COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO
DEL
TERCER AÑO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA. - EL C. PRESIDENTE DIP. ERIC EBER
VILLANUEVA MUKUL (Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a pasar lista de
asistencia.
- LA C. SECRETARIA DIP. OLGA MARGARITA
URIARTE RICO: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la
Comisión Permanente.
(Se pasa lisa de asistencia)
Hay una asistencia de 29 legisladores. Hay
quórum, señor Presidente.
- ELC. PRESIDENTE (A las 11:23 HORAS): Se
abre la sesión.
- LA C. SECRETARIA DIP OLGA MARGARITA
URIARTE RICO: Se va a dar lectura al orden del día.
(Se da lectura al orden del día)
- LA C. SECRETARIA SEN. YOLANDA GONZALEZ
HERNANDEZ Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
(Se da lectura al acta de la sesión
anterior)
- LA MISMA C. SECRETARIA: Está a
discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Aprobada.
- LA C. SECRETARIA DIP. MICAELA AGUILAR:
(Da lectura a la solicitud de licencia del
Dip. Mario Sandoval Silvera)
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo
que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
- LA C. SECRETARIA DIP. MICAELA AGUILAR:
Está a discusión el siguiente Punto de Acuerdo:
Unico.- Se concede licencia por tiempo
indefinido al Dip. Mario Sandoval Silvera, ara separarse del sus funciones como diputado
federal electo en la Quinta Circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pegunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese
a la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDINAS:
(Da lectura a la solicitud de licencia del
Dip. Moisés Alcalde Virgen)
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo
que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
- EL C . SECRETARIO DIP JOSE TOMAS LOZANO
PARDINAS: Está a discusión el siguiente Punto de Acuerdo:
Unico.- Se concede licencia por tiempo
indefinido al Dip. Moisés Alcalde Virgen, para separarse de sus funciones como diputado
federal electo en el Vigésimo Primer Distrito del Estado de México, a partir de esta
fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pegunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese
a la Cámara de Diputados.
- EL C. SECETARIO DIP JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDINAS:
(Da lectura a la solicitud de licencia del
Dip. Salvador Castañeda Salcedo)
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con
lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA OLGA MARGARITA URIARTE RICO: Está
a discusión el siguiente punto de acuerdo:
"Unico. Se concede licencia al diputado Salvador
Castañeda Salcedo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el
XXXII distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo de
2003".
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
- LA C. SECRETARIA SENADORA Yolanda EUGENIA
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:
(Da lectura a la solicitud de licencia del
diputado Juan Manuel Martínez Nava)
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con
lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
- LA C. SECRETARIA SENADORA YOLANDA EUGENIA
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Se da a conocer el punto único del acuerdo:
"Se concede licencia al diputado Juan
Manuel Martínez Nava para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el
III distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de marzo del
2003".
Se consulta a los señores legisladores, en
votación económica, si es que se aprueba.
Los señores legisladores que estén por la
afirmativa, se ruega manifestarlo.
(Votación)
Los señores legisladores que estén por la
negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
- LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR
GONZÁLEZ: Se dará lectura a la solicitud de licencia del diputado Gustavo Alonso
Donis García.
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con
lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
- LA C. SENADORA MICAELA AGUILAR GONZÁLEZ:
Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
"Unico.- Se concede licencia al
diputado Gustavo Alonso Donis García para separarse de sus funciones como diputado
federal electo en el II distrito del estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14
de marzo del 2003".
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ TOMÁS
LOZANO Y PARDINAS:
(Da lectura a la solicitud de licencia del
diputado Emilio Ulloa Pérez)
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA
MUKUL: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a
discusión el Punto de Acuerdo.
-SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDIÑAS: Está a discusión el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Único.- Se concede licencia al Dip.
Emilio Ulloa Pérez, para separarse de sus funciones como Diputado Federal, electo en la
Quinta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha hasta el 10 de marzo del año
2003".
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
-PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.
-SECRETARIA, DIP. OLGA MARGARITA URIARTE
RICO: Se dará lectura a la solicitud de licencia de la Dip. Ma. Elena Chávez
Palacios.
(Solicitud de licencia de la Dip. Ma. Elena
Chávez Palacios)
-PRESIDENTE: De conformidad con lo que
establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
-MISMA SECRETARIA: Está a discusión
el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Único.- Se concede licencia por
tiempo indefinido a la Dip. María Elena Chávez Palacios, para separarse de sus funciones
como Diputada Federal, electa en el Vigésimo Sexto Distrito del Estado de México, a
partir de esta fecha".
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
-PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.
-SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ
HERNÁNDEZ: Continuando con la comunicación de los señores Legisladores, se da a
conocer al pleno documento suscrito por el Licenciado Rafael Barrón Romero, diputado
federal.
(Solicitud de licencia del Dip. Rafael
Barrón Romero)
-PRESIDENTE: De conformidad con lo que
establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
-MISMA SECRETARIA: En atención a las
instrucciones del señor Presidente, se da a conocer el Punto de Acuerdo.
"Punto de Acuerdo
"Único.- Se concede licencia por
tiempo indefinido al Dip. Rafael Barrón Romero, para separarse de sus funciones como
diputado federal, electo en el Cuarto Distrito del Estado de México, a partir de esta
fecha".
Se consulta a los señores Legisladores si
se aprueba el punto único que se ha dado a conocer.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo por favor.
(VOTACIÓN)
Gracias.
¿Quienes estén por la negativa?
(VOTACIÓN)
-PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.
-SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
Se dará lectura a la solicitud de licencia de la Dip. Ma. Cristina Moctezuma Lule.
(Solicitud de licencia de la Dip. Ma.
Cristina Moctezuma Lule)
-PRESIDENTE: De conformidad con lo que
establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
-MISMA SECRETARIA: Está a discusión
el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Único.- Se concede licencia a la
Dip. María Cristina Moctezuma Lule, para separarse de sus funciones como Diputada
Federal, electa en el Décimo Tercer Distrito del Estado de México, a partir de esta
fecha y hasta el 14 de marzo de 2003".
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
-PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese
a la Cámara de Diputados.
-SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDIÑAS.- Honorable asamblea, se dará lectura a la solicitud de licencia del Dip.
Armando Enríquez Flores.
(Solicitud de licencia del Dip. Armando
Enríquez Flores)
EL C. PRESIDENTE. De conformidad con lo que
establece el Artículo 78 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSE TOMAS
LOZANO PARDINAS. Como lo ordena el señor Presidente, está a discusión el siguiente
Punto de Acuerdo.
UNICO.- Se concede Licencia al Diputado
Armando Enrique Flores para separarse de sus funciones como Diputado Federal Electo en el
Trigésimo Cuarto Distrito del Estado de México, a partir de esta fecha hasta el 14 de
Marzo del año 2003.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-EL C. PRESIDENTE. Aprobado . Comuníquese
a la Cámara de Diputados.
--LA C. SECRETARIA DIPUTADA OLGA MARGARITA
URIARTE RICO. Se dará lectura a la solicitud de Licencia del Diputado Lionel Funes Díaz.
(Solicitud de Licencia del Diputado
Lionel Funes Díaz para separarse de
Sus funciones como Diputado Federal)
-EL C. PRESIDENTE. DE conformidad con lo
que establece el Artículo 78 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo.
-LA MISMA C. SECRETARIA. Está a discusión
el siguiente Punto de Acuerdo.
UNICO.- Se concede Licencia al Diputado
Lionel Funes Díaz para separarse de sus funciones como Diputado Federal Electo, en el
Vigésimo Distrito del Estadod e México a partir de esta fecha, hasta el 14 de Marzo de
2003.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los Ciudadanos Legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los Ciudadanos Legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-EL C. PRESIDENTE. Aprobado. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia tiene la pena de
participar a la Asamblea el lamentable fallecimiento el día de ayer, martes 7 de enero,
del diputado José María Guillén Torres, integrante de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados; originario del Estado de Veracruz y miembro del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
Rogamos a todos los presentes ponerse de
pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
( SE GUARDO UN MINUTO DE SILENCIO )
Muchas gracias.
- LA C. SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA
GONZALEZ HERNANDEZ: Se dará lectura a una comunicación de la Mesa Directiva.
( ACUERDO PARLAMENTARIO relativo a las
sesiones de la
Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión )
Está a consideración del Pleno, de los
señores legisladores y se consulta si no habrá alguna intervención al respecto. Si es
de aprobarse la propuesta que la Mesa Directiva hace al Pleno de esta honorable Comisión
Permanente.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Quienes estén por la negativa:
( V O T A C I O N )
Aprobado señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado.
- LA C. SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR
GONZÁLEZ: En el apartado de comunicaciones:
( Del Congreso del Estado de Aguascalientes
)
- EL C. PRESIDENTE: De enterado.
- EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO
Y PARDINAS: En el apartadso de comunicaciones:
( Del Congreso del Estado de Chiapas )
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión
Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los
homicidios de las mujeres perpetradas en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993,
de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de
Senadores.
- LA C. SECRETARIA, DIP. OLGA MARGARITA
URIARTE RICO: En el apartado de comunicaciones:
( Del Congreso del Estado de Chihuahua )
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
- LA C. SECRETARIA, SEN. YOLANDA EUGENIA
GONZALEZ HERNANDEZ: Se informa al honorable Pleno de un punto de acuerdo:
( Del Congreso del Estado de Tamaulipas )
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Puebla.
- LA C. SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR
GONZALEZ: Se dará lectura al oficio:
( Del Congreso del Estado de Puebla )
-EL PRESIDENTE ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con opinión de la Comisión
Especial de Seguridad Pública, de la Cámara de Diputados.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Durango.
EL SECRETARIO JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDIÑAS: (Oficio del Congreso del Estado de Durango, con el que remite la iniciativa que
adiciona el artículo 73 fracción XXIX numeral 5º. inciso a) de la Constitución)
EL C. PRESIDENTE:- Túrnese a la Comisión
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Iniciativas de Ciudadanos Legisladores.
Esta Presidencia recibió una iniciativa
suscrita por el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de Reformas a la fracción XXVIII, del artículo 109 de la ley
del Impuesto sobre la Renta.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra el senador Fidel
Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una iniciativa que reforma el artículo 194 del Código de Procedimientos
Penales, con la finalidad de que se consideren delitos graves los previstos por los
artículos 85, 85 Bis, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y
Explosivos.
EL SEN. FIDEL HERRERA BELTRÁN: Ciudadano
Presidente, Honorable Comisión Permanente.
En uso de las atribuciones que confiere a
senadores y diputados el artículo 71 fracción II y 78 fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y del senador de la República
Antonio García Torres del estado de Michoacán, me permito presentar a esta soberanía,
una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales y adicionaría un artículo 87 bis, a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.
El lamentable siniestro ocurrido el pasado
31 de diciembre del 2002, en la ciudad y puerto de Veracruz, en el que por un cúmulo de
descuidos, falta de prevención, incorrectos manejos y sobre todo comisión de delitos,
fallecieron 28 personas entre niños, mujeres y gente inocente, además de que provocaron
decenas de lesionados, desaparecidos y cuantiosos daños, es que presentamos esta
iniciativa que persigue un objetivo central ; evitar que por omisión legal prevalezca la
impunidad y que en lo futuro todas aquéllas personas que debido a sus conductas ilícitas
provoquen este tipo de delitos, sufran el castigo que merecen y la procuración e
impartición de justicia puedan realizarse en proporción con la gravedad del hecho.
La búsqueda de responsables en la tragedia
sucedida en el mercado municipal Hidalgo del Puerto de Veracruz, no devolverá ciertamente
la vida a las víctimas ni servirá de consuelo a sus familiares, pero hechos como estos,
nos obligan a reflexionar sobre el alcance de las medidas que debemos adoptar para
prevenir este tipo de tragedias.
No obstante que las causas que motivan
accidentes de esta naturaleza son múltiples, los delitos que se provocan, mismos que van
desde el contrabando, la fabricación, adquisición y almacenamiento ilícito, la
comercialización indebida e irregularidad en la expedición de permisos municipales, son
conductas que por su naturaleza impiden la debida regulación y vigilancia de la industria
pirotécnica y lo que a la postre genera los siniestros y muertes que tanto sentimos y
lamentamos.
No es posible que los delitos previstos en
la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos en los que se tipifican estos ilícitos, no
sean considerados como graves para efectos penales. La no gravedad de estos delitos y por
ello la levedad de su tratamiento, propicia que los responsables directos no asuman plena
responsabilidad y que puedan obtener libertad bajo caución con fianzas muy bajas de sólo
20 mil pesos como máximo.
Existe una legítima indignación entre la
sociedad, la que espera respuestas a su reclamos. Ya las Cámaras de Comercio, de
Servicios, de Industria, el Centro Empresarial, los Colegios Profesionales y todos los
sectores sociales de Veracruz se han pronunciado y han hecho pública su posición a
través de todos los medios de comunicación.
Nosotros sabemos que la industria de la
pirotecnia en México genera un enorme número de empleos, que es parte de nuestra
cultura, en nuestras fiestas patrias, religiosas y de fin de año y a las que por
muchísimos años se han dedicado familias y aún pueblos enteros constituyen un ingreso
de una parte importante de nuestra población económicamente activa.
Sin embargo la costumbre debe supeditarse
al estado de derecho y las medidas de seguridad y prevención que regulan la materia deben
de ser de tal manera amplias y estrictas para evitar hechos como el que refería del
pasado 31 de diciembre y que es uno más de las catástrofes que han provocado el uso
indebido y la comercialización sin las condiciones estrictas de protección y manejo
cuidadoso de cohetes, pólvoras y demás juegos pirotécnicos.
Ya desde 1956 estalló un depósito en la
Ciudad de México que dejó 200 muertos; en 88, una bodega de cohetes en el Mercado de la
Merced en el Distrito Federal causó la muerte de numerosas personas; en 98, en el
municipio de Tultepec, Estado de México, conocido como la cuna de la pirotecnia nacional
ocurrió otra explosión con grandes pérdidas humanas; el 26 de septiembre de 99, en
Celaya, Guanajuato, un estallido en una bodega clandestina de cohetes desencadenó cuatro
detonaciones en la central de abasto que dejó alrededor de 70 muertos. Ese mismo año en
Nuevo Laredo, Tamaulipas, explotó otra bodega; en el 2000 se registraron las explosiones
de la Capilla de Santana Xilotzingo y Otzolotepec, en Umarán, Michoacán hubo otros
accidentes graves.
En noviembre del 2001, la explosión de un
depósito y fábrica clandestina de cohetes en Tlanepantla dejó una infinidad de
lesionados y apenas el año pasado, además de lo que nos ocurrió en Veracruz, se
registraron explosiones en San Mateo Tlachilapan, Estado de México; en dos ocasiones más
en Tultepec y todavía el 17 de diciembre ocurrió lo mismo en una coheteria en el
municipio de San Francisco Tuxtla, a orilla de la capital oaxaqueña y en Guanajuato el
pasado 6 de enero también ocurrieron tragedias en Silao.
Sabemos que la ley tiene que prever y
corregir para prevenir. Rousseau mismo escribió que el legislador no legisla sobre lo que
ve exclusivamente, sino también sobre lo que debe prever. La industria pirotécnica
nacional, cuando actúa clandestinamente y sin la debida regulación, ha cobrado ya
numerosas víctimas y no podemos esperar a nuevas tragedias, para tomar decisiones de ley
que contribuyan a que en el ámbito de la ley, se prevea lo que por otro lado en la esfera
administrativa tiene la obligación de observar y de aplicar el Poder Ejecutivo.
El riesgo social es pues latente, en cada
fábrica, transporte, almacén o comercio, en los que no existe el cabal control y
estricta vigilancia de las autoridades competentes, en los que furtivamente se lucre con
artificios, pólvoras y explosivos, aun cuando no tengan otro fin que el provecho
económico, existe una bomba que desde ahora podemos y debemos desactivar.
Por ello, que con la presente iniciativa
que no tiene otro propósito que el de considerar como delitos graves, conforme al Código
Federal de Procedimientos Penales a los ilícitos tipificados en el Artículo 85, 85 Bis
fracción I, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y
Explosivos, cuyos delitos con el contrabando de
explosivos, su fabricación, enajenación, transporte, reparación transportación y el
almacenamiento, sin el respectivo permiso. El manejo de fábricas, plantas industriales,
talleres, almacenes y demás establecimientos, sin sujetarse a las condiciones de
seguridad a que están obligados remitir y transportar indebidamente los objetos que
regula la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la enajenación de
explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones
o empresas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Igualmente para concordancia de los
suscritos, proponemos modificar también la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos
reglamentaria del Artículo 10 de la Constitución federal, para adicionar un Artículo 87
Bis, en el que se precise que: "Cuando con motivo de la comisión de los ilícitos
previstos en los Artículos 85, 85 Bis, 86 fracción II y 87 de dicha ley se ocasionen
accidentes que provoquen homicidios y lesiones, de las que ponen en peligro la vida, se
sigan las reglas de concurso de delitos, para que así los culpables enfrenten una
responsabilidad penal plena".
Los hechos ocurridos en el mercado
municipal Hidalgo, así como los otros accidentes de los que he dado cuenta en muchas
partes del país, pueden prevenirse en gran medida con el instrumento de la ley penal. La
severidad de las penas, no será el único remedio para evitar futuras catástrofes, pero
de ninguna manera podemos permanecer pasivos ante la levedad del tratamiento penal hacia
este tipo de conductas.
Existen ya iniciativas en la Cámara de
Diputados, que proponen leyes para regular la pirotecnia, mismas que de llegar a aprobarse
por esa soberanía, otorgarán junto con las reformas penales que proponemos, el marco
jurídico regulatorio de esta importante, pero muy peligrosa actividad.
Si queremos que nuestras tradiciones
perduren por muchos años más, será necesario adecuar nuestra legislación a un
equilibrio de seguridad, control y prevención, donde el que indebidamente ponga en riesgo
la vida y tranquilidad de nuestras familias, conozca de antemano la gravedad de su acción
y las consecuencias de su realización.
Por lo expuesto proponemos:
Artículo 1º.- Se reforma el Artículo 194
del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue.
Artículos 194.- Se califican como delitos
graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
1 a 2 igual.- 3º. De la Ley Federal de
Armas de Fuegos y Explosivos, los delitos siguientes:
1 a 5 igual.
6º.- Los previstos en los Artículos 85,
85 Bis, 86 fracción II y 87.
4º. a 16 igual. Y.
Artículo 2º.- Se adiciona un Artículo 87
Bis a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, para que dar como sigue:
Artículo 87 bis. Cuando como consecuencia
de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 85, 85 bis fracción
I, 86 fracción II u 87 de esta ley se produzcan accidentes tales como explosiones,
estallidos o incendios que causen homicidios o lesiones de las previstas en el artículo
293 del Código Penal Federal, se aplicarán las reglas de concursos de delitos para la
determinación de la pena.
Es cuanto, ciudadano presidente, con la
súplica de que sea turnada nuestra iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de
Senadores.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias,
senador.
Túrnese a la Comisión de Justicia de la
Cámara de Senadores.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Felipe Calderón Hinojosa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una iniciativa de ley sobre remuneraciones de los servidores públicos.
EL C. DIP. FELIPE DE JESÚS CALDERON
HINOJOSA.- Gracias, señor Presidente.
Señores y señores legisladores:
El Congreso de la Unión debe establecer
mecanismos legales que permitan a los ciudadanos conocer de manera certera y oportuna,
información sobre la gestión gubernamental en todos los ámbitos, incluido el del manejo
y destino de los recursos fiscales y en particular de los recursos que se destinan al pago
de los servidores públicos.
La transparencia en el ejercicio del poder
supone rendición de cuentas y por tanto, aumenta la eficacia y eficiencia de la acción
gubernamental; garantizar dicha transparencia, conlleva a demás, actuar de manera
definitiva e irreversible en contra de la corrupción.
Es por ello que, comprometidos con los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia, Acción
Nacional proponer la aprobación de una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos
que al reglamentar el artículo 127 de la Constitución, evite los vacíos legales que
existen actualmente y que al implicar el establecimiento de un marco jurídico, otorgue
certidumbre tanto a los servidores mismos como a los ciudadanos acerca del uso de los
recursos que se destinan a remunerar el trabajo que se realiza en la administración
pública.
La iniciativa que presentamos es
consecuencia de la reforma constitucional que ya hemos propuesto en la materia y
reglamentaría en Ley Ordinaria la nueva redacción que propusimos a diversos artículos
constitucionales.
Como se sabe, Acción Nacional presentó el
20 de febrero del año pasado, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos
73 fracción XI, 75, 115 fracción IV, 127 y una adición, una fracción VIII al artículo
116, a fin de establecer en la Carta Magna los criterios mínimos necesarios a los que
deberá someterse las percepciones de los servidores públicos en los distintos niveles de
gobiernos: federal, estatal y municipal.
Debemos fortalecer el marco jurídico a fin
de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos; por ello deben
mantenerse los criterios que permitan otorgar una remuneración económica que retribuya
con justicia el trabajo que se realiza y que, simultáneamente, sea establecida en
coherencia con las posibilidades presupuestarias, así como con base en la realidad
económica nacional y local que existe en los diferentes ámbitos de la administración.
Todo individuo tiene derecho a un salario
digno, pero nadie tiene derecho a enriquecerse arbitraria o discrecionalmente a costa del
erario. Los casos de políticos que a su paso por el gobierno amasaban fortunas inmensas
deben quedar atrás en el triste anecdotario del pasado político nacional.
Dadas las condiciones de pobreza que se
padecen en México por millones de compatriotas y el esfuerzo que significa a los
ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debemos asumir una actitud
responsable en el manejo de las finanzas públicas, dentro de las cuales las
remuneraciones constituyen un elemento fundamental.
La iniciativa que presentamos permitirá la
revisión de cuentas y podrá evitar los casos de abuso puesto que sugiere los criterios
bajo los cuales deben regirse los sistemas de remuneración y las sanciones que en su caso
se apliquen por incumplimiento.
En el Título Primero de la iniciativa se
definen los ámbitos personal y material de validez de la ley. En lo referente al ámbito
personal de validez se reputan como servidores públicos las personas enunciadas en los
párrafos primeros del artículo 108 y en la fracción I del artículo 115
constitucionales, así como aquéllas que presten servicios en los órganos autónomos
regulados por dicha Constitución, las constitucionales estatales o el estatuto de
gobierno del Distrito Federal y en general cualquier persona que preste servicios
subordinados de los órganos de autoridad, independientemente de la fuente de su
remuneración o de la denominación que se atribuya a ésta.
En lo que atañe al ámbito material, se
define la remuneración como la suma del sueldo, las prestaciones en efectivo, en
crédito, en especie y en servicios fijas o variables y en general de toda percepción a
que tenga derecho en forma individual al servidor público en virtud del puesto, empleo,
cargo o comisión que desempeña, excluidos los bienes y recursos necesarios para el
cumplimiento de la función pública que tenga encomendada.
El Título Segundo de la iniciativa detalla
el régimen legal de remuneraciones de los servidores. En obsequio del principio de
legalidad, se ordena que:
Uno. Ningún servidor público como tal,
pueda gozar más remuneración que la que sea compensación de servicios públicos y esté
establecido en el respectivo presupuesto y
Dos: La remuneración de todo servidor
público deberá sujetarse a los términos previstos en los tabuladores de remuneraciones
para su nivel, categoría, grupo o puesto.
Asimismo, conforme al principio de equidad
señalado, se propone que ninguna remuneración de los servidores públicos sea superior
al monto máximo autorizado en el presupuesto federal para la remuneración del Presidente
de la República, puesto que ejerce éste la función de Jefe de Estado, de modo que no se
justifica que algún otro funcionario reciba una remuneración mayor al máximo autorizado
para quien representa al Estado Mexicano.
Y se establece también que ningún
servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la que corresponde al cargo
inmediato superior.
Para efectos del cómputo de la
remuneración de los servidores públicos, se distingue entre una parte monetaria
integrada por el sueldo, las prestaciones en efectivo y en crédito y las demás
percepciones en moneda, así como una porción no monetaria, integrada por las
prestaciones en especie y en servicios.
En el Título Tercero, se establece una
serie de reglas sencillas mediante las cuales esta materia que a fin de cuentas es un
capítulo además del derecho presupuestal, se vincula con los controles que la
normatividad vigente impone en los tres ámbitos de gobierno, al ejercicio del gasto
público. Por ende, se establece que para conocimiento del Poder Legislativo, en los
proyectos de presupuesto anual que elabore cada órgano de autoridad, deberá incluirse:
Uno. Un tabulador fijo de remuneraciones
para los servidores públicos de base que determinen los montos brutos de la porción
monetaria de la remuneración por nivel, categoría, grupo o puesto.
