El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez:
(Lista de asistencia)
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: ¿Falta algún ciudadano legislador de pasar lista de asistencia? Señor Presidente, hay 28 asistencias de legisladoras y legisladores. Hay quórum.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:24 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Comunicaciones. Del Congreso del estado de Nuevo León. Oficio del Congreso del estado de Nuevo León con el que remite punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que unan esfuerzos con el fin de regular de forma más eficiente la entrada y salida de vehículos de procedencia extranjera, que son propiedad de mexicanos o extranjeros, procurando eliminar trámites obsoletos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio del gobernador constitucional del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, por el que se adhiere a la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Recinto del Honorable Congreso de la Unión la leyenda Constituyentes de Apatzingán, presentada por el diputado Mario Enrique del Toro del grupo parlamentario del PRD.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que comunica que la licenciada María Elena Jaén Zermeño rindió protesta como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Enterado.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el que se comunica que los ciudadanos Miguel Cuvian Andrade, Alejandro Delint García, Dario Velasco Gutiérrez, Armando Ismael Maitret Hernández y Adolfo Riva Palacio Neri rindieron protesta como magistrados electorales del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Comunicación de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez.
(Solicitud de licencia de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo
Único. Se concede licencia a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el I Distrito del estado de Quintana Roo, del 18 de enero al 19 de febrero del año en curso.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la licencia de la diputada Latife. Comuníquese.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Comunicación del senador Jesús Murillo Karam.
(Solicitud de licencia del senador Jesús Murillo Karam)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia al licenciado Jesús Murillo Karam para separarse de sus funciones como senador de la República por 40 días naturales, a partir del 17 de enero de 2007.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la licencia al senador Jesús Murillo Karam. Comuníquese a la Cámara de Senadores
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio del estado de Jalisco con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de diciembre de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de diciembre, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2005.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Julio César López Baquera pueda aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República del Perú.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Seis oficios de la Secretaria de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marco Antonio Pierrot y González, José Gerardo Balcárcel del Barrio, Wilfredo Robledo Luna, Romel Eduardo Ledesma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe, relativo a la sede y operación del Centro de México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Educación de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Nueva Zelanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el remite convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong-Kong de la República Popular China, relativo a los servicios aéreos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que remite acta de rectificación al acuerdo de Complementación Económica número 60, suscrito entre México y Uruguay, Tratado de Libre Comercio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite las fracciones arancelarias omitidas y correcciones al Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Comisión Permanente.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio de la Cámara de Diputados que remite el expediente relativo a la minuta proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 76 fracción I; y el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las aprobaciones de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo , San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, recibidos a la fecha.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Solicito a la Secretaría realice el escrutinio y cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente, del escrutinio y cómputo se informa que la Cámara de Diputados remitió las aprobaciones de las Legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 20 votos aprobatorios a la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 76 fracción I, y el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se hace la siguiente declaratoria: La Comisión Permanente, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 76 fracción I, y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Primera Comisión de trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes Margarita Huesca Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito, para prestar servicios en las embajadas de Ecuador y de Australia en México, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón, para prestar servicios en la embajada de Panamá en México.
Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, para prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manual Sánchez Rosales, para aceptar y usar la condecoración Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, que les otorga el gobierno del Reino de España.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Hurtado Ochoa, Rogelio Armando Patiño Canchola, Armando Onésimo Flores Morales, Carlos Eduardo Jiménez Macotela, Jesús Hernández Pérez, Marco Antonio Álvarez Reyes y Sergio Alejandro Villalobos López, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se les dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María de Lourdes, Margarita Huesta Chico, Aldona Carolina Parra Hall, Héctor Oliver Reyes Luna y Eugenio Morales Brito, para prestar servicios en las embajadas del Ecuador y de Australia en México, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Guillermo Jorge Gustavo Flores Chacón, para que pueda prestar servicios como asistente jurídico consular en la embajada de Panamá en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Sonia Alejandra Orgado Garda para que pueda prestar servicios como asistente administrativo en la enfermería en la embajada de Estados Unidos de América en México. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Horacio López González, Álvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta para prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Maribel Cervantes Guerrero y Juan Manuel Sánchez Rosales para aceptar y usar la condecoración Cruz al mérito policial con distintivo blanco, que les otorga el gobierno del Reino de España.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Hurtado Ochoa, Rogelio Armando Patiño Canchola, Armando Onésimo Flores Morales, Carlos Eduardo Jiménez Macotela, Jesús Hernández Pérez, Marco Antonio Álvarez Reyes y Sergio Alejandro Villalobos López, para aceptar y usar las condecoraciones Distinción al mérito Distinción al Mérito, Orden a los Servicios Distinguidos, Orden del Mérito Militar general José María Córdova, en grado de gran oficial, medalla Fraternidad Combativa, estrella militar de las Fuerzas Armadas; en grado de Estrella al Mérito Militar, medalla Monja Blanca; en grado de primera clase, medalla especial el medallón y la cinta de la Junta Interamericana de Defensa con una estrella plateada, que les otorgan la Fuerza Aérea y el Ejército de la República de Argentina y los gobiernos de las repúblicas de Colombia, de Cuba, de Chile y de Guatemala y la Junta Interamericana de Defensa, con sede en la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos de América, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano (desde la curul): Antonio Muñoz, por la afirmativa.
El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Rodríguez Prats, a favor.
El senador Humberto Aguilar Coronado (desde la curul): Aguilar Coronado, sí.
El senador José González Morfín (desde la curul): González Morfín, a favor.
El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): Legorreta Ordorica, a favor.
La diputada Gloria Lavara Mejía: Gloria Lavara, a favor.
El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): José Calzada, a favor.
El senador Mario López Valdez (desde la curul): Mario López, a favor.
El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Emilio Gamboa, a favor.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Javier González, a favor.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Octavio Martínez, a favor.
El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Andrade Quezada, sí.
El senador Andrés Galván Rivas (desde la curul): Galván Andrés, sí.
El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Castro Muñoz, sí.
El senador Ricardo Francisco García Cervantes (desde la curul): García Cervantes, sí.
La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): González Carrillo, sí.
El senador Eduardo Tomás Nava Bolaños (desde la curul): Nava Bolaños, a favor.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Amador Leal, sí.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Cuauhtémoc Velasco, a favor.
El senador Gabino Cué Monteagudo (desde la curul): Gabino Cué, a favor.
El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): Ricardo Cantú, a favor.
La diputada Silvia Luna Rodríguez (desde la curul): Silvia Luna, por la afirmativa.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: ¿Falta algún legislador de emitir su voto?
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Violeta del Pilar Lagunes Viveros, de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Pacheco Rodríguez, a favor.
La Vicepresidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Lorena Martínez, a favor.
La Vicepresidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ruth Zavaleta, a favor.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Miguel Ángel Peña Sánchez, a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Zermeño Infante, sí.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Señor Presidente, 27 votos a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 27 votos, pasan al Ejecutivo para los efectos constitucionales. El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba que sólo se lean los puntos de acuerdo del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Se solicita a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Puntos de acuerdo
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano José Salvador León Almaguer.
Único. Se ratifica el grado de coronel de la Fuerza Aérea, piloto aviador diplomado del Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Leonardo Efrén Gómez Enríquez.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Alfonso Cristóbal García Melgar.
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Martín Reyes Santibáñez.
Único. Se ratifica el grado de coronel de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ignacio Bueno de la Cruz.
Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Arturo Trejo Sánchez.
Único. Se ratifica el grado de coronel ingeniero constructor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Mario Álvarez Adjuntas.
Único. Se ratifica el grado de coronel Fuerza Aérea, piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Valerio Ochoa Gaxiola.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Hernán Lagunas López.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Moisés Escobar Juncos.
Único. Se ratifica el grado de coronel de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Alberto Ramírez.
Único. Se ratifica el grado de coronel intendente que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano César Leopoldo Reyes Arias. Es cuanto, señor Presidente.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Puntos de acuerdo.
Único. Se ratifica el grado de general brigadier de justicia militar y licenciado que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Miguel García Decena.
Único. Se ratifica el grado de general del grupo piloto aviador, diplomado de Estado Mayor Aéreo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Joaquín Flores Ortiz.
Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Cruz Isaac Muñoz Navarro.
Único. Se ratifica el grado de general brigadier intendente que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Martín Hernández Bastar.
Único. Se ratifica el grado de general brigadier meteorólogo que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fermín Isabel Sastre Reinaga.
Único. Se ratifica el grado de coronel médico cirujano que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Cuauhtémoc Martínez Sánchez.
Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Hernán Cortés Hernández.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano David Méndez García.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Enrique Rangel Carbajal.
Único. Se ratifica el grado de coronel de zapadores que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano David Mejía Guzmán.
Único. Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea especialista en mantenimiento de aviación que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano José Alfredo Moreno Ruiz.
Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Fidencio Flores Lizaola. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: De la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República, a poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo.
De la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de los derechos humanos en el estado de Oaxaca.
De la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral a garantizar en el ajuste a su Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2007, el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral.
De la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para solicitar información en materia de crimen organizado y los operativos especiales realizados en Michoacán y Tijuana.
De la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso del Estado de México para dar solución al problema limítrofe en los municipios de Tecámac, Ecatepec y Acolman, Ecatepec.
De la Segunda Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo y declara urgente el reto, más las recomendaciones de los relatores de la ONU en esta materia.
De la Segunda Comisión de trabajo, con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente se pronuncia por el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias bilaterales México-Guatemala a través del reinicio de la celebración de reuniones interparlamentarias anuales.
De la Tercera Comisión de trabajo con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública y al procurador general de la República para que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
De la Tercera Comisión del trabajo, con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se reserva algún punto de acuerdo para su discusión. El senador Monreal ha reservado de la Segunda Comisión de trabajo, el punto de acuerdo relativo a la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo. Si algún legislador desea reservar algún otro punto de acuerdo … —dígame––.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal (desde la curul): Para reservar el punto de acuerdo sobre Puebla.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El diputado Alberto Amador, para reservar el punto de acuerdo relativo a la situación en Puebla.
El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): Quiero reservar el punto de acuerdo sobre Liconsa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El senador José Calzada, para reservar también el punto de acuerdo relativo a la leche Liconsa. ¿Algún otro legislador? El diputado Miguel Ángel Peña, para reservar el punto de acuerdo…
El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Reservo la excitativa a la Comisión de Economía, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: … la excitativa a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, para hablar sobre el punto de acuerdo de la Segunda Comisión de trabajo donde se expresa la preocupación por la situación de los detenidos en la cárcel militar de Guantánamo y declara urgente retomar las recomendaciones de los relatores de la ONU.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Señoras y señores legisladores. Nuestro voto a favor de esta comunicación de este punto de acuerdo ayer fue comunicado en la Comisión respectiva.
El dictamen acusa, con toda razón, al gobierno estadounidense de justificar diversas formas de violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran recluidas en la irregular cárcel de Guantánamo y en esa protesta estamos absolutamente de acuerdo. Sin embargo, no podemos simplemente apoyar esa proposición sin voltear a ver las brutales represiones de que han sido objeto diversos grupos de la sociedad mexicana.
Las irregularidades con la que son detenidos, recluidos o simplemente desaparecidos, así como la impunidad que se brinda desde el estado a gobernadores, procuradores, mandos policíacos y otras esferas del poder público.
En el caso más reciente, la represión reiterada del gobierno del estado y la perpetrada por el gobierno federal para liberar el centro de la ciudad de Oaxaca, han dejado desde el inicio del conflicto un saldo de 20 muertos, más de 200 heridos, 36 desaparecidos y 105 detenidos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Senador Monreal. Con todo respeto le pediría que se refiera al tema, que es la situación de los detenidos en la cárcel de Guantánamo.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Presidente. Estoy en el tema y mire usted, la incongruencia de admitir a un punto de acuerdo criticando a Guantánamo, hace 15 días repudiamos los ataques terroristas del aeropuerto Barajas en la ciudad de Madrid, España, donde hubo dos desaparecidos ecuatorianos y aquí en México, donde hay 20 muertos, donde hay cientos de desaparecidos no somos capaces de condenar la represión del pueblo oaxaqueño.
Es simple y sencillamente candil de la calle, oscuridad de la casa. Ese es el tema de fondo, Presidente. Que la Comisión Permanente condena hechos de otros países y no es capaz de condenar lo que en nuestro propio país existe. Una brutal represión contra el pueblo de Oaxaca, una brutal persecución contra los oaxaqueños, y ahí sí todos estamos callados, nadie es capaz de levantar la voz por esa gente perseguida, hostigada, apresada, a la que se le han violado los más elementales derechos humanos.
Ayer mismo, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos ha dicho de qué manera se violaron los derechos humanos de los oaxaqueños. Es verdaderamente indignante lo que está pasando en Oaxaca, en complicidad el gobierno federal con el gobierno del estado y esta Comisión Permanente se mantiene, como también cómplice de la violación de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
Por eso, a pesar de que estamos de acuerdo con la condena de Guantánamo, estamos en contra de la violación de los derechos humanos de los presos en esta cárcel clandestina. También tenemos que decir que en México hay una brutal represión contra el pueblo de Oaxaca y organizaciones civiles, y que hay una persecución permanente contra los luchadores sociales de este país.
No podemos quedarnos callados y por eso también reprobamos lo que en México sucede con la violación flagrante y permanente de los derechos humanos de los mexicanos.
Sé que les incomoda, pero cómo es posible que hablemos de la violación de derechos humanos, del terrorismo sucedido y suscitado en otras latitudes del mundo y no seamos capaces de condenar lo que en México, a los propios mexicanos les está ocurriendo. Es simple y sencillamente candil de la calle, oscuridad de la casa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, para referirse al punto de acuerdo de la Primera Comisión, que exhorta al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República, a poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Compañeras y compañeros senadores, diputados. Antes que nada, reconocer la sensibilidad y la oportuna presentación de este punto de acuerdo a cargo de la compañera diputada Violeta Lagunes.
A veces, compañeros legisladores, en la vorágine de los acontecimientos o en el supuesto replanteamiento de las grandes cuestiones nacionales, vamos perdiendo la ejecución, el hilo conductor de las políticas públicas que hacen realidad o que deben hacer realidad el combate directo a fenómenos como este lacerante problema del narcotráfico y su derivación en el narcomenudeo.
En segundo término, reconocer que ninguna entidad de la República está exenta de este mal que se expande y se prodiga por todos lados, y seguramente tampoco lo está el estado de Puebla, al tiempo que quiero hacer notar, no obstante, que es de las entidades federativas con un menor índice delictivo.
Baste mencionar, por ejemplo, que sólo este mes —tengo aquí la estadística de ejecuciones vinculadas al narcotráfico— hay 132 ejecuciones registradas en el sistema de información de procuración y en el de seguridad pública y no aparece el estado de Puebla con un solo fenómeno de esta naturaleza.
Insisto, no quiere decir que Puebla no esté exento de este riesgo. En el distrito mismo que yo represento se han desatado últimamente algunas manifestaciones preocupantes de violencia, derivadas de la ubicación geográfica de esa región en su comunicación al sureste del país.
Me parece que otro tema vinculado al punto de acuerdo que hoy abordamos y que yo he referido en una iniciativa de reformas que presenté a la Ley de Seguridad Pública y en otra relativa que habré de presentar sobre la distribución de los recursos dedicados a este tema, me parece que es también de fundamental importancia.
El propio sistema nacional de seguridad pública tiene esa esencia: reconoce que resolver el problema de la seguridad, garantizar eficacia en la procuración y administración de justicia reclama justamente de la operación de ese sistema nacional de seguridad pública. Está normado, hay un consejo nacional, hay fórmulas para distribuir los recursos, pero desafortunadamente no de manera equitativa.
