SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
31 DE OCTUBRE DE 2002
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 267 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
LA C. PRESIDENTA: (10:55 horas) Se abre la sesión.
Proceda la secretaría a dar lectura al orden del día.
MISMA C. SECRETARIA:
(LECTURA ORDEN DEL DIA, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Proceda la secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Remítase a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, para su conocimiento.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE SONORA, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA INICIATIVA DEL EJECUTIVO SOBRE
LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA RURAL
INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Rural.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE
GOBERNACION SOBRE INFORME DEL PROGRAMA
DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SEMARNAT,
INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Pasando al apartado de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6º. y 7º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIP. JUAN CARLOS PAYARES BUENO: Con su permiso, señora Presidenta.
"Los suscritos diputados federales miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 6o., y 7º., de la Constitución Federal con el fin de actualizar, fortalecer y establecer una mejor definición y alcances entre la libertad de expresión y el derecho a la información, iniciativa que se inscribe dentro de nuestro planteamiento para la reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Para el Partido Acción Nacional la libertad de expresión es el germen y cimiento de todas las libertades. Sin ella el hombre no hubiese logrado avances sustantivos en el desarrollo de sus valores y garantías fundamentales.
"La defensa de la libertad de expresión nace desde la fundación misma del partido como la bandera que se debe enarbolar en contra de los regímenes antidemocráticos, en el entendido de que esta garantía constitucional históricamente ha sido la que en mayor medida se ha visto limitada en cuanto a su pleno ejercicio por parte del poder público.
"Coincidimos con las voces que reclaman reconocimiento a la apertura y a la pluralidad de las ideas, pues estamos conscientes que de ello consolidará los valores democráticos de la sociedad. Sobre este respecto se debe admitir que ha habido progresos importantes, pero a pesar de todo aun existen resquicios que obstaculizan el ejercicio pleno de esta libertad, por lo que es fundamental no dejar estos avances sólo a la buena voluntad del buen gobierno, toda vez que éste es un derecho ciudadano que debe ser asegurado y promovido por el estado para el fortalecimiento de sus libertades.
"Es por ello que dentro de lo que se ha denominado la Reforma del Estado, la cual conlleva implícitamente a la modificación del marco legal y conceptual de sus estructuras e instituciones, el Partido Acción Nacional pretende integrar a su propuesta legislativa aquella que ha sido una de las más firmes y consistentes de sus lucha política por fomentar y consolidar una verdadera sociedad democrática.
"Está propuesta consiste en definir legislativamente los alcances del derecho a la información así como actualizar los alcances de la libertad de expresión, particularmente ante los dinámicos cambios tecnológicos que se han suscitado en los últimos años; armonizarlos con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial que se ha generado sobre la materia, mediante el establecimiento de un marco normativo que no la limite, sino que por el contrario la fortalezca y amplíe a través de mecanismos y condiciones claras para su pleno e irrestricto ejercicio.
"La actualización y fortalecimiento de la libertad de expresión será sin duda un útil instrumento para consolidar nuestro estado de derecho y encauzar las acciones de los órganos del Estado hasta su evolución democrática. Un estado que defiende y fomenta las libertades fundamentales de los seres humanos, es un estado democrático que incidirá en la consecución de una sociedad participativa y responsable.
"Cabe señalar que la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías no se actualizan y fortalecen, se convierten en letra muerta que no cumple con su cometido. De ahí que surja la necesidad de revisar nuestro marco jurídico constitucional en materia de libertad de expresión y derecho a la información con la finalidad de llevar a cabo los ajustes pertinentes, ,pues la protección y respeto de un derecho no se logra únicamente mediante una consagración constitucional, sino que requiere de la revisión periódica a efecto de que el deber y el ser se encaucen por los mismos caminos y que consideren a las garantías individuales como un verdadero derecho público subjetivo, oponible a los demás.
"Es preciso reconocer que en materia de libertad de expresión y derecho a la información, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, ante la ausencia de normas claras que den certeza jurídica en cuanto a sus alcances, y doten de instrumentos y medios de defensa eficaces en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno.
"N o obstante a la fecha han sido las inercias y la falta de voluntad por parte de diversos actores que intervienen en el proceso de la comunicación los que han evitado que dichas propuestas vean la luz en el derecho positivo.
"El derecho a la información fue considerado en cuanto a su génesis como una garantía electoral y un atributo de los partidos políticos para informar al pueblo mexicano, no obstante que el derecho a la información fue concebido como una garantía electoral, de acuerdo al contexto histórico proveniente de la reforma política de 1977, nuestro máximo tribunal.
"Como consecuencia de diversos acontecimientos trágicos suscitados en nuestro país, otorgó al derecho a la información una connotación más amplia en el sentido de la obligación que tiene el Estado de informar la verdad.
"Es de advertirse que tanto en el artículo 6º., como en el 7º., no han sido reglamentados, no obstante que existe una Ley de Imprenta la cual dada su génesis normativa, es considerada preconstitucional toda vez que nace con el carácter de transitoria, en tanto los órganos federales expedían las correspondientes leyes reglamentarias, lo cual no ha sucedido a la fecha.
"Los objetivos de la propuesta que se presenta ante esta soberanía se orientan a expresar de manera clara y con la sobriedad que requiere nuestra norma máxima los alcances legislativos de las garantías individuales de la libertad de expresión y del derecho a la información. De manera correlativa y como consecuencia de dicha propuesta se propone fomentar el ejercicio pleno, plural y participativo del proceso informativo, lo cual es un sustento básico para la conformación de una opinión pública informada, así como estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a las fuentes de información.
"También se pretende promover que toda persona, organización y grupo social sean sujetos activos, participantes y con efectivo y libre acceso a la información. Y de igual manera proteger y garantizar los derechos que han sido considerados como el núcleo básico de la persona, tales como el respeto a su intimidad, vida privada, honor , reputación y su imagen.
"Por otro lado se propone se incorpore como el punto toral de la protección estatal que se debe brindar a la manifestación de las ideas y de pensamientos el concepto de libertad de expresión, bajo un sentido amplio, que sea omnicomprensivo y que incluya la expresión de todos aquellos pensamientos, ideas, opiniones, juicios de valor y creencias que se difundan por cualquier medio físico o que utilice como medio de propagación el espectro radioelectrónico o cualquier otra vía.
"La actuación del Estado como garante del Derecho a la Información presupone que adopte una conducta activa de sus órganos competentes, a efecto de proporcionar la información que obra en su poder y expedir los ordenamientos legales respectivos con la finalidad de que dicho derecho sea ejercido y respetado plenamente. Entendiendo que el Derecho a la Información deviene de la facultad estatal de tutelar ciertas necesidades sociales que garanticen la satisfacción de un derecho de carácter general, que la sociedad en este caso tenga participación activa en la recepción y acceso a la información, así como de que se mantenga informada con todas las implicaciones del concepto.
"La libertad de expresión no es limitada, dado que debe aportarse por otros derechos y valores de igual jerarquía como el único medio para encontrar el camino que consolide el desarrollo y superación de un pueblo, por lo que de aprobarse la presente iniciativa estaríamos formando parte del selecto grupo de países que cuentan con un marco constitucional moderno y ante todo respetuoso de los derechos de sus gobernados, como la condición indispensable para alcanzar estadios de armonía y democracia en el seno de su sociedad.
"Por otra parte, tanto sujetos activos como pasivos en el proceso de la comunicación deben contar con garantías que les aseguren el pleno respeto a sus derechos, por lo que se propone la incorporación como seguridades jurídico-constitucionales el que los sujetos cuenten con medios eficaces de defensa ante cualquier daño que se les pueda infringir por virtud del exceso que se pudiese presentar en el ejercicio de la labor informativa, cuenten con garantías, así como que los profesionales de la labor informativa cuenten con garantías para que en el desempeño de su labor no sean perseguidos u hostigados so pretexto de la información de interés público que difundan".
Por cuestiones de tiempo, solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría para que se inserte en su integridad el texto completo de este proyecto de decreto en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señora Presidenta.
(Aplausos)
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
La iniciativa agendada por el diputado Rogaciano Morales Reyes se pospone para otra sesión. Igualmente se pospone para la otra sesión la iniciativa que presentaría la diputada María Cristina Moctezuma Lule.
Tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante.
-DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Con su venia, señora Presidenta.
"José Tomás Lozano y Pardinas y César Patricio Reyes Roel, diputados federales de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta soberanía, H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana, al tenor de la siguiente
"Exposición de motivos de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana.
"El objeto de la presente propuesta de la ley, como su nombre lo indica, es lograr la reactivación de la Marina Mercante y la industria de construcción naval nacionales, considerada esta última como premisa esencial del fortalecimiento de la Marina Mercante.
"Se hace constar que la larga tradición marítima de México, así como las capacidades y calidad técnica de los egresados de las escuelas náuticas, hacen imperativo regresar a sus legítimos dueños la Marina Mercante Nacional: los navieros y marinos mercantes nacionales.
"México es, ha sido y siempre será un país marítimo por naturaleza, pues se encuentra entre dos océanos, los más grandes del mundo, el Atlántico y el Pacífico; esta ubicación geográfica estratégica y vital, ha sido muy deseada por grandes potencias marítimas entre las que podemos destacar Francia, Italia, Japón, Noruega, China, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Suecia, entre otras. Sin embargo, esta posición no ha sido suficiente par que nuestro país alcance un desarrollo marítimo pleno, por el contrario, su flota mercante está a punto de desaparecer. Actualmente contamos con dos buques para realizar nuestro comercio exterior y gran parte del tráfico de cabotaje lo realizan empresas extranjeras.
"No se busca solamente la reactivación de la Marina Mercante por la reactivación misma, sino porque dicha reactivación trae aparejada el fortalecimiento de la industria ligera, base de la industria de construcción pesada, así como la del transporte terrestre nacional, además de áreas y servicios relacionados con los mismos.
"La ausencia de incentivos financieros, laborales y fiscales, ha sido uno de los principales factores que han impedido contar con la flota mercante suficiente y competitiva. Esta falta de apoyo ha propiciado que el naviero y armador mexicano estén en desventaja para competir comercialmente ante navieros y armadores extranjeros y a tener que refugiarse en segundos registros extranjeros y en pabellones de conveniencia, a fin de contrarrestar los problemas que genera un entorno financiero, laboral y fiscal hostil, convirtiéndose en extranjeros los mexicanos en su propia patria.
"Cabe hacer mención que el cabotaje nacional está reservado en todas las naciones soberanas a sus propios marinos mercantes y embarcaciones nacionales. México, como país soberano, es la única excepción a esta regla. Se hace referencia que los países integrantes de la Unión Europea no obstante los fuertes lazos de orden laboral, de paso de fronteras y aduanas, de integración en materia de salud y más aún, la integración total monetaria a través del Euro, siguen reservando el cabotaje cada una de ellas a sus naciones, exclusivamente a sus marinos y exclusivamente a sus embarcaciones.
"Los países tradicionalmente marítimos que tienen grandes flotas mercantes, han aplicado políticas de desarrollo que les han redituado fuertes ganancias y les permiten una mayor independencia comercial, para utilizar servicios de transporte marítimo en su comercio exterior. Por ello, en México se debe fomentar esta industria, para aprovechar los beneficios que genera una industria marítima eficiente y competitiva.
"Por otra parte, es de vital importancia para el país, la reactivación de la industria de la construcción naval, ya que ésta prácticamente no existe, la ausencia de apoyos para la construcción de embarcaciones modernas. para su operación y para la fabricación del equipo que requieren, como sistemas electrónicos, ayudas a la navegación, motores y otros componentes, ha originado que muchos de los astilleros nacionales fueran cerrados y os que actualmente operan sólo se dedican a la reparación y mantenimiento de pequeñas embarcaciones, lo que genera una fuerte fuga de divisas y una alta tase de desempleo en el personal capacitado.
Para reactivar esta industria es fundamental crear mecanismos para comenzar a construir barcos con más demanda en el mercado y con tecnología de fabricación relativamente sencilla, así como crear instrumentos financieros para comprar el equipo necesario y reparar la mayor cantidad de buques mexicanos a efecto de disminuir la fuga de capitales por concepto de reparaciones en el extranjero.
Conservadoramente se calcula en más de 320 mil fuentes de empleo, las plazas que podrían ser creadas a la detonación de la industria de construcción naval y la Marina mercante mexicana.
Es necesario decidir si queremos adquirir tecnología de punta y aceptar el reto de construir una fuerte marina mercante nacional o queremos seguir en un colonialismo tecnológico y de infraestructura naval. Tenemos la capacidad y los cuadros académicos profesionales y de investigación para integrar un marco tecnológico de punta a la industria de construcción naval, misma que será la base de una pujante Marina Mercante Mexicana. El proyecto de la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana que se presenta a continuación ha sido elaborado pensado en la creación de instrumentos favorables para reactivar la Marina Mercante Nacional, asegurar la superación de toda dependencia del exterior, la autosuficiencia de la transportación marítima de nuestro comercio exterior e interior y reactivar la industria de construcción naval.
En función de ello, la Ley tiene como finalidad instaurar la Comisión Intersecretarial para el Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional, el Consejo Consultivo para reactivar la Marina Mercante Mexicana y el Registro Especial Marítimo Mexicano así como también el establecimiento de mecanismos para reconstruir la industria de construcción naval a fin de beneficiar a aquellos que están haciendo mayores inversiones en dicho sector.
Sí queremos con el resto de promulgar una ley que sea la base, el fortalecimiento de la reactivación de la Marina Mercante Mexicana y de la industria de la construcción naval.
La propuesta que hoy se presenta a su consideración, es el fruto de la palabra, la experiencia y el Consejo del Capital Naval, del Piloto Portuario, del Armador, del Naviero, del Constructor de Infraestructura Naval y Portuario Mexicano y, en suma, de los hombres del mar, ¡Mexicanos que quieren una Ley para desarrollar nuestra Marina Mercante! (aplausos).
En base a lo anterior expuesto, los abajo firmantes Diputados Federales de la LVIII Legislatura proponen a esta soberanía, honorable Congreso de la Unión, la siguiente
Iniciativa de Ley, la cual solicito señora Presidenta sea publicada en el Diario de Debates.
