El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:25 horas): Se abre la sesión. Esta Presidencia saluda a los músicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Conservatorio, de la Sinfónica Nacional, que estuvieron aquí presentes. Esperamos que cuenten con los apoyos necesarios para seguir difundiendo la buena música. Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación).Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación).Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación).Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

Continué la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: El Congreso del estado de Durango remite acuerdo por el que solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, amplíen el fideicomiso que administrará el apoyo a los exbraceros por dos años más.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: El Congreso del estado de Zacatecas remite acuerdo por el que solicita la asignación de una partida de recursos económicos, para atender contingencias climatológicas en dicho estado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la proposición presentada por la senadora María Rojo Incháustegui, del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 19 de noviembre de 2006, a efecto de que realice una visita de trabajo a la comunidad de Australia del 12 al 16 de noviembre, así como del 16 al 19 de noviembre para que participe en la XIV Reunión de Líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad de Hanoi, República Socialista de Vietnam.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el capítulo de iniciativas, tiene la palabra la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que expide la Ley Federal de Cabildeo.

La diputada Sara Isabel Castellanos Cortés: Buenos días, compañeros. Señor Presidente, muchas gracias. Queridas diputadas, honorables diputados. Referente a la discusión que pronto tendremos sobre el Presupuesto 2007, aprovecho la ocasión para presentar a esta honorable soberanía proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cabildeo.

Con el paulatino establecimiento en México de un nuevo régimen político basado en la normalidad democrática, la pluralidad partidista y la alternancia en el ejercicio del poder público, el país en su conjunto ha desarrollado nuevas y modernas formas de interacción entre los diversos actores participantes en la vida pública institucional, económica, política y cultural del país.

Se han consolidado mecanismos de intervención ciudadana directa en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de las autoridades administrativas en los tres órdenes de gobierno, así como lo referente a las funciones de orden legislativo, depositadas en los órganos individuales y colegiados de los congresos federal y locales.

En las últimas legislaturas del Congreso de la Unión se han presentado propuestas e iniciativas de muy diversa naturaleza y orígenes, mediante las cuales se intenta normalizar y reglamentar la actividad profesional de cabildeo, máxime cuando desde hace ya varios años funcionan en el país empresas y despachos legalmente constituidos que realizan actividades profesionales y especializadas en materia de cabildeo.

Además de que en muchos otros casos, empresas y organizaciones de los sectores social y privado realizan, en forma directa, acciones de cabildeo frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para promover, de manera legítima, sus intereses particulares o para expresar y hacer valer sus puntos de vista en asuntos de interés general.

Durante la pasada Legislatura, en mi entonces calidad de senadora de la República, me permití presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba, en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer las bases legales para el cabildeo ante el Poder Legislativo federal.

El proyecto quedó pendiente de dictaminar porque el entonces senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Reglamentos, informó que había un trabajo avanzado sobre el anteproyecto de reformas integrales al marco jurídico del Congreso de la Unión.

En el marco de la actual Legislatura, seguramente se retomarán las propuestas que sobre la materia existen, además de la regulación de las personas que se dedican al cabildeo con el Congreso de la Unión, respetando el marco jurídico constitucional.

La presente iniciativa también considera cuando menos dos sujetos más como habilitados en el marco de dicho proceso en sus diversas etapas, como son el Presidente de la República y las legislaturas de los estados.

Nuestra propuesta también reconoce el derecho al libre ejercicio de la profesión, con el requisito necesario de crear un mecanismo de control y de registro de los cabilderos, cumpliendo así con la indispensable transparencia y publicidad en el ejercicio de actividad.

En atención de que la versión completa del proyecto se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, ruego al Presidente diputado de la Mesa Directiva, su inserción íntegra en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica.

Nada más quisiera agregar algo. Antes de subir a esta tribuna, el diputado Manuel Cárdenas, de Nueva Alianza, con mucho gusto también se adhiere a esta propuesta.

Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Sara Isabel Castellanos. Túrnese a la Comisión de Gobernación e insértese íntegro en el Diario de los debates, como ha sido solicitado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Octavio Vargas Landeros.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Los diputados Raúl Cervantes Andrade y Gerardo Vargas Landeros, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y pertenecientes a esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 37, inciso c) del Reglamento Interno del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y por acuerdo del Pleno del grupo parlamentario del PRI, como da fe uno de los secretarios de la mesa directiva del mismo.

Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, por la que se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

En días recientes los medios de comunicación nacionales dieron cuenta del robo que sufrieron 155 personas que habían contratado cajas de seguridad en el banco Banamex, sucursal 482 de Tecamachalco, en el Estado de México.

Tanto las declaraciones de los expertos en el tema como el comunicado oficial de la institución bancaria, coincidieron en señalar que el banco no podía responder o indemnizar a los afectados, en virtud de que, por un lado, no cuentan con seguro que cubra dicho daño y, por el otro, tampoco la institución bancaria contaba con una relación de bienes y su valuación correspondiente, en virtud de lo cual no se podía cuantificar el monto de lo robado y por ende no existía forma legal para determinar el daño patrimonial ocasionado y la indemnización que en su caso corresponda.

El hecho en sí revela una problemática generalizada en las instituciones bancarias, pues la legislación en la materia no prevé ninguna obligación ni responsabilidad de las mismas y también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de los servicios financieros, quienes no tienen ningún instrumento legal que los proteja ante las instituciones bancarias, quienes tienen en resguardo sus bienes más preciados, sin ninguna garantía en caso de cualquier daño, como lo ocurrido en días recientes.

Por ello, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de precisar la obligación que adquiere la institución bancaria de responder a los ciudadanos o empresarios que han contratado cajas de seguridad con los bancos, para responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o de daño.

Asimismo y con el fin de crear certeza y seguridad jurídica para las instituciones bancarias, la iniciativa propone que la indemnización se limite a proteger los bienes depositados en el banco, mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente. Así, será responsabilidad del usuario declarar o hacer una manifestación previa a través de una declaración de valor al momento de contratar ante la institución bancaria los bienes depositados en las cajas de seguridad y presentar el avalúo correspondiente, que permitan estimar la cuantía de los bienes existentes en esa misma caja.

Consideramos que la presente iniciativa atiende una problemática existente en el uso de las cajas de seguridad, pues con ella se protegen los derechos de quienes contratan dicho servicio y también se proporciona a la institución bancaria un instrumento para llevar un control de los bienes que tiene bajo su resguardo y que en la actualidad son depositados por los usuarios sin ningún control por parte de las instituciones bancarias.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupados por atender los problemas de la ciudadanía que nos eligió y a quienes les debemos nuestro mayor respeto y compromiso por seguir impulsando los temas legislativos que les brinden soluciones y seguridad jurídica en sus bienes, posesiones y derechos consideramos que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y a nombre de nuestros compañeros integrantes del grupo parlamentario del PRI, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente proyecto de acuerdo.

Artículo primero. Se adiciona un párrafo segundo y el actual se recorre en su orden del artículo 78 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 78. El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta a responder de la integridad de las cajas, mediante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable por todos los gastos, daños y perjuicios que origine la institución con motivo de su uso. Asimismo, la institución estará obligada a responder y, en su caso, indemnizar al tomador de la caja en caso de robo o daño, por el monto de los bienes depositados mediante declaración de bienes y su avalúo correspondiente.

Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las instituciones de crédito deberán estipular, con claridad, las causas, formalidades y requisitos que se observarán para que la institución pueda proceder ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes extraídos.

Transitorio.

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los días 31 del mes de octubre de 2006.

A nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: diputado Raúl Cervantes Andrade, diputado Gerardo Vargas Landeros. Da fe para constancia del acuerdo del pleno del grupo parlamentario, diputado Eduardo Sánchez Hernández, secretario de la mesa directiva del grupo parlamentario.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La siguiente proposición de iniciativa que iba a presentar la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, se pospone.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente.

Sin duda el tema de mayor preocupación en la sociedad mexicana es el agudo y preocupante problema de la seguridad pública. Y no podríamos decir que no ha habido esfuerzos institucionales.

A partir de 1995 que… diciembre de 1994 que se reforma la Constitución y que en el artículo 21 se establece que seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios y que como tales la federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios se coordinarán en términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

En 1998, ya creado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, hay un reforzamiento institucional a partir de la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y del funcionamiento colegiado del Consejo Nacional, así como la incorporación a la Ley de Coordinación Fiscal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y la consecuente creación de la Policía Federal Preventiva.

Después, en la actual administración, al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se crea la Secretaría de Seguridad Pública; fe modo que el esfuerzo institucional ha sido sin duda sostenido, pero es evidente a la luz de los hechos cotidianos, del clima de incertidumbre y zozobra que priva en la nación, que algo no está funcionando.

Sin duda son muchos los factores de carácter económico, social, de procuración de justicia que están determinando, y esta iniciativa hoy se refiere a uno de estos temas que tiene que ver con el financiamiento, cómo se están distribuyendo los recursos para este tema crucial en la razón de ser y el cometido del Estado nacional.

Los recursos aplicados han pasado de 14 mil 141 millones de pesos en el año 2000 a 17 mil 368 en el año 2006, o sea un incremento del 22.6 por ciento. Sin embargo, cabe destacar que los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del citado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyeron al pasar de cinco mil 213 millones en el año 2000 a cinco mil millones en el año 2006; o sea, un decremento del 4.1 por ciento. En tanto que los recursos ejercidos por las dependencias federales pasaron de siete mil 80 millones a 10 mil 746; o sea un aumento del 51.7 por ciento.

La distribución entre los estados quiero decirles que ha seguido un patrón más o menos equilibrado, más o menos similar del año 2000 al 2006, atendiendo a los criterios de distribución el 35 por ciento por número de habitantes, el 20 por ciento por ocupación penitenciaria, el 15 por ciento por el crecimiento delictivo, el 10 por ciento por la aplicación del Programa Nacional que implica la decisión de coordinación en los hechos entre los tres órdenes de gobierno y los proyectos nacionales convenidos, que es un incentivo para que los estados participen con una mayor proporción, con un 20 por ciento.

De este modo, el promedio nacional de aportación de los estados o de las entidades federativas, estados y Distrito Federal es de un promedio de 24.13 por ciento; si bien hay estados como Baja California, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz que aportan el 30 por ciento o más a los programas convenidos.

Los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía yo, no son sin embargo los esperados; baste mencionar que los posibles hechos delictivos del fuero federal pasaron de 81 mil 781 en el 2000 a 89 mil 530 en el 2005, en tanto que los del fuero común pasaron de un millón 338 a un millón 406. Nótese además que los delitos del orden común, que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales.

Igual si analizamos la población penitenciaria observamos que hay una sobrepoblación de más de 52 mil internos; que no hay capacidad instalada para poder realmente atender un proceso de readaptación, como lo mandata la ley y como lo requiere una impartición de justicia y un sistema de readaptación moderno.

Quiero destacar, compañeras, compañeros diputados, que ha habido tentativas para atender este problema; dos, particularmente destaca la diputada Miroslava García Suárez del PRD y la del diputado Galindo Noriega de la fracción del PAN, que sin embargo no lograron concretarse en virtud de que no planteaban una propuesta equilibrada e integral.

Es por estas razones que la iniciativa que hoy presentamos propone aumentar el fondo de aportación a la seguridad pública y establecer por mandato de ley un monto equivalente al uno por ciento de la recaudación federal participable; actualmente es del 0.43 por ciento, así como la asignación del 50 por ciento de tales recursos a los municipios de los estados y a las delegaciones del Distrito Federal.

La aprobación de esta iniciativa, compañeras, compañeros diputados, permitiría dotar de capacidad de respuesta a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del DF de una manera justa y equitativa.

Mantener el equilibrio pertinente entre el imperativo de una acción rectora nacional, el orden interno de las entidades federativas y el principio de la libertad municipal.

Y por último, alentar la solución de los grandes problemas nacionales desde el ámbito local, que es la forma más eficiente y eficaz de atender cuestiones como la inseguridad, que están rompiendo el tejido social en los barrios, en las colonias, en las comunidades, en el entorno familiar y en las calles.

Su complejidad y diversidad hace poco probable, como lo muestran las evidencias empíricas, el éxito de estrategias centrales como ha sucedido hasta ahora.

Pido, señor Presidente, que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y asimismo que se inscriba en su integridad en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese en el Diario de los Debates de manera íntegra.

Para rendir la protesta constitucional se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz, diputadas federales electas en la segunda circunscripción plurinominal y en el VII distrito electoral del estado de Veracruz.

Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:

Armando Enríquez Flores, María Soledad Limas Frescas, Abel Ignacio Cuevas Melo, Javier Martín Zambrano Elizondo, Francisco Sánchez Ramos, Roberto Mendoza Flores, Olga Patricia Chozas y Chozas, Robinson Uscanga Cruz, José Luis Aguilera Rica y Silvano Garay Ulloa.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Claudia Gabriela Caballero Chávez y María de Jesús Martínez Díaz: Sí, protesto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidas. Pasen a ocupar sus lugares. Gracias.

Se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Código Penal Federal.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. En los últimos años México ha dado pasos en la construcción de un esquema de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo todavía hay grandes retos en esta materia.

En el camino hacia la construcción de una democracia sólida y madura se vuelve cada vez más complejo para el gobierno satisfacer las necesidades sociales y lograr los resultados esperados, debido a la fuerte competencia por los recursos escasos y a la creciente exigencia de la ciudadanía por gobiernos más eficaces.

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, pues al ser representante de la voluntad de los ciudadanos, tiene la obligación de vigilar y cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos. En la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá del grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos.

Pese a las reformas y avances recientes en materia de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten diversas deficiencias en nuestro sistema de fiscalización y que tienen implicaciones políticas y presupuestales, toda vez que la corrupción, el desvío o la ineficacia de la gestión son todas actividades que implican necesariamente el desperdicio de recursos públicos escasos.

Nuestra propuesta de reformas busca establecer mecanismos legales para que cualquier partida de gasto público pueda ser objeto de fiscalización con independencia del carácter legal de quien ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga que reciba, administre y/o ejerza recursos públicos federales.

Los recursos de la Federación asignados y transferidos a diversas entidades públicas o privadas, deben ser sujetos de control y de registro de conformidad con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión. Es por ello que proponemos la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para evitar que en algún momento personas físicas o morales, así como alguna entidad con carácter público o privado puedan recurrir al juicio de garantías y con ello sustraerse de la posibilidad de que esta soberanía vigile y audite el ejercicio de recursos públicos.

Actualmente el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos considera únicamente como sujeto de dicha ley —y cito—: "Los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales".

Sin embargo este enunciado legal no esclarece si han de considerarse en dicha presunción a las personas físicas y morales, públicas o privadas, así como a los fideicomisos públicos privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquiera otra figura jurídica que al igual que los funcionarios públicos manejan, apliquen o ejerzan recursos públicos federales.

Esta omisión ha permitido que diversos sujetos o entidades jurídicas que debieran ser destinatarios de esta norma, pretendan ejercer recursos sin la posibilidad de ser auditados por la entidad de fiscalización superior y mucho menos que reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo, aplicación, ejercicio o distracción para fines distintos, de los recursos públicos federales que es han sido transferidos o asignados.

Esta situación también ha provocado que ante una posible sanción a un particular que haya ejercido de manera inadecuada recursos públicos federales, recurra éste al juicio de garantía, a fin de evitar que le sea aplicable el artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no contar con nombramiento ni responsabilidad determinada dentro de alguna entidad de la administración pública.

La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por el ciudadano Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón relacionado al tema de la constitucional del artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, estableció y cito: "aun cuando no se trate de un servidor público, sí es en todo caso sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y como tal tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos", (fin de la cita) No obstante dicho criterio sólo alude a las personas físicas y no ha establecido jurisprudencia, por lo que consideramos necesaria la modificación que aquí proponemos.

De la misma manera consideramos necesario adicionar una fracción XXV al artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para establecer que las personas físicas o morales, públicas o privadas a olas que hemos hecho referencia, deban utilizar los recursos públicos que se les asignen, exclusivamente para los fines a que están destinados, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes.

Además, en materia de presupuesto, se propone incluir en la definición de las entidades ejecutoras del gasto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las personas físicas o morales que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos, independientemente del origen de dichos recursos.