Se mantiene una tendencia a concentrar los recursos en el centro; sólo el cuatro por ciento de los recursos destinados a la seguridad pública y a la administración y procuración de justicia están en un contexto de descentralización.
De manera que nos sumamos hoy a esta exhortación que presenta el punto de acuerdo, en lo general, para revisar los operativos y los programas conjuntos con todos los estados en materia de narcomenudeo y, en lo particular, como lo dice el punto de acuerdo, con el estado de Puebla y, al mismo tiempo, reiteramos el imperativo de que esta Asamblea y la propia Cámara de Diputados y de Senadores y de que sus comisiones respectivas de seguridad pública asuman a la brevedad, con mayor rigor, un proceso de reflexión que nos conduzca a una distribución más equitativa de los recursos destinados a este fin, de modo que podamos hacer realidad la concurrencia que establece el sistema nacional de seguridad pública. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. De la Segunda Comisión de trabajo, tiene la palabra el senador José Calzada para hablar del tema de la Tercera Comisión de trabajo relativo a la solicitud al gobierno federal para la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche de Liconsa.
El senador José Calzada Rovirosa: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores. No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre este tema de trascendencia para la economía de las familias mexicanas. Como es del conocimiento de todos ustedes, en la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Raúl Cervantes Andrade presentó un punto de acuerdo por el que solicitó al gobierno federal la aplicación de un subsidio de 50 centavos al precio del litro de la leche que distribuye Liconsa.
Lo anterior derivado del incremento del precio en ese producto básico desde el día 17 de noviembre, acto que nosotros recriminamos y conminamos desde aquel entonces al Ejecutivo federal para que no ocurriera y disminuyera en consecuencia, el precio de la leche.
En tal virtud, el día de ayer en sesión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, los integrantes de la misma nos avocamos al estudio del citado punto de acuerdo en donde ––y hay que reconocerlo–– en un ejercicio de responsabilidad política y social, éste fue aprobado por todos los grupos parlamentarios, con la finalidad de exhortar al Ejecutivo federal, para otorgar dicho subsidio.
Me parece que es de suma importancia subrayar el hecho, de que en un ejercicio de entendimiento político el Poder Ejecutivo ha actuado en consecuencia a los pronunciamientos del Poder Legislativo y a los requerimientos de la sociedad y ha anunciado la disminución del precio de la leche Liconsa, para pasar de 4.50 a cuatro pesos.
De tal suerte, que celebramos este reciente entendimiento y hacemos votos porque en adelante podamos siempre coincidir en las soluciones que requiere nuestro país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador José Calzada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario senador Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. El siguiente apartado es el relativo a las iniciativas de los señores legisladores. Hemos convenido en la Mesa Directiva otorgar un tiempo de cinco minutos para la presentación de iniciativas, en virtud de la gran cantidad de asuntos que están inscritos. Con la tolerancia necesaria, si algún legislador necesitará más tiempo, así lo haremos.
Se recibió del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Se recibió del grupo parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa de ley que establece la contribución especial para la prevención del tabaquismo y adiciona la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros legisladores, diputados y senadores. El día de hoy presentamos una iniciativa que tiene que ver con buscar disminuir el uso del tabaco.
Y con esto quiero decirles que el tabaco es una de las sustancias que son de las pocas o la única que se utiliza de manera legal y que de cualquier forma y de cualquier manera en su uso ocasiona daño a quien lo utiliza. Por esto quiero decirles que esta iniciativa tiene el objetivo de informar a la ciudadanía, de generar un proyecto de educación en el ciudadano y también buscar que el ciudadano mida sus riesgos en el uso del tabaco.
Es una iniciativa que presentamos ambos diputados, el diputado Héctor Jaime, presidente de la Comisión de Salud y un servidor, con la intención de buscar recaudar recurso necesario y suficiente para que el recurso que se utilice en la publicidad del tabaco sea la cantidad, de la misma cantidad que se utilice en la información al ciudadano; partiendo de un principio fundamental del derecho a la información a los ciudadanos, así como se utiliza recurso para promocionar los productos, también esta cantidad de recursos tendrá que ser la que reciba de manera adicional el sector salud, para que pueda combatir este tipo de enfermedades.
Y esto tiene que ver con las cifras que hoy aquejan a este país: 25 mil muertes anuales en este país por causas del tabaquismo y sus consecuencias. Esta iniciativa tiene como propósito no solamente recaudar para informar a la ciudadanía, sino cumplir un segundo precepto que es buscar continuar con un acuerdo que se tiene con la Organización Mundial para la Salud, que es el convenio marco para el control del tabaco.
Este convenio aplicará en el 2008, en tanto esto sucede nosotros buscamos que los ciudadanos diputados y diputadas, senadores y senadoras, puedan aprobar esta modificación a la ley, para que podamos entonces considerar un recurso extraordinario, una aportación extraordinaria. La misma cantidad que se utilice para la publicidad sea la misma cantidad que se utilice para la información del ciudadano.
Pido por obviedad de tiempo se integre el texto de la iniciativa de manera íntegra. Es cuanto, diputada presidenta. Pido que se turne a la comisión correspondiente.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antes de dar la palabra al senador, si fueran tan amables los señores legisladores de poner orden en la sala por favor y escuchar al orador.
El senador Mario López Valdez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados, diputadas, senadores, senadoras. Como miembro de la fracción del Partido Revolucionario Institucional vengo a proponer una reforma y una adición a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ningún Estado, que se precie de ser democrático y moderno, puede soslayar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la coexistencia entre un régimen de libertades y un sistema económico que permita el acceso de los seres humanos a los satisfactores necesarios para su mejor subsistencia no sólo es posible sino deseable.
Es por eso que los actores políticos no debemos únicamente enfocar nuestros esfuerzos a combatir la indignante miseria en que se encuentran millones de mexicanos; sino también a construir los controles que limiten los actos arbitrarios de las autoridades.
Los regimenes que pregonaban el sacrificio de los derechos humanos en aras de la gobernabilidad, han pagado con su propia viabilidad el precio de no haber generado espacios suficientes para la expresión ciudadana. Aprendamos de esas lecciones y no las echemos en saco roto.
Desde hace varios lustros, en nuestro país se ha generado una cultura de derechos humanos que aunque vilipendiada por aquéllos a quienes las prerrogativas de los gobernados les resultan incómodas han echado raíces profundas en nuestro sistema legal y sobre todo en la conciencia de los mexicanos.
La población actualmente se encuentra más consciente sobre el alcance de sus derechos; los ciudadanos saben que en caso de algún desvío de poder cuentan con las instancias legales a las cuales pueden acudir de manera gratuita. La población tiene la certeza de que los actos de las autoridades deben ser vigilados permanentemente y sujetos al escrutinio de la opinión pública.
Grupos que han sido víctimas de la exclusión poco a poco han ido ganando espacios para manifestar su deseo de ser respetados e incluidos en los beneficios que brinda el desarrollo. En concreto, los hombres y las mujeres de este país ya no están dispuestos a sumirse en la desesperanza y en la resignación.
En la construcción de esta cultura ha sido decisivo el papel que desempeñaban los organismos autónomos encargados de la defensa de los derechos humanos, especialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de acciones concretas, tales como campañas informativas, atención al público, publicación de obras especializadas, concursos académicos y literarios, ferias temáticas, la capacitación de servidores públicos y el apoyo de programas surgidos de la sociedad civil, entre otras, el llamado ombudsman se ha sabido ganar el respeto de la población y un lugar en la conciencia ciudadana.
Sin embargo, las acciones antes mencionadas, sin dejar de ser importantes para el organismo federal, defensor de los derechos humanos, tampoco puede afirmarse que sean sustantivas en su diario funcionamiento. La recepción de quejas y denuncias; la investigación de aquellas conductas que pueden presumirse como violatorias de los derechos humanos; la coalición entre las partes del conflicto, y sobre todo, la emisión de recomendaciones hacia las autoridades señaladas como responsables, deben considerarse de primordial importancia, toda vez que a través de las mismas es posible subsanar los errores y desvíos de poder en que hayan incurrido los gobernantes, resarciendo así a las personas en el goce pleno de sus prerrogativas.
Ahora bien, aún cuando la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se traduce en una fuerte llamada de atención a la autoridad señalada como responsable, esta no es suficiente en muchos casos para obtener la reparación del daño causado a los gobernados, debido a la propia naturaleza de las recomendaciones, ya que las mismas carecen de fuerza vinculatoria.
En efecto, a diferencia de un fallo judicial, el acatamiento de las recomendaciones resulta discrecional para las autoridades a las cuales se encuentra dirigida, por lo que debe concluirse que la fuerza de ésta radica en la solvencia y credibilidad del organismo que la emite, así como en su repercusión ante la opinión pública e incluso internacional.
Si bien es cierto no resulta deseable modificar la naturaleza de las recomendaciones, tampoco debemos desconocer que el marco legal vigente permite a los gobernantes correr el riesgo de hacer oídos sordos a los llamados del ombudsman nacional, sin que para ello deban pagar un costo muy alto, resultando que en no pocas ocasiones que el rechazo viene acompañado de la fanfarronería y de un discurso en el que se pondera la mano dura y la supuesta firmeza, cuando lo que en realidad se pretende encubrir es la vena autoritaria de quien así actúa.
Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que durante el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2005, el ombudsman nacional emitió 51 recomendaciones, seis de las cuales no fueron aceptadas y dos aceptadas, pero sin que las autoridades a las cuales fueron dirigidas ofrecieran pruebas de cumplimiento.
Por otra parte, las anteriores cifras podrían resultar intrascendentes, de no ser porque la propia Comisión de Derechos Humanos en su balance de 2000 al 2006 en materia, señala que el sexenio recién concluido se puede caracterizar en la materia de observancia y cumplimiento de los derechos humanos como insuficiente, y concluye que la administración federal que termina su período deja una herencia importante de aspectos pendientes y de puntos de agenda no resueltos que deberá atender el nuevo gobierno.
De conformidad con lo anterior, resulta necesario incluir en la legislación vigente mecanismos que eleven a las autoridades omisas el costo de su rechazo o incumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como también que involucren a otros órganos de Estado con respecto a las prerrogativas de los mexicanos, por lo que se propone una adición al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo 46–Bis a la ley que rige el funcionamiento del órgano.
Sin lugar a dudas, la aprobación de la siguiente iniciativa incidirá en la conducta de los servidores públicos, contribuirá al apuntalamiento de nuestras instituciones y brindará a los gobernados mayores espacios para el ejercicio de sus libertades. En virtud de lo anterior se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Primero. Se adiciona el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para seguir como sigue:
Artículo 102, apartado B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier actividad o servidor público con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Asimismo establecerán procedimientos internos en sus ámbitos de competencia mediante los cuales puedan citar a comparecer a los servidores públicos que rechacen o incumplan las recomendaciones emanadas de estos órganos a fin de justificar su actuar.
Segundo. Se adiciona un artículo 46–Bis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue:
Artículo 46–Bis. La Cámara de Diputados y el Senado de la República, indistintamente, a través de sus comisiones de derechos humanos, citarán a comparecer a cualquier servidor público de la administración pública federal, estatal o municipal, para que informe las razones de su actuación, cuando la autoridad responsable no acepte total o parcialmente una recomendación o si es omisa después de haber transcurrido el término que señala este ordenamiento para informar si acepta o no dicha recomendación.
Segundo. La autoridad responsable que no cumpla total o parcialmente con la recomendación previamente aceptada en el plazo que señala la presente ley.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de su presidente estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se desahogue la comparecencia del servidor público y podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por una sola vez sobre la no aceptación o incumplimiento de la recomendación. Su intervención será en los términos dispuestos por la normatividad que rige el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Los quejosos o denunciantes que hayan dado origen a la investigación de oficio o sean parte de la queja que haya motivado la recomendación, podrán observar sin derecho a voz, el derecho, el desarrollo de la reunión de trabajo para la comparecencia del servidor público.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos que cite al servidor público deberá entrar a la reunión de trabajo para la comparecencia a los quejosos o denunciantes, a efecto de que si ellos lo estiman oportuno puedan estar presentes en la misma.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firma el senador Mario López Valdez, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, señor senador Mario López Valdez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
Señores legisladores, les recordamos que el señor Presidente hizo mención de que hubo un acuerdo de la Mesa Directiva para procurar presentar estos puntos en cinco minutos, vamos a poner el reloj en 10 minutos, si alguien se tarda cinco, seis, siete minutos, qué bueno, pero les pedimos que no se pasen de los 10 minutos que reglamentariamente tienen derecho, por favor.
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que deroga el párrafo tercero la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, senador.
El senador Jorge Legorreta Ordorica: Compañeras y compañeros legisladores. La actual Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996, con el objeto de adecuar la legislación ambiental, con los acuerdos internacionales signados por México y para construir un sistema jurídico completo que regulara de manera clara la problemática ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Uno de los instrumentos más importantes introducidos en esta Ley, fue la evaluación de impacto ambiental como una figura jurídica que intentara mitigar los impactos ambientales producidos por el hombre en el medio que le rodea, ya que anteriormente se llevaban a cabo obras de alto impacto sin ningún control.
Tanto la participación ciudadana como el derecho a la información y a la participación quedaron muy limitados, al referir que sólo las personas de la localidad podrían solicitar una consulta pública sobre los proyectos a realizar.
Esto contradice derechos fundamentales establecidos internacionalmente, tales como la declaración de Río, que en su principio 10 establece claramente lo siguiente: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda.
"En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones.
"Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos".
Por otra parte, en nuestra Constitución se establecen derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente adecuado, el derecho a la información por parte del Estado y la facultad para solicitar dicha información pública gubernamental.
Así pues, el concepto de derecho a la información se convirtió en una expresión familiar para la prensa y para la comunidad académica dedicada al estudio de la comunicación en México, a partir de la visión al artículo 6º constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.
En dicha reforma se planteó el derecho de todo habitante a ser informado y precisamente informado por el Estado. Hoy en día las garantías liberales de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información.
Mientras el derecho público subjetivo que se genera con las libertades de expresión y de información, también demanda un deber del Estado, entiendo, como derecho de acceso a la información público, mismo que requiere de un deber de acción consistente en poner a disposición del público los archivos y datos de esos órganos constitutivos, habida cuenta de que sólo de esa manera el individuo estará en posibilidades de ejercer este derecho.
Por otro lado, en México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición, desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional. El artículo 8º constitucional consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta, ambos aparecen concebidos en términos universales.
Es decir, se reconoce a todos los individuos que habitan en el territorio nacional y consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexicanos, tanto los ciudadanos como cualquier habitante, para elevar ante los órganos o servidores públicos, una petición, solicitud o queja.
En este sentido, el 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un gran logro en el quehacer democrático en México.
Esta Ley se aplica a todos los Poderes públicos y establece como principio básico el que toda información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma. Una norma muy importante la constituye lo establecido por el artículo 40 de dicha ley, que hace innecesario el interés jurídico de las personas para solicitar información.
Esto significa que no será necesario ser originario de ningún estado y ni siquiera poseer la calidad de ciudadano para solicitar información; tampoco se requiere justificar para qué se requiere dicha información.
En ese sentido se presenta esta iniciativa, que tiene por objeto adecuar en la legislación ambiental, la participación social y el derecho a la información de las personas, establecido tanto por los artículos 4o. 6o. y 8o. de nuestra Carta Magna, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Derivado de lo anterior, se propone eliminar el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública, para cumplir y hacer coherentes los ordenamientos de esta Ley con los principios constitucionales en la materia.
De igual forma, se remite a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo que se refiere a la reserva de información que pudieran solicitar los promoventes.