Gracias señores, gracias, ¡Vamos por una Marina Mercante, vamos a tener una independencia comercial de nuestros socios extranjeros, vamos por nuestros Marinos, vamos por México!. (aplausos)
-LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado, Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Marina.
La siguiente Iniciativa agendada por …
Tiene la palabra el Diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa que Reforma diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo.
- EL C. DIP. VICTOR MANUEL OCHOA CAMPOSECO: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.
La configuración política surgida del proceso electoral del año 2000 reflejó con precisión la diversidad de la sociedad mexicana y la diversidad de sus demandas; fue una metáfora de las muchas voces de nuestra sociedad que reclaman cambios en las normas que rigen nuestra convivencia con el resto del mundo y hacia el interior de nuestro país.
La sociedad reclama cambios que nos permitan acceder a una etapa histórica en donde prevalezca la seguridad social para todos; la oportunidad de una buena educación para nuestros hijos; la seguridad de nuestras familias; una equitativa distribución del producto del trabajo; y en general, condiciones democráticas y de vida digna sin distinción alguna para nadie.
Uno de los puentes por los que habrá de pasar este proceso de cambio democrático es la reforma laboral. El tema finesecular del siglo pasado que se prolonga hasta nuestros días quizá con mayor vigor, se llama globalización que no es más ni menos que el nombre que le damos a un sistema de poder omnímodo y omnipresente en las naciones del orbe.
La cara amable de este sistema de poder es el vertiginoso avance tecnológico y científico, el instantáneo acceso a la información, el intercambio cultural, la universalización de los derechos humanos y la justicia, entre otras buenas noticias pero la globalización, como el dios latino Jano tiene dos caras y su segundo rostro es ingrato y hace de la cultura global como dice Carlos Fuentes, cito: "Un desfile de modas, un estruendo estereofónico, una existencia de papel cuché que hace de muchos hombres robots alegres que se divierten hasta la muerte mientras millones de seres humanos mueren sin haber sonreído jamás".
Uno de los signos más emblemáticos de la globalización es la pérdida de empleos y los bajos salarios; hoy se intenta imponer a las nacoines pobres y emergentes como la nuestra, leyes laborales que antes de proteger los intereses de la nación y de los trabajadores lo hagan con los intereses de las sociedades mercantiles.
Hay una insostenible inversión de valores sociales y políticos en el fondo del proceso de globalización; se privilegia al capital sobre las personas; se privilegian las ganancias sobre la calidad de vida de las mayorías y conforme crecen las utilidades crece la cantidad de pobres. Hay que sujetar las nuevas formas de relación económica internacional y nacional al control democrático y a nuestra realidad social.
Nuestras iniciativas de reforma constitucional y legal en materia laboral recogen las demandas de múltiples organizaciones sociales y sindicales, de trabajadores del campo y la sociedad, de todas las ramas productivas principalmente las reunidas en la Unión Nacional de Trabajadores, asimismo de distinguidos académicos, investigadores, abogados, laboristas y estudiosos de la materia.
Con la UNT desarrollamos un amplio trabajo de consenso que logró conciliar con nuestra visión de partido en una sola iniciativa las legítimas de bastos sectores de la sociedad que luchan desde hace muchos años por una reforma productiva y democrática de nuestra ley laboral.
Dos principios rectores orientan nuestra visión legislativa, la equidad y la democracia.
De la equidad se desprenden entre otras demandas, la necesidad de otorgar a todos los trabajadores iguales derechos, sin excepciones ni apartados; regular lo necesario para que en el mundo laboral haya equidad de género, justicia en la distribución del producto del trabajo, riguroso apego a derecho en los diferendos legales, que no exista discriminación por sexo, religión, ideología, raza, preferencia sexual o por capacidades físicas distintas; establecer un solo salario mínimo y facultar a las comisiones de derechos humanos para conocer de asuntos laborales.
De nuestro segundo gran eje rector, la democracia, se desprende la necesidad de transparentar en todos los ámbitos del mundo laboral el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, como son la libertad de asociación, elegir libremente a sus representantes, terminar con el ocultamiento de organizaciones sindicales espurias y contrataciones colectivas ilegítimas, así como el proceso administrativo conocido como "toma de nota".
Para conseguir lo anterior proponemos la creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. Es necesario terminar con el corporativismo y la corrupción en los sindicatos, impulsar la democracia, la rendición de cuentas, le celebración de elecciones limpias y de asambleas periódicas. Es indispensable que los patrones y las autoridades no tengan ingerencia alguna en la vida de los sindicatos; es necesario garantizar la autonomía sindical.
Impulsamos una reforma laboral democrática que conserve los mecanismos de seguridad en el empleo, con perspectiva de género y programas de acción afirmativa que garanticen plenamente los derechos de la mujer y se termine con cualquier expresión discriminatoria.
Proponemos que la maternidad de convierta en un compromiso social y deje de ser una responsabilidad únicamente para la mujer embarazada; establecer un programa de recuperación salarial; revisar ampliamente las condiciones de los trabajadores del campo y atender lo relacionado con productividad como un sistema de mejoramiento, tanto de la producción como de las condiciones de trabajo.
En este sentido, nuestra iniciativa propone que exista un solo salario mínimo constitucional que aprobaría esta Cámara de Diputados, previa recomendación del Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serán también designados por la Cámara de Diputados, por lo tanto desaparecería la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nuestra iniciativa mantiene la jornada diaria de trabajo como está actualmente en la ley, pero proponemos establecer la semana laboral de 40 horas con pago de 56.
Es necesario democratizar el sindicalismo por medio del voto libre, directo, universal y secreto de los agremiados en todos los órdenes de la vida sindical, así como establecer la obligación de celebrar asambleas periódicamente y rendir cuentas del estado financiero de las organizaciones sindicales.
Nuestra iniciativa prohíbe expresamente la afiliación en masa de los integrantes de los sindicatos a los partidos políticos, como se proscribe igualmente la aplicación de la cláusula de exclusión por renuncia al sindicato.
Una demanda muy enérgica de los sindicatos democráticos con la que coincidimos totalmente, es la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje y en su lugar la creación de jueces de lo laboral dependientes del Poder Judicial, dichos jueces deberán respetar el carácter tutelar de la ley. Además nos parece una contradicción al principio de separación de poderes el hecho de que la impartición de la justicia laboral esté en manos del Poder Ejecutivo.
Democracia y desigualdad son excluyentes, no pueden coexistir una con la otra, la justicia social es un componente indispensable de la democracia y la paz interna. Empresarios ricos y trabajadores pobres no pueden conformar una nación libre; no habrá democracia mientras exista tanta pobreza. La democracia pasa necesariamente por terminar con la desigualdad.
En nuestro afán por ser una nación integrada al proceso económico y tecnológico global, no podemos ser un país que festina la llegada de las inversiones extranjeras y calla ante la creciente pobreza nacional. La pobreza no puede ser base para el desarrollo; la pobreza no crea ningún mercado; la mejor inversión es acabar con ella.
Por las razones expuestas y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución General, así como la iniciativa integral a la Ley Federal del Trabajo.
Dejo a la Secretaría ambos textos que solicito se inserten íntegros al Diario de los Debates y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria.
Suscriben esta iniciativa diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados y por supuesto, la totalidad de los diputados y diputadas que integran la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Asimismo, esta iniciativa ha recibido el apoyo de un amplio sector del Movimiento Obrero que incluye trabajadores de todas las ramas industriales: telefonistas, pilotos, tranviarios, universitarios, etcétera, trabajadores de la industria automotriz, trabajadores al servicio del Estado, trabajadores bancarios y en general de la Unión Nacional de Trabajadores cuyo anteproyecto de reforma laboral, hemos unificado con esta iniciativa.
Gracias, señor Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el inciso f) del párrafo primero del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley.
EL DIP. JUAN ALCOCER FLORES: Con su venia, señora Presidenta en turno.
El que suscribe diputado Juan Alcocer Flores, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esa soberanía, vengo a presentar la siguiente iniciativa de decreto con la siguiente:
Exposición de Motivos
Las bibliotecas son centros de información que requiere de un complejo sistema de administración que comprende desde mantener los acervos actualizados hasta la prestación de servicios especializados de consulta y referencia. Por otra parte, necesitan de personal capacitado y en constante actualización.
La administración de una biblioteca debe ser encomendada a profesionales que cuenten con los conocimientos suficientes para realizar dicha labor, así como un compromiso con la calidad. Las bibliotecas deben ser valoradas como un elemento del desarrollo nacional, ya que en su interior se cultiva la educación de un pueblo, el conocimiento específico en diversas áreas del saber y la memoria de todo un país, además de que son el instrumento cotidiano en la toma de muchas de las decisiones trascendentales en los países desarrollados.
Con la nueva conformación del Congreso Mexicano, se hace necesario contar con servicios eficientes de información que apoyen la toma de decisiones de los legisladores. Es por esto, que la necesidad de contar con una biblioteca que responda a los nuevos retos del quehacer parlamentario, resulta evidente.
Actualmente, el sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión se compone de tres unidades: dos de la Cámara de Diputados y una del Senado de la República.
El sistema de bibliotecas para brindar un eficiente servicio que satisfaga las necesidades del Poder Legislativo, requiere los más avanzados instrumentos de trabajo, es decir, la más moderna tecnología en materia de clasificación y almacenamiento de la información; las publicaciones más modernas y actualizadas y personal altamente capacitado para atender adecuadamente a los legisladores.
La Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas ha determinado que las condiciones que guardan las bibliotecas de la Cámara de Diputados, distan del nivel de calidad requerido. Es decir, existe un significativo atraso en la adquisición de materiales, especialmente los de procedencia extranjera, no se cuenta tampoco con una partida presupuestal para comprar las publicaciones que son objeto de depósito legall; los medios tecnológicos con los que trabaja en ella, no son los idóneos; el personal que labora, en su mayoría no está capacitado para las labores que desempeñan.
En resumen, las bibliotecas con las que hoy dispone la Cámara de Diputados, no están en condiciones de prestar un servicio de alta calidad a los legisladores. Como antecedente, cabe señala que las bibliotecas hasta LVII Legislatura, estaban regidas por un Comité de Bibliotecas e Informática, es decir, era dirigidas por legisladores a quien todo funcionario rendía cuentas. Esto en su momento dio resultados muy positivos.
Posteriormente, a finales de la pasada Legislatura, se propusieron cambios en la administración de las bibliotecas del Congreso, especialmente en la de la Cámara de Diputados, mediante reformas a la Ley Orgánica de 1999. Como resultado de dichas reformas, se dispuso que las bibliotecas fueran administradas por cuerpos burocráticos, lo que originalmente se consideró como un eficaz mecanismo de administración que dejaba a salvo la dirección de los trabajos de la biblioteca de los vaivenes político.
Sin embargo, durante el transcurso de la presente Legislatura, hemos observado que los órganos burocráticos no han dado el resultado que se esperaba con la modificación, por el contrario, han caído en un estado de inactividad en su desempeño.
Es por lo anterior que la biblioteca de la Cámara de Diputados, actualmente no cumple eficientemente con sus funciones, lo cual se traduce en que los usuarios que menos asisten a la biblioteca del Palacio de San Lázaro, sean precisamente los diputados y sus colaboradores. La biblioteca no ha podido lograr que los legisladores se acerquen a ello. Esto a su vez, ha ocasionado que no tenga grandes exigencias y mantenga una inercia de trabajo, que lejos de beneficiarla la perjudican.
Es por las razones antes expuestas, que la presente iniciativa busca reivindicar para los legisladores, el control de estos importantes centros de información, ya que actualmente la Ley Orgánica limita la actuación de los diputados en las labores que la biblioteca lleva a cabo, limitación que resulta inconveniente, puesto que los diputados tienen una mejor apreciación de las necesidades del resto de los legisladores, además de que tienen un importante papel en el proceso legislativo, ya que aportan valiosos elementos para llevar a cabo iniciativas, dictámenes y cualquiera otra determinación de las Cámaras.
En consecuencia, la actividad que desarrollan es prioritaria en la toma de decisiones de los legisladores, por lo que no puede cederse el control de tan importantes órganos a las instancias administrativas.
Como claro ejemplo está el caso de la biblioteca del Senado de la República, en la que el control está en manos de los senadores mediante una comisión ordinaria, que es la responsable de conducir sus trabajos.
En los últimos años esa biblioteca ha tenido un notable desempeño, ya que sin contar con grandes recursos, ha tenido un significativo crecimiento. Sin embargo, para eficientar su conducción, es conveniente centralizar la administración del sistema de bibliotecas en una sola comisión, ya que de esta manera las políticas que se instrumenten serán aplicables para la totalidad de las bibliotecas del Congreso, lo que tendrá como consecuencia la homogeneidad en los criterios de dirección y por ende en los servicios brindados a los legisladores, con lo cual se pretende lograr la calidad de desempeño requerida en dichas bibliotecas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto, con la cual se reforma el párrafo tres del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan el inciso f) del párrafo 1 del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley, la cual dejo una copia a la secretaría y solicito se inserte en el Diario de los Debates y se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria.
Por su atención muchísimas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Insertese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Públíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La siguiente iniciativa agendada por el diputado Héctor Sánchez López, se pospone para otra sesión.
Tiene la palabra la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforme el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
-DIP. GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ: Con su permiso señora presidenta:
"Iniciativa para modificar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
"Exposición de Motivos.- Muchos gobiernos estatales y municipales se encuentran ante la necesidad de contar con suficientes recursos que les permitan impulsar el desarrollo de sus municipios y regiones.
"Hoy más que nunca se entiende que la libertad política de los estados y municipios jamás será posible si la libertad económica no les está asegurada.
Los gobiernos estatales y municipales del país, relegados por muchos años a desempeñar labores asistenciales o funciones de prestadores de servicios básicos, han venido luchando por una revisión de sus facultades y recursos que les otorga la legislación actual.
"Ante la nueva realidad que vive el país, los gobiernos municipales se enfrentan al reto de convertirse en impulsores del desarrollo de sus municipios y de sus regiones.
"Las finanzas públicas son un instrumento de política económica para ser utilizado en el desarrollo municipal y regional.
