El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez:
(Pase de lista de asistencia)
¿Falta algún legislador de pasar lista de asistencia? Señor Presidente, hay una asistencia de 28 legisladores; hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante(11:21 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el doctor José Luis Soberanes Fernández.
Se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes legisladores: diputado José Antonio Muñoz Serrano, diputado Felipe González Ruiz, diputado Raúl Cervantes Andrade, senador José Eduardo Calzada Rovirosa, diputado Octavio Martínez Vargas y diputado Antonio Xavier López Adame.
Solicito respetuosamente a los diputados y senadores que fueron designados cumplan con su cometido. Y a las señoras y señores de los medios nos hagan el favor de pasar a los lugares que tienen asignados.
Se encuentran ante nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de presentar el Informe de actividades correspondiente al año 2006. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por 30 minutos.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado Jorge Zermeño Infante, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Señora diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Distinguidas señoras legisladoras, señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente. En primer lugar quiero agradecer la presencia de las señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me honran con su asistencia esta mañana.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, Apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos, comparezco ante esta soberanía para rendir el Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al año de 2006.
Por un vasto conjunto de razones a las cuales habré de referirme, los derechos humanos fueron durante el año 2006 un tema toral de la sociedad mexicana. La discusión sobre la vigencia y el alcance de las garantías fundamentales rebasó durante este agitado lapso sus hasta entonces ámbitos habituales los espacios editoriales, políticos y académicos, para instalarse como tema de preocupación en las conversaciones ordinarias entre vecinos, entre compañeros de trabajo y hasta entre las propias familias.
A raíz de varios casos motores de inquietud y turbulencia social, la opinión pública se preguntó: ¿hasta dónde puede y debe acotarse la autoridad gubernamental y cuáles deben ser los límites del derecho a manifestarse? Profundizó también sus cuestionamientos sobre la tendencia a criminalizar la migración; demandó categóricamente su derecho a la seguridad y pugnó con fuerza por una amplia libertad de prensa en favor del derecho a saber y a opinar sobre los asuntos de interés público.
Ciertamente este proceso de maduración social no ha sido fácil. Durante 2006 padecimos, por una parte, una enconada polarización política y por otra, niveles inéditos de violencia criminal y desbordamiento de la delincuencia organizada.
La muerte de más de mil 700 personas en ejecuciones, productos de la venganza entre bandas y la aparente ausencia de autoridad para preservar la seguridad en algunas localidades del país, mostraron el espiral de violencia interminable ocasionada por la impunidad del crimen organizado, cuya ilegal vigencia es aún ominosa.
En otros espacios de la vida pública, las imágenes de 2006, cuando vimos policías indefensos golpeados por ciudadanos o a la inversa, ciudadanos indefensos golpeados por policías, siguen siendo no sólo una cicatriz en nuestra conciencia comunitaria, sino también un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre la nítida frontera existente siempre entre la venganza y el uso legítimo de la fuerza pública.
De haber vivido en un sistema autoritario, diferentes hechos violentos de 2006 nos habrían hecho retroceder como sociedad. Por el contrario, gracias a las libertades de la democracia, al celo y a la decisión de preservarlas, nuestra cultura política dio un paso al frente; los mexicanos pudimos discutir, cuestionar, intercambiar opiniones y llegar a una conclusión: "queremos un país en paz, con un estado de derecho vigente y un absoluto respeto a los derechos fundamentales".
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyamos y participamos en este proceso complejo de maduración de la sociedad mexicana, el cual observamos como interminable evolución tanto en el reconocimiento al respeto irrestricto de los derechos humanos, como en un compromiso general de respeto a la legalidad.
Durante el 2006, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendimos seis mil 895 quejas y emitimos 46 recomendaciones. Las autoridades con más recomendaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con ocho; el Instituto Nacional de Migración, que recibió siete, y la Procuraduría General de la República, con cuatro.
Debemos lamentar que durante este período diversas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de esta Comisión Nacional, entre ellas el secretario de Seguridad Pública Federal, el gobernador de Querétaro y el secretario de Marina.
Es deplorable el hecho de que una autoridad renuente a una recomendación del ombudsman no sólo por el mensaje de desprecio a los derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad sino también por fomento al clima de impunidad entre los servidores públicos a darles una especie de patente de corso frente a violaciones a la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo.
Durante ese año hicimos un especial esfuerzo por negociar acuerdos de conciliación entre las partes. Fomentamos una cultura de diálogo, logramos así concretar 2 mil 441 procesos conciliatorios, siempre a favor del quejoso para restituir el derecho conculcado por alguna autoridad.
Este mismo espíritu de colaboración y de servicio se mostró en los 155 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada. Emitimos llamados a todas las autoridades del país por medio de tres recomendaciones generales relativas al uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, al otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a reclusos y a la práctica de verificaciones migratorias ilegales.
Consideramos obligación de los presidentes municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo federal mantener y mejorar su coordinación en estos temas de notable trascendencia para los derechos humanos.
Dimos atención especial a cuatro casos de gran sensibilidad para la sociedad mexicana como fueron los ocurridos en Pasta de Cochos, Coahuila; Lázaro Cárdenas, Michoacán; en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México; y en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.
Nuestros visitadores estuvieron en cada una de dichas comunidades para atender a la población y, a no dudarlo, su presencia contribuyó a evitar mayores violaciones a los derechos humanos.
Estos casos evidenciaron serias fallas en el funcionamiento del gobierno federal en su conjunto. El abuso de la autoridad policíaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Atenco, Estado de México, desnudó una alarmante realidad de nuestros cuerpos de seguridad. A los agravios físicos y sicológicos contra la población, se sumó uno más.
Meses después, cuando la autoridad federal —concretamente la Secretaría de Seguridad Pública— rechazó nuestras recomendaciones y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos, abrió —como quedó señalado— un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento.
Ante la preocupante situación generada por los desbordamientos violentos de la delincuencia organizada, elaboramos un Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho de Seguridad Pública. En él no sólo propusimos a los gobernantes 16 medidas concretas, sino llamamos también su atención sobre procesos sumamente negativos de desconfianza en las autoridades que aumentan el riesgo de ser más frecuentes los actos de linchamiento y justicia por propia mano.
El impulso a respetar los derechos fundamentales tanto como otros asuntos, requerirán un nutrido diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, por ello buscaremos contribuir a la construcción de un sano debate alrededor de los temas de la agenda de derechos humanos que entregamos en el 2006 a los candidatos a puestos de elección popular.
Estamos convencidos. Las victorias más significativas para el avance de un país democrático deben originarse, de fondo, en la educación cívica. Por ello desplegamos un esfuerzo importante en materia de promoción, divulgación y estudio de las garantías fundamentales, difundimos más de un millón de libros y publicaciones para enriquecer la cultura de los derechos humanos entre la sociedad mexicana.
El esfuerzo de la CNDH fue apoyado por legisladores durante 2006. Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en dicho período nos permiten ahora solicitar la aplicación de sanciones penales a los servidores que brinden información falsa a esta Comisión.
También se otorgó a la CNDH la facultad de solicitar que se inicien procedimientos administrativos contra trabajadores gubernamentales. Así avanzamos hacia el objetivo de evitar el doloroso bloqueo de nuestra labor por parte de malos servidores públicos.
Asimismo, estas reformas legales permitieron a la CNDH garantizar la posesión de un patrimonio propio. Este positivo cambio significó un avance más en el fortalecimiento de nuestra autonomía. Podemos decir, con toda certeza, que gracias al Poder Legislativo federal hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es más libre y más fuerte.
También en 2006 ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales aprobaron una reforma constitucional para dar a la CNDH la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados antagónicos a la Carta Magna. Esta capacidad se hizo extensiva a los organismos públicos defensores de los derechos humanos de las distintas entidades federativas respecto a las leyes locales.
Los legisladores mexicanos demostraron estar plenamente conscientes de lo indispensable de acotar el poder público mediante la primacía de la legalidad. Gracias a los diputados y senadores, ahora los defensores públicos de los derechos humanos tenemos más y mejores herramientas frente a los posibles actos arbitrarios del poder.
No quiero soslayarlo. El año 2006 fue un año negro para la prensa en México. Los periodistas son un grupo vulnerable. A pesar de la creación de una fiscalía para delitos cometidos en su contra, las denuncias tuvieron un rasgo común: no han sido resueltas de manera satisfactoria, ni esclarecidos los hechos motivos de las quejas.
Además de promover cambios jurídicos para garantizar el secreto profesional de los comunicadores, la CNDH ha pugnado por acelerar reformas legales, mediante las cuales los periodistas ya no puedan ser acusados penalmente por presuntos delitos de calumnia y difamación al ejercer el derecho a la libertad de expresión.
Así como es urgente e indispensable investigar las agresiones consumadas contra comunicadores, también lo es el garantizar la protección legal que les permita realizar su labor social sin amenaza alguna. La salud de nuestra democracia así lo demanda.
Cuando un gobierno falla en su deber de responder por la seguridad de los comunicadores, coarta indirectamente la libertad de prensa y la autocensura se convierte en la única opción para garantizar la supervivencia.
Por otro lado, con mucha pena, tengo que decir que los defensores públicos de los derechos humanos enfrentamos presiones en 2006. En situaciones de franco descontrol interno, funcionarios de segundo y tercer nivel de la Procuraduría General de la República tergiversaron e incumplieron incluso, con sus ordenamientos internos con ánimo insistente de atacar a la gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera por demás insólita, al grado de interponer acusaciones penales y demandas judiciales por actos directamente relacionados con el ejercicio de las funciones del ombusdman, violando con ello la legislación.
Pero lo peor resultó ser la promoción y el aliento de tales despropósitos por parte de la autoridad, creando una especie de persecución política contra el ombudsman nacional, tolerada y quizá auspiciada desde la jefatura del Estado. Esta situación no ha sido aclarada todavía.
A pesar de esas presiones nos concentramos en lo más importante, trabajar a favor de la ciudadanía. Quizá por ello, gran parte de los mexicanos aprecian nuestra labor y tenemos un alto nivel de aprobación por parte de la sociedad. En los últimos años diversos estudios de opinión han mostrado a la CNDH como una institución en la cual los ciudadanos depositan permanentemente su confianza.
Señoras y señores legisladores. El ombudsman es una institución de la democracia y para la democracia, cuya pertinencia ha quedado acreditada en más de 90 países del mundo. En nuestro país es además la institución protectora y promotora de derechos humanos, cuya existencia recomienda la Organización de las Naciones Unidas para todas las naciones.
Gozando afortunadamente de una autonomía ejemplar superior a lo exigido en los llamados Principios de París, de observancia internacional, la fuerza del ombudsman no reside en la coacción ni en la coerción del Estado, sino en la fuerza moral de la ley—la buena ley de la que hablaba Morelos— por eso, su principal arma debe ser el convencimiento.
Poco podremos avanzar en la ruta de la democracia si carecemos de la certeza de la sociedad sobre la bondad y necesidad de nuestro afán social y legal. Así como de la sensibilidad gubernamental para comprender nuestro trabajo como una forma de alianza genuina; pues con él ayudamos a cumplir el orden jurídico, considerado como el primer objetivo de los desvelos y preocupaciones del Estado.
No somos el enemigo a vencer ni voces para la prédica hueca; somos aliados de quienes tienen a su cargo la comunidad política. A ellos les auxiliamos para cumplir mejor su trabajo y realizar valores y principios esenciales de la justicia, la seguridad jurídica y la paz. Cuando así seamos vistos, estén ustedes seguros, señoras y señores legisladores, habremos dado un gran paso en la vida democrática del país.
Por ello, el ánimo de este Informe no es señalar culpables ni dañar políticamente a ningún individuo, muy por el contrario, difundir y analizar los asuntos abordados por la Comisión en el 2006 echará la luz sobre uno de los años más trascendentales en la vida política nacional, a fin de construir para el futuro. Antes de dar vuelta a la página hay que leerla completa.
En este Informe se pueden encontrar indicios claros sobre las áreas cuyo mejoramiento resulta indispensable para reforzar el respeto del Ejecutivo federal a los derechos humanos. Nuestra intención no es ser verdugos, sino ofrecer instrumentos para mejorar el servicio público.
A pesar de cualquier idea simplista, esto tiene una poderosa razón. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pugnamos por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos y usar las herramientas otorgadas por la ley.
Haber debilitado el Estado —como sin duda se hizo— dejó a México en una situación precaria. Hoy es indispensable comenzar a preocuparnos no sólo por el tipo de gobierno existente, sino también por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más República en nuestra democracia.
El gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad genera vacíos. La apatía oficial otorga a los grupos de presión de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Asimismo, cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia.
El Estado de derecho, estamos ciertos, es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir. Sólo los gobernantes ceñidos estrictamente a la ley pueden demandar el cumplimiento de los demás. Sólo en un país de leyes puede haber dignidad, igualdad, orden y respeto a los derechos humanos para todas las personas.
Si los actores políticos y la sociedad en general privilegiamos la cultura del diálogo y renovamos nuestra fe en la palabra como instrumento de acuerdo podemos aprovechar las duras lecciones de 2006 y consolidar en los siguientes años el anhelo de un país con generosidad y con justicia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Esta Presidencia de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, al recibir el Informe de Actividades del Año 2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentado por su titular, el doctor José Luis Soberanes Fernández, reconoce el cumplimiento puntual de la ley y hace votos porque la cultura de respeto a los derechos humanos forme parte de nuestro modo de ser como sociedad que respeta la ley y el Estado de derecho.
Y que reconoce la importancia de este órgano autónomo que debe orientar siempre su actividad al servicio de la dignidad de las personas; de todas las personas que acuden a esta Comisión en búsqueda de una orientación, cual es la naturaleza de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias por su presencia, doctor.
Pido a la comisión de cortesía acompañe al doctor Soberanes. Gracias.
(La comisión cumple su cometido)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se turna el Informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se recibió comunicación del senador Alfonso Sánchez Anaya. Solicitud de licencia temporal por requerir servicios de atención médica, con efectos a partir del 1 de febrero de 2007 y finalizar el día 12 de marzo siguiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se concede licencia al C. Alfonso Abraham Sánchez Anaya, para separarse de sus funciones como senador de la República por el estado de Tlaxcala del 1 de febrero al 12 de marzo de 2007.