Dos. Un tabulador de remuneraciones para
los demás servidores públicos que determine el rango máximo y mínimo de los montos
brutos de esta porción monetaria.
Tres. La partida que se destinará al pago
de honorarios.
Cuatro. Finalmente, el número de plazas
presupuestadas.
También se señala que la porción no
monetaria de la remuneración deberá manifestarse enumerando las prestaciones que
corresponda, de acuerdo al nivel, categoría, grupo o puesto, dada la dificultad que
existe para manifestar dicha porción en numerario.
Con la finalidad de facilitar la labor de
las unidades encargadas de la elaboración de tabuladores de remuneraciones de los
servidores públicos, se proponen sendos modelos generales de tabulador fijo y tabulador
variable.
Para complementar lo anterior, se
introducen: la institución de manuales de remuneraciones de servidores públicos, con el
objeto de permitir la transparencia y difusión de información con respecto a la
administración de los recursos destinados a cubrir tales pagos.
Los manuales deberán establecer las
unidades responsables de la administración de las remuneraciones. Dos, el tabulador
vigente. Tres, la estructura de organización. Cuatro, los criterios para definir en los
tabuladores variables niveles de remuneración,
las prácticas y fechas de pago de las
remuneraciones, las políticas de autorización de promociones salariales, y las
políticas para la asignación de percepciones variables, tales como bonos, estímulos y
premios.
Por otra parte, esta iniciativa limita el
número de trabajos remunerados que puede realizar un servidor público, estableciendo
para ello la prohibición de percibir más de una remuneración en condición de
subordinación en cualquier órgano de la autoridad, estableciendo también las
excepciones justificadas de manera clara.
Asimismo propone que todos los órganos de
autoridad informen anualmente ante el órgano auditor correspondiente del ejercicio de la
partida asignada para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos.
Por último, se señala que en la
definición y sanción de las responsabilidades administrativas a que diere lugar
cualquier violación a las normas de la ley propuesta sean aplicables las previstas en las
leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Federales y Estatales, en sus
respectivos ámbitos de competencia.
Con esta iniciativa ampliamos las
aportaciones del Partido Acción Nacional tendientes a promover y garantizar la
transparencia en el ejercicio gubernamental. Al reducir la discrecionalidad potenciamos la
rendición de cuentas: al dar certidumbre sobre el gasto de los recursos públicos
conjuramos la arbitrariedad con que actuaba en la opacidad.
Queda entonces plasmado nuestro compromiso
con la transparencia y con el combate a la corrupción.
Por todo lo antes expuesto, los suscritos,
diputados y senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el
artículo 71, fracción I, II de la Constitución y 55 fracción II del Reglamento
Interior del Congreso General, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa de Ley
de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dejo en poder de la
secretaría para su inserción íntegra en el Diario de los Debates y en la Gaceta
Parlamentaria y para el turno constitucional.
Es cuando, presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor
diputado.
Insértese íntegra la presente iniciativa
en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Para presentar una iniciativa de reformas a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneración de
los servidores públicos, suscrita por los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón
León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene
el uso de la tribuna el diputado Ramón León Morales.
EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES:
Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: En los términos del
artículo 71 constitucional, los suscritos, diputados Martí Batres Guadarrama y un
servidor, del Partido de la Revolución Democrática, presentamos ante esta soberanía la
presente iniciativa de reformas y adiciones a diferentes artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes.
Exposición de motivos. México no es un
país pobre: sus riquezas naturales y su producción de bienes y el potencial de sus
activos humanos son suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
El problema de México es la desigual
distribución del ingreso. Por eso el fruto del crecimiento económico lo disfruta una
minoría, mientras la pobreza se mantiene extendida para la mayoría.
La enorme desigualdad social tiene diversas
fuentes y bases, tales como la expropiación, la explotación, los cacicazgos, la
corrupción, el saqueo, los rescates bancarios, el despojo, entre otros.
Una de las bases de esa desigualdad se
encuentra en la estructura salarial de nuestro país, totalmente injusta, con escala de
diferenciación que llega a ser de 80 a uno entre el nivel salarial más alto y el más
bajo. Esto sucede tanto en el sector público como en el privado, en tanto que en países
desarrollados, como Alemania, esta relación no llega a una escala de 30 a 1.
"Ejecutivos de alto nivel de la
iniciativa privada llegan a cobrar sueldos de 200 mil, 300 mil o 400 ml pesos al mes o
más, sin contar bonos, regalías, dividendos, rentas y otro tipo de ingreso. Mientras los
trabajadores de base de dichas empresas cobran apenas salarios de mil 200 pesos al mes.
"Esa gran injusticia del mundo
salarial privado, se ha ido convirtiendo en una especie de ideología oficial.
"Si bien desde la vieja época del
régimen priísta tal diferenciación ya se daba y eran frecuentes los ingresos
adicionales ilícitos de los altos servidores públicos, con la llegada del panismo
gobernante dicha desigualdad salarial se ha acentuado y ha sido alentada en todas las
esferas como una especie de "lineamiento".
"De hecho, desde la Presidencia de la
República se estimuló el aumento salarial de los altos mandos. Así se inauguró este
gobierno, acentuando la desigualdad. Así el salario del Presidente llegó hasta 230 mil
pesos nominales mensuales, y así en cascada funcionarios de diversos niveles hicieron lo
propio: el gobernador de Querétaro se aumentó el sueldo y pretendió incluso cobrar 300
mil pesos al mes, con el argumento de tener salarios "competitivos".
"El caso más vergonzoso fue el del
también panista alcalde de Ecatepéc, quien llegó a cobrar 420 mil pesos al mes, pero
también se inscriben en este listado los sueldos de los diputados locales del congreso de
Baja California, de mayoría panista, con 108 mil pesos al mes, superior a los diputados
federales de México, incluso a los legisladores de California, en Estados Unidos.
"Otro caso conocido es el del edil
panista de Tultitlán con un ingreso anual de 213 mil 576 dólares al año, 46 mil 579
dólares más que el primer ministro Inglés Tony Blair. Dicho alcalde cobra 183 mil 500
pesos al mes.
"Otros sueldos de alcaldes panistas
que sirven de ejemplo a lo que estamos diciendo, son: Fernando Covarrubias Zavala, de
Izcalli, con 179 mil pesos al mes; Juan Antonio Domínguez Zambrano, x presidente
municipal de Atizapán, con 145 mil pesos, Guillermo Espinosa Cruz, de Huisquilucan, con
141 mil 695 pesos al mes; el alcalde de Metepéc, 141 mil pesos; también el gobernador
panista de Morelos y ayuntamientos panistas de Nuevo León, el gobernador de Jalisco y de
diversas regiones del país aplican esta política.
"Así también ha sido por ejemplo en
PEMEX donde los altos mandos de la administración llegan a tener aumentos hasta de un 50
%.
"Esto quiere decir que funcionarios
panistas de nivel federal, estatal y municipal tienen ingresos superiores a Tony Blair,
primer ministro de Gran Bretaña, quien gana 167 mil dólares al año, Luis Ignacio Lula
Da Silva, Presidente de Brasil, 41 mil dólares; Ricardo Lagos, Presidente de Chile, 29
mil dólares al año, José María Aznar, Presidente de España, 77 mil dólares al año y
Eduardo Dualde, 36 mil dólares al año.
"El argumento en México es que esos
ingresos tan altos para los funcionarios son un instrumento para combatir la corrupción.
Sin embargo investigadores como Laura Carrillo y Juan Pablo Guerrero, académicos del
Centro de Investigación y Docencia Económica, afirman que esa estrategia no contribuye a
combatir la corrupción, sino que por el contrario encarecen el costo de prácticas
ilícitas.
"Ellos consideran que en México se
premia bien a funcionarios públicos que forman parte de un sistema con problemas de alta
corrupción opacidad y controles ineficaces, mientras en Chile, por ejemplo, premia poco a
su alta esfera política en un entorno de gobierno honesto y transparente.
"Hasta ahora los esfuerzos para
promover una política salarial más justa se han centrado sobre todo en la capital del
país donde se aumenta el salario de los trabajadores de base por encima de la inflación
o del tope salarial, mientras se ha controlado o congelado el crecimiento de los salarios
de funcionarios de alto nivel bajo en lineamiento y austeridad republicana.
"No obstante ante esta política
también legisladores de la Asamblea del PAN pretenden un salario mucho más alto de lo
que la inflación nos dice.
"Falta mucho sin embargo para alcanzar
una política general en el país, parecida a la que se aplica en el Distrito Federal.
"Si se llega a realizar una política
de austeridad en este tipo en los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal y en órganos
autónomos, podría llegarse a ahorrar alrededor de cinco mil millones de pesos anuales,
que podrían destinarse a necesidades sociales o productivas del país o bien a una
política para compensar los salarios más bajos.
"Por esas razones, para lograr grados
mucho más racionales en las remuneraciones de los servidores públicos requerimos no solo
de voluntad y discurso, ¡necesitamos y requerimos reformas constitucionales y voluntad
política para que éstas se lleven a cabo! ¡No se vale el doble lenguaje, no se vale
estar planteando una cosa y en los hechos estar practicando otra! ¡No han servido los
llamados a la cordura, ni la existencia que algunos dicen tener y que no observan de
principios de ética que exigen que la retribución sea justa y equitativa y no
exorbitante! ¡Dado que la exigencia del más mínimo decoro no ha sido suficiente para no
lucrar con las percepciones que algunos servidores públicos se han señalado, es
necesario establecer en la ley la exigencia de que las percepciones no sean arbitrarias ni
abusivas!
"El Congreso de la Unión ha realizado
una extraordinaria labor para que los estados cuenten con el presupuesto de egresos con
más recursos, pero debe evitarse que esos recursos no sean destinados al fin que se
persigue: la creación de infraestructura y obra social, que es a donde deben llegar estos
recursos!
"En el ámbito internacional
encontramos que la Constitución de Ecuador señala que las remuneraciones que
persiguen los servidores públicos serán proporcionales a sus funciones, eficiencia y
responsabilidad. En la de Venezuela se habla de que las escalas de salarios en la
administración pública se establecerán regularmente conforme a la ley, así como que la
ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los
funcionarios públicos municipales, estatales y nacionales.
"Con el ánimo de establecer un
parámetro se sugiere señalar que ningún servidor público, de cualquier nivel de
gobierno, sea superior al que el Congreso de la Unión fije al Titular del Poder Ejecutivo
Federal y a partir de ahí deberá determinarse el monto de la remuneración, de
conformidad con el nivel de responsabilidad y las circunstancias que informan su entorno
económico y social. En todo caso los aumentos deberán ser anuales, tomando como base el
señalado a los salarios mínimos o al monto de la inflación.
"Por todo lo expuesto, los suscritos,
diputados de la LVIII de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior
del Congreso General y los relativos de la Ley Orgánica, sometemos a la consideración
del Constituyente Permanente la presente iniciativa de Reformas Constitucionales en
Materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Tres Poderes y de los Tres
Niveles de Gobierno, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 73
fracción XI, 115 fracción IV, 127 y que adiciona una fracción VIII al artículo 116 de
la Constitución y un Transitorio" los cuales por obvio del tiempo no leo en este
momento, pero solicito a la Presidencia que sea publicado íntegramente el documento en el
Diario de los Debates de esta Comisión Permanente.
Por último, hacer un llamado, hacer un
llamado a todas las fuerzas políticas a que actuemos, a que actuemos con coherencia, a
que actuemos con consecuencia. Si hay voluntad política, ¿si?, vayamos más allá de los
discursos y vayamos a reformar precisamente la Constitución para que no se sigan dando
estos casos tan bochornosos que en la administración panista se están exhibiendo.
Gracias.
-L C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES
DEL OLMO: Señor Diputado, señor diputado que acaba de presentar el documento: El
diputado César Augusto Santiago desea...
- C. DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO
RAMÍREZ (PRI. Desde su curul y sin micrófono): Con todo respeto le pediría, señor
Diputado, si acepta y me permite el honor de firmar su iniciativa con usted.
- EL C. DIPUTADO RAMÓN LEÓN MORALES
(PRD): Sí, como no.
- EL C. DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO
RAMÍREZ (PRI. Desde su curul): Eso es todo señor. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES
DEL OLMO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados e intégrese totalmente en la Gaceta Parlamentaria.
PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO:
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados e intégrese
totalmente en la Gaceta Parlamentaria.
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
Oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Oficio por el que se solicita el permiso
constitucional para
que el C. Lic. Vicente fox Quezada, pueda
aceptar y usar la
Condecoración de la Gran Cruz, Clase
Especial, de la Orden
del Mérito de la República Federal de
Alemania)
PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:
Túrnese a la Primera Comisión.
-SECRETARIO, DIP. JOSE TOMAS LOZANO Y
PARDIÑAS:
(Oficio por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para
que la C. Martha Ma. Sahagún Jiménez,
pueda aceptar y usar la
Condecoración de la Gran Cruz, Primera
Clase, de la Orden del
Mérito de la República de Alemania)
-PRESIDENTE: Túrnese a la Primera
Comisión.
-SECRETARIA, DIP. OLGA MARGARITA URIARTE
RICO:
(Oficio con el que se remite copia de la
comunicación del Administrador
Central de Contabilidad y Glosa del Servicio
de Administración Tributaria
de la SHCP, en relación al Punto de Acuerdo
aprobado por la Cámara
de Senadores)
-PRESIDENTE: Remítase a la Cámara de
Senadores.
-SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ
HERNÁNDEZ:
(Oficio con el que se remite copia de la
comunicación del Director
General del Programa y Presupuesto
"B" de la Subsecretaría de
Egresos de la SHCP, en relación al Punto de
Acuerdo aprobado
por la Cámara de Senadores)
-PRESIDENTE: Remítase a la Cámara de
Senadores.
-SECRETARIA, SEN. MICAELA AGUILAR GONZALEZ:
Se presenta síntesis de 18 oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Dieciocho oficios por los que se solicita
permiso constitucional necesario
para que los CC. Juan Ramón de la Fuente
Ramírez, Marco Antonio de
León Adams, Alejandro Francisco Rossi
Guerrero, Jorge Lomónaco Tonda,
Enrique Verruga Filloy, José Refugio
Peñalosa Herrera, Arturo Sarukhan
Casamitjana, Germán Gonzalo Alarcón
Osorio, Eduardo Tomás Medina
Mora Icaza, Francisco Alfonso Durazo
Montaño, Roberto Francisco
Miranda Moreno, Gustavo Mohar Betancourt,
Uribe Toledo Sibaja, Néstor
Evencio Yee Amador, Ricardo Tarcisio
Navarrete Montes de Oca, José
Refugio Peñalosa Herrera, Víctor
Lichtinger Waisman y Enrique Verruga
Filloy, puedan aceptar y usar
condecoraciones que le confieren gobiernos
extranjeros)
..-EL C. PRESIDENTE. Túrnense a la Primera
Comisión.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSE TOMAS
LOZANO Y PARDINAS:
(Diez oficios de la Secretaría de
Gobernación
remitiendo hojas de servicios de los CC.
Miguel
Enrique Vallín Osuna, José Luis Sánchez
León,
Juan Antonio Sánchez Ruiz, Román Carmona
–
Landa, Lorenzo Escobar Pastor, Andrés
Fernando
Aguirre O. Sunza, Ricardo Flores González,
Maxi-
miliano Cruz Ramos, Omar García Vázquez y
Eufe-
mio Alberto Ibarra Flores).
-EL C. PRESIDENTE. Recibo y túrnense a la
Segunda Comisión
Oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
--LA C. SECRETARIA DIPUTADA OLGA MARGARITA
URIARTE RICO.
(Oficio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ,
remitiendo Informes relativos a la
Evolución de la Recau--
dación, Montos de Endeudamiento Interno
Neto y el Canje
o Refinanciamiento de Obligaciones del
Erario Federal).
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Dictamen de Primera Lectura.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA YOLANDA GONZALEZ
HERNANDEZ. Se dará lectura al Dictamen de la II Comisión de Relaciones Exteriores,
Defensa y Educación Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la
Unión…
-EL C. PRESIDENTE. Señora Secretaria, dado
que el Dictamen ha sido repartido , consulte a la Asamblea si podemos omitir su lectura
dado que es un poco voluminoso.
-LA MISMA C. SECRETARIA. Con mucho gusto
señor Presidente. Se consulta a las señoras y señores Legisladores que en virtud de que
el Dictamen lo tiene cada uno de ustedes, si es de omitirse la lectura del Dictamen, es de
primera lectura.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo levantando la mano.
(votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa.
(votación)
Aprueba el pleno señor Presidente, la
omisión de la lectura.
-EL C. PRESIDENTE. Es de primera lectura.
Tiene la palabra el Diputado Julio
Castellanos Ramírez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar
una Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales hasta por diez minutos.
-EL C. DIPUTADO JULIO CASTELLANOS RAMIREZ.
Muchas gracias, Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, compañeras y compañeros Legisladores.
El que suscribe, Diputado Federal a la
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 87, 21 Fracción XVI y demás relativos del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una Excitativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a efecto de que se dictamine a la
brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la Iniciativa
que Reforma los Artículos 73 Fracción XI, 75, 115 Fracción IV y 127 y una Adición a la
Fracción VIII al Artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Antecedentes:
Con fecha 20 de febrero de 2002, el grupo
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados en voz de su coordinador, diputado Felipe
Calderón Hinojosa, presentó ante la Comisión Permanente de este honorable Congreso la
iniciativa de reformas a los artículos mencionados en materia de remuneraciones de los
servidores públicos, siendo turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados.
Los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional insistimos en que la democracia se sustenta en
el principio de representación cuya expresión más simple es la que define al servidor
público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes; en esa virtud, todo servidor
público sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones
al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido
confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y
prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos
como el nuestro.
Acción Nacional ha defendido
históricamente el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública como
una piedra angular de la democracia; por consiguiente, sostenemos que el gobierno
democrático se sustenta en la existencia de diversos controles sobre los gobernantes de
tal forma que se evite la arbitrariedad en el ejercicio del poder y que resulten
efectivamente sancionados los servidores públicos que se extralimiten en el ejercicio de
tales funciones.
La reforma que solicitamos que se dictamen,
busca contar con tabulaciones generales, profesionalmente diseñadas, que permitan
homologar las bases de ingreso a quien presta un servicio público determinado del
establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los cuales debe determinarse
la remuneración, es un paso de innegable importancia en el proceso de transparencia en el
ejercicio de poder. Dichas regulaciones permitirán a los órganos encargados de
fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros
dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus servidores.
Consideraciones:
Los proponentes estamos conscientes de que
una reforma de este tipo debe realizarse con apego a los principios federales que rigen
nuestra Constitución y al propio tiempo debe ser respetuosa de la autonomía de los
Estados; para ello se propuso en la iniciativa que sean las legislaturas de los Estados y
los cabildos los que al momento de aprobar sus respectivos presupuestos vigilen el debido
cumplimiento de los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad en la
remuneración de sus funcionarios.
Sin menoscabo de lo anterior, es pertinente
que la Constitución faculte al Congreso para establecer por medio de ley los lineamientos
generales a los cuales debe sujetarse toda percepción pública. La ausencia de esta
facultad afecta a funcionarios públicos emanados de todos los partidos políticos, de los
tres órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, baste señalar el penoso
intento encabezado por la diputada Petra Santos del PRD para obtener el pago de un bono de
marcha por un millón, 250 mil pesos a diputados de esta Legislatura.
Para llevar adelante la iniciativa que se
propuso se hace necesario, en primer lugar, conferir al Congreso de la Unión en términos
del artículo 73 constitucional, la facultad para expedir la legislación reglamentaria en
la materia. Dicha legislación, en la medida en que definiría directamente el sentido y
alcance de una disposición constitucional, vincularía por igual a la Federación, a los
Estados y a los Municipios.
Por otra parte, propuso también la
necesidad de fijar en el artículo 75 constitucional, la obligación de la Cámara de
Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los
servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a los
lineamientos constitucionales que por ley se establezcan.
En el mismo sentido, propuso modificar el
artículo 127 de la Constitución en virtud de que en este únicamente se establecen hoy
en día las características de las remuneraciones que deberá recibir el Presidente de la
República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y
senadores del Congreso de la Unión y en forma genérica, los demás servidores públicos.
En consecuencia, fue menester precisar los
lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento de controles y criterios
sobre la remuneración de todos los servidores públicos.
Con el fin de dotar de congruencia a la
reforma planteada el 20 de febrero del 2002, se propuso también modificar los artículos
115 y 116 Constitucionales, de modo que se establezca el deber constitucional para las
legislaturas locales y para los municipios, de sujetarse a los aludidos lineamientos en la
expedición de los respectivos decretos presupuestales.
El proyecto de Reformas Constitucionales,
el cual se solicita que se dictamine, desde la perspectiva de Acción Nacional es
necesario ya que con ello se transparenta no sólo el uso de los recursos públicos, sino
de manera particular las percepciones a las que todo funcionario tiene derecho, con el
objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de
dichos servidores.
Si semejante medida además se eleva al
ámbito constitucional, puede adicionalmente contribuir a delinear un programa legislativo
de largo alcance, que reduzca sin lugar a dudas aquellos espacios normativos que puedan
dar origen a prácticas corruptas en el ejercicio de la función pública. Por tanto
proponemos una vía de solución que es la de otorgar facultades al Congreso para
establecer las bases que determinen el sueldo de los servidores públicos en todos los
niveles de gobierno.
Por lo anterior expreso las siguientes
consideraciones de derecho:
Primero.- Desde el día 20 de febrero del
2002 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a
la iniciativa descrita.
Segundo.- En tal virtud, es procedente que
el Presidente de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión, en
cumplimiento con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 122 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo
21 de su Reglamento, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a
usted ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la LVIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Único.- En los términos de lo dispuesto
por los artículos 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envié el presente documento a la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que presenten el
dictamen respectivo a la iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de
Remuneraciones de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Felipe Calderón
Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del martes
20 de febrero del 2002.
Gracias señor Presidente, es cuanto.
EL PRESIDENTE ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que emita el dictamen
correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Carlos Aceves
del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente exprese su repudio
y exija el esclarecimiento de los hechos en torno del asesinato del diputado José María
Guillén Torres.
EL DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Con su
venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Como un mal presagio para la vida
institucional de nuestro país, en la primera sesión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión del año 2003, nos reúne el sentimiento y el dolor al venir a esta
tribuna a denunciar el asesinato del diputado José María Guillén Torres.
Nos duele y mucho, la pérdida del amigo,
la pérdida irremediable del compañero de partido, la ausencia del legislador, pero lo
que más tiene que dolernos y dolerles a quien no son sus amigos, a quienes no son sus
compañeros de bancada, es el hecho indiscutible de que en este país la violencia sea el
método de arreglar disputas o el método para hacerse sentir y notar.
No especulamos sobre las causas de la
muerte de nuestro compañero Chema, afirmamos categóricamente que los gobiernos estatal y
nacional tienen que estar comprometidos en la erradicación de la violencia, tienen que
poner a salvo los derechos de la sociedad, tienen que proteger al ser humano y a sus
familias, al ser humano y a sus negocios legítimos.
Exigimos enérgicamente, como legisladores,
el esclarecimiento de los hechos; exigimos como mexicanos, que sea el estado de derecho,
que sean las leyes y las instituciones las que prevalezcan; este crimen en su
perpetración y en sus consecuencias no sólo tiene la sacudida moral por la pérdida,
deben también tener la reflexión por un significado que rebasa las posiciones de
partido.
José María Guillén, ingeniero agrónomo,
que había sido Presidente Municipal de su pueblo, que era un modesto ingeniero y profesor
de secundaria, supo ganarse el afecto de todos sus compañeros por su sencillez, por su
congruencia, por su autenticidad.
No era un hombre de falsas poses ni que
tratara de aparentar, hombre sencillo y padre de familia como muchos somos en este país,
como cualquiera, luchando por su familia y por sus paisanos, con solo 40 años de edad, no
está más con nosotros. Ha sido la violencia, cualquiera que sea su origen la que nos lo
arrebata, se lo arrebata a su familia, ha sido la violencia injustificable, ha sido el
odio.
Todas las autoridades tienen que sentirse
comprometidas no por la posición de José María Guillén, no porque fuera un diputado
federal, tiene que sentirse comprometidas porque ya es común que sean las armas y el
homicidio, el arrebato los que sustituyan las vías institucionales.
No estamos de acuerdo, no podemos estarlo,
debemos condenar en forma unánime y debemos exigir en forma también unánime. Es por eso
que proponemos a ustedes, con todo respeto, el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.
a) La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión expresa su absoluto repudio al asesinato del diputado federal José María
Guillén Torres, su absoluto repudio a la violencia como forma de dirimir conflictos, su
absoluto y total rechazo a que el estado de derecho sea sustituido por formas violentas y
apartadas de la ley y exige a las autoridades estatales y federales en el ámbito de su
competencia, el esclarecimiento absoluto de los hechos.
