificaciones corporales, si cada uno de ellos efectúa en promedio un trabajo diario, a la semana se llevan a cabo por lo menos siete mil tatuajes y perforaciones y 28 mil al mes. Son cifras desde luego conservadoras, si tomamos en cuenta que quienes se dedican a este trabajo, manifiestan que llegan a elaborar hasta cinco tatuajes o perforaciones en un día, y la demanda va en aumento.

Retomando el tema de las infecciones, las enfermedades que se pueden transmitir a través de agujas para tatuar o perforar, van desde una simple infección bacterial como en cualquier herida, hasta el virus de la hepatitis C, misma que al igual que síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es incurable, salvo que en el caso de la hepatitis si se descubre a tiempo, se realice un transplante de órganos.

Existe en la actualidad miles de jóvenes sobre todo, que tienen la inquietud de tatuarse la piel o de perforarse, insistimos que influenciados en gran medida también por los medios masivos y por la globalización.

Por ello, lejos de intentar la prohibición de una expresión cultural y personal, en el Poder Legislativo debemos dotar de las herramientas, para que una decisión exclusiva de cada persona, sea llevada a cabo con toda la higiene y la precaución necesaria, para evitar riesgos en su salud, y más allá de un asunto de infección o de transmisión personal, hay que tomar en cuenta, los que hablamos del sector de jóvenes, y que además esto se podría convertir en un problema de salud pública, donde el Estado tendría finalmente que invertir más recursos, para tratar este tipo de enfermedades.

Hoy estamos a tiempo de asumir esa responsabilidad, antes de que lamentemos la propagación de enfermedades incurables, con un alto costo del Estado, pero sobre todo por la cancelación de un futuro para miles de jóvenes.

Para el Partido de la Revolución Democrática, el ejercicio de la libertad es un derecho invaluable, pero nuestro sentido de responsabilidad nos obliga a proponer políticas públicas para los jóvenes, que garanticen que este ejercicio no perjudique a nadie.

Es por ello, que someto a su consideración la presente iniciativa, esperando que se emita un dictamen consensado y ágil en las Comisiones correspondientes.

La presente iniciativa retoma las legislaciones que sobre el particular se han aprobado en otros países, así como en algunos estados de la república, donde, hay que decirlo, sobresale el caso de Nuevo León, contempla la creación de un registro único de tatuadores y perforadores a disposición de la Secretaría de Salud, así como las normas mínimas de higiene y seguridad, para proteger a ciudadanos y trabajadores.

Finalmente, me permito sugerir a las dependencias correspondientes, se faciliten mecanismos financieros a fin de que los trabajadores de este gremio tengan acceso a información, por parte de la Secretaría de Salud y a microcréditos como a cualquier otro empresario del ramo.

Por lo anteriormente expuesto, dejo en manos de la Mesa Directiva, la presenta iniciativa de ley, y les agradezco profundamente su atención a este tema, que también es muy muy importante.

Es cuanto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señora diputada.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates; publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Juventud.

El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos de los ciudadanos senadores Enrique Jackson Ramírez, Santiago Creel Miranda, para usar y aceptar condecoraciones y de José Antonio González Ibarra, María de Lourdes Aguilar Guzmán y Mónica Alejandres Cervantes, para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA.- Se le dispensa la lectura.

Para fundamentar el dictamen, en los términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al diputado Jaime Salazar Silva, que intervendrá a nombre de la Comisión.

EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA.- Con su permiso, diputada Presidenta.

Vivimos en una realidad de constantes cambios, en donde la actividad económica de nuestro entorno, en ocasiones sobrepasa a la legislación. Es por eso que nosotros como legisladores, tenemos la obligación de hacer que los ordenamientos jurídicos estén en concordancia con la realidad mexicana en relación al mundo globalizado que nos tocó vivir.

El internet es el mejor ejemplo de la globalización de los mercados del siglo XXI; el internet se ha transformado en un instrumento efectivo y necesario no sólo porque es una buena fuente de información y una de las maneras de estar comunicados, sino porque es una buena alternativa para hacer negocios debido a la desaparición cada vez más evidente de las fronteras.

El comercio electrónico a través del internet es una nueva manera de hacer negocios, es uno de los sistemas de comunicación más utilizados para comerciar, además de que otorga grandes beneficios a todos los usuarios; además, el desarrollo del comercio electrónico, proporciona una oportunidad para crear reglas claras que permiten a los negocios y consumidores obtener el máximo provecho de las nuevas tecnologías para simplificar y automatizar funciones ahora realizadas manualmente.

Los beneficios de los medios electrónicos para los ciudadanos comunes, se traduce en conocer un producto o servicios antes de trasladarse para adquirirlo, hacer un pedido en línea y tener el producto entregado en su puerta, ordenar y recibir programas, música o videos sin tener que moverse de casa; estudiar un grado educativo en un colegio a miles de kilómetros de distancia o renovar su licencia de conducir en un módulo administrativo.

Debido a los avances tecnológicos en los tiempos recientes, el internet es una de las opciones más económicas para enviar información de todo tipo vía electrónica, además de ser considerada una de las mejores formas para hacer intercambios y transacciones comerciales a nivel mundial.

Con todas estas ventajas estamos ante un sistema que otorga acceso mundial. Se estima que a nivel mundial se puede tener acceso a más de 90 millones de personas, lo cual significa grandes oportunidades para hacer negocios.

El Internet no tiene límites ni en sus alcances ni en sus actividades de una región en particular alrededor del mundo. Como resultado de esto, un número creciente de empresas latinoamericanas utilizan cada vez más el Internet como su manera de hacer negocio.

Sin embargo, esta gran expansión trae aparejada la responsabilidad de nosotros como legisladores, de otorgar a todos estos usuarios la legislación necesaria para interactuar en esta carretera de la información. Con esto en mente, a la Comisión de Comercio de la Quincuagésima Octava Legislatura, aprobó una serie de reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2002, en las cuales se establecieron los parámetros sobre los cuales se debería de realizar la transformación en Internet.

En este decreto se reformó el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor y se creó el Código Civil Federal en estas reformas.

Sentaron las bases para el reconocimiento de la validez jurídica de los mensajes de datos. Sin embargo, faltaba una pieza clave en los medios electrónicos y era crear un mecanismo que identificara jurídicamente a las partes de una transacción. Ese mecanismo es precisamente la firma electrónica.

De ahí que esta figura vaya a completar la legislación de comercio electrónico. En otras palabras, transformamos la rúbrica autógrafa en la forma electrónica, para los efectos mercantiles. Con el tiempo avanzaremos en una firma electrónica única para todas las materias de la vida de un ciudadano.

Mediante este decreto nuestro país ingresa al mundo regulado del comercio electrónico. A partir de entonces la legislación mexicana reconocía y daba plena validez a los actos, ya sean civiles o mercantiles, celebrados mediante medios electrónicos.

Sin embargo, no podíamos conformarnos con eso, la necesidad de dar seguridad en Internet tenía otras aristas. Es por eso que esta comisión trabajó durante más de un año y medio con un grupo de expertos entre los cuales se encontraban representantes tanto del sector público como del privado, en la elaboración de una iniciativa que sería una pieza fundamental como necesaria en esta larga carrera de la modernidad jurídica tecnológica.

Esta iniciativa como ya se mencionó, fue el fruto del consenso entre sociedad y gobierno. Además cuenta con varios elementos que le dan una legitimidad aún mayor.

En su elaboración se atendió con esmero a los pronunciamientos internacionales. Prueba de lo anterior es que esta iniciativa se encuentra basada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas, para el Derecho Mercantil Internacional, así como los demás pronunciamientos internacionales.

Por lo que nuestro país contará con una legislación vanguardista pero sin inhibir el comercio como actualmente lo conocemos. Una vez revisada la información de los organismos multilaterales, regionales, tratados y ordenamientos jurídicos de otros países, también se realizaron consideraciones sobre las tendencias tecnológicas globales, las circunstancias y las condiciones de nuestro país para adaptarla, para finalmente llegar a una propuesta que resuelva legal, técnicamente y económicamente la operación, funcionamiento y desarrollo del comercio electrónico.

Esta ley está basada en la tecnología PQI (?) como esquema tecnológico, por existir consenso mundial al respecto y establecer uniformidad del método, ya que permite establecer a diferencia de cualquier otro de privacidad, la no repudiación, la integridad y la autenticidad de los mensajes de datos o comunicaciones electrónicas que se determinan como las piezas fundamentales para la legislación de cualquier país.

Sin embargo, también abre la posibilidad que cualquier otra tecnología que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, pueda también ser regulada por esta iniciativa, por lo que queda de manifiesto la neutralidad tecnológica.

Esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en un ánimo de inclusión y de contar con las opiniones de aquellos actores que viven día a día el desarrollo de nuevas tecnologías, invitó a los principales actores de la sociedad y del gobierno, a colaborar en la integración de un cuerpo jurídico, por lo que con la participación del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Bancomex, la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la empresa Seguridad Nic, México, BBV de Bancomer, Alextra, Selec, IBC, la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Informático, la Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, la Asociación Nacional de Mecabiados (¿) Mexicanos, IBM, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información, A.C., la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria, ICOMET, Comercial en Internet, entre otras, participaron activamente, por lo que esta propuesta legislativa que hoy presentamos ante esta Honorable Asamblea, es un claro ejemplo de que cuando se tiene el suficiente empeño se puede trabajar con miras hacia un fin común, si es el bienestar de México.

Por todo lo anterior, consideramos que este dictamen contribuye al desarrollo, impulso y expansión de la competitividad del comercio, crea un marco legal adecuado y seguro y vanguardista en materia de firmas electrónicas, establece reglas claras, asegura un marco legal previsible para la planeación, la actividad productiva, fortalece la competitividad, fomenta la promoción de inversión mexicana, genera una nueva plataforma más barata y segura para ofertar los bienes y servicios de la micro, pequeña y mediana empresa, reafirma el liderazgo de nuestro país a nivel latinoamericano, reconoce que los grandes temas del Tratado de la APEC fueron atendidos.

Por todo lo anterior, solicito compañeros diputados, el apoyo al presente dictamen, dado el aterrizaje fundamental de México a la modernidad en esta materia.

Muchas gracias.

-LA PRESIDENTA: Muchas gracias diputado.

Con el propósito de abrir la discusión en lo general, les informo que se han registrado para fijar la posición a nombre de su grupo parlamentario, el diputado Francisco Abundis Arias del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del PRD, el diputado Manuel Mantilla y González del grupo parlamentario de Acción Nacional y la diputada Araceli Domínguez Ramírez del grupo parlamentario del PRI.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Francisco Abundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México.

-EL DIP. FRANCISCO ABUNDIS ARIAS: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

El comercio electrónico ha conseguido centrar en los últimos años los debates sobre el modelo empresarial del siglo XVI. Constituye, según los expertos, la tercera revolución industrial, en donde la llamada sociedad de la información ha desarrollado una forma económica distinta a la tradicional.

Este nuevo modelo empresarial aprovecha las posibilidades de la técnica para trasladar el potencial de creación de riqueza. En un mundo globalizado las empresas que triunfarán serán aquellas que sepan administrar mejor el conocimiento existente a su alrededor. De esta manera el comercio electrónico constituye para la empresa una nueva forma de relacionarse con proveedores, socios, competidores y clientes, eliminando las barreras físicas mediante la utilización de medios y redes telemáticas.

Además, facilita la desintermedicación en las operaciones tradiciones de comercio, haciendo posible importantes reducciones en los costos de operación. Sin embargo, las ventajas de este modelo comercial se contraponen a retos a los que hay que enfrentar, tales como el de las facilidades para el fraude, la falta de transparencia en el mercado, las agresiones a la intimidad de las personas, las evasiones de impuestos y los contenidos ilícitos.

Por ello, teniendo en cuenta la facilidad de creación y modificación de un documento electrónico es necesario combinar medios técnicos y jurídicos con el objetivo de que las partes de una contratación a través de Internet cuenten con los medios adecuados de prueba de dicha relación comercial electrónica con semejante eficiencia y alcance que cuando el negocio se plasma en un documento tradicional en papel.

Uno de los instrumentos que se han creado y que hoy nuestra legislación adopta para conseguir garantizar esa confianza y seguridad que las transacciones económicas electrónicas requieren, es la firma electrónica. Este instrumento permite la autenticación de las comunicaciones realizadas a través de Internet y posibilita comprobar la procedencia de los mensajes intercambiados y su integridad, así como evitar el repudio de la comunicación electrónica por su destinatario.

Así estas adecuaciones al Código de Comercio dan seguridad jurídica a las partes que contraten por Internet, por lo que otorga protección al consumidor ya que permite acudir lo antes posible a los tribunales en caso de que el producto o servicio adquirido por Internet sea defectuoso o no cumpla con las características o calidad ofertada.

Posiciona a las pequeñas y medianas empresas para competir con los grandes consorcios de todo el mundo, sin la necesidad de acudir a ferias internacionales o viajes de negocios costosos. Lo que constituye un importante detonante para el crecimiento de la industria y el comercio de nuestro país.

Finalmente el presente dictamen da respuesta a la responsabilidad del Estado de introducir cambios en la legislación para adaptarla a los nuevos problemas. Establece, además, un marco jurídico acorde a los estándares internacionales que armonizan la legislación sobre el comercio electrónico a nivel mundial.

Por lo anterior, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México nos manifestamos a favor del presente dictamen, convencidos de que estas modificaciones al Código de Comercio son un importante paso en la adecuación de nuestra legislación a la globalización y a los cambios tecnológicos mundiales.

Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputado.

Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, a nombre del grupo parlamentario del PRD:

- EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Gracias, Presidenta.

En el verano del año 2001, en el desarrollo de los trabajos de la Comisión Permanente en su segundo receso de esta Legislatura del segundo año de ejercicio, en mayo del año 2001, presenté una iniciativa de ley para expedir una federal de firma y comercio electrónico, mensaje de datos y servicios de la sociedad de información. El objetivo era que este Congreso de la Unión dotara a nuestro país de una ley que contuviera de manera completa todo lo que en otros países, excepto España, tenían en instrumentos legales diferentes.

Hoy se presenta a la consideración de esta asamblea el dictamen de la Comisión de Comercio para reformar el Código de Comercio e introducir disposiciones relacionadas con mensaje de datos, comercio electrónico y firma digital.

"Lo que la iniciativa que presenté en la sesión de la Comisión Permanente referida, era hacer una modificación al marco jurídico mexicano de la materia, comúnmente conocido como legislación sobre comercio electrónico, pero que en realidad es un conjunto de diversas y dispersas disposiciones del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

"Indudablemente que es un avance muy importante lo que hoy acordaremos en esta sesión, pero de ninguna forma nos pone al nivel de vanguardia que en otros países ya fue alcanzado.

"Formar una ley especial que contuviera todas esas disposiciones, era necesario para crear un instrumento eficaz para propiciar un desarrollo adecuado de la sociedad de la información en nuestro país, para dar certidumbre al más creciente e importante comercio electrónico. Por eso, el objetivo de la iniciativa cuya parte más importante está aún por dictaminar, era establecer en nuestro sistema jurídico las garantías necesarias para que pueda potenciarse el desarrollo del comercio electrónico y de los servicios ofrecidos a través de Internet, instrumentando un marco legal seguro, tanto para los proveedores de servicios como para los usuarios, desarrollando en un solo ordenamiento las distintas materias que cruzan con el fenómeno tecnológico, aún pendientes en nuestro derecho patrio y que ya han sido abordadas desde hace varios años en otras legislaciones de América, es decir, firma y comercio electrónicos, mensajes de datos y servicios de la sociedad de información y al no hacerlo así estamos desperdiciando oportunidades de ganar competitividad e impulsar nuestro desarrollo económico.

"En el proyecto que presenté se adopta un concepto amplio de servicios de la sociedad de la información, que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por la vía electrónica, el suministro de información por dicho medio, las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios.

Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet, los cuales normalmente no desempeñan una sola de estas actividades sino varias, incluyendo el comercio electrónico.

Queremos nosotros establecer que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen, porque indudablemente representa un gran avance para poder regular estas actividades de desarrollo electrónico, pero que queda mucho por hacer y que debemos de buscar  en una ley, en un ordenamiento específico para todas estas actividades electrónicas, la regulación que nos ponga efectivamente a la vanguardia de lo que ya está legislado enotros países, específicamente si llegáramos a eso, seríamos junto con España los únicos dos países donde tuviéramos un instrumento de tamaña dimensión.

Gracias compañeros. (aplausos).

-LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ PAREDES. Gracias Diputado Barbosa. Tiene la palabra el Diputado Ramón Mancilla y González del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO RAMON MANCILLA Y GONZALEZ. Con su permiso, Diputada Presidenta. Honorable Asamblea. Antes de comentar a todos ustedes el sentido y la importancia que guarda el siguiente Decreto que reforma y adiciona diversas Disposiciones del Código de Comercio en materia de Firma Electrónica, me permitiré señalar unos breves antecedentes a este tema.

La economía digital, como nueva forma de hacer negocio, tiene en nuestro país más de quince años utilizándose principalmente por instituciones financieras y grandes empresas. Esta forma de hacer negocios significa poder diseñar productos según las medidas y especificaciones proporcionados por sus clientes en línea, administrar sus inventarios mediante el Código de Barras, desde luego de lugares remotos, proveer información de las empresas y de sus productos, así como asistencia técnica en línea las 24 horas, crear sistemas totalmente automáticos para el ordenamiento de productos y servicios para sus vendedores o proveedores.

Permite además a los consumidores y negocios, ordenar y recibir productos y servicios de forma segura en línea. Para dar seguridad a estas operaciones es que después de intensos trabajos de esta misma soberanía, el 29 de Mayo del año 2000 se publicaron una serie de modificaciones al Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de sentar las bases en ley, a la contratación por medios electrónicos.

A la larga, este simple hecho ocasionará que México forme parte de un grupo de países con una misma Legislación uniforme, lo que facilitará el comercio electrónico, impulsará el reconocimiento, aceptación y facilitación de las comunicaciones electrónicas y ayudará a la resolución de controversias.

La adopción de un lenguaje universal y uniforme en nuestra Legislación Nacional estableció las primeras normas que regularán los negocios electrónicos en nuestro país. Conforme a esta Legislación, dos partes pueden celebrar un acto jurídico específicamente comercial usando estos medios modernos que la Tecnología y la Ciencia proporcionan y os Jueces deberán aceptar como válidos, siempre que para ambas cosas se den estos dos supuestos: 1- que no haya duda de quién sea su autor y 2.- que el contenido del documento se conserve y pueda ser consultado posteriormente a su integridad.

Si bien existen normas jurídicas que en la actualidad permiten realizar operaciones en medios electrónicos, también es cierto que hasta hoy no existe una figura jurídica que permita brindar la certidumbre necesaria para que el comercio electrónico detone realmente a nuestro país.

El marco jurídico aún no contempla una figura viable y confiable, pero sobre todo económica, barata y fácilmente accesible que permita que todo tipo de empresas y en especial las micro, pequeñas y medianas empresas puedan realizar con plena seguridad operaciones comerciales electrónicas.

Es ahí donde estas reformas y adiciones vienen a conformar un marco jurídico necesario y confiable para que las operaciones de los medios electrónicos se lleven a cabo sin contratiempos.

La firma electrónica es un mecanismo que permitirá el desarrollo de la economía digital de nuestro país que evitará la maquinación de fraudes millonarios ya que ahora con estas reformas prácticamente será imposible suplantar la personalidad de una persona por otra en Internet, dado que la forma de identificación electrónica constituye un conjunto de datos irrepetibles que se adjunta a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente a los mismos que dan como resultado la indudable autoría de un mensaje de datos que desde luego constituye prueba en juicio.

Sin duda el reto de evolucionar de una rúbrica o firma autógrafa contenida en un papel a una firma electrónica en un mensaje de datos nos permitirá reflexionar hacia dónde vamos, así el grupo parlamentario de Acción Nacional tiene la firme convicción de que estas reformas y adiciones al Código de Comercio son todo un legado para las futuras generaciones y hacemos votos para que quienes nos suplan en nuestra responsabilidad legislativa perfeccionen aún más la regulación de los medios electrónicos dada su continua y dinámica evolución en la vida comercial.

Nuestra aportación ahí está, esperamos que más adelante esta legislación como otras que nos seguirán en un futuro inmediato, permanezcan en constante estudio a fin de estar en concordancia con el crecimiento económico y tecnológico de la sociedad en que vivimos, la cual inexorable se encuentra inmersa en un proceso de globalización económica que no debemos olvidar.

