Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 1 de marzo de 2007

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Se tienen registrados previamente 256 diputados y diputadas; por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:23 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante:. Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 178 aniversario luctuoso de Josefa Ortiz de Domínguez, el próximo 2 de marzo a las 10:00 horas, en el monumento erigido en su memoria, en Plaza de Santo Domingo, ubicada en República de El Brasil y Belisario Domínguez.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes diputados: María Gabriela González Martínez; José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Eduardo Sánchez Hernández.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicación del Congreso del estado de Coahuila, remite acuerdo por el que se pronuncia a favor de la no discriminación de las personas.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Comunicación del Congreso del estado de Coahuila, remite acuerdo por el que manifiesta su respeto a la petición realizada por diversos partidos políticos, en el marco de la inminente reforma electoral.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: El Gobierno del Estado de México remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores por el que remite acuerdo sobre agenda legislativa, aprobado por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Mesa Directiva en relación con dictámenes negativos de puntos de acuerdo, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria el día 28 de febrero de 2007 de las Comisiones de Juventud y Deporte, de Seguridad Pública y de Seguridad Social.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que comunica que el diputado Faustino Soto Ramos causa baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos mediante el que se determina que las directivas de las comisiones deberán informar a ese órgano parlamentario sobre la asistencia de servidores públicos federales.

Con fundamento en el artículo 38, numeral 1, incisos a) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con base en los siguientes

Considerandos

Uno. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias con las instancias y órganos necesarios para alcanzar acuerdos a fin de que la Cámara pueda adoptar las decisiones que le corresponden constitucional y legalmente y sus miembros forman parte de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos junto con el Presidente de la Cámara.

Dos. Que en términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso, es el Presidente de la Cámara de Diputados quien conduce las relaciones institucionales con el Poder Ejecutivo federal.

Tres. Que la Conferencia, por su parte, tiene a su cargo impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos de acuerdo con lo que establece el inciso c) del párrafo uno del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuatro. Que es reiterada la necesidad de acuerdos con los órganos del Poder Ejecutivo, lo cual permite el cumplimiento del objetivo mencionado anteriormente de manera que corresponde al interés de esta Junta estar atenta y presente en los diálogos y reuniones concurrentes de las comisiones legislativas y funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la República, pues de esa manera puede contribuir al mejor aprovechamiento de las reuniones y comparecencias así como asegurar el prestigio de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos adoptan el siguiente

Acuerdo

Primero. Las comisiones podrán programar convocatorias para celebrar reuniones de trabajo, encuentros de información o citar a comparecer a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal para el efecto de dar curso a situaciones que por su importancia o trascendencia requieran de la presencia en la Cámara del titular respectivo.

Segundo. En el marco de lo señalado por el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como los artículos 53 en correlación con el 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y con el fin de que la Cámara de Diputados refleje organización y coordinación interna de los trabajos en su relación con el Poder Ejecutivo, las invitaciones que pretendan realiza las comisiones a los titulares de las dependencias y entidades mencionadas en el punto anterior se comunicarán a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y corresponderá al Presidente de ésta comunicar las fechas de su presencia a los funcionarios en los recintos de la Cámara, sea en comisiones o en el seno de los grupos de trabajo.

En el caso de que exista la misma fecha propuesta por varias comisiones, los presidentes de las mismas acordarán lo conducente con el Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando se trate de participaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados deberá mediar acuerdo de la Junta de Coordinación Política o en su caso, de la Conferencia.

El mecanismo que se establece en este punto, será aplicado exclusivamente cuando se trate de la presencia de servidores del Poder Ejecutivo Federal de los rangos referidos en el artículo 93 constitucional.

Tercero. Del resultado de cada comparecencia, la directiva de la comisión correspondiente dará cuenta a la Conferencia en un plazo de hasta 15 días, mediante informe escrito que resuma las consideraciones y compromisos legislativos parlamentarios.

Transitorio

Único. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Firman, el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: De enterado.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Junta de Coordinación Política,

Considerando

Primero. Que el 2 de junio de 2005 entró en vigor el acuerdo emitido con fecha 31 de mayo del mismo año por la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se establecen los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Segundo. Que con fecha 11 de diciembre de 2006, la Junta de Coordinación Política ratificó los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, vigentes desde el 2 de junio de 2005.

Tercero. Que de conformidad al gran número de solicitudes recibidas para autorizar la venta de productos artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo y con objeto de apoyar a los artesanos nacionales cuyo trabajo representa y difunde las expresiones culturales del pueblo mexicano, la Junta de Coordinación Política ha determinado la pertinencia de crear mecanismos para que se analice y, en su caso, autorice la posibilidad de que los expositores vendan sus productos artesanales; por lo que resulta necesario ajustar la normatividad vigente a efecto de permitir, de manera controlada y acotada, la venta de productos artesanales.

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido por el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política expide el siguiente

Acuerdo

Único. Se modifican los artículos 3º, numeral 3, 5º, 20º, inciso a), 21º y 24º de los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, para quedar como sigue:

Lineamientos

Artículo 3º. Los presentes lineamientos tienen como principios para la autorización de las exposiciones artísticas y muestras artesanales.

Tercero. Procurará la debida imagen de la Cámara de Diputados, quedando prohibida la autorización de venta de artículos, con excepción de los productos artesanales que así hayan sido autorizados, en virtud del apoyo exclusivo para eventos que difundan el arte mexicano.

Artículo 5º. La Comisión de Cultura será responsable de evaluar en cada caso específico, las solicitudes presentadas para las exposiciones artísticas y muestras artesanales así como para la venta de productos artesanales, la cual dará curso a dichas peticiones para su realización.

De la realización

Artículo 20. La duración de los eventos será la siguiente:

A. Artesanales hasta una semana, tanto en casos de período ordinario de sesiones como de receso. Para el caso de exposiciones artesanales con permiso de venta sólo podrá autorizarse la realización de hasta dos eventos por mes.

De las prohibiciones

Artículo 21. No se permitirá la venta de ningún tipo de artículo que no tenga el carácter de artesanal y la autorización específica para ello, por lo que, en caso de que se expendan artículos que no cuenten con el permiso correspondiente, la Secretaría General, con el auxilio de la Dirección General de Resguardo y Seguridad podrá tomar las medidas pertinentes, inclusive la cancelación de exposiciones.

Artículo 24. Queda estrictamente prohibida la instalación de bazares comerciales o actividades cuyo fin sea lucrativo, excepción hecha de aquellas que tengan el carácter de muestra artesanal de productos nacionales y cuenten con el permiso correspondiente.

Artículos transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Salvo las modificaciones previstas en este acuerdo, subsistirá íntegramente el diverso publicado en la Gaceta Parlamentaria de 2 de junio de 2005.

Palacio Legislativo, México Distrito Federal, 28 de febrero de 2007. El documento está signado por el diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del grupo parlamentario del Convergencia; diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza; diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

En votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el segundo informe semestral de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro 2006.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Tres oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente durante el primer receso del primer año del ejercicio de la LX Legislatura.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Remítanse al promoverte para su conocimiento.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus delegaciones políticas, y a los Poderes de la Unión tomen en cuenta las medidas de austeridad en gasto corriente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma los artículos 109 y 212 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea. La Secretaría de la Mesa Directiva ha dado cuenta que el orden del día de esta sesión, publicado en la Gaceta Parlamentaria, entre otros asuntos consigna el desahogo de siete iniciativas de ciudadanas y ciudadanos diputados y 136 proposiciones con puntos de acuerdo, de las cuales en 63 está solicitando el trámite como de urgente resolución.

Esta Presidencia hace del conocimiento del Pleno que, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 18 del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, el día de ayer, en reunión de la Conferencia, se acordó otorgar siete minutos para la presentación de iniciativas y tres para la presentación de proposiciones con puntos de acuerdo. Por tal motivo, solicitamos a ustedes la comprensión para cumplir con los tiempos acordados para hacer uso de la tribuna y estar en posibilidades de desahogar el mayor número posible de asuntos.

Tiene la palabra el diputado Ector Ramírez Barba, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal y de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos, diputados federales Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién, a nombre de los diputados del Partido Acción Nacional que integran las comisiones de Salud y Agricultura y Ganadería y de Especial de Ganadería de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, y adiciona los artículos 378 y 456 Bis a la Ley General de Salud.

Durante los últimos años las sustancias conocidas como betaagonistas, se han utilizado en la alimentación del llamado "ganado de engorda"; sin embargo, alguna de estas sustancias, como el clembuterol, son dañinas para la salud humana.

El clembuterol es un anabolizante de la familia de los betaagonistas entre cuyas drogas sintéticas destacan el salbutamol y el cimaterol. Cuando están incluidas en la dieta normal del ganado, aumentan el depósito de proteínas del animal en un 15 por ciento y reducen la grasa en un 18 por ciento, aumentando con ello el valor comercial del ganado.

Sin embargo, como se ha notificado en los últimos días con más de 200 ciudadanos intoxicados en Aguascalientes y Zacatecas por la mala práctica del uso de betaagonistas en la engorda de ganado, que se suman a los más de mil 357 casos acumulados en los estados de Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato, Tlaxcala, Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y el Estado de México, cobra una enorme relevancia en el país por los daños que ha provocado en la salud de la población.

Cabe enfatizar además, que por cada caso documentado existen al menos 10 casos de intoxicación que no son reportados o documentados, ya que requieren exámenes de laboratorio.

Existen suficientes antecedentes del uso indebido de betaagonistas para la engorda del ganado en nuestro país, aunque por fortuna no ha habido ni ha originado ninguna muerte.

Sin embargo, se han presentado diferentes iniciativas que se encuentran algunas en la colegisladora.

Nosotros consideramos que la presente iniciativa, además de recoger los incrementos en las penas señaladas en las iniciativas mencionadas anteriormente, tiene la enorme ventaja de ampliar las facultades tanto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, como a la Secretaría de Salud para atajar el problema antes de que se presente el daño a la población. Es decir, poder detectarlo y detenerlo oportunamente.

Somos también conscientes de que actualmente está turnada a la Comisión de Agricultura de esta Honorable Cámara de Diputados la minuta con proyecto de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la cual su Título Sexto denominado "Del control de Productos para Uso o Consumo Animal, Establecimientos, Actividades y Servicios", contempla diversas disposiciones encaminadas a impedir el uso de sustancias que puedan dañar la salud del ser humano.

Nuestro interés no va dirigido a obstaculizar el avance del proceso legislativo de la referida minuta, sino en todo caso, enriquecerlo, por lo que consideramos una redacción más adecuada y que otorga mayores facultades a las secretarías para detener el uso indebido de betaagonistas.

En este orden de ideas y compartiendo la preocupación de todos aquellos quienes ocupan la salud de nuestros representados, pero teniendo en cuenta que las sustancias a las que hemos hecho referencia poseen también cualidades y usos medicinales, creemos indispensable sancionar el uso indebido de los betaanálogos, por lo que ponemos a consideración de ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63 y adiciona los artículos 15 Bis y 64 de la Ley Federal de Sanidad Animal y los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud.

Artículo primero. Se reforma el artículo 63 y se adicionan los artículos 15 Bis y 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 15 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario, referidas en el artículo 63 de esta Ley, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en dicho artículo.

Artículo 63. Al que produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, transporte, trafique, venda, compre, adquiera o enajene, introduzca o extraiga del país, suministre o utilice sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario o sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario ponen en riesgo a la salud humana, para ser usadas en alimentados destinados al consumo por animales para el abasto, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a mil días multa.

Artículo 64. El que ordene el suministro o suministre, a animales destinados al abasto, algunas sustancias o alimento de los que hace alusión el artículo 63 de esta ley será sancionado con tres a siete años de prisión y trescientos a mil días multa.

Artículo segundo. Se adicionan los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 378 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario pongan en riesgo la salud humana, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en el artículo 456 Bis de esta ley.

Artículo 456 Bis. Será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión y con cuatrocientos a mil días multa al que con fines de lucro produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, trafique, venda, compre o adquiera, enajene, suministre, introduzca o extraiga del país, administre, distribuya, almacene o posea animales destinados al consumo humano a los que se les hayan administrado las sustancias a las que se refiere el artículo 378 Bis de esta ley, o productos o subproductos de los mismos, destinados al consumo humano que contengan diversas sustancias.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputado Ector Ramírez Barba. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud.

Esta Presidencia saluda al grupo de personas que se encuentran presentes del municipio de Apan, Hidalgo. También a los jóvenes del Centro para Adolescentes de San Miguel de Allende, Guanajuato, y al grupo de ciudadanos de Tecolutla, Veracruz, aquí presentes, que invitan a su ciudad, a la cocada más grande del mundo.

Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado José Antonio Almazán González: Muy buenos días. Con su permiso, diputado Presidente. El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reformad la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y modifica los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relacionados con las tarifas eléctricas.

Exposición de motivos

El alto nivel de los cargos de las tarifas eléctricas en nuestro país ha venido convirtiéndose en un impedimento para su desarrollo económico y en flagelo para los sectores de la población más vulnerable.

Lo anterior se ha manifestado a través de múltiples denuncias de los diferentes usuarios del servicio de energía eléctrica, muchas de ellas recogidas en el centenar de puntos de acuerdo presentados por legisladores de distintos partidos políticos.

También ha producido la formación de organizaciones de resistencia contra esos altos cargos en diferentes partes del país; así como la realización frecuente de manifestaciones públicas y otras expresiones de malestar social más ásperas como la negación al pago de la facturación eléctrica, los apagones masivos o la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que nos indican el grado de irritación generado.

Particular referencia merece la situación del sector con débiles ingresos, el cual constituye un amplio sector en nuestro país y se ha venido ampliando con la aplicación de políticas económicas conocidas como neoliberalismo.

En reconocimiento de la existencia de este sector a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado mexicano aplicó una política de solidaridad social instaurando una estructura de tarifas eléctricas con bajos cargos para los usuarios pertenecientes a ese sector. Esa solidaridad se ha ido abandonando en las últimas administraciones federales.

Una expresión notoria de este abandono fue la expedición, por la administración del licenciado Vicente Fox, del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, los que representó una elevación en la facturación eléctrica que erosionó las economías familiares de la mayor parte de la población con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.

Lo anterior muestra que las denominadas políticas neoliberales, por una parte, han ensanchado el sector de débiles ingresos; y por otra, a ese sector le han deteriorado más sus condiciones de vida.