"Por ello los avances en materia de democracia electoral han de ser complementados con la construcción de un federalismo hacendario que garantice las facultades y recursos que los tres ámbitos de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen.
"Dentro del proceso de la reforma del Estado y del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a debate. El perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación fiscal, debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales, logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación.
"El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal, los estados y los municipios, como son: La armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple, la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal, el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados participaciones, la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno.
"Sin embargo, debe reconocerse que el sistema no ha cumplido sus objetivos y la situación financiera de los estados es frágil y alarmante. Ante esta realidad tenemos la obligación de contribuir para construir las bases que permitan dotar a los municipios, a las entidades federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país.
"Por ello, la iniciativa que hoy presento a su consideración, busca integrar a la recaudación federal participable la totalidad de los ingresos públicos, excluyendo de ellos únicamente los provenientes de desincorporaciones y venta de activos".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente iniciativa de reformas al artículo 2º. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 2º. El Fondo Federal de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirán en la recaudación federal participable los impuestos adicionales del 3% sobre el Impuesto General de Exportación de Petróleo Crudo, Gas Natural y sus Derivados y del 2% en las demás exportaciones, ni tampoco los derechos adicionales o los derechos extraordinarios sobre la extracción de petróleo.
Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de esos impuestos ni la parte de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3º.
Inciso a) de esta ley. Ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los artículos 3º.
Inciso b) de esta ley. Ni el excedente de los ingresos que obtenga la federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a los que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La modificación será para quedar como sigue:
Artículo 2º. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus ingresos, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirán los ingresos provenientes de desincorporaciones o venta de activos.
Es cuanto, señora presidenta.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputada Genoveva Domínguez Rodríguez.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Pasamos al capítulo de dictámenes de primera lectural.
Se presenta el dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de diversas monedas conmemorativas de la unión de los estados de la República Mexicana en una federación, de conformidad con el inciso c) del artículo 2º. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza la emisión de una quinta moneda de plata conmemorativa del quinto centenario del encuentro de dos mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2º. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Sistemas de Pagos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
Pasamos al capítulo de dictámenes a discusión.
Ruego a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 406 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura.
Tiene la palabra el diputado Julio César Lizárraga López, hasta por diez minutos, a fin de que a nombre de la Comisión fundamente el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior.
- EL C. DIP. JULIO CESAR LIZARRAGA LOPEZ: Con su permiso, señor Presidente.
"Fundamentación del dictamen de decreto sobre la Ley de disciplina del Personal de la Armada de México.
"De conformidad con las facultades que otorgan los artículos 39, numeral uno y 45 numeral 6 inciso "f" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 62, 63, 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Marina de esta LVIII Legislatura, tenemos a bien presentar a esta Honorable Asamblea el dictamen sobre la Ley de disciplina el Personal de la Armada de México.
"Cabe destacar que el documento final es resultado de una serie de actos concatenados, generados a partir de las siguientes actuaciones:
"Con fecha 6 de noviembre del 2001, el licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de sus facultades constitucionales presentó ante la Secretaría del Senado, la Iniciativa de Ley de Disciplina del Personal de la Armada de México, cuyo fin es modificar el marco jurídico de la institución en mención, normando la conducta dentro y fura del servicio de los marinos militares.
"En la misma fecha la Mesa Directiva del órgano legislativo turnó a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos, del mismo Senado, la iniciativa en comento para efectos de estudio y dictaminación.
"Tras una serie de reuniones de trabajo para análisis, discusión, y modificación del documento, efectuadas por las Comisiones Unidas, finalmente generaron un documento único.
"Las mismas comisiones al dictaminar la iniciativa del Ejecutivo tras un amplio y documento análisis de intercambio y opiniones con funcionarios de la Secretaría de Marina, y la participación plural de sus integrantes, valoró los motivos y fundamentos de los documentos, estimando y determinando procedente la aprobación en los términos, alcances, modificaciones y forma propuestos por la colegisladora.
"Posteriormente con fecha del 19 del año en curso, la Honorable Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto de la Ley de disciplina para el Personal de la Armada de México, turnando a la Mesa Directiva del Senado la minuta del proyecto en referencia a la Presidencia de la Cámara de Diputados. quien a su vez en sesión del 24 de septiembre del 2002, instruye a la Comisión de Marina para su recepción, revisión y dictamen correspondiente.
"Tras esta tarea encomendada a la Comisión de Marina de esta Honorable Cámara de Diputados y posterior a varias reuniones de análisis y estudio para la toma de acuerdos, decisiones y posturas adoptadas entre los miembros de la Comisión representantes de los diversos grupos parlamentarios, optamos por coincidir en los términos del dictamen definitivo presentado en este momento, el cual proceso a resumir:
"A partir de la recepción de la iniciativa del Ejecutivo en el Senado, en esta Honorable Cámara de Diputados se creó la Subcomisión de Análisis, misma que hizo en su momento remitió propuestas y sugerencias a la Colegisladora para facilitar el trabajo y a su vez trabajar en conjunto.
"El objeto fundamental de la Ley de Disciplina del Personal de la Armada es la adecuación del marco normativo de esta institución militar para enfrentar en este nuevo siglo los grandes retos y oportunidades acordes con los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en cuanto al área de orden y respeto.
"Conscientes de que el principio rector de las instituciones armadas se resumen en el mantenimiento de la disciplina militar, el respeto entre jerarquías, los derechos y obligaciones del marino militar y la evidente mecánica de mando de obediencia que requieren de una estrecha y mutua comunicación entre superior y subalterno se debe lograr una comprensión adecuada a las necesidades del servicio.
"Es por ello la necesidad de mejoras y en la medida en que se va ascendiendo al grado inmediato superior asignar responsabilidades acordes al grado jerárquico, lo cual justifica la actualización de la Ley de Disciplina del Personal como un gran avance en el ámbito militar desde un marco normativo, justo y equilibrado. Además de contar con medios recurribles ante injusticias.
"Asimismo se otorgan al militar facultad para imposición y graduación de correctivos disciplinarios, definiendo parámetros para calificar faltas disciplinarias en graves y leves. Precisa en materia de deberes los inherentes a cada jerarquía, cargo o comisión para hacer más claras las obligaciones.
"En cuanto a las medidas preventivas para el mantenimiento de disciplina naval, disminuye el plazo de arrestos de 15 a 8 días, se sustituye la figura de depósito por la de disposición en espera de órdenes, limitándola a un año, garantizando la seguridad jurídica de los miembros de la Armada.
"Finalmente establece estímulos como mecanismos para fortalecer la disciplina con el reconocimiento a las acciones del personal en beneficio de la institución armada, no contraponiéndose con la Ley de Recompensas de la Armada de México".
A grosso modo estas son las principales características del contenido de la Ley de Disciplina del Personal de la Armada de México y existiendo el antecedente de que todas las diferentes fracciones que conformamos la Comisión de Marina y votamos por unanimidad, esperando se sumen todos los compañeros diputados con su voto a favor para la aprobación del decreto de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
Muchas gracias.
(Aplausos)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO (PRI): Muchas gracias, señor diputado Lizárraga López.
En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes señores diputados:
Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
César Patricio Reyes Roel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y
Eréndira Olimpia Cova Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Julieta Prieta Fuhrken.
- LA C. DIPUTADA JULIETA PRIETO FURHKEN (PVEM): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
"Acudo el día de hoy ante este tribunal para establecer el posicionamiento de mi grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, y dejar constancia de las razones que nos impulsa a hablar en pro del dictamen de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
"Coincidimos plenamente con la necesidad de dotar a la Secretaría de Marina de un nuevo ordenamiento jurídico disciplinario para que su personal, en el que se establezcan con mayor claridad y precisión los preceptos que rige la disciplina militar para hacer de la norma un instrumento actual, ágil y operativo. Considerando por tal propósito que la Armada tiene como misión primordial la seguridad de la nación.
"Las características personales y el perfil profesional de los hombres y mujeres de la Armada, en razón de las actividades que realizan, se pueden sintetizar de la siguiente manera:
"Un alto sentido del deber, lealtad, honor, dignidad, valentía, honradez y sacrificio; principios de conducta que hacen posible que el personal militar naval se identifique por su espíritu de cuerpo y voluntad inquebrantable de cumplir con las tareas encomendadas.
"Por ello consideramos que el dictamen que hoy nos ocupa, cuenta con elementos que perfeccionan los esquemas disciplinarios en beneficio de la institución y de quienes la integran, por lo que nos parece de toda justicia que se otorguen estímulos y compensaciones al personal que acredite eficiencia y productividad en el cumplimiento del deber.
"También pensamos que es un avance que el proyecto de ley se actualice de conformidad con las tendencias que prevalecen en legislaciones internacionales en la materia, al evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en arrestos y sanciones disciplinarias, ya que incorpora una figura inédita pero necesaria en la vida militar, que es la apelación en caso de sanción, lo que no sólo preserva el espíritu del artículo 13 constitucional, sino que establece los equilibrios que demanda toda norma apegada a derecho.
"Juzgamos pertinente que el dictamen establezca la facultad de imponer y graduar arrestos al alto mando y a los organismos disciplinarios, así como puntualizar que las órdenes de los superiores deben estar apegadas a derecho, facultando al mando para dictar órdenes de acuerdo a su jerarquía y a las disposiciones reglamentarias, con lo que se evitan ambigüedades e interpretaciones de carácter personal.
"Nos pronunciamos a favor de que los militares navales puedan manifestar libremente sus ideas, siempre que no se trate de asuntos que vulneren los derechos de terceros, la disciplina militar y las actividades clasificadas de la Armada, porque éstas medidas son congruentes con los derechos que salvaguardan los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República.
"Por lo anterior expuesto y en ejercicio de la facultad que nos confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Partido Verde Ecologista de México los exhortamos a votar a favor del dictamen de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México".
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Muchas gracias diputada Prieto Fuhrken.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva.
"Honorable Asamblea: Dentro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sentimos que es importante destacar en esta fijación de nuestra postura sobre el dictamen de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, varios aspectos importantes sobre la normatividad de las instituciones armadas de nuestro país.
"El primero de ellos, relativo al análisis de las diferentes iniciativas que en el ámbito militar se han presentado en el transcurso de la actual Legislatura. Creemos que, en efecto, gran parte de las disposiciones legales de ese ramo requieren de una actualización impostergable y para ello es preciso reconocer que en lo tocante a la normatividad de la Armada Mexicana, la Comisión Legislativa de Marina ha realizado con sumo profesionalismo el cumplimiento de sus tareas.
"Sin embargo, por la naturaleza de las disposiciones ligadas a las Fuerzas Armadas Mexicanas, es preciso ser especialmente cuidadosos dentro del proceso legislativo, en aspectos vinculados a la salvaguarda de los derechos humanos, a la preeminencia de las garantías individuales y a la estricta observancia de la Constitución. Todo ello por la modalidad y las salvedades legales que se presentan por el llamado fuero de guerra, fuero de guerra que prevalece para las instituciones armadas nacionales.
"Es indudable que el dictamen que se votará en estos momentos, recoge una serie de aspectos benéficos y positivos para el personal de la Armada Mexicana y que subsana algunas imprecisiones y lagunas observables en la Ley de Disciplina que hoy es objeto de esta reforma.
"Bien vale la pena destacar a favor del dictamen aludido, el hecho de que se mejora notablemente la técnica legislativa de la normatividad anterior, señalando que ahora el dictamen establece adecuadamente el orden del capitulado y otros aspectos formales de dicha normatividad, fijándose además de manera precisa los deberes de los marinos, estableciendo estímulos al personal de la Armada ubicando criterios para la imposición y la graduación de los correctivos a imponerse a los marinos mexicanos, regulando circunstancias atenuantes y agravantes en la imposición de sanciones y fundamentalmente como uno de los innegables avances en la materia, la instauración de un órgano de apelación interna que conozca de las inconformidades del personal de la Armada que vea vulnerados sus derechos frente a la imposición de sanciones.
No podríamos dejar de señalar nuestro beneplácito respecto a las reformas de las Disposiciones alusivas a la Libre Expresión de las Ideas por parte de los marinos mexicanos, sin que ello constituya motivo de sanción como anteriormente ocurría.
Sentimos que la redacción de la actual Fracción I del Artículo 36 del Dictamen es acorde a la nueva realidad nacional que permite la inserción en la vida pública de todos los sectores de nuestro país incluyendo desde luego a todo el personal naval.
Nuestra posición respecto a la participación política de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales, es la misma que tendríamos respecto a la del resto de los mexicanos, es decir, que esta participación se dé en un marco de institucionalidad que garantice la observancia de la disciplina militar y que sobre todo no siente las bases de un sistema corporativo ni clientelar para el ámbito castrense mexicano.
Es por ello que sentimos correctas las modificaciones efectuadas en la Comisión de Marina al proyecto inicial presentado por el Ejecutivo ante el Senado de la República, proyecto que establecía originalmente una redacción poco adecuada en los Artículos 36 y 37.
Los elementos señalados, indudablemente constituyen aspectos muy loables de la Reforma de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México con los que podemos coincidir y así lo hacemos plenamente.
Pese a ello, existe dentro del Dictamen un apartado cuyas disposiciones no compartimos y este es el referente al tema de los arrestos como correctivos disciplinarios.
Quisiera hacer, por tanto, diversas reflexiones sobre el tema de los arrestos y de la disciplina militar. Considero que la disciplina militar es uno de los cimientos de las fuerzas armadas en cualquier parte del mundo, sin embargo, su observancia por necesidad, debe darse bajo los cauces de la constitucionalidad apegándose al principio del pleno respeto a los Derechos Humanos.
Compartimos la tesis de que para el cumplimiento de las tareas que le asignan a las fuerzas armadas mexicanas, es indispensable garantizar un ámbito de disciplina interna, pero tal cosa siempre ha de armonizarse a la observancia plena de las Garantías Individuales referentes a la seguridad jurídica de las personas y a la legalidad de los actos de las autoridades.
Sobre el particular, cabe tener en cuenta que el Dictamen que se nos presenta para su votación el día de hoy, nos preocupa particularmente en lo que se refiere al contenido de los Artículos 53 y 55 en sus diferentes Fracciones.