Este punto de acuerdo está firmado por
diputados del Partido Revolucionario Institucional, por diputados del Partido Acción
Nacional y senadores, por diputados del Partido de la Revolución Democrática y por
diputados del Partido del Trabajo.
Que no quede sólo en un minuto de
silencio, que no quede en una esquela en los periódicos, que no quede en el dolor de una
familia, que se busque, que se haga justicia por nuestro compañero. Muchas gracias.
(aplausos)
EL PRESIDENTE: Consulte la Secretaría
a la asamblea si se considera de urgente resolución.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA YOLANDO GONZALEZ
HERNANDEZ: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta al H.
Pleno si se considera de urgente y obvia resolución.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo.
(Votación)
Quienes estén por la negativa, les rogamos
manifestarlo.
(Votación)
Señor presidente, si se considera de
urgente y obvia resolución.
-EL C. PRESIDENTE: Se considera de urgente
y obvia resolución.
En consecuencia está a discusión la
proposición.
Se abre el registro de oradores.
Tiene el uso de la palabra hasta por diez
minutos el diputado Manuel Orozco Garza en pro.
-EL C. DIPUTADO MANUEL OROZCO GARZA:
Gracias señor presidente. José María Guillén, compañero diputado, compañero
legislador de todos nosotros, compañero con el que compartí las discusiones y debates al
seno de la Comisión de Asuntos Indígenas, ha sido asesinado.
Esto nos lastima a todos nosotros, esto
hiere al Congreso de la Unión, esta es una herida profunda al seno de este poder.
José María Guillén, participaba en esta
Comisión, lo recuerdo, siempre a favor de lo que fuera bueno para los indígenas, que
habitan en gran número en el estado de Veracruz, del cual somos representantes.
Es una pena, una hondísima pena, por José
María, por el esfuerzo que hacía en ésta y otras materias, para lograr un México
mejor, un México más equitativo y más digno, especialmente para quien más lo
necesitaba.
Nos conmueve y los sentimientos de
incredulidad, de dolor, inclusive de furia nos llenan a todos nosotros, y siendo este
deceso tan abrupto, tan poco creíble, nos sumamos al dolor que embarga a su familia, que
embarga a los veracruzanos, sobre todo el sur del estado, y pedimos y exigimos, a la
Procuraduría del Estado, que haga todo lo que esté a su alcance, que ponga toda la
atención, que ponga todo su empeño, para el esclarecimiento de este caso.
Es lo que nos queda, es lo que podemos
hacer, es lo que le podemos regresar a su familia, a sus amigos, a todos los veracruzanos
y al pueblo de México. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene
el uso de la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán del Partido Revolucionario
Institucional hasta por diez minutos.-
-EL C. DIPUTADO FIDEL HERRERA BELTRAN:
Ciudadano presidente. Honorable Comisión Permanente. El crimen que segó la existencia en
plena floración de José María Guillén Torres, un destacado luchador social, hombre de
su clase y de su causa no quedará impune.
Justamente el punto de acuerdo que está a
discusión, propuesto unánimemente y que seguramente debe ser votado unánimemente, es un
compromiso para hacer que en el esclarecimiento de este proditorio (¿) e irracional
homicidio, sea la acción de la justicia y la aplicación de todo el peso de la ley a
quien o quienes resulten responsables, la respuesta de las instituciones nacionales a
quienes han creído que al cegar la vida de Chema Guillén Torres han cerrado la lucha por
la reivindicación de los más pobres: los indígenas y los trabajadores del campo y se
han equivocado.
Sea la respuesta a quienes han creído que
al cegar la vida de José María Guillén Torres, le han cerrado el camino a la decisión
democrática y a la voluntad cívica de los mexicanos para que sea por la vía del voto y
de las instituciones democráticas como construyamos el poder y como resolvamos las
diferencia, la diferencia ideológica, la diferencia de posiciones y de convicciones
frente a la construcción de soluciones para los problemas de nuestra sociedad
contemporánea.
Que el resolutivo del Congreso sea la voz
de llamado, el requerimiento enérgico a los Poderes Federales y estatales para que
cumplan con su deber y que el sacrificio de José María Guillén Torres no haya sido
inútil, como nos comprometemos quienes somos de la formación política en la que él
militó toda su vida y que agradecemos la solidaridad de todas las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de la Unión y del estado de Veracruz para reclamar justicia,
justicia para los priístas, justicia para los militantes de esta formación política,
para la familia de José María Guillén Torres, para los veracruzanos de todo el estado,
para los mexicanos que creemos en la democracia. José María Guillén Torres fue un
luchador denodado, comprometido, dedicado, trabajador, esforzado.
Muchas veces en el trabajo político y
legislativo y parlamentario y en la lucha social le acompañé, fuimos muy cercanos en el
proyecto político, en el proyecto social, en el compromiso con los veracruzanos más
necesitados. Allá, luchando con los indígenas en el reacomodo del "Uxpanapa",
indígenas que fueron dotados de un nuevo espacio de vida porque habían sido desplazados
en la construcción de la Presa de Cerro de Oro en Oaxaca y vinieron a ubicarse las
culturas chinatecas y mazatecas en la tierra veracruzana, escuché de José María
Guillén su compromiso diciéndoles "son ustedes mexicanos, son ahora veracruzanos;
lo han decidido ustedes así y en ese sentido, yo me siento –decía Guillén-
comprometido con su causa y voy a luchar porque se haga justicia".
Era el reclamo agrario, era el reclamo para
organizar a los productores de café y de hule por los que luchó Guillén; era el reclamo
de los que buscaban, en el cumplimiento de la responsabilidad del estado con el sector
rural, la oportunidad de tener un ingreso que les permitiera una vida digna y ahí José
María Guillén luchaba con las luces de su experiencia, con la fuerza de su convocatoria
convocando a muchas otras fuerzas para que coincidieran con él y se hiciera justicia a
quienes lo reclamaron.
Lo acompañé en su esfuerzo por
diversificar la agricultura, por tecnificar la agricultura, por sustituir importaciones y
por darle un sustento a la mujer y al joven campesino. Ahí en su enorme esfuerzo para
introducir nuevos cultivos José María creía enormemente en las capacidades productivas
de los campesinos mexicanos. Y él sabía que por la vía de cultivos no tradicionales
como la palma de aceite o la palma camedor, con la introducción de los cultivos como la
jamaica o aun los de la vainilla en ciertas regiones del Estado, podríamos dar el paso y
diversificar y movernos del monocultivo del maíz o de la producción exclusiva del café,
para en la ganadería y otras formas productivas, darles un sustento a las comunidades
indígenas y agrarias del sureste mexicano.
Y ahí lo escuché luchar y ver. Lo
acompañé en cada una de sus tareas para buscar que se agregara valor al producto de los
campesinos; que se industrializaran los productos del campo para garantizar un ingreso
adicional y para ubicar en el mercado nacional los productos del campo.
La lucha de José María fue básicamente
por los pobres; por lo más pobres de los pobres de México; por los indígenas, los
índígenas veracruzanos. En efecto, un millón 400 mil indígenas veracruzanos
encontraron en la voz de este luchador social, de este ingeniero agrónomo, su razón y su
justicia.
Lo vi luchar al lado de los pequeños y
medianos y grandes empresarios de su región, de los ganaderos. Lo vi luchando por las
causas de la justicia. Lo acompañé en las tareas sociales y políticas.
Por eso hoy con el agravio que sentimos
quienes fuimos sus correligionarios y amigos. Pero también con el agravio que sentimos
los representantes populares, y deben sentir todas las instituciones de la nación,
exigimos justicia para que se investigue y se aplique todo el peso de la ley a quien haya
cometido ese acto irracional de violencia que no puede permitirse.
Y el compromiso que tenemos que hacer los
demócratas mexicanos, los políticos de esta nación y todas las instancias del servicio
público, es con las causas de la legalidad, con las causas de la aplicación de la ley.
Que sean las vías de la democracia las que logren dirimir los conflictos. Y que sea la
justicia la que señala la razón de quienes tengan reclamos de carácter económico o los
que reclamen sobre los asuntos de la tierra o de la producción, derechos; que para eso
existe la Constitución y las leyes. Que sea el de José María Guillén Torres, el
último de los atentados contra la democracia mexicana.
Este es año de elecciones. Es año de
convicción con la democracia. Es año de fe en las instituciones de la República. Que el
sacrificio de José María Guillén no sea inútil. Que ese sea nuestro compromiso. A él,
a su recuerdo, con el compromiso del correligionario. del amigo y del que comparte las
mismas convicciones, le digo en este momento en que sus restos mortales recibirán el
sepulcro, que su mensaje y su lucha seguirá viva.
Y que desde ésta que es la tribuna más
alta de la Nación, enviamos a todos sus familiares, amigos y a todos los veracruzanos y a
los mexicanos que creen en la democracia, la certeza de que desde el Congreso de la Unión
se luchará por la vigencia de las instituciones nacionales.
¡Descanse en paz José María Guillén
Torres!
Es cuanto.
-PRESIDENTE: Gracias señor Senador.
Tiene el uso de la palabra el diputado
Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
-DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas
gracias señor presidente.
Desde el PRD vemos este momento como un
momento sumamente doloroso. Y sumamente doloroso porque reconocemos lo que significa la
pérdida para cualquier partido político, la pérdida de un luchador social.
Es sumamente doloroso porque nos hace
recordar a todos nuestros muertos; nos hace recordar a todos nuestros asesinados; nos hace
recordar la impunidad que ha existido en este país para resolver los grandes asesinatos
que aún siguen impunes en el país.
Reconocemos que no somos la única fuerza
que hemos tenido estas lamentables, vergonzosas pérdidas; reconocemos que en todas las
fuerzas políticas ha habido víctimas de esa violencia irracional de la que aquí ya se
había estado planteando, violencia que en muchas ocasiones ha tenido su origen en
problemas de carácter político.
Pero yo voy más allá. El sumarnos el día
de hoy a este punto de acuerdo que presenta el Partido Revolucionario Institucional es
sumarnos a que se esclarezca el artero, salvaje asesinato que recibió nuestro compañero
diputado José María Guillén Torres, es reconocer que su labor en esta Cámara,
independientemente de que venga de una fuerza distinta a la nuestra tuvo ecos ahí donde
lo vimos trabajar, particularmente en la Comisión de Asuntos Indígenas.
Reconocemos en José María Guillén Torres
a un representante de una lucha desde una tribuna diferente –tendremos que
decirlo—pero sí de una lucha a favor de los campesinos, en una lucha con favor de
los maestros.
Y quiero añadir algo más. No solamente
como diputado me solidarizo con este asesinato. Perder a un dirigente magisterial que se
identificó con las causas de los campesinos, con las causas de los indígenas, con las
causas de los pobres, como aquí se ha planteado, pero que este compañero, aparte de ser
diputado sea maestro también, creo que nos causa un dolor aún más especial.
En el PRD nos solidarizamos con su familia,
nos solidarizamos con las organizaciones de las que el diputado Guillén formo parte, nos
solidarizamos con el Partido Revolucionario Institucional, les decimos que sabemos lo que
es esto y que nos duele. Nos solidarizamos con su familia
Y estoy hablando no solamente a título
personal, estoy hablando como integrante de la fracción parlamentaria en esta Comisión
Permanente, estoy hablando como integrante del grupo parlamentario del PRD en la Cámara
de Diputados, pero estoy hablando también a nombre de mis compañeros senadores y
decirles a ustedes que, aparte de esta solidaridad, tomamos el agravio como propio y nos
sumamos a ese reclamo, justo reclamo, por la justicia y en contra, porque se acabe ya en
México, aparte de esta inseguridad, esta impunidad con la que pasan sucesos como el que
el día de hoy estamos lamentando.
Reciban pues nuestra solidaridad y por
supuesto el apoyo al punto de acuerdo que aquí se presentó.
Muchísimas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la
palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.
- EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA:
Compañeras y compañeros legisladores: Viniendo de un estado donde la violencia ya no me
asusta, el hecho del lamentable suceso donde perdió la vida José María, verdaderamente
me llena de tristeza.
Nos sumamos al punto de acuerdo del PRI
porque no se trata de un diputado cualquiera. José María era una persona simpática
entre nosotros, colaboraba y además le gustaban mis caricaturas.
A nombre de José Manuel del Río Virgen,
queremos decirles que queremos hacer esta pregunta también:
¿Qué está pasando en Veracruz donde
últimamente ocupa las notas rojas de todos los medios?
Los diputados que desgraciadamente sólo
transitan por la legislatura dejando pasar el tiempo, les digo que no tienen nada que
temer. Pero a los diputados valientes como José María, trabajadores, que en la Cámara
hacen su trabajo como la ley lo manda y todavía llegan a su estado a seguir trabajando, a
seguir buscando el bienestar de la gente, a esos legisladores les digo que tenemos que
estar muy listos porque los intereses que se crean cuando un legislador es valiente, son
muy fuertes. Por ahí José María ha de haber lastimado a algunos poderosos.
Los diputados valientes que integramos esta
legislatura, le queremos también decir al hampa organizada que no le tenemos miedo.
Los diputados valientes le tenemos que
decir también que tenemos que lograr juntos que las leyes se lleven a efecto en nuestro
país, no nada más se aprueben, sino se lleven a efecto.
Le queremos decir a su familia por doble
partida, porque también con José María se fue su hermano y la familia tiene doble
condolencia de parte de los legisladores de la Cámara de Diputados, y queremos que esta
vez la investigación sí sea muy clara y no se quede como un recuerdo nada más, como a
otros legisladores les ha sucedido esto.
Queremos decirles que nuestra fracción
parlamentaria está de acuerdo en que esta investigación sea atraída por la PGR, porque
se usaron armas de grueso calibre, fue en una carretera federal y se trataba de un
legislador de la República. Y le exigimos, como en las comparecencias exigimos al
Director de la PGR, para que ese caso no quede impune como muchos y miles de casos que han
quedado impunes. Y es lo que digo a José María, donde esté, estamos aprendiendo
todavía del legado que él nos dejó, a favor de los que menos tienen. Y esa es la labor
de nosotros como legisladores y no le tenemos miedo al hampa y hay que decirle el mensaje:
Los legisladores valientes no tenemos miedo y si hay que dar la sangre, con gusto la
daremos por la patria. Muchas gracias.
(Aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado.
A nombre de la Mesa Directiva hará uso de
la palabra el diputado Vicepresidente Bernardo Borbón Vilches.
- EL C. DIP. BERNARDO BORBÓN VILCHES: La
Mesa Directiva se une a los conceptos vertidos en esta tribuna, a propósito del
fallecimiento del diputado José María Guillén, y para fundamentar una proposición,
daré lectura al artículo 52 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:
"Si un miembro de una de las Cámaras
se enfermase de gravedad, el Presidente respectivo nombrará una Comisión de dos
individuos que lo visiten cuantas veces crea oportuno y dé cuenta de su estado. En caso
que el enfermo falleciese se imprimirán y distribuirán esquelas a nombre del Presidente
de la Cámara y se nombrará una Comisión de seis individuos para que asista a sus
funerales, siempre que éstos se verifiquen en el lugar de residencia del Congreso. Si el
diputado o senador falleciere en un lugar fuera de la capital, el Presidente de la Cámara
suplicará a alguna autoridad del lugar que asista a los funerales o designe representante
que lo haga. En los recesos del Congreso corresponde a la Comisión Permanente cumplir con
todo lo anterior. Los gastos de funerales serán cubiertos por el Tesorero de la Cámara,
de acuerdo con lo que establece el artículo 204 de este Reglamento".
Con fundamento en este artículo del
Reglamento del Gobierno Interior, se propone pues que se forme una comisión de
legisladores que asista en representación de la Comisión Permanente, el Congreso en
General, a los funerales del diputado en caso de que sea oportuno y en su defecto exprese
nuestra condolencia a su familia.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado.
Procedamos entonces de esta manera a
consultar a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA OLGA MARGARITA
URIARTE RICO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las señoras y
señores legisladores si el anterior asunto se encuentra suficientemente discutido.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo levantando la mano.
(Votación)
Quienes estén por la negativa.
(Votación)
En consecuencia, se consulta también a la
asamblea si es de aprobarse el anterior acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo.
(Votación)
Por unanimidad, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado tanto el
punto de acuerdo como la propuesta, que quisiera hacer la aclaración dado que más bien
sería una comisión de tres diputados y tres senadores para darle el pésame de manera
oficial a los familiares. Comuníquese.
En realidad tengo que comentar esto por el
tema en que estamos, y lo hago con todas las reservas necesarias, me informan que asesinaron
a balazos a la esposa del diputado local Jesús Soto Ortiz, del estado de Michoacán, en
La Piedad, Michoacán. Y esto lo hago para obviamente desde aquí nuevamente
recriminar este tipo de acontecimientos y creo que esta es una posición de toda la
Comisión. No tengo más información, por eso digo que con todas las reservas, pero como
sea son actos que deben de acabar en el país.
Tiene la palabra la ciudadana diputada
Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar al gobierno del Distrito
Federal que retire a los ambulantes que impiden al pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación sesionar en su edificio sede.
- LA C. DIPUTADA MÓNICA SERRANO
PEÑA (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
"Honorable Asamblea:
"Con fundamento en lo que dispone el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, exponemos a la consideración de este pleno los siguientes
" A n t e c e d e n t e s :
"Primero.- Que el artículo 94 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deposita el ejercicio del Poder
Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, la cual está compuesta por 11
Ministros y funciona en pleno o en salas.
"Segundo.- Que este mismo artículo,
así como el artículo 11 fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación establece como atribución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitir los acuerdos generales en las materias de su competencia.
"Tercero.- Que es de trascendencia y
relevancia las funciones que desempeña el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ya que tiene entre otras facultades la de interpretar la Constitución y ser el
árbitro entre los poderes públicos.
"Cuarto.- Que el 2 de junio de 1941 el
General de División Manuel Ávila Camacho, entonces Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, inauguró solemnemente la sede de la Suprema Corte de Justicia en el Centro
Histórico de la Ciudad de México y desde entonces éste ha sido el recinto de las
sesiones del pleno, consideramos pertinente hacer los siguientes
"COMENTARIOS
"Primero.- Que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en los últimos años ha sido objeto de múltiples protestas,
algunas pacíficas y en otras ocasiones violentas, en las cuales se han realizado actos de
vandalismo que han dañado en reiteradas ocasiones el recinto de la misma.
"Segundo.- Que como consecuencia de
múltiples marchas, manifestaciones y eventos en el Zócalo de nuestra ciudad capital que
se realizan, se entorpecen las funciones del pleno de la Suprema Corte, ya que se impide
el acceso de los Ministros a la sede de ella.
"Tercero.- Que aunado a lo anterior,
día a día se va incrementando el número de comerciantes ambulantes y esencialmente
sobre las aceras de las calles aledañas de la Suprema Corte, se observa una
obstaculización del personal y de los vehículos para el ingreso de la sed; que además
del aumento durante todo el año de los comerciantes ambulantes, año con año en la
época de noviembre a enero es considerable el incremento de estos vendedores en la zona
con motivo de la temporada navideña, impidiendo en forma casi total el acceso al recinto
del pleno; que es inadmisible que en reiteradas ocasiones el Gobierno del Distrito Federal
ha hecho caso omiso a las peticiones y gestiones que ha realizado el pleno de la Suprema
Corte de Justicia, para que no se obstaculicen los accesos a la sede, resultando las
mismas infructuosas y sin trámite, demostrando su falta de capacidad para resolver este
gravísimo problema; que debido al riesgo cierto y constante de que las actividades y
funciones de la Suprema Corte de Justicia sean obstaculizadas el día 8 de octubre del
2002, el pleno de la Suprema Corte, por acuerdo número 8/2002, en su resolutivo Primero
se estableció como sede alterna de la Suprema Corte de Justicia las oficinas que se
encuentran ubicadas en el 1508, pisos 5º y 6º de la avenida Revolución, de la Colonia
Guadalupe Inn, en esta ciudad, para llevar a cabo cuando así lo determinen, las sesiones
privadas de discusión de asuntos sometidos al conocimiento de este órgano, incluso para
llevar a efecto las sesiones públicas que se requieren.
"Por lo anterior, el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional de este H. Pleno de la Cámara de Diputados, reprueba la
ligereza con que el Gobierno del Distrito Federal ha tomado el problema que está viviendo
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el cambio de sede. Y es reprochable que
éste, como encargado del cuidado de los poderes federales, no pueda brindar seguridad a
la sede del pleno de la Suprema Corte, por lo cual nosotros brindamos el apoyo a todos sus
miembros que la conforman.
"Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Primero.- Que esta H. Cámara de
Diputados haga un exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que en uso de sus
atribuciones dé respuesta a las constantes gestiones que ha realizado el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y retire en forma permanente de la vía pública a
los comerciantes ambulantes que impiden el acceso al recinto del pleno de la misma.
2º. Que esta Cámara de Diputados como
Poder de la nación se solidarice con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las
decisiones que se tomen para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
Es cuanto señor Presidente. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias señora
Diputada. Túrnese a la Comisión del Disttito Federal de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Senador Raymundo
Cárdenas Hernández del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente
convoque al Congreso de la Unión a un Período Extraordinario de Sesiones.
-EL C. SENADOR RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ.
Gracias señor Presidente. Honorable Asamblea. En principio quiero decir que por un error
no atribuíble a la Mesa Directiva, el tema fue agendado como una Proposición y no como
una Iniciativa de Decreto que es la naturaleza del texto que vamos a presentar.
Rogaría al señor Presidente tome nota de
este hecho.
Compañeras y compañeros. Esta Comisión
Permanente del Congreso de la Unión tiene como facultad, en los términos del Artículo
78 Fracción IV de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la de acordar
por sí o a propuesta del Ejecutivo Federal, la Convocatoria del Congreso o de una de sus
Cámaras a sesiones extraordinarias.
Esta es una de las más trascendentes
atribuciones con las que cuenta este órgano del Congreso ya que de la capacidad de
efectuar sesiones de los plenos de sus Cámaras depende el ejercicio de casi todas sus
potestades constitucionales.
La facultad de acordar convocatorias a
períodos extraordinarios de sesiones responde a una necesidad elemental de hacer frente a
las necesidades legislativas emergentes, ante el carácter sumamente limitado de los
períodos de sesiones ordinarias con los que constitucionalmente cuenta el Congreso
En efecto, incluso en 18857 el Congreso
Mexicano tenía más tiempo para legislar que hoy y particularmente a partir de la Reforma
Constitucional de 1874 disponía anualmente de seis meses de sesiones ordinarias
prorrogables en hasta mes y medio lo cual ocurría con mucha frecuencia por lo que en la
práctica dichas sesiones abarcaban 7 y medio meses al año, circunstancia que a juicio
del Constituyente de 1916-1917 favoreció un desequilibrio entre los Poderes Ejecutivo y
Legislativo.
De hecho el sentido de la actual
limitación de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a sólo
cinco meses al año, tiene su raíz en una de las decisiones políticas fundamentales del
Constituyente del 16-17, reducir las facultades constitucionales y el poder político del
Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sentando de este modo la base más sólida
del presidencialismo exacerbado sobre el que sería construído a su vez, el sistema
político autoritario que los ciudadanos repudiaron en las urnas en el año 2000.
El argumento central, de quienes con toda
intención debilitaron al Congreso, fue y cuenta hoy creerlo, evitar la dictadura a la que
suponían originada en las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo consustanciales a todo
régimen democrático que ocurrían constantemente en la República Restaurada.
La trágica prueba de lo erróneo del
diagnóstico radica en el remedio, también errado, ya que el resultante desequilibrio
constitucional entre Congreso y Presidente, el exceso de facultades constitucionales de
este, condujo en concurrencia con otros factores, al desarrollo de esa degeneración del
Sistema Presidencial conocida como el Sistema Político Revolucionario.
Como resultado, nuestro Congreso dispone de
menos tiempo para legislar que la mayor parte de sus pares en el Continente; basten para
probarlo los siguientes datos concernientes a la duración de los períodos ordinarios:
Argentina-9 meses; Brasil-9 y medio meses; Canadá-10 meses en promedio; Colombia-9 y
medio meses; Costa Rica-6 meses; Cuba, indeterminado; Estados Unidos, en promedio 10
meses; República Dominicana, mínimo de 6 meses prorrogable hasta 10; El Salvador,
indeterminado; Guatemala, de acuerdo con su Constitución, todo el tiempo necesario;
Honduras-9 y medio meses; Panamá-8 meses; Paraguay-9 y medio meses; Uruguay-10 meses.