Es así que cuando el legislador permitió que al imprimirse una huella digital se acreditará la voluntad una persona para adquirir derechos y obligaciones, ahora nosotros en esta LVIII Legislatura Federal incorporamos a nuestro orden jurídico mexicano una nueva opción surgida de la necesidad de reconocimiento del uso de medios de comunicación como en algún día lo fue el telégrafo para nuestros antecesores.

La firma electrónica será con la aprobación de todos ustedes como de nuestros colegisladores, uno de los medios aceptados por ley para acreditar la expresión y la voluntad de una persona en torno a un acto jurídico de eminencia mercantil; ahora bien, paralelamente a la figura de la firma electrónica, encontramos la figura de la certificación electrónica la cual nace para superar la inseguridad que existe en el ámbito del comercio electrónico que se ha identificado como uno de los grandes frenos a su pleno desarrollo.

Las entidades prestadoras de servicios de certificación son terceros que intervienen en la relación de forma previa a la trasmisión de mensajes puesto que su función es emitir un certificado electrónico en el que consta una clave pública y también privada, naturalmente es propiedad de una persona concreta adjuntando en el certificado de identificación de ésta y otros datos que se consideren adecuados.

Los interesados en conocer a quiénes pertenece un par de claves específicos, consultarán este certificado y si confían en las entidades que lo hayan emitido, lo aceptarán como válido.

Estas entidades prestadoras de servicio de certificación estarán supeditadas a una entidad gubernamental que en este caso será la Secretaría de Economía quien estará encargada primeramente de establecer las reglas generales sobre las que funcionarán estas entidades; posteriormente de autorizar su funcionamiento y finalmente de vigilar el correcto funcionamiento y desarrollo.

Hay muchas instancias tanto del sector público como del sector privado que ya tienen la infraestructura necesaria para operar este sistema de firmas electrónicas, entre ellos podremos mencionar a la Secretaría de Economía, COFETEL, el Banco de México, INEGI, los bancos mexicanos, los corredores públicos, el Notariado, esto sólo nos demuestra que la firma electrónica son ya una realidad en nuestro país empero esto no traerá un beneficio real a los contratantes, si no se regula de una manera precisa, bien delimitada y empleando conceptos claros y al mismo tiempo manteniendo a nuestra legislación nacional en concordancia con las leyes modelos y principios uniformes adoptados por la mayoría de los países que hoy son socios comerciales de México, de modo que nuestros empresarios puedan hacer negocios en forma predecible y segura.

Finalmente compañeros y compañeras diputadas, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a pedirles que aprueben esta iniciativa misma que pondrá a nuestro país a la vanguardia legislativa, pero sobre todo contribuirá a que las empresas de México cuenten con una regularización homologada al ambiente internacional y que permita manejar todos estos trámites en forma adecuada.

Sin duda estás reformas serán una señal muy clara para todos, ya que deja precedente que una vez el entendimiento de esta fuerza, el entendimiento de todas las fuerzas políticas representadas al interior de este Honorable Congreso en el que nos tocó participar, nos permitirá trabajar unidos a favor de nuestros empresarios para hacerlos más competitivos frente a los retos que se nos presentan en un corto tiempo. Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Araceli Domínguez Ramírez, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

LA C. DIP. ARACELI DOMÍNGUEZ RAMÍREZ: Con su permiso señora Presidenta.

Honorable asamblea compañeras y compañeros legisladores.

El crecimiento expotencial de las redes de información, ha multiplicado las posibilidades de quienes se dedican a las actividades comerciales, desarrollen nuevos negocios y consoliden los existentes, así la economía digital ha cobrado auge al tiempo de presentar un medio que sin duda promueve un entorno favorable para las actividades basadas en el uso de tecnologías de información y comunicaciones, como la internet y otros tipos de redes.

Es convicción del Partido Revolucionario Institucional, que el comercio electrónico constituye una de las herramientas tecnológicas, que puede contribuir sensiblemente a la consolidación de un mercado interno competitivo en un torno crecientemente globalizado, en este sentido el comercio electrónico puede ser generador de condiciones que mejoren la productividad de los procesos económicos.

En América Latina y especialmente en México, las difíciles condiciones en que tiene lugar la actividad económica y la generación de empleos, deben impulsarnos a aprovechar el potencial del uso de medios electrónicos, ello con el fin de que nuestras micro, pequeño y medianos comerciantes, interactúen de manera expedita, confiable y segura con homólogos y compradores en el mundo.

En consecuencia, el Congreso de la Unión se ha preocupado de actualizar los ordenamientos jurídicos mercantiles, conforme a nuestra realidad nacional y a la realidad de la globalización, el propósito es asegurar la compatibilidad del comercio electrónico con relación a los actos celebrados, mediante documentos firmados de manera autógrafa y consignados en papel. Por esta razón en mayo de 2000, se dio el primer paso para regular los medios tecnológicos aplicados al comercio, con el fin de conferir certeza a las transacciones electrónicas nacionales e internacionales.

La aportación básica de la reforma fue, lograr en caso de controversias que los jueces estén obligados a aceptar estos medios tecnológicos al conferírseles pleno valor probatorio en juicio. No obstante, aún prevalece la necesidad de contemplar, este marco jurídico para evitar que se comentan fraudes y engaños. El Partido Revolucionario Institucional, reconoce la urgencia de brindar seguridad jurídica en la celebración de actos mercantiles, a través de vías distantes ello será posible, a través de la regularización precisa de manera que se perfeccione el consentimiento en éste ámbito; es decir por medio de la firma electrónica. Con esta reforma adicionalmente, se propone la creación de los prestadores de servicios de certificación.

El propósito es evitar que la sociedad soporte la onerosa carga presupuestal en una instancia burocráctica innecesaria; esta figura posibilita que los federatarios públicos y las personas físicas y morales, intervengan en forma ágil simplificada en la celebración de estas transacciones, cumpliendo al mismo tiempo con el principio de certeza jurídica.

La reforma al Código de Comercio en materia de firma electrónica ha sido armonizada con las normas jurídicas internacionales vigentes, como la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, UNCITRAL, que permite su utilización por los diversos países con base en las características particulares.

Por otra parte, cabe mencionar que esta reforma es indispensable para regular operaciones que ya están llevando a cabo y para instrumentar mecanismos ya ordenados por las leyes.

La firma electrónica establece de manera auténtica e integral, la confidencialidad de un mensaje de datos simplificando funciones y confiriendo seguridad jurídica a la transacción comercial. Así pues, con el fin de impulsar las actividades económicas, es indispensable instrumentar una legislación en materia de firma electrónica acorde a la realidad social en la que estamos inmersos.

Por las razones expuestas, es convicción del Partido Revolucionario Institucional, que el presente proyecto de reforma al Código de Comercio en materia de firma electrónica, merece ser aprobada por consenso en esta Honorable Cámara de Diputados, pues de esta manera se contribuirá a fortalecer la modernización de la economía nacional.

Cabe destacar, que el proyecto de ley que se encuentra en el Senado en materia de telecomunicaciones, es indispensable para el desarrollo tecnológico de nuestro país.

El PRI, está consciente de la necesidad de reducir la brecha digital que tanto afecta a la competitividad de las empresas mexicanas y no dejar pasar la oportunidad histórica de impulsar un crecimiento en el sector de telecomunicaciones que permita beneficiar al usuario de medios electrónico por medio de una sana competencia en el sector.

Muchas gracias. (aplausos)

LA PRESIDENTA: Gracias diputada.

Se consulta con la asamblea si hay oradores en pro o en contra del dictamen.

No habiendo oradores ni en pro ni en contra, le ruego a la Secretaría consulte si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa...

EL DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZODNO (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Perdón, diputada. ¿Diputado Cárdenas?

EL DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZODNO (Desde su curul): Disculpe señora Presidenta, en lo general no teníamos observaciones pero en lo particular sí.

LA PRESIDENTA: Entonces le ruego a la Secretaría, consulte exclusivamente si está suficientemente discutido en lo general.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido en lo general.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

EL DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZODNO (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: ¿Diputado Cárdenas?

EL DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZODNO (Desde su curul): Me reservo el artículo 92 Fracción I, Fracción III; 104 Fracción IX y 107 Fracción II todo ellos por cuestión de estilo y únicamente de fondo en cuanto al artículo 92 fracción III.

LA PRESIDENTA: ¿Algún otro artículo?

Bien, vamos a proceder a la votación en lo general. Le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y de los artículos no impugnados.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación)

Se emitieron 422 votos en pro O en contra y 1 abstención.

-LA C. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 422 votos.

Se informa a esta Asamblea que se han registrado para discutirse en lo particular los siguientes artículos del Código de Comercio. El Artículo 92 fracciones I y III, el Artículo 104 fracción IX, el Artículo 107 fracción II. Estos artículos han sido inscritos por el diputado Francisco Cárdenas Elizondo del grupo parlamentario del PRI.

Por la Comisión el diputado Jaime Salazar.

-EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA (desde su curul):

Si, diputada presidenta, el diputado Cárdenas previo a todo el proceso platicó con la Comisión e hizo una serie de propuestas, las cuales la propia Comisión está aceptando. El propio diputado Cárdenas pide que la propia Comisión presente esta propuesta.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO (desde su curul):

Si, gracias señora presidenta. Efectivamente estoy conversando con la directiva de la Comisión de Comercio, ya llegamos a un consenso, a un acuerdo sobre el texto de cómo quedaría la nomenclatura de los artículos que mencionamos en el estilo, y en el fondo llegamos a una redacción. Y entonces la persona de la Comisión que se encargó de hacer el posicionamiento, la explicación también pasará a señalar el texto del acuerdo al que llegamos. Gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado Cárdenas.

Tiene la palabra el diputado Jaime Salazar.

-EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA: Con su permiso diputada presidenta. La Comisión atendiendo la inquietud del diputado Cárdenas y que muy justificada desde el punto de vista de la Comisión, es en relación precisamente al Artículo 92 en sus fracciones II y III. La primera es de estilo, y es en relación en la fracción I, dado que el propio texto establece, después de la fracción, Numerales para denominar a las subfracciones I y II, y el diputado Cárdenas atinadamente que el propio Código de Comercio establece la técnica legislativa por A y B, eso es en relación a la fracción I.

En relación a la fracción III del Artículo 92, éste si es de fondo, y la propuesta de texto aceptada por la Comisión es en este tenor, y diría: fracción III.- Cuando el emisor haya solicitado o acordado con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, independientemente de la forma o método determinado para efectuarlo, salvo que: inciso, y aquí de nuevoa cuenta cambiarían por los Numeral incisos a) y b), y se establecería, con el texto siguiente:

"Cuando el emisor no haya indicado expresamente que los efectos del mensaje de datos estén condicionados a la recepción del acuse de recibo. Y b) No se haya recibido el acuse de recibo en el plazo solicitado o acordado, o, en su defecto dentro de un plazo razonable atendiendo a la naturaleza del negocio. (punto y aparte) y se abriría un segundo párrafo:

"El emisor podrá dar aviso al destinatario de que no haya recibido el acuse o recibo solicitado o acordado y fijar un nuevo plazo razonable para su recepción, (coma) contando a partir del momento de este aviso. (punto y seguido) Cuando el emisor reciba acuse de recibo del destinatario se presumirá que éste ha recibido el mensaje de datos correspondiente. Esto es en relación al artículo 92.

Las modificaciones en relación al artículo 104 fracción IX, es en relación única y exclusivamente por cuestiones de técnica legislativa, las enumeraciones, establecerlas en "A", "B", "C", "D" y "E" en lugar de 1, 2, 3, 4, 5 como se enumeran ahí.

Lo mismo pasaría para el artículo 107 en su fracción II establecida con incisos y doble "ii", cambiarían a "A" y "B", en el 107.

Es todo, diputada Presidenta. Le dejo el texto.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Nos dejan el texto?

En consecuencia, están a discusión si se admiten las propuestas de modificaciones de estilo y de fondo, planteadas por el diputado Francisco Cárdenas y aceptadas por la Comisión a los artículos 92 fracciones I y III, 104 fracción IX y 107 fracción II.

Consulte la Secretaría en votación económica, si se admiten las propuestas de modificación.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA.- Se admiten.

En consecuencia, se abre a discusión las propuestas presentadas.

Se consulta a la Asamblea si hay diputados en pro o en contra.

No habiendo registro de oradores en pro o en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se consideran suficientemente discutidas.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los artículos mencionados.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA.- Suficientemente discutidas.

Le ruego a la Secretaría, poner a votación en la Asamblea el texto modificado, según lo expresó la Comisión, a partir de la propuesta del diputado Cárdenas, del artículo 92 fracciones I y III, artículo 104 fracción IX y artículo 107 fracción II.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

LA C. PRESIDENTA.- Un momento, diputada Adela Cerezo.

Diputado Tomás Torres.

EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul).- Gracias, señora Presidenta.

Con su autorización, antes de la apertura del sistema de votación, sugerir, es una cuestión de procedimiento, no toca de modo alguno el contenido del articulado ni tampoco temas sustantivos del proyecto de decreto que se está votando.

El transitorio segundo establece ciudadana presidenta, que dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Economía emitirá las reglas generales a que se refieren las presentes disposiciones.

La sugerencia ciudadana presidenta, es que en observancia esta Cámara, de los principios constitucionales que rigen el procedimiento legislativo y dado que en todo caso quien participa en este proceso es el Ejecutivo Federal y no las secretarías, se suprima lo de Secretaría de Economía y se sustituya por el Ejecutivo, puesto que el artículo 89 fracción I de la Constitución Política, establece la obligación del Ejecutivo y el Ejecutivo es uno.

Esa sería la sugerencia que no toca repito, aspectos sustanciales del contenido del proyecto de decreto.

-PRESIDENTA: Diputado Tomás Torres, usted sabe que lamentablemente no se reservó usted con oportunidad el artículo segundo transitorio. Sin embargo, su observación pareciera que enriquece el documento y cuida la pertinencia jurídica. Entonces no obstante esa omisión, esta presidencia consulta con la mesa directiva de la comisión, si no tiene inconveniente.

La presidencia de la comisión nos informa que está de acuerdo, por lo que de manera económica incorporamos la observación del diputado Tomás Torres, con lo que el segundo transitorio se votaría con el siguiente texto: "Dentro del plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal emitirá las reglas generales a que se refieren las presentes disposiciones".

Le ruego a la secretaría entonces, someter a votación el texto modificado de los artículos 92, fracciones I y III. Artículo 104, fracción IX. Artículo 107, fracción II, tal y como lo propuso la comisión en voz del diputado Jaime Salazar y el texto modificado del artículo segundo transitorio, tal y como lo expresó la presidencia de la mesa directiva.

-DIP. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos modificados.

(VOTACION)

-MISMA SECRETARIA: Se emitieron 412 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

-PRESIDENTA: Aprobados los artículos reservados 92, fracciones I y III; 104, fracción IX; 107, fracción II y segundo transitorio por 412 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día, es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Proceda la secretaría a dar lectura al dictamen.

-DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR:

"De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública.

(LEYO. INSERTESE)

-LA PRESIDENTA: Le ruego proceda a dar lectura al voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Doy lectura al voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el proyecto de dictamen que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para establecer que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto.

25 de noviembre de 2002.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de septiembre del año 2000 por la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para establecer que el monto actual que de la Federación se destine al gasto en educación pública, no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto.

Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente voto particular, de conformidad con los siguientes antecedentes:

1.- El 14 de septiembre del año 2000, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputado turnó a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa que nos ocupa, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2.- El 19 de octubre del año 2000, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos creó subcomisiones para el análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.

3.- Después de tres excitativas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta a más tardar el 12 de noviembre del año 2002.

4.- El 29 de octubre del año 2002, la diputada Silvia Alvarez Bruneliere presentó una iniciativa sobre el mismo asunto a nombre del Partido Acción Nacional, la cual fue turnada a las mismas comisiones que la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática.

5.- El jueves 14 de noviembre del 2002, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen correspondiente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual no contempla la iniciativa de Acción Nacional.

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que suscriben el presente voto particular, exponemos los siguientes considerandos:

1.- En términos generales la iniciativa del PRD tiene un objetivo loable que busca un incremento muy considerable en el gasto federal en educación. No obstante, consideramos que el dictamen correspondiente es perfectible en términos de considerar la participación de la sociedad civil en el gasto educativo y, que para dar cumplimiento a la disposición de alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para el 2006, se requiere considerar el incremento gradual, tanto de los ingresos como los egresos del Estado.

2.- La Ley General de Educación, reglamentaria del artículo tercero de la Constitución y con aplicación en todo el sistema educativo nacional, tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los principios sociales educativos y democráticos, lo que significa que es una ley marco de la actuación de los tres ámbitos de gobierno en el ámbito educativo, cuyo fin es inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes.

Asimismo esta ley da cabida a reglamentar la participación de la sociedad civil con el fin de apoyar la función educativa del Estado, en tanto promover y atender todos los niveles, tipos y modalidades educativas.

3.- Particularmente en el aspecto del financiamiento de la educación, puede afirmarse que en el marco de la federalización es una tarea concurrente que deben realizar el Gobierno Federal y los gobiernos de cada entidad federativa, pero que el artículo 25 es claro al señalar que deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables.

El artículo 27 establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines de desarrollo nacional, por lo que señala que en todo tiempo procurarán las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública.

Asimismo, para apoyar la equidad educativa, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios, por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, en el marco de la celebración de convenios en los que se acuerden las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

"En este sentido la Ley General de Educación considera el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública como procurar más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten.

"Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal proponer el monto presupuestario para el rubro educativo, por ser el responsable de determinar los criterios de política económica que sustentan el ejercicio de gasto de cada año fiscal, motivo por el cual envía a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto y ésta, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución fracción IV tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

"Numeral Cuatro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, principal organismo internacional en materia de educación tiene como uno de sus propósitos aumentar la disponibilidad de recursos para educación, por lo que para implementar reformas educativas eficaces plantea llegar a consensos sociales en cada país sobre el financiamiento de la educación por parte del sector público y privado.

"Después de la reunión técnica sobre el tema de movilización de recursos externos para el financiamiento de educación se preparó la publicación de la UNESCO, el financiamiento de la educación en periodo de austeridad presupuestaria, fecha 1990, que entre otros aspectos sirvió para realizar un documento conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para establecer la estrategia que hasta la fecha se sigue para el desarrollo y la cooperación internacional en el sector educación, de la cual se desprende el estudio, educación y conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad, fecha 1992. En dicho trabajo se estimó el costo y financiamiento de la estrategia y sugiere que el esfuerzo debe aumentar en 50 por ciento para asegurar que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad, incluyendo una contribución media del sector público de 6.5 por ciento del producto interno bruto. Esta propuesta fue presentada por la UNESCO en la Séptima Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, de fecha 1996, como uno de los desafíos de la educación.

"Para 1997 diversos estudios muestran que los países de la región dedican en promedio un 7 por ciento de su producto interno bruto, con la concurrencia de la sociedad civil en educación y la formación de recursos humanos, de los cuales un 4.5 por ciento es financiado con recursos públicos. En este sentido la recomendación de la UNESCO es clara respecto a una mayor inversión en educación, considerando a todos los sectores de la sociedad que permita más recursos prioritariamente a la inversión e innovación educativa.

" C o n c l u s i o n e s :

"Primero.- En este orden de ideas, los que suscribimos este voto particular consideramos que el dictamen de la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática no es una propuesta acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales, ni a la capacidad presupuestal del gobierno en el plazo temporal propuesto, ni tampoco por la composición de los recursos que se canalicen al gasto educativo, pues que las recomendaciones señalan que será conjuntamente con recursos públicos y con el apoyo de la sociedad civil a través de los cuales se alcanzará dicha meta.

"Segundo.- Lograr una educación que sirva como medio de desarrollo personal, social y nacional no radica en fijar metas cuantitativas sino los medios que permitirán colocarla en efectivo vehículo de desarrollo, lo cual conlleva a destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, así como las reformas necesarias para diversificar las fuentes de financiamiento y conseguir que la eficiencia de este gasto se traduzca en calidad y equidad educativa.

"Tercero.- El dictamen no considera que para dar cabal cumplimiento de destinar al menos el 8 por ciento del producto interno bruto para los sectores de educación y ciencia y tecnología para el año 2006, se requiere contemplar un incremento gradual anual tanto en los ingresos como en los egresos del erario público.

