El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y los ciudadanos diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 299 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:23 horas): Se abre la Sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo …(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se recibieron de la Cámara de Senadores puntos de acuerdos aprobados por los que solicitan a la Cámara de Diputados, que en la aprobación del Presupuesto para 2007 se prevea un incremento en los programas especiales para los Pueblos Indígenas y de Equidad y Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad; que en la aprobación del Presupuesto para 2007 se consideren recursos adicionales a los que se otorgaron durante 2006, para impulsar el desarrollo de los programas que permitan solucionar la problemática de desechos sólidos del país.
Dichos acuerdos se turnaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se recibió de la Cámara de Senadores proposiciones con puntos de acuerdo de los senadores Francisco Castellón Fonseca y David Jiménez Rumbo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicitan mayores recursos para diferentes partidas en el Presupuesto de Egresos de 2007. Dichas proposiciones fueron turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación del Presidente de la Mesa Directiva por el que comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo y dictámenes sobre puntos de acuerdo que se tienen como desahogados y atendidos, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Comunicación del diputado federal Abel Cuevas Melo, por el que solicita licencia por tiempo indefinido.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Puntos de acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Abel Ignacio Cuevas Melo para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la III Circunscripción plurinominal, a partir del 21 de diciembre de 2006.
Segundo. Llámese al suplente. Está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada la licencia del diputado Abel Cuevas Melo. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Invitación de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXXI aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón el día 22 de diciembre a las 10:00 horas en la Columna de Independencia.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Obdulio Ávila Mayo y diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Junta de Coordinación Política. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del PAN.
Que la diputada María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero pase a ser secretaria e integrante en la Comisión de Seguridad Pública; que el diputado Gerardo Priego Tapia, pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Desarrollo Social; que el diputado Joel Arellano Arellano, pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Vivienda.
Que el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Economía; que el diputado Carlos Alberto Torres Torres pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Juventud y Deporte; que el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez pase de ser secretario a integrante en la Comisión de Turismo; que el diputado Moisés Alcalde Virgen pase de ser secretario a integrante en la Comisión de la Función Pública.
Que la diputada María Soledad Limas Frescas pase de ser secretaria a integrante en la Comisión de Equidad y Genero; que el diputado Demetrio Román Isidoro pase de ser integrante a secretario en la Comisión de Comunicaciones; que la diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez pase de ser integrante a secretaria en la Comisión de Equidad y Genero; que el diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez pase de ser integrante a secretario en la Comisión de Juventud y Deporte.
Que la diputada Alma Hilda Medina Macías pase de ser integrante a secretaria en la Comisión de Juventud y Deporte; que la diputada Martha Angélica Romo Jiménez pase de ser integrante a secretaria en la Comisión de Turismo; que el diputado Daniel Chávez García pase de ser integrante a secretario en la Comisión de Vivienda; que la diputada Claudia Sánchez Juárez, pase de ser integrante a secretaria en la Comisión de Vivienda.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular quedo de usted. Atentamente. Emilio Gamboa Patrón. Presidente. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Póngalo a votación.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor... (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor... (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Junta de Coordinación Política. Comunicación.
Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las siguientes integraciones solicitadas por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que la diputada Lourdes Alonso Flores cause alta como secretaria en la Comisión de Derechos Humanos. Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente. Es todo, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Póngalo a votación.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Acuerdo parlamentario por el que se modifica el acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Considerando
Primero. Que con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
Segundo. Que de conformidad con el convidando 4o. del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación que emitió este órgano de gobierno y aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados el 26 de septiembre del presente año, es necesario que las diputadas y los diputados conozcan el objeto y trámite de cada uno de los asuntos que se incorporan en el orden del día de las sesiones, en especial de aquellos que se inscriben solicitando ser tramitados de urgente u obvia resolución.
Tercero. Que este órgano de gobierno, consciente de que los grupos parlamentarios pueden modificar sus prioridades en cuanto a la presentación de los asuntos que inscriben en el orden del día, así como solicitar su cambio de trámite y de que es necesario regular dichos aspectos a fin de dar mayor certidumbre, transparencia y claridad a los cambios realizados al orden del día en el transcurso de las sesiones, y
Cuarto. Que es indispensable que el Pleno tenga la certeza absoluta de lo que será sometido a su conocimiento y consideración.
Con base en lo antes expuesto, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Acuerdo parlamentario
Por el que se modifica el acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación.
Único. Se modifican los artículos 4 y 5 del Acuerdo la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación para quedar como sigue.
Artículo cuarto. En caso de que la Junta de Coordinación Política no celebre reunión, los grupos parlamentarios acordarán los términos para la recepción y registro de los asuntos que integrarán en el orden del día. Para ello, contarán con el auxilio de la Secretaría de Servicios Parlamentarios que, en coordinación con los grupos parlamentarios, recopilará los asuntos para agendarse en el orden del día y, una vez integrado éste, se dé conocimiento oportuno a los grupos parlamentarios.
Los asuntos acordados por la Junta de Coordinación Política se remitirán a la Mesa Directiva. Siempre que se trate de iniciativas, proposiciones con puntos de acuerdo y excitativas, al oficio de petición deberá anexarse la versión electrónica del documento, señalando el nombre, la firma de la diputada o diputado que la suscribe y el trámite que solicita. Si a un asunto registrado no se acompaña el documento correspondiente, no podrá inscribirse en el orden del día.
Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de obvia o urgente resolución, así deberá señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta de Coordinación Política, para lo cual el grupo parlamentario que así lo solicite deberá circular entre los demás grupos el documento, en medio magnético, que contenga la propuesta que será sometida a votación.
Los casos de excepción deberán ser acordados por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Artículo 5. Incisos a) a k). Los grupos parlamentarios, cuando lo estimen conveniente, podrán modificar el orden de presentación de sus asuntos registrados en el orden del día, debiendo notificarlo a la Mesa Directiva y a los demás grupos parlamentarios hasta 30 minutos después de iniciada la sesión. Posteriormente no podrá efectuarse ningún cambio en el orden de presentación, salvo acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Los grupos parlamentarios procurarán que los textos de sus asuntos publicados en la Gaceta Parlamentaria correspondan con el documento que el diputado o diputada presente ante el Pleno.
Transitorios
Primero. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
Firman el diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente, y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las reglas para la discusión, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Con fundamento en el artículo 38 numeral uno, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo parlamentario que establece las reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Considerando
Uno. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tiene facultades para establecer las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones.
Dos. Que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del respectivo proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación de tal manera que puedan ejercerse a partir del primero de enero del año siguiente.
Tercero. Que siguiendo los principios clásicos del derecho presupuestario, la legislación, doctrina y jurisprudencia mexicanas, han sostenido inveteradamente el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos.
Cuarto. Que con fundamento en el artículo 74, fracción IV, párrafo tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de diciembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Quinto. Con fundamento en el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el período de sesiones podrá prolongarse hasta el 31 de diciembre cuando el Presidente de la República inicie su encargo el 1 de diciembre.
Sexto. Que en el año que inicie su encargo el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 31 de diciembre del año previo a aquél que deba ejercerse.
Séptimo. Que el artículo 42 fracción VIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los principios que deberán observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Octavo. Que en la legislación mexicana vigente el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el principio de que el Pleno es el órgano supremo y puede por tanto, en casos extraordinarios, dispensar los trámites ordinarios a que queda sujeto un dictamen, tanto por lo que se refiere a los tiempos establecidos para la publicación como a su lectura previa, motivado por la urgente resolución para la discusión de un dictamen.
Noveno. Que en consecuencia, es necesario establecer reglas para la expedita discusión y votación del dictamen, con el objeto de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo anterior y en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 74 fracción IV y 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 38 numeral 1 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 22 del acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación de la Cámara de Diputados, del 26 de septiembre de 2006, se expiden las siguientes
Reglas para el debate, votación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007:
Primera. Es objeto único del presente acuerdo es determinar la forma y términos en que se discutirá, votará y aprobará en el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007.
Segunda. Tanto el dictamen como el voto particular, si lo hubiere, publicados en cualquier momento, se consideran de urgente resolución y tendrán dispensa de trámite en cuanto a sus lecturas.
Tercera. La discusión en lo general se llevará a cabo a lo siguiente:
1.- Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por cinco minutos un orador por cada grupo parlamentario, estas intervenciones en orden creciente en razón del número de diputados de cada grupo partidista.
2.- Si se registraran para hablar en contra y en pro del dictamen, se abrirá una ronda de dos oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
3.- Acto seguido se consultará al Pleno, de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se reservan artículos y/o anexos del dictamen para su discusión en lo particular. En este caso los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos o el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que reservaren, o bien, los artículos que se pretendieran adicionar al proyecto de decreto.
4.- Una vez que la primera Secretaría de la Mesa Directiva hubiera registrado las reservas que se formularen a los artículos y/o anexos para su discusión en lo particular, se procederá a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos y/o anexos no impugnados del dictamen.
5.- Si el dictamen hubiera sido aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y/o anexos reservados.
Cuarta. La discusión en lo particular, se llevará a cabo de la siguiente manera:
Primeramente harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno los diputados que hubieren reservado artículos y/o anexos sólo para su impugnación sin propuesta alguna, pudiendo hablar en cada caso, por el mismo tiempo, un orador en pro de los términos del dictamen.
La Secretaría recogerá la votación nominal en conjunto en los términos del dictamen de los artículos solamente impugnados, de conformidad con el Artículo 148 del Reglamento Interior se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esta fracción.
Segundo. En seguida se desahogarán los artículos y/o anexos reservados contenidos en el proyecto de decreto, para presentar propuestas de modificación o adición, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Hará uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado que hubiere reservado el artículo y/o anexo, para presentar su propuesta de modificación o adición.
En caso de que la propuesta implique la creación o incremento de erogación, el diputado que presente dicha propuesta deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento, identificando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
b) Acto seguido se consultará a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desecha y el artículo y/o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar hasta por cinco minutos cada uno, un orador en pro y otro en contra de la propuesta.
c) Inmediatamente después la Secretaría dará lectura a la propuesta de modificación o adición, mencionando el nombre de su autor y, en su caso, en caso de que implique la creación o incremento de erogaciones, se mencionará el programa específico, al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto.
La Secretaría consultará a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Si la respuesta fuere negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo y/o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto con la modificación o adición admitida.
d) Agotados los artículos y/o anexos reservados para presentar propuestas de modificación o adición contenidos en el proyecto de decreto, el Presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto en los términos del dictamen y a la lista de los que se votaron en conjunto con la modificación o adición aprobada; y la Secretaría recogerá en cada caso la votación nominal correspondiente.
De conformidad con el artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior, se podrá solicitar votación nominal por separado de un artículo y/o anexo de los referidos en esta fracción.
Tercero. Todas las propuestas de modificación y adición a artículos y/o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán ser presentadas de conformidad con lo siguiente:
a) Deberán entregarse a la primera Secretaría de la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmada por su autor o autora.
b) Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades a modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el ramo o rubro; así como el programa a que hagan referencia.
Aunado a lo anterior, si se tratará de la creación o incremento de erogaciones se resaltará el programa específico, al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto.
c) La recepción de las propuestas de modificación o adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de los posicionamientos de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general.
De ninguna manera se admitirán proposiciones manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria; así como respecto de artículos o anexos no contemplados en el dictamen.
Una vez que se haya verificado que las propuestas reúnan los requisitos señalados en esta fracción, las mismas serán rubricadas, por lo menos por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, a efecto de proseguir su trámite en los términos de este acuerdo.
Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo, debidamente rubricado por la mayoría de los secretarios de la Mesa Directiva, al diputado que realizó la propuesta.
Quinta. Se autoriza a la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que, de conformidad con los artículos 139 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior, realice las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la Asamblea.
Transitorios
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno.
Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de diciembre del año 2006.
Lo firma la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se suspende la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que funcionará durante la LX Legislatura.
La Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados
Considerando
Primero. Que el artículo 46 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos previene la creación de comités para auxiliar en las tareas de la Cámara, diferentes a las que se llevan a cabo en las comisiones.
Segundo. Que el 18 de diciembre el Pleno conoció y aprobó el acuerdo de este órgano de gobierno por el que se crean los comités de los Centros de Estudio de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que funcionarán durante la LX Legislatura.
Tercero. Que la Junta de Coordinación Política, después de analizar la integración referente al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género estima pertinente reformular su configuración.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único. Se suspende la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Genero descrita en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crean los comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Público; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género que funcionarán durante la LX Legislatura, mismo que conoció el Pleno el 18 de diciembre de 2006.
Transitorio
Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, México, DF, a 21 días del mes de diciembre de 2006.
Firman diputados miembros de la Junta de Coordinación Política y coordinadores de los grupos, con excepción del diputado Héctor Larios Córdova y el diputado Ricardo Cantú Garza.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que se abstenga, favor de manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: De la Secretaría de Gobernación. Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo por el que apoya y hace suyo el compromiso alcanzado en la Cámara de Diputados para iniciar, en el mes de enero, el análisis y estudio para avanzar en la construcción de una reforma fiscal progresiva y de fondo.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: De enterado.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores en el que transcribe acuerdo para que en la aprobación del presupuesto para 2007 se destinen mayores recursos para la protección de menores, jornaleros, migrantes en el interior del país.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 348 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 1, segundo párrafo, y 77 Bis 9, segundo párrafo, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 73 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma las fracciones I y V del artículo 17, la fracción VI del artículo 262 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 217 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 144 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las leyes de los impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de enero de 2007 a fin de participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Nicaragua.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores para que, en el transcurso de la sesión, se presente el dictamen correspondiente.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 15 y 16 de enero de 2007 a fin de efectuar una visita a la República de El Salvador para participar en la celebración del XV Aniversario de la Suscripción de los Acuerdos de Paz.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para que en el transcurso de la sesión se presente el dictamen correspondiente.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 104 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por cinco minutos.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta. Ruego a usted de entrada, que se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa, ya que solamente haré una síntesis.
El Poder Judicial en el estado de derecho moderno requiere satisfacer determinados principios, entre los cuales se encuentran el de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción, todo ello tendiente a lograr un verdadero perfeccionamiento de la función ejercida por el Poder Judicial.
De los principios señalados, la independencia es sin duda uno de los factores más importantes para el perfeccionamiento del Poder Judicial en un auténtico estado de derecho, es decir, la independencia niega cualquier intromisión de los otros Poderes del Estado en las facultades exclusivas del Poder Judicial, con apego irrestricto a la división de Poderes existente en nuestro país.
La independencia del Poder Judicial frente a los otros dos Poderes, principalmente el del Ejecutivo, constituye una exigencia indispensable de toda sociedad que pretenda calificarse de democrática.
No obstante lo anterior, en nuestro país existen diversos tribunales de corte administrativo, los cuales se encuentran fuera de la órbita del Poder Judicial federal, ejerciendo la llamada jurisdicción administrativa; es decir, que aunque tenga la naturaleza jurídica de órganos administrativos pertenecientes al Poder Ejecutivo federal y de los estados realizan una función jurisdiccional, los cuales podrían ser materia de incorporación al propio Poder Judicial federal.
Tal es el caso de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Estas Juntas se encuentran dotadas de autonomía de jurisdicción laboral, respecto de la jurisdicción general o judicial, puesto que éstas no forman parte del Poder Judicial, sino que formalmente se vinculan a la administración pública, pues es el Ejecutivo federal, a través del secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien coordina su integración y vigila su funcionamiento, lo que en muchas ocasiones conduce al cuestionamiento de la influencia que sobre ellos ejercen los funcionarios de la administración pública, tanto federal como de los estados, sobre todo en los asuntos que trascienden al ámbito político por las características que adquieren los conflictos obrero-patronales.
No debemos olvidar que en nuestro país el surgimiento y forma de estructuración de las Juntas se debió a las extremas condiciones de desigualdad y explotación que prevalecieron durante la dictadura porfirista y la desconfianza del sector obrero ante los procedimientos tradicionales y los jueces que impartían justicia.
Los procedimientos formalistas del derecho se contraponían con las necesidades que presentaban los conflictos de trabajo, porque no se adecuaban a la realidad, que tenían necesidades propias y muy diferentes a las que contemplaban los tribunales establecidos.
Tampoco se adecuaban los juzgadores de los tribunales ya establecidos, por tratarse de jueces de derecho cuya función primordial era la de aplicar la norma y no acostumbrados a interpretar el derecho.
Es así que por decreto del 17 de septiembre de 1927, publicado el día 23 del mismo mes y año, expedido por el entonces Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por no tener fundamento legal que la contemplara dentro de la Carta Fundamental fue atacada de inconstitucional, motivando que se reformaran los artículos 123 fracciones XXIX y segundo transitorio de la Constitución General de la República.
Por lo anterior es que resulta conveniente cambiar la estructura de los actuales tribunales del trabajo para convertirse en verdaderos juzgados laborales despolitizando su integración, operación y funciones y alcanzar de esta manera su independencia jurisdiccional.
Para Acción Nacional es importante rescatar la pretensión protectora con la cual surgió una de las garantías constitucionales más importantes de todos los tiempos y, al mismo tiempo, estamos comprometidos a ofrecer mecanismos legales que permitan apoyar los esfuerzos hacia una mayor equidad y justicia en la sociedad; valor, que como señalaba Gómez Morín, consiste en la voluntad permanente de definir y de realizar el bien común, entendido como el conjunto de medios materiales y culturales necesarios para que todo hombre y todos los hombres se desarrollen plenamente.
Por tal motivo, dadas las consideraciones vertidas, es que concluyo como necesario proponer la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, a fin de sustituir las juntas de conciliación y arbitraje, por juzgados laborales y reformar la fracción I del artículo 104 de la Constitución federal, para incluir la materia laboral como competencia de los tribunales de la Federación a efecto de que las reglas de competencia, procedimiento, así como las garantías procesales, sean las mismas para todos y se encuentren basadas en principios semejantes.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Emilio González Martínez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Murat, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados José Rosas Aispuro Torres, además del que la va a presentar.
El diputado José Murat: Señora Presidenta. Señoras y señores diputados. Los suscritos, José Rosas Aispuro y su servidor José Murat, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas a los artículos 26 y 73 fracción XIX-D y adición de un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74; todos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reforma a la fracción IV del artículo 1o. y a los artículos 4o. y 5o.; todos de la Ley de Planeación, con base en los siguientes
Antecedentes y exposición de motivos
Planificar el desarrollo económico, político y social de México es de la mayor importancia, pero igual o más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través del Congreso de la Unión, participe democráticamente en la definición de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
Los principios del proyecto nacional que contenía la Constitución de 1917 son síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planeado, ratificado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana.
La Constitución estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y organizar en la libertad el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.
Voy a hacer una lectura más corta, señora Presidente, y le solicito que se inserte completa en el Diario de los Debates, para hacer más ágil esta presentación.
Exposición de motivos
Primero. La conducción económica de nuestro país a lo largo de la historia ha pasado por muy diversas facetas y por múltiples y variados ejercicios, desde la centralización planificada en términos económicos hasta la implantación de ensayos económicos con tendencias a las doctrinas neoliberales, aunque estos últimos no hayan logrado desprenderse de los principios sociales previstos en la Carta Magna.
Segundo. De acuerdo con los principios generales de la economía mixta, concurren al desarrollo social-nacional los sectores públicos, social y privado. Esto obliga al Estado a planear el desarrollo de la economía tomando en consideración la participación de éstos tres sectores.
Es en la Ley sobre Planeación General de la República de 1930, dentro del período gubernamental del Presidente Lázaro Cárdenas cuando se empezó a planear el desarrollo de México. Particularmente el Presidente Cárdenas comenzó a realizar la tarea de la planeación nacional a través de su Plan Sexenal de 1934 a 1940, acción posteriormente imitada por los sucesivos gobernantes del país, quienes buscaron a través de estos planes dar cauce y orden al desarrollo nacional.
El artículo 26 de la Constitución Federal establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación. Que la planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Que por lo tanto, se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
El citado artículo 26 deja claro que en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. Lo anterior, dada la constitucional, legal, legítima y natural representación que del pueblo mexicano tiene el Poder Legislativo federal, es de indudable carácter la participación que el Congreso de la Unión debe tener para la elaboración del plan, constituye sólo un primer paso, mientras que la realización requiere el examen y el debate legislativo del escrutinio ciudadano y de la libre opinión de todos.
Noveno. Sólo con el examen del Congreso federal se puede conseguir enriquecer las perspectivas y propósitos del plan como rector de las tareas y acciones del gobierno; solamente así logra traducirse en la mejor formulación de los programas sectoriales e instituciones que, de conformidad con lo señalado por la Ley de Planeación corresponde elaborar a las entidades y dependencias de la administración pública federal.
De conformidad con lo anterior expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de decreto
Mediante el cual se proponen reformas a los artículos 26, 73 fracción XXIX-D y adición de un párrafo cuarto a la fracción IV del artículo 74, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reformar los artículos 1º. fracción IV, 4º. y 5º. de la Ley de Planeación.
Firmado por el señor diputado José Rosas Aispuro y su servidor, José Murat. Le repito, le pido que se inserte completa en el Diario de los Debates y se le dé turno y que podamos pronto regresar a este Pleno y podamos aprobarlo para bien de la nación. Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado. Gracias. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario Nueva Alianza, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 468 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el diputado Ricardo Franco Cazarez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado Ricardo Franco Cazarez: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados. El suscrito, Ricardo Franco Cazarez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PAN somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX y X del artículo 7, y el artículo 9 de la Ley General de Educación. Se reforma la fracción IV del artículo 2, y se adiciona la fracción XXIV del artículo 29 de la Ley de Cultura Física y Deporte, bajo la siguiente
Exposición de motivos
El deporte ha sido reconocido internacionalmente como un derecho irrenunciable del individuo y como tal debe gozar del reconocimiento y protección de las leyes, razón por la cual en las acciones legislativas y en las políticas públicas se debe considerar a la cultura física como parte importante de los programas de la educación básica para promover y facilitar a los individuos, actividades corporales y deportivas mejorando así la calidad de vida para alcanzar una salud humana integral.
Cuando una niña, un niño o un adolescente se ejercita, actúa en su ser y es capaz de manifestar los conocimientos, los afectos, las emociones, la motivación y las actitudes y valores que ha adquirido en la escuela y en su entorno familiar, social y cultural por lo que pedagógicamente es necesario que los educandos tengan el sentido formativo de la cultura física que contribuya a su formación integral.
En México, una de las problemáticas más graves que enfrenta la población infantil y juvenil es la falta de atención a la obesidad y el desarrollo de sus aptitudes físicas.
Según datos del INEGI, más del 50 por ciento de los infantes tienen problemas de sobrepeso lo que repercute no solo en su calidad de vida sino también en su autoestima. Y menos del siete por ciento de la población mayor de 15 años realiza alguna actividad física o deporte. Estos datos resultan alarmantes si consideramos que el sobrepeso genera problemas de diabetes o hipertensión.
Si bien es cierto que se han realizado e implementado programas, también lo es que estos han sido sexenales y no siempre permanecen. Por ello es importante llevar a cabo las acciones necesarias para darle certeza y permanencia. Por lo anterior, es importante fomentar la cultura física como asignatura dentro de los centros educativos ya que ésta contribuye a la formación y desarrollo de los niños y adolescentes.
La importancia de la cultura física y del deporte, principalmente en los centros educativos, ayuda a prevenir no sólo los problemas ligados con la salud sino también los que están relacionados directamente con el desarrollo del ser en su entorno social, ya que permite explorar formas sanas de recreación a través de las cuales nuestra niñez y juventud evita caer en la delincuencia y las adicciones.
Por otra parte, los esfuerzos de la Conade han sido en cierto grado satisfactorios, pero no es suficiente pues en la mayoría de los casos existe una débil coordinación entre las autoridades locales, los directivos de los planteles educativos y los programas que se han implementado, de ahí la necesidad de que el Estado se comprometa a estimular el desarrollo de la cultura física, además de estimular la educación física y la práctica del deporte como complemento de la educación, toda vez que la ley en la materia establece claramente la diferencia entre educación física y cultura física.
Se define ésta última como el conjunto de conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y al uso de su cuerpo.
En este orden de ideas, esta propuesta pretende reformar la Ley General de Educación para que la educación que imparta el Estado no sólo se aboque a la educación física y a la práctica del deporte, sino al desarrollo de la cultura física como parte de la formación integral de los educandos.
Asimismo, la iniciativa busca adecuar la Ley General de Cultura Física y Deporte para que se establezcan las bases de coordinación y colaboración entre los tres ámbitos de gobierno y los sectores públicos, social y privado; que se fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte como medida del desarrollo integral de las personas y que se establezca como atribución de la Conade, la promoción de la cultura física y el deporte en los programas de educación básica.
Compañeros diputados. Estamos convencido de que impulsar el desarrollo físico e intelectual de las personas significa iniciar a las niñas y a los niños que inician su proceso educativo, con el objetivo de contribuir a un marco normativo adecuado que permita formar una cultura física para tener ciudadanos más sanos, productivos y con mejor calidad de vida.
Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento jurídico expresado en el proemio, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente
Iniciativa con proyecto de decreto
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y que sólo he leído la parte contenida de la iniciativa, solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y la de Juventud y Deporte.
Esta Presidencia agradece y da la bienvenida a los líderes indígenas de la sierra de Puebla que nos honran con su presencia. Están presentes de los municipios de Amixtlán, Hermenegildo Galeana, Tlapacoya, Zacapoaxtla y Zongozontla.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto por el que se declara al año 2007 Año del sesquicentenario de la Constitución de 1857.
La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Con el permiso de la Presidencia. La Carta Fundamental constituye la consagración de la libertad mediante la inclusión definitiva de los derechos del hombre y del ciudadano.