No habiendo quien haga uso de la palabra se procede a ponerlo a votación. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Comunicaciones. Del Congreso del Estado de Coahuila. Remite acuerdo en torno a los incrementos de la leche Liconsa, la gasolina y el diesel.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Del Congreso del Estado de Coahuila. Remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión a revisar y emitir nuevo decreto regulatorio e integral de vehículos de procedencia extranjera que se encuentran en el interior del país.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: El Congreso del Estado de Morelos remite acuerdo por el que exhorta apoyo a los trabajadores de los colegios de Bachilleres.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: El Congreso del Estado de Morelos remite acuerdo por el que se adhiere al acuerdo del Congreso de Jalisco a fin de transparentar el manejo de los recursos del Fideicomiso para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: El Congreso del Estado de San Luis Potosí remite acuerdo por el que se adhiere a la petición del Congreso del Estado de Chihuahua para que el Congreso de la Unión autorice el importe necesario para adquirir la vacuna rotarix y ésta sea incluida en la Cartilla Nacional de Vacunación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: El Congreso del estado de Sonora remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que las entidades federativas permitan la fiscalización de los recursos federales.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que se remite acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Legislativo y Legislativo federales a crear un grupo de trabajo para diseñar e instrumentar un programa emergente de estabilización de los precios de los productos de la canasta básica, así como para que el país alcance la autosuficiencia alimentaria.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación remite contestación de la Auditoría Superior de la Federación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 4 de enero de 2006.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado. Y remítase copia a la Cámara de Senadores para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: El procurador de Justicia del Estado de México remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Dirección General de Luz y Fuerza del Centro por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del Necaxa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Puebla remitan estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxaltépec.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio del Congreso del estado de Jalisco con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos de Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Oficio del ciudadano Ignacio Gutiérrez Aranzata, por el que solicita permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de Caballero en la Orden de las Palmas Académicas, que confiere el gobierno de la República Francesa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio del ciudadano Alfonso Acevedo Almansa, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de Caballero en la Orden de Palmas Académicas, que confiere el gobierno de la República Francesa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remite de manera impresa en siete tomos y disco magnético, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y remítase al archivo, para consulta de los ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Doy lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, que contiene: C. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, presente. Para los efectos constitucionales y por instrucciones del ciudadano Presidente de la República. Con el presente envío a usted iniciativa de decreto que reforma los artículos 73 fracción I y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; documento que el propio primer magistrado de la nación propone a la Cámara de Senadores. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. Atentamente Armando Salinas Torres, subsecretario de Gobernación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe del titular del Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, respecto a su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de la República de Nicaragua.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación. CC. Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, presentes. Con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el presente me permito remitir a ustedes la comunicación del ciudadano Presidente de la República, con la que se comunica que ha dispuesto el nombramiento de un comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes. Sin otro particular, Armando Salinas Torres, subsecretario.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Seis oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse a la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite su presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para enero y febrero de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Proceda la Secretaría a dar cuenta con los presupuestos de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Lectura del presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la H. Cámara de Senadores, para el mes de enero de 2007. En votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: (Lectura del presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la H. Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2007).
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura a los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Ángel Ramos Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio César López Baquera para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República del Perú.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, José Gerardo Valcárcel del Barrio, Wilfredo Robledo Luna, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros, publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes relativos a las solicitudes de permisos, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Selene Quezada García, Flor Guadalupe Ortiz Lazo, Blas Rafael Aguirre Sáenz, Sonia Aldana Esparza, Antonio Posada Quintana y Miguel Angel Ramos Ramírez, para prestar servicios en la embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Cuidad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora y Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Julio César López Baquera, para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar en grado de Comendador, que le confiere el gobierno de la República de Perú. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Marco Antonio Peyrot y González, José Gerardo Valcárcel del Barrio, Wilfredo Robledo Luna, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, Martín Enrique Barney Montalvo y Alberto Castro Rosas, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si es va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no hay artículo reservado para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los proyectos de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación)
Se emitieron 26 votos en pro y ningún voto en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 26 votos. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es: dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: De la Primera Comisión de trabajo con puntos de acuerdo en relación con los crímenes y amenazas en contra de periodistas, editores y medios de comunicación nacionales y locales.
De la Primera Comisión de trabajo con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Sagarpa a emitir declaratoria de desastre y de contingencia en diversos municipios de Tabasco.
De la Primera Comisión de trabajo con punto de acuerdo para solicitar que se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes.
De la Primera Comisión de trabajo con punto de acuerdo por el que se crea un grupo plural de trabajo que visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad, en las que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está reservada la participación del senador Monreal en el asunto de Oaxaca, ¿algún otro legislador?
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor Presidente…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿En dónde y cuál otro?
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Ciudadano Presidente. Le pido reserve mi voto para participar en el tema del tercer y cuarto dictámenes a discusión, relativo a la Primera Comisión con punto de acuerdo para solicitar se declare zona de desastre al municipio Calvillo, ése es uno. Y el relativo a la Comisión Plural de Trabajo de legisladores que visitaron Oaxaca, a las cárceles de máxima seguridad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Algún otro legislador?
De los puntos de acuerdo no reservados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueban dichos puntos de acuerdo no reservados.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo.
Para hablar sobre el dictamen de la Primera Comisión de trabajo, con punto de acuerdo que solicita la declaración de zona de desastre al municipio de Calvillo, en Aguascalientes, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente. Ciudadanos legisladores. Se está en discusión de un punto de acuerdo para solicitar se declare zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes.
En la solicitud de punto de acuerdo presentada por los legisladores de Aguascalientes se establece cómo una superficie importante de cultivos en esta zona del estado de Aguascalientes, del municipio de Calvillo, se han visto afectados por las heladas sobre todo en el cultivo de la guayaba y otros.
Esta zona, en efecto sufrió como nunca los estragos de las inclemencias del tiempo. Es una zona donde normalmente el hielo, las nevadas, no llegan y cuando llegan, afectan al cultivo de la guayaba fundamentalmente.
Quizás algunos puedan identificar esta zona. Es una zona donde se produce una gran parte de guayaba, quizás la más importante del país pero curiosamente es la misma zona del estado de Zacatecas. Es decir, es una zona que no puede ser separada por los límites que los estados tienen. Es una región uniforme y esta nevada, helada que afectó a los cultivos de Aguascalientes, también afectó —por tratarse de la misma región— al estado de Zacatecas.
Tenemos la misma presencia de este fenómeno meteorológico en los municipios de Tabasco, de Jalpa, de Juchipila, de Apozol, de Huanusco, cuya principal actividad es precisamente el cultivo de la guayaba, por eso solicito a la Presidencia que le solicite a la Primera Comisión si se admite que se contemple no sólo al estado de Aguascalientes, sino al de Zacatecas, en los municipios de referencia, para que en el mismo punto de acuerdo sea declarado también zona de desastre.
No hay motivo para que sólo se considerara la zona que se encuentra en los límites del estado de Aguascalientes, en el municipio de Calvillo.
También le diría que el problema del FAPRACC, es un fideicomiso que maneja agricultura para aquellos cultivos que se ven afectados, debe intervenir en esta región independientemente de los recursos que pudieran llegar por la vía de la declaración de desastres. Es decir, debería enfocarse, abocarse, debería orientarse a dos secretarías, la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil; y la Secretaría de Agricultura, a través de este Fideicomiso denominado FAPRACC y que sirve y se destinan para aquellos cultivos que han sufrido por causas del tiempo, por causas de desastres naturales, merma o pérdida total en sus cultivos.
Esta zona de Aguascalientes-Zacatecas está en este momento padeciendo los estragos de la insuficiencia de sus cultivos y la pérdida por desastre natural de miles de hectáreas que fueron plantadas y que son cultivadas con esta fruta denominada guayaba, que representa la principal actividad económica de toda la zona.
Por eso le solicito, Presidente de la Comisión Permanente, haga el favor de someter a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión mi petición. Y se la formalizaré por escrito. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Ricardo Monreal. Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para referirse al mismo tema.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Únicamente para, a nombre propio y a nombre del senador Carlos Lozano —ambos legisladores del estado de Aguascalientes— expresar un reconocimiento en esta ocasión a la Secretaría de Gobernación, porque justo el día de hoy, miércoles 24, publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de contingencia climática para el Municipio de Calvillo. Es decir, que en esta ocasión el dictamen que emite nuestras Segunda Comisión ve ya un reflejo inmediato en la propia Secretaría.
Sin embargo, sí quisiera hacer también patente el apoyo a la propuesta que hace el senador Monreal. Ciertamente, para quienes conocen el bello estado de Aguascalientes, y muy en especial a la hermosa zona del valle de Huejúcar, es una zona que por razones climáticas y de presencia sociológica está muy ligada al estado de Zacatecas.
Para ser franca, yo nací en Tabasco, Zacatecas, en ese municipio que propone el senador Monreal que pueda ser incluido. Y me parecería que sería un dato importante que esta Cámara de Diputados pudiera hacer extensiva esta solicitud a la Secretaría de Gobernación, porque son zonas muy marginadas, son zonas que se han vuelto expulsoras de trabajadores del campo hacia Estados Unidos, son zonas en donde vemos a familias literalmente de puras mujeres y sus hijos, donde no hay jóvenes, donde no hay varones y evidentemente la única posibilidad de ingreso que tienen es precisamente el cultivo de la guayaba y de algunos otros en el campo de esta zona.
Entonces, pedirles esta ampliación para que podamos solicitar a la Secretaría de Gobernación ampliarlo a esos municipios que expresó ya el senador Monreal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez. Para hablar también sobre el punto de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo relativo al grupo plural de trabajo que va a visitar a los centros estatales de readaptación social de cárceles de máxima seguridad en los que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca, tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Hasta el día de hoy el tema de Oaxaca continúa sin llegar a una solución plena, quedando en el olvido una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos.
Este vergonzoso conflicto de índole totalmente político tiene un saldo de aproximadamente 350 detenidos, varios desaparecidos, desencadenando en que a la fecha se han recibido aproximadamente 500 quejas por violaciones a los derechos humanos, especialmente derechos a la vida, a la integridad física, psicológica, a la libertad personal, a la de legalidad, seguridad jurídica, libre tránsito, protección a la salud, de manifestación, de reunión, de información, provenientes todas del uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas, cateos ilegales negativos a proporcionar el debido proceso y los servicios de educación y salud.
Ha habido una flagrante, permanente y vergonzosa violación de los derechos humanos de los oaxaqueños. Ha habido una frecuente actitud de hostilidad, de acoso, de persecución, contra aquéllos que protestan socialmente por las condiciones de vida, en las que se encuentran miles de oaxaqueños. Ha habido una constante persecución de los líderes sociales de este movimiento y hay en este momento encarcelados ilegalmente, privados de su libertad ilegalmente en prisiones de alta seguridad, que sólo compete a la autoridad federal, cuando se encuentran en actividades también de tipo federal. Es decir, estas violaciones de los derechos humanos no han sido suficientes para las autoridades para poder soltar, liberar a estos reos políticos, a estos presos políticos, presos de conciencia.
Por eso nos parece importante este punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRD. Nos parece correcto que se forme este grupo plural y visite los centros de reclusión donde aún hay más de 50 compañeros oaxaqueños que están siendo procesados por delitos que habían desaparecido desde hace muchas décadas: amotinamiento, sedición y otras, que lamentablemente en Oaxaca, todavía el tipo penal persiste.
Es el ejemplo de la barbarie, es el ejemplo de gobiernos encabezados por sátrapas, es el ejemplo de lo que no se debe de hacer en este país. Gente inocente en las cárceles y los líderes de cuello blanco en libertad, protegidos y amparados por el gobierno. Eso es lo que pasa en Oaxaca.
Es triste observar que no hay quien levante la voz por esta violación flagrante de las garantías individuales consagradas en la parte dogmática de nuestra Constitución. Para ellos, las garantías individuales son letra muerta, nadie la respeta, nadie las observa, todas se violan en su perjuicio. Es triste observar el devenir de estas personas que sin dinero, sin recursos, están atravesando por un Apocalipsis, sólo por ser inconformes sociales; ése es su único delito, ésa es su única violación, sólo ser inconformes sociales. Qué lamentable que en pleno siglo XXI estemos en esta posición.
Pero votaremos a favor de este punto de acuerdo para que esta comisión plural nos pueda informar el estado en que se encuentran estas casi 50 personas detenidas en distintos centros de reclusión social; incluyendo a los de alta seguridad, que están en centros de reclusión de alta seguridad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Ricardo Monreal. Proceda la Secretaría a poner a votación el punto de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo, donde se solicita se declare zona de desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes. Pero antes, si se acepta la propuesta hecha por el senador Monreal, para que se incluya a municipios de Zacatecas en la declaratoria de desastre. Municipios de Tabasco, Jalpa, Juchipila, Apozol y Huanusco.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se acepta que el municipio de Calvillo sea declarado zona de desastre y si se anexan los propuestos por el senador Ricardo Monreal. Se pregunta a los legisladores, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Con esa ampliación, consulte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo para declarar zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes y a los municipios de Tabasco, Jalpa, Juchipila, Apozol y Huanusco, en el estado de Zacatecas.
El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo para declarar zona de desastre al municipio de Calvillo, Aguascalientes y los municipios del estado de Zacatecas, propuestos por el senador Monreal. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvase manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse también el punto de acuerdo de la Primera Comisión de Trabajo por el que crea un grupo plural que visitará los centros estatales de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en los que se encuentran personas detenidas por su presunta participación en el movimiento social del estado de Oaxaca.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo para que una comisión plural visite los centros de readaptación social donde se encuentran detenidas personas que participaron en el movimiento social del estado de Oaxaca. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…. (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
Pasamos al capítulo de iniciativas y nuevamente hago un llamado a los señores legisladores que habrán de presentar iniciativas de ley, que de ser posible, ajusten su tiempo a cinco minutos, sin que esto implique que no se les permita utilizar hasta los 10 minutos.
Tiene la palabra el diputado Antonio Muñoz Serrano, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Con la venia también de los legisladores. Decirles que hoy venimos a presentar una iniciativa de decreto que tiene que ver con una adición al artículo 28.
Y para hablar de esto tendremos que recordar que la atención primaria para la salud, fundamental en el desarrollo de este país, el buscar que la atención primaria llegue a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, es importante.
Pero esto es una tarea no solamente de la institución gubernamental, sino también de los profesionistas de este país; y hay un equipo interdisciplinario que ha participado en el desarrollo de la atención primaria para la salud, y varios diputados de esta Legislatura preocupados por este tema, el de la voz, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, la diputada Margarita Arenas Guzmán, la diputada Adriana Vieyra Olivares, del Partido Acción Nacional, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática y María Oralia Vega Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, han decidido firmar esta iniciativa que tiene que ver con buscar reconocer el trabajo de los profesionistas que se han encargado de darle y de brindarle a este país la atención primaria para la salud, y para esto hay que recordar que en 1994 la Organización Panamericana para la Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocieron el trabajo, no solamente de los médicos, sino también de ese equipo que lo conforman las enfermeras, nuestras enfermeras mexicanas, y que ellos reconocen el trabajo y la labor de la licenciatura en Enfermería como tal, al igual que la licenciatura en Medicina y que dentro de la formación que llevan nuestras enfermeras llevan una materia que llevamos los médicos, que es la farmacología, que esto le permite a la enfermera conocer no solamente del suministro de los medicamentos.
Esto tiene que ver —les decía—, con atención primaria, porque tenemos que reconocer que en este país tenemos un médico por cada mil habitantes, cuando lo ideal sería tener tres médicos por cada mil habitantes.
Enfermeras en este país. Nosotros en este país tenemos dos enfermeras por cada mil habitantes; el estándar internacional es de ocho enfermeras por cada mil habitantes. Esto quiere decir que mucha de la labor que hoy se realiza en la atención primaria no solamente la hace el médico y las instituciones de salud; la hacen nuestras enfermeras en el trabajo de campo, a donde no alcanza a llegar el médico, lo hace la enfermera, y es justo brindarle las garantías en la ley a aquellos que han decidido entregarse a una labor por una vocación.
