El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 269 diputados; por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (11:26 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al orden del día: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal al 682 Aniversario de la Fundación de Tenochtitlán, que se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Para asistir en representación de esta Cámara, se designa al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y a quienes designen los grupos parlamentarios.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Iniciativa del Congreso del estado de Veracruz que adiciona un artículo al Código Penal Federal.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: De la Cámara de Senadores por el que comunica que el senador Pablo Gómez Álvarez presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Jorge Legorreta Ondorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Túrnese a la Comisión de Justicia. Esta Presidencia saluda respetuosamente a todas las compañeras diputadas y a todo el personal, a las mujeres que laboran y trabajan en esta Cámara de Diputados y felicita a las mujeres por el Día Internacional.
El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer y están inscritas la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, Mónica Arreola, María Mercedez Maciel Ortiz; María del Carmen Salvatori Bronca; Pilar Guerrero Rubio; Yolanda Rodríguez Ramírez; Maricela Contreras Julián y Mirna Cecilia Rincón Vargas.
Tiene la palabra la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del grupo parlamentario de Alternativa.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. Espero que este discurso y el de mis compañeras que van a decirlo después de mí, sean recuperados para que luego se los pasen a nuestros compañeros que no están presentes.
El origen de Alternativa está estrechamente vinculado con las causas ciudadanas, pero sobre todo con las causas de las mujeres. Por eso este día es especialmente importante para nosotras.
No voy a utilizar este tiempo para señalar la desigualdad de las mujeres en cifras. Eso es parte de nuestros planteamientos cotidianos en todos los terrenos.
Hoy quiero hablar de esos cientos de mujeres que han padecido o muerto sin poder acceder a sus derechos, sin saber que éstos existen, sin pensar siquiera que se merecen una vida distinta. Hagamos una reflexión y pensemos en aquellas mujeres concretas de las cuales estoy segura que cada uno de nosotros y nosotras, en este recinto, conocemos por lo menos alguna.
Rosy, la que murió al dar a luz sin acceso a servicios médicos; Juanita, la que murió al practicarse un aborto clandestino; Laura, la que está en la cárcel por haber robado para alimentar a su familia; María, la que está presa por defenderse de una agresión; Cuquita, la anciana pobre que murió sola; Alicia, la que murió víctima de una violación.
Pensemos en ellas, pongámosle rostro y pongámosle nombre. Pero también pensemos en aquellas mujeres que han trabajado su vida entera por defender los derechos de estas mujeres de las que les he hablado antes. Aquellas que nos han mostrado el camino a las que estamos aquí sentadas hoy y nos han enseñado a defender nuestro derecho a decidir.
La pregunta es, ¿desde dónde éstas, otras y nosotras incidimos en la vida de este país? ¿Cuáles son los verdaderos espacios de toma de decisión que tenemos nosotros hoy? ¿Hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos y cifras, las próximas metas para seguir avanzando? ¿Qué hacer para garantizar que el impulso se renueve y que otras muchas más accedan a los espacios a los que nosotras ya tenemos?
La igualdad, la justicia, la reivindicación del Estado laico, democrático y las libertades deben ser los ejes rectores de la nueva política; la nueva política de hombres y mujeres, único medio para garantizar la participación en igualdad de condiciones.
Nos preocupa contender porque sabemos que tenemos capacidades para hacerlo. No pretendemos que nos regalen nada; sabemos cómo ganar nuestros espacios y reconocemos que la sola condición de la mujer no garantiza capacidades ni desempeño, pero estamos comprometidas en lograr las condiciones de equidad para que la competencia sea justa.
En Alternativa queremos dejar atrás los espacios compensatorios que se han creado para impulsar a las mujeres y estamos empeñadas en ocupar otros espacios, no sólo aquéllos desde donde se promueve el desarrollo social.
En Alternativa, la política es asunto de mujeres sin lugar a dudas. Para nosotros la verdadera meta es no sólo la paridad, sino buscar que donde se toman las decisiones de proyecto de nación estemos incluidas.
Debemos caminar hacia una sociedad equitativa, donde no se necesiten institutos de las mujeres, comisiones de equidad de género, comisiones de feminicidios. Queremos una democracia de género, pero mientras esto no sea una realidad, seguiremos impulsando las acciones afirmativas.
En este sentido quiero decirles, compañeros, que estas acciones afirmativas, donde incluyamos la perspectiva de género, son necesarias para poder evitar los incalificables crímenes como el que se perpetró contra Ernestina, mujer de 73 años que fue violada en alguna comunidad de Veracruz. El informe del médico forense detalla que Ernestina murió por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple.
Desde esta tribuna manifestamos nuestra más profunda indignación ante este hecho incalificable y exigimos todo el peso de la ley a quienes resulten responsables y queremos ser vigilantes de que esto se cumpla.
Finalmente queremos decirles a las mujeres de este país que Alternativa está comprometida con ellas, por lo que para conmemorar este día hemos impulsado tres acciones: primero, logramos el compromiso del secretario de la Defensa Nacional de que integraría en la formación curricular del Ejército mexicano la sensibilización de la perspectiva de género, lo cual redundará en una mejor relación entre el ejército y la sociedad civil, pero especialmente con las mujeres donde se encuentra destacado el Ejército nacional.
Segundo. Solicitamos de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara su respaldo para un punto de acuerdo donde la Junta de Coordinación Política y la Cámara se comprometen con todas las mujeres a colocar la perspectiva de género como eje transversal de esta LX Legislatura.
Por último, solicitamos a esta Cámara de Diputados se instruya el premio nacional medalla Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, a entregarse anualmente a las personas más destacadas en el desarrollo de la perspectiva de género, en las ramas de la investigación académica, cultural, deportiva, defensa de los derechos humanos y conservación y protección y uso racional de los recursos naturales.
Con estas tres acciones Alternativa felicita a todas las mujeres de México y suscribe una vez más el compromiso de ser su voz ante este Poder Legislativo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marina Arvizu. Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del grupo parlamentario de Nueva Alianza.
Y esta Presidencia aprovecha para saludar a las alumnas y alumnos del Colegio Hispanoamérica, de aquí, de la Ciudad de México.
La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy no podemos negar que en las últimas décadas las mujeres hemos cambiado, y al hacerlo, cambiamos también la cultura.
El principio de equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la perspectiva de género como una herramienta para avanzar hacia un mejor desarrollo son ideas y metas indiscutibles.
La equidad, para Nueva Alianza, plantea como principio básico la responsabilidad de favorecer a todas las personas con igualdad a partir del reconocimiento de sus diferencias.
El panorama actual de la situación de la mujer en nuestro país sigue sin ser el más optimista. Sabemos que hay avances, pero todavía tenemos que trabajar fuerte. Hemos abierto espacios, pero el compromiso más grande es abrir mentalidades, generar conciencia.
Debemos realizar acciones que impulsen proyectos de formación, debates dirigidos a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos; debemos prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres desde la educación; tenemos que promover la investigación sobre usos lingüísticos que señalan la diferencia entre lo femenino y masculino y sensibilizar a los medios de comunicación para que ofrezcan un tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres.
En Nueva Alianza creemos fervientemente que todas estas metas pueden ser alcanzadas a través de la educación y el trabajo en conjunto. Sólo así lograremos, si no revertir este panorama, sí hacer diferencias importantes.
Los objetivos más altos sólo pueden alcanzarse con el esfuerzo compartido de hombres y mujeres.
Para Nueva Alianza las mejores luchas, por la libertad, por la democracia, por la equidad y la igualdad de oportunidades, por el bien de las próximas generaciones, requieren del entero que dan mujer y hombre.
Nuestras diferencias e intereses no deben separarnos, por el contrario, debemos buscar el bienestar de todas y todos porque hablar de equidad y género no es hablar solamente de mujeres; es hablar de una sociedad comprometida.
Por ello, más que una celebración, este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debe ser un recordatorio, un puente, un espacio de reflexión, de lucha y de demanda, de los derechos pendientes y de la urgencia de informar sobre ellos.
Conmemoremos este día mirando nuestro mundo inmediato, analicemos cómo somos y cómo nos desempeñamos en él, veamos qué tipo de educación le estamos dando a nuestras niñas y niños.
Para avanzar en una cultura de la igualdad y la equidad tenemos que entender que lo que las mujeres hacemos, pensamos y sentimos es igual y tiene el mismo valor que lo que los hombres hacen. Por eso es tan importante destacar que la educación es la herramienta que nos posibilita acercarnos a ese fin, a la equidad que tanto buscamos.
La educación no sólo brinda mejores oportunidades y la posibilidad de una buena calidad de vida, también puede contribuir a ampliar, desde las mentalidades, toda la fuerza de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad.
Valoremos nuestros propios espacios, enalteciendo a las que trabajan en casa, en la empresa, en el mercado, a las madres, a las políticas, a las mujeres que, como tantas otras, aspiran en todo momento y en todo lugar a ese respeto y reconocimiento.
Hoy, Nueva Alianza quiere para todas un México educado, pero también queremos que México sea un país libre y equitativo. Queremos un país con futuro para sus mujeres y sin violencia. Hagamos nuestro trabajo, hagamos que cada paso esté impregnado de ese espíritu de no discriminación hacia nuestro propio genero. Que los hombres no solo reconozcan nuestros espacios de poder, sino que nos impulsen.
Juntos hombres y mujeres encontraremos esa forma permanente para que sea la educación, la cultura y todas las normas de convivencia el centro de una revolución diaria de paz, de igualdad y de respeto de géneros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias diputada Mónica Arriola. La Comisión de Ciencia y Tecnología hace llegar una invitación a todos los diputados, al foro nacional Educar para la ciencia y la tecnología, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guanajuato los días 14, 15 y 16 de marzo. Tiene la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos sumamos de manera fraterna y solidaria a la celebración en el mundo del Día Internacional de la Mujer.
Sin lugar a dudas, el aporte de las mujeres ha sido fundamental en el desarrollo de México. En todas las etapas históricas del país, desde el inicio de la Independencia, en la Reforma y en la guerra contra el Imperio, en la Revolución y en la construcción del México moderno, nuestra contribución es importante. En el campo, la industria, la ciencia, la enseñanza, en la investigación científica, en las actividades deportivas las mujeres han mostrado su gran capacidad creativa y de toma de decisiones.
Sin embargo —y por desgracia— aún persisten grandes atavismos en el mundo que impiden el desarrollo pleno de la mujer. Existen sociedades en el mundo en donde se cree que la mujer debe estar subordinada al hombre y que no puede realizar ninguna actividad o salir a la calle si no es en compañía de un varón. Para no ir muy lejos, en las zonas rurales de México la mujer es vista y tratada como un mero objeto sexual, sin derechos y con la única misión natural de la procreación.
La violencia de género se comete en contra de las mujeres actualizando la figura del feminicidio. Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez siguen siendo una herida abierta que nunca cerrará porque la impunidad y la negligencia gubernamental han impedido que se aclaren estos crímenes y que los responsables sean castigados.
La violencia física y emocional continúa en los trabajos, en las escuelas; el acoso y el hostigamiento sexual persisten. En esta sociedad sexista se sigue creyendo que si el hombre asciende en el campo laboral, se piensa que es por su talento; en cambio si la mujer lo hace es sólo por sus atributos y nunca por su capacidad.
Éstos son los prejuicios que debemos desterrar hasta erradicar la violencia física y la que hace más daño, la violencia emocional. Por ello, los legisladores del grupo parlamentario del Partido del Trabajo saludamos la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un poderoso instrumento legislativo para detener cualquier tipo de abuso físico o psicológico que se pretenda cometer contra el género femenino. Tiene que ver con el surgimiento de una nueva sociedad en donde el móvil de la actividad humana no sea el lucro.
No obstante que las mujeres somos más de la mitad de la población mexicana se nos sigue excluyendo del derecho legítimo a acceder a fuentes de empleo remuneradas en igualdad de condiciones que con los hombres.
Que quede claro, las mujeres no queremos cuotas; queremos y demandamos el reconocimiento pleno de nuestras capacidades. Finalmente el talento no hace distinción; se tiene o no se tiene. Sin embargo, tenemos claro que todos los días nos enfrentamos a un sistema de explotación de hombres y mujeres que, por su propia naturaleza de búsqueda de la ganancia, no respeta ni derechos ni talentos a la hora de subordinarlos a la lógica de la valorización.
Tenemos claro que para el sistema capitalista y neoliberal, y en particular en esta modalidad neoliberal, no se respetan los derechos de los y las trabajadoras, menos van a respetar los derechos de las mujeres. Por eso tenemos que luchar todos los días para defender y ensanchar nuestras conquistas históricas.
A pesar de que hoy contamos con leyes y normas que garantizan la protección de nuestros derechos, todavía nos queda un enorme desafío. Ese desafío para las mujeres petistas tiene que ver con construir una sociedad igualitaria, que garantice por igual los derechos de las y los trabajadores, que rompa con los prejuicios sociales y la violencia contra las mujeres, que sitúe en el mismo plano a las mujeres y a los hombres.
Tiene que ver con el surgimiento de una nueva sociedad, en donde el móvil de la actividad humana no sea el lucro, sino las relaciones sociales basadas en el trabajo colectivo, la igualdad, el respeto mutuo, la fraternidad y la responsabilidad individual y compartida entre hombres y mujeres.
En suma tiene que ver con la construcción de una sociedad socialista que destierre la pobreza y la desigualdad social y de género. Éste será el paso decisivo para que no tengamos necesidad de recordarle a la sociedad que las mujeres no existimos sólo un día y que se nos tiene que asignar, como hoy, uno en especial de los 365 días del año.
Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y las mujeres petistas seguiremos impulsando propuestas legislativas y políticas de Estado que redunden a favor de las mujeres mexicanas; porque tenemos claro que la mejor manera de reconocer que las mujeres existimos todos los días y que nuestras necesidades y preocupaciones tienen que abordarse todos los días del año para darles soluciones.