" R e s o l u c i ó n :

"Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de una educación de calidad, de una educación integral, de una educación que forme personas conscientes, capaces y comprometidas con su nación. Ello solo será posible a través de múltiples acciones, entre ellas ya asignarle mayores recursos, pero de recursos que efectivamente introduzcan cambios sustanciales en la calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo nacional.

"Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más próspera, justa, democrática, tolerante, armónica y solidaria al igual que respetuosa de la ley.  Por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el sistema educativo nacional como la de movilizar mayores recursos públicos hasta alcanzar gradualmente por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, en concurrencia con otros sectores que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país.

"Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de esta medida, siempre y cuando vaya acompañada de una planeación estratégica que termine con los rezagos, produzca educandos, educadores, académicos e investigadores de excelencia.

"Estamos a favor de la medida, siempre y cuando actuemos con sensatez y responsabilidad sobre la integridad del gasto público y no descuidemos otras áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país.

"Asumimos esta postura conscientes y en concordancia con la responsabilidad y compromiso que tenemos con el pueblo de México, de manejar transparente, justa y eficientemente el origen y destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.

"Estamos a favor de esta medida, siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en la demagogia de asentar montos sin el respaldo correspondiente, siempre y cuando actuemos con apego a lo que nuestra Constitución mandata, así como lo que prevé la legislación secundaria, en específico el artículo de la Ley General de Educación que hoy nos ocupa.

"El artículo 25 de la ley vigente es muy claro en señalar que tanto el gobierno federal como las entidades federativas, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos.

"A los legisladores de Acción Nacional nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación, no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos y peor aún, que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente muy dañino para la tarea legislativa del Congreso, en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país, pues aunque se nos presentara un proyecto de presupuesto, éste ya vendría atado y, más peligroso aún, sin el marco de referencia económico a partir del cual se estimen los ingresos de que dispone el Estado.

"No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilie del apoyo de la sociedad.

"Difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo, hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental, por lo tanto no sólo debemos permitir sino alentar la participación de la sociedad civil, ya que la educación es deber del Estado pero nunca monopolio suyo.

"El mismo proyecto de dictamen del cual hacemos este voto particular, menciona en la sección de valoración de la iniciativa, que en los marcos de acción regionales de la Conferencia de la UNESCO, en Dakar, México signó un compromiso que a la letra dice:

"Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la educación para todos, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la educación para todos y a que participen en ella".

"Claramente se expone que la educación es una tarea de todos, donde la acción gubernamental es necesaria pero no suficiente y por ello ese fundamental la participación de los demás sectores de la sociedad.

"Acción Nacional desea dejar constancia de su participación activa y a favor de establecer gradualmente un monto mínimo del 8 por ciento el Producto Interno Bruto en educación para el 2006, firmemente comprometido en que ésta se convierta en la columna vertebral del desarrollo del país, pero no en los términos que establece el dictamen.

"Por todo lo anterior, proponemos la siguiente redacción sobre el dictamen a discusión.

"Artículo 25.- Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios y la sociedad civil destinen al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto  a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico en las instituciones de Educación Superior públicas.

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad El Gobierno Local, prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos.

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

TRANSITORIOS.-

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado, Federación, Entidades Federativas y Municipios, contemplarán un incremento gradual anual a fin de alcanzar el año 2006 de manera concurrente con la sociedad civil, recursos equivalentes al 8% del PIB que considera las presentes Reformas. Diputado Alfonso Vicente Díaz, rúbrica. Diputado Oscar Ochoa Patrón, rúbrica. Diputada Silvia Alvarez Bruneliere, rúbrica. Diputada Celita Alamillo Padrón, rúbrica. Diputado José Carlos Luna Salas, rúbrica. Es cuanto, Diputada Presidenta.+

-LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado.

Tiene la palabra para fundamentar el Dictamen el Diputado Enrique Meléndez Pérez, en términos del Artículo 108 del Reglamento Interior

-EL C. DIPUTADO ENRIQUE MELENDEZ PEREZ.- Gracias Presidenta. Quisiera dar la bienvenida a los Representantes de la Confederación de Educadores de América, a los Representantes de Brasil, de Argentina y de Ecuador, Alfonso Rafael Ochoa Guzmán, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aplausos. Distinguidas Secretarias Generales y Secretarios Generales de las Secciones Sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Maestras y Maestros. Señoras y señores. Amigos todos comprometidos con la aspiración de alcanzar una educación pública de calidad, gratuita y laica para todos.

El 26 de Octubre de 1842 por Decreto se declara por primera vez que la educación en México deberá ser gratuita y obligatoria para quienes tengan entre 7 y 15 años de edad.

Con el mismo Decreto se crea la Dirección General de Instrucción Primaria que tendría la responsabilidad de hacer cumplir dicho Mandato. México, para entonces, tenía un analfabetismo que superaba el 90% y el promedio educativo era de menos de un año , la educación pública estaba concentrada en unas cuantas ciudades y la planta docente era aportada principalmente por las órdenes religiosas, razones todas por las que el Decreto, más que una obligación exigida al Estado de manera inmediata, fue interpretado con un propósito que en algún momento habría de cumplirse teniendo claro que ese momento era aún muy lejano. Con todo y que hubo quienes calificaron el Decreto como un objetivo irrealizable, no por ello perdió el enorme valor de señalar que la transformación que México reclamaba y que se expresaba entonces con el nacimiento de lo que sería después un vigoroso movimiento de reforma que cambiaría las instituciones del país pasaba por el requisito de que todos los mexicanos tuvieran el derecho a una educación gratuita y obligatoria.

Muchas transformaciones hemos vivido desde entonces y en todas ellas ha sido la educación pieza central. Por la educación dejamos de ser un país en condiciones generalizadas de ruralidad, con lo que ello significaba en calidad de vida para convertirnos en otro en que los niveles de bienestar se han incrementado de manera consistente; por la educación, el valor de la salud pública fue adecuadamente comprendido y demandado por todo mundo lo que provocó que el promedio de vida casi se duplicara al pasar de menos de 50 a más de 75 años.

Por la educación, la economía se diversificó al incidir sobre la calificación de los recursos humanos permitiendo que los sectores secundarios y terciarios se modernizaran y transformaran en los principales generadores de riqueza y desarrollo del país; por la educación, la democracia tal como lo postulara el artículo 3º que emerge junto con la triunfante revolución social se ha venido convirtiendo en un sistema de vida que nos ha permitido transformar nuestro sistema político para hacer de la pluralidad y la diversidad las fuentes de la legitimidad sin que ello implicara pagar costos sociales que en otros momentos tuvimos que asumir.

Para que la educación pudiera cumplir con el importante rol que le fue conferido para la generación de un creativo proceso de causalidad social que ha probado su eficacia a lo largo del tiempo los mexicanos tuvimos que tomar decisiones muy importantes:

La primera de ellas, que bien ejemplifica el decreto de 1842 conferir a la educación la responsabilidad de ser el soporte del proyecto de nación, decisión que refrendamos en diversos momentos de la historia siempre con resultados de enorme magnitud y relevancia;

La segunda, dotar a esa prioridad con la mayor cantidad de recursos financieros, humanos y políticos de que el país disponía para que efectivamente pudiera cumplir con la responsabilidad encomendada;

La tercera, entender que la magnitud del reto reclamaba que las diversas instituciones del Estado caminaran en la misma dirección, conscientes de que el objetivo trascendía a cualquier perspectiva parcial o temporal;

La cuarta, acompañar el proyecto educativo con el más amplio respaldo social para hacer de la educación razón y motivo de la corresponsabilidad que debe generarse entre Gobierno y gobernados cuando el objetivo es de tal magnitud y relevancia.

Viendo al proceso educativo nacional como un continuo y sin duda con etapas de avance y también de retroceso, el nuevo rostro que tiene la nación deja muy claro –por un lado- que el esfuerzo realizado en materia educativa es difícil encontrarlo en algún otro renglón del desarrollo social; y por otro, que es un esfuerzo que debemos reimpulsar no sólo por los saldos negativos que seguimos sin resolver sino para estar en condiciones de enfrentar las nuevas realidades.

Si bien el impulso que pudimos imprimir a la educación no deja lugar a dudas en cuanto a sus resultados, es igualmente fácil identificar que este esfuerzo se detuvo precisamente en la voluntad para acercarle los recursos financieros que le permitieran ampliar y consolidar las metas.

De una aportación que por cerca de tres décadas se situó en alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se elevó hasta llegar a un poco más del 5% punto en el que se detuvo para empezar a descender hasta alcanzar hoy apenas poco más del 4%, lo que ha traído como consecuencia el deterioro de las metas educativas, la depreciación de su calidad y una perspectiva poco promisoria hacia el futuro.

Si bien el índice nacional de analfabetismo está muy cerca de los parámetros que se consideran adecuados a nivel internacional al hablar de personas, de seres humanos, no de cifras, casi de 10 millones de mexicanos no saben leer ni escribir, 20 millones de mexicanos no saben en qué categoría del alfabeto funcional están debido a que su instrucción básica no fue adecuada o a lo que el desuso de la instrucción recibida terminó por imponerse.

Con todo y que casi logramos la universalización de la educación básica, 35 millones de adultos no la han culminado, lo que lo convierte al promedio educativo de 7.7 años, en un dato con el que no podemos estar satisfechos. Existen más de 2 millones de niños entre los 5 y los 14 años que no asisten a la escuela y 5 millones de indígenas que permanecen al margen de la formación educativa.

Más de la mitad de las personas mayores de 15 años aproximadamente 32 millones de personas, cuentan con una escolaridad inferior a la secundaria y solo el 77% de los estudiantes que la cursan la concluirán, la tasa de reprobación en primaria es superior al 6%, en secundaria superior al 20%, en bachillerato de casi el 40%; únicamente el 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años, está matriculado en el nivel de licenciatura y sólo el 50% logrará concluirlo.

El salario magisterial se ha venido deteriorando consistentemente y hay zonas y niveles en que este deterioro, supera el 50% en tan solo 25 años, tendencia que debiera ser exactamente inversa, no solo por estricta justicia a la labor que el maestro desarrolla, sino para estar efectivamente en condiciones de mejorar la calidad de la educación pública.

Junto con estos saldos negativos, que de ninguna manera niegan el avance educativo que el país ha tenido, hay otros fenómenos que no debemos dejar de valorar cuando de construir la educación del presente y del futuro se trata. Una de las condiciones que la educación debe asumir con todo el rigor para cumplir con el rol que la sociedad le ha encomendado, es precisamente estar atento a los cambios que ella misma impulsa y aquellos que influyen en el cuerpo social.

La sociedad mexicana es diametralmente distinta a la de hace apenas unos pocos años, solo el análisis de la familia, de la familia de cada uno de nosotros sirve para comprender los enormes cambios que ha experimentado. Hecho frente al que la educación no puede permanecer ajena sin antes.

LA C. PRESIDENTA:. Diputado, le ruego terminar a la brevedad

- EL C. DIP. ENRIQUE MELÉNDEZ PEREZ: Gracias, termino señora Presidenta.

Si antes la fuente privilegiada e incluso única del conocimiento era la escuela y el maestro, hace ya tiempo que esto ha dejado de suceder y nuevos portadores de la educación compiten con los tradicionales. Por eso ésta es la perspectiva con la Cámara de Diputados, ha tomado la decisión de reformar el artículo 25; dar cumplimiento a esta disposición de ninguna manera viola el principio de que el Congreso año con año, deberá de decidir el monto.

Es por eso que una decisión de esta naturaleza impacta en el uso y en el destino de los recursos públicos, 8% del PIB no es dinero, si no que se convierte en una mejor infraestructura educativa, mejores escuelas, con equipo adecuado a los tiempos que vivimos y que han desplazado el concepto de analfabetismo a la incapacidad para disponer de computadoras y el equipo de informática. Por eso el 8% del PIB, es una apuesta al futuro es sentar las bases hoy, para que nuestro país se incorpore de manera plena al mundo desarrollado.

Con todo lo que ya sabemos que los recursos son escasos, estamos conscientes de que esta limitación estructural, solo será superada si invertimos en el capital humano, capaz de generar riqueza de competir con eficiencia para lograrlo. Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados.

Por el Partido de la Convergencia Democrática el diputado José Manuel del Río Virgen, hasta por 5 minutos; por el Partido Alianza Social la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, hasta por 5 minutos; por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Víctor Antonio García Dávila, hasta por 10 minutos; por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la diputada María Cristina Moctezuma Lule, hasta por 10 minutos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Hortensia Aragón Castillo, hasta por 10 minutos; por el grupo parlamentario de Acción Nacional el diputado Alfonso Vicente Díaz hasta por 10 minutos y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, hasta por 10 minutos.

En consecuencia se ofrece el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen hasta por 5 minutos.

EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores.

Saludo con respeto a los maestros aquí presentes, también a los ausentes, a los del SENTE y a los de la CENTE, saludo también con respeto a todos los dirigentes, saludo también a los profesores rurales olvidados, sometidos, sobajados por presidentes municipales mezquinos que los tratan como empleados, que los usan a capricho y que no los apoyan en nada.

Saludo a todos los profesores que a diario construyen ese nuevo México. Saludo a todos los profesores, incluso que son legisladores, con todo respeto. Ellos construyen también el nuevo México y seguramente votaran porque alcancemos el 8% del Producto Interno Bruto. También saludo a los profesores porque han llegado a construir la educación para miles de mexicanos.

Por ello estoy de acuerdo con el Presidente de la República, aunque no me cuadran las cifras, el señor Presidente dice que 273 mil millones de pesos se invierten en educación y yo veo maestros mal pagados, escuelas olvidadas con vidrios rotos, sin letrinas.

Veo, incluso gente mal educada que interrumpe; veo, incluso, gente que no ha alcanzado la educación en su plenitud como debiera ser.

Por eso apoyo la propuesta compañeras y compañeros, de que por primera vez en la historia de México, el Estado canalice el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, con lo que podremos sentar las bases para hacer realidad los principios rectores de la educación inscritos en nuestra Constitución General.

Queremos que la educación sea más democrática, obligatoria, laica y nacional. Entendida ésta última como acepción, como el abarcar a todos los jóvenes del país, formadores de ciudadanos, preparados para enfrentar los tiempos por venir y los retos presentes.

El Estado Mexicano está obligado a otorgar educación a los mexicanos y por ello la propuesta es acertada, acertadísima dirían muchos maestros. No es cierto que al autorizar esta partida se tendría que dejar de atender cuestiones financieras en rubros de salud, de seguridad social, defensa, seguridad pública, entre otros.

Destinar recursos crecientes a la educación, hace realidad el compromiso que México suscribió con la UNESCO, asimismo cumplimos a los mexicanos la proposición establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, en el sentido de alcanzar en el 2006 la proporción del 8% destinada a la educación. Por eso nosotros también queremos que el sistema educativo nacional sea un modelo de equidad y calidad.

Como egresado del Instituto Politécnico Nacional, me doy cuenta que ésta es una meta muy lejana para alcanzar. Ahí tenemos una gran institución quebrada financieramente, por eso necesitamos el 8% del Producto Interno Bruto, también para fortalecer a la UNAM y a toda la Universidad Pública; requerimos mejores mexicanos, más preparados; hagamos realidad una de las demandas más sentidas de todos los mexicanos, que es precisamente romper las cadenas de la ignorancia y la humillación que da el analfabetismo, la no continuidad de los estudios universitarios, politécnicos y agropecuarios, pero ante todo, la posibilidad de que la sociedad mexicana, principalmente la del medio rural, tenga las armas del saber para saber qué hacer con la presencia de gobiernos que no le cumplen, que le prometen, que le fallan, que lo usen solamente como bandera para poder arribar al poder.

Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de cientos de profesores rurales, de miles de estudiantes, les pedimos que den su voto por el 8%. ¡Voten a favor! Por favor.

Gracias, señor Presidente.

(aplausos)

EL PRESIDENTE: Para fijar posición sobre el mismo tema, tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez del Partido de Alianza Social.

-LA C. DIPUTADA BEATRIZ PATRICIA LORENZO JUAREZ: Con el permiso de la presidencia. Señoras y señores legisladores. Recordemos las palabras del entonces candidato a la presidencia de México, hoy presidente, y sus compromisos ante el Sector Educativo. "Para nosotros, la educación será la columna vertebral del gobierno -dijo- tenemos la convicción absoluta y total de que sólo formando capital humano en el país, a una tasa de gran velocidad, vamos a estar presentes e insertos exitosamente en la globalización". Declaración del 24 de mayo del 2000.

Sin duda debemos cuidar nuestras palabras, ya que ellas deben ser un compromiso para el futuro, de lo contrario es mejor guardar silencio, ya que la posterior evasión de la realidad por medio de discursos optimistas, no soluciona nuestras grandes carencias como nación.

Transparencia, apertura, inclusión y pluralidad, características que deben ser parte de los criterios para la designación del presupuesto en los distintos rubros, y dar así un futuro cierto a los niños de hoy y los ciudadanos del mañana.

El Sector Educativo no puede como otros varios continuar esperando su real desarrollo, ya que la inacción al respecto ha dado lugar únicamente a su incompetitividad en el ámbito mundial. Así una educación eficiente en todos los niveles, ha sido históricamente y en gran medida uno de los varios frenos al desarrollo nacional.

No olvidemos que la falta de educación colectiva, da lugar a una crisis cultural, ética y moral en las sociedades.

A nivel superior, hoy, tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional, atraviesan por una seria crisis económica y de no contar con los recursos económicos suficientes, para solventar sus necesidades, las consecuencias sociales futuras serán graves.

La demanda de matrícula en todos los niveles educativos, crecerá en el próximo lustro, sin duda, y por lo tanto las políticas educativas que hoy deben necesariamente tener una visión a futuro.

Asimismo el fenómeno de la globalización exige una vinculación estrecha en educación y el sector productivo, ya que sólo así la curríucula educativa estará en concordancia con las necesidades económicas reales del país.

La educación debe tener por fin, tanto el fortalecimiento de la identidad nacional como de la entidad propia de las personas. El 30 de marzo del año 2000, el señor presidente de la república, dijo textualmente en la ciudad de Monterrey, N.L.: "El gasto en educación debe elevarse al 8% del PIB e ir acompañado por una nueva visión de la educación, la inversión –dijo, continúo- para la educación no será cuestionada en el gobierno que pienso dirigir, con todos y cada uno de ustedes".

"Es fácil apoyar programas y éstos pueden impulsar la toma del poder en este momento -dijo-, todo es posible y no hay errores de análisis, lo difícil es mantener los compromisos asumidos cuando el poder se ha alcanzado, ya que entonces los peros, empiezan a multiplicarse, sin duda todo cambia dependiendo de la posición en la que nos encontremos".

Los objetivos de la educación siempre deben ser humanos y cualitativos, en donde las relaciones interpersonales se fortalezcan y se mejoren. El elevar a 8% del producto interno bruto, los recursos destinados al Sector Educativo, hará que un sistema de educación sustentable sea posible en nuestro país, en donde la educación, deje de ser un asunto menor premeditadamente y se convierta en un impulso para todos aquellos a quienes la ignorancia los aisla del resto del mundo.

Sin duda, la educación de calidad da lugar a la asimilación colectiva de mensajes cualitativos, que transforman la conciencia social y dan lugar a sociedades más democráticas. Hay tiempos para sembrar y tiempos para cosechar.

Aun estamos en los primeros, señores, y de nuestro esfuerzo presente somos responsables. Asumámosle con la misma vitalidad con la que aspirábamos al cargo que hoy ocupamos.

Con el voto a favor de la aprobación del presente dictamen de la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos, el Partido Alianza Social, su convicción y compromiso social de que todos los mexicanos tenemos derecho a la cultura y a la educación, sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para ello. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. Inmediatamente tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos, para fijar posición de su fracción.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA.- Con la venia de la Presidencia.

El cambio en México ya nadie lo para; la reversa también es cambio.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para fijar su postura con relación al dictamen con proyecto de decreto que modifica el artículo 25 de la Ley General de Educación.

México fue el primer país en el mundo que incorporó, como resultado de la lucha social armada, en 1910 y 1917 en su Constitución Política, los denominados "derechos sociales", aspecto que rompe con las concepciones liberal-individualistas de las Constituciones Decimonónicas. México es reconocido internacionalmente por esta aportación al derecho público, que ha sido imitada por muchos otros países y que los mexicanos del presente siglo no podemos cancelar.