De la misma forma, en el capítulo sobre derecho a la información ambiental se adecuan los lineamientos anteriores y se elimina el requisito de manifestar por escrito el hecho de que el solicitante de cierta información debe especificar los motivos de su petición, ya que sería contrario a los ordenamientos y derechos mencionados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, diputada Presidenta. Simplemente le pido que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma en cuenta la petición, senador Jorge Legorreta Ordorica. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el senador Gabino Cué Monteagudo, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso de la Administración Pública Federal.
El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y senadores. En economía procesal le ruego se inscriba íntegramente el texto de la iniciativa que vengo a proponer en el Diario de los Debates, así como esta breve intervención, en la que me permitiré enunciar de manera puntual el espíritu de nuestra propuesta.
De igual forma, le solicito que ésta se integre al expediente que se turne a las comisiones legislativas correspondientes, ya que constituye un complemento que refuerza la exposición de motivos.
¿Quién, en cabalidad de sus facultades, confiaría su dinero y su patrimonio a un desconocido? Evidentemente la respuesta es que nadie. Lo mismo sucede con las cuestiones hacendarias del país. Nadie puede negar que es de suma importancia conocer los antecedentes, trayectoria, vínculos y lealtades, incluso de aquellos hombres y mujeres a quienes se encomienda el manejo de los dineros públicos de la nación para evitar, en la medida de lo posible, situaciones sorpresivas que podrían provocar desconcierto, incertidumbre e incluso, daño al patrimonio de la nación.
El problema esencial radica en que existe una confusión en cuanto a la terminología, ya que no existe regulación legal vigente que establezca a ciencia cierta quiénes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que se hace apremiante especificar cuáles son las oficinas consideradas como tales y así poder ejercer a cabalidad la facultad que tiene el Senado de la República en un plazo determinado, para ratificar a dichos funcionarios.
Tal atribución constitucional de ratificación cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, sin embargo, en ninguno de esos procesos se contempló de manera clara la especificidad de dichos cargos. Tales vicios de claridad han dificultado saber quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como determinar cuál es el ramo hacendario al que corresponden.
El ejemplo más claro y reciente nos remite al mes de diciembre pasado, cuando al inicio de la presente administración y al tenor del proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, incomprensiblemente las oficinas respectivas se encontraban acéfalas.
Es decir, no había titulares en pleno ejercicio de sus funciones que asumieran y ejercieran sus atribuciones, debido a que las propuestas enviadas por el Presidente de la República no habían sido ratificadas por el Senado para que éstos asumieran su cargo, por lo que se generó un escenario de discontinuidad en las labores trascendentales del funcionamiento de la administración pública federal y hasta del país, provocando con ello que el proceso de ratificación no se realizara de manera reflexionada ya que éste resultaba inaplazable.
En un maremagnum de cargos a ratificar pasó de largo la importancia de las particularidades y especificidades de cada una de las oficinas a ocupar, así como la curricula de los candidatos.
Es en este momento también como aún faltan de ser ratificados algunos nombramientos también de empleados superiores de Hacienda, en virtud de que esta soberanía no ha recibido las propuestas correspondientes.
Debemos, pues ejercer y fortalecer de manera real las facultades exclusivas del Senado de control sobre la materia y la única forma es a través de la ley. Por eso hoy vengo a poner a su apreciable consideración la presente iniciativa para reformar la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El propósito de la propuesta es establecer de manera precisa en nuestra Ley Suprema, quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como fijar un período máximo de 10 días naturales para que el Senado de la República ratifique la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo federal.
Además se propone que todos los suplentes de los servidores públicos, cuando éstos participen en órganos de gobierno de entidades de la administración pública descentralizada y paraestatal, sean también ratificados por el Senado de la República, ello para hacer más transparente el proceso de ratificación de los mencionados funcionarios.
Así pues, el ánimo de la presente propuesta es robustecer nuestras instituciones, en primer lugar, con la idea de que el Senado de la República ejerza verdaderamente su facultad exclusiva respecto del Ejecutivo en cuanto a la ratificación de las designaciones de funcionarios hacendarios de alto nivel y segundo, a fin de que se tenga conocimiento de causa de quiénes estarán encargados de conducir y ejecutar la política económica y hacendaria del país, así como de aquellos que estarán al frente de oficinas clave para el desarrollo económico del mismo. En pocas palabras, señoras y señores senadores y diputados, el tesoro de la nación y el patrimonio de los mexicanos.
Compañeras y compañeros. Espero que esta iniciativa genere el consenso de todos los grupos parlamentarios respecto a los beneficios y contribución a la transparencia del ejercicio gubernamental y así contar con su respaldo para su pronta discusión y aprobación. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Gabino Cué Monteagudo, ha tomado cuenta de su petición inicial el ciudadano Secretario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Compañeras y compañeros legisladores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, párrafo tercero, establece que las leyes fijarán bases para que se señalen en precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.
En consecuencia, el Estado mexicano cuenta con plenas facultades constitucionales para establecer precios máximos a los productos básicos de consumo generalizado. También la Ley Federal de Competencia Económica establece, una serie de hipótesis que tienden a fomentar la libre competencia entre los distintos agentes económicos y combatir las prácticas monopólicas.
En nuestro país la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo federal para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo. En 1951 se expide por parte del Presidente de la República, el decreto que señala con precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos de términos de esta Ley.
La iniciativa que hoy sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica, que una serie de productos básicos del consumo popular deben ser sujetos de precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos.
Entre las razones de esta iniciativa, se cuenta el hecho de que actualmente el pueblo mexicano está padeciendo una escalada de precios de los productos de consumo básico, el aumento del precio de las gasolinas y de la leche Liconsa durante las últimas semanas del régimen foxista fue el preludio de la desgracia que se empezaría a vivir con la nueva administración federal en materia de precios de los bienes de consumo popular.
Desde los primeros días del mes de enero del año en curso, el pueblo de este país y los más pobres entre los más pobres, amanecieron con un nuevo precio en la tortilla; el incremento alcanzó en algunos lugares hasta 15 pesos por kilo. Históricamente la tortilla ha sido el principal consumo de los mexicanos.
Existen estados del país como Yucatán, donde se estima que en promedio a diario sus habitantes consumen de forma individual más de 16 tortillas al día, en otros oscila entre seis y ocho tortillas diarias. En contraparte, el INEGI reconoce que actualmente en nuestro país existen 11 y medio millones de trabajadores en la economía informal, lo que representa el 27 por ciento de la población ocupada.
Pero el asunto no termina ahí; de los casi 42 millones de mexicanos que el gobierno federal reconoce como población ocupada, más de 10 millones de ellos apenas perciben un salario mínimo al día. Nunca antes en la historia de México se ha podido comprar menos kilos de tortilla con el salario mínimo que en la actualidad.
Compañeras y compañeros legisladores. Los regímenes neoliberales postulan que los precios de todos los bienes que se comercializan deben ser fijados por el mercado, reivindican como credo económico a la libre competencia; pero se les olvida, que en el contexto actual del desarrollo de la economía mexicana tal libre competencia no existe, porque los mercados están constituidos por oligopolios que son los que fijan las reglas del mercado.
Por esa razón, los precios de los bienes básicos no pueden separarse de este feroz control del mercado por parte de los grandes grupos económicos financieros que dominan nuestra economía.
El campo mexicano no escapa a este control oligopólico. Por ejemplo, el maíz está dominado por dos grandes empresas que son Maseca y Minsa, las cuales detentan el control de la comercialización y los cupos de importación de este grano, lo que les permite fijar el precio, además de que especulan con este producto básico cuando el abasto es desfavorable debido al ciclo agrícola.
Esta situación aplica para todos los productos agropecuarios, entre ellos los que consume de manera generalizada el pueblo mexicano como serían: el maíz, el fríjol, el arroz, el trigo, el huevo, el azúcar y la leche, entre otros.
Cabe recordar que durante la vigencia del modelo de estado keynesiano en nuestro país, la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conasupo, permitió que tanto productores como consumidores contaran con el apoyo estatal en diversos ámbitos que abarcaba la promoción de la producción para la comercialización y la fijación de precios.
Sin embargo, con el arribo de los gobiernos neoliberales, a partir de 1983, atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, del Banco Mundial, se inició el desmantelamiento del estado del bienestar para instaurar el brutal régimen neoliberal que impulsó la privatización y extinción de empresas que cumplían un fin social como lo fue la Conasupo.
En este orden de ideas, el régimen neoliberal abandonó de manera deliberada al campo mexicano, lo que a la larga generó una pérdida de la soberanía en materia alimentaria en nuestro país, a grado tal que atravesamos una coyuntura de escasez en granos básicos que no vamos a resolver en el corto plazo. Por eso es necesario que protejamos a los consumidores más pobres de este país, con la fijación de precios máximos a los bienes que esta iniciativa hace referencia.
Solicito a la Presidencia que la versión íntegra de esta iniciativa sea publicada en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadana diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2o del Código Fiscal de la Federación.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros legisladores. Esta adición es presentada por el diputado Héctor Jaime Ramírez, el diputado Barba y un servidor, con la intención de hacer una adición al Código Fiscal de la Federación para hacer la adición en el artículo 2o. Del 1o. al 4o. quedarían íntegros, como se encuentran en este momento y sería una adición de un 5o. que quedaría de la manera siguiente.
Sería para buscar que se contemplaran las contribuciones especiales al gasto y quedaría así: Contribución al gasto son las atribuciones que recauda el fisco federal para sufragar una función pública específica o generada por actividades lícitas que originan un beneficio individualizable para quienes la realicen. Esto, con el objetivo de evitar que se encuentre este vacío que en este momento tenemos en el Código Fiscal. Finalmente esto es para buscar que la recaudación sea de manera adecuada. Es cuanto diputada Presidenta. Pido se turne a la Comisión correspondiente. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Se toma en cuenta la petición que hizo el diputado.
Tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 47, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Con su permiso, Presidenta. Legisladoras y legisladores. Cuando existe incertidumbre provocada por el desconocimiento de los límites territoriales entre las entidades federativas, la consecuencia es que en algunos de estos casos las autoridades de los estados no pueden ejercer plenamente sus facultades de mando en el área de conflicto, lo que provoca además la imposibilidad de los ciudadanos de cumplir con sus obligaciones, entre las que podemos mencionar las fiscales, electorales, administrativas, al desconocer cuál es el gobierno del estado al que deben recurrir.
Por lo tanto, en nuestro papel de legisladores debemos atender esta demanda de las partes integrantes de la Federación, expidiendo al efecto las reglas claras y precisas que permitan la solución técnica y jurídica de conflictos limítrofes entre las entidades federativas.
Ahora bien, el Capítulo Segundo del Título II de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional prevé todo lo relativo a este tema en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.
Así, el artículo 42 constitucional, sin definir jurídicamente el concepto de territorio, se limita a hacer una descripción o enumeración de lo que comprende el territorio nacional.
El artículo 43 establece cuáles son las partes integrantes de la Federación mexicana. El 44 constitucional hace referencia al territorio del Distrito Federal, pero sin determinar cuál es éste. El 45 se limita a señalar que la extensión de límites territoriales de los estados de la Federación son los que hasta el día de hoy se han tenido, siempre y cuando no haya dificultades en cuanto a ellos.
Actualmente y derivado de la reforma constitucional efectuada a los artículos 46, 73, fracción IV y 76 fracciones X y XI de la Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre del año 2005, el citado artículo 46 prevé la posibilidad de arreglar los límites mediante convenios amistosos, los cuales siempre deberán ser aprobados por la Cámara de Senadores.
Adicionalmente, compañeros legisladores, y por su fundamental vinculación con el tema que nos ocupa, no se debe soslayar el contenido de las fracciones X y XI del artículo 76 constitucional, el cual señala que son facultades exclusivas del Senado autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas, así como resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.
Por lo tanto, compañeras, podemos observar que la intención del constituyente y del legislador ha sido siempre la siguiente: que ante la división territorial virtual que existe en nuestra Constitución, las entidades federativas puedan arreglar entre sí, mediante convenio amistoso, sus límites territoriales, el cual siempre deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores para poder tener efectos.
De esta forma, la presente iniciativa se justifica con mayor razón porque los integrantes del Senado de la República tenemos la obligación constitucional de participar de forma eficaz y eficiente en la solución de los conflictos que se susciten con motivo de los límites territoriales, buscando con ello garantizar y preservar la paz social de las entidades federativas de todo el país.
Por lo tanto, a fin de darle la eficiente viabilidad y operatividad a la reforma efectuada a los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que vengo a someter a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que contiene la ley reglamentaria de los artículos 46 y 76, fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por obvio de tiempo y como lo había solicitado al Presidente, le solicito a la Presidencia si pudiera insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención compañeros, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Agradecemos la sensibilidad del senador Alejandro Moreno Cárdenas, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y se toma en cuenta su petición.
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su permiso, señora Presidenta. El secuestro es sin duda uno de los delitos que más lesionan a la sociedad y por supuesto a las familias, lastiman y marcan de por vida a sus integrantes.
No imagino peor dolor, que el de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y los mantienen en la incertidumbre sometidos a una brutal presión sicológica, exigiendo cualquier cantidad a cambio.
La de aquellos a quienes les han arrebatado a un ser querido y no vuelven a verlos, viviendo siempre con la incertidumbre de su suerte. La de aquellos a quienes les arrebatan a sus seres queridos y se los devuelven sin vida o la de aquellos a quienes se las devuelven en partes.
Hace ya muchos años, el secuestro era visto en nuestro país, como aquellos eventos que ocurrían en aquellos lugares donde se tenían problemas sociales fuertes y presiones de terrorismo, sobre todo en problemas sociales que ocurrían en Europa; sin embargo, en la década de los ochenta, México mostró ya signos preocupantes en la frecuencia de estos delitos.
De los registros con que contamos a partir de cifras oficiales y de estudios de reconocidas organizaciones no gubernamentales, se tiene que el porcentaje de incidencia ha ido desde 1986 siempre a la alza, concentrándose la gran mayoría de estos eventos en el Distrito Federal y en el Estado de México.
Tan sólo en el D.F., de 1997 al 2004, el incremento que se registra es de más del 750 por ciento y el porcentaje de asesinatos registrados de las víctimas de secuestro. Igualmente en el país se tienen incrementos dramáticos, teniéndose que en el 2005 los asesinatos fueron del orden del 35 por ciento.
Al sufrimiento, tortura y agonía hay que sumar el quebranto económico, que por supuesto es importante, pues es fruto de toda una vida de esfuerzos que se ven perdidos en una pesadilla que nunca termina. Los esfuerzos de ciudadanos ejemplares por buscar justicia deben ser considerados en toda su magnitud; sobre todo para acicatear a quienes debemos responder en lo que nos corresponda, para evitar que existan esas desesperadas exigencias de justicia.
Entre 1986 y 1994, los datos que tenemos sobre la incidencia de este delito son realmente confusos, pues la prensa nos los registraba con la amplitud requerida y las cifras oficiales, evidentemente no reflejaban la realidad, el secuestro incluso se ha ido modificando. Hoy, los delincuentes optan cada vez más por infringir un mayor maltrato a las victimas, buscando así conseguir un mayor rescate.
Por todo ello, no podemos caer en la indiferencia, no podemos caer en la negación o la minimización, sobre todo ante acciones contundentes que vienen de la sociedad. El 80 por ciento de las naciones, no tienen secuestro y Colombia, que fue uno de los países con mayor incidencia de este delito, ha logrado reducirlo hasta en un 90 por ciento, de acuerdo a los estudios a los cuales hemos tenido acceso. Esto sólo se logra con un esfuerzo decidido por parte del Estado y nosotros somos parte del mismo.