Desde esta alta tribuna del país saludamos a las mujeres de México y del mundo, que desde la trinchera de lucha en que se encuentran contribuyen de manera decidida a la transformación social del mundo.
Compañeras y compañeros legisladores, un nuevo mundo con equidad y justicia para las mujeres es posible. Gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada María Mercedes Maciel. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del grupo parlamentario de Convergencia.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Como sabemos, hoy celebramos internacionalmente a la mujer. Por lo que en esta ocasión quiero exhortarlos para que recordemos a qué atribuimos la conmemoración de este día.
Para ello es preciso remitirnos a las intensas manifestaciones civiles por medio de las cuales las mujeres exigieron derechos tales como el derecho al trabajo, a la formación profesional, a la no-discriminación laboral, el derecho de unirse en los sindicatos, a tener mejores salarios, a una jornada menos larga y el derecho de votar y ocupar cargos públicos.
No obstante, en la actualidad se sigue viviendo una discriminación de todo tipo, existe iniquidad en el trabajo, en los salarios, en las escuelas, en la política, en la salud y en todos los ámbitos posibles, sin que exista un argumento válido para justificar estos niveles de marginación.
No es posible hablar de democracia sin desarrollo, sin justicia, si las mujeres continuamos relegadas de las oportunidades que nos permita la integración plena en los procesos de la vida, por lo que organismos internacionales como las Naciones Unidas, a través de diversas conferencias mundiales sobre este género, han contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de de la mujer y su participación de la vida política y económica.
Es por todo lo anterior, que resulta incluso una paradoja, que los antecedentes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tengan su origen en la lucha laboral, en el equilibrio de oportunidades y en el reconocimiento de los derechos más elementales; que aún hoy existan cifras tan crudas sobre rezago y equidad, como las que afirman que en nuestro país en escolaridad, las mujeres tenemos un promedio de 7.9 años frente a 8.3 para hombres.
La matrícula escolar de mujeres hasta el año 2005 fue de 12.6 por ciento frente al 14.8 de los hombres. La población económicamente activa de mujeres es de 39.5 por ciento frente al 77.7 de los hombres. Las horas de trabajo en labores domésticas que las mujeres dedicamos por semana son 77 frente a 55 que dedican los hombres.
En el terreno político a nivel federal el panorama no es nada halagador. Por ejemplo, aquí en nuestra Cámara, el 23.2 por ciento somos diputadas. Es decir, sólo 116 de 500 legisladores somos mujeres y el 16.3 por ciento de nosotras son presidentas de comisión. En el Senado la cifra alcanza únicamente el 17.2 por ciento. A nivel local solamente el 3.5 por ciento de las mujeres son presidentas municipales de los dos mil 442 municipios que hay en México; y exclusivamente el 26.4 son regidoras.
Como una significativa respuesta a lo que aquí hemos comentado, en Convergencia existe un órgano permanente relativo a las mujeres donde se impulsa particularmente su participación política activa, se promueven sus derechos a nivel nacional y se ejecutan mecanismos que coadyuven a su desarrollo pleno a través de iniciativas de ley con perspectiva de género.
Asimismo, en Convergencia se han planteado diversas acciones rectoras en materia de mujeres entre las que se encuentran el fortalecimiento y la ampliación de los sistemas de salud y seguridad social, la creación de un sistema nacional de talleres-escuela y la apertura de espacios para actividades educativas y de recreación. Tenemos que lograr avances generando mecanismos claros, viables y confiables de participación política para todas las mujeres.
En este sentido, la fracción parlamentaria de Convergencia se adhiere al punto de acuerdo por el cual esta Cámara se compromete a impulsar la perspectiva de género en los trabajos de la LX Legislatura, así como también el punto de acuerdo mediante el cual se instituye el premio anual "Josefa Ortiz de Domínguez", la Corregidora, a las mujeres más destacadas en los ámbitos de la investigación académica, cultural, deportiva y de defensa de los derechos humanos.
Segura estoy, compañeras y compañeros, que más allá de fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres refrendaremos la conciencia de que no sólo nos corresponden las obligaciones, sino también el efectivo acceso a nuestros derechos fundamentales.
Estoy convencida, señoras y señores legisladores, que si nos dieran a elegir y nos dieran una segunda oportunidad a las mujeres, volveríamos a pedir ser mujeres. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Pilar Guerrero Rubio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La connotada defensora de los derechos de las mujeres, Cristina Almeida, alguna vez afirmó que el 8 de marzo es un día para tomar conciencia de lo que las mujeres hemos conseguido y del camino que nos falta por recorrer. Esta frase sin duda es corta, pero refleja una gran verdad que todas y todos debemos afrontar.
El Día Internacional de la Mujer se entrelaza con rutas y sucesos que muestran un contexto tan diverso como valioso, que trasciende a una simple conmemoración. Desde antes y desde entonces —como dijera Almeida— mucho camino ha recorrido el movimiento de las mujeres que, con energía, ha enfrentado conflictos y ganado batallas.
Todo ello no hubiera sido posible sin convicción, sin haber dejado atrás la timidez y la sumisión para afirmar el derecho a la participación política, social, laboral, cultural o económica en igual de condiciones y en todos los ámbitos.
Hemos presenciado adelantos tangibles. Lo logrado es una auténtica proeza fruto de una faena sosegada, tenaz, valerosa y responsable de muchas y muchos. Sin embargo, los desafíos no cejan, pues hemos de enfrentar prácticas abominables como la trata, lastres cotidianos como la violencia intrafamiliar o prácticas deleznables como la discriminación.
Peor aún es la situación de aquéllas que su diario acontecer se ve rodeado por un conflicto armado. Y quién podría dejar a un lado el crecimiento aterrador del VIH Sida entre las mujeres. Desgraciadamente la lista continúa sin llegar a un fin.
Las desigualdades y contrastes son avasalladores y ofensivos pues permanecen gracias a convencionalismos sociales o consentimientos culturales. Por ello es que desde esta alta tribuna hago un llamado para que el tema central sobre la situación de la otra población del mundo no sea abordado de una manera anecdótica.
Resulta imperativo examinar los datos duros que explican la falta de proporción y la injusticia; son discrepancias vinculadas a la pérdida de valores, a ideas que segregan a las personas en una frívola subjetividad y a la ruptura de frágiles equilibrios sociales; a las mentes pequeñas que actúan con bases en ideas más pequeñas.
Resulta preeminente identificar el verdadero origen de la iniquidad para no afirmar que la justicia social se producirá de manera espontánea a través del mero desarrollo económico. El poderío monetario o financiero no genera solidaridad, respeto, colaboración, equilibrio o construcción de nuevos valores. Prueba de ello es que en países desarrollados subsisten diferencias aberrantes entre géneros. Hombres y mujeres tenemos que unirnos para que en nuestra sociedad el derecho a una vida plena se pueda ejercer en igualdad de condiciones.
La celebración del Día Internacional de la Mujer ratifica que uno de los postulados esenciales de la democracia es la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida social.
En tal sentido, el Partido Verde se congratula por la institución del premio nacional que anualmente se entregará a las mujeres más destacadas en las diversas ramas de actividad humana. En lo particular nos emociona que se tome en cuenta a quienes protejan los recursos naturales. Este día no debe ser sólo un pretexto para la retórica con buenas intenciones, debemos promover acciones efectivas para hacer realidad la potenciación de las mujeres.
Un ejemplo en los hechos es el impulso que se le da a la perspectiva de género como uno de los ejes transversales de la actuación de la presente Legislatura. Contribuyamos a reconocer todas las prerrogativas, la dignidad y la integridad de las mujeres. Hombres y mujeres en conjunto tenemos que esforzarnos para que nuestras sociedades busquen ejercer plenamente y en igualdad de condiciones todos los derechos intrínsecos del ser humano.
Recordemos las conquistas logradas a favor de la simetría y la probidad. Este día es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos femeninos.
En México la lucha de las mexicanas ilustres ha alcanzado un lugar preponderante dentro de los anales de la historia. Basta pensar en Rita Cetina, Ermila Galindo, Aurora Jiménez de Palacios —primera diputada electa en 1954— María Lavalle Urbina y Alicia Regaño Tapia —primeras en llegar al Senado en 1964— Rosa Torres, Adelina Cendejas, Clementina Parra, Sara Miranda, Soledad Orozco y Dolores Uribe, entre muchas otras.
Todas ellas abrieron espacios importantísimos. Con su ejemplo y dedicación se han afianzado las vías por la que transitamos las mexicanas del presente y por las que andarán las del futuro. Continuemos avanzando en esta lucha de la mano de los hombres, sin olvidarnos de los roles que nos corresponden como madres, esposas, hijas o amigas de la otra mitad del mundo, que son nuestros esposos, hijos, padres, hermanos o amigos. Sin todos ellos el camino sería aún más abrupto.
Finalmente y en la oportunidad de este día, permítanme hacer un reconocimiento a Ingrid Betancourt, quien fue privada de su libertad el 24 de febrero de 2002. Ingrid ha cumplido cinco años en la penumbra. Esta mujer valiente y comprometida se ha desempeñado en su natal Colombia como legisladora, líder ecologista y escritora. Su secuestro es un atentado contra la integridad y las libertades fundamentales, no sólo en el sector femenino sino en todos los seres humanos. Ingrid y todos los que están en su misma situación merecen vivir libres. Muchas gracias por su atención y felicidades.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Elsa Conde, del Partido Nueva Alianza.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Elsa Conde, de Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Mujeres, vamos por el municipio. El feminismo tiene una larga historia y sus estrategias han sido múltiples. Sin embargo, las vertientes del feminismo con mayor eficacia política se han potenciado superando el mujerismo, la subordinación, los lugares comunes, la victimización, la vocación de minoría, las dinámicas de resentimiento, de dolor y de carencia; los discursos simplistas y fragmentados para dar paso a procesos de construcción de sujetos políticos plenos y autónomos, con capacidad de negociación y la posibilidad de asumir la complejidad que implica una nueva racionalidad política.
La igualdad de oportunidades es una demanda del Movimiento Feminista. Las mujeres no queremos esperar más para participar en la vida pública, para ocupar puestos de toma de decisión e incidir en el destino de la nación.
Con la Ley de Cuotas en un lapso de 10 años, 1996-2006, las mujeres pasamos de representar un 13 por ciento en esta Cámara, a un 22 por ciento de representación en la actual Legislatura. Sin embargo, no es a un 22 por ciento de representación política a lo que aspiramos; las mujeres queremos más, queremos la paridad, queremos ser en la vida económica y política de México el 50 por ciento que somos en el padrón electoral.
Para avanzar hacia la paridad, nuestra propuesta en Alternativa está cifrada en articular el feminismo con la socialdemocracia. Esto es, incorporar la visión feminista y sus demandas a la agenda política nacional. Siempre es pertinente recordar las tres demandas históricas del Movimiento Feminista y más un día como hoy, 8 de marzo.
1.- El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Demanda que objetiva, entre otras cosas, con el derecho a interrumpir un embarazo no deseado.
2.- La no violencia hacia las mujeres.
3.- La libre opción sexual.
Articular estas demandas del feminismo con la socialdemocracia es nuestra plataforma pues como Partido Socialdemócrata nos reconocemos como una propuesta de izquierda que recupera la tradición de lucha contra la desigualdad, pero de la misma manera, es tan importante el tema de las libertades.
Las mujeres no queremos esperar 100 años para participar en uno de los espacios donde se toman las decisiones sobre nuestras vidas y donde prácticamente somos inexistentes. Me refiero al municipio.
Según el Sistema Nacional de Información Municipal, en el 2004, de dos mil 435 municipios, sólo en 87 hubo mujeres presidentas municipales, lo que representa apenas un 3.5 por ciento de participación femenina en ese nivel de gobierno. Y lo más grave aún, que este porcentaje no ha variado en los últimos 20 años. Es saludable para nuestra democracia que el destino de las políticas públicas y de los recursos que se dirigen a los municipios esté sólo en las manos de los varones.
Otro ejemplo. En el 2003 la participación a entidades federativas y municipios fue de cerca de 98 mil millones de pesos. ¿No sería justo que las mujeres participáramos también en estas decisiones sobre estos recursos?
En este orden de ideas, mi propuesta concreta está cifrada en conquistar el municipio. Queremos más mujeres presidentas municipales porque queremos construir una ciudadanía más consciente y participativa que se convierta en el motor de cambio que nuestra sociedad requiere. Mujeres, este 8 de marzo de 2007 vayamos por el municipio. Mujeres, vamos por el municipio.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Tiene la palabra la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. He solicitado el uso de esta tribuna para expresar, a nombre de las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI, nuestro posicionamiento en el marco del Día Internacional de las Mujeres.
El 8 de marzo de cada año es dedicado a resaltar las diferentes iniciativas que protegen y defienden los derechos de las mujeres alrededor del mundo y así también dar a conocer los logros que las mujeres hemos alcanzado en el transcurrir de los años.
En este 2007, la Organización de las Naciones Unidas ha decretado que el Día Internacional de las Mujeres sea el marco para poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.
De acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta nuestro bienestar, nuestra seguridad, las posibilidades de educación y de desarrollo personal.
Según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la Endireh, realizada en 2003, 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que viven con su pareja, reportaron haber sufrido algún tipo de violencia. En México mueren al año aproximadamente 11 mil mujeres por causas violentas y una de cada cinco muertes tiene lugar en el hogar.
El Banco Interamericano de Desarrollo considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países, al mismo tiempo que tiene efectos sociales y culturales muy severos.
En nuestro país se registra un gran número de iniciativas legislativas, tanto en el ámbito federal como en los estados de la República y acciones en pro de adelanto de las mujeres y la equidad de género. Sin embargo, falta un largo trecho por recorrer ya que aún existen lagunas jurídicas y enfrentamos grandes rezagos culturales.
En el PRI consideramos la igualdad de género como una cuestión transversal y sumamente importante para el desarrollo de nuestra sociedad, por lo que nos sumamos a esta conmemoración pronunciándonos por la educación como uno de los pilares fundamentales que defenderemos desde nuestra bancada.