Se citaron estos ejemplos por tratarse de
países vecinos y socios comerciales y en casi todos los casos de regímenes
presidenciales semejantes al mexicano. Queda patentizada pues la desventaja del Congreso
mexicano.
En pocas palabras, nuestro Congreso carece
del tiempo suficiente para cumplir con desahogo sus obligaciones constitucionales, por
ello urge que el Constituyente permanente le conceda mayores períodos de sesiones
ordinarias. Atendiendo estas y otras consideraciones, la Cámara de Diputados
recientemente aprobó una iniciativa de reforma constitucional para incrementar las
sesiones ordinarias.
Por su parte, un servidor ha presentado
desde octubre de 2001, una iniciativa para aumentar los períodos ordinarios a un total de
9 meses al año en consonancia con las necesidades del Congreso y en coincidencia con el
promedio mundial.
No se trata de las únicas reformas que
necesita el Congreso.
En ambas Cámaras existen anteproyectos e
ideas muy avanzadas para concretar reformas constitucionales que fortalezcan las
atribuciones del Poder Legislativo Federal, sus Cámaras y sus comisiones. Las Comisiones
de Reforma del Estado de ambas Cámaras, han tratado múltiples asuntos que fortalecerían
al Congreso Mexicano.
Se trata, en suma, de avanzar en el camino
de la democratización del país y de la reforma democrática del Estado antes de que la
política electoral imposibilite o dificulte los acuerdos.
Otro tema de insoslayable urgencia es el
régimen jurídico de la radio y la televisión.
La obsolescencia de la ley actual ha
quedado de manifiesto en múltiples asuntos pero sobre todo en la notable torpeza y
negligencia exhibidas por el Gobierno Federal en su muy tardía reacción ante el despojo
de las instalaciones de Canal 40, seguramente por miedo ante los costos políticos de
aplicar la ley a un aliado del Presidente. Es urgente substituir la obsoleta Ley Federal
de Radio y Televisión y dictaminar el rico acervo de proyectos alternativos con los que
cuenta el Congreso.
Otro tema que es necesario tratar antes de
que la dinámica electoral lo haga poco favorable es el de los salarios de los servidores
públicos, materia de dos iniciativas presentadas el día de hoy en cuyo sentido coincido.
A mi juicio es necesario facultar al Congreso para legislar en materia de salarios, por lo
pronto en el sector público federal, estatal y municipal pues no es posible que los altos
funcionarios del Gobierno sean los segundos mejor pagados del mundo o que existan salarios
casi inverosímiles como los de algunos munícipes mientras el pueblo sufre gravísimas
privaciones.
Una ley de salarios del sector público
debería indexar los salarios de los funcionarios a una proporción justa con respecto a
los salarios mínimos. Por ejemplo a mi juicio, el Presidente de la República no
debería ganar más de ochenta salarios mínimos, esto es alrededor de 100 mil pesos al
mes, menos de los casi 160 mil pesos que obtendrá con el presupuesto aprobado.
De esta suerte, si los funcionarios y
también los legisladores quisieran incrementar sus ingresos, tendrían que subir también
los salarios mínimos en la misma proporción. Naturalmente todos los extras como bonos,
compensaciones, estímulos de toda especie, gastos para comidas, quedarían integrados a
lo que se considera como salario.
Estas medidas ya las ha planteado la
izquierda mexicana desde hace décadas y ahora vino Joseph Stiglis, Premio Nobel de
Economía, a proponerlas nuevamente para México en su conferencia del pasado miércoles
18 de diciembre.
Las razones no son sólo de justicia sino
también de eficiencia económica. Un país como México, con una gran masa empobrecida
jamás tendrá una economía fuerte; por lo demás sabemos que el mercado por sí solo no
distribuye bien la riqueza, en consecuencia la ley tiene que hacerlo.
Finalmente es necesario hace hincapié en
que las necesidades legislativas perentorias del país, pueden exceder con mucho a los
temas presentados y que la convocatoria que hoy me permito presentar pudiera abrirse, para
abarcar otros temas de carácter urgente en los que fuese posible el consenso.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamente en la fracción IV del artículo 78 de la Constitución, sometemos a la
consideración de este organo del Poder Legislativo Federal, la iniciativa con proyecto de
decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a sesiones
extraordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del día 3
de febrero del 2003.
Único.- La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión convoca al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a
sesiones extraordinarias a partir del día 3 de febrero del 2003, con el objeto de tratar
las iniciativas que hasta dicha fecha se hubieren presentado en las siguientes materias:
Fortalecimiento del Congreso de la Unión.
Salarios de los Servidores Públicos y
Régimen Jurídico de la Radio y la Televisión.
Transitorios:
Primero.- Publíquese en el Diario Oficial
de la Federación, así como en cinco Diarios de circulación nacional.
Segundo.- Se solicita al Presidente de la
Cámara de Diputados así como al Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, se sirvan citar a los miembros de sus respectivas Cámaras, para los efectos
legales a que hubiere lugar. Gracias.
EL PRESIDENTE ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:-
Gracias señor senador.
Túrnese a la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Senadores y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel
Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
presentar una proposición con punto de acuerdo, para contrarrestar los efectos del
Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano, hasta por diez minutos.
EL DIP. VICTOR MANUEL DIAZ PALALCIOS.-
Muchas gracias, señor Presidente, compañeros legisladores.
He entregado a la Secretaría el punto de
acuerdo, suplicando a la Presidencia dé instrucciones para que se inserte en el Diario de
los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en su totalidad y poder hacer unas
consideraciones que creo son muy importantes en este momento, sobre todo tomando en cuenta
y considerando que en el sector agropecuario, a partir de estos días se verá severamente
afectado y tomando en cuenta en donde ahí se encuentra, cuado menos el 20% de la
población económica activa y el 25% del total de la población de México.
Además, teniendo en cuenta que en el
porcentaje que tiene México en la agricultura, tomando a América Latina como punto de
referencia, sentimos que todavía tenemos una gran potencia que desarrollar, hasta los
años 90, más del 50% del hectareaje para el cultivo se sigue y se seguía destinando al
maíz, no hemos hecho cambios en el patrón de cultivos y esto nos ha llevado a tener una
dependencia económica y no sólo económica sino también alimenticia.
Es por eso que en este punto de acuerdo que
traigo y que viene sustentado los estímulos que reciben los agricultores, especialmente
de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde prácticamente dejan a los otros
campesinos, no sólo de México sino de América, del Centro y en Latinoamérica y hay que
decirles a los señores norteamericanos que la democracia tiene un costo, no solamente es
en su país impulsando a sus agricultores, sino también ver más allá, sobre todo con un
vecino con el cual comparte una frontera de más de 3 mil 500 kilómetros.
Para nosotros es indispensable proponer lo
siguiente:
Que en las reglas de operación que fija la
Secretaría de Agricultura en conjunto con la Secretaría de Hacienda, no vaya a haber
cambios sobre todo en este renglón. Cada año tenemos nuevas reglas de operación que
salen a finales de marzo en lo que las entidades federativas pueden construir sus
proyectos, van bajando estos recursos al campesino por ahí del mes de junio; obligan a
las entidades federativas y a los campesinos a ejercer un presupuesto en seis meses en
lugar de los 12 que debe ser.
Por eso aquí yo con todo respeto invoco al
diputado Julio Castellanos Ramírez, que es el Presidente de la Comisión de Hacienda de
esta Permanente, igual que al diputado Burgos Pinto que es Secretario de esa misma
Comisión, y aspiro a contar con su solidaridad y seguro estoy que la sensibilidad
política que requiere en este momento nuestro país, hará que el turno que le den a este
punto de acuerdo en próximas sesiones lo veamos reflejado.
Realmente es muy sencillo, que la
Secretaría de Agricultura deje las mismas reglas de operación que se dieron en el 2002,
para que en este momento las entidades federativas puedan entregar sus proyectos en
conjunto, productores, gobiernos estatales y Federación, porque hay una concurrencia de
recursos y además facilita la transparencia de los mismos, privilegiando, como lo
hicieron el año pasado, la coinversión que hacen las entidades federativas con la
Federación. Esto es privilegiar la eficiencia y castigar el dispendio.
Por su atención, muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor
diputado.
Publíquese en el Diario de los Debates y
también publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la segunda Comisión.
Tiene la palabra el diputado Ramón León
Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar
una proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al
Ejecutivo a renegociar el Capítulo Séptimo Sector Agropecuario del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá.
-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Con su
permiso señor presidente. Señoras legisladoras. Señores legisladores. El suscrito,
diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en la fracción III del Artículo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante
esta H. Asamblea una proposición con Punto de Acuerdo, para que la Comisión Permanente
de este H. Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo a renegociar el Capítulo Séptimo
Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte.
Consideraciones.
A partir de la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, se han generado una serie de controversias entre
los países firmantes, en nueve años de su aplicación se han ahondado las diferencias
entre los mismos, el intercambio comercial se ha estado incrementando constantemente entre
Estados Unidos y México, en particular, las importaciones agropecuarias, las cuales han
sido mayores a las exportaciones, ampliando con ello el déficit comercial agropecuario de
nuestro país.
El proceso de apertura ha ocasionado que el
sector más afectado sea el agropecuario, sobre todo porque el mismo arrastra desde hace
varias décadas, una crisis permanente. Si a esto agregamos que la apertura al Sector no
está acompañada de una política integral que incluya a la agricultura como motor de la
actividad económica y la contemple como un mero agregado dependiente de las demás
actividades del resto de la economía.
El abandono del campo mexicano se
manifiesta por la mayor pobreza de su población, de 24.5 millones de habitantes que viven
en zonas rurales, se estima que 17 millones viven en condiciones de extrema pobreza, y
según cifras del Banco Mundial, una cuarta parte de la población rural carece de los
recursos para comprar alimentos básicos.
Así el proceso de liberalización se ha
visto acompañado de una mayor pauperización del medio rural, en donde solamente algunos
productores están recibiendo los beneficios, mientras una gran cantidad de pequeños y
medianos productores, tiene que buscar alternativas para sobrevivir.
En este año, México acordó la inmediata
eliminación de aranceles para una lista muy amplia de productos agrícolas, al mismo
tiempo se acordó la desgravación gradual de las barreras arancelarias restantes en un
plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del tratado.
Los resultados que arroja el tratado en el
Sector Agropecuario de México son negativos, las importaciones de productos agrícolas se
han incrementado considerablemente, llegando en muchos casos a desplazar a los productores
nacionales, en contraste observamos que Estados Unidos apoya sustancialmente a su sector
agropecuario, orientando mayores recursos al mismo, con la implementación de la Ley de
Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2000 avalada por el gobierno norteamericano, se
destinarán 183 mil 500 millones de dólares, los cuales se distribuirán a lo largo de
los próximos diez años, a un promedio anual de 18.3 mil millones de dólares, los cuales
se canalizarán a programas de apoyo directo y a productores y a programas de
conservación ambiental en el campo.
Reconocemos que con la farming (?), Estados
Unidos ejerció sus facultades soberanas, pero con ello viola el Capítulo Agropecuario
del Tratado de Libre Comercio de América del norte, la cifra del subsidio norteamericano
destinado a sus productores del campo, es inalcanzable para nuestro país.
Con ello nos imponen condiciones de
desventaja e inequidad y acentúan las asimetrías entre ambos países. La desigualdad de
competencia a la que se enfrentan nuestros productores nacionales frente a la entrada de
productos agropecuarios se da también a través de los bajos precios ofrecidos por los
productos de los Estados Unidos.
El sector agropecuario en México es uno de
los más liberalizados del mundo, esto llama la atención porque en los principales
países desarrollados el sector más protegido de sus economías es precisamente el
agropecuario, es decir nuestro país va a contracorriente de las tendencias mundiales.
En el transcurso de estos años, los que se
han beneficiado sistemáticamente de la apertura, han sido los grandes consorcios
agroalimentarios asentados en México, entre los cuales se encuentran principalmente
importadoras de maíz.
En México se estima que más del 50% de la
población activa en el campo y más del 65% de los productores se dedican al cultivo del
maíz; ese es un producto altamente sensible, que de continuar la liberalización y dadas
las diferencias tan enormes entre Estados Unidos y México, agudizarán los problemas
prevalecientes de rezago en el campo mexicano, que consecuentemente acentuarán la
escalada de quiebras de los productores medios y las protestas de agricultores mexicanos
ante la falta de condiciones para competir con sus homólogos norteamericanos.
Las protestas de los diferentes productores
del campo como cañeros, frijoleros, cafetaleros y piñeros, entre otros, nos muestra que
los programas destinados a apoyar al campo no están dando los resultados que se
esperarían, al contrario, observamos que las protestas son crecientes y cada vez más
violentas.
En ese contexto, el Gobierno Federal
señaló que el blindaje agroalimentario está contemplado en el presupuesto para el
ejercicio del 2003, indicando que se destinarán 102 mil 563 mil millones de pesos,
recursos que se tienen contemplados para el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural Sustentable. En él se conjuntan varios programas de 14 dependencias de
la administración pública federal, sin embargo muchos de estos programas tienen
carácter social, asistencial y de inversión; no se distingue un apoyo destinado
específicamente a la competencia agropecuaria que tendrán los productores nacionales con
sus contrapartes norteamericanos frente a la apertura prácticamente total del sector
agropecuario para este año.
Es imperativo que el Ejecutivo se
comprometa a iniciar un proceso de renegociación del capítulo séptimo, sector
agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de libre Comercio América
del Norte con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a partir de las disposiciones
contenidas en la Constitución Política Mexicana y las ordenaciones de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable.
El Ejecutivo debe tomar medidas urgentes y
asumir una política agropecuaria que reconstruya el papel e importancia que tiene el
campo dentro del desarrollo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito somete a la
consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que la Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo Federal a renegociar el capítulo
séptimo, sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte, con el objeto de proteger la producción agropecuaria
nacional.
Con el permiso de la Presidencia me permito
hacer un comentario, dado que se mencionó a una diputada ausente, nada más quiero
decirles que quien acusó a esta diputada públicamente, lo hizo mencionándola a ella y a
otros diputados de distintos partidos.
Y nada más quiero hacer un último
comentario. Aquí se habló de un penoso intento. Yo quiero decirles que lo que debería
de veras apenarnos, es la vergonzosa realidad de los salarios que se están pagando los
panistas. No hablemos de intentos, hablemos de realidades.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Túrnese a la segunda comisión.
El diputado Victor Manuel Díaz Palacios,
me ha solicitado rectificar el turno de la segunda a la tercera comisión, cosa que esta
mesa directiva accede con gusto. Y pido a la secretaría tome nota.
Igualmente comunico a la Asamblea, que se
ha integrado la comisión de señores senadores y diputados que asistirá a Veracruz, con
motivo del fallecimiento del diputado José María Guillén Torres. Esta comisión está
integrada por el Senador Fidel Herrera Beltrán, por el senador Gerardo Buganza Salmerón,
por el diputado Alfredo Ochoa Toledo, por el diputado Manuel Winstano Orozco Garza, por el
diputado Ramón León Morales, por la diputada Julieta Prieto Fuhrken, el diputado Victor
Antonio García Dávila y por el diputado José Manuel del Río Virgen.
Dado las características de la comisión,
hemos aceptado aumentar el número de la comisión con dos miembros más de otras
fracciones parlamentarias.
Igualmente giro las instrucciones
necesarias a la secretaría de la Cámara de Diputados, para que haga lo necesario para
que cumpla su misión esta comisión nombrada.
Tiene la palabra el Senador Fidel Herrera
Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar
una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua, a
que incluya dentro de los recursos ampliados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el ejercicio fiscal de 2003, la revisión técnica del puente
"José López Portillo" y la reconstrucción y reparación del muro de
contención del río "Pantepec", por la inundación de 1999 en la ciudad de
Alamo, Ver.
-SENADOR FIDEL HERRERA BELTRAN: Honorable
Comisión Permanente:
El 6 de octubre del año de 1999, la ciudad
de Alamo, Veracruz, sufrió una inundación de tal magnitud que la región fue declarada
zona de desastre, dejando pérdidas materiales y humanas tanto en comercios como en los
hogares de muchos veracruzanos que habitan esta tierra del norte veracruzano.
La región vive constantemente amenazada
por las inundaciones. Tiene un promedio de 2 a 3 inundaciones por año, originando además
de pérdidas económicas, la proliferación de un sinnúmero de enfermedades, la falta de
fuentes de trabajo y de inversión, daños a toda la actividad productiva, sobre todo al
comercio, agricultura, la citricultura, la ganadería.
El Honorable Ayuntamiento de Alamo de
Temapache, Veracruz, todas las fuerzas políticas que lo integran, han venido realizando
diversas gestiones ante las dependencias correspondientes, a fin de encontrar solución a
un problema que les aqueja año con año, debido a la situación geográfica donde está
ubicada la municipalidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido cumplir
con los compromisos adquiridos. En el momento del desastre de 1999 y que pese a los
peligros y riesgos que se presentan y a la eventualidad de un desastre, no se han cubierto
con los compromisos contemplados en el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, del
ejercicio fiscal de 1999.
Las riberas de los ríos que cruzan por la
municipalidad han sido invadidas por construcciones que en muchos de los casos obstruyen o
bloquean los arroyos. La ciudad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, además
que la red natural se encuentra bloqueada y el colector existente es insuficiente en
función de un diámetro muy menor al requerido.
La zona rural que se ubica en el sureste de
esta ciudad del norte veracruzano recibe las descargas de agua pluvial que se desplazan
por cauces naturales en el estero de El Idolo y Oro Verde hacia un área urbana,
ocasionando el desborde de los mismos y, por lo tanto, la inundación permanente de la
ciudad.
Al norte y al noreste de la ciudad corre el
río Pantepec, el cual cuenta con un muro de contención de más de 40 años de
antigüedad, severamente dañado en el siniestro de 1999, lo que significa que en el caso
de alguna condición climatológica ligeramente extrema la estructura se destruiría y
causaría graves daños y pérdidas humanas.
La región requiere, pues, urgentemente de:
uno: la revisión técnica del puente José López Portillo, que presenta daños
importantes desde el siniestro de 99 y, dos, la reparación del muro de contención del
río Pantepec.
Ambos compromisos fueron adquiridos por las
autoridades federales, a quienes compete la protección y seguridad de los habitantes de
la demarcación en el marco del Programa Nacional de Protección Civil.
En el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal del 2003, los ciudadanos diputados acordaron ampliar el presupuesto de la
Comisión Nacional del Agua hasta por 3 mil 400 millones de pesos, recursos que deberán
ser destinados a la solución de problemas de la infraestructura hidroagrícola,
hidrosanitaria en el país, y dentro de ella nosotros proponemos que se ubique el
cumplimiento de los compromisos contraídos con Alamo, Veracruz, desde 1999
Alamo de Temapache es el primer municipio
productor de cítricos en el país. A su riqueza citrícola hay que agregar la nueva
riqueza petrolera y gasífera. Resulta pues de importancia vital que se busquen los
elementos técnicos preventivos y correctivos que faciliten los trabajos de exploración y
de explotación de Petróleos Mexicanos en la zona, que replanteen el desarrollo agrícola
regional y el crecimiento de los sectores secundarios y terciarios de la región.
Por lo antes expuesto y con fundamento en
el Reglamento para el Gobierno Interior, proponemos el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Que la Comisión Nacional del Agua
incluya, dentro de la disposición de los recursos que fueron ampliados hasta por 3 mil
400 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal del 2003, los recursos necesarios para cumplir con los compromisos contraídos en
1999 y en concreto la revisión técnica del puente José López Portillo y la reparación
del muro de contención del río Pantepec en la ciudad de Alamo, Veracruz.
Es cuanto, ciudadano presidente. Con el
ruego de que pudiera usted acordar el turno a la Tercera Comisión de la Comisión
Permanente, a efecto de que en tiempo y forma esta Comisión Permanente resuelva sobre
este justo reclamo del norte veracruzano. Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor
senador.
Túrnese, como lo solicita el ponente, a la
Tercera Comisión.
Para presentar unas proposición con punto
de acuerdo en relación a la ilegal expropiación de tierras, derivada de la construcción
de una autopista del Plan Puebla-Panamá, en la localidad de Tecpatán, Chiapas, suscrita
por los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna
el diputado Ramón León Morales, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias,
señor presidente. Pido una disculpa por estar haciendo uso de la tribuna constantemente.
Quiero decirles que solamente dos diputados
del grupo parlamentario estamos ante esta Comisión, uno de ellos el presidente. Entonces
atiendo todas las peticiones de mis compañeros diputados, por lo que pido esta disculpa,
si me van a ver mucho por aquí.
Con su venia, señor Presidente,
compañeras y compañeros legisladores: "A lo largo de los trabajos de esta
Legislatura, se ha hecho de la tribuna en un sinnúmero de ocasiones para proponer
acuerdos, acciones e iniciativas a favor del desarrollo de la región Sur-Sureste del
país.
"La receptividad y respuesta de los
legisladores ante esos planteamientos ha sido inmediata, entusiasta, acrítica y
mayoritaria, aunque afortunadamente no ha sido unánime
"Tal es la tendencia que incluso
compañeros diputados han venido a plantear aquí el que se incorpore a sus entidades en
los proyectos de desarrollo regional propuestos por el Gobierno Federal.
"El problema que subyace en aquellas
propuestas es la falta de visión y ausencia de discusión entorno a la concepción misma
del desarrollo..
¿De qué clase de desarrollo estamos
hablando? ¿Cuál es el desarrollo que se está promoviendo? ¿Aquel que fomenta la
concentración de la riqueza y la polarización del ingreso? ¿Ese que fomenta la
descomposición social y la pauperización de los niveles de vida?
"Se ha antepuesto un signo de igualdad
y se ha confundido el crecimiento económico y las condiciones irrestrictas para la
acumulación privada con el desarrollo. Se ha convertido además a esa igualdad en un
paradigma, en un dogma falso, incontrovertible y fatal.
"En contrasentido el grupo
parlamentario del PRD ha hecho uso de esta tribuna para advertir de los riesgos que
implica la implementación del Plan Puebla Panamá que es el eje principal o más bien el
único sobre el cual se pretende inducir el desarrollo en el sureste mexicano.
"Hemos pedido que se consulte a las
comunidades, hemos exigido que se les respete la propiedad de sus tierras y su derecho al
uso y disfrute de los recursos naturales; hemos alertado sobre el descontento e inevitable
estallido de conflictos sociales que este megaproyecto engendra. Sin embargo no os hemos
anquilosado en la denuncia. Hemos también propuesto alternativas que han sido ignoradas.
En consecuencia hemos manifestado nuestro decidido rechazo al Plan Puebla-Panamá y ese
rechazo implica a su vez rechazar un modelo de desarrollo que concibe a la naturaleza y al
hombre como una mercancía. Ese rechazo implica, en suma, rechazar un modelo regional de
exclusión social y económica.
"Lamentablemente el tiempo y los
hechos acabaron dándonos la razón.
"En su primera fase el Plan
Puebla-Panamá ha desencadenado movilizaciones y conflictos sociales como los de
Tehuantepéc, en Oaxaca, Bosque de Niebla, en Jalapa, Veracruz, Tepeaca y Mixtla en Puebla
entre muchos otros que podemos mencionar.
"En todos estos casos la promoción
del desarrollo ha mostrado su verdadero rostro, el rostro del desprecio por la ecología y
por las vocaciones productivas regionales. Es el rostro de la cancelación de los medios
de vida de miles de familias mexicanas, es el rostro de la imposición, es el rostro de la
violación de las garantías y derechos más elementales de los individuos. Es, en
resumen, el rostro más atroz, el rostro del despojo.
"Entre estos, un caso que merece
especial atención es el de los campesinos del municipio de Telpatán, en Chiapas, es el
mismo que motiva esta intervención en tribuna. El caso es especial por dos pequeñas pero
significativas particularidades: La primera es que en esta ocasión los campesinos sí
estuvieron dispuestos a ceder parte de la propiedad de sus tierras a cambio de una justa
indemnización por el valor real de estas. Y la segunda es que el sistema de impartición
de justicia después de un largo proceso judicial, se puso como sólo excepcionalmente lo
hace del lado de los que no tienen poder económico y se puso del lado de los que no
tienen grandes inversiones y mejores expectativas de ganancia. La justicia, por raro que
parezca, falló a favor de los campesinos afectados.
"Las tierras, objeto de afectación,
se encuentran en el kilómetro 132 y 135 de la autopista Tuxtla Gutiérrez, en el tramo
que se encuentra en proceso de ampliación y construcción, mismo que corre de Tuxtla a
Raudales Mal Paso, en Chiapas. La construcción de este tramo había sido ya objeto de
protestas y movilizaciones de organizaciones sociales campesinas, ecologistas y de
intelectuales como el llamado Grupo de los Cien, porque la obra implicaba la destrucción
de la reserva especial de la biosfera Selva del Ocote; las movilizaciones sociales
lograron la suspensión de la construcción de la autopista.