Por todo lo anterior y mucho más, presento este proyecto de decreto al Código Penal Federal, para endurecer las penas y que sean éstas un desaliento a las personas que practican este delito. Se propone la adición de un numeral al artículo 24 del Código, para considerar la prisión vitalicia como una pena y medida de seguridad.
Asimismo se propone modificar el artículo 25 para contemplar la pena vitalicia en caso de secuestro, cuando se tenga la pérdida de vida del secuestrado. Cuando el secuestrado sea menor de 18 años o mayor de 60 o cuando por cualquier circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental.
Igualmente se contempla la hipótesis de tipo agravado como la mutilación de las víctimas de secuestro, tomando en consideración que esta conducta refleja la alta peligrosidad del sujeto activo del delito; por lo cual este tipo de acción deba atenderse con la pena más alta.
Adicionalmente se considera necesario precisar con mayor detalle la conducta contemplada en el artículo 366 del Código Penal Federal en su fracción B, la cual alude al sujeto activo que sea o haya sido miembro de alguna institución de seguridad pública, agregando la hipótesis a los miembros que forman o formaron parte de la estructura de la administración de justicia.
Por último, se propone eliminar la fracción V del artículo 366 bis del Código Penal para evitar que la persona que contribuya en el pago del rescate sea objeto de alguna sanción por su participación en el proceso.
Por supuesto que incrementar las penas no es suficiente. Por supuesto que los reclamos de quienes ven en estas medidas esfuerzos vacíos son justos, en función de los resultados que hoy se registran.
Sin embargo, esta propuesta busca ser el inicio de un gran esfuerzo conjunto para erradicar el secuestro en el país y esto sólo será posible con la decidida participación del gobierno, todo para atacar de frente la impunidad, con el reconocimiento de la magnitud del problema, con investigación a fondo de aquellos servidores públicos que protegen a los secuestradores, con la profesionalización de las investigaciones y el seguimiento puntual a los delincuentes.
La propuesta de prisión vitalicia como principio para abatir el secuestro, sólo será efectiva si el Poder Ejecutivo, si las instancias encargadas de la persecución del delito y la impartición de justicia hacen su trabajo de manera ética, profesional y con amor a México.
Señora Presidenta, le pido que el texto de lo que acabo de leer se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Por la atención de los que la prestaron, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Muchas gracias, compañera Presidenta. Decía yo en una intervención, a propósito del Presupuesto de 2007, que había necesidad —como se ha estado haciendo— de corregir, de precisar algunos temas que producto de la inmediatez en que se dio el proceso legislativo que analizó y dictaminó las iniciativas de ley y de decreto de Presupuesto del titular del Poder Ejecutivo.
Proceso que afortunadamente se ha venido dando con la pertinente y oportuna intervención de los señores coordinadores y la actitud receptiva del ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público. Pero hay temas que no se pueden subsanar si no es modificando la propia redacción del decreto.
De modo que acudo yo a este recurso parlamentario para tocar uno de estos temas. El tema de la distribución de los tiempos oficiales de radio y televisión a que alude el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Veo también con satisfacción que esta preocupación se ha extendido al observar un punto de acuerdo sobre el mismo tema, apuntado por el compañero senador Ricardo Monreal, que si bien diferimos en cuanto a las proporciones que estamos proponiendo uno y otro, me parece, senador Monreal, que más que un punto de acuerdo como usted lo propone, en este momento lo que procede si queremos avanzar en ese tema, si hay decisión política de la mayoría de los diputados federales, en este caso que es materia exclusiva de los diputados tendría que ser una reforma al decreto de Presupuesto, tal y como lo estoy presentando en este caso.
¿Por qué razón? Me parece que la cultura parlamentaria tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente la función legislativa de los representantes populares, y la representación popular tiene una jerarquía superior a la función propiamente legislativa. La función legislativa parlamentaria es parte de la representación popular.
Hay dos temas, los he presentado yo en una iniciativa anterior de reformas a la Ley Orgánica del Congreso, de reformas a la Ley de Radio y Televisión, hay dos funciones que son justamente el derecho de opinión en los legisladores, consagrado constitucionalmente en el artículo 61, para eso existe el fuero constitucional; se redactó en su momento en la Constitución cuando no estaba la presencia dinámica, la presencia generalizada de los medios electrónicos, pero en última instancia, el artículo 61 de la Constitución alude al fuero constitucional que garantiza el derecho de opinión de los legisladores.
El otro tema que no tocaré hoy, sino en otra iniciativa, es el de la mediación social, abordado ya en varios de los congresos locales de la República, pero que ha sido soslayado en diversas o casi en todas las Legislaturas del Congreso de la Unión, ha sido una especie de tema tabú, quizá porque no hemos entrado al fondo de este tema que es la representación popular que entraña esa representación que nos da la Constitución como representantes populares y cómo desplegarla a plenitud.
De modo que toco yo en esta iniciativa muy rápidamente, quiero comentarlo, este tema del derecho de opinión. Decía el emblemático parlamentario inglés, Edmundo Burck, que la gloria de un representante debe consistir —de un representante popular—, debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y en una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben de tener para él el gran peso; su opinión máxima respecto a los asuntos de atención incesante; dar una opinión es derecho de todos los hombres, la de los electores es una opinión de peso y respetable. Que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención.
¿Cuántos de los legisladores que formamos esta Comisión Permanente tenemos esas condiciones institucionales, materiales, para poder recrear la comunicación con nuestros electores? Dejo la pregunta para cada uno de los que somos parte de esta Asamblea.
Lo cierto es que no existen las condiciones ni jurídicas ni institucionales y habría que realizar una reforma de fondo.
Por lo pronto, la reforma que presento al día de hoy al artículo 18 del decreto de Presupuesto tiene que ver con lo siguiente: El decreto establece que el tiempo oficial corresponderá en 40 por ciento al Ejecutivo federal, en 30 al Poder Legislativo, en 10 por ciento al Poder Judicial y en 20 por ciento a los entes autónomos.
Yo propongo un avance gradual, siendo como es, que los Poderes de la Unión tienen en el ejercicio de la representación soberana una mayor jerarquía que los entes autónomos —es otro debate, por cierto, que hay que dar— avanzamos en mayor competencia de los órganos y entes autónomos, pero también en demérito de las funciones del Congreso.
Propongo entonces que ese tiempo oficial para los entes autónomos se reduzca de 20 a 10 por ciento y que en condiciones de igualdad se asigne 40 por ciento al Poder Ejecutivo y 40 por ciento al Poder Legislativo.
La otra parte de la reforma considera —si bien esta es una decisión que pueden tomar los coordinadores parlamentarios y los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores— yo he querido apuntarla en esta propuesta de reforma para llamar la atención y dejarlo anotado como un tema de agenda, que ese 40 por ciento que corresponda al Congreso de la Unión, que a su vez es dividido en la mitad para la Cámara de Diputados y la mitad para la Cámara de Senadores, sea repartido por partes iguales entre la difusión de las actividades y la información genérica del Congreso de ambas cámaras y el otro 50 por ciento sea asignado a los legisladores para que puedan tener acceso sistemático a la radio, a la televisión de sus distritos o de sus estados, según sea el caso de los senadores.
Quiero decirles además que en un muestreo que hemos realizado, el Congreso tampoco está usando plenamente el tiempo oficial. Hay radiodifusoras, televisoras locales donde no llega directamente la información del Congreso, aún sea ésta de carácter genérica, de carácter general.
Por lo tanto le pido, diputada Presidenta, se inscriba esta propuesta en sus términos y pido la solidaridad de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para reconsiderar este tema en el decreto de Presupuesto de Egresos que aprobamos recientemente y que, como he expuesto, por estas razones estimo, juzgo imperativo, que sufra algunas modificaciones como este importante caso que me he permitido proponer. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal, se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la senadora Claudia Corichi García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 175–B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Honorable Asamblea, diputada Presidenta. Intentaré apegarme al acuerdo y por eso obviaré la lectura de una parte del texto que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el día 2 de agosto de 2006, ordena medidas para lograr en todos los ámbitos la igualdad de mujeres y hombres y entre otras disposiciones previene diversos artículos. Como un ejemplo, el artículo 17 señala que la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural.
La política nacional que desarrolla el Ejecutivo federal deberá considerar los lineamientos, por ejemplo, en la parte tercera de fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
En su artículo 35 señala que la política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
En su artículo 36 señala: "Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollaran las siguientes acciones: Una, favorecer el trabajo parlamentario con perspectiva de género; tercero, evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular; cuarto, promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos".
En 1990 se publica el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esa ocasión jamás se consideró en el ordenamiento ninguna acción afirmativa o cuota de género en el registro de candidatos a diputados y senadores.
En 1990 se modifica el Código y simplemente hace un exhorto para la mayor participación de mujeres en la vida política del país; pero es hasta 1996, que en la última modificación del Cofipe, se adiciona la fracción XXII transitoria del artículo 5o donde se establece que los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento de un mismo género.
Finalmente, en el año 2002 se adicionan al Cofipe los artículos 175 A, 175 B y 175 C, en los que se establece de manera determinante que de la totalidad de candidatos a diputados y senadores que se registren de un partido o coalición, no podrán ser de un solo género más del 70 por ciento.
Que las listas de candidatos a representación proporcional se presentarán en seguimiento de tres, de los cuales uno deberá ser de distinto género de los otros dos. Estas modificaciones legales tuvieron efecto directo e inmediato en la participación política de las mujeres.
Recordemos que en 91 el porcentaje de mujeres electas a diputadas era menor del nueve por ciento. En el 2000 se alcanzó el 15 por ciento y en el 2003, el 23 por ciento. En la actual Legislatura existen 23.4 por ciento de diputadas y 17.2 por ciento de senadoras.
Si bien, la ley prevé que por lo menos un 30 por ciento de los candidatos a diputados y senadores deberán ser de un género distinto. Esto significa que en los hechos no se están cumpliendo, en los hechos, en las presentaciones, en las cámaras, las acciones afirmativas.
Como vemos, la representación de las mujeres ha crecido, sin embargo dista mucho de lo que dice el padrón electoral, en la que representamos el 51.8 por ciento.
Lo anteriormente expuesto nos indica la necesidad de seguir tomando medidas legislativas para que se disminuya la diferencia en la participación legislativa de las mujeres. Sin duda, tendremos que exhortar a los estados para igualar también sus prácticas y procedimientos en cuestión de equidad de género.
Se ha dado en los últimos meses, a partir de esta Legislatura, incluso, el caso en que protestando el cargo, la propietaria solicita licencia siendo mujer y queda el suplente como titular que es hombre, burlando así las disposiciones legales de acción afirmativa de género y cometiendo una especie de fraude a la ley.
Es por ello, por lo anteriormente expuesto, que se somete a la consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 175 B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Como punto único, quedando de la siguiente manera. Artículo 175 B: "Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres candidaturas, en cada uno de los segmentos habrá una candidatura de género distinto, garantizándose que las fórmulas de propietario y suplente tengan las mismas cualidades respecto a las acciones afirmativas de género. Lo anterior, sin perjuicio de los mayores avances, que en esta materia se le añaden las normatividades internas y los procedimientos de cada partido político".
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Claudia Corichi. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores. Tiene la palabra la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Gracias, señor Presidente. Compañeros legisladores, gran parte de mi formación se la debo al Poder Judicial de la Federación, órgano por el que siento profundo respeto por el desempeño ético y profesional de sus integrantes, por la independencia de sus funciones y por la imparcialidad y legalidad con que realizan sus resoluciones; sin embargo, está sujeto, sobre todo en la actualidad, a duras críticas.
A los juzgadores se les ha representado como a la diosa Temis, impartiendo justicia con los ojos cerrados. Se nos olvida a todos que para emitir sus resoluciones tienen que apegarse a los ordenamientos legales que ya existen y que, en tal virtud, solamente pueden realizar una labor interpretativa a través de sus propias resoluciones y a través de la jurisprudencia que emiten.
Ustedes saben que a partir de 1994 ha tenido una gran evolución, sin embargo, todavía con tristeza vemos que, frente a una ley que puede ser inconstitucional, frente a todos los mexicanos, por el principio de relatividad, es constitucional para unos e inconstitucional para otros; solamente a los que se les concedió el juicio de amparo. Y así sería una serie de ejemplos hablando de interés jurídico y autoridades responsables, existen infinidad de ejemplos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convocado a foros para hacer una modificación a la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial federal y sobre todo de la justicia en el amparo, extendiéndose también a la justicia en las diferentes entidades federativas y a la justicia penal, propuestas que todavía no han tenido suficiente eco ni en nuestros legisladores ni en la ciudadanía en general.
Hoy inicio con una serie de iniciativas tendientes precisamente a mejorar, a fortalecer la organización, estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y, concretamente, del juicio de amparo.
Ustedes saben que se ha cuestionado mucho la pensión vitalicia de que gozan los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se nos olvida también que esa pensión se estableció en el artículo 94 de la Constitución General de la República y en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposiciones que no fueron creadas por el Poder Judicial federal.
Por lo que me permito someter a su honorable consideración la siguiente iniciativa con decreto que adiciona un párrafo al artículo 183 de la Ley Orgánica del Congreso del Poder Judicial de la Federación y que en lo conducente establece.
La reforma constitucional de 1994, que fue la encargada de reestructurar al Poder Judicial federal y permitió concretamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia gozar de un beneficio económico tras retirarse de dicho cargo, hecho que se encuentra vigente en el numeral 94 de la Constitución federal y que a la letra dice:
Artículo 94. "Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarán en su encargo 15 años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título IV de esta Constitución y al vencimiento de su período tendrán derecho a un haber por retiro".
Posteriormente a la entrada en vigor de la citada reforma constitucional se expidió la ley reglamentaria de dichas disposiciones, es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en la que se estableció que el haber por retiro que percibirían los ministros sería de carácter vitalicio, tal y como lo prevé el numeral 183 del citado ordenamiento que establece:
Artículo 183. "Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100 por ciento durante los dos primeros años y al 80 por ciento durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo.
"Cuando los ministros se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho a la remuneración a que se refiere el párrafo anterior de manera proporcional al tiempo de su desempeño.
"En caso de fallecimiento de los ministros durante el ejercicio del cargo o después de concluido, su cónyuge y sus hijos menores o incapaces tendrán derecho a una pensión equivalente al 50 por ciento de la remuneración mensual que en términos de los dos párrafos anteriores debía corresponder al propio ministro. El cónyuge dejará de tener derecho a este beneficio al contraer matrimonio o al entrar en concubinato y los menores, al cumplir la mayoría de edad".
Básicamente la exposición de motivos señalaba respecto a este punto que con este sistema de jubilación se garantizaría la independencia de los ministros en el desempeño de sus funciones.
Si bien no estoy en desacuerdo con su existencia, también considero que su vigencia sin mayor condicionante que la de ser exministro, puede estimarse excesiva. Existen actualmente mecanismos que les impiden durante su encargo, así como inmediatamente después de separarse de su función, desarrollar otra actividad o cargo que pueda implicar un conflicto de intereses durante los dos años siguientes, por lo que el haber vitalicio no impide que dichos servidores públicos laboren en otro cargo público transcurridos los 24 meses de su jubilación y en tal virtud devengar un sueldo proveniente del erario público al tiempo en que continúan gozando del beneficio económico vitalicio.
En México vivimos en una etapa de renovación de las instituciones públicas, ya que éstas deben regirse bajo la política de austeridad que implementó recientemente el gobierno federal, pues el titular del Ejecutivo decretó la reducción de su salario y la de los miembros de su gabinete en 10 por ciento, como parte de su política de austeridad, anunciando además que su objetivo es regular todos los sueldos de los servidores públicos.