Yo quiero decirles que en otros países, en Europa —nombraré algunos de ellos—, en Australia, en Reino Unido, en Francia, en España, en Suecia, en Estados Unidos, ya se le permite y se le reconoce a la enfermera como alguien que puede, con su licenciatura, suministrar y también prescribir algunos medicamentos del cuadro básico, y esto tiene que ver con buscar darle el alcance a la atención primaria para la salud.
De hecho, algunos programas federales ya lo contemplan y también hay que reconocer que en la normatividad mexicana las enfermeras cumplen con este cometido, pero que aún la ley no les brinda esa garantía y es por eso que la preocupación de estos médicos parte de la Comisión de Salud, que hoy a través de un servidor presentamos esta adición al artículo 28, porque mucho de este personal se ha visto hostigado en asuntos jurídicos por no contar con una adhesión como ésta en la Ley General de Salud.
Esto tiene que ver con el interés de reconocer a nuestras enfermeras, al equipo interdisciplinario y también de garantizarle al ciudadano la atención para la salud.
Por lo antes expuesto, les voy a leer cómo quedaría la adhesión. Sería adicionar al artículo 28 lo siguiente, de la Ley General de Salud: "Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son médicos —como ya lo contempla el Reglamento—, los médicos homeópatas, los cirujanos dentistas, los médicos veterinarios en el área de su competencia y las licenciadas o licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir medicamentos comprendidos en el cuadro básico y también de acuerdo a la normatividad que pueda emitir la Secretaría de Salud".
Para esto estamos dando un año después de aprobada esta iniciativa, para que la institución encargada de la salud en este país pueda determinar de qué manera, de qué forma, qué medicamentos y bajo qué condiciones puedan prescribir nuestras enfermeras algunos medicamentos para nuestros pacientes. Recordemos que hay pacientes que ya no pueden salir de su casa y que difícilmente algún médico llega a poderles dar la atención y que mucha de esta atención es a través de una enfermera, si esto ya sucede, pues busquemos darle las garantías a quien ha estado preocupado por la salud. En este caso serían nuestras enfermeras.
El presente decreto entraría en vigor al año siguiente de su publicación, el Diario Oficial, plazo durante el cual el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto en el último párrafo del artículo 28 de la Ley General de Salud, deberá establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria para la salud.
Por obviedad de tiempo, Presidente, pediría que el texto íntegro de la iniciativa se anexara al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente, que se turne a la Comisión correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Antonio Muñoz Serrano, como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Diputados, diputadas, senadores y senadoras. Es una verdad incuestionable que nos encontramos en un proceso de cambio, que se orienta a la consolidación de la democracia, cuya base es un sistema de gobernabilidad que produzca nuevos equilibrios entre diversos órdenes, sectores económicos, sociales y políticos.
El fenómeno de los cambios y transformaciones ha reforzado, entre otros, el creciente peso de la tecnología que accede sin límites a los hogares y a los lugares donde nos desarrollamos tanto en medios productivos, educativos, de servicios, etcétera.
Como nunca, la opinión pública ha cobrado fuerza y es un factor que no puede dejar de considerarse en todos los procesos de decisión, que la relación entre opinión pública y Estado no sólo se da la primera a la segunda, sino quienes detentan el poder público caen en la tentación de influir en la sociedad, haciendo uso del acceso privilegiado a los medios de comunicación.
La falta de límites precisos sobre el contenido de la información gubernamental evita la eliminación de un mal endémico de nuestras sociedades, que es el populismo y la manipulación. El cual es ejercido indistintamente por gobiernos de izquierda o de derecha. Un caso concreto lo encontramos en el propósito señalado por el gobierno del Presidente Fox, de trasparentar y profesionalizar la publicidad gubernamental, resultando en la ocurrencia del recurso, del uso personal y partidista de los tiempos del Estado, mismo que fue señalado por el Tribunal Federal Electoral como una de las causas de conflicto en el proceso electoral de 2006.
Si queremos arribar a un sistema democrático que se caracterice por un manejo de información pública, sujeto a criterios de interés general a la ética y a la moderación es preciso reformar el marco legal que la regula y que hasta ahora es omisa en los contenidos que debe tener, dejándolo al criterio discrecional arbitrario del Poder Ejecutivo.
La sociedad, es evidente que no desea que las cosas continúen en el pasado. Es decir, que las facultades que pudiera sustentar un solo individuo, aunque éste sea el Presidente d la República, mantengan un individualismo que promueva conductas protagónicas y paternalistas propias de la figura del presidencialismo del pasado.
Es la hora de mirar hacia delante, que nuestros gobernantes —y particularmente el Ejecutivo federal— asuman una actitud prudente, que produzca una nueva forma de comunicación con la sociedad mexicana y que exista disposición de cederle a la sociedad funciones y prerrogativas que hasta ahora él monopolizaba, muchas veces de manera metalegal.
Manuel Cresencio Rejón advertía sobre el riesgo de depositar en un solo individuo poderes sin límite, aunque existiese la mejor buena fe. Con el tiempo, el poder unipersonal tiende a confundir sus intereses individuales con los del Estado. Con ello, termina amenazando la frágil semilla de la democracia y de la libertad, según el citado autor.
Esto es precisamente lo que ha pasado, ya que la experiencia demuestra que con el tiempo, los titulares del Ejecutivo acaban confundiendo su función, las instituciones y las políticas con un solo objetivo, que es su popularidad y más tarde asumiéndose como el jefe de una campaña partidista permanente en detrimento de la imparcialidad que debe regir la función pública.
El espíritu democrático que la sociedad exige debe garantizar el ejercicio pleno de la pluralidad en todos los ámbitos del Estado; por ello, el esquema del presidencialismo omnímodo debe ser sustituido por un sistema de mayor equilibrio entre los poderes, incluidos los mecanismos de difusión hacia la ciudadanía. Ello implica superar el culto a la personalidad que pervierte las instituciones democráticas.
El Congreso en otras legislaturas ha hecho esfuerzos serios para limitar este monopolio gubernamental de los tiempos del Estado y el abuso de sus contenidos. Por ejemplo, el Presupuesto de Egresos de la Federación contiene ahora una distribución de los tiempos de comunicación que incluye al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al de los estados.
Adicionalmente, por cuestiones de riesgo, cuando se trata de programas sociales, las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social para evitar el corporativismo informativo y el otorgamiento de servicios sociales ajustados a la idea de que es el presidente o su partido quienes los otorgan, cuando son fruto de la ley y de decisiones generales del Estado.
En el año 2006, esta Cámara interpuso una controversia constitucional por la violación a estas normas y la Suprema Corte reconoció que la actuación del Ejecutivo se encamina precisamente a manipular la información gubernamental con esos fines. Éste es un botón de muestra ante la situación que es más general.
Y continúa. La Ley Federal de Radio y Televisión es precisa al establecer que es el Estado quien posee el dominio directo de la propagación de ondas electromagnéticas en el espacio y que dicho dominio es inalienable e imprescriptible; por eso mismo se expide una ley de orden público que establece que su explotación se realiza cuando exista concesión o permiso del Ejecutivo federal, quien por tal motivo debe vigilar el debido cumplimiento de su función social, que se sintetiza en el propósito de fortalecer la integración nacional.
Por ello, la jurisdicción federal en todo lo que compete a la radio y a la televisión, otorga a varias dependencias federales diversas facultades como son: a la Secretaría de Transportes la facultad para administrar todo lo referente a la Ley Federal de Radio y Televisión, a la Secretaría de Gobernación para vigilar las transmisiones en su contenido, a la Secretaría de Educación Pública para que promueva la educación y la cultura, a la Secretaría de Salubridad y Asistencia se le faculta para promover y organizar la salud del pueblo y vigilar la comercialización de los medicamentos.
La ley de la materia es precisa al señalar las responsabilidades gubernamentales de administrar y vigilar el uso de la señal que realicen los concesionarios y permisionarios, pero en ningún punto se indica alguna instancia de vigilancia para los órganos de gobierno ni para el mismo Ejecutivo federal sobre el uso del espectro radioeléctrico y televisivo.
Por ley, le corresponden 30 minutos gratuitos diariamente en cada una de las estaciones de radio y canales de televisión, en los que se deben difundir temas educativos, culturales o de orientación social. En realidad está probado que se alienta lamentablemente el punto a la personalidad presidencial.
Según diversas estimaciones, la Presidencia utiliza poco más de 500 millones de pesos en publicidad; además quienes utilizan el mayor tiempo fiscal son las secretarías de Educación, la de Gobernación y en primer lugar lo tienen, con cerca del 20 por ciento, la Presidencia de la República. Es simple advertir el tremendo poder que implica esta facultad.
Dice la ley que todas las estaciones de radio y televisión del país están obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia parar la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.
Nada más preocupante que seguir manteniendo este criterio de usar a juicio particular, sin restricción alguna, discrecionalmente, este recurso, sin riesgo de que se oriente a personalidades, grupos, partidos políticos, poderes diferentes al Estado y a la imagen personal.
Los cambios democráticos también deben contemplar el uso de los tiempos del Estado y particularmente del Ejecutivo federal, con apego estricto a una sola regla: el interés público.
En este sentido, esta iniciativa, además de promover diversos límites a su utilización, adiciona a los criterios de emergencia que contempla la ley criterios de difusión por cuestiones o para cuestiones de educación, de salud, de orientación social, para el uso de determinados servicios de igualdad, no discriminación y de prevención del delito.
También se propone que el Consejo Nacional de Radio y Televisión, que es la instancia colegiada que supervisa que las transmisiones se amplíen con representantes de diversos sectores de la sociedad, cumpla el objetivo fundamental de vigilar, tanto el desempeño de los concesionarios y permisionarios, como del Ejecutivo, principalmente en su apego a la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente
Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue.
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias con duración de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, de salud, de orientación social para el uso de determinados servicios, de igualdad y no discriminación y de prevención del delito; además de los que, por su interés público, autorice el Consejo Nacional de Radio y Televisión.
Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, mediando solicitud de la Secretaría de la Gobernación, con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con excepción de situaciones de emergencia nacional.
Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como presidente; uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la Secretaría de Educación Pública, otro de la de Salubridad y Asistencia, dos de la Industria de la Radio y Televisión, dos de los trabajadores, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos seleccionados por su aportación a la investigación o a la divulgación científica en la materia, mismos que propondrá el presidente del Consejo y ratificará el Pleno.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, solicitándole sea insertado en la Gaceta Parlamentaria y haciendo simplemente un comentario.
Es sumamente importante que podamos regular el tema, esencialmente cuando se encadena en cadena nacional las diferentes estaciones de radio y televisión. Porque, lamentablemente, hace muchos meses vivimos un ejemplo en el caso del Presidente Fox, cuando hizo una cadena nacional justo para un enfrentamiento con esta Honorable Cámara de Diputados. Ojalá tomemos en consideración ese antecedente y procedamos a reformar la ley en comento.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Lorena Martínez Rodríguez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 199 del Código Penal Federal.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Vamos a presentar una iniciativa de reformas al Código Penal Federal del artículo 199, específicamente en materia de farmacodependencia. Esto lo hacemos precisamente porque la farmacodependencia representa hoy un problema tanto social como de salud pública, y lo es de salud pública precisamente por la escalada de nuevos adictos que hay en este país.
La Organización Mundial de la Salud desde 1958 ha considerado la farmacodependencia como una enfermedad, esto es, requiere de un tratamiento médico específico. Desde luego que el crecimiento acelerado de farmacodependientes en nuestro país es, sin lugar a dudas, resultado de una mayor distribución de sustancias ilícitas.
Dicha realidad genera grandes costos para el país que el Estado debe atender en dos sentidos. Por un lado la reducción de la oferta, situación en la que buscan responder los operativos implementados en las últimas semanas por el gobierno federal; pero también, por el otro, el aumento de la demanda, que representa ya hoy en día un problema de salud pública.
El propio gobierno federal reconoce que carece de una estrategia definida para la prevención y atención de los farmacodependientes, así lo reconoció ayer aquí el procurador general de la República, el licenciado Eduardo Medina Mora.
También el propio secretario técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Cristóbal Ruiz Gaytán, reconoció que son pocos los recursos destinados a la prevención de las adicciones ya que mientras se destinan 16 pesos al combate de la oferta de las drogas, sólo un peso es para reducir la demanda.
En opinión de los legisladores del Partido Verde, penalizar el consumo de sustancias adictivas no representa una solución, pues se trata de personas afectadas, víctimas finalmente de la presencia de las drogas en las calles.
No se trata necesariamente de delincuentes; y son cada vez más los jóvenes, adolescentes y niños que por muchos factores acaban padeciendo una adicción a alguna droga con consecuencias devastadoras para sus oportunidades de vida y desde luego para su salud. Es por ello que se precisa atender este problema con medidas más estrictas.
La Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2000 murieron al menos unas 200 mil personas a causa del uso indebido de drogas. En México el consumo de drogas ilegales, si bien aún no es tan alto como en otras naciones del mundo, lo más preocupante es que viene representando un gran aumento en el uso de diversos fármacos, especialmente en jóvenes y niños.
En atención a la magnitud del problema se han considerado varias soluciones, de las cuales la más frecuentemente mencionada ha sido la legalización de las drogas, pues pareciera ser el camino para reducir los efectos nocivos del tráfico ilegal, con lo que aparentemente se podría controlar el problema de las adicciones.
Desafortunamente la experiencia alrededor del mundo dice exactamente lo contrario; casi todos los países que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización han regresado a sus regímenes anteriores de prohibición, al ver cómo se ha disparado el número de adictos.
La excepción ha sido Holanda, pero al parecer va en el mismo camino, ya que después de despenalizar el uso de la marihuana en 1976 reportaron un incremento en el número de expendios de drogas solamente en 10 años, pasando de 30 a mil 500.
Usar un esquema de fiscalización tampoco parece ser una solución. Hacer que los consumidores paguen impuestos por las drogas que usan, como sucede con el tabaco y con el alcohol, pues es hacer una economía dependiente del consumo de impuestos generados por un consumo que sólo favorece la degradación de la salud de las personas.
Coincidimos en que los programas para combatir el narcotráfico deben ser una prioridad para el gobierno, como hasta ahora ha sido evidente en los primeros días del gobierno de la nueva administración del Presidente Felipe Calderón. No obstante, consideramos también que debe darse igual trato a los mecanismos de prevención y atención de la farmacodependencia.
La farmacodependencia constituye un grave problema de salud pública que merece ser prevenido y atendido, con objeto de reducir la incidencia del consumo y los problemas que le vienen asociados, ya sea problemas económicos, disfunciones familiares, etcétera.
Ante esta realidad, es innegable la urgente necesidad de ofrecer diversas alternativas de atención terapéutica para los adictos, que debido a la cronicidad de su problema requieren tratamientos que pueden incluir el internamiento o lo que le llaman los médicos rehabilitación ambulatoria. Estos tratamientos tienen por objeto suspender o reducir el uso de sustancias ilegales y disminuir los efectos nocivos sobre la salud, la familia y el entorno social.