Sin embargo, al ser integrada dentro del
circuito trasítsmico la construcción del nuevo tramo de la autopista recibió mayor
promoción y cobertura presupuestaria. Se decidió construir el tramo bajo un nuevo trazo,
afectando tierras ejidales y pequeña propiedad campesina construida bajo la figura de
fideicomisos en el municipio de Tecpatán, Chiapas, integrantes del Frente Democrático
Campesino y Popular de Chiapas, beneficiarios de los fideicomisos Inmobiliario Kilómetro
60 y Nuevo Vicente Guerrero, intentaron lograr un acuerdo de indemnización con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los campesinos solo recibieron la promesa de
un pago justo por el área de terreno afectada.
Después de la realización de múltiples
asambleas los campesinos determinaron cercar sus terrenos para impedir la continuación de
la obra ante la falta de respuesta efectiva de la Secretaría de Comunicaciones para
indemnizarlos. El bloqueo solo duró dos días, el día 6 de febrero de 2001 se
presentaron en la zona de conflicto funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para ofrecer un monto de 10 mil pesos por hectárea. Los campesinos no
aceptaron la oferta, ya que sus tierras son de primera calidad por estar ubicada en el
margen del Río Grijalva. A pesar de su negativa, los campesinos entendieron que la oferta
representaba un indicio de solución, por lo que el 8 de febrero firmaron un convenio con
la Secretaría y con la empresa Tribasa para solucionar el diferendo, bajo la promesa de
mejorar y ampliar la oferta de indemnización. A cambio los campesinos liberaron el paso
para la continuación de la obra carretera, como consta en actas administrativas que se
anexarán.
Dos semanas después, el 26 de febrero de
2001, los campesinos fueron enterados que sus terrenos habían sido expropiados según lo
establecía el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, con fechas 4 y
18 de octubre de 2000. Los campesinos optaron por emprender una lucha bajo los cauces
legales al iniciar un proceso de controversia administrativa en contra de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, inconformándose legalmente por el monto de la
indemnización.
En respuesta a esta determinación y sin
que los campesinos hubieran vuelto a impedir en ningún momento el acceso a las obras de
construcción, el 8 de marzo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso
demanda penal en contra de los representantes del fideicomiso, argumentando la comisión
del delito: oposición a la ejecución de obras y trabajos públicos. Los
campesinos fueron injustamente encarcelados.
Para ilustrar pido a la Presidencia diga a
un Secretario que lea algunos puntos dados por el Juzgado Sexto del Distrito y ratificados
por el Primer Tribunal Unitario Vigésimo de Circuito con respecto a este caso y solicito
pare el reloj.
- EL C. PRESIDENTE: Proceda la
Secretaría a leer dicho documento.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA OLGA MARGARITA
URIARTE RICO: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de mayo de 2002.
"Sentencia. El Poder Judicial de la
Federación, en efecto si bien el elemento normativo de una obra de trabajo público
mandado a hacer por los requisitos legales por autoridad competente o por una
autorización resulta ser el objeto material sobre el cual recae la conducta típica,
debiéndose destacar que los trabajos deben provenir por mandato de alguna autoridad
pública, pero además cubrir éstos las disposiciones legales específicamente
establecidas para la ejecución de los mismos, quedando dentro de ello establecido que la
autoridad que mande hacer las obras o quienes ubiesen dado la autorización para las
mismas deben de ser competentes, es decir, deben de estar dentro de las atribuciones
concretas el haber mandado o el haber autorizado la ejecución de una obra o trabajo
correspondiente, pues si faltara alguno de estos aspectos, la conducta desplegada por los
agentes será atípica, circunstancias que en el presente caso se actualiza en virtud de
que de autos consta fehacientemente que no fue autorizada la expropiación de los
subtramos 132+060 y 134+945 del tramo carretero Las Choapas-Roandales, carretera
México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues el peritaje emitido y ratificado por Carlos
Gómez Narcia, perito de la Criminalística, quien concluyó que en la copia simple del
Diario Oficial de la Federación del miércoles 18 de octubre del 2000, exhibida por la
abogada Margarita Isabel Pacheco Gonzaga, sí presenta alteración por adición del texto
original, precisamente en la página primera sección 59, consistentes estas alteraciones
en adición de Colonia Nueva Esperanza de la fracción I; adición del fideicomiso
kilómetro 54; en la fracción II adición de los fideicomisos kilómetro 54,
en la fracción III adición ciudadano Ulises Domínguez Romero; en la fracción IV
adición fideicomiso kilómetro 60; en la fracción V mismo peritaje, el
cual se corrobora que el original del Diario Oficial de la Federación del 18 de octubre
del 2000, en la que claramente se aprecia que dentro de las expropiaciones hechas por la
Federación, no se contemplan los subtramos kilómetros 132+060 al kilómetro 134+060.
"A mayor abundamiento, debe destacarse
que de las constancias de estudio no se advierten que los integrantes del fideicomiso
kilómetro 60, ahora encausado, hayan sido legalmente notificados, pues aún sin conceder
se hubieran expropiado los multicitados tramos carreteros, también en lo que éstos no
fueron indemnizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poder tomar
posesión de los fraccionamientos de las tierras en las que se encuentran planeadas la
construcción de la carretera México-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tal aseveración se
robustece con la copia certificada del acta administrativa número 12/24/1001, iniciada
ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Los Roales del Mal Paso, en los
que se advierte que Roberto Cortés Aguilar, superintendente en el tramo kilómetro 60
municipio de Tequepatán, Chiapas, denunció hechos y argumentó que dicho terreno es
propiedad del denominado fideicomiso kilómetro 60, consistente en más de 20 familias,
las cuales se vieron afectadas, mismas que no han sido indemnizadas por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. En tal virtud taparon el referido tramo carretero, que de
igual forma aparece en dicha acta administrativa.
"La minuta de trabajo elaborada el 7
de febrero del 2001, celebrada entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
representada por el ingeniero Efraín Arias Velásquez, por parte de la empresa TRIBASA el
ingeniero Narciso Díaz Bibián y representantes del fideicomiso kilómetro 60, en la que
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se compromete a realizar el pago justo a
los integrantes del fideicomiso a partir de la salida de la maquinaria.
"Por su parte, Víctor Manuel Zapata
Cosío, refirió que el bloqueo de la carretera internacional de Choapas-Tuxtla, se debió
a la falta de indemnización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
hacia los propietarios de dichas tierras. Además refirió que el bloqueo referido se
levantó a los dos días del bloqueo.
En consecuencia de lo anterior, el trabajo
público mandado a hacer no reunió los requisitos legales por la autoridad competente o
con la autorización pues con dolo el Representante Legal de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, María Margarita Isabel Pacheco Gonzaga omitió remitir las
constancias completas de dicha Acta Administrativa efectuada antes el Representante Social
del Fuero Común de Roales, Malpaso.
-EL C. PRESIDENTE. Le rogaría al Diputado
Ramón León acotar lo más posible la lectura.
-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES. Voy a
dejar este documento para que la Comisión lo analice y en obvio de tiempo a pedir
también que este documentoq ue estoy presentando sea publicado íntegramente.
Lo que aquí estamos demostrando es que a
los campesinos miembros de este Fideicomiso se les engañó, se les fraudeó y hasta este
momento no se ha: Primero: Se sigue construyendo la carretera y a ellos no se les ha
indemnizado pero estos terrenos donde se está construyendo la carretera, según obra en
todos estos actos legales, pertenecen precisamente a estos campesinos, ellos son los
dueños de su propia tierra y ellos son los que en cualquier momento pueden hacer de sus
tierras lo que les venga en gana, cercarlas y no tiene por qué continuar esta obra de
esta carretera ahí, y bien, si va a continuar esa carretera se tendrá que negociar con
los campesinos, para que se negocíe precisamente en los términos en que ellos quieran
negociar estos terrenos.
Leo únicamente el Punto de Acuerdo, en
qué consistiría y consistiría de la manera siguiente.
La Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión, acuerda formular un atento pero a su vez enérgico exhorto al Poder Ejecutivo
Federal para que acate y respete las Resoluciones del poder Judicial de la Federación, en
el sentido de respetar los derechos sobre la propiedad de la tierra de los campesinos
agrupados en el Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas, beneficiarios del
Fideicomiso Inmobiliario Kilómetro 60.
Con pleno respeto al ámbito de sus
respectivas competencias, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al
Poder Judicial de la Federacion y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo as aplicar las sanciones que conforme a Derecho correspondan, en contra de
los funcionarios Lino Palacios Peralta, Delegado de la FCT en Chiapas, Efraín Arias
Velázquez, Residente General de Carreteras Federales de la FCT en Chiapas y a Margarita
Isabel Pacheco Gonzaga, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la misma Dependencia
por haber incurrido en ejercicio indebido de funciones y en actos que constituyen delitos
como lo son la falsificación de documentos oficiales, daños patrimonial y moral además
de despojo en perjuicio de campesinos del Municipio de Tectapán, Chis., tal y como se
deriva del fallo emitido por el Juzgado Sexto de Distrito y ratificada por el Primer
Tribunal Unitario , Vigésimo del Circuito del Poder Judicial de la Federación.
Termino señor Presidente.
Tercero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, instruya ala Auditoría Superior de la Federación a fin de que este organismo
practique una auditoría a los recursos federales destinados a la construcción de
infraestructura carretera en el Estado de Chiapas.
Firmamos este documento, el Diputado Martí
Batres Guadarrama y un servidor. Gracias por su atención.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
presentar una Proposición con Punto de Acuerdo sobre el asesinato del Diputado Pánfilo
Novelo Martín, acaecido hace un año.
- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN:
Con su venia señor Presidente.
Senadores, diputados.
Al traer este punto ante ustedes no lo
hacemos movido solamente por la intención de hacer un homenaje a la memoria de un hombre
culto, sencillo, probo, hijo predilecto de su pueblo y legislador valiente. No, hay que
ser claros. Si a alguien ya no le afectan los actos nuestros hoy, indudablemente es a
Pánfilo Novelo Martínez.
El 9 de enero fue asesinado en Yucatán,
con él su hijo, su amigo y trabajador y con él la inocencia política y social de todo
un Estado. Hasta hoy no existe una sola pista con certeza, sólo especulaciones; hasta hoy
no existe la evidencia de una investigación seria que conduzca a algo y en el marco de la
interminable lucha política que vive Yucatán, de polarización, de criterios y opiniones
la suerte de este crimen parece echada desde el principio y en las propias palabras del
Procurador de Justicia del Estado.
"Este –dijo- es un crimen
perpetrado por verdaderos profesionales" Y en otra brillante declaración, el
Procurador dijo: "Es uno de esos crímenes que no se resuelven nunca, es como el caso
de Kennedy, nunca se sabrá quién lo hizo". Pero francamente tampoco nos preocupa lo
que pueda declarar o no el Procurador de Justicia del Estado o la actitud del propio
Gobernador del Estado cuyo gobierno por cierto no ha dado una sola muestra fehaciente de
que efectivamente exista la voluntad de que el crimen se esclarezca.
No se creó ningún grupo especial de
investigación, no se creó una fiscalía especial, no se sabe, no hay evidencia de
investigaciones que hayan involucrado peritos nacionales o extranjeros que hubieran
reforzado las diligencias que hubiera practicado la Procuraduría de Justicia del Estado;
existía sí la preocupación política por encima de la preocupación social y la
preocupación humana. Lo más importante del crimen de Pánfilo Novelo era el transcurso
del tiempo, como las Ruinas Mayas, que pase; que el polvo lo cubra; que sobre el polvo
salgan plantas y raíces de árboles; que pase, que se olvide.
Entonces, la estrategia del Gobierno
Estatal ha estado encaminada a hacer parecer insidiosos, chocantes, exagerados a quienes
piden la aclaración del crimen. ¡Qué osadía que se aclare el crimen de un diputado!
Las frecuentes descalificaciones: ardidos, incompetentes, incongruentes, es política y
sobre todo es una campaña de desprestigio contra el Gobierno del Estado, pero es cierto
un crimen de un diputado miembro de una fracción parlamentaria claro que puede
politizarse y claro que va a politizarse en la medida en que en lugar de respuestas
jurídicas, judiciales o criminales, existan respuestas políticas descalificatorias de
quienes tienen la osadía de preguntar "¿Qué pasó con las investigaciones del
crimen del diputado Novelo Martín?".
¿Cuál ha sido la respuesta gubernamental?
Evasivas, descalificaciones y olvido. Olvido. Hay que reconocer que tampoco los
interlocutores hemos sido mejores que el Gobierno, hemos pecado por no abrir nuevas
alternativas; hemos pecado por insistir en el argumento sólo por el Gobierno ante el
hecho de que hay una estrategia de paz y
olvido hemos sido faltos de originalidad y
entonces ya hay en la conciencia ciudadana alguna especie de frase que dice: "Nada de
lo que hagan los priístas revivirá a Pánfilo, por qué tanto escándalo".
Pero la pregunta importante, la
verdaderamente importante es: ¿Y podemos vivir igual después del asesinato del diputado
Pánfilo Novelo?
El crimen sacudió la conciencia social,
porque nunca había ocurrido en Yucatán un hecho semejante y sacudió la conciencia
política, porque nunca había sido asesinado un legislador, mucho menos su hijo, mucho
menos con otra persona y mucho menos con carácter de ejecución de la que no se sabe
absolutamente nada. ¿Por qué? ¿ por quién?, ¿cómo?
Con Pánfilo Novelo nos preguntamos,
¿debemos enterrar nuestros temores y fingir que el tiempo nos va a devolver la
confianza?¿debemos enterrar nuestras dudas y simular que no están entre nosotros las
mentes que los planearon,las manos que lo ejecutaron? ¿Debemos para evitar que se diga
que el crimen se está politizando, aparentar que quiénes lo hicieron pudieran no gozar
de ninguna clase de protección y hoy estar tranquilos y caminar por las calles como si
nada?
¿Debemos olvidar las denuncias de Pánfilo
Novelo al narcotráfico, a la delincuencia organizada? ¿debemos olvidar que el Estado del
que nosotros como individuos y como organización somos parte, está precisamente para
proteger y perseguir el crimen no para olvidarlo y solaparlo?
¿Debemos olvidar que las autoridades a
quienes hemos dado poder y fuerza de represión inclusive, ha sido precisamente para que
esclarezcan, no para que nos digan y califiquen la brillantez de los crímenes o su
perfección? ¿debemos como legisladores y como ciudadanos imitar aquellos cuerdos del
poema de León Felipe?
¿Debemos frente a los hombres y
organizaciones que cortan vidas para callarlas y nunca esperamos cuando agendamos este
punto, que la coincidencia pudiera ser tan funesta? ¿Debemos como decía León Felipe
"seguir firmes, erguidos, serenos con el pulso normal, la lengua en silencio, los
ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. No importa que el sapo izcariote reparta
castigos y premios -y lo decía Felipe- callado aquí, callado impasible precisamente
ahora que la justicia vale menos" infinitamente menos, decía el poeta español.
Claro que sabemos que Pánfilo Novelo no
revivirá con este discurso, con esta intervención o los que hagan en Valladolid, los
legisladores, a quien por cierto el Procurador del Estado les negó cualquier información
del juicio, de la investigación, perdón antes que el juicio, de la investigación por no
ser familiares del asesinado, se les negó toda información.
Sabemos que Pánfilo no revivirá, pero a
lo que no nos resignamos es que a con su cuerpo se hayan enterrado también los deseos de
verdad, los deseos de confianza y de tranquilidad que el pueblo de Yucatán y los
legítimos deseos de sus compañeros de fracción que nada de ilegítimo tiene, defender
el derecho cuando un compañero de fracción ha sido asesinado de saber que pasa, con las
investigaciones, quiénes son los culpables , detrás de quién estamos protegiendo un
crimen.
El pasado 30 de diciembre, el gobernador
del Estado, en una entrevista publicada en la prensa de Yucatán, dijo que el caso estaba
ya en manos de la Procuraduría General de la República, esto es, diputados, senadores lo
que nos trae hoy ante ustedes. No los discursos ni el homenaje porque al contrario, pienso
que los delincuentes sueltos estarán cuando asesinan a Guillén, cuando asesinan a Digna
Ochoa o cuando asesinan a Pánfilo Novelo, estarán esperando precisamente que la
reacción sean muchos discursos y muchos comentarios.
En esta entrevista se afirmó que la
Procuraduría General de la República ha traído el caso, por eso proponemos a ustedes el
siguiente punto de acuerdo:
Solicitar por esta Comisión Permanente a
la Procuraduría General de la República, informe sí efectivamente el caso del asesinato
del diputado Novelo Martín, ha sido atraído al ámbito de su competencia; que informe si
así es, a esta Comisión, el estado en que se encuentra la investigación y las
condiciones en que recibió la Procuraduría General de la República este caso de las
autoridades del Estado de Yucatán a efecto de continuar las investigaciones. Este es el
propósito, ahora en el terreno de lo federal, nosotros podemos solicitar esta
información.
Por supuesto que no estamos preocupados por
Pánfilo Novelo, de él, de Guillén, de otros que efectivamente mencionados aquí han
muerto trabajando por una representación, que han sido separados del tronco del árbol de
la vida, sólo puedo decir y repetir las palabras de Ralfo Aldo Emerson: "Valientes
que trabajan mientras otros duermen, que se atreven donde otros huyen, ellos echan los
cimientos de la nación y los elevan al cielo".
Que descansen en paz y que nosotros hagamos
nuestra tarea.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Primera
Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Tiene la palabra el senador Adrián Alanís
Quiñónez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo sobre el Honorario Estacional para el Estado de
Durango, de la Ley del Sistema Horario.
EL SEN. ADRIAN ALANIS QUIÑÓNEZ: Gracias,
señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
La Ley del Sistema Horario en los Estados
Unidos Mexicanos, publicada el 28 de diciembre del 2001, establece en su artículo 5°:
"Cualquier propuesta de establecimiento o modificación de horarios estacionales,
deberá ser presentada al Honorable Congreso de la Unión a más tardar el 15 de
noviembre. Y ésta, a su vez, deberá ser dictaminada antes del día 15 de diciembre del
año inmediato anterior a que se pretende modificar el horario".
El decreto respectivo conforme a lo
anterior, el suscrito presentó la propuesta de modificación en tiempo y forma, misma que
fue aprobada por el Honorable Pleno de la Cámara Senadores y enviada a la Honorable
Cámara de Diputados para que la directiva a su vez la turnara a la Comisión de Energía.
Al no haber obtenido respuesta, el pasado
14 de noviembre del 2002, la Cámara de Senadores envío a la Colegisladora la excitativa
a fin de que la Comisión de Energía emita el dictamen correspondiente a la minuta del
caso, tampoco hubo respuesta.
Y en virtud de que los legisladores debemos
ser los primeros en cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, deseo hacer un llamado de
atención sobre este punto, reiterando que no se cumplió la disposición del artículo
quinto que establece la obligatoriedad de la emisión del decreto a más tardar el 15 de
diciembre.
Sin embargo no es mi deseo polemizar ni
politizar sobre este asunto, sino expresar a ustedes la seria inconformidad que existe en
el Estado de Durango, que represento y precisamente por la cuestión de los husos
horarios.
El problema de Durango no es el horario de
verano ni la politización que se ha hecho del asunto, el problema real es geográfico y
astronómico, derivado de un error legislativo por el cual fue ubicado en un meridiano que
no le corresponde y por cuya consecuencia se tiene en forma permanente durante un año,
durante todo el año, una hora de adelanto, situación que se agrava cuando inicia el
horario estacional a partir del primer domingo de abril y hasta el último domingo de
octubre, cuando en el horario convencional de verano son las 12 del día en la Ciudad de
Durango, el sol está lejos del cenit y los relojes de sol apenas marcan las 10 de la
mañana, es decir, que tenemos dos horas de desfasamiento entre la hora natural y la
hora convencional.
El estado de Durango al oeste, está
localizado en el noroeste del país, colinda al norte con Chihuahua, al sur con Nayarit y
al oeste con Sinaloa, estados ubicados dentro del meridiano 105.
Los límites del territorio del estado de
Durango, en línea recta con el Océano Pacífico, distan menos de 80 kilómetros. Al
oriente los límites del estado distan más de 1,600 kilómetros del Océano Atlántico,
por lo que no podemos tener la misma hora que el Puerto de Veracruz, cuando al sol al
levantar, el alba tarda una hora más de llegar de Veracruz al estado de Durango.
Por otra parte, el argumento del ahorro de
energía resulta inútil para la mayoría de los habitantes de la entidad, sobre todo en
el medio rural, en donde los adolescentes salen de sus casas a oscuras para poder acudir a
las escuelas. Las comunidades enfrentan el problema ya cotidiano de la inseguridad a lo
mismo que en las zonas urbanas.
A nombre de los ciudadanos que represento,
solicito se contemple la posibilidad de pedir, por parte de esta Comisión Permanente, a
la Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio Meteorológico Nacional, se
investigue y analice la exacta situación geográfica de Durango en particular, a partir
de la localización del meridiano O en el Real Observatorio de Greenwich del Reino Unido
de la Gran Bretaña, para que con base en estos estudios científicos realizados por la
máxima autoridad en la materia en México, la UNAM, la Cámara de Diputados, y en
especial la Comisión de Energía, puedan tener mayor claridad al respecto y responder, en
consecuencia, a la excitativa que dirigió la Cámara de Senadores.
Una vez obtenidos los resultados de estos
estudios científicos, será necesario que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, excite a la Comisión de Energía de la H. Cámara, para que emita el dictamen y
sea presentado en los primeros días del segundo período extraordinario de sesiones del
tercer año de la LVIII Legislatura, y pueda el pleno hacer la modificación que
corresponde, y en el caso de los durangüenses resolver la inconformidad social a que he
hecho referencia o en caso contrato se exima a Durango del horario de verano.
Por lo anterior, me permito proponer el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita atenta y
respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Observatorio
Metereológico Nacional, realizar el estudio de ubicación que en relación al meridiano
de Greenwich corresponde al estado de Durango, precisando si corresponde al meridano 90 o
al meridiano 105.
SEGUNDO.- Se dirija excitativa a la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para que en base a los resultado de los
estudios realizados por la UNAM y el Observatorio Metereológico, dictaminen sobre la
Minuta y Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos
Mexicanos.
Quiero nada mas darle anexo la cronología
de los usos horarios, en 1883 se acuerdan por acuerdo internacional. De 1922 a 1927
Durango estuvo regido por el meridiano 105. En 1930 nuevamente se reconoce a Durango en su
ubicación en el meridiano 105. En 1941 se implementa por primera vez en México el
horario de verano, contemplando a Durango en el meridiano de su ubicación correcta, el
105 Greenwich.
En 1942 arbitrariamente se ubica a Durango
en el meridiano 90. En 1981 se decretó para la Península de Yucatán, la aplicación del
uso correspondiente al meridiano 75° mismo que fue rechazado por la sociedad, y en menos
de un año fue derogado.
En 1996 se decretan anualmente los horarios
estacionales y su rechazo como reacción de la sociedad durangüense.
2001 la Suprema Corte de Justicia de la
Nación dictaminó por unanimidad la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales,
con relación a los usos horarios, por invadir una esfera que no le corresponde.
2001 la Cámara de Diputados aprueba la Ley
del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos. 2002 en febrero, se emite el primer
decreto del Congreso de la Unión para establecer el horario de verano. En marzo de 2002
se emite proyecto decreto de ley en el Senado de la República, en el que se ubica a
Durango en su meridiano correspondiente al 105° Greenwich.
En marzo del 2002 se envía minuta con
proyecto de decreto a la Cámara de Diputados con su ubicación correcta de Durango.
En noviembre del 2002, acuerdo de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores enviando excitativa a la Cámara de Diputados.
2002 de noviembre, se recibe por la
Honorable Cámara de Diputados la excitativa enviada por el Senado de la República.
En 2002 en noviembre y diciembre, no emite
ningún decreto de modificación la Cámara de Diputados, violando el artículo 5º. de la
Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Se turna a la
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Le pedimos a la Secretaría dar cuenta de
dos solicitudes de licencia de señores diputados.
LA C. SECRETARIA, DIP. OLGA MARGARITA
URIARTE RICO.-
(Oficio de solicitud de licencia del
diputado Amado Olvera Castillo. Insértese)
EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con
lo que dispone el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
LA C. SECRETARIA, DIP. OLGA MARGARITA
URIARTE RICO.- Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se concede licencia al diputado
Amado Olvera Castillo, diputado federal electo en la V Circunscripción Plurinominal por
30 días a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Los ciudadanos legisladores que estén por
la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE.- Aprobado.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.