Estimamos que el mismo razonamiento debe operar durante la vigencia del haber vitalicio de los exministros. No puede ampliarse la prohibición de desempeñar otros cargos públicos, lo que sería inconstitucional; sin embargo considero sensato que de querer desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Federación, estados o Distrito Federal, se le suspenda provisionalmente la pensión vitalicia hasta concluir el nuevo empleo. El ahorro de dicho haber vitalicio representaría para el gobierno federal un recurso que podría canalizar en sectores altamente demandantes.
Pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, tendiente a regular los beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación evitando excesos.
Compañeros legisladores. Por las consideraciones anteriormente expuestas, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupada por contar con un marco jurídico adecuado y justa retribución de los servidores públicos, presento con todo respeto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que establece: "El haber vitalicio se suspenderá durante el tiempo que dure el desempeño en un empleo, cargo o comisión en la Federación, estados o Distrito Federal, salvo los no remunerados".
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Violeta del Pilar Lagunes. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Se recibió del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa de Ley que crea el fideicomiso que establece un subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Se acaba de recibir una comunicación de la Primera Comisión de trabajo de esta Comisión Permanente. Pido a la Secretaría dar cuenta de ésta y consultar a la Asamblea en votación económica, si se modifica el orden del día para incorporar el asunto para su discusión y votación.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, presente. Me permito remitir a usted, para su incorporación en el orden del día de la presente sesión de la Comisión Permanente, el siguiente asunto:
Dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República y al secretario de la Función Pública en materia de responsabilidades de servidores públicos. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente, diputado Javier González Garza, presidente de la Primera Comisión de trabajo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En virtud de que el dictamen se ha distribuido entre los señores legisladores, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al procurador general de la República agilice las investigaciones sobre la denuncia presentada en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los avances en torno al procedimiento administrativo iniciado en relación con las imputaciones contra el ciudadano Francisco Gil Díaz.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Primero consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta modificar el orden del día.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se consulta a la Asamblea en votación económica si se acepta modificar el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Leído el punto de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Tiene la palabra el senador Humberto Andrade Quezada, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.
El senador Humberto Andrade Quezada: Gracias, diputado Presidente. Quien suscribe, Humberto Andrade Quezada, senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes consideraciones.
El pasado jueves 4 de enero del presente año los demócratas asumieron la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América, obteniendo también en consecuencia la Presidencia de la Cámara de Representantes en la persona de Nancy Pelosi. Cabe destacar que la representante Pelosi ha sido protagonista de tres hechos históricos de gran importancia, es la primera mujer que preside la Cámara de Representantes.
En segundo lugar, como líder de los representantes demócratas, logró que estos votaran juntos en 88 por ciento de las ocasiones a discusión. Y en tercer lugar, ha sido pieza fundamental para que después de 12 años los representantes demócratas consiguiesen la hegemonía en el Congreso.
Este hecho de singular trascendencia para la vida política del vecino país, vinculado a otras circunstancias relevantes, tales como el que la reforma integral de la inmigración indocumentada, constituye ahora una de las prioridades en la agenda legislativa del Congreso de los Estados Unidos de América, así como la posición del Partido Demócrata en torno a este tema, motivan a que esta Comisión Permanente exhorte al gobierno mexicano a impulsar una política de cooperación y colaboración respetuosa con su homólogo norteamericano, que permita tanto en el asunto de la reforma migratoria como en otros puntos de necesidad y de interés mutuo, sustituir las medidas unilaterales que difícilmente logran abatir los problemas por acciones conjuntas, que a partir de una responsabilidad compartida propicien y faciliten soluciones de fondo.
Al respecto, el líder de la nueva minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch Mc Connel, ha sostenido que es posible sacar adelante una reforma migratoria durante el actual período legislativo, por lo que ha propuesto a representantes demócratas no evadir los temas difíciles y relevantes como la citada reforma y la del Seguro Social.
La posición del senador republicano coincide con la del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steney Hoyer, quien también juzga posible alcanzar un acuerdo de reforma a las leyes de inmigración.
Para México y Estados Unidos, la migración dejó de ser un simple asunto de desplazamiento poblacional para convertirse en un tema de política interna y externa con múltiples implicaciones económicas, sociales y demográficas.
Consideramos que cerrar la frontera es contrario a la sociedad económica y comercial entre México y Estados Unidos, a la vecindad de dos países crecientemente interdependientes, a la interacción necesaria en materia de seguridad y a la relación respetuosa entre dos naciones unidas por la geografía.
En este orden de ideas exhortamos a que gobernantes y ciudadanos de ambos países entendamos que la migración indocumentada no es un delito sino el resultado de procesos económicos y sociales en ambos países.
De igual manera, reconocemos que el gobierno de México necesita impulsar una política de migración que tenga en cuenta no sólo a los seis millones de indocumentados en situación de extrema vulnerabilidad sino también el surgimiento y la presencia de un movimiento social tan amplio, vigoroso y coordinado como nunca antes lo habíamos visto.
Este es un punto de acuerdo que habíamos propuesto y que estaba agendado para presentarse desde la semana anterior. Sin embargo, creemos y consideramos que la vigencia del tema va más allá de la fecha anterior o de la fecha del día de hoy.
Es un tema que debe llamar la atención y que debe aprovechar la coyuntura de lo que estamos viviendo en la nueva posición, con el liderazgo de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para que los problemas, los puntos de interés, los puntos de convivencia entre dos países, que nos unen tantos y tantos asuntos en común y una frontera de una magnitud geográfica impresionante, sean llevados con una distancia enorme de la unilateralidad.
Tenemos que abordar los temas con una óptica nueva, de tal manera que pueda entrar un punto de acuerdo que marque la relación, precisamente buscando acuerdos entre los dos países, teniendo contacto muy cercano para tratar lo que a los dos nos compete.
Insistimos, no es un fenómeno simplemente poblacional, es un tema social de profundo interés para las dos naciones.
Por las consideraciones anteriormente expuestas se somete a la atención del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición como punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su beneplácito y extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tiempo que manifiesta sus mejores deseos y parabienes al Congreso de los Estados Unidos de América en el inicio de la CX Legislatura.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos porque el Congreso Mexicano de manera conjunta con el de Estados Unidos trabajen en el marco de una responsabilidad compartida, a fin de promover una reforma integral para normar un flujo migratorio seguro, legal y ordenado entre nuestras naciones.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a que establezca contacto a la brevedad posible con su contraparte en el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de concertar y preparar la realización de la próxima reunión interparlamentaria Estados Unidos-México.
Comisión Permanente, a 17 de enero de 2007. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Humberto Andrade. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, tiene la palabra también sobre el mismo tema el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI.
El senador Mario López Valdez: Gracias, diputado Presidente. Voy a hacer uso de la voz a nombre de mi compañero senador Carlos Jiménez Macías. Estaba registrado este punto de acuerdo en el orden del día, pero al ser muy coincidente con el punto de acuerdo que ha inscrito aquí el senador Humberto Andrade Quezada, voy a sumarme con las siguientes consideraciones, a este punto de acuerdo.
Primero. Considerando que la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi ha expresado públicamente su intención de darle un gran énfasis al fortalecimiento de las relaciones norteamericanas con sus vecinos en América Latina, así como su apoyo a la legalización de los inmigrantes mexicanos.
Segundo. Que asimismo, al referirse al proyecto de ley de la construcción de un muro fronterizo con México calificó como desafortunada esta aprobación.
Tercero. Que la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha manifestado estar dispuesta a apoyar una decisión legal que respete el rol que históricamente los inmigrantes han jugado en Estados Unidos, al tiempo que se mantiene el respeto a las leyes estadounidenses.
Cuarto. Que estas manifestaciones representan un indicio de coincidencia y acercamiento entre la postura del Congreso Mexicano en su defensa de los intereses de nuestros conciudadanos y el marco de la legalidad vigente en Estados Unidos.
Por eso, a nombre del senador Carlos Jiménez Macías y de las fracciones parlamentarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y tomando en cuenta las anteriores consideraciones, suscribimos los puntos de acuerdo y nos sumamos a la urgente u obvia resolución presentada aquí por el senador Humberto Andrade Quezada. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Mario López. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el senador Mario López Valdez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo tome las medidas para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas.
El senador Mario López Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Ésta es una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y editores y realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido los medios de comunicación.
En el año que recién concluyó, México se convirtió en el segundo lugar más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo, sólo detrás de Irak, donde tiene lugar un conflicto armado.
El balance del sexenio anterior es de 28 periodistas asesinados, según la Agencia Notimex y ningún autor intelectual definido. Diez de los asesinatos tuvieron lugar en el 2006 y cuatro periodistas fueron reportados como desaparecidos el mismo año.
Diversas asociaciones como la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe han dado cuenta en días recientes de este trágico balance.
En los informes de estas asociaciones se señala que a partir de los dos últimos años México se ha convertido en un país particularmente letal para la práctica del periodismo. Freedom House, una organización de origen estadounidense, calificó desde 2004 a México como un país parcialmente libre, debido en parte a las amenazas en contra de periodistas por parte del crimen organizado.
También se advierte en estos informes que los asesinatos y amenazas han tenido lugar principalmente en la región norte y zona fronteriza del país y en los estados de la costa del Golfo de México y en general, involucran a periodistas en labores de investigación sobre temas relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, las redes de corrupción oficial y los grandes intereses económicos.
Un reconocido columnista nacional, incluso, se ha referido a listas negras de periodistas y habla de una escalada de violencia, que a su juicio es uno de los saldos del período electoral y postelectoral del año anterior.
No menos grave que el saldo trágico que muestra la actividad periodística, es el efecto que causa este clima de violencia en la calidad del periodismo que se ejerce en el país. La violencia y las amenazas generan auto censura de periodistas y editores y limita al periodismo de investigación.
Sobre estos temas de interés nacional, igualmente grave es que esta autorrestricción en el ejercicio de las libertades y de los derechos periodísticos, tiene como consecuencia lógica, la limitación al derecho a la información de los ciudadanos y la coerción de sus libertades y derechos civiles.
Asimismo, la violencia que padecen los medios de información, limita el papel de fiscalización que este cuarto poder ejerce sobre el poder público en los sistemas democráticos contemporáneos.
Este no es sólo un juicio teórico, sino una realidad que se vive y se lee de manera cotidiana en los diarios nacionales y locales. No hay contrapunto a los boletines oficiales de prensa y por ejemplo, la reciente campaña oficial en contra del crimen organizado se ha quedado sin periodistas y publicaciones que reporten de manera crítica el alcance de estas campañas.
Aunado a lo anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, creada en febrero del 2006, se encuentra acéfala y resulta sintomático que recientemente haya renunciado el fiscal a su cargo.
Con ello, los crímenes y amenazas contra periodistas se mantienen impunes, quedan abiertos cerca de 72 expedientes en esta Fiscalía y en la práctica sigue vigente la restricción de las libertades y derechos civiles del gremio periodístico y de la ciudadanía.
Por la suma gravedad de este clima de violencia en contra del gremio periodístico y de la afectación de las libertades y derechos civiles, el grupo parlamentario del PRI, propone el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a que de manera urgente tome las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas que han tenido lugar en los últimos años, en contra de periodistas y editores.
Entre estas medidas debe de incluirse el nombramiento de un sustituto para presidir la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas y la garantía de los recursos necesarios para cumplir su mandato.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes los medios de comunicación nacional y local. Comprometerse a garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Mario López. Túrnese a la Primera Comisión de trabajo. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, a fin de presentar punto de acuerdo relativo a la especulación y acaparamiento del maíz en México.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Ciudadanas legisladoras y legisladores. Uno de los asuntos más preocupantes de la agenda nacional es el aumento desmedido en el precio del maíz; lo que ha impactado en el costo de los productos de consumo básico para los mexicanos y las mexicanas. Lo cierto es que el gobierno ha hecho poco o nada para detener esta escalada de precios; esta política criminal que se ha iniciado en este gobierno de facto.
Nosotros creemos que la consecuencia de lo que ahora vivimos es porque el sistema económico, el modelo económico está agotado. El día de hoy no sólo nos enfrentamos a una errónea política económica de abandono al campo, sino también a una total impunidad donde las autoridades competentes se han convertido en cómplices de los grandes capitales, como es el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y como es el caso de la Procuraduría General de la República.
En estas condiciones encontramos a las autoridades que deben de encargarse de procurar justicia, en una actitud omisa; se han convertido en tolerantes y proteccionistas de los grandes capitales e intereses ajenos a nuestro país.
El título en el Código Penal Federal, que se especifica como delitos contra la economía pública, se refiere a delitos contra el consumo y la riqueza nacional. Esta disposición por si sola nos advierte de una hipótesis jurídica que desde hace tiempo debió de haberse aplicado por la Procuraduría General de la República.
En el artículo 253 del Código Penal Federal, señala: son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a 10 años, de 200 a mil días multa los siguientes: a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores. Subrayo, de tres a 10 años de prisión.
Lo que quiere decir es que si la Procuraduría hubiere ejercido sus facultades formales, en este momento hubiésemos detenido el alza de los precios a los productos no sólo del maíz, sino del huevo, de la carne y de otros productos que están haciendo estragos en la economía doméstica.
Y en la aplicación de los tres a los 13 años, cualquier aficionado al derecho sabrá que en la suma para sacar el término medio aritmético, son 13 años, seis años y medio. Es decir, la suma del término medio aritmético sería seis años y medio, lo que generaría que los especuladores no alcanzaran derecho a fianza, sino que debían estar recluidos por este alto crimen contra la economía y contra los consumidores de este país.
No lo hemos visto así, vemos simple y sencillamente omisión, vemos que están callados los órganos de procuración de justicia y vemos un contubernio entre las secretarías que deberían presentar las denuncias penales por este delito, como son la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y nadie, nadie se atreve a presentar una denuncia penal contra estos especuladores, contra estos ocultadores de productos básicos que han provocado una desmedida escalada en los precios de los productos básicos.
Esta es una verdadera actitud criminal, porque así lo refiere el Código Penal Federal, y por eso ahora, este día, el grupo parlamentario del PRD en la Comisión Permanente, representante del Congreso de la Unión del Poder Legislativo estamos planteando concretamente un punto de acuerdo al que le solicitamos al Presidente le otorgue el trámite de obvia o urgente resolución, consistente en el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que presenten denuncia formal ante la Procuraduría General de la República para que investigue y en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de la comisión de delitos previstos en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal.
Creemos que es la oportunidad para que esta Comisión Permanente exija a la Procuraduría General de la República inicie las averiguaciones previas correspondientes y pueda deslindar responsabilidades y detener y procesar a los presuntos responsables, acaparadores y además, quienes han provocado esta escalada los precios.
No ha habido ninguna otra acción que los…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya, por favor, senador.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, quisiera que me otorgara el mismo tiempo que le otorgó al senador que en primer término hizo uso de la palabra, casi de 15 minutos, pero bueno, voy a concluir.
Hasta este momento, hemos tratado de implementar distintas medidas, distintas medidas, nunca ninguna de ellas ha pasado. Hoy este trámite que le solicito, Presidente, me parece que sería la mínima congruencia para castigar a los especuladores que nos tienen en crisis, que son cómplices y que las autoridades también han actuado con esa misma complicidad.
Si no se aprobara el punto de acuerdo, les adelantamos que el grupo parlamentario del PRD presentará la semana próxima denuncia penal contra los acaparadores.
Espero que sea la Comisión Permanente, el órgano de representación nacional del Poder Legislativo, quien lo haga, porque me parece que nos afecta a todos, independientemente del partido en el que milites y de los intereses que persigas. Por la atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Monreal. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Con fundamento en el artículo 59 del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se considera el punto de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución y en consecuencia está a discusión. Están anotados el diputado Juan José Rodríguez Prats, el senador Carlos Lozano de la Torre y el senador Jorge Legorreta Ordorica. Tiene la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, hasta por cinco minutos.