Ante esta realidad social a la Cámara de Diputados como representación más directa de la sociedad, corresponde disponer de la información que explique las causas de estos altos cargos y aprobar las disposiciones jurídicas tendentes a proteger el interés de esa sociedad; dichas son las motivaciones de esta iniciativa.

Estamos conscientes de que actualmente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como criterio para fijar las tarifas eléctricas que éstas tiendan a cubrir las necesidades financieras para el servicio eléctrico. Ello implica la responsabilidad de aplicar las políticas administrativas que tiendan a obtener los menores costos de este servicio, a fin de que de ello se beneficie la sociedad.

Contrariamente, el Ejecutivo federal en uso de sus facultades viene aplicando políticas que encarecen este servicio. Ejemplo de eso lo presentamos a continuación: la información existente sobre los costos de explotación muestra que 70 por ciento de estos costos los constituyen actualmente los combustibles y que una política racional sería emplear los combustibles de más bajo costo, como se practica en otros países.

En diversos foros se indica que el precio de la energía eléctrica es menor en Estados Unidos que en México, sin ser esto del todo exacto. Generalmente se omite que en ese país el 53 por ciento de su generación eléctrica se lleva a cabo utilizando como energético el carbón mineral que tiene un precio por unidad térmica de la cuarta parte del precio del gas natural, que es el energético que más se utiliza en México.

Brasil, con abundancia en recursos hidráulicos, genera 85 por ciento de su electricidad, utilizando ese recurso como energético. Esos dos países con niveles de economía diferentes, aplican la racionalidad de utilizar el energético que poseen en mayor abundancia y de menor precio.

En México, contrariamente se ha aplicado la política de emplear en mayor proporción el gas natural para generación de electricidad; 36 por ciento de la generación. Un energético del que somos deficitarios y que representa un precio volátil con tendencia al alza y del que incluso se planea intensificar el empleo.

No alcanza el tiempo para esto, me voy a ir a la parte final de fundamento de esta iniciativa.

En nuestra propuesta se sigue confiando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, la estructuración y fijación de las tarifas, por reconocer que se trata de una tarea compleja especializada y con incidencias en las finanzas públicas.

La Cámara de Diputados intervendrá para transparentar los criterios de asignación de costos a las diferentes tarifas, el nivel de los mismos y para establecer los subsidios verificando la correspondencia de los mismos con la realidad social y para prever los equilibrios presupuestales que constitucionalmente se le han conferido. No pasa inadvertida la existencia de concepciones sobre una nueva relación entre el Ejecutivo federal y los organismos del sector eléctrico.

Compañeros, compañeras diputadas, en virtud de que el texto de esta iniciativa está publicado en la Gaceta Parlamentaria solicito a la Presidencia se inserte íntegro este texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado José Antonio Almazán. Insértese de manera íntegra la iniciativa presentada tal como lo ha solicitado el diputado Almazán González y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Energía.

Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Adelante, compañero diputado.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: En representación de varios diputados, diputadas de diferentes fracciones parlamentarias que conforman esta soberanía, y además en obvio del tiempo vengo a presentar una iniciativa que modifica el artículo 76, 78 y 89 constitucionales.

El tema de la reforma del Estado y más concretamente, las reformas que se pretenden hacer a nuestra Constitución, no pueden ser discutidas sin tomar en cuenta el problema de la seguridad pública.

Hoy acudimos a esta alta tribuna para exponer una cuestión que consideramos de la mayor relevancia, máxime cuando hablamos de un área estratégica y vital para el desarrollo de nuestra nación. No debemos perder de vista que uno de los elementos cardinales que permiten la formación de un Estado democrático y de derecho es la preservación de la seguridad de la población en sus diferentes modalidades.

En este tema está comprobado que el Poder Legislativo es una instancia fundamental que debe de participar en la toma de decisiones aún aquellas consideradas de mero trámite o simplistas.

La cuestión aquí radica, en entender que la sociedad merece y exige la participación activa de sus representantes; por eso se nos ha conferido la facultad de realizar diversos actos, no sólo como hacedores de leyes, sino también como "garantes del control constitucional".

Aquí entramos a los mecanismos de control con que actualmente cuenta el Poder Legislativo. Entrarían las comparecencias que solicitamos a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal; los informes que pedimos a los funcionarios gubernamentales; la vigilancia en el ejercicio de los recursos; pero también aquellas acciones que tienen que ver con los nombramientos de las personas que son llamadas por el titular del Ejecutivo para colaborar en el desarrollo del mandato constitucional que le fue dado en las urnas.

Sabemos todos que no es un tema reciente, de hecho, este tipo de control ha estado presente desde los inicios de nuestro constitucionalismo, salvo un caso de excepción encontrado por los estudiosos del derecho en 1843, referente a los nombramientos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

En sí mismo, este mecanismo de control ha demostrado su funcionalidad a lo largo de la historia y en diferentes latitudes, ya sea que hablemos de sistemas parlamentarios, semiparlamentarios o presidencialistas. En cualquiera de estos casos su operatividad varía; sin embargo, su esencia gira en torno a garantizar un ejercicio del poder de forma responsable y legítima.

Nuestra Constitución vigente contempla varios supuestos de los cuales la Cámara de Senadores está facultada para ratificar los nombramientos de determinados servidores públicos; en particular nos referimos a los artículos 76, fracción II, 78, fracción V y 89, fracción IX. En todos ellos existe una ausencia que no debe continuar. Nos referimos a la ratificación del secretario de Seguridad Pública, área relevante del gobierno que en cualquier democracia moderna está sujeta a la vigilancia del Legislativo.

La reforma que hoy presentamos actualiza nuestra Constitución e incorpora dentro de los supuestos del control al secretario de Seguridad Pública, cargo que, al igual que el señor procurador general, deben ser ratificados por un órgano del Congreso, siendo para el caso concreto y respetando nuestra tradición constitucional, la Cámara de Senadores.

La reforma que expongo en representación de mis compañeras y compañeros diputados, busca terminar con una laguna legal que desfasa y debilita el papel del Legislativo en materia de seguridad pública.

No debemos dejar esta ausencia normativa sin un tratamiento, ya sea que entremos de lleno a la llamada reforma del Estado y modificamos nuestro sistema de gobierno, o ya se que sólo reformemos nuestra Constitución y modernicemos el sistema de seguridad pública. Cualquier camino que tomemos, debemos de tener presente la propuesta legislativa que hoy hacemos, máxime cuando es parcialmente una realidad la unificación de las policías bajo un solo mando.

Este hecho que está próximo a discutirse en esta honorable Asamblea, nos debe sensibilizar sobre el gran poder que se concentrará en una sola Secretaría y la importancia que esté bajo el control constitucional del Poder Legislativo.

Dejo a la fina reflexión de este Pleno y de aquellos legisladores que participarán en su dictaminación la aprobación de esta reforma. No hacerla traería consecuencias que hoy podríamos y deberíamos prevenir.

Recordemos que las circunstancias sociales dan la pauta para ampliar y reforzar las facultades que le confiere la Constitución al Legislativo. Por ello, la facultad de control debe ser ampliada a otras áreas del gobierno que por alguna razón no fueron contempladas ni por el Constituyente ni por el legislador permanente.

Para concluir, quiero recordar el ofrecimiento hecho por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero de 2007 en Palacio Nacional. Hagamos valer los principios constitucionales de 1857 y de 1917: "renovemos el derecho desde el derecho, para adecuar los órganos del Estado". Yo añadiría: "seamos actores y no espectadores de nuestro presente, porque la historia será la actora y no espectadora de nuestro pasado".

Atentamente, diputado Jesús Reyna García, diputado Alfonso Izquierdo, diputada Mayra Peñuelas, diputado Gilberto Ojeda, diputado Rodrigo Medina, diputado Jorge Godoy, diputado Armando Barreiro, diputada Guadalupe García, diputada Pilar Guerrero, diputado Francisco Elizondo, José Luis Aguilera, Ramón Valdés, Elías Cárdenas, Martha Tagle, Juan Abad de Jesús, José Manuel del Río, Layda Sansores, Robinson Uscanga, José Luis Varela, Juan Guerra, María Soledad López, Antonio Ortega, Mario Enrique del Toro, Martín Zepeda, Daniel Amador Gaxiola.

Señor Presidente, ruego que se inserte esta participación completa en el Diario de los Debates, debido a que se sumaron algunos legisladores adicionales. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y tal como lo ha solicitado el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, insértese íntegra la iniciativa presentada en el Diario de los debates.

Esta Mesa Directiva saluda al licenciado Héctor Rubén Espino Santana, presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, invitado por las diputadas María Mercedes Corral y Dolores de María Manuell-Gómez, bienvenido señor presidente.

Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 401 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La acelerada transformación de la sociedad, los nuevos conceptos relativos a los derechos universales del hombre, los avances científicos y tecnológicos, así como los cambios profundos de reordenamiento privatizador han provocado el surgimiento de nuevas profesiones a fin de satisfacer las exigencias de nuestro país.

Así, a 62 años de la promulgación de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y después de solo dos reformas en el 74 y en 1993, la conocida Ley de Profesiones que rige en toda la República en asuntos del orden federal resulta obsoleta para la realidad de la nación.

Por ello, ante un México inmerso en los procesos de la globalización y el constante cambio es esencial una revisión urgente de la Ley de Profesiones respecto de uno de sus temas centrales que es el acreditamiento profesional. A través del acreditamiento es posible asegurar el nivel de conocimientos y habilidades que poseen los profesionistas para salvaguardar el patrimonio, salud e integridad de las personas e instituciones a las que sirven.

Por otro lado, incrementa la eficiencia terminal de la educación superior en México, así como impulsa la certificación profesional. Esta última, definida como una evaluación externa que no solo reconoce los conocimientos de profesionistas sino que garantiza a nivel nacional e internacional que el mismo cuente con una capacidad técnica de mayor calidad y actualizada asegurando su libre movilidad en el extranjero.

Actualmente, la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y que es aplicable para asuntos de orden federal, establece en su artículo segundo que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.

Si bien la normatividad contempla la exigencia de una cédula profesional para el ejercicio de las actividades profesionales, la misma es limitada y discrecional. Los riesgos son reales. Si consideramos que no sólo existen algunos mexicanos mal preparados y que ejercen sin título ni cédula correspondientes, sino también extranjeros que ejercen sus servicios profesionales sin contar en muchas ocasiones con la acreditación y calidad necesarias.

Cuando el gobierno no actúa mediante una regulación adecuada, la sociedad genera formas de organización del ejercicio de las profesiones que no siempre están apegadas al marco legal e incluso están de manera extra legal. Es por esto que a partir de la perspectiva de los derechos de los consumidores y su relación con los prestadores de servicios profesionales, la acreditación se convierte en un elemento fundamental para la defensa del consumidor.

Por ello consideramos que el marco jurídico para la regulación profesional es insuficiente y demanda no sólo cuidadosas reformas sino también nuevas disposiciones, entre ellas la aplicación del número de profesiones bajo regulación, así como establecer un esquema de responsabilidad legal mucho más claro y un sistema de acceso a los tribunales expedito y sencillo para quienes puedan verse afectados por un profesional.

La presente iniciativa pretende llenar el vació legal que tiene la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, respecto de la reglamentación de las ramas o especialidades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.

Bajo nuestra perspectiva, el artículo 2o. de la mencionada ley enmarca a muy pocas profesiones para que le sea exigible el acreditamiento oficial para su ejercicio. Consideramos que no se puede limitar esta disposición a las pocas profesiones para las cuales sí existe una ley que reglamenta su campo de acción; tampoco puede expedirse una lista rígida de profesiones que deben apegarse al acreditamiento oficial obligatorio para su ejercicio. En momentos de la creación de nuevas carreras es una constante.

Así, proponemos que la disposición debe extenderse a toda la profesión que se encuentre registrada ante la Dirección General de Profesiones y aquéllas que impacten y se relacionen directamente con el patrimonio, salud e integridad de los particulares para los cuales se lleva a cabo el ejercicio profesional.

Con ello, se pretende incentivar la eficiencia terminal de nuestro sistema de educación superior, elevando el número de profesionistas que ha probado tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder proporcionar sus servicios a cualquier usuario o institución.

Adicionalmente, la obligatoria acreditación de las profesiones para poder ejercerse pretende contribuir a que nuestros profesionistas, en un futuro, puedan obtener la certificación a nivel internacional que les permita aprobar su competitividad y tener acceso en igualdad de condiciones a los mercados laborales de otros países.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el presente decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesiten titulo y cédula para su ejercicio.

A falta de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, las actividades que necesitarán título y cédula para su ejercicio profesional, serán las que

I. Tengan repercusión directa sobre el patrimonio y la salud física y mental de las personas para quienes se lleve a cabo el ejercicio profesional.

II. Tengan impacto sobre el patrimonio nacional, medio ambiente y recursos naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, por su atención, gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Gracias, diputada Chozas.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social, para las Fuerzas Armadas.

El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a proponerles una iniciativa de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Se trata de que les informemos de que la Comisión de Marina de esta LX Legislatura resolvió, el pasado 7 de febrero en sesión plenaria, que los seropositivos y aquellos marinos o miembros de las Fuerzas Armadas que tuvieran este síndrome, no fueran dados de baja. Esta Legislatura, los 30 diputados de la Comisión de Marina, el 7 de febrero, tomaron la decisión de apoyar a los marinos y soldados despedidos —desde nuestra óptica— injustamente.

El 27 de febrero, hace apenas unos días, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo que permite que la Marina, y precisamente el Ejército mexicano, den de baja a los militares que tengan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Desde esta tribuna nos manifestamos solidarios con la resolución del máximo tribunal del Poder Judicial federal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde aquí reconocemos el trabajo de los ministros, de todos ellos, particularmente del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, del ministro José Ramón Cossío, del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, de la ministra Margarita Luna Ramos, del ministro Juan Silva Meza, de la ministra Olga Cordero, del ministro Salvador Aguirre Anguiano, de todos los que pusieron este tema como un tema que tuvo un final feliz. Qué bueno que el máximo tribunal del país declaró inconstitucional este artículo y particularmente los numerales que señalan la resolución del máximo tribunal.