También proponemos la modificación y adición de diferentes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se considere que el manejo, aplicación o el ejercicio de los recursos públicos federales por parte de personas físicas o morales, públicas o privadas, deberá llevarse a cabo en todo momento y sin excepción, con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y tenga la obligación de ejercer dichos recursos, tomando en consideración lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y por cualquier otro ordenamiento relativo y aplicable, estando sujetos a la normatividad, a la evaluación y al control de los órganos de fiscalización correspondientes, de la misma manera en que son evaluados y sancionados los servidores públicos.

En lo que se refiere a las sanciones contempladas en distintas normas vigentes, existe en la actualidad una discrepancia con respecto al rigor de las sanciones económicas y administrativas aplicables, así por ejemplo mientras que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios públicos por un período que puede ir de uno a diez, o de 10 hasta 20 años, dependiente del daño o perjuicio causado, en el Código Penal Federal se señala un período máximo de inhabilitación de 14 años, generando un espacio de discrecionalidad en la determinación de las sanciones por aplicar.

Por lo tanto, la presente iniciativa también propone homologar las sanciones, tanto administrativas como económicas, a que fueran acreedores los sujetos de la norma, modificando el Código Penal Federal.

Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de los Diputados someto a consideración de esta Cámara la presente iniciativa de ley, con objeto de que no existan particulares ni entidades jurídicas que apliquen recursos públicos federales y que puedan escapar del control, la vigilancia y auditoría que tiene como atribución esta Cámara de Diputados, por lo que solicita se publique íntegramente la versión de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Antonio Xavier López Adame. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Justicia y Derechos Humanos.

El siguiente punto del orden del día dictamen a discusión con puntos de acuerdo, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se de lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación) Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... (votación) Gracias. Señor Presidente, hay mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza. Antes de continuar, pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Diputada María de Jesús Martínez Díaz, diputado Juan José Rodríguez Prats.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 444 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología sobre el Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México.

Resolutivos

Primero. Para la conformación del grupo organizador del Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México se integrará a un diputado coordinador y a 10 diputados, preferentemente integrantes de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, mismos que deberán reflejar la pluralidad de la composición de la Honorable Cámara de Diputados.

Segundo. El Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México se llevará a cabo durante el primer período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio legislativo.

Tercero. El grupo de trabajo gestionará ante la Cámara de Diputados y las instituciones de educación media superior y ciencia y tecnología participantes los recursos necesarios para cubrir los costos del Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Cuarto. El grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos al foro parlamentario guiará sus trabajos bajo los siguientes criterios básicos:

a) Construir una plataforma de lineamientos y políticas de estado para la educación media superior, superior, ciencia y tecnología, así como para su financiamiento.

b) Realizar una convocatoria extensa a los titulares de las instituciones de educación media superior, superior públicas y privadas, titulares de los centros públicos de investigación científica y tecnológica, profesores e investigadores del país y del extranjero, al sector productivo y a sus organismos representativos, así como a los legisladores federales y estatales.

Quinto. Recibir las ponencias que de acuerdo a la convocatoria presenten los asistentes al foro.

Sexto. Las conclusiones serán entregadas a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología y otras comisiones y órganos de la Honorable Cámara de Diputados en el ámbito de su competencia, con la finalidad de que sean analizadas y valoradas para el trabajo legislativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 30 de octubre de 2006. Firman las comisiones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. Está registrado para hablar por las comisiones el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su venia, señor Presidente. Las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología tuvimos oportunidad de analizar esta propuesta de punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados organiza el Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología en México y ambas comisiones dictaminamos positivamente esta propuesta para que en este primer periodo ordinario de sesiones se lleve a cabo.

Como ya ha sido comentado, el centro del asunto es la construcción de una plataforma de lineamientos y políticas de Estado para la educación media superior, superior, ciencia y tecnología; así como para su respectivo financiamiento. A nombre de ambas comisiones, le pido a esta asamblea su voto favorable y avocarnos cuanto antes a la realización de este foro que convocará a la comunidad científica y académica del país, a las instituciones relacionadas con el área y, por supuesto, que será una convocatoria de carácter amplio, con el propósito de cumplir el cometido.

A nombre de ambas comisiones, agradecemos a todos ustedes su atención y por supuesto a los integrantes de las mismas por el trabajo legislativo que requirió este esfuerzo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Tonatiuh Bravo. Tiene la palabra la diputada Silvia Luna, para hablar sobre el mismo tema.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

Tenemos un enorme desafío: hacer de la ciencia y la tecnología sectores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Para ello, tenemos que partir de una visión clara y de un diagnóstico objetivo sobre el estado en que se encuentra nuestra política de apoyo a la investigación.

En otros foros hemos hablado de una política de Estado en ciencia y tecnología. Desafortunadamente, en estos años se puso poca atención en fortalecer a las instituciones sobre las que recae la construcción del conocimiento en México. No se puede posponer por más tiempo el colocar a la ciencia como una de las prioridades del Estado.

La propuesta de convocar a este Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre la Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología nos parece una oportunidad propicia para fijar una agenda legislativa que tenga como propósito central el establecer una política de Estado que se sustente en compromisos medibles.

Para hacer frente a este reto, tenemos que empezar a solucionar hoy los rezagos. No se puede permitir que nuestras universidades públicas se ahoguen por la ausencia de recursos. Consideramos que, con el apoyo de las instituciones, sector privado, gobiernos, comunidad científica y sociedad, podremos encontrar soluciones viables para las diversas problemáticas de nuestro sistema educativo.

Vamos a hacerlo de manera seria con el mismo tiempo y suficiencia, pensando en buscar los mecanismos para dar viabilidad a la meta que, como país, nos hemos fijado. Juntos podremos lograr un incremento real del presupuesto para la ciencia, para que se alcance una inversión equivalente al uno por ciento del gasto público federal y así cumplir con lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Por ello participaremos en este foro parlamentario; creemos que de su realización resultarán propuestas de enorme valor para el debate y la transformación de la ciencia en México. Nos interesa, además, que en este proceso construyamos mejores y más equitativos mecanismos para la distribución de los recursos.

Las instituciones de educación básica y superior son dos vértices en un mismo proceso. Hoy se puede percibir en cada uno de estos ámbitos la demanda de más recursos, de salarios dignos para los docentes, de mejores instalaciones y de más apoyos para la investigación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Luna. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se encuentran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ...(votación).... Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutidos. Pregunte si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica, se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense. El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se les dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Se autoriza.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se va a dar lectura de los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, por los que se desecha la iniciativa que adiciona el capítulo XII a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el 9 de noviembre de 2004.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Firma la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2006.

Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 6 de abril de 2006.

Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.

Firma la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado ningún orador, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

En el apartado de proposiciones tiene la palabra la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo en relación con la pena de muerte para siete mujeres en la República Islámica de Irán.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada federal Aurora Cervantes Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del PRD, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la pena de muerte mediante lapidación que, como condena, pesa sobre siete mujeres en la República Islámica de Irán, al tenor de las siguientes consideraciones.

Parija, Irán, Cairé, Samameth, Cobra, Sogra y Fátima son siete mujeres iraníes condenadas a morir lapidadas. Ellas fueron sentenciadas a muerte acusadas de haber cometido adulterio. Conforme a lo dispuesto en la Shaira —ley islámica— deberán ser enterradas hasta el pecho, de manera que sus manos queden atrapadas.

El artículo 116 de la Ley Penal iraní dispone que las piedras usadas para lapidar no deben ser tan grandes como para matar al adúltero al primero o segundo impacto ni tan pequeñas como un guijarro. En Irán lapidar a una persona hasta la muerte no va contra la ley; usar la piedra incorrecta sí.

Por estos motivos, compañeras y compañeros, propongo el siguiente

Punto de acuerdo.

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se manifiesta en contra de la pena de muerte mediante lapidación por considerar esta práctica una grave violación a los derechos humanos de las personas.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emita un pronunciamiento de repudio a la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo a que, en la próxima reunión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la ONU, la delegación mexicana se manifieste en contra de la práctica de la pena de muerte mediante lapidación llevada a cabo en la República Islámica de Irán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de noviembre del 2006.

Este punto de acuerdo está firmado también por diputadas de todos los partidos presentes en esta Legislatura. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución la proposición.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. No habiendo quien solicite el uso de la palabra, se considera suficientemente discutida y pregunte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Aprobado. Comuníquese.

Tiene la palabra el diputado José Rosas Aispuro Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo relativo a los recursos del Programa de Apoyos para las Entidades Federativas.

El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los recursos del PAFEF, Ramo 39, han sido una asignación no prevista en la iniciativa del gobierno federal, siendo la Cámara de Diputados —en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos— quien asigna los recursos a esta partida. Actualmente se prevé en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero no se define su monto.

El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas fue diseñado por la propia Cámara de Diputados, con el propósito de fortalecer financieramente a los estados cuya transferencia de responsabilidades, sobre todo en materia educativa y de salud, han resultado onerosas para las finanzas públicas.

En efecto, desde el año 2000 las entidades federativas han recibido recursos de este programa, inclusive en ese mismo año se creó el Ramo 39 del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para estos recursos que actualmente se han convertido en una fuente muy importante de ingresos para las haciendas públicas estatales.

Precisamente para otorgar certidumbre jurídica y financiera en la disponibilidad de los recursos para los gobiernos estatales, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estableció en su artículo 85 que el Ejecutivo federal debe de considerar al PAFEF y el destino de sus recursos en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero sin precisar su referencia respecto a la recaudación federal participable o criterios precisos en cuanto a su distribución, por ello la necesidad de contar un marco claro jurídico que establezca la fórmula y las razones que justifiquen el reparto de los recursos.

Ahora vemos con preocupación que el pasado 27 de este mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia a las entidades federativas un recorte al presupuesto del Programa de Apoyos a las Entidades Federativas. La Secretaría de Hacienda argumentó que el recorte es efecto de la aprobación que hizo la anterior Legislatura federal, al integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, una partida de ampliación al gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social de 26 mil 572 millones de pesos, los cuales resultaron ser adicionales a los recursos aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año.

Este recorte ha sido calificado por los gobernadores de los estados como inaceptable y unilateral, en virtud de que complicará severamente el desarrollo de diversos proyectos de las entidades federativas. Estamos hablando aquí de cerca de cinco mil millones de pesos que los estados ya tenían considerados para una serie de acciones, para una serie de obras.

Por un lado, se anuncia por parte del gobierno federal que habrá aumento en los recursos de los excedentes del petróleo hacia las entidades y, por otro lado, se da este golpe que afecta seriamente a las entidades federativas. Por eso creemos que es inaceptable el poder considerar que se haga este recorte a los recursos que ya tenían considerados los gobiernos de las entidades.

Pongo como ejemplo. Entidades como Durango habrán de recibir menos en base a este proyecto, como cerca de 92 millones de pesos. Eso hará imposible que los gobiernos estatales puedan cumplir con los compromisos que se tienen en materia de obra pública. Y me parece que esto es atentar contra las facultades que tiene el Poder Legislativo y desde luego, atenta también contra el federalismo.

Por lo anteriormente considerado, queda demostrado que el PAFEF significa una importante inversión y apoyo para las entidades federativas. Sin embargo, a finales de la semana anterior —como ya comentaba—, se anunció el recorte de cuatro mil 922 millones de pesos aprobados en el PAFEF para este ejercicio.

Por eso, compañeras y compañeros legisladores, es de explorado derecho que la aplicación de las cantidades aprobadas por la Cámara de Diputados es estricta y no podrán realizarse acciones que no estén expresamente previstas en el mismo decreto.

Por ello resulta cuestionable jurídicamente la implementación de recorte al PAFEF. En efecto, esta asignación no fue hecha por el Ejecutivo federal, sino fue hecha por este órgano legislativo.

Por eso, amigas y amigos legisladores, debemos defender los derechos que tiene el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados. Por ello someto a la consideración de ustedes, el siguiente punto de acuerdo, el cual solicitamos que sea de urgente u obvia resolución.

Punto de acuerdo

Primero. Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del recorte anunciado al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas el cual afectaría considerablemente al desarrollo de los estados, sobre todo en este momento que cierra el ejercicio fiscal 2006, cuando ya se han comprometido recursos con cargo a este programa.

Segundo. Se solicita la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé respuesta a los planteamientos anteriormente señalados.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentemos este punto de acuerdo firmado por el de la voz, por Jesús Alcántara y por Yerico Abramo Masso. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señora Presidenta, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.

La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Se considera de urgente resolución. En virtud de que no hay oradores… El diputado Javier Calzada, del PRD; el diputado Yerico Abramo y Jesús Alcántara. Tiene la palabra el diputado Javier Calzada.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Compañeras, compañeros diputados. Con su permiso, señora Presidenta. Efectivamente este viernes fue comunicado a las secretarías de Finanzas de los estados, el recorte que hace la Secretaría de Hacienda a escasas cuatro semanas de entregar el Poder Ejecutivo federal sobre un programa que es básico, fundamental, para atender las necesidades en las entidades federativas.

El Programa de Apoyos al Fortalecimiento de Entidades Federativas es una herramienta indispensable para dar atención a las necesidades de agua potable, de carreteras, de infraestructura educativa y de salud.

A estas alturas del ejercicio, los gobernadores de todos los estados seguramente tendrían ya comprometidos recursos para la construcción de obras y para la ejecución de programas originados con el techo que esta soberanía había asignado para este ejercicio fiscal.

Es improcedente que a estas alturas se pretenda llevar a cabo un recorte que es no solamente unilateral, sino además insensible a las circunstancias por las que atraviesa el país.

Estas adecuaciones presupuestarias, de acuerdo al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no cumplen con el procedimiento que se encuentra normado para su ejecución. Debería, toda vez que se trata de un porcentaje del orden del 20 por ciento del Ramo 39, debería de haber emitido la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una opinión a este respecto para que le pudieran dar efecto.

Con la finalidad de profundizar en la disminución del ajuste presupuestal, analizar que la acción esté sustentada conforme a derecho y evitar una posible confrontación entre entidades federativas y la Federación es muy conveniente que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público venga a dar las aclaraciones pertinentes de esta decisión, pero sobre todo la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos a favor de que esta soberanía se pronuncie y le requiera al secretario de Hacienda que no operen el recorte presupuestal que fue comunicado el pasado viernes.

No puede ser, no puede ser que a estas alturas del ejercicio nos comuniquen y hagan ese recorte que la verdad, a entidades como mi estado, Zacatecas, les representa un duro golpe a sus finanzas públicas; pero no va en contra del gobierno sino del pueblo de Zacatecas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Calzada. Tiene la palabra el diputado Yerico Abramo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Yerico Abramo Masso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Quiero hablar a favor de este punto de acuerdo para comentarles que los estados de la República siguen siendo rehenes del antojo presidencial, aunque se pronuncien miles de discursos presidenciales diciendo que eso era cosa del pasado o vengan a decir que todo está bien y que son los gobiernos de la oposición los culpables; o más increíble, culpen al PRI de esto, pero la realidad demuestra desgraciadamente lo contrario y les voy a demostrar esto.

El Ejecutivo federal congeló 33 mil millones de pesos al presupuesto reasignado por los diputados en correspondencia a la partida presupuestal aprobada en ejercicio de su facultad, señor Presidente, por la Cámara de Diputados en noviembre de 2005 para el saneamiento de las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Ejecutivo federal ha dicho públicamente que de manera ilícita los diputados aprobaron esta cantidad, lo que obligó al congelamiento de esta cifra en los montos reasignados por los diputados, lo que perjudicó a la mayoría de los estados en infraestructura carretera, educativa y de salud.

El Ejecutivo federal demuestra un desconocimiento en esta materia de tipo legislativo, dado que al desconocer la facultad explícita que tenemos los diputados para la modificación y en su caso, la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para muestra un ejemplo:

Se propuso para mi estado, Coahuila, cero pesos en construcción y modernización de carreteras, lo que obligó a la reasignación de 410 millones de pesos, 90.3 millones de éstos para la construcción de caminos rurales y caminos alimentadores y 60 millones al presupuesto de salud, los que al final fueron congelados de acuerdo a su apreciación.

Coahuila sólo ha recibido 540 millones de 678 millones asignados en el programa Carretero 2006, 30 millones de 60 millones para hospitales y en cuanto a excedentes del petróleo, sólo hemos recibido 150 millones de pesos de 217 millones correspondientes al último trimestre del 2005.

Comentarles que para el 2006, en el ramo de comunicaciones y transportes, de un gasto programable originalmente de 22.3 mil millones de pesos, para infraestructura carretera, se han devengado 10.9 mil millones de pesos a septiembre del 2006, lo que significa el 48.9 por ciento del total original.