La reafirmación del Estado nacional, la restauración de la República y la consolidación del federalismo como forma de gobierno, pero sobre todo, como el triunfo definitivo de la razón al dejar instituida como norma de rango constitucional la libertad de conciencia, en tanto derecho público subjetivo a los gobernados, vista como un conjunto normativo, contiene avances verificables que le confieren un perfil diferente con relación a los que le antecedieron. En primer lugar y de manera destacada, hasta en su propia denominación.
Dicha Norma Suprema contiene la decisión de organizar al incipiente Estado nacional conforme al sistema federal.
Las diferencias sustanciales que tiene con las constituciones anteriores se reducen a los aspectos siguientes: La incorporación de los derechos del hombre y del ciudadano que se encontraban diseminados de manera vaga en el acta y la Constitución de 1824; la proclamación de la soberanía nacional como una situación que reside de manera esencial y originariamente en el pueblo; la institucionalización del proceso constitucional del amparo y el establecimiento del juicio político como pivote del control de las responsabilidades que provienen del ejercicio del servicio público.
En atención a todo ello, pero básicamente a la patriótica actitud de la generación que le impulsó, es que en su memorable obra de exégesis histórica de esta Carta Magna, don Daniel Cosío Villegas expresara que la historia mexicana tiene páginas negras vergonzosas, quedaríamos mucho por poder borrar.
Tiene páginas heroicas que quisiéramos ver impresas en letra mayor, pero nuestra historia tiene sólo una página, página única en que México da la impresión de un país maduro, plenamente enclavado en la democracia y en el liberalismo de la Europa Occidental moderna, y esa página es el Congreso Constituyente de 1856.
A lo largo de casi dos siglos de vida nacional, nuestro país ha contado con hombres y mujeres ilustres, que han dejado un testimonio palpable de su ferviente compromiso con las causas esenciales de la nación, mexicanos insignes que por la improntacia de sus acciones, sus figuras quedarán indeleblemente plasmadas en la memoria histórica del pueblo en su conjunto. Este es el caso de la generación liberal del siglo XIX, su mayor contribución al desarrollo político de México se materializa en la Constitución de 1857.
Ciertamente, después de 30 años de vida independiente y de cruentos enfrentamientos y luchas, con un alto costo social, correspondió al Congreso Constituyente de 1857, ser el crisol en el que se constituyera un nuevo ordenamiento jurídico, uno más incluyente, no de corte clasista sino uno más social y con ello los cimientos de una nueva República, renovada, fuerte y vigorosa.
Solo falta recordar el destacado desempeño de los Constituyentes del 57, sus encendidos debates, pero sobre todo, su leal e intachable fervor por crear un marco jurídico e institucional a la altura de los grandes problemas nacionales, factor que evidentemente determinó su excelente obra que por mucho superó a las de otras generaciones de ilustres mexicanos.
El esquema de la nueva norma suprema comprendía en forma integral todos los elementos del constitucionalismo liberal avanzado del siglo XIX, en opinión de los expertos las adiciones y reformas que incorporó sobre la tradición federal que provenía de 1824 la identifican como una constitución progresista.
De manera consecuente, la libertad fue extendida a los campos de la educación, el trabajo, la expresión de las ideas, la imprenta, el derecho de petición, la asociación, la aportación de armas y el libre tránsito.
Instituyó la retroactividad de las leyes y el debido proceso, estableciendo como derecho del gobernado que el juicio y la sentencia se deben de fundar en leyes dictadas con anticipación y por autoridad competente.
En mérito de todo ello y por el unánime reconocimiento que percibo, todas las corrientes que concurren al seno de esta honorable Asamblea, le confieren a la generación liberal del siglo XIX, por la heroica defensa que hicieron de la soberanía e integridad territorial del país, es que quienes esto suscribimos, consideramos que sus integrantes son dignos de un especial reconocimiento.
Solicito, señora Presidenta, se inscriba mi intervención y el texto que he presentado en el Diario de los Debates. Suscribimos esta iniciativa: diputado Carlos Chaurand, Alfredo Ríos Camarena, Carlos Armando Briebich, Patricia Villanueva, Leticia Herrera y la de la voz Sara Latife Ruiz. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: Gracias señora diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación, Diputado Chaurand, sonido en su curul por favor.
El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): Presidenta, de acuerdo con nuestra Ley Orgánica corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, el decidir los homenajes, las condecoraciones y las inscripciones en el Muro de Honor, como la iniciativa que presentó la ciudadana diputada Sara Latife lo señala, por lo tanto, pido que el turno sea a esta Comisión.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Estamos de acuerdo en turnarla también a...¿solamente quiere a esa Comisión?
El diputado Carlos Chaurand Arzate (desde la curul): No, en razón a que también tiene una parte que sería responsabilidad de la Comisión de Gobernación, es efectivo el turno que usted está dando a Gobernación y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Presidenta. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Entonces la ponemos a Comisiones Unidas, exactamente. Gobernación y Reglamentos y Práctica Parlamentaria. Con mucho gusto.
Tiene la palabra el diputado Edgar Olvera Higuera, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Edgar Armando Olvera Higuera: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Diputadas y diputados. Los suscritos, diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Jesús de León Tello, Alejandro Landero Gutiérrez, Luis Gerardo Serrato Castell, Sofía Castro Romero, Omar Borboa Becerra y su servidor, Edgar Armando Olvera Higuera sometemos a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 18 constitucional, a fin de establecer la obligatoriedad del trabajo en los centros penitenciarios.
Hoy en nuestro país una de las grandes preocupaciones de la sociedad han sido las grandes fracturas que se han venido presentando en el sistema de seguridad pública. En ese sentido, la problemática penitenciaria resulta ser quizá uno de los problemas más graves y profundos.
Corrupción y privilegios, tráfico y consumo de narcóticos y de armas, falta de separación y clasificación de los reclusos, malas condiciones de las instalaciones e insalubridad, sobrepoblación y hacinamiento, irregularidades de falta e insuficiencia de actividades laborales y educativa constituyen condiciones de la situación penitenciaria en el país, que vulneran el derecho a la readaptación social de los internos.
El tema penitenciario está enfrentando una crisis de funcionalidad, así como de credibilidad social. Motivo por el cual resulta necesario el mejoramiento de este sistema.
A la par de la teoría de la pena, como reacción final del Estado ante la comisión de un delito. Un elemento dentro del proceso de ejecución de la sanción penal y el cual constituye el objetivo esencial de la presente iniciativa, lo es el trabajo penitenciario.
Con el transcurso del tiempo, el trabajo penitenciario ha suscitado diversas concepciones como un medio de exacerbación y expiación, como único castigo bajo una óptica retribucionista como medio de explotación económica, para llegar finalmente a concebirse como un medio para propiciar la rehabilitación y la reinserción social del delincuente.
La situación del trabajo penitenciario ha constituido un problema conceptual desde el momento mismo en que se da la pérdida de la libertad del sentenciado. El problema ha versado en sí, en una falta de precisión constitucional.
Para algunos la redacción actual del artículo 18 constitucional no presta para establecer el trabajo penitenciario como obligatorio. Para otros, esta situación sí es factible e inclusive se está implementando.
Así tenemos entidades federativas que actualmente no establecen como obligatorio el trabajo penitenciario. En tanto que existen otros que si prevén la obligatoriedad del trabajo como medio idóneo para alcanzar los fines de readaptación social.
Resulta fundamental clarificar a nivel constitucional el alcance del llamado trabajo penitenciario, como medio de rehabilitación que facilite la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles a los internos para lograr su total reincorporación a la sociedad.
Los principales beneficios que arrojaría la implementación de esta medida serían entre otros, los siguientes:
Se crearía el hábito de los internos de trabajar honradamente en un factor real y verificable y en una readaptación social más rápida. Se estaría en condiciones de reparar el daño causado a la víctima con el importe de su trabajo; constituiría una terapia positiva evitando la ociosidad, vicios y adicciones; permitiría hacer competitivos a los reclusos cuando éstos salgan a la sociedad; reduciría e eliminaría uno de los factores de mayor riesgo en materia de conducta antisocial: la marginación del sujeto. Asimismo, el problema de sobrepoblación, carga presupuestal, entre otros.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos con todo respeto a consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 18 constitucional, a fin de establecer la obligatoriedad del trabajo en los centros penitenciarios.
Único. Se reforma el párrafo II del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud de que realizamos un resumen de la iniciativa destacando los aspectos más importantes de ésta, solicitamos se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley que Regula la Participación Privada en Proyectos para Prestación de Servicios.
El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados. En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 74 de la Constitución Política mexicana y se expide la Ley Federal que Regula la Participación del Sector Privado en los Proyectos para Prestación de Servicios, conforme la siguiente
Exposición de motivos
La asociación público privada —APP por sus siglas— engloba una diversidad de vertientes de inversión en el que participan los sectores público y privado; esquema a través del cual se otorgan a los particulares concesiones y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Este modelo de asociación tiene su origen en la figura de proyectos público-privados que se ha implementado en otros países con éxito, tales como Reino Unido, España, Portugal y Alemania, entre otros.
Dicho esquema se ha utilizado en diversos campos del sector público como servicios de salud, educación, transporte, servicios municipales, carreteras y vialidades, entre otros. En México, las asociaciones público privadas existen desde hace varios años, advirtiéndose básicamente en los sectores carreteros, de agua, en Fonatur y Fintra, así como en suministro de bienes y servicios.
Una asociación público privada (APP) es el mecanismo de participación entre el sector público y privado. Los proyectos para la prestación de servicios (PPS) son un esquema particular más de las APP.
En 2002 el gobierno mexicano comenzó a evaluar el esquema de PPS y a diseñar su marco regulatorio y operativo. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que ha impulsado y desarrollado este tipo de proyectos. Los proyectos para la prestación de servicios, por sus siglas (PPS), son entonces una modalidad de participación pública y privada en la cual el sector privado presta servicios en apoyo al gobierno, para que éste a su vez preste un servicio público.
Este esquema de asociación permite que se compartan las capacidades, los recursos y fortalezas de los sectores público y privado para ofrecer servicios de mayor calidad a la población.
Entre los beneficios que proporcionan los PPS se pueden contar los siguientes: permite que los usuarios tengan acceso a mayores servicios públicos y de mejor calidad; ayuda a los órganos de administración pública a cumplir con mayor eficiencia y eficacia la responsabilidad que se tiene asignada; genera empleos tanto en la construcción de infraestructura como en su operación; amplía la participación de inversionistas en el desarrollo de la economía; contribuye a mantener niveles óptimos de calidad en los servicios públicos a largo plazo; reduce o elimina los retrasos y sobre todo costos en el desarrollo de los proyectos y posibilita que la población pueda recibir con oportunidad los beneficios de obras y acciones públicas.
Los PPS funcionan mediante un contrato de servicios de largo plazo, a través del cual el inversionista proporciona servicios al sector público, haciéndose cargo eventualmente del diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y servicios relacionados.
La responsabilidad final la tiene el sector público. Los PPS son evaluados a través de un catálogo de servicios, parámetros y niveles de calidad definidos en el contrato.
Es importante señalar que los PPS, como esquema de colaboración y vinculación entre entidades públicas y particulares, no incrementan la deuda pública; por el contrario, constituyen instrumentos eficaces para solucionar los problemas que generan las limitaciones de la capacidad financiera del sector público.
Para poder lograr todos y cada uno de los objetivos antes establecidos se propone reformar el texto del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que esta soberanía popular quede expresamente facultada para aprobar los proyectos para prestación de servicios y para incluir en el Presupuesto de Egresos las asignaciones correspondientes que excedan de un ejercicio fiscal.
Asimismo, la reforma constitucional permitirá facultar a esta Honorable Cámara de Diputados para aprobar la afectación como garantía o fuente de pago de los ingresos y derechos del gobierno federal que deriven de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios o cualquier otro concepto susceptible de afectación, cuando tales afectaciones puedan autorizarse no solamente para garantizar deuda pública, sino para garantizar otras obligaciones que deriven de los contratos para prestación de servicios.
Lo anterior redundará en mayor solidez financiera de los proyectos, lo que deberá implicar un menor costo para los entes gubernamentales y permitirá atraer un mayor número de inversionistas.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está convencido de las bondades de las iniciativas que se proponen, ya que a través de ellas el gobierno federal podrá ampliar cobertura y calidad de los servicios públicos, en beneficio del país.
Por lo antes expuesto, sometemos a la alta consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de reforma y adiciones al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e iniciativa de Ley Federal que Regula la Participación Privada en Proyectos para la Prestación de Servicios, los PPS, adjuntando los proyectos y decretos respectivos para que, si se estima procedente, se apruebe en sus términos.
Es cuanto. Hago entrega del texto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En virtud de los requerimientos por el trabajo de comisiones, y a solicitud de varios diputados, se concede el uso de la palabra al diputado Mario Alberto Salazar Madera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 221 del Código Penal Federal.
El diputado Mario Alberto Salazar Madera: Con su venia, diputada Presidenta. El suscrito diputado hace entrega de la iniciativa que pretende reformar el artículo 221, fracciones I y II del Código Penal, con la finalidad de poder incorporar y poder clarificar sobre todo el delito de tráfico de influencias.
En primer lugar, creo que es nuestra obligación, como legisladores, el poder garantizar que la justicia siga siendo un elemento fundamental como una forma de convivencia y sobre todo como una procuración del bien común en la sociedad.
Creo que también es importante el poder estar conscientes que nuestra obligación es cada vez más perfeccionar las leyes y las normatividades que son necesarias e indispensables para tener una buena administración de la justicia en nuestro país. De tal manera que hoy en día se ha avanzado con grandes reformas a nivel nacional en materia penal.
Se han incorporado delitos electorales, se han incorporado delitos en materia ambiental, sin embargo es indispensable también el poder particularizar y avanzar en los delitos del tráfico de influencias, por lo cual, el suscrito diputado presenta ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa que pretende reformar el artículo 221 del Código Penal, con la finalidad de poder clarificar cada vez más y poder particularizar el delito de tráfico de influencias.
Hoy en día está penado únicamente nada más entre el ejercicio entre funcionarios, sin embargo no está regulado entre particulares y funcionarios públicos, por lo cual en muchas ocasiones permanece y prevalece la impunidad; y muchos funcionarios públicos que hacen uso de ese tráfico de influencias frecuentemente burlan este precepto y no llega y no se administra la justicia de manera debida. Por lo cual, el presente hace entrega, diputada Presidenta, la siguiente iniciativa, de conformidad a lo siguiente.
Artículo primero. Se reforma el artículo 221 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Comete el delito de tráfico de influencia el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva la gestión a la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión o la realización de actos u omisiones indebidos. Se le impondrá de dos a seis años de prisión, de 100 a 500 días de multa y destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público.
"Igual pena se aplicará a cualquier persona que promueva o gestione la conducta ilícita del servidor público a que se refiere el párrafo anterior.
"La misma pena se aplicará al servidor público que ejecute la tramitación de los negocios u emita las resoluciones o realice los actos u omisiones indebidos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
"Si la conducta produce un beneficio económico, la pena aumentará hasta en una mitad".
Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
El diputado Christian Martín Lujano Nicolás: Con el permiso de la Presidencia. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Según datos de la Conabio, entre el 10 y el 12 por ciento de las especies del mundo se encuentran en nuestro territorio.
Nuestro territorio cuenta con más de 700 especies de reptiles, dándole como resultado el primer lugar en reptiles del mundo. En mamíferos ocupa el quinto lugar, con más de 250 especies, así como el cuarto también en aves, con más de 20 mil especies; también de plantas.
En México existe una fuerte presión sobre la biodiversidad ya que cuenta con amenazas graves como son la conversión de los ecosistemas naturales a productivos, la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación de las poblaciones y la comercialización de especies exóticas. Todo esto derivado de las actividades humanas en general.
Podemos mencionar de manera particular a las que están relacionadas con los circuitos de producción y consumo de bienes y servicios intermedios y finales.
Para enfrentar estos retos y participar en la conservación de la diversidad biológica con la que cuenta México se aprobó y promovió la Ley General de Vida Silvestre, que tiene por objeto la conservación de la vida silvestre mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país.
Es por eso, compañeros diputados, que es necesario y se presenta a esta tribuna tres propuestas de reformas legales a esta ley:
En primer lugar, la que tiene que ver con satisfacer el concepto de uso de subsistencia. Hoy por hoy es un concepto que desafortunadamente se ha desvirtuado y que tiene que ver únicamente con la comercialización y la retroalimentación de los mismos entes sociales que hacen uso de estas especies en peligro de extinción.
Es muy importante, primero, satisfacer el capítulo de conceptos de esta ley con un concepto de aprovechamiento de subsistencia.
La segunda reforma tiene que ver con eliminar de manera definitiva que el uso y aprovechamiento de subsistencia tenga que ver con la venta directa de especies. Esto quiere decir que ha sido utilizado este concepto primero, sí, para satisfacer de manera permanente las necesidades de consumo de las sociedades principalmente rurales, pero que hoy están amenazadas las especies porque se ha dedicado más que nada a la venta de las mismas.
La tercera reforma que tiene que ver con el artículo 93 de esta ley, tiene que ver precisamente con los ritos y las tradiciones que en muchas comunidades se desarrollan en nuestro país; y es precisamente aquí donde sí es importante que la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Nacional Indigenista y otras entidades paraestatales de nuestro gobierno tengan a bien hacer los estudios pertinentes para garantizar que solamente sean utilizadas las especies para el autoconsumo en ritos y en ceremonias, no para venta ni para comercialización de las mismas. Es por eso que queremos fortalecer con esta iniciativa precisamente esta ley que ha sido difusa en este sentido.
Le solicito, diputada Presidenta, se integre de manera total este documento en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Según su solicitud, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se ruega a los señores legisladores que están manifestándose, cuidar que su manifestación no interfiera con el orden de la sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Sánchez Andrade, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 83 y 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Eduardo Sánchez Andrade: Gracias, diputada Presidenta. Más presupuesto para el campo. Compañeras y compañeros diputados.
El artículo 83 constitucional establece que el Presidente entrará a ejercer el cargo el 1 de diciembre y durará en él seis años. Este precepto, al no especificar que es a partir de las cero horas del día referido deja a la libre interpretación, por lo que ha llegado a señalarse que el Presidente de la República no asume plenamente sus funciones sino hasta la hora en que toma posesión de su encargo ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 87 de la Constitución federal.
En estos ordenamientos se establecen las formalidades que deben observarse en lo que se ha llamado un acto republicano y que fundamentalmente ha consistido en resaltar la investidura del Ejecutivo federal frente a los otros Poderes de la Unión, presentando éste como el inicio de una nueva era para el país —eso sí cada seis años— lo que había ocurrido con cierta normalidad hasta el pasado 1 de diciembre.
Las actuales circunstancias por las que atraviesa el país nos obligan al ejercicio pleno de la convivencia y la pluralidad e inclusión política; nos reclaman actuar con tolerancia y apertura para avanzar en la democracia y en la justicia social. Sin embargo, ello no implica poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones nacionales, por lo que debemos prever en nuestra Constitución la posibilidad de facilitar la alternancia en la Presidencia de la República.
Estudiosos del derecho constitucional mexicano han señalado la necesidad de clarificar algunos preceptos que en la actualidad resultan anacrónicos y que no garantizan el desarrollo de las instituciones de la República, porque en ocasiones se simula el apego a ellos y en otras se propician presiones de todo tipo pretendiendo hacer rehenes no sólo a alguno de los poderes sino a la ciudadanía, dañando irreversiblemente la imagen del ejercicio de la política y de quienes en ella actuamos.
El sistema democrático que nos hemos dado nos otorga la responsabilidad para coordinarnos y colaborar con los otros poderes en el ámbito de nuestras atribuciones en beneficio del país, por lo que debemos facilitar el ejercicio democrático del poder en beneficio de la gente sin que ello signifique supeditación o subordinación entre los Poderes, por lo que dotar de mayor flexibilidad al cumplimiento del mandato constitucional continúa siendo oportuno para que la transmisión del Poder Ejecutivo transcurra como un acto republicano y democrático del sistema político mexicano.
El constituyente de 17 estableció la forma de organización política del Estado mexicano, la de una República representativa, democrática y federal por lo que la responsabilidad del Poder Legislativo no debe circunscribirse a participar en un acto protocolario de toma de posesión del Presidente de la República ya que su elección se ha realizado en el marco del sistema y de las instituciones electorales que hemos venido consolidando.
Una vez que los mexicanos hemos manifestado nuestra voluntad depositando los votos en las urnas y los propios ciudadanos los han contado y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto las controversias presentadas y calificado de válida la elección de Presidente y ha realizado la declaratoria de Presidente electo; al Congreso de la Unión sólo le corresponde participar en ese acto de la República ya que desde 1994 no le corresponde a esta soberanía constituirse en Colegio Electoral para calificar la elección de Presidente ni hacer la declaratoria de Presidente electo.
La representación popular debe asumir su compromiso de legislar para actualizar a las instituciones y mejorar la convivencia de los mexicanos de contribuir a la gobernabilidad democrática del país y de ejercer sus funciones de control de gobierno proponiendo políticas públicas que permitan elevar la vida de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente
Propuesta de reforma constitucional
Primero. Reformar el artículo 83 de la Constitución para que diga lo que sigue: El Presidente entrará a ejercer su encargo a partir de las cero horas del 1 de diciembre y durará en él seis años.
Segundo. Se reforma el artículo 87 para quedar como sigue:
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, o ante la Mesa Directiva correspondiente, la siguiente protesta:
Transitorio
El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.
Mucho agradeceré ciudadana Presidenta, se inserte el texto que he leído en el Diario de los debates y se corrija en la Gaceta mi nombre ya que no fue publicado correctamente. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia extiende la bienvenida y le da un afectuoso saludo a los alumnos de la Escuela Manuel Altamirano, del municipio de Tlalnepantla. Muchas gracias por habernos visitado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita además por el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, ambos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Señora Presidenta, le pido que el texto sea inscrito de manera íntegra en el Diario de Debates. Honorable Asamblea. Todos hemos sido testigos de cómo la inseguridad en México ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Los ciudadanos en casi todos los lugares del país se encuentran vulnerables ante la delincuencia común y el crimen organizado.
Los espacios públicos están siendo acaparados por los criminales, mientras que los ciudadanos cada vez más nos arrinconamos en el espacio privado. Estamos perdiendo libertad y ganando miedo.
El problema de la delincuencia es sistémico, se requiere la adecuación normativa, la vigilancia de los jueces, la transparencia en el Ministerio Público, la profesionalización de la policía, pero también se requiere atender un elemento fundamental de esta cadena que es la prevención social del delito.
Consideramos que la lucha contra la delincuencia no puede ser una tarea meramente reactiva, persecutoria. Una estrategia así es completamente ineficaz y costosa. Necesitamos más bien acciones que prevengan las causas que dan origen al hecho de que miles de adolescentes y jóvenes se sumen cada día como colaboradores del crimen.
La prevención social del delito, como apunta el especialista en el tema, Pedro José Peñaloza, contempla premisas como la cultura de la legalidad, la equidad social y la participación ciudadana. Sin estos instrumentos sociales los mecanismos policiales o judiciales resultarán siempre insuficientes y de corto alcance.
La relevancia de esta iniciativa que presentamos los diputado Edgar Olvera y Alejandro Landero, estriba en la posibilidad de reforzar la perspectiva de prevención social del delito dentro del sistema nacional de seguridad pública y de contemplar la necesidad de que las políticas de desarrollo social en sus distintas vertientes, trabajen por atender las causas que originan las conductas antisociales.
La iniciativa prevé modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, para incluir la perspectiva de prevención de conductas antisociales en la política nacional y de desarrollo social, reformándose la fracción I del artículo 11 y adicionándose una fracción X al artículo 1°, una fracción VI al artículo 14, una fracción X al artículo 19, así como un numeral cinco al artículo 31.
La iniciativa también implica cambios en la Ley General que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública.
Se reforma el tercer párrafo del artículo 3°, se adiciona la fracción IX del artículo 10°, las fracciones VI, VII, VIII del artículo 12 y la fracción V del artículo. Todo ello para incluir como objetivo de la coordinación de sistemas de seguridad pública, la necesidad de desarrollar programas de prevención social del delito y para incorporar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de prevención social del delito.
Asimismo, esta iniciativa de decreto incluye cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para mandatar a la Secretaría de Seguridad Pública a reforzar la perspectiva de prevención del delito dentro de sus tareas.
Consideramos que la política de prevención social del delito, colabora en la superación de dos problemas estructurales comunes en la ejecución de medidas contra la delincuencia: la visión a corto plazo y la superficialidad de las acciones.
La prevención social de delito trata de mirar la problemática con profundidad, haciendo un ejercicio analítico de tipo causal y planteando una resolutiva de largo aliento que supere la visión de coyuntura.
Por todo lo anterior, los autores de la presente iniciativa consideramos como un tema fundamental, decisivo para disminuir la incidencia delictiva, desarrollar programas sociales destinados a la prevención social del delito, porque hoy más que nunca requerimos de una perspectiva causal en la elaboración de nuestras políticas contra la delincuencia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Desarrollo Social.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Campos Galván, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Eugenia Campos Galván: Gracias. Con su venia, señora Presidenta. Solicito, señora Presidenta, que se inserte en su totalidad la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Como parte de la transformación política que se ha venido generando en México durante los últimos años, y que han dado pie a una inevitable reflexión sobre la necesidad de modificar algunos preceptos legales que rigen la conducción del Estado mexicano, se encuentra sin duda lo relativo a las ausencias del Presidente de la República de territorio nacional y la obligación de solicitar autorización al Congreso para tal efecto, sin importar el tiempo o duración de la misma.