Pidiéndole a todos los legisladores la comprensión por la gran cantidad de asuntos que están pendientes, que se ajusten al tiempo. Adelante diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Señores legisladores. Permítaseme iniciar con una digresión, el día de ayer el Presidente Felipe Calderón, Presidente, como lo sabe cualquier aficionado al estudio del derecho de jure y de facto, hacía una reflexión en relación con la distinción que ha tenido la vida política en las últimas semanas y creo que parte de esa distinción la ha vivido este Congreso.
Encontramos un cambio sustancial en el discurso político, ya no con el encono y el resentimiento, ya no adjetivizado sino fundamentalmente sustantivo. Esta reflexión me lleva al tema que aquí se ha planteado, al grave problema del incremento del precio del maíz. Creo que si lo contemplamos en su conjunto, en todos sus ingredientes tanto económicos como financieros, como de tipo agropecuario, como de tipo jurídico, podemos emanar, puede emanar de la Comisión Permanente distintas indicaciones como corresponde a las funciones de un Congreso responsable para hacer sugerencias a las políticas públicas que se instrumentan desde el Estado.
¿Qué caso tiene debatir? Esclarecer la verdad, la verdad siempre orienta, la verdad ayuda, la verdad tiene una fuerza regeneradora en todos los órdenes, y definitivamente el problema del maíz que yo quisiera recordar hoy, cómo hace algunos meses un candidato planteaba negociar el Tratado de Libre Comercio para evitar la importación del maíz.
Imagínense esto a dónde nos llevaría, no a un incremento de precio, nos llevaría a racionalizar el consumo del maíz, qué bueno que ya hay una evolución y una madurez en las tesis presentadas hace unos meses y ahora se habla de instrumentar otro tipo de medidas, que son muchas, subsidios hacia el consumo, efectivamente.
Ya el Estado mexicano ha alcanzado cierta madurez en sus políticas. Yo quisiera aquí recordar, por ejemplo en el 76, cómo a base de decretos y de control de precios, lo que se provocó fue la descapitalización del campo, que se provocó desabasto, que se provocó corrupción, que se provocó mercado negro y si no asimilamos esas experiencias, entonces no tenemos capacidad de aprender de nuestro pasado.
Yo creo —y el Presidente Felipe Calderón lo dijo el día de ayer— de que definitivamente tenemos que generar empleo y tenemos que cuidar el estado de derecho. Hoy se abre una inmensa posibilidad para tres millones de productores del campo, esto no lo podemos ignorar, por primera vez se encuentra en el maíz un uso alterno para generar energéticos, llámese en este caso biodiesel o etanol, y esto abre una gran posibilidad, sin lugar a dudas, esta medida va a capitalizar al campo mexicano, en los aspectos más depauperados y en las zonas más aisladas en el país.
Es una oportunidad para los productores, sin lugar a dudas, pero que definitivamente está perjudicando al final de la cadena productiva a los consumidores. Entonces se trata de instrumentar una política que estimule la siembre de maíz, que fije precios competitivos y que definitivamente, y por eso el Partido Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, propicie la competencia y propicie el respeto a la ley.
Lo decía el Presidente Felipe Calderón, palabras más palabras menos, y celebramos mucho que el PRD coincida hoy con lo que el Presidente Felipe Calderón planteó el día de ayer, cuando dijo textualmente "sé que el papel del estado consiste en garantizar que las condiciones de competencias estén presentes, hay que tener reglas claras en el mercado, sostener una economía abierta con cánones orientables a la competitividad, mantener el estado de derecho, tener reglas claras y parejas para todos, además de fortalecer los organismos reguladores para evitar las prácticas monopólicas, concretamente a la Comisión Federal de Competencia".
Como verán ustedes, se coincide con una política instrumentada desde el Ejecutivo federal, en la que desde luego el Partido Acción Nacional dará su voto a favor, para que ésta junto con otras medidas económicas, de tipo rural, de tipo de política agropecuaria, de subsidios al consumo pueda atacar este problema que está afligiendo tanto a la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene la palabra el senador Carlos Lozano de la Torre, del grupo parlamentario del PRI.
El senador Carlos Lozano de la Torre: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Quisiéramos sumarnos al punto de acuerdo que ha presentado la bancada del PRD, que hemos votado todos, pero quisiéramos ampliar un poco el tema, si estuvieran de acuerdo, quisiéramos presentar el análisis que hacemos nosotros, la bancada de nuestro partido, del PRI.
Todos sabemos que México se ha convertido en poco tiempo en un país importador de granos, que la política de toda la pasada administración federal, por palabra del entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, era que resultaba más barato importar maíz que producirlo. Obviamente, el resultado es el desmantelamiento gradual del escaso sector agrícola que produce granos en el país, con implicaciones que en su momento fueron señaladas por el propio Poder Legislativo en cuanto al riesgo que lo anterior implicaba para la soberanía alimentaria de nuestra nación ante una escalada de precios internacionales de estos productos o una escasez de los mismos.
El mercado agroalimentario mexicano respecto de varios productos que utilizan el maíz blanco como materia prima se encuentra en riesgo, tal es el caso de la tortilla, la leche, la carne, el pollo, alimentos para ganado, además de las industrias aceiteras y almidoneras.
El precio del huevo, por ejemplo, en los primeros 15 días del mes de enero ha acumulado un incremento preocupante del 25 por ciento, pasando el kilogramo de 10 pesos a 12.5. Sabemos de la escasez internacional, pero no de la duración de ésta ni de si su actual proveedor, Estados Unidos, tendrá un inventario suficiente del que nos toque algo para alimentar a nuestra población.
Inventario compuesto de maíz transgénico de malísima calidad y que ante la política aplicada de sustitución de producción nacional por importaciones baratas nos ha dejado a la deriva en materia alimentaria para nuestra población de menores ingresos.
Sin embargo y por desgracia, en el marco de las aberraciones de las políticas agrícolas mexicanas, existen otros elementos de los que tenemos que fincar las responsabilidades conducentes, como es el hecho de que hace unos meses se otorgaran subsidios a la empresa transnacional Cargill, para que ésta exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica.
Compañeros legisladores, es una burla para 25 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria, para los mexicanos con hambre, pero eso sí, el Ejecutivo federal ahora declara que se importe el maíz de cualquier parte del mundo al menor precio en palabras del propio Presidente Calderón.
México autorizó y subsidió exportaciones de maíz blanco, donde hoy existe desabasto por el equivalente de 125 mil toneladas en operaciones que corrieron a cargo de la Secretaría de Agricultura y de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, autorizados por la Secretaría de Economía.
Los permisos autorizados, no obstante, hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas, con un subsidio de cerca de 50 millones de pesos y que sirvió para enviar el producto a Sudáfrica, Kenia, Mozambique y marginalmente a los mismos Estados Unidos.
El periódico El Economista, a ocho columnas señala que fuentes gubernamentales que exigieron el anonimato revelaron que funcionarios de la Secretaría de Agricultura en el sexenio pasado actuaron con negligencia ante una tendencia que indicaba la escasez de maíz en México desde septiembre de 2006.
Respetable Asamblea, la falta de una política pública integral que atienda el comportamiento de los precios de la canasta básica de la mayoría de la población, especialmente de la de menores recursos, es un problema grave; pero hacer dependiente la alimentación de 50 millones de pobres en el país a lo que marque la oferta y la demanda en el mundo habla de una completa irresponsabilidad e insensibilidad social por parte de la administración pública federal.
Ahora bien, todo lo señalado con anterioridad sólo nos hace llegar a una conclusión: el sector agropecuario mexicano no se encuentra preparado de ninguna manera para enfrentar con éxito la apertura total de fronteras que experimentará a partir del 1 de enero del 2008, de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implica la eliminación de aranceles agropecuarios respecto de productos provenientes de Estados Unidos y Canadá y la apertura de los mismos.
La realidad nos señala que el campo mexicano carece de tecnología, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito; que los programas federales se olvidan de la economía campesina de autoconsumo, donde sobreviven 30 millones de personas de acuerdo con los datos del Banco Mundial; que la administración pública en los últimos años ha sido ineficiente al aplicar los recursos aprobados para el campo en los diferentes presupuestos de egresos, existiendo impuntualidad en el ejercicio de los mismos y registrándose subejercicios presupuestales, lo que disminuye la eficacia de dichos programas.
Se tiene que reconocer que mientras nuestros socios comerciales aplican políticas públicas enfocadas por el otorgamiento de subsidios, apoyos y estímulos fiscales para sus productores agropecuarios, en México el desmantelamiento del aparato productivo del campo tiene una máxima que repite constantemente, se repetía en el discurso del gobierno federal: a nuestro país le sale más barato importar que producir.
El gobierno federal ha eludido los últimos años la elaboración de una estrategia para que ejidatarios y comuneros enfrenten dicha apertura, ni las sociedades rurales ni los gobiernos estatales saben de lineamientos federales para asimilar este cuestionado proceso.
El campesinado organizado, legisladores, académicos, le han presentado al gobierno del Presidente Fox y hoy también al Presidente Felipe Calderón, diversas propuestas para lograr atenuar el problema del campo mexicano ante la apertura de las fronteras. A saber lo siguiente:
La creación de una Comisión Especial de Comercio Exterior en el Congreso de la Unión para que investigue las prácticas de dumping que afectan al campo mexicano, con el fin de proponer la aplicación de medidas compensatorias.
La inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de una política integral de incorporación del sector agropecuario mexicano al Tratado de Libre Comercio y la adecuación de la parte agropecuaria a dicho Tratado. Es con esta base en los razonamientos anteriores que someto a consideración el siguiente punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez; de la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Beatriz Zavala Peniche, y de la Secretaría de Economía, del doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, para que expliquen a esta soberanía —entre otros planteamientos— la posibilidad de adecuar el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, principalmente en el tema de granos y en particular del maíz y el sorgo;
Que expliquen la política pública de importación y exportación de granos básicos de parte de la administración pública federal durante los últimos seis años, que vulnera la soberanía alimentaria del país a los movimientos del mercado internacional;
Que expongan la relación del gobierno federal con la empresa transnacional Grupo Cargill y que por la misma recibe subsidios para exportación, mientras que productores y comercializadores nacionales no logran colocar estos apoyos para colocar sus productos agrícolas en el mercado internacional, y asimismo;
Presenten las acciones que realizará el gobierno federal con el fin de garantizar la estabilidad de los precios de los productores de la canasta básica, con la intención de que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las clases sociales, producto del incremento en el precio del huevo, la leche, la carne, el pollo, entre otros productos; y que cualquier medida que se tome no implique un perjuicio a los productores agropecuarios de nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Lozano. Le pediría que deje por escrito la propuesta también. Tiene la palabra el senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, para referirse al mismo tema.
El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
Para los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la especulación generada en torno al precio de la tortilla atenta, sin lugar a dudas, contra la economía de las familias mexicanas, especialmente en contra de las familias de menores ingresos, que son las que consumen una mayor parte de su ingreso en ese producto básico en su dieta diaria.
Por lo anterior, es comprensible el creciente descontento social que el problema ha generado, situación que obliga al gobierno federal y a nosotros como legisladores, a tomar medidas urgentes y coordinarnos para resolver esta crisis.
Sabemos cuál es la situación del precio internacional del maíz, que se ha incrementado por la creciente demanda para su uso en la producción de etanol, principalmente en los Estados Unidos. A principios del año 2006 la tonelada de maíz se cotizaba en mil 200 pesos y actualmente se negocia en dos mil 200 pesos. Ante esta situación la respuesta del gobierno ha sido aumentar los cupos de importación de maíz en 650 mil toneladas para este año, es decir, se podrá importar esta cantidad sin pago alguno de arancel.
Sin embargo existen dudas sobre qué tan eficaz resultará la medida, ya que estos cupos representan tan solo el ocho por ciento del total de importaciones en 2006 y poco menos del tres por ciento de la producción nacional. Es decir, las 650 mil toneladas son un monto muy pequeño frente a la magnitud del mercado interno.
En la determinación de la inflación, la tortilla de maíz tiene una ponderación importante, incluso superior a otros bienes de primera necesidad para el país, como lo son la carne, el pollo, el tomate, el frijol, el huevo y el pan. Esto quiere decir que el incremento del precio del maíz sí tendría un impacto en la inflación por ser un insumo básico para la producción de otros bienes. Por tal situación debemos dirigir nuestros esfuerzos en la realización de un cuidadoso análisis y una evaluación de la cadena productiva del mercado del maíz, y así concretar la eliminación de distorsiones económicas que se encuentran en la comercialización y distribución de tan importante grano.
De esta forma y a través de decisiones firmes de políticas públicas podremos incrementar la eficiencia de la cadena productiva, eliminando prácticas desleales que impidan la competencia y la libre concurrencia, favoreciendo el funcionamiento de los mercados.
Lo anterior no se contrapone a la necesidad de contar con mecanismos que, de ser necesario, amortigüen las variaciones en los precios del maíz. Un sistema de subsidios en el que las partes involucradas son corresponsables de sus acciones. Así, alcanzaríamos una convergencia entre la mano invisible del libre mercado y la mano de la justicia social que corresponde al Estado garantizar. Sería más costoso no hacer nada más que la propia instrumentación del subsidio que nos ocupa.
La responsabilidad social del Estado debe de asegurar en el corto plazo un precio accesible y volumen suficiente, mientras que en el mediano plazo apoyar a los productores, asegurar un incremento en la oferta y articular nuevas cadenas de comercialización libres del acaparamiento y el coyotaje.
Debemos de ver en los altos precios del maíz un área de oportunidad para el campo mexicano. En este tenor no debemos dejar de lado el fortalecimiento de la responsabilidad social que debe imperar. Tampoco podemos permitir la utilización del maíz genéticamente modificado en aras de abaratar el precio de la tortilla, pues de lo contrario, se perjudicaría la salud pública y el medio ambiente. La solución paliativa ocasionaría problemas igualmente graves, pero de un impacto permanente.
Compañeras y compañeros. No podemos ni debemos olvidar que como mexicanos tenemos derecho no sólo a una tortilla económicamente accesible, sino de calidad y valor alimentario para la salud, biodiversidad y economía de los mexicanos.
Por lo tanto, exhortamos al gobierno federal y a las autoridades a que se realicen las acciones legislativas concretas que permitan garantizar la soberanía alimentaria del país, para satisfacer las necesidades básicas de las personas para su desarrollo y bienestar y respetando en todo momento el medio ambiente.
Por supuesto apoyamos el punto de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática y también nos unimos a la petición del senador Carlos Lozano de la Torre, para que las dependencias que tienen concurrencia y qué ver con el tema comparezcan ante el Poder Legislativo. Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Jorge Legorreta Ordorica. Tiene la palabra el senador Leonel Godoy Rangel, del grupo parlamentario del PRD.
El senador Leonel Godoy Rangel: Muchas gracias, señor Presidente. Qué bueno que este tema ha sido acordado, que más allá de proposiciones y de puntos de acuerdo se abra el debate aquí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Porque el maíz no sólo es un factor para que nuestra economía prospere, para que se estanque o para que entre en crisis, sino también el maíz para los mexicanos es cultura, el maíz para los mexicanos es soberanía nacional.
Por ello nos ha parecido insuficiente lo que el gobierno federal ha planteado en voz del señor Sojo, decir que hay que esperar, que finalmente el precio del maíz se va a estabilizar. Eso me recuerda a la época de los aumentos que los panistas en esa era democrática que añoramos criticaban igual que nosotros, porque era simplemente engañar al pueblo diciendo que eran ajustes, cuando lo que realmente ocurría eran alzas que dañaban el bolsillo de los mexicanos más pobres.