De esos, 7.4 mil millones de pesos para construcción de carreteras; 5.3 mil millones de ellos para caminos rurales, sólo se han ejercido a septiembre 2.7 mil millones de pesos. Es decir, sólo se ha ejercido el 37.4 por ciento de este presupuesto.

De 7.3 mil millones de pesos para la ampliación de carreteras, sólo se ha ejercido 3.7 mil millones de pesos, lo que significa un ejercicio aproximado del 50.2 por ciento.

Le quedan a esta administración sólo 32 días para devengar más de 11 mil millones de pesos.

En cuanto al PAFEF, se aprobaron 22.5 mil millones de pesos de los cuales se han ejercido 18.2 mil millones de pesos al mes de septiembre.

De acuerdo al mismo informe, cabe señalar que aparece como ejercido 31.8 mil millones de pesos pero habrá que restar 12.3 mil millones de pesos de derecho extraordinario sobre la explotación del petróleo y el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes.

Es curioso ver estados como Guanajuato, Baja California y Jalisco, beneficiados con más del 80 por ciento de su PAFEF asignado. Estos estados están entre los 10 que recibieron más de mil millones de pesos.

¿Dónde quedó la tan traída federalización que presume el Ejecutivo federal? En ningún lado, sólo sirvió como mecanismo electorero.

Exigimos que se entregue la totalidad de los recursos para estados federativos aprobados por la LIX Legislatura. No se puede mentir de manera constante sobre los hechos suscitados entre el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Yerico Abramo. Tiene la palabra el diputado Jesús Alcántara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con su venia señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados. En mi carácter de diputado federal y en lo particular como ciudadano del Estado de México, me uno a lo antes expuesto por mis compañeros diputados que han presentado el siguiente punto de acuerdo.

El recorte de más de 26 mil millones de pesos que hizo la Secretaría de Hacienda al Presupuesto de Egresos del 2006 en la ampliación al gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, afectan a varias entidades federativas y en lo particular al Estado de México con más de 496 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda al hacer el recorte, alude mencionar la inconsistencia de Ley de Ingresos del 2006 que representó que el precio del barril de crudo se fijara en 36.50 dólares y que a la fecha, al cierre del ejercicio fiscal, esté promediado en 42 dólares, lo que representa un ingreso adicional de más de 255 mil millones de pesos.

El recorte al Estado de México representa para nuestra población una importante merma en los programas de bienestar social. El impacto para el estado asciende a más de 496 millones de pesos, es decir, el 21.33 por ciento del monto presupuestado.

La disminución de los recursos del ramo 39, aplicará una caída de 142.1 millón de pesos mensuales en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en particular para nuestro Estado de México. Asimismo, significará una disminución en el saneamiento financiero del estado o, en su caso, en la inversión de infraestructura en la entidad federativa.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, solicitamos sea aprobado el punto de acuerdo en sus términos expuestos.

Primero. Que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del recorte anunciado al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el cual afectaría considerablemente al desarrollo de los estados, sobre todo en estos momentos que cierra el ejercicio fiscal 2006, cuando ya se han comprometido recursos con cargo a este programa.

Y segundo, se solicita la presencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dé respuesta al planteamiento anteriormente señalado.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado. Sigue en el orden el compañero Joaquín Vela, de la fracción parlamentaria del PT.

El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señora Presidenta. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Venimos a esta tribuna para unirnos a la solicitud que en el punto de acuerdo se señala de que no existe ninguna razón para que algo que es aprobado por esta Cámara, luego decida alguna secretaría o algún grupo de burócratas recortarlos.

Efectivamente la planeación del desarrollo se hace con tiempo. Existen recursos que ya se cuentan, que ya están aprobados y que los diferentes estados ya tienen su programación de la infraestructura.

Este año hubo un excedente de tributación. Hay excedentes también del petróleo. Es decir, no hay ninguna razón que pudiera justificar o que pudiera darle algún elemento para poder cancelar algo que ya fue aprobado por esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto del año de 2006.

Como Partido del Trabajo venimos a unirnos al sentido del punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda cumpla con lo que establece el Presupuesto anual de Egresos del año 2006. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Minjares, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado José Manuel Minjares Jiménez: Gracias, señora Presidenta. En nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a solidarizarme con el punto de acuerdo que se ha expresado en esta tribuna. El programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas fue una propuesta y un programa ideado por diputados federales del Partido Acción Nacional durante la Legislatura LVII y así se ha venido instrumentando e incorporando al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación año con año, desde esa Legislatura.

Estamos a favor de que se nos den explicaciones, n0o estamos a favor de la diatriba y del insulto. Estamos a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas de todos y cada uno de los órdenes de gobierno en este país. Hay que hacer la aclaración que con todo y este recorte que se ha anunciado, los gobiernos de los estados han recibido recursos adicionales a los señalados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para este año por más de 60 mil millones de pesos, con todo y este recorte, insisto.

Pero estamos de acuerdo en que venga el secretario del ramo y nos explique y nos ilustre cuáles son los mecanismos que se instrumentaron y los razonamientos para poder instrumentar esta disposición.

Y reiteramos, queremos transparencia y rendición de cuentas, pero así como se lo exigimos al Ejecutivo federal habría que exigirla también a los titulares de los gobiernos de los estados. Ahí que nos digan cuál es el destino de los recursos del PAFEF ¿por qué existen casos como los de Arturo Montiel, como los de Ulises Ruiz y como los de Alejandro Encinas que viven en la opacidad total?, ¿por qué incluso se llega a los extremos de que algún exgobernador, ahora diputado federal, recurre incluso a un Juicio de Amparo para evitar ser auditado en el uso y destino de los recursos?

Esa es la posición del Partido Acción Nacional y estamos a favor, repito, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de las explicaciones puntuales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Minjares. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas del grupo parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros. El Partido Nueva Alianza se pronuncia a favor del punto de acuerdo, porque como lo han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, nosotros también estamos por la claridad, por la transparencia y porque los recursos públicos del orden que sean, municipal, estatal o federal tengan un buen uso y el destino para el cual fueron programados en sus gastos.

Es el caso de lo que hoy se plantea, nos hace recordar la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público hace algunos días, en su presencia comentamos el abuso de la discrecionalidad con que utilizó la figura del fideicomiso. No fue suficiente que esta Cámara de Diputados le dijere, le señalara, le explicara y fijara su posición, fue necesario que días después organismos internacionales dijeran que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esta Cámara de Diputados tienen los peores mecanismos para la rendición de cuentas y esto no debe de seguir siendo así.

Por eso, en su momento hicimos la convocatoria desde el Partido Nueva Alianza, para que esta Legislatura no permita que el próximo gobierno utilice discrecionalmente y no abuse de la figura del fideicomiso so pretexto de la secrecía que el mismo implica para ejercer el gasto público.

Pero también queremos que el próximo gobierno no esté llevándole sorpresa tras sorpresa a esta Cámara de Diputados y a los gobiernos estatales, el recorte del PAFEF es una sorpresa más que nos trae el gobierno de la República a través de su secretario de Hacienda.

No le es suficiente legislar desde la Miscelánea Fiscal, quiere aún pasar por encima, no nada más en la recaudación sino en el gasto público, aplicando su solo criterio y dejando de lado el trabajo de esta Cámara de Diputados.

A todos los estados, el criterio fue recortarles el 22 por ciento, sin plantear mecanismos, sin llegar a un acuerdo, sin establecer un diálogo, sin respetar las reglas que dieron origen a la etiquetación del gasto, sólo única y sencillamente porque para efectos de gasto lo que prevalece es el criterio del secretario de Hacienda y no las reglas que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A Sinaloa simplemente le recortaron 142 millones de pesos. Cómo es posible que nosotros, que tenemos el contacto directo con el electorado; cómo es posible que a nosotros, que tenemos el contacto directo con las demandas de los mexicanos; no se nos permita tener racionalidad y buen juicio para participar en esto y simple y sencillamente le dé al traste este recorte a todos los compromisos de obra pública y de infraestructura.

Por eso estamos de acuerdo con este punto que presentaron nuestros compañeros y pedimos que el Secretario de Hacienda presente cuentas claras, se vuelva un hombre transparente en la disposición de sus políticas y criterios y deje de asumir las responsabilidades de los diputados federales. Es cuanto señor Presidente y le pido que se incluya en el Diario de Debates esta participación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Pedro Montalvo, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Gracias Presidente. Recojo aquí, al inicio de este sexenio, algunas palabras dichas por el Ejecutivo: "El Presidente propone y el Congreso dispone".

Ya pasó en el tema del agro y en ese momento en el tema del PAFEF. Veracruz, 295.9 millones de pesos, presumiblemente es lo que Hacienda retira, significa para el estado principalmente el pago a pensiones, gente, trabajadores que en contraparte del recurso del estado comprometido va en este sector. Pero no sólo eso, obras por más de 148 millones de pesos que ya están puestas en marcha, licitadas, pero sobre todo a punto a terminar.

Recojo también algunos comentarios dichos aquí mismo por el titular de Hacienda, donde maneja que hay una estabilidad financiera, un control de la micro y macro economía. Sin embargo, en el hecho estamos revueltos. No tiene caso hablar de todos esos temas y al ratito quitar recurso que ya está comprometido y finalmente etiquetado desde tiempo atrás.

En cuanto a mi compañero el diputado del PAN que aquí subió y que de veras le aplaudo porque dijo algo importante: estar de acuerdo en la explicación que el titular de Hacienda tiene que hacer a esta soberanía, más no en la diatriba y en la denostación. Sin embargo, trae aquí temas de coyuntura, temas que no tienen que ver y solamente le menciono que hay que buscar a Ulises Ramírez, ex presidente de Tlanepantla, que ahora es senador y trae su "bronca" allá atrás. Mejor no nos metemos en ese tema.

Vayamos bien acerca del presupuesto que ya está autorizado; que ya hay compromisos en los estados y que se tiene que aplicar y que si algún ejecutivo del estado está haciendo desorden de sus recursos, que vaya a las dependencias correspondientes para exigirles la salvedad en cada peso. Pero aquí el tema es que el de Hacienda entregue lo que es de México, independientemente de si ahora le alcanza o no le alcanza para salir del rumbo que ya está programado. Es cuanto Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Montalvo. Tiene la palabra el diputado José Manuel Del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado José Manuel Del Río Virgen: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo ante esta soberanía para llamar su atención y acuerden ustedes un punto, para el efecto de que el Secretario Francisco Gil Díaz comparezca en las Comisiones Unidas de Presupuesto y también de Hacienda.

Se trata de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dé una explicación: por qué motivo hace un recorte de 5 mil millones de pesos de una partida trascendental para el desarrollo de México. Además, solamente faltan 15 días y como están acostumbrados algunos, "al cuarto para las doce" dicen que se acabó el dinero. No es posible.

Convergencia no puede ser por ningún motivo omiso y Convergencia le pide a todos los partidos políticos aquí representados que firmen este acuerdo de que venga el señor Secretario de Hacienda y Crédito Público y dé una cuenta clara y transparente —como aquí se ha dicho— de por qué motivo se tiene que recortar en 5 mil millones de pesos el PAFEF.

No es posible, alcaldes, gobernadores, la propia Federación requieren de ese dinero para poder trabajar. No es posible que se le recorte dinero a ningún gobernador, no importa el partido que sea. Aquí lo que importa es que se invierta en infraestructura para que los municipios puedan avanzar y no sigan sometidos en la pobreza, en la ignominia, en el abandono. Que se pueda pavimentar caminos, que haya agua potable; tan solo en el Totonacapa, el 17 por ciento, de todos sus habitantes no tiene agua potable. Tan solo en el Totonacapa nos falta aproximadamente 286 escuelas; tan solo en Totonacapa nos falta electrificar el 5 por ciento de toda la población.

Y así es Nayarit, y lo mismo es en Yucatán y lo mismo es en Jalisco, necesitamos que ese dinero se ejerza transparentemente por los gobernadores, por los alcaldes; pero que se ejerza para que los ciudadanos que viven en condiciones de verdadero atraso puedan avanzar.

Es el momento, compañeras y compañeros de todos los partidos, que nos pongamos de acuerdo y que ese dinero por ningún motivo se le recorte a los más pobres de este país. Ese dinero es precisamente para que se pueda hacer obra educativa, carretera, de agua potable, de desarrollo regional.

Llamo su atención, diputadas y diputados, para que por primera vez tengan un acuerdo fuerte por México, que Francisco Gil Díaz, con todo rigor y en una actitud honorable venga y diga por qué motivo quiere recortarle a los mexicanos una cantidad tan considerable.

Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Del Río. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Ahora consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Se concede el uso de la tribuna al diputado Humberto López Lena, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo, para que se brinde seguridad a las estaciones de radio en el estado de Oaxaca.

El diputado Humberto López Lena: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.

La Ley Federal de Radio y Televisión establece en sus artículos que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

El artículo 10 por su parte señala que complete a la Secretaría de Gobernación vigilar que las transmisiones de radio y televisión no ataquen los derechos de terceros ni provoquen algún delito o perturben el orden ni la paz, así como denunciar los delitos que se comentan en agravios a las disposiciones de la Ley de Radio y Televisión.

Con motivo del conflicto que priva en la entidad y que hoy cumple más de 162 días se han agudizado las agresiones a los distintos medios de comunicación electrónicos y escritos, principalmente a las radiodifusoras. Es por ello que, a través de los distintos medios, se ha solicitado a las autoridades competentes garantizar al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando a las empresas radiofónicas de Oaxaca trabajar en libertad.

Si bien es cierto que en días pasados fueron liberadas las últimas radiodifusoras tomadas, también es cierto que por la misma inseguridad que prevalece en Oaxaca el día de hoy todas las radiodifusoras de la ciudad capital están fuera del aire, dejando sus transmisiones porque están siendo tomadas por ellas. Lo es el caso de la estación XEPNX de Pinotepa Nacional, que fue tomada el día de ayer y hoy está enfrentando las amenazas de algunos grupos que no pueden realizar sus transmisiones.

Esta situación de ilegalidad se acompaña de otras más graves y delicadas, pues desde el pasado jueves 28 de octubre inició sus transmisiones de manera ilegal una estación de radio en la frecuencia 99.1 de FM, denominada Radio Ciudadana Voz de Oaxaca. Desde estas transmisiones se apoya al gobernador Ulises Ruiz, se señala de manera irresponsable a terceros de estar detrás del conflicto, generando con ello mayor encono entre los oaxaqueños.

Por todo lo anterior se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Se solicita a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen la seguridad de las estaciones radiofónicas en el estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus respectivas competencias condone el pago del IVA y del ISR a las estaciones radiofónicas tomadas.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República investigue a los responsables intelectuales y materiales de la transmisión de manera clandestina que se encuentra con la nueva radiodifusora en la frecuencia 99.1 de FM, Radio Ciudadana Voz de Oaxaca, y

Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se suspenda de manera inmediata la transmisión clandestina que se hace llamar Radio Ciudadana y actuar en consecuencia, presentando la denuncia ante las autoridades correspondientes por la utilización ilegal del espectro radioeléctrico. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado López Lena. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia informa que los grupos parlamentarios acordaron incorporar en este momento diversas intervenciones para hacer referencia a la situación política del estado de Oaxaca. La Mesa Directiva, con las facultades que le confieren los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, no tiene inconveniente en incorporar el debate pactado, notificando que se realizará en los siguientes términos.

Se registrarán hasta dos turnos de intervenciones de los grupos parlamentarios que deseen participar, en orden ascendente y hasta por cinco minutos.

Para la primera ronda se han inscrito: el diputado Delio Hernández Valadés, de Alternativa; Humberto Dávila Esquivel, de Nueva Alianza; Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo; Alberto Esteva Salinas, de Convergencia; Antonio Xavier López Adame, del Verde Ecologista; Raúl Cervantes Andrade, del PRI; Daisy Selene Hernández Gaytán, del PRD; y Juan José Rodríguez Prats.

Si algún diputado solicita la palabra para alusiones personales se le dará en el momento que corresponda. Si algún diputado solicita la palabra para hechos se anotará hasta después de que terminen los que están inscritos en la segunda ronda, que son los siguientes:

Elsa Conde Rodríguez, de Alternativa; Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; Patricia Villanueva Abraján, del PRI; Othón Cuevas Córdova, del PRD y Edgar Martín Ramírez Pech, del PAN.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Delio Hernández Valadés, del grupo parlamentario de Alternativa.