La presente iniciativa pretende modificar el artículo 88 de la Constitución, con el objeto de actualizar lo ya previsto, pero manteniendo un mayor grado de flexibilidad que permita, por un lado, agendar viaje al extranjero, incluso realizarlo en caso de emergencia; y por otro, adecuar el control político y entendimiento entre Ejecutivo y Legislativo respecto a las ausencias del territorio nacional del Presidente de la República y las relaciones internacionales del Estado mexicano. Sin duda la flexibilidad e inmediatez para mantener un diálogo y contacto permanente entre los estados y de manera particular entre sus dirigentes resulta imprescindible.
En la mayoría de los países de régimen presidencial, como es el caso de América Latina, la autorización del Congreso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional por un período no mayor a lo ya establecido en la Constitución es prácticamente inexistente, de hecho sólo México, El Salvador y Bolivia contemplan esa disposición.
En este sentido es que presento ante esta soberanía, iniciativa para reformar el artículo 88 de la Constitución para establecer que, el Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente hasta por ocho días al mes, consecutivos o no, debiendo comunicar previamente al Poder Legislativo su decisión de ausentarse y los motivos para hacerlo, para posteriormente enviarle un informe de las actividades oficiales realizadas.
El fundamento para determinar el tiempo máximo de ausencia del Presidente sin autorización del Congreso se obtiene de analizar que de las 59 giras al extranjero hechas por el ex Presidente Fox en los últimos seis años, 57 de ellas se desarrollaron en un término de hasta ocho días, incluidas visitas de Estado y participaciones en cumbres o reuniones internacionales.
Además se deberá comunicar previamente al Congreso la decisión para ausentarse y los motivos para hacerlo y enviar posteriormente un informe de actividades.
En efecto, señores legisladores, durante décadas la concentración de poder del Ejecutivo limitó las funciones del Poder Legislativo, inhibiendo así la regla de oro de la relación dialéctica de poder y control, consistente en que todo fortalecimiento del poder estatal debe acompañarse del respectivo fortalecimiento de los mecanismos de control; esto es, a mayor poder corresponde necesariamente mayor control.
De esta forma, la atribución que se le otorga al Ejecutivo federal de ausentarse del territorio nacional hasta por ocho días sin autorización del Legislativo corresponde requerir que éste informe al Congreso su decisión de hacerlo, así como los motivos que lo justifican.
La redacción vigente del artículo 88 de la Constitución ha quedado desfasada desde años atrás y actualmente, más que un aliciente para el Estado mexicano para alcanzar sus objetivos y perseguir sus intereses, se ha convertido en instrumento político de fácil manipulación para entorpecer las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo.
Trabajemos pues, compañeros legisladores, pues en la reforma que aquí se plantea, se deben afianzar las fortalezas y promover las capacidades de México. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Gracias, señora Presidenta. Ruego nuevamente a usted que el texto íntegro se inscriba en el Diario de los Debates. Como se sabe, la fracción X del artículo 89 de la Constitución establece como facultad del Presidente de la República el dirigir la política exterior del país, para lo cual habrá de observar ciertos principios normativos que son:
La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
En ese sentido, atiendo los valores e intereses de los mexicanos en el actual contexto internacional, caracterizado por un mundo cada vez más independiente, donde ningún país puede permanecer ajeno a los retos y amenazas mundiales. Es que la presente iniciativa tiene por objeto adicionar a los principios normativos ya mencionados, el de la promoción y la defensa de los derechos humanos y de la democracia.
El propio Bernardo Sepúlveda, secretario de Relaciones Exteriores en 1988, año en el que fueron incluidos en la Constitución los principios de política exterior, expuso que éstos fueron la incorporación en el derecho mexicano, de normas imperativas de derecho internacional, que no admiten acuerdo en contrario.
Sin el cabal respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos, no es posible la vigencia de un Estado democrático. Igualmente, sin la vigencia de un Estado democrático no existen garantías para el respeto de los derechos humanos.
Dichos principios, sabemos que son parte esencial del México contemporáneo que se viene gestando desde décadas atrás. En consecuencia, sería no sólo ilógico, sino absurdo no actuar en consecuencia hacia el exterior.
Sin duda, todo Estado que se considere democrático y que aspire a salvaguardar en todo momento los derechos humanos tiene no sólo la obligación de respetar dichos principios dentro de sus fronteras, sino de impulsar su observancia y respeto en todos los países.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 significó un parteaguas en la historia mundial, asentar las bases por las que la humanidad se comprometía a proteger los derechos fundamentales e inalienables de todo ser humano, como base precisamente para la paz, la seguridad y la justicia internacional.
Dicha declaración asumida por México, desde luego fue proclamada como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones ––inspirándose constantemente en ellas––, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento y aplicación universal y efectivos; tanto entre los pueblos de los Estados miembros, como de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
En ese sentido, en su artículo primero puede leerse: el que todos los seres humanos nacen libres e igualmente con dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Este es, compañeras y compañeros legisladores, un principio universal asumido por todas las naciones del mundo y forma parte también de los principios y valores de México, por lo que debe ser también producto del constante interés y esfuerzo individual y colectivo de todos los países para arribar a un escenario internacional, en el que los derechos humanos y la democracia como único sistema político capaz de garantizarlo sea una constante.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto esta iniciativa ante el Pleno de este Congreso de la Unión. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Constantino Acosta Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Constantino Acosta Dávila: Con su venia, señora Presidenta. Le solicito sea tan amable de insertar el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Honorable Asamblea. El suscrito Constantino Acosta Dávila, diputado federal integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de motivos
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es uno de los más extensos y complejos de la Carta Magna, siendo éste uno de los preceptos más discutidos en la historia nacional del siglo XX, debido a que contiene disposiciones de gran relevancia política y social.
Considerando que el artículo 27 es algo más que un simple precepto constitucional, es en parte un diseño de proyecto de nación. Como es sabido, en la primera parte se trata lo relativo al derecho de la propiedad. En la segunda parte del presente comentario, abarca lo relativo a las distintas formas de propiedad de bienes públicos que señala la Constitución.
Si bien es cierto, el derecho de propiedad es un importante punto de confluencia de la economía, la política y el derecho, la forma de reconocer el derecho de la propiedad eminentemente va a incidir en el derecho a la vivienda; los derechos de los trabajadores; el derecho al medio ambiente, etcétera, tal como lo demuestra la experiencia histórica.
De su importancia deriva seguramente el hecho de que las normas sobre la propiedad hayan sido casi siempre manipuladas por los grandes factores reales de poder. El derecho de propiedad es el que tiene todo ciudadano para gozar, disponer de acuerdo con su criterio de sus bienes, de sus ganancias, del futuro de su trabajo y de su laboriosidad.
Antes incluso, la declaración de 1789 dedicaba dos artículos a la propiedad. En su artículo 2º se incluía a la propiedad entre los derechos naturales imprescriptibles del hombre. El artículo 17 de la misma declaración de 1789 establecía el que seguramente es uno de los primeros antecedentes de la expropiación, al menos consagrado a nivel supralegal.
Según este precepto, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado donde nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo exija evidentemente la necesidad pública legalmente comprobada y a condición de una indemnización justa y previa.
Ahora bien. Aunado a lo anterior, y por último, es pertinente indicar que si bien es cierto que la Ley de Expropiación en su artículo 4º establece que la declaratoria de expropiación se hará mediante decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y será notificado personalmente a los interesados y en caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
También lo que dicho numeral dispone es únicamente la notificación del decreto expropiatorio como tal, mas no dispone la notificación de previa audiencia del procedimiento administrativo de expropiación, lo cual es objeto y materia del presente proyecto de decreto.
En vista de todo lo expuesto y con fundamento en lo argumentado y hecho valer a lo largo del presente estudio, me permito presentar ante esta Honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el II párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo único. Se reforma el II párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:
Artículo 27. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, en cuya tramitación se le respetará al afectado la garantía de previa audiencia.
Artículos transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos locales constituidos en cada una de las entidades federativas contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la presente reforma constitucional, a efecto de proceder a adecuar su legislación local en materia de expropiación, ajustando dicho ordenamiento de conformidad con la presente reforma. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María Dolores González Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La diputada María Dolores González Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta.. Los mexicanos viajan a todo el mundo en diferentes calidades migratorias, circulares y permanentes. Más del 90 por ciento de los mexicanos en el exterior se encuentran en los Estados Unidos de América. Esta cifra abarca entre 25 y 30 millones de personas. Los permanentes, también llamados residentes, según cifras, ascienden a 14 millones 339 mil y los indocumentados se estiman entre 10 y 15 millones.
La primera obligación del gobierno mexicano es la protección de cualquier persona humana nacida en territorio nacional o fuera de él, en los términos constitucionales. Aun cuando en los últimos cinco años el presupuesto se ha incrementado, no ha podido impactar de manera sensible el concepto de falta de servicios consulares a la generalidad de los mexicanos que solicitan los servicios y atenciones necesarios.
Hasta hoy, los servicios consulares no resuelven la cantidad y calidad que los mexicanos en el exterior solicitan.
Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad instalada para la atención y protección consular y la causa principal es el déficit presupuestal.
En estas circunstancias, la demanda de los servicios consulares rebasa por mucho la capacidad ya instalada. Lo anterior sitúa a los mexicanos migrantes en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que debemos insistir en mejorar los servicios consulares y programas de protección.
Lo anterior nos da una clara idea de la capacidad básica indispensable para otorgar un trato digno a la persona humana que todos y cada uno de los mexicanos merecemos.
Es muy sencilla la falta de servicios y protecciones consulares y muy visible la gran cantidad de recursos que genera. Si éstos se destinan y utilizan en este mismo Consulado, sin problemas podríamos construir un edificio con estacionamientos y lugares de descanso, contratación de personas, entre otras cosas.
El paradigma actual es dar a los connacionales fuera de la nación, la protección y servicios consulares del más alto nivel internacional. Sabemos del esfuerzo financiero que para esa erogación deberá realizar el gobierno mexicano en simple congruencia con el gran esfuerzo de los que han tenido que buscar su bienestar fuera de las fronteras nacionales.
Es indispensable redefinir la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su artículo 2. Aun cuando existe una reciente adición al artículo 2 —la fracción XI, del 25 de enero del 2002—, esta adición no reflejó el espíritu del legislador en turno o no definió el concepto claro e invariable sobre el cual debemos descargar el fondo, por lo cual me permito presentar la siguiente iniciativa de adición y abrogación del artículo 2, en su fracción XI, para quedar como sigue.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el presente decreto que reforma el artículo 2 fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue.
Artículo 2. Corresponde al servicio exterior, en la fracción XI, destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de los derechos prestados por cualquier representación consular en el extranjero, para integrar un fondo, cuyo objeto sea cubrir, adicionalmente al presupuesto general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan.
a).- Programas de repatriación de personas vulnerables;
b).- Atención y asesoría jurídica y protección consular;
c).- Atención a migrantes recluidos en centros penitenciarios y centros de detención;
d).- Atención telefónica;
e).- Campañas de seguridad al emigrante;
f).- Servicios de consulados móviles; y
g).- Prestación de servicios consulares y atención al público.
El fondo no puede usarse para complementar el presupuesto anual otorgado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que será adicional. Este fondo podrá ponerse en operación una vez que las reglas de operación aparezcan en el Diario Oficial de la Federación.
Al entrar el presente decreto en vigor, deberá impugnarse a las reformas y adiciones al Reglamento de la Ley de Servicios Exteriores Mexicanos, en un término que no exceda a 60 días naturales, a efecto de que las reglas de operación del fondo a que se refiere el artículo 2 fracción XI de la ley puedan implementarse una vez que se ha constituido el fondo a que se hace mención en el artículo anterior; esto será aplicable de manera gradual en un término no mayor de dos años y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial.
Solicito a la Presidenta se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones que la promoverte ha señalado.
Tiene la palabra el diputado Armando Enríquez Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Armando Enríquez Flores: Señoras diputadas. Señores diputados. Honorable Asamblea. Con la venia de la señora Presidenta es que someto a la consideración de la honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en base a la siguiente
Exposición de motivos
Hasta antes de la reforma constitucional del 94 la seguridad pública era concebida como la función de vigilancia preventiva, encomendada principalmente a las policías municipales. Hoy en día la seguridad pública no sólo es concebida como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, sino también las acciones de investigación y persecución de los delitos, así como la sanción y la readaptación de los delincuentes.
Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 a la seguridad pública como función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que deben coordinarse en los términos de la Ley Reglamentaria para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si bien históricamente los gobiernos municipales se han hecho cargo de la seguridad pública, particularmente en sus aspectos preventivos, no fue sino hasta las reformas constitucionales de 99 en las que les fue reconocido el carácter de orden de gobierno, teniendo entre otras funciones la de seguridad pública.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública está regulado por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se aprecian —desde luego— claros errores de diseño constitucional, partiendo de la base establecida por el artículo 21 de la Carta Magna, que organiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo de los tres órdenes.
Dicho fondo está diseñado en la Ley en comento para ser entregado a los estados sin ninguna previsión para que existan transferencias directas a los gobiernos municipales o por lo menos para que los gobiernos estatales distribuyan parte alguna de estos recursos a los municipios.
Además, los gobiernos municipales de por sí no participan en la instancia superior del sistema. Hoy no tienen la oportunidad de incidir en los criterios que el Consejo Nacional debe dictar para la distribución de los recursos de dicho fondo.
En dicha Ley se establecen con claridad los criterios que deben tomarse en cuenta para la distribución de los recursos que integran el fondo entre las entidades federativas, el número de habitantes, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados y el avance en la aplicación del programa Nacional de Seguridad Pública.
De esta manera, los gobiernos municipales constitucionalmente corresponsables de la seguridad pública en el país no participan del financiamiento del sistema, sino que deben invertir recursos propios o los que casuística y discrecionalmente se conceden en cada entidad federativa, sin que esto obedezca a una política de Estado, como es la naturaleza del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, es que esta iniciativa está orientada a promover la participación de los gobiernos municipales de todo el país respecto del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, para dar certidumbre a los gobiernos municipales del país respecto de estos recursos con que podrán contar para atender cuestiones en materia de seguridad pública preventiva.
De esta manera, el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal quedaría como sigue: Artículo 44, párrafo cuarto. Los estados, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine de los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Seguridad Pública calcularán las distribuciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, corresponsables y correspondientes a sus municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología justificando cada elemento.
Es de resaltarse ese acuerdo que emana de la Conferencia Nacional de Municipios de México, en donde desde todas las corrientes políticas, los alcaldes de nuestro país en base a esta urgente necesidad reclaman estos recursos.
Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente, señora Presidenta, se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta y por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias a usted, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del orden del día, se refiere a dictámenes de primera lectura. Tenemos los siguientes:
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 19; un párrafo tercero al artículo 20 Bis 2 y reforma el artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección a Medio Ambiente.
Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 60 Ter y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre. Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
Hay una corrección de turno a la iniciativa presentada por la diputada María Dolores González Sánchez, el turno queda como sigue: túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Continuando con dictámenes a discusión y en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 19 y un párrafo tercero al artículo 20 Bis 2, y reforma el artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se dispensa la segunda lectura. En virtud de que no se han registrado oradores, se considera el punto suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Se pide a los señores legisladores que si tienen algún problema para registrar su voto con el sistema, lo avisen para hacer los anuncios correspondientes y lo hagan dentro del tiempo destinado para la votación, porque después de que se acabe el período de votación, no se permitirán rectificaciones de voto.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Señor Presidente, para mi voto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sigue abierto el sistema de votación. Les voy a pedir a las señoras y señores diputados que permanezcan en el salón porque siguen otras cinco votaciones más. Ciérrese el sistema.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 439 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 439 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 19, un párrafo tercero al artículo 20 Bis-2 y reforma el artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que adiciona un artículo 60 Ter; un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarse por favor… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores inscritos, ábrase el sistema de votación hasta por tres minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Se pide a los señores diputados y señoras diputadas que permanezcan en el salón para las siguientes votaciones. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor Presidente, se emitieron 382 votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto que adiciona un artículo 60-ter y un segundo párrafo al artículo 99 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Si alguna diputada o diputado faltaron de emitir su voto, háganlo por cédula por favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si algún diputado no alcanzó a emitir el voto de manera electrónica, pásenlo por escrito a esta Mesa Directiva.
El siguiente punto del orden día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretario. Se dispensa la lectura. Para fundamentar el dictamen por la Comisión y en los términos del artículo 108 del Reglamento tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, hasta por cinco minutos.
El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. Vengo a esta tribuna en mi carácter de presidente de la Comisión de la Función Pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame diputado. Pido a las señoras y señores diputados atender al orador que está fundamentando el dictamen de la ley que se va a votar. Les pido su atención por favor. Adelante, diputado.
El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, señor Presidente. Para poner a consideración de esta Honorable Asamblea el proyecto de dictamen del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que envió la Honorable Cámara de Senadores el día 26 de abril del presente año con minuta de proyecto de decreto que a su vez corresponde a una iniciativa presentada por los entonces senadores Héctor Larios Córdova y Gerardo Buganza Salmerón, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Dentro de los antecedentes debo explicarles a ustedes que la Comisión de la Función Pública de la LIX Legislatura había votado a favor el dictamen proveniente del Senado, la minuta proveniente del Senado, pero debido a que fue al final del período anterior, ésta ya no pudo ser discutida en el Pleno. Pasó como proyecto a la Comisión de la Función Pública de la actual Legislatura y los integrantes de la misma, el pasado 14 de diciembre, la discutimos y votamos a favor.
Ahora bien, para emitir este voto a favor, tomamos en cuenta lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que los recursos económicos que dispongan el gobierno federal, el Gobierno del Distrito Federal y sus administraciones, se deberán de administrar con eficiencia, eficacia y honradez.
Asimismo, establece la Constitución que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes deben de adjudicarse por licitación pública mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes y aseguren al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Asimismo, señala nuestra Constitución que serán las leyes reglamentarias las que establezcan los criterios para acreditar economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en las adquisiciones públicas.
El texto anterior del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones señalaba que estas se podían dividir en licitaciones nacionales y licitaciones internacionales. Como ustedes saben, nuestro país ha suscrito diversos tratados de libre comercio con varias naciones y a los proveedores de esos países se les da el trato de nacionales. Esos proveedores, a su vez, se obligan a cumplir con diversos requisitos de calidad y precio que les dan ventajas a las adquisiciones que realiza el gobierno, pero también ventajas a nuestros propios proveedores nacionales porque saben que enfrentarán una competencia en equidad de circunstancias.
Se cambió el texto del artículo 28 para agregar que las licitaciones serán, en primer término, nacionales. En segundo término, internacionales a países con tratado de libre comercio y en tercer término a internacionales en general.
De esta manera se elimina una discreción que tenían las dependencias para establecer cuáles eran las licitaciones internacionales abiertas y cuáles eran las licitaciones internacionales a países con tratado.
Por esa razón, compañeras y compañeros, y con base en lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución General de la República, la Comisión de la Función Pública les solicita a todos ustedes el voto favorable a este dictamen. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Benjamín González Roaro. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación… Perdón, estaba inscrito el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del grupo parlamentario del PRD.
No encontrándose en el salón de sesiones, ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se solicita atentamente a las diputadas y diputados permanecer en el recinto para las subsiguientes votaciones, por favor.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver permítame. Está abierto todavía el sistema electrónico. Voten por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Permanece abierto el sistema de votación.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ya se cerró el sistema. A ver sonido a la curul del diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias Presidente. En virtud de que varios compañeros hacen falta para votar, pediríamos un minuto más para que concluyera el ejercicio del voto, si es tan amable, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Por cuestiones técnicas me dicen que ya no se puede volver a abrir; tendríamos que partir otra vez de cero. Yo les pediría que lo pasen por cédula. Si hay alguna modificación a su voto se corrige aquí en la Mesa Directiva. Pásenlo por cédula.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 365 votos en pro, 6 en contra y 34 abstenciones, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Les recuerdo que faltan varias votaciones, para que permanezcan en el salón.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Sonia Alejandra Orgado Garda, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. César Horacio López González, Alvaro Cisneros Herrera y José Manuel Pimentel Peralta, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (Votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (Votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo oradores inscritos, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal. Abrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se emitieron 433 votos en pro, cuatro abstenciones y cero en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 433 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia informa que acaba de recibir de la Comisión de Relaciones Exteriores, los dictámenes que conceden autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de enero de 2007, a fin de participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial de la República de Nicaragua, y los días 15 16 de enero del 2007, a fin de efectuar una visita a la República de El Salvador, para participar en la celebración del XV Aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz. En virtud de que se está distribuyendo entre los diputados el dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Se dispensa la lectura al dictamen, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Son de primera lectura. En virtud de que se han distribuido entre los diputados los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se han inscrito para hablar el diputado Samuel Aguilar Solís, del PRI; el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del PRD y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del PAN.
Tiene la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del PRI.
El diputado Samuel Aguilar Solís: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. A esta tribuna el Partido Revolucionario Institucional ha venido en otras ocasiones para plantear y ratificar su postura respecto a la política exterior.
Para nosotros la política exterior no puede ser una política de administraciones sexenales ni mucho menos de contentillo —lo dijimos en alguna ocasión— tiene que ser —y hoy lo ratificamos— una política exterior de Estado, basada fundamentalmente en los principios constitucionales. En ese sentido, el día de hoy frente a esta propuesta de minuta enviada por la colegisladora respecto al viaje del Presidente Calderón a Centroamérica, queremos ratificar lo siguiente:
Para el PRI la postura sigue siendo la misma, en materia de política exterior tenemos que tener una política exterior de Estado basada en los principios constitucionales. Con la región de Centroamérica ha sido larga la relación y la tradición de buenas relaciones entre nuestros países.
Recordemos en la década de los 70, cuando esa región se convulsionaba en términos sociales, México, a través del Grupo Contadora, mantuvo una postura firme pero a la vez propositiva y sobre todo a favor de la paz, de la reconciliación y de la búsqueda de sistemas democráticos de la región.
Posteriormente fuimos incluso sede, en el Castillo de Chapultepec, para el restablecimiento de los Acuerdos de la Paz en El Salvador; y también recientemente a través del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, creado en 1991.
Con esta región tenemos tremendos temas que nos obligan a presentar nuestra posición. Uno de ellos es la seguridad de la frontera. Ése es un queso gruyère; es una frontera porosa que no solamente ha generado problemas migratorios, sino incluso problemas que van más allá de las seguridad pública y que pueden constituirse en temas de seguridad nacional, como es el problema de los famosos Maras Salvatrucha.
Por eso nos parece conveniente que el Presidente Calderón acuda, porque está enviando un mensaje de nueva relación de nuestro país con la región y con América Latina y sobre todo, para fortalecer el diálogo no solamente en el terreno migratorio, sino también el tema de la seguridad de la frontera. Pero más allá de esto, tenemos también con esta región fuertes intercambios comerciales, culturales; intercambios que tienen que ver también con formas de cooperación en la región.
Por esta vecindad y sobre todo para mandar el mensaje de la buena vecindad y de la relación de nuestro país, de una nueva etapa de la relación de nuestro país con la región y con América Latina, es que el grupo parlamentario votará a favor en este dictamen, concediéndole permiso al Presidente Calderón de asistir a Nicaragua y a El Salvador. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras y compañeros legisladores. El proyecto de decreto que estamos discutiendo para aprobar la visita del señor Felipe Calderón a Nicaragua y el siguiente que vamos a discutir para El Salvador, nos remite necesariamente al tema de la política exterior mexicana; nos remite necesariamente al desastre en que terminó esta política exterior durante el gobierno de Vicente Fox.
Hacia América Latina dimos la espalda, hacia Centroamérica no se concretó ninguno de los planteamientos que se formularon durante el sexenio; destacadamente quedó en un elefante blanco el Plan Puebla-Panamá.
No se cumplió a cabalidad el Acuerdo de San José mediante el cual se suministraba petróleo a los países centroamericanos a bajos costos y a plazos. Se sigue maltratando a los migrantes centroamericanos en nuestra frontera sur.
De tal modo que, en primer lugar, el grupo parlamentario del PRD señala la necesidad de que discutamos una política exterior de Estado. Hemos repetido en todos los foros y tribunas internacionales que si hay un punto de consenso en cuanto a la formulación de políticas es la política exterior.
Sin embargo, no se toma en cuenta la opinión de los partidos políticos, no se toma en cuenta la opinión del Poder Legislativo para nuestra relación con los Estados Unidos y el fracaso más evidente de nuestra relación con Estados Unidos es la construcción del muro.
Y hacia Centroamérica, seguimos maltratando, tenemos una política muy equivocada hacia los migrantes centroamericanos. Con Sudamérica, donde hay importantes procesos de integración, nos peleamos prácticamente con todos los países.
Por lo tanto, éste es el tema fundamental que nosotros queremos que quede asentado. Necesitamos sentarnos a discutir partidos políticos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, sindicatos, academia, las ONG una sola política exterior de Estado.
Y también nos remite a la necesaria reforma del Estado mexicano del sistema político para que haya una división entre un jefe de gabinete y un jefe de Estado que ande en todas estas ceremonias protocolarias y que asista al día del niño y al día del árbol y al día del discapacitado.
También es preciso que México recupere esta iniciativa que tuvo en los años 80 con la creación del Grupo Contadora. En el 82 hubo una importante declaración franco-mexicana sobre El Salvador, llamando a la negociación y a la solución pacífica y, por primera vez, declararon estos dos países que el FML era una fuerza política representativa para El Salvador.
En esto tuvieron que ver destacados diplomáticos mexicanos que hoy quisiera recordar en su política hacia Centroamérica: el embajador Ricardo Valero, que en ese momento era subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, y el embajador Gustavo Iruegas, que fue uno de los que concretó, que fue el de los equipos negociadores de los Acuerdos de Paz en El Salvador.