Por eso creemos que este tema esta bien que se trate coyunturalmente, está aquí o están aquí ya, propuestas que deben de ser revisadas en su conjunto, que atienden la coyuntura. Es cierto que la especulación del maíz es la causa fundamental del aumento en el precio y por ello es correcto el planteamiento de que deben de actuar las autoridades.
Y antes de que se vaya el diputado, también para los aficionados al derecho, es muy adecuado reconocer, es correcto reconocer que cualquier aficionado del estudio del derecho sabe que es una obligación del gobierno federal evitar este tipo de acciones en el alza de los precios por motivos especulativos.
El artículo 28 de la Constitución y el artículo 7 de la Ley Reglamentaria lo dicen con claridad. Es obligación del gobierno federal y debería de actuarse en consecuencia.
Así como se actuó ya con el precio de la leche por presión del Poder Legislativo, así también debería de actuarse en el precio del maíz. Están los instrumentos jurídicos en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución. Y también el gobierno federal debería de actuar enérgicamente contra los especuladores y no salirnos la Profeco con clausuras de tortillerías. Ubicar ahí el problema es evadir la responsabilidad que se tiene de ir contra los famosos peces gordos.
Un informe de la Bolsa Mexicana de Valores decía que el año antepasado el grupo Maseca tenía, como parte de sus ganancias, algo que debería de ser una vergüenza para nosotros, el 40 por ciento de sus ganancias que informó Maseca, provenían de subsidios que le daba el gobierno federal. El 40 por ciento. Por ello, yo creo que debería de actuarse con energía, debería de no solaparse este tipo de forma de actuar y no ver el asunto sólo en términos de la ley de la oferta y la demanda.
Finalmente quiero decir que en el fondo hay un problema estructural, que es el que deberíamos de atender. Ese problema estructural tiene nombre y apellidos, no es sólo un asunto, compañeras y compañeros legisladores, de la coyuntura e incluso, ni siquiera el tema de los especuladores tiene que ve con la política para el campo.
Hay dos tendencias y esas son las que debemos de discutir, las privatizadoras del campo. Por eso aquí se habla de productores, así, de manera neutral. Los productores no son neutrales, hay ejidatarios, hay comuneros y hay pequeños propietarios y nosotros deberíamos de fijar una política en relación al ejido, a la comunidad indígena y a los pequeños y auténticos propietarios.
Nosotros, por eso concluyo con esto, diputado. Nosotros planteamos una propuesta integral de rescate del campo que tiene que ver con créditos oportunos. Era cierto que el Banco de Crédito Rural estaba corrompido pero no era la manera eliminando este instrumento necesario para otorgar créditos oportunos a los campesinos…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Termine por favor, senador.
El senador Leonel Godoy Rangel: Voy a concluir, me faltan 10 minutos, señor Presidente…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se le acabó el tiempo. Por favor.
El senador Leonel Godoy Rangel: En aras de lo que usted concedió a otros legisladores y que qué bueno que lo hizo.
El segundo punto de nuestra propuesta aparte de los créditos oportunos, es el apoyo técnico y científico para los campesinos, para los productores como les llaman algunos —que para mí primero son campesinos— los subsidios.
Aquí se han satanizado los subsidios, el Tratado de Libre Comercio casi prohíbe el asunto de los subsidios pero sí estamos subsidiando a intermediarios y no estamos subsidiando a los productores, generándose una competencia inequitativa con los agricultores norteamericanos y canadienses.
Por eso nosotros planteamos y lo repetimos hoy, para que vean que no se nos ha olvidado, la revisión del Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario y no sólo eso, ese candidato paisano también planteó y nosotros lo decimos y lo volvemos a rescatar, que nos deberíamos de oponer a que el próximo año ingrese libremente el maíz blanco y el fríjol a nuestro país.
Eso se dijo, se sostiene y lo sostenemos y ojalá que muchos aficionados al derecho también se dieran cuenta de que las autoridades mexicanas deberían de actuar y que tienen instrumentos jurídicos para hacerlo.
Por eso apoyamos tanto la propuesta del senador Monreal como la del senador Carlos Lozano y ojalá haya otras más, pero también ojalá haya un acuerdo del Congreso de la Unión de fijar una política integral para el campo mexicano. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Godoy. Les pido a los señores legisladores que, por respeto a la Asamblea, nos ajustemos al tiempo. Son cinco minutos la intervención de cada legislador, para todos. Les pido, por respeto a la Asamblea. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del grupo parlamentario de Convergencia
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Con este 2007 llegó la primera crisis económica para el gobierno de Felipe Calderón, porque al incremento del precio de la tortilla, que se disparó de seis a 10 o hasta 18 pesos el kilogramo, le siguió toda una escalada de precios que incluye al huevo, con 25 por ciento, carne de res, pollo, cerdo, azúcar e incluso el transporte público.
Asimismo, la escalada de precios podría afectar a otras dos industrias claves de la economía nacional. Por un lado, la farmacéutica, lo que agravaría la situación ya de por sí lamentable de clínicas y hospitales públicos en materia de abasto de medicamentos.
Lo anterior fue mencionado por organizaciones de farmacéuticos arguyendo que esta inestabilidad también los obliga a incrementar el costo de medicamentos, afectando nuevamente a los sectores más vulnerables de la población.
Por otro lado, 35 autopistas y 32 carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, fueron ajustadas en 3.1 y hasta cuatro por ciento, a fin de mantenerlas —entrecomillado— actualizadas, conforme al índice inflacionario previsto para este año, en algunos casos donde el peaje tiene, según dicen, rezagos tarifarios, como es la México-Cuernavaca, México-Acapulco, México-Querétaro y México-Puebla.
En esta discusión, en este debate y en toda esta controversia que se ha desatado hemos visto diversas consideraciones que es muy importante que nosotros traigamos a colación y que las incorporemos al debate por las razones que más tarde explicaré.
Por ejemplo, según la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el gobierno federal exporta maíz, entre otros países a China e inclusive a Estados Unidos, ocasionando que el grano aumente de precio y por consecuencia, también se incremente el costo de kilogramo por tortilla, ya que en esos países los desastres naturales perjudicaron a maiceros, quienes perdieron la totalidad de sus cosechas, por lo que tuvieron que recurrir al grano que México vende.
A su vez, el secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz señaló que la producción nacional de maíz blanco en México es de 20 millones de toneladas, en tanto que el consumo es aproximadamente de 13 millones 500 mil toneladas; es decir, existe un superávit supuestamente de 6.5 millones de toneladas.
También llama la atención el comunicado de prensa que realizaron, de manera conjunta, la secretarías de Economía y la de Agricultura, publicado el pasado 9 de enero, que señala que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco que se destina al consumo humano.
La cosecha del ciclo agrícola primavera-verano, señalaron, en 2006 se encuentra actualmente en el eslabón de acopio y comercialización, lo que en condiciones normales de mercado garantiza cubrir la demanda.
Estas consideraciones llevarían a que nosotros señaláramos que detrás de todo esto ha habido evidentemente un proceso de carácter especulativo y es muy importante que, en consecuencia, se investigue a fondo qué fue lo que realmente ocurrió, qué hicieron empresas como Maseca, como Minsa, Cargill, etcétera y que consecuentemente se dé paso a esta propuesta de nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática, para que se investigue sobre el manejo monopólico u oligopolio que pueda haber.
Pero a nosotros, en Convergencia nos parece que esto no es suficiente. No es suficiente, porque también el gobierno de alguna manera ha tenido que ver con esta escalada de precios; al momento de ajustar el precio de la leche, el precio del diesel, el precio de las carreteras de cuota, etcétera. El gobierno de alguna manera se sumó a este proceso de crecimiento de los precios. Ante todo este panorama ha habido una serie de declaraciones y planteamientos confusos por parte del gobierno federal.
Por eso es que a nosotros nos considera, nos parece, que no solamente es importante que la Procuraduría General de la República haga una indagación sobre el manejo de grupos monopólicos, sino que también los titulares de Economía y de Sagarpa, vengan aquí a la Cámara de Diputados, para que nos hagan una explicación y para que hagamos un análisis a fondo de todas las causas, de todos los elementos que han concurrido en esta situación.
Esto no puede volver a ocurrir, porque además, si ya se preveía que había tendencias a nivel mundial de sustitución del maíz en su uso para consumo, para su uso el etanol y no se tomaron las medidas preventivas adecuadas, ahí hay una omisión o una irresponsabilidad y hace falta, como también aquí se ha señalado, instrumentar una política efectiva para el campo.
Podría yo señalar una serie de elementos que son, deben merecer análisis y a partir de ahí, hacer una serie de propuestas que nos lleven a delimitar los campos de responsabilidad del gobierno mexicano, del Poder Legislativo y a tomar las medidas que sean necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
Por eso Convergencia no solamente se suma al punto de acuerdo propuesto por nuestros compañeros del PRD, sino que también como ya estaba contemplado, solicita la comparecencia de los titulares de Economía y de Sagarpa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya decididamente el punto de acuerdo en comento, para castigar a los que están especulando con el maíz, a expensas del hambre del pueblo.
En esta línea nosotros presentamos una iniciativa hace unos momentos para que el Ejecutivo federal use sus facultades constitucionales señaladas en el artículo 28 constitucional, estableciendo claramente en la Ley Federal de Competencia Económica su intervención para evitar que los grupos oligopólicos manipulen el mercado y encarezcan los productos básicos.
En el modelo de gobierno neoliberal solamente se justifican los subsidios y el apoyo a los ricos. Así sucedió con los banqueros en el caso del Fobaproa, así sucedió con el rescate carretero, así sucede con los grandes empresarios del maíz, como Maseca, Minsa y se habla de que subsidiar a los pobres, eso es populismo; subsidiar a los ricos, eso es desarrollo.
Es parte de la demagogia del gobierno neoliberal donde todo lo que sea ganancia hay que privatizarlo, todo lo que sea pérdidas, hay que pasárselas al pueblo. Entonces, en ese sentido, las políticas se miden y se evalúan por sus resultados, no por discursos demagógicos que se vengan a dar en esta tribuna.
¿Cuáles son los resultados de las políticas económicas neoliberales en el campo en materia alimentaria, que antes éramos autosuficientes y exportábamos y ahora perdimos nuestra soberanía alimentaría; dependemos del extranjero y tenemos que importar los granos básicos para nuestro país?
Esos son los resultados de las políticas que se han aplicado en los últimos gobiernos neoliberales. Y si vemos el asunto del salario, podemos ver que en el gobierno de Miguel de la Madrid hubo una pérdida del poder adquisitivo del 44.9 por ciento del salario. En el gobierno de Carlos Salinas una pérdida del 46.5 por ciento. En el gobierno de Ernesto Zedillo hubo una pérdida del poder adquisitivo del 51 por ciento del salario. En el gobierno de Vicente Fox disminuyó 32 por ciento.
Y vemos cómo ahora en el gobierno de Felipe Calderón, en los escasos 45 días de gobierno, ha habido una pérdida de 40 por ciento del poder adquisitivo del salario. Este incremento es severamente lesivo a la economía popular porque la mayoría de los mexicanos no tienen ingresos suficientes para hacer frente a estos descomunales aumentos de precios.
La tortilla se ve cada vez más inalcanzable. En el 82 un trabajador con salario mínimo podía comprar 26.5 kilos de tortillas. En el 94 compraba 20.3 kilos. En el 2000 compraba solamente 9.4 kilos. Y para inicios del 2007 adquiere escasamente cinco kilos de tortilla. El modelo neoliberal muestra un rotundo fracaso, ya que se ha convertido en una fábrica de pobres que llegan a una cifra nunca antes vista.
Ante esta situación de emergencia para la economía popular, es necesario que el gobierno y el Congreso de la Unión unamos fuerzas para combatir a los especuladores en el sector agropecuario; pero sobre todo poner un freno a los grandes monopolios que son los que están atrás del hambre del pueblo. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador Humberto Andrade Quezada, del Partido Acción Nacional
El senador Humberto Andrade Quezada: Gracias, diputada Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros senadores y diputados. Nosotros no tenemos añoranza por el pasado. Nosotros no queremos medidas que puedan ser ejecutadas por las coyunturas de manera arbitraria y artificial y que lejos de beneficiar únicamente a un producto o a un sector, tengan implicación y repercusiones en una cadena de productos o de alimentos, que obviamente están ligados e interrelacionados.
Nosotros no queremos volver a políticas clientelares, no queremos volver a la fragmentación que hemos vivido en este país del campo, donde al día de hoy tenemos millones de parcelas, de minifundios que si bien es cierto que habrá que apoyarlos para el autoconsumo; también es cierto que reviste una dificultad enorme en la producción de alimentos básicos.
Por supuesto que estamos de acuerdo en la capacitación y por supuesto que estamos de acuerdo en los créditos y financiamientos para el campo. Esto es algo que yo creo que difícilmente alguien podría oponerse o verlo como lejano o como una propuesta desmedida. Y por supuesto, también que hay programas implementados en este sentido.
El grupo parlamentario del PAN ha apoyado todos y cada uno de los puntos de acuerdo que se han presentado en esta Permanente, en relación al tema del incremento con el maíz. Y seguiremos apoyando los puntos de acuerdo que tengan una lógica sustentable, razonable, soportable. Así lo haremos. Acabamos de apoyar inclusive, la proposición que apoyó el senador Ricardo Monreal.
Pero yo creo que lo que vale la pena es resaltar que todos los temas que se han venido mencionando en tribuna hay que hacer un filtrado, un concentrado de todos ellos para los procesos a los que tenemos que entrar como Congreso de la Unión, y luego entonces, poder dar una respuesta adecuada a la ciudadanía ante la problemática que está viviendo y la afectación que está viviendo en su bolsillo y en su economía.
Esto es indudable y es un tema sumamente sensible que tendremos que enfrentar, pero no basta el estar proponiendo puntos de acuerdo, no basta estar pidiendo que vengan a comparecer funcionarios.
Yo creo, y consideramos en el grupo, que lo que vale la pena en este concentrado de la problemática que lleva a escenarios tales como el que estamos viviendo hoy con el problema del maíz, es que tengamos la posibilidad de hacer un ejercicio para plantear políticas públicas e implementar políticas públicas de acuerdo con el Ejecutivo, en exigencia con el Ejecutivo, pero sobre todo, en respaldo a la población, que es la más sensible.
El problema del maíz es un problema muy complicado, no sólo es un problema de abasto, no sólo es un problema de distribución y de consumo, es un problema que por como se han venido dando las condiciones, obviamente, tiene que ver y está ligado con mercados internacionales. Este es un tema que no podemos evadir, y ante la posibilidad de usos alternativos del maíz, sobre todo del maíz amarillo, viene una afectación a los precios internacionales.
Somos insuficientes, esto es claro y hay que tratar de soportar y de combatir esta situación, pero también es cierto que cuando el maíz amarillo sufre un incremento en su precio, obviamente impacta el precio del maíz blanco, porque también el maíz blanco en un momento dado, por conveniencia, es usado para otras alternativas que no sea uso pecuario ni uso de consumo humano.
Esta serie de cuestiones tenemos que considerarlas sin descuidar lo que está en puerta en el 2008, y no sólo hay que considerar o advertir situaciones catastróficas que pudieran presagiar el fin del mundo y el fin del campo en México, yo creo que hay que revisar cuáles son los riesgos reales, pero hay que advertir también las posibilidades.
Es muy cierto que al día de hoy habrá que alentar la producción de maíz en este país, porque por primera vez en muchos años el precio del maíz es un atractivo real para los productores mexicanos.