El diputado Delio Hernández Valadés: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Podemos decir, con toda convicción que a raíz de los últimos acontecimientos, Ulises Ruiz ya no cabe en Oaxaca. "Ulises ya cayó", es el grito de guerra del pueblo en resistencia.

Un simple problema salarial lo convirtió en un reguero de pólvora que incendió al pueblo oaxaqueño al grado de movilizar a todos los sectores de la población en torno a un gran movimiento social y político.

Sin embargo, la lucha contra Ulises Ruiz no sólo se inició por la demanda de mejores salarios, sino también por desterrar al sistema político caciquil que ha imperado desde hace décadas y que se niega a morir.

Ulises Ruiz acabó con la paciencia de los oaxaqueños. Desde que asumió el poder convirtió a su gobierno en represor y fascista. Han sido cientos los dirigentes asesinados durante los gobiernos caciques. El único delito de estos líderes sociales fue defender las causas más nobles del pueblo de Oaxaca, pedir la solución de la añeja problemática social, indígena y campesina; así como impedir el brutal saqueo de los recursos naturales y el respeto a las libertades políticas y democráticas.

Pareciera que Oaxaca ya no tenía ninguna esperanza para romper con este estado de cosas. Cuánta sangre más debería correr, qué destino nos deparaba a los oaxaqueños con estos criminales en el poder.

Pero el pueblo ha dicho basta y fue el arrojo de los maestros lo que encendió la mecha y se inició el gran movimiento de resistencia contra los agravios del gobernador.

A las pocas semanas ya tenía a toda la sociedad en su contra. Apareció la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, sumando entre sus filas a los sectores más conscientes y combativos de la población resueltos a acabar con el tirano y su régimen corrupto.

La organización y la movilización combativa fueron la única estrategia que encontró el pueblo para poner de rodillas al gobernador cacique y sus lacayos.

El movimiento social en Oaxaca no es una simple revuelta sin sentido. La razón está de lado de los insurrectos. Al final, la victoria debe ser para el pueblo. Y hoy por hoy, aunque la ciudad de Oaxaca esté tomada por miles de elementos de la Policía Federal Preventiva y demás cuerpos policiacos, no impedirán la salida del gobernador Ulises. Porque en Oaxaca la ingobernabilidad es total, la crispación política está al límite y el estallido social es inminente.

Lo peor puede estar apenas por venir. No obstante, nadie sensato desearía que corriera una gota más de sangre entre los oaxaqueños por culpa de la cerrazón política y la negligencia criminal.

Es por esto que las y los diputados del grupo parlamentario de Alternativa, desde esta tribuna le hacemos un llamado al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para que si le queda algo de dignidad y decoro, dimita de su cargo para terminar con esta situación de angustia y zozobra que padece hoy Oaxaca. Señor gobernador, hágalo por usted por su familia, por su tierra, por su pueblo que sufre.

Finalmente le hacemos un enérgico llamado al Presidente de la República, Vicente Fox, para que ordene la salida inmediata de las fuerzas federales del estado de Oaxaca, para que la entidad recobre la paz y la armonía que les fueron arrebatadas. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Delio Hernández. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Humberto Dávila Esquivel, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Y esta Presidencia saluda respetuosamente a los estudiantes de la Universidad Marista, que se encuentran presentes aquí en este recinto.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Para quienes representamos al pueblo no hay mordazas ni controversias que nos hagan declinar en nuestra responsabilidad. No hay límites en el llamado. Nos interesa Oaxaca, nos interesa México.

Para Nueva Alianza la democracia se traduce en respeto, tolerancia y diálogo; jamás debe asociarse con intransigencias, abuso e imposición.

Más allá de partidos e ideologías, los últimos hechos no pueden calificarse como actos de una república democrática. La aspiración democrática por la que hemos luchado sociedad y partidos, se desvanece ante la cruda realidad de los 166 días de conflicto.

Es imprescindible reiterar que la fuerza pública, aún cuando sea legítima y se use correctamente, no representa la solución a la crisis de Oaxaca. La solución tiene que ser duradera, a largo plazo y pasar necesariamente por una urgente atención de las demandas sociales y políticas de los maestros y demás sectores de la población oaxaqueña.

Nueva Alianza exige a las autoridades federales y estatales que garanticen la integridad física y en sus propiedades de toda la sociedad; esta es la condición mínima que justifica la existencia del Estado mexicano.

Los oaxaqueños, particularmente los maestros, niñas, niños y jóvenes tienen el derecho a recuperar la tranquilidad para el desarrollo de su vida diaria. Por ello, hacemos un enérgico llamado y exhorto a las partes a deponer la actitud rijosa para facilitar los acuerdos y restablecer el orden en la entidad.

Es intolerable la muerte de ciudadanos mexicanos o extranjeros. Sin embargo, es triste reconocerlo, pero el hecho de que uno de los muertos haya sido estadounidense, le dio un sentido de urgencia a la intervención de la Policía Federal Preventiva, que no habían generado los homicidios previos de una docena de oaxaqueños.

Por eso, exigimos que todas las transgresiones al orden jurídico y particularmente las violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo de este conflicto, sean esclarecidas plenamente y castigados los responsables.

Vivimos en un país democrático, bajo un sistema de leyes que tienen que ser respetadas y aplicadas. Por eso exigimos que todos los homicidios perpetrados durante el desarrollo de este conflicto sean atraídos para su investigación y esclarecimiento por el Ministerio Público federal.

Al día de hoy casi todos han puesto de su parte: la sociedad oaxaqueña, sus niños, niñas, adolescentes, maestros, organizaciones y gobierno federal han pagado un alto costo. ¿Hasta cuándo, Ulises Ruiz? ¿Cuántos muertos tiene que haber? ¿A cuántos extranjeros se tiene que asesinar para que reconsidere su postura y deje el cargo?

Es responsabilidad de todos el asumir una posición madura ante los hechos que han ensombrecido el clima social y político de Oaxaca. Estamos ante posiciones que anteponen sus intereses personales o de grupo a los de la sociedad. Eso es intolerancia.

La sociedad oaxaqueña demanda paz, tranquilidad y apertura de las escuelas para sus hijos. La sociedad oaxaqueña ha dejado de confiar en sus gobernantes; ellos los ignoraron, ellos piden que se retiren para dar oportunidad a la concordia.

No hay controversia constitucional ni poder que esté sobre el juicio ciudadano. La retirada del señor Ulises Ruiz es una de las condiciones para restituir la paz y el orden en la entidad. Nueva Alianza, como la sociedad oaxaqueña y México, demandamos urgentemente una solución integral al problema. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Humberto Dávila. Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo condena enérgicamente el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto político en el que vive el estado de Oaxaca desde hace varios meses.

El gobierno de Fox sólo pudo resolver mediante la violencia un conflicto netamente político, que tuvo su origen hace algunos meses en la negativa del gobierno federal para satisfacer la justa demanda de la rebonificación salarial del magisterio oaxaqueño.

A lo anterior hay que agregar que el gobernador Ulises Ruiz no ha sido sensible a la demanda de amplios sectores de la población de Oaxaca de separarse del cargo ya que él no garantiza la gobernabilidad del estado; antes al contrario, su presencia sólo sirve para agudizar el conflicto. Su pretensión de mantenerse es dar patadas de ahogado, porque está demostrado que el pueblo oaxaqueño lo rechaza en todo lo que representa.

A Ulises Ruiz se le olvida que el verdadero poder político de una sociedad reside en el pueblo, no en la fuerza pública ni en las instituciones. ¿Acaso quiere más pruebas de ello?

Compañeras y compañeros legisladores: la violencia no resuelve absolutamente nada, sólo lastima a la población y genera desconfianza hacia la autoridad. En Oaxaca, los lamentables decesos que han ocurrido, como el asesinato del viernes pasado del camarógrafo estadounidense y el día de antier de Jorge Alberto López, son responsabilidades directas del gobierno estatal y del gobierno federal.

Hoy, nuestro grupo parlamentario ve que el contenido de la proposición con punto de acuerdo que presentamos ante esta soberanía, para que el conflicto oaxaqueño fuera resuelto por la vía del diálogo y la negociación volvemos a confirmar que esta es la vía, la única vía para resolver el problema de Oaxaca.

De ninguna forma compartimos el discurso del secretario de Gobernación y del secretario de Seguridad Pública Federal, en el sentido de que la intervención de la Policía Federal Preventiva se debe a que previamente la Legislatura del estado invocó a la protección del gobierno federal, con fundamento en el primer párrafo del artículo 119 de la Constitución Federal.

En Oaxaca no hay sublevación y el trastorno interior se debe a la incapacidad del gobierno estatal para poder solucionar el conflicto salarial y a la desmedida ambición de Ulises Ruiz, para aferrarse al poder.

En Oaxaca se han violado por parte del gobierno federal los derechos humanos. El gobierno de Fox pasará a la historia como un gobierno represor y el gobierno de Oaxaca, Ulises Ruiz, quedará como una persona que le importa más su apetito de poder que servir al pueblo.

En Oaxaca, el Senado de la República determinó que no había elementos para declarar la desaparición de poderes, pero sugería la separación del gobernador del estado.

Hoy, con la presencia de las fuerzas policíacas en el estado queda de manifiesto que no hay gobierno en el estado de Oaxaca. Ulises Ruiz no gobierna a nadie, el Legislativo local no legisla y el Judicial no funciona.

En Oaxaca no hay poderes, éstos han desaparecido y como consecuencia de ello, llegado el caso, de que el Senado de la República designe un gobernador interino o bien, remitirnos a las disposiciones de la Constitución del estado en la recomposición de los poderes locales.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reivindica la vía del diálogo. Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca, fuera la violencia. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Arreola. Tiene la palabra el diputado Humberto López Lena Cruz, del grupo parlamentario de Convergencia.

El diputado Humberto López Lena Cruz: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Tres, tres son los oaxaqueños muertos con los que cargarán por siempre en su conciencia y uno de ellos apenas un adolescente de 14 años. Nadie hubiera caído, nadie hubiera muerto si no fuera por la necedad y resistencia de seguir sosteniendo a Ulises Ruiz.

Si no fuera por la muerte del periodista Brad Will y de 16 oaxaqueños más asesinados por los grupos de choque, encabezados por los dirigentes priístas, los mismos que a través de una transmisión radial ilegal "radio Ulises" en el 99.1 de FM hacen proselitismo a favor del gobernador, generando con ello mayor encono y división entre los oaxaqueños.

Nadie más hubiese muerto si los senadores hubiesen actuado de manera responsable y si hubiesen reconocido que la situación de ingobernabilidad que priva desde hace más de cinco meses en Oaxaca hace imposible el sostenimiento de Ulises Ruiz frente al gobierno del estado.

Por eso no les importa ni les interesa ni les conmueve, solamente les importa sostener a como dé lugar, incluso con la utilización de la fuerza pública, a alguien que el pueblo oaxaqueño ya no quiere.

Desde aquí exhortamos al Presidente Vicente Fox a ordenar el retiro inmediato de la PFP en Oaxaca. La licencia o renuncia de Ulises Ruiz no es suficiente. Desde aquí exhortamos a todos los partidos políticos a impulsar la demanda de juicio político presentado en su contra, a impulsar las auditorias a su gobierno y a su antecesor como medidas legales y legítimas, como las que contamos para obligar a solicitar la licencia y a atender el exhorto del Senado y de esta Cámara.

El día de ayer, miles de oaxaqueños marcharon desde tres puntos distintos al zócalo de Oaxaca, concentrándose en las instalaciones de la Universidad para manifestar su rechazo a la torpe decisión de ordenar la intervención de la Policía Federal Preventiva para tratar de sostener solo a Ulises Ruiz.

Los errores son cada vez más continuos. A las muertes de los mineros de Pasta de Conchos, lo de Atenco, Sicarsa, la cancelación de la lectura del Informe en esta tribuna, la cancelación del Grito y de las festividades del 20 de noviembre, se suma el envío de las tropas federales a Oaxaca.

Si el 14 de junio el pueblo de Oaxaca se unió en contra de la intervención policial, desde el domingo 28 el pueblo de México se está uniendo en contra de la presencia y de la permanencia de la PFP en Oaxaca. ¿Vale la pena sostener a un dizque gobernador que ya no gobierna? ¿Creen ustedes que la PFP podrá mantenerse en Oaxaca sin que se presenten brotes de violencia, de confrontación con la población durante su permanencia?

No compañeras y compañeros legisladores. No, ni con toda la fuerza del Ejército, de la Marina o de la PFP se podrá sostener a quien ha resquebrajado la paz social, la armonía y la estabilidad social y política de los oaxaqueños. Es falso que hoy estén regresando a las aulas la totalidad del magisterio oaxaqueño.

En la ciudad de Oaxaca no hubo clases el día de ayer ni el de hoy. Con la presencia de la PFP se están cancelando las puertas de diálogo político, y lo que urge es que el gobierno federal convenza al PRI que la permanencia de Ulises es insostenible y todo en aras de mantener una alianza con el PRI. Esa alianza les está saliendo demasiado cara. ¿Vale la pena seguir manteniendo una alianza que nos está arrastrando?

El grupo parlamentario de Convergencia se suma al exhorto aprobado el día de ayer y lo hace convencido de que la solución al conflicto de Oaxaca no es la confrontación innecesaria y hace un llamado a Ulises Ruiz para que actúe de manera responsable y asuma si aún queda algo de ética…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Le pido que termine, señor diputado.

El diputado Humberto López Lena Cruz: … responsabilidad y amor por Oaxaca y que presente su licencia de inmediato. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado López Lena. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El conflicto en el estado de Oaxaca ha venido a plantear un gran reto para nuestra democracia. Este desafío consistirá en saber si somos capaces de adoptar una auténtica visión de Estado que nos lleve a pactar más y mejores medidas para abatir la marginación, el rezago educativo, la pobreza y otras injusticias económicas y sociales o si, en su caso, sucumbiremos ante las divisiones, las recriminaciones mutuas y no someteremos, como otras muchas veces, a intereses puramente político-electorales.

De no convencernos, señoras y señores diputados, de la necesidad de actuar con visión de Estado, permitiremos que el diálogo sea desplazado por hechos de violencia como de manera muy desafortunada ha sido el caso de Oaxaca, pues es claro que todo este conflicto ha arrojado ya varios muertos y heridos.

Dicha visión de Estado requerirá que todas las fuerzas políticas reconozcamos que el diálogo y la negociación sólo ocurren sobre la base de ciertas reglas; siempre será necesario establecer un piso mínimo de normas de convivencia para que podamos impulsar un diálogo productivo y eficaz.

Desafortunadamente las reiteradas violaciones a las garantías individuales de los oaxaqueños, el encono político y social prevaleciente en el estado, así como los hechos de violencia llevaron a que las fuerzas del orden tomaran medidas para reestablecer el estado de derecho.

Bien cierto es que en nombre del diálogo no pueden justificarse excesos ni abusos de la fuerza pública. Por eso en el Partido Verde consideramos que reestablecer el orden significa ante todo lograr que se respeten los derechos de los oaxaqueños, nada más; pero tampoco, nada menos.

Por estas razones celebramos que exista coincidencia en señalar que la intervención de la Policía Federal Preventiva es una medida de disuasión, un mero mecanismo para reestablecer el orden en la capital oaxaqueña, pero que dicha intervención no puede considerarse desde ningún punto de vista una solución al conflicto que se vive en la entidad.

El diálogo en Oaxaca debe continuar. La intervención de la fuerza pública de ningún modo excluye nuestra responsabilidad para seguir impulsando mesas de consulta y de debate en torno a las múltiples problemáticas que enfrenta nuestro estado. De eso se trata la democracia, de dialogar, de deliberar.

Hoy más que nunca es necesario establecer mecanismos de reconciliación. Resulta de suma importancia que los partidos políticos contribuyamos a reconciliar los intereses y los agravios tanto de aquellos que impulsaron este movimiento, como de aquellos que se vieron afectados por el mismo.

Este es el momento, compañeros legisladores, para que propongamos mejores leyes para impulsar mayores presupuestos, para que trabajemos, por ejemplo, en la firma de convenios de promoción turística con los sectores público y privado, y así se superen en parte las pérdidas sufridas por más de 160 días de conflicto. Éste es el momento de proponer.