Entonces nosotros advertimos que hay señales contradictorias. Por un lado, esta visita a Nicaragua, a la que de ninguna manera nos podemos oponer a que el señor Calderón tenga contacto con un gobierno de izquierda en Centroamérica pero, por otro lado, hace tres días fue a Tapachula y declaró que iba a sellar la frontera sur. Ese es el tipo de situaciones contradictorias que hacen —y la ausencia de una política exterior mexicana de consenso de todas las fuerzas políticas, de la sociedad mexicana, para enfrentar los retos en el exterior— que el grupo parlamentario del PRD vote abstención en esta solicitud de permiso.
Enseguida vamos a discutir el proyecto de decreto en relación a la visita a El Salvador, donde también hay un conjunto de temas que quisiéramos señalar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Señor diputado Sandoval, ojalá podamos de una vez por todas mirar al futuro y fortalecer el liderazgo de México en la región. Por eso, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hemos recibido con gran gusto la solicitud del Presidente Felipe Calderón, para ausentarse del territorio nacional, porque para nosotros es el momento de mirar con más fuerza hacia el sur; porque para nosotros es el momento de fortalecer el multilateralismo; porque para nosotros la región centroamericana es prioritaria en la agenda de política exterior. Y lo es también porque es ahí donde la influencia de nuestro país se debe de hacer notar con mayor fuerza; ahí es donde México puede acrecentar el liderazgo latinoamericano que todos los grupos parlamentarios siempre hemos estado de acuerdo en hacerlo.
Aunado a ello, resulta fundamental a la región centroamericana, primero por los lazos históricos que nos unen. México siempre ha promovido en esta región la inversión, el comercio, la cooperación para el desarrollo y, por supuesto, ha tenido nuestro país un papel fundamental en los procesos de paz. Pero también no sólo porque la historia nos une, sino por el futuro que compartimos, porque son grandes los desafíos en la región.
En especial este viaje tiene una relevancia por dos acontecimientos. El primero, el XV Aniversario de la Suscripción de los Acuerdos de Paz de El Salvador. Nuestro país hermano sufrió un conflicto interno de 12 años que lo desangró, que lo fragmentó. México tuvo un papel destacado en lograr precisamente la paz que se alcanzó el 16 de enero de 1992, con las firmas de paz en el Castillo de Chapultepec.
En segundo lugar, este viaje también tiene una relevancia al hacerse la visita a Nicaragua, donde el Presidente Calderón asistirá a la transmisión del mando presidencial. La llegada de Daniel Ortega al poder debe ser un motivo para fortalecer la relación bilateral en nuestros países.
Y aprovecho la ocasión para, desde esta tribuna, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, le deseamos el mayor de los éxitos al Presidente Daniel Ortega, en el ejercicio de su gestión para el bien del pueblo de Nicaragua.
Por todo ello, porque apoyamos la paz históricamente en El Salvador y porque queremos estrechar los fuertes lazos con el Presidente Daniel Ortiga, queremos apoyar este viaje del Presidente Calderón. Pero también porque hay varios temas fundamentales; porque se necesita impulsar el Plan Puebla-Panamá; porque se requiere trabajar conjuntamente en la frontera sur, no sólo para lograr seguridad, sino para garantizar el respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos; para fortalecer la cooperación social; para fortalecer el plan energético; para promover el turismo y la competitividad de la región.
Hoy es el momento de mirar al sur y quien no esté de acuerdo en mirar al sur es porque no ha entendido que México debe asumir un papel preponderante en América Latina. Por eso, Acción Nacional votará a favor de este punto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alejandro Landero. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, en un solo acto.
(Votación)
Se solicita a las diputadas y diputados estar en el Pleno para las siguientes votaciones. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 296 votos en pro, seis en contra y 115 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 296 votos el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 9 y 10 de enero de 2007, a fin de participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Nicaragua. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En virtud de que se han distribuido entre los diputados los dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato, el que concede permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional los días 15 y 16 de enero de 2007, a fin de efectuar una visita a la República de El Salvador, para participar en la celebración del XV Aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz en El Salvador.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor… (votación). Gracias. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. No habiendo oradores inscritos, ábrase el sistema de votación electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema electrónico por favor. Se emitieron 303 votos en pro, cuatro en contra y 113 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 303 votos el proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 15 y 16 de enero de 2007, a fin de efectuar una visita a la República de El Salvador para participar en la celebración del XV Aniversario de la suscripción de los Acuerdos de Paz. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Dé lectura a los encabezados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Sí, señor. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exhortar al titular de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cumplir cabalmente la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales incluya en el Presupuesto de 2007 recursos para el rescate y la restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Puebla, remitan estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxaltépetl.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que recategorice el parque nacional Pico de Tancítaro, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publique el programa de manejo de la reserva de la biosfera Arrecifes de Sian Ka’an, en el estado de Quintana Roo.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dentro del Programa de Recuperación de Especies Prioritarias tome las medidas necesarias para proteger y conservar el zapote prieto, que se encuentra en inminente peligro de extinción. Eso todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias. El diputado Alberto Amador Leal ha pedido la palabra para referirse al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que solicita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla, remitan estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxaltépetl.
El diputado Narcizo Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Para hacer una proposición de adición a este punto de acuerdo. Quiero destacar que hubo dos puntos de acuerdo sobre el mismo tema. Uno presentado por el señor diputado, compañero Faustino Soto Ramos, que es el que aparece en los antecedentes de este dictamen y otro presentado el 19 de septiembre por los diputados Wenceslao Herrera Coyac, Jorge Estefan Chidiac, Mario Mendoza Cortés, Guadalupe García, del Partido Verde Ecologista; Neftalí Garzón Contreras, del PRD; y José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia, así como su servidor.
La propuesta consiste, además de asentar el antecedente de este punto de acuerdo presentado por los diputados citados, en agregar al final del tercer párrafo del tercer punto de la propuesta del punto de acuerdo, lo siguiente.
Para este efecto —o sea para efecto de la información que presentarán las dependencias federales, estatales y municipales— y para escuchar las opiniones y propuestas de los sectores sociales y productivos, se realizará en las instalaciones de esta Cámara, durante la segunda semana de febrero del 2007, el Foro sobre el Desarrollo Integral de la Cuenca de Necaxa.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Amador. Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueban los otros cinco puntos de acuerdo y ahorita pondremos a consideración la propuesta del diputado Amador.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Dé lectura a la propuesta hecha por el diputado Amador, en el tercer párrafo, en el punto tercero.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Tercero. Se solicita a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, así como a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al gobierno del estado de Puebla y a los gobiernos municipales de la región, que informen a esta soberanía el estado que guarda el cumplimiento de las metas y objetivos del programa de saneamiento integral de la zona hidrológica de Necaxa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta hecha por el diputado Alberto Amador. Sí, el párrafo que él está solicitando que se agregue
Consulte la Secretaría a la Asamblea si la Asamblea acepta que a este dictamen se le agregue el párrafo propuesto por el diputado Alberto Amador Leal y otros compañeros que firman éste.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la adición al párrafo tercero propuesta por el diputado Amador Leal y demás diputados que suscriben la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. En consecuencia ponga a consideración de la Asamblea, en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo con el agregado del diputado Alberto Amador.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo con el agregado propuesto por el diputado Alberto Amador y demás suscriptores. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Secretario. Aprobado también el punto de acuerdo que solicita la remisión de estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxaltépetl. Comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a varias iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se lean los encabezados.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Adelante.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dictamen de la Comisión de Economía por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
Dictamen de la Comisión de la Función Pública por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción II del artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Dictamen de la Comisión de la Función Pública por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por los que se desecha la minuta que adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y una fracción al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que solicita turnar a Comisión la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que intensifique los operativos para decomisar calzado de procedencia ilegal, implementando el sistema Semáforo Rojo a todas las importaciones de calzado, suscrita por el diputado Jaime Verdín Saldaña, del grupo parlamentario del PAN. Sométalo a votación.
El Secretario diputado Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Jaime Verdín Saldaña.
El diputado Jaime Verdín Saldaña: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, el suscrito, diputado federal Jaime Verdín Saldaña de la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, para exhortar al SAT para que intensifique los operativos para decomisar calzado de procedencia ilegal, implementando el sistema Semáforo Rojo a todas las importaciones de calzado con base en lo siguiente:
En el estado de Guanajuato existe todavía una región que se dedica a la producción de calzado, sobre todo zapato tenis y casual y me refiero a Purísima y San Francisco del Rincón, cuya economía depende en 90 por ciento de esta actividad. También están nuestros vecinos de la ciudad de León, que como todos sabemos son los productores de calzado más importantes del país.
Quiero hacer notar que hace 20 años aproximadamente se empezó a gestar un auge económico, tanto en Purísima como en San Francisco del Rincón sin precedente, a tal grado que cinco años atrás teníamos los menores índices de desempleo a nivel nacional, incluso se requería mano de obra de ciudades vecinas, también venían trabajadores de León.
Hoy las cosas han cambiado de manera dramática: fábricas pequeñas, medianas e incluso grandes están cerrando, en el mejor de los casos han bajado considerablemente su producción aun en esta época del año, que tradicionalmente es buena. No hay ventas, la recuperación de cartera vencida es casi nula, consecuentemente hay desempleo, aunque lo peor está por venir con la famosa cuesta de enero.
¿Qué es lo que está pasando? Que finalmente el cáncer del contrabando ha logrado afectar, de manera grave, a esta industria que genera alrededor de 300 mil empleos de manera directa e indirecta y no está demás decir que en un tiempo llegó a representar más de 50 por ciento del PIB estatal, hoy representa 26 por ciento del mismo.
Ciertamente hoy la industria automotriz es muy representativa en esta variable, pero muy lejos de generar los empleos que sí genera la del calzado, es decir, esta industria es la más importante de nuestra región, la que genera empleos de manera significativa. Por eso, tenemos que ayudar a preservarla.
Para contribuir a ese propósito hace ocho años fundamos la Asociación de Empresarios del Rincón, con mucho esfuerzo y poco resultados. Después se formó el movimiento Salvemos Nuestro Empleo, ante la desesperación de trabajadores y fabricantes.
Se logró un clima de opinión favorable y sensibilizar a las autoridades en turno. El saldo ya fue un poco favorable a la causa, ya que en el año 2003 se logró decomisar un millón 500 mil pares de calzado ilegal por gestiones nuestras. En este año que termina apenas se han decomisado 370 mil pares, muy por debajo de 2003.
Finalmente, ninguna de las cifras anteriores resulta significativa, si consideramos que el año pasado entraron al país 45 millones de pares de calzado de manera, tanto legal como ilegal. Se estima que 30 por ciento de esta cifra podría ser de contrabando. Algunos consideran que es un porcentaje conservador y estiman 30 millones de pares de contrabando, incluyendo técnico y bronco.
Solo para dimensionar el problema expongo lo siguiente: hace unos años México producía 210 millones de pares anualmente, hoy la cifra es de 160 millones aproximadamente. Si consideramos que están entrando de manera legal e ilegal 45 millones de pares, entonces no es difícil concluir la manera de cómo está afectando nuestro mercado.
Por lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Administración General Aduanas para que intensifique los operativos para decomisar calzado ilegal. Estoy consciente que esta no es una medida de fondo para atacar el problema, pero sí es un paliativo que permitiría a los fabricantes desplazar sus productos en esta temporada y a los trabajadores conservar su empleo.
Estando un servidor presidiendo la Asociación de Empresarios del Rincón pude constatar que, como medida provisional, sí funciona. Así, por las razones anteriormente expuestas, me permito presentar a esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduana, para que intensifique los operativos para decomisar calzado de procedencia ilegal, implementando el sistema semáforo rojo, para todas importaciones de calzado.
Segundo. Que los operativos se lleven a cabo, no sólo en las aduanas, sino también en los puntos de venta.
Compañeros, están de por medio miles de empleos. Quiero hacer un exhorto y apelo a su buena voluntad para que esto se solucione. Solicito, señor Presidente, que se incluya de manera íntegra en el Diario de los Debates esta propuesta. Por su atención y su respaldo, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Verdín. El asunto ya se votó y ya se aprobó. Se recibió de la Junta de Coordinación Política, para incluir en el orden del día la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exponga las razones de su informe preliminar sobre el caso Oaxaca, suscrita por diputados integrantes de la LX Legislatura. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
Se recibió del diputado Modesto Brito González del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Asuntos Mineros. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se recibieron también de la Cámara de Senadores seis proposiciones con punto de acuerdo de diversos senadores del grupo parlamentario del PRD, por los que solicitan mayores recursos para diferentes partidas del Presupuesto de Egresos 2007. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Felipe González Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Economía, de Energía y de Medio Ambiente, a que elaboren y expidan una norma oficial que regule la composición del gas licuado del petróleo.
El diputado Felipe González Ruiz: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Permítanme tocar un punto muy cotidiano pero que igual tiene incidencia en millones de familias en todo nuestro país.
Resulta de la mayor relevancia la regulación y control de la calidad del gas que se consume en nuestro país. Los consumidores recibimos en nuestros hogares y en nuestros negocios una mezcla de gas LP que debe contar con un poder calorífico adecuado a las condiciones climatológicas de cada región en la que habitamos. Este gas LP que consumimos es en realidad una mezcla que se compone básicamente de dos elementos: de gas butano y de gas propano.
A nivel mundial la composición recomendada debe ser en términos generales, conformada en promedio por un 60 por ciento de gas propano y el restante 40 por ciento de gas butano. En México, Petróleos Mexicanos realiza mezclas relativamente homogéneas con esta composición, sin embargo, hay Estados en donde el consumo de gas LP se realiza con combustible que Petróleos Mexicanos compra en el extranjero. En estas compras de gas LP importado no se sabe con exactitud cuál es esta composición.
Lo anterior es de suma importancia saberlo porque estas importaciones de gas LP representan aproximadamente un 25 por ciento del consumo total en el país y para efectos de un adecuado rendimiento de este gas LP se requiere que en regiones predominantemente cálidas la mezcla tenga mayor proporción de gas butano y por el contrario, en regiones primordialmente frías el gas propano debe ser el que predomine en la mezcla del energético.
En México no se realizan diferenciaciones en la mezcla ni por regiones ni por temperaturas y tampoco existe una regulación de la calidad del gas LP que los consumidores finales recibimos, sin embargo para otros energéticos, como en el caso del gas natural y la gasolina, sí existen normas oficiales mexicanas que regulan entre otros factores la calidad energética de los mismos.
Dado que el gas lo compramos por unidad de peso o volumen entregado, también es importante determinar con la mayor exactitud posible el poder calorífico del mismo, ya que de esta manera el usuario tendrá la certeza de que está pagando por la energía que produce el combustible y no sólo por el peso o por el volumen de gas que compra.
Principalmente en los estados del norte del país, el rendimiento de este combustible en los hogares no es el óptimo y esto repercute de manera directa en la economía familiar. Así, en las entidades federativas con climas más extremosos se terminan pagando importes adicionales, ya que obtienen el mismo poder calorífico que los estados con climas templados ya que requieren incrementar su consumo de gas LP para satisfacer sus necesidades calóricas.
Lo anterior se presenta debido a que no existe una normatividad respecto de las importaciones de gas LP que Petróleos Mexicanos realiza, por lo que, atendiendo a la situación económica de las familias mexicanas vemos la necesidad de que se revise que la mezcla de este combustible de uso básico en nuestro país sea siempre la adecuada y que corresponda a las condiciones climatológicas de la región en la que se consume.
Así, el punto de acuerdo que pongo a su consideración tiene como objetivo proteger los intereses de los consumidores mexicanos del gas LP que se importa y que Pemex distribuye sobre todo en los estados fronterizos del norte del país. Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que a través de la Comisión Nacional de Normalización y en coordinación con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore y expida una norma oficial mexicana en la que se regule la composición de la mezcla del gas licuado de petróleo que adquiere del extranjero la empresa de participación estatal mayoritaria Petróleos Mexicanos. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Felipe González. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte resolución a la acción de inconstitucionalidad número 27/2005.
El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. La industria azucarera es una de las actividades que más aportaciones genera a la economía mexicana, tanto en lo agrícola como en lo industrial.
En lo agrícola, la caña de azúcar no es sólo uno de los productos más rentables, sino también uno de los más cultivados, cuyo padrón supera a los 160 productores diseminados en una superficie de 745 mil hectáreas, las que dan trabajo a 141 jornaleros, 33 mil transportistas y 69 mil cortadores. Los cañaverales aportan el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional.
En la industria, los ingenios dan ocupación a más de 32 mil personas, entre obreros y empleados administrativos que, sumados a los ocupados en campo, arrojan una planta laboral de más de 445 empleos, equivalentes al uno por ciento de la planta manufacturera nacional.
Pese a sus denostadores, la agroindustria azucarera mexicana ocupa el séptimo lugar mundial de azúcar en producción, la octava producción respecto al consumo, el tercer lugar en cuanto a rendimientos de caña y el cuarto lugar con relación a los rendimientos de azúcar.
Las anteriores fueron sólo algunas de las razones por las que el 21 de junio de 2005, resultado de varios años de consulta, estudios y negociaciones, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto siguiente.
Esta Ley fue producto de un largo y minucioso proceso legislativo que arrancó en noviembre de 2000, a instancias de sendas iniciativas presentadas por el PRD, el PRI y el PAN, quienes coincidieron en lo fundamental, esto es, la imperiosa necesidad de dotar a la agroindustria de la caña de azúcar de un marco regulatorio, cuya jerarquía legal brindase mayor certeza y seguridad jurídica al conjunto de actores que en ella intervienen, toda vez que sus normas se hallan dispersas en ordenamientos de segundo orden emitidos por el Ejecutivo federal.
Tal situación restaba confianza a los inversionistas y a los agentes económicos involucrados en la actividad, ya que el marco jurídico podía ser modificado en cualquier momento y al arbitrio de quien ocupase Palacio Nacional, sin para ello tomar el parecer de nadie, como a la postre ocurrió.
El proyecto de ley fue discutido ampliamente en foros regionales y nacionales durante las LVIII y LIX legislaturas, para lo cual contaban con la validación de los actores involucrados y el consenso de los distintos grupos parlamentarios de ambos Cámaras.
No obstante, el Ejecutivo federal trató sin éxito de imponer una serie de cuestiones que desprotegería a la agroindustria azucarera nacional ante la apertura del mercado en el 2008 y desconocían de la noche a la mañana una serie de conquistas históricas del movimiento cañero.
Ante su fallido intento, el 10 de enero de 2005, ignorando olímpicamente el proceso legislativo de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal aprobó de un plumazo los decretos que regulaban la agroindustria azucarera, sin expedir ninguna disposición a cambio; es decir, a la luz de un liberalismo a ultranza, simplemente dejaba a esta actividad económica a merced de los dictados de otra ley, la de la oferta y la demanda.
Además de la indignación a esta reprochable conducta y falta de respeto al Poder Legislativo, lo único que el Ejecutivo federal provocó fue acelerar el dictamen de ley, habiendo sido revisado detalladamente, a efecto de eliminar cualquier viso o riesgo de inconstitucionalidad y aprobada, como se dijo, el 21 de junio de 2005.
Todavía, con el afán de boicotear el trabajo del Congreso, el Presidente Fox se resistió a promulgarla, hasta que la movilización de las organizaciones cañeras lo forzaron a su publicación.
Mostrando gran deslealtad hacia el campo mexicano, el 21 de septiembre del 2005 la Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de diversos numerales de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, aduciendo cuestiones que a su juicio violaban la Carta Magna, como la libertad de asociación y la competencia económica.
Para corroborar su mezquindad y vocación autoritaria, so pretexto de estar en trámite de acción emitida, el gobierno federal se ha negado desde entonces a aplicar la ley, en especial los numerales impugnados, provocando un delicado ambiente de incertidumbre que afecta tanto a los productores, pues el ciclo cañero inició el 1 de octubre y aún desconociendo el valor de la caña.
Y hay una serie de consideraciones aquí compañeros. Me quedan pocos minutos. Voy a leer el
Punto de acuerdo
Que esta soberanía, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva de inmediato la acción de inconstitucionalidad 27/2005, interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Estoy voy a pedirle al Presidente que nos haga favor de que se incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro y la propuesta que también fue publicada ya en la Gaceta Parlamentaria y que por cuestiones de tiempo no alcanzo a leer aquí. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pedraza. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y, como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión. Adelante diputado.
Tiene la palabra el diputado Orihuela Trejo.
El diputado José Amado Orihuela Trejo: Con su permiso, señor Presidente. Acudo a esta tribuna a nombre del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, para apoyar este punto de acuerdo en base a las siguientes
Consideraciones
Primero. El pasado 19 de octubre presenté ante esta soberanía un punto de acuerdo para solicitar por una parte, el cabal cumplimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar por parte de la Sagarpa y, por otra parte, exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la PGR en contra de diversos artículos de la citada ley.
Segundo. A más de un año de publicada la ley y ejercida la acción de inconstitucionalidad, la agroindustria nacional de la caña de azúcar se encuentra inmersa en la incertidumbre y prácticamente desprotegida ante el inminente cambio que se avecina, debido a la entrada en vigor de la última etapa del Tratado de Libre Comercio, siendo necesaria la resolución de ésta por parte de la Suprema Corte.
Tercero. El Ejecutivo federal se ha escudado en la acción de inconstitucionalidad para dejar cumplir diversas disposiciones que se encuentran en la ley vigente.
Cuarto. El 1 de octubre inició el último ciclo azucarero, previo a la apertura del Tratado de Libre Comercio en el 2008. En noviembre iniciaron zafra los primeros ingenios y hasta el momento no existe certeza jurídica en la contratación de nuevas siembras y en el precio a que se pagará la tonelada de caña.
Es por esto que nuestro grupo parlamentario votará a favor de este punto de acuerdo. Además, solicitamos el voto solidario y nacionalista de todos los grupos parlamentarios en defensa de nuestro campo, de nuestros cañeros y principalmente de México. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Orihuela. Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese.
Tiene el uso de la palabra la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al Director General de la Comisión Nacional del Agua modifique la regla IV.4.4.
La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expidió las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de abril del año 2003, mismas que fueron modificadas y publicadas respectivamente con fecha 1 de septiembre y 24 de diciembre del 2003.
Dichas reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se establecieron con la finalidad de responder a las necesidades de la población rural de México, teniendo como principal objetivo incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la construcción de infraestructura con la participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios.
De tal manera que en la regla IV.4.4 denominada Componentes generales de apoyo señala que el apoyo federal, en lo general, podrá ser hasta del 50 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales y se complementará con los recursos provenientes de éstos y en su caso de los municipios participantes, hasta alcanzar el 100 por ciento de la inversión requerida.
Para las localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo podrá incrementarse hasta el 60 por ciento del costo. Incluso se prevé que en los casos que la Comisión Nacional del Agua determine —previa justificación del ejecutor y previo dictamen técnico del gerente estatal o regional de la CNA— problemas para la salud de los habitantes por tracoma o de contaminación asociada a contenidos altos de arsénico, los 50 municipios con menor índice de desarrollo humano, reciban el apoyo federal hasta del 100 por ciento y en sus casos y a solicitud del estado y de la CNA, podrá ejecutar las obras.
No obstante, el contenido de dicha regla es muy limitado pues en el país existen entidades federativas y municipios con un presupuesto muy reducido, lo que genera que si llegan a ser considerados en dicho programa, no cuentan con los recursos económicos suficientes para completar el costo de las obras hidráulicas, lo que obliga a que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación los recursos federales que se encuentren autorizados y no sean devengados al 31 de diciembre de cada año.
Acorde a lo establecido por el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación, esta situación ya ha ocurrido en nuestro estado, Chiapas, uno de los más pobres del país, en donde se regresaron 90 millones de pesos por esta limitación, este último año.
Con lo anterior, millones de pesos que se encuentran etiquetados para atender las necesidades de varias comunidades indígenas pobres del país se deben reintegrar a las arcas públicas. Esta situación es inadmisible si tomamos en cuenta que según diversos informes sobre Desarrollo Humano, entre los que destaca el realizado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, se tiene que los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África; y si a lo anterior le agregamos que los pocos recursos destinados a mejorar la vida de dichas comunidades no son ejercidos, la situación se vuelve caótica y lamentable.
Por lo anterior, es evidente la necesidad de reformar la regla cuarta 4.4 en el apartado relativo a los componentes generales de apoyo, contenido en el apartado cuarto 4.4 en su párrafo segundo y tercero, para poder incluir en el apoyo federal de hasta un 100 por ciento del programa a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, así como darle prioridad a los gobiernos estatales de mayor marginación, proponiéndose para tal efecto el siguiente texto:
El apoyo general federal, en lo general podrá ser hasta del 70 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales de mayor marginación y se complementará con los recursos provenientes de éstos y en su caso, de los municipios participantes, alcanzará el 100 por ciento de la inversión requerida para localidades de alta y muy alta marginación.
Por lo tanto, como diputados federales es nuestro deber ser garantes de los intereses del pueblo y atender esta problemática, ya que las condiciones en las que viven las comunidades indígenas de nuestro país son indignantes.
Por lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Semarnat, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional del Agua, para que se modifique la regla cuarta 4.4, relativa a los componentes generales de apoyo por lo que compete al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en los términos contenidos en las consideraciones de este punto de acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Yary del Carmen. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las policías Federal Preventiva y a la Ministerial de Oaxaca, a que informen de las investigaciones en contra de las personas detenidas por el conflicto en la entidad.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Compañeros legisladores y legisladoras. La violencia de género constituye sin duda una extendida forma de violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia implica altos costos sociales y económicos e internacionalmente se le ha reconocido como un obstáculo para el desarrollo de los pueblos.