Las y los legisladores priístas coincidimos con la necesidad de incorporar la agenda de las mujeres en la reforma del Estado. Es preciso que se incorpore la perspectiva de género en las acciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la misma forma deben impulsarse mecanismos efectivos que permitan a las mujeres acceder a los cargos de representación popular y a todos los espacios de la vida nacional y de toma de decisiones.
Por lo tanto, deben de crearse las condiciones económicas en el país que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres, que combatan la pobreza y propicien el desarrollo sostenible y sustentable.
Las y los priístas consideramos que la escuela y la educación en valores son los medios más efectivos para conocer y respetar estos derechos, y rechazar cualquier tipo de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas.
Es por ello que dentro de nuestra agenda legislativa nos hemos comprometido. En la LX Legislatura consideramos sobre todo varios aspectos, muchos muy importantes, pero sólo mencionaré algunos como impulsar reformas a la Ley General de Educación a fin de que se diseñen estrategias didácticas y docentes en las escuelas para la prevención de la violencia al interior de las familias mexicanas, en especial aquella violencia que se da contra las niñas y niños.
Compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto que después de más de 30 años que las Naciones Unidas reconocieran el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres —y los avances han sido importantes— creo que todavía hacen faltan muchas cosas por hacer, por alcanzar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Finalmente refrendo el compromiso de las diputadas y los diputados del PRI para que en la actual Legislatura del Congreso de la Unión se impulsen reformas legislativas, políticas y presupuestos públicos con sensibilidad y perspectiva de género, enmarcando muchas de ellas por su transversalidad e impacto en la vida nacional y, sobre todo, en el contexto de la reforma del Estado. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputada Yolanda Rodríguez Ramírez. Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del PRD.
Esta Presidencia aprovecha para saludar respetuosamente a los estudiantes de la escuela Wenceslao Labra, del municipio de Tlalnepantla. También a los jóvenes estudiantes y maestros del Instituto Las Águilas, aquí presentes. A los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número tres del municipio de Pabellón Arteaga y a las personas que nos visitan de Los Ángeles, California, de la Federación "México Unido"; y a los ex braceros, aquí presentes. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados. A finales del siglo XIX y con mayor auge en el siglo XX, diversos movimientos sociales encabezados por mujeres demandaron el reconocimiento de sus derechos políticos, principalmente el sufragio universal.
Con ello se dio el inicio de una lucha en defensa de los derechos laborales exigiendo mejores condiciones de trabajo, lo cual sirvió de base para que surgieran manifestaciones en contra de la pobreza y el hambre que golpeaba a la clase obrera y de manera destacada, a las mujeres.
En 1975 tiene lugar en nuestro país la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace oficial la celebración del 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Esa lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres ha registrado valiosos avances, pues en los últimos años hemos logrado la aprobación y adopción de diversos instrumentos internacionales que buscan eliminar la desigualdad existente, la discriminación por razones de género, que busca avanzar en la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres y el reconocimiento de la igualdad entre la mujer y el hombre.
El Estado mexicano al ser signatario de dichos instrumentos internacionales está obligado a abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres y que restrinjan o impidan su ejercicio. Además debe propiciar las condiciones y adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de esos derechos sea pleno. Por lo que los avances que hemos tenido en la materia, no son ninguna concesión de los gobiernos en turno sino una conquista de todas las mujeres de México para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.
Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer debemos señalar que en nuestro país existe una desigualdad reflejada en el que 60 millones de pobres y de éstos 60 por ciento son mujeres, producto de la falta de oportunidades para su desarrollo y a la carencia de un patrimonio propio. Además, una de cada cinco mujeres es víctima de violencia y el 10 por ciento de los casos reportados es de violencia física.
Por otra parte, de la población económicamente activa, poco más de 15 millones de mujeres estamos insertas en este trabajo y sólo percibimos salarios menos representativos que el de los hombres.
Además hace apenas un mes, el informe del Foro Económico Mundial —y este es un tema que nos debe llamar a la reflexión— señaló que México figura en el lugar 75 de los 115 países que fueron evaluados en la materia. Según el reporte estamos por debajo de Honduras, Kenia y Malasia en materia de equidad de género.
Compañeras y compañeros, el compromiso para avanzar en materia de equidad y género no debe ser sólo un elemento que adorne los discursos políticos de las instancias de gobierno, sino que debe traducirse en la adopción y aplicación de políticas públicas y en el ámbito legislativo.
Debemos incorporar la perspectiva de género en las acciones legislativas. No nos debe suceder lo que pasó en este Congreso, en la aprobación del presupuesto en el pasado mes de diciembre. Sin embargo, para lograr lo anterior debe existir voluntad por parte de los diversos actores políticos.
Hace unos días realizamos en esta Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, con la participación del Instituto de las Mujeres, un pacto que han signado la mayoría de diputadas y diputados de este espacio. Pero no solamente la firma es lo importante, las acciones en la parte cotidiana, en el compromiso concreto, en la elaboración de leyes es lo que está haciendo falta y para eso se requiere de voluntad política.
También, como una muestra de voluntad política considero que es importante que en esta Cámara de Diputados, de manera persistente, constante y comprometida en el proceso de la reforma política, exista la sensibilidad para tocar los asuntos fundamentales que interesan a la población y no sólo aquellos que satisfagan los intereses personales o de grupo.
Es importante, compañeras y compañeros, que esta reforma política no se haga en lo oscuro, pero además que considere por supuesto los intereses de la mitad o más de la mitad de la población de nuestro país, que somos las mujeres.
Este llamado es para que construyamos, en el marco de la reforma del Estado, un modelo económico que propicie la igualdad entre mujeres y hombres, que abata y combata la pobreza y genere las condiciones para que las mujeres gocemos plenamente de los derechos a la salud, la educación, el trabajo digno y la alimentación.
Por eso, el grupo parlamentario del PRD llama a que el día de la mujer no sea sólo un día de efeméride. Exigimos, el grupo parlamentario, la justicia para las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en todo el país; a las encarceladas y torturadas en Oaxaca; a las agredidas y vejadas en San Salvador Atenco; a las hostigadas desde el perverso vínculo entre empresarios y gobernadores preciosos; a las restringidas de sus derechos, como las viudas de Pasta de Concho; las violadas por elementos del Ejército en Castaños, Coahuila y violadas y asesinadas por elementos del Ejército en Zongolica, Veracruz. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Marisela Contreras. Tiene la palabra la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del grupo parlamentario del PAN. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados. Permítame tantito diputada.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 441 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas.
La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: Con su permiso, señor Presidente. Un agradecimiento de parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, para el grupo parlamentario del PT, especialmente a la diputada María Mercedes Maciel, por el obsequio. Muchas gracias.
El más fiel indicador para medir el avance de la civilización de un pueblo está en el grado de libertad y de igualdad de oportunidades que posee la mujer en la vida cívica y en la vida económica de cada nación.
La rebelión social más profunda, lenta, en muchos casos silenciosa, difícil y dolorosa, ha sido sin duda la de las mujeres para hacer valer sus derechos cívicos, sus derechos políticos y sus derechos humanos.
Esta batalla ha sido complicada porque se ha tenido que librar en todos los terrenos y desde todos los frentes; se ha tenido que trabajar para remontar la discriminación, la marginación y la subordinación que hemos vivido las mujeres frente al Estado, en la sociedad y en la familia.
Equidad y libertad fueron precisamente los ideales que animaron la institución del Día Internacional de la Mujer a principios del siglo XX. Este día es la ocasión para reivindicar la igualdad y para hacer un balance de la situación de las mujeres, los logros, los avances; pero también es la ocasión para renovar el esfuerzo cotidiano por demandar mayor respeto a los derechos de la mujer.
Mientras haya una sola mujer que sufra discriminación, que sea objeto de violencia o que carezca de oportunidades, no podemos permanecer como simples espectadores. Es responsabilidad de todos y todas, especialmente de aquellos que ocupamos un alto cargo de representación, comprometernos con el desarrollo de todas y cada una de las mujeres de México.
Quiero hacer un reconocimiento desde esta tribuna a aquéllas que enfrentan con tenacidad, con valentía y liderazgo, el trabajo cotidiano. Hoy sabemos bien que no hay estrategia de desarrollo más eficaz para un país que incrementar el número de mujeres a cargo de puestos de responsabilidad y de toma de decisiones.
Los estudios demuestran que la política con más probabilidades de aumentar la productividad económica, reducir la mortalidad, la productividad económica, reducir la mortalidad infantil y materna, es precisamente aquella que respeta y promueve la equidad de género.
Compañeras y compañeros legisladores, sólo podremos hablar de verdadera equidad cuando ninguna mujer sea discriminada o menospreciada tanto en su persona como en su trabajo; cuando las empresas no les exijan el certificado de ingravidez para colocarlas en un puesto; cuando perciban un salario justo y cuando nadie por el hecho de ser niña, e indígena y campesina, carezca de futuro.
Es responsabilidad nuestra transformar en iniciativa de ley, en políticas públicas y en programas de gobierno, los ideales de libertad y de equidad, por lo que se instituyó el Día Internacional de la Mujer.
Hagamos realidad el respeto en todos los ámbitos de la dignidad y de la equidad entre varón y mujer generando las condiciones necesarias a fin de crear una cultura de reconocimiento y aprecio a las mujeres.
Dirijamos nuestro esfuerzo en la consecución de una propuesta inteligente, planeada, bien diseñada, que revalore la imagen de la mujer como sujeto activo, libre, capaz y participativo que pueda elegir con libertad su proyecto de vida; que fortalezca su autoestima y reconozca su contribución. La sociedad allá afuera está esperando resultados. Llevémosles un mensaje de esperanza a todas las mujeres mexicanas. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, diputada. Continuando el orden del día pasamos al capítulo de Iniciativas
Tiene la palabra la diputada Beatriz Eugenia García Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Recordamos que el tiempo acordado para la presentación de iniciativas es de siete minutos.
La diputada Beatriz Eugenia García Reyes: Muy buenas tardes, con su permiso señora Presidenta. Honorable Asamblea, con el propósito de respetar el tiempo designado para esta intervención, obviaré la lectura del texto íntegro de la presente iniciativa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Una de las principales problemáticas para la participación de la mujer en la economía está ligada a las responsabilidades familiares. El incremento del número de mujeres en el mercado laboral no ha cambiado sus obligaciones en el ámbito doméstico y familiar, por lo que las mujeres tienen que enfrentarse con jornadas dobles o triples de trabajo al tratar de empatar sus diferentes roles, el de esposa, madre, ama de casa y mujer trabajadora.
No cabe duda que de que el ingreso de las mujeres al sector productivo ha venido de la mano de notables, aunque paulatinos, cambios en la dinámica familiar. Entre 1998 y 2005 el porcentaje de varones que desempeñan exclusivamente el rol de proveedores disminuyó en 13 puntos; mientras que el de las mujeres dedicadas únicamente al hogar, bajo cuatro por ciento.
Además, la participación económica de las mujeres casadas o unidas se ha incrementado moderada pero continuamente, pasando del 32.6 por ciento en 1998 a 35.4 por ciento en 2005; y el porcentaje de mujeres económicamente activas sin hijos disminuyó de 36.9 a 31.7 por ciento.
Sin embargo, la estructura tradicional de la organización doméstica se sigue reflejando en el hecho de que entre las mujeres casadas o unidas casi el 100 por ciento participan en las actividades domésticas, mientras que sólo 60 por ciento de los hombres con el mismo estado conyugal lo hacen.
Esto prueba fehacientemente que la equidad de género, en las responsabilidades familiares, está todavía lejos y la carga sigue recayendo principalmente en las mujeres, pese a que ellas contribuyen cada vez más al ingreso del hogar. La dificultad para compaginar las responsabilidades familiares con las actividades laborales y la persistencia de las iniquidades entre hombres y mujeres a este respecto son un fenómeno mundial.
Por ello, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo exhortan a los estados a adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan reintegrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, sin ser objeto de discriminación y sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.
Igualmente considerase necesario prestar atención especial a la mujer durante el embarazo e implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables y la licencia de paternidad.
En el ámbito nacional, nuestra Carta Magna reconoce en el artículo 4o. la igualdad entre hombres y mujeres y la protección a la familia; mientras que en el artículo 123 se garantizan los derechos de los trabajadores.
La Ley Federal del Trabajo que reglamenta este artículo constitucional establece que las mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos en su artículo 163 y dedica el artículo 170 a la regulación de las labores femeninas en época de maternidad e inclusive impone multas a quienes incumplan las disposiciones relativas a la protección de mujeres y niños.
Por otro lado, la Ley del Seguro Social protege a las mujeres ya sean aseguradas o beneficiarias, centrando en sus artículos 94, 101, 102 y 103 los derechos de la maternidad. A pesar de lo progresista que llegó a ser la legislación mexicana, no se ha renovado conforme a la situación actual del país, quedando rezagada en materia de género, trabajo y responsabilidades familiares.
Atender esta problemática implica garantizar protección especial a las trabajadoras embarazadas y madres de familia para salvaguardar su función social, pero también dar facilidad a los padres trabajadores para asumir a cabalidad sus responsabilidades familiares y compartirlas plenamente con las madres de sus hijos.
En este sentido, la presente iniciativa busca empatar la equidad y protección de las responsabilidades familiares de las madres y padres trabajadores, con la laboral. Para ello lo que principalmente se busca con esta propuesta es reformar y adicionar la Ley Federal del Trabajo de la siguiente manera:
Permitir el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, cuando los trabajadores tengan a su cargo el cuidado y la crianza de un hijo en edad preescolar.
Garantizar criterios de prioridad para que las vacaciones de las madres y padres que tengan a su cargo el cuidado exclusivo de sus hijos, coincidan con las vacaciones escolares, sí así lo eligen los trabajadores.
Modificar el Título Quinto para que se llame Normas de trabajo para la equidad de las responsabilidades familiares, con el propósito fundamental de proteger el desarrollo de la familia, permitiendo que los trabajadores —madres y padres— puedan asumir la responsabilidad común que tienen de asistir y amparar a sus hijos menores de edad.