Le toca ahora a este Congreso, les toca a ustedes, diputadas y diputados, hacer la reforma correspondiente. Proponemos que con esta iniciativa se deroguen los numerales 81, 82 y 83 de la primera categoría y el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Proponemos que la primera categoría quede de la siguiente manera:

81. Los padecimientos de origen inmunológico rebeldes al tratamiento o de difícil control.

82. Los estados de inmunodeficiencia de cualquier etiología con susceptibilidad a infecciones recurrentes.

83. La seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, más infecciones por gérmenes oportunistas y neoplasmas malignas.

De la segunda categoría proponemos:

45. La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias respecto al personal técnico, aeronáutico de la Fuerza Aérea Mexicana, personal de pilotos aviadores, de los servicios y especialistas, los especialistas en medicina de aviación apoyados por especialistas del área médica que implique la patología de que dicho personal pudiera ser portador, serán los responsables de clasificarlos en esta categoría.

Proponemos que se recorra la secuencia de los numerales y se eliminen los que queden vacíos. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de marzo de 2007.

Compañeras y compañeros diputados. Nosotros creemos que el esfuerzo que hace particularmente la Armada mexicana por darles el apoyo médico a través del sector salud, lo que hace el Ejército mexicano, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 27 de febrero de este año, la resolución de la Comisión de Marina, donde todas las fuerzas políticas participaron y el 7 de febrero se anticiparon a una resolución histórica, obliga a este Congreso de diputadas y diputados a resolver este tema a la brevedad posible.

Agradezco mucho su atención y también agradezco la presencia de quienes nos visitan de Veracruz, particularmente del Municipio de Tecolutla, Veracruz. Muchísimas gracias. Buenos días.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado José Manuel del Río. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

Damos la más cordial bienvenida a los invitados especiales de León, Guanajuato, que están en este Pleno invitados por la diputada María del Pilar Ortega Martínez. Bienvenidos.

Sonido a la curul del diputado Miguel Ángel Navarro.

El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): Presidente, pido que se amplíe el turno a las comisiones de Salud y de Seguridad Social.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se amplía el turno a las comisiones propuestas por el diputado Miguel Ángel Navarro. Sonido en la curul del diputado Peyrot.

El diputado Marco Antonio Peyrot Solís (desde la curul): Sí, señor Presidente, nada más para hacer una precisión: el punto de acuerdo que firmó la Comisión de Marina no indica que no se den de baja a los militares, solamente se solicita, en base a la ley, que si se les puede dar atención médica.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se amplía el turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de Salud y de Seguridad Social.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley del Banco de México; y de la Ley de Instituciones de Crédito.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. En virtud de encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable Asamblea, me permito dar lectura solamente a los principales aspectos de la iniciativa.

Durante los últimos 25 años la banca comercial en México ha sido objeto de múltiples transformaciones estructurales. En 1982, durante un período de gran inestabilidad económica y financiera en nuestro país, el gobierno federal de aquel momento decidió tomar la ruta de nacionalizar los bancos privados.

En 1994-95 y después de un intenso proceso de privatización bancaria, el sistema financiero nacional se colapsó. Cabe resaltar que posterior a este proceso los bancos han pasado a instituciones financieras internacionales y prácticamente el 90 por ciento de la banca comercial en México se encuentra en manos extranjeras. Durante todo este trayecto de 25 años, la banca comercial, pese a sus múltiples desencuentros financieros, nunca ha tenido una sola pérdida.

Hoy nuevamente la banca comercial se encuentra en el observatorio ciudadano respecto a un tema sustancial: las tarjetas de crédito como medio de pago. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el margen financiero de la banca mexicana como proporción de los ingresos totales ha representado entre 66 y 70 por ciento entre 2000 y 2006. En contraparte, las comisiones bancarias representan entre el 26 y 30 por ciento de los ingresos totales para el mismo período en cuestión. Estos datos nos señalan que los bancos han obtenido grandes ganancias al amparo de cobrar tasas de interés sumamente elevadas a los clientes.

Todavía más. Los datos del Banco de México señalan que el monto de préstamos en tarjetas de crédito bancarias, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006, pasó de 142 mil 278.5 millones de pesos a 211 mil 226.7 millones de pesos. Esto implica un crecimiento cercano al 50 por ciento.

Esto coincide con el número de tarjetas de crédito que otorgan los bancos a sus clientes. En el año de 2001 había poco más de seis millones de tarjetas de crédito. Para el mes de septiembre de 2006 esta cifra llegó a más de 20 millones de tarjetas de crédito; es decir, un incremento de 232 por ciento en menos de cinco años.

De un monitoreo de nueve tarjetas de crédito de diferentes bancos se encontró que el costo anual total oscila entre 25.23 y 60.90 por ciento. Este elevado costo se ha visto manifestado en el incremento de la cartera vencida de las tarjetas de crédito.

De acuerdo a los datos del Banco de México, el saldo de cartera vencida de la banca comercial en operaciones con tarjetas de crédito cerró en 2006 con una cifra de 12 mil 916 millones, casi 113 por ciento más que al término de 2005; esta cantidad es el triple de la que se observó antes de la crisis bancaria y financiera de 1995.

De acuerdo con la experiencia internacional, los estudios revelan que los Estados Unidos tienen una relación inversa respecto a los ingresos por intereses y aquellos conseguidos vía comisiones. Es decir, mientras los ingresos por comisiones en ese país se incrementan, los otros por la vía de los intereses disminuyen.

En el caso de México la relación es directa, la banca mexicana no sólo ha incrementado el pago de comisiones, sino también sigue manteniendo elevadas las tasas de intereses, en específico en el segmento del dinero plástico.

En este asunto los reguladores como el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia, necesitan actuar para determinar criterios de regulación acordes con la calificación de riesgo-país del mercado de tarjetas de crédito y de los propios requerimientos financieros de los usuarios.

Considerando el riesgo-país y el mercado financiero nacional, no existe justificación alguna para tener cobros tan altos en las tasas de intereses de las tarjetas de crédito.

Se propone reformar el artículo 1 y adicionar un Capítulo II a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y los artículos 48 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con esta iniciativa se pretende atacar la discrecionalidad con la que actúa la banca comercial en México y es complementaria de las iniciativas acerca de las comisiones bancarias que han presentado distintos legisladores de casi todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Alejandro Sánchez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y también insértese de manera íntegra esta iniciativa presentada por el diputado tal y como lo ha solicitado, en el Diario de los Debates.

Queremos dar la bienvenida a este recinto a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, invitados por un servidor. Y a los compañeros del Centro de Estudios Superiores del Norte, invitado del diputado Antonio Vega Corona. Bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Álan Notholt Guerrero del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.

El diputado Álan Notholt Guerrero: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los principales problemas del medio ambiente hoy son: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la amenaza que supone la contaminación para la salud, el modo actual de utilizar los recursos naturales y la producción excesiva de los residuos.

Una forma de enfrentar estos problemas es mediante una legislación adecuada. El medio ambiente está vinculado a la supervivencia de la humanidad y su protección es esencial para el bienestar del hombre.

La preservación de los recursos naturales y el medio ambiente hace indispensable recurrir a la función preventiva general y especial de derecho penal, aún cuando se tuviera que atender al principio de subsidiariedad, su protección en algunos supuestos requiere la adopción de medidas de carácter penal, ya que hay problemas ambientales, cuya solución o control no pueden estar supeditados estrictamente a la eficiencia de medios distintos.

Por lo tanto, es imprescindible llevar a cabo reformas penales que permitan salvaguardar estos bienes jurídicos, frente a ataques que los lesionen o pongan en peligro, como consecuencia de conductas realizadas por servidores públicos; como sería el caso del otorgamiento ilícito de permisos para caza deportiva o las autorizaciones que se otorgan sin una verdadera evaluación del impacto ambiental.

En este último supuesto destaca la autorización para la construcción de la terminal de gas natural licuado de Chevron Texaco, ubicada a 600 metros de las islas Coronado y a 13 kilómetros de la costa de Tijuana, que en días pasados la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte notificó que se elaborará un expediente de hechos sobre la petición de investigación, por la falta de aplicación efectiva de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en la evaluación de los impactos ambientales del proyecto.

Lo anterior, compañeras y compañeros diputados, demuestra la urgencia de inhibir y sancionar penalmente las conductas de los servidores públicos que producen daños irreversibles a los recursos naturales y al medio ambiente.

Es por ello, que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone la creación de un tipo penal, conforme al cual se sancione a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, otorguen permisos, licencias o autorizaciones de contenido ambiental.

Más aún, la reforma propuesta resulta imprescindible si tomamos en cuenta que en el 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en razón de que la actualización del tipo penal.

El término "indebidamente" a que se refiere el artículo 217 del Código Penal sustantivo, es un elemento normativo, sujeto a valoración, que al ser impreciso y ambiguo, se puede prestar a que algún comportamiento de un servidor público pueda ser confundido y no tenga una connotación penal.

En ese sentido, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos exige legislar sobre la materia, a fin de salvaguardar los bienes jurídicos que protege el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, denominado "Delitos contra el ambiente y la Gestión Ambiental".

La protección de estos bienes jurídicos resulta necesaria, máxime si consideramos que dentro de la clasificación de los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos jurídicos internacionales, se prevé el derecho a tener un medio ambiente sano y adecuado, además de que este derecho está consagrado en el párrafo cuatro del artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, es ineludible la observancia del principio de legalidad recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución Política federal, que exige no sólo a los órganos de Estado que ajusten el ejercicio de su poder a lo establecido por la Ley, sino que también que la propia ley penal que se origina por tal ejercicio, esté diseñada con claridad y precisión, de suerte que de su contenido se derive certeza jurídica para los gobernados.

Esto es a fin de evitar que en lo subsecuente se determine la inconstitucionalidad de algún otro delito por ambigüedad en la norma, con el fin de que no queden impunes conductas que ponen en peligro o lesionan gravemente bienes jurídicos, tan importantes como: salud pública, los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente.

Proponemos la adición de un artículo 429 quinquies, al Capítulo Quinto, Disposiciones Comunes a Delitos contra el Ambiente, del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

Finalmente, compañeras y compañeros diputados, no olvidemos que el deterioro al medio ambiente, pone en riesgo a las presentes generaciones, a las futuras y a la vida humana. Preservar los recursos naturales y respetar el medio ambiente es una tarea que no podemos posponer. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Justicia. Gracias, diputado Álan. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Zenón Joel Cortés Villegas y Marcos Erac Sierra Ramírez, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.

Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Elena Sánchez Ortiz Gómez, Silvia Irene Cárdenas Castro, Irma Ayala Castillo Adriana, Priscila Acosta Chavira, Gesper Antonio Ruiz García. John Charles Palmerín, Mario Rivera Landavazo, Laura Yolanda Palma Ramírez y Carolina Marín Hernández, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Guadalajara, Jalisco, en Hermosillo, Sonora y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Neyda Reyes Carlos y María Angélica Reza Cabestany, para prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México. Publicados en la Gaceta Parlamentaria. Son de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se le dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios en este orden, los siguientes diputados y diputadas: Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, diputada María Oralia Vega Ortiz y diputada Margarita Arenas Guzmán. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados. Como ven, el trabajo de la Comisión de Salud ha estado dando frutos y el día de hoy este dictamen que presento ante ustedes, ante los representantes del pueblo de México es algo fundamental por el cual vamos progresando en el sentido de que nuestro problema fundamental en el país es la educación, es la cultura y por eso en el ámbito de salud también la educación es fundamental.

La salud de la población mexicana tiene una muy alta prioridad para alcanzar el tipo de sociedad a que aspiramos y que implica los niveles de bienestar general y de calidad de la vida que merecen todos los ciudadanos.

La salud es un derecho plasmado en el artículo 4º de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; es decir, que es un derecho universal y de ahí la importancia de normar jurídicamente los requisitos para quienes presten servicios en la materia.

El dictamen a discusión pretende reformar el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, con objeto de incluir la atención médica prehospitalaria entre las actividades técnicas o auxiliares que requieren conocimientos específicos y que las personas que presten dicha atención cuenten con los diplomas correspondientes, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

La atención prehospitalaria es de gran importancia, ya que constituye el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera de los servicios de un hospital; es decir, es una extensión del servicio de urgencia hospitalaria que comprende la atención de salvamento, atención médica, transporte de los pacientes a las instituciones hospitalarias que correspondan de acuerdo a su traumatismo o lesiones.

Esta propuesta, de ser aprobada vendría a llenar un vacío en la materia; toda vez, que si hemos de ser honestos debemos reconocer que la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado y deficiente en nuestro país.

En ese sentido es menester impulsar y mandatar desde la Ley, un servicio que no se limite sólo al traslado de ambulancias, sino que incluye intervenciones especializadas como maniobras de reanimación, control de hemorragia, inmovilizaciones, estabilización de signos vitales, etcétera, las cuales requieren de conocimientos y habilidades esenciales para el tratamiento adecuado del paciente, ya que en muchas ocasiones de ahí depende su vida e incluso su calidad de vida futura.

En tal sentido es que pongo a su consideración el beneficio para las y los mexicanos, de contar con personal capacitado y certificado que otorgue una atención adecuada a los pacientes que se encuentren en una etapa prehospitalaria; porque cuando la vida y la salud están en riesgo, el Estado mexicano no puede solapar ningún tipo de improvisaciones; porque nada es más importante que la integridad de cada hombre y cada mujer, independientemente de su edad o condición económica.

En tal virtud, solicito el apoyo de todos ustedes y su solidaridad con el presente dictamen que se verá reflejado en beneficio de los pacientes prehospitalarios, entre los cuales podemos estar cualquiera de nosotros o nuestros familiares. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Margarita Arenas Guzmán, del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Arenas Guzmán: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea, la suscrita diputada federal Margarita Arenas Guzmán, en mi calidad de integrante de la Comisión de Salud y de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Pleno la fundamentación del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 79 de la Ley General de Salud.

En los últimos 15 años los accidentes se han ubicado como la cuarta causa de mortalidad general de la población mexicana, baste decir que en el año 2004 se registraron cerca de 35 mil defunciones originadas por esta problemática.

Además, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, más del 90 por ciento del total de accidentes que ocurren en nuestro país son evitables. Lo cual, da muestra de la incipiente cultura de la prevención de accidentes y la necesidad de contemplar en nuestro marco normativo, disposiciones que garanticen la eficaz atención a las personas accidentadas.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes resalta que la atención integral del paciente accidentado se logra a través del sistema de atención médica de urgencias, que se inicia con la atención prehospitalaria, por lo cual representa una parte primordial de los servicios médicos de urgencia.