Es obligación del Estado velar por la seguridad de la ciudadanía, pero más aún, esta obligación se refuerza cuando México ha signado tratados y convenciones internacionales que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, tienen la calidad de leyes supremas.
Mediante estos tratados y convenciones, México se ha comprometido a velar porque la tortura en nuestro país se elimine y a garantizar que la violencia contra las mujeres sea erradicada.
El grupo parlamentario de Alternativa expresa su preocupación por la ola de detenciones que de manera indiscriminada se han realizado en el marco del conflicto que vive el estado de Oaxaca.
En muchos casos las personas han sido detenidas violando las garantías individuales establecidas en la Constitución. En muchos casos también las autoridades policíacas y las judiciales han procedido contra los detenidos con actitudes que parecen más un escarmiento público que la aplicación rigurosa de la ley.
Son particularmente preocupantes las denuncias acerca de la forma agraviante en que fueron tratadas las mujeres detenidas. Se ha denunciado, por ejemplo, que muchas de ellas en el trayecto a su reclusión, sufrieron amenazas de muerte y violación. La gravedad del asunto queda de manifiesto cuando ni siquiera es posible conocer con certidumbre el número total de personas detenidas y desaparecidas, su estado físico y la situación en la que se encuentran las mujeres. Exigimos a las autoridades judiciales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una investigación exhaustiva al respecto.
En un estado de derecho se requiere un respeto absoluto a las garantías individuales y la aplicación de la ley no debe de aprovecharse para atentar contra la dignidad de los acusados. Por ello condenamos estas violaciones a la letra y al espíritu de la ley y exigimos a las autoridades correspondientes la libertad de las personas detenidas por medio de procedimientos ilegales. La excarcelación de varios de los detenidos es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, aún está pendiente la revisión de decenas de casos y existen indicios preocupantes de que no se está dando a quienes permanecen presos ni un trato digno ni las garantías necesarias para un debido proceso. En el caso de Oaxaca, observamos una aplicación selectiva de la ley que le resta legitimidad a la acción de las autoridades judiciales y del Gobierno federal.
Hasta ahora, pese a la gran cantidad de evidencias que existen, no se ha investigado y mucho menos consignado a funcionarios del gobierno estatal que cometieron delitos, incluido el asesinato de personas que participaron en el movimiento de la APPO.
Alternativa ha expresado en varias ocasiones que la renuncia o la salida del gobernador Ulises Ruiz por otro medio legal, puede facilitar la solución al conflicto en Oaxaca. Por ello, exhortamos una vez más al Senado de la República a que considere con seriedad la posibilidad de declarar la desaparición de Poderes en el estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que envíen a la brevedad un informe pormenorizado del estado físico en que se encuentran las personas detenidas, en especial las mujeres con motivo del conflicto de Oaxaca.
Segundo. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que envíen a la brevedad un informe pormenorizado del estado de las investigaciones de cada una de las personas detenidas por el conflicto en Oaxaca, el lugar de su reclusión y, en su caso, la justificación jurídica para su traslado a penales fuera de la entidad.
Tercero. Se exhorta a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Ministerial de Oaxaca para que envíen, a la brevedad, un informe pormenorizado de las acciones implementadas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Oaxaca.
Solicito sea insertado íntegro esto en el Diario de los Debates, pero además solicito, compañeras y compañeros, que voten realmente en congruencia y en conciencia con un estado de derecho que está violando las garantías individuales en ese estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Antes, permítame por favor. Sí, diputado Othón Cuevas.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Yo tenía una pregunta respecto a la exposición de la compañera pero no fue suficientemente, vista mi mano alzada, para poder hacerlo. Quisiera preguntar si esto es posible en este momento ya que hay información importante que creo que valdría la pena que se vertiera en esta Asamblea.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado. Se les preguntó si querían tomar la palabra, dijeron que no. Ahorita vamos a pasar a preguntar si se considera de urgente resolución. Si es así, usted tendrá la oportunidad de tomar la palabra en la tribuna.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Vicepresidenta, no hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado. No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos. Tiene el uso de la tribuna la diputada Laura Angélica Rojas Hernández para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México implementen acciones para la erradicación de homicidios contra mujeres.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. En primer lugar quiero agradecer a todos los diputados y diputadas que suscribieron este punto de acuerdo por su apoyo y solidaridad.
Los suscritos, diputados Laura Angélica Rojas Hernández, Claudia Sánchez Juárez, Luis Gustavo Parra Noriega, del PAN; Martha Hilda González Calderón, del PRI; Ana Yurixi Leyva Piñón, del PRD; Mónica Arriola Gordillo, de Panal; Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa, y Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Los tratados internacionales que se manifiestan en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres, principalmente Belén Do Pará, la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Conferencia de Beijin, coinciden en que la violencia es un mecanismo de dominio, control y opresión de género contra las mujeres.
Recordemos que México ha firmado cada uno de esos tratados y por ende está obligado a erradicar cualquier forma de violencia y discriminación hacia el género femenino.
Sin embargo en varios estados la violencia contra las mujeres se enmarca dentro de la violencia familiar. No se reconoce jurídica ni judicialmente la violencia específica contra las mujeres. Este es el caso del Estado de México en el que no está tipificado el delito de feminicidio ni la violencia de género.
De acuerdo con el documento, violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, investigación realizada por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana de la LIX Legislatura, en nuestro país tres mujeres son asesinadas al día sólo por su condición de género.
Estos datos revelan que los feminicidios en nuestro país van más allá del caso de las muertas de Juárez, pues en seis años, de 99 a 2005, seis mil mujeres fueron victimadas en 10 estados del país.
Este estudio revela también que Veracruz encabeza la lista de mujeres asesinadas, con mil 494 víctimas en el período 2000-2005, mientras que el Estado de México reporta mil 288 casos entre 2000 y 2003.
De acuerdo con el Registro Judicial Mexiquense, año con año el número de homicidios dolosos contra mujeres se ha incrementado. En 2000 fueron 32 los casos; en 2001 se registraron 26; en 2002 fueron 42; en 2003, 38, pero en 2004 se disparó la cifra a 74.
En 2005 se alcanzó la máxima cifra con 104, en 2006 con 52 y, de mantenerse el ritmo, en poco menos de ocho meses esa cantidad permanecerá o podría superarse.
El 5 de septiembre del año en curso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos Cometidos contra las Mujeres y Delitos Relacionados con Violencia Familiar y Sexual. Este hecho merece un reconocimiento al gobierno del estado por su interés en combatir este mal, sin embargo las diputadas y diputados suscritos consideramos que es necesario redoblar los esfuerzos en esta materia y generar una política integral de combate a la violencia de género, partiendo de una estrategia no solamente de tipo judicial sino de cambio cultural, basado en la educación de la sociedad mexiquense.
La raíz del problema está en la erosión del tejido social, en la cultura de las personas y en el tipo de relaciones de género que de éstas se derivan. Por lo anterior, las suscritas diputadas y diputados proponemos la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de México a generar una estrategia integral, preventiva y restaurativa que implemente políticas públicas que erradiquen la violencia de género y la comisión de homicidios dolosos en contra de mujeres.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de México a incorporar la perspectiva de género en la procuración y administración de justicia, designando a mujeres como Ministerio Público y médicos legistas capacitadas en la atención a víctimas de violencia de género, abuso sexual e intrafamiliar.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de México información sobre los avances de las investigaciones de los homicidios dolosos en contra de mujeres.
Cuarto. Se exhorta al gobierno del Estado de México a generar acciones de reparación del daño y atención a las familias de las víctimas.
Quinto. Se exhorta a la Legislatura del Estado de México a generar una legislación que fortalezca los órganos del Ejecutivo responsable del diseño de políticas públicas, dirigidas a mejorar las condiciones de vida para las mujeres y las familias mexiquenses en el contexto de la equidad. Asimismo armonizar la legislación total con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y tipificar el feminicidio como delito, allanando así los vacíos legales en la impartición de justicia y poniendo fin a la impunidad que priva en los feminicidios.
Sexto. Se exhorta a la Legislatura del Estado de México a destinar presupuesto suficiente a los rubros destinados a combatir la inequidad entre los géneros y la violencia de género y familiar. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa; hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores anotados para este punto, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputados y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputados y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Diputada Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine la cuenta de la hacienda pública federal de los años 2002, 2003 y 2004.
El diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla: Con su permiso, señora Presidenta. Las y los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía las siguientes proposiciones con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la cuenta de la hacienda pública federal es el informe que rinde a los Poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre su gestión financiera, presupuestaria, programática y económica, y que de manera consolidada presentan el Ejecutivo de la Cámara de Diputados. La cuenta pública tiene por objeto comprobar que la recaudación de administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se hizo en los términos de las disposiciones legales y administrativas, aplicables conforme a los criterios establecidos y con base a los programas aprobados.
La formulación de la cuenta de hacienda pública federal se fundamenta jurídicamente en la constitución y un conjunto de ordenamientos y de normas específicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 fracción IV, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga a esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de manera exclusiva, la facultad y la obligación de revisar la cuenta pública del año anterior.
Por su parte, el artículo 7o. de la Ley Superior de Fiscalización señala que la cuenta pública estará constituida de la siguiente forma: los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas y en activo y pasivo totales de la Hacienda Pública Federal en su patrimonio neto, incluyendo origen y aplicación de los recursos y el resultado de las operaciones de los Poderes de la Unión, entes públicos y además de los estados detallados de la deuda pública federal.
El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, las cuales dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el 20 de diciembre de 2000 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Actualmente entre el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y asume sus responsabilidades en el proceso de rendición y revisión de cuenta de la hacienda pública federal.
La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y las que le confiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación efectúa la revisión del informe de avance de la gestión financiera, así como la cuenta de la hacienda pública federal y determina observaciones sobre las irregularidades y las deficiencias detectadas, que da origen a la promoción de las acciones correctivas y preventivas.
Es importante mencionar que una de las facultades más importantes de la Auditoría Superior de la Federación es la relacionada con el fincamiento de responsabilidades; es decir, las facultades sancionatorias y resarcitorias a partir de la revisión de la cuenta de la hacienda pública federal del año 2001; la propia autoridad Superior de la Federación finca responsabilidades en caso de daño al erario público federal.
La Ley de Fiscalización Superior de la Federación es la que regula las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular lo designa el Pleno de la Cámara de Diputados, con lo cual se comunica a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en esta última, a la que dictamina la cuenta de hacienda pública federal.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que proceda a elaborar los dictámenes de las cuentas de hacienda pública federal de los años 2002, 2003 y 2004, para que los presente al Pleno de la Asamblea y que para dicho encargo solicite a las comisiones ordinarias legislativas opinión fundada, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 1; 40, numeral 1 y 45, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicito que sea también inscrito en el Diario de los Debates íntegro.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con mucho gusto, diputado, muchas gracias. Se toma en cuenta la petición del diputado Hugo Eduardo Martínez. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonso, del grupo parlamentario del PRI para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Atención de la Frontera Sur.
El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Honorable Asamblea, con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Compañeros legisladores, el que suscribe, diputado federal por el Distrito VIII electoral del estado de Chiapas, integrante del grupo parlamentario del PRI en la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, párrafo primero, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, a tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios ha realizado un trabajo importante, sus resultados han puesto especial énfasis en los problemas surgidos de las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, tales como la migración informal y derechos humanos de nuestros connacionales, así como el tema del voto de los mexicanos en el exterior, tan sólo por enumerar algunos temas.
Sin embargo, la problemática de la frontera sur ha sido escasamente abordada por esta Comisión en comento. Espacio geográfico que presenta asimetrías económicas y de desarrollo, por ser realidades distintas con respecto a la frontera norte y por lo tanto, problemáticas diferentes, donde se deben diseñar y promover políticas públicas y estratégicas para superarlas mediante una metodología apropiada.
Ambas problemáticas son de gran importancia, pero con impactos y realidades peculiares que no pueden analizarse y discutirse en un mismo contexto, toda vez que México es una pluralidad sociocultural.
Los estados que conforman la frontera sur de México comparten características sociodemográficas, territoriales y de recursos naturales que los entrelazan y los condicionan como una región estratégica en el contexto nacional y de Mesoamérica.
Mayor relevancia adquiere a partir del 23 de marzo del 2005, fecha en que se firma la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, entre Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica y México.
Los avances de esta Alianza, el Plan Puebla-Panamá y el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica plantean una nueva realidad para los siguientes años que hace indispensable el poner especial énfasis en este espacio de nuestro país, que obligan al desarrollo integral de la región y que constituyen un tema de seguridad nacional.
La frontera sur ha sido tratado como un caso, casi exclusivamente delincuencial. Sin embargo, rebasa esta esfera, ya que el fenómeno migratorio de esta región no impacta exclusivamente en cuanto a la seguridad fronteriza, sino que se diversifica en aspectos de desarrollo económico, desarrollo sustentable y salud, lo que lo convierte en una situación compleja en cuanto a su tratamiento.
Ésta es una lamentable realidad que se vive en los estados de la frontera sur, sobre todo en el estado de Chiapas, la entidad más impactada por su posición geográfica, sus lazos socioculturales, étnicos y comerciales con Centroamérica.
En él confluyen problemas de marginación, pobreza, atención a grupos vulnerables, entre ellos los grupos indígenas, tráfico ilegal de personas, armas y drogas, afectaciones ambientales, zonas de riego para la seguridad nacional; así como asimetrías económicas y sociales con otras regiones del país; problemas que requieren pronta atención.
En asuntos de justicia social como indispensable, en planes de mediano plazo; como necesarios y con una visión de largo plazo, como compromiso. En la frontera sur debemos repensar nuestras responsabilidades antes de que se conviertan en impensables.
En conjunto estos estados fronterizos cuentan con una población cercana a los 8 millones de habitantes y con una extensión de mil 138 kilómetros cuadrados.
Por ello, la importancia de este punto de acuerdo que busca aglutinar los esfuerzos de los legisladores federales provenientes de esta región y dirigir los esfuerzos para encontrar soluciones concretas, analizando y proponiendo soluciones para la frontera sur.
Por lo anterior y de conformidad con los artículos 39, párrafo primero, 42 y 43 de la Ley Orgánica, pongo a consideración este
Punto de acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Atención de la Frontera Sur, cuyo objetivo será definir una estrategia integral que comprenda desarrollo social, económico, seguridad nacional —entre otros— para realizar las acciones legislativas oportunas y dar una oportuna atención en los rubros señalados y propiciar un estrechamiento de esfuerzos entre los niveles de gobierno.
Segundo. La Comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados para que esta Comisión sui generis y composiciones de su Pleno; así como de la mesa directiva, concurra a los diputados del sur del país.
Tercero. La Comisión Especial de Atención de la Frontera Sur funcionará por la duración de esta Legislatura o hasta en tanto sea ratificada, quede agotada en su objeto.
Ruego a usted, que el presente punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Arnulfo Elías Cordero. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia da un caluroso saludo a los señores presentes aquí, presidentes municipales, convocados por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, AC y al señor vicerrector y contralor y personal ejecutivo de la Benemérita Universidad de Puebla. Bienvenidos.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Rolando Rivero Rivero, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para que el nuevo gobierno fortalezca la política del Estado a la micro, pequeña y mediana empresa.
El diputado Rolando Rivero Rivero: Con su permiso, señora Presidenta. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Economía, para que en el marco de la transición al nuevo gobierno se fortalezca la política de Estado a favor de las industrias micro y pequeñas, mejor conocidas como Mipymes, en donde se consideren los ejes de acción considerados en esta proposición, a fin de fortalecerlas y que contribuyan efectivamente en la generación de mayores fuentes de empleo, a cargo del diputado federal Rolando Rivero Rivero, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero en esta LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta Asamblea general proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el marco del nuevo gobierno fortalezca las políticas de Estado a favor de las empresas Mipymes en donde se consideren los ejes de acción consignados en esta proposición, a fin de fortalecerlas y que contribuyan efectivamente en la generación de mayores fuentes de empleo por medio de las siguientes
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores. Sin lugar a dudas la generación de empleo constituye una de las responsabilidades de mayor prioridad para el gobierno federal. Tomando en cuenta que nos encontramos en un período de una nueva administración, considero imprescindible hacer el presente exhorto para contribuir de manera efectiva a la generación de más fuentes de empleo a través de la conservación de las micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como las Mipymes.
Resulta indudable que el éxito que han tenido los países industrializados se basa en el sólido apoyo brindado a sus empresas por medio de programas públicos, incentivos fiscales y desregulaciones administrativas que hacen más ágiles los trámites para abrir empresas nuevas.
Para el caso de México, reconocemos que el actual gobierno federal ha considerado las Mipymes como un tema de prioridad, no obstante, también apreciamos que las empresas nacionales especialmente las Mipymes no han podido consolidarse porque aún encuentran obstáculos que deben superarse para alcanzar un grado de desarrollo competitivo que permita acceder a mejores condiciones, tanto para las empresas como para los empleados de las mismas.
Por ello se hace una serie de propuestas para que sean consideradas por el actual gobierno federal, a efecto de que se cuente con una política de Estado encaminada a fortalecer las empresas micro, pequeñas y medianas y a conseguir mayor nivel de empleo en nuestro país. De esta forma se solicita que la estrategia de gobierno incluya los siguientes
Ejes de acción
Primero. Eliminar la excesiva tramitología que impera en nuestro país para abrir nuevas empresas. Sabemos que hoy en día se cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) pero es necesario reforzar este sistema y aplicar medidas adicionales para que la apertura de empresas en México sea similar a los tiempos que se emplean en otros países con alto desarrollo económico.
Segundo. Simplificar los trámites fiscales a las empresas, tales como la declaración de impuestos, ya que éstos son costosos y engorrosos, lo que constituye en un problema adicional que deben resolver las empresas. En la medida en que contemos con una simplificación administrativa fiscal nuestras empresas contarán con mayores incentivos para crecer y contratar más fuerza laboral.
Tercero. Asimismo, se requiere hacer una revisión profunda sobre el impuesto sobre la renta que se cobra a las Mipymes, con la finalidad de encontrar tasas accesibles para fomentar el desarrollo de las mismas y por ende del empleo.
Cuarto. Se requiere que la Secretaría de Economía intensifique la aplicación de programas fundamentales para el desarrollo empresarial como el Programa de Cadenas Productivas, con la intención de aprovechar más los insumos y la producción nacional en lugar de recurrir a la importación de productos.
Quinto. Se deben revisar las tarifas de servicios públicos para que sean un gasto manejable en las empresas micro y pequeñas, ya que en la actualidad las tarifas de electricidad y gas se consideran dentro de las más elevadas del mundo. Para ello se requiere mejorar la operación y administración de nuestras empresas paraestatales, a fin de que ofrezcan tarifas accesibles para las empresas micro y pequeñas y por los servicios que prestan.
Sexto. Se recomienda hacer una reclasificación del tamaño de las empresas de acuerdo con su número de trabajadores que reflejen de una manera fidedigna las características de la Mipyme. Esta medida es aplicable a través de aumentar el límite máximo de trabajadores en cada empresa, considerando su tamaño.
Séptimo. Se requiere una política de financiamiento efectiva para las Mipyimes, a efecto de que accedan a mejores condiciones crediticias que les permitan desarrollarse y competir al interior del país y en el extranjero.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el marco del nuevo gobierno fortalezca las políticas de Estado a favor de las Mipymes, en donde se consideren los ejes de acción consignados en esta proposición, a fin de fortalecerlas y que contribuyan efectivamente en la generación de mayores fuentes de empleo.
Es cuanto, señora Presidenta. Solicito se inscriba íntegramente en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Rolando Rivero Rivero. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Antonio Soto Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el texto íntegro de la concesión que otorgó a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones.
El diputado Antonio Soto Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta. El pasado 10 de noviembre la SCT otorgó a la Comisión Federal la concesión para operar una red pública de telecomunicaciones, lo que diversifica la naturaleza de la paraestatal, le abre nuevas posibilidades de desarrollo y hace aún más compleja su operación, pues debemos de recordar que la Comisión no sólo es una de las seis empresas más grandes del mundo en términos de su capacidad de generación y transmisión de electricidad; ya es un gran operador del negocio del gas natural y podrá operar una red de telecomunicaciones que en su extensión sólo es inferior a la de Teléfonos de México.
La concesión que se otorga a la Comisión es por 15 años y no es para proporcionar servicios de telecomunicación en forma directa, sino para facilitar la interconexión a los diversos operadores de servicios de telefonía, Internet e incluso televisión por cable, lo cual permitirá equilibrar el desarrollo de las telecomunicaciones, mejorar servicios y precios al consumidor final.
La Comisión cuenta con una red de fibra óptica, montada sobre las estructuras que portan la red eléctrica nacional, que se extiende por más de 20 mil kilómetros, de los cuales 11 mil 600 ya están habilitados para prestar servicios a otros concesionarios que ahora podrán llegar a toda la República, independientemente de su tamaño.
La concesión permite utilizar la infraestructura pública para hacer más eficientes las actividades de telecomunicación y que, según especialistas de Cofetel, podría reducir hasta en un 30 por ciento los costos de transporte en una red básicamente en manos de Teléfonos de México.
Por lo tanto, cabría presumir que en un corto plazo los usuarios nacionales podrían disfrutar de una mejor calidad y una disminución considerable de los precios. Los operadores de las telecomunicaciones no sólo ampliarán las posibilidades de arrendamiento, tendrán ahorros de inversión y quizás, lo más importante, es que podrán llegar prácticamente y de inmediato a cualquier punto del territorio nacional, ahí donde encuentren algún consumidor que quiera adquirir sus servicios, ya que Comisión Federal tiene una cobertura nacional.
Estamos realmente ante una transformación de grandes dimensiones, por lo que significan hoy en día las telecomunicaciones. Es gratificante que una empresa del Estado haya asumido esta trascendente tarea y muestre la relevancia que puede tener el concepto de servicio público en manos del Estado.
Sin embargo, antes que la Comisión pueda ofrecer sus servicios como transportador de señales —que física y técnicamente también lo podría hacer hasta el consumidor final—, es indispensable garantizar que pueda ofrecer esos servicios en condiciones no discriminatorias y en igualdad de condiciones, sin ofrecer precios especiales a las empresas que adquieran mayor capacidad, por lo que la Comisión será sometida a un riguroso y detallado proceso de vigilancia e incluso revisar su marco legal para evitar que algún operador monopolice el uso de esa red y anule el beneficio para otras empresas de telecomunicaciones.
Es necesario que el Congreso examine cómo esta nueva actividad de la Comisión se ubica dentro del mandato legal que norma la vida de la paraestatal, pues ha quedado claro que este nuevo desarrollo no es en modo alguno secundario.
Al ser una operación distinta a la naturaleza propia de la Comisión Federal deberá mantener la operación de esa concesión y establecer claramente sus costos y sus gastos de operación para poder saber sobre qué bases hacer los cargos a los usuarios de la red. Ésta deberá cubrir ciertos requisitos, entre los que se encuentran la aplicación de una separación contable, como si fuera una empresa virtualmente distinta, como lo ha señalado el propio secretario.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Mesa Directiva, solicita al C. secretario de Comunicaciones y Transportes, el texto íntegro de la concesión que otorgó a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, invita a una reunión de trabajo al ciudadano director general de la Comisión Federal de Electricidad, al seno de la Comisión de Energía —presidente de la Comisión de Energía, que aquí está escuchándonos—, con objeto de que informe sobre el proyecto de explotación de la concesión obtenida para operar una red pública de telecomunicaciones y la manera como se vincula con los propósitos establecidos por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Antonio Soto Sánchez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y de Energía, para su opinión.
Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo a fin de establecer una tarifa eléctrica preferencial en los municipios marginados.
El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta y distinguidas curules. Concurro a esta alta tribuna de la nación para traer la voz de las comunidades que represento en el distrito de Zongolica, Veracruz. Esta región forma parte de las zonas que representan mayor marginación de todo el país.
De acuerdo con la clasificación del índice de marginación municipal, formulado éste por el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social identifica a 389 municipios de muy alta marginación; entre ellos a los 50 con el mayor índice de pobreza y seleccionó a 10 municipios que representan a los más pobres de entre los pobres. De ellos, el municipio de Tehuipango, que se encuentra precisamente en Zongolica, para dar una idea del nivel de marginación que vive nuestra gente me permito referir que el 41 por ciento de las viviendas carece de agua entubada, el 79 por ciento no tiene drenaje y el 52 por ciento no tiene el servicio de energía eléctrica.
Para cualquier habitante de una ciudad pequeña de cualquier parte del país, las condiciones de vida de la región de Zongolica resultarían insoportables ante la ausencia de lo mínimo, para considerarse como miembro de una sociedad que sea capaz de integrar a sus habitantes al desarrollo. En esas condiciones las altas tarifas eléctricas han sido motivo de preocupación y de irritación generalizada en la sociedad.
En la fórmula tecnocrática se afirma que las tarifas se calculan con base en tres conceptos:
Primero. Los cargos fijos por comercialización de energía.
Segundo. Los cargos por demanda para cubrir los requerimientos de inversión en la generación y transmisión de energía.
Tercero. Los cargos por energía que corresponden a los costos y operación y mantenimiento del suministro.
Sin embargo, lo real es que las altas tarifas eléctricas son inconsistentes con el nivel general de precios y con los incrementos al salario. De otra manera no podría explicarse que en los últimos 16 años hayan aumentado más de 150 por ciento en contraste con que este mismo período, el índice de precios al consumidor se elevó en un 88 y el salario mínimo en un 77.