Garantizar a las madres trabajadoras el derecho de periodo posparto más amplio, en caso de parto múltiple. Licencia en caso de aborto. Un periodo de descanso en caso de adopción de un menor. La posibilidad de transferir parte del descanso previo al parto para después del mismo. Permitir que sea el padre de su hijo en lugar de ella, quien disponga parcial o totalmente de ciertos periodos de descanso y que tenga más de una opción para procurar cuidados a sus hijos en periodo de lactancia.
Reconocer el derecho de los padres trabajadores a disfrutar de periodos de descanso —en caso de parto simple o parto múltiple de la madre—, de su hijo; y en caso de aborto, así como de la transferencia parcial o total de los periodos de descanso que le conceda la madre de su hijo.
Otorgar el derecho al padre y a la madre trabajadora, a periodos de descanso cuando muera la esposa o esposo o la concubina o concubino, y por causa de fuerza mayor justificada, cuando tenga la custodia exclusiva de un menor.
—Y finalizo. Aumentar la sanción al patrón que viole las normas protectoras de la familia y la equidad en las responsabilidades familiares, así como el trabajo de las mujeres y los menores. He dicho, señora Presidenta. Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de marzo de 2007.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Gracias, señora diputada.
Tendrá el uso de la palabra el diputado Roberto Mendoza Flores, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Presidencia aprovecha la ocasión para dar un cordial saludo a los alumnos de la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", de Ciudad Nezahualcóyotl —a los alumnos y maestros, naturalmente—, al igual que a alumnos y maestros de la Escuela Preparatoria número 2 del Distrito Federal y a los alumnos y alumnas de la Universidad "San Carlos", que nos honran con su presencia. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, señor diputado.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Un régimen democrático basa su certidumbre en el grado de credibilidad de sus instituciones, el marco jurídico que tenga y el modelo económico que implante. De ahí que la conjunción de estos factores estén interrelacionados y sean determinantes en la viabilidad de una forma de gobierno, por lo que llega el momento en que tienen que ser evaluados estos elementos para saber si es necesario reformarlos.
Por ello, el grupo parlamentario al cual pertenezco está seguro de que sólo mediante la implantación de un estado de derecho que garantice y promueva los derechos sociales como eje de programas individuales y del desarrollo colectivo, será posible acceder a una sociedad justa e igualitaria.
Un Estado democrático requiere mecanismos que permitan vigilar la acción gubernamental y realizar una investigación imparcial de las quejas o juicios que promuevan los ciudadanos para impedir y corregir los abusos. Esto dará como resultado el fortalecimiento de la confianza en las instituciones públicas.
Por tal motivo, en la declaración de principios de la Alianza por el Bien de Todos se señaló categóricamente en esta materia lo siguiente: se debe alentar la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial para evitar que la justicia se vuelva su opuesto por el manejo de motivos políticos ajenos al interés de la sociedad.
El propósito de la Coalición es pugnar porque en la impartición y procuración de justicia desaparezcan las prácticas corruptas, la ilegalidad y la dependencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. En fin, de erradicar la impunidad que tanta frustración y malestar causa a la sociedad mexicana.
Por muy distintas razones históricas, el Poder Judicial ha sido el Poder del Estado ajeno a las prácticas de participación de la vida política de nuestro sistema, por lo que hay que considerar que es momento de tocar, dentro de las reformas de Estado, el desempeño de la impartición de justicia y más en general con los mecanismos normativos de instituciones que se refiere al reforzamiento de la vida democrática de una nación.
Atendiendo a lo anterior, se debe aceptar que nuestro sistema de impartición de justicia no ha avanzado al ritmo de la sociedad democrática que el país exige. En efecto, los aspectos sociales, económicos y culturales de una sociedad globalizada han penetrado en la función jurisdiccional, la que no debe atender a un sentido político, sino jurídico. Es por eso que debe existir un órgano en plena legalidad y otro de control constitucional, el cual observará lo relativo al pleno cumplimiento de la Constitución.
Esta propuesta no es nueva ni se realiza con el ánimo de que los miembros de un Poder del Estado estén en contra de otro, ya que el Libro Blanco de la Reforma Judicial, editado y planteado a la opinión pública por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, expone en su capítulo 5o., denominado Reglas y Procedimientos, el gran debate que hoy en día en nuestro país existe en torno a la doble naturaleza jurídica que envista a la Corte como tribunal constitucional y como tribunal de la legalidad.
Consideramos que con nuestra propuesta no dejaríamos abandonado el control de la legalidad en los actos, ya que desde hace más de 12 años, con la estructura actual de tribunales colegiados y unitarios, está garantizada, dado que para ello fueron creados y dotados de fuerza interpretativa de las normas.
Sobra decir que si bien es cierto que pueden existir tesis encontradas sobre temas iguales, aplicables en casos análogos, que estas diferencias las zanja la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, con nuestra propuesta no deja de lado la posibilidad de contradicción de tesis y al ser la decisión de la Corte eminentemente un acto de interpretación constitucional, dotamos de esta facultad al nuevo Tribunal Constitucional.
De lo anterior, considero que es necesario desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y crear un Tribunal Constitucional, el cual sería un órgano constitucional autónomo encargado de tutelar los derechos fundamentales y controlar la constitucionalidad de las leyes.
Un Tribunal Constitucional viene a significar la sustitución de la racionalidad jurídico-democrática del orden jurídico que da lugar a los propios tribunales constitucionales, por la persona y emotiva subjetividad de los integrantes de estos órganos.
La creación de un Tribunal Constitucional, distinto y separado de la jurisdicción ordinaria que ejerce hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto de los órganos del Poder Judicial Federal, llevará a México a completar la reforma del Estado.
Hay que considerar que la labor de interpretación normativa de la Constitución y de protección de su sistema de valores necesita una instancia especializada en estas cuestiones, requiere personas de notable experiencia en cuestiones de derecho y de prácticas constitucionales; una experiencia, en definitiva, que no tienen los jueces ordinarios ni la podrán tener.
También requiere esta función un órgano con carácter totalmente representativo, que pueda decidir por sí solo con suficiente autoridad funciones de tan trascendentales consecuencias políticas. Se necesita, pues, un Tribunal Constitucional especializado.
La reforma judicial de 1994 incorporó como ministros de la Suprema Corte mayoritariamente a personas que provenían de la carrera judicial, es decir, formadas en el conocimiento más de los asuntos de legalidad que de verdadera constitucionalidad.
Con la creación del Tribunal Constitucional, además de lo ya dicho, se podría mejorar el régimen de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales que actualmente tiene algunas carencias, así como reunir bajo un solo órgano el control genérico de constitucionalidad.
Al crearse el Tribunal Constitucional se dejaría a los tribunales de circuito fundamentalmente dos competencias muy importantes: en primer lugar la de unificar la jurisprudencia en materia de legalidad, en segundo término, el conocimiento de los juicios de amparo, es decir, lo que en la praxis se conoce como las cuestiones de legalidad.
En la actualidad, el diseño institucional del Poder Judicial y en consecuencia el sistema de control de constitucionalidad que prevé la Constitución de 1917 presentan diversas diferencias, por lo que al tener un Tribunal Constitucional autónomo e independiente y dejando a los Tribunales de Circuito los asuntos de legalidad, se estaría conformando un gran paso para la llamada justicia constitucional.
La reforma planteada retoma la realidad que existe en más de un centenar de Tribunales Colegiados de Circuito, todos ellos dotados de facultades para emitir jurisprudencia obligatoria, es decir, para crear precedentes vinculantes para la resolución de casos futuros.
Esta iniciativa que hoy presento pretende que el Tribunal cuente, por disposición constitucional, con autonomía funcional y presupuestal; se exige además como requisito que los ministros designados lo sean por sus méritos profesionales.
La reforma de 1994, es decir, de mi compañero de partido Iván García Solís, concibió a la Suprema Corte de Justicia como el órgano único de control de la constitucionalidad, es decir, la dotó de atribuciones cual Tribunal Constitucional, sin dar vida a una institución específica de este tipo. Dicha reforma representó un avance indudable en cuanto perfeccionó la figura de controversia constitucional, haciendo viable su ejercicio.
Además, introdujo el recurso de la acción de inconstitucionalidad; sin embargo la reforma no previó un órgano independiente de los mismos Poderes, de tal modo que pudiera controlarlos para salvaguardar y respetar las reglas constitucionalmente establecidas en cualquier democracia.
En la integración del órgano participarán el Senado como representante de la Federación, la Cámara de Diputados por la pluralidad de la representación política que conlleva, el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo del Poder Judicial y encargado de la carrera judicial en México, y la sociedad civil a través de los mecanismos que el Legislativo prevé en estos efectos. Estos Poderes darán la designación de ministros integrantes del Tribunal de acuerdo a las leyes orgánicas.
Se pretende además con la presente reforma establecer una serie de incompatibilidades para evitar que los nombramientos recaigan en sujetos que actualmente cuentan con poder político; así, no podrán acceder al cargo de ministros quienes sean representantes populares, dirigentes partidarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, con la salvedad expuesta en los transitorios, altos funcionarios de la Federación, de los estados y del Ejército. Se prohíbe también que aún cuando dejen el cargo, los ministros en funciones puedan ingresar a otros cargos de responsabilidad pública de manera inmediata ya que ello puede viciar el desempeño de su función.
Asimismo, se pretende dotar a este órgano de las competencias que están actualmente previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Concluya, por favor, señor diputado.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Termino con esto. El Tribunal Constitucional sería el intérprete supremo de la Constitución. Es un órgano constitucional e independiente de cualquier otro, sólo está sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica.
El Tribunal Constitucional tiene como función perfeccionar la vigencia del estado de derecho en el que se basa la nación mexicana, en atención a la decisión fundamental consignada en la Constitución general de la República, complementada y desarrollada por otros preceptos en cuyo detalle no es necesario entrar aquí.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y modifican diversos artículos de la Constitución Política mexicana, la cual he entregado en estos momentos a la Secretaría, y atento solicito a la Presidencia se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La siguiente iniciativa agendada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone a petición del mismo grupo parlamentario. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Frente al desafío de la vida moderna muchos mexicanos luchan por la conservación de los recursos naturales y por la preservación del medio ambiente.
Es en las últimas décadas que los ciudadanos se han organizado de forma autónoma para colaborar voluntaria, activa y solidariamente en la atención de los problemas ambientales, promoviendo entonces acciones y proyectos orientados a reparar el deterioro ambiental, a promover nuevos comportamientos o a preservar los recursos naturales.
El surgimiento de estas nuevas fuerzas sociales ha logrado transformar la relación gobierno-sociedad y ha aportado un importante beneficio a sus comunidades con las acciones que éstas emprenden. La labor filantrópica de las organizaciones de la sociedad civil debe entonces ser siempre fomentada por el Estado.
Los individuos que se comprometen y se organizan para dar camino a la convicción de que el mundo puede ser distinto al que recibimos encuentran en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente un marco jurídico definido que indudablemente hace que la sociedad mexicana sea una sociedad mucho mejor organizada.
Esta visión, compartida y enfocada al bienestar y al desarrollo humano entre la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debe ser aprovechada para crear la sinergia que tanto requiere nuestro país para poder alcanzar el desarrollo sustentable.
La acción articulada de las secretarías con competencia en la materia y la suma de sus voluntades son entonces un reto fundamental para la transformación de nuestro país. Es la labor coordinada que puede construir una nueva relación de corresponsabilidad entre el Poder federal y la sociedad mexicana.
Con base en lo anterior propongo incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de que, junto con las secretarías de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, definan las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y promuevan entonces el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado.
Con la participación de la Semarnat, la Comisión de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil podrá entonces impulsar políticas públicas para el apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección al medio ambiente, asumir un rol sinérgico y transversal frente al desafío de la realidad medioambiental nacional, abrir un espacio estructurado, reglamentado con derechos y obligaciones a las organizaciones ambientales, construir sinergias con otras organizaciones cuyo objeto social sea distinto pero complementario, impulsar la legislación y la gestión para el desarrollo, permitir el verdadero fortalecimiento de la sociedad civil a partir de la urgente necesidad de reconstruir y recuperar lo perdido.
Es entonces que con una estructura sólida para la participación, la ciudadanía estará dispuesta a participar de manera organizada en la construcción de la corresponsabilidad y en la protección del medio ambiente y con ello podrá seguramente dar rumbo a todos sus sueños y sus anhelos. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana. Tiene la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del grupo parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con el permiso de la señora Presidenta de la Mesa Directiva y los demás integrantes de la misma. El grupo parlamentario de Convergencia, en cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicita se dé curso a esta iniciativa que tiene como propósito modificar y reformar la Ley General de Educación.
En los últimos tiempos están cobrando vital importancia las temáticas relacionadas con las políticas públicas, la globalización, la participación ciudadana y la sistemática disminución del papel del Estado.
Estamos presenciando una coyuntura de cambios en la administración tradicional del Estado, caracterizada por ser centralizada, burocrática, autoritaria, monocultural y excluyente, hacia una administración pública más democrática, participativa y con menos intervención del Estado.
Esta nueva forma de administración estatal necesariamente conduce a una nueva concepción de sus funciones, sus políticas y sus relaciones con la sociedad en general en donde la participación ciudadana juega un papel importante en aspectos claves tales como el control y la auditoria social.
La alternativa para fortalecer nuestro sistema representativo es el de incrementar el papel de los ciudadanos en los problemas de gobierno y estas acciones las podemos lograr si se instrumentan mecanismos para resolver mediante lo que tradicionalmente se ha definido como democracia semidirecta, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato.
Existe ya un cuadro comparativo de lo que los grupos parlamentarios han propuesto, no solamente en esta LX Legislatura, sino en la anterior, en relación a estas herramientas de la democracia participativa.