LA C. SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ
HERNÁNDEZ.-
(Oficio de licencia de la diputada María
de los Angeles Sánchez Lira. Insértese)
EL C. PRESIDENTE.- Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo
respectivo.
LA C. SECRETARIA, SEN. YOLANDA GONZALEZ
HERNÁNDEZ.- Con mucho gusto, señor Presidente.
Se consulta al honorable pleno y se da a
conocer el artículo único: se concede licencia a la diputada María de los Angeles
Sánchez Lira, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la V
Circunscripción Plurinominal a partir de esta fecha hasta el 15 de marzo del 2003.
Se consulta a los señores legisladores en
votación económica, si es de aprobarse.
Quienes estén por la afirmativa, les
rogamos manifestarlo.
(Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa. (Votación)
EL C. PRESIDENTE.- Aprobado el punto de
acuerdo. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Pasamos al capítulo de agenda política,
el tema es la problemática del campo mexicano.
-PRESIDENTE: Tiene la palabra el
Senador Esteban Angeles Cerón, del PRI.
-SENADOR ESTEBAN ANGELES CERON: Con su
permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores:
La fracción del Partido Revolucionario
Institucional en repetidas ocasiones hemos hecho uso de la tribuna parlamentaria para
expresar nuestra gran preocupación por la situación que vive el campo mexicano.
La realidad agropecuaria nacional tiene por
un lado un sector desarrollado en franco crecimiento. Pero por el otro un gran sector
sumido en el atraso, en la inequidad, la baja productividad y marginación de millones de
campesinos a niveles de pobreza alarmante.
El campo mexicano está descapitalizado,
con muchas deudas; con baja rentabilidad de sus productos por la caída de los precios
internacionales; así como por los incrementos en los costos de producción.
Los esfuerzos gubernamentales que por años
han sido el motor del desarrollo agropecuario mexicano en la actualidad son insuficientes
por falta de recursos; pero sobre todo por falta de una política clara. Esto ha
desencadenado un grave desempleo que vemos reflejado en una gran migración tanto a las
principales zonas urbanas del país, como a los Estados Unidos de Norteamérica.
Por otro lado, la problemática de nuestro
país enfrenta con los acuerdos comerciales, son debido no sólo a las grandes asimetrías
que tenemos en relación con nuestros socios comerciales que el acuerdo comercial atiende
mediante desgravaciones graduales, sino por la falta de sujeción y cumplimiento de los
países a las disciplinas en los montos y tipos de subsidios otorgados a sus productores.
A lo anterior se le suma la falta de
mecanismos de cooperación que permitan construir una política agropecuaria común y la
inadmisible competencia desleal que priva en la relación productiva y comercial
implementada por el gobierno norteamericano que al subsidiar a sus productores amplía las
disparidades tanto en lo económico como en lo social; lo que hace imposible una
competencia justa.
Hace una semana la fracción del PRI en el
Senado de la República, propuso un punto de acuerdo para que con toda responsabilidad
asumiéramos el papel de interlocutores y gestores ante este delicado tema. Todos los
partidos políticos representados en el Senado, suscribieron dicho acuerdo. En él se
convocó a la formación de un frente nacional de defensa al campo mexicano, que aglutine
a todas las fuerzas políticas productivas y sociales del país, para impulsar la
reconversión del sector agroalimentario, salvaguardar el desarrollo rural sustentable y
la gestión de apoyo que contribuyan a superar la grave crisis por la que actualmente
atraviesa el campo mexicano.
Asimismo se estableció la integración de
comisiones para que de forma inmediata un grupo plural de senadores realice visitas y
lleve a cabo pláticas con sus contrapartes en los Estados Unidos y Canadá y con sus
colegas en los estados fronterizos de la Unión Americana, para discutir la terrible
problemática del maltrato a los migrantes, producto de la crisis que padece el medio
rural mexicano, buscando alternativas para atemperar los efectos nocivos de la apertura
comercial en el campo.
Solicitamos la participación en foros
internacionales, de comercio y fomento para el desarrollo, así como en organismos
internacionales relacionados con el desarrollo rural y el fomento agropecuario.
Todo lo anterior se suma a lo que voces de
agrupaciones campesinas, de partidos políticos, de representantes populares han
manifestado no sólo su preocupación sino su interés por participar en la búsqueda de
soluciones. Actualmente se tienen elementos que sirven de base para alcanzar un desarrollo
agropecuario equitativo y participativo.
En el Senado durante el pasado periodo
ordinario de sesiones aprobamos iniciativas de ley, decretos y puntos de acuerdo que
buscaron fortalecer el entorno que vive el campo: la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, el decreto que reforma la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Fomento a la
Producción de Agave para la Producción de Tequila y Mezcal, la Ley de Energía para el
Campo, la presentación de la iniciativa de Ley de Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados, así como la aprobación de la Ley Orgánica de la financiera
Rural.
Para la fracción del PRI en el Senado de
la República queda claro que el fenómeno globalizador obliga a una apertura solidaria de
equilibrios sociales, donde existan programas emergentes para reactivar el campo y
reorientar su desarrollo productivo y social a corto, mediano y largo plazo.
Para ello es necesario formular
presupuestos comprometidos a políticas y acciones donde se privilegie el desarrollo
sustentable, la conservación del medio ambiente y la mejoría alimentaria.
En repetidas ocasiones se ha manifestado
que, a la luz de la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, la necesidad de
trabajar en un acuerdo que lo adicione, lo complemente y que defina programas y políticas
agropecuarias con alcance trilateral que propicien condiciones de competencia justa y
equitativa.
Propuestas de solución no sólo han sido
hechas por legisladores de nuestro partido. La Confederación Nacional Campesina llevó a
cabo, el pasado fin de semana, en Veracruz, un importante evento internacional en el marco
de la celebración del 88 aniversario de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.
Delegaciones de 23 países de
Latinoamérica y de Europa acudieron solidariamente con los líderes nacionales de la
Confederación Nacional Campesina, sus líderes de comunidades agrarias y sindicatos
campesinos, uniones de productores, legisladores federales y locales, gobernadores y
académicos, a fin de debatir sobre la problemática y las soluciones de fondo que
requiere el campo, no sólo de México sino de América Latina, ante la expectativa del
impulso que las corporaciones transnacionales están dando al Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas.
En dicho evento se demandó que el gobierno
federal cumpla con el pacto para el desarrollo nacional del campo, suscrito con la
Confederación Nacional Campesina.
Compañeras y compañeros legisladores:
debemos promover la unidad de todos: gobierno, organizaciones, sociedad y representantes
en la búsqueda de soluciones que le den viabilidad a la grave crisis que atraviesa el
campo mexicano.
Solicitamos al gobierno federal que declare
en situación de emergencia al campo mexicano y al sector agropecuario en general y que se
trabaje en la conformación de una política de Estado para el campo, que diseñe
políticas públicas que permitan generar acciones en beneficio no solamente del
productor, sino de los miles y millones de familias que día a día viven del campo.
Debemos desterrar la incapacidad y la poca
tolerancia en la búsqueda de consensos en la concreción de acuerdos que le den al sector
rural mexicano la certidumbre y la viabilidad que históricamente ha tenido.
Debemos llamar la atención de que la
emergencia que vive el campo mexicano no sólo requiere de buena voluntad y buenas
intenciones; se requiere de capacidad por parte de quienes tienen la responsabilidad legal
de conducir los destinos del sector y de la solución de los problemas que enfrenta.
No es posible que quien hoy está al frente
de la Sagarpa no comprenda la realidad del campo mexicano y que sólo muestre incapacidad,
torpeza y insensibilidad en la conducción de una política tan delicada que afecta a
millones de mexicanos.
Por todo lo anterior, las fracciones del
PRI en la Comisión Permanente hacen un llamado al diálogo y a los acuerdos. El Ejecutivo
Federal está obligado a escuchar los reclamos y formular las gestiones que hemos
planteado, resolver las peticiones de la gente del campo, que trabaje para lograr
soberanía alimentaria, que destierre la marginación y la pobreza.
Es necesario que el Ejecutivo Federal
brinde elementos certeros que permitan el desarrollo y la justicia en el campo mexicano.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor
senador. Quiero informar a la asamblea que se han inscrito para hacer uso de la palabra:
un compañero del Partido del Trabajo, pero no lo veo en la sala, también la senadora
Sala Isabel Castellanos Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, el senador
Rutilio Cruz Escandón Cadenas, del PRD, el senador Gerardo Buganza Salmerón, del PAN y
para la segunda ronda el senador Raimundo Cárdenas Hernández; el senador Héctor Larios
Córdova, y el diputado César Horacio Duarte Jaquez.
Por o tanto tiene el uso de la palabra la
senadora Sara Isabel Castellanos Cortes, del Partido Verde Ecologista de México, hasta
por diez minutos.
- LA C. SEN. SARA ISABEL CATELLANOS CORTES:
Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
"La grave situación que vive el campo
mexicano demanda la atención inmediata del gobierno de la República. No se trata de
buscar responsables o de repartir culpas, se trata de asumir la responsabilidad que hoy
corresponde al gobierno en turno para tender las demandas y el rezago del sector rural; se
trata de utilizar y ampliar los márgenes de maniobra que se tienen para limitar al
máximo los efectos nocivos del Tratado y los propios mecanismos que éste establece para
proteger de daños económicos, sociales y la salud de las sociedades de los países
involucrados en el acuerdo comercial.
"Por ello nuestro partido valora la
reunión en Los Pinos en donde el Presidente Vicente Fox ofreció a las organizaciones
campesinas la disposición de su gobierno a discutir con seriedad la situación en el
campo. Ello significa un verdadero cambio a la actitud de los últimos diez años.
"Hasta ahora la relación del gobierno
con las organizaciones campesinas se había caracterizado por el menosprecio, no se
reconocía a sus dirigentes como interlocutores, se les consideraba poco representativos,
portadores de un viejo discurso populista y demandante del paternalismo gubernamental
mediante el uso de los contingentes campesinos. Ciertamente hay algo de eso. ¿qué tanto?
Lo veremos próximamente porque los dirigentes del campo están obligados a concurrir a
las distintas mesas de trabajo para evaluar el Tratado de Libre Comercio y encontrar
alternativas viables al desarrollo rural, asumiendo que el Tratado no tiene vuelta atrás.
"Para aprovechar esta situación y
jugar un nuevo papel, las organizaciones campesinas deben reconstruir su unidad interna y
su capacidad de llegar a consensos entre ellas.
"El Consejo Agrario Permanente (CAP)
integrado por doce organizaciones, entre ellas la CNC, vive una aguda crisis que debe de
ser superada sus problemas provienen de la ausencia de una plataforma política y de un
programa común, agravados porque algunas de sus organizaciones han derivado a un proceso
de radicalización, otras han perdido representatividad o se han dividido internamente y
porque la CNC ha decidido buscar su propio camino. Así se explica su inasistencia a la
reunión con el Presidente el día 6 de enero, que no significa ausencia porque durante su
congreso realizado el fin de semana pasado en Boca de Río, Veracruz, llegó a importantes
acuerdos con los representantes presidenciales.
"Otra amenaza, compañeros, contra la
representatividad del CAP, y la Unidad del Movimiento Campesino, proviene de los grupos
organizados alrededor del movimiento "El Campo no Aguanta Más". Dicho
movimiento integrado por organizaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la
Unión Nacional de Organizaciones Campesinas, y también UNORCA y otras de dimensión
estatal, propone acciones independientes y radicales contra el Tratado de Libre Comercio.
"Sus demandas planteadas ante el
Presidente, por Víctor Quintana, se reducen a tres: Cese de la represión contra los
dirigentes campesinos y que el gobierno declare explícitamente la necesidad de renegociar
el Tratado de Libre Comercio y la instrumentación de un programa emergente al campo.
"El hecho mismo de que dichas demandas
le fueron planteadas directamente al mismo Presidente, habla de la disposición
gubernamental para atenderlas, en la medida que dichas organizaciones se incorporen a las
mesas de trabajo y a los distintos mecanismos previstos para la realización de la
convención nacional.
"Por ello hay condiciones favorable
para abrir un dialogo serio en donde ninguna organización sea excluida o limitada,
incluso la vertiente representada por Ramírez Cuéllar, dirigente de lo que queda de El
Barzón, asilado del conjunto de organizaciones por la toma violenta de estas
instalaciones de San Lázaro, ha participado inclusive como un acto privilegiado en las
negociaciones que culminaron ayer en Los Pinos.
El principal riesgo para la atención real
al campo proviene del próximo proceso electoral que amenaza contaminar la discusión con
politiquería, demagogia y el protagonismo de funcionarios del gobierno y dirigentes en
busca de candidaturas. Pero aunque no fuera así, la lucha electoral implica una necesaria
atención que puede desviar la atención de los dirigentes de los partidos, gobierno y la
propia sociedad. Por ello exhortamos a los involucrados en este proceso de reflexión,
valoración del impacto del Tratado de Libre Comercio y de las acciones adecuadas para
fortalecer a la sociedad rural a no desaprovechar la oportunidad de posibilitar reformas y
políticas públicas más allá de la coyuntura.
La sociedad demanda respuestas que impidan
mayor pobreza, mayor migración, mayor desempleo y delincuencia, mayor deterioro social.
Por el contrario, requerimos respuestas que solo pueden ser construidas por el acuerdo del
gobierno con actores políticos y los principales agentes económicos, públicos, privados
y del sector social que actúa en el medio rural.
Gracias compañeros por su atención.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señora
Senadora.
Tiene el uso de la palabra, hasta por diez
minutos, el senador Rutilio Cruz Escandón Cadena, del Partido de la Revolución
Democrática.
- EL C. SENADOR RUTILIO CRUZ ESCANDÓN
CADENA: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores:
La liberación gradual arancelaria de los
productos agropecuarios contemplados en el capítulo siete del Tratado de Libre Comercio
con América del Norte, a lo largo de los nueve años de su entrada en vigor ha dejado al
campo mexicano al borde de su abandono y exterminio, empobreciendo dramáticamente, cada
vez más, a los aproximadamente 26 millones de pequeños productores que sobreviven de
él, quienes se han visto aniquilados por la entrada de diversos productos agrícolas
provenientes de las grandes corporaciones de agronegocios estadounidenses, las cuales en
total competencia desleal y facilidad de las autoridades correspondientes ingresan sus
productos subsidiados por el gobierno norteamericano a territorio nacional a precios por
debajo de los costos de producción, desplazando, como es lógico, del mercado interno a
los productores nacionales.
Con la entrada en vigor en este año de la
desgravación arancelaria a tasa cero para más de 40 productos agropecuarios y con la
creciente importación de dichos productos, vendrá a ser el golpe mortal y definitivo
para los campesinos de nuestro país y un daño irreparable para el sector agrícola, que
se doblegará ante la ausencia de medidas de emergencia del gobierno federal y de la
inexistencia de una ley de protección al campo y al sector agropecuario frente a la
inundación de productos de importación subsidiados por el gobierno norteamericano.
Ante este panorama resulta innegable que
mientras el gobierno de los Estados Unidos, a través de una política agresiva, se
preocupa por el desarrollo y crecimiento de su sector agrícola mediante un esquema de
apoyos directos a su agroindustria, a lo que permite inundar a países de economías
emergentes como la nuestra con sus productos agrícolas subsidiados, en México sin
embargo ante la pasividad del gobierno federal solo se pretende atemperar para este año
el impacto de la libre importación de productos agrícolas estadounidenses con paliativos
que poco o nada ayudan a nuestro sector agrícola, como lo es el blindaje económico para
el campo, 5.6 veces inferior al norteamericano. Es decir, por cada dólar que el gobierno
mexicano destine para proteger a los productores agrícolas el gobierno de los Estados
Unidos aportará 6.6 para el mismo fin.
La liberación comercial de productos
agropecuarios que contemplan el TLCAN afectará evidentemente a los pequeños productores,
pues es indudable que el Tratado solo ha beneficiado a las grandes empresas de alimentos,
que son las que se han podido fortalecer con mayor tecnología, mejores plantas
competitivas en producción y costo, así como con eficaces redes de distribución, no
así el pequeño productor que es la gran masa de la nación de nuestro país a la que
directamente se afecta, pues quien ante la imposibilidad de contar con apoyos
gubernamentales y tecnológicos para poder competir con los grandes productores de
alimentos, sucumbe en su intento, abandonando sus tierras.
Ante esta realidad que impera en el campo
mexicano, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, propone que el Gobierno de la
República realice un replanteamiento de fondo de la política agropecuaria, con una
organización de su marco normativo, con la finalidad de evitar competencia desleal a que
se ven sujetos nuestros campesinos y fortalezca el sector agrícola a la par de plantear a
sus socios comerciales la revisión del Tratado de Libre Comercio en su capítulo relativo
al sector agropecuario, declarando en tanto se logra esa revisión en condiciones de
equidad y justicia, una moratoria a la entrada en vigor de la desgravación de las tasas
arancelarias en el capítulo agropecuario.
Compañeras y compañeros Legisladores: El
PRD se solidariza con todos los campesinos del país, sin importar a qué organización
pertenezcan ni a cual estén integrados o se integren, sin importar ideología política;
a todos los campesinos, a los que representan, a los más pobres de nuestra nación. Sin
embargo, también hay que recordar que en el pasado, en la política salinista y en la
política de Zedillo y también en esta actual política del Presidente Fox, nada se ha
hecho a nueve años, se ha abandonado al campo mexicano, pero además los que hoy
reclaman, y me refiero a los líderes de las organizaciones que hoy reclaman con tanto
coraje, con tanto dolor el que vayan a ser afectados con este Tratado de Libre Comercio,
también en el pasado fueron aliados de él; lo recordemos.
Desgraciadamente los campesinos pobres, los
productores pobres están cada día más debilitados y los líderes siguen igual, siguen
con enormes ganancias. Hay que hacer también conciencia de esto.
Por su atención les doy las gracias,
compañeras y compañeros.
(aplausos)
-PRESIDENTE: Gracias Senador y también
le agradecemos su esfuerzo de síntesis.
Tiene el uso de la palabra el senador
Gerardo Buganza Salmerón, del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
-SEN. GERARDO BUGANZA SALMERON: Con el
permiso de la Presidencia.
Quisiera empezar comentando cuando hablamos
de asimetrías precisamente en la negociación previa al TLC. Algunas cifras podrían
ayudarnos, como son que México destinaba al campo prácticamente 25 millones de
hectáreas, mientras Estados Unidos tenía 190 millones de hectáreas y Canadá 46
millones de hectáreas. Hago este comentario y esta reflexión porque nos lleva a otra,
que se la productividad por trabador agrícola en los tres países.
México contaba prácticamente por
trabajador tres hectáreas. En Estados Unidos por trabajador 64 hectáreas. En Canadá por
trabajador 100 hectáreas.
La tierra, la tecnología, era irrigada en
México solamente ni siquiera una hectárea, .6 de hectárea, mientras Estados Unidos
tenía 6 hectáreas con riego y Canadá 1.6. Simplemente hago estas referencias para
cuando el TLC entró en vigor y que participaron desde luego muchos agentes, muchas
agrupaciones, el propio gobierno en su momento, donde destinó, vamos a decir, los
acuerdos del TLC, pues desde allí estaban las asimetrías y así vinimos y vivimos
durante varios años y quiero simplemente hacer esa referencia porque a partir del
’99 empieza a haber por el Congreso un apoyo substancial en aquel entonces hacia el
campo. ¿Por qué? Porque venían disminuyendo los apoyos que se tenían. Por tanto, la
emergencia del campo mexicano viene desde entonces y yo creo y quiero hacer énfasis que
quisiera dimensionar el problema del 2003 Si bien es cierto, se ha hablado aquí de los
aranceles, el 90% de los productos que se liberan pues no alcanzan ni siquiera el promedio
del 1.2% de arancel, es decir, son pocos los productos que llegan al 2% del arancel que se
elimina, por tanto el impacto pues obviamente no será de la misma magnitud, hay en el 10%
de los productos agrícolas pues obviamente problemas como se dieron a conocer en el mes
de Diciembre próximo pasado en las aves de corral, en lo que era la grasa animal, las
materias primas para aves, en fin, problemas específicamente tratados y que pues
básicamente quisiera también traer esto a la discusión porque es ahí donde habíamos
de centrar muchos de los problemas que ahora tenemos.
Sin embargo, quiero hacer también
referencia acerca de las políticas públicas que aquuí se reclaman, no se ha dicho que
no se hicieron en su momento, yo creo que es cierto, sin embargo hablo de ese Congreso
desde el 99 pero ahora en el Congreso en esta LVIII Legislatura pues yo creo que tanto
Diputados como Senadores han desarrollado una serie de acciones concretas que permiten
tener políticas públicas orientadas al sector.
Simplemente podemos recordar la Ley de
Desarrollo Rural, los apoyos especiales que hicimos en la piña de ponerles aranceles que
no tenían del 45 a los productos naturales, del 30 a los enlatados, el tener programas
que no existían como el Programa del Apoyo a la Cafeticultura con destinos públicos, con
recursos, cuando hicimos el apoyo Azucarero donde en la Cámara de Diputados nace el
Impuesto Especial a los Productos de Refrescos que no consuman azúcar para tener
precisamente esos Apoyos Especiales conforme a las necesidades del campo venían
representando, desde luego no repetiré las cifras que la Cámara de Diputados en su
facultad exclusiva de designar recursos fueron dando a través de estos últimos años en
los apoyos presupuestales, y qué más, en este último que incluso incorporaron 13 mil
millones de pesos adicionales a lo que venía en el Presupuesto de forma original.
Logramos hacer modificaciones de la Ley del
Comercio Exterior para evitar las prácticas del dumping, hicimos esas modificaciones
también para evitar las prácticas del poder oligopólico, evitamos con ello hacer o
buscar que se deje de abusar al crédito de la exportación para incorporar barreras
arancelarias y todo esto para darle al Ejecutivo las herramientas necesarias para poner
estas salvaguardas arancelarias y favorecer así a la producción nacional, al campo
nacional
Hicimos la modificación de la Ley Federal
de Metrología y Normalización para fortalecer precisamente mediante normas y etiquetados
solamente la calidad y ponr y construir sobre de estas las salvaguardas que necesitamos de
una manera jurídica para realmente proteger a los productores nacionales.
¿Qué se dice del crédito donde
efectivamente en los últimos cinco años , el crédito al campo, del crédito total no
alcanzó el 1%, hicimos entre todos una Financiera Rural para destinarle prácticamente
más de 22 mil millones de pesos, donde deberíamos de buscar que haya esa incorporación
de la tecnología, del desarrollo, de buscar realmente que haya en el campo algo que no ha
existido, yo creo que este cambio, este en especial debe de dar en este 2003 un apoyo
sustancial al campo.
No lo digo también para el caso de FIRA en
el desarrollo de crédito para la parte tecnológica agropecuaria; la Ley de Energía para
el Campo, donde en la Cámara de Diputados sale también y aprobamos en el Senado la
modificación en la energía eléctrica, los apoyos en los precios de diesel… Bueno,
podría de memoria quizá decir algunas otras cosas más, en el caso de la productividad
ganadera de buscar las 800 mil unidades de producción pecuaria; 5 mil millones de pesos
para los próximos tres años. En fin, yo quisiera decir que el Congreso ha dado pasos
substanciales en las políticas públicas para buscar sin duda soluciones a los problemas.
Quiero también hacer énfasis que
–por ejemplo- de los problemas que sí habrá, muchos de ellos en el mes de diciembre
hubo compromisos, por ejemplo en la cebada y en la malta donde hubo con el Gobierno y las
cerveceras acuerdos para comprar la totalidad obviamente de la cebada y de la malta.
En las materias de las grasas animales, la
importación de cerdo para abasto procedente de Estados Unidos, que esté sujeto a la
cuota compensatoria; que desde luego haya ahí la salvaguarda, que haya en las paletas y
en los trozos y en jamones obviamente estas salvaguardas que le permitan tener accesos
obviamente al mercado nacional con muchas restricciones que ahora no tienen.
Con la parte de los polleros, donde decían
"no se metan señores legisladores" al último día de negociación, ¿por qué?
porque hemos logrado tener con los avicultores americanos acuerdos precisos que
conjuntamente hemos, incluso por arriba del TLC tenido estas negociaciones que nos
permiten transitar durante el 2003.
En el huevo, en el que no hay problema por
el precio interno de los Estados Unidos con el mexicano y así podría mencionar algunos
otros casos precisos que desde luego se tenían pero quiero hacer este énfasis en
especial en el que acordamos en la Ley de Ingresos, en el artículo segundo transitorio,
que el Congreso, la Cámara de Senadores en ese hecho que discutíamos, de monitorear
mensualmente todo lo que era precisamente el proceso de este impacto que podríamos tener
en el 2003 tanto con el Ejecutivo como tener el diálogo con todas las organizaciones y
todos los productores.