Desde esta perspectiva no sólo resulta injustificable el incremento de las tarifas eléctricas, sino que puede decirse que por sí mismas son una causa del deterioro del poder adquisitivo y de la economía familiar, principalmente de los grupos más pobres, dándose el extremo de que son estas familias precisamente quienes cada dos meses dejan de comprar parte de sus alimentos para pagar su energía eléctrica.
Por ello se ha demostrado que las tarifas de energía resultan mayores a las que se aplican en países como Italia e Inglaterra, situación que es insostenible para México y sobre todo para nuestras zonas rurales e indígenas.
Por lo anterior, esta proposición pretende vincular los indicadores sociales con los cobros de energía con un espíritu de realismo, justicia social y solidaridad con quienes menos tienen, más allá de los argumentos técnicos del personal de Comisión Federal de Electricidad y de los funcionarios de Hacienda.
Tenemos claro que la finalidad de las empresas públicas es la atención de las necesidades sociales y que su deber es la búsqueda de la igualdad, la redistribución y dignidad de la vida humana, como lo consagra la Constitución Política. No hay otra manera de traducir en hechos la igualdad de los pueblos que menciona el artículo 4o., como el carácter social de nuestra democracia en el artículo 3o., 25, 26 y 27 de la Carta Magna, que orientan la acción del Estado tanto en bienes como en servicios hacia los grupos más desfavorecidos.
La propuesta concreta de este proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo federal que se establezca una tarifa eléctrica preferencial para los 50 municipios con mayor marginación del país; es una alternativa viable, jurídica y financiera.
Se solicita al Poder Ejecutivo que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a que se establezca tarifa preferencial del suministro de energía eléctrica para los 50 municipios con mayor índice de marginación, previendo que el gasto familiar total por este concepto no supere el 10 por ciento. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pedro Montalvo Gómez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice un informe especial de las omisiones o actos administrativos sin complementar por parte de las instituciones del subsector de cultura.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta. Los que suscribimos, Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realice un informe especial de las omisiones u actos administrativos sin cumplimentar por parte de las instituciones del Subsector Cultura así como al Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas y al Fondo de Cultura Económica, complementariamente de igual manera, lleve al cabo auditorías especiales a las instituciones federales referidas, con el fin de que se respete la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su diverso articulado.
Una de las aportaciones del sexenio del Presidente Fox Quesada fue la Ley de Transparencia; sin embargo, a últimas fechas los problemas relativos de la gestión del presupuesto en las instituciones del Subsector Cultura arrojaron severas dudas; lo que es más, observaciones y recomendaciones en los reportes sobre la cuenta pública llevados a cabo por la Auditoría Superior de la Federación.
De hecho, el informe sobre la Cuenta Pública 2006 está por publicarse, por lo que la evaluación de los actos administrativos de los reportes de los años anteriores no sabremos si se cubrieron de manera satisfactoria o se dejaron de cumplimentar los actos solicitados por la Auditoría Superior de la Federación.
Por tal motivo, solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación elabore un informe detallado con las observaciones, recomendaciones y actos administrativos realizados o no atendidos por parte de los responsables de las instituciones culturales del Subsector Cultura.
Pedimos de manera complementaria, que se lleven a cabo auditorías especiales sobre la ejecución de las reasignaciones presupuestales etiquetadas por esta soberanía durante la LIX Legislatura.
Las razones que sustentan las modificaciones a la ejecución del gasto en referencia, al mandato del decreto del Presupuesto 2006, que se reporten los viajes, las gratificaciones de fin de año, adquisición de bienes muebles e inmuebles, transferencias, proyectos de inversión, contratación de servicios, contratación de obra, por ser de interés de parte de esta soberanía y de manera consecuente, con los informes de la Cuenta Pública 2003, 2004 y 2005 se solicita se incluya al Comité Administrador del programa Federal para la Construcción de Escuelas y al Fondo de Cultura Económica.
Ruego a la Presidencia incluya todo el articulado que estamos integrando a este punto de acuerdo y por dichos motivos someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo bajo los siguientes
Elementos
Uno. Esta soberanía solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe especial en el que se detallen las observaciones, recomendaciones y posibles sanciones a funcionarios públicos, que hayan quedado sin ser atendidas suficientemente a juicio de esa institución fiscalizadora.
Dos. Pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo auditorías especiales sobre ejecución de las reasignaciones presupuestales, etiquetadas por esta soberanía durante la LIX Legislatura.
Tercero. Sobre la base de los resultados que arrojen tanto las auditorías y los informes especiales, esta soberanía se pronuncia por el cumplimiento de la ley y las sanciones que prevé a los posibles delitos o inconsistencias administrativas, específicamente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus artículos 8º, 12º y 13º que sancionan tales faltas a las observaciones, recomendaciones y actuaciones de los órganos fiscalizadores de control interno, propuesto en los informes de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN para presentar punto de acuerdo por el que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en el amparo de revisión 1426 2006.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 8 de mayo del año 2003 la Asamblea Legislativa expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Conforme a dicha norma, se eligieron como consejeros ciudadanos del Consejo de Información Pública de la entidad a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Obed Rivas Romero y Leoncio Lara Sáenz.
Mediante decreto publicado en el mismo medio de divulgación local del 28 de octubre de 2005, se reformó y adicionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. A virtud de dicha modificación legal se destituyó a los integrantes del Consejo de Información Pública de la Ciudad.
Ante la ilegal destitución de los entonces consejeros ciudadanos, en noviembre del año 2005, la ahora comisionada ciudadana María Elena Pérez-Jaén Zermeño acudió al Poder Judicial de la Federación en busca del amparo y protección de la justicia de la Unión demanda que fue erradicada ante el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal bajo el expediente 1296/2005.
Mediante proveído del 8 de diciembre de 2005, dictado en el incidente de suspensión derivado del indicado juicio de garantías, el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal suspendiera definitivamente la remoción de María Elena Pérez-Jaén Zermeño, en su cargo de consejera ciudadana.
Por sentencia dictada el 26 de enero de 2006, el juez undécimo de Distrito resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la comisionada señalada por considerar que la Asamblea Legislativa aplicó retroactivamente en su perjuicio, los artículos 58, 59, 60 y 9° transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en esa entidad.
Además de que no se actualizaba ninguno de los supuestos de remoción a que alude el citado numeral 60, dicha resolución fue recurrida en revisión por la misma Asamblea Legislativa, la Comisión de Administración Pública Local de dicho órgano legislativo y el jefe de gobierno, todos de la Ciudad de México; no obstante, que el recurso de revisión fue remitido al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal para su resolución, el alto tribunal ejerció su facultad de atracción por considerar el derecho a la información como una institución democrática de la República.
El 24 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el aludido recurso confirmando la sentencia dictada por el juez undécimo de Distrito en Materia Administrativa, esto es, concedió el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
Los efectos de la sentencia definitiva e inatacable dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son: restituir a María Elena Pérez-Jaén Zermeño en su cargo que tenía en el órgano garante del derecho de acceso a la información pública en la capital federal, así como al pago de sus salarios caídos.
Asimismo el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe hacerse en los términos que establezcan las leyes federales y locales atinentes.
De igual forma, atento a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, el plazo para dar cumplimiento a la sentencia a que se ha venido haciendo referencia, es de 24 horas, contadas a partir de la notificación que se le haga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, so pena de que el máximo tribunal del país inicie el procedimiento de destitución de las autoridades que no cumplan con dicho mandamiento judicial.
En este sentido es a la Asamblea Legislativa, como responsable ordenadora y ejecutora en el juicio de garantía erradicado en el juzgado ya señalado bajo el expediente 1296 a la que le corresponde dar cumplimiento absoluto a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restituir en su cargo a la comisionada señalada.
Por lo anterior, sometemos a consideración la presente proposición con punto de acuerdo a efecto de que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir inmediatamente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de garantías 1426/2006 por el que se le concede el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez Heinz Zermeño y se le restituya en su cargo como comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputado Obdulio Ávila. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa, hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada Presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Me he registrado para emitir una opinión en función de este punto de acuerdo que presenta nuestro compañero diputado, porque si bien estamos de acuerdo con que la Asamblea Legislativa cumpla la resolución de la Suprema Corte de Justicia, estamos completamente de acuerdo que se modifique la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, nos parece al grupo parlamentario del PRD en esta Cámara, que es un exceso el hecho de que esta Cámara le solicite a la Asamblea Legislativa, un órgano local autónomo y soberano, que legisle al vapor.
Exhortar a un órgano local legislativo que haga una modificación de una ley en 24 horas, por más que lo emita la Suprema Corte de Justicia, no puede pasar por alto el proceso legislativo que debe observar este órgano político del Distrito Federal.
Que quede claro, a todos los compañeros y compañeras diputadas, no estamos en contra del cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos en contra de que esta Cámara convierta en indebida práctica los exhortos para entrometernos en la autonomía legislativa de los órganos políticos locales.
Apenas el día de ayer fue notificada la Asamblea Legislativa, ayer. Y ayer mismo también diputados de todos los grupos parlamentarios emitieron su posición, en el sentido de que era necesario dar inmediato cumplimiento efectivamente a este resolutivo de la Corte.
El día de hoy tenemos la información, que la diputada presidenta de la Comisión de Administración Pública local, ya inició el procedimiento para modificar la ley antes citada. Luego entonces le quiero rogar a mis compañeras y compañeros diputados que se comprenda que el proceso legislativo en la Asamblea Legislativa se debe dar con los tiempos que marcan sus ordenamientos internos; y que sería un antecedente negativo el hecho de que esta Cámara empiece a exhortar a los poderes locales, como es el caso de exhortar a la Asamblea Legislativa.
Puedo respetar, por supuesto, todos los razonamientos que hace nuestro compañero diputado que presenta el punto de acuerdo; sin embargo, esté de acuerdo o no con los juicios emitidos, que son estrictamente formales —lo cual reconozco—, me parece que debe quedar claro que esta Cámara debe actuar responsablemente en este tipo de recursos legislativos.
Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Villanueva. Tiene el uso de la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Se ha señalado aquí que es un exceso hacer uso de un instrumento parlamentario, como lo es la proposición con punto de acuerdo, porque se está exhortando a un órgano legislativo local que debe de acatar una resolución jurisdiccional.
Pero tan es necesario el exhorto, tan es práctica cotidiana en este órgano legislativo, que en la página siete de la Gaceta Parlamentaria publicada el día de hoy aparece un punto de acuerdo de un diputado del PRD, que trata también sobre temas locales, el diputado Cuevas Córdova.
Por tanto, la propia bancada del PRD reconoce el uso parlamentario que se le da a estas proposiciones en relación con el tema.
Segundo. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentó el día de hoy una iniciativa, una iniciativa que pretende con esto dar cumplimiento a una resolución de la Corte que ordena dos cosas básicamente: primero, ordena la reinstalación de la comisionada destituida ilegalmente; segundo, ordena el pago de los salarios caídos.
Y ahora, la bancada del PRD pretende que con el inicio del cumplimiento que todavía no se actualiza en su totalidad, se dé por cumplida la resolución que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El caso de la transparencia y el órgano regulador del derecho a la información pública en la Ciudad de México, no es nuevo para la opinión pública nacional. Si ha habido, si hubo un gobierno local pertinaz, constante en los ataques al derecho a la información pública y en la integración del órgano regulador del derecho a la información pública, ése fue el gobierno que rigió a la Ciudad de México del 2000 al 2005.
Y señalo —sólo para abrir el debate—, el veto formal, la controversia constitucional, el veto de bolsillo, la contrarreforma, el cerco financiero, la clasificación ilegal de la información, la información cara, el ocultamiento de información, la imposición del presidente del Consejo, el nombramiento ilegal e ilegítimo de los comisionados ciudadanos y una serie de actos como es el retroceso en la apertura informativa o el rechazo de solicitudes que se dio, el cobro de respuestas que dieran información.
Tuvimos, en la Ciudad de México, durante el espacio de cinco años, una conducta que podría calificarse de política de Estado obstructiva al derecho a la información pública, una casi política de Estado consistente en que durante ese quinquenio prácticamente no fue posible que se ejerciera a plenitud el derecho a la información pública.
Y es, desde el día 24 de noviembre de este año, cuando la Segunda Sala del alto tribunal resuelve confirmar la sentencia otorgada en primera instancia a una de las comisionadas que decide inconformarse con el ilegal acto de la entonces mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Y ha transcurrido casi un mes desde que fue público el dictado del alto tribunal, consistente en la reinstalación, y hoy, a casi un mes, no se ha dado cabal cumplimiento a esa sentencia del amparo en revisión.
Es por eso que acudo ante la más alta tribuna de la nación a pedir el voto a favor de las diputadas y los diputados presentes, a efecto de exhortar al órgano legislativo local de la capital federal a que cumpla de manera inmediata con una reinstalación que tiene que ver con una de las instituciones democráticas, así señaladas por la Suprema Corte de Justicia y que es el derecho a la información pública. Por eso pues, la importancia, y no el exceso de pedir el voto de los legisladores federales de esta Cámara. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Ávila Mayo. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano. ¿Diputado Alfonso del Real, se va a anotar?
El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputada Presidenta. He escuchado con detenimiento los argumentos aquí vertidos y realmente creo que se está confundiendo lo que tiene que ver con la transparencia y acceso a la información, con una petición y un exhorto a través de un punto de acuerdo que ha venido a presentar el diputado Obdulio Ávila Mayo, en el sentido de dar cumplimiento a una resolución emitida por el Poder Judicial federal.
Y es ahí en donde radica la argumentación en contra, porque aquí en el Legislativo no estamos para revisar sobre lo que ha determinado el Poder Judicial ni tampoco para exhortar a un órgano legislativo, como lo es en el caso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto de un caso concreto de un particular. Es decir, hacemos uso de esta tribuna para exhortar y defender a un particular y entonces pedir que se dé cumplimiento a una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia.
Lo que se decía respecto del PRD, diputado Obdulio Ávila, lo que se decía respecto del PRD, cuando se exhortaba desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al gobierno federal; el argumento de ustedes era: ¿Y con qué fundamento?, ¿y cómo vamos a pretender exhortar al gobierno federal para que actué en determinado momento? Y ustedes nos decían: Abóquense a los temas de la ciudad, que son los que nos traen a esta Asamblea Legislativa.
Y ahora, usted como diputado federal pretende hacer de un tema de la ciudad y de un caso particular, utilizar esta tribuna para argumentar respecto de una decisión del Poder Judicial y pedir el cumplimiento.
Desde ahorita lo decimos —y lo decimos con toda claridad—, que se revise en los términos dispuestos por la propia resolución y que se cumpla; pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se haga uso de esta tribuna para tratar de meter un tema por la puerta de atrás y tal y como lo acabamos de ver hace un momento, entonces hablar de la transparencia y de lo que sucedió.
Nosotros también tenemos temas importantes que tratar sobre la transparencia en el gobierno federal y también podemos discutirlos y también podemos hablar de casos de corrupción graves, dados en el gobierno federal, pero hagámoslo de frente y discutamos el tema de frente y no intentemos a través de una resolución entonces, meter y exhortar a un órgano como la Asamblea Legislativa.
Ése es el punto en concreto que nosotros señalamos que no es posible que sea con el uso de esta tribuna en donde exhortemos a dar cumplimiento, porque para eso también están las instancias legales y usted muy bien lo sabe, diputado Ávila, que si no se da cumplimiento existen los medios idóneos para que sea a través del Poder Judicial donde se exija el cumplimiento y donde se pida, y seguramente el particular sabrá qué hacer, el particular, porque estamos hablando además de una relación de un conflicto generado por una afectación en todo caso a una persona en su contratación y condiciones, por más ente público que éste pudiera ser.
¿Entonces ya aparte también utilizamos esta tribuna para defender los intereses particulares? Si ése va a ser el asunto, entonces vayámoslo ventilando y digamos las cosas como son. Entonces estamos porque se cumplan ésta y cualquier otra resolución, pero estamos en contra de que se utilice esta tribuna para exhortar a un órgano legislativo independiente, que ellos sabrán cómo dan cumplimiento y que el particular también sabrá cómo resuelve.
No caigamos en esto, compañeros del PAN. El uso de la tribuna de manera facciosa es peligroso y no estamos en estos momentos para dar turno a una petición y un exhorto como el que se acaba de hacer comento. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame diputado, antes de que concluya. Pidió la palabra el diputado Obdulio.
El diputado Obdulio Ávila Mayo (desde la curul): Con objeto de que me anote para alusiones, al concluir el diputado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si gusta pasar terminando el orador que está concluyendo. Gracias, diputado Andrés Lozano. Tiene el uso de la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Es notable cómo la bancada del PRD, cuando se trata de hacer exhortos a órganos legislativos, ayuntamientos constitucionales o municipios, encuentra sustento. Es acreditable al interior de este recinto cómo conflictos como los del señor Gutiérrez Vivó encuentran la firma de diputados del PRD; es totalmente asombroso cómo les mueve en lo más profundo una solicitud de cumplimiento de una sentencia de amparo.
Señala el diputado Lozano que están dispuestos a cumplir con la resolución, pero que no están dispuestos a que se les exhorte. Es decir, saben que fue una ilegalidad y perdieron el juicio, pero no quieren que la República sepa que hubo todo un proceso de saciado que culmina con esa victoria judicial. Pero además es un Poder federal el que resuelve y ordena a un órgano legislativo local.
Ésa es una de las primeras y grandes diferencias, diputado Andrés Lozano, pero segunda. No es un particular el caso que estamos tratando aquí; se trata de una comisionada, de una servidora pública, de una persona que en términos del artículo 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa, integra un órgano autónomo local de la Ciudad de México y a ella se le aplica —a esa servidora pública— una resolución legislativa donde de manera retroactiva se le conculcan sus garantías individuales y ésa es la razón por la cual se trae este asunto al Pleno de este cuerpo colegiado.
No es un asunto de particulares; es el hecho de que un órgano legislativo local pretende dar un asalto a un ente público y el Poder Judicial de la Federación respalda a este ente público local conculcado. Eso es lo que le duele, diputado Andrés Lozano.
Si ustedes están en pro de esta sentencia, yo los invito a que apoyen la propuesta y que se exhorte que, en términos respetuosos, se hace al órgano legislativo local de la Ciudad de México. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Obdulio Ávila.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada Presidenta. Me preocupa que se utilice nuevamente esta tribuna para pseudoargumentar y para utilizar falazmente una retórica encaminada sistemáticamente a la descalificación y a estar en contra todo el tiempo del desarrollo y el progreso de la Ciudad.
Es absolutamente falso, completamente falso lo que se ha argumentado aquí. Y sí lo quiero dejar claro porque no vamos a dejar pasar más mentiras en esta tribuna. No vamos a dejar pasar más mentiras en contra de autoridades legítima y legalmente electas en las entidades.
El diputado Obdulio Ávila Mayo (desde la curul): Solicito la palabra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Con qué objeto, diputado Obdulio?
El diputado Obdulio Ávila Mayo (desde la curul): Preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El orador le permite una pregunta. Adelante, diputado.
El diputado Obdulio Ávila Mayo (desde la curul): El diputado Gerardo Villanueva señala que en Acción Nacional estamos en contra; sin embargo, en el único resolutivo de la proposición con punto de acuerdo se señala:
Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir inmediatamente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1426/2006, por la que se concede el amparo y protección de la justicia federal y se le restituya en su cargo a la Comisionada Ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
¿Esto es estar en contra o estar a favor de las instituciones, diputado Gerardo Villanueva?
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado Villanueva.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado Obdulio Ávila. Con todo gusto le respondo. El problema de su punto de acuerdo es que no tiene materia, más allá de la argumentación que usted intente dar en esta tribuna. Y usted es abogado, diputado Obdulio.
El cumplimiento de la resolución ya empezó en la Asamblea Legislativa y usted acaba de dar cuenta de ese cumplimiento aquí en esta tribuna cuando está señalando que una diputada, presidenta de la Comisión que va a dictaminar esta modificación de ley para darle cauce al cumplimiento de la resolución, hoy subió a la tribuna en la Asamblea Legislativa.
Su exhorto, perdóname, diputado, parece más un capricho, parece mucho lo que nos menciona el diputado Lozano, un nerviosismo de intervenir en un asunto de una particular, en un tema que usted trata de hacer público y darle una relevancia nacional.
El cumplimiento de esa resolución, en todo caso, ya comenzó porque el día de hoy se ha echado a andar el engranaje legislativo en la Asamblea Legislativa. Y eso ha ocurrido en menos de las 24 horas que la Suprema Corte lo ha solicitado.
Desee por satisfecho, diputado. Se está cumpliendo en este momento, y es una diputada de su partido la que en este momento, hace unas horas, ya metió la iniciativa. No nos pongamos nerviosos. Se va a dar cumplimiento porque la mayoría de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es responsable y respetuosa de la legalidad. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva. No habiendo más oradores, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, no hay dos terceras partes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, guarde silencio la Asamblea. Solicito a la Secretaría vuelva a rectificar la votación, porque es una votación simple, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivos locales asignen recursos crecientes a sus universidades estatales.
El diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio: Con su permiso, diputada Presidenta.
El suscrito, diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, de la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de este Pleno de la honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, a efecto de exhortar respetuosamente a los Poderes Ejecutivos locales a que asignen recursos crecientes a sus universidades estatales, para atender con pertinencia las demandas educativas del sector; esto en base a las siguientes
Consideraciones
El financiamiento público a la educación superior ha sido uno de los temas más importantes en las agendas institucionales de los gobiernos. Desafortunadamente los recursos son escasos y las fuentes de ingresos de las universidades son limitadas.
El modelo de financiamiento para la educación superior pública, se basó durante muchos años en la matrícula total de las instituciones. Sin embargo, los mecanismos no generaron graves distorsiones por las cifras de matrícula que reportaban las instituciones.
Al inicio de la década de los 80 se reemplazó por otro, basado en el tamaño de la plantilla de los trabajadores. La introducción de esta nueva pauta se acompañó de la homologación de los tabuladores para el personal académico en las universidades públicas. Desafortunadamente este nuevo modelo asumió como dada la situación existente en aquel entonces en cuanto a las características de la plantilla del personal académico que era sumamente desigual, debido al desarrollo histórico de cada institución.
A pesar de estas diferencias iniciales, casi todas las universidades públicas registraron en el período de 1982 a 1994 un elevado crecimiento en la plantilla de personal académico, aunque la proporción de este fenómeno fue nuevamente desigual.
De manera similar, la proporción de personal de apoyo administrativo en relación con el académico era muy heterogénea, lo mismo que la relación entre la plantilla y en sus diversas modalidades y el alumnado.
En general, a partir de la mitad de los 80 y toda la década de los 90, los recursos regularizables se asignaron como incrementos porcentuales a partir de la base antes mencionada, por lo que las aparentes desigualdades han persistido independientemente de las transformaciones o mejoras en el desempeño institucional ocurridas a lo largo de este período.
Posteriormente las decisiones presupuestales se permearon también con base en la capacidad de gestión de cada institución y a través de fondos de recursos extraordinarios, como del Fondo para la Modernización de la Educación Superior y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado.
Se han destinado también a instituciones recursos adicionales a los regularizables de manera diferenciada, considerando la calidad de los proyectos presentados por las universidades a la Secretaría de Educación Pública.
Aunado a ello y pese a que en los últimos años ha habido un esfuerzo considerable por parte del gobierno federal por atender las demandas financieras del sector, los recursos son aún insuficientes para atender la demanda educativa creciente y mejorar la calidad.
Por esta razón creemos necesario que las entidades federativas deben asumir de manera más enfática la corresponsabilidad que comparten con la Federación e incrementar las partidas presupuestales que le asignan a las universidades radicadas en su territorio.
Con la participación decidida de gobiernos locales y el gobierno federal, ambos, robusteciendo la asignación de recursos para la educación superior, podremos afrontar con mayor éxito las demandas de la sociedad en la construcción de ciudadanos capaces y aptos para insertarse en la vida laboral.
Es también nuestra responsabilidad como legisladores, no sólo solicitar a la Federación más recursos para las universidades de nuestros estados; es también necesario convocar a los ejecutivos estatales a participar de manera más activa en la asignación presupuestal a las universidades públicas, sobre todo en aquellos estados cuya aportación a la educación superior pública es por mucho inferior al esfuerzo federal y al promedio de otros estados.
Por lo anterior expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Que la Honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Poderes Ejecutivos locales a que, en su correspondiente ámbito de competencia, asignen recursos crecientes a las universidades estatales para su mejor funcionamiento en un esfuerzo de corresponsabilidad con los recursos que la Federación asigna para este mismo propósito.
Solicito atentamente, diputada Presidenta, que sea anexada al Diario de los Debates una tabla comparativa, que incluyo en mi exposición, en donde viene especificada de manera muy puntual la participación que los diferentes estados y la Federación tienen en cada una de sus universidades. Es cuanto, muy buenas tardes.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Alejandro Salum. Se toma en cuenta su petición, se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra la diputada Martha García Müller, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto por el que solicita a los Poderes Ejecutivo y Judicial del estado de Nuevo León, en coordinación con la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, implementen acciones a fin de prevenir y combatir la violencia en la entidad.
La diputada Martha Margarita García Müller: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Martha Margarita García Müller: Compañeras y compañeros diputados. La que suscribe, Martha García Müller, diputada federal y en representación de mis compañeros diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, del estado de Nuevo León, que son los diputados Enrique Barrios Rodríguez, Claudia Gabriela Caballero, Cristián Castaño Contreras, José Martín López Cisneros, José Luis Murillo, Gustavo Ramírez, Juan Manuel Villanueva y el diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, integrantes de la LX Legislatura y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar y solicitar se apruebe de urgente u obvia resolución, ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones.
La delincuencia organizada es la más grave amenaza a la sociedad. Amenaza la tranquilidad y el orden público. Es también la más grave amenaza al estado de derecho y atenta de manera alarmante, contra la seguridad nacional.