Y es un deber y una responsabilidad de esta Legislatura poder revisar para hacer un dictamen colectivo en relación a estas herramientas; pero nada va a cambiar en el país si no pensamos en cómo transmitir y educar a la infancia de México, en la importancia que tienen estas herramientas, su significado, su alcance y la forma de utilizar.
En los planes de estudio es importante que se hable de la democracia sí, pero que también se hable de las herramientas que esta democracia no solamente representativa de la que formamos parte, tienen los mexicanos y otras sociedades en el mundo y de cómo pueden estas herramientas influir en la transformación del México del siglo XXI.
Por eso para fortalecer la democracia estas herramientas son compatibles con el sistema representativo, pues toman en cuenta la opinión del pueblo sobre cuestiones trascendentales para la vida nacional y le sirven al Estado para canalizar las inquietudes de su sociedad y escuchar e interpretar sus reclamos y sus opiniones.
La participación ciudadana es el elemento motor de los procesos de cambio tan necesarios en las actuales condiciones de administración pública. Ello a su vez dará sustento a los procesos de decisión y legitimidad del gobierno.
La mayoría de los ciudadanos mexicanos, incluidos aquellos que pertenecen a organizaciones sociales, instituciones públicas y quienes dirigen o gestan los procesos educativos, desconocen los mecanismos de participación ciudadana, así como la importancia de éstos.
Figuras como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato son una necesidad en la actual relación entre Estado y sociedad en México.
Para que podamos incluir estos mecanismos en el sistema normativo de México y que sean eficaces, no basta dotarlos de vigencia sino deben de ir acompañados de métodos de enseñanza, comunicación e interacción con la sociedad, con el propósito de que los ciudadanos conozcan plenamente sus derechos democráticos y adquieran una conciencia de participación real en la vida pública del Estado mexicano.
Y qué mejor forma de hacerlo que desde la educación básica donde los niños y los jóvenes puedan conocer los mecanismos de participación ciudadana.
Esta propuesta está orientada a que los docentes, los niños y las niñas de México, conozcan las obligaciones que se generan y los derechos que adquieren como ciudadanos.
La educación no se limita a la educación escolar sino a los aprendizajes necesarios para la vida, para el trabajo, para la participación, para la ciudadanía plena. Así vemos pues que la educación, la comunidad educativa y la política educativa, son mucho más amplias de lo que nosotros mismos creemos.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Convergencia presenta esta iniciativa por conducto de su servidor para que se hagan modificaciones al artículo 7o. y se pueda transformar la Ley General de Educación; y los educandos en México tengan muy clara la importancia de lo que México reclama: la democracia participativa, no solamente la democracia representativa. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Humberto Vela González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Esta Presidencia envía un cordial saludo al grupo que nos visita de pensionados, jubilados y adultos mayores del Tulancingo, Hidalgo. Les agradecemos su presencia y les saludamos muy cordialmente. Adelante, diputado.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señora Presidenta. Compañeras diputadas reciban una felicitación en este día tan importante. Compañeros diputados.
La justificación que se dio por parte del Ejecutivo federal para decretar el rescate carretero, y consolidar esta inversión como deuda pública, se sustentó en la importancia que tiene la cinta asfáltica para las comunicaciones, transportes de mercancías e individuos y en general para el desarrollo nacional.
En tal sentido, en el Proyecto de Rescate Carretero, publicado el 27 de agosto de 1997 en el Diario Oficial, se menciona que las autopistas son consideradas como un bien público y que las empresas constructoras a las que se les había adjudicado su construcción y operación no contaban con los recursos suficientes para darles mantenimiento, debido al escaso aforo vehicular y que, por lo tanto, era responsabilidad del Estado hacerse cargo de su mantenimiento y administración.
De esa forma, el rescate carretero que en principio no representaba un costo de más de 18 mil 800 millones en 1997 pasó, en la actualidad, a los 160 mil millones de pesos, un incremento de más de 800 por ciento. Es decir, que en diez años la deuda por dicho concepto se incrementó a una tasa promedio anual de 80 por ciento, un incremento exorbitante en un contexto de baja inflación y crecimiento de la economía.
Hay que mencionar que en agosto de 1997, cuando se presenta el Programa de Consolidación de Carreteras de Cuota, donde se destaca la necesidad de que el Gobierno federal asuma el control de 23—las menos rentables—de las 52 autopistas concesionadas, los inversionistas registraban pérdidas por alrededor de 24 mil millones de pesos.
Para solventar dichas pérdidas el gobierno creó el Fideicomiso Maestro, que emitiría pagarés a cinco, diez y 15 años, mismos que estarían referidos en UDI, quedando su distribución de la siguiente forma: para el 25 por ciento de la indemnización, Banobras entregaría obligaciones a cinco años; para el 37.5, los documentos serían a diez años y para el restante 37.5 por ciento a 15 años.
Esta es una de las muchas historias que se repiten constantemente en todas las empresas concesionadas que, además de ser caras, son ineficientes y de baja calidad en el servicio, todo con el beneplácito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ahí están las pésimas condiciones en las que se encuentran actualmente las carreteras concesionadas. Producto de lo cual existe un elevado número de accidentes con graves costos humanos y materiales, todo con el consentimiento explicito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Sin embargo, hoy nuevamente el gobierno nos viene con el engaño de que se requiere reconcesionar las carreteras rescatadas para fomentar la inversión privada. Lo cual, es a todas luces absurdo e insostenible, debido a que si lo que realmente se requiere es incrementar y fomentar el desarrollo carretero, entonces ¿por qué en lugar de reconcesionar, no abren nuevas concesiones para la construcción de nuevas carreteras?
Lo que este país necesita es un desarrollo enorme de su infraestructura carretera y si estos señores tienen recursos que abran nuevas carreteras para que fomenten con ello el desarrollo económico y del conjunto de la infraestructura del país.
Yo recuerdo un detalle. En 1979 el entonces secretario de Patrimonio Nacional, un señor de nombre Andrés de Oteiza, hizo el anunció de que se iban a vender empresas paraestatales. Inmediatamente aparecieron un montón de compradores, a los tres días les dijo: no señores, si tienen dinero, porque no abren nuevas empresas. No, querían comprar las del Estado, porque eso ya les está garantizando una concesión.
La lógica es que como ya se sanearon sus finanzas y se incrementó el aforo vehicular, las carreteras se volvieron rentables, por lo que habrá que regresárselas a la iniciativa privada. Habrá que regresarlas a las empresas Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD); empresas que fueron las beneficiadas del rescate.
Y yo les digo, compañeras y compañeros diputados, que el actual secretario de Comunicaciones y Transporte, el señor Luis Téllez, miente cuando afirma que no se utilizaron recursos fiscales para el rescate de las carreteras. Miente porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1998 se establece una asignación del presupuesto para el rescate por 18 mil 800 millones de pesos, equivalente al 0.6 por ciento del PIB de 1997.
El círculo vicioso de concesión-rescate-concesión es una historia de nunca acabar; es una historia de robos, fraudes y fracasos del gobierno federal en la que la única perjudicada es la sociedad. Éste, señores legisladores, es un juego vil, burdo, de la alta burocracia gubernamental, que ve en este tipo de transacciones la posibilidad de obtener ingresos públicos ante la imposibilidad de impulsar una reforma fiscal integral que otorgue viabilidad a las finanzas públicas.
Habrá que aducir al respecto que el gobierno federal rescató a las carreteras menos viables, las operó, la saneó y ahora nuevamente las reconcesiona para su explotación a la iniciativa privada. Con esta iniciativa se propone que, como en cualquier inversión, cada empresario deberá asumir responsablemente los riesgos y beneficios de sus inversiones, tal y como sucede en cualquier economía medianamente respetable, orientada en el esquema ya trillado del libre mercado.
La figura de rescate sólo promueve una serie de corrupciones e incentivos perversos entre los gobiernos y los empresarios, que se coluden para saquear, para saquear al erario público sin importar la calidad y utilidad de la infraestructura; que independientemente del saqueo, corrupción financiera e ineptitud con que se manejan empresarios y funcionarios, siempre tendrán como recurso y como premio la figura del rescate y el estado de impunidad para los empresarios y funcionarios. Es un negocio redondo: ganan cuando se les rescata y ganan cuando se les reconcesionan las carreteras. Los únicos perdedores somos todos los ciudadanos.
Esta política de conocimiento, privatización y rescate de la infraestructura social y productiva de los últimos gobiernos fomenta la concentración y el control de áreas estratégicas de la economía nacional en unos cuantos grupos monopólicos y oligopólicos. Ahí está el caso de la televisión, la telefonía, la banca, los ingenios, los ferrocarriles y las carreteras. Todos oligopolios claros de esta economía y todos son un conjunto claro de fracasos.
Al respecto sería bueno exponer que no obstante el gran debate de interés nacional que existe respecto a los monopolios, oligopolios y sus efectos en el desarrollo nacional, la política legislativa de esta Honorable Cámara de Diputados no lo considera como un tema prioritario ya que hasta ahora la Junta de Coordinación Política no ha dictaminado la creación de la comisión especial antimonopolio propuesta por un servidor.
Es por lo antes mencionado que propongo la siguiente reforma por la que se deroga la fracción IV del artículo 16 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
Artículo 16. Las concesiones terminan por:
Fracción IV —que habla del rescate—. Se deroga.
La Presidenta María Elena Álvarez Bernal: Se ha agotado su tiempo, señor diputado.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Termino, señora Presidenta.
Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La presenta su servidor, el diputado Joaquín Humberto Vela González, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes. Me pareció que estaba solicitando el uso de la palabra. Pónganle por favor sonido en la curul del diputado Miguel Ángel Jiménez.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): Presidente, respetuosamente solicitamos rectificación de quórum. Muchas gracias
La Presidenta diputada María Elena Alvarez Bernal: En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum y mientras tanto continuará el desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Abra el sistema electrónico.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Y ábrase el sistema electrónico por nueve minutos para la verificación…
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Por 10, perdón.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: …10 minutos, para la verificación del quórum.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Adelante diputada Victoria Gutiérrez Lagunes.
La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes: Con su permiso, señora diputada Presidenta.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de hostigamiento sexual, violencia en el trabajo; por parte de grupo parlamentario Acción Nacional.
Honorable Asamblea, obviaré la lectura del texto íntegro de la iniciativa que hoy estamos presentando, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, con el objetivo de ajustarme a los tiempos establecidos.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, perteneciente a la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa de Ley Federal de Trabajo en Materia de Hostigamiento Sexual y Violencia en el Trabajo conforme a lo siguiente:
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do Pará, define la violencia contra la mujer como "cualquier acción o conducta basada en su género que cauce muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". Sin duda el centro de trabajo es uno de los tantos espacios donde las mujeres enfrentan día con día la violencia.
Las cifras al respecto son alarmantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, en México más de 49 por ciento de las mujeres económicamente activas habían sufrido al menos un incidente de violencia, frente a poco más de 45 por ciento de quienes se dedican a los quehaceres domésticos.
Para esto, resulta todavía más preocupante que se tome en cuenta que en cada uno de los tipos de violencia: emocional, física, económica y sexual, las mujeres trabajadoras también padecieron incidentes violentos con mayor frecuencia. Estas estadísticas son indicativas de que las mujeres que ingresan al mercado laboral están más expuestas a la violencia.
En nuestro país no existen cifras respecto del hostigamiento o acoso sexual en el trabajo, debido a que de hecho no están sancionados expresamente en la legislación laboral y por lo tanto no existe forma de que sean denunciados y cuantificados. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina entre 30 y 50 por ciento de las trabajadoras los padecen.
El hostigamiento o acoso sexual es una forma violenta de discriminación laboral, que afecta sobre todo a las mujeres, ya que generalmente se encuentran en posiciones de trabajo vulnerables e inseguras, carecen de poder o se les puede percibir como posible amenaza para obtener puestos de mayor jerarquía.
Sin embargo, el hostigamiento sexual está relacionado no sólo con la posición de subordinación que tienen en la estructura social. En general, este tipo de comportamientos afecta gravemente los derechos laborales y las condiciones de trabajo de quienes lo padecen, deteriorando su estabilidad personal y económica. Es decir, su calidad de vida, pero también acarrea perjuicios para las empresas en términos de desmotivación de los trabajadores, descenso en la productividad, renovación del personal, ausentismo, un ambiente laborar hostil y desprestigio para las empresas.
Todos estos aspectos nos muestran que el hostigamiento sexual en el trabajo es una de las prácticas en las que todos salimos perdiendo por lo que es preciso instrumentar las medidas necesarias para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo sin importar el sexo ni la jerarquía de las personas involucradas, procurando siempre un ambiente libre de violencia que fomente la igualdad de oportunidades y de trato para el buen desempeño del trabajo y el correcto funcionamiento de las empresas.
Nuestra Carta Magna contempla los fundamentos para atender esta problemática al establecer, en su artículo primero, la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
No obstante, uno de los obstáculos más importantes para consolidar estos preceptos establecidos en nuestra legislación y en los instrumentos internacionales, es el estancamiento de la reforma laboral por la falta de acuerdos para concretarla. A pesar de ello, la introducción del enfoque de género en la legislación laboral cuenta con un amplio consenso, como lo demuestra el hecho de que prácticamente todas las plataformas políticas de los partidos que contendemos en las elecciones —o que contendimos— en las elecciones federales del pasado 2006, incluyen al menos un objetivo de agenda sobre mujeres y trabajo.
Con ese mismo espíritu, la presente iniciativa busca reformar la Ley Federal del Trabajo a fin de sentar las bases para prevenir y sancionar una de las formas de violencia menos visible que padecen las mujeres: el hostigamiento sexual.
Para alcanzar dicho propósito, esta iniciativa se plantea definir el hostigamiento sexual en el trabajo e incluir como causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, que el trabajador cometa hostigamiento sexual. Prohibir a los patrones realizar en el centro de trabajo cualquier acto de hostigamiento sexual, así como tampoco permitir a sus representantes o trabajadores exigir favores sexuales como condición para ocupar un puesto para ascender o para recibir cualquier otro beneficio.