Los diputados integrantes de la Comisión de Salud sabemos que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia para la atención del paciente, por lo cual consideramos necesaria la reforma planteada ya que es en beneficio directo de la ciudadanía.

La atención prehospitalaria debe ser entendida como el conjunto de servicios de atención de enfermos o víctimas de accidentes fuera del servicio de un hospital, es decir es una extensión del servicio de urgencias hospitalarias que comprende tanto la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes al servicio hospitalario.

En nuestro país la atención prehospitalaria ha tenido un desarrollo limitado y ha estado limitada más al sector privado que al sector público. Los primeros organismos que se encargaron de la atención prehospitalaria fueron los diferentes grupos de socorro con tripulantes voluntarios dentro de sus ambulancias y con niveles de entrenamiento no formal impartidos por las mismas instituciones de socorro.

En la actualidad el sector privado ha desarrollado sistemas de atención para emergencias médicas o consulta médica urgente a domicilio bajo sistemas de prepago. Igualmente, existen en todo el territorio nacional grupos de asociaciones civiles que en forma voluntaria ofrecen los servicios de atención prehospitalaria para casos de accidente, siniestros y desastres.

El concepto de atención prehospitalaria nació aproximadamente en 1940 con los cuerpos de bomberos de los Estados Unidos, quienes fueron los primeros en brindar atención médica a los enfermos o heridos mientras eran transportados. Históricamente la atención prehospitalaria influyó en el comportamiento de la morbilidad en las grandes guerras, con lo cual se aprecia cuando se han empleado y mejorado los sistemas de atención prehospitalaria.

Es un hecho estadístico que en la Primera Guerra Mundial el tiempo promedio en comenzar la atención de un herido de batalla se iniciaba en las primeras 12 o 18 horas, con un porcentaje de mortalidad de 8.5. En la Segunda Guerra Mundial la atención a las víctimas inició en las ocho o 12 horas siguientes, presentándose una mortalidad del 3.3 por ciento. En la Guerra de Corea el tiempo de la asistencia a los pacientes se redujo de dos a cuatro horas y la mortalidad descendió a 2.4 por ciento. En Vietnam este tiempo de asistencia inicial bajó de una a cuatro horas y la mortalidad también descendió a 1.9.

Con la experiencia bélica de Corea y Vietnam, donde se evidenció la importancia de la asistencia inmediata de los heridos en el campo de batalla por personal especializado combinándolo con un transporte rápido para la iniciación del tratamiento definitivo, fue que los sistemas de atención en salud tanto públicos como privados empezaron a incorporar a los sistemas de atención en salud recursos específicos para que pudiera darse una adecuada asistencia en corto tiempo a las víctimas de traumatismos o hechos violentos y así disminuir la mortalidad por esta causa.

Es evidente, y como profesionales de la salud sabemos, que el tiempo que transcurre desde el momento del accidente hasta el momento de la atención en el hospital es invaluable y en ello radica la importancia del decreto que hoy sometemos a su consideración, ya que es nuestra obligación como legisladores dar certidumbre a la población de que la atención que está recibiendo esté debidamente reglamentada.

Por lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Salud hemos coincidido en la importancia de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud, que el ejercicio de la atención médica prehospitalaria esté debidamente certificado y por lo cual solicitamos el voto aprobatorio de esta honorable Asamblea para el presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañera diputada Arenas Guzmán. Esta Presidencia ha recibido solicitud para fijar la posición del grupo parlamentario del PRI, de la diputada María Oralia Vega Ortiz. Tiene el uso de la palabra.

La diputada María Oralia Vega Ortiz: Con su permiso, señor Presidente. La atención médica es una parte importante de la cual en algunos momentos todos necesitamos el servicio fuera de un establecimiento de atención médica. Por ello, esta iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para incluir dentro de las actividades técnicas y auxiliares la atención médica prehospitalaria, la cual va a permitir que todos los prestadores de servicio en las unidades móviles, ambulancias, deberán contar con el reconocimiento de las autoridades educativas competentes, así como el diploma correspondiente que acredite que cuentan con los conocimientos suficientes y necesarios para atender los casos de urgencia que se presenten en la vía pública o en los espacios públicos de mayor riesgo para la población.

La atención prehospitalaria ocupa un espacio de gran importancia para el salvamento y la atención oportuna de las personas que han sufrido algún accidente o su salud se ve quebrantada de improviso y que requiere la atención urgente para su conducción a una unidad médica para la atención hospitalaria.

La urgencia hospitalaria comprende la atención de salvamento, atención médica y transporte de los pacientes a la unidad hospitalaria, lo cual representa que el cuidado de su salud debe ser atendida por personal paramédico con los conocimientos suficientes para la aplicación de mayor maniobra de reanimación, control de hemorragias, inmovilización, estabilidad de signos vitales y otros signos que son síntomas que requieren urgencia y atención y que deberán ser aplicados por el personal que acredite su capacitación y certificación de la atención prehospitalaria.

Esta propuesta, aprobada, vendría a dar certidumbre a los pacientes que requieren el servicio del personal paramédico ya que contarán con el aval de las autoridades educativas para certificar y validar la capacidad personal de los prestadores de servicio de atención prehospitalaria.

Por este hecho, señores compañeros diputados, todos en algún momento podemos requerir de los servicios de atención prehopitalaria, por eso es vital apoyar esta reforma que beneficiará el derecho a la salud a la que todos los mexicanos aspiramos y queremos. Es por eso, señores, que pedimos que aprueben esta reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Oralia Vega Ortiz. Tiene la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Vengo a hablar en pro de la iniciativa, sin embargo quisiera hacer algunas puntualizaciones con respecto a lo que el propio dictamen propone.

Me parece que —y lo voy a dejar como interrogantes— me parece que no es un asunto de certificación de entidades educativas únicamente. Yo les digo que solamente hay dos universidades en el país, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, la que tiene la licenciatura para que los jóvenes salgan como técnicos superiores universitarios paramédicos y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tiene una carrera técnica y salen como paramédicos los muchachos.

Yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado. Este me parece que es un buen paso pero habría que tener cuidado si es la entidad educativa la que tiene que certificar o en su caso también las entidades médicas. Está el caso de la Cruz Roja Mexicana que recientemente conviene con la Secretaría de Educación Pública para que puedan ser certificados.

La atención pre hospitalaria también tiene que ver con las ambulancias, no es solamente el personal. Habría que definir si tiene que ir un médico, tiene que ir un paramédico, tienen que ir ambos, pero tiene que ver también con el tipo de ambulancia.

Yo les platico el caso del Distrito Federal en donde podemos ver ambulancias en los cruceros, el que mejor les parezca, ahí hay una ambulancia. Yo creo que tiene que haber un control de las ambulancias también, tiene que haber un ente administrativo que vigile que las ambulancias cumplan con todos los requisitos.

Hoy tenemos ambulancias de traslado únicamente y hay una norma oficial que regula el funcionamiento y operación de estas ambulancias, la Norma Oficial 020 que menciona la propia iniciativa y que no se cumple en muchas de sus partes.

Presento estas observaciones para que se tengan en cuenta y no me resta más que decir que estamos en pro de este dictamen.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Efraín Morales. Agotado el número de oradores, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono de la curul 119, del diputado Gustavo Ramírez Villarreal.

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se emitieron 353 votos en pro y cero en contra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 353 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se rectifica el trámite dado a la iniciativa presentada por el diputado José Manuel del Río Virgen, del grupo parlamentario de Convergencia, que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de la Comisión de la Defensa Nacional.

Esta Presidencia saluda a los miembros del honorable ayuntamiento de Santa Cruz Xococotlán del estado de Oaxaca.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 98, segundo párrafo del artículo 316 y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al dictamen.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación)… las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo…(votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Esta Presidencia informa que se han anotado para fijar posiciones, los diputados Elsa Conde Rodríguez, Silvia Luna Rodríguez, Olga Patricia Chozas y Chozas, María Oralia Vega Ortiz, Efraín Morales Sánchez y Adriana Rebeca Vieyra Olivares.

En consecuencia tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del grupo parlamentario de Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con el permiso de la Mesa Directiva.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Honorable Asamblea. Estamos de acuerdo con la imperiosa necesidad de que el Sistema Nacional de Salud cuente con comités de bioética que proporcionen los lineamientos necesarios para continuar con el avance científico y tecnológico que tantos beneficios ha aportado al desarrollo de la humanidad. Por ello, daremos nuestro voto a favor, en lo general, a esta iniciativa.

Sin embargo, la redacción del artículo 41 Bis en comento no incluye ningún procedimiento de selección de quiénes integrarían los comités señalados ni establece con la anuencia de qué instituciones deberán ser ratificados los integrantes de dichos órganos.

Con lo que se corre el grave riesgo de que los comités queden constituidos por un número mayoritario de personas con posturas preponderantemente conservadoras o preponderantemente liberales, lo que en cualquiera de los dos casos atenta contra las bases democráticas sobre las que se ha instaurado el Estado mexicano y que tantos años de esfuerzo nos ha costado.

Es el caso de la Comisión Nacional de Bioética, cuya conformación queda a juicio únicamente del Secretario de Salud, quien tiene todas las facultades para nombrar a sus integrantes e incluso para removerlos.

Una instancia deliberativa y de opinión tan trascendente como la que nos ocupa, requiere conformarse mediante un procedimiento democrático y de validación que no deje lugar a dudas de que su actuar será imparcial y que en su seno están representadas todas las posturas y visiones, dejando siempre a salvo el hecho de que estos órganos emiten opiniones y no puedan estar por encima de los derechos de nadie.

De ahí que estando conformes con el hecho de que se requiere que los servicios médicos en el país cuenten con los comités de bioética necesarios, consideramos que es necesario precisar que en los comités no sólo estén representadas todas las disciplinas requeridas por un cuerpo bioético de las características que se señalan para el cumplimiento de los fines que en la propia norma se enumeran, sino que además se garantice que en su conformación quedarán representadas todas las posturas que respecto al tema puedan verterse.

Por lo anterior, respetando la redacción actual de la iniciativa, someto a la consideración de este Pleno una redacción alterna en la que solamente se incluya al final del artículo 41 Bis, la precisión de que ambos comités deberán estar conformados de modo tal que sus integrantes representen la pluralidad académica y científica del país.

Quedaría de la siguiente manera:

Fracción I… Exactamente como se establece en la redacción.

Fracción II, solamente agregar al final del segundo párrafo la siguiente redacción: Se procurará que ambos comités estén conformados de modo tal que sus integrantes representen la pluralidad académica y científica del país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores. Ante la preocupación sobre los impactos negativos de la ciencia y la tecnología en la sociedad se ha replanteado la necesidad de incorporar una visión sustentada en la ética, más aún cuando las decisiones involucran la vida humana y el cuidado de la salud.

A la bioética le corresponde el estudio de los dilemas que se derivan de la investigación de la vida humana y se ha constituido como un valioso instrumento para respaldar las decisiones de los médicos cuando se enfrentan ante la necesidad de aplicar procedimientos que significan un conflicto e involucran la dignidad, la autonomía o algún aspecto que afecte a sus pacientes o a las personas con las que se interactúa.

Con el fin de ayudar a los médicos, a la sociedad y a los pacientes, en esas instituciones han surgido los comités de ética hospitalarios, mismos que desde su aparición han ido adquiriendo una importancia y un desarrollo superior a cualquier forma institucional de estudio de la ética profesional.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza comparte con amplios sectores de nuestra sociedad el interés para que se promueva la bioética como una instancia rectora de las prácticas médicas y de investigación cuando se trata de la vida y salud humana. Sustentamos valores a favor de la dignidad y el respeto a los derechos humanos, al derecho a una vida plena y a contar con servicios de salud que pongan, en primer lugar, un trato que sea sensible a las necesidades del paciente.

Por ello nos pronunciamos a favor de que las instituciones hospitalarias, tanto privadas como públicas, cuenten con sus respectivos comités hospitalarios de bioética, instancias que deben aportar un sano debate entre profesionistas de la salud en temas que sean controversiales.

Como legisladores, es nuestra obligación el crear las normas y leyes que garanticen el bienestar y el respeto a los derechos de las personas. Para quienes acuden a las instituciones de salud se debe ofrecer tanto calidad en el servicio como atención sustentada en valores éticos y humanos.

El Comité de Bioética Hospitalaria se debe concebir como un grupo multidisciplinario y de pluralidad académica dentro del hospital, cuyas funciones deberán consistir en orientar y aconsejar al personal encargado de la salud, a partir del análisis juicioso y razonado de casos concretos, para llegar a una conclusión que podrá externarse al grupo que solicite la opinión. Asimismo, el Comité podrá acceder a tomar un caso por iniciativa propia o por solicitud del cuerpo directivo, cuando la magnitud del problema lo amerite.

El grupo parlamentario de Nueva Alianza ratifica en esta tribuna su apuesta por el futuro, por las transformaciones y por los cambios que nuestra sociedad exige. Confiamos en que, a través de los comités hospitalarios de bioética se contribuya a dar a las instituciones de salud herramientas para hacer más humana la atención que se presta.

Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Nueva Alianza ratifica su apoyo a esta propuesta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Silvia Luna Rodríguez. Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Con su permiso, Presidenta. Compañeros diputados. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de conformar comités de bioética ante la eminencia de toma de decisiones frente a problemas, en ocasiones de resolución impostergable, en donde no alcanzaban sólo la ciencia médica, la legislación no contemplaba o lo hacía parcialmente y el sentido común ayudaba hasta no más allá de la división del camino que suponía la posibilidad de alternativas diferentes.

Puesto en otros términos, ocurre lo que con similares características sucedió en otros ámbitos, más allá del científico-médico. El avance de la ciencia y el vertiginoso desarrollo tecnológico trajeron como consecuencia la posibilidad de abordar y resolver problemas de manera antes impensada; pero los increíbles aportes conllevan la aparición de nuevos dilemas tampoco antes imaginados, con implicaciones subsecuentes no deseadas y peligrosas hasta terriblemente perniciosas.

En ese marco la medicina científica generó los más grandes avances en el diagnóstico y tratamiento, contó con el concurso de otras ciencias y tecnología, superó los límites de lo hasta hace poco creíble.