Se sabe que el tratamiento de rehabilitación de farmacodependientes, incluso de las rehabilitaciones obligatorias, son un proceso complejo en el cual las recaídas de los adictos son frecuentes, sin embargo, está comprobado que representa una estrategia efectiva en la reducción del consumo de drogas.
Las personas que usan o son dependientes de estas sustancias requieren de un programa formal de tratamiento de rehabilitación, reinserción e integración social. Desafortunadamente una persona en estas circunstancias difícilmente por voluntad propia acude a atenderse, debido al estado físico y emocional en el que se encuentra y debido también a que las personas que son detenidas en posesión de algún narcótico en general no enfrentan consecuencias jurídicas derivadas de esta acción.
Como parte del derecho de los mexicanos a la protección de la salud, el Estado debiera establecer las condiciones para que los farmacodependientes reciban un tratamiento oportuno y accesible, de manera que pueda ser atendido por gente profesional y personalizada a través de diferentes centros de rehabilitación legalmente establecidos y que cumplan, desde luego, con estándares mínimos formulados por la autoridad sanitaria.
Consideramos pues que la intervención terapéutica supone la comprensión y conocimiento de la dependencia de las drogas, incluir esta reforma en el Código Penal Federal es necesario como un elemento para la reducción de la demanda, haciendo obligatorio para el farmacodependiente su rehabilitación, así como también la obligación de compensar económicamente a la sociedad por los gastos derivados de su tratamiento.
Además de considerar como parte del proceso terapéutico, la retribución en horas de trabajo en el centro de rehabilitación en el que fue atendido y esto es algo que ya se aplica actualmente en los centros de integración juvenil con resultados muy favorables.
El costo promedio de una rehabilitación en una institución pública oscila entre los siete y los 14 mil pesos y puede llegar hasta los 200 mil pesos en algunos centros de rehabilitación privada. Efectivamente es un tratamiento en algunos casos muy costoso, por lo que la compensación económica que se exigiría al farmacodependiente, en nuestra propuesta, representa una contribución a la salud pública, pero sobre todo la posibilidad de que el farmacodependiente deje de demandar drogas e invierta en su propia salud.
Se ha identificado que esta estrategia resulta altamente exitosa en diferentes países. Es por esto que la reforma que proponemos requerirá también el concurso del gobierno federal para que en coordinación con los gobiernos estatales establezcan mecanismos de coordinación en materia de salubridad.
Le vamos a aclarar que con la presente iniciativa no se promueve una sanción con penas privativas de la libertad en contra de los farmacodependientes, sino que se pretende alentar a éstos y, en su caso, obligarlos a que se rehabiliten.
Lo que se busca es atender a los farmacodependientes, especialmente a los jóvenes y niños que comiencen en las drogas, para que se informen y atiendan en centros especializados de su elección y que una vez transcurrido el plazo que peritos médicos determinen, mismo que no podría exceder de un año, demuestran al juez de la causa que se han rehabilitado.
Transcurrido el plazo determinado y en caso de que el farmacodependiente no acreditara haberse rehabilitado, el juez se encontraría facultado para ordenar su internación obligatoria en un centro de salud para que dicha rehabilitación se llevara a cabo.
En el Partido Verde buscamos con esta iniciativa entonces, proteger a los jóvenes y niños que comiencen con la droga, para que de ser sorprendidos en posesión de sustancias ilícitas, pues puedan ser llevados a un centro de rehabilitación donde reciban orientación, información sobre los efectos que estas drogas pueden causar en el futuro.
Buscamos también con esta iniciativa aportar instrumentos jurídicos útiles que permitan al Presidente y a su administración implementar con eficacia una estrategia de prevención y atención a las adicciones, que no solamente sea el combate a la oferta y los costos que podría ser en términos de violencia, sino también atender la parte de las adicciones.
Solicito por ahí a la Presidencia, se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates para omitir la lectura del decreto.
La Presidenta diputada Lorena Martínez Rodríguez: Insértese la propuesta del compañero diputado.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir expresamente cualquier observación del Poder Ejecutivo federal, al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación porque consideramos que la facultad de aprobar las contribuciones a cargo de los ciudadanos para financiar el gasto público ha sido históricamente una facultad exclusiva del Poder Legislativo.
En México el texto original de la Constitución de 1917 estableció en el artículo 74 fracción IV, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir ese gasto.
A su vez, el artículo 73 de ese texto original en su fracción VIII, da al Congreso la facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. En consecuencia, encontramos dos momentos muy precisos para resalta esta facultad exclusiva:
El primero, cuando el Congreso de la Unión impone las contribuciones que se destinarán a cubrir el Presupuesto de Egresos; el segundo, cuando ya conociendo el monto estimado del ingreso para un ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, en el Constituyente del 17 se establecieron facultades exclusivas para la Cámara de Diputados en el artículo 74; y facultades exclusivas para el Senado de la República en el artículo 76.
Incluso, el Constituyente Permanente aprobó una reforma a este artículo 74, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004, iniciando su vigencia al día siguiente.
El mérito de esta reforma es que hace explícita la facultad de la Cámara de Diputados para modificar la iniciativa de Presupuesto de Egresos enviada por el Presidente de la República. Esta facultad de modificación de la iniciativa del Ejecutivo federal jamás estuvo en duda, porque la Cámara de Diputados es integrante de un poder público de la Federación y no una oficialía de partes encargada de validar en sus términos la propuesta de gasto del Ejecutivo federal.
Quien puso en duda esta facultad exclusiva de la Cámara de Diputados fue la interpretación que de este precepto hizo el Ejecutivo federal cuando interpuso observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2004.
El Pleno de la Cámara de Diputados, al no reconocer la facultad constitucional del Presidente para observar el Presupuesto de Egresos de la Federación, éste interpuso una controversia constitucional ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta instancia resolvió otorgarle al Ejecutivo federal una facultad que la Constitución General de la República en ninguno de sus artículos le otorga al Presidente de la República.
Compañeras y compañeros legisladores, con el propósito de evitar dudas o interpretaciones erróneas a las disposiciones constitucionales, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone en la presente iniciativa que se establezca en el artículo 74 constitucional, que señala las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que en ningún caso el Presidente de la República podrá formular observaciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta propuesta tiene el mérito de salvaguardar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en el ejercicio de esta importante facultad legislativa financiera. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación no sólo contiene las asignaciones de gasto que el Ejecutivo federal solicita y la Cámara de Diputados autoriza, sino que también es el documento legal donde se contienen las grandes definiciones políticas que afectan o benefician a los diferentes grupos sociales.
Nuestra propuesta también busca trascender la experiencia legislativa que se vivió durante el tiempo que duró el proceso de controversia constitucional sobre el decreto de Presupuesto de Egresos para 2005, porque consideramos que este proceso jurídico no debe repetirse jamás en la historia de nuestro país.
Esta propuesta que hacemos debe ser incluida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no haya dudas sobre la norma que legisla la formulación, aprobación y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Diputada Presidente, solicito se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ricardo Cantú Garza. Toma nota la Secretaría de su petición. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se hace la mención que en el punto anterior se da turno a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados la propuesta presentada por el diputado Antonio Xavier López Adame.
Tiene la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Compañeros legisladores. La suscrita integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Salud la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis-6 de la Ley General de Salud, con el objeto de fomentar la investigación y desarrollo de las células estaminales al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Los avances logrados por la ciencia médica en las últimas décadas han traído consigo beneficios extraordinarios para toda la humanidad. Prueba fehaciente es que se ha logrado un incremento en la expectativa de vida de las personas y la reducción de la mortalidad infantil.
Sin embargo, no podemos ignorar que en este proceso de desarrollo de la ciencia médica se abren debates y controversias desde el punto de vista de la ética social, sobre todo en temas como la clonación, eutanasia y otros que implican valores religiosos y culturales.
En este contexto, uno de los más notables avances de la ciencia médica en los últimos años lo constituye la investigación y aplicación terapéutica de las llamadas células madre o troncales. Estas células denominadas también estaminales, pueden ser obtenidas y desarrolladas directamente de células de embriones del cordón umbilical, de la placenta o de la médula ósea de cualquier adulto.
Esta variedad de posibilidades nos coloca ante el primer cuestionamiento ético y se refiere a la licitud o no de utilizar embriones humanos como fuente de células troncales o estaminales. Considerando que como resultado del avance de las modernas técnicas de reproducción asistida se ha creado un número de embriones in vitro superior a la cantidad que es implantada, tenemos hoy en México, y en varios países, un número importante de embriones crioconservados no viables.
Ante esto, se ha propuesto la posibilidad de que estos embriones sean fuente para la obtención y desarrollo de células estaminales frente al hecho incuestionable de que los embriones no viables se encuentran ante la opción de ser destruidos o ser empleados para este fin.
Al respecto consideramos que tiene mayor valor para la ciencia y la vida el que sean empleados para la obtención de células estaminales siempre y cuando se reúnan las siguientes condiciones o requisitos:
Uno. La obtención del consentimiento informado de los padres legales del embrión.
Dos. La certeza científica de que existen riesgos en la implantación de estos embriones dada su prolongada estadía en criopreservación.
Tres. Que la investigación a realizarse sea únicamente en el desarrollo de células estaminales sin ningún tipo de interés económico.
Cuatro. Que el comité de bioética del hospital o centro de investigación donde se utilizarán, avale el protocolo de investigación, la ética de los investigadores y la experiencia del grupo de investigadores; y,
Cinco. Que la Comisión Nacional de Bioética lleve un registro de investigadores, protocolos y resultados obtenidos con las líneas celulares desarrolladas.
Para evitar este dilema en el futuro es preciso realizar las adecuaciones a la Ley General de Salud para que en las técnicas de reproducción asistida exista una norma que regule e impida la existencia de embriones sobrantes ya que no es permisible, en la perspectiva de la ética social, generar embriones humanos con el único fin de su posterior destrucción.
Los datos más recientes derivados de la investigación y desarrollo de las células estaminales nos ofrecen un panorama verdaderamente alentador para la terapia y curación de las más diversas enfermedades y la regeneración de tejidos y órganos, entre las que se incluyen las patologías neurodegenerativas tales como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, así como la diabetes, la epilepsia y muchas patologías más.
La propuesta de ley que presentamos se hace considerando el avance de la ciencia médica. Revisamos las legislaciones vigentes en los países con mayor desarrollo en esta área y sobresalen por su aportación y reciente adecuación las normas de Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Suecia, Dinamarca, España, entre muchos otros.
La investigación con células estaminales constituye la más firme promesa terapéutica para el desarrollo de la medicina regenerativa, por lo cual es obligación de todos, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, proponer las normas jurídicas que faciliten la labor de clínicos e investigadores.
En nuestro país hay miles de embriones en instituciones especializadas en reproducción asistida e incluso se desconoce el número exacto de éstos, puesto que se carece de una legislación al respecto.
Hacemos nuestra la exigencia social de que en las técnicas de reproducción asistida se creen únicamente los embriones que serán implantados en el útero materno, de tal suerte que no volvamos a tener de ninguna manera embriones no viables.
Por las consideraciones antes expuestas, someto ante esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se modifica la Ley General de Salud, a partir de la cual se adicionan los artículos 103 Bis al 103 Bis 6, con el objeto de fomentar la investigación y desarrollo de células estaminales, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 103 Bis. La Secretaría de Salud apoyará, estimulará y promoverá la investigación con las denominadas células madre o estaminales, dando preferencia a la investigación con células madre obtenidas de tejidos embrionarios y a las obtenidas de tejidos de adultos.
Artículo 103 Bis 2. La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Bioética llevarán un registro nacional de todas las investigaciones que impliquen la utilización de células madre o estaminales, que incluya la institución que la realiza y el grupo de investigadores.
Artículo 103 Bis 3. El Comité de Bioética de cada hospital o instituto deberá evaluar la eticidad de todos los protocolos de investigación que impliquen la utilización de las células madre; asimismo, evaluará la idoneidad profesional de los investigadores y conocerá las fuentes de obtención de las células madre.
Artículo 103 Bis 4. Los embriones creados para técnicas de reproducción asistida que hayan excedido el tiempo y las condiciones de congelación para ser considerados viables podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, cumpliendo con los siguientes requisitos.
1. Que haya consentimiento informado de los padres legales del embrión.
2. Que exista la certeza científica y técnica de que el embrión no puede ser ya implantado intraútero para fines reproductivos debido al tiempo y condiciones en que ha estado en criopreservación.
3. Que la investigación no tenga fines de lucro.
4. Que no se comercialice con el embrión ni con las células obtenidas de éste.
Artículo 103 Bis 5. Los embriones y fetos abortados espontáneamente podrán ser utilizados para el desarrollo de células madre, previo consentimiento informado de los padres.
Artículo 103 Bis 6. Queda terminantemente prohibida la creación de embriones con un fin distinto a la procreación.
Artículos transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud emitirá el reglamento para las técnicas de reproducción asistida, asegurando que en éste no haya embriones sobrantes.
Es cuanto, señora Presidenta. Por su atención gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Felipe González Ruíz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Felipe González Ruíz: Gracias. Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Señoras y señores. Quiero aprovechar de inicio para hacer un reconocimiento público de parte de mi grupo parlamentario de Acción Nacional a la lucha contra la delincuencia organizada que ha implementado el Presidente Felipe Calderón.
La inseguridad que aqueja a diversas zonas del país en detrimento directo de la calidad de vida de las personas es causa de atención y preocupación por parte de los distintos órdenes de gobierno, así como también de la sociedad organizada.
Por ello, para Acción Nacional es fundamental implementar políticas que contrarresten y combatan el fenómeno delictivo, sobre la base de una adecuada investigación científica del mismo, teniendo en cuenta las circunstancias y las prioridades existentes en cada región del país.
En particular al Poder Legislativo le corresponde realizar las reformas legales necesarias para poder contar con un marco jurídico que abone a dicho contenido, estableciendo las bases legales fundamentales para la implementación de acciones, planes y programas en materia preventiva, por parte de las diversas instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el cuerpo normativo encargado de establecer los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de seguridad pública.
En tal virtud, la presente iniciativa propone adicionar y modificar la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto de establecer diversas previsiones legales relacionadas con el establecimiento de diversas políticas preventivas del delito.
Actualmente una de las omisiones de nuestro marco jurídico aplicable en la materia es la ausencia de disposiciones legales encargadas de establecer a la prevención del delito como una política de Estado para tratar de contrarrestar al fenómeno delictivo. Toda vez que este cuerpo normativo sólo se limita a pocas cuestiones concretas, tales como: el establecimiento de una conferencia de prevención del delito y el fomento de una prevención de infracciones y delitos, como materia de coordinación dentro del Sistema Nacional. Sin embargo, omite establecer atribuciones específicas en la materia por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima instancia dentro del Sistema Nacional.
La seguridad pública desde un punto de vista integral, abarca diversos aspectos, mismos que se han llegado a clasificar en cuatro etapas específicas.