Son situaciones que deberemos ir considerando y que la propuesta sea que de este Senado, esta Comisión Permanente, en todos los ejercicios siguientes que tengamos y que han sido propuestos, lejos de llevar a una visión catastrofista, nos lleve a una posición responsable donde quede muy claro que lo que más nos importa es la afectación que está teniendo la población y que tenemos que dar una respuesta como legisladores para palear con políticas efectivas, públicas, que puedan dar solución a estos problemas.
De esta manera, creemos que debemos ampliar la visión y debemos tomar una posición actuante, por supuesto, de mucha exigencia, de mucha claridad, pero con planteamientos que sean reales y que no nos hablen de dejar al país apartado en una situación irreal, en una fase, donde debemos de estar de pie, produciendo, alentando, capacitando, financiando.
Esa sería la posición y creo que en los próximos días tendremos mucho quehacer al respecto. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Andrade. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores. Evidentemente hay dos visiones: Una visión, la fantasía, heredamos el proyecto de la foxilandia, y hoy continuamos con lo mismo.
No, hay un problema serio, es un problema real. Es un problema que tiene que ver con la pobreza y con una política económica neoliberal que está llegando a una crisis, a un agotamiento, es un problema de más fondo y el campo mexicano no se puede analizar tan sencillamente. Es una crisis económica provocada por una política neoliberal que desatendió al campo, que no apoyó al campo y que ahora está precisamente generando las repercusiones que habríamos y que habíamos advertido años atrás.
La causa no es el minifundio, la causa no es la fragmentación, la causa es la desatención al campo mexicano, el abandono en el que se encuentra y ese es el principal factor por el cual los campesinos están emigrando y ahora con mayor pobreza.
Miren ustedes, el Constituyente Permanente no se equivocó, los legisladores que componen el Constituyente Permanente del artículo 28 constitucional fueron muy claros y utilizan un calificativo que es muy importante resaltar. En su párrafo 2o., el 28 constitucional señala que la ley castigará severamente a las autoridades, castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios.
Es decir, el punto que se está discutiendo, no es el tema del campo mexicano en concreto, el punto que se está discutiendo es una omisión que los órganos de procuración de justicia no han querido ejercer una facultad prevista en la Constitución y en la ley reglamentaria, en sus artículos 28 constitucional, 253 y 254 del Código Penal Federal.
Es decir, hay una intención de proteger a los grandes acaparadores, hay una intención de proteger a estos ocultadores, hay una intención manifiesta de proteger los grandes monopolios que concentra indebidamente el producto, que lo ocultan y que han especulado con él.
Ese es el tema de fondo y por eso nosotros creemos que aún cuando la discusión advierte mayor profundidad en materia del agro mexicano, en este momento tenemos que definir sólo esta parte de la discusión.
Nosotros estamos de acuerdo con el tema que agregó el senador Carlos Lozano, sólo con una excepción, la del señor Sojo. El señor Sojo debe renunciar, si tiene dignidad debe de renunciar por su sobrada y demostrada incapacidad e insensibilidad, no puede estar ahí ni él ni otros. Aunque nosotros no avalamos el gobierno de facto, es un asunto de ellos, pero creemos que no debiera estar en esa responsabilidad.
Por eso nosotros apoyamos y avalamos la ampliación que ha surgido del senador Carlos Lozano, pero con esta excepción. Por cierto, no hemos abandonado nuestra petición de que se revise el Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario.
Nos parece que la medida y la decisión que se ha tomado en días recientes, de la importación de 500 a 600 mil toneladas de maíz, esta decisión del gobierno de facto o ilegítimo, es equivocada, es errática, es apresurada y es irreflexiva. Lo único que está generando es anticipar la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el capítulo agropecuario.
Es decir, el próximo año entrará libremente el producto de maíz, frijol y trigo y lo único que se está haciendo es anticipar en beneficio de los acaparadores y de las naciones suscribientes del Tratado de Libre Comercio, como son Canadá y Estados Unidos, pero se está desprotegiendo a los productores nacionales, en lugar de financiar la importación y de subsidiar la importación de 600 mil toneladas de maíz, debieran intensificar apoyos a los productores de maíz, formar contratos de agricultura protegida o contratos de agricultura que previamente se convence entre los productores.
Y me parece, desde nuestro punto de vista, que esta importación es equivocada y lo único que va a provocar es mayor caos y mayor inequidad en el campo mexicano. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Javier Bolaños Aguilar, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con su venia, señor Presidente. Efectivamente, puede haber dos visiones, tres, cuatro o más, pero no se nos olvide que hay un solo país. Un solo país que está en un proceso muy importante de su consolidación democrática.
Un país que tiene circunstancias que deben atenderse, que tiene problemas que ciertamente no se van a resolver con bellos discursos, con posiciones a veces intolerantes, ni siquiera habrán de resolverse saliendo a la calle a gritar o a promulgar cualquier ocurrencia.
México requiere decisiones, México requiere actitudes congruentes a la altura de los problemas que estamos enfrentando. Cualquier circunstancia, cualquier circunstancia que afecte a las clases más desprotegidas, debe atenderse y debe tomarse el camino que mejor convenga a los intereses de las mayorías.
Muchos factores afectan el incremento en el precio del maíz, ciertamente muchos de estos factores son factores externos, pero no podemos dejar de lado también que la circunstancia en la que nos encontramos es sin duda producto de patrones de producción interna que se han venido arrastrando a lo largo de ya muchísimos años. Eso propicia escenarios vulnerables.
Y qué bueno que no se tomaron decisiones populistas en el pasado próximo, en el pasado reciente. Esto pudo habernos llevado a situaciones todavía más graves de lo que hoy tenemos. Pudo habernos, incluso, llevado a la necesidad de racionalizar la semilla, de racionalizar el maíz.
El control de precios, señores, ha demostrado que provoca mucho daño, que provoca mucho daño a México, incluso, provoca afectaciones a otros mercados.
México ha diseñado espacios donde se pueden dirimir estas circunstancias y tomar decisiones para contenerlas, es por ello que nosotros hacemos un respetuoso llamado a la Cofeco, para que en el ámbito de su competencia actúe y determine si hay circunstancias para tomar las decisiones pertinentes en estos casos.
Las crisis internacionales sin duda nos han afectado, pero que quede bien claro, México no es autosuficiente en la producción de maíz y no lo es producto de la pulverización de la producción. En México tuvimos muchos gobiernos que desalentaron la producción de maíz blanco y se favorecieron esquemas de exportación.
Sin embargo, hemos dejado de lado la parte importante de la consolidación. México hoy se debate como antes, en luchas y aspiraciones legítimas, con grandes retos que no pueden ser aplazados, pero que jamás deben volver a buscar un cobijo falso que nos lleve de manera recurrente a escenarios que nadie desea.
Escuchábamos por ahí el comentario del señor senador Leonel Godoy, aduciendo el panismo en sus épocas de partido de oposición, pues pareciera ser que iban con las decisiones de los gobiernos en turno.
Yo quisiera decir, con mucho respeto, que los panistas preferimos asumir los costos políticos de decisiones difíciles, antes que tomar caminos que dañen a la nación y que dañen a la mayoría de los mexicanos. Nuestra altura, nuestra altura que está marcada por la decisión del 2 de julio, debe estar así también marcada por la altura de nuestras decisiones.
El campo ha tenido apoyos, eso es cierto, ahí está Procampo, está el apoyo a la energía eléctrica, el apoyo al costo del agua, en fin; me parece a mí que debemos conjuntar esfuerzos para que, como ya se dijo desde esta tribuna, busquemos el rescate integral del campo o la modernización integral del campo.
Finalmente, de lo que estamos hablando hoy es de atender una demanda legítima de las clases vulnerables y de lo que estamos hablando; finalmente, es de la consolidación del futuro de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Bolaños. Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez, del PRD.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias. Aunque haya necesidad de organizar a la ciudadanía para expresar esta inconformidad, los legisladores lo habremos de hacer. Es una característica de la democracia y además en una defensa legítima que tiene que ver con el desproporcionado aumento a la tortilla.
Este gobierno ha iniciado con el pie izquierdo. Un aumento importante de los precios de la canasta básica y nos ha ocupado a esta soberanía en estas tres sesiones para discutir el asunto del aumento de la leche. Vamos a iniciar, por cierto, el aumento de las cuotas de peaje en las carreteras federales y nuevamente el día de ahora el tema de la tortilla.
¿Qué está pasando en el gobierno de facto? Algo está equivocado o no está funcionando bien y seguramente está vinculado con el secretario experto en materia económica que, por cierto, coordinó, fue el coordinador de políticas económicas del Presidente Vicente Fox, Eduardo Sojo.
Estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí: debería renunciar el secretario. Si alguien está probado que no tiene condición en la función pública es el secretario de Economía. Reprobado, reprobado en la administración de Vicente Fox y hoy lo premian al frente de la Secretaría de Economía. Y se ha iniciado una escalada de aumentos en productos de la canasta básica de manera muy importante.
¿El día de mañana qué habremos de discutir? La próxima sesión, ¿qué tema?, ¿qué aumento?, ¿con qué sorpresa nos habremos de despertar y de estar discutiendo en esta tribuna? Por eso consideramos que no es suficiente que se inicie una averiguación, una investigación por los que están especulando en los precios, sino que tiene que atravesar por las primeras renuncias de secretarios y, desde luego, el de Economía está en primer grado.
Si alguno tiene que atravesar por lo que se ha vertido aquí con una serie de comparecencias ante esta soberanía, sin temor, compañeros de Acción Nacional, sin temor. Qué vergüenza que tan sólo a unos días, el gobierno de facto inicie con este tremendo aumento en los productos antes referidos.
Por eso, nosotros queremos agregar a este punto de acuerdo expuesto por los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra, el siguiente punto de acuerdo.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la cooperación entre Poderes cita al titular de la Secretaría de Economía, al doctor Eduardo Sojo; al procurador general del Consumidor, licenciado Antonio Morales de la Peña y al presidente de la Comisión Federal de Competencia, el maestro Eduardo Pérez Mota, para que comparezcan en un lapso no mayor de 10 días naturales, a fin de que expongan las políticas públicas de su competencia que han aplicado, con el propósito de contener el alza desmedida del precio de la tortilla en territorio nacional.
Votemos a favor, vamos a las comparecencias y agreguemos al punto de acuerdo las comparecencias antes expuestas y ojalá que en esta ocasión se vea la congruencia de los representantes populares del partido de la derecha. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Tiene la palabra finalmente, el senador Mario López Valdez, del PRI.
El senador Mario López Valdez: Muchas gracias, diputado Presidente. Dicen que Dios perdona siempre, que el hombre a veces, pero que el mercado nunca. Cuando hay políticas públicas equivocadas tarde que temprano tiene que reventar en alguna de sus actividades los errores que se comenten.
Es primera vez que soy legislador, vengo de Sinaloa. Sé que Sinaloa no es México, es parte de México y parte muy importante en este tema que se tiene que abordar. En Sinaloa hemos hecho un esfuerzo, antes se producían dos toneladas de maíz por hectárea, hoy se producen casi 16 toneladas por hectárea. Nosotros le entramos con anticipación al tema de la competitividad abierto por el Tratado de Libre Comercio.
Se produjeron en Sinaloa en este año cuatro millones de toneladas, se le pagó a los productores a mil 450 pesos y sé que cuando se habla del maíz se habla de problemas de comercialización, se habla de problemas de subsidio, de financiamiento, de capacidad de almacenamiento. Y por cierto, nuestros productores sinaloenses todavía están esperando que les den el último abono de los subsidios que hasta la fecha no les han cumplido.
Tenemos un problema en México: el tema y el precio de la tortilla. A escasos seis meses de haberle pagado a los productores sinaloenses mil 450 pesos por tonelada, hoy el maíz anda arriba de tres mil, tres mil 800 pesos por tonelada.
Me llama la atención que el propio gobierno haya tenido políticas de subsidio a la exportación y ahora tenemos escasez. En Sinaloa todo mundo dice que el maíz está en las bodegas, entonces este tema tiene muy claro hacia dónde nos debemos de dirigir. Es criminal que en México, con las herramientas, permitamos que haya especuladores que tengan hambreado a nuestro país.
Aquí a nadie debe de molestar el que se convoque a los responsables para darnos una respuesta en este tema. Aquí a nadie debe de molestar el que todos estemos en el ánimo de crear políticas públicas para que México sea el país justo, el país competitivo que el Ejecutivo ha dicho hasta el cansancio.
Vamos buscándole una solución al problema de la tortilla. Pero cuidado, no afectemos a los productores. Porque si afectamos a los productores estamos afectando al campo mexicano. México tiene 50 millones de pobres y la mayoría de estos están en el campo mexicano. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario López Valdés. Pido a la Secretaría dé lectura a los dos puntos de acuerdo, iniciaríamos con el punto de acuerdo presentado por el senador Monreal.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a darle lectura al punto de acuerdo presentado por el Senador Ricardo Monreal.
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que presenten denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, para que investigue y en su caso, aplique las sanciones pertinentes contra los acaparadores y especuladores responsables de la comisión de los delitos contra la economía y el consumo nacional que sanciona el Código Penal Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría si es de aprobarse ese punto de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa… (votación). Los legisladores que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Ahora lea el punto de acuerdo presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia leemos el siguiente punto de acuerdo, presentado por el senador Carlos Lozano de la Torre.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, y de la Secretaría de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza Aldape, para que: expliquen a esta soberanía, entre otros planteamientos, la posibilidad de adecuar el párrafo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; expliquen la política pública de importación y exportación de granos básicos de parte de la administración pública federal durante los últimos seis años que vulnera la soberanía alimentaria del país a los movimientos del mercado internacional; expongan la relación del gobierno federal con la empresa transnacional Grupo Cargill y porque la misma recibe subsidios para exportación, mientras que productores y comercializadores nacionales no logran conseguir estos apoyos para colocar esos productos agrícolas en el mercado internacional.
Asimismo, presenten las acciones que realizará el gobierno federal con el fin de garantizar la estabilidad de los precios en los productos de la canasta básica, con la intención de que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las clases sociales, producto del incremento en el precio del huevo, la leche, la carne y el pollo, entre otros productos. Y que cualquier medida que se tome no implique un perjuicio a los productores agropecuarios de nuestro país.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, dígame diputado.
El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Gracias, Presidente. Para efectos de solicitar que en este punto de acuerdo, como lo expuse, de igual manera comparezcan el procurador general del Consumidor y el presidente de la Comisión Federal de Competencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Aceptado? No, lo que pasa es que como no lo dejó por escrito. Pero acepta el proponente. Con este agregado, consulte la Secretaría a la Asamblea si se aprueba este segundo punto de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. Esta Presidencia informa a las señoras y señores legisladores que las 49 proposiciones con punto de acuerdo agendadas en el orden del día de esta sesión, y que por razones de tiempo no tuvieron la oportunidad de ser presentadas en tribuna, serán turnadas a las comisiones de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores según corresponda.
Asimismo se pide a los grupos parlamentarios que solicitaron el retiro del orden del día de alguna proposición, lo hagan por escrito. Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor Presidente. Se dará lectura al orden del día de la sesión del 24 de enero de 2007.
(Lectura del orden del día de la sesión del 24 de enero de 2007)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les recuerdo que el próximo miércoles la sesión inicia con la presentación del informe del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Ese será el primer asunto en el orden del día.
Hoy se turna la solicitud a las distintas dependencias para que las comisiones puedan citar a los funcionarios, tal como se aprobó el día de hoy y esto corresponderá a las Juntas de Coordinación, tal como existe un mecanismo, a través de la Secretaría de Gobernación.
Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 24 de enero a las 11:00 horas.