La ética analiza y estudia los comportamientos tratando de otorgar mayor comprensión a los actos y a las particularidades en que están inmersos, determinando en sí situaciones particulares y específicas en el caso de la bioética, poniendo de relieve el carácter único y sin igual de cada ser humano.

Y si bien la bioética trata singularidades, lo hace dando cabida a la participación de otros actores que estaban relegados por la ciencia, incluyendo a la política planteada desde una dimensión distinta y al derecho, replanteando desde lo singular el sentido de lo justo.

Los comités de bioética de nuestro país deben ajustarse conforme a pautas y directrices internacionales para la creación y funcionamiento de órganos de revisión ética, trabajo fundamentalmente sobre la plática de una ética del consenso, sin desconocer que admitiéndole una valoración positiva no pueden soslayarse sus ambigüedades y limitaciones.

Con la aprobación de este dictamen va nuestro anhelo de lograr una voz unánime que se constituya en respuesta al imperativo de que los trabajadores de la salud, junto con la excelencia de su formación científico-técnica, adquieran una serie de formación humanística, como los ciudadanos esperan. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Olga Patricia Chozas y Chozas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Oralia Vega Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Oralia Vega Ortiz: Con su permiso, señora Presidenta. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto apoya la propuesta del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 bis de la Ley General de Salud, para que los establecimientos de atención médica tanto públicos como privados tengan la obligación de contar con un comité hospitalario de bioética para la resolución en la materia, mismos que serán responsables del análisis, discusión, apoyo en la toma de decisiones respecto de los problemas bioéticos en la práctica clínica.

Cabe señalar que la bioética es la reflexión racional de las implicaciones éticas que tienen ciertas prácticas médicas y ciertas metodologías de investigación biológica y clínica.

A la bioética se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o la investigación dentro del campo de la vida humana. Su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que impliquen conflictos de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y de la práctica médica.

Bajo este entendimiento, la fracción parlamentaria del PRI apoya el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 41 bis de la Ley General de Salud y por mi conducto les hago un atento llamado para apoyar este dictamen, ponderando que los comités de bioética, como queda señalado en esta reforma, ni sustituyen ni son una evolución de los comités de ética que señala la propia Ley, y su esfera de aplicación no es más amplia que la de la ética.

De hecho esta norma es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esfera de decisión superiores a los comités de ética, porque carecen de figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones sino que se constituye en una vía estratégica para la institucionalización de la bioética en el desarrollo del pensamiento deliberativo, así como en las políticas institucionales en materia de bioética.

Un factor importante que debemos resaltar es que la bioética en esta iniciativa se convierte en una disciplina que brinda herramientas de apoyo al personal de salud, a la docencia y como conducción de investigación, además de jugar un papel de velar por el bienestar, la dignidad y los derechos tanto de los pacientes como de los participantes en investigación.

Las modificaciones que se plantea la Ley General de Salud para adicionar el artículo 41 bis, objeto de esta iniciativa, viene a dar congruencia con lo referido a los artículos 98 y 136 de la Ley mencionada, así como un reordenamiento e incorporación de elementos en el cuerpo del decreto, que cabe señalar que las principales modificaciones son: la redefinición de los comités hospitalarios de bioética y lo anterior, para precisar sus funciones y responsabilidades.

Se definen los casos de establecimiento de atención médica que lleven actividades de investigación en seres humanos, señalando que deberán contar con un comité de ética en investigación, quienes serán los responsables de evaluar y de dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos; y por último, los comités de bioética supervisarán las acciones previstas en el cuerpo del artículo que se propone adicionar.

Por lo anterior, compañeros diputados, es de aprobarse el dictamen en comento y le estaremos dando certidumbre y transparencia a todos los actos que implican la toma de decisiones en los dilemas bioéticos. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María Oralia Vega Ortiz. Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Vengo a nombre de mi partido, mi partido de la Revolución Democrática, a fijar posición respecto a este dictamen que hoy se discute. Sin duda los comités de ética hospitalarios han venido tomando fuerza, yo recuerdo, y si no mal recuerdo, desde mediados de 1970 ya venían funcionando; sin embargo, esto ha tomado una fuerza tal que ha llevado a que muchos opinen en relación a la necesidad de normar la conformación de estos comités, me parece importante.

Quiero compartir con ustedes información, creo que esto es muy importante que estemos informados y lo voy a hacer sin demeritar la iniciativa del diputado Salvador López, y empezaríamos por preguntarnos: ¿qué es la Comisión Nacional de Bioética?

La Comisión Nacional de Bioética es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Sus objetivos son: establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática de la bioética; fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética; propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de la sociedad; fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y de investigación en salud; promover la creación de comisiones estatales de bioética.

Promover que las instituciones de salud pública y privada se organicen y funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación con las facultades que le otorguen las disposiciones jurídicas aplicables; así como apoyar la capacitación de los miembros de estos comités, que es el caso que nos ocupa.

Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, para el desarrollo de sus actividades.

¿Qué son los comités hospitalarios de bioética? Son grupos multidisciplinarios que auxilian al personal involucrado en la atención médica y a los pacientes a conducirse de manera ética ante los avances de la medicina moderna y los nuevos procedimientos de diagnóstico.

Su función principal es asegurar que se provea la mejor atención encaminada a restituir y a mantener la salud. Asistir en las decisiones para atender a los pacientes sin interferir en las relaciones médico-pacientes.

Sus funciones están en analizar, discutir y apoyar en la toma de decisiones respecto de los problemas o dilemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica, la atención médica, o en la docencia que se imparte en el área de la salud.

Elaborar los lineamientos y políticas éticas institucionales para la atención y la docencia médica.

Promover la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento.

Proponer una solución prudente, no sancionar; no es deontológico.

Retomo finalmente una de las consideraciones que hizo el Senado: la bioética es una forma especializada de la ética. Los comités de bioética no tienen esferas de decisión superiores a los comités de ética porque carecen de una figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones.

Por esta razón, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. La suscrita, diputada federal Adriana Rebeca Vieyra Olivares, en mi carácter de secretaria de la Comisión de Salud y de conformidad con lo establecido por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Pleno la fundamentación del

Dictamen con proyecto de decreto sobre la minuta que reforma los artículos 98 y 316, segundo párrafo y adiciona un artículo 41 Bis, a la Ley General de Salud.

En 1971 el oncólogo Van Ronsselaer Potter inició la discusión sobre una novedosa visión de la ciencia, la medicina y la tecnología, introduciendo justamente el término de bioética. Los estudiosos consideran este evento como un disparo de la bioética. En su libro Bioética: un puente hacia el futuro, Potter englobaba la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos.

La prestigiosa Enciclopedia Bioetic define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias, de la vida y del cuidado sanitario, en cuanto que tal conducta se examina a la luz de los valores, y por supuesto, de los principios morales.

A la bioética no se le ha encomendado el estudio de todos los problemas éticos o morales relativos a la vida humana, así como el de los principios o normas a que deben sujetarse quienes se dedican al estudio o a la investigación dentro del campo de la vida humana.

Su objetivo es proponer criterios a los responsables de tomar decisiones que implican conflicto de obligación o de derecho en el campo de la investigación biomédica y la práctica clínica. El objetivo de la bioética es animar al debate y al diálogo interdisciplinario entre la medicina, la filosofía y la ética; y supone una notable renovación de la ética en la medicina tradicional.

Es un hecho que, ante el inminente y veloz progreso científico, la legislación ha quedado rezagada y con el espíritu de subsanar dicha demora, los legisladores tanto de la LIX, LVIII y Legislatura anteriores buscaron adecuar el texto de la Ley General de Salud para darle una frescura a los nuevos tiempos.

La Comisión de Salud reconoce la necesidad de regular la instalación de los comités hospitalarios de la bioética, de acuerdo con la complejidad de las instituciones y centros de atención médica como espacios, por supuesto, de análisis de discusión y apoyo en las tomas de decisiones respecto de los dilemas bioéticos en los temas que son de su competencia.

En la aprobación del dictamen que hoy presentamos hemos considerado que los comités de bioética ni sustituyen ni son una evolución de los comités de la ética. La esfera de la aplicación de la bioética no es más amplia que el de la ética; de hecho la bioética es una forma especializada de la ética.

Los comités de bioética no tienen esferas de decisiones superiores a los comités de ética porque carecen de la figura jurídica que les permita acceder al ámbito de las decisiones: la intención de la reforma es, pues, redefinir los comités hospitalarios de bioética, precisando sus funciones y sus responsabilidades.

Lo anterior lo hemos logrado mediante la incorporación de los elementos propuestos por el dictamen de la Cámara de Diputados y la redacción misma que el Senado envió a este Pleno. Es de este modo que lo legisladores de la LX Legislatura buscamos incorporar, al texto de la Ley General de Salud, herramientas que nos permitan enfrentar de la mejor forma los nuevos retos y dilemas a los que se enfrentan la medicina y la ciencia; y por lo que pedimos su apoyo aprobatorio para el presente dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Adriana Rebeca Vieyra Olivares. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite la modificación propuesta por la diputada Elsa Conde Rodríguez, previa lectura, por favor.

El Secretario diputado Eduardo de la Torre Jaramillo: En el artículo 41 Bis, en el último párrafo, se agregaría: Se procurará que ambos comités estén conformados de modo tal, que sus integrantes representen a la pluralidad académica y científica del país.

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se admite la modificación propuesta por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo…(votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidente diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea si del dictamen que se está presentando, y que se discutió, se pueda tomar la votación. Ya está suficientemente discutido, ya presentamos la modificación. Sí, perdón. El diputado Mayans. Si le dan sonido a la curul del diputado Mayans, por favor.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidenta, este dictamen ya fue votado en la Cámara, enviado al Senado, se le hicieron las modificaciones correspondientes, por lo tanto el día de hoy no procedería hacer esta votación y esta adición que se le quiere hacer a la ley.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, sería regresar a la Cámara de Senadores precisamente por esta modificación que se le está realizando y la Cámara de Diputados tendría ese derecho de enviar la modificación. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese la curul 119 del diputado Gustavo Ramírez Villarreal, que su voto va a ser de viva voz.

El diputado Gustavo Ramírez Villarreal (desde la curul): A favor de la propuesta.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Se emitieron 363 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos; el proyecto de decreto que reforma los artículos 98; el segundo párrafo del artículo 316; y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley General de Salud. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

Esta Presidencia recibió del diputado Antonio Xavier López Adame, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo a la reserva de la biósfera Chamela-Cuixmala, se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se recibió del diputado Jesús González Macías, del grupo parlamentario del Verde Ecologista, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa que expida el Reglamento General de los Distritos de Desarrollo Rural y aquéllos necesarios para el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

Esta Presidencia recibió del diputado César Horacio Duarte Jácquez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Conagua se conduzcan de acuerdo con la normatividad vigente en materia de incentivos para la regularización de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se recibió de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a que integre a diversos municipios del estado de Quintana Roo al área geográfica A. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Se recibió también del diputado Jesús Ramírez Stabros, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que informe sobre los costos de las obras de ampliación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Se recibió del diputado Pedro Montalvo Gómez, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo en relación al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios del estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo para que se integre una Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago de derechos de trámite aduanero.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros. Todos ustedes saben el escándalo que hubo y esa putrefacción que se vio que se ha querido sepultar con el caso de ISOSA, donde incluso fallece uno de los directivos en circunstancias por demás extrañas, sin esclarecerse; donde incluso rápidamente la Corte dice que no era auditable aun cuando maneja recursos públicos y todos conocemos esa relación, ese contubernio que ha habido entre ISOSA y los fideicomisos Aduanas 1, Aduanas 2 y cómo esta empresa que no se ha querido auditar, maneja el pago de derecho de trámite aduanero.

Por este escándalo el diputado Pablo Trejo, en tiempo, en forma, ajustándose a nuestra Constitución, al artículo 93 de la Constitución, presentó la integración de una Comisión de Investigación, tal como lo mandata nuestra Constitución.

Estamos hablando de un derecho consagrado en la Constitución para la minoría de esta Cámara de Diputados, una minoría que puede ser quien integre más de la cuarta parte de firmas para realizar o concretar estas comisiones de investigación. Y qué es lo que ha pasado con el trámite que hizo el diputado Pablo Trejo, qué se ha hecho; simple y sencillamente la Junta de coordinadores —nuestro órgano máximo además de la Mesa Directiva— no ha querido que se cumpla la Constitución.

Me van a perdonar tanto el coordinador de Acción Nacional como del PRI, pero, ¿quién los faculta para violar la Constitución? ¿Quién les da derecho a estar violentando la Constitución?

El PRD en otras legislaturas no ha sido segunda bancada; ha sido a veces un grupo con menos legisladores y nunca en la historia de las legislaturas se había venido a violar la Constitución en contra de las minorías. Se entendía que aun cuando la mayoría no compartiera el criterio de que se investigara tal o cual instancia, esto se tenía que hacer porque así lo mandata la Constitución.

Hoy no ha ocurrido así. Es inaudito, es sin precedentes. Hace cinco meses que se reunieron más de 130 firmas de diputadas y diputados para integrar esta Comisión y todavía no se integra. Entonces yo sí…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Permítame, diputado Juan Guerra. Sonido a la curul del diputado Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): Que si me hace el favor de preguntarle al diputado Juan Guerra si me permite hacerle una pregunta y una consideración.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta, diputado Juan Guerra?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): Primero, señor diputado Juan Guerra, decirle que el grupo parlamentario del PRI está de acuerdo en que se formen las comisiones investigadoras y por supuesto, que quede claro que no estamos de acuerdo en que se esté violando la Constitución, que es muy clara en ese sentido. Por otro lado, entiendo que los coordinadores de los grupos parlamentarios están atendiendo este asunto, pero quisiera que me explicara y explicara a este Pleno a quiénes se refiere cuando hace el señalamiento de que está detenido este asunto y que está violándose la Constitución. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Bueno, yo me refiero directamente —y lo señalo— al Presidente de la Junta de coordinadores, al diputado Emilio Gamboa, porque él es el Presidente de esta Junta y es el que tiene que agilizar la integración de estas comisiones. Y me refiero directamente al coordinador de la bancada de Acción Nacional, porque es el grupo mayoritario y sin esa opinión tampoco se integra.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Murat. ¿Con qué objeto?

El diputado José Murat (desde la curul): Para hacerle una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: ¿Acepta usted otra pregunta, diputado Juan Guerra?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Murat.