Dichos numerales hacen referencia a los arrestos como correctivos disciplinarios que pueden imponerse al personal de la Armada de México en determinadas circunstancias.
Pero el problema surge cuando el Dictamen establece la duración de dichos arrestos. El Artículo 53 señala: "La orden de arresto es la retención que sufre un miembro de la Armada por un término de 24 horas hasta 15 días. "
Por su parte el Artículo 55 ratifica esa medida cuando dice: "El Alto Mando tendrá facultades para imponer y graduar arrestos hasta por ocho días y los organismos disciplinarios hasta por 15 días en prisión."
En días pasados nuestra Fracción Parlamentaria presentó, por conducto mío y ante el pleno de esta Asamblea, una Iniciativa de Reformas a diferentes Disposiciones de la Ley de Disciplinas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde se combate precisamente la misma medida sobre la duración de los arrestos en el ámbito militar.
En la referida Normatividad, al igual que lo establecido en esta, se fijan arrestos como sanciones disciplinarias al personal del Ejército con duración hasta por 15 días.
Creo que las argumentaciones que esgrimimos en ese momento son las mismas que podríamos esgrimir ahora para oponernos a la redacción de los artículos mencionados.
Debemos tomar en cuenta que el texto original de la Constitución General de la República estableció, efectivamente, en su Artículo 21, la duración de los arrestos de naturaleza administrativa en el territorio nacional hasta por un máximo de 15 días; tal medida permaneció en la Constitución durante 60 años… más de 60 años pero ese el caso que en 1983, en la primera reforma efectuada a dicho precepto se redujo la duración de los arrestos administrativos a un máximo de 36 horas, que es la disposición actualmente en vigor.
Si tenemos en cuenta que la finalidad del constituyente al reformar el artículo 21 y reduciendo la duración de los arrestos de 15 días a 36 horas, era con el objeto de evitar sanciones excesivas para cualquier individuo, cualquier individuo independientemente de su pertenencia al sector militar o ámbito civil.
Si aunado a lo anterior tenemos presente el contenido del artículo 133 del pacto federal que establece el orden jerárquico de las leyes de nuestro sistema de Gobierno, puede concluirse que el fuero de guerra vigente para las instituciones militares no permite imponer un régimen de excepción para el personal militar, ni por tanto fijar válidamente arrestos disciplinarios que vulneren garantías individuales o cualquier tipo de medidas disciplinarias que sean contrarias al pacto federal.
Tomando en cuenta lo anterior, es que puede concluirse fundadamente que las disposiciones contenidas en los artículos 53 y 55 del dictamen que hoy se nos presenta, deben tenerse sin más como violatorias del pacto federal por lo que sentimos que dichas correcciones disciplinarias deben ser ajustadas a los términos y condiciones establecidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República.
Por su atención, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Rodríguez Cabrera. Tiene el uso de la palabra el señor diputado César Patricio Reyes Roel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. DIP. CESAR PATRICIO REYES ROEL: Con su permiso señor Presidente.
Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros.
El prestigio individual es el que alcanza el hombre por sus principios, méritos, virtudes, cualidades y conocimientos personales; es indudable entonces que a lo largo de la existencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas los hombres que abrazaron la carrera de las armas como profesión han sido, son y serán hombres de bien, honrados y celosos de sus obligaciones para con la patria llegando inclusive al supremo sacrificio de ofrendar sus vidas.
Ante esta soberanía, el día de hoy me permitiré a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentar la posición respecto a la minuta con proyecto de decreto de Ley de Disciplina del Personal de la Armada de México, turnada por el Ejecutivo Federal el 6 de noviembre de 2001 a la colegisladora en uso de sus facultades que el artículo 71 constitucional le confiere.
La Mesa Directiva de la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados, desde que tuvo conocimiento que el Ejecutivo Federal presentó al Senado de la República la iniciativa de la citada ley, creó la subcomisión de Análisis y Dictamen Correspondiente, haciéndole llegar sugerencias y propuestas de modificación a la Cámara de origen aportando la Comisión elementos de análisis y de juicio para facilitar las tareas legislativas.
En los tiempos modernos, disciplina ha sido una de las palabras no bien entendidas pues algunas veces se le considera como una limitación a la libertad, un código de prohibiciones innecesarias y una adhesión a exigencias supuestamente arbitrarias pero en los albores del siglo XXI, no sólo las Fuerzas Armadas sino la sociedad toda tenemos que entender la disciplina como la base de una verdadera democracia que hoy más que nunca se hace necesaria para poder sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanan.
La disciplina necesaria y deseada por todos no puede improvisarse, sino que es fruto de la educación, de la formación y de la instrucción. En la Armada de México es una consecuencia del espíritu militar y desde ese concepto debe ser fomentada y admitida como tal y como tal obligar a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado.
La disciplina obliga a todos, hacia abajo y hacia arriba, por eso debe fomentarse en todos los niveles pero no significa ir en contra de los derechos fundamentales de los mexicanos.
La Armada de México junto con las otras fuerzas militares mexicanas, son y han sido siempre la gran escuela de civismo, de la austeridad, de la disciplina y el orden, así como del culto a los símbolos patrios y a los héroes. Han sido también una genuina y auténtica escuela del patriotismo, de la ética y de la moral más elevada y lo deben seguir siendo, independientemente de cuáles sean los tiempos. Sin lugar a dudas, podemos decir que la profesión militar nacional resulta de calificación superior por su digno cometido, pues sobre ella descansan los más sagrados intereses de México, su patrimonio histórico, su pasado, su presente y su porvenir.
La Ley de Disciplina permitirá en el ámbito de la modernidad, que la Armada de México permanezca intacta y majestuosa a través del tiempo, sus valores militares cultivados en su personal hacen que se acepten de buena fe los sacrificios, se prometa una entrega total y apasionada al servicio de los sagrados intereses de la nación y continúen siendo el faro que guíe los actos de su vida.
Para el personal de la Armada de México el cumplimiento del primer objetivo rector del Estado es defender la independencia, soberanía e integridad territorial de la nación, asumiendo las medidas preventivas en defensa del interés vital de nuestra patria. Para alcanzar las metas fijadas por la Armada de México, su personal ha obtenido grandes logros en la construcción de sus buques, en la capacitación y adiestramiento de su personal, así como en las operaciones de rescate y salvamento en el mar y en el auxilio de la población civil en los casos y zonas de desastre, actuando sola o con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Nacionales. Por ello coincidimos con el autor de la iniciativa al expresar la necesidad de reconocer lo invaluables que resultan ser los recursos humanos de esta institución para el desarrollo eficiente de las actividades de seguridad interior y defensa exterior de la nación.
Consideramos también de fundamental importancia preservar la esencia del artículo 13 constitucional, que se refiere al fuero de guerra, al establecer esquemas disciplinarios justos y equilibrados que permitan adecuar y fortalecer el régimen de orden para que el personal de la Armada pueda cumplir cabalmente con las responsabilidades asignadas.
La Armada de México ha ido transformándose en su organización y estructura para adecuarse en todo lo posible a los cambios que se han suscitado en el país, por ello requiere de un nuevo ordenamiento disciplinario que le permita continuar desempeñando sus tareas con responsabilidad y eficiencia en beneficio del pueblo mexicano, y cumpliendo así con su mandato constitucional.
La minuta del proyecto de Ley de Disciplina del Personal de la Armada de México que nos envío la colegisladora a instancia del Ejecutivo Federal, motivó un amplio intercambio de opiniones de las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Marina de esta Cámara de Diputados así como con autoridades de la Secretaría de Marina, quienes analizaron detenidamente el articulado; los antecedentes históricos y legislativos; el derecho comparado internacional; el fundamento de la necesidad de un nuevo marco jurídico disciplinario más preciso, adecuado a la nueva realidad de esta institución armadas, que mejora los esquemas de la disciplina naval militar siendo más garantista para su personal, con conceptos más claros que facilitan la interpretación para el cumplimento de sus obligaciones.
Podemos destacar como puntos de gran relevancia respecto a la iniciativa del Ejecutivo, los siguientes:
El estímulo como mecanismo para fortalecerla con base al reconocimiento de las acciones del marino militar; la disminución del plazo de los arrestos de 15 a 8 días; la sustitución de la figura de depósito por la de a disposición en espera de órdenes, limitándola a un año por seguridad jurídica de los miembros de la Armada.
También reconoce la restitución del cargo al personal que una vez juzgado resultó inocente y no le perjudica el proceso en la obtención de futuros cargos, dejando atrás con ello viejas e inadecuadas prácticas.
Esta comisión impulsó por su parte la adición de los artículos 79 y 80 de la iniciativa, que al insertar la figura de la prescripción que extingue la acción de juzgar la falta y en consecuencia su sanción por el transcurso del tiempo, instrumento del derecho que garantiza a los militares seguridad jurídica, tal como existe en materia penal.
El Pleno de la Comisión de Marina llegó a la aprobación unánime de la Minuta enviada por la Cámara de Senadores estimándose acorde a la nueva realidad que vive la Armada de México y necesaria para hacerla más eficiente.
Por estas razones, solicitamos con todo respeto a esta Honorable Asamblea tenga a bien a emitir su voto aprobatorio, esto por el bien de la marina de guerra, por el bienestar de los marinos militares y sobre todo por el bien de México.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Reyes Roel.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
LA DIP. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Como institución del Estado Mexicano, la Armada de México ha hecho acto de presencia durante todo el proceso de consolidación de la Nación Mexicana hasta nuestros días, participando activamente en diversas acciones defensivas de ayuda humanitaria y principalmente de entrenamiento para su personal, entre otras, aún fuera del territorio nacional cuando las circunstancias así lo han exigido.
La estructura de disciplina y militarización que enmarca la Secretaría de Marina, hace suponer que su existencia se justifica con la defensa de nuestros extensos mares, ya que por razones geográficas, México es bañado en gran parte de su extenso territorio por aguas marítimas.
En la actualidad las fuerzas armadas forman parte de la vida pública de país, convergiendo a la suma de opiniones que en aras de un México mejor, constituyen la dinámica democrática exigida por los tiempos de la modernidad.
La disciplina marcial se debe entender como un conjunto de obligaciones y deberes que los diversos ordenamientos militares imponen a cada uno de sus miembros, según su jerarquía y con base en la obediencia estricta a las normas jurídicas que exigen su actuación y comportamiento interno.
La disciplina no es exclusiva de quienes circunstancialmente deben atender una orden, ya que el mando y la obediencia en el mundo militar es una mera casualidad derivada del servicio, porque quien hoy manda debió primeramente haber obedecido y quien hoy obedece, mañana en su caso podrá mandar, de ahí la popular frase militar que dice: "Para saber mandar, primero hay que saber obedecer".
Claro ejemplo es el del comandante de una unidad, para quien lo es, representa un honor, pero eso conlleva una gran responsabilidad de justicia y nobleza, con todas aquellas acciones que requieren de fuerza intelectual y moral, las cuales fue amasando a lo largo de su formación y gracias a la disciplina.
La disciplina mueve a las fuerzas armadas de una manera armónica y sincronizada que siempre le ha distinguido. La Armada de México es la fuerza que exterioriza el poder del Estado, por lo que su fuerza e imperio deben someterse a la más férrea disciplina para lograr conservar la seguridad, estabilidad y los principios fundamentales del Estado, para brindar seguridad a la población, vigilar el territorio, apoyar y hacer cumplir las decisiones del gobierno.
La fracción del Partido Revolucionario Institucional aprueba este proyecto de Ley de Disciplina de Personal de la Armada de México, pues representa un gran avance para esa institución en cuanto a la actualización de los esquemas de conducta, tomando a la disciplina como eje principal sobre la cual se desarrolla el cumplimiento de los deberes que cada jerarquía, cargo y Comisión imponen a los marinos militares.
Los integrantes de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados coincidimos en que es procedente establecer dentro del proyecto de ley los principios como dignidad, obediencia, lealtad, audacia, abnegación y valor que la actual ley contempla para el cumplimiento del deber, en razón de su importancia y la necesidad de que se encuentren plasmados en la futura ley, siendo valores fundamentales que rigen al personal de la Armada.
Se otorga al militar, facultad para la imposición y graduación de los correctivos disciplinarios y define los parámetros para calificar las faltas disciplinarias en graves y leves.
Por otra parte se precisan los lineamientos en materia de deberes del marino, en general de acuerdo a su jerarquía y al cargo o comisión hace más claro comprender sus obligaciones.
Es importante destacar las medidas preventivas para el mantenimiento de la disciplina Naval Militar; la disminución de plazo de los arrestos de 15 a 8 días y la sustitución de la figura de "depósito" por la de "a disposición en espera de órdenes" limitándola a un año por seguridad jurídica de los miembros de la Armada.
En la propuesta legislativa se destaca que el espíritu que orienta al proyecto de ley castiga las conductas que atentan en contra de la disciplina del personal de la Armada de México, a la par de premiar y reconocer las conductas y acciones por sus miembros que tienden a fortalecerla y reforzarla.
Por esta razón, nuestra posición como grupo parlamentario es a favor porque consideramos que este nuevo ordenamiento busca perfeccionar esquemas de disciplina militar para hacerlos más justos y equilibrados, para que acorde a la frase del Contralmirante de Infantería de Marina Sergio Calleros, este tema que tiene tantas facetas como los diamantes que los orfebres tan magistralmente tallan para dar belleza a una piedra que en su forma original sólo ofrecía como virtud su dureza, ofrezcamos un régimen disciplinario aplicable a la Armada de México, cuyos lineamientos disciplinarios se apliquen de manera justa y equitativa.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, compañera diputada Cova Brindis.
No habiendo más oradores inscritos para hacer uso de la palabra, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputado que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE .- Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
En virtud de que no ha sido reservado artículo alguno para discutirse en lo particular del proyecto de ley, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos para proceder a emitir la votación del proyecto de ley en lo general y en lo particular, en un solo acto.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se Pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Se emitieron 379 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
EL C. PRESIDENTE.- Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de ley por 379 votos.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, el proyecto de Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor Secretario.
Se dispensa la lectura.