El Constituyente de 1916 y 17, consagró estos derechos sociales como reconocimiento a las desigualdades sociales, que tuvieron su cruento desenlace en la nefasta dictadura de Porfirio Díaz. El texto constitucional establece derechos para los gobernados y simultáneamente obligaciones a cargo del Estado.

En el texto original de nuestra norma fundamental, se reconoce como obligación a cargo del Estado la de impartir educación y en la fracción VII del artículo 3º., clara e indubitablemente, se establece que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.

Desde 1917 a la fecha, simultáneamente a la educación a cargo del Estado, se ha desarrollado la educación por particulares con reconocimiento de validez oficial. Han sido las instituciones públicas de educación superior de este país: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y todas las universidades públicas de los estados, las que han contribuido de manera vigorosa a través de sus egresados y estudiantes, a generar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.

Sin embargo, el Estado se ha desentendido paulatinamente de su obligación de apoyar presupuestalmente al sistema de educación pública en todos sus niveles; esto se ha traducido en la baja de la calidad académica y en la creencia a todas luces falsa, de que la educación privada es mejor que la pública.

La inversión pública en el aspecto educativo ha decrecido en términos reales y su proporción con relación al Producto Interno Bruto también ha disminuido, lo que implica que tengamos en la actualidad millones de mexicanos que no tienen acceso a la educación básica, media superior y superior; en especial en la educación media y superior la cobertura es totalmente insuficiente.

Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está convencido de la necesidad de incrementar los recursos que se destinen a la educación en cualquiera de sus modalidades.

Compañeras y compañeros legisladores, la mejor inversión que un país pueda hacer en beneficio de la población es invertir, invertir en materia educativa. Todos los países que ha aprovechado las condiciones del nuevo orden mundial, han dedicado un monto sustancial en el ramo educativo. Los países orientales, en particular los llamados "tigres asiáticos", son una muestra palpable de ello.

Las organizaciones internacionales públicas y privadas, ponen especial énfasis en señalar que los países de desarrollo medio, como el nuestro, destinen fondos suficientes a la educación y a la investigación. Los procesos de modernización de los países en la fase reciente, reiteran la necesidad de que los pueblos tengan el derecho a la educación si es que quieren avanzar en el nuevo entorno de la globalización.

Las nuevas tendencias de la economía y la sociedad, suponen, necesariamente, que la educación en particular debe tener una prioridad estratégica porque el conocimiento es el recurso fundamental y es el parámetro con el que hoy se mide la capacidad productiva de una nación.

Debemos evitarnos la vergüenza de los resultados que arrojan las evaluaciones internacionales que nos sitúan en niveles que están muy por debajo de lo deseable; resulta increíble que años después, tengamos que enterarnos que nuestro sistema educativo está en el nivel más bajo de los países encuestados.

Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, estamos plenamente convencidos de que la mejor inversión que el Estado Mexicano pueda hacer, es precisamente en los aspectos educativos. Si logramos impulsar esta medida, estaremos construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones de mexicanos, prueba de ello es que en la presente Legislatura, nuestro grupo parlamentario presentó ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 3º. Constitucional, en el cual se incluya precisamente, que el Estado Mexicano destine por lo menos el 8% del PIB a la educación.

Por lo anteriormente expuesto, nuestro voto será a favor del presente dictamen.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la ciudadana diputada María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

-DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso señora presidenta: compañeras y compañeros diputados:

La educación constituye un instrumento indispensable para el crecimiento y desarrollo de un país; ya que el conocimiento es la principal fuerza productiva de la economía y la educación es el órgano maestro del cambio social. Así lo han entendido las naciones desarrolladas y las que vienen logrando importantes niveles de crecimiento.

Sin embargo, la educación en nuestro país es uno de los grandes proyectos nacionales que han quedado pendientes por décadas, pues los esfuerzos realizados por los Poderes de la Federación, no han sido suficientes para garantizar un país en donde el acceso a la instrucción formal sea una realidad para todos.

El Partido Verde Ecologista de México, está convencido de que el principal instrumento para romper el círculo vicioso de la pobreza y que tiene nuestra nación para salir adelante, es la educación y el apoyo a nuestros jóvenes.

Por ello, estamos de acuerdo en que se establezca una política presupuestal para este sector que permita destinar mayores recursos a una sociedad hundida en la ignorancia, a causa de la incapacidad y negligencia de gobiernos con poca visión.

De esta forma resulta fundamental que la viabilidad del dictamen que hoy se presenta, se asegure centrando la discusión en la realidad económica a la que nos enfrentamos, para no convertirse en una simple promesa como las que han caracterizado a los distintos gobiernos en turno y se convierta en un gasto en exceso, que no sea posible ejercer de manera plena ante las ineficiencias del Ejecutivo y por ello se convierta simplemente en un lastre para las finanzas públicas nacionales.

En este sentido es necesario tener en consideración que la Secretaría de Educación Pública, ha sido una de las entidades con mayor ejercicio presupuestal. Los resultados de la Cuenta Pública para el año 2001, señalan un sub ejercicio de esta dependencia por más de 3 mil millones de pesos.

Ante estas muestras de ineficiencia, resulta preocupante que los esfuerzos que estamos imprimiendo a este debate a favor de la educación como el instrumento clave de desarrollo y crecimiento de nuestro país, no puedan prosperar al no poder asegurar al mismo tiempo, el correcto ejercicio de los recursos invertidos en este sector.

Cada peso gastado en educación representa un paso hacia la conformación de un país libre, equitativo, justo y democrático, por lo que la fiscalización es un asunto que debe asegurarse; pues de no hacerlo nuestro país seguirá condenado a vivir en el subdesarrollo.

Por otra parte, el Estado Mexicano gasta actualmente alrededor del 5.5% del Producto Interno Bruto en educación, según cifras de la Secretaría de Educación Pública, frente a un 3% y un 3.8% que gastan Japón y Alemania respectivamente.

Sin embargo, para nuestro grupo parlamentario éste no es un argumento que valide la posibilidad de no aumentar los recursos destinados a nuestra educación, pues las desproporciones de los ingresos nacionales de los países mencionados y el nuestro, son abismales.

El PIB per cápita en Alemania, es de más de 22 mil dólares anuales, mientras que el de Japón se encuentra alrededor de 23 mil dólares anuales. En contraste, los miembros de nuestra sociedad sólo cuentan con más de 7 mil dólares al año. Esto es lo preocupante, es el origen del problema que es el propio PIB y la deficiencia que se tiene en la recaudación. Esto es lo que hay que resolver y hacerlo de fondo.

Es por ello que es claro que la falta de recursos al sector educativo es un asunto ligado al crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, por lo cual es necesario considerar fuentes alternas de recursos, por lo cual no es posible concebir el negarse a una posibilidad que ofrece, por un lado, aumentar los ingresos del sector educativo y por otro lado distribuir la carga de un gasto que el Estado no ha sido capaz de proporcionar en forma adecuada.

Es por todo esto, que la función que tenemos como legisladores, es promover iniciativas tendientes a una reestructuración de fondo del sector educativo, pues no basta una salida simplista que otorgue más recursos al sector, si la política educativa en este país continúa siendo discriminatoria y continúa acrecentando la desproporción tan marcada de los servicios y nivel educativos entre los distintos estados y municipios.

Esto nos obliga a reflexionar y asumir con responsabilidad la tarea redentora de la educación nacional y nos compromete en la búsqueda por una reforma integral educativa que promueva la educación pública, laica y gratuita, tal y como lo marca la Constitución y lo demanda la sociedad, por lo que no debemos estar dispuestos en sacrificar a otros sectores, si la construcción de escuelas seguirá haciéndose sin la construcción de caminos que permitan el acceso a ellos, si no existen los servicios mínimos indispensables en las instalaciones, si no hay maestros disponibles y con la capacitación que requieren, si la aplicación de los recursos sigue siendo discrecional e ineficiente.

Por todo esto, estamos a favor de toda aquella reforma que promueva el mejoramiento del sector educativo, pero manifestamos una enérgica protesta a la forma en que se manejan actualmente los recursos en educación en este país, porque no queremos ser cómplices de un sector si bien con grandes carencias, también con poca claridad y eficiencia en el ejercicio del gasto.

Igualmente, si bien en lo general esta causa noble obliga a todas las fuerzas políticas a apoyarla, nos queda muy claro que este esfuerzo se quedó muy corto de la responsabilidad que todos los legisladores tenemos, que para resolverlo de fondo el problema educativo nacional, no nos extrañe que el día de mañana la sociedad nos lo reclame.

Muchas gracias.

-EL PRESIDENTE: Gracias diputada.

Para fijar posición a nombre de su fracción, tiene el uso de la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos.

-LA DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el que hoy esta iniciativa nuestra, de las primeras que hace dos años tuvimos la oportunidad de presentar en esta tribuna, reciba el apoyo abierto del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde, de Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y de Alianza Social.

En la Constitución de 1917 se plasmó la demanda de millones de mexicanos y mexicanos que en la gesta revolucionaria lucharon por mejores condiciones de vida. Así, en los artículos tercer, 27 y 123, se expresó la conquista del derecho social al trabajo, a la tierra y a la educación. Desde entonces la construcción del estado de bienestar en su dimensión educativa significó que a lo largo del siglo pasado se tuviera como encomienda principal alcanzar la cobertura universal, llevando la escuela a todos los rincones del país. No obstante el esfuerzo desarrollado ese mandato constitucional no se cumplió, fundamentalmente por la falta de recursos que se dirigen a esa función prioritaria.

La educación pocas veces llegó con oportunidad, sobre todo a todos los sectores marginados que son la amplia mayoría y mucho menos llegó con la pertinencia debida, pues una realidad que es hoy en día la poca calidad que caracteriza a nuestro sistema educativo.

A pesar de promesas, compromisos y programas de gobierno alrededor de un millón de niños entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas y pobres, no asisten a la primaria en una inmensa mayoría por una sencilla razón: no hay servicio educativo que se les ofrezca. Esta situación ha generado que entre los mexicanos de 8 a 14 años no sepan leer ni escribir el 4.8 por ciento de los varones y el 4.2 por ciento de las niñas.

Quienes aseguran que no hay bases para legislar un monto especifico de recursos en la ley para destinarlos a educación, muestran su desconocimiento de nuestra ley suprema. La educación tiene tal importancia y valor en la historia de la nación mexicana que es la única actividad fundamental para la cual la Constitución, en su artículo 3º constitucional fracción VIII, establece de manera clara que se le debe destinar los recursos necesarios para garantizar ese derecho. Pero más aún, la Constitución establece de manera precisa que uno de sus poderes, el Legislativo, le asigne los recursos necesarios. Artículo 73, fracción XXV.

En efecto, el mandato de hacer de la educación el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades humanas no solo es un derecho establecido en el artículo 3º de la Constitución Política, sino que a fin de que ella sea una realidad en toda la República el Constituyente le ha establecido al Poder Legislativo en nuestra Carta Magna la facultad de establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas de todo tipo.

En particular la fracción señalada del artículo 73 mandata con precisión y exactitud a este Congreso de la Unión para que en ejercicio de sus facultades exclusivas dicte las leyes encaminadas a distribuir, cito: <<convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República>>

Así de imperativo es el mandato exclusivo para hacer de este Poder Legislativo en cuanto a la función educativa y con tal determinación que este Congreso deberá proceder.

Claro que existen otros instrumentos legales para garantizar un financiamiento que corresponda a las necesidades de este servicio público. Por mencionar bastaría con solo el 10 por ciento de ahorro en el gasto corriente para obtener en este presupuesto 40 mil millones de pesos.

Por supuesto que la problemática que enfrenta la educación en México se deriva de múltiples factores. Reducirla a un asunto de pesos y centavos sería un error, como un enorme error sería no reconocer que hoy en día no se cumple con el derecho a la educación, en buena medida porque los recursos que el Estado está obligado a invertir son insuficientes.

Se dice que ningún país invierte el 8 por ciento del producto interno bruto en la educación y para ello se ponen como referencia las estadísticas de la OCDE. Esta es una verdad a medias, pues si bien dicha estadística da cuenta de una inversión pública a la educación, cercana al 5 por ciento y superior en algunos casos del Producto Interno Bruto de algunos de estos países como España y Corea, tramposamente se omite que el presupuesto para educación en México incluye lo que se tiene que invertir en cultura y lo que se tiene que invertir también en ciencia y tecnología, y sumados en estos países por supuesto que rebasa con muchísimo más lo que las cifras de la OCDE se han estado distribuyendo por ahí en algunas bancadas.

(aplausos)

En adición a esto es necesario abogar por la memoria histórica. Estas naciones son hoy lo que son porque en su momento invirtieron más de lo que nosotros hoy pretendemos invertir. Por ello, para abatir todos nuestros rezagos, empecemos con lo que nos corresponde en este periodo de sesiones, hablar de los dineros para educación.

Hay también argumentos totalmente contradictorios, como los expresados en una opinión que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entrega a la mesa directiva y en la que reconoce, cito: "Son loables y significan un legítimo anhelo para alcanzar el desarrollo y la prosperidad a la que los mexicanos aspiramos con una mejor educación en todos los niveles". Se refiere a la propuesta del 8 por ciento. Y en lugar de decir cómo si se puede alcanzar ese desarrollo que deviene de la educación, porque así lo reconoce, simplemente dice la Mesa Directiva, que recogió firmas y que no citó a pleno de Presupuesto, que no se puede.

Hoy no quieren establecer un compromiso en los términos que se señala en el dictamen de la Comisión de Educación, porque en realidad las prioridades nacionales establecidas por quienes hoy detentan el poder no consideran a la educación como una verdadera prioridad, pues sujetan sus recursos a los remanentes de los compromisos financieros con los grandes poderes económicos, tanto nacionales como transnacionales, cuyos recursos, esos sí, no se recortan e incluso se entregan por anticipado.

A quienes quieren que el servicio educativo deje de ser responsabilidad del Estado y se vuelva una obligación de los particulares, como en los hechos lo pretende hacer el gobierno y como también lo pretende el Partido Acción Nacional, los invitamos a que presenten sus iniciativas de reforma al artículo 3º y 73 de la Constitución, porque hoy, de acuerdo con el marco legal que los rige, su pretensión está fuera de lugar.

(aplausos)

Por ello, para el PRD es muy claro que la reforma de ley no debe contemplar dentro de los montos del 8 por ciento del Producto Interno Bruto, al gasto privado, escondido bajo las fórmulas de gasto nacional o bajo el novedoso concepto de sociedad civil, ni debe quedar una redacción ambigua que abra la posibilidad de eludir la responsabilidad del estado en esta materia.

Es preciso recordar que el llamado Compromiso Social por la Calidad de la Educación recientemente aprobado, dejó asentado en términos claros el compromiso de muchos diputados que aquí están presentes, de hacer de la inversión en la educación, al menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto, una realidad.

Como partido, como diputados, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, cada una de nosotras y nosotros tenemos un compromiso de conciencia personal y nacional, tenemos el reto de darle a la educación el lugar que hasta hoy se le ha otorgado sólo en el discurso.

Reconocemos que este esfuerzo tiene su origen en el amplio movimiento democrático magisterial de todo el país; para ellos nuestro más amplio reconocimiento.

Termino señores. Como proponente de la reforma de ley que hoy nos ocupa y segura de coincidir con millones de mexicanos y mexicanas de todas las edades, clases sociales y etnias, les solicito votar a favor del dictamen de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, a fin de asegurar que los recursos públicos destinados a la educación sean los necesarios para que esta prioridad social realmente cumpla con el anhelo de construir una nación libre y justa.

Muchísimas gracias por su paciencia.

(aplausos)

-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputada.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Vicente Díaz, para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

-ELC. DIPUTADO ALFONSO VICENTE DIAZ.- Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras Diputados. Saludo desde esta tribuna a todos los maestros de la República Mexicana, con respeto y admiración y yo diría que en Acción Nacional estamos conscientes de que México enfrenta el reto más importante de su historia, promover y proveer una continua educación de alta calidad y que esta sea la principal fuente de desarrollo económico de nuestra población y nosotros como sus representantes, debemos ante todo tomar las decisiones de forma responsable que se encaucen no sólo a fijar un monto sino a dirigir todos los esfuerzos hacia la eficiencia en el gasto educativo.

Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más próspera, justa, democrática, tolerante, armónica, solidaria y respetuosa de la Ley; por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el Sistema Educativo Nacional como el movilizar mayores recursos hasta alcanzar por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto, en concurrencia con otros sectores que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país.

Nuestra propuesta, a diferencia de las otras, no establece el 8% del PIB como una obligación sino como un objetivo, porque no tenemos la certeza de que habrá los ingresos suficientes pero sí estamos seguros de que haremos los esfuerzos necesarios, Estado y Sociedad para cumplir gradualmente con dicha meta, cuidando siempre el equilibrio presupuestal y aparejando el gasto con una planeación estratégica para aprovecharlo eficazmente en bien de nuestro Sistema Educativo.

Para conceptualizar daré algunas cifras, para este año 2002 el gasto programado en el Gobierno será equivalente al 16.6% del Producto Interno Bruto, para el próximo año se estima que alcanzará el 16.4, si destináramos el 8% tan sólo a Educación, el margen de maniobra y recursos de que dispondría el Gobierno, se verían reducidos dramáticamente.

Hoy por hoy, el gasto público en Educación alcanza el 5.51% del Producto Interno Bruto es decir, más de una tercera parte del gasto programable del Gobierno, eso nos deja una brecha de 2.49 puntos porcentuales para alcanzar el 8% en caso de ser solo responsabilidad del Estado.

Esta brecha significa 153 mil 300 millones de pesos lo cual equivale al monto que el próximo año se pretende destinar a Salud o a Seguridad Social, es dos veces lo que destinarán el 2003 a Vivienda ó casi 9 veces lo presupuestado para los indígenas, implica un 20% más en lo que se pretende que el Gobierno invierta en infraestructura el próximo año ó casi dos veces el monto que se destinaría el próximo año a la superación de la pobreza.

Equivale al 60% de las aportaciones de los Estados previstos para el 2003 o el 66% de las Participaciones a los Estados previstas en el mismo Presupuesto, y significa más de diez veces lo que este año se transfirió a los Estados como el PAFEV.

Todo esto lo menciono porque sin modificaciones integrales en materia fiscal no recaudaríamos los montos necesarios y les preguntaría, ¿qué rubros de los anteriores proponen reducir para reasignarlos a educación.

Además, resulta muy oportuno señalar que el artículo 25 de la ley vigente es claro en señalar que tanto el Gobierno Federal como las entidades federativas, y dice el artículo "con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos".

Al respecto es importante resaltar que dicha inversión en educación no debe circunscribirse sólo a los recursos públicos sino también a la participación de la sociedad y de las organizaciones civiles y no gubernamentales tal como lo recomiendan los diversos organismos internacionales como la UNESCO, como la CEPAL, como la OEA o el Parlatino recientemente, que pugnan por aumentar la disponibilidad de recursos para la educación mediante consensos sociales y acuerdos.

Nos parece importante recalcar que las recomendaciones de estas organizaciones indican no sólo la pertinencia de que el gasto público se complemente con el financiamiento de la sociedad civil y que los fondos sean destinados de manera prioritaria a la inversión, a la innovación, a la equidad y a la calidad de la educación.

Cabe destacar que hasta el día de hoy ningún país miembro de la OCDE alcanza, con el gasto nacional, el 8% de su correspondiente Producto Interno Bruto no obstante la mayor capacidad recaudatoria que dichos países tienen.

Por otra parte, nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos y que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente dañino para la tarea legislativa en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país pues aunque se nos presentara un proyecto de Presupuesto, éste de alguna manera vendría atado y aún más, sin el marco de referencia económica a partir del cual se estimen los ingresos para que disponga el Estado.

No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilia del apoyo de la sociedad; difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo, hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental.

Las acciones que el PAN ha promovido en esta Cámara demuestran sin duda su interés por hacer que la educación sea el pilar que tanto nos urge como nación. Por ejemplo, cuando por primera vez se conformó el PAFEF, Acción Nacional propuso que como criterio de asignación de dicho fondo se premiara a aquellos Estados que proporcionalmente asignaban mayores recursos a la función educativa; la razón detrás de ello es que siempre hemos pugnado por invertir en la educación y nos pareció una forma de refrendar nuestra preocupación además de incentivar a los Estados a destinar más recursos a este rubro.