El diputado José Murat (desde la curul): Estoy en condiciones, diputado Juan Guerra, de decirle que el grupo parlamentario del PRI, en el que está el diputado Emilio Gamboa, estamos de acuerdo en la integración de los grupos parlamentarios y entiendo que ya se ha tratado esto en la Junta coordinadora y que a más tardar el lunes o la próxima semana deben quedar integrados estos grupos con comisiones de investigación, como lo marca la Constitución y como está en la regla y debe funcionar inmediatamente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Yo agradezco esa opinión de la bancada del PRI; espero que haya el mismo compromiso de la bancada de Acción Nacional, porque si no, ¿qué es lo que parece? Que se quiere proteger a Gil Díaz, que no se quiere que se investigue la corrupción de Gil Díaz, personaje por demás que tiene denuncias de otro tipo, que se sabe que acomodó a sus familiares en diversas posiciones de Aduana. O sea, lo que pareciera o la impresión que se da si no se integra esta Comisión, es que se está tratando de proteger la corrupción de Gil Díaz.

Por eso agradezco la opinión de la bancada del PRI, el compromiso para que se integre y pido lo mismo de Acción Nacional, que haya ese compromiso.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul del diputado Juan José Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Desde luego que asumimos ese compromiso —nada más para responderle al señor orador.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Rodríguez Prats. Se le ha acabado el tiempo, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, termino. Agradezco mucho la opinión de la bancada de Acción Nacional. Es cuanto, ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Juan Guerra. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

El punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Ramírez Stabros, del PRI, se turna a la Junta de Coordinación Política. Tiene la palabra el diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda para que obligue a las instituciones financieras de banca y crédito, enviar un reporte de no adeudo a las sociedades de información crediticia con respecto a las personas que han liquidado sus deudas.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez: Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia cuya misión es recabar antecedentes sobre la conducta crediticia de las personas físicas y morales. El Buró tiene sus inicios en el año de 1996 por dos empresas de nacionalidad extranjera: Trans Union de México S. A y Dan Embrad Street, S. A, ambas contando con el permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y tienen como propósito integrar información sobre personas físicas y morales conformando una base de datos que ofrece a otras instancias.

Hasta hoy, es un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México debido a que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, personas físicas con actividad empresarial y personas morales que han contraído un crédito en alguna entidad del sistema financiero mexicano y casas comerciales que otorgan créditos al consumo y menudeo.

En virtud de lo anterior, resulta relevante apuntar que el buró de crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse. Asimismo no emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de crédito, únicamente se remite a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas y morales a través de la vida de los empréstitos.

Diversos bancos y prestadores de servicio a crédito, recurren a la información del buró con el fin de investigar si una persona es sujeta de crédito o no lo es. La mayoría de los mexicanos han sido partícipes de compras a crédito y préstamos.

El no pagar a tiempo dichos préstamos, conlleva a que aparezcan en la base de datos del buró de crédito, teniendo como resultado el contar con un historial crediticio negativo. Al solicitar un nuevo crédito se rechaza la solicitud debido a que al estar dentro del buró se considera una persona morosa.

Otro supuesto en el que se han visto inmersas las personas que recurren a créditos, es el llamado quebranto de la institución. Es decir, cuando el deudor negocia el pago con la institución crediticia logrando una reducción del adeudo total para su finiquito.

No obstante tal negociación, los bancos no reflejan el reporte de pago del deudor ante el buró argumentando el ya mencionado quebranto a la institución. Es por eso que debemos decir que los efectos negativos que trae aparejado el estar situado en el buró de crédito, les hace recurrir a préstamos en condiciones de usura para liquidar las deudas por el hecho de estar en dicho buró.

Reitero, los efectos de ser acreedores a una nota negativa provocan enfrentar problemas difíciles de resolver pues impide acceder a los servicios financieros, principalmente al acceso de créditos bancarios, teniendo que recurrir así a créditos caros.

De igual manera cuando se presentan oportunidades de compra de algún bien inmueble u otro tipo, estos le son negados y no son asequibles por la ya mencionada situación. Esto, debido a que cuando liquidan la deuda con un banco este no pasa el reporte a tiempo para informar que dichas deudas han sido liquidadas y que el historial crediticio denote una buena referencia.

Es por lo anteriormente expuesto compañeros, que resulta importante que los bancos y prestadores de servicios que piden el reporte a las sociedades de información crediticia para verificar el ya mencionado historial crediticio, tengan la obligación de pasar el reporte de no adeudo en cuanto el crédito sea liquidado y/o finiquitado.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que obliguen a las instituciones financieras de banca y crédito públicas y privadas, casas comerciales y entidades afiliadas al buró de crédito, a pasar el reporte de no adeudo cuando los deudores hayan cumplido y/o finiquitado cabalmente con sus compromisos de pago, debiendo hacer esto las entidades crediticias en un término no mayor de 30 días naturales, de lo contrario se harán acreedores a una sanción de 100 salarios mínimos diarios a partir del día 31 y así sucesivamente por cada día de atraso que no entreguen dicho reporte.

Muchas gracias compañeros. Solicito a esta Presidencia sea insertado íntegro en el Diario de los Debates el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Flores Domínguez. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Presidencia les recuerda que el día de ayer en la reunión de Conferencia con todos los coordinadores se acordó que para disminuir el rezago legislativo, los puntos de acuerdo tuvieran una duración de tres minutos. Se les pide su comprensión a los diputados que van a pasar a presentar puntos de acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación incorpore en el calendario oficial del 24 de agosto como día de la firma de los Tratados de Córdoba y declare fiesta nacional.

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señor Presidente. Ruego a usted anticipadamente que el texto íntegro de este documento se inscriba en el Diario de los Debates.

Al hablar de la Independencia de México, nos remontamos justamente al 16 de septiembre de 1810, fecha en la que la historia ha marcado como el día en el que el pueblo mexicano inicia la independencia del imperio español; 16 de septiembre, día en que se inicia también uno de los capítulos más importantes de la vida de México como país naciente. Años más tarde, la Batalla del 21 de mayo de 1821 en la Villa de Córdoba, Veracruz, fue un hecho sumamente importante, en ella los cordobeses lucharon por su independencia derrotando al Ejército realista español.

Esta última acción de armas realizada en esta ciudad, constituye un importante paso para la consumación de la independencia de nuestro país. Estuvo y este suceso sirvió para que el 24 de agosto del mismo año se reuniera en la población cordobesa, Agustín de Iturbide, Jefe del Ejército Trigarante y Juan de O’Donojú, último virrey de la Nueva España, para fijar los Tratados de Córdoba mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra.

El valor que demostraron en ese entonces, concedió a Córdoba el 2 de noviembre de 1880 el título de heroica, siendo esta ciudad y el municipio de Veracruz, las únicas que ostentan dicho honor en todo el estado.

La firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821, como lo mencionamos, pone fin a 11 años de una guerra en la que miles de mexicanos perdieron la vida por uno de los fines más nobles que una persona puede buscar; la libertad.

Por lo mismo, la firma de los Tratados de Córdoba no es una fecha que tenga que ser excluida del calendario oficial, hay veces que la misma historia causa injusticias. Por eso hacemos esta propuesta. Precisamente por lo anterior es que creemos que también este acontecimiento es motivo de ser incluido de manera más específica en los libros de texto gratuitos.

Actualmente las jornadas del 21 mayo de 1821 y del 24 de agosto de ese mismo año, sólo se recuerdan y se celebran localmente en la Ciudad de Córdoba y no les dan el lugar histórico que les corresponde.

De ahí, que México sea el único país que festeje y celebre el inicio de su movimiento liberatorio y no se reconozca a quién lo concluyó y mucho menos dónde se realizó dicho acontecimiento. De ahí la injusticia histórica oficial para con la ciudad de Córdoba.

Rememorando la culminación de la lucha de independencia así como la última batalla disputada para alcanzarla, no hacemos menos el 16 de septiembre; al contrario, hacemos que nuestras fiestas patrias sean completas celebrando tanto el inicio como el fin de un capítulo fundamental en la historia de nuestro pueblo. No hacemos menos ni hacemos más una fecha de la otra.

Que este Congreso le haga justicia al pueblo de Córdoba y al estado de Veracruz en la parte que dentro de la historia de nuestra independencia nos corresponden. Festejemos como lo hacemos con el inicio de nuestra independencia. No dejemos de festejar y de celebrar el término y la culminación de la misma. En sus manos, señoras y señores diputados, está esto. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duck Núñez. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Tiene la palabra el diputado Francisco Dávila García, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales, a fin de que realicen la creación e integración de una Comisión de Turismo.

El diputado Francisco Dávila García: Con su permiso, señor Presidente. Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a los Congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo.

El de la voz, Francisco Dávila García, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a los congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo.

Consideraciones

La atención en lo particular al tema del turismo implica una gran diversidad de estudios, acciones, programas y estrategias, teniendo como única finalidad el desarrollo de la actividad en los destinos con oportunidad para su potencialización, generándoles un crecimiento económico y, por tanto, un beneficio social a sus habitantes.

Ejemplo de ello lo encontramos en los cinco centros integralmente planeados por Fonatur en los destinos: Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Cancún y Huatulco. Éstos se iniciaron a finales de los años 70, con una política de visión a futuro que tuvo como objetivo el crear fuentes de empleo que permitieran urbanizar y dotar de infraestructura básica a nuevas poblaciones para elevarlas a rango de ciudades con todos los servicios públicos.

Con este antecedente de diseño, creación y desarrollo de un destino turístico, puedo asegurar que la atención integral para la actividad turística puede acrecentar de manera sustantiva el crecimiento económico de un municipio, región o estado.

Por ello propongo que los congresos estatales que aún no cuenten con una comisión que atienda únicamente ese tema analicen las oportunidades, ventajas y beneficios que el turismo generará en sus estados con la implementación de políticas propias para el tipo o modalidad de turismo que se pueda aprovechar en cada una de estas entidades, con un ordenamiento jurídico que tenga como base de referencia el desarrollo e incremento de la actividad turística y particularizando lo relativo a las necesidades propias del estado.

Lo anterior deberá ser en cumplimiento a la disposición constitucional estipulada en el inciso k), fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo y la concurrencia con las entidades de la federación para establecer las bases de esta materia.

Al contar con una comisión para esta actividad, los congresos estatales podrán estudiar, analizar y legislar lo relativo en materia de turismo para su estado y coparticipar en la planeación y creación de las políticas que se formulen para potencializar las oportunidades que el turismo otorgue al estado.

Por ello, me permito realizar dicho exhorto de manera respetuosa a mis compañeros legisladores de los estados, ya que en estos momentos nuestro país está afrontando la urgente necesidad de crear empleos y éstos, a su vez, deben generar salarios que permitan satisfacer las necesidades básicas de las personas.

La actividad turística, compañeros y compañeras, es promotora de un mayor número de empleos directos e indirectos; y esa actividad económica genera a sus trabajadores una remuneración que se encuentra 30 por ciento por encima de la media nacional.

Esto confirma la importancia de impulsar y llevar a cabo acciones en las que se propicie la participación de los sectores involucrados en torno al turismo, de tal forma que nuestra función como legisladores se manifieste a favor de dar soluciones concretas y prontas en pro del bienestar común de los representados de nuestro país, cumpliendo con el encargo para el que fuimos electos.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

Único, por el que se exhorta a los Congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo de pronta creación.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de marzo de 2007. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Dávila García. Como ha sido solicitado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: En consecuencia está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada. Comuníquese. Se recibió del diputado Jorge Toledo Luis, del grupo parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo implemente un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonativ para el sector empresarial en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra la diputada María Gabriela González Martínez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública aplique de manera obligatoria los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica.

La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputado Presidente. La suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se apliquen de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica en las plazas que le corresponden a la Secretaría, bajo los siguientes

Considerandos

Que la educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos, un México democrático, libre, justo y próspero, orgulloso de su cultura ancestral y a la vez competente para participar en la comunidad internacional contemporánea.

Que los medios para impulsar el desarrollo integral de los mexicanos y de la sociedad en general es contar con un sistema educativo de buena calidad, que esté orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional de evaluación continua para el mejor desarrollo de las capacidades.

Que en la actualidad nuestro sistema educativo presenta en diferentes medidas fallas de articulación, liquidez en los programas de estudio, insuficiente diversificación de las institución, repetición y deserción, falta de aprovechamiento, problemas de cobertura, así como desigualdades entre los estados, las regiones y los diversos sectores sociales.

Que en la baja calidad de nuestra educación intervienen, entre otros, los siguientes factores: existencia de profesores con perfiles inapropiados para el adecuado desempeño de su función y la falta de instrumentos de evaluación integral y en general un avance insuficiente en la cultura de rendición de cuentas.

Que en un informe sobre la formación docente, presentado en el año 2004 ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gobierno mexicano reconoció que prevalecen en el país procedimientos discrecionales en la asignación de plazas magisteriales, lo que promueve su corrupción.

Que en el marco del compromiso social para la calidad en la educación, las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales asumieron la responsabilidad de realizar la evaluación integral de los procesos educativos y la rendición de cuentas.

Que en el mismo compromiso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional, convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asumió el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad de las formas de organización y gestión escolar, así como de fomentar una actitud responsable y comprometida entre los trabajadores de la educación con su materia de trabajo y con el derecho de los mexicanos a contar con una educación de buena calidad y equitativa.

Que la relación entre el Sindicato y las autoridades educativas debe ser respetuosa, clara, transparente y propositiva, privilegiando la concepción de acuerdos que coadyuven con los retos que enfrenta la educación en este país.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Pleno la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Se exhorta al a Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que en el ámbito de sus facultades instrumente las medidas necesarias para que se apliquen de manera obligatoria, pública, sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema educación básica en las plazas que le corresponden a la Secretaría.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que promueva a través de los acuerdos necesarios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cumplimiento al compromiso social por la calidad de la educación. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada María Gabriela González Martínez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Pedro Pulido Pecero, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a las secretarías de Economía y de Hacienda consideren retomar el cierre de las importaciones de carne provenientes de países infectados con fiebre aftosa.

El diputado Pedro Pulido Pecero: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. Vengo a pedirles su apoyo en este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca retomen el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países afectados de fiebre aftosa.