Compañeras y compañeros legisladores, es hora de aprovechar nuestras coincidencias y dejar de postergar esta reforma. Es hora de dejar a un lado diferencias partidistas, conflictos estériles e intereses mezquinos y dar este gran paso en pro de la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres.
Demos cauce, de una vez por todas, a esta reforma sin que sea objeto de botín político. Demos por fin a las mujeres la protección y los derechos que merecen como ciudadanas mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Presidencia saluda al Consejo Nacional de Estudiantes de San Luis Potosí, que nos honran con su presencia y les agradece su visita.
Se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Gabriel Varela López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 24y 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputada Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 24 y deroga el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Durante los últimos días la Suprema Corte de Justicia ha discutido la constitucionalidad de diversas disposiciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta discusión, independientemente de las posturas que se esgrimieron por parte de los ministros y de la resolución final que adoptó el Pleno de la Corte el día 27 de febrero de 2007, coloca el debate y solución final de esta controversia jurídica en el terreno del Congreso de la Unión. Le corresponde a éste corregir disposiciones jurídicas de carácter discriminatorio que atentan contra los derechos fundamentales de las personas.
Como sabemos, la Suprema Corte declaró inconstitucional el numeral 45 del artículo 266 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, como resultado del análisis de la revisión de diversos juicios de amparo interpuestos por militares puestos en retiro.
Sin embargo, las disposiciones impugnadas siguen vigentes y seguirán siendo aplicadas por las autoridades militares, toda vez que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo sólo tienen efectos en los individuos particulares o en las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
No existe obligación jurídica alguna para la autoridad administrativa para regir su actuación con base en los criterios asumidos por al Suprema Corte de Justicia, ni siquiera cuando ésta establece jurisprudencia, ya que ésta sólo es obligatoria para los tribunales. Por ello es pertinente y necesaria esta reforma, con ello evitaremos largos procesos judiciales para hacer valer los derechos fundamentales de los militares.
Este Congreso tiene la posibilidad y la obligación de subsanar los errores y vicios que contiene la ley que provocan interpretaciones que asumen que el legislador asume que los militares con VIH son un riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos y el personal militar.
Si no corregimos esta ley —y ahora estamos a tiempo— dejaremos la puerta abierta para que en las Fuerzas Armadas y en toda la actividad pública se expulse a los seropositivos —como bien lo advirtió el ministro Gudiño Pelayo— y que se asuma que la prevención de esta pandemia se encuentra en el aislamiento de las personas infectadas y que, en función general y para la protección del derecho a la salud y la vida de las mayorías, hay que segregar a todos los portadores de este mal.
Tampoco es razón para sostener conductas discriminatorias, el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan características propias y específicas como cuerpo militar regido por la disciplina, la obediencia y la disponibilidad absoluta. Esto de ningún modo justifica que un régimen normativo aplicable a los miembros del Ejército mexicano y la Marina pueda ser violatorio de los derechos fundamentales de las personas.
Es más que evidente la inexistencia de razones científicas para sustentar la inutilidad de las personas con VIH, el estudio entregado por dos distinguidos integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias, al ministro José Ramón Cosío, concluye: "El VIH y Sida son dos etapas de un mismo proceso infeccioso, cuya evolución se ha alterado y mejorado marcadamente con los tratamientos actuales, ampliamente disponibles en nuestro país.
En pacientes con VIH/Sida, con adecuado tratamiento no existe ninguna limitación física ni mental que los proscriba de ninguna actividad laboral o social.
El VIH y el Sida no deben ser considerados como una causa inmediata imputable para que los individuos afectados sean suspendidos de ninguna actividad, ni específicamente de las Fuerzas Armadas.
En caso de existir secuelas por los padecimientos asociados al VIH y Sida cada caso puede ser evaluado en forma individual y reubicado y otorgado capacidad parcial o total, pero no suspender sus derechos".
El ministro Juan Silva Meza, señala con respecto a la norma impugnada: "Lo expuesto en relación con esta norma oficial mexicana, y lo sostenido también por algunos de los señores ministros, en torno a la opinión científica de VIH/Sida, me hacen concluir: que es anacrónico considerar que el estar infectado de aquella enfermedad, convierte a la persona en un inútil que hay que segregar, pues la ciencia y la interpretación legal y administrativa aplicable al sistema de salud, en torno al citado padecimiento, se han empeñado en desvirtuar tal concepción, por lo tanto, en mi opinión la nueva Ley del ISSFAM, deviene claramente violatoria de la garantía de igualdad".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 73 fracción XIV, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa y fundamentado
Se somete a consideración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:
Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 24 y se deroga el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue:
Artículo 24. …
Fracción V. Los padecimientos que no impliquen inutilidad física o mental para el desempeño de las obligaciones militares, no serán causa de retiro. Sin embargo, si el militar lo desea, tendrá derecho a que se le proporcione un empleo compatible con sus aptitudes.
Artículo 226. ...
Segunda categoría
Numeral 45. Se deroga
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal, con base en la información científica disponible, someterá a revisión las tablas referidas en el artículo 226 de la ley, para precisar las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por inutilidad y evitar conductas discriminatorias. Los resultados de dicha revisión serán remitidos al Congreso de la Unión en un plazo no mayor de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2007. Firma el diputado Víctor Gabriel Varela López.
Es todo, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud, con opinión de la Comisión de Defensa Nacional.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.
El Secretario diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 401 diputadas y diputados. Hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, Secretario. Continuamos con la sesión.
Esta Presidencia envía un cordial saludo a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de León, Guanajuato, que nos honran con su visita. Muchas gracias por haberlo hecho.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Presento a consideración de esta soberanía la iniciativa ya enunciada por la Presidencia que atañe, por un lado, a la necesidad de una eficiente administración pública y, por otro, a salvaguardar la vigencia de los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, particularmente en la especie de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que se venían aplicando fuera del debido juicio seguido ante tribunales, ya que la investigación, la calificación y la imposición de sanciones era asunto exclusivo de la Secretaría de la Función Pública, de los contralores internos y de las unidades equivalentes de la administración pública central y paraestatal, autoridades eminentemente administrativas, erigidas en juez y parte, sin competencia jurisdiccional y más bien en carácter de tribunales especiales prohibidos por la Constitución.
Están a la vista, en los tres niveles de la administración pública, la perversión jurídica, la discrecionalidad y la persecución política, o bien el encubrimiento de la componenda, saldos tolerados por el sistema jurídico cuyas únicas posibilidades de defensa radicaban en el juicio de impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o acaso en la revisión en amparo directo.
Afortunadamente, en noviembre de 2006 el Constituyente Permanente aprobó la reforma a la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, otorgándole a este Congreso la atribución concreta de instituir tribunales de lo contencioso administrativo que tendrán a su cargo imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa.
Así, el Poder Ejecutivo deja de tener la atribución de calificar e imponer sanciones a los servidores en la especie.
Congruente con dicha reforma, en febrero inmediato, al dictaminar una minuta proveniente del Senado que propone una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión de Justicia de esta Cámara, por plural unanimidad, tuvo a bien introducir para este órgano jurisdiccional la nueva competencia procesal en materia de responsabilidades administrativas, a través de una acción autónoma de única instancia. El dictamen ya se ha publicado para su primera lectura el día martes anterior.
En consecuencia, nuestra iniciativa pretende integralizar los ordenamientos reglamentarios involucrados y proyectar las adecuaciones en tres leyes más: primera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se impone la supresión de la facultad sancionadora de la Secretaría de la Función Pública, reservándole solamente las funciones de evaluación, fiscalización y control, la integración de determinación de presunta responsabilidad y el derecho de acción del nuevo juicio ordinario de responsabilidad ante el Tribunal ya citado.
Segunda. En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debe derogarse el procedimiento de calificación e imposición de sanciones ya criticado, otorgar una nueva visión de los principios de la función pública y regular, a la luz de la mencionada reforma constitucional, las obligaciones y acciones preventivas del servicio público, un listado más amplio de sujetos de responsabilidad, el régimen de quejas y denuncias, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, las sanciones y el procedimiento administrativo para investigarlas, así como las condiciones para preparar la acción procesal, entre otros aspectos.
Y, tercera, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo debe ser adicionada con un título referente al juicio de responsabilidades administrativas de los servidores públicos con, igualmente, nuevas reglas procesales que permitan sentencias justas y transparentes ajustadas a nuestro régimen de garantías y en congruencia con la atribución competencial sancionadora que se está creando para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Los pormenores de nuestra propuesta se contienen en el cuerpo de la iniciativa ya publicada el día de hoy, que desde luego es deseable, pueda ser enriquecida con la opinión de los legisladores federales, de las mismas autoridades involucradas, de la academia jurídica y de los litigantes, a favor de la integralidad de nuestro sistema de justicia administrativa.
Solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara, se acuerde que el contenido de esta iniciativa forme parte del Diario de los Debates, por cuanto que ha sido registrada con toda oportunidad y su discusión, si no tiene inconveniente, ciudadana Presidenta, se turne a la Comisión de Justicia, porque la misma ha venido ya atendiendo estas materias.
A todas y a todos ustedes, muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: A petición del señor diputado, se pide se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y le anotamos al señor diputado que la materia corresponde a las Comisiones Unidas de Gobernación, de la Función Pública y de Justicia, por lo que esta Presidencia pasaría a turnarla a estas comisiones.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy México cuenta con un vigoroso y creciente número de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del medio ambiente.
El surgimiento de estas fuerzas sociales ha logrado transformar la relación gobierno-sociedad y su actuación ha constituido el reflejo de una mayor preocupación sobre las actividades gubernamentales y la necesidad de generar nuevos mecanismos de participación y de retroalimentación entre el gobierno y la sociedad civil organizada.
Para poder revertir las tendencias de deterioro ambiental que prevalecen en nuestro país, no basta entonces con tener leyes que dicten las responsabilidades y derechos de los particulares frente al Estado; es necesario fortalecer el aparato institucional para la gestión de políticas públicas ambientales e instrumentar los programas que fortalezcan la corresponsabilidad entre los actores sociales y la toma de decisiones.
El marco normativo que regula a las organizaciones de la sociedad civil es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual enuncia en su artículo 5o., 16 actividades genéricas de interés social.
En el inciso doceavo de dicho ordenamiento se reconoce la protección al ambiente como una actividad de interés social para dichas organizaciones, facilitando así su fomento y favoreciendo la comunicación con las instituciones encargadas de la agenda ambiental de nuestro país.
La política ambiental de México está prevista en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En ella encontramos instrumentos, herramientas y estrategias de política ambiental eficaces para alcanzar una efectiva acción a nivel de regulación de los mecanismos de gestión ambiental.
Los principales temas que abordan dichos instrumentos son los siguientes: la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección al ambiente y la participación social e información ambiental.
Es en este sentido es que nuestra propuesta cobra interés. Los recursos naturales cuyo aprovechamiento debe estar sujeto a las políticas públicas que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente será un complemento aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social comprometa el aprovechamiento de los recursos naturales.
Por ese motivo, el Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Diputados, propone que las organizaciones sociales, cuyo objeto de fomento sea el aprovechamiento de los recursos naturales deberán, en todo caso, ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables, así como a la disposición de los reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de los mismos se deriven.
Los tiempos en que podía dejarse al gobierno la compleja responsabilidad de defender bienes comunes ambientales han quedado atrás, para dar paso entonces a una mayor corresponsabilidad en la búsqueda de una verdadera calidad ambiental.
La construcción de la moderna relación sociedad-gobierno prevé nuevas libertades, pero conlleva también nuevas obligaciones que redundarán en una mejor y eficaz protección de los recursos naturales, con base en el marco regulatorio que previera la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Resulta entonces fundamental que las dependencias y entidades de la administración pública federal se sientan asociadas a la aplicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley Federal de Fomento, a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y que sus programas fomenten, entonces, las actividades propias de dichas organizaciones. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana. Tiene la palabra la diputada Beatriz Collado Lara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Beatriz Collado Lara: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. Felicidades en el Día Internacional de la Mujer. La suscrita, diputada Beatriz Collado Lara, del grupo parlamentario del PAN, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley Federal del Trabajo en materia de discriminación laboral contra la mujer.
Me concentraré en plantear ante esta soberanía los puntos más importantes de la iniciativa que presento el día de hoy y que por cuestión de tiempo resumiré. Por lo que solicito a esta Presidencia, sea insertada la versión de manera íntegra en el Diario de los Debates.
El crecimiento de la participación y permanencia de las mujeres en la actividad productiva durante las décadas recientes constituye un cambio significativo para nuestro país en lo económico y lo cultural. Sin embargo, la discriminación laboral hacia las mujeres es un hecho innegable.
El índice de segregación ocupacional indica que las mujeres siguen en general desempeñando tareas tradicionalmente femeninas, mismas que en su mayoría son menos atractivas, con menor remuneración, en categorías inferiores y con menores posibilidades de asenso. Mientras que los hombres realizan las actividades consideradas masculinas, muchas veces asociadas con mejores oportunidades laborales.
Por si fuera poco, se estima que el salario que se les paga a las mujeres por su trabajo debe incrementarse 7.4 por ciento, para lograr la equidad en remuneración.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de la Organización Internacional del Trabajo, tocan esta problemática y establece la necesidad de prevenir y erradicar todo tipo de discriminación en el trabajo.
En este sentido México, reafirmando su decisión de asegurar a las mujeres y hombres el disfrute pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, en el artículo 1o. de la Constitución Política establece la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; mientras que en el artículo 4o. dispone el mismo trato para los hombres y las mujeres toda vez que son iguales ante la ley.
Por otra parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estipula en su Capítulo II los objetivos de una política nacional orientada a la igualdad en la vida económica, así como las acciones necesarias para su consecución.