Debemos estar conscientes de que al luchar contra el narcotráfico estamos luchando contra el fenómeno del crimen organizado más poderoso, persistente y lucrativo de la historia contemporánea que vive nuestro país.
El crimen organizado se ha expandido por encima de las autoridades encargadas en combatirlo y ha definido su propia racionalidad económica, sus propios valores de corrupción, muerte y destrucción. En nuestros días este fenómeno representa la mayor amenaza para la paz y la seguridad social.
En lo que va del año ya son 50 ejecuciones y la novena de un funcionario público. Sin duda en nuestro estado se ha vuelto a manifestar con más fuerza a la delincuencia y el crimen organizado. A continuación mencionaré algunos funcionarios que han sido víctimas de esta ola de violencia:
El pasado 13 de febrero de 2006 asesinaron al secretario de Seguridad Pública del municipio de Sabinas Hidalgo. Por la noche del mismo día, ultimaron a nuestro director de Seguridad del municipio de San Pedro Garza García.
El 5 de septiembre del presente el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, de igual forma fue asesinado. A los siete días, el secretario del municipio de Linares fue acribillado frente a su domicilio.
Poco después, el 13 de noviembre del actual, ejecutaron al coordinador de la zona poniente del municipio de San Nicolás. El pasado jueves 23 de noviembre fueron ejecutados el titular de Seguridad del municipio de Santa Catarina, también el noveno regidor de tan solo 24 años de edad, y la tercera víctima fue la octava regidora, quien afortunadamente salió solamente herida.
El sábado 25 del corriente, asesinaron al agente del Ministerio Público federal, José Antonio Sánchez Medina, en el municipio de Apodaca Nuevo León.
Cabe mencionar que el gobierno del estado de Nuevo León ha refrendado su compromiso con la vigilancia del estado de derecho y de colaborar plenamente con las autoridades federales, para combatir este problema que ha estado aumentando aún más en nuestro estado que en los años anteriores.
Compañeros y compañeras, hago un llamado a la paz y seguridad y tranquilidad de nuestro estado y, a su vez, exhorto a quienes velan por la seguridad de los habitantes de Nuevo León a que implementen mejores acciones para combatir la ola de violencia y ejecuciones que se han desatado en nuestro estado.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, mismo que solicito se apruebe de urgente resolución.
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal del gobierno de Nuevo León para que, a través de la Procuraduría Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública y en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad de Nuevo León.
Segundo. Se exhorta a dichas dependencias a informar, en un plazo de 30 días naturales, a esta soberanía lo siguiente: los programas de acciones desarrolladas para el combate a la delincuencia organizada, así como los resultados obtenidos, a saber, sobre las acciones preventivas contra la delincuencia que se han instrumentado en el estado de Nuevo León.
Tercero. Que la Procuraduría del estado de Nuevo León, informe el avance que guardan las averiguaciones previas de los crímenes ya mencionados.
Por lo antes expuesto, pido respetuosamente quede asentado en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica. Firman la presente todos los diputados antes mencionados. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Martha García Müller. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa, hay mayoría calificada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. No habiendo oradores anotados para este punto, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada. Comuníquese. Tiene el uso de la palabra la diputada Elia Hernández Núñez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal impulse una política de Estado en materia migratoria.
La diputada Elia Hernández Núñez: Con su permiso, Presidenta. La suscrita, Elia Hernández Núñez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de motivos
Compañeros diputados. Como es del conocimiento de todos ustedes, el pasado 18 de diciembre por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, tomando en cuenta que existe un importante número de migrantes en el mundo y que su número continua incrementándose, se proclamó el Día Internacional del Migrante.
En efecto, el Día Internacional del Migrante se proclamó considerando que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional.
Asimismo, en dicha resolución se invita a los estados miembros a que, para conmemorar el Día Internacional del Migrante —entre otras cosas— difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos.
De esta manera, en el marco del Día Internacional del Migrante, en atención a la resolución que así lo proclama y en atención al fenómeno migratorio en nuestro país es que se presenta el siguiente punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución.
En términos generales, lo que se pretende es un llamado para conformar un frente común entre Ejecutivo y Legislativo para trabajar de manera conjunta y ofrecer resoluciones a los problemas derivados de la migración. De manera específica, se propone exhortar a trabajar en un rediseño tanto del marco legal como de los programas federales que permitan generar un marco para la atención integral del fenómeno migratorio.
Esto es, mediante una verdadera política de Estado, generar los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en torno a la emigración y se genere así una política de atención integral a los migrantes y a sus familias.
Compañeros diputados. En su intento por cruzar la frontera norte de nuestro país, con el único objeto de conseguir trabajo y un mayor bienestar para su familia, los migrantes sufren el abuso y explotación de traficantes de personas, delincuentes que los asaltan e incluso funcionarios públicos y agentes policíacos de ambos países que los extorsionan.
En ese intento, mucho y muchos han medrado ya con la terrible situación de nuestros migrantes. Por ello a todos los diputados federales y en general a todos los partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales, congresos estatales y desde luego, el gobierno federal, nos debe quedar claro que la migración es una responsabilidad de todos. El no asumirlo así equivale a medrar aún más con la situación de los migrantes, utilizándolos ahora como herramienta política.
Como quedó reconocido por todos los partidos políticos, gobierno federal, estados y municipios, entre otros, en el documento México Frente al Fenómeno Migratorio, mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar y se incentive su permanencia en el país habrá condiciones para emigrar al exterior.
Por ello debemos asumir plenamente el compromiso de trabajar para ofrecer soluciones al fenómeno migratorio, pues el desafío, además de urgente, es inmenso.
Según datos del Conapo, respecto a la población nacida en México residente en Estados Unidos, en 1994 había un total de seis millones 794 mil 594 compatriotas; 10 años después, para el 2004, la cifra era de 10 millones 230 mil 89. Asimismo entre 1990 y 1995 había una migración anual hacia los Estados Unidos de 296 mil personas y entre 1995 y el 2000, la cifra era de 360.
Por último, una cifra, la que más cala en la conciencia nacional es la de pérdida de vidas de migrantes que mueren en su intento por cruzar la frontera, la cual se estima en más de cuatro mil desde 1900 a la fecha.
Debido a lo anterior es que resulta urgente el atender de manera integral todo lo relacionado al fenómeno migratorio y atender así tanto las condiciones de expulsión de migrantes, como de quienes se encuentran radicando ya fuera de nuestro país. Mientras no lo hagamos, de una u otra forma se seguirá medrando con los migrantes.
Por todo lo anteriormente expuesto en el marco del Día Internacional del Migante, a nombre de los diputados federales de Acción Nacional someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se diseñe e impulse una política de Estado en materia migratoria y se creen los mecanismos e instrumentos necesarios que concentren los esfuerzos del Estado mexicano en torno a la migración y se genere una política de atención integral a los migrantes y sus familias. Es todo, señora Presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Elia Hernández Núñez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa.
La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se considera de urgente resolución. Tiene el uso de la palabra el diputado Edmundo Ramírez, de la fracción parlamentaria del PRI:
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados, sin duda en estas fechas en que un millón y medio de compañeros connacionales retornan a nuestra patria es sumamente importante hacer mención en esta máxima tribuna de la nación esta situación, que en este momento y en este preciso momento están viviendo muchos de los compañeros que viajan y regresan a sus comunidades, con sus familias.
Hoy por la mañana un compañero migrante que tiene tres años sin regresar a su casa al Valle del Mezquital, fue literalmente asaltado, literalmente asaltado por una policía local en su paso por la frontera de Laredo.
La fracción parlamentaria del PRI se suma a este exhorto que realiza la diputada Elia Hernández, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional; pero sobre todo, compañeros diputados, hacer mención que no solamente el exhorto para que se lleve una política integral en materia de inmigración en este momento, sino que el exhorto, señor Presidente, le solicitamos muy respetuosamente, sea para que a partir de este momento el Instituto Nacional de Inmigración, la Policía Federal Preventiva, las diferentes policías de los estados de la República, las policías municipales, los agentes federales de Caminos, todas las corporaciones policíacas, deben tener como prioridad de prioridades la atención de los connacionales que regresan a sus comunidades.
Sin duda, aquí se ha discutido mucho desde un primer momento, que fue la comparecencia del ex secretario de Relaciones Exteriores, se le comentó que la falta de visión y talento hacían que cada vez más, nosotros tuviéramos un muro, un muro más vergonzante del que están construyendo allá los norteamericanos.
Pero sobre todo, sirva este espacio y si sirva esta tribuna para sumarnos —la fracción parlamentaria del PRI— sumarnos a este exhorto, pero que no solamente se quede en pedir que se realice una estrategia integral de atención al migrante, que suena bien y está muy bien, pero que en este momento todas las corporaciones policíacas que dependen del Ejecutivo federal, se deben de aplicar totalmente al cuidado, a la protección de los connacionales que regresan aquí a nuestra tierra.
Por eso, compañeros diputados, sirva este homenaje sin duda que les damos y les seguiremos dando a los compañeros migrantes que retornan a sus hogares. Es cuanto, compañeros diputados.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Ramírez. Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: Estimadas diputadas, estimados diputados. Las corrientes más avanzadas del derecho internacional, señalan que los seres humanos debemos tener garantizados todos nuestros derechos, independientemente del territorio donde vivamos.
La pregunta es ¿quién debe garantizar los derechos humanos, todos los derechos humanos en un determinado territorio? La conclusión es evidente: mientras no hayan mecanismos de gobierno mundial que garanticen esos derechos, son los Estados nacionales los que deben garantizarlos; y eso significa que el Estado mexicano debiera reconocer a los migrantes centroamericanos que están en México o que pasan por México todos sus derechos; no lo estamos haciendo, y al no hacerlo, al no garantizar aquí los derechos de todos los migrantes, tenemos poca autoridad para exigir que se los cumplan a nuestros paisanos en el norte.
Ese es un tema que debemos discutir. Debemos de considerar ciudadanos del mundo a todos los seres humanos, ¿sí o no? Yo creo que debemos avanzar por allá, pero esa debe ser la base de una nueva doctrina del Estado nacional en relación con el tema; es parte de lo que debe sustentar una nueva concepción del Estado mexicano y de su política internacional, y en concreto, migratoria.
Yo creo que entonces no debemos exhortar al Ejecutivo a que haga una política integral hacia los migrantes; lo debemos invitar a que la elaboremos conjuntamente. Así elaboramos, por iniciativa del Senado, el documento al que hizo referencia nuestra estimada compañera diputada, el documento México ante el fenómeno migratorio; lo hicimos conjuntamente Legislativo, Ejecutivo y también expertos en la materia, representantes de las instituciones que más se han metido a estudiar ese tema.
Por eso yo les quiero decir, no quiero oponerme, vamos a votar a favor. Pero este exhorto al Ejecutivo nosotros se los hacemos a ustedes. Hagamos esa política de Estado nueva, que contemple lo más avanzado del pensamiento universal, que este país, que es origen y también de tránsito de migrantes, tenga la doctrina más avanzada.
Quiero terminar también señalándoles compañeras y compañeros, que nuestros paisanos en Estados Unidos van a enviar este año cerca de 25 mil millones de dólares de remesas. Y estamos nosotros regateando en el Presupuesto dinero para el Programa 3x1; estamos regateando el dinero para la defensa de los migrantes en los consulados y no existe una partida —en la cual venimos insistiendo desde hace tiempo— para hacer una política de relaciones públicas en Estados Unidos que le explique a los ciudadanos norteamericanos las aportaciones de nuestros paisanos a su economía.
En Estados Unidos la televisión distorsiona la realidad. En las principales cadenas televisivas se escuchan más las voces de los tancredo, de los enemigos de México, para no mencionar más nombres. Y nosotros, el gobierno mexicano, que fuimos tan hábiles como país para cabildear a favor del Tratado de Libre Comercio, no hemos sido capaces de hacer toda una campaña para que los políticos norteamericanos no sientan como una carga electoral el defender a los migrantes.
Hoy ocurre lo contrario. Los políticos norteamericanos tienen miedo de apoyar una buena reforma migratoria, porque creen que su electorado se los va a cobrar.
Quiero terminar entonces invitando a mis compañeras y compañeros legisladores y al gobierno federal a que metamos dinero para eso. Una fracción milésima, una milésima de lo que ellos mandan, que nosotros la usemos, a través de nuestros consulados, para darle voz a la Iglesia Católica norteamericana que está a favor nuestro, a los intelectuales, a los líderes sindicales que son promexicanos y para que la comunidad de Estados Unidos conozca los aportes de nuestros paisanos.
Eso no sería meterse en la política de allá; ya se ha hecho. Y podemos diseñar entre todos esa campaña. Muy amables, gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas.
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval… Sonido a su curul. Sonido a la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: (desde la curul): Si, desde aquí, señor Presidente, simplemente para consultarle a la proponente, a la diputada Elia Hernández, si está de acuerdo en que se modifique este exhorto para que el Ejecutivo federal, conjuntamente con el Legislativo, diseñemos esa política migratoria que está proponiendo la diputada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra la proponente, la diputada Elia Hernández.
La diputada Elia Hernández Núñez (desde la curul): Estoy de acuerdo, Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está de acuerdo. Entréguela por escrito diputado Cuauhtémoc Sandoval. Consulte la Secretaria... sonido a la curul del diputado Edmundo Ramírez.
El diputado Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Señor Presidente, con su permiso. Haciendo referencia a este mismo asunto, la fracción parlamentaria del PRI se suma a esa postura para que se realice el documento y hacer el exhorto de manera general por la fracción parlamentaria del PAN, del PRD y del PRI, que en este momento han hecho lo propio.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pediría que lo pasen por escrito, pero en los términos que ha sido presentado y con el espíritu mostrado por los legisladores y la proponente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese.
Se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley General de Bienes Nacionales. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
También se recibió del Senado de la República una proposición con punto de acuerdo que signan los senadores, José Isabel Trejo Reyes, a nombre propio y de los senadores Rubén Camarillo Ortega, Juan Bueno Torio, Eloy Cantú Segovia, Yeidkol Polensky y Ernesto Saro Worman, que respaldan 32 senadores de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar mayor presupuesto en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia informa que se acaba de recibir el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se recibió de los diputados Othón Cuevas Córdova y Daniel Torres García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a la Comisión de Economía. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se recibió también del diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa al Senado de la República.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: La excitativa del diputado Israel Beltrán Montes remítase a la Cámara de Senadores. Y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita al titular de la entidad de fiscalización superior audite los recursos destinados al Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.
El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, Presidente. En obvio de tiempo y en virtud de que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, le solicitaría que esta versión publicada sea retomada íntegramente en el Diario de los Debates.
Como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, una de las funciones fundamentales de esta Honorable Asamblea consiste en la fiscalización del gasto público. También tenemos que uno de los detonadores del desarrollo en el país consiste en la construcción de las carreteras, nada más que debido a las condiciones económicas por las que ha transitado el país en las últimas décadas, éstas fueron concesionadas dando origen con ello a que en los 90 las empresas encargadas de la construcción de carreteras tuvieran pérdidas considerables.
Con tal propósito se creó el Fondo de Apoyo al Rescate Carretero (Farac) sólo que los resultados que tenemos, de acuerdo con las últimas revisiones de la Cuenta Pública, nos arrojan algunas cifras que son de llamar la atención y en cumplimiento de nuestra tarea de fiscalización en el uso de los recursos públicos, nosotros quisiéramos que la Auditoría Superior de la Federación hiciera una revisión exhaustiva en el caso del Fondo citado.
Tenemos que estas anomalías comenzaron administraciones atrás, toda vez que el rescate implicaba en total 23 tramos, pero la entidad recibió en concesión otros 26 no incluidos en el decreto de 1997. Asimismo, la deuda original de 53 mil millones de pesos ascendió a 141 mil 811 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2004, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cifra que representa el 13 por ciento de la deuda interna bruta, la cual para ese período se situó en un billón, 78 mil 896 millones de pesos.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que con las emisiones adicionales se solventarían las obligaciones del período 2007 a 2012 que se considera crítico, porque en esos años los ingresos netos de operación no serán suficientes para pagar los vencimientos por concepto de adeudos bancarios por siete mil 224.2 millones de pesos anuales.
Recientemente el fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos ha venido sustituyendo la deuda a tasa nominal variable, por deuda a tasa real fija. Se pretende refinanciar los pasivos del fideicomiso a través de la sustitución de deuda bancaria con vencimiento en el año 2012, por nueva deuda generada a través de la emisión de certificados bursátiles de indemnización carretera a 20 y 30 años.
Tenemos que en 2003 Banobras realizó la emisión de dos series de este tipo de certificados, con cupones de cuatro por ciento. Las series se han colocado en el mercado mediante subastas mensuales.
Como pueden ver, tenemos una serie de imprecisiones de refinanciamientos que no nos quedan muy claros, por eso es indispensable transparentar la información precisa sobre los fideicomisos, ya que éstos se manejan con recursos públicos y por tanto están obligados a rendir cuentas sobre el destino del dinero. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruya al titular de la entidad de fiscalización superior a llevar a cabo una auditoría al Farac por existir la presunción de un daño patrimonial al Estado en su hacienda pública federal y, en su caso, se proceda a fincar las responsabilidades que, de acuerdo a sus atribuciones, correspondan.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de diciembre del 2006. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pablo Trejo. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió del diputado Othón Cuevas Córdoba, del grupo parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo relativo a la situación del bachillerato comunitario de Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia.
Tiene la palabra la diputada Rosa Elba Soriano Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea una comisión plural encargada de vigilar el cumplimiento de los objetivos del programa Paisano. En virtud de no encontrarse la diputada, se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República informe sobre las denuncias en contra de Josefina Vázquez Mota. En virtud de no encontrarse en el salón de sesiones, se turna a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del PT, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Antimonopolios.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros. El que suscribe, Joaquín Humberto Vela González, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, incisos a) y b) y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Decía Adam Smith que cuando los competidores se juntan suele ser para depredar. Señoras y señores diputados. Una de las funciones de esta Honorable Cámara de Diputados es la de velar por el cabal cumplimiento de nuestra Carta Magna, de velar por el gran pacto social inserto en nuestra Constitución, la cual todos protestamos respetar y hacer valer.
En el artículo 28 de la Constitución se establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, por lo que la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios, situación que se establece nítidamente en la Ley de Competencia Económica o Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que no se cumple.
Disposiciones que no tienen ningún significado para la Comisión Federal de Competencia, debido a que en México entre 80 y 90 por ciento del mercado de la telefonía fija y móvil se encuentra controlado por una sola empresa, con capacidad de imponer los precios de sus servicios al mercado mexicano, afectando gravemente la capacidad adquisitiva y el bienestar de los ciudadanos, así como la competitividad de la economía nacional, sector en el que según la OCDE somos uno de los países con las tarifas más caras.
Tampoco parece importar el hecho de que según cifras del Banco de México, mientras en nuestro país el crédito al sector privado es de 25 por ciento, en Chile, España y Estados Unidos es de 62.5, 50 y 40 por ciento respectivamente. Esto debido a que —al igual que en las telecomunicaciones— los usuarios de los servicios financieros son presas de la usura de los grandes intereses oligopólicos que controlan el sector.
Baste mencionar que mientras en España el banco BBVA tiene un costo crediticio total de 34.9 por ciento, en México el mismo banco tiene un costo de 75.1 por ciento. Lo mismo sucede con el HSBC, que en Inglaterra tiene un costo de 21.7 por ciento, mientras que en México es de 74.1 por ciento. Esto sin mencionar el elevado cobro por servicios y comisiones, las cuales mientras que en México van de los 270 a los 400 dólares anuales, en sus países de origen oscilan entre el cero y los 30 dólares.
Dicha situación frena e impide que el crédito fluya hacia las actividades productivas, por lo que en México sólo 20 por ciento del PIB se destina a créditos a empresas, mientras que para el resto de los países integrantes de la OCDE llegan a porcentajes superiores a 60 por ciento del PIB.
De hecho el propio presidente de la Comisión Federal de Competencia, Fernando Sánchez Ugarte, admitió que en México hemos sido muy flexibles al permitir mega funciones en el sistema financiero, ya que sólo cinco bancos concentran 77 por ciento del mercado; esto no hubiera sido permitido en ningún país, ni en Estados Unidos.
Otro ejemplo lo representa el férreo control del comercio de los medicamentos a cargo de una sola empresa, el ya conocido grupo Casa Saba, encargada de lucrar con la salud, la pobreza, el dolor y el sufrimiento de miles y miles de familias mexicanas, situación que a nadie parece importar; empresa cuyo poder se impone al órgano regulador con toda impunidad.
Compañeras y compañeros legisladores. Estoy seguro de que con la aprobación de este punto de acuerdo demostraremos que el Poder Legislativo se encuentra hoy más que nunca por encima de la usura económica y social de los monopolios.
Demostraremos que la Cámara de Diputados se encuentra inmune al poder corruptor de los monopolios; que la Cámara de Diputados es sensible al dolor y al sufrimiento de nuestra sociedad; que la Cámara de Diputados en su conjunto no está dispuesta a permitir más abusos en contra de los ciudadanos.
Demostraremos que el compromiso de esta soberanía es con la sociedad mexicana, con la transparencia, la competitividad, la inversión, la generación de empleos, la redistribución del ingreso y, en general, con la salud y el bienestar social de nuestros representados.
Concluyo señalando lo que significa el punto de acuerdo en concreto.
Primero. Se crea la Comisión Especial Antimonopolios, con el propósito de procurar el cabal cumplimiento del artículo 28 constitucional en materia de competencia y tiene como objetivo el estudio, investigación y elaboración de propuestas y recomendaciones legislativas a instituciones en la materia.
La Comisión especial materia del presente acuerdo, funcionará durante la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objetivo, si esto sucediera antes.
La Comisión especial contará con recursos materiales, humanos y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Estaba fechado el 28 de noviembre de 2006. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Joaquín Humberto Vela. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Benjamín González Roaro, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la Federación y a los órganos constitucionales autónomos implementen medidas de racionalidad y austeridad.
El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Gracias, señor Presidente y con su permiso. Como diputado integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio de este ocurso a proponer un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie por instrumentar y adopte medidas de racionalidad y austeridad, fundamentalmente en lo relacionado con las percepciones económicas de las y los diputados que integramos esta Asamblea Legislativa, así como para exhortar a otros órganos del Estado mexicano a implementar medidas en el mismo tenor.
Desde luego y dadas las circunstancias del tiempo en el que se discutirá en los próximos días el Presupuesto de Egresos, solicito respetuosamente se le dé trámite de urgente y obvia resolución a este punto de acuerdo.
Entre los motivos que destacan este punto de acuerdo, está el relacionado, primero, con la facultad que establece el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a esta Cámara de Diputados, para ejercer las facultades de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. También la norma constitucional en los artículos 75 y 127 nos señalan:
Primero, en el artículo 75, que no podrá dejar de señalarse en el Presupuesto de Egresos la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en el artículo 127 de la Constitución se señala que el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el cargo o comisión que desempeñen y que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos.
Es del dominio público el reclamo social para instrumentar medidas de racionalidad, particularmente un reclamo muy sentido a las Cámaras de Senadores y Diputados, en relación a los gastos que ejercemos.
El titular del Ejecutivo asumió con sensibilidad el pasado domingo 3 de diciembre un decreto en el que se reduce un 10 por ciento las percepciones del mismo Presidente, de los secretarios, subsecretarios, titulares de unidad y homologados, dejando intocadas las percepciones de los demás servidores públicos.
Los órganos legislativos no podemos ni deseamos quedar afuera de estas políticas públicas que, de generalizarse, representarían sin duda un beneficio popular. Las y los diputados asumimos una conducta de reivindicación con la ciudadanía que sufragó el pasado 2 de julio y que depositó la representación nacional en una Asamblea plural que más allá de su diversidad ideológica, presenta posiciones partidistas comunes, en relación a buscar mejores niveles de civilidad, madurez y bienestar colectivo.
Por todo lo anterior, me permito someter a esta Asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por instrumentar y adoptar medidas de racionalidad y austeridad, fundamentalmente respecto de las percepciones económicas de las diputadas y los diputados que la integran, para lo cual, la Junta de Coordinación Política habrá de tomar en cuenta esta posición cameral en el anteproyecto de Presupuesto anual de la Cámara.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reitera su absoluto respeto a los derechos laborales de sus trabajadores.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, al Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y a los organismos constitucionales autónomos a instrumentar, en la esfera de su competencia, medidas de racionalidad y austeridad en pro del bienestar común. Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a los 19 días de diciembre de 2007. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Benjamín González Roaro. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se pregunta a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia, está a discusión. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Esta Presidencia informa que acaba de recibir de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las leyes de los impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En virtud de que se ha distribuido entre los diputados el dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de primera lectura. Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. Proceda la Secretaría a dar lectura al artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 72: Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras se discutirá sucesivamente en ambas observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
E. Si un proyecto de ley y decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen relativo a las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se va a reservar algún artículo del proyecto, si hay reserva para algún artículo en lo particular, únicamente de aquellos artículos que fueron modificados por el Senado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se reserva algún artículo.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en un solo acto, en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos en un solo acto.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Sonido en la curul de la diputada Mercedes Corral, de la curul 303.