Por ello nos preocupa que obviando cualquier análisis de la situación y condiciones económicas que imperan en el país se pretenda establecer metas presupuestales en una norma que jurídicamente no es la apropiada pues para eso está el Presupuesto de Egresos y que además el dictamen que hoy estamos discutiendo no incluya las iniciativas del PAN y el PRI que presentaron ante el Pleno no obstante que la práctica parlamentaria dicta que si dos o más iniciativas versan sobre el mismo tema, se elaborará un dictamen sobre ésta, el cual se incorpora a las diversas.

Creemos que la aprobación de este dictamen sentaría un mal precedente para la tarea legislativa pues la norma jurídica adecuada sería el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el cual sólo la Cámara de Diputados posee la facultad de aprobarlo y si pasara como minuta al Senado en su calidad de Cámara revisora, al aprobarla éste estaría decidiendo sobre un asunto que de acuerdo con la Constitución compete exclusivamente a nuestra Cámara. Por todo lo anterior, nuestra insistencia en que en el artículo 25 se considere tanto al gasto público como a la participación de la sociedad civil.

Exhortamos a nuestros compañeros legisladores de los demás partidos para que asumamos una actitud responsable en aras de construir una verdadera política de financiamiento a la educación que privilegie la equidad, la calidad de su impartición y que asegure el uso eficiente de los recursos que se le destinan.

Demostremos al pueblo de México nuestra capacidad para tomar decisiones consensadas, responsables, realistas y creativas para mejorar de manera integral todas las áreas del quehacer ciudadano. Que en las reformas que este Congreso impulsa y aprueba no se conviertan en letra muerta o rompan con el equilibrio presupuestal que a la postre perjudique a la nación entera.

Estimados compañeros legisladores, ojalá impere la cordura, la sensatez y la inteligencia en esta discusión que en el fondo me parece no tenemos diferencias sino es en el cómo en lo que deberíamos ponernos de acuerdo. ¡Vayamos por la educación! ¡Vayamos por México! Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado.

Inmediatamente tiene el uso de la palabra para fijar posición a nombre de su fracción parlamentaria el diputado, Juan Nicolás Callejas Arroyo del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.

-EL C. DIPUTADO JUAN NICOLAS CALLEJAS ARROYO: "Educar a un hombre, cuesta mucho dinero, pero cuesta mucho más no educarlo." Bien señalo con toda certeza don José Vasconcelos, hace casi un siglo.

Que afirmación tan contundente porque hoy cobra absoluta relevancia, ante los índices vergonzosos de pobreza y criminalidad, criminalidad y pobreza que padecemos en México, índices que nadie puede negar su relación directa con la falta de acceso a la educación. Con su venia, señor Presidente. Distinguidos diputadas y diputados.

Asisto a esta tribuna para expresar la posición del Partido Revolucionario Institucional, a favor del presente dictamen, toda vez que la decisión de esta Cámara de Diputados, será fundamental para impulsar una de las demandas sociales más sentidas del pueblo mexicano. Un pueblo que le señala a su Congreso que hoy es la hora de impulsar a la educación como el medio eficaz de incrementar sus posibilidades de integración a una vida económica y social plena, a la vez que le recuerda que es el único puente viable para cruzar el gran abismo que crean la pobreza y la falta de oportunidades.

Me congratulo porque en este reclamo han coincidido muchos sectores sociales y actores del país. El dictamen que esta a discusión es producto de un importante debate, en el que se han manifestado a favor todos aquellos interesados en crear los mecanismos que nos permitan como mexicanos, atender con calidad y pertinencia a millones de niños y jóvenes que han estado excluidos del sistema educativo nacional, niños y jóvenes que han sido condenados a la desesperanza de tener un mejor presente y a la imposibilidad de acceso a un futuro prometedor.

Así el tema del financiamiento educativo, materia del presente dictamen es de suma importancia, pues organismos internacionales como la UNESCO, y las organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores de la educación, han señalado la imperiosa necesidad de incrementar los presupuestos educativos, para mejorar la educación como única vía transitable hacia el desarrollo nacional.

Aquí destaco el papel que ha realizado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como uno de los más serios impulsores, así las maestras y los maestros de México han realizado tres Congresos Nacionales de la Educación, reunidos con la comunidad académica, los investigadores, legisladores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. En ellos se determinó impulsar todas las acciones dirigidas a tal fin, independientemente del origen partidista de los representantes populares o del origen de algún órgano soberano del Estado Mexicano.

Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida, al Comité Ejecutivo Nacional del SENTE, a los Secretarios Generales y miembros de los Comités Ejecutivos Seccionales en los estados que en esta sesión histórica nos acompañan; especialmente saludo a los dirigentes de la Confederación de Educadores Americanos, sean bienvenidos, ésta es su casa.

(aplausos)

Efectivamente, la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros encargados de la planificación económica de los estados miembros de América Latina y El Caribe, convocada por la UNESCO con la cooperación de la CEPAL y de la OEA, reunida en diciembre de 1979, adoptó la resolución de hacer una recomendación a los gobiernos de la región para "dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación, hasta destinar no menos del 7 u 8 por ciento del Producto Nacional Bruto a la acción educativa".

Sobra decir que no sólo fue firmado en nuestro país, sino que el gobierno mexicano fue uno de sus impulsores y signatarios, compromiso que es conocido para nuestro orgullo como "Declaración de México". Permítanme hacer algunas reflexiones al respecto.

Primero, la recomendación es a los gobiernos para que éstos en sus presupuestos incrementen los recursos dirigidos a la educación con relación a su Producto Nacional Bruto.

Segundo, actualmente nos encontramos situados muy por debajo de esta recomendación, pues tan sólo estamos destinando en este año el 4.2 por ciento del PIB de recursos públicos federales, presupuesto que no alcanza a lo logrado en los primeros años de la década de los noventas.

Por último, que el gasto educativo público de forma concurrente, Federación, estados y municipios, alcance un poco más del 5 por ciento del PIB, lo que significa que deben sumarse esfuerzos hoy más que nunca.

Por ello, los discursos de las autoridades educativas y acciones hacendarias deberán ser congruentes con la importancia en que todos los mexicanos coincidimos al darle a la educación un lugar prioritario, con el objetivo de construir una verdadera política de Estado en materia educativa.

Precisamente en este momento se encuentra en estudio en esta Cámara el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2003, donde los recursos para educación sufren un decremento real en relación al PIB y que también registran una caída con relación al gasto programable y al gasto neto total, si los comparamos con el presupuesto aprobado por esta soberanía para el presente ejercicio fiscal.

A todos nos preocupa que año con año esta Cámara aprueba un Presupuesto de Egresos de la Federación y que el Ejecutivo Federal realiza ajustes que impacta en el gasto educativo con una clara incidencia en nuestros niños y jóvenes en edad escolar.

Por esta razón, mayor reconocimiento nos merecen los maestros y maestras de todos los niveles educativos, que ante precarias condiciones de trabajo, tanto en infraestructura como salarial, se entregan con ahinco a su labor formadora.

¡Muchas gracias maestros y maestras de México por sostener este sistema educativo nacional!

Por ello, por nuestros hijos, es viable demandar la aprobación de este dictamen, pues refleja el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal ante la sociedad y ante el Magisterio Nacional y hace realidad una oferta de campaña de los partidos políticos aquí representados.

El PRI, en su programa de acción ha establecido la defensa de la educación en los términos que señala el Artículo 3º. Constitucional, y considera que debe aumentarse el gasto en Educación hasta llegar al 8% del producto interno bruto.

Adicionalmente nuestro partido considera la ciencia y tecnología, como motores fundamentales del desarrollo económico nacional. En consecuencia, ha exigido aumentar la inversión en este rubro hasta llegar al 1.5% del PIB.

Compañeros, es necesario que hoy demos esa lección histórica que espera la sociedad mexicana, más educación para combatir pobreza, para combatir marginación. Los invito a que aprobemos esta iniciativa. Gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Continuando con el desarrollo de la sesión, se consulta con los señores legisladores si hay registro de oradores en lo general en pro o en contra del dictamen.

Diputado Félix Salgado el formato de este dictamen, es un formato pactado, y recibimos la propuesta de los grupos parlamentarios a efecto de poder darle un cauce que nos permitiera el debate y realizar la votación en los horarios previstos para la sesión.

Es evidente que muchos legisladores querrían hacer uso de la palabra, pero se convino que hubiese en pro una intervención por grupo parlamentario.

Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Félix Salgado.

-EL C. DIPUTADO FELIX SALGADO MACEDONIO (desde su curul): Si, compañera presidenta con todo respeto yo ignoro quién me pactó, no estoy de acuerdo obviamente. Y yo soy legislador que tiene derecho a la libertad de expresión, y deseo también dejar mi posición en la tribuna. Yo estoy a favor del 8%.

-LA C. PRESIDENTA: Se registra el diputado Calderón Cardoso. Diputado Félix Salgado, yo no tengo ningún inconveniente en abrir el debate en términos generales, pero habiendo sólo intervenciones en pro, tendría facultades esta presidencia para que sólo hubiese dos intervenciones. Entonces o atendiendo la recomendación de la Junta de Coordinación Política damos lugar a una intervención por partido y por grupo parlamentario, o bien, me voy con el rigor del Artículo 122 y señalo, rogándole a la Secretaría que le de lectura, que si sólo hay oradores en pro, dándole lectura al Artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General hubiese conocimiento de la Asamblea del artículo.

Por favor déle lectura.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVINAL.- Reglamento para el Gobierno Interior, artículo 122. "Cuando sólo se pidiera la palabra en pro, podrán hablar hasta dos miembros de la Cámara".

LA C. PRESIDENTA.- Entonces el criterio de esta Presidencia...

EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO, (desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Félix Salgado; sonido en la curul en donde se encuentra el diputado Salgado.

EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO, (desde su curul).- en virtud de que el diputado Ochoa, por la fracción parlamentaria del PAN va a hablar también a favor, entonces a mí me congratula esa posición.

Yo creo que esto va a salir por unanimidad a favor del 8% del Producto Interno Bruto para la Educación.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado, gracias por su comprensión.

Hasta por cinco minutos en pro, se han registrado y agradeciendo especialmente la comprensión del diputado Salgado Macedonio y de otros legisladores que desean intervenir, pero que comprenden el propósito de ordenar este dictamen, el debate de la manera comentada, se han registrado el diputado José Antonio Calderón Cardoso de Alianza Social, el diputado Miguel Bortolini Castillo del grupo parlamentario del PRD, el diputado Oscar Ochoa Patrón del grupo parlamentario de Acción Nacional y el diputado José Manuel Correa Ceseña del PRI.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO.- Con el permiso de la Presidencia.

Señoras y señores legisladores:

Sin duda, una de decisión como la que habremos de tomar el día de hoy no es fácil por el impacto que puede tener, no solamente positivo desde luego, en la actividad educativa y social, sino también en la parte del presupuesto y en la parte de la asignación de recursos.

Creemos que las dos visiones que se han planteado en un principio, de que debemos fortalecer, que debemos financiar y mejorar la parte educativa para fortalecer la red social y para poner a nuestro país al día, exige que haya un financiamiento adecuado; pero también es cierto –y eso lo queremos reconocer- que cuando los recursos son pocos hay que tener prioridades sobre a qué se van a asignar esos recursos.

Ante esta disyuntiva, Alianza Social, consciente del problema presupuestal, sigue apostando porque hagamos un esfuerzo y asignemos un porcentaje que señala y que recomienda la UNESCO y esto, que desde luego traerá complicaciones, es mejor buscar cómo resolvemos de manera gradual hasta que en el 2006 se asigne el 8%, es mejor esto a que no demos el paso histórico de esta aspiración, poderla cumplir.

Uno de los elementos y de las discusiones que aquí se plantea, es que el presupuesto a esta decisión, traería una serie de complicaciones presupuestales, limitaría la facultad de esta Cámara y entre otras cosas, ataría a este Congreso y particularmente a la Cámara de Diputados para ejercer su facultad constitucional de asignar recursos dependiendo del comportamiento económico y queremos decir que si este es uno de los problemas, pues que en realidad no hay ningún problema, lo digo por la razón siguiente:

El presupuesto, como ustedes saben, tanto de ingresos como de egresos, es la forma mediante la cual el Estado toma una decisión de política pública de financiar sus gastos y asignar a sectores prioritarios.

En ese sentido, la técnica del presupuesto, la técnica tradicional que veía al presupuesto simplemente como un documento administrativo contable y que no hacía otra cosas que asignar cantidades de gasto por objetos determinados. Esa teoría tradicional ha cambiado por una teoría que busca modificar ese simple concepto de administración para buscar que el presupuesto sea y que se oriente con una visión programática, que sirva como instrumento de ajuste de la economía en general. Pero también que el presupuesto sirva como mecanismo de redistribución del ingreso.

Con esta nueva visión que debe tener el presupuesto, es que debemos hacer el esfuerzo para que ese 8%, difícil sí, por lo escasos ingresos que haya, constituya una forma para que el ingreso nacional se redistribuya, para que la riqueza nacional y la renta nacional se redistribuya en favor de los sectores que menos tienen.

Con esa teoría nueva del presupuesto en el cual se busca fortalecer programas, tenemos que ubicar que ese 8% y de manera gradual hasta el 2006, buscará fortalecer claro que sí, de manera integral, que la educación sea la mejor herramienta y el ariete del desarrollo nacional.

Coincidimos también sin embargo, que no es solamente asignando recursos, sino además de dar recursos tomar las medidas adecuadas para que éstos sean aplicados de manera eficiente y de manera correcta.

Quiero terminar señalando que estamos a favor del dictamen a nombre de Convergencia y de Alianza Social, porque con eta visión de que el presupuesto contempla un 8%, tengamos la visión de que por este medio sea la educación la que permita que en un futuro próximo tengamos una capacidad que nos permita estar a tiempo con los reclamos nacionales.

Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del PRD.

-DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señora presidenta:

Sin duda debe ser un gran día para la nación si aprobamos el dictamen que se ha discutido en las comisiones y que es apoyado por las fracciones distintas que apoyan la iniciativa que presentó el PRD, el 14 de septiembre del 2002. Antes de esta época, nadie, y repito ¡nadie! y ninguna organización tampoco sindical, había presentado esto en tribuna. Y nosotros agradecemos ese apoyo.

Antes, nosotros preguntamos ¿qué se hacía por parte de los dirigentes sindicales que perseguían y maltrataban a las distintas oposiciones que exigían el 8% del Producto Interno para educación?

Nos da gusto que suban ahora, pero también les recordamos que hay memoria histórica y que se requiere autoridad moral para venir aquí a decir ahora, que están de acuerdo. ¡Qué bueno! ¿Pero por qué no lo hicieron antes? Esa es una pregunta que dejamos nosotros para la historia y la deben responder.

Aquí recordamos hoy las luchas magisteriales de Othón Salazar. Recordamos las luchas de los sindicatos universitarios. Recordamos el surgimiento de la gente que enarbolaba el 8% del Producto Interno Bruto para la educación. ¿Y qué hacía antes la dirección sindical que hoy está aquí presente?   Reprimir, perseguir y por qué no decir, recordamos hoy en este día al maestro Misael Núñez Acosta y lo dejamos ahí para la memoria.

Nosotros debemos recordar, aquí se dijo que el punto máximo, que el salario magisterial fue en l982. Estamos totalmente de acuerdo, pero después, ¿qué hicieron los distintos regímenes neoliberales, desde La Madrid, de Salinas, de Zedillo y ahora de Fox? Llevaron el salario hasta el suelo y por eso las luchas magisteriales en la primavera de 1989 que paralizó a toda la nación, para que callera un líder magisterial que había estado ahí por 17 años y que nunca, y muchos de los que están aquí presentes se pronunciaron por el 8% del Producto Interno para educación.

Hoy, hoy el partido en el poder nos viene a decir y lo dice en el voto particular que presentan, nos llegan a decir que el Presidente, me imagino que se refieren a él, cuando dicen que éste es su voto particular señores y dice: "Estamos a favor de esta medida siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en demagogias de asentar montos sin el respaldo correspondiente".

Nosotros preguntamos: ¿quién en campaña prometió esto, el 8%? ¿Acaso el Presidente es demagogo? Ustedes lo están diciendo aquí, entonces veamos qué han hecho. Ustedes, conjuntamente con el PRI, nosotros decimos: hoy se debe iniciar el rescate de la educación, porque conjuntamente rescataron a los banqueros, conjuntamente rescataron a los azucareros, conjuntamente rescataron a la banca.

En este sentido nosotros decimos, felicitamos a los compañeros del PRD que tuvieron la atingencia de presentar esta iniciativa que es del PRD, que nadie venga ahora a tratar de abrogársela; ésta es una iniciativa que corresponde al magisterio democrático de la nación. Muchas gracias.

-LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Oscar Ochoa Patrón, del grupo parlamentario de Acción Nacional, en pro.

-EL DIP. OSCAR OCHOA PATRON: Con su permiso, señora Presidenta y Secretarios de la Mesa:

Compañeros y compañeras diputados:

Distinguidos diputados, ¡Bienvenidos!

Permítanme, en primer lugar, dirigirme en este pleno, en mi calidad de maestro que no hace mucho tiempo y como muchos de ustedes, me encontraba cotidianamente con la responsabilidad de formar niños y jóvenes, buscando prepararlos para ser buenos ciudadanos y apreciando muy bien y de cerca, la realidad del sistema de enseñanza mexicano.

Conozco desde las más increíbles carencias hasta los más grandes e inexplicables despilfarros. Estoy totalmente de acuerdo en que se necesita mucho más financiamiento para la educación, pero también creo firmemente que en este momento el marco normativo y en esta materia de educación lo rige, carece de importantes elementos que permitan que el uso y el aprovechamiento de nuevos recursos se realicen de manera eficiente y despolitizada.

Quiero también destacar que en los postulados que señala la doctrina y plataforma legislativa del Partido Acción Nacional se han establecido ya en una de sus preocupaciones más sensibles, es que la sociedad mexicana actual tenga mejor y mayor educación. Y cuando se analizan o discuten los problemas del país en todos los órdenes, el tema de la educación se vuelve esencial para formar a las personas integralmente para una vida mejor...

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Ochoa: ¿Autoriza usted una pregunta de la diputada Hortensia Aragón?

(Voces en el salón: "¡Nooooo!")

- EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRÓN (PAN): Al final, si gusta.

- LA C. PRESIDENTA: Al final, diputada Hortensia.

- EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRÓN (PAN): Gracias, Hortensia.

Es factor decisivo para abatir los grandes problemas nacionales tales como la pobreza, el desempleo, la violación de los derechos humanos y civiles, la corrupción y la impunidad, el deterioro del medio ambiente, la violencia, la inseguridad y otras situaciones indeseables que están presentes en nuestra sociedad.

A los diputados panistas nos interesa en una gran medida que la educación funcione, pero más nos interesa que funcione bien. En este sentido es indudable que la educación seguirá siendo prioridad destacada en la acción de la sociedad y del Estado y por ello resulta trascendental la participación no solo del gobierno federal y estatal, sino de las organizaciones civiles en las acciones, en las inversiones y en los proyectos educativos.

Los Legisladores de Acción Nacional asumimos el compromiso conjunto con el Ejecutivo Federal de elevar la calidad educativa, participando en la aprobación pronta y responsable de un esquema presupuestal que permita alcanzar las metas más anheladas. Además, a través del compromiso social por la calidad de la educación, decidimos establecer las medidas necesarias para mejorar los niveles de inversión a la educación hasta destinar el 8 por ciento del producto interno bruto.

(Aplausos)

¡Así asumimos esta responsabilidad, esperando que también asumamos otras responsabilidades como la energía eléctrica!

Se reconoce que todos los miembros de la sociedad tienen una contribución qué aportar. Considerando que el tiempo, la energía y los fondos de la educación son una inversión vital para el futuro del país.

Por lo tanto, se deben movilizar tanto los recursos humanos, financieros y materiales de las fuentes diversas, públicas, privadas, voluntarias.

En el caso del ciudadano Presidente de la República ha sido muy preciso en afirmar que la educación representa la inversión del capital humano de mayor impacto en el desarrollo social. Y a este respecto ha hecho interesantes planteamientos que muchas veces son utilzados por sus adversarios políticos para confundir a la población.