El propósito central y urgente es reformar la Ley Federal del Trabajo para coadyuvar a la solución en la discriminación laboral hacia las mujeres, que constituye un severo problema de justicia social. Y lo es por cuanto sus consecuencias enfrentan a las mujeres día a día, con el rechazo en puestos de trabajo. La exigencia de no gravidez, el compromiso de no embarazarse por un tiempo determinado, el compromiso de renunciar en caso de embarazo o matrimonio, las restricciones o impedimentos para ascender, la exclusión en los planes y programas de capacitación o adiestramiento, condiciones de trabajo diferentes a las de sus compañeros, el acoso u hostigamiento sexual, la cancelación o disminución de cualquier derecho asociado al pago al salario o de cualquier otra prestación, el aumento de cargas u obligaciones, es decir, la explotación.
En virtud de todo lo aquí expuesto, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, reformando los artículos 2o., 3o., 4o., las fracciones III, V, XI y XIII del artículo 5o., el artículo 56, la fracción XIV del artículo 132, la fracción I del artículo 133, el artículo 164, el artículo 170; y se adiciona el inciso c), fracción I del artículo 4, las fracciones IX, X, XI del artículo 51, la fracción XXIX, del artículo 132, las fracciones XII y XIII del artículo 133, la fracción XI del artículo 135 y la fracción VIII del artículo 170 de la citada ley.
Cabe señalar enfáticamente que este conjunto de iniciativas ha sido congelado durante todo este tiempo en espera de una reforma laboral estructural que no llega. No es justo para miles de mujeres seguir esperando dicha reforma cuando existe plena convicción de la necesidad de garantizar los derechos y la protección de las mujeres trabajadoras. Sólo con voluntad política pueden darse las reformas que las mujeres y los grupos vulnerables están necesitando. Es cuanto, señora Presidenta. Les agradezco su atención.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señora diputada. Atendiendo la petición de la diputada Beatriz Collado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la palabra al diputado Joaquín de los Santos Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joaquín Conrado De los Santos Molina: Por mi conducto, el Partido de la Revolución Democrática manda un saludo a todas las mujeres de México y del mundo, para que esta lucha por sus derechos sea una realidad y no mera retórica de la sociedad. Con su venía señora Presidenta.
Hablar de salud es un tema neurálgico en el desarrollo de las familias y la sociedad en general, ya que gozar de una buena salud no sólo constituye el derecho sino que también entraña una obligación. Para ello es indispensable fomentar los hábitos de aseo e higiene que deben formar los padres en sus hijos, pero esto es sólo una parte del compromiso tan grande que entraña el cuidado de la salud, ya que en ella se sientan las bases para el desarrollo de la sociedad.
Ésta es definida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia o dolencia o enfermedad; definición que ha sido enriquecida con las declaraciones y planes de acción de las conferencias mundiales de Naciones Unidas, tales como el Plan de Acción de El Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing, así como los esfuerzos realizados por la Organización Internacional del Trabajo y otras agencias especializadas como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Es de subrayarse que a veces las condiciones de salud de una persona varían según el grado de libertad en que viva o de la vivienda en que habita, así como también del acceso a la alimentación adecuada, al vestido y al trabajo.
Por lo tanto, es necesario recalcar que la salud es un derecho consagrado en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como ya lo hemos hecho notar. Por tal consecuencia es considerado entre los derechos humanos fundamentales; tal derecho se consagra en el párrafo tercero del artículo 4o. del Código de 1917, teniendo el carácter de garantía individual.
Por tanto, es obligación del Estado proporcionar salud a la población, mejorar la calidad de servicios, prevenir enfermedades, dar asistencia social a menores abandonados, ancianos desamparados y minusválidos, modificar hábitos dañinos de la población; en suma, bienestar para la familia.
En México todo parece indicar que la salud más que un derecho fundamental es un acto de comercio al que se tiene acceso únicamente si se cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragarla; es decir, el derecho a la salud se encuentra condicionado a las posibilidades económicas de los mexicanos, son los mayores o menores ingresos los que determinan la adecuada y oportuna atención a nuestros abuelos, padres e hijos.
El dilema en México es ¿cómo cristalizar el derecho a la salud y el acceso a los servicios de ésta en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas, sin discriminación alguna? ¿Cómo exigirle al Estado mexicano que cumpla con los derechos humanos fundamentales, establecidos en el artículo 4o. de la Norma Suprema, cuando a nuestros abuelos, padres e hijos se les niegue el acceso a los servicios de salud?
El objeto de la presente iniciativa es dar respuesta a tales cuestionamientos. La Ley Fundamental en su artículo 4o., párrafo tercero, a la letra establece:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución".
El ejercicio de este derecho puede ser satisfecho por instituciones públicas o privadas, llámese IMSS, ISSSTE, hospitales del sector salud, sin desconocer los de Pemex y Sedena y otros, en las entidades federativas y Distrito Federal.
Si bien es cierto que cuentan con una infraestructura, ésta no satisface a cabalidad las necesidades de los distintos grupos sociales. Además, hay que agregar que la asistencia médica que proporcionan no es gratuita y sólo atienden en algunos casos las necesidades de quienes se acreditan como derechohabientes.
En reiteradas ocasiones los medios de comunicación han dado cuenta que algunas mujeres embarazadas no fueron aceptadas por ninguna institución de salud, por no estar incorporadas como derechohabientes al IMSS o al ISSSTE, entre otras instancias del sector, teniendo que dar a luz en la calle o en el mejor de los casos, en algún taxi. También es necesario hablar de las personas que se encuentran en una situación apremiante, que de no ser atendidas a tiempo y en forma adecuada, corren el grave riesgo de perder la vida.
Entre otros, uno de los grupos sociales más agraviados a este respecto en el derecho a la salud, resultan los indígenas, a quienes se les discrimina por parte de las autoridades del sector salud y se han dado casos que muchos de ellos mueren por enfermedades que son curables y resulta indignante que en pleno siglo XXI, se presenten casos en el que un simple resfriado tenga desenlaces funestos entre la población de menos recursos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar así:
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, así como los instrumentos internacionales en la materia.
Las instituciones públicas y privadas del sector salud, en tratándose de desastres naturales, pandemias, accidentes en donde exista peligro inminente de perder la vida y en los casos de alumbramientos urgentes, proporcionarán a todas las personas la atención que se requiera sin costo alguno".
Toda vez que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señora Presidenta, que el texto se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. De acuerdo a su petición, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia envía un cordial saludo al grupo de miembros integrantes del Club Rotario de San Pedro Xalostoc, Estado de México, y les agradece su visita.
Tiene la palabra el diputado Fernando Moctezuma Pereda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputada Presidenta. Al tomar en cuenta la evaluación del sistema de gobierno, es decir del modelo presidencial, vemos cómo a lo largo de la historia de nuestra democracia se ha venido transformando la figura y posición del jefe del Ejecutivo federal, citando rápidamente los tiempos en los que el Presidente de la República era aquella pieza estratégica en el aparato gubernamental en la toma de decisiones, hasta que hace algunos años en los que el Poder Legislativo en México tomó la fuerza necesaria con el balance partidista en su interior, todo por el fortalecimiento de las políticas democráticas.
Considerando lo anterior, vemos en la actualidad una correlación y comunicación por parte de los Poderes en los que se encuentra dividida la soberanía nacional, fundamentalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, la construcción de un verdadero diálogo político necesario para la construcción del avance social en términos de cultura política y de infraestructura nacional, al citar las políticas públicas dictadas a medida del consenso.
La reforma del Estado —hablando del sistema de gobierno— tiene que cimentarse en el reconocimiento de la igualdad entre poderes, estableciéndolo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la primera medida que aclarará el actual estado de la Unión federal y de la soberanía devengada por el ciudadano, los cuales al sumarse construyen la verdadera política mexicana que otorga seguridad al ciudadano y certeza a las decisiones de los funcionarios.
Sometemos a la consideración los siguientes puntos.
1. La separación o división de poderes, como principio característico del constitucionalismo contemporáneo, supone una garantía para el propio Estado y para el ciudadano, que queda protegido por un marco legal que dificulta los abusos de poder y posibles actuaciones arbitrarias por parte de instituciones públicas. Además, representa la responsabilidad compartida de las decisiones y en términos administrativos la optimización de los procesos.
2. La división de poderes se debe entender literalmente, que a cada órgano distinto habrá de atribuírsele un poder también distinto, con las respectivas funciones a su cargo. Cada Poder, con su respectiva función, debe ser ejercido por cada órgano, lo que significa la coordinación y participación por parte de cada uno de ellos para lograr el fin por el que fueron creados. No significa la subordinación o superioridad entre poderes, sino el equilibrio de los mismos.
3. La tradicional teoría de la separación de poderes divide éstos en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, estructura de gobierno adoptada por nuestros constitucionalistas mexicanos al dictarlo en el primer párrafo del artículo 49 de nuestra Constitución Política.
Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La categoría de supremo debe de entenderse entonces como la Unión de poderes, es decir la fuerza de la unidad estatal representada en una Federación y no así en un Poder.
4. El artículo 40 constitucional denomina supremo al Poder Ejecutivo, categoría que se encuentra contrapuesta con lo dictado por el artículo 49, que considera supremo el Poder federal dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
5. El artículo 94 constitucional, en su primer párrafo, donde denomina al Poder Judicial, utiliza la categoría de supremo para crear las estratificaciones dentro del aparato impartidor de justicia, no para designar una categoría dentro de al estructura estatal al Poder en sí.
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito.
Por lo expuesto, se considera necesario suprimir la categoría de supremo que recibe el Poder Ejecutivo en el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que dentro del contexto político actual la creación de posibles jerarquías dentro del Estado mexicano puede representar un daño a nuestro sistema democrático.
Por lo que someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Único. Se modifica el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón de Sesiones de San Lázaro a los ocho días del mes de marzo de 2007. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Jacques y Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.
El diputado José Jacques y Medina: Hace unos días Carmen Aristegui en su programa de radio denunciaba que en la frontera sur, 50 por ciento de las mujeres que por ahí cruzan son violadas, asaltadas, humilladas y muchas veces, falsamente justificadas por leyes vigentes como ésta que hoy intentamos modificar con algunos artículos que van a derogarse por la criminalidad que le dan a la migración.
Con su venia, señora Presidenta. La Ley General de Población que actualmente nos rige fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, sus más de 30 años de vigencia dejan ver que los fenómenos que se presentan en la actualidad en materia de población y migración no corresponden ya a las disposiciones del ordenamiento vigente.
México es un país de origen, tránsito y en menor medida, destino de migrantes. Por tanto, el fenómeno de la migración afecta tanto a los mexicanos que se desplazan hacia el norte como de los extranjeros que atraviesan nuestro país con el mismo objetivo, buscando mejorar sus condiciones de vida.
El tráfico de personas se ha convertido en el segundo negocio legal más lucrativo de México. Existen señalamientos de organizaciones civiles y derechos humanos de que las corporaciones mexicanas reciben generosas compensaciones por dejar fluir el tráfico humano por carreteras, aeropuertos, vías marítimas y férreas. La legislación vigente que impone severas penas a los inmigrantes indocumentados es utilizado por las autoridades para extorsionar a dichos ciudadanos.
En el mismo sentido resulta absurdo que por un lado, las autoridades nacionales critiquen a Estados Unidos por su política antimigratoria y que, por otro lado, se trate como delincuentes a quienes llegan a otros países a México. No podemos estar ejerciendo una doble moral al actuar como policías persecutores de inmigrantes en México y al mismo tiempo demandando a nuestro vecino del norte un trato respetuoso para nuestros connacionales.
Los inmigrantes indocumentados sufren un sinnúmero de abusos por autoridades federales, estatales y municipales. Por tanto, es de elemental congruencia que las leyes y programas nacionales en materia migratoria, sean armonizados con los instrumentos internacionales de los que México forma parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, entre otros.
En este sentido, en años recientes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, llevó a cabo una serie de recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, destacando por su importancia en el que nos ocupa, la que tiene que ver con destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante.
Por lo anterior, en la presente iniciativa proponemos eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante. Lo anterior, atendiendo a que las penas que operan actualmente no sancionan una conducta ilícita, sino que criminalizan la pobreza, el desempleo, las necesidades económicas, políticas y sociales que hacen a los trabajadores de los países vecinos trasladarse a los Estados Unidos, con el necesario tránsito por nuestro país.
Adicionalmente, la detención de un extranjero, por los tipos penales incluidos en la Ley de Población Vigente, retrasa su repatriación, aumenta el gasto de las autoridades mexicanas procuradoras e impartidoras de justicia y genera gastos en los centros penitenciarios durante el tiempo de estadía.
Por lo tanto, proponemos derogar los artículos incluidos en la Ley General de Población vigente en México que criminalizan diversas conductas de los inmigrantes extranjeros en nuestro país, a saber: el artículo 118 impone una pena de hasta 10 años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que, habiendo sido expulsado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión.
Igual sanción se aplica al extranjero que no exprese o que oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación.
Otros artículos, como el 122, imponen pena hasta de cinco años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos al extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta que la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.
El artículo 123 impone pena hasta de dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente al país.
El 124 menciona que el extranjero que para entrar al país, o que se haya internado, proporcione a las autoridades datos falsos en relación con su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal.
Por lo tanto, estamos proponiendo derogar todos los artículos arriba mencionados con el fin de ser congruentes con nuestra posición respecto de nuestros connacionales en Estados Unidos y con los acuerdos suscritos por México al nivel internacional.
Por lo tanto, éste es un decreto por el cual se reforman y derogan los diversos artículos de la Ley General de Población.
Artículo primero. Se derogan los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127 y se reforma el artículo 125, todos de la Ley General de Población.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Tiene el uso de la palabra el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población.
El diputado Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso. Con el refrendo de la solidaridad y el compromiso permanente para las mujeres migrantes, que sin duda tuvieron que abandonar a su comunidad y a su familia por mejores causas, para ellas esa expresión de solidaridad y afecto en este día.
La migración es un proceso dinámico. Sus tendencias están sujetas a un sinnúmero de fuerzas políticas, económicas, sociales y ambientales. Hoy en día, los movimientos de la población han aumentado su alcance e intensidad y las motivaciones para migrar están cambiando, incluyendo la feminización de la migración.