El nuevo reto de la democracia mexicana se llama ahora Oaxaca, pero puede ser cualquier otro estado, puede ser incluso el país entero, y lo reitero; este reto consiste en dotar a nuestra democracia de legitimidad y de eficacia. Nuestro reto será abandonar las fronteras que nos imponen los procesos electorales para impulsar políticas públicas que ofrezcan resultados a la población.

Debemos lograr que sea los menos los ciudadanos que decidan asumir posturas radicales, garantizando que siempre existan vías institucionales para canalizar y resolver las diferentes demandas y exigencias, pero asegurando también que dichas vía se encuentren abiertas, que sean funcionales y que sean reconocidas por la población.

Por lo anterior los integrantes del Partido Verde Ecologista de México comprometemos nuestro trabajo, pues sabemos de la urgencia:

Primero, de legislar en materia electoral con objeto de reducir la presión sobre la competencia política y que nos demos más tiempo y oportunidad para la deliberación y el acuerdo.

Segundo. Impulsar un verdadero federalismo que incluya no sólo la redistribución de recursos, sino que contemple la participación de las autoridades locales en la formulación de los programas sociales y que además dichas autoridades se comprometan a evaluar y mejorar su desempeño y la calidad del gasto que ejercen.

Tercero. El diseño de reformas para establecer con claridad mecanismos de rendición de cuentas así como de participación de los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña y de todos los estados en el proceso de desarrollo regional y local.

Y concluyo. Oaxaca no precisa más divisiones ni requiere que abonemos más al enfrentamiento. Oaxaca nos necesita a todos. Yo estoy seguro de que podremos salir adelante, pues si bien Oaxaca hoy parece ser sinónimo de conflicto, no olvidemos que también es una de las entidades que recoge las tradiciones más entrañables y los más valiosos atributos culturales de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Xavier López. Tiene la palabra el diputado Raúl Cervantes Andrade, del grupo parlamentario del PRI.

El diputado Raúl Cervantes Andrade: Mil gracias. La propuesta del grupo parlamentario del PRI después de haber tenido una plenaria de manera respetuosa, flexible, institucional, concluimos en no apoyarlo por el principio del estado de derecho, concepto que repite mucha gente pero que muy poca gente sabe desde el punto de vista doctrinario qué significa.

No puedes hacer valer nunca y por ningún motivo, una norma dejarla de lado, por un concepto que no existe en nuestro régimen jurídico ni mucho menos se desprende de la Constitución, que se llame conveniencia política, que se llame gobernabilidad.

El Senado de la República que es el único que tenía facultades para revisar, si, "ex ante" de hecho habían desaparecido los poderes en Oaxaca y que su facultad era una declaratoria de ese reconocimiento de facto, concluye en su dictamen que existen los Poderes en Oaxaca, legalmente elegidos.

No existe otro instrumento constitucional para pedirle a un gobernador que renuncie que un grupo violentando la ley, con necesidades que pueden ser válidas. Esta soberanía que hace y construye las leyes, que en la Cámara reside la voluntad y la soberanía de este pueblo mexicano en cumplimiento constitucional al término de representación puede violentar la ley y crear un nuevo concepto de conveniencia política aún y cuando hubiera sido electo constitucionalmente y aun y cuando el único órgano que lo podía haber desconocido, la desaparición de Poderes, no lo hizo.

Ergo si el Senado dijo que hay Poderes, todas las instituciones deben de fortalecer a ese estado, que si está en crisis, a esta soberanía y la del Ejecutivo federal les corresponde generar lo que sí tiene facultes, el suficiente presupuesto para llevar otra vez al orden al estado.

No podemos pensar que con este nuevo criterio podríamos darle la vuelta a la ley. El pueblo es el que emite a través de esta soberanía las leyes y se puso orden al pueblo, para generar un instrumento del 72 constitucional para que haya leyes emitidas y se cumplan, esto es el estado de derecho.

No, la ley es conveniente a veces aplicarla y a veces no, las sentencias judiciales a veces conviene aplicarlas y a veces no. Las facultades del Senado a veces son las adecuadas y en otras ocasiones no, así no se construye el país, así no se construye este país. Se construye con el respeto de las leyes y tenemos instrumentos jurídicos para llevarla a cabo, tenemos instrumentos políticos para pronunciarse y tenemos forma de darle solución al pueblo de Oaxaca.

No le estamos negando ni justicia ni soluciones a su problema, lo que le estamos generando es, primero el respeto al estado de derecho, para que la conducción social tenga fin, un buen fin. Una constitución no es un instrumento per sé, jurídico, ¿eh?, por eso se llama Constitución Política, son las normas de los grupos sociales que se dan a si mismo para poder solucionar problemas de esta envergadura, y la Constitución ni la local ni la federal señala que puede hacer un exhorto a gobernadores para que renuncien porque un grupo pide su cabeza y de "ex ante" todo el tiempo. Hechos públicos y notorios y que se han mencionado en esta tribuna, han sido violatorios de la ley.

Nosotros, como posicionamiento seguiremos defendiendo conceptualmente el principio del estado de derecho, su ordenamiento y su aplicación, su conducción a través de la ley y la solución. Y no creando —por ningún motivo— un nuevo concepto: conveniencia política arriba de la ley. Nosotros queremos la ley arriba de la conveniencia política. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Raúl Cervantes. Tiene la palabra la diputada Daisy Selene Hernández Gaytán, del grupo parlamentario del PRD.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán: Con su permiso, señor Presidente. La entrada de miles de policías federales hizo aún más evidente la situación de ingobernabilidad que vive el estado. En Oaxaca, lo que hay es una sociedad que exige el fin de un gobierno despótico, caciquil, asesino e insensible. En Oaxaca no hay paz social, en Oaxaca hubo prudencia de la gente para no buscar un baño generalizado de sangre. Pero eso no significa que las causas del conflicto están resueltas.

Permanece el reclamo por la muerte de 15 ciudadanos asesinados por policías vestidos de civil, por cuerpos de matones puestos al servicio del poder autoritario, represor y asesino. Estos son los nombres de las personas que han muerto, cuya investigación exigimos y de la cual consideramos el responsable político, a Ulises Ruiz Ortiz:

Silvestre Cruz Bautista. Murió por Oaxaca.

Alejandro García Hernández. Murió por Oaxaca.

José Jiménez Colmenares. Murió por Oaxaca.

Leticia Castellanos Ramírez. Murió por Oaxaca.

Anteodoro Santiago Julián. Murió por Oaxaca.

Emilio Alonso Fabián. Murió por Oaxaca.

Pánfilo Hernández Vázquez. Murió por Oaxaca.

Jaime René Calvo Aragón. Murió por Oaxaca.

Marcos García Tapia. Murió por Oaxaca.

Lorenzo San Pablo Cervantes. Murió por Oaxaca.

Bradley Rollan Will. Murió por la libertad de expresión.

Rubén Vicente Solís Pérez. Murió por Oaxaca.

Jorge Alberto López Bernal. Murió por Oaxaca.

Fidel Sánchez García. Murió por Oaxaca.

Estos dos últimos murieron en el desalojo pacífico de la PFP —según Vicente Fox. Con todo respeto les pido por favor señoras y señores diputados, que nos pongamos de pie como señal de respeto a la memoria de estos ciudadanos y se guarde un minuto de silencio en su honor.

(Minuto de silencio)

Los diputados de Oaxaca les pedimos a todos ustedes que, sin considerar partidos ni conveniencias de la coyuntura, no seamos cómplices. Que no guardemos silencios cínicos y cómodos.

Cumplamos con nuestra responsabilidad de representantes populares. No dejemos que la verdadera paz social pierda posibilidades y carezca de significado para el pueblo de Oaxaca. ¿Qué es lo que requiere entonces diputados y diputadas? Que salga Ulises Ruiz, que no haya impunidad, que haya justicia. Sólo de esa manera podremos recobrar la tranquilidad y la dignidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Daisy Selene Hernández Gaytán. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan José Rodríguez Prats, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señor Presidente. Permítaseme iniciar con una digresión histórica. En todas las entidades federativas se ha vivido problemas similares, ¿cómo resolvía el anterior sistema político estos conflictos?, atropellando el estado de derecho y atropellando el federalismo. El secretario de Gobernación, le solicitaba la renuncia al gobernador en turno. Podremos dar muchos ejemplos, prácticamente no hay ninguna entidad federativa, que no haya tenido esta triste experiencia.

Y hoy, he aquí la primera lección, el gobierno federal ha respetado escrupulosamente la norma jurídica y efectivamente nos enfrentamos, como suele suceder cuando la realidad cambia más rápido que la ley, ante una disposición obsoleta, ante una disposición disfuncional.

Efectivamente la fracción V del artículo 76, que concede como atribución exclusiva del Senado, el declarar la desaparición de poderes, no es la aplicable en este caso. Nunca se puede dar prácticamente la desaparición de los tres poderes.

Por eso, he aquí la primera lección y es una responsabilidad de esta legislatura, presentar una iniciativa y lo haremos en fecha próxima, el diputado Diodoro Carrasco y un servidor; para que en lugar de hablar de desaparición de los tres poderes, hablemos de condiciones de ingobernabilidad que declare el Senado, para que proceda el cambio del titular del Poder Ejecutivo.

Pero de ninguna manera esto nos debe conducir, a que definitivamente por conveniencia política, se quiera desechar lo que es un problema de conveniencia social. En Oaxaca hay una verdad que se impone—y bien lo decía Ghandi, "la verdad debe ser práctica"—, hay un gobernador que no puede gobernar.

Esta es la realidad que debemos enfrentar y este es el gran compromiso, como lo asumió el Senado de todas las fracciones, en relación a solicitar lo que está por encima de la norma jurídica, que es la responsabilidad ética, que es la conciencia que al final de cuentas, distingue o nos ayuda a distinguir lo bueno de lo malo.

Eso es lo que el Senado hizo en forma unánime y que yo creo que nosotros debemos respaldar, por simple sentido del deber, que está sobre la norma jurídica y que viene desde el derecho natural, allá en el siglo XVI, con el padre Francisco Victoria y Francisco Suárez.

El gobierno federal, actuó y aquí nadie puede imputarle que no haya pretendido agotar todos los medios para encontrar una solución pacífica y una solución política al conflicto. Así lo hizo, actuó conforme al derecho —lo dijo aquí Carlos Abascal—, en el sentido..., con mucho gusto aceptó interpelaciones señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Les pido, que respeten al orador, no se aceptan los diálogos. Adelante diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Así lo hizo, aquél señor secretario de Gobernación, al indicar que la Secretaría, a diferencia de antaño ni pone ni quita gobernadores. Que actúo, porque lo solicito el jefe del Ejecutivo y el congreso local; pero fundamentalmente por una razón superior, por los derechos de terceros, por los derechos de los niños, por los derechos de quienes quieren ejercitar la libertad de expresión y la libertad de tránsito, por el derecho de Oaxaca a vivir en paz y en armonía, y en convivencia y en estado de derecho.

Un viejo sabio de la política, don Adolfo Ruiz Cortines, decía que cuando un partido o un funcionario se equivoca al designar un subalterno, tiene tres efectos:

El primer efecto; se daña una institución. Se equivocó el Partido Revolucionario Institucional, no se aferren al error.

En segundo lugar; se daña a la persona en la cual recayó ese nombramiento. El mismo Ulises Ruiz, por su bien debe renunciar. Y en tercer lugar, —decía don Adolfo Ruiz Cortines—se pierde al amigo.

En esta ocasión es el deber que tiene un partido con su militante, ¿hasta dónde debe llegar esta mal entendida lealtad? De ninguna manera cuando está en juego el interés social y el interés de la patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Para la segunda ronda tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. El grupo parlamentario de Alternativa se une a todas las voces que condenan el uso de la fuerza pública en Oaxaca y solicita al Ejecutivo que ordene su salida inmediata.

Nuestro grupo hace también un llamado respetuoso a todos los actores políticos para que a la brevedad se reinstale la mesa de negociación para que la política sea el único instrumento que normalice la vida civil y democrática de ese estado del país.

También exigimos que se den garantías a los integrantes de la Sección 22 del magisterio, a los integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y a las diversas organizaciones indígenas y ciudadanas, para que se respete su integridad y sus derechos humanos.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy reiteramos que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz es la medida más pertinente para reencauzar de inmediato la vida cotidiana del estado de Oaxaca y así evitar más daños a la economía, a la seguridad, a la educación de niñas, niños y jóvenes, pero sobre todo para evitar más violencia y más daños a la convivencia social en barrios y comunidades.

Una reforma profunda de la política y del poder en Oaxaca es una de las condiciones necesarias para avanzar en los terrenos que más importan a las personas y a las comunidades. Oaxaca requiere transformaciones de fondo en su sistema político y en su sistema de gobierno, ahora plagado de todo tipo de caciquismos, de opresión social, de discriminación, de corrupción y de arbitrariedad.

El Partido Revolucionario Institucional debe valorar por qué cada día que se prolonga el conflicto el partido sale perdiendo, su partido. Y sale perdiendo porque la defensa a ultranza de Ulises Ruiz es insostenible.

Hablar del principio de derecho en abstracto es un despropósito, cuando el derecho y la legalidad fue lo último que consideró Ulises Ruiz el 14 de junio, cuando optó por una acción policial y abandonó la política y el camino del derecho. Y ya ni qué hablar de su ética.

Él debe responder por los 15 homicidios que se han cometido durante el conflicto, debe responder por los presos políticos y las personas torturadas y que esperan que se les haga justicia. La palabra clave hoy en Oaxaca es justicia, acceso a la justicia, una palabra que el señor Ulises Ruiz sólo reconoce para aferrarse al poder.

Sólo alguien que no le entiende recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a defenderse de un exhorto. Todos salimos perdiendo si el uso de la fuerza pública y no la política es el instrumento que se privilegia para resolver el conflicto de Oaxaca.

Legisladoras y legisladores. Tenemos la gran responsabilidad de mostrar a una ciudadanía, cada vez más escéptica de nuestro actuar, que sus representantes somos capaces de hacer justicia, de resolver los problemas y de exigir cuentas a cualquiera que tenga un cargo público, sin importar su partido de origen.

En una democracia genuina, quienes eligen a sus gobernantes tienen el derecho a removerlos. Dejemos de lado las simulaciones que sólo fortalecen la partidocracia y legislemos de inmediato para hacer efectivo ese derecho a través de la figura de revocación de mandato.

La pregunta que hoy debemos hacernos no es cómo resolvíamos las situaciones en el pasado, sino cómo las resolveremos para el futuro. La revocación de mandato promoverá las actitudes responsables y el mejor desempeño de los funcionarios electos. La revocación de mandato será un acicate para aquel gobernante que sea el primero que actúe no bajo la ley. La revocación de mandato evitará conflictos prolongados como el que ahora nos ocupa.

Por último queremos enviar nuestra solidaridad a la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas "Primero de Agosto" y a todas las organizaciones de la sociedad civil que siguen luchando por un Oaxaca libre y justo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Conde. Tiene la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, de la fracción parlamentaria Nueva Alianza.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Autoridades involucradas competentes e incompetentes en el conflicto de Oaxaca: por omisión, por acción, por negligencia, el escenario actual de Oaxaca ha irrumpido el orden de derecho; la realidad nos dice que la aplicación de la ley ha quedado rebasada.

Entonces por qué permitir también, por otro lado, pretextando la tolerancia, que hagamos de la impunidad el lugar común de convivencia.

¿Será cierto que tuvo que ser la pérdida de una vida extranjera la que desbocó las posiciones y las posibilidades en que las partes actuantes, que se han visto como parte del conflicto, no se han querido ver y sentar responsablemente como parte de la solución?

Dar pauta a que se abran los caminos del entendimiento y las reformas que tanto hemos escuchado por los rezagos ancestrales del sur-sureste y en particular de Oaxaca dará tiempo para que haya más muertos. Dará tiempo para que tengamos más minutos de silencio en esta tribuna, en este Pleno y con esta Mesa Directiva. ¿Cuántos más quieren? ¿Cuál es la coma del andamiaje jurídico que queremos seguir pretextando?

En Nueva Alianza hacemos un llamado sereno, prudente, respetuoso para que el gobernador de Oaxaca pase a ser parte de la solución y el conflicto político que tenemos tenga conductibilidad jurídica y entonces, bajo una sola y única voluntad, que es la de él, pedir licencia al cargo.