¡En el caso concreto de su propuesta sobre la proporción del producto interno bruto que debe ser destinada a educación, se refiere al total de inversión en educación, incluyendo al sector privado, sumando a lo que destinen los gobiernos de los estados y los municipios y no solamente al gasto del gobierno federal para este rubro!

(Voces en el salón: ¡"Tiempo"! ¡"Tiempo"!)

¡Tenemos que estar conscientes los Legisladores, en este momento estamos pretendiendo trastocar las delgadas líneas que tienen entre el balance público y el gasto y los ingresos nacionales!

- LA C. PRESIDENTA: Diputado: Su tiempo.

- EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRÓN (PAN): Termino, señora Presidenta.

Para tener éxito en la propuesta tenemos que procurar el fortalecimiento del gobierno federal en cuanto a sus ingresos tributarios como el impuesto sobre la renta, el valor agregado, el de producción y servicios o el de las erogaciones como las importaciones y de otros impuestos.

Para concluir, señalo y reitero que los postulados que señala la doctrina y plataforma legislativa del Partido Acción Nacional se ha establecido que una de las preocupaciones más sencillas y más sensibles es que la educación mexicana actual tenga más y mejor educación.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, Diputado.

¿Diputado: le va a contestar a la diputada Aragón? ¿Diputado Ochoa: Le va a contestar a la diputada Aragón?

- EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRÓN (PAN): ¡Claro!

- LA C. PRESIDENTA: Aceptó la interpelación.

Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón.

- LA DIPUTADA HORTENSIA ARAGON CASTILLO (PRD. Desde su curul): Muchas gracias, Diputado.

Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón.

-DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO (desde la curul): Muchas gracias diputado Ochoa.

Yo quisiera preguntarle: Dado que usted se ha enlistado a favor y que su argumentación ahora sí de fondo ha sido a favor, entiendo que votarán a favor, esa es la pregunta.

Y, segundo, si de la interpretación que usted está haciendo de la aprobación de este presupuesto se desprende que automáticamente todas las propuestas que van en relación al fortalecimiento de la educación, esas ya no se van a discutir. Son dos preguntas, por favor.

-DIP. OSCAR OCHOA PATRON: La última parte me la repite, por favor.

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón.

-DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO (desde la curul): Yo pregunto si con la aprobación del presupuesto para educación, automáticamente usted interpreta que ya no hay ninguna modificación en contenidos, programas y todos los otros temas que no se derivan del presupuesto, si está interpretando que aprobando presupuesto ya no se discute el tema educativo.

-DIP. OSCAR OCHOA PATRON: Así es.

¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es la otra?

-DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO (desde la curul): Bueno, si usted me redujo toda la problemática de la educación al tema financiero, pues qué bueno conocer su opinión. La primera era, dado que usted se ha enlistado a favor y su argumentación ha sido a favor, ¿va a votar a favor?

(Silbidos y bulla)

-DIP. OSCAR OCHOA PATRON: Así es.

-DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO (desde la curul): Gracias.

-DIP. OSCAR OCHOA PATRON: Estoy diciendo que a favor y votamos, algunos diputados vamos a votar por el 8 por ciento que debe destinarse a educación en el país.

(aplausos)

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Tiene la palabra a favor, por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado José Manuel Correa Ceseña.

-DIP. JOSE MANUEL CORREA CESEÑA.- Diputada Presidenta; señoras diputadas; señores diputados: Es un lugar común establecer que este país fue construido por la educación, es un lugar común el señalar que los conceptos fundamentales de nación son construidos por conceptos educativos y estoy hablando por supuesto de las misiones culturales y estoy hablando también de Rafael Ramírez y de tantos grandes maestros que vincularon sociológicamente a la nación. Es por ello, y también debería de ser un lugar común, que debemos de reconocer que el sentido de la educación, la preocupación fundamental de la educación, el sacrificio de la educación y por la educación, es de los maestros de México y no de ninguna facción ni de ningún partido político.

(aplausos)

Los maestros de México, a través de diversas expresiones, pero sobre todo a través de diversos sacrificios de toda índole, incluso en algunas épocas de la vida misma, no solamente han construido los grandes conceptos educativos, sino que también y es incontestable, han construido los grandes conceptos nacionales. Son, pues, los profesores, y no debemos nosotros de ninguna manera dejar de reconocer eso, quienes han construido este país en función de la educación. ¡Los niños de México no son botín político!

(aplausos)

Quiero finalmente hacer una referencia a algo que en el trabajo legislativo es esencial. ...

-PRESIDENTA: Diputada Correa, el diputado Treviño quiere formularle una pregunta.

-DIP. JOSE MANUEL CORREA CESEÑA: Y se la responderé con mucho gusto presidenta, al final de mi intervención.

-PRESIDENTA: Al final de la intervención del diputado Correa, diputado.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA.- Decía que en el trabajo y en la tarea legislativa es esencial no solamente la expresión discursiva, en política como en la vida lo que cuentan son los hechos y antes de los hechos, las acciones.

Por eso me referí enfáticamente a la tarea de los maestros. Pero también en términos legislativos quiero hacer esta referencia, ¿cómo se logra realmente que una ley se convierta en hechos, en hechos que impacten a la sociedad?, eso tiene que ver con los pesos específicos del Congreso

¿Quiénes pueden convertir una concepción, una filosofía en norma legislativa y consecuentemente en un hecho social quienes quieren en el peso y la presencia política para hacerlo, por eso yo estoy cierto, que aquí quienes pensamos que la educación debe de tener todo el apoyo de este Poder Legislativo y consecuentemente en los hechos del Poder Ejecutivo a través de un Mandato Legislativo, pensamos, pensamos que con nuestra fuerza, con nuestra presencia y con nuestro peso somos los que vamos a llevarle todo el apoyo a la educación en México independientemente de partidos políticos, por eso me dio mucho gusto escuchar al Diputado Ochoa.

Quiero hacer una referencia final a algo que me preocupa especialmente. La Universidad Pública y lo voy a decir rápidamente, la Universidad Pública requiere de mayor apoyo, a veces está uno frente a la sospecha de que hay una estrategia para destruir a la Universidad Pública, el Estado Mexicano tiene una obligación histórica con la Universidad Pública, no solamente se lo recordamos sino también le decimos, el deber esencial del Estado es crear y forjar el capital humano.

Y eso solamente se puede lograr mediante educación, educación y educación, por eso todo nuestro apoyo a esta iniciativa. (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Diputado, el Diputado José Carlos Luna también solicita hacer una interpelación.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA. La acepto.

-LA C. PRESIDENTA. Entonces el Diputado Correa Ceseña ha aceptado la interpelación del Diputado Francisco Treviño Cabello, del grupo parlamentario de Acción Nacional y posteriormente la interpelación del Diputado José Carlos Luna del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Tiene la palabra para formular la interpelación desde su curu, el Diputado Treviño Cabello.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO TREVIÑO CABELLO (desde su curul):- Gracias señora Presidenta. Nosotros en Acción Nacional estamos a favor del 8% en Educación, más sin embargo, del Producto Interno Bruto estamos hablando ¿no?, entonces yo quisiera preguntarle a mi compañero Diputado si nos puede definir en qué consiste el Producto Interno Bruto

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CESEÑA: Bueno no fue parte de mi intervención y presumo que mi compañero quiere exhibirme como ignorante en materia económica, es la suma de productos que realiza un país, es la suma de bienes que produce un país (aplausos). Dicho de manera simple por supuesto ¿verdad? Pero el día que quiera debatimos más ampliamente al respecto.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. El Diputado José Carlos Luna del grupo parlamentario de Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO JOSE CARLOS LUNA (desde su curul):- Gracias señora Presidenta. Diputado Correa Ceseña , voy a ser muy puntual en mi pregunta y es en relación a su intervención.

Usted menciona que la educación en ningún momento debe de ser acaparada o debe ser en cierta forma manejada por un partido político. Mi pregunta va en el sentido de ¿cómo ha estado actuando y cómo se maneja el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde prácticamente se está concentrando y centrando en un partido político? ¿Cuáles son las situaciones en las que usted al hacer su intervención mencionaba que no podemos permitir que ningún partido político acapare la educación?

Entonces, en ese sentido Diputado Correa sí me gustaría ver hasta dónde usted maneja la situación que se apropie los recursos esa organización sindical.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUE CORREA CESEÑA.- Mire yo le quiero decir dos cosas con el mismo comedimiento que usted se dirige a mí.

En primer lugar mi reconocimiento a los maestros por su labor patriótica en vista del bien de la nación. Ellos, por los años treinta finales decidieron aglutinarse en un sindicato para defender justamente sus derechos y sus conquistas gremiales. Mis respetos para los maestros y para su sindicato, muchas gracias. (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. En consecuencia le ruego a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido el proyecto de dictamen en lo general.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo o párrafos para discutirlo en lo particular.

El diputado Moisés Alcalde.

- EL C. DIP. MOISES ALCALDE VIRGEN: (desde su curul) Sí, solicito a la Presidencia la reserva del párrafo primero del artículo 25 del proyecto de decreto de conformidad con el acuerdo parlamentario.

LA C. PRESIDENTA: Párrafo 1º del artículo 25 y el diputado Julio Castellanos.

- EL C. DIP. JULIO CASTELLANOS RAMIREZ: (desde su curul) Sí, Presidenta. En los mismos términos me reservo el artículo 2º transitorio.

Se han reservado el párrafo primero del artículo 25 y el artículo 2º transitorio.
Le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los párrafos no impugnados y los artículos no impugnados.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos y párrafos no impugnados.

( V O T A C I O N )

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se emitieron …(interrupción)…

LA C. PRESIDENTA: Allá, Secretario.

- EL MISMO C. SECRETARIO: No recibimos reporte diputada Presidente, ¿quiere usted que voten de viva voz?.

LA C. PRESIDENTA: La Presidenta respalda la decisión del Secretario, diputado.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se emitieron 410 votos en pro; 9 en contra; 9 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos y párrafos no impugnados, por 410 votos.

Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular, el párrafo primero del artículo 25 y el segundo transitorio.

Se han registrado para la discusión en contra y para presentar la objeción al párrafo primero del artículo 25, el diputado Moisés Alcalde y para defender el dictamen, el diputado Eduardo Andrade y para presentar la propuesta de segundo transitorio, el diputado Julio Castellanos y en pro el diputado Ramón León.

Diputado Rivera.

- EL C. DIP. EDUARDO RIVERA PEREZ: Gracias diputada Presidenta, tengo entendido que en cada una de las reservas de los correspondientes artículos podía haber dos oradores y solicito se inscriba mi intervención en la reserva del artículo número 25.

- LA C. PRESIDENTA: En el primer párrafo del 25 se inscriben entonces Moisés Alcalde Virgen y Eduardo Rivera. El diputado Eduardo Andrade y el diputado Efrén Leyva en pro y en el segundo transitorio, en contra el diputado Julio Castellanos y en pro el diputado Ramón León.

Para ilustrar a la Asamblea… ¿Sí, diputado Batres?… Sonido en la curul del diputado Batres.

EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA: Solo le pedimos que siendo más oradores, de los que estaban previsto originalmente para la discusión de la primera reserva se anote en contra al diputado del PRD, Miguel Bortolini.

LA C. PRESIDENTA: Y con eso equilibro el número de oradores dos; lo considero así diputado.

Para ilustrar a la asamblea esta Presidencia informa, que lo que se va a discutir es si se admite o no, la proposición de modificación presentada y la argumentación que hagan los señores legisladores, será vinculada con la admisión o no de la modificación presentada. Me ha solicitado la palabra el diputado Miguel Barbosa, desde su curul.

EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: ( desde su curul) Si Presidenta, solo para dejar constancia en el Diario de los Debates y es en relación a esta reserva que hace el diputado Moisés Alcalde, quien votó a favor en lo general el dictamen, cuando la materia de esta discusión, de este dictamen se refiere solo al artículo 25; este artículo 25 que está siendo en este proceso de modificación, sólo una parte de su primer párrafo. La pregunta o la constancia que queremos dejar es que se reserva el único párrafo, el primer párrafo del artículo 25 donde se contiene la modificación.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano diputado. Ha quedado registrado.

Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación el diputado Moisés Alcalde Virgen, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIP. MOISÉS ALCALDE VIRGEN:

-EL C. DIPUTADO MOISES ALCALDE VIRGEN: Compañeros, compañeras legisladores. Me he reservado el párrafo primero del Artículo 25 para buscar y proponer, que éste sea un párrafo más incluyente. En el dictamen que acabamos de escuchar, se citaron los marcos de acciones regionales de la Conferencia de la UNESCO en Dakar, es claro que tales documentos de la UNESCO recogen la interpretación de que el compromiso educativo debe ir acompañado, debe incorporar el esfuerzo de la sociedad civil, ya que a la letra estos documentos de Dakar dicen: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la educación de todos a nivel de gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y –subrayo- de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio, con miras a que contribuyan a la educación para todos y a que participen de ella.

En esencia, compañeras y compañeros legisladores, lo que queremos es que el compromiso legislativo que hoy aquí estamos asumiendo, recoja y cumpla con precisión la recomendación e la UNESCO, que implica si el 8% del producto interno bruto, el cual debe considerar no sólo el esfuerzo del Estado sino también de la sociedad civil.

Si bien, es cierto, compañeras y compañeros legisladores…

-LA C. PRESIDENTA: Diputado, la diputada Hortensia Aragón desea formularle una pregunta.

-EL C. DIPUTADO MOISES ALCALDE VIRGEN: No, no la acepto. Gracias.

Si bien es costumbre reportar el gasto educativo, es costumbre en México reportar el gasto educativo como proporción del PIB, es costumbre internacional y de los países miembros de la OPDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual somos miembros, relacionar la proporción del gasto en educación con relación al gasto del gobierno.

En ese sentido, el gasto para el gobierno mexicano, asciende al 20%, mientras que en promedio los países de la OPDE, suman el 12.5. Esto, compañeras y compañeros, nos debe llevar a reflexionar claramente en la inclusión dentro de este artículo, de esa participación de la sociedad civil. Si, el PIB es la suma de bienes, servicios de todos los sectores públicos, privados y sociales, en ese sentido es necesario incluirlos.

Más aun, compañeras y compañeros legisladores, más aun, tanto en la plataforma política 2000-2006 del PAN, del PRI, del PRD, reconociendo la importancia no sólo del tema educativo, sino buscando los tres partidos políticos mayoritarios en esta nación, reconociendo y buscando que generar una sinergia para mejorar la educación, han planteado en esas plataformas políticas, la participación de la sociedad civil para fortalecer esta lucha de todos los mexicanos.

Es entonces, compañeras y compañeros legisladores, la educación la variable estratégica, que nos va a llevar a nosotros, a los mexicanos,como nación, como país a salir adelante.

Sin duda alguna es una tarea seria y difícil, por eso me parece que en este Congreso, en esta Casa del Pueblo Mexicano, nosotros, legisladores, debiéramos tener la visión de Estado y no la ligereza y la bajeza de miras, de no incluir a la sociedad civil, a que se suma a este esfuerzo en el que estamos participando, y que no solamente en Estado sino otros organismos puedan participar de ella; promover la enorme tarea de aportar, defender y dar calidad a la educación en México es tarea de todos, de todos los mexicanos y por supuesto de este Congreso.

Compañeras y compañeros legisladores, en este sentido, la reforma propuesta o el texto que se solicita, es incluir en términos de "la sociedad civil", la participación de esta, en el primer párrafo del artículo 25, el cual dejo suscrito como viene en la Gaceta Parlamentaria, página 22 que está impresa y les agradezco sus atenciones.

Buenas tardes.

LA C. PRESIDENTA.- ¿No me hace favor de leerlo, diputado?

EL C. DIPUTADO MOISÉS ALCALDE VIRGEN.- Con mucho gusto, diputada Presidenta.

"El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos; el monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios y la sociedad civil destinen al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país, destinando en este monto al menos el 1% del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA.- Se ofrece el uso de la palabra al diputado Eduardo Andrade Sánchez.

EL C. DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ.- Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Vengo a argumentar en contra de la propuesta que se ha venido a presentar aquí y que desde todo punto de vista debe desecharse, primero porque la congruencia es una virtud política cardinal.

En el caso del partido al que pertenezco, hemos propuesto en nuestros documentos básicos, el llegar al 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación y al participar en este proceso legislativo, que eso es sumándose propuestas, sumándose participaciones de diferentes sectores, de diferentes corrientes, se va conformando una voluntad política legislativa. En esa formación de la voluntad política legislativa, somos congruentes sosteniendo nuestra plataforma; en cambio, me apena, porque conozco bien a muchos integrantes del Partido Acción Nacional y sé del esfuerzo de congruencia que han hecho a lo largo de muchos años; hoy, desgraciadamente no lo honran. Durante la campaña, su candidato ofreció llevar el 8% del Producto Interno Bruto como meta para la educación y hoy no lo pueden sostener aquí en esta Cámara de frente a la representación nacional y de frente al pueblo. No me extraña, porque ha sido más o menos la tónica permanente del actual gobierno, la falta de cumplimiento de sus propuestas.

Se vinieron aquí a dar muchos números: que si la proporción tal del Producto Interno Bruto, que si tal renglón del presupuesto. Yo quisiera saber ¿por qué no le dieron todos esos números al candidato Fox, para que no hiciera propuestas demagógicas?, ¿por qué no en su tiempo hicieron notar que no estaban de acuerdo con lo que su candidato estaba sosteniendo? Si de verdad están a favor demuéstrenlo, demuéstrenlo hoy, no posponiéndolo para las calendas griegas.

Veamos un argumento que se ha planteado aquí que es a todas luces insostenible. Se ha dicho que podía haber una situación de inconstitucionalidad y que podríamos estar atentando contra las facultades de esta Cámara en materia presupuestal.

Si ustedes revisan minuciosamente el artículo 73 de nuestra Constitución que otorga al Congreso las facultades legislativas en diferentes rubros, podrán verificar que en el único caso en que la Constitución expresamente, refiriéndose a una función del Estado, señala la obligación que las leyes determinen las aportaciones económicas correspondientes, es en la educación.

Estamos en todo caso cumpliendo una obligación que nos establece nuestra Constitución. Que no se diga que estamos abriendo la puerta que otros sectores, quizá con aspiraciones legítimas como en la salud, el campo, la infraestructura, en fin, se nos pueden ocurrir muchos sectores donde hay necesidades del país y respecto de los cuales podemos legislar.

En ningún otro asunto ordena la Constitución que se establezcan esas aportaciones. En consecuencia, lo que hace la ley, y la Constitución lo dice muy claro porque es la ley producto de la voluntad de ambas Cámaras del Congreso, de llegar a aprobarse el texto como sostengo que debe aprobarse en el artículo 25, tal cual aparece en el dictamen, estaremos cumpliendo esa obligación constitucional ambas Cámaras del Congreso y ello no constituye ningún desdoro para las atribuciones que en su momento ejerza esta Cámara cuando apruebe el decreto del Presupuesto de Egresos.

-PRESIDENTA: Diputado Andrade, el diputado López Brito, quiere formularle un cuestionamiento ¿lo acepta usted?

-DIP. EDUARDO ANDRADE: Claro que sí presidenta, como no.

-PRESIDENTA: Diputado López Brito, formule su interpelación.

-DIP. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO (desde la curul) Sí compañero diputado. Está hablando de congruencias. Yo le pregunto si es congruente la actitud de su partido, porque desde 1979 la UNESCO propone el 8% del Producto Interno Bruto para educación.

Yo le pregunto: ¿En 20 años es congruente la actitud de su partido de no aprobarlo y hasta ahorita sí tiene urgencia en aprobarla?

-DIP. EDUARDO ANDRADE SANCHEZ: Compañero diputado: Usted y yo hemos sido electos diputados a la LVIII Legislatura. La plataforma, ambos hemos sido electos. Por eso necesitamos mejor educación, porque hay que escucharnos educadamente.

Nuestras plataformas electorales y los votantes, con el propósito de emitir su voto en el año 2002 y darnos el lugar que ahora tenemos en su representación, votaron más que por nosotros, por usted o por mí, votaron por un programa y por una plataforma. Mi partido es congruente con esa plataforma y ustedes desgraciadamente no pueden decir lo mismo.

Ahora bien, constitucionalmente, vayamos a la Constitución, es obligación del Estado el otorgar la educación que es gratuita. La educación primaria y secundaria son obligatorias y la educación que imparta el Estado será gratuita, con cargo al erario público. Se entiende que hay un financiamiento público que tenemos que cubrir para hacer frente a este servicio público.