La fiebre aftosa es una enfermedad aguda-infecciosa y en extremo contagiosa que afecta principalmente al ganado bovino, cuyo impacto económico es tan severo que cuando una nación la reporta, todos los países del mundo se cierran a sus exportaciones.

Para su erradicación se deberán sacrificar todos los animales alrededor del foco de infección, debiendo permanecer bajo aislamiento cinco años y otros cinco sin reporte, en el caso, para poder ser declarado como libre de fiebre aftosa.

El inventario actual es de 29 mil millones de bovinos, que implica la generación directa de 1.1 millones de empleos en el campo, así como una relación estrecha con tres millones de empleos en la red de valor de la carne de res.

El total del inventario es superior a los 30 millones de dólares, por lo que el arriesgar a nuestro país a un contagio de esta enfermedad, implicaría pérdidas por más de cuatro millones de dólares, que es la producción anual.

En América del Sur existe una fuerte incidencia de fiebre aftosa, debido al contrabando de ganado y cárnicos de Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile; son países con presencia de enfermedad, por lo cual ven limitadas sus exportaciones a sus importaciones de carne refrigerada y congelada.

En el 2001 Uruguay presentó un brote de fiebre aftosa que propició el cierre de sus exportaciones; sin embargo cinco años después Uruguay alcanzó el status de libre bajo vacunación intensiva, lo que no implica que el riesgo de contagio se ha terminado.

Las organizaciones pecuarias de México han manifestado su inconformidad ante esta reapertura pues no sólo se pone en riesgo la economía del sector pecuario sino la sanidad y el riesgo que implica para el consumo humano. Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional somete a consideración de este Pleno el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Sagarpa, la Secretaría de Economía y de Hacienda y Crédito Público, se considere el retomar el cierre de las importaciones de carne provenientes de los países infectados de fiebre aftosa.

Este punto de acuerdo es considerado de urgente u obvia resolución. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Pulido. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica se consulta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Tiene la palabra el diputado Salvador Barajas del Toro del grupo parlamentario del PRI para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Salvador Barajas del Toro: Con el permiso de la Presidencia, diputadas y diputados de esta Honorable Cámara, subo a esta tribuna para manifestar la adhesión de mi fracción parlamentaria a la propuesta hecha por el diputado Pedro Pulido Pecero, que consiste en exhortar al Ejecutivo federal a que considere retomar el cierre a las importaciones de carne de los países afectados con fiebre aftosa.

Estimamos que la solución que se plantea en el citado punto de acuerdo es la adecuada. En nuestro país la fiebre aftosa ha sido erradicada desde mediados del siglo pasado, no obstante esta es una enfermedad viral, altamente transmisible que afecta a los animales, específicamente al ganado bovino, ovino, caprino y porcino, que está latente en otras latitudes, en países productores de ganado de América del Sur con los que México tiene intercambio comercial.

Puede considerarse incluso que esta situación vulneraría la seguridad nacional, ya que provocaría una amenaza y riesgo para nuestra población, es decir, aunque no se trata de una zoonosis, que significa la posibilidad de transmisión hacia el ser humano, implica la posibilidad de dañar a millones de animales que son comercializados en el mercado interno.

Es necesario tomar en consideración los efectos devastadores que en la economía representa una epidemia de esta naturaleza, por lo cual nuestro país debe de tomar las medidas necesarias para evitar que nuestros productores no se vean amenazados por una posible introducción al país de animales infectados, pero sobre todo, salvaguardar la salud general de la población.

El Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la máxima tribuna nacional, manifiesta su preocupación para que se lleven a cabo las medidas preventivas y permanentes por las autoridades correspondientes, que tomen en consideración la importancia de no permitir el ingreso de animales, productos o subproductos importados y contaminados de fiebre aftosa, así como con mirar que las autoridades encargadas de la inspección sanitaria realicen eficazmente y mesuradamente su trabajo, porque éstas son las principales agentes que deben de garantizar la protección de la salud de los mexicanos.

Por último, cualquier estrategia que se lleve a cabo en nuestro territorio para la prevención de enfermedades provenientes de otras latitudes requiere de apoyo permanente de las autoridades involucradas y de la previsión adecuada de los recursos económicos destinados para estos fines.

No debemos de permitir que una mala actuación de las autoridades correspondientes ponga en riesgo la salud del ganado mexicano, que es una de las principales actividades económicas de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Barajas. Tiene la palabra el diputado Fernel Gálvez Rodríguez del PRD.

El diputado Fernel Galván Rodríguez: Con su permiso, diputado Presidente. También mi grupo parlamentario del PRD nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Pedro Pulido Pecero, dadas nuestras condiciones también como médico veterinario zootecnista, con la experiencia de haber contribuido en las diferentes campañas que nuestro país ha impulsado a través de los programas de la Sagarpa para controlar estas diferentes enfermedades.

La fiebre aftosa no nada más ha dejado huella en la economía nacional de nuestro país, sino también ha dejado una huella muy profunda en cuanto al fallecimiento y acribillamiento, incluso de médicos veterinarios zootecnistas por haber cumplido también con sus deberes en cuanto a la aplicación del rifle sanitario, en muchos años atrás.

Yo considero que la proposición con punto de acuerdo que hace el compañero diputado es también de carácter de urgente y obvia resolución, por lo cual mi grupo parlamentario del PRD, también le damos nuestro respaldo y apoyo.

Dado que estas enfermedades como la fiebre aftosa, que es una enfermedad que ha causado grandes pérdidas económicas para el país; y considerando que esta enfermedad que pudiera penetrar nuevamente a la explotación agropecuaria, o mejor dicho, pecuaria de nuestro país, sería de un destrozo económico muy fuerte y pondría en riesgo la salud de nuestros mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Gálvez. Consulte la Secretaría a la Asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. La propuesta agendada por el diputado Gildardo Guerrero Torres respecto de una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe, se pospone.

Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, crear una Fiscalía Especial para la investigación de los hechos delictivos, derivados del conflicto político-social, oaxaqueño. Se turna a la Comisión de Justicia.

Esta Presidencia saluda a las personas del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche presentes en esta sesión. Tiene la palabra el diputado Jorge Salum del Palacio, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo relativo a la declaratoria de Patrimonio Mundial al proyecto Camino Real de Tierra Adentro.

El diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito diputado, Jorge Salum del Palacio, en representación de los diputados que suscribimos el presente documento, integrantes del grupo parlamentario del PAN, de la LX Legislatura y pertenecientes a los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Durango y Chihuahua, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente

Propuesta con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Ejecutivo Federal para que expida la declaratoria nacional de Zona de Monumentos Arqueológicos e Históricos, del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro; y de la misma, solicitar a la H. Cámara de Diputados, exhortar a los congresos locales de las entidades que están dentro de esta ruta y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso de la Unión, para que se asignen recursos necesarios, a fin de realizar los trabajos e investigaciones requeridas para la inscripción como Patrimonio Mundial de la Humanidad, del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro, por parte de la UNESCO.

Lo anterior, en atención a las siguientes

Consideraciones

El Camino Real de Tierra Adentro es una ruta histórica de dos mil 900 kilómetros que se integró durante La Colonia. Después de más de 400 años, representa un testimonio de historia viva que pocos conocen. Hace cinco siglos unía a la capital de la Nueva España con la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México.

El Camino Real de Tierra Adentro tuvo también su origen en las ciudades prehispánicas que conformaron natural y socialmente una ruta que permitió hacia los siglos XVI y XVII, la fundación de ciudades como Zacatecas, Durango, Paso del Norte —hoy Ciudad Juárez—, Parral, Chihuahua, Albuquerque y Santa Fe. Este pasado histórico generó una riqueza patrimonial y cultural a través de su arquitectura, además de que sirvió para explotar el desarrollo comercial de la región, así como el de su evangelización.

Por lo tanto, esta ruta es una de las más largas de América Latina, va desde la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo México, en las que se fundaron las primeras misiones, villas, presidios, haciendas y reales de minas, y en la cual también existen sitios prehispánicos.

Precisamente porque dicha ruta llega hasta Nuevo México, desde hace 11 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el servicio de parques nacionales en Estados Unidos, investigan y preservan el Camino Real de Tierra Adentro, antes Camino de la Plata o Camino de Santa Fe.

Por las consideraciones expuestas, se observa que se han llevado a cabo diferentes acciones para su rescate, conservación y protección.

La inscripción en la lista mundial de la Unesco de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad de la Ruta Camino Real de Tierra Adentro permitiría potenciar de manera importante las posibilidades de todos los estados incluidos en esta ruta, para preservar el patrimonio cultural y arquitectónico de los edificios y monumentos incluidos, así como sería de gran aliciente para fomentar el turismo de todos los sitios y estados incluidos. Por lo anterior me permito presentar a su consideración la siguiente propuesta de

Punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que en el uso de sus facultades expida la declaratoria nacional de zona de monumentos arqueológicos de la Ruta del Camino Real de Tierra Adentro.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a los congresos locales de las entidades dentro de las que se encuentra el Camino Real de Tierra Adentro, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se asignen recursos a fin de acelerar los trabajos e investigaciones necesarias para la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad del itinerario conocido como Camino Real de Tierra Adentro, por parte de la Unesco. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Jorge Salum. Túrnese a la Comisión de Cultura. Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del grupo parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco, cumpla con la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas. En virtud de que no se encuentra, se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Tiene la palabra el diputado Emilio Ramón Flores Domínguez, del PAN, para presentar punto de acuerdo a nombre de diputados de diversos partidos, por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, suspendan la revisión en los tramos carreteros en Samalayuca, en el estado de Chihuahua.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez: Solicito a la Presidencia se me concedan cinco minutos para dar lectura a este punto de acuerdo. Muchas gracias.

Honorable Asamblea. Es por todos sabido que en México existen puntos de revisión carreteros conocidos como Precos, para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en estos días de Navidad —este punto de acuerdo se agenda para leerse en diciembre— se revisan mercancías de procedencia extranjera, olvidando que los ciudadanos ya pasaron por dos aduanas.

En este sentido quiero referir el caso del Estado de Chihuahua, en el cual los puntos de revisión carreteros a cargo de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, proliferan a lo largo y ancho de la carretera y en algunos casos como en el tramo Chihuahua-Juárez, a la altura del kilómetro 316 en el punto de revisión Precos-Samalayuca, el flujo de automovilistas se ha visto afectado por las constantes revisiones en estos retenes desde hace varios años y que son controlados por las mencionadas instituciones federales, hasta en dos puntos en la misma carretera en un tramo menor a tres kilómetros.

Quiero señalar que el tomar medidas para evitar el tráfico de drogas no debe ser un esfuerzo minimizado ni eliminado. Pero también estoy cierto que estos puntos de revisión constantemente están recibiendo reporte de personas por diversas anomalías que ahí se cometen cotidianamente en las personas que van a bordo de automóviles, de vehículos, pasando dos veces por la falta de respeto hacia quienes tienen la necesidad de transitar por estas vías y ser detenidos de manera arbitraria e injustificada para solicitarles documentos que éstos no tienen obligación legal de mostrar, provocando actos de extorsión, principalmente me refiero a los paisanos que ingresan por las carreteras fronterizas.

Sin embargo, este plan de combate a la delincuencia encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República en el caso del estado de Chihuahua, tiene un costo negativo para los conductores, especialmente los que transitan de Chihuahua a Ciudad Juárez y viceversa. Donde existe un doble retén de la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional, que exaspera con su lentitud por las revisiones a los conductores que hacen filas eternas de varios kilómetros, con tiempos de espera a las afueras de Samalayuca y que a la postre parafraseando al maestro y jurista Ignacio Burgoa, enlodan la Constitución.

Estos retenes carreteros que existen en toda la República Mexicana son inconstitucionales; porque los efectivos militares y la Procuraduría General de la República están entorpeciendo el desplazamiento de automóviles en las carreteras correspondientes y están actuando sin órdenes estrictas de la autoridad competente, ignorando el artículo 16 de la Constitución.

De tal manera que esa situación de inconstitucionalidad obedece a la grave situación por la que no solamente Chihuahua sino muchos estados de la República están pasando en este momento, pero desde un punto de vista estrictamente constitucional.

Cito el artículo 29 de nuestra Carta Magna: Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas.

Además los encargos de los retenes, a veces no tienen un criterio adecuado para realizar las funciones que les son encomendadas y por esa razón en muchas ocasiones molestan a los ciudadanos de manera innecesaria y no respetan los derechos civiles de las personas y de las familias.

Por eso no sólo coincido, sino aplaudo al maestro Burgoa, en que las revisiones que realicen los miembros del Ejército y la PGR, violan flagrantemente la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución general de la República. Garantía que otorga a los mexicanos el derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, más aún cuando ya pasaron el punto de revisión aduanal 20 kilómetros antes.

Urge desaparecer este punto de revisión que estrangula las garantías individuales de los chihuahuenses y todos los mexicanos con esos retenes, que se practican en forma indiscriminada y que no resuelven el problema, porque hasta ahora no se conocen decomisos importantes ni de armas ni de drogas que se hayan efectuado en este punto de revisión militar.

Pero eso no es todo, ya que existen testimonios de Chihuahua del abuso de autoridad, cohecho y extorsión en contra de trabajadores migratorios, los paisanos que en los días navideños y en los días de Semana Santa próximos, y por carecer de documentos de identificación personal, reincidiendo nuevamente al claro atropello del referido artículo 11 de la Carta Magna.

Es realmente preocupante la situación que se está viviendo por las consecuencias que traen aparejadas estos retenes militarizados, que como ya lo hice notar, no sólo enlodan la Constitución, también discriminan a nuestros compatriotas migrantes, quienes hoy por hoy aportan la segunda derrama económica del país desde hace ya muchos años y ya nos tienen muy cansados estos retenes.