A mí me parece que esto que se ha
construido no ha sido… okey, va a ser la definitoria sino que creo que tenemos los
elementos y por tanto nuestro partido, el Partido Acción Nacional desde luego atiende el
que haya estos vamos a decir "posicionamientos" como el que ahora se nos hace,
donde haya el llamado al diálogo, ya está incluso ahí en esa ley, en el segundo
transitorio, ojalá los legisladores podamos revisar y darle continuidad a esa discusión,
a involucrarnos precisamente a revisar cada uno de estos problemas pendientes y darle
soluciones con el Ejecutivo, a buscar que haya precisamente atención a estos sectores que
efectivamente durante mucho tiempo había sido olvidado y rezagado.
A mí me parece, por tanto y para concluir,
que el diálogo, los acuerdos que se puedan ir dando entre todos nosotros y con el
Ejecutivo atendiendo al sector, nos va a ayudar a tener un campo mucho mejor atendido para
poder competir en el corto y mediano plazo.
Por su atención señores, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias senador. Tiene
el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el senador Raymundo Cárdenas Hernández,
del Partido de la Revolución Democrática.
- EL C. SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNANDEZ:
Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros.
La crisis del campo es estructural y es el
resultado de largas décadas de abandono de este sector de la economía nacional, también
es el resultado de la corrupción que caracterizó al viejo régimen y de políticas
públicas específicas muy equivocadas pero especialmente es el resultado de la política
económica general que México ha venido aplicando o sufriendo en los últimos veinticinco
años, especialmente después de que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se
decidió que la inserción de México en la globalización en curso, debería tener como
pieza clave para ser exitosa la apertura comercial hacia el norte, para volver a México
un destino apetecible para los capitales del mundo deseosos de ganancias fáciles.
Se creyó que había que convertir a
México en una especie de paraíso económico, porque se podía ofrecer que desde aquí se
iban a exportar miles de millones de dólares hacia Estados Unidos, pagando salarios muy
bajos. La mano de obra barata del pueblo mexicano, se ofreció como cebo para pescar la
inversión internacional que según aquella teoría que explicaba muy bien Pedro Aspe,
vendría por cantidades que nunca habríamos soñado los mexicanos.
Vengan a México se decía, desde aquí
están las carreteras abiertas hacia el norte y se pagarán bajos salarios; pero para
mantener bajos salarios en la clase obrera mexicana había que mantener bajos los
alimentos y por eso se estableció una desgravación acelerada y una apertura más
acelerada aún para los productos del campo, porque había que mantener muy bajos
artificialmente bajos los precios de los productos del campo, para que la clase obrera
también sometida y sin una organización que luchará por sus verdaderos intereses,
pudiera mantener su nivel de vida bajo de por sí, con salarios prácticamente de hambre.
La oferta ha resultado totalmente fallida,
porque finalmente no estamos compitiendo adecuadamente con los bajos salarios frente a
China ¿Y ahora cuál es la solución? ¿Cómo vamos a hacer crecer a la economía
nacional en general y con ella al campo? Desde nuestro punto de vista por más que se diga
que se está aplicando con el blindaje al campo, la política que va a resolver los
problemas del campo, eso no hace más que repetir los errores del pasado.
Sin embargo la situación de hoy es mucho
muy delicada; en el campo hay inconformidad y conciencia de que no se les ha tratado con
equidad y por eso yo convocó a que eliminemos la demagogia en el tratamiento de estos
temas; podemos simplemente conducir a México a la ingobernabilidad que en distintos
momentos se asoma.
Yo sostengo compañeras y compañeros, que
debemos revizar toda nuestra política económica, que ya le hagamos caso a los expertos
internos y externos que hablan de que México debe ponerle atención a su mercado interno
y un elemento clave para fortalecer a su mercado interno es darle a los campesinos poder
de compra.
Tenemos que lograr que el campo sea un
elemento dinamizador de las compras internas y también vuelva a ser un efectivo
suministrador de materias primas; yo creo que hay que discutir a fondo nuestra política
económica, porque de otro modo la clase política de México no le va a servir al país y
no va a estar a la altura de sus exigencias.
Convirtamos esta convención a la que se ha
llamado para el mes de febrero en un verdadero momento de reflexión. Yo diría que las
comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, debiéramos convocar a una multitud de
foros regionales para preparar adecuadamente esa convención agropecuaria y para que los
campesinos vean en los políticos mexicanos a los agentes responsables que pueden conducir
a este país en la salida de su crisis grave en todos los niveles. Muy amable.
EL PRESIDENTE: Gracias senador.
Tiene la palabra para el mismo tema, hasta
por cinco minutos, el senador Héctor Larios Córdova.
EL SEN. HECTOR LARIOS CORDOVA: Con el
permiso de la Presidencia.
Me parece que en el tema agropecuario,
desde el mes de diciembre se ha sembrado una enorme confusión, una gran desinformación y
se afirma con muchísima seguridad, datos que verdaderamente no pueden sostenerse de
ninguna manera.
Yo quiero referirme a algunos de éstos,
porque de los foros que hablaba ahorita el senador Raymundo, no podrían partir sin
compartir todos la misma información, la verdadera información que se puede contrastar.
Se hablaba, por ejemplo y es un tema
recurrente, el decir que los subsidios agropecuarios en Estados Unidos son muy superiores
a los de México y esto no se puede afirmar con certeza si no hacemos una comparación
exacta de las cantidades de producción en México y de las superficies sembradas en
México comparadas con las de Estados Unidos. Hablaba del senador Rutilio aquí, de que en
México hay un paliativo, por cada peso que nosotros destinamos, en Estados Unidos
destinan 5.6.
Solamente que el área sembrada en este
país es de 27 millones de hectáreas y en Estados Unidos es de 190 millones de
hectáreas, más de 8 veces y la producción es mayor a 15 veces. Si sacamos por hectárea
es mayor el subsidio en México, si lo sacamos por tonelada producida es mayor en México
y podemos verlo cosecha por cosecha.
Se habla de la necesidad de hacer una
moratoria porque a partir del primero de enero de este año se da el golpe mortal a la
agricultura mexicana y me parece que esta es una verdadera falacia que se ha vendido y se
ha comprado en todo el país.
¿Qué pasó a partir del primero de enero
de este año? Bueno, 19 productos en un proceso de desgravación no acelerada sino
paulatina, que empezó en 1994 en donde México desgravó 36% de sus productos
agropecuarios, Estados Unidos desgravó para la entrada de México el 61%.
Bueno, algunos productos se fijaron su
desgravación total para cuatro años después en el 98 y 9 años después, en el 2003, a
19 ramas de productos y los cuatro últimos productos más sensibles se van a desgravar
hasta el 2008.
De esos productos que se desgravan, por
ejemplo el trigo, hoy tiene un arancel del uno y medio por ciento; bueno no hoy, hace
algunos días, hace 9 días tenía un arancel de uno y medio y hoy tiene de cero. No
podemos hablar de que hay una catástrofe nacional porque bajó el arancel del uno y medio
a cero, o en el caso del sorgo del uno al cero, en el caso del arroz, que por cierto no lo
importamos ni de Estados Unidos ni de Canadá, del 1%, de la avena del 1%.
Solamente en el caso de cinco ramas de
productos, hay una desgravación fuerte. Y en todos ellos, ya lo trataba el senador
Buganza, hay algunas medidas de protección para los productores nacionales; el caso
típico es el del pollo, se desgrava 49%, pasa a cero, pero el pollo en México es más
barato que en Estados Unidos, de manera que los productores norteamericanos están
temerosos de que los inundáramos nosotros, porque las medidas son bilaterales.
Bueno, yo no quisiera ahondar más en estos
temas, pero sí decirles que si vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, si vamos
a aplicar una moratoria, habría que ser solidarios con todos los productores campesinos
en México.
Hoy, de cada 10 limones que se consumen en
Estados Unidos, 9 son del campo mexicano, de cada 10 mangos, 9 se produjeron en México,
de cada 2 berenjenas que se consumen en Estados Unidos, una se produce en México; de cada
3 tomates uno se produjo en México, de cada 4 espárragos uno, lo mismo que el caso de
los melones. En el caso de las espinacas, uno de cada 5 kilogramos que se consumen, en
Estados Unidos que tiene una población mucho mayor a la mexicana, 270 millones de
habitantes, consumen mucho más de lo que consumimos nosotros, la mayor parte de nuestra
producción se va a Estados Unidos, México prové en el caso de las importaciones que
tenía Estados Unidos, el 99% de sus importaciones de calabacita, el 83% del pepino, el
63% del tomate, 74% de pimientos, 44% de uvas, 88% de fresas, 70% de papayas, 60% de
frambuesa.
Y así podríamos hablar de varios
productos, en donde México es el líder proveedor en Estados Unidos, si vamos a decretar
una moratoria, que no podemos por cierto hacerlo, de un tratado en materia agrícola, no
solamente hay que ver a los que se están afectando, que son productores de cinco ramas
sino hay que ver a los que vamos a afectar que son hoy exitosos.
La exportación de México de productos
hortícolas, supera los 1,600 millones de dólares, en cambio importamos 900 millones de
cereales e importamos como 800 millones de oleaginosas. En balanza agrícola no
agropecuaria, tenemos un superávit, de manera que no es correcta la afirmación de que el
Tratado de Libre Comercio le dio en la torre a la agricultura mexicana, son temas que
habría que poner exactamente sobre la mesa.
Concluyo solamente con algunos datos, se
dice que México no apoya a la agricultura, este año con lo que la Cámara de Diputados
adicionó, tenemos un presupuesto destinado al campo de 115 mil millones de pesos. Esto
representa el 1.9% del producto interno bruto, si ustedes toman en cuenta que la
producción agropecuaria total representa el 5% del producto interno bruto, estamos
destinando de apoyos a esta producción el 1.9%, es decir, el 40% de lo que se produce en
la agricultura tiene de valor de subsidio con respecto a la producción total.
Hoy el presupuesto nada mas de la Sagarpa
es de 45 mil 500 millones de pesos, es 50% en términos reales superior al presupuesto que
ejerció agricultura en el año 2000, el último año de la administración pasada. Me
parece que hay que poner las cosas en su justa dimensión y hablar con verdad, porque
nosotros mismos estamos generando un sentimiento doloso en el país…
-EL C. PRESIDENTE: ¿Acepta usted una
pregunta del diputado? Adelante diputado.
-EL C. DIPUTADO JESUS BURGOS PINTO (desde
su curul): Señor senador, usted ha hablado aquí de dos ramas agrícolas, en las que
supuestamente fuimos ganadores en el Tratado de Libre Comercio: hortalizas y frutales,
estaba usted enterado cómo con medidas colaterales, fuera del Tratado, esos triunfos se
han convertido en derrotas, voy a hablar concretamente del tomate y del aguacate, nada
mas.
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Si
estoy perfectamente enterado que estamos en una guerra comercial con Estados Unidos dentro
de reglas que estableció el Tratado de Libre Comercio, ya exportábamos tomate,
fundamentalmente de Sinaloa, antes del Tratado de Libre Comercio, y teníamos mucho
mayores problemas y no teníamos reglas estrictas ni manera de dirimir nuestras
controversias.
Aun a pesar de las barreras fitosanitarias
que ponen los Estados Unidos al tomate, hoy el 44% de los tomates que importan a Estados
Unidos son provistos por México. Y como dije hace un ratito, uno de cada 3 tomates que se
consumen en Estados Unidos es fruto del campo sinaloense fundamentalemente.
-EL C. PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido
señor senador.
-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS BURGOS: A mí
me parece simplemente para terminar, que debemos de poner las cosas en su justa
dimensión, es hora de que aceptemos la responsabilidad que tengamos, y como invitaba el
senador Raymundo, dejemos la demagogia de un lado y actuemos con plena responsabilidad en
beneficio del país.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias senador. Para el
mismo tema tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ.- Gracias,
señor Presidente.
Traía un documento amplio para dar
lectura, pero veo que ha iniciado un debate en el que aquí se han aportado algunas
cifras, algunos razonamientos, pero me queda muy claro que hay una visión muy distinta a
la que está pasando en el campo mexicano, a la realidad que vive el campo mexicano y a lo
que ahora con una vista gerencial desde el gobierno, se nos pretende vender.
Ahora resulta que todo está bien en el
campo y que antes, igual que ahora o ahora se atiende más que antes, pero yo no veía a
los productores piñeros, arroceros, maiceros, a los forestales, a los ganaderos en las
calles protestando con machetes, tomando puentes y carreteras al mismo tiempo que los
azucareros. Eso es una realidad que nace con este gobierno a la falta de una atención, de
una atención puntual a los diferentes problemas.
Aquí se ha hablado de los extraordinarios
resultados de la Cámara de Diputados, el senador Buganza hizo una amplia explicación de
los diferentes puntos que hemos aprobado y aportado desde el Poder Legislativo; pero
Senador, desde el Poder Ejecutivo no hemos visto ninguna acción, pese a haberles dado las
herramientas y los recursos suficientes vía presupuesto para atender y no los hemos visto
porque vemos a los productores en la calle reclamando.
Ahora, tampoco es precisamente el Tratado
de Libre Comercio, la guillotina de los productores nacionales, ciertamente es un puente
extraordinario para el desarrollo nacional ante un mundo globalizado y completamente
intercomunicado en comercio, pero también es cierto que permanece y se ha abultado el
contrabando de productos agropecuarios y sobre todo ausentes de una revisión de calidad
sanitaria y vegetal de la calidad en precios de desecho que vienen a competir con nuestros
productores nacionales.
Lo hemos dicho, nosotros para exportar un
becerro en Chihuahua, requerimos hacerle un "checkup" en un hospital de Houston
y la carne de los Estados Unidos de desecho congelada o sabe Dios qué tratos traerá, no
apta para el consumo humano, se nos vende aquí y viene a competir con la buena carne del
producto nacional. Esa es nuestra realidad, eso tiene en estas condiciones a los
productores nacionales.
Si la CNC, también se mencionó aquí,
está ausente de esa mesa, es porque nosotros ya tenemos los análisis y los diagnósticos
suficientes, entregados al gobierno, firmados al gobierno en un acuerdo y que el gobierno
hace ya cerca de diez meses, no ha dado un paso adelante. Ese es nuestro reclamo.
Tan hemos apoyado, que aportamos leyes
importantes como la Ley de Energía para el Campo que nació de la base del PRI, que fui
el conducto de los diputados priístas cenecistas para aportarlo y que doy gracias a los
senadores por haberla apoyado.
Sin embargo, las herramientas no están
puestas en práctica, pero por si faltara algo y esto lo comparto con los compañeros del
PRD, pareciera que no hay o que no ven algo que muchas veces fue lo que enarboló sus
causas: una persecución política a los líderes agrarios del país. Hay más de una
centena de órdenes de aprehensión y de citatorios del Ministerio Público donde ahora
pretenden, en el Ministerio Público, resolver los problemas agrarios o las demandas de
los campesinos que tienen que salir de sus tierras para reclamar justicia o cuando menos
condiciones de mantenerse.
A eso le llaman demagogia; observar y
voltear para otro lado de donde la realidad reclama, de donde está, de Zacatecas a
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, la persecución de quienes se manifiestan y de
quienes han iniciado una lucha por mantener una política sorda que se ha mantenido desde
el Ejecutivo Federal.
Pero aún más: hoy en declaraciones del
señor Secretario de Agricultura, dice que los chiflidos no fueron para él, sino fueron
cuando mencionó a los diputados federales. Ciertamente él es diputado con licencia,
probablemente a eso se atribuyó el chiflido. Pero aquí, como bien lo ratificó un
senador del PAN, aquí la Cámara de Diputados, pese a la permanente descalificación del
Ejecutivo, hemos hecho nuestra tarea y la hemos hecho muy bien.
Por eso es un reclamo al Poder Ejecutivo a
que asuma su responsabilidad, a que responda a los ofrecimientos de campaña y responda a
la realidad que está viviendo con un reclamo serio y formal como es el planteamiento que
la CNC le ha presentado al Gobierno de la República.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
En turno para el mismo tema el Senador
Ernesto Gil Elorduy hasta por 5minutos.
-SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY: Con su
permiso señor presidente; honorable asamblea:
Este debate que se está dando en relación
con el campo mexicano tiene una gran trascendencia para el futuro de millones de mexicanos
y del desarrollo nacional.
Yo considero que más allá de las culpas.
omisiones, acciones y disculpas, la situación del campo mexicano, reconocida por todos,
es grave. Nadie duda que esta verdad es la que nos promueve a realizar todo tipo de
propuestas y de acciones para que se busquen los consensos de las fuerzas políticas, del
Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y municipales, de las organizaciones de
productores del campo, de toda la sociedad.
Aquí se ha dicho de los acuerdos que tomó
el Senado de la República, aprobados por todos los grupos parlamentarios y de la
necesidad de buscar acciones que realmente nos permitan resolver este delicado asunto por
el que pasa el campo de nuestro país.
En relación al TLC no se está pidiendo su
abrogación sino su revisión. Y la revisión se debe dar porque el espíritu de un
tratado implica necesariamente derechos y obligaciones de las partes, pero en su esencia
está la equidad. Y si hay causas supervenientes que impiden que haya esta equidad entre
quienes son los firmantes, es derecho legítimo revisarlo para poder subsanar esas
deficiencias y evitar que una de las partes tenga condiciones que no sean favorables, como
el espíritu original del Tratado lo planteó.
También es evidente que los subsidios a
los granjeros norteamericanos son los que promueven esta inequidad en el comercio y
entonces la libertad de comercio está privilegiando a unos y perjudicando a otros.
Pero ¿cómo vamos a resolver el desafío
que enfrenta el campo mexicano? ¿quienes lo van a resolver? ¿en manos de quien se van a
dirigir las acciones para poder salir adelante de esta problemática? Y como aquí se ha
dicho que hay que poner las cosas en su auténtica dimensión, yo pregunto: ¿será
posible y será sensato que coordine los esfuerzos para resolver este reto un secretario
de estado como el de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que
no es capaz de asimilar y enfrentar la consecuencia de sus palabras?
¿Cómo vamos a confiar en un funcionario
que ofende y se burla de la miseria campesina, cuando les dice que deben trabajar más y
protestar menos y que sólo tardarán 47 años ...
(SIGUE TURNO 55)
…menos y que sólo tardarán 47 años
para poder ser, como él, ricos y exitosos.
Cómo podemos garantizar que un tema tan
complicado como el campo, del que dependen millones de mexicanos, la economía del país,
la soberanía alimentaria, el desarrollo regional, la creación de empleos, la migración,
entre otros, esté en manos de alguien que huye de sus palabras, como sucedió
recientemente en Veracruz.
La conclusión es evidente: este señor
servidor público ya no es útil ni para el gobierno y mucho menos para el campo y los
campesinos. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor.
Se ha terminado la lista de oradores
inscritos, pero había pedido la palabra, para rectificación de hechos, el diputado
Jesús Burgos Pinto. También solicitó la palabra para el mismo tema, hasta por 5
minutos, el senador Héctor Larios Córdoba, el senador Fidel Herrera Beltrán.
Quedaría de la manera siguiente: El
diputado Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional, el senador Héctor
Larios Córdoba, del Partido Acción Nacional, el senador Fidel Herrera Beltrán, del
Partido Revolucionario Institucional y el senador Gerardo Buganza Salmerón, del Partido
Acción Nacional.
Tiene la palabra el diputado Burgos Pinto.
EL C. DIPUTADO JESUS BURGOS PINTO: Gracias,
diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el Tratado de Libre Comercio,
en su aplicación real, que es la forma como cada uno de los socios ha podido
comercializar su producción, ha sido, desde el inicio inequitativo.
Aquí se ha dicho que en apariencia los
subsectores hortalizas y frutales aparecíamos como ganadores en el sector
agroalimentario. Muy poco nos duró el gusto.
A los meses de que se iniciara 1994 los
productores de Florida, con todo el apoyo del Departamento de Comercio, establecen un
panel que obliga a los productores exportadores de tomate del país –y como se ha
dicho aquí, muy principalmente de mi tierra, Sinaloa—a someterse a una acusación de
dumping porque comercializan en Estados Unidos con un precio más bajo en virtud de
menores costos, de mayor eficiencia y de condiciones climatológicas que favorecen a los
productores tomateros del país.
La resolución fue rápida y contundente:
fueron condenados los productores tomateros a actores de una acción de dumping y fueron
condenados al pago de una fianza, en el cruce por la frontera, de bulto por bulto que
ingresa a los Estados Unidos. Ahí perdimos ya la batalla que supuestamente habíamos
ganado en la negociación del Tratado de Libre Comercio.
Ahora bien, los productores de aguacate han
sido víctimas de acusaciones, de sanciones y de barreras fitosanitarias. Dónde nos
quedó la ganancia al sector agropecuario si cuando ganamos nos arrebataron el triunfo.
Yo creo que aquí en el seno del Poder
Legislativo y en las esferas del liderazgo político y de representación del pueblo de
México es cierto, hay que transparentar los datos económicos, productivos del sector
agropecuario nuestro y el de nuestros socios, conciliarlos, contratarlos, contrastarlos y
hacer el diagnóstico, que es lo que tenemos que hacer por nuestros representados. Eso es
lo que tenemos que hacer. Pero para eso, señoras y señores, se necesita voluntad Yo por
eso le pido al señor Secretario de Agricultura y al propio ciudadano Presidente de la
República, lean las expresiones contenidas hoy en los medios de comunicación del
diputado Felipe Calderón Hinojosa, que dice: "No hay que renegociar el Tratado, hay
que revisarlo". Ni el ciudadano Presidente ni el Secretario han dado una sola
expresión ni ante las organizaciones de campesinos ni ante los medios, de sentarse a
revisar, de analizar cuáles son los retos reales, de ver qué es el documento que
contiene el procedimiento dentro del Tratado que pueda permitirnos en el respeto a la ley,
al cuerpo jurídico que es el Tratado, iniciar acciones de defensa de nuestros
productores.
En los productores agrícolas de México
encontramos la más amplia pluralidad política y organizacional. Creo yo que sería un
crimen ir a la caza de votos, a la caza de simpatías y de adhesiones. Tenemos la mínima
responsabilidad de ir al rescate de las condiciones en las que se encuentra un campo donde
viven dos decenas de millones de mexicanos; donde de ellos se deriva una evolución
productiva en la agroindustria.
Hay tecnócratas ilusos que han dicho que
no llegamos ni al 5 % del Producto Interno Bruto. Pero quiero preguntarles, compañeras y
compañeros legisladores: Dónde vamos a cachar a dos decenas de millones de mexicanos que
más pronto que tarde no tendrán viabilidad económica, no tendrán servicios públicos,
no tendrán seguridad social. Ellos en sus demandas, en sus aspiraciones van a afectar al
resto de los mexicanos.
Quiero concluir diciéndoles: como miembro
del Poder Legislativo yo solicito del titular del Poder Ejecutivo y de quien lo auxilia en
el tema, la misma actitud que los legisladores hemos tenido. En los tres años de esta
legislatura le hemos incrementado los recursos a la propuesta hecha por el Presidente de
la República, en los tres años de esta legislatura hemos recomendado en la Ley de
Ingresos procedimientos, medidas que faciliten la comercialización de los productos
agrícolas. No menos este año en el artículo 5º de la Ley de Ingresos por primera
ocasión se mandató por esta Cámara, que las importaciones que por cupo y por sobrecupos
se permitieran, sólo fueran de maíz amarillo para proteger la cosecha más importante de
México, que es la cosecha de maíz blanco, donde somos superavitarios. Eso es todo.
Aquí hemos tenido capacidad política,
decisión, para que cuanta iniciativa del Presidente llega aquí, permítame, señor
Presidente para redondear mi intervención, hubo un enriquecimiento y sean aprobadas por
unanimidad. Así fue con la iniciativa de la Ley de Capitalización de Procampo, que aquí
la aprobamos y la apoyamos con convicción, así fue la Ley de Financiamiento Rural que
trabajamos con los colaboradores del Ejecutivo, de Hacienda, y aquí la mejoramos y la
apoyamos todos, así fue el último Presupuesto aprobado por unanimidad, pero muy
diferente, como se ha dicho, con 13 mil 100 millones de pesos extras para el campo. Eso es
todo lo que las gentes del campo. Los diputados que venimos del sector rural pedimos
disposición. Vamos platicando, contratando datos, pero vamos platicando y no respondiendo
con descalificación.
El hombre del campo el día de hoy está
ofendido por las expresiones insensatas, groseras del Secretario de Agricultura que no
tenía por qué haberlos tratado así. El tiene, y para eso se le paga, para que atienda
cuanto reclamo se le haga, para que lo analice, lo estudie y le recomiende a su jefe cuál
es la decisión.