En consecuencia tiene el uso de la palabra en nombre de las Comisiones Unidas para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, el señor diputado José Elías Romero Apis, hasta por 10 minutos.
Esta presidencia consulta a las señoras y a los señores diputados si existe algún orador que desee incribirse para su discusión en lo general.
No habiendo oradores que se inscriban para su discusión en lo general, ruego a la Secretaría ...
Ruego a la secretaría abrir el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos, para recabar la votación en lo general. Y pregunto a la asamblea si hay algún artículo que deseen reservar para su votación en lo particular.
El diputado Romero Apis, sí diputado.
DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS (desde la curul) Para fundamentar el dictamen.
-PRESIDENTE: Ah, para fundamentar el dictamen.
Diputado Diego Cobos.
-DIP. DIEGO COBOS (desde la curul) Gracias presidente, para reservarme el artículo 13.
-PRESIDENTE: El diputado Tomás Torres.
.DIP. TOMAS TORRES (desde la curul) Gracias presidente, para reservar, los listo: el artículo 5o. penúltimo y último párrafos, artículo 5, más que quinto, me refiero a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
El artículo 19 señor presidente, segundo párrafo, última parte, de la propia ley, señor presidente.
El artículo 22, tercer párrafo.
El artículo 24 y el artículo 80.
Señor presidente, nos referíamos a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. También el título de este ordenamiento se lo reserva un servidor.
Por último...
-PRESIDENTE: A ver, perdón. ¿el título qué?
-DIP. TOMAS TORRES (desde la curul) De este ordenamiento, del Ordenamiento sujeto a votación.
-PRESIDENTE: ¿La denominación de la ley dice usted?
-DIP. TOMAS TORRES (desde la curul) La denominación de la ley.
…EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES: De este ordenamiento, del ordenamiento sujeto a votación.
EL C. PRESIDENTE: ¿La denominación de la ley, dice usted?
EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES: La denominación de la ley.
EL C. PRESIDENTE: Correcto, porque el título es parte de la ley.
EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES: Y del Código Federal de Procedimientos Penales, presidente, el artículo 182 q)
EL C. PRESIDENTE: Muy bien, gracias.
Antes de proceder a la votación, en virtud de que el diputado José Elías Romero Apis había sido inscrito por las comisiones para fundamentar el dictamen, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea: Concurro a esta tribuna en representación de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público a efecto de fundamentar el dictamen que se somete a la consideración de esta honorable asamblea.
Este dictamen deviene de una minuta enviada por el Senado de la República a efecto no sólo de reformar el Código Federal de Procedimientos Penales sino adicionalmente de expedir una ley federal para la administración y enajenación de los bienes del sector público.
Una parte importante de los bienes a los que se refiere el ordenamiento que hoy se pone a la consideración de esta asamblea son de origen ilícito, son producto de la criminalidad organizada, que es un signo característico y distintivo de los tiempos que estamos viviendo en nuestro país y en muchas otras latitudes.
Una sola década fue suficiente para cambiar el panorama del crimen organizado en nuestro país.
EL C. PRESIDENTE: Un segundo, señor orador. Ruego a los señores diputados guardar compostura y escuchar al orador, quien fundamenta la presentación del dictamen. Adelante, por favor.
EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Muchas gracias, señor presidente. Muy particularmente en lo que corresponde al narcotráfico, que es la forma de crimen organizado más conspicua y de mayor arraigo en nuestro panorama delincuencial.
Hacia 1982 el tráfico internacional de algunos narcóticos, como la cocaína, se contaba por gramos, se desplazaba en vehículos comerciales y oculto en la más diversa variedad de artículos y prendas de uso común.
10 años después ese microtráfico era historia olvidada y leyenda lejana ante el embate de un tráfico internacional que en los tiempos actuales se cuantifica todos los días en toneladas, se desplaza en turboaviones propios y con una conspicuidad asociada a la corrosión moral.
Desde luego las respuestas de Estado han sido vertiginosas y han sido intensas, pero el desafío de la humanidad en este sentido no tiene precedente en la lucha contra el crimen.
La movilización pública en muchos países ha implicado lo que sólo implicaría un estado de guerra. Un fenómeno delincuencial con capacidad organizativa para operar simultáneamente en todo un continente o en más de uno, con recursos que en ocasiones superan las posibilidades financieras de los países en los que actúan y con una penetración en las esferas del poder y del dinero hasta ahora incomparable.
Es de suponer el reciclaje de los excedentes financieros del crimen organizado ha producido una acumulación de riqueza ilícita estacionada en los principales centros financieros y con una capacidad de incremento incomparable hasta hace unos cuantos años.
Es razonable estimar que la oferta para satisfacer la demanda ilícita de estupefacientes en los próximos cuatro o cinco años ya está producida, almacenada y dispuesta para su distribución.
Baste mencionar que esos excedentes provienen de hechos tan significativos como que el día de hoy un gramo de oro vale cien pesos mientras que el día de hoy un gramo de cocaína vale 250 pesos. Por primera vez en la historia de la humanidad los hombres pueden producir a voluntad, algo que pueda valer hasta casi tres veces lo que el oro.
Es por eso que las respuestas de Estado han requerido incidir en algunos aspectos fundamentales de la columna vertebral del crimen organizado y muy particularmente de su capacidad de reciclamiento financiero. Por ello se ha tenido que actuar en contra de sus bienes, por eso se han asegurado y posteriormente decomisado y por eso es necesario que estos bienes con instrumentos jurídicos modernos, ágiles y eficientes puedan ser a su vez enajenados para contribuir al ingreso del Estado en la medida en la que el propio Estado con dinero de los contribuyentes tiene que hacer frente a la delincuencia organizada.
De ahí la necesidad de instrumentos como el que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea y que deviene, debo mencionarlo, de un concienzudo esfuerzo de análisis por parte de los diputados integrantes tanto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En la lucha contra el crimen, señores diputados, no existe ni el "vacío" ni la "tierra de nadie". La "tierra de nadie" es una creación fantástica de los ingenuos.
El espacio que no lo ocupa la ley lo ocupa el crimen, pero nunca queda vacío.
No debemos caer en la complacencia ni en la inconciencia que nos haga ceder los espacios de la ley cuya recuperación cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Honorable Asamblea.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado Romero Apis.
Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias.
En virtud de que han sido reservados la denominación del ordenamiento en discusión los artículos: 13, 5, 22, 24, y 80 de la, perdón, el 19 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el artículo 182 "q" del código Federal de Procedimientos Penales, se reservan para su discusión en lo particular.
Ruego a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico para la votación en lo general hasta por diez minutos, de los artículos no reservados. Señores diputados, se votarán en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Se pide se háganlos avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
- EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILAN (PAN): Se emitieron 380 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 380 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos:
Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el artículo 13 de la ley.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la denominación de la ley y los artículos 5º penúltimo y último párrafo, 19 párrafo segundo última parte, 22 tercer párrafo, 24 y 80 de la propia ley y el artículo 182-Q del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por lo tanto, pasamos a la discusión en lo particular.
Para referirse a los artículos reservados del proyecto de ley y del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD.
- EL C. DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO (PRD): Gracias, ciudadana Presidenta.
Comprendo, comprendo que el dictamen a votación tiene su origen en la Colegisladora de esta Cámara de Diputados, es decir, proviene ya votada de la Cámara de Senadores. Justifico la bondad del contenido de este ordenamiento en el sentido de que tiene fundamentalmente no solo administrar sino obviar en la administración de bienes asegurados por autoridades investigatorias, por autoridades aduaneras o hacendarias del país. No tiene caso en nuestra realidad de que el aseguramiento de bienes en lapsos prolongados y carentes de reglas proporcionen solamente incierto destino para esos bienes y además de que se ejerza, si no mal lo recuerdo, un presupuesto superior a los 200 millones de pesos anual, solo para este fin.
Reconocemos entonces la bondad del ordenamiento en su conjunto y por eso lo hemos votado a favor en lo general.
He reservado, compañeros y compañeras diputadas, la denominación del ordenamiento. Si me permiten su atención, es Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Administración y enajenación de bienes del sector público me parece técnicamente inadecuado.
La administración pública de este país, por disposición de su ley orgánica, se compone en entidades y dependencias en fideicomisos, en organismos auxiliares de crédito, pero en algunos casos por la naturaleza jurídica de esas partes de la administración pública tienen su propio patrimonio y su propia personalidad jurídica. Pero además los bienes de la nación no son del sector público, concepto que puede ser utilizado para efectos de sectorización o asignación de presupuesto. Los bienes de la nación son: bienes del dominio público de la federación y bienes del dominio privado.
Por esa virtud, y a reserva de consideraciones sobre el tema, es que en todo caso esta ley debe referirse, sería el texto propuesto: "Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes a cargo del sector público"; si esto salva, les decía, la naturaleza de la administración pública federal.
He reservado el artículo 5 de este ordenamiento en el penúltimo y el último párrafo.
Por lo que toca al penúltimo, se establece, porque es el objeto de la ley, que estos bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales, es decir, bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación o decomisados por la autoridad judicial, léase jueces de distrito o magistrados de los Tribunales Unitarios, en sentencia judicial, se señala que se procederá a su asignación -y en la parte final- o bien a determinar un fin específico que ofrezca la mayor utilidad para el gobierno federal.
El que habla y porque además esta norma emana de una problemática real, considera que debe agregarse: "para los gobiernos de los estados o municipios, anteponiendo principios de equidad para la asignación". Es una forma de quitarle incluso responsabilidad a este organismo que los administrará y de darles mayor utilidad, sobre todo en las localidades en donde los eventos delictivos acaecen. Entonces, ese sería el texto a adicionar del penúltimo párrafo.
Repito, señor Secretario: "Es para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados o de los municipios, anteponiendo criterios de equidad para la asignación".
Compañeros diputados: El último párrafo del numeral 5 que estoy abordando y que me he reservado, establece literalmente: "Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de las entidades transferentes –es decir, los que los aseguraron o decomisaron- no podrán ser transferidos para su administración al SAE en los términos del presente título". Enfatizo: "Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de las entidades transferentes no serán objeto de esta ley". Entonces para qué generamos estas reglas de conducta, porque los vehículos automotores que tenga la policía o el inmueble ocupado por la policía o el Ministerio Público, en general cualquier bien que se le pueda dar uso que ya esté a la disposición del Ministerio Público de la Federación o de alguna corporación policíaca o de la autoridad judicial, ya no cabe regularla en términos de esta ley; es absurdo.
Ley solo para lo que no, solo para lo que no juzgue a su servicio el Ministerio Público de la Federación, eventualmente el Poder Judicial de la Federación. Lo digo con respeto, me parece que el segundo no incurre en esas conductas.
Entonces sería suprimir el último párrafo del texto del artículo 5 en comento.
He reservado el artículo 19, compañeros y compañeras diputadas, y a la mejor cuesta trabajo algunos temas de esta naturaleza por ser, y no lo digo en modo alguno con desdén, por ser de técnica jurídica. El artículo 19, segundo párrafo, señaa: "Que el Administrador de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, es decir, de las empresas, negociaciones o establecimientos objeto de la Ley, tendrá las facultades necesarias en términos de las disposiciones aplicables para mantenerlos en operación y en buena marcha.".
Y agrega: "pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa". Por técnica esta negativa a gravarlos cuando menos a gravarlos, es contradictoria con lo que establece el Artículo 13, Fracción IV puesto que este señala "que os Administradores podrán otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito".
Pero, además,el Artículo 20 agrega: "que en tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos a los que nos referimos , los Administradores tendrán facultades necesarias para la enajenación de activos, la que realizará de acuerdo con el procedimiento previsto ene l Artículo 4º de esta Ley", es decir que es de congruencia legislativa y por ende propongo que el segundo párrafo, señor Secretario, en su segunda parte debe ser suprimido a partir de donde reza ".. pero no podrá enajenar y gravar.. " esa parte se suprime. Segundo párrafo 19, última parte.
El Artículo 22º , tercer párrafo establece: "que el SAE podrá otorgar, previa autorización de la Junta de Gobierno, los bienes en depósito a las dependencias, entidades paraestatales o a la Procuraduría cuando así o solicite por escrito el Titular de dichas instancias".
Propongo se adicione: "… dice entidades paraestatales o a la Procuraduría, (coma) a los Gobiernos de los Estados o Municipios cuando así lo soliciten".
Por la razón en la bondad decía del uso, sugiero con respeto la supresión del Artículo 24 relativa al Título III de la Devolución de Bienes en administración.
En el Pacto Político Social que contempla el ordenamiento máximo de este país, en la Constitución Federal y en las constituciones de todos los países más o menos democráticos, hay dos partes fundamentales; una que tiene que ver con las facultades de la autoridad, con la estructura de cómo se componen los Poderes del Estado, habrá de comprender la Asamblea que como la reserva la estoy abordando en una sola participación, entonces habría que sumar el tiempo que sea preciso para concluir.
Gracias compañero Diputado.
Digo que habrá que suprimir el 24º porque hay garantías fundamentales que todo gobernado tiene frente a la autoridad y esas garantías son, de seguridad jurídica, de libertad, de juicio previo, de modo que, el que el Artículo 24 establezca formas y reglas distintas a las leyes en donde se aseguren los bienes, me refiero al Código Federal de Procedimientos Penales ó a las reglas del abandono que contempla el Código Civil, no puede una disposición de carácter administrativo como ésta que de modo imperativo…"que la autoridad competente notificará su resolución al interesado o al representante legal de conformidad con lo previsto por las disposiciones aplicables para que en el plazo señalado en las mismas a partir de la notificación se presente a recogerlo".
Esto no está mal. Que diga que el procedimiento se siga conforme a las reglas y formas de aquellas leyes, pero "…la sanción en términos de esta ley bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal":
Les dejo el tema no solo de la reserva para su consideración sino para la reflexión, sabedores de los procedimientos de notificación pero una ley de esta naturaleza se sobrepone a las garantías que les he mencionado.
Vamos a tenernos un poco de paciencia, a mí me gustaría… (interrupción)…
- LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Tomás Torres, permítame un segundo.