Por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Único. La LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, suspender el preco Samalayuca en el estado de Chihuahua que no contribuye eficazmente al combate de tráfico, drogas y armas, y sí propicia las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad. Atentamente, firmado por todos los diputados federales del estado de Chihuahua, su servidor Emilio Flores Domínguez, del Partido Acción Nacional; diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo; diputado Israel Beltrán Montes, del Partido Revolucionario Institucional; diputada María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional; el diputado César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido de Nueva Alianza; del diputado Felipe González Ruiz, del PAN; la diputada María Soledad Limas Frescas del PAN; diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI; diputado Cruz Pérez Cuellar, del PAN; diputado Carlos Armando Reyes López del PAN, diputado Enrique Serrano Escobar, del PRI y diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del PRI. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Flores Domínguez. Consulte la Secretaría a la Asamblea si el asunto es de urgente resolución.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Sonido a la curul de la diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Para solicitarle si puede pedir quórum, porque ahorita en esta votación somos muy pocos.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema de votación hasta por cinco minutos.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Señor Presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Estamos en la verificación del quórum, diputado. Continúa la sesión mientras se verifica el quórum. Tiene la palabra el diputado César Duarte.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Muchas gracias, Presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo con este punto en el que los reclamos de la ciudadanía a lo largo y ancho del país, es en cómo de manera violenta, se violenta el marco legal. Se establecen puntos de revisión a veces sin mayor trámite que el que se paran en las carreteras y que se presta, sin duda, a veces, para gente que también no pertenece a los cuerpos policíacos o de seguridad.

Pero quiero llamar la atención precisamente en el hecho de que, qué posición guardamos como Congreso ante un problema de seguridad en el que es importante que la vigilancia y la presencia de los cuerpos de seguridad se den en las vías carreteras; pero por otra, que estamos permitiendo de manera flagrante y clara la violación a las garantías constitucionales al impedir el libre tránsito que nuestra Carta Magna consagra.

El punto es en que para qué traer un punto de acuerdo en el que expresamos nuestra visión y reclamamos el hecho de que se violenten las garantías y se quite una revisión en Samalayuca, llegando a Ciudad Juárez, o el por qué no iniciamos una revisión en el marco jurídico para facultar, de alguna manera, a las instituciones que prestan seguridad, a permitir que ese hecho se consume cuando tenga naturalmente la estrategia de garantizar la vigilancia en algunas de las rutas carreteras del país.

El punto es que vayamos más allá: que iniciemos un proceso de revisión en el tema, porque es fundamental que el Ejército, que la Procuraduría General de la República, que la Policía Federal Preventiva, que las autoridades estatales y municipales, en el marco legal hagan, sin duda de su facultad, la vigilancia y revisión de las carreteras.

Es un hecho muy importante, es un asunto elemental, pero en el que no estamos de acuerdo es que con una posición de mutis, una posición de indiferencia o simple y sencillamente una posición ligera y superficial, no estemos en condiciones de generar el marco jurídico debido para prestar garantía a los ciudadanos en su libre tránsito, pero también darle el marco jurídico a las autoridades para llevar a cabo la vigilancia e inspección en las carreteras federales.

Por eso el grupo parlamentario del PRI quiere dejar muy claro el punto. No estamos de acuerdo con la violación constitucional en la que se imponen puntos de revisión fuera del marco legal, pero también estamos de acuerdo en que exista esa vigilancia. Por eso es elemental que este punto de acuerdo hoy sirva precisamente para llamar a una convocatoria que nos permita regenerar, reencuadrar, replantear el marco legal en el que este acto y hecho debe darse. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Sandoval, del grupo parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras y compañeros legisladores. Este punto que ha tratado nuestro compañero diputado de la bancada de Acción Nacional ayer también lo tratamos en un desayuno que tuvimos con el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, ya que efectivamente estos retenes que están puestos en diversas carreteras federales del país están ocasionando no solamente molestias a la ciudadanía sino también incluso pérdidas económicas ya que a veces las colas para cruzar estos retenes son muy largas y hay camiones que llevan productos perecederos que son afectados por estos puestos de revisión.

Aquí hay dos temas que yo quisiera rápidamente y si me da un minuto más lo abordo, señor Presidente, es que llegamos a una conclusión muy benéfica con el general secretario Galván Galván en el sentido de que en este proceso de reforma del Estado, hagamos una revisión de la legislación militar, hagamos una revisión de las leyes de seguridad nacional y hagamos una sola política de defensa nacional.

Porque se están ocurriendo fenómenos, está el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, estamos agarrando enemigos gratuitos, porque México en la actualidad no tiene enemigos externos y eso yo creo que hay que agradecérselo a la Constitución, al artículo 89 constitucional donde están consagrados la lucha por la paz y la seguridad internacional de nuestro país.

Sin embargo, al estar haciendo acuerdos con Estados Unidos y Canadá en el marco del ASPAN, estamos involucrándonos en un perímetro de seguridad que no es el nuestro. Tiene que ver en que necesitamos revisar todo el marco jurídico.

Miren ustedes, la Constitución dice claramente que en tiempos de paz el ejército no debe involucrarse en otro tipo de tareas, léase tareas policíacas. Estamos permitiendo que el ejército combata el narcotráfico y qué bueno porque está claro que los otros organismos policíacos no están haciendo su trabajo y como medida extrema, hemos llegado a un consenso en que el ejército se involucre en la lucha contra el narcotráfico pero hagámonos cargo que esto no está adecuado al marco constitucional.

Estamos en un problema jurídico. Miren ustedes ¿qué dicen los soldados cuando nos bajan en los retenes? —De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vamos a hacer una revisión de sus vehículos.

Pues yo les quiero decir que supuestamente no hay que alegar esta ley que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico porque esta ley, por cierto que nosotros la hemos objetado porque lo que permite es la pistolización del país; esta Ley está muy mal hecha porque cuando uno tiene un automóvil y lo conduce, tiene que tener seguro del automóvil por si causa algún problema, y quien tiene un arma no tiene este seguro por si hiere o mata a alguien o daña a otras personas; de tal modo, pues, que esa ley está muy mal invocada.

Y, en concreto, yo quisiera llamar la atención ahora que han regresado todas nuestras compañeras y compañeros legisladores, a agarrarle la palabra al secretario de Defensa Nacional y a que hagamos toda una discusión para la legislación militar, para evitar que los retenes se pongan a discreción sin ningún resultado objetivo.

En concreto también yo le planteé, como diputado guerrerense, que necesitábamos hacer una evaluación de los retenes y de los operativos antinarco en el estado de Guerrero. Me sorprendió que por la mañana tuvimos este desayuno en el campo militar número uno y por la tarde ya teníamos respuesta; el próximo martes, una comisión de diputados de la Comisión de Defensa Nacional, vamos a ir a la novena región militar en Guerrero, para hacer una evaluación ahí, in situ, de estos operativos antinarco y de los retenes y creo que esto es un buen mensaje.

Por último, creo que también necesitamos algo que nos decía el general secretario, pues de que se necesita tecnología más de punta para que el tránsito, sobre todo de vehículos de carga, sea más expedito y creo que esto también compete a que esta soberanía le demos más recursos para ese tipo de operativos en concreto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Cuauhtémoc Sandoval. Tiene la palabra el diputado David Figueroa, del PAN, hasta por tres minutos.

El diputado David Figueroa Ortega: Con su permiso, señor Presidente. Sólo para sumarme al punto de acuerdo que presentó nuestro compañero Emilio hace unos minutos y expresar la realidad que estamos viviendo en el estado de Sonora.

En Sonora existen dos puntos de revisión denominados "Precos". En uno de ellos, el de Benjamín Hill, específicamente, quiero decirles que tardamos... y hay líneas de trailers hasta de 10 kilómetros; que esto hace insostenible que exista a la luz de la competitividad que debemos de tener en nuestro país. Pero además también, es increíble la cantidad de dinero que se pierde, precisamente por la obsolescencia que se tiene en la revisión de estos puntos de revisión.

Quiero comentar que han existido accidentes, pérdidas humanas en estos puntos de revisión porque no están adecuados. Si bien es cierto, debemos apoyar que exista todo aquél mecanismo que vaya orientado a detener y sobre todo a frenar el crimen y eso todos lo aprobamos.

Pero también es cierto, debemos de adecuar estos puntos de revisión que realmente hoy en día son obsoletos. El caso de Sonora verdaderamente es patético lo que ahí sucede. En el sur de Sonora, en uno de ellos, en Pótam, líneas de trailers hasta de cinco kilómetros; pérdidas de horario hasta dos, tres o cuatro horas en la revisión.

Por eso yo quisiera pedirles, compañeros, que hiciéramos un exhorto muy respetuoso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de la República, para que en un plazo determinado tomen cartas en el asunto y que no propiamente pidamos que se desaparezca, sino más bien que se modernicen y que la infraestructura que en ellos existan, permitan que sean mucho más ágiles.

Hoy en día existe tecnología de punta, los rayos gama, los rayos violeta que se utilizan en otros países y que aquí en México es necesario que se utilicen. Por eso, respetuosamente, pues, exhorto a estas entidades y más bien al gobierno federal para que en un plazo determinado puedan ponerle solución, punto final a esta problemática que al menos en el estado de Sonora es caótica. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Figueroa. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Solís Parga, del PT.

El diputado Rodolfo Solís Parga: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. Vengo en este acto a sumarnos al punto de acuerdo que han propuesto nuestros compañeros diputados, amigos legisladores del estado de Chihuahua.

Hay que decir que han puesto el dedo en la llaga porque el tema de los retenes de los Precos se extiende por toda la carretera Panamericana, por la 57, por las carreteras que accesan a la Ciudad de México, por las carreteras interiores de los estados.

Es lamentable que la institución castrense, que por cierto ha mantenido un papel en los últimos tiempos de ecuanimidad frente a las convulsiones sociales y políticas de nuestro país, se vea involucrada en tareas policíacas. Una de dos, o se le está rebajando de dignidad a la institución castrense, o es parte de las formas con las que se establece para la sociedad, como asunto común y corriente, la presencia del Ejército de manera pública.

Tendríamos que señalar además que no solamente es el problema de los retenes; es el problema de la operación, de la inteligencia de las corporaciones policíacas para enfrentar al crimen organizado; retenes que tienen 15 o 20 años en las carreteras, son retenes por donde no van a pasar los cargamentos de droga y de enervantes. Entonces, para quién son esos retenes: ¿para acostumbrar a la población a la presencia del Ejército y a la actuación del Ejército públicamente?

¿Y qué otros problemas tenemos? Que mientras los delincuentes se encuentran perfectamente pertrechados, los ciudadanos se encuentran encarcelados en sus casas e inermes frente a los delitos.

Por ello es importante, entonces, no solamente para el estado de Chihuahua este punto de acuerdo, sino para toda la República y para que a partir de ahí se inicie una revisión de los criterios de la seguridad pública en este país. Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Solís Parga. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.

El Secretario diputado José Gildardo Guerrero Torres: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 302 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, señor Secretario. Si alguien no alcanzó a registrarse… Se toma el registro, diputada Campos. Tiene la palabra la diputada Marina Arvizu, de Alternativa.,

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. Está agendado en el orden del día una proposición con punto de acuerdo donde Alternativa, a través de mi voz, está solicitando a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría informen sobre los alcances y eficacia de los retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país.

No voy a abundar en todos los argumentos que dieron mis compañeros que me antecedieron en la tribuna respecto a por qué es necesario hacer este exhorto a la Secretaría de la Defensa y a la Procuraduría. Solamente me voy a referir a un punto en el que nadie hasta hoy ha puesto atención y tiene que ver con el tema de la discriminación y la violación a los derechos humanos.

Esos retenes carreteros, además de todo lo que ya dijeron nuestros compañeros, hay una cosa que me parece muy grave, que dejamos la responsabilidad en un oficial de la Procuraduría de la República o en un militar, la responsabilidad de definir quién tiene cara de delincuente o no.

Es decir, si estos retenes carreteros fueran iguales para todos y a todas las personas nos detuvieran en el momento en que pasamos con nuestros vehículos, está muy bien; pero resulta que si usted va en un vehículo negro con vidrios polarizados, seguramente lo van a detener porque en esas características tiene cara de delincuente.

La preocupación de Alternativa en este sentido, además de lo que ya dijeron nuestros compañeros, es solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, respetuosamente, que en efecto, como decía nuestro compañero Figueroa, se modernicen en el establecimiento de estos retenes, pero fundamentalmente que garanticen el libre tránsito de las personas y que garanticen nuestros derechos humanos, porque en efecto, estamos muy preocupados cada vez que vienen nuestros paisanos en vacaciones a visitar a sus familias a los diferentes estados de la República.

Pero por otro, en estos retenes militares son constantemente agredidos y violentados. Y si estos vehículos en los que se transportan las personas tienen placa de frontera o de los estados del norte de Estados Unidos, definitivamente los van a detener.

Entonces yo creo que es muy importante que hagamos conciencia de esto, que busquemos y que solicitemos que la Secretaría de la Defensa nos informe en general dónde están los retenes, cuáles han sido los alcances y los resultados de dichos retenes, y así tendríamos la posibilidad de comprobar si realmente están siendo eficaces en todos los sentidos y sobre todo, que no estén violando derechos humanos de las personas y el libre tránsito de los mexicanos o de los extranjeros que cruzan por nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse de punto de acuerdo.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo…

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: A ver, permítame, permítame, diputado. Dígame. Sonido en la curul del diputado Cuauhtémoc Sandoval.

El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): Señor Presidente, hemos dialogado con los diputados de Acción Nacional y ya tenemos una propuesta de redacción conjunta que es un poco distinta a la que originalmente se presentó, de tal modo que yo propondría que el diputado la leyera, que sería ya el punto de consenso.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Preséntela por escrito. Que dé lectura la Secretaría. Dé lectura. Dé lectura por favor, compañero.

El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez: Gracias. Gracias, compañeros. En virtud de que ha sido un punto que nos atañe a todas las fracciones parlamentarias y que atañe a toda la población del país, y el apoyo al que se han sumado todas las fracciones, hemos acordado cambiar el sentido del punto de acuerdo en esta dirección: se acuerda exhortar al Ejecutivo federal para que en un plazo perentorio no mayor de 30 días proponga a esta soberanía un esquema de evaluación y modernización de los puntos de revisión carreteros. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo en estos términos.

El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado. Comuníquese. Esta Presidencia recibió de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón del grupo parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Del diputado Manuel Cárdenas Fonseca del grupo parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a las Comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente a más tardar antes del próximo 29 de marzo.

Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez del grupo parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo emita decreto para declarar el primer domingo de marzo de cada año Día Nacional de las Familias. Se turna a la Comisión de Gobernación.

De la diputada Sara Latife Ruiz de Chávez, escrito por el que informa que a partir del día 20 de febrero se reincorpora a sus actividades. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión.

(Lectura orden del día)

El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:22 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 6 de marzo a las 11:00 horas. Se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.