La diputada María Mercedes Corral Aguilar (desde la curul): Corral Aguilar, por la afirmativa.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Mercedes Corral, por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos modificados por la legisladora por 429 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de las leyes de los impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo modificado por la Cámara de Senadores. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
En tanto llega el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre la Ley de Ingresos, continuamos con los Puntos de Acuerdo y se concede el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los diversos grupos parlamentarios a terminar con la confrontación política.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Señor Presidente, con su permiso, quiero rogarle que se agende el título correcto, por lo tanto, para evitar más crispación en medio de mis compañeros diputados y porque estoy seguro que ellos van a votar el presupuesto como se requiere, retiro el punto y me agenda con el título correcto. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Rasgado Corsi, del grupo parlamentario del PRD para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de los recursos utilizados en la construcción del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
La diputada Gloria Rasgado Corsi: Gracias, señor Presidente. La que suscribe diputada federal Gloria Rasgado Corsi, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Considerados
En el caso del acceso al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz localizado en la carretera transístmica en el kilómetro 5 más 900 dentro de la ciudad del mismo nombre, tenemos un ejemplo claro de ineficiencias, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el acceso al puerto de Coatzacoalcos tiene un costo inicial de 103 mil 611 pesos, cinco centavos, para la construcción de 4.5 kilómetros.
Cabe mencionar que la obra fue programada desde el año 2003, sin que se realizara trabajo alguno, iniciando la obra hasta el año 2005 en ese ejercicio. No obstante este hecho, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, a esa obra se le asignaron en el año 2003, 45 millones de pesos; para el año 2004, 35 millones de pesos; para el año 2005, 150 millones de pesos y en el año 2006, 110 millones de pesos.
Todo esto hace un total de 340 millones de pesos, es decir, el costo de la obra se incrementó en más de un 300 por ciento. Es por ello que se pide un esclarecimiento del uso de los recursos públicos, ya que en una inspección física en el sitio donde se construye la obra se ha podido constatar que ha tenido sólo un avance de 2.3 kilómetros, es decir, el 51 por ciento del total.
Otro de los aspectos que llaman la atención es el tortuguismo en que ha caído la realización de la obra. Las compañías constructoras han sido sospechosamente protegidas y encubiertas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que públicamente se anuncia que serían rescindidos los contratos de obra, pero en los hechos ocurre todo lo contrario.
Este solapamiento a constructoras ineficientes nos hacen suponer que estamos ante un hecho de corrupción. De manera inexplicable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha ampliado los plazos para la construcción. La fecha del término de la obra fue programada para el 30 de diciembre del año 2005 y el avance es mínimo. Sin embargo, esto es algo que no preocupa a los concesionarios, pues entre más tiempo se prolongue la obra, éstos seguirán recibiendo mayor número de recursos públicos.
A la par, es necesario señalar que la obra del acceso al puerto de Coatzacoalcos ha provocado severos daños a colonias aledañas al sitio en que se realiza la construcción, colonias que se hallan en zonas pantanosas, escasamente pavimentadas, carentes de drenaje pluvial y sanitario.
A ese hecho se agrega el pago de afectaciones a los colonos, que tendrán que desalojar sus viviendas en el área por donde se construye el acceso al puerto de Coatzacoalcos, obras que forman parte del proyecto Plan Puebla- Panamá.
Dichas afectaciones, por su baja cuantía, comienzan a generar un conflicto social en las colonias Adolfo López Mateos, Ampliación López Mateos, Coatzacoalcos y Ejidal, en las cuales habitan más de 20 mil ciudadanos. Otro aspecto igualmente preocupante es la destrucción del entorno ecológico provocado por las compañías constructoras.
Ante semejante indolencia, en mi carácter de diputada federal, secretaria de la Comisión de Comunicaciones y por ser Coatzacoalcos el distrito que represento, informé a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la necesidad de realizar una auditoría técnica y financiera de la obra de acceso al puerto de Coatzacoalcos para esclarecer el destino de los recursos que en ella se invierten y el impacto económico por el retraso de la construcción.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de acuerdo
Único.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría de los recursos utilizados en la construcción al acceso al puerto de Coatzacoalcos. Se solicita se inserte íntegramente en el Diario Oficial de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada, Gloria Rasgado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el diputado Mario Enrique del Toro, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición del Ejecutivo federal.
El diputado Mario Enrique del Toro: Con su venia, señor Presidente. Las y los suscritos diputados y diputadas federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones.
Que a efecto de crear las condiciones para el inicio de encargo de Presidente de la República, resulta indispensable proveer los recursos económicos, a efecto de cubrir los gastos que sean necesarios para que un equipo de asesores apoye al Presidente Electo para llevar a cabo los trabajos de enlace con la administración saliente, necesarios para crear las condiciones para el inicio del encargo de Presidente de la República, que prevé el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y participe en la elaboración de los anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos 2007, proyecto de Presupuesto de Egresos 2007 y Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
En ese sentido, esta soberanía aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 una asignación de 150 millones de pesos para efectos del cambio de administración del Ejecutivo federal, cantidad que se encuentra prevista en el Ramo general 33, provisiones salariales y económicas específicamente en otras provisiones.
Del monto total, 130 millones de pesos se aportarán a un fideicomiso y 20 millones de pesos serán transferidos al Estado Mayor Presidencial, para los gastos inherentes a la seguridad del Presidente Electo.
Según información de la Secretaría de Hacienda, con fecha 7 de septiembre se constituyó un fondo mediante la figura de un fideicomiso público, en donde se aportó mediante una sola exhibición la cantidad de 130 millones de pesos; mientras que conforme a lo señalado en la estrategia programática del Ramo 23, autorizada por la Cámara de Diputados, los 130 millones de pesos serán destinados para cubrir los gastos del equipo del Presidente electo.
Cabe señalar que la constitución, la administración y rendición de cuentas del fideicomiso se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su reglamento; así como a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento y demás normatividad aplicable.
Además, de que el fideicomiso no podrá tener aportaciones de ninguna otra fuente de financiamiento, más que los recursos señalados en las reglas de operación, aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto federal.
También que el Presidente electo designará un delegado que será el enlace entre el equipo de asesores y el fiduciario. En tanto, el delegado abrirá una cuenta bancaria productiva de uso exclusivo para la recepción de recursos, a fin de cubrir los compromisos y obligaciones adquiridos conforme a las reglas de operación y a las disposiciones aplicables.
A pesar de lo anterior, tenemos que reiterar que en el funcionamiento de los fideicomisos han existido muchas irregularidades, sin que hasta la fecha se haya aplicado responsabilidad a ningún funcionario. Además de que la situación ha venido afectando a las finanzas públicas del país.
Se debe recordar que el l5 de diciembre de 2005 la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con lo cual se permitirá que autoridades del Instituto Federal Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, los procuradores de justicia de las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación abran el secreto bancario.
Resulta lamentable que en la retórica oficial se hable de transparencia y rendición de cuentas, cuando en la realidad existe opacidad y obstáculos para que se realice la fiscalización efectiva de los recursos públicos, donde además se ignoran los lineamientos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoria especial sobre la transferencia de recursos públicos al equipo de transición, particularmente sobre el fideicomiso para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, con objeto de que se conozca el destino de dichos recursos, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 117 fracción VII de la Ley de Instituciones de Crédito y asimismo, en caso de encontrar irregularidades, fincar las responsabilidades correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Mario Enrique del Toro. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se solicitó a esta Mesa Directiva la posposición de la proposición del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del PRD, por el que se somete a consideración del Pleno la remoción del diputado Jorge Zermeño Infante como Presidente de la Mesa Directiva.
Tiene el uso de la palabra el diputado Modesto Brito González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Asuntos Mineros. En virtud de no encontrarse el diputado Modesto Brito González, se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo en relación con el nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud.
La diputada María Oralia Vega Ortiz: Con su permiso, señor Presidente. Punto de acuerdo para referirse al nuevo nombramiento de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y solicitar la inclusión de los problemas de salud pública en México en sus programas, presentado por su servidora, Oralia Vega Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Honorable Asamblea. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 8 de noviembre el Consejo Ejecutivo de la OMS propuso para ocupar el puesto de directora general de la Organización Mundial de la Salud a la doctora Margaret Chan, de China, y su nombramiento fue confirmado el día 9 del mes en curso por la Asamblea Mundial de la Salud, representada por 159 países, para sustituir al doctor Lee Jong-Wook, quien falleciera en mayo pasado sin poder concluir el mandato para el que fue electo.
Reconocemos el espíritu abierto con que la Asamblea tomó su resolución, eligiendo entre 11 candidatos con méritos suficientes para desempeñar ese elevado cargo, a la doctora Chan. Con ella son dos las mujeres destacadas que asumen su titularidad, ya que la anterior fue la noruega Gro Harlem Bruntland, lo que constituye una señal positiva para el mundo ya que además de la complejidad que están asumiendo las enfermedades normales y crónicas, locales y mundiales tienen en su centro, como uno de sus sujetos de mayor vulnerabilidad, a las mujeres.
No es casual que la directora general de la OMS señale que tendrá como prioridad la situación mundial de la mujer y la región afectada, en donde la expectativa de vida en algunos países es de apenas 45 años de edad y en donde muchas muertes ocurren por enfermedades derivadas de la pobreza que pueden evitarse con agua limpia, vivienda digna o servicios mínimos de infraestructura sanitaria.
Los legisladores mexicanos debemos respaldar plenamente el trabajo de este organismo mundial de la salud, en virtud de que por los desafortunados sucesos del 11 de septiembre de 1999, la agenda mundial ha sido avasallada por los temas de seguridad nacional y global, además de la lucha contra el terrorismo, haciendo a un lado los problemas de economía y de bienestar social que tiene el mundo y que cancelaron su esperanza de ser atacados de frente al término de la Guerra Fría y la declaratoria del fin de la carrera armamentista.
La pobreza, como concepto, es una expresión romántica y su combate una verdadera utopía, pero cobra forma y evidencia sus límites y posibilidades en las relaciones con las situaciones que viven más de mil millones de personas en estado de hambruna y de enfermedad perpetua en el mundo.
Hay grandes regiones en donde las infecciones intestinales y las gripes no son causa de un día de permiso de trabajo, sino también de muerte.
La doctora Chang ha subrayado en la Asamblea la importancia de unos sistemas robustos para dispensar atención de salud a todos cuantos la necesitan. Manifestó también que observa en el campo de la salud mundial un número creciente de iniciativas y actores bajo esta óptica.
La doctora Chang ha dicho que colaborará estratégicamente con esos interlocutores, a fin de conseguir los mejores resultados posibles para la salud mundial, y concluye con el siguiente enunciado: hoy día, la colaboración para alcanzar las metas de salud pública ha dejado de ser un simple recurso. Es una necesidad imperiosa. La OMS tiene que elaborar una perspectiva de colaboración que haga hincapié en la gestión de la diversidad y la complejidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México expresa su reconocimiento a la doctora Margaret Chang por su nombramiento como directora general de la Organización Mundial de la Salud, deseándole sus mejores votos por el éxito de su gestión, solicitándole que incluya en sus políticas y programas los problemas de salud pública que aquejan a la región de Latinoamérica, una de las más desiguales del mundo, así como México. Por lo tanto, quisiera que este punto de acuerdo fuera de urgente u obvia resolución, señor Presidente. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Vicepresidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. En virtud de que no hay registro de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto…
Diputado Daniel Dehesa, con qué objeto. ¿Va a hacer uso de la palabra? Adelante, diputado.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo presentado por la diputada Oralia Vega Ortiz, por los siguientes motivos.
La OMS es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial. Fue creado el 7 de abril de 1948.
El primer esbozo de la OMS surgió de la Conferencia Internacional de Salud celebrada en julio de 1946. En esta reunión organizada por iniciativa del Consejo Económico y Social de la ONU, se redactan los primeros Estatutos de la OMS. La primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra, Suiza, en 1948.
Los principales cometidos de la Asamblea Mundial de la Salud son aprobar el programa y el presupuesto de la OMS para el siguiente milenio y decidir las principales cuestiones relativas a las políticas sanitarias.
Tal y como se establece en su constitución, la meta de la OMS es que todos los pueblos de la tierra puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr.
La Constitución de la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Los 193 estados miembros de la OMS gobiernan la Organización por medio de la Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea está compuesta por representantes de todos los Estados miembros de la OMS.
El 8 de noviembre de 2006 el Consejo Ejecutivo de la OMS propuso para ocupar el puesto de directora general de la misma a la doctora Margaret Chang, de China, y su nombramiento fue concretado finalmente el 8 de noviembre del año en curso por la Asamblea General de la OMS.
Nuestro grupo parlamentario expresa también su beneplácito por el nombramiento de Margaret Chang, mujer de reconocida experiencia internacional en el campo de la salud. El anterior nombramiento genera amplias expectativas en nuestro país sobre el futuro de la cooperación entre México y la OMS, para enfrentar prioritariamente los siguientes retos.
1.- Extensión de cobertura de los servicios de salud.
2.- Incremento en los presupuestos en el sector social, principalmente el de salud.
3.- Atención oportuna y equitativa de los problemas de salud, incrementando la eficacia del sistema en su conjunto y de los servicios en particular.
4.- Atención oportuna de los problemas locales, profundizando los esfuerzos descentralizadores y la acción orientada al control de enfermedades infecciosas y nutricionales de los niños y de las madres.
5.- Atención a los nuevos retos, sobre todo lesiones y enfermedades crónicas no transmisibles y atención a la salud de la mujer.
Creemos que el nombramiento de la doctora Chang estará a la altura de estos retos.
Los legisladores mexicanos, además de sumarnos a este reconocimiento a la doctora Chang, debemos pronunciarnos por la profundización de cooperación entre nuestro país y la OMS. Es cuanto, señora Presidenta. Muy amable.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Ojeda Camacho, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, agilice la liberación y donación de bienes y enseres.
El diputado Gilberto Ojeda Camacho: Con el permiso de la Asamblea. Con el permiso de mis compañeros diputados.
Hace algunos meses en Sinaloa enfrentamos problemas naturales que nos obligaron a todos los diputados federales de Sinaloa a hacer algunas gestiones para conseguir el auxilio de algunas dependencias federales y poder solventar los problemas que enfrentamos en muchas comunidades que sufrieron los embates del huracán Lane, en Sinaloa.
Al ir en la gestión, nos encontramos con algunas sorpresas que motivaron que este día esté aquí, presentando esta proposición con punto de acuerdo, dado que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene algunas normas para que estos recursos que ellos tienen confiscados puedan bajar de manera pronta y expedita hacia los lugares donde realmente se necesitan, en alguna de las formas previstas por la ley.
Por eso, quiero poner a consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuyo sustento jurídico se encuentra en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, es una instancia a la que corresponde realizar la administración, control, destino y transferencia de los bienes relacionados con procedimientos fiscales y aduaneros, sustanciados por sus unidades administrativas.
La ley en referencia es el ordenamiento que regula la administración y destino de los bienes muebles e inmuebles involucrados en averiguaciones previas o en procedimientos penales federales.
Además, la ley en comento faculta expresamente al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para conceder la utilización de los bienes asegurados, previa confirmación de la Junta de Gobierno del organismo.
La legislación que regula el SAEB considera que uno de los mecanismos para lograr optimizar la administración de los bienes asegurados, él la depositaría con utilización, ya que de esta forma se eliminan los gastos de mantenimiento, custodia y administración de los mismos.
Para dar cumplimiento con sus obligaciones de carácter legal, el SAEB dispone de un conjunto de lineamientos en los que se establece que el organismo podrá utilizar los bienes asegurados cuando le sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y autorizar su uso a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las autoridades estatales y municipales, a la Procuraduría General de la República y a personas físicas y morales.
En función de lo anterior, me permito precisar que instancias del gobierno local como son los ayuntamientos y los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, además de instituciones educativas, entre éstas universidades, escuelas públicas y otras, solicitan con frecuencia el apoyo de legisladores, de tal suerte que se gestione ante el SAEB la donación como depositarios de bienes-muebles, sean éstos vehículos, objetos varios, enseres domésticos y juguetes.
Es sabido que las arcas financieras de los municipios dependen en su mayoría de las participaciones fiscales federales y estatales y no son suficientes para atender el gasto operativo de los ayuntamientos, mucho menos para adquirir bienes que les garanticen la prestación óptima de los servicios a los que están obligados.
Es el caso también de algunas instituciones educativas del sector público, entre éstas universidades, que con frecuencia solicitan al SAEB la liberación de bienes en apoyo al desempeño de sus actividades sustantivas. En función de ello, con periodicidad llegan al SAEB solicitudes de apoyo por parte de ayuntamientos de todo el país. Por voz de algunos presidentes municipales, sabemos que para gran cantidad de estas solicitudes, sigue esperándose una respuesta positiva.
Ante esta realidad y por lo legítimo de las solicitudes de los ayuntamientos e instituciones educativas, los legisladores hacemos nuestra la gestión ante el SAEB, sabedores que la donación de muebles bienes implica además el apoyo a sectores de la población en situación de pobreza y marginación.
Entendemos desde luego que previo al acuerdo que habrá de tomar la Junta de Gobierno del SAEB, debe dejarse claramente establecido que habrán de cumplirse todas las exigencias de los ordenamientos legales en la materia, de tal suerte que no se trastoque en momento alguno ni el proceso de donación, como tampoco la depositaria solicitada.
Por último, cabe hacer una importante acotación y que sirve de argumento a la presente proposición: sabemos que en muchas ocasiones gran cantidad de enseres y productos diversos, objetos de decomisos, se deterioran y se destruyen sin que éstos sean aprovechados por nadie; en tanto que por otro lado, tenemos detectados innumerables sectores y puntos de la geografía nacional con altos índices de pobreza, que muy bien pudieran verse beneficiados con el usufructo de tales bienes asegurados.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para que a su vez exhorte a la Junta de Gobierno del Servicios de Administración y Enajenación de Bienes a atender solicitudes y liberar con prontitud a los ayuntamientos, sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia e instituciones educativas del sector público, la donación como depositarios de bienes muebles, sean estos vehículos, objetos varios, entre éstos, enseres domésticos y juguetes, que se destinen al apoyo de aquellos sectores de la población en situación de marginación y pobreza.
Si acordamos este punto de acuerdo se verán beneficiados importantes sectores que están ubicados en puntos muy marginados de nuestra nación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
La Presidenta diputad María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El punto de acuerdo agendado por el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Sonido en la curul del diputado Edmundo Ramírez.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Presidenta, hace un momento los grupos parlamentarios del PRI, del PRD y del PAN, en un punto de acuerdo que la diputada Elia Hernández propuso a esta Asamblea, discutimos para el mismo efecto y se modificó el punto de acuerdo a los comentarios, tanto de la fracción del PRD y del PRI que hizo su servidor. Y desde esta modesta curul, Presidenta, ratifico esa solicitud y además solicito a usted, Presidenta, que para obviar tiempo, mi participación no se posponga, sino que se turne directamente a Comisiones. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Muchas gracias a usted, diputado y le agradecemos su cooperación para agilizar el trámite de los puntos de acuerdo. Se da por recibido el punto de acuerdo para apoyar a los hijos menores de jornaleros y trabajadores agrícolas y se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Muchísimas gracias, señor diputado.
Igualmente para agilizar el procedimiento, se ha recibido del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, un punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal constituyan un comité técnico de transparencia y valoración salarial. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Tiene el uso de la palabra el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar punto de acuerdo sobre los migrantes mexicanos que regresan al territorio nacional. Sonido en la curul del diputado Edmundo Ramírez Martínez.
El diputado Edmundo Ramírez Martínez (desde la curul): Presidenta. En el mismo sentido y desde esta modesta curul, también ratificar lo que hace un momento los grupos parlamentarios del PRI, del PRD y del PAN se sumaron al punto de acuerdo anterior y reitero desde esta modesta curul ratificar la solicitud que le hicimos a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación. También le solicito a usted, de favor sea turnado este punto de acuerdo a la Comisión correspondiente.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Con el agradecimiento de esta Mesa, lo turnamos a la Comisión de Gobernación. Gracias, señor diputado.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados constituya un programa Diputada amiga – diputado amigo, y al Ejecutivo federal para que nuestros connacionales que ingresan al país tengan un trato digno.
La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Honorable Asamblea. Haciendo honor también al diputado del Río y a todos los presentes seré muy breve en mi exposición. Ahora muchos de nuestros migrantes regresan al país y como legisladores tenemos que tener claro que debemos ser amigos, como bien lo quiero exponer, para vigilar que entren dignamente aquí, que no se abuse de su economía ni de su persona.
Por eso queríamos poner ante la Cámara un programa de Diputado amigo – diputada amiga para estar vigilando los derechos de los migrantes en cuanto cruzan nuestro territorio nacional y agradecerles, amén de todos los ingresos que traen a México, también que tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a proteger sus intereses.
Por ello, Nueva Alianza propone el punto de acuerdo de hacer un programa de Diputado amigo – diputada amiga que esperemos ustedes voten a favor, para hacer la comisión correspondiente y estar pendiente de las necesidades de nuestros paisanos. Sin más, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Mónica Arriola. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial que investigue el fideicomiso 5012-6 Ferronales jubilados. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso del estado de Oaxaca para que celebren un convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de recursos públicos federales ejercidos en dicho estado.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. A partir del Ejercicio Fiscal de 1998 se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación, novedosos mecanismos para transferir recursos federales a los estados integrantes de la Federación y en su caso, a los municipios y órganos político-administrativos del Distrito Federal, tales como las aportaciones federales, el programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, entre otros.
Tales mecanismos identifican el destino de los recursos federales y su magnitud, así como las responsabilidades de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización a cargo de las instancias federales, municipales y del Gobierno del Distrito Federal
Derivado de esta distribución de recursos federales y de conformidad con lo dispuesto con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Carta Magna, la Auditoria Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares, para lo cual facilitarán los auxilios que requiere la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, y para mejor cumplimentar este mandato constitucional, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación otorga la atribución a la Auditoria Superior de la Federación para concertar y celebrar convenios con las entidades federativas con el propósito de regular la revisión y fiscalización de la cuenta pública.
En este sentido el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para efectos de la fiscalización de los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios, la Auditoria Superior de la Federación propondrá los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno.
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos federales transferidos a las entidades federativas es el punto de partida de la presente proposición con punto de acuerdo.
Ya en la especie y en atención a la importancia que reviste la transparencia en la rendición de cuentas de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, resulta necesario fortalecer la colaboración en materia de fiscalización con el estado libre y soberano de Oaxaca, para que en el ejercicio de los recursos públicos se ajuste a los ordenamientos jurídicos.
Lo anterior, ya que de conformidad con el Anexo 18, Adecuaciones aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se desprende que ese estado ejerce recursos públicos federales ya que este órgano legislativo aprobó para él en el Ramo General 39, "Programa de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas", la cantidad de 529 millones 817 mil 192 pesos.
Asimismo, el 13 de octubre del año en curso, según información dada a conocer a la opinión pública por el contador público Arturo González de Aragón, titular de la Auditoria Superior de la Federación, se estableció que dicha Entidad había suscrito convenios de coordinación y colaboración con 29 congresos locales, de entre los cuales aún no figuraban los estados libres y soberanos de Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas.
Al efecto, por información proporcionada por la misma Auditoria Superior de la Federación, el 16 y 17 de noviembre del año en curso, los congresos de Tamaulipas y Chihuahua, respectivamente, suscribieron con la Auditoria referida los respectivos convenios aludidos.
Empero, la suscripción del correspondiente con el Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca, aún se encuentra pendiente.
Por lo anterior sometemos a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo a efecto de que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a la Auditoria Superior de la Federación y al Congreso del estado libre y soberano de Oaxaca, a celebrar convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos federales transferidos a dicho estado, previstos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y con base en lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la misma. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Obdulio Ávila Mayo. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.
Pido a la Secretaría dé lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de diciembre de 2006. Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en lo previsto por el artículo 8o. del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, aprobado el 26 de septiembre del presente año, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios llegamos a al acuerdo de designar como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano al diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, lo anterior para que se haga el comunicado respectivo al Pleno de esta colegisladora y se realice el procedimiento administrativo respectivo.
En mérito de lo antes expuesto y fundado, quedamos de usted. Diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación y los coordinadores de los grupos parlamentarios suscriben.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Pido su atención, por favor, esta Presidencia informa que acaba de recibir de la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamen relativo a las modificaciones que la Cámara de Senadores hizo al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en virtud de que se está distribuyendo entre los diputados el dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Se dispensa la lectura al dictamen.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Es de primera lectura. En virtud de que se ha distribuido entre los diputados el dictamen, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la segunda lectura. Les informo a ustedes que hay un problema de apagón al exterior y está funcionando la planta de luz con la que cuenta la Cámara.
Está a discusión en lo general el dictamen relativo a las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. No habiendo oradores inscritos, ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Perdóneme diputado, les pido guardar silencio porque no se alcanza a escuchar al diputado Tonatiuh Bravo. Adelante diputado. Sonido a la curul del diputado Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Solamente para que se tome debida nota de que mi firma no aparece.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado. Les pido guardar silencio, porque no se alcanza a escuchar al diputado Tonatiuh Bravo. Adelante, diputado.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Para solicitar a la Mesa Directiva y a la Presidencia tomen debida nota de que el voto de un servidor es a favor. No aparece en el dictamen, pero ya fue suscrito como integrante de la Comisión en el dictamen correspondiente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: El dictamen está aquí en poder de la Secretaría, diputado. Puede usted venir a firmarlo. Gracias.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado Éctor Ramírez Barba…
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, sonido a la curul del diputado Éctor Ramírez Barba.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Por favor, señor, el voto es a favor.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se emitieron 453 votos en pro, cero en contra.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado por 453 votos, por unanimidad el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, modificados por la Cámara de Senadores. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Orden del día de la próxima sesión. Primer periodo de sesiones ordinarias, primer año del ejercicio, LX Legislatura. Orden del día, 22 de diciembre de 2006, acta de la sesión anterior, comunicaciones. Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (19:16): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 22 de diciembre, a las 17:00 horas, a las cinco de la tarde. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 15:30 horas. Muchas gracias.