Compañeros legisladores le hemos permitido al diputado Tomás Torres utilizar más tiempo porque su reserva es por varios artículos; si le diéramos el tiempo preciso para cada uno de los artículos, él tendría un excedente de tiempo superior, así es que yo les ruego tomar en consideración que esta ha sido la decisión de la mesa.
Continúe diputado.
EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Gracias ciudadana Presidenta.
Y concluyo ya brevemente. Reservé el artículo 80, les comento compañeros diputadas y diputados, que la administración del SAE estará a cargo de la Junta de Gobierno y de un Director General. La junta de gobierno se integrará de la siguiente manera: Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien preside; y dos secretarios de esta Secretaría; el Tesorero de la Federación y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, éste último pudiera estar de sobra yo no le encuentro ninguna justificación.
Pero quien no debe faltar seguramente serán cuando menos en lo que toca a bienes asegurados y confiscados, no puede estar fuera un representante de la Procuraduría General de la República y un representante del Consejo de la Judicatura de la Federación. Son los proveedores naturales en lo que hace al artículo primero, fracción I, de la ley para quien haya tenido oportunidad de su lectura.
Sugiero entonces adicionar al artículo 80 una fracción V que diga: "un representante de la Procuraduría General de la República; adicionar la fracción VI; un representante del Consejo de la Judicatura Federal".
Por economía en el argumento y en el uso de la tribuna, propongo la supresión del artículo 182-Q pero como no fue objeto de reserva el P, sería motivo sólo del comentario y digo por obvio de tiempo porque fíjense ustedes qué propuesta de la barbarie jurídica en una ley.
Este es el Código Federal de Procedimientos Penales: "La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que haya causado abandono en los términos de este Código".
Hay que correlacionarlo necesariamente con el artículo 182: "Quien tiene facultad constitucional y legal es la autoridad judicial para el decreto del decomiso como una forma de sanción o de punibilidad a las conductas delictivias".
Dejo ahí los comentarios. Le aprecio ciudadana Presidenta su diligencia en la conducción y mi gratitud al Secretario por haber recogido los textos propuestos.
Muchas gracias por su atención.
- LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega a nombre de la Comisión.
EL DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la Presidencia.
A nombre de las mesas directivas de las comisiones que dictaminaron esta minuta que viene del Senado, en primer término queremos felicitar al diputado Tomás Torres, del Partido de la Revolución Democrática, el análisis tan detallado de este dictamen que está a consideración de todos ustedes.
Desde luego lamentamos que no haya estado con nosotros en las reuniones en donde se debatió este tema y en donde se aprobó el dictamen y por lo tanto no pudimos analizar cada una de las propuestas que nos está presentando en este momento en la tribuna.
Desde luego todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados deben de reconocer la bondad del fin que persigue esta ley, en donde finalmente lo que se busca es organizar en forma clara el manejo de los bienes asegurados, el manejo de los bienes que se abandonan y pasan a ser propiedad del Gobierno Mexicano. Se busca darle transparencia a la administración, se busca darle transparencia a su enajenación.
Suenan muy razonables la mayoría de los argumentos presentados por el diputado Tomás Torres, suenan lógicos y parecería ser que muchos de ellos son atendibles, pero para eso, tomando en consideración la importancia de esta ley hay que analizarlos con mucho detalle.
A nombre de las mesas directivas de las comisiones que dictaminaron, me gustaría proponer al diputado Tomás Torres que en forma conjunta preparáramos un análisis más detallado de estas propuestas que ha presentado, el que se presente a la brevedad posible por los partidos políticos aquí representados, una iniciativa que reforme esta ley, pero por su importancia de la misma desde el punto de vista no solamente presupuestal, sino también por la importancia de que ya se implemente la forma de operar de la misma, le demos en este momento, aprobemos en este momento los artículos reservados para efecto de que en forma lo más expedita posible nos pongamos de acuerdo, presentemos esta modificación, la aprobemos en esta Cámara y la mandemos al Senado.
Si él está de acuerdo a esta invitación, creo que podríamos construir un instrumento fundamental que va a servir para la administración y procuración de justicia, además para evitar que el Estado Mexicano siga erogando cantidades millonarias de dinero por administración de bienes que tiene asegurados y que no puede enajenar en forma expedita.
Con estos argumentos yo le pediría al proponente que retirara sus objeciones, con este compromiso que tenemos de hacer un análisis a detalle y adecuado de las propuestas presentadas.
Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Sonido en la curul del diputado Tomás Torres.
EL DIP. TOMÁS TORRES MERCADO: (desde la curul) Gracias, Presidenta.
En principio, tengo la costumbre de asistir y de cumplir con mi responsabilidad a las convocatorias de este pleno y de las comisiones de las que formo parte. No referiría mi ausencia en la semana inmediata anterior.
Por otra parte, estaría en posición de declinar las reservas, ciudadana Presidenta, para proceder a la votación, asumiendo que la posición de las comisiones unidas y un servidor como diputado en lo individual, hiciéramos la presentación conjunta y consensada de una iniciativa para salvar estos aspectos en mejor momento y no obstaculizar la entrada en vigor de este ordenamiento por las bondades que hemos acotado, registrando ese compromiso, que si no formal, sí de diputados responsables de una función.
LA PRESIDENTA: Gracias diputado. Esta Presidencia reconoce la posición del diputado promovente y registra como un compromiso de las comisiones, la presentación de una iniciativa que recabe el consenso de los integrantes de las comisiones y que tenga como elementos aquellos que presentó el diputado Tomás Torres en sus reservas en lo particular una vez analizados por los integrantes de las Comisiones.
EL DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO (Desde su curul): Presidenta.
LA PRESIDENTA: Sonido en la curul del diputado Amador Rodríguez.
EL DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO (Desde su curul): Gracias Presidenta.
Solamente para acotar parte de su comentario anterior, que no exclusivamente sea una iniciativa en la que se recabe los comentarios de los miembros de las comisiones, sino de los legisladores que tengan algo que aportar, porque esto no es un problema exclusivamente de las Comisiones, sino, si ya se está aprobando aquí el acuerdo y se está recociendo que esta ley tiene grandes defectos pero que es necesario de que se apruebe por razones que no conozco, en todo caso que ese compromiso conlleve que se haga una iniciativa consensada por todos los diputados.
LA PRESIDENTA: Muy bien, diputado Amador Rodríguez. Yo le ruego a las comisiones y específicamente a la Comisión de Justicia, que puedan informar a los legisladores de este proceso de construcción de la iniciativa para quienes así lo deseen, puedan participar.
Se ofrece el uso de la palabra la diputado Diego Cobo Terrazas, que había reservado en lo particular el artículo 13 de la ley.
EL DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Muchas gracias diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votamos a favor de esta ley en lo general, convencidos de que este instrumento jurídico permitirá dar certidumbre en la administración de los bienes asegurados y decomisados y de aquellos que la propia ley establece.
Sin embargo nos hemos querido reservar el artículo 13 para proponer una adición que tiene que ver los animales. Como ustedes saben, los animales son considerados por las leyes bienes y por lo tanto son sujetos de esta ley.
Ya hemos tenido otras experiencias en las que la autoridad en actuaciones judiciales o incluso administrativas, aseguran o decomisan animales y que en el transcurso de estos procedimientos administrativos o penales, estos organismos, estos seres vivos son descuidados en su trato.
Es el caso, por ejemplo, de los decomisos que se realizan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuando se llegan a detectar animales protegidos, sujetos de otras disposiciones legales. O podemos pensar incluso en animales domésticos como el ganado u otros animales considerados bienes.
Y en ese sentido es la propuesta que hace el Partido Verde Ecologista de México, de adicionar un tercer párrafo al artículo 13 y el tercero pasaría a ser el cuarto y así sucesivamente, que dijera lo siguiente:
Tratándose de animales la autoridad o depositarios de los mismos deberán garantizar en todo momento su bienestar otorgándoles un manejo y trato humanitarios.
Esa sería la propuesta que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México quisiera ver incluidos en esta disposición; sin embargo con lo que aquí ya se ha dicho, es voluntad de los diputados integrantes mi grupo parlamentario, declinar la propuesta y sumarnos a una posible iniciativa que en conjunto pueda incluir nuestra propuesta, en aras de que la propia ley pueda entrar en vigor y no obstaculicemos así la correcta administración de los bienes asegurados y decomisados.
Muchas gracias, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
Diputado Cobo, esta Presidencia consulta con usted si está en disposición a que su reserva siga el mismo destino que planteó a las Comisiones para las reservas presentadas por el diputado Tomás Torres.
EL C. DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS.- Así es, Presidenta, se declina.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias.
En virtud de que se han retirado las reservas específicas, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si hay algún orador en pro o en contra.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si existe algún orador en pro o en contra del dictamen.
LA C. PRESIDENTA.- De la discusión de los artículos reservados.
EL MISMO C. SECRETARIO.- De la discusión de los artículos reservados en este dictamen.
LA C. PRESIDENTA.- Consulte a la Asamblea si están suficientemente discutidos.
EL MISMO C. SECRETARIO.- Se consulta a la Asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, suficientemente discutidos.
LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, se ponen a votación los artículos 13 de la ley, la denominación de la ley y los artículos 5º., penúltimo y último párrafo; 19, párrafo segundo, última parte; 22 tercer párrafo, 24, 80 de la propia ley, el artículo 182 Q del Código Federal de Procedimientos Penales en los términos que están presentados en el dictamen.
Proceda la Secretaría a hacer los avisos correspondientes y abra el registro electrónico hasta por diez minutos.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVINLA.- Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, tal y como están inicialmente en el dictamen.
(Votación)
Se emitieron 370 votos en pro, 5 en contra y 13 abstenciones.
LA C. PRESIDENTA.- Aprobados por 370 votos en pro, los artículos reservados y quedan tal como están en el texto del dictamen.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para ilustrar a la Asamblea, les informamos que esta Mesa Directiva levantará la sesión a las tres de la tarde y que continúan dictámenes a votación en tablero electrónico.
Los siguientes puntos del orden del día son relativos a dictámenes de segunda lectura, pero antes, dado que ha sido distribuido el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional del 10 al 16 de noviembre del 2002 con el fin de participar en el Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito, a realizarse en New York Estados Unidos de América, el día 10 de noviembre, del 11 al 15 de noviembre de 2002, con objeto de efectuar una gira de trabajo por Europa, que incluye visitas oficiales y de trabajo al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 11 al 12 de noviembre.
A la República de Irlanda el 13 de noviembre de 2002, Así como a la República Francesa, del 14 al 15 del mismo mes y el 16 de noviembre del 2002 a fin de participar en la décima segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Vábaro, República Dominicana.
-PRESIDENTA: Este dictamen queda de primera lectura.
Los siguientes puntos del Orden del Día son la segunda lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Adrián Franco Zavada, Verónica Elizabeth Avilés Lobato, Alexander Alberto Michel Braun Magallón, Jorge Hefferan Romero, Carlos Hernández Muñoz, Arturo Carreón Cura y Mario Alberto Martínez Rojas, para prestar servicios a Gobiernos extranjeros.
Consulte la secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
-DIP. SRIA. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Se les dispensa la lectura.
-PRESIDENTA: En consecuencia se pide a la secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
-MISMA SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Adrían Franco Zevada, para prestar servicios como asesor jurídico en la Embajada de Bulgaria, en México.
Está a discusión el dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Verónica Elizabeth Avilés Lobato, Alexander Alberto Michel Braun Magallón, Jorge Hefferan Romero, Carlos Hernández Muñóz, Arturo Carreón Cura y Mario Alberto Martínez Rojas, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Países Bajos en México.
-PRESIDENTA: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de
decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.
Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.
-MISMA SECRETARIA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se emitieron 377 votos en pro, cero en contra y tres abstenciones.
LA C. PRESIDENTA: Aprobados los proyectos de decreto por 377 votos.
Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Ruego a la secretaría dar lectura a la comunicación de la mesa directiva.
LA MISMA C. SECRETARIA:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA MESA
DIRECTIVA RELATIVA AL SISTEMA ELECTRONICO
PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA,
INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Pasamos al capítulo de excitativas.
Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El suscrito, diputado federal por el distrito 05 de Jalisco, con cabecera en Puerto Vallarta, a nombre propio y de 182 legisladores que conmigo firman de diversos partidos políticos y que somos integrantes de la Comisión de Turismo o representantes de entidades con vocación económica turística o simplemente legisladores que buscamos la ordenación legislativa, presento esta excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a efecto de emplazarla a emitir el dictamen correspondiente para que sea presentado ante el pleno el dictamen de iniciativa de la Ley de Juegos y Sorteos.
La Ley en comento, que data del año 47, surge en un marco de condiciones de prohibición que han cambiado. La inobservancia y lagunas de dicha ley han propiciado corrupción e impunidad, permitiendo la proliferación de prácticas ilegales.
La ley actual carece del reglamento correspondiente y existen diversos ordenamientos aplicándose al respecto que requieren su análisis, ya que son un marco muy endeble en materia legal.
En el año 99, febrero 26, el diputado Isaías González Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, a nombre de diversos diputados de distintos partidos políticos, presentó ante el pleno de esta Cámara iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
Se acordó que la Comisión de Turismo elaborara una opinión fundada y motivada al respecto y se enviara de inmediato a la Comisión de Gobernación para su dictamen.
Después de varias consultas públicas, dicha opinión se emitió y fue remitida a la Comisión dictaminadora.
En esta legislatura la Comisión de Turismo retomó en su agenda el asunto y a instancias de ella se motivó a la Comisión de Gobernación para continuar los trabajos de dictaminación y se formó un grupo plural de diputados de ambas comisiones que hicimos un trabajo de discusión, de análisis, y se presentó ya a la Comisión de Gobernación un documento para que lo discuta, lo debata y en su caso lo presente a este pleno.
Actualmente las actividades en materia de juegos y sorteos están, como ya dije en un principio, fuera de control y se requiere sean reguladas, vigiladas, autorizadas y controladas para que se lleven a cabo con honestidad y con apego al marco legal.