El señor gobernador debe de estar pleno de que los oaxaqueños lo eligieron para propósitos distintos que los que hoy se están viviendo en Oaxaca. Al gobernador de Oaxaca no lo eligieron los oaxaqueños para el encono y la pérdida de vidas. Lo eligieron para vivir en paz, para tener progreso, para tener desarrollo.

Por eso, señor gobernador, con todo respeto le solicitamos y esperamos que todas las bancadas en este recinto hagamos eco de ello, le solicitamos sea parte de la solución, del inicio de una solución que todos estamos reclamando, que dé luz a nuevos caminos de entendimiento y pida licencia al encargo.

No hay ley, señor gobernador. No hay ley, compañeros diputados, sobre la cual debamos de caminar para otro muerto y para otro minuto de silencio. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Gustavo Pedro Cortés, del Partido del Trabajo.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hago uso de la tribuna en mi calidad de diputado federal, porque como diputado y como mexicano no me puedo quedar callado ante un hecho tan grave que sólo los diputados del PRI, por intereses obscuros, siguen defendiendo.

No podemos aceptar, compañeros, compañeras, que en este país, en este mundo, haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Han sido 15 muertos del lado de la APPO y sobre eso el PRI no ha dicho nada.

Tuvo que haber sido asesinado un periodista norteamericano para que el gobierno pudiera intervenir. ¿Por qué no lo hicieron antes para evitar las muertes que ya conocemos? Yo me pregunto, si no hubiera fallecido el periodista norteamericano, no sé, no estoy seguro si el gobierno federal hubiera intervenido. Porque la exigencia de que el gobierno interviniera para evitar más pérdida de vidas en Oaxaca fue un planteamiento que con anterioridad se hizo en esta Cámara y el gobierno federal no hizo nada.

La cerrazón del gobierno federal y estatal para atender la justa demanda de los maestros de la sección 22 provocó que el problema se extendiera hasta donde ha llegado. Por estos hechos el Presidente Vicente Fox se sigue manchando las manos de sangre, porque no es el único caso, está el caso de Salvador Atenco, está el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, está el caso de la Pasta de Conchos.

Nosotros nos preguntamos a esta altura, ¿dónde quedó el cambio que el Presidente ofreció?

En opinión de los diputados del Partido del Trabajo, Ulises Ruiz debe renunciar, debe abandonar el cargo de gobernador, porque su presencia no resuelve los problemas que tiene la sociedad de Oaxaca. Aferrarse al gobierno sólo implica hacer más complicado el conflicto.

Desde aquí les preguntamos a los compañeros diputados del PRI, ¿cuántas muertes más vale la presencia de Ulises Ruiz en la gubernatura de Oaxaca?

Consideramos que por el bien de la sociedad oaxaqueña, Ulises Ruiz debe renunciar y se debe dar paso a una profunda transformación para que la justicia y la democracia lleguen a Oaxaca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Gustavo Pedro Cortés.

Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, de la fracción parlamentaria de Convergencia.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso del ciudadano Presidente de la Mesa Directiva.

Quiero llamar la atención de esta Asamblea en un hecho que hay que subrayar. La muerte del periodista Brad Will fue para muchos analistas y conocedores, una ejecución.

¿Qué necesitaba el gobierno federal para poder intervenir? ¿Cómo hacer caer en la trampa a Vicente Fox y a su Secretario de Gobernación —el más alto empleado del gobierno federal— a pesar del juramento que en nombre de su Dios —que no sabemos cuál es— hizo en este Pleno camaral?

Necesitaban un pretexto y buscaron y calcularon a quién tenían que ejecutar, como han venido actuando en Oaxaca hace ocho años, los mismos actores que estuvieron en la muerte del profesor Serafín, en la sierra de Huautla, estuvieron en la muerte del periodista extranjero.

Por eso Convergencia exige que la Procuraduría General de la República atraiga a la investigación esa ejecución, porque es muy claro que no fue un homicidio imprudencial, sino buscaban el mecanismo para que el gobierno federal actuara con la fuerza pública y con el Ejército.

Hoy, Convergencia le exige a sus compañeros diputados de Acción Nacional, congruencia. No pueden venir a subir las vacas sagradas aquí, a esta tribuna, a dar clases de moral, cuando lo que han hecho en Oaxaca es ser aliados del PRI.

En Oaxaca han cancelado el proceso electoral del 2007; han obligado a sus representantes en la Cámara, que por cierto fueron con el PRD y con Convergencia, a cancelar el proceso electoral. Y lo han hecho para que aquí venga su coordinador, a lavarse la cara él, y a lavarle la cara al gobierno foxista, justificando lo que no tiene nombre ni justificación.

Sabemos ya que Oaxaca no se cotiza en la Bolsa, pero sí sabemos que los extranjeros cotizan en el gobierno del cambio, 15 mexicanos por un extranjero. Ésa fue la medida con la que tomaron la decisión de intervenir en Oaxaca.

Cuando les pedimos congruencia a los diputados y a las diputadas de Acción Nacional, les decimos que no se vale darse clases de moral, ¿qué hicieron con el autoatentado de quien hoy es diputado federal? Nada, lo cubrieron. ¿Qué hicieron con el saqueo que en su gobierno se desarrolló? Nada, lo cubrieron y lo siguen cubriendo ahora y después. ¿Qué hicieron para poder remediar las injusticias en Oaxaca? Absolutamente nada y hoy nos quieren hablar de moral y nos quieren dar clases.

Yo quiero solicitar desde esta tribuna a quienes integran la Suprema Corte de Justicia a recibir el planteamiento que ha hecho el Partido Convergencia. Que se revise el argumento jurídico para que no se cancele el proceso electoral. Lo de menos es quién puede hacerse cargo del gobierno de Oaxaca. Lo demás es impedir que sea uno de la misma camarilla, de la mafia que ya mal gobernó Oaxaca y que hoy pretende desplazar al que hoy está, para recuperar las canicas y negociar con Felipe Calderón. De eso se trata.

Hay que revisar la aprobación del presupuesto para Oaxaca, sí, pero hay que hacerlo con cuidado. 124 mil millones de pesos está pidiendo el gobierno de Oaxaca. ¿Quién va a revisar la aplicación de esos recursos si durante los últimos ocho años, nueve mil millones de dólares no han podido ser revisados porque la Auditoría Superior de la Federación no pudo hacerlo porque quien fue gobernador lo impidió con una controversia constitucional? Por cierto, interpuesta por el mismo que ayudó a Ulises Ruiz a poner su controversia en contra de los hoy diputados que han hecho un exhorto para la presentación de su licencia.

Termino diciendo que hace falta congruencia a los representantes de Acción Nacional. Qué pena debe darles a sus hijos y a sus familiares el papel que están haciendo. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada. Dígame diputada Balboa.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al diputado Esteva.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: No sé si la acepte el diputado Esteva, pero está pactado el debate…

El diputado Alberto Esteva Salinas: Con mucho gusto, con mucho gusto acepto la pregunta, ciudadano Presidente.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): No es hechos, es una pregunta. La pregunta es que si usted como diputado por Oaxaca y respecto a lo que acaba de decir, de que la Policía Federal Preventiva entró a Oaxaca debido a la muerte del periodista estadounidense, si realmente cree que fue por ese motivo ¿o no habrá sido el motivo el enojo, y la manifestación de este enojo por parte del embajador Tony Garza el pasado viernes?

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Le pedimos, diputado, que sea breve en la respuesta en virtud de que ya concluyó su tiempo.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Correcto. Desde luego que nosotros sostenemos que fue esa la razón. El gobierno federal había fijado una posición aquí el primero de septiembre y posteriormente en la comparecencia de Carlos Abascal, de que no habría intervención militar.

De hecho, se retiró a los marines de Oaxaca y todo iba en el curso de una salida política al conflicto oaxaqueño; y desde luego que con la ejecución que hicieron del reportero extranjero, con eso fue suficiente para que el gobierno de Fox se sintiera presionado y tratando de darle una respuesta al gobierno norteamericano, interviniera militarmente el estado de Oaxaca.

Esa es la crisis en la que han metido a Oaxaca, que es una crisis internacional… A México, corrijo. Porque ayer hubo ocho…

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Concluya, diputado. Concluya.

El diputado Alberto Esteva Salinas: Concluyo. … hubo ocho manifestaciones en embajadas y en 21 consulados en el extranjero. No es un tema menor. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, sonido a la curul del diputado José Murat. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Murat (desde la curul): Por alusiones; sin haber dado el nombre, por alusiones, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Señor diputado, le recuerdo que hay un acuerdo pactado para que, en alusiones, al final de la lista de oradores que registraron los diputados… Bueno, me están informando que el señor Presidente Jorge Zermeño, en su momento de dar a conocer los acuerdos pactados entre las diferentes fracciones, se acordó que para alusiones, fuera de manera inmediata. Tiene la palabra usted, señor diputado Murat. … Adelante, diputado…

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): Señor Presidente, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, queremos nosotros externarle que estamos en desacuerdo de la presencia del diputado federal. No se mencionó ningún nombre de diputado federal, así que haga valer nuestra Ley Orgánica. No hubo alusiones personales en la figura de quien está en tribuna en estos momentos, a nombre del grupo parlamentario.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, señor diputado, le contesto brevemente. Se hizo alusión a los ocho años de gobierno y al ex gobernador. Tiene la palabra usted señor diputado Murat, hasta por cinco minutos… Somos respetuosos señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pepe Murat.

El diputado José Murat: Señoras diputadas, señores diputados. Señor Presidente. Hay un tema muy llevado y muy traído. Voy a tratar de no bajar el nivel de esta intervención. Lo voy a hacer muy respetuoso a las compañeras, a las señoras diputadas y a los señores diputados.

Éste es un tema muy traído, muy llevado. Fue un asunto mediático. La referencia es a dos temas muy concretos. Aquí tengo el documento de la Secretaría de la Función Pública a disposición de todos ustedes, en donde hace tres meses —finalmente— esta Secretaría avala todo el trabajo presupuestal, las definiciones presupuestales de seis años de gobierno que tuve el honor de presidir en el estado de Oaxaca. A disposición de ustedes.

Segundo. Fue el Congreso del estado de Oaxaca y entonces su Presidente, el señor diputado local Luis de Guadalupe, militante del Partido Acción Nacional, ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma "Benito Juárez", de Oaxaca, quien encabezó la demanda para presentar la controversia que descansó un tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fue el Ejecutivo del estado.

Yo firmé el convenio con la Secretaría de la Función Pública a los dos meses que llegué al gobierno del estado para que hiciera las revisiones del caso. Todas. Y fue el Congreso del estado el que dijo y ésa fue la argumentación que usaron, que se le quitaba a los congresos de los estados la facultad principal, que es la revisión a los ejecutivos estatales. Ése fue el argumento. Fue el Congreso del estado.

Está a disposición de ustedes en el Diario de los Debates, el debate que se dio en aquél entonces en el Congreso del estado, por parte de las fracciones parlamentarias, y fue el entonces diputado local, notario Luis de Guadalupe, quien hizo este procedimiento. El Ejecutivo estatal no tuvo nada que ver.

Afortunadamente, la Secretaría de la Función Pública nos hizo las revisiones permanentes. Hubo ocasiones que tuvimos hasta 162 auditorias simultáneas. Ahí están los números y están las resoluciones de esta Secretaría. Esto es con respecto al señalamiento que hace un momento hizo el señor diputado del Partido Acción Nacional, también sin decir nombres, y que les di una explicación. Aprovecho el momento para decírselo en tribuna, y a quien haga referencia del tema a propósito de Oaxaca.

Yo dejé hace dos años de ser gobernador, se cumple el primero de diciembre. Lamento lo que está pasando en Oaxaca. Desde esta tribuna digo, como lo he dicho, que todos los actores deben de reflexionar para bien de Oaxaca.

Es lamentable lo que está aconteciendo. Lo dije cuando vine a esta tribuna y pedí que el Senado iniciara los trabajos con respecto a las peticiones de hombres y mujeres de Oaxaca que querían que se hicieran análisis, la revisión y que en todo caso dictaminara. Aconteció esta desgracia que no puede quedar impune y que por supuesto no pueden quedar las cosas como están.

Declaré a los medios de comunicación hace un momento que no es de mi competencia, pero que el señor gobernador debe analizar lo que está pasando en el estado de Oaxaca y dar pasos concretos en la dirección correcta pensando en Oaxaca, en los hombres, las mujeres y los niños de Oaxaca.

Sobre el otro tema, el tan llevado y traído del atentado. No se dice nada de la balacera que le hicieron a mi hija, en ese entonces de 13 años, en donde hubo dos muertos y un herido. Ocho meses después vino la mía. Todavía padezco el problema de la esquirla en esta mano y en el pie.

Tengo la definición de dos jueces federales. Una jueza federal que me dio la razón y dijo claramente que no obsequiaban la orden de aprehensión porque estaba la investigación sesgada, guardada en la Procuraduría General de la República y en los tribunales las resoluciones de dos jueces federales porque mintieron, fue una definición no jurídica, apegada a derecho sino eminentemente política.

Finalmente, y lo quiero dejar en la mesa para los que se han ocupado del tema para lastimar y ofender: si tienen algo, si tienen pruebas, me refiero a los dos diputados federales que han hecho estos señalamientos, lo digo con todo respeto, pueden ir al Ministerio Público e iniciar el procedimiento legal. Estoy a disposición para que inicien el procedimiento legal, si tienen pruebas. Si no, no mientan, no lastimen y no traten de ofender. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Murat. Tiene la palabra la diputada Patricia Villanueva Abraján, del grupo parlamentario del PRI.

La diputada Patricia Villanueva Abraján: Compañeras y compañeros diputados. Cómo lastima la situación de Oaxaca. Lastima como mujer, como mexicana, como oaxaqueña que soy. Y más lastima cuando las frustraciones son por encima de las soluciones.

Yo escuché muy atentamente este debate político que se da esta tarde, el día de hoy en la agenda política, este debate que es resultado del punto de acuerdo donde se le excita a Ulises Ruiz pida licencia o renuncie y que como consecuencia no tiene fundamento jurídico y ya fue dicho y dicho bien por mi compañero diputado Raúl Cervantes que dio la posición del Partido Revolucionario Institucional, de nuestra fracción sino más bien es una situación política totalmente, como político ha sido el conflicto en Oaxaca.

Tantas y tantas cosas pensé poder manifestar desde esta alta tribuna de la nación, hacer una cronología de los hechos, cómo se han suscitado en Oaxaca; pensar que todo se inició por 115 millones que se solicitaron al gobierno federal y sin la sensibilidad y con la indolencia que siempre le ha caracterizado al gobierno federal actual, le fue negado a Oaxaca, cuando aquí hay exgobernadores del estado de Oaxaca que saben perfectamente bien que el recurso de apoyo en cada demanda del magisterio en el mes de mayo era un recurso aportado por el gobierno federal, porque el patrón de la sección XXII del magisterio en mi estado viene siendo conjugado el gobierno del estado y el gobierno federal.

Y los que hemos estado en la vida la oportunidad de participar en la administración pública y política y también en la vida social de Oaxaca, lo conocemos porque hemos sido partícipe de esas acciones y de esas gestorías. Y, sin embargo, la oferta fueron 60, y se advirtió, se advirtió claramente de lo que se iba a suscitar y de los conflictos que iba a generar, y, sin embargo, hubo resistencia a poderle a Oaxaca, una entidad federativa con un alto nivel de pobreza y de marginación, los 115 millones y el esfuerzo de aportación económica del gobierno del estado.

Y así Oaxaca quedó sujeta a un calendario político. El dos de julio, las elecciones de Chiapas, el día primero de septiembre, las elecciones de Tabasco, y también hubiera quedado sujeta al primero de diciembre si no es que los acontecimientos se vuelcan y, como lo han dicho en esta tribuna, muere un camarógrafo de nacionalidad estadunidense y se provoca, entonces sí, la participación de la fuerza federal en la entidad federativa. Algo que se había demandado con fundamento en la propia Constitución local y en el 119 constitucional que le da facultades al gobierno federal.

Y, sin embargo, esta acción fue tardía, esta acción no se realizó oportunamente y no con el ánimo represivo, no con el ánimo de llegar a agredir, a violentar derechos humanos, a violar garantías constitucionales, simple y sencillamente los que saben —y hay muchos en esta Cámara— como una técnica, una táctica policíaca para poder disuadir la situación de Oaxaca.