Primera. Prevención del delito.
Segunda. Procuración de justicia.
Tercera. Administración de justicia, y;
Cuarta. Readaptación social.
Aspectos íntimamente vinculados entre sí, que se eslabonan unos con otros para formar un todo, siendo la prevención del delito la fase primaria que debe contemplar toda política criminal, para posteriormente pasar a la procuración, administración de justicia y finalizar con la etapa readaptativa; misma que a su vez, en determinado momento vuelve a enlazarse con la etapa preventiva del delito al pretender poner al individuo, al final de la ejecución de su sentencia en condiciones aptas de reincorporarse a la sociedad.
Como podemos ver, las distintas fases de la seguridad pública constituyen un ciclo, en donde si falla alguna etapa, se corre el riesgo de que falle todo lo demás. Por ello, la presente iniciativa pretende fortalecer la etapa inicial de la seguridad pública, que es la prevención del delito, a efecto de sentar las bases adecuadas, para posteriormente seguir fortaleciendo sus subsecuentes etapas en donde se estima, existe necesidad de su mejoramiento.
Debido a lo anterior, retomando la legítima preocupación de la sociedad por lograr condiciones reales de seguridad, en su hogar, en su colonia, en su trabajo, en su ciudad y en el país; y en congruencia con la plataforma del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Único. Se reforma el Título Tercero para denominarse: "De la Prevención del Delito", recorriéndose la denominación y el contenido de los actuales títulos Tercero y Cuarto, para quedar como títulos Cuarto y Quinto, respectivamente.
Además, se adiciona una fracción XII al artículo 22; se adicionan los artículos 48 Bis y 48 Ter y se deroga el tercer párrafo del artículo 3, todos de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diputada Presidenta, le solicito atentamente la inscripción íntegra del texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Felipe González Ruiz. Se toma en cuenta su petición. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias Presidenta. Quisiera hacer una explicación sobre lo que está buscando esta iniciativa y que está presentando su servidor, el diputado Raúl Cervantes, en representación y en términos de nuestra normatividad de grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, como iniciativa de todo el grupo.
Esto significa que tiene 106 votos dentro de nuestra bancada el intentar buscar con los otros grupos parlamentarios modificar la Constitución en términos del denominado fuero constitucional. Qué busca el grupo parlamentario del PRI. No que busca el diputado Raúl Cervantes. Equilibrar lo que la sociedad ha dicho hasta el cansancio y que se ha transmitido a través de los medios de comunicación, de que no se confunda la inmunidad con la impunidad.
El régimen de servidores públicos, de responsabilidad de servidores públicos ha sido un régimen que en México, en mi visión personal como abogado, se ha diseñado con la intención de tener el objeto y la finalidad, el instrumento jurídico sobre la funcionalidad. Será un tema que se tendrá que revisar y para acreditar altura moral, altura política y altura jurídica, debemos de pensar en casa, modificando el fuero constitucional como lo reclama la sociedad.
Por qué me refiero a que el Sistema de Responsabilidad de Servidores Públicos, como finalidad el instrumento jurídico y no como finalidad la funcionalidad. El derecho administrativo que es lo que ejecutan los funcionarios y que son el principio de la realidad constitucional que las facultades que le dan a la autoridad solo y exclusivamente es lo que pueden hacer, genera un principio y un principio muy importante. La ley es importante pero en las democracias desarrolladas y en los marcos jurídicos desarrollados, el régimen jurídico solo y exclusivamente es un instrumento.
Lo que se busca es hacer funcional a la administración pública o a los funcionarios públicos y traer como consecuencia de esta funcionalidad, lo que cada quien dentro de su fuero interno de ideario político, le podría llamar bien común, bienestar a la sociedad o cualquiera de estos conceptos políticos sociales.
No se está cumpliendo y uno de los elementos principales de que no se está cumpliendo, es también el tema del fuero constitucional. El fuero constitucional tuvo y tiene, porque tiene vigencia, pero tuvo razones diferentes históricas, sociales y políticas, completamente diferentes al día de hoy.
Se hizo para que no hubiera abusos de autoridad. No se acusara injustamente. No hubiera persecuciones inadecuadas. Hubiera detenciones para evitar que legisladores, diputados, senadores, diputados locales, pudiera el que estuviera en el poder, impedir la expresión libre de estos legisladores y poder conducir al país o acallar voces de forma diferente a lo que el derecho generaba.
Hoy no veo esas razones. Hoy lo que veo es que la inmunidad y la impunidad es un asunto de confusión, en donde hay dos criterios fundamentales que tenemos que resolver y que trata esta iniciativa: El primero fue de todos conocido, no importan los nombres, lo que importa son los procesos. Se discutió en la doctrina, hubo una discusión dentro de la misma Cámara de Diputados, si procede, si hay fuero o no hay fuero con un legislador que pidió licencia. Tema que parecía un tema menor pero que fue un escándalo nacional y que podía repetirse, en el que si un diputado al separarse se protegía a la persona y no a la función.
La iniciativa busca, como también se ha recabado en la doctrina, que lo que debemos proteger es a la función. Por lo tanto, si se entiende per sé, no se está protegiendo a la persona. Y si no esta adminiculado o es concominante la persona con el cargo para el ejercicio de la función, no debería de estar protegido y no debe de estar protegido por el fuero constitucional. Eso es lo que buscamos claramente en la modificación: decir que para los legisladores, los funcionarios que estén separados, que tengan licencia, no sea necesario el juicio de procedencia.
Dejarlo claro y preciso, para que no vuelva a suceder estas interpretaciones vagas o imprecisas que lo único que tienen es abonar a la incredulidad a la falta de confianza que tiene la gente en sus instituciones; y eso sí trae como consecuencia debilitar a un Estado, al Estado mexicano y un Estado de derecho.
En otro sentido, también tendríamos que determinar por qué —independientemente del que pidió licencia—, en qué casos la sociedad se siente agraviada. Y dos, en qué casos, en un equilibrio constitucional, debemos de dejarle fuero a los servidores públicos y hacer más responsables también a las autoridades que tienen el ejercicio de la acción penal en el equilibrio del mandato constitucional de buena fe en los procedimientos penales.
Esta iniciativa trata dos elementos concretos que se adminiculan y que me parece que hacen un equilibrio adecuado. No creo que nadie de la sociedad, ni de los que estemos sentados aquí creamos que el fuero constitucional protege a un funcionario que lo encuentren haciendo o cometiendo un delito grave y en flagrancia. No tiene nada que ver con el fuero.
No debemos confundir el fuero. El fuero se confunde en los medios de comunicación. A veces se confunde en el concepto cívico y jurídico de la población al pensar que el fuero es un aro de protección a un funcionario público para que haga y deje de hacer, no tiene nada que ver.
Se ha prestado a encubrir o a generar el concepto de inmunidad, que ese era el concepto constitucional, es no poder proceder contra un funcionario, previo su órgano colegiado, en un juicio de procedencia, analice si existen elementos legales, 14 y 16 del tipo penal y presunta responsabilidad para ejercer la acción contra él y no tener sanciones políticas.
Esa era su naturaleza. Lo que se ha demostrado es que simplemente ha habido un abuso y rara vez procede el juicio de procedencia. Y la sensación de la sociedad es que el que es legislador es funcionario público, lo único que le puede pasar es nada y por eso se confunde procedencia e inmunidad con impunidad.
La iniciativa es clara, pone dos candados y tienen que darse simultáneamente. Delito grave, los califica el Código federal, en caso de los delitos federales y los códigos locales, en caso de los locales; y que sea en flagrancia, es cometiendo el delito.
Me parece que si alguien, en una presunción ex ante, dijera que esto agravia, que puede molestar, que pone en peligro la función del legislador, pareciera que estaría defendiendo más el cometer delitos en flagrancia que el de manejar la figura fina de la procedencia.
Por último, ¿a qué se refería la doctrina y a qué se refirió la Constitución con: procedencia? También es cierto que hay un exceso en interpretación de pensar, que es gente impune; es impune durante el tiempo o el lapso, después se puede ejercitar la acción.
El juicio de procedencia era pasar a una etapa más. Nosotros estamos quitando esta etapa previa en respuesta al reclamo de la sociedad y al análisis del grupo parlamentario en casi la mayoría de los diputados en sus distritos, en el sentir de la población mexicana, de que nunca más y por ningún motivo ningún exceso en el fuero. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Raúl Cervantes Andrade. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se recibió de la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Salud.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y senadores. La iniciativa que presento el día de hoy es una iniciativa que sin duda será polémica, pero no por ser polémica deja de ser importante y fundamental para la vida de los mexicanos, en especial de aquellos mexicanos que nada tienen.
Ustedes saben que en nuestro país cerca de 32 millones de mexicanos, de los dos quintiles de mayor pobreza, no cuentan con seguridad social. Otros 20 millones de mexicanos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social y sólo el 42 por ciento de los mexicanos tienen el beneficio de contar ya sea con alguno de los mecanismos de seguridad social del IMSS o del ISSSTE.
Esto nos lleva a una realidad en nuestro país que significa que la gran mayoría de los mexicanos tenemos la necesidad de recurrir a nuestro gasto, a nuestro dinero para poder sufragar el servicio de una consulta externa y por consiguiente, la adquisición del medicamento que ahí se requiere.
Desde 1994 en que México suscribió el Convenio para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México suscribió distintos convenios internacionales que tienen que ver con el registro de las patentes y las marcas, y dentro de estos convenios evidentemente están aquellos que se refieren o tienen que ver con el registro de patentes y marcas en la producción de fármacos.
El efecto que se ha venido cosechando a lo largo del mundo en distintos países es que a partir de la suscripción de estos convenios se vino en cascada un incremento en el precio de la medicina en prácticamente todos aquellos países que suscribieron dichos convenios, y por esta razón, la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 impulsó una modificación a estos convenios internacionales que tuvieran como efecto la posibilidad de flexibilizar las normas de los convenios internacionales y darle a cada país participante de la OCDE, la posibilidad de modificar sus normas, de modificar sus reglas y poder, en ese sentido, modificar el registro de patentes y marcas.
Este impulso que dio la Organización Mundial de la Salud hoy nos permite que cada uno de los países miembros de la OCDE hagamos un recuento de qué es lo que ha sucedido en cada una de estas naciones, qué es lo que ha pasado en nuestro país y cuál es la necesidad de revisar nuestro marco legal y nuestras condiciones sociales, socioeconómicas, para adecuar el marco a la necesidad que hoy tenemos en México, de poder garantizarle a todos los mexicanos el acceso a un servicio de salud eficiente, oportuno y justo en el costo.
En México destinamos apenas el seis por ciento del producto interno bruto a la salud, a comparación de otros países en donde el promedio de esta orientación presupuestal alcanza cerca del 10 o hasta el 15 por ciento. En el gasto público apenas si invertimos el 44 por ciento, mientras otros países invierten cerca del 75 por ciento.
En nuestro país el gasto per cápita en materia de salud apenas si alcanzan 350 dólares; en países como España, llegamos a mil 500 dólares, Noruega dos mil dólares, Canadá dos mil 160 dólares, Estados Unidos cuatro mil 900 dólares; pero lo verdaderamente preocupante es que en nuestro país el gasto en salud es un gasto que recae fundamentalmente en el presupuesto de cada uno de los mexicanos y fundamentalmente en aquellos que no tienen seguridad social.
Así nosotros aportamos el 80 por ciento de gasto en salud a través de nuestro gasto directo como consumidores y esto se va directamente a lo que llamamos gasto de bolsillo. Significa pues, que el impacto en medicinas se va directamente al erario o al ingreso de cada uno de los mexicanos. Ahí tenemos un severo problema porque entonces esos 32 millones de mexicanos que son los que no tienen seguridad social y que son los más pobres de entre los pobres, destinan casi el 90 por ciento de su presupuesto o de sus ingresos al mes, para adquirir un servicio médico, una consulta externa y eventualmente poder comprar las medicinas que se le recetan.
A partir de esta flexibilidad que se da en los tratados internacionales, la estrategia revisada de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, estamos en posibilidades, señores diputados, señoras senadoras, de iniciar un proceso de revisar puntualmente nuestro marco legal y hacer las modificaciones que nos permitan poder abaratar el precio de los medicamentos en México y poder garantizar el acceso de todos los mexicanos a estos bienes.
Por ello es que en esta iniciativa estamos proponiendo varias reformas a distintas leyes, una de ellas es la que tiene que ver con la Ley de la Propiedad Industrial, que en México desde 1992 y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, firmamos otorgando una patente de 20 años a la fabricación de fármacos, que así establece el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial para la Industria de Farmacéutica Nacional y obviamente para el registro de los patentes.
Y añadiéndole a esto otra serie de fenómenos, como tiene que ver la transición epidemiológica, las nuevas enfermedades que hoy son las enfermedades del siglo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitas, el SIDA, el cáncer, etcétera, que son enfermedades que todos sabemos que es una catástrofe el que nos pueda a llegar a ocurrir una enfermedad de esta naturaleza, porque evidentemente no solamente nos va a dejar en condiciones de salud deprobables, si no seguramente nos va a dejar en la quiebra.
Por eso es que hemos planteado y estamos planteando una reforma justo que va orientada a poder modificar la Ley de la Propiedad Industrial y que llevemos a reducir el registro de patentes para la fabricación de fármacos a 10 años.
Hemos hecho una revisión puntual de los marcos jurídicos en muchos países del mundo y prácticamente como una tendencia en los últimos 10 años, a la baja, hay una gran cantidad de países que han venido reformando sus leyes precisamente para adecuarlas al registro de patentes de fármacos a los 10 años, lo que nos permitiría, de entrada, poder llevar al mercado de los genéricos intercambiables a un sinnúmero mucho muy importante de medicinas que hoy día no se elaboran, porque están sujetas a la patente y que obviamente eso nos lleva a registrar precios verdaderamente inaccesibles para los mexicanos.
El efecto inmediato que hemos advertido en todos estos países, es que entran al mercado un sinnúmero de productos que hoy están sin posibilidades de poder competir en el mercado y logramos que sea el mercado el que imponga el precio y no que los industriales de la producción de los fármacos nos impongan el precio a nosotros, los consumidores.
Este efecto que se ha venido observando en muchos países, podríamos lograrlo, evidentemente, sin descuidar una parte que es muy importante, que es la vigilancia estricta de la producción de fármacos en nuestro país.
En México, a penas el mercado de los genéricos intercambiables alcanza el uno por ciento, mientras países como Estados Unidos llega a alcanzar el 40 por ciento y en un promedio generalizado de Sudamérica llega a alcanzar hasta el 10 y el ocho por ciento en el consumo de genéricos intercambiables y esto ha sido posible, precisamente, por la reducción en los años de las patentes de la fabricación de los fármacos y ha traído un beneficio inmediato para los consumidores, de llegar a reducir el precio de un producto hasta en un 300 por ciento de una misma sustancia activa con las mismas características de bioequivalencia que tienen los productos de registro de patentes.