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE. Gracias.
El senador Héctor Larios Córdova, en el
uso de la palabra.
- EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CORDOVA (PAN): Con el
permiso de la Presidencia.
Solamente para precisar. En primer lugar,
que nadie aquí habló que el campo estuviera bien, simplemente hable de algunos sectores
del campo que han mejorado en los últimos años. Desde la primera intervención, de la
intervención del senador Esteban Angeles Cerón, habló de dos campos: uno, con historias
de éxito productivo; y otro, que está sumido en el rezago. Y esa es una realidad que
todos compartimos y que todos quisiéramos y queremos trabajar para poder remediar. De
manera que me parece que es importante hacer esta primera precisión.
En segundo lugar, no podemos tomar
posiciones tan dicotómicas de decir que a partir de esta administración vino toda la
crisis. ¿Estuvo el campo antes mejor? ¿Hubo más recursos para el campo?
Tampoco esta Legislatura es la primera que
incrementa, en los tres años que va el presupuesto, la partida que el Ejecutivo destinó
para agricultura o para el campo. En los tres años anteriores de la Legislatura anterior,
en los tres, la Cámara de Diputados incrementó las partidas presupuestales para el
campo, y aquí hay varios que estuvimos en la Cámara de Diputados entonces, y también
fue mayor el presupuesto para el campo de lo que el Ejecutivo mandó de la administración
pasada.
Me parece que no podemos ser tan
extremistas. Aquí se hablaba de muchísimas cosas, que no ha habido nada de parte del
Ejecutivo, lo decía el senador Ernesto Gil Elorduy, y viene un compañero y habla de
la iniciativa del Presidente de la República, de la Ley de Capitalización de Procampo,
que todos, todos compartimos y que todos votamos a favor, o la iniciativa del Ejecutivo de
la Ley de Financiera Rural o los propios decretos antes de la iniciativa de la Ley de
Energía del Campo, ya había un decreto del Ejecutivo al respecto.
Hay muchísimas acciones del gobierno,
incluso en cantidades, en transparencia, hoy cualquiera puede conocer cuál es padrón de
Procampo, cuánto se asignó a cada productor con nombre y apellido. Lo mismo que los
apoyos de ASERCA en apoyos a la comercialización. Hoy tenemos toda esa información que
no teníamos antes.
Me parece que habría que ser muy claros de
que ciertamente si una parte del campo está en crisis, no podemos asumir que no se ha
hecho nada por esta administración; por el contrario, yo creo que podríamos hacer un
recuento y podríamos encontrar muchas más acciones en esta administración de las que se
hicieron en el pasado. Precisamente en el pasado habría que encontrar las causas, las
causas de mucha de esta crisis que vivimos.
Hablaba también el senador Elorduy, por
ejemplo, de que hay causas supervivientes para revisar el Tratado. Pues seguramente
es que perdieron el poder. Y, bueno, este Tratado se negoció hace 11 años, entró en
vigor hace 9 años y hoy es cuando vemos cuales causas supervivientes. ¡La única causa
diferente que yo veo es: que hoy no está el PRI en la Presidencia de la República!
Si al Senador le ofenden...
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS ACEVES
DEL OLMO (PRI): Permítame,Senador.
Sí, Diputado.
- EL C. DIPUTADO VÍCTOR EMANUEL DIAZ
PALACIOS (PRI. Desde su curul y sin micrófono): Señor Presidente: Sería tan
amable de preguntarle al señor Senador si quiere que le haga una pregunta.
- EL C. PRESIDENTE: Señor Senador:
¿Acepta usted una pregunta?
- EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CORDOVA
(PAN): Con todo gusto.
- EL C. PRESIDENTE: Adelante, Diputado.
- EL C. DIPUTADO VÍCTOR EMANUEL DÍAZ
PALACIOS (PRI. Desde su curul): Señor Senador: Primero, muchas gracias.
Segundo, usted invoca a la legislatura anterior a la nuestra en donde usted fue diputado,
en donde se construyó ¡por primera vez en conferencia! Acción Nacional y el PRD la Ley
de Desarrollo Rural. En donde mi partido dio un voto, en lo particular, contrario a lo que
ustedes habían aprobado. Sin embargo, esos mismos legisladores, nada más las mismas
siglas de estos legisladores en esta legislatura entran y dicen que esa ley que
ustedes, que ustedes construyeron, que ustedes votaron y por ende aprobaron, no tenía
validez. Nos deja muy claro que entonces ustedes legislaron no en beneficio de los
campesinos, sino en contra de un gobierno emanado de un instituto político diferente al
suyo. Yo quisiera escuchar su comentario.
- EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CORDOVA
(PAN): Con todo gusto, Diputado.
En primer lugar, déjeme repetir que hice
alusión a la legislatura anterior porque a veces quisiéramos pensar que a partir de un
momento en la historia todo se construyó y antes no existía nada. Y hacía referencia a
que se insiste mucho que en los tres años de esta Legislatura se ha mejorado, se ha
incrementado la cantidad de recursos; voy a su pregunta; se ha mejorado y se ha
incrementado la cantidad de recursos destinados al campo, lo mismo sucedió en la
Legislatura pasada, por eso hice alusión a la pasada.
Efectivamente, en el último día del
periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, de uno de los periodos, se aprobó, con el
voto a favor del PAN, esa Ley de Desarrollo Rural, fruto de la realidad que se vive en los
días últimos de periodos, de acuerdos políticos y de falta de una revisión y de
consenso dentro del Grupo Parlamentario. Y creo que es de sabios corregir yerros y,
efectivamente, pensamos nosotros que había que ser mejorada y pulida, pensando en el
beneficio del campo precisamente.
Quiero concluir simplemente volviendo a
hacer alusión a que tenemos que ir sobre datos objetivos. Hoy se ha hecho aquí alusión
por dos de los oradores, de que se sienten ofendidos por las palabras del Secretario de
Agricultura. Tengo aquí y dejo en la Secretaría la versión estenográfica del discurso
del Secretario en la reunión aludida, para que encuentre dónde están esas alusiones que
le ofenden gravemente a algunos de los legisladores. Me parece que tenemos que ir a las
fuentes de la información antes de tejer tantas historias que a veces no tienen sustento
ni siquiera de una telaraña. (aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO:
Para alusiones personales tiene la palabra el senador Gil Elorduy.
-SENADOR ERNESTO GIL ELORDUY: Muchas
gracias señor presidente, con su permiso.
No hay gente más desinformada que la que
no sabe escuchar o la que no pone atención a lo que se expresa en la tribuna. Al hablar
su servidor de las causas supervenientes me refería a los apoyos que han tenido los
granjeros norteamericanos en los subsidios que les otorga su gobierno y que lesionan el
pacto original que fue la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, no a los hechos
supervenientes políticos que menciona nuestro preciado amigo senador y que no tiene nada
que ver el poder con este asunto.
Lo que es evidente es que este gobierno, si
vamos a esos temas, lleva dos años en el no poder. No ha podido cumplir las promesas de
campaña, no ha podido llegar al 7 por ciento de crecimiento económico, no ha podido
crear el millón 300 mil empleos que ofreció; no ha podido hacer nada. Y cuando se le
pregunta por alguna responsabilidad, se evaden y nos contestan, como hoy aparece en todos
los medios de comunicación: ¿Y a mí, por qué?
Este año tienen 80 por ciento más los
subsidios para los granjeros norteamericanos. Si esa no es una causa superveniente que
obliga a revisar el TLC, no sé cuál sea. Y es efectivamente de sabios errar, pero no tan
seguido.
Muchas gracias.
(aplausos)
-MISMO PRESIDENTE: Gracias señor
senador.
En uso de la palabra el senador Fidel
Herrera Beltrán, hasta por cinco minutos.
-SENADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN: Y a
ver, en el hilo del pensamiento del senador Gil Elorduy, es una causa sobreviniente sólo
agregar a las disparidades por los tamaños de la economía y de los respaldos que en
nuestros socios comerciales se dan a sus productores primarios, sino también una causa
sobreviniente es la ineficacia en la conducción del Estado en el cumplimiento de la
responsabilidad de promover el desarrollo rural.
Un ínclito miembro del gobierno federal
asume que la responsabilidad tendría que corresponder al gobierno precedente y dice que
llevan dos años de estar cosechando lo que se sembró. Yo corregiría: Lleva dos años de
estarla regando y no con agua sino con decisiones erráticas y sin precisión, sin asiento
en las realidades del país y sin haber visualizado el desarrollo de la nación
fortaleciendo el mercado interno con la via del ingreso de los salarios y de las pensiones
, jubilaciones para reactivar el consumo y poder tener mercado para los productos
nacionales.
Y miren, más allá de las disputas de
carácter ideológico y partidario, lógico aquí hay dos visiones muy claras, la visión
gerencial de la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal y la visión social.
Hay una visión que nos da un mundo azul donde sólo es feliz el propietario del Rancho
San Cristóbal y sólo produce ganancias si es negocio cultivar y exportar ajos y cebollas
y luego echárselas como culpa a los productores pequeños a los que la única
responsabilidad que podría atribuírseles es que no tienen como su contraparte
norteamericana o canadiense grandes extensiones de tierra y que sólo gracias a un
movimiento social pudieron acceder en un mecanismo de justicia para distribuir la riqueza
en México a pequeñas parcelas.
Porque este es el fondo del asunto y por
eso fue tan difícil negociar el Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agroalimentario
que el tamaño de las economías de los que se asociaban eran distintas y en consecuencia
el tamaño del desarrollo para producir el tecnológico, el industrial, el que incidía en
los productos y también de los consumos y esas asimetrías que fueron reconocidas
establecieron un período para transferir recursos por la vía de subsidios de suerte que
el sector primario recibiera los apoyos por lo menos similares a los que se estaban
recibiendo en Estados Unidos, pero sobrevino el hecho de que mientras en México
enfrentamos una crisis grave del Sistema de Intermediación Financiera en 95, los países
desarrollados tomaron la determinación de financiar, de subsidiar más a su Agricultura y
Ganadería y no nosotros sino el Presidente del Banco Mundial Woolfenson en la Reunión de
Doha señaló que el grave problema que afectaba los Tratados Comerciales y los
intercambios de comercio justo en el mundo era la determinación de los países
desarrollados que habia determinado subsidiar a su Agricultura y Ganadería con mil
millones de pesos diarios. ¿Quién puede contra 365 mil millones de dólares para
financiar la producción de alimentos? Y ahí está su desdoblamiento, la Farm Bill, la
Ley Agrícola y Ganadera que solo como apoyos a la comercialización autoriza alrededor de
19 mil millones de dólares diarios a los productores norteamericanos frente a las
condiciones tan exiguas y difíciles que en México tenemos por una visión equivocada
para no apoyar oportunamente a nuestra Agricultura y Ganadería.
Y ahí están las cifras, esas no mienten,
a los que les gusta la Numeralia, mientras que en Estados Unidos a cada productor se le
apoya sólo para efectos de comercialización en lo que se llaman subsidios directos de
acuerdo a la tesis de Miguel Jakin, Subsecretario del gobierno Foxista o alrededor de 20
mil dólares anuales y en Canadá es del orden similar y en la Unión Europea también y
en el Japón con 24 mil dólares anuales, el apoyo a los productores en México es de 720
dólares dispersos en una maraña enorme de mecanismos que por acá se llaman Alianza Pro
Campo, Progresa, ahora ya les cambiaron el nombre. Contigo o Sin Ti, o de alguna manera
diferente y los apoyos adicionales al consumo Diconsa que por cierto quieren desaparecer
también, la leche y otros insumos que no tienen el reflejo de lo que estamos reclamando,
entonces hay una situación de emergencia en el campo.
Señores, ya lo reconocimos y así lo
votamos en el Articulo 2º de la Ley de Ingresos establecimos que hay una situación de
emergencia en el campo, agravada por la desgravación a partir del 1º de Enero 19
productos sensibles, enfatizada la crisis porque no sólo le pega a la producción o a los
productos mexicanos la liberación comercial con Norteamérica y Canadá sino nos pega
también otro hecho irrefutable, Estados Unidos, Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional decidieron reconstruir el sureste asiático, ése que habían destruido en
la guerra injusta de Vietnam y de repente le metieron toneladas de dinero, dinero para
producir productos subsidiados en un área geográfica del planeta que es muy similar a la
nuestra y los mismos productos se producen allá.
Vietnam se volvió productor de café, 16
millones de toneladas de sacos de café que frente a los 6 millones de México pues nos
ponen en condiciones de que no haya precio internacional. Piña de Tailandia; caña de
azúcar en Indonesia, todos los productos iguales, doble efecto y una política equivocada
y los esfuerzos de ocho años echados por la borda en dos años de una política
irreflexiva que se refleja muy claramente en las palabras de este hombre que se ha vuelto
un clásico de la desgracia agrícola de México, el secretario Usabiaga cuando reclamaban
los productores de caña de azúcar la intervención del Estado para que se liquidaran las
cañas de la cosecha 2000-2001 y el sabio de la agricultura mexicana decía "esa es
una bronca de los cañeros y los industriales, el Estado no tiene nada que ver".
Como dice su ilustre jefe "y yo por
qué". Ese es el problema, esa es una causa sobreviniente y probablemente esa sí se
asocia al hecho de que en la alternancia que determinaron los mexicanos le confirieron la
conducción de la política económica del país al equipo político que no tiene ninguna
noción, ni compromiso, ni responsabilidad con la nación. Esa es la causa sobreviniente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor senador.
El senador Gerardo Buganza en uso de la palabra.
EL C. SEN. GERARDO BUGANZA SALMERON: Con el
permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros senadores y
diputados.
Yo creo que hemos desviado el debate y que
si bien es cierto podría ocupar parte de este tiempo a discutir muchas de las
descalificaciones que se ha hecho al Gobierno, yo no he entrado a esa discusión desde el
planteamiento del grupo parlamentario del PAN.
Yo cuando vine a hacer un posicionamiento
aquí, con mucha claridad coincidía incluso en la conclusión acerca de la búsqueda de
encontrar precisamente las revisiones a todos y cada uno de los puntos que desde luego
nosotros tenemos la obligación de revisar y de ver, y de proponer y de discutir y de
avalar en su caso, que hacía también referencia de que uno de los acuerdos que habíamos
logrado en el segundo artículo transitorio de la Ley de Ingresos era precisamente
monitorear muchos de estos problemas que se venían encima, ¿por qué?… porque
venía esa modificación que si bien es cierto en muchos aspectos es poco impactante a lo
que ya hemos tenido, por el otro lado habría algunos factores, el 10% de los productos,
que tenían obviamente modificaciones substanciales.
Mencionaba yo en mi exposición el caso de
la avicultura donde hay una disminución del arancel del 45% al cero, desde luego que hay
que revisar, y que hay que ver, y que hay que darle seguimiento y que desde luego también
hay que en ese monitoreo ver que las cosas o las políticas públicas y la intención
tanto de la política que realmente se lleve a cabo y que bueno, pues eso es lo que
deberíamos de hacer.
Nunca dijimos aquí que todo estaba bien.
Yo insisto, hay muchas cosas que corregir y que mejorar y que eso es parte de nuestra
obligación y es parte de nuestro compromiso. Tampoco puedo decir que Acción Nacional va
a estar viendo los problemas bajo un aspecto gerencial y no social cuando en todas y cada
una de nuestras intervenciones ha habido desde luego un enfoque social al igual que
ustedes que han expresado aquí sus inquietudes, las hemos atendido de igual manera y la
hemos atendido no nada más en el discurso sino en los hechos, conjuntamente legisladores
de todos los partidos políticos hemos revisado puntualmente muchas de las acciones del
gobierno, muchas de las acciones o políticas públicas actuales las hemos modificado; la
intención en la participación y decir, a pesar de todos estos problemas que tenemos el
Legislativo ha funcionado ha dado excelentes resultado, ha tenido para mi juicio muy
buenos logros que todavía no podemos ver.
Simplemente el problema del crédito, yo
les decía que en el crédito global que se tiene de todos los sectores, el sector del
campo no supera el 1% del crédito y que hoy por primera vez para el 2003, después de
haber conseguido entre todos nosotros tener una Financiera Rural, en la que realmente haya
20 mil millones de pesos y con la revolvencia quizá un rotación o un crédito mayor en
término del ciclo del año, bueno a mi me parecería un desperdicio el no ocuparnos de
vigilar que esta Financiera Rural esté empezando a dar sus frutos desde el mes de enero y
que realmente al productor se le este dando las facilidades de poder tener su inversión
en el campo, de poderse tecnificar, de poner riego, de poder tener los elementos
necesarios para la competitividad.
A mi me parece que ahí es donde debemos de
centrarnos y que no vamos aquí y no es mi pretensión buscar culpables hacia atrás; no
yo creo que lo que tenemos que hacer es definitivamente buscar acciones soluciones que
permitan al campo mexicano seguir adelante. Yo creo que muchos de los esfuerzos que se han
dado estamos precisamente por poder concretarlos, creo que no debemos de dividir en un
debate falso realmente el verdadero enfoque que es, lograr que esto aterrice y que estas
políticas públicas que hoy han sido prácticamente ya en operación aprobadas por todos
nosotros, vigilar con el Ejecutivo que se den.
Y eso es el exhorto que les hago a todos
ustedes y yo creo que, en esta medida vamos a ver y vamos a tener realmente resultados
para el campo mexicano. Sin duda tenemos que ver que estas diferencias que tenemos con los
americanos en el análisis y en la revisión, porque podemos revisar y analizar cada uno
de los renglones en cada uno de los sectores, en cada uno de los productos, ver
efectivamente que acciones deberíamos de concretar entre el legislador y el Ejecutivo.
A mi me parece que el debate debería
centrarse simplemente en buscar acciones concretas de aterrizaje de todas estas políticas
públicas, que todos hemos contribuido a tener para el cambio o las mejoras del campo
mexicano.
Por su atención señoras y señores,
muchas gracias.
-EL PRESIDENTE:- Gracias senador. El turno
del diputado César Duarte.
EL DIP. CESAR DUARTE:- Es de sabios
reconocer y qué bueno que se hizo aquí un recuento precisamente de los pasos y de los
tiempos que esta viviendo la política agropecuaria en México.
Es indiscutible que lo que requiere el
campo es, atención, decisión política, aplicar los productos que hemos elaborado aquí
bien terminados, perfectible ciertamente, pero bien terminados como son marcos legales
adecuados, aunque al inicio de nuestra gestión el veto a la Ley de Desarrollo Rural, que
se aprobó en la legislatura anterior, fue la primera señalar negativa que recibimos del
Ejecutivo, pero sin duda la irritación en el campo, el calor, la fricción que existe en
el campo mexicano, tenemos la extraordinaria responsabilidad de atenderla.
Nosotros, insisto, desde el Legislativo
hemos hecho la tarea y la hemos hecho bien, falta ese paso que el Gobierno de la
República tiene que dar en la aplicación adecuada y puntual de los presupuestos aquí
aprobado, aquí mejorados, aquí construidos y que sobre todo esa puntualidad y esa
eficiencia se vean en resultados, que mantengan a los productores produciendo, que no
escojan tener que abandonar la parcela para venir a lamentarse o venirse a quejar a las
calles de la Ciudad de México o a las carreteras del país. Ese es, sin duda, el gran
trabajo que tiene el gobierno, que le toca ahora responder ante las herramientas que ya
hemos dado.
Sin embargo, en el Tratado de Libre cuando
renegoció Canadá, cuando negoció Canadá, apartó el capítulo del medio ambiente,
estableciéndose en ese país una sede del Tratado, un tratado paralelo en esta materia y
es precisamente a lo que nosotros apostamos, a buscar conductos, salidas, no queremos
poner en riesgo a los demás sectores en el país, el campo una vez más sabe aguantar y
sabe aportarle al país lo que le ha venido aportando; sin embargo es inminente esa
revisión que se tiene que dar al capítulo agropecuario para que enriquezcamos y
generemos las mejores condiciones junto con la respuesta del gobierno a este trabajo que
hemos venido haciendo y que es muy claro, el Legislativo ha cumplido y desgraciadamente
desde la Secretaría de Agricultura se ha fallado.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Se concede el uso de la palabra, hasta por
cinco minutos, al senador Raymundo Cárdenas del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias
Presidente.
A mí me preocuparía mucho que los
campesinos mexicanos tengan la idea de que con lo que hemos aprobado en las Cámaras en
estos últimos años vamos a resolver su situación. Eso es, a mi juicio, algo alejado
muchísimo de la realidad.
Los problemas acumulados del campo sólo se
van a resolver si los mexicanos somos capaces de generar un nuevo pacto social en donde
respondamos claramente a la pregunta de cuál va a ser el papel que el sector agropecuario
debe jugar en el desarrollo nacional.
Para una buena parte de la clase política
que ha gobernado el país en los últimos 20 años, el papel que deben jugar los
campesinos es totalmente prescindible. Para muchos de los tecnócratas salinistas y
zedillistas, que parece que ya no hay nadie que defienda esas políticas, la mejor salida
para los productores que no iban a ser competitivos, la mejor salida para la mayoría de
los agricultores de mi estado Zacatecas y muchos que tienen sus mismas condiciones, eran
dejar de ser campesinos, simplemente vendan la tierra a quien pueda invertir las
cantidades que se requieren para competir en esta competencia inequitativa que
abruptamente fue adquirido como compromiso por los negociadores de Carlos Salinas en el 93
y finalmente concretado en el 94.
Yo creo que necesitamos crear un consenso
nacional para plantearle a los norteamericanos de cómo se van a hacer cargo ellos de los
perdedores en el TLC; perdedores aquí y también en los propios Estados Unidos aunque en
proporciones mucho menores.
En Europa los países ricos sí se hicieron
cargo a través de los fondos de cohesión social, de los perdedores de los Acuerdos de
Libre Comercio, pero allá hubo una negociación un poco o un mucho más responsable, que
la que llevaron a cabo acá los negociadores salinistas.
Le preguntamos en alguna ocasión a Pedro
Aspe, por qué no exigía el Capítulo de Recursos Compensatorios, la respuesta soberbia
fue: Nosotros queremos comercio no limosna.
Yo creo que eso es de lo que debe
deslindarse con toda claridad el PRI, yo no quiero juzgar al PRI de hoy por los errores de
los últimos 15 años o 20, pero es bueno que el PRI de hoy se deslinde claramente de toda
continuidad de aquella política, y el PAN debería decir algo acerca de la continuidad,
clara y evidente, de las políticas agropecuarias hacia el campo.
La principal política, la Alianza por el
Campo, en esencia es exactamente igual la de este gobierno a las anteriores. Y ese es el
principal programa, que simplemente ve para hacer viable la reconversión de una pequeña
proporción de los productores mexicanos que si están en capacidad de invertir las
cantidades que se requieren, para ser competitivos con los productores del norte.
Y el resto aquellos a los que no pueden
poner su parte, para poner el equipo de riego por goteo o para adquirir la maquinaria y
los equipos necesarios, ¿cuál es la salida para ellos? Que son el 80% de los productores
de Oaxaca, que son el 80% de los productores de Zacatecas, y que son la inmensa mayoría
de esos veintitantos millones de mexicanos que viven en el campo, ¿cuál es la salida?
¿Ellos van a ir a obtener los créditos en
esta financiera rural, que tiene sí una cantidad que no existía antes, pero que es
totalmente insuficiente? Yo creo que no, y por esa razón señalo que debemos obrar con
mucha responsabilidad, no hemos hecho nuestra tarea, la salida al campo no es una salida
individual, o más bien, particular para ese sector.
El campo se va a salvar si se salva toda la
economía nacional, si logramos generar un nuevo modelo de desarrollo económico y una
nueva inserción en la globalización mundial, ese es el problema.
Tenemos que discutir a fondo, y yo espero
que pronto este Congreso de la Unión se de el espacio necesario para discutirlo. Ya no es
suficiente la ventaja comparativa de los bajos precios de nuestra mano de obra, hay viene
China, dicen con temor todos nuestros industriales, hay está la competencia de China por
las maquiladoras que en una época se vieron como la salida.
Bueno, si no es la baratura de la mano de
obra nuestra salvación, ¿ahora cuál es? Hay soluciones y creo que deberemos darnos el
espacio para discutirlas. Gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias senador.
Finalmente tiene la palabra el senador Jorge Zermeño, último orador, declina el senador.
Gracias senador.
-LA C. SECRETARIA SENADORA MICAELA AGUILAR
GONZALEZ: Se informa al señor presidente que se han agotado los asuntos en cartera y se
procederá a dar lectura a la Orden del Día de la próxima sesión.
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
-EL C. PRESIDENTE: (a las 17:00 Hrs.) Se
levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero
del 2003 a las once de la mañana.
8 DE ENERO DE 2003