La discusión de este asunto se ha desviado en cuestiones de moral pública, pero en cambio tenemos que la informalidad y el nulo control que existe sobre el juego lo convierte en un elemento de riesgo, tal como está ahora desarrollándose, y en México se cuentan por miles los establecimientos clandestinos irregulares y a veces hasta insalubres y peligrosos donde se efectúan juegos de azar con apuesta, que constituyen una total expresión de ilegalidad y lesionan el interés público. No están regulados, no pagan impuesto, y yo creo que es la ley la que debe propiciar que esto salga de la clandestinidad y que esté bajo el control.
Lo que planteamos, compañeras y compañeros, es que la Comisión de Gobernación, que tiene ya elementos, que tiene ya un documento planteado, someta al pleno de su Comisión y en su caso presente ya en los tiempos legales su dictamen ante este pleno de la Cámara de Diputados.
La forma en que habrá de regularse será sin duda sujeta a debate ¿Cuál será la mejor situación para ello?
De lo que estamos ciertos es que en la manera en que está, con una legislación endeble, estamos en la ilegalidad tolerada y queremos pasar a la legalidad controlada y regulada por una ley adecuada a los tiempos modernos de México.
Por ello los firmantes de esta excitativa que somos, insisto, 182 diputados del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Convergencia e independientes, planteamos:
UNICO.- Se tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que de inmediato presente su dictamen respecto de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuesta y Sorteos. Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra la diputada María Elena Chávez Palacios, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
- LA C. DIP. MARIA ELENA CHAVEZ PALACIOS: Con su permiso, señor Presidenta.
"Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa de reformas a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión:
"La suscrita, en mi calidad de diputada federal de la LVIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular la excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo el dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 89 párrafo décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los antecedentes siguientes:
"El 30 de abril del 2002 a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se presentó ante el pleno de esta H. Cámara la iniciativa de la reforma a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de establecer expresamente el respeto a los derechos humanos como límite y principio rector de nuestra política exterior.
"Asimismo el 10 de octubre del presente año el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó excitativa para que se dictamine dicha iniciativa.
"Por haber transcurrido el plazo que tienen las Comisiones para que dictaminen los asuntos que se les turnan, toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Acción Nacional insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de impulsar y promover los principios humanistas en el ejercicio e la política exterior de nuestro país, impulsando los valores democráticos como forma de gobierno, incentivando la promoción y protección de los derechos humanos en las relaciones internacionales del Estado Mexicano, siendo precisamente objeto de esta iniciativa que dentro de las facultades conferidas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se refiere a la dirección de la política exterior se observe como un principio normativo más la promoción y protección de los derechos humanos... (Sigue turno 33)
Estados Unidos Mexicanos en lo que se refiere a la dirección de la política exterior se observe como un principio normativo más la promoción y protección de los derechos humanos y valores democráticos.
" C o n s i d e r a c i o n e s :
"La creación y fortalecimiento de la normatividad básica ha permitido la satisfacción en la aplicación de un sinnúmero de acciones cimentadas en la necesidad de las personas por conocer y disfrutar sus derechos elementales. Esta normatividad ha sido básica para la instrumentación de diversos documentos de carácter internacional y nacional que en este momento son guía en las actividades de la defensa, promoción, divulgación, enseñanza y aprendizaje de los derechos humanos.
"Estos derechos han avanzado en su cobertura, pasando por la diversidad de los sectores sociales hasta ubicarlos en las sociedades globalizadoras, motivo por el cual los derechos económicos, sociales y culturales se reconocen y salvaguardan por primera vez en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, extendiéndose a otras naciones del mundo en años subsecuentes.
"En México a partir de la década de los ´70 se proyectó una nueva generación de los derechos humanos, concibiendo al ser humano, además de titular de los derechos, como sujeto de obligaciones de cara al patrimonio común como la paz, la libre determinación de los pueblos, el desarrollo integral de las personas y la procuración de un ambiente sano entre otros.
"Es en virtud de lo anterior que se hace necesario incorporar estos derechos humanos como concepto constitucional y doctrinario en el catálogo de principios de la política exterior, exaltando el principio original que la soberanía reside en el pueblo, por lo que los gobiernos deben velar por respetar sus derechos.
"A nadie escapa que los procesos de transformación de nuestra democracia conlleven responsabilidades nacionales e internacionales, por lo que asumirlos supone la necesidad de encarar nuestras obligaciones y adaptación al mundo en que vivimos. En este sentido los derechos humanos y la democracia son imprescindibles para el desarrollo equilibrado y pacífico de cualquier sociedad, así como para la relación entre las naciones. De ahí la imperiosa necesidad de establecer como principio normativo en la conducción de la política exterior la promoción y protección de los derechos humanos y los valores democráticos.
"Debemos tomar en consideración que es un hecho irreversible y cada vez más generalizado que las relaciones internacionales están y estarán condicionadas por el respeto y protección de los estados y sus gobiernos a los derechos humanos. En tal sentido esta iniciativa propone el ejercicio del poder soberano del Estado mexicano en plena vigencia, respeto y protección de los derechos humanos, así como la promoción de la democracia como principios rectores de su política exterior, en consonancia y congruencia de su vocación y determinación interna.
" C o n s i d e r a c i o n e s d e l D e r e c h o
"Que dadas las circunstancias que no se ha dictaminado la iniciativa presentada ante el pleno en fecha 30 de abril del 2002 y que además fue motivo de excitativa el 10 de octubre del año en curso para que la comisión competente dictamine la misma, hoy concurrimos ante esta honorable asamblea invocando la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General para que sea la Presidencia de esta mesa directiva quien emplace para el día determinado a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente a la iniciativa de las reformas a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por lo expuesto y fundado ante usted Presidenta de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente le pido:
"Unico.- En los términos, antecedentes y consideraciones expuestos, así como de la conformidad de los preceptos legales invocados, se sirva excitar por segunda ocasión a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas a la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política.
Gracias. Es cuanto.
(Aplausos)
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputada Chávez. Palacios.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
En virtud de que es la segunda excitativa se fija, a más tardar, el día 4 de diciembre para que lo presente a la asamblea.
Tiene la palabra la diputada Silvia América López Escoffié, en el capítulo de proposiciones, para presentar una proposición a nombre de integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas locales para que se implementen las medidas necesarias de carácter legal que favorezcan un procedimiento expedito en materia de alimentos contra el deudor alimentario.
-DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Señora Presidenta; compañeros diputados, con su permiso.
Por constitucional el Estado tiene un compromiso ineludible para que los integrantes del núcleo familiar, mismo que se traduce en la obligación de implementar las acciones necesarias tendientes a combatir, sancionar y prevenir a través de medidas protectoras en los planos de lo jurídico, económico, legislativo, político y social, toda práctica que atente o menoscabe sus derechos fundamentales, tales como la inobservancia de la obligación del acreedor alimentista, para suministrar los elementos necesarios para el adecuado desarrollo y ascendiente que así lo requiera, cuando éstos por alguna imposibilidad debidamente justificada no pueden allegarse de los elementos necesarios para tal fin, obligación consagrada en el derecho a los alimentos.
En efecto, alimento, abrigo, techo, asistencia en caso de enfermedad, formación intelectual y en general los elementos necesarios para su subsistencia, constituyen elementos que necesita todo acreedor alimentista para sobrevivir. Es por ello que el derecho a los alimentos deriva del derecho a la vida que posee toda persona y que gravita en el núcleo familiar.
Ahora bien, existen los procedimientos para ocurrir ante un juez de lo familiar y solicitar o demandar el pago de una pensión alimenticia, por no tener bienes o ingresos y estar imposibilitado para obtenerlos y asegurar la supervivencia. No obstante, éstos en muchos de los casos presentan deficiencias que impiden el ejercicio del derecho que se tiene a los alimentos, quedando desprotegidos, exponiendo la vida, la integridad, la salud y la seguridad.
Al tenor de lo expuesto en los párrafos anteriores, es conveniente hacer la precisión de que lo que busca el acreedor alimentista son recursos para subsistir y si no tiene éstos, menos los tendrá para contratar los servicios de una persona especializada que pueda representarlo de la mejor manera posible, al igual que no puede cubrir el costo de las publicaciones necesarias en caso de que el deudor reemplazara su domicilio para no cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en la ley para acceder a la justicia local.
Es de mencionarse también que para resolver el problema del acceso a los juzgados familiares, para ver satisfechas las pretensiones, no basta con la supresión de formalidades y se deben contemplar otros aspectos como el hecho de que las instituciones que se dedican a la defensoría de oficio no proporcionan un servicio competente, eficiente, profesional y gratuito, en la mayoría de las veces por la deficiente actuación de estas instituciones.
Menores de edad, discapacitados y otros han quedado expuestos a que sus derechos alimentarios se vean nulificados. No basta la norma sustantiva que reconoce un derecho, se necesita de una defensoría adecuada que reclame su cumplimiento.
Por otra parte, no es desconocido que no siempre el deudor tiene ingresos fijos y periódicos por el desempeño de un empleo y lo que ha limitado que la acción jurisdiccional no sea lo suficientemente eficaz, ya que ante la omisión de un empleador o patrón cierto y determinado, hace que muchas de las veces no se pueda ordenar el descuento por parte de éste de las cantidades relativas a las pensiones alimenticias, por lo que es indispensable que se revise la conveniencia de establecer el aseguramiento del deudor alimentante, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y que se realice por un periodo razonable para proteger a los grupos vulnerables.
Al dejar de cumplir con las obligaciones alimenticias no se está sólo frente a un incumplimiento civil, pues las consecuencias del mismo implican exponer a un peligro a las personas más que bienes u otros derechos de los mismos, por lo que en este sentido la respuesta que se le dé al problema que nos ocupa debe ser bien estudiada, para que así se asegure la protección de los grupos vulnerables y se le den mejores condiciones posibles para su subsistencia y desarrollo. También que se inhiba el cumplimiento a las obligaciones alimenticias.
Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que representa la protección a os derechos familiares, se presenta el siguiente Punto de Acuerdo.
PUNTO UNICO. Que esta Cámara de Diputados exhorte a las Legislaturas Locales con respeto a su autonomía para que dentro del ámbito de su competencia se implementen las medidas necesarias de carácter legislativo que:
favorezcan un procedimiento ágil en materia de alimentos suprimiendo en su caso las formalidades establecidas en los mismos que obstruyen el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias y provocan el incumplimiento de esta obligación;
que se constituya u organicen instituciones de Defensoría que proporcionen una adecuada y eficiente representación y asesoría a aquellas personas que la requieran para ejercer sus derechos alimenticios;
que se prevean en las legislaciones adjetivas correspondientes las figuras de aseguramiento de bienes y en su caso del remate de los mismos para efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias;
que se tipifiquen dentro de las legislaciones penales correspondientes aquellas conductas en donde el deudor alimentante busca hacer fraude a la ley para no cumplir con la obligación impuesta por autoridad judicial consistente en proporcionar alimentos a su hacedor y si ya estuviera tipificado que se aumenten las sanciones correspondientes a efecto de trabajar los mecanismos necesarios e idóneos para que se gestione la asignación del presupuesto suficiente a las instituciones que fortalecerán en sus rubros de trabajo como el Poder Judicial Estatal específicamente encargada de la gestión, trámites de pensión alimenticia y otras que existen dedicadas a la atención de problemas jurídicos.
Dejo el Punto de Acuerdo a esta Secretaría, muchas gracias por el tiempo recibido señora Presidenta. (aplausos)
-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputada.
Publíquese íntegramente en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para revisar los cálculos para la asignación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social de los Estados y Municipios de la Ley de Coordinación Fiscal.
-EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA.: Con su permiso Diputada Presidenta. Señoras Diputadas, compañeros Diputados. Consolidar un verdadero Federalismo Fiscal y fortalecer las finanzas públicas de los municipios mexicanos de siempre han sido banderas enarboladas por los militantes del Partido Revolucionario Institucional.
Con respecto a esta posición, el Diputado Pedro Manterola Sainz y su servidor atraemos como tema de trabajo de esta soberanía, un tema vinculado y por eso realza su importancia con el desempeño futuro de los municipios.
Está fuertemente relacionado con la variación en los recursos provenientes del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social del Ramo 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para ponerlo en tesitura, compañeros Diputados, el problema es que de un año a otro, de un ejercicio fiscal al subsecuente, un municipio puede ver fuertemente aumentado su recurso disponible como los puede ver, lamentablemente en detrimento de su población disminuido.
Estas variaciones que para este año afectaron en forma directa a más de 51 municipios del Estado de Veracruz y con quienes nos hemos solidarizado y considerando el problemático escenario que como consecuencia de esta razón han tenido que enfrentar, traemos a consideración de todos ustedes varias preocupaciones.
La disminución de los recursos provenientes de este Fondo nos preocupan porque, de manera directa, impiden el desarrollo de la realización de obra pública.
De la misma manera, estas variaciones generan un ambiente de gran incertidumbre lesionando la planeación administrativa, los programas de obras y de manera más clara y más rotunda porque inhiben fuertemente, inevitablemente el desarrollo de las regiones.
Sabemos todos que la pobreza es una consecuencia de un desarrollo insuficiente;
Sabemos todos que la única vía para poder achicar la distancia entre las regiones ricas de las regiones pobres será atacando de manera directa el nivel de escolaridad reconociendo la proporción que en la cadena productiva guarda la actividad agrícola y específicamente invirtiendo en infraestructura que permita superar las barreras comerciales y acercar los productos de esas regiones a los mercados.
Por estas circunstancias creemos se debe resolver este problema de variación y de incertidumbre a través de, principalmente, dos vertientes de análisis: una, vinculada con la fórmula propuesta por el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde existen elementos para presuponer que si bien el mecanismo de asignación de esta fórmula en un inicio ayuda a resolver aquellos municipios y aquellos estados que enfrentan fuertes rezagos en infraestructura, posteriormente, lamentablemente, castiga a aquellos municipios y aquellos estados que hubiesen avanzado en la lucha contra estos desafíos sociales.
Esto sin lugar a dudas implicará la participación de nosotros en la corrección de esta fórmula en el artículo mencionado y tendrá que tomar forma en una futura iniciativa; en la otra vertiente de análisis consiste en conocer los datos mediante los cuales se lleva a cabo esta estimación con respecto a la fórmula en mención y es por eso que a través de este punto de acuerdo solicitamos conocer, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, las variables que utilizan para poder estimar los porcentajes de participación del fondo de infraestructura social.