Por eso es que creemos que ha llegado el momento de que hagamos una revisión puntual y de que analizamos tres aspectos importantes, la Ley de la Propiedad Industrial para que podamos reducir el registro de patentes de 20 a 10 años, revisar la Ley General de Salud y que podamos en ese sentido establecer requisitos puntuales, precisos, de calidad de la Norma Oficial Mexicana, en la producción de genéricos intercambiables.
De tal manera, que podamos ofrecerle a los consumidores mexicanos mejores precios, mayor variedad y evidentemente con la misma calidad y con la misma bioequivalencia y garantía de que lo que se está comprando sirve puntual y precisamente para curar la enfermedad que se está pretendiendo.
Estamos planteando también una reforma a la Ley General de la Administración Pública, que nos permita fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Salubridad Pública para que podamos fortalecer su injerencia y su posibilidad de normar el precio máximo de las medicinas al público y, por otro lado, nos permita corregir las desviaciones del mercado y las distorsiones en los mecanismos de distribución de las mismas.
Dejo a consideración de este cuerpo colegiado esta iniciativa que estoy segura deberá traer a los mexicanos un enorme beneficio: el poder tener la posibilidad de acceder a medicinas con la misma calidad con la que hoy cuenta una patente, pero obviamente, con un precio verdaderamente accesible a los consumidores. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Lorena Martínez Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, de Gobernación y de Salud de la Cámara de Diputados.
Quiero hacer una consulta al Pleno porque se ha recibido una petición —que al parecer tiene consenso— para mencionar un reconocimiento a cineastas y artistas mexicanos, a propósito de las últimas nominaciones. Se pide la autorización para que pueda ser mencionado este reconocimiento.
Más bien, pediría la votación para ver si se autoriza que se lea la presentación. Por favor, pedimos la autorización. Si quien guste que se pueda leer pueda darla con su voto… (votación). Muchas gracias.
"La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reconoce por su triunfo a los cineastas y artistas mexicanos: Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Salma Hayek, Guillermo Arriaga, Emmanuel Lubezky, Alfonso Cuarón, Guillermo Navarro, Adriana Barraza, Eugenio Caballero, Pilar Revuelta y Fernando Cámara, por las diversas nominaciones y reconocimientos recientemente recibidos por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y por la Asociación de la Prensa Extranjera de Estados Unidos.
"Asimismo, esta soberanía ratifica la determinación de apoyar en todos los terrenos a la industria cinematográfica nacional tomando en cuenta su enorme aportación al desarrollo cultural del país y sus constantes éxitos a nivel internacional".
Ése sería el reconocimiento. Si es de aprobarse, por favor, sírvanse votarlo quienes estén de acuerdo… (votación). Muchas gracias. Quienes estén en contra… (votación). Se enviará este reconocimiento a quien corresponda.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alberto Amador Leal: Compañeras, compañeros diputados y senadores. La presente iniciativa tiene que ver con el tema del control parlamentario de los órganos de información e inteligencia para la seguridad nacional.
Un análisis comparativo a nivel internacional de este tema del control institucional, perdón, el control legislativo, sobre estos órganos arroja que casi toda la legislación sobre el tema le da una importancia primordial al papel del Legislativo en este tema.
Quiero destacar que en México el debate sobre el asunto que hoy someto a consideración de esta Asamblea ha sido confuso, estuvo vinculado mucho tiempo a las acciones no explícitas, en términos de ley, de los servicios de información e inteligencia que después fueron vinculados a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico y, consecuentemente, fueron influidos por ese pernicioso fenómeno hasta llegar a un momento en que el Estado mexicano dejó de tener servicios de información de inteligencia civiles.
Se preservaron desde luego los de naturaleza militar y es así que en 1991 se inicia un proceso de renovación, de modernización del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, al amparo de una definición amplia e integral del concepto de seguridad nacional, de su modernización operativa y de la selección y formación de cuadros profesionales cuyo desempeño ha trascendido la evolución de la propia institución.
Sin embargo, es hasta 10 años después que logramos plasmar este proceso en términos legales, en términos de iniciativas de los legisladores. El 1 de agosto de 2001 el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, de la fracción parlamentaria del PRD, ante la LVIII Legislatura presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, Información y Organismos de Inteligencia; en la sesión del 8 de noviembre el diputado Omar Fayad, de la fracción parlamentaria del PRI presentó una iniciativa de reforma a los artículos 73 y 89, para dar facultades al Congreso en la materia.
En la sesión del jueves 29 de noviembre el diputado César Augusto Santiago Ramírez presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución y el 25 de abril el suscrito presentó una tercera iniciativa sobre el tema —hablo de la LVIII Legislatura—, es así que en la sesión del 26 de noviembre de ese mismo año y en la del 29 de abril de 2003 se dictaminaron y aprobaron las iniciativas de reforma constitucional, destacando la aprobación para que el Congreso esté en facultad de legislar en materia de seguridad nacional.
En esa ocasión, en ese debate de la Cámara de Diputados, quiero informar a ustedes que su servidor expresó una opinión en contra, no porque estuviese en desacuerdo porque el Congreso tuviese facultades sobre la materia, sino justamente porque no se abordó el otro tema que tiene que ver con un control pleno del Congreso sobre estos servicios, que es el nombramiento de los responsables de los órganos de información e inteligencia.
Mi compañero de partido, el diputado Omar Fayad, a nombre de la Comisión en ese momento, expresó que no estaba de acuerdo la Comisión con la propuesta que yo hice, pero que reconocía la propia Comisión que había más adelante que abordar este tema.
Me parece que ese momento ha llegado, cuatro o cinco años después, o seis años después. El 30 de octubre de 2003, los senadores Enrique Jackson y Antonio García Torres, de la fracción parlamentaria del PRI, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Seguridad Nacional. Esa ley fue aprobada el 15 de abril de 2004 y turnada a la Cámara de Diputados, que le realizó modificaciones sustantivas.
Los señores diputados hicieron un análisis riguroso y retorna con dichas modificaciones —que no viene al caso comentar en este momento— al Senado, quien aprueba y de acuerdo con el procedimiento legislativo regresa a la Cámara de Diputados; y hoy tenemos una Ley de Seguridad Nacional.
El tema de fondo es que la propia Ley tiene limitaciones —insisto—, son varias limitaciones que tiene esta Ley, que debe ser sujeta a una revisión. Pero una de las más importantes se refiere —insisto—, a que el control legislativo sobre los servicios de información e inteligencia es incompleto.
De hecho, la propia Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tengo entendido ya fue instalada por ambas Cámaras, pasa casi inadvertida, no hay un debate sobre el tema. Y yo le soy honesto, no sé ni siquiera qué compañeros diputados o senadores son miembros de esta Comisión.
Y por otro lado, esas funciones de la Comisión Bicameral que ameritan una revisión de la Ley, son limitadas en tanto que constriñan su competencia a aquella información que no esté reservada, es decir, a la información que puede tener cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Y el otro tema —insisto— es el nombramiento de los funcionarios responsables de los órganos de información e inteligencia. La propia Ley refiere el perfil que debe tener el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional: La edad, que sea de origen mexicano, su probada experiencia, etcétera, etcétera. Pero no se extienden estos requisitos al resto de los servidores públicos.
La propia Ley, por ejemplo, define que el Presidente de la República nombrará al secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional —o el Consejo Nacional de Seguridad Nacional— que anteriormente era el secretario técnico y hoy lo es el secretario de la Presidencia de la República o el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.
Por esa razón, la iniciativa que hoy dejo a su consideración, propone que en la propia Constitución se establezca como obligación o como una facultad del Senado o en su caso de la Comisión Permanente, que también los servidores públicos responsables de los órganos de información e inteligencia de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal sean ratificados por el Congreso según proponemos establecer en la fracción II del artículo 76.
Por último, agregamos un párrafo en el artículo 129, que pretende una definición más amplia del concepto de seguridad nacional, de modo que se trascienda la que ha quedado en la Constitución que se constriñe a las cuestiones propiamente policíacas o militares de la seguridad nacional, cuando la concepción moderna —todos lo sabemos— trasciende la cuestión meramente militar o policíaca.
Por lo tanto, compañeras, compañeros legisladores, presento esta propuesta a su consideración bajo la reserva que en su momento habrá también que revisar y, en su caso, modificar la propia Ley de Seguridad Nacional. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud implemente las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y a los gobiernos estatales a verificar su cumplimiento.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Muchas gracias, Presidenta. El punto que ponemos a su consideración es suscrito por su servidora, conjuntamente con las diputadas Margarita Arenas Guzmán, Elia Hernández Núñez y Adriana Rodríguez Vizcarra, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es un punto en donde solicitamos se turne a las Comisiones respectivas para efecto de que se haga un exhorto a la Secretaría de Salud para que implemente acciones necesarias para vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas, siendo este no un asunto menor, sino que tiene que ver con la calidad sanitaria de los productos de las tortillas que día a día consumen los mexicanos, debido a que el consumo mayor de tortillas es precisamente en los pequeños y medianos establecimientos; y en esta situación se generan condiciones de regularidad a lo largo del país.
La calidad y sanidad de los productos consumidos por la población mexicana es un tema prioritario, dado que debe garantizarse que los mismos no pongan en riesgo la salud de nuestras familias, al respecto debemos reconocer que la tortilla es parte integral de la dieta de todos los mexicanos.
Sin embargo, en los últimos años se han multiplicado los molinos clandestinos que abaratan sus costos como consecuencia de prácticas contrarias a la normatividad sanitaria vigente contenida en la Norma Oficial Mexicana 187, que establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos donde se elabora y procesa la tortilla.
Entre esas prácticas perjudiciales se puede mencionar que el inmueble donde se encuentran establecidos suele ser destinado al mismo tiempo a casa habitación y factoría, por lo que en la mayoría de los casos ese lugar no reúne las condiciones establecidas en la normatividad para garantizar que el producto final cumpla con las condiciones sanitarias suficientes y adecuadas para garantizar la salud de los consumidores.
Otro punto trascendente es la cantidad y calidad de las materias primas que utilizan en sus procesos. Al incumplir con la normatividad oficial estos productores ponen en riesgo la salud de los mexicanos pues no conocen los efectos que producen las substancias que utilizan, ni las cantidades que de ellas pueden disponer para el consumo humano. Al mismo tiempo para asegurar un beneficio económico mayor, adquieren insumos de dudosa calidad a un precio menor.
Por lo que se refiere al producto pre-envasado, la Norma Oficial Mexicana mencionada establece una serie de requisitos que deben cumplirse a fin de que el consumidor cuente con la información necesaria que le dé certidumbre sobre la calidad del producto del que está adquiriendo, como es el hecho que debe constar el nombre, domicilio y razón social del fabricante y otros elementos.
Sin embargo, los productores informales que venden este producto pre-envasado no sólo generan un riesgo para la salud pública, al incumplir con dichos requisitos, sino que adicionalmente representan una competencia desleal con los que sí están bien establecidos, que pagan impuestos, inscriben a sus empleados en el sistema de seguridad social, pagan licencias municipales y reciben periódicamente la visita de inspectores que aseguran el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
Esta situación afecta la venta de los industriales de la tortilla formales y esto repercute en una disminución de la producción y en muchos casos de la desaparición de fuentes de empleo.
En resumen, la producción clandestina de tortilla y su venta implican un riesgo para la salud pública y para la economía de los industriales pequeños y medianos legalmente establecidos, por lo que es necesario que se implementen medidas efectivas para su erradicación.
Compañeras y compañeros legisladores. Debemos considerar que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Salud a realizar el control e inspección sobre la preparación de alimentos y bebidas, así como actuar como autoridad sanitaria para vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implemente las acciones necesarias para vigilar el exacto cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que realicen una exhaustiva verificación de los comercios que expenden tortillas para que éstos solamente vendan un producto que haya sido procesado de acuerdo con la normatividad necesaria y en caso contrario, sancionarlo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez. Túrnese a la Comisión de Salud y de Economía de la Cámara de Diputados.
Señores legisladores. Se nos ha entregado, en base al punto de acuerdo que se aprobó hace algunas horas, la integración del grupo plural de los grupos parlamentarios que se propuso para cumplir con la visita a los centros de readaptación social y las cárceles de máxima seguridad en donde se encuentran los detenidos de Oaxaca.
Este grupo plural estaría constituido por el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del grupo parlamentario del PAN, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del grupo parlamentario del PRD y el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del PRI, para que se tome en cuenta en la Secretaría y se puedan hacer las disposiciones correspondientes.
Se acaba de recibir una solicitud de licencia del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo y un dictamen de la Primera Comisión de Trabajo relativa a solicitud de permiso para aceptar y usar condecoración.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que se modifique el orden del día para dar cuenta de estos asuntos.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se modifica el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, proceda a dar cuenta con los asuntos.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal del distrito VIII del estado de Chiapas, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito pudiera realizar los trámites correspondiente para que se me otorgue licencia temporal para separarme de mi cargo del 15 de enero al 10 de febrero de 2007, solicitando se me descuenten de mi dieta los días de mi ausencia.
Sin más por el momento, quedo de usted. Diputado Arnulfo E. Cordero Alfonso.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Está a discusión el
Punto de acuerdo
Único. Se concede licencia al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII distrito del estado de Chiapas, a partir de esta fecha y hasta el 10 de febrero de 2007.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Primera Comisión de Trabajo entregó a esta Presidencia, el dictamen relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alfonso Acevedo Almanza e Ignacio Gutiérrez Aranzeta, para que puedan aceptar y usar la condecoración de Caballero en la Orden de las Palmas Académicas, que le confiere el gobierno de la República Francesa. Es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicado y distribuido entre los legisladores el dictamen relativo a la solicitud de permisos, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura y en consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión el proyecto de decreto.
El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfonso Acevedo Almanza e Ignacio Gutiérrez Aranzeta, para aceptar y usar la condecoración de Las Palmas Académicas que les confiere el gobierno de la República Francesa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no ha sido reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto.
El Secretario diputado Miguel Angel Peña Sánchez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Un servidor, por la afirmativa y el senador Pacheco, por la negativa.
Castro, a favor.
Antonio Muñoz, a favor.
González Morfin, a favor.
Madero Muñoz, a favor.
Felipe González, a favor.
Mario López, a favor.
Raúl Cervantes, a favor.
Castro Trenti, a favor.
Monreal, abstención.
Octavio Martínez, abstención.
García Cervantes, sí.
Bolaños Aguilar, sí.
González Carrillo, en pro.
Ortega Martínez, a favor.
Amador Leal, sí.
Jorge Godoy, a favor.
Ricardo Cantú, abstención.
González Yañéz, abstención.
Claudia Corichi, a favor.
Silvia Luna, a favor.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Se va a proceder a la votación de los integrantes de la Mesa Directiva.
Pacheco Rodríguez: A favor.
Ruth Zavaleta Salgado: A favor.
Lorena Martínez Rodríguez: A favor.
Miguel Ángel Peña Sánchez: Abstención.
Zermeño Infante, sí.
El diputado secretario Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor presidente, hay 23 votos en pro, cinco abstenciones, cero en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, implementar las acciones necesarias para vigilar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en la elaboración de tortillas y a los gobiernos estatales a verificar su cumplimiento.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que expida una nueva convocatoria para la integración del consejo consultivo para las personas con discapacidad.