Pero ahora lo único que escuchamos en esta tribuna es "asesino", lo único que escuchamos en esta tribuna es "culpable", lo único que escuchamos en esta tribuna "un solo responsable", y la tardanza, la indolencia, la negligencia del gobierno federal, ¿a quién se la imputamos, compañeras y compañeros diputados?

Es solamente Ulises el responsable de todos los actos. El mató, él provocó, él fue el que generó; qué lástima compañeros, qué lastima que la verdad no sea el elemento que permee cuando nos expresamos, y solamente el infundio, solamente la calumnia, solamente la mentira la utilicemos como instrumento político, para hacer de este debate solamente un medio, un medio para lograr el objetivo como campaña política mediática, que es lo que ustedes han querido alcanzar. Muchas gracias, es tanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Patricia Villanueva. Tiene la palabra el diputado Othón Cuevas Córdova del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su venia señor Presidente. En efecto, Ulises Ruiz no es el único culpable, lo es el cúmulo de agravios históricos que se han cometido en contra de los oaxaqueños, lo es también la indiferencia discriminatoria con que este sexenio trató al estado de Oaxaca.

Hace poco más de dos años nos recibió el actual senador Felipe González en ese entonces Subsecretario, a un grupo de organizaciones de derechos humanos, organismos civiles. Le planteamos la gravedad de las cosas que en Oaxaca estaban sucediendo, aun el TRIFE no le daba el triunfo a Ulises Ruiz, que a todas luces y a todo mundo le queda claro, fue un proceso fraudulento con el cual él llegó al poder y es una de las razones de los últimos agravios cometidos en contra del pueblo oaxaqueño.

Son agravios tantos y tantos, como aquel de que en plena campaña electoral para gobernador del estado de Oaxaca haya muerto a golpes, —testificado por la prensa nacional— el profesor Serafín, en la comunidad de Huautla de Jiménez, a manos de grupos priístas, y eso quedó en la impunidad.

Solamente en Oaxaca una candidata a presidenta municipal muere a balazos por la espalda, sin que se actúe y no haya al momento ningún culpable castigado; solamente en Oaxaca escondidos tras argumentos legaloides, se justifican fraudes y saqueos; solamente en Oaxaca sucede lo que ha sucedido. Y no fue sino hasta la muerte de un extranjero cuando torpe y tardíamente se interviene.

Diputado Larios, no fue pacífica la entrada. No es cierto que exista un saldo blanco. El Secretario de Gobernación resultó, además de ser un mal político un mal cristiano, porque aquí juró en nombre de Dios no a la represión y lo que hoy tenemos es represión.

¿Cómo le podemos llamar a que hoy en el estado de Oaxaca haya retenes militares deteniendo autobuses y a todo aquel que es sospechoso de ir a la resistencia a la capital sea bajado y sea encarcelado, como sucedió el día de ayer cuando este Pleno por mayoría decidió no abordar el asunto? Si no es eso represión, ¿qué cosa es?

¿Cómo se llama entonces el hecho de que hoy más de 40 personas estén detenidas injustamente? Si eso no es represión entonces ¿Cómo se llama?

¿Cómo le podemos llamar hoy al hecho de que se estén cateando domicilios particulares sin órdenes de aprehensión? Si eso no es represión ¿cómo se llama entonces?

Yo quisiera preguntar si no acaso esta intervención militar que hoy padece la capital del estado de Oaxaca, no es un mensaje que el gobierno federal manda diciendo que Felipe Calderón se sentará en la silla presidencial de cualquier manera.

Ya el Presidente de la Mesa Directiva lo, dijo que aunque sea con el uso de la fuerza va a impedir la toma de esta tribuna. Yo preguntaría: ¿qué va a hacer para evitarlo, a traer militares disfrazados de policías federales preventivos también para reprimir? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Acaso ésta es la señal que manda Felipe Calderón proveniente de un proceso legal pero ilegítimo, que lo lleva como Presidente a gobernar con tanquetas y con chorros de agua? ¿Ese es el mensaje? No podemos tolerar que a la exigencia de justicia se responda con represión.

Compañeros, queremos en Oaxaca una paz pero con justicia y con dignidad. No la paz de los muertos que hoy aquí están testificando esta omisión grave que muchos están cometiendo en esta tribuna. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Cuevas. Tiene la palabra el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Edgar Martín Ramírez Pech: Con el permiso del señor Presidente. Debo iniciar diciendo que éste no es el primer problema social que hay en los estados del país; que Oaxaca ciertamente tiene necesidades económicas, pero que muchos estados también han tenido necesidades económicas.

No ha sido, no ha sido la falta de unos recursos los que han detonado este conflicto —llamémosle a las cosas por su nombre—, ha sido la represión torpe de un gobernador, hecha el 14 de junio de este año, la que ha desatado, la que ha potencializado la torpeza que otros gobernadores —debo decir— de Oaxaca y de otros estados, no cometieron la torpeza, la que desencadenó y ha desencadenado este conflicto en Oaxaca: la torpeza de la represión. Eso debemos de aclararlo.

Ull Baladier decía que sin palabra sana no hay política posible; hablan las armas, hablan los bíceps, hablan las bombas molotov. Señoras y señores, hay quienes en el desorden parece ser que tienen ganancia; son aquellos para los cuales no se considera un riesgo la violencia; se considera un riesgo el acuerdo, la paz.

No podrán acusar con certeza al gobierno federal de no haber propiciado el diálogo, pero el diálogo no puede darse entre dos partes sordas que quieren nada más la ganancia del desorden y de la violencia. Con toda seguridad hay demandas sociales legítimas en Oaxaca, la de los maestros. Pero estas demandas; tampoco hay que olvidarlo fueron desvirtuadas por propósitos no tan legítimos, como legitimas eran las demandas de los maestros.

La entrada del gobierno federal y de sus fuerzas públicas es legítima y transparente y es para evitar que la sociedad oaxaqueña sea rehén de grupos radicales que existen en ambos lados. Del lado de los que toman las calles violentamente, pero del lado también de los que son inútiles, de los que son incompetentes para gobernar su estado.

La posición del PAN no es estar a favor de ninguna de las dos intransigencias. No es para beneficiar a ninguno de los dos bandos; es un recurso válido, ético, legalmente exigible. Un recurso, ¿saben para qué? Para que la sociedad oaxaqueña, los niños, los hombres que no pueden ir a trabajar en el pleito de vanidades y de radicalidades, sigan siendo los únicos que pierden en Oaxaca. Ésa ha sido la posición de Acción Nacional y del gobierno.

Evidencia también la radicalidad de ambos grupos, por eso me temo —y eso lo saben también sus compañeros de partido— que Ulises Ruiz ya no tiene la oportunidad ni tiene ya los tamaños; no supo gobernar Oaxaca y no puede ser parte de la solución.

Lamentablemente, lamentablemente y por eso en el Senado también la fracción parlamentaria del PRI exhortó a que lo considere. Lamentablemente ya no puede solucionar esto.

Miren ustedes, miren ustedes, aquí hace un momento hicimos un minuto de silencio por varios cadáveres. Pero me parece que en Oaxaca entre los dos grupos radicales, el que está en el gobierno incompetente estatal, pero también entre los radicales que están ahí inmiscuidos en el movimiento legítimo magisterial, hay una competencia para ver quién acumula más cadáveres en este proceso, en este problema estatal de Oaxaca.

Acción Nacional —y espero que sea la posición de todos los diputados de este Congreso— no está en una competencia para ver quién halla más cadáveres y no distingue entre si hay cadáveres nacionales o extranjeros; hay cadáveres y hay que evitar que los sigan habiendo, por incompetencia de un gobierno o por intereses ilegítimos de grupos radicales que están desvirtuando las banderas legítimas de los maestros. Esa es la posición de Acción Nacional.

Es cierto —concluyo, señor Presidente— no se ha solucionado completamente el problema de Oaxaca, pero hoy ya la plaza principal, el Zócalo, empieza a tener vida. Hoy ya varios comercios empiezan a abrir sus puertas. Eso es lo que Oaxaca necesita.

Concluyo ahora sí, señor Presidente. No hay que preguntarse cuántos cadáveres más tiene que haber, yo preferiría que el señor Ulises Ruiz, pero también los radicales de la APPO, se preguntaran si no es más importante cuántas vidas en Oaxaca se pueden salvar si por una vez se ponen a dialogar, se ponen a dialogar para el bien de Oaxaca. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor diputado. Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría proceda a dar cuenta de la misma.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva,

Honorable Cámara de Diputados.

Presente.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el inciso b) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 5 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del foro parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Sin más por el momento, quedamos de usted atentamente.

Diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia; diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Miguel Ángel Godínez, coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza y diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte a la Asamblea si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría que dé lectura al acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del foro parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso c) numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el presente acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en sesión del 12 de octubre de 2006, el diputado Arnoldo Ochoa González, del grupo parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo para que se convoque, a través de la Cámara de Diputados, al primer foro parlamentario de consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Segundo. Que en sesión del 12 de octubre la Mesa Directiva ordenó turnar la proposición en mención a esta Junta de Coordinación Política. Este órgano de gobierno consideró pertinente tomar la opinión de las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación Pública y Servicios Educativos.

Tercero. Que con fecha 30 de octubre, las comisiones de Ciencia y Tecnología y Educación Pública y Servicios Educativos presentaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictamen con punto de acuerdo respecto al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México, el cual resuelve el punto de acuerdo mencionado en el considerando primero.

Cuarto. Que la Junta de Coordinación Política consideró pertinente la integración del grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el inciso c), numeral 1 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se integra el grupo de trabajo encargado de organizar y coordinar los trabajos relativos a la realización del Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, Superior y Ciencia y Tecnología de México.

Segundo. El objetivo del grupo de trabajo es el que su mismo nombre indica.

Tercero. El grupo de trabajo se integra por 11 diputados de los distintos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, de la siguiente manera: dos diputados del grupo parlamentario del PAN, dos diputados del grupo parlamentario del PRD, dos diputados del grupo parlamentario del PRI, un diputado del grupo parlamentario del Partido Verde, un diputado del grupo parlamentario de Convergencia, un diputado del grupo parlamentario del PT, un diputado del grupo parlamentario de Nueva Alianza, un diputado del grupo parlamentario de Alternativa.

Cuarto. Los nombres de los diputados integrantes de este grupo de trabajo y su mesa directiva son los siguientes: diputado Arnoldo Ochoa González, coordinador, PRI; diputado Tonatiuh Bravo Padilla, vicecoordinador, PRD; diputada Silvia Luna Rodríguez, vicecoordinadora, Panal; diputado Antonio Vega Corona, vicecoordinador, PAN; diputado Francisco Martínez Martínez, integrante, PRD; diputado Gerardo Sosa Castelán, integrante, PRI; diputado Jesús Vicente Flores Morfín, integrante, PAN; diputada Patricia Chozas y Chozas, integrante, Partido Verde; diputado José Luis Varela Lagunas, integrante, Convergencia; diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, integrante, PT; diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, integrante, Alternativa.

Quinto. El grupo de trabajo se extinguirá sin necesidad de otro acuerdo al término del objeto de su creación, lo cual será informado a la Junta de Coordinación Política.

Sexto. Las conclusiones obtenidas serán entregadas a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Ciencia y Tecnología, así como a las demás comisiones y órganos de gobierno de la Cámara de Diputados que en el ámbito de su competencia lo consideren conveniente, con la finalidad de que sean analizadas y valoradas para el trabajo legislativo.

Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre del 2006. Firmado por todos los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Tiene la palabra el diputado Luis Alonso Mejía García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Tamaulipas implemente las políticas necesarias para el aprovechamiento de la laguna del Carpintero.

El diputado Luis Alonso Mejía García: Con su venia, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García de la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta Asamblea punto de acuerdo razonado en los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país y conocemos la firme convicción del gobierno federal de atender las prioridades que en materia ecológica se requieren. A los hechos.

En noviembre del año 2001 la federación desincorporó de la Hacienda Pública Federal 77 hectáreas que dio en donación al municipio de Tampico y que actualmente forman parte del Parque Metropolitano de la ciudad. Sin embargo, en la búsqueda constante por crear una cultura de equilibrio y cuidado del medio ambiente, en algunos casos han sido desatendidas o probablemente no se han establecido las instrucciones necesarias para garantizar que se detenga la destrucción del hábitat natural en algunos estados que integran nuestra federación.

El presente punto de acuerdo surge a raíz de la donación que Petróleos Mexicanos realizó en el año de 1991 al municipio de Tampico, en el estado de Tamaulipas, con el único fin de ampliar el parque recreativo cultural ubicado en la Laguna del Carpintero.

En el año 2001 dicho inmueble en donación entró en el patrimonio del fideicomiso Prodesarrollo de la Laguna del Carpintero, por lo que de manera oficial quedó en resguardo y custodia para los mismos fines, establecidos originalmente por Petróleos Mexicanos.

Para el 17 de agosto del 2005, pasados ya 15 años, el actual presidente municipal de Tampico, Tamaulipas, Fernando Azcárraga López, sin tener facultades de representación del fideicomiso responsable del inmueble, solicita a Petróleos Mexicanos una modificación al destino final de dicha superficie de terreno, a efecto de reservarlas para un parque ecológico, un acuario, un centro comercial, un centro de convenciones y exposiciones para que sean desarrolladas por la iniciativa privada conjuntamente con el gobierno, tanto del estado como del municipio de Tampico, proyecto al que se le conoce como Megaproyecto de la Laguna del Carpintero.

Ante tal solicitud, Petróleos Mexicanos, en sesión de Consejo aprueba la modificación requerida por el alcalde, con lo que evidentemente se atenta a la legalidad vigente en el Código Civil para el estado de Tamaulipas, en relación a lo estipulado en el Código Civil Federal, donde las donaciones se vuelven irrevocables o no modificables en su objeto y fin en un transcurso de tiempo de cinco años desde la donación.

En este orden de ideas, la modificación solicitada por el actual presidente municipal de Tampico y autorizada por Petróleos Mexicanos, indiscutiblemente altera en su totalidad el espíritu inicial de la donación, por lo que nuestra comunidad, que tiene un gran sentido ecológicamente conservacionista, se ha manifestado en sus diferentes niveles y de manera rotunda en contra de cambiar el destino para el cual se ha reservado dicho espacio, ya que no solamente es un pulmón para esta ciudad en constante crecimiento, sino que se ha pasado por alto la riqueza de flora y fauna que existe en el lugar, única en la Laguna del Carpintero y que hoy día con este proyecto está en riesgo de desaparecer; atenta en contra del atractivo turístico natural y afecta la generación de beneficios económicos comunitarios, con un impacto a toda la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

En Acción Nacional exigimos el respeto a la integridad del medio ambiente y los recursos naturales; es por ello que debemos reforzar el compromiso de todos los órdenes de gobierno en el respeto al ecosistema.

Por esta razón, exponemos la presente proposición a esta honorable Asamblea, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes, para no sobreponer el interés privado sobre el de la sociedad demandante y que implementen las políticas públicas necesarias que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Laguna del Carpintero.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable Asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. Se solicita a esta Honorable Cámara de Diputados exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, para que interceda ante el presidente municipal de Tampico a fin de impedir se violente el espíritu original de la donación del inmueble en mención.

Y por otro lado, promueva e impulse la creación de un parque ecológico como un Chapultepec en pequeño, por ejemplo, en la totalidad de los terrenos donados por Petróleos Mexicanos, en congruencia a los donados por el gobierno federal.

Segundo. Se exhorte al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a respetar la finalidad original de la donación del inmueble señalado en este documento, y por lo tanto, se reconsidere y se revoque el acuerdo tomado al respecto el día 17 de agosto de 2005. Por su atención, muchas gracias.

He dado cuenta, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Luis Alonso Mejía. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se concede la…

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Dígame, diputado. Sonido a la curul del diputado Octavio Martínez.

El diputado Octavio Martínez Vargas (desde la curul): Para efectos de solicitarle, Presidente, que también sea turnado a la Comisión de Turismo.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese también, como lo ha solicitado, a la Comisión de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla adopte medidas que permitan la libertad de los integrantes de la Unión Campesina Independiente.

El diputado Emilio Ulloa Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su relación con el artículo 50 fracción II y 58 fracción I, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea deliberativa, la siguiente

Proposición de punto de acuerdo

Por medio del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realice una investigación exhaustiva sobre la presunta complicidad de funcionarios públicos de la procuración y administración de justicia en perjuicio de integrantes de la Unión Campesina Independiente, y en su caso, se ordene la liberación inmediata de los presos políticos de esta organización social. Sustento lo dicho bajo la siguiente circunstancia.