Pero la propuesta que ustedes hacen, esa sí es una propuesta inconstitucional. Cómo va a decir un artículo de una ley, que obliguemos a la sociedad civil a algo. Eso es absolutamente inconstitucional.

No se en qué sentido estén usando la expresión sociedad civil que es ajena a nuestra lexicología constitucional. No se si lo usan en un sentido grangiano; si debo entenderlo sociedad civil frente a sociedad política; si en el sentido que contrapone a la sociedad civil con el ámbito militar o a la que opone a la sociedad civil con el ámbito clerical. No se si sociedad civil lo pongan como un sinónimo de ese concepto desde el punto de vista jurídico  de derecho civil; lo que sí sé, es que cualquiera que fuera la acepción en que lo tomen, una ley del Congreso no puede decir que el monto anual –fíjense bien-, el monto anual que el Estado y la sociedad civil destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8%, imperativo, imposible de aplicar cuando la Constitución dice que los particulares "podrán", "podrán impartir", potestativo. Es imposible y me extraña que en un partido contrario a la estatización de los asuntos, vengan a proponernos que el Estado actúe obligando a los particulares que inviertan en un sector en el que pueden participar potestativamente, valga la redundancia.

Nos vienen a hablar de la OCDE. Por favor, los países de la OCDE, buena parte de ellos, son países desarrollados cuyas poblaciones mantienen una estabilidad demográfica, que han alcanzado muy altos niveles de educación, no sólo elemental, sino superior, cuya curva de inversión en la educación va descendiendo por esos motivos. Si de veras queremos que nuestro país llegue a los niveles de desarrollo de otros países de la OCDE, estamos obligados, hoy, no después, a aprobar esta reforma que es en beneficio de la nación y del más importante elemento del futuro de la nación, que es la educación.

La proporción del PIB no implica una participación de todos los sectores, sino del Estado para cumplir su obligación constitucional, salvo que se oculte en su proyecto el intento privatizador que saca al Estado de esta obligación.

Y no ando tan desencaminado cuando en su voto particular dicen: "estamos a favor de cualquier medida que busque mejorar el sistema educativo; estamos a favor siempre y cuando vaya acompañada de una planeación estratégica, siempre y cuando actuemos con sensatez, siempre y cuando haya ingresos suficientes, pero...", son "peros" lo que ustedes están poniendo para no afrontar la responsabilidad de fortalecer la educación pública del país.

No asignarle recursos, no asignarle recursos a un proyecto que ustedes mismos dicen estar a favor y que constituye una prioridad nacional, eso sí es demagogia; ofrecer algo para después no cumplirlo, pretextando que no hay los ingresos suficientes, eso es demagogia. Díganle al titular del Ejecutivo que así como lo ofreció y así como es su responsabilidad presentar los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, se ingenie para que sin violentar la economía popular, obtenga los recursos que hagan posible lograr esta meta para 2006, cumpliendo la palabra que ofreció a los votantes. Esa es la tarea que tenemos por delante todos, el momento de la aprobación sin subterfugios es justamente...

-LA PRESIDENTA: Señor diputado Andrade, por favor.

-EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Sí señora Presidenta.

-LA PRESIDENTA. Gracias diputado. El diputado Treviño Cabello quiere formularle una pregunta.

-EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Sí, cómo no, claro que sí.

-LA PRESIDENTA: Sí la acepta el diputado Andrade. Desde su curul, diputado Treviño.

-EL DIP. FRANCISCO LUIS TREVIÑO CABELLO: (Desde su curul) Gracias, señora Presidenta.

Yo le quisiera preguntar al orador qué otros programas, si estamos viendo de que va a haber un mayor egreso en el presupuesto, qué programa sacrificarías para poderle dar más presupuesto a la educación, que todos lo queremos, qué programa sacrificarías.

-EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Me parece una excelente pregunta que debe ser contestada por el señor Presidente Fox, compañero diputado, que es el que hace el Proyecto de Ingresos y el que se comprometió a llevar este proyecto adelante.

En consecuencia, compañeros diputados, creo que son los argumentos que sustentan plenamente el desechamiento de la propuesta que se nos ha hecho. Muchas gracias.

-LA PRESIDENTA: Gracias diputado Andrade.

Tiene la palabra en pro...

Sí diputada Nelly.

LA DIPUTADA NELLY CAMPOS QUIROZ: Señora Presidenta, deseo, respetuosamente, pudiera dársele lectura al artículo 207 del Reglamento para el Gobierno Interior, que ha sido violado sistemáticamente en esta sesión y asimismo se dé lectura al artículo 209 del mismo ordenamiento, por favor.

- LA C. PRESIDENTA: Con todo gusto.

 Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 207 y al artículo 209.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Reglamento para el Gobierno Interior.

Artículo 207. "Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas y guardarán respeto, silencio y compostura, y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración".

Artículo 209. "Los que perturben de cualquier modo el orden serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuere grave o importante delito el Presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, Diputado.

Esta Presidencia, Diputada, obsequió con mucho gusto su solicitud y es criterio de esta Presidencia que si bien ha habido expresiones de aplauso no ha habido ofensas para los oradores. Sin embargo, les ruego a los representantes de las galerías que contengan sus expresiones de júbilo cuando consideren que los legisladores coinciden con su criterio. Y también, Diputada, le garantizo que ninguno de los asistentes está armado.

(Aplausos)

Le ruego al diputado Eduardo Rivera pueda hacer uso de la palabra en pro de la modificación propuesta.

- EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PÉREZ (PAN): Gracias, diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros Legisladores;

Distinguido público que nos acompaña;

Medios de Comunicación:

Quiero señalar, antes que nada, que el grupo parlamentario del PAN ha demostrado, con hechos y con votos, que compartimos este proyecto a favor de la educación. Estamos a favor de incrementar un gasto en la educación con responsabilidad. Estamos a favor de que se incremente la calidad y la buena gestión en materia educativa. Y nos hemos reservado este artículo, en los términos ya presentados por mi compañero diputado del PAN, porque consideramos que puede ser perfectible el decreto que está en este momento a discusión.

Por lo tanto, pido su atención sincera a mis compañeras y compañeros Legisladores, para que puedan escuchar los argumentos, con documentos en mano, que abonan a favor del argumento que nosotros ya presentamos en esta reserva.

Voy a ilustrar al pleno de esta asamblea, como bien mencionaba, con documentos hasta de otros partidos políticos y con instituciones de reconocido prestigio internacional que favorecen, a favor de la reserva de este artículo de, de incluir la importancia del trabajo en la educación por parte de la sociedad civil.

Expondré en primer momento y pido la Presidencia instruya a la Secretaría para que dé lectura a una consulta que a través de mi conducto el grupo parlamentario del PAN hizo a la oficina de la UNESCO, por aquellos que mencionaban que el producto interno bruto solamente es obligación del Estado asignarlo. Quiero poner a consideración y pido a la Secretaría dé cuenta de este oficio y de la propia respuesta.

- LA C. PRESIDENTA: Dé lectura, señor Secretario, del documento que le indica el diputado ponente.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Del oficio dirigido a la Doctora Ana Luisa Machado Piñeyr, Palacio Legislativo, 21 de noviembre de 2002. UNESCO, Chile. Directora General de Educación.

"Muy estimada Doctora Machado:

"Reciba por este medio un atento saludo. La presente es con objeto de consultarle sobre las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto que deberán destinar los países a la educación, además si este porcentaje considera tanto las contribuciones del sector público como del sector privado.

"Sin más, le reitero mis respetos, quedando a sus órdenes. Atentamente. Dip. Eduardo Rivera Pérez".

Documento de respuesta:

"Estimado diputado Eduardo Rivera Pérez: No existe una cifra única de la proporción del Producto Interno Bruto tanto público como privado, que se sugiere destinen a educación los países, depende de las condiciones del país en los siguientes aspectos:

"Numeral tres: La política económica y social del país. La participación del sector público y privado en el financiamiento de la educación, depende de los roles que se asignan a ambos sectores en el desarrollo de la educación. De todas maneras, cuando se habla de la proporción del Producto Interno Bruto, se considera a ambos.

"En síntesis, para facilitar la cobertura universal y la calidad de la educación, la cifra deseable en países de menor desarrollo relativo y con población joven, se sugiere sea superior a la del promedio de la de los países desarrollados y con población envejecida, que es alrededor del 5 por ciento en países de la OCDE.

"Espero que esto contribuya a la discusión. Atentos saludos. Ana Luisa Machado, Directora Regional de Educación de la UNESCO. Rúbrica".

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias.

-DIP. EDUARDO RIVERA PEREZ: Compañeros diputados y diputadas, documento de una institución respetable como la UNESCO, en donde dice claramente que cuando se habla de la proporción del gasto en educación al Producto Interno Bruto, se considera la participación del sector público y la participación del sector social.

Compañeras y compañeros diputados: También se hablaba de congruencia y de que aquellas promesas de campaña, aquellas propuestas que están registradas oficialmente ante el Instituto Federal Electoral, tienen que hacerse realidad. Por eso, ante posibles argumentos de privatización quiero dejar claro que el compromiso del Grupo Parlamentario del PAN, es por una educación pública, laica y gratuita, en donde el Estado pueda tener una participación responsable, pero en donde no podamos dejar la participación del sector social.

Y pido a la Secretaría dé cuenta de la plataforma política de Alianza por México, en la página 12, cuando se refiere a la importancia del gasto en ciencia y tecnología, como también se está discutiendo en este artículo y donde hace de alguna manera imperativo la necesidad de la participación social.

-PRESIDENTA: Por favor señor Secretario, atienda la solicitud del orador.

-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Documento "Plataforma Electoral Federal. Alianza por México 2000-2006.

"Página 12 numeral 4.- Ciencia y tecnología para el desarrollo. La ampliación del desarrollo de las capacidades científico tecnológicas que garanticen el crecimiento sostenido y equitativo, debe realizarse bajo la planeación y la coordinación del Estado, que incluya el diseño de políticas adecuadas al modelo de nación que deseamos, incrementando el presupuesto destinado al financiamiento de la investigación científica y tecnológica, proponiendo iniciativas de ley para tal fin, que además busquen la vinculación entre ciencia, tecnología, comunidad científico-universitaria e iniciativa privada nacional".

(aplausos)

-DIP. EDUARDO RIVERA PEREZ: La Plataforma de Alianza por México, insisto, incrementando el financiamiento, proponiendo iniciativas de ley que busquen la vinculación y la participación de la iniciativa privada nacional.

Y por aquellos que exigen congruencia y que me antecedieron en la palabra, aquí está también la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional.

Y también vamos a dar cuenta en donde insisto, lo que de alguna manera se presenta en esta plataforma, nosotros lo compartimos. Invitamos a esa congruencia, nosotros compartimos en materia educativa lo que se circunscribe a la necesidad de la participación social. Así como compartimos que es importante que se incremente el gasto educativo en nuestro país, nosotros les pedimos a ustedes, señoras y compañeros legisladores, a que también se sumen a las propias plataformas políticas que fueron registradas oficialmente ante el Instituto Federal Electoral y que tengo entendido ustedes también están obligadas a cumplirlas.

Pido a la Secretaría dé cuenta de lo que dice la plataforma del Partido Revolucionario Institucional registrada en el pasado proceso electoral.

-LA C. PRESIDENTA. Señor Secretario, por favor .

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. De un documento "Comité Directivo Estatal, Data Forma Electoral Federal 2000 2006, que el Poder sirva a la gente, 2 de Enero del 2002, página 127. Párrafo Tercero.- Una educación con mayores y crecientes recursos que mediante nuevos esquemas de cooperación entre los sectores público, privado y social, permitan fortalecer al Sistema Educativo, su infraestructura, la divulgación del conocimiento, la creación cultural y la investigación científica y tecnológica. (aplausos

-EL C. DIPUTADO RIVERA PEREZ EDUARDO:- Gracias.

-LA C. PRESIDENTA. Diputado Rivera acepta una pregunta del Diputado Enrique Meléndez?

-EL C. DIPUTADO RIVERA PEREZ EDUARDO.- No acepto la pregunta, que suba a tribuna a poner sus argumentos.

-LA C. PESIDENTA. No acepta la pregunta Diputado. Continúe Diputado.

-EL C. DIPUTADO RIVERA PEREZ EDUARDO. Gracias Diputada Presidente. Vuelvo a insistir, vengo a nombre del grupo parlamentario del PAN a poner a su consideración no nuestros dichos ni mis palabras, vengo a poner a su consideración, sustentado en una ética parlamentaria y en una responsabilidad política, a que atiendan sus propios compromisos de campaña. (aplausos)

De manera respetuosa se los pedimos, creo que este proyecto bien vale la pena que lo votemos por unanimidad, la propuesta es racional, es legal y es viable porque los diferentes documentos y las diferentes instituciones signan la importancia del compromiso de la participación social.

Por eso termino señalando que es importante reiterar la necesidad de buscar la participación de todos los sectores de la sociedad en todo el proceso educativo, a fin de mejorar su planeación, su seguimiento, estándares de calidad, evaluación y por lo tanto, la participación de la sociedad civil en todo este proceso y en el financiamiento no puede estar ajena, es un compromiso del PAN, es un compromiso del PRI , es un compromiso del PRD, por eso nosotros consideramos que no podemos dejar fuera a la sociedad civil, solicitamos su congruencia y lealtad a su plataforma, solicitamos su congruencia y lealtad a las instituciones calificadas para ello como es la UNESCO y solicitamos su congruencia a los documentos que han sido expuestos en este debate.

Amigos y amigas Legisladores, la tarea de forjar, de labrar un sistema educativo integral, mejor y de mayor calidad para todos, no es tarea de unos cuantos, no es tarea sólo del Estado, no es sólo tarea de un Gobierno o de un partido político, esto es tarea inexcusable, es tarea política que reclama la presencia de todos buen mexicano, de toda buena agrupación y de la sociedad civil porque nosotros, al igual que ustedes, queremos forjar la patria que todos anhelamos. Es cuanto Diputada Presidenta. (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA:: Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Efrén Leyva a favor del Dictamen.

Diputado Leyva, ¿está usted de acuerdo que suba en primer término el Diputado Bortolini e inmediatamente después usted? El diputado Leyva le cede su lugar en el orden e inmediatamente después irá él. Diputado Bortolini.

EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados.

Es indudable que este debate se le debía a la Nación hace muchos, muchísimos años y es muy bueno que se dé de cara a la Nación y qué bueno que los medios de comunicación lo están transmitiendo y den cuenta de quienes quieren cargarle más impuestos indirectos a los padres de familia con un eufemismo: sociedad civil.

El día de ayer el presidente Fox hizo declaraciones, lo leemos textualmente. El, en sus declaraciones que hizo dice a la prensa: "…con participación de los tres órdenes de Gobierno, la iniciativa privada y los padres de familia vamos a llegar al 8%". Aquí estamos hablando de la obligación del Estado; estamos hablando del dinero público y no estamos hablando del dinero y de los ingresos de por sí raquíticos de los padres de familia.

Quien me antecedió, viene a decirnos que la iniciativa privada debe aportar; nosotros decimos sí, los padres de familia sí pero después del 8% que el Presidente –entonces candidato prometió- (aplausos). ¿Por qué entonces, nosotros preguntamos, por qué entonces no se dirigieron a la UNESCO, por qué lo sacan hasta ahora?

Esa es la pregunta y la tienen que contestar ustedes. Hoy, discúlpenme están en un brete: ¿cómo sacar y cómo lavar la imagen de un presidente de ocurrencias como candidato y más ahora como Presidente de la República?

Esto es una cosa que ustedes deben tratar de sacar. Nosotros por nuestro lado les queremos recordar lo que el Presidente en su calidad de candidato el día 25 de mayo en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad hizo y que fue como promesa: "Haremos –dijo esa tarde-… haremos una revolución educativa, creceremos el Presupuesto del 5 al 8% del PIB…" y PIB significa dinero público, dinero del Estado y no de los padres de familia en este sentido… (desorden en el salón).

Aquí, aquí compañeros les duele pero tenemos un Presidente que faltó a la verdad y ustedes no saben cómo lavar sus culpas. Tal pareciera, tal pareciera en estos momentos que la derecha y quizá la ultraderecha quiere hacer recaer el compromiso del Estado sobre los padres de familia. Aquí nosotros recordamos cuando se aprobó la iniciativa para que se crea la obligatoriedad de los jardines de niños en sus tres años, ya me los imagino se estaban frotando las manos para poder crear escuelas privadas y ahora lo que se requiere es dinero público para estos jardines de niños.

Nosotros decimos sí, sí al 8%, pero la iniciativa privada y los padres de familia, repetimos debe ser como un complemento después de que el Estado destine el 8% del Producto Interno Bruto, para educación no vayamos a sustituir, no es cuestión de sustituir la obligación del estado por los raquíticos ingresos de los padres de familia. No nunca más eso.

Nosotros estamos muy de acuerdo en que la iniciativa privada dé dinero, aporte a la educación, obtiene buenos profesionistas de las universidades públicas, entonces que lo destine después del 8%, del Producto Interno Bruto; por un lado lo que nosotros estamos planteando muy claramente es, con el apoyo de todas las fracciones del PRI, del PAN de Convergencia y de la Sociedad Nacionalista, que se apruebe el 8% del Producto Interno Bruto y que se rechace esta argucia, una contradicción del PAN, porque si bien es cierto que en lo general están de acuerdo, después se presentan aquí a rebatir todo el artículo porque es un solo artículo y presentan una modificación a ese artículo que ustedes en lo general aprobaron.

Lo que nosotros les pedimos es, congruencia, congruencia política y vean de qué manera le lavan la cara a su Presidente, que los tiene metidos a ustedes, repito en un brete del cual no pueden salir y que bueno que la nación se está dando cuenta, los padres de familia, la iniciativa privada, que ustedes pretenden que los padres de familia carguen con más impuestos indirectos para la educación de sus hijos, ustedes y el Presidente le han mentido a la nación, en el 2006 les van dar la espalda, así como se la dieron al partido que estaba en el poder. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra el Diputado Efrén Leyva. A favor del contenido del dictamen.

EL C. DIPUTADO EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Con su permiso compañera Presidenta.

Para iniciar esta intervención, yo quisiera solicitar a la Presidencia permitiera al señor Secretario, pudiera dar lectura a la página 57 de este documento que condensa la plataforma educativa que presentaron quienes fueron candidatos a la Presidencia de la República en el año 2000 y quisiera que diera lectura a la página 57 y 76, donde consigna cuáles fueron las palabras de quien ahora es el Presidente de la República y que en ese entonces candidato se acomodaba al auditorio en el que estaba.

Quisiera pedirle Presidenta si permite que dé lectura a este documento.

LA C. PRESIDENTA: Ciudadano Secretario, dé lectura al documento que indica el diputado ponente.

EL C. SECRETARIO: De un texto plataforma educativa 2000-2006. Los candidatos a la Presidencia de la República ante el Magisterio y se detallan cada uno de los candidatos de los diferentes partidos.

"Página 57 Cuarto párrafo.- México no esta preparado para enfrentar el nuevo milenio y ese no puede ser nuestro destino. México debe y puede aspirar a un mejor futuro en materia educativa, para ello para caminar a gran velocidad al escenario deseable los invito a repensar el proyecto educativo nacional.

Primero.- Deberemos incrementar el presupuesto para la educación pública, laica y gratuita de calidad, pasar del 5% del producto interno bruto a por lo menos el 8% en los próximos seis años, a fin de hacer una gran cruzada por la infraestructura educativa de calidad, que pueda generar educandos de calidad."

Pág. 76 segundo párrafo: "Hablamos de duplicar el presupuesto en términos reales al paso de los próximos seis años, porque precisamente vamos a aumentar de manera constante, año a año, la participación del presupuesto en el producto interno bruto, que nos lleva de 5 a 8, pero además vamos a hacer crecer la economía, como también ya lo hemos planteado y que es indispensable para nuestro país. Así que va a ser mayor el tamaño del pastel fiscal por una reforma fiscal, y va a ser mayor por el crecimiento de la economía, pero además la rebanada que va al proyecto de educación, va a ser más grande cada año, de acuerdo con este compromiso, de pasar del 5 al 8%."