El diputado Alberto Amador Leal: Gracias señor presidente. El 10 de junio del 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual dispone, entre otras cosas, la constitución de dos consejos: el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, integrado por los representantes de gobierno y seis representantes de la sociedad civil, y el Consejo Consultivo para las personas con Discapacidad, que debe estar integrado por representantes de las organizaciones sociales.
El Consejo Consultivo definido en el Capítulo II, artículo 35, es un órgano de asesoría y consulta de carácter honorífico, que tiene por objeto proponer y opinar sobre los programas o acciones emprendidas a favor de las personas con discapacidad, así como recabar propuestas y presentarlas al Consejo Nacional.
La ley dispone que estará integrado por representantes de las organizaciones que participarán en calidad de consejeros, de acuerdo con la convocatoria pública, que para estos efectos emita el Consejo Nacional.
El señor Secretario de Salud, en ese entonces doctor Julio Frenk Mora, el pasado 14 de marzo del 2006 publicó en diarios de circulación nacional y en internet la convocatoria para la integración del consejo a que hacemos referencia.
De acuerdo con esta convocatoria, se seleccionó a 20 respetables organismos sociales lo cual, sin embargo, ha sido motivo de reclamo y de diferencias por parte de la gran mayoría de las organizaciones que tienen el fin de coadyuvar con personas con discapacidad.
Hay que destacar que, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público disponible, existen en el país por lo menos 600 organismos sociales debidamente acreditados y registrados, cuyo objeto social comprende, en una diversidad de modalidades, la atención a las personas que están en esta situación.
El hecho es que sólo 20 de estas organizaciones están representadas, o sea, el 3.3 por ciento, en el Consejo a que alude la ley en la materia. En obvio de tiempo, anexamos a este punto de acuerdo las observaciones puntuales a la citada convocatoria, que tendrían incluso que llevarnos o conducirnos en el futuro a una propuesta de modificaciones a la ley.
En tanto, y a efecto de generar un clima de armonía y de entendimiento entre todas las organizaciones abocadas a este fin primordial y el gobierno, proponemos el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Exhortamos, la Comisión Permanente exhorte al Secretario de Salud para que realice una exhaustiva revisión del procedimiento para integrar el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En caso de encontrar deficiencias o anomalías, emita una nueva convocatoria para que se ajuste a lo establecido por la Ley General de las Personas con Discapacidad; y
Segundo. Que el Secretario de Salud obsequie a esta soberanía un informe pormenorizado de la revisión observada al procedimiento de integración del Consejo Consultivo en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la aprobación del presente acuerdo.
Mucho agradeceré, señor Presidente, que el texto íntegro sea suscrito en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Como ha sido solicitado, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables… perdón, ¿lo solicitó de urgente resolución, diputado? ¿Lo pidió de urgente resolución?
El diputado Alberto Amador Leal (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa. No hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para Estudiar e Investigar los casos del balneario público Palmilla, en el estado de Baja California Sur y el Tamarindillo, en Michoacán.
El diputado Octavio Martínez Vargas: Muchas gracias, diputado Presidente. Con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se crea la Comisión Especial para Estudiar e Investigar los casos del balneario público Palmilla, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y de la bahía del Tamarindillo, en el ejido de Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, a cargo del de la voz, diputado Octavio Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Estos dos casos son —entre otros— los que se vienen conociendo en las últimas semanas en los últimos años, que a juicio nuestro constituyen un elevado grado de preocupación y de despojo a la soberanía y al pueblo de Baja California Sur, y desde luego, a Michoacán.
En el primero, en el caso de Baja California Sur, un predio que por muchos años, por muchas décadas se ha venido utilizando de manera regular por los vecinos, los pobladores, los lugareños del municipio de Los Cabos, como un balneario, por cierto, donado a las autoridades municipales, y en ese espacio físico.
En ese inmueble, por cierto, hay un espacio físico que en algún momento fungió como el área donde sesionaba el cabildo de Los Cabos, y de manera muy extraña en la pasada administración, el que fuera responsable de la Secretaría del Medio Ambiente enajena este inmueble a una empresa árabe.
Hoy los lugareños demandan de manera legítima este inmueble porque es propiedad del municipio y es el único espacio, por cierto, en el municipio de Los Cabos, donde pueden acceder al balneario.
Por otra parte, lo que hace a la bahía del Tamarindillo, se ha escuchado en medios de comunicación, impresos, las enormes irregularidades como se adquirieron estos predios ejidales. Un grupo de empresarios, amigos del expresidente de la República, de manera muy extraña se hicieron ejidatarios y se apropiaron con engaños, con mentiras, de un número importante de hectáreas de esta bahía. Se ha dicho que son prestanombres de este dúo infernal, dicen unos, del expresidente y su esposa.
Por cierto, existe un juicio de nulidad, porque en el acta de la asamblea de los ejidatarios se comprueba que suscribe la misma, ejidatarios que perdieron la vida meses antes de esa asamblea o personas que simplemente no son ejidatarios y la suscribe, más de 265 hectáreas a un precio, por cierto, muy por debajo de lo que establece el mercado.
Por eso consideramos importante, trascendente, que se aperture una comisión especial investigadora para estos dos casos y proponemos lo siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicite a la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, la creación de la Comisión Especial para investigar los casos del conflicto del balneario público Palmilla, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y de la bahía Tamarandillo en el estado de Michoacán, con fundamento en las facultades que le confiere el inciso C, del artículo 34 de la Ley Orgánica para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Especial para estudiar e investigar los casos del conflicto del balneario público Palmilla, los Cabos, Baja California Sur, y la bahía Tamarandillo, en el estado de Michoacán, estará integrada por 22 legisladores de todos los grupos parlamentarios, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta Legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarios.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Martínez. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el asunto se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se recibió del senador Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, promulgue el decreto que expide la ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El ejercicio de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión se caracterizó por el importante trabajo de legisladores interesados y comprometidos en responder a la irreversible necesidad de implementar un sistema nacional dedicado a prevenir, proteger y asistir con los instrumentos legales indispensables a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en México.
El tema fue retomado por esta Legislatura cuando el Senado aprobó el decreto de Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el pasado 19 de diciembre. Se trata de resolver la grave problemática de falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, protección, asistencia y erradicación de la violencia de género.
Aquí se contempla un serio proceso de modificación de patrones socioculturales de conducta, a través de la educación impartida desde las aulas, a fin de inculcar la visión social necesaria para sensibilizar a las generaciones de educando.
Incluso, con la intervención de los medios de comunicación, para difundir las prevenciones a todas las formas de violencia, a efecto de proporcionar por parte del gobierno atención a las víctimas, respetando su intimidad, y en ámbito de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. Todo ello con acciones coordinadas por el gobierno, con los organismos privados comprometidos con el género.
Es menester destacar que esta ley es emanada de una situación grave, producto del franco desinterés evidenciado por generaciones respecto a la violencia contra las mujeres. Sólo con este dispositivo podemos contribuir a superar los lastres que han perjudicado a la sociedad.
El ordenamiento contempla la creación de políticas transversales para dar impulso a las reformas jurídicas que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos y sancionar a quienes los transgreden.
Este proyecto obra en poder del Ejecutivo federal en virtud de que le fue remitido para su promulgación y publicación en cumplimiento con los artículos 89 fracción I y 72 incisos a) y b) de la Ley Fundamental por parte del Senado de la República.
El proyecto demuestra la conjunción de las voluntades de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, ante la necesidad de tener un instrumento mínimo e idóneo que permita a las mujeres y a las niñas contar con un adecuado marco legal que las proteja de la violencia, desde la prevención, y en el caso de las víctimas, aportarles un contexto legal humanitario. Se cumplen así los objetivos que brinden certeza jurídica de que los derechos de las mujeres no serán violados sin que haya una sanción.
En consecuencia, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 89 constitucional, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, tiene que promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y velar por el cumplimiento de la Ley Fundamental. En congruencia con la protesta realizada ante esta soberanía, siendo —en este caso— que al no publicarse, hay un cumplimiento con lo mandatado en la Carta Magna. La firma de los ocho coordinadores parlamentarios, legisladoras y legisladores de distintos partidos, ponen de manifiesto la urgencia de publicar esta ley.
Por lo antes expuesto y con en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal a que en uso de las facultades que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publique a la brevedad, el decreto que expide la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Señor Presidente, a este punto de acuerdo se sumaron legisladoras, legisladores de diversos partidos, cuyas firmas originales fueron entregadas a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva, en virtud de que los nombres de tales legisladores no aparecen en la Gaceta Parlamentaria, ruego a usted que instruya sean incluidos en el Diario de Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jorge Godoy. Y como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución. Les pido a los legisladores poner atención a la votación.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Como lo ha instruido el señor Presidente, se pregunta a la Asamblea si consideran que la proposición sea de urgente resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…. (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa; no hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el senador Andrés Galván Rivas, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a los recursos del Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo correspondiente al maíz.
El senador Andrés Galván Rivas: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que se analice la posibilidad para que los recursos del Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo correspondiente al maíz, se reorienten y destinen al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, postcosecha y mejoramiento de semilla de maíz, bajo las siguientes consideraciones.
En nuestro país es necesario el apoyo a ciertos productos alimenticios entre los que se encuentra, como todos sabemos, el maíz por ser básico en la dieta de todos los mexicanos.
En los diferentes programas que existen para el apoyo a la producción de alimentos, se encuentra el Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo, mismo que apoya la producción del maíz, frijol, sorgo, algodón, arroz, trigo, soya, cártamo y cebada y tiene como fin homologar los precios que por venta de la cosecha obtuvo el productor con el precio de referencia internacional, que en el momento de la venta está vigente.
Algunos de los criterios que se consideran para establecer las cantidades económicas que se otorgan en el Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo por tonelada, en el caso del maíz y los demás productos de este subprograma, consideran son los precios que se registran en las ofertas que los compradores ofrecen en el momento de la cosecha, los precios pactados en la agricultura por contrato, cuando es el caso, y los precios imperantes en el mercado internacional y las condiciones del mercado regional que prevalezcan.
El Subprograma de ingreso objetivo erogó en el ejercicio fiscal 2006 una cantidad mayor a los dos mil 900 millones de pesos para la atención y apoyo únicamente al grano del maíz. Esta cantidad cubrió un volumen de más de ocho millones de toneladas, con las cuales se vieron beneficiados un buen número de productores de este cereal básico en la alimentación de nuestra población.
Para el ejercicio fiscal 2007, dentro del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el cual asciende un poco más a 58 mil millones de pesos, de los cuales se habrán de destinar siete mil 650 millones de pesos para el Subprograma de apoyo directo al ingreso objetivo, mismo que contempla nueve productos alimenticios entre los que se encuentra el maíz.
Ante la contingencia del aumento repentino que ha registrado en los últimos días el precio del maíz en nuestro país, el Ejecutivo federal firmó el pasado jueves 18 de enero del presente año, junto con los productores de maíz e industriales de la masa y la tortilla, el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla, en el cual se establece fijar a un máximo de 3.50 pesos el precio del kilo del maíz.
Con lo anterior, y basados en las proyecciones, es posible que el precio de referencia internacional del maíz no alcance y mucho menos supere el precio máximo que se fijó en el acuerdo antes mencionado. De ser así, es necesario que los recursos destinados al Subprograma de Apoyo al Ingreso Objetivo sea de utilidad al proceso productivo del maíz en su etapa de cosecha, postcosecha y en el mejoramiento de semilla de este producto.
Si se reorientaren estos recursos y tomando en cuenta lo que se destinó a apoyar el ingreso objetivo por concepto de maíz en el ejercicio fiscal del año 2006, contaríamos con un mínimo aproximado de un poco más de dos mil 900 millones de pesos para apoyar el proceso productivo del grano de maíz, sin afectar a otros productos que se contemplan en dicho Subprograma.
Considerando además las estimaciones de que el precio del maíz en nuestro país no estará por debajo del precio de referencia internacional, es necesario darle una utilidad a los recursos destinados para este fin que ayude a eficientar el proceso productivo del maíz y no se vaya a considerar como un ahorro o mucho menos se utilice de una manera discrecional.
Compañeros, uno de los desafíos del sector rural en nuestro país es sin duda superar los rezagos estructurales y crear condiciones de productividad y competitividad. El problema que actualmente enfrenta nuestro país en relación al maíz es uno de los resultados de la debilidad del sector, por lo que es apremiante fortalecer, entre otras cosas, el sistema de producción.
Nuestro gran reto en este momento, además de pugnar porque se estabilice el precio y se garantice el abasto de maíz, es sin duda construir un campo con una nueva visión de modernidad, productiva y competitiva que redunde en mejores condiciones de vida para la sociedad rural y el resto de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en caso de que el precio por kilo de maíz en México sea igual o esté por encima de las proyecciones del precio de referencia internacional, se analice la posibilidad y viabilidad para que los recursos del Subprograma de Apoyo Directo al Ingreso Objetivo en lo que corresponde al maíz, se reoriente y destine al proceso productivo de este alimento en sus etapas de cosecha, postcosecha y mejoramiento de la semilla de maíz. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador Galván. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.
Se recibió propuesta del grupo parlamentario del PRI a fin de solicitar al titular del Ejecutivo envíe el acuerdo senatorial de fecha 29 de noviembre de 2006 sobre los nombramientos de los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Salud fije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras. Este día desde el 22 de enero hasta el próximo día 30 se realizará un período de sesiones del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se abordarán temas de la violencia y la salud; los problemas de salud pública provocados por el uso nocivo del alcohol, así como los progresos realizados en el uso racional de medicamentos y las estrategias para mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas en el combate del VIH sida, entre otros.
Nuestro país actualmente pertenece a dicho Consejo desde el 2005. Lo que nos preocupa es que la Secretaría de Salud informó que su titular, el secretario de facto, el señor Córdova, asistirá al período de sesiones para posicionar a México como líder en temas fundamentales de salud.
En días pasados y durante los últimos meses, diversos medios de información han dado cuenta de las desafortunadas declaraciones de este funcionario y de otros más pertenecientes a esta dependencia, respecto de la política del gobierno federal sobre el tema de salud reproductiva y salud sexual. En ellas se manifestaban por realizar campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo no deseados, con base en la educación, la abstinencia y la fidelidad y por encima de cualquier otro método preventivo o anticonceptivo.
De igual forma, señalaban que el principal grupo transmisor del sida se encontraba entre quienes practicaban relaciones homosexuales, rechazando las campañas que se habían emprendido para erradicar la discriminación contra este grupo de personas.
Declaraciones como éstas no son nuevas en el secretario de facto de salud, pues como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se opuso a las reformas propuestas a la Ley General de Salud para ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, expresó su negativa rotunda de incluir la píldora del día siguiente en el cuadro básico de medicamentos, bajo el argumento de que promovía el libertinaje y la promiscuidad.
Lo anterior nos lleva a poner en duda la política del gobierno federal en materia de salud reproductiva y salud sexual. Por eso creemos que al Estado le compete hacer que se respeten los derechos individuales de las personas, considerando su carácter laico; asimismo, es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos, así como el derecho a la protección de la salud.