Desde 1983 estos campesinos de Puebla han vivido la represión permanente de Antorcha Campesina, que ha ocasionado más de 150 campesinos desplazados. Y, por otro lado, muerto alrededor de 140. Es por ello que se necesita que en esta región indígena náhuatl, del municipio de Huitzilan de Serdán, se atienda el tema.

Quiero comentar que a raíz de una denuncia presentada en agosto del 2002 por el dirigente Bartolomé Milchi Santiago, ante la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la PGR, se incrementó el operativo contra estos campesinos.

Y a la fecha se encuentran detenidos 18 campesinos por una acción y una actitud de este gobernador —que ya sabemos lo popular que es en el país—, que por cierto, es vecino del que hace unos minutos subieron muchos a hablar del tema.

Es por ello que quiero solicitar a todas y a todos a que podamos juntos crear un espacio de revisión a la actitud del gobernador y de sus funcionarios.

He ido a visitarlos al penal de Puebla, he visto las condiciones en las que viven y las condiciones en las que son tratados. Hace dos meses iniciaron una huelga de hambre para que su caso fuese revisado en las instancias correspondientes.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados pedirles su apoyo, solicitar que este tema no quede impune y que no sólo los pobres que no tienen un abogado puedan estar en la cárcel. La verdad que es inadmisible que muchos de ellos sin haber cometido ningún delito tienen más de ocho años en ese penal.

Es por ello que quiero pedir a esta soberanía poder encontrar mecanismos de solución. Por ello, señor Presidente, quiero solicitar, con el pleno respeto al pacto federal:

Primero. se exhorte al C. Mario Plutarco Marín Torres, gobernador constitucional del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones adopte las medidas y los mecanismos que permitan la inmediata libertad de los presos integrantes de la Unión Campesina Independiente y cese el hostigamiento que se viene realizando en su contra.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte a la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República, para que investigue las denuncias que ha presentado la Unión Campesina Independiente.

Agradezco la atención y su comprensión y sea dirigida a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Emilio Ulloa. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat publique el programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera en el estado de Quintana Roo. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que en el Presupuesto 2007 se den mayores recursos al Fondo Metropolitano.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe diputado federal por el Estado de México, Juan Manuel San Martín Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de diputados del Partido Revolucionario Institucional, presentamos ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones y antecedentes

Es importante fortalecer una política territorial que atienda las particularidades de los desafíos inherentes al desarrollo metropolitano, que por sus particularidades no puede ser atendido con enfoques y políticas urbanas diseñadas en el ámbito municipal previsto en el artículo 115 de la Carta Magna.

Cabe hacer mención que en nuestro país existen 55 zonas metropolitanas donde viven más de 51 millones de habitantes conforme al censo del año 2000, representando más de la mitad de la población.

Esta nueva clasificación del sistema urbano nacional, fue reconocida oficialmente el año pasado por las tres dependencias federales responsables de definir las orientaciones de política territorial y poblacional en México y que son la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Del universo mencionado tenemos que seis metrópolis son de carácter interestatal, por lo que conforman centros de población considerados en la fracción VI del artículo 115 constitucional y en el artículo 20 de la Ley General de Asentamientos Humanos, demandando por ello fórmulas más complejas de organización institucional, que las 49 restantes, sujetas al régimen estatal respectivo.

Tomando en cuenta la dimensión demográfica tenemos otro factor de diferenciación en las zonas metropolitanas ya que en nueve casos se trata de ciudades con más de un millón de habitantes, y es previsible que en el 2010 se incremente a más de 10 el número de metrópolis que superen esta población.

Es necesario reformar ordenamientos jurídicos mencionados, entre otros, así como las legislaciones locales para dar respuesta a un complejo fenómeno social que ha rebasado las modalidades de organización institucional establecida en los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior no obsta para que se inicien pasos en la formulación de políticas públicas que respondan a los retos inherentes, a los retos a la urbanización metropolitana que en el ámbito del Presupuesto de Egresos de la Federación ha tenido un primer acercamiento en el Ejercicio Fiscal del año 2006.

De este modo tenemos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 fue aprobada una inclusión del Fondo Metropolitano en el Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas", con un monto de mil millones de pesos, clasificado como gasto de capital para ser invertido en diversos programas y obras en la zona metropolitana del Valle de México, para lo cual los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal se coordinarán entre sí y con el gobierno federal para garantizar un trabajo conjunto, con resultados favorables para la sociedad.

La creación de tal fondo constituyó un acierto, pero no tomó en cuenta la existencia de otras 54 zonas metropolitanas. En razón de ello, esta propuesta de ampliar el Fondo Metropolitano tiene como finalidad avanzar en la equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos fiscales para iniciar un proceso de construcción de una política metropolitana de Estado respetando la diversidad política de las representaciones gubernamentales y priorizando la atención de las distintas necesidades existentes en las metrópolis mexicanas.

En razón de lo anteriormente expuesto, estamos convencidos de la necesidad de someter al Pleno de esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Primero. Es necesario ampliar la cobertura del Fondo Metropolitano actual en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 para la atención de los problemas más agudos en las zonas metropolitanas tales como abastecimiento de agua potable, alcantarillado, seguridad pública, tratamiento de desechos sólidos, vivienda y suelo urbano, infraestructura de salud y educativa, empleo y competitividad, transporte y vialidad, entre otros.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar los recursos asignados al Fondo Metropolitano con un monto total de cinco mil millones de pesos. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado San Martín. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se integre la Sección Instructora.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Uno de los temas más importantes respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico es precisamente el del control de la actuación de los servidores públicos y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades.

La responsabilidad política de los servidores públicos contenida en el artículo 110 constitucional se sustancia a través del juicio político, el cual es un procedimiento desarrollado por el Congreso de la Unión a partir de la denuncia de cualquier ciudadano a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

En términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados es la facultada para sustanciar el procedimiento de juicio político actuando en este caso, como órgano instructor y de acusación y la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.

Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, dicho procedimiento en la Cámara de Diputados se sustanciará en primer lugar, por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y secretarios, por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, y en segunda instancia por la Sección Instructora.

Que con base en la naturaleza de sus funciones, el sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos servidores públicos una inmunidad procesal en materia penal que les protege legal y políticamente para evitar ser agredidos por poderes públicos o acusados sin sustento jurídico. Dicha inmunidad procesal puede retirarse a través del procedimiento de declaración de procedencia.

Que la declaración de procedencia es un proceso de competencia de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de una autoridad judicial a fin de que lo juzgue exclusivamente por el delito o delitos cometidos durante su encargo y que han sido objeto de la solicitud. Así como el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que la declaración de procedencia se sustanciará a través de la Sección Instructora.

Que en un escenario de pluralidad, el vehículo para la construcción de las decisiones políticas se denomina "consenso", que suma las diferencias en beneficio de todos, no el que olvida las diferencias para salvar coyunturas.

En este contexto es necesario que la Junta de Coordinación Política asuma su papel de órgano colegiado, expresión de la pluralidad de la Cámara y en consecuencia presente al Pleno de esta honorable Asamblea un acuerdo plural e incluyente con los nombres de los diputados que integran la Sección Instructora.

Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar sí ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Ley Suprema y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

Que el proceso de madurez política que vive la sociedad mexicana es producto del esfuerzo de todos, para su consolidación es necesario que en todas las actuaciones de la sociedad civil y autoridades prevalezca el interés supremo de la nación y la cultura de la legalidad que nos dé certeza, confianza, equidad y libertad.

En virtud de ello la Cámara de Diputados, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley Suprema debe salvaguardar el principio de igualdad ante la ley y la legalidad, por lo tanto es indispensable que en virtud de las solicitudes de procedencia y de juicio político que existen, se dé al cumplimiento de estudiarlas, analizarlas y dictaminarlas a efecto de que se desechen o se realicen las declaraciones de procedencia correspondientes con la finalidad de combatir la impunidad y el rezago legislativo.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, para que en términos del artículo 10 de a Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos.

Segundo. Las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Derechos Humanos, y la Junta de Coordinación Política, garantizarán la pluralidad y la representatividad de los grupos parlamentarios en la conformación de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Aleida Alavez. Como ha sido solicitado consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Gracias. Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Hay mayoría.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretaria. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse la proposición en votación económica. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (Votación) Gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (Votación) Gracias. Señor Presidente mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretaria. La propuesta de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del grupo parlamentario del Partido Verde, se pospone.

Tiene la palabra la diputada Patricia Castillo Romero, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo para solicitar del titular del Sagarpa información relacionado con el Ingenio Puga, en el estado de Nayarit.

La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Antes de iniciar mi intervención desde esta tribuna saludamos, los diputados y diputadas de Nayarit, a los diputados locales de nuestro estado y a los compañeros que integran la Comisión de Productores de Caña. Bienvenidos a este recinto.

Los suscritos diputadas y diputados nayaritas a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se someta a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativa al problema que enfrentan los productores de caña de azúcar, abastecedores del Ingenio de Puga, establecido en el estado de Nayarit.

Y dejamos en manos de la Mesa Directiva los antecedentes y las consideraciones para sólo exponer en esta tribuna los hechos que vienen lastimando a más de siete mil familias de productores de caña en el estado.

Nayarit, como otros estados, sostiene su economía primordialmente en el campo. La depresión económica, la nula inversión y un mundo de fantasías creadas al amparo del poder han hecho que en Nayarit las únicas empresas que han sobrevivido sean dos ingenios productores de azúcar.

Hoy hablaré concretamente del Ingenio de Puga que históricamente ha creado conflictos en perjuicio de los productores. De nada sirven las reformas que ha sufrido la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Ahí marcan a esta rama de producción como interés público y social, pero pareciera que la aplicación de esta ley pasa por encima de quienes la sostienen, pues cada día y cada año, los empresarios buscan con mil artimañas, reglas que imponen para perjudicar al productor.

Nunca se sabe en qué laboratorios se analizan los resultados del cardi, pero siempre son en perjucio de los productores a quienes cada vez les pagan menos por tonelada. Nunca se sabe qué criterios se utilizan para los apoyos crediticios que se deben otorgar, porque la ley lo establece, para la rehabilitación de tierras o de maquinaria, pero sí se sabe que son verdaderos instrumentos represivos cuando se trata de acallar inconformidades.

Nunca se sabe qué criterios se utilizan para nuevas zonas de abastecimiento, ni tampoco quiénes son los productores de ellos. Pero sí se sabe que estas nuevas zonas de caña son compradas por la empresa en perjuicio de los productores históricos.

Hay sospecha de que se mezcla la caña de baja calidad con la de los productores, que lo hacen cada año para bajar sus calidades y así pierden todos. Y encima de esto son los productores a los que se les descuentan cuatro pesos por tonelada para sostener el Comité de Producción Cañera que en cada zafra arrojan más de cinco millones de pesos, por cierto con destino desconocido.

Y cuando se trata de la preliquidaciones y liquidación final, nunca llegan a tiempo y en el peor de los casos, como ha sucedido en este cierre de zafra, hasta cheques botados les entregan a los campesinos. Ésta es la triste situación de siete mil productores de caña.

Señoras diputadas, señores diputados, ¿les parece familiar esto que están oyendo? Tal vez para los veracruzanos les sean fresco estos datos, ellos ya, ya perdieron sus ingenios, fueron expropiados los ingenios cañeros de Veracruz.

¿De qué sirven los esfuerzos del gobierno estatal que por cierto, para remediar este problema histórico, en este año solamente le arrancó al paupérrimo presupuesto local 17 millones de pesos para evitar un grave problema social?

Esos pequeños feudos, estos agravios, esta marginación, son el campo de cultivo que desatan los grandes conflictos. Estamos viviendo uno, recuérdenlo. Por eso venimos los legisladores nayaritas, sin importarnos colores, sin importarnos fracciones, a pedir un grito de auxilio a esta honorable Asamblea, para que los cañeros nayaritas ya no vivan nuevamente esta historia.

De verdad, esperábamos que estos asuntos se ventilaran con más energía; aún lo esperamos, lo esperamos en las comisiones a las que corresponda, pues en Nayarit, un estado que depende 95 por ciento de su ingreso local del subsidio de esta Federación, sin producción en el campo, sin industria, no podremos subsistir porque el Tratado de Libre Comercio en el 2008 avasallará nuestros campos y nuestra economía.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Concluya por favor diputada.

La diputada Patricia Castillo Romero: Ruego a usted, señor Presidente haga el adendum de esta consideración a documento presentado. Y pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por la inmediata solución de la problemática del ingenio de Puga, ubicado en el Estado de Nayarit y exhorta a la empresa, así como a las autoridades de la entidad, la Sagarpa y la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se dé respuesta inmediata y favorable a la demandas de los productores afectados.

Firman, diputada Patricia Castillo Romero, diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, diputado Miguel Navarro Quintero, diputada Sonia Ibarra Franquez, diputado Sergio Sandoval Paredes, diputado Sergio García González y diputado Delber Medina Rodríguez. Gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Castillo. Como ha sido solicitado, consulte la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la tribuna... diputado Delber Medina, del grupo parlamentario del PAN.

El diputado Delber Medina Rodríguez: Con su permiso, señor diputado Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores.

Para Acción Nacional nunca ha sido problema sumarse a las causas nobles, a las mejores causas del país. En esta ocasión coincidimos, no tenemos ningún problema para apoyar el punto de acuerdo que propone la diputada Patricia Castillo Romero, que me antecedió en la palabra.

Coincidimos en que la pobreza y la desigualdad no tiene colores y no tiene partidos. Si como nos ponemos de acuerdo en esta ocasión, pudiéramos ponernos de acuerdo en estas propuestas nobles; yo creo que avanzaríamos más de prisa.

En Nayarit, se construyen presas hidroeléctricas, por supuesto con objetivos energéticos, pero no hay presas que pudieran tener un beneficio que pudiera apoyar a los campesinos para, de una vez por todas, desaparecer el monocultivo.

Los campesinos nayaritas, como muchos campesinos en el país, no viven del producto de su trabajo. Por ello, si a esto les sumamos las prácticas desleales, los cacicazgos que laceran la economía y la dignidad de los campesinos, en Nayarit se vive una situación peligrosa.

Es importante que de una vez por todas exhortemos a la empresa, a las autoridades estatales, a las autoridades federales, para que el asunto, el problema de los productores agrícolas de caña se resuelva de una vez por todas.

Pugnamos en Acción Nacional por la rendición de cuentas y por la transparencia y en este caso vislumbramos que hay situaciones oscuras que se deben aclarar. De nada sirve el esfuerzo que hace el gobierno del estado para paliar el problema; esto va mucho más allá de lo que verdaderamente necesitan los campesinos productores de caña en Nayarit.

En Acción Nacional, sin reservas, sin problemas, nos sumamos a este punto de acuerdo que propone la diputada que me antecede. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Medina. Sonido a la curul del diputado Celso Pulido, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Celso Pulido Santiago (desde la curul): Señor Presidente, para sumarnos el grupo parlamentario en todos sus términos el punto de acuerdo. conocemos la situación del ingenio Puga y queremos que no sea un antecedente para otro asunto que venga hasta la Cámara de Diputados y que sean los empresarios los responsables de asumir el trabajo de los productores de caña. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Sonido a la curul del diputado Pedro Montalvo, del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Pedro Montalvo Gómez (desde la curul): En el mismo sentido. Principalmente porque es un tema que le da mucho empleo a cientos y miles de cañeros, pero que requiere también desde aquí —en nuestra humilde opinión— que en aquellos ingenios expropiados por FECSA se haga una revisión adecuada, tanto de la expropiación, como de las utilidades que finalmente, después de zafra, el ingenio tiene, en comparación con aquéllos que sí son de la iniciativa privada y hay utilidades, como liquidaciones y mejoras en las industria.

También desde aquí convocar para que, con los recursos que se han utilizado de beneficio, en cada molienda, en cada zafra, se le invierta a la industria para poder, en un futuro muy corto, empezar con el producto del etanol, que finalmente es el otro derivado del azúcar y que le va a dar un panorama importante.

Se abre el espectro del tema, no sólo azúcar y que para allá ya va nuestro país y principalmente uno de los estados, como lo es, Veracruz, con más de 22 ingenios y que requiere este tema también puntualizarlo. Es cuanto, Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Montalvo. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte ahora si el asunto es de aprobarse.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día de la próxima sesión)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.