Y en este sentido, por lo anteriormente expuesto y reiterando nuestra solidaridad con la institución municipal y nuestro deseo por estar siempre al lado de los municipios de México, presentamos el siguiente punto de acuerdo. Literalmente dice como sigue:
ARTICULO UNICO.- Que la Secretaría de Desarrollo Social, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal relativo a publicar en el Diario Oficial de la Federación la norma establecida para las necesidades básicas, presente a esta soberanía la información usada para desarrollar el calculo del porcentaje del que participan los Estados y municipios del fondo de aportaciones para la infraestructura social, así como también nos expliquen el procedimiento a través del cual se obtuvo la mencionada norma establecida para cada una de las necesidades básicas consideradas por la Ley de Coordinación Fiscal en el proceso de definición de la masa carencial por hogar.
Muchas gracias por su atención y dejo esto a sus órdenes.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado Yunes. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN ((desde su curul)) Señora Presidenta, le ruego considere mi solidaridad con la propuesta del diputado, por favor.
- LA C. PRESIDENTA: Se solidariza el diputado del Río Virgen con el punto de acuerdo, para que se recabe su firma.
Esta Presidencia informa que atendiendo la solicitud y por ser lógico, estamos modificando el turno dictado a la iniciativa de Ley Orgánica de la Financiera Rural y el turno definitivo queda como sigue: a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural. Ese es el turno para la iniciativa de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
Se ha distribuido el dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República preparado por las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública.
Dado que se ha distribuido, además de instruir que se publique íntegramente en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del PRD para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud para el pago de gastos de hospitalización y funeral de todos aquellos que donen sus órganos.
EL DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:
De acuerdo a la información oficial, en nuestro país existen aproximadamente 100 mil personas con enfermedades crónicas degenerativas, de ellas, más de 18 mil se encuentran registradas en la lista de espera de recibir un órgano o tejido. El órgano supervisor encargado de llegar el control de los trasplantes, como bien sabemos, es el Consejo Nacional de Trasplantes, creado por la Secretaría de Salubridad en 1999.
Por otra parte, el Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece una línea de acción que pretende promover el trasplante como una alternativa accesible, marcando la necesidad de avanzar en torno al Programa Nacional de Trasplantes, el cual busca actualizar la legislación vigente para permitir de forma más ágil la donación de órganos. También se requiere implantar una cultura de donación altruista.
Básicamente hacen referencia a la donación de corneas y de riñones, y a pesar, en el caso de las primeras, de mil 426 a 4 mil y de las segundas, de mil 342 a 3 mil 500, cifras bastante optimistas si tomamos en cuenta que en México no existe una cultura de donación y lamentablemente hablar de cultura es introducirnos al entramado de tradiciones e ideologías que permean a nuestra sociedad en cuanto a la donación de órganos y otros muy diversos temas.
Es preciso señalar que aun cuando se ha experimentado un avance científico y tecnológico muy importante respecto a los trasplantes, no todos los órganos pueden cambiar de dueño, sólo riñones, pulmones, corazón, intestino e hígado. También es posible donar, sin ser contemplados como órganos, sangre, corneas, epitelio y médula osea.
Existen estimaciones de que cada año se requiere de 5 mil a 6 mil trasplantes de riñón, 7 mil de corneas, 4 mil de corazón y 4 mil de hígado. Bajo el lema "Dale Vida a Otra Vida". Se plantea la donación voluntaria y con ello que cada día sean menos las personas que tienen que morir a falta de un trasplante por no existir donadores, y según la cifra previamente mencionada, existen más personas que requieren un trasplante que aquellas que están dispuestas a donarlos.
El trasfondo de la asignación de órganos es todavía más complicado en la medida que las personas a las que se les va a implantar deben de cumplir con una serie de requisitos que van desde tiempo de espera, es decir, las instituciones encargadas...
LA PRESIDENTA: Diputado. Correcto, continúe, diputado.
EL DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: ...tal es el caso de la salud pública, deberán dar preferencia a aquella persona que tenga más tiempo en la lista de espera. En las instituciones de salud privada es diferente; si existe un donador y si se tienen los recursos económicos para pagar el implante, no habrá listas de espera como en el primer caso, aunque es necesario recordar que el mayor número de trasplantes se hace en instituciones públicas, siendo alrededor de ocho por cada diez personas.
También en la asignación es sumamente importante que el órgano a implantar cumpla con los requerimientos para que le permita adaptarse al nuevo organismo, de lo contrario puede peligrar la vida del receptor.
Sabemos que es necesario sumarnos al esfuerzo de otras fracciones parlamentarias, las cuales en días pasados presentaron una propuesta con punto de acuerdo para establecer una jornada de información en el Palacio Legislativo, para facilitar la inscripción de los diputados al Registro Nacional Voluntario de donación de órganos y tejidos, habiendo presentado previamente una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley General de Población, a fin de que se adicionen los preceptos y se asienten en las cédulas de identificación personal, una leyenda en la que se invite a la persona si desea o no, donar sus órganos expresando así su voluntad ciudadana por escrito.
No obstante, es necesario voltear a mirar a los otros, a los donadores, pues en las semanas pasadas nos enteramos, a través de los medios masivos de comunicación, que gracias a un donador se salvaron, no una sino varias vidas, actitud loable. No obstante, resulta trágico y conmovedor que sus familiares no contaran con recursos económicos para hacer frente a los gastos hospitalarios y de funeraria.
Es por ello que un servidor considera que se debe prever el pago de los gastos funerarios y hospitalarios de todos aquellos donadores de escasos recursos a través de la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud con aportaciones públicas y de los particulares receptores de los órganos.
Por lo anteriormente expuesto y con base al artículo 58 del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone el siguiente:
Punto de Acuerdo.
UNICO.- Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acuerde proponer la conformación de un fideicomiso por parte de la Secretaría de Salud con aportaciones públicas y de los particulares receptores de los órganos transplantados cuyos fondos serán destinados para el pago de los gastos hospitalarios y funerarios de todos aquellos donadores de órganos que salven la vida de otra persona y cuyos familiares carezcan de recursos.
Y finalmente como Colofón, invitar a los compañeros diputados a que nos sumemos precisamente a esta loable labor en la cual es necesario que se donen los órganos para que se le pueda dar vida a otra vida.
Gracias muy amables.
LA PRESIDENTA: Diputado, el diputado Barbosa había solicitado hacerle una interpelación, ¿la acepta usted?
EL DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Sí, una pregunta, sí con todo gusto.
LA PRESIDENTA: Sonido en la curul en donde está el diputado Barbosa.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Señor diputado, hemos escuchado con atención su planteamiento muy actual, muy interesante, la pregunta es muy sencilla. ¿Si usted, al fallecer, estaría dispuesto a donar sus órganos y en caso de ser así, cuándo iniciaría los trámites para dejar constancia de ello?
EL DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Muy buena pregunta, yo indiscutiblemente que lo he pensado, hemos visto que es necesario donarlo, nosotros vamos a hacer la tramitación correspondiente y aquí delante de todos los compañeros, nosotros vamos a hacer la donación de nuestros órganos respectivos, compañeros, nos sumamos, queremos ver nada más cuál sería el trámite aquí en la Cámara de Diputados, pero que no nada más fuera Sergio Acosta, que fuéramos la mayoría de compañeros, porque la verdad es necesario que se le dé mayor énfasis a esto y que al final de cuentas sea un relevo nuestros órganos para los que necesitan de ello y que puedan seguir subsistiendo.
El compromiso es que no únicamente lo digo, no únicamente lo estoy denotando, sino simplemente haremos nosotros el trámite para dar la donación de nuestro órgano.
Gracias, muy amables.
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Armind José Valdés Torres, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Comisión Nacional del Agua que se realicen las obras de rehabilitación del distrito de riego 06, de Coahuila.
Se turna la anterior Proposición del diputado Sergio Acosta Salazar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Salud.
EL DIP. ARMIND JOSE VALDES TORRES: Con su anuencia, señora Presidenta.
Compañeros diputados:
Los agricultores y ganaderos del Distrito de Riego 06 Palestina, que se ubica en los municipios de Acuña y Jiménez Coahuila, enfrentan serios problemas ante los embates del Poder Ejecutivo, que tienen como propósito doblegar su voluntad para entregar agua a nuestros vecinos del norte en cumplimiento de su supuesto adeudo.
El distrito de Riego se nutre de las aguas provenientes del manantial denominado "cabeceras" que da orígenes en sus inmediaciones a una presa derivadora del mismo nombre, construida en el año de 1928. El agua se deriva a las presas de almacenamiento Centenario y San Miguel, para de ahí ser distribuidas a través de canales de riego a los diferentes campos agrícolas y abrevaderos.
En el mes de enero del año 2000, se entregó a los usuarios del distrito de riego a que me refiero, el cual se divide en tres módulos: el San Carlos, el Del Valle y el Módulo número Uno Palestina; este último lo administra la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Palestina, Asociación Civil. El distrito se entregó seriamente dañado en la infraestructura hidráulica y los recursos que por concepto de cuotas capta la asociación, sólo permiten realizar un 40% de los trabajos de mantenimiento de la referida infraestructura, además de que la maquinaria que se les entregó a los usuarios era usada con poca vida útil.
La Comisión Nacional del Agua expidió a la asociación un título de concesión por 25 millones de metros cúbicos de agua anuales, para regar 3 mil hectáreas, cuando que debió de expedir un título por 44 millones de metros cúbicos para regar una superficie de 6 mil 831 hectáreas que tiene el Módulo número Uno Palestina.
Con fecha 30 de septiembre del presente año, el Gobierno Federal a través del jefe del distrito de riego, dependiente de CONAGUA, pretendió que el Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia de la asociación, signara un convenio de incorporación al Programa "Uso Sustentable del Agua" en la Cuenca del Río San Diego, que tiene por objeto diversas acciones para ahorrar volúmenes de agua por medio del incremento de eficacias de conducción y parcelarias, para lo cual se realizarían diversas obras con recursos 100% del Gobierno Federal.
Dentro del convenio, la asociación concesionaria renunciaría a favor de CONAGUA, aparte de los volúmenes de agua de su actual título y se compromete a entregar agua para compromisos internacionales que no están incluidos dentro del Tratado de 1944, ya que las aguas del Río San Diego comprometidas, deben de computarse después de la cortina de la presa derivadora de "cabeceras"; esto es, después de haberse efectuado todos los aprovechamientos posibles de las aguas de dicho afluente en territorio nacional. El agua comprometida en el Tratado, es la tercera parte de la que llegue al Río Bravo, de conformidad con su artículo 4º., apartado "B", inciso c).
En los últimos días, con engaños e induciendo error, personal de CONAGUA ha logrado que los socios de los módulos San Carlos y del Valle firmen este convenio de incorporación al programa mencionado. Esos convenios firmados no tienen validez debido a que el jefe del distrito de riego no tiene capacidad jurídica y presupuestal para asignar los mismos.
El Ejecutivo del estado, en diferentes ocasiones ha manifestado que no se sacará una sola gota del estado, fuera de la ya comprometida en el Tratado, no consultándose a éste para darle legitimidad a este acuerdo.
El Presidente Bush y el Presidente Fox, en el rancho remodelado de San Cristóbal, acordaron que México entregaría volúmenes de agua, puntualizándose esto en el acta 307 de la Comisión Internacional de Límites de Aguas. Así se vació subrepticiamente la presa Venustiano Carranza, acordándose asimismo que los faltantes de podrían cubrir con aguas provenientes de otras presas, entre ellas la presa Centenario y la presa San Miguel. Esto no se ha hecho debido a los bajos volúmenes de la misma por la sequía que redujo a un 30% el manantial de "cabeceras".
Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua, en declaración dada ante la prensa el día 15 de octubre del presente año en la ciudad de Saltillo, sostuvo que el gobierno de Vicente Fox, está dispuesto a invertir unos 120 millones de dólares en los próximos 3 años en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coah.; de signar Coahuila el acuerdo con la Federación para reorganizar la cuenca del Río Bravo, abarcándose en este monto, obras ya realizadas o por realizarse, de conformidad con el compromiso inscrito dentro del Tratado de Libre Comercio y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza.
No nos dejaremos chantajear en el sentido de que si no entregamos agua para cumplir compromisos internacionales no pactados, no se llevarán a cabo ningún tipo de obras en el distrito de riego o en los municipios fronterizos. De esta manera, mejor déjennos como estamos.
Por otra parte, los usuarios del distrito de riego, estamos dispuestos a que después de que se realicen las obras, cubiertas nuestras necesidades, entregaremos los ahorros que de volúmenes de agua ...
.PRESIDENTA: Diputado, se ha excedido.
-DIP. ARMANDO JOSE VALDES TORRES: Termino.
.. los ahorros que de volúmenes de agua se hayan hecho. Primeramente las daremos para cumplir las necesidades nacionales y si sobra, cumpliremos los compromisos internacionales que tanto le interesan a nuestro presidente.
PUNTO DE ACUERDO.- Se solicita a la Comisión Nacional del Agua, realice las obras proyectadas en el distrito de riego 06 y los municipios fronterizos de Coahuila, sin condicionar las mismas a la entrega de agua para cumplir compromisos internacionales.
Es cuanto, señora presidenta.
Esto mismo está sucediendo también en el Estado de Chihuahua.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Se están recibiendo Minutas del Senado con proyecto de decreto que conceden permiso al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real del Serafín, que confiere el gobierno del Reino de Suecia e igual Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana señora Martha Sahagún de Fox, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Real de la Estrella Polar en Grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Suecia.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
En virtud de que se ha terminado concluir la sesión a las 03:00 de la tarde, le ruego a la secretaría dar lectura a la Orden del Día de la próxima sesión.
-DIP. SRIA. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(LECTURA DEL ORDEN DEL DIA)
-PRESIDENTA: (A las 15:00 horas) Se levanta la sesión y se cita para que tendrá lugar el próximo martes 5 de noviembre a las 10:00 horas. Recordánles que vamos a cerrar el registro de asistencia a las 10:30 horas.