Las campañas para el uso de diversos métodos anticonceptivos y particularmente el uso del preservativo forman parte de las estrategias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente nosotros creemos que este señor, secretario de facto, no puede llevar una posición personal ideologizada y parcial. Tiene la obligación de respetar la ley de salud, de respetar los convenios internacionales que México ha suscrito en esta materia y que no asuma posiciones personales que no coinciden con nuestro país.
La información proporcionada para este punto de acuerdo la dio la diputada Maricela Contreras Julián y también otros diputados que firman este punto de acuerdo, entre ellos Alfonso Suárez del Real.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Que se plasme íntegro el punto de acuerdo referido, junto con sus considerandos; y
Segundo. Que se exhorte al Poder Ejecutivo federal, de facto, por conducto de la Secretaría de Salud de la misma naturaleza, para que fije la postura de nuestro país en materia de salud reproductiva y salud sexual ante la sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con apego a los instrumentos internacionales de los que México es parte; así como a los criterios de laicidad del Estado mexicano y para garantizar con ellos el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud de la población de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Monreal. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo con el que se exhorta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifieste un repudio ante la caza de ballenas.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame senador Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Yo sé que a veces es inútil, pero nosotros por la necesidad, este Consejo dura hasta el día 30 de enero; es decir, la próxima semana. La sesión de la Comisión Permanente de la próxima semana será de trámite —según me informan— es decir, que no habrá debate, no habrá puntos de acuerdo, simplemente se leerá el informe y se clausurará.
Lo que quiere decir es que éste es un tema muy importante. Creo que a todos nos debe de interesar. No pedimos otra cosa sino que el señor Secretario de parte de Salud, asuma una posición institucional y no una posición personal, atento a los convenios internacionales. Le pido de favor, le pido que por esta situación someta a la consideración del Pleno, con el trámite de obvia o urgente resolución.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el asunto presentado por el senador Monreal es de urgente resolución.
El Secretario diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, no hay dos terceras partes por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se refiere el turno a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Godoy.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Desde fines del siglo XIX, la mayor parte de las poblaciones de ballenas del mundo ha sido diezmada por la caza comercial. A pesar de la moratoria impuesta por la comunidad internacional en 1986, las ballenas aún están bajo amenaza ya que varios países, con sus industrias balleneras, siguen ejerciendo presión para que se reanude la caza comercial.
Una medida eficaz para ampliar la protección a las ballenas es la creación de santuarios, áreas en las cuales la caza esté prohibida por tiempo indeterminado y donde se estimule la investigación no letal de la conservación.
México tiene en sus costas varios santuarios para las ballenas que explota turísticamente. Por ello repudia la caza de ballenas y ratifica su oposición a la caza del animal que practican sobre todo, Japón y Noruega.
Está a favor incluso de que se elimine definitivamente la caza con fines científicos, ya que si hay caza comercial, no es necesaria la científica pues existen las muestras suficientes para llevar a cabo cualquier tipo de análisis.
La Secretaría de Medio Ambiente destacó que gracias a las medidas adoptadas por México para la conservación de las ballenas se ha logrado la recuperación de la población de la ballena gris, que cada año visita las aguas mexicanas en el Océano Pacífico nororiental, hasta alcanzar 25 mil ejemplares.
El Santuario Ballenero Austral, establecido en 1994 por la Comisión Ballenera Internacional, que es el organismo multinacional responsable de la conservación y el manejo de las poblaciones de ballenas en todo el planeta, abarca todos los mares que rodean la Antártica, protegiendo en sus áreas de alimentación a las tres cuartas partes de las ballenas del mundo.
El Santuario brinda protección a las mermadas poblaciones de ballenas azules, sei, de aleta y jorobadas, así como a la única gran población que no ha sido gravemente reducida por la caza: la de las ballenas minke antárticas.
En la actualidad se plantea la creación de otros santuarios complementarios que pondrán bajo protección las áreas de apareamiento y cría y las rutas de migración, con lo cual las ballenas de la Antártica estarán protegidas durante todo su ciclo vital.
El gobierno de Japón continúa cazando ballenas en el Santuario Ballenero, desafiando los repetidos llamados de la Comisión Ballenera Internacional para que detenga esta actividad. Al ignorar a la Comisión Ballenera Internacional, Japón ha violado normas de la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar.
Sin embargo, los sectores que defienden la caza de la ballena están intentando debilitar el esfuerzo de protección; tratan de que se elimine el Santuario Ballenero Austral y se bloquee la creación de otros santuarios.
La industria ballenera de Japón y los organismos de gobierno de ese país que apoyan la caza han sido particularmente activos en estas gestiones. Cada año, con el pretexto de la cacería científica, Japón da muerte a cientos de ballenas.
La caza de los japoneses llamada científica es una farsa que se ha utilizado para mantener la viabilidad de la industria ballenera. La carne de las ballenas muertas es comercializada y no aporta ninguna información que la Comisión Ballenera Internacional necesite para manejar las poblaciones.
Al llegar al consumidor la carne de la ballena obtenida por los japoneses genera unas ganancias anuales de 100 millones de dólares para los cazadores, los intermediarios y los vendedores públicos; por ello, hablar de cacería científica es una ofensa y un desprestigio para la ciencia y la comunidad científica.
Oficialmente Japón no caza ballenas pero mata alrededor de 300 por año. Propósitos de investigación, una excusa tan delgada como las rodajas del sushi en la que inevitablemente se transforma la ballena investigada.
Cuando en 1987 Japón lanza el programa de cacería científica en la Antártica, la prensa de Japón informó que el programa intentaba mantener con vida a la industria ballenera hasta encontrar la forma de revertir la moratoria de la caza comercial de ballenas.
Desde entonces, cada año la Comisión Ballenera Internacional ha criticado el programa evidenciando que la información producida por éste no es necesaria para el manejo de las ballenas y ha conminado a Japón a detenerse. Cada año Japón ha seguido adelante con el programa que ha llamado Jarpa, Programa Japonés de Investigación en la Antártica.
En 1994, Japón comenzó un segundo programa de investigación en el Pacífico norte y en 1995 incrementó de 330 a 440 el número de ballenas mink cazadas en la Antártica.
En el umbral del nuevo milenio, es tiempo para relegar la caza de ballenas al basurero de la historia de las prácticas de explotación destructiva que tanto daño han causado al planeta durante los últimos mil años.
Punto de acuerdo
Para exhortar al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México manifieste un repudio ante la caza de ballenas ocurrida en zonas prohibidas.
Por lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta Asamblea el presente punto de acuerdo y solicito sea publicado íntegro en el Diario de Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Godoy. Diputado, ¿lo pidió de urgente resolución? Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. Tiene la palabra el diputado Xavier López, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Antonio Xavier López Adame: Para sumarnos a la propuesta que hace el diputado Godoy, y habrá que decir que este Congreso, el mexicano, ha sido muy sensible en todo lo que se refiere a la vida silvestre, especialmente la marina. Ya anteriormente se han hecho reformas que protegen no solo a estos mamíferos sino también a los primates y se impide la importación de mamíferos marinos y de primates a México.
Cabe decir además que ninguna, ninguna de las características u opciones que da el gobierno de Japón es supuestamente sobre la investigación y que de los nutrientes que supuestamente se obtienen de las ballenas es sustituible perfectamente por cualquier otro producto que existe ya y que es comercial.
De cualquier forma, qué bueno que se presente este punto de acuerdo y nos manifestamos completamente a favor. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Xavier López. La senadora Claudia Corichi, del grupo parlamentario del PRD.
La senadora Claudia Sofía Corichi García: Señor Presidente. Simplemente quise hacer también uso de la palabra para manifestar nuestro respaldo a este punto de acuerdo que presentó el diputado de Convergencia, pero sobre todo para llamar la atención sobre que es más fácil en esta Comisión Permanente que se apruebe un punto de acuerdo sobre la vida de las ballenas que sobre la vida y la salud reproductiva de las mujeres.
Es una verdadera vergüenza que el Partido Acción Nacional no haya aprobado, no haya considerado de obvia o urgente resolución el exhorto al Presidente de la República para la publicación de la Ley para una Vida Libre de Violencia.
Ya habían manifestado su rechazo en la Cámara de Senadores y habían manifestado sus dudas; sin embargo, el costo en la opinión pública era muy grande. Pero es una vergüenza que este punto no haya sido considerado de obvia o urgente resolución para que pueda entrar en vigor una ley tan importante para las mujeres, para evitar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
Pero también sin duda es vergonzoso que esta Comisión Permanente —y lo digo con mucho respeto—, la bancada del PAN no considere importante que haya una declaración oficial, una petición oficial al secretario de Salud —que ha puesto por encima de sus opiniones como funcionario, como representante de una institución, de una visión que tiene que ser laica, como es este país, que tiene que ser laica y que además tiene que representar los intereses de las mayorías — con visiones pequeñas y obscurantistas.
Por eso qué gusto que aprobemos un punto de acuerdo sobre la vida de las ballenas y felicito y además digo como Partido de la Revolución Democrática, que estamos de acuerdo en el respeto de la vida silvestre, pero también qué pena que esta Comisión Permanente considere eso de urgente u obvia resolución; y no la vida, la salud reproductiva de las mujeres y una vida libre de violencia. Qué vergüenza para esta Comisión Permanente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senadora Corichi. Tiene la palabra el senador José González Morfín, del grupo parlamentario del PAN.
El senador José González Morfín: Con su permiso, compañero Presidente. Yo lamento que se haya desviado el tema que nos ocupa y que seguramente será puesto a votación más adelante. Pero me parece obligado hacer un comentario respecto a otro de los puntos en los que no estuvimos a favor de la urgente resolución.
Tenemos una Constitución a la que nos debemos y debemos de respetar. Esa Constitución en el proceso legislativo le fija tiempos al Presidente de la República para publicar las leyes o para, en su caso, observarlas, mandar las observaciones al Legislativo.
El plazo que tiene el Presidente de la República para publicar u observar la Ley de no Violencia contra las Mujeres, que el PAN votó a favor —a mi me tocó votarlo en los dos lados; aquí en la Cámara de Diputados lo voté a favor y la voté a favor en la Cámara de Senadores— vence el 1 de febrero.
Yo creo que lo menos que podemos hacer es respetar nuestra Constitución, respetar los tiempos y respetar las facultades que cada quien tiene en un proceso legislativo. Yo quiero reclamar a nombre del Partido Acción Nacional que se haya venido a traer otro tema que no está a discusión y que nosotros siempre votaríamos en contra porque el Ejecutivo tiene todo su derecho en los plazos que le marca la Constitución para, en su caso, formular observaciones o publicar las leyes; y el plazo, compañeras y compañeros legisladores, no se ha vencido. Muchas gracias, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, senador González Morfín. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal.
El senador Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente. Señoras y señores legisladores. Es un tema de la mayor importancia el que se está discutiendo y en efecto, sí causa pena, es una vergüenza que tengan más valor las ballenas, que las mujeres. Ese es el tema de fondo, ese es el tema de fondo, es la salud reproductiva de las mujeres. Miren, les voy a decir qué grave es esto.
¿Saben cuántos casos hay del VIH positivo del SIDA en nuestro país? Cerca de cuatro mil casos cada año, más de 95 por ciento ocurren por transmisión sexual; y se han producido un poco más de 107 mil casos, de los cuales 39 mil continúan vivos y a ustedes no les parece importante, no lo consideran urgente.
En el caso de los embarazos no deseados, se presenta una cifra superior a 60 por ciento, entre adolescentes y jóvenes de 15 y 25 años, representando 23 por ciento de los embarazos totales en el país, según cifras de la propia Secretaría de Salud. ¿No les interesa esto?
Al PAN no le interesa el asunto de la salud reproductiva, de la prevención de enfermedades, de la violencia contra la mujer. No les interesa y miren una cosa: tan no les interesa tratar adecuadamente estos temas, que apenas hace algunos años, ONU-Sida recomienda, para atacar la pandemia del VIH SIDA, destinar el mismo presupuesto público para atención, que para prevención.
El año pasado, antepasado, México destinó alrededor de 300 millones de pesos para atención y sólo 13 millones para prevención. Ese mismo año se denunció que Provida, una filial de ustedes, había recibido ilegalmente 34 millones de pesos, una parte el destino para comprar tangas y otra parte para promoverse personalmente. Es un debate serio, que hay que darlo con seriedad.
Cómo negarse, señoras y señores senadores, cómo negarse a pedirle al secretario, de facto, de Salud, que no asuma una posición personal, porque sabemos que es profundamente conservador. Cómo negarse a que simplemente observe los lineamientos internacionales, que observe la ley y que observe los convenios internacionales que México ha suscrito. ¿Es mucho pedirles para que consideren obvia y urgente resolución? Yo les preguntó, ¿por qué ocultar esto?
En cambio a los dos minutos, el PAN aprueba—además estoy de acuerdo y nosotros votamos a favor, con Convergencia—la protección de las ballenas. Para el PAN es más importante proteger a las ballenas, que a las mujeres; ese es el tema de fondo y no lo pueden ocultar. Su historia oscurantista—bien dicha aquí por la senadora Claudia Corichi—es apropiada.
Hay un profundo conservadurismo en este mal representante del gobierno de facto, del gobierno ilegitimo del señor Córdova, que tiene antecedentes de un hombre pusilánime, vergonzosamente conservador, que no tiene de ninguna manera la opinión de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, porque la Constitución es muy clara.
No puede mantenerse idiologizada una posición institucional y era lo único que estábamos planteando, era lo único que estábamos pretendiendo señalar, para que antes de que concluyera el Congreso, este consejo de la Organización Mundial de la Salud, pudiera fijar México una posición institucional, es—como dijo la senadora Claudia Corichi—una pena.
Nos fintean, nos fintean con iniciativas de izquierda, plagiadas a Andrés Manuel López Obrador, pero nos golpean con políticas de derecha como son los aumentos a los precios, allá ustedes. Cada uno que asuma su responsabilidad.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Monreal. En el punto de acuerdo sobre las ballenas presentado era tema, pido a la Secretaria consulte a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo… (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretario. Se aprueba el punto de acuerdo manifestando el repudio ante la caza de las ballenas, comuníquese.
Se recibió propuesta con punto de acuerdo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública investigue la legalidad de los contratos asignados a la empresa Facopsa. Se turna a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados.
Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación que la letra dice:
"Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente de la Honorable Congreso de la Unión. Presente.
"Con fundamento en lo establecido en la fracción XVI del articulo 27 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, con el presente me permito remitir a usted copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República, tiene a bien nombrar ciudadano Emilio Rafael Goicoechea Luna, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, en Canadá.
"Lo hago de su conocimiento para los fines precedentes"
Firma el licenciado Armando Salinas Torre, Subsecretario.
Túrnese a la Segunda Comisión de trabajo. Continué la Secretaría.
El Secretario senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. El orden del día de la próxima sesión será el que dé cuenta la Secretaría.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: (15:07 horas) Se levanta la sesión —les pido su atención por favor— y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 1° de febrero a las 10:00 horas, en este salón de los Legisladores de la República.