Seguramente los compañeros diputados de Acción Nacional que me han antecedido, no conocen cuál es la plataforma que en Educación presentó quien ahora es su presidente y que fue candidato de su partido en el año 2000. Aquí voy a dejar el libro a disposición, para que quien desee consultarlo, puedan abrevar de él para tener mayor conocimiento en el tema que estamos discutiendo.

Quiero dejar muy claro, compañeros, diputados, diputadas, de que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, ha sido congruente en lo que dice con lo que hace, y qué decir… Yo rogaría, señora presidenta, que me permitieran continuar.

-LA C. PRESIDENTA: Diputados hemos logrado en medio de una sesión que tiene un debate muy interesante guardar en términos generales el respeto a los oradores, yo les ruego que continuemos con esa actitud.

-EL C. DIPUTADO EFREN LEYVA ACEVEDO: Sin duda existe mucho talento por parte de los señores legisladores de Acción Nacional, y los invitaría a que debatiéramos aquí en la tribuna y pudiéramos incrementar al 8%, para que esa cultura la abreven de la educación, a la que le queremos poner el 8% al producto interno bruto.

Hemos afirmado de que no estamos de acuerdo, y lo confirmamos nuevamente aquí, de que no estamos en contra de ninguna manera, jamás estaríamos en contra en la participación de la sociedad en elementos tan importantes del desarrollo, pero también hemos afirmado de que no estamos nosotros facultados, como Congreso ni el Ejecutivo lo está tampoco, para poder obligar a que la iniciativa privada, la sociedad vaya a poner determinada cantidad de dinero hacia el desarrollo educativo.

La educación pública le corresponde al gobierno mexicano, la educación pública le corresponde a este Congreso determinar sus montos en el presupuesto, y aquí lo dice, cuando hace su propuesta Vicente Fox, ".. de que habrán de revisar el presupuesto", no habla de ninguna manera de que habrán de revisar a la sociedad civil, a las sociedades anónimas o a la sociedad en su conjunto, para poder ver cuánto le van a depositar y que puedan lograr los incrementos que le está proponiendo.

Sin embargo, nosotros reiteramos que la participación de la sociedad, como lo marca la ley, como lo marca la misma Constitución en su Artículo 3º., en el octavo párrafo, habrá de tener participación importante en el desarrollo de consejos, de comunidades, de asociaciones, para poder opinar en el desarrollo de la educación pública, pero de ninguna manera habla de que se habrá de poner a la sociedad a que aporte determinadas cantidades.

No estamos contra la educación privada, porque ella tendrá su propio desarrollo, como lo ha tenido permanentemente.

Por la vía de la educación se benefician todos los sectores, porque es la piedra angular de la conformación e identidad nacional. Por la vía de la educación se benefician a todos los sectores, se beneficia la productividad y la producción, porque la educación capacita.

Se beneficia el sector agropecuario, porque se destinen recursos a la capacitación productiva y a la transparencia tecnológica; se beneficia al Sector Social, al Público y al Privado; se beneficia a la Nación porque ésta es, esto hace que la educación sea la identidad nacional a través de su capacitación.

La educación pública es responsabilidad del Estado, por ello es irrebatible que el 8% del Producto Interno Bruto, que el sector público dedique a la educación. Es un compromiso que sólo quieren eludir quienes tienen una visión dictatorial o de referencia a la educación privada.

Yo le pediría, señora Presidenta, que pudiera dar lectura el señor Secretario al artículo 3º. constitucional en su fracción VIII.

EL C. DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON, (desde su curul).- Señora Presidenta, deseo hacer una pregunta al orador.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Leyva, el diputado Sergio Vaca, quiere formularle una pregunta.

EL C. DIPUTADO EFREN LEYVA ACEVEDO.- Concluyendo mi intervención, con mucho gusto.

LA C. PRESIDENTA.- Concluyendo la intervención.

Le ruego, señor Secretario, que atienda la solicitud del orador.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- De la Constitución Política, artículo 3º. fracción VIII. "...el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios; a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".

EL C. DIPUTADO EFREN LEYVA ACEVEDO.- Esta es la facultad que nos otorga la Constitución para revisar los presupuestos.

Hoy no podemos estar eludiendo un compromiso para estar viendo qué es lo que vamos a distribuir o qué vamos a revisar con la inversión privada, cuando no tenemos facultades de poder determinar.

No rehuyamos al compromiso nacional que tenemos, entrémosle hoy de una vez por todas para que poco a poco, paulatinamente, podamos llegar al 2006, como es propuesta de todos los partidos, a obtener el 8% del Producto Interno Bruto en educación.

Un país sin proyecto educativo es un país que está sentenciado a no progresar, un país sin proyecto educativo es un país que está sentenciado a quedarse hundido en el marasmo como ustedes lo tiene quieren ahora.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.

Diputado Leyva, la pregunta.

Reconsideró, diputado Vaca; no acepta la pregunta.

Le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida...

EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO, (desde su curul).- Señora Presidenta, deseo hacer uso de la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Perdón, diputado?, ¿Perdón, diputado Félix Salgado?

EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO, (desde su curul).- Deseo hacer uso de la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- Desea hacer uso de la palabra, ¿sería para hechos, diputado Félix Salgado?

EL C. DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO, (desde su curul).- Sí, para hechos.

LA C. PRESIDENTA.- Para hechos en términos del artículo 102.

EL C. DIPUTADO FELIX SALGADO MACEDONIO.- Muchas gracias, compañera Presidenta.

La semana pasada, cuando nos visitó el susodicho Rey de España, en la inauguración ahí de las instalaciones de la Academia de la Lengua, el señor Vicente Fox dijo que América se descubrió en 1942, así dijo él, en lugar de 1492, por eso seguramente andan muy acelerados en tiempos ustedes, compañeros del PAN.

Ustedes dicen sí al 8%, pero englobando la inversión de la iniciativa privada y haciendo a un lado la responsabilidad del Estado; es obligación del Estado, es obligación del Gobierno otorgar la educación libre, gratuita, laica. Es obligación del Gobierno.

Ahora bien, está a discusión aquí de que si es o no es con dinero del Producto Interno Bruto.El Producto Interno Bruto es el resultado de toda la producción económica del país.

Pero para más definición de lo que es el Producto Interno Bruto, pero bruto se llama Vicente Fox. Bruto, qué bruto...

-PRESIDENTA: Esta presidencia instruye a la secretaría borre la afirmación del diputado Félix Salgado y le ruega consulte la lexicografía y se apegue al tema de su intervención.

-DIP. FELIX SALGADO MACEDONIO: El gobierno del águila mocha quiere mochar la Constitución, quiere mochar nuestras ideas, quieren mochar la inteligencia. Se equivocan. Miren, esto fue recomendado por la UNESCO desde hace un poco más de 30 años.

Y ahora va para ustedes compañeros del PRI. Desde hace muchos años se ha recomendado que del 8 al 11% del Producto Interno Bruto, se destine a la educación y nunca lo hicieron. Y no lo quisieron hacer porque les convenía en su régimen tener pueblos metidos en la ignorancia, para las despensas, las pacas de lámina.

¿Y cuántos "aviadores" había? ahí hay arriba muchos maestros que no me van a dejar mentir. A lo mejor son trabajadores; a la mejor sí a la mejor no. ¿Cuantos "aviadores"? las listas abultadas de "aviadores". En Guerrero, yo vengo de Guerrero, ahí está la lista de los "aviadores"; cuántos funcionarios públicos cobran en Educación Pública; maestros y diputados y cobran aquí y cobran allá.

Cuándo va a alcanzar el dinero para la educación pública. Nombres. Y luego las voces que se levantaban del magisterio disidente, las acallaban. Y ahí está Misael Núñez Acosta, que fue asesinado por apoyar al magisterio.

Y la señora Elba Esther Gordillo, tiene cuentas pendientes con ese crimen. Y el señor, un tal Jonguitud. Esa gente que ha oprimido a los maestros tiene mucha culpa.

Y bueno, pues lo siento mucho compañeras y compañeros del PRI y del PAN. A veces se confunden pues, siento que es lo mismo a veces, el PRI y el PAN, ya les quiero decir Prian.

Hoy es un buen momento y es un momento histórico. Tenemos que aprobar el texto tal y como está, tal y como lo aprobamos; no hay que cantinflearle. Sï a favor en lo general y en lo particular en contra. Me reservo el artículo 1o. pues están en contra de la aplicación del 8% del Producto Interno Bruto.

Así pues que demos una demostración de congruencia, de que sí queremos la educación para nuestro país. Los pueblos cultos siempre serán pueblos libres. No más opresión. Y adelante la educación y la cultura en nuestro país.

-PRESIDENTA: Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutida la modificación al párrafo primero del artículo 25.

-DIP.SECRETARIO RODOLFO DORADOR: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación al párrafo primero del dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido diputada presidenta:

-PRESIDENTA: En consecuencia, se va a someter a votación si es de admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado Moisés Alcalde Virgen.

Esta presidencia ha recibido solicitud para que el proceso de votación sea nominal, por lo que le ruego a la secretaría se abra el registro de votación  hasta por diez minutos, para ver si es de admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado Moisés Alcalde Virgen.

-EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para verificar si se acepta o no la propuesta de modificación presentada por el diputado Moisés Alcalde Virgen.

-LA PRESIDENTA: El sentido afirmativo es aceptando la propuesta de modificación.

El sentido negativo es rechazando la propuesta de modificación.

-EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 190 votos en pro, 235 en contra y 4 abstenciones.

-LA PRESIDENTA: Desechada la propuesta de modificaciones al párrafo primero del artículo 25 de la Ley de Educación.

Pasamos a la discusión del artículo segundo transitorio.

Para presentar una propuesta de modificación, tiene la palabra el diputado Julio Castellanos Ramírez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

-EL DIP. JULIO CASTELLANOS RAMÍREZ: Gracias diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores:

A principios de los sesentas, un destacado legislador de Acción Nacional, don Adolfo Christielb Ibarrola afirmó en esta tribuna: "Resolver el reto de la educación en México no es solamente proporcionar a todos los mexicanos elementos materiales para que puedan aprender a desempeñar un trabajo, un oficio o una profesión con qué ganarse la vida. Resolver este reto requiere, además, mantener una conciencia de la comunidad nacional que pueda ser adecuadamente fecundada la convivencia y la prosperidad del país".

Más que el 8% del PIB para educación que esta asamblea ha aprobado, el llamado que quiero hacer a mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos políticos, en un ánimo absolutamente conciliatorio, es el precisamente despertar esta conciencia de la comunidad nacional que nos pueda llevar a asegurar la convivencia y la prosperidad en el terreno de la educación.

Si existe un tema que tiene la mayor prioridad e irrenunciable atención por parte de la administración del Presidente Vicente Fox, ese es el referente a la educación.

El gobierno que hoy encabeza Acción Nacional ha velado en todo momento por dotar de la mayor cantidad de recursos posibles al sector educativo, dentro de los límites existentes. Muchos maestros de todo el país y muchos de ellos aquí presentes, son testigos fieles de esta afirmación.

El PAN siempre ha anhelado una educación de calidad para todos los mexicanos.

 Compañeras y compañeros Legisladores:

 Hoy estamos aquí por fijar un monto ambicioso sobre la inversión que habrá de hacerse en la educación, pero no podemos dejar solo asentado un monto presupuestal sin cumplir con lo que nuestra Carta Magna y legislación secundaria mandata para actuar responsablemente como legisladores, haciendo respetar el Estado de derecho, al cual nos debemos y por la representatividad de todas y todos los educandos del país.

Me parece que todos los partidos políticos aquí presentes estamos a favor de asignar mayores recursos a la educación de calidad, pero también debemos de estar a favor de cuidar el equilibrio presupuestal, de contar con los ingresos suficientes que nos permitan erogar en los presupuestos correspondientes del Estado, es decir, de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para cumplir la meta presupuestal de alcanzar en el 2006 el 8 por ciento como proporción del producto interno bruto en educación.

Compañeras y compañeros Legisladores:

La invitación es porque requerimos actuar con responsabilidad sobre la integralidad del gasto público y no descuidar otras áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país.

Esta Cámara de Diputados tiene una altísima responsabilidad que nos obliga a manejar transparente, justa y eficientemente el origen y el destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas.

Por ello, señoras y señores Legisladores, los exhorto a incorporar en el segundo transitorio la propuesta de incrementos graduales en educación y de manera proporcional al incremento de los ingresos. Nuestra propuesta pretende dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales relacionadas a las finanzas públicas y en concreto al artículo 31 fracción IV que obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicos, así como a la fracción VII del artículo 73, cito: <<El Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto>>

Asimismo relevante es observar la fracción IV del artículo 74 que dice: <<Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo>>

Por lo tanto, la propuesta de modificar este segundo transitorio respeta a cabalidad las disposiciones constitucionales que para distribuir los egresos es necesario tener el sustento de los ingresos.

No caigamos en la decisión o en el discurso fácil de asentar montos sin el respaldo correspondiente. Demostremos al pueblo de México nuestra capacidad para tomar decisiones consensadas, responsables y realistas, a fin de mejorar de manera integral todas las áreas del quehacer ciudadano. Que las reformas que este Congreso impulse y apruebe no se conviertan en letra muerta o rompan con el equilibrio presupuestal, que a la postre perjudique a la nación entera.

Compañeras y compañeros Legisladores:

¡Vayamos por la educación y por México!

Muchas gracias, señora Presidenta.

(Aplausos)

- LA C. PRESIDENTA: Diputado Julio Castellanos: ¿En qué consiste la propuesta que plantean?

- EL C. DIPUTADO JULIO CASTELLANOS RAMÍREZ (PAN): Para quedar como sigue:

- LA C. PRESIDENTA: Es segundo transitorio.

- EL C. DIPUTADO JULIO CASTELLANOS RAMÍREZ (PAN):

"Segundo transitorio.- Para dar cumplimento a esta disposición, los presupuestos del Estado contemplarán un incremento gradual anual en proporción con el aumento de los ingresos fiscales del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto que se obtenga a partir del año 2003, tomando como referencia los ingresos del Estado como porcentaje del Producto Interno Bruto del año 2002, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, que establece la presente reforma".

Muchas gracias Presidenta.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Tiene la palabra en contra de la propuesta de modificación, el diputado Ramón León Morales, del Grupo Parlamentario del PRD.

-DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señora Presidenta.

Me parece que hay ocasiones en que en esta Cámara se pretenden poner trampas de carácter legislativo. Por un lado la propuesta a la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, implica solamente una modificación al articulo citado.

Llama mucho la atención que el Partido Acción Nacional haya venido a esta tribuna a plantear que está de acuerdo en lo general y posteriormente se reserve todo el artículo, es decir, el único que está a propuesta, el único, se lo reserve en lo particular, esto en política aquí y en cualquier parte del mundo, se llama simulación.

Asimismo, me llama la atención que aquí se hayan traído muchos documentos, sin recordar por ejemplo que el PAN presionó en la reciente reunión de la UNESCO celebrada en Sao Paulo, para que tanto el Parlatino y la UNESCO bajaran su recomendación del 8 al 6 por ciento del PIB, y fue un compañero del PAN quien anduvo cabildeando esto. ¡Es inadmisible!

Fuimos a discutir el artículo, el artículo 25 que primero lo votan en lo general y luego lo llevan a lo particular y ahora pretenden meternos a una nueva simulación, es decir, a una trampa. Es inadmisible para esta Cámara que caigamos en este tipo de provocaciones, en este tipo de simulación.

Se pretende ahora que reformemos un transitorio, es decir, que llevemos amarrado el presupuesto de educación a un aumento de impuestos, es decir, quieren volver a traer a esta tribuna un tema y un debate que al menos en esta Legislatura tenemos plenamente agotado. ¡No al IVA en alimentos, no al IVA en medicinas! ¡No a cualquier intento de tener más impuestos en esta nación!

¡Sí a que el Ejecutivo, a que el gobierno de Vicente Fox empiece a recaudar más y mejor y a menos costo! No vengan, compañeros del PAN, a meter de trampa debates que nosotros hemos superado.

Se ha dicho ya con anterioridad  que el Partido Acción Nacional no solamente presentó una Iniciativa sino que cabildeó , cabildeó para que se aprobara , para que se hiciera obligatorio pre escolar.

Sumamente interesante que, por un lado, le tienden una trampa a los niños mexicanos para decirles, ahora tendrás que cursar pre escolar para poder ingresar a la primaria porque es obligatorio, qué extraño, qué extraño que en el momento enq que vemos cuestiones presupuestales los señores nos digan: sí, pero que vaya la sociedad civil.

A mí me parece que esto suena así como que, sí, pero que vaya la iniciativa privada y no es que estemos en contra de la inversión de la iniciativa privada en Educación, bienvenida, bienvenida la inversión privada, pero lo que sí tenemos que garantizar es que el Estado Mexicano garantice un piso del 8% del Producto Interno Bruto para dedicarlo a Educación.

Por eso compañeros y compañeras Diputados nos parece inadmisible, inadmisible que a estas alturas del debate pretendan hacernos caer en trampas , pretendan llevarnos a una simulación más.

Y para concluir, nada más, después de todos los argumentos y papeles que aquí se presentaron, yo nada más quiero que si la Presidencia lo permite, la Secretaría dé lectura al Artículo 3º Constitucional en su Apartado 8º y yo con esto concluyo.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Por favor señor Secretario, atienda la solicitud.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. De la Constitución Política. ".Articulo 3º ,Fracción VIII – El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la Educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan."

-LA C. PRESIDENTA. Gracias.

-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES:- Señora Presidenta, compañeras y compañeros Diputados. Yo concluyo planteando nada más lo siguiente, es inadmisible la pretensión del Partido Acción Nacional de amarrar esta importante decisión a mayores impuestos escondidos para la población mexicana. Muchas gracias.

-LAC. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Esta Presidencia no tiene el registro de más oradores, por lo que le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la Propuesta de Modificación al Artículo 2º transitorio.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de Modificación al Artículo 2º Transitorio de este Dictamen.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

-Suficientemente discutido.

-LA C. PRESIDENTA. Hemos recibido solicitud para que la votación se haga de manera nominal, por lo que se instruye a la Secretaría para que se abra el Sistema de Registro Electrónico hasta por diez minutos, en el entendido que el voto a favor es a favor de la Propuesta de Modificación presentada por el Diputado Julio Castellanos y en contra es desechando la propuesta de Modificación.

La votación es para saber si se admite o no a discusión la propuesta. Insisto, la votación es para ver si se admite o se desecha la propuesta.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

ABRASE EL SISTEMA ELECTRONICO HASTA APOR DIEZ MINUTOS PARA PROCEDER A LA VOTACION DE SI SE ACEPTA O NO LA MODIFICACION.

-LA C. PRESIDENTA. Si se acepta a discusión..

-EL MISMO C. SECRETARIO. ..SI SE ACEPTA A DISCUSION O NO LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL DIPUTADO JULIO CASTELLANOS.

( SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO POR 10 MINUTOS)

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 205 votos en pro; 211 en contra, cero abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Desechada la propuesta de modificación planteada por el diputado Julio Castellanos Ramírez. (aplausos)

Vamos a proceder a la votación en un solo acto en los términos del dictamen de los artículos 25 en su totalidad, incluyendo el párrafo primero tal y como venía en el dictamen y el segundo transitorio tal y como venía en el dictamen. Procedemos a la votación de carácter legislativo.

Le ruego a la Secretaría abrir el registro de votación hasta por diez minutos para votar el dictamen en sus términos en cuanto al párrafo primero del artículo 25 y en cuanto al artículo segundo transitorio.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación de los artículos tal y como establece el dictamen.

- LA C. PRESIDENTA: La votación afirmativa es a favor de los términos como están en el dictamen publicado.

( V O T A C I O N )

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se emitieron 235 votos en pro; 81 en contra; 97 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobados el párrafo primero del artículo 25 y el artículo segundo transitorio del dictamen que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 25 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (aplausos)

Esta Presidencia ha recibido comunicación de la diputada, licenciada Silvia Romero Suárez, con fecha 26 de noviembre de 2002 solicitando licencias.

---- Túrnese a la Mesa Directiva para su trámite correspondiente.

En virtud de que ha concluido el horario previsto para el desarrollo de la sesión, le ruego a la Secretaría dar lectura del orden del día de la próxima sesión.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Orden del día de la próxima sesión.

( lectura del orden del día de la próxima sesión )

 - LA C. PRESIDENTA: Se levanta la sesión (18.33 horas) y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 28 de noviembre a las diez horas.