Asimismo, se están experimentando conflictos étnicos y civiles a una escala sin precedente, forzando a millones de personas a dejar sus hogares por temor.
La destrucción ambiental ha obligado a que la gente se traslade para ganar su sustento y, a medida que crece la brecha entre las naciones ricas y pobres, la migración laboral aumenta conforme los trabajadores buscan mejores oportunidades y condiciones de vida.
En la actualidad Latinoamérica presenta un fenómeno particular en lo que tiene que ver con la migración, en donde transitan dentro o fuera de sus fronteras millones de personas a distintos destinos, lo que necesariamente se debe de traducir en una mayor atención de las agendas nacionales y en un aumento manifiesto de estudios sobre este tema.
En el caso de nuestro país, uno de los principales países receptores de remesas en el mundo, éstas, las que superan los 25 mil millones de dólares anuales que equivalen a cuatro veces nuestras exportaciones agrícolas, siendo las remesas el beneficio más directo de la migración internacional para los países de origen, por lo que el fenómeno migratorio en Latinoamérica tiene un comportamiento que ha ido modificándose en el tiempo por distintos factores políticos, sociales, culturales y económicos.
Ningún otro país de Centroamérica, de El Caribe o ningún otro país del mundo adquiere la importancia de México, que es fuente de recepción de migrantes de buena parte de los países sudamericanos, centroamericanos, caribeños, y en donde debido a la magnitud de la migración, existe una creciente conciencia de las dificultades y discriminación que sufren las personas migrantes de estas regiones en nuestro territorio nacional.
El aumento de la xenofobia ocasionado por la recesión y el desempleo ha exacerbado las hostilidades contra las personas migrantes, incrementando las dificultades que encuentran. Las violaciones a sus derechos, la explotación y el abuso ocurren a gran escala y continúan a pesar de los instrumentos nacionales e internacionales que protegen sus derechos.
Hoy más que nunca esta soberanía debe de comprometerse de manera seria y decidida a que desde el ámbito de nuestra competencia garanticemos para los derechos y libertades de todas las personas migrantes y que son reconocidos universalmente por instrumentos internacionales tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como nuestra propia Carta Magna.
En este contexto y a pesar de nuestro total rechazo respecto al trato que reciben millones de nuestros connacionales en Estados Unidos, nuestro marco jurídico en lo que respecta al de actividad migratoria, plasmado en la Ley General de Población, promulgada en 1974, considera como delito que se castiga con la privación de la libertad, a las actividades inherentes a la migración, establecidos en los artículo 118 a 123 de dicha Ley; lo que en todos sentidos es una contradicción entre lo que hoy exigimos afuera y ofrecemos adentro de nuestra patria.
Conscientes y comprometidos de que dichas reformas no modifiquen las penas relacionadas a que cuando algún migrante ilegal es detenido y recluido sea por la comisión de un delito que se sanciona con la privación legal de su libertad, como lo son el crimen organizado, narcotráfico, robo, asesinato, falsificación de documentos, entre otros.
Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es el de dar la certeza mediante la modificación de dicha ley, el de reconocer que la acción penal en materia migratoria debe ser mediante querella y no de carácter oficioso de las autoridades. Para que solamente se despenalicen algunas conductas para que estas se sancionen de manera administrativa y posterior deportación a quienes ingresen de manera irregular en territorio mexicano, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y a su dignidad y, por otro lado mantener el en el ámbito penal, las que se establezcan y definan como un peligro para la seguridad nacional.
Por lo que no se plantea modificar el artículo 143 de la Ley General de Población, el cual establece que el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal estará sujeto a la querella que en caso formule la propia Secretaría de Gobernación.
Para que de esta manera se genere un marco jurídico moderno y eficaz que establezca condiciones para que nuestras autoridades cumplan su función de vigilar nuestra frontera, combatir el tráfico ilegal de personas y mercancías.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad y obligación moral de dejar claro que esto sólo lo podemos hacer mediante la Ley para el desarrollo en nuestro país, porque el migrante no es criminal y por ello exigimos el mismo trato para los nuestros.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto
Único. Se reforman los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125 y 137 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 118. Se impondrá multa hasta de 450 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en el momento de consumar la conducta, al extranjero que habiendo sido expulsado, se interne nuevamente en el territorio nacional, sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga un nuevo permiso de internación.
Artículo 119. Se impondrá multa hasta de 450 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en el momento de consumar la conducta, al extranjero que, habiendo obtenido legalmente autorización para internarse en el país, por incumplimiento, violación de las disposiciones administrativas o legales, a que se condiciono su estancia, se encuentre ilegalmente en el país.
Señora Presidenta, remito a usted en esta intervención, las modificaciones propuestas al artículo 120, 121, 122, 123, 125 y 137, para su respectivo seguimiento. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada María Elena Álvarez Bernal: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Tiene el uso de la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 y 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Moisés Alcalde Virgen: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores diputados que nos acompañan. México y el petróleo han sostenido históricamente una relación estrecha, profunda y por demás relevante.
El papel de los hidrocarburos sujetos al control y rectoría del Estado a través de Pemex ha sido notable y sumamente apreciado para México. El vínculo cercano ha sido interpretado de diversas formas; algunos piensan que el petróleo representa la soberanía de la nación, el alma del pueblo y hay quienes piensan que es solamente un motor de desarrollo económico.
Más allá de estas dos visiones, unos y otros debiésemos reflexionar con genuino espíritu de análisis, en que el petróleo es un bien excepcional y escaso para esta nación; pero sobre todo, que es un bien extraordinario y finito. Nos hemos acostumbrado a él y a sus beneficios, pero es de elemental responsabilidad pensar y preguntarnos lo que sucederá cuando el petróleo se acabe.
¿Qué le pasará al presupuesto hoy petrolizado en más del 30 por ciento, cuando ya no tengamos más petróleo que extraer? ¿Qué recursos buscará esta Legislatura, y las que siguen, distribuir? ¿Qué excedentes petroleros se destinarán a las entidades federativas? Ante esto, podríamos dejar que futuras generaciones den respuesta.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, me parece que la razón de estar aquí, de hablarnos, de escucharnos, de entendernos, se asocia firmemente al presente, pero sobre todo, al futuro de la nación.
Con esta visión y en este contexto se presenta la iniciativa sobre el destino de los excedentes del petróleo. Existen efectos comprobables de lo que ha dejado la explotación del petróleo en México.
Por ejemplo, durante los primeros seis años de la década actual la dependencia oficial del recurso petrolero ha significado en promedio 34 por ciento de los ingresos ordinarios del sector público y unos excedentes petroleros por más de 500 mil millones de pesos.
En perspectiva, esta cantidad representaría el presupuesto para este año del Estado de México, del Distrito Federal, Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Veracruz sumados. Definitivamente no es una cantidad menor.
Resulta evidente que ante este grado de tendencia la sustentabilidad fiscal del país sea una función de las reservas petroleras y que todo presupuesto fiscal del país; tanto de los estados como de la nación, esté supeditado a estas reservas petroleras.
Sin ser fatalistas, de acuerdo con estudios internacionales, el escenario de la economía mexicana es crítico. Estos estudios presentan un periodo más prolongado de estabilidad petrolera. Sin embargo, también revelan que el ocaso de los ingresos petroleros no puede estar más allá de dos décadas.
De acuerdo a estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, la producción de crudo en México alcanzará un máximo de cuatro millones de barriles diarios hacia el 2010, a partir de ese punto la producción permanecerá constante durante una década para posteriormente declinar. Es decir, estos estudios revelan que en 2030 México indefectiblemente será un importador neto de crudo.
Ante esta situación el escenario es dramático por dos razones; primero, porque en 10 o 20 años el proceso de desarrollo económico significa el futuro inmediato de una país; segundo, porque el presupuesto federal depende en más del 30 por ciento de los ingresos de la explotación de este recurso y no existe hasta el momento ningún plan contingente concreto para enfrentar este evidente descenso de los ingresos petroleros.
Resulta criticable desde esta perspectiva económica, que los ingresos provenientes del petróleo, se distribuyan en obras pública de dudosa relevancia social, con el fin de alcanzar no el progreso sino el desarrollo sustentable del país en estos momentos críticos, sobre todo cuando estamos ubicados en el punto de la curva descendente de los rendimientos petroleros. Bajo esta consideración también resultado censurable que no exista una ponderación adecuada sobre el crecimiento y cobertura de las necesidades de la población en el futuro.
Ante este escenario propongo la formación de un fondo estratégico petrolero a partir de la fusión del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, lo que permitiría la conformación de un cúmulo de ingresos, derivada de la generación de ingresos excedentes del petróleo y no petroleros, que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos.
Las características del fondo serían las siguientes: crear un activo nacional no distribuible en su capital principal que se acumulara año con año. El fondo se conformaría por el activo del petróleo y otros excedentes fiscales que serán reconvertidos en un activo monetario administrado por Banco de México.
La acumulación de los rendimientos anuales una vez resguardado el fondo por el proceso inflacionario, serían repartibles de acuerdo a esquemas previstos en los artículos 19 y 21 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reflexionemos lo que el petróleo ha sido y pronto dejará de ser para el país. Cuidémoslo y hagamos un reparto reflexivo, sustentable, razonable de él. Y hagamos un esfuerzo por consolidar nuestro patrimonio. Mañana puede ser demasiado tarde.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, el suscrito diputado del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a su consideración la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19, fracción IV, V y 21, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que solicito quede inscrita íntegramente en el Diario de los Debates y se turne a comisión para su discusión y posible aprobación.
Por su atención señoras y señores diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Moisés Alcalde. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lourdes Quiñones Canales, del grupo parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por ella y la diputada Aracely Escalante Jasso.
La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señor Presidente. Las suscritas, diputadas federales Lourdes Quiñones Canales y Aracely Escalante Jasso, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Compañeras y compañeros. Hace una semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley despertó polémica y posiciones muy diversas entre quienes reconocen la violencia y discriminación que sufrimos las mujeres y entre aquellos que se niegan a ver la realidad y cuyas "buenas conciencias" se encuentran dominadas por pruritos, prejuicios y concepciones oscurantistas.
En primer término es menester aclarar que esta ley cumple una función fundamental: orientar la conducta. Es decir, deja en claro que no es normal ni natural ejercer violencia en contra de una mujer por el sólo hecho de serlo, lo cual es importante si analizamos las cifras de mujeres violentadas.
En otras palabras, lo que busca en primer término es crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres. En esta orientación de la conducta describe muy bien qué es violencia y cuáles son los tipos y modalidades para ejercerla, pues no sólo los golpes o los feminicidios son violencia.
Es importante que las mujeres y los hombres tengamos claridad de lo anterior, pues las conductas que antes eran frecuentes, comunes y que parecían normales, hoy queda claro que son conductas antijurídicas, son delitos que deben ser sancionados.
Esta ley es imperfecta de acuerdo a la doctrina, no porque sea mala o deficiente, sino porque no contempla sanciones y no las contempla porque es precisamente una ley preventiva y orientadora de conductas; que lo que busca es en primer término crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como mandatar acciones concretas a los Poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno y sus instituciones.
Sienta las bases para que a nivel nacional se legisle en un mismo sentido y para crear políticas transversales que permitan impulsar estrategias a nivel nacional; de ahí la creación del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En el pasado y hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en algunos estados la sanción por el robo de una vaca era mayor a la sanción por violar a una mujer o una niña. Esta ley pretende evitar tales situaciones, ya que al describir perfectamente la conducta punible, a nivel federal, obliga a que el Distrito Federal y las entidades federativas legislen en ese sentido. Desde luego, que esta ley no es la solución a la violencia, es sólo un pilar sobre el cual se sostendrán las acciones de gobierno, las leyes y códigos tanto federales como estatales.
Sienta las bases para que se adecue la administración interna en el ámbito de la impartición de justicia; para que los ministerios públicos y jueces se sensibilicen; evita, además, el libre albedrío en los funcionarios públicos que procuran e imparten justicia, al considerar elementos de violencia de acuerdo a sus concepciones personales.
Esta ley ahora nos obliga, a la LX Legislatura, a legislar al respecto, a adecuar el Código Civil. Por ejemplo, para ampliar las causales de divorcio, el Código de Procedimientos Penales y Civiles, para dictar las medidas precautorias necesarias a incorporar nuevos tipos penales y sus sanciones en el Código Penal.
Por su parte, el Ejecutivo a través de sus dependencias, entre otras acciones, deberán instrumentar y organizar el banco de datos para que a través de estadísticas verdaderas y actualizadas, se realicen acciones concretas que permitan erradicar las sanciones de género.
Entre los avances importantes está que la Secretaría de Gobernación puede emitir alertas de violencia y contempla resarcir el daño por parte del Estado mexicano, de acuerdo a los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales que México ha firmado al fin dejarán de ser letra muerta.
En este sentido, se ha dicho que la ley tiene deficiencias que van en contra de la Constitución, como es el caso de las facultades que se le otorgan a Gobernación para declarar un estado de excepción que actualmente es atribución del Congreso, lo cual es falso, ya que el artículo 42 de la ley en cuestión en su fracción I faculta a la Secretaría de Gobernación para declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, que no es lo mismo que declarar un estado de excepción que consiste en suspender las garantías individuales mandatado por el artículo 29 constitucional que a la letra dice… Señor Presidente, le solicito un minuto más para terminar.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.
La diputada Lourdes Quiñones Canales: —Gracias. …que a la letra dice: "En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde". Como podemos observar no es el caso, ya que las y los legisladores cumplieron cabalmente con su labor legislativa.
Se ha dicho también que el artículo 29 de esta ley presenta inconvenientes al establecer órdenes de protección de emergencia, como la desocupación del agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble. En realidad ésta es una medida lógica, justa, precautoria y provisional. La ley no dice que será desalojada para toda la vida, simplemente es una medida provisional para proteger a la víctima y no dejarla en el desamparo. Lo irracional sería que la ley ordenara desalojar a la víctima y así victimizarla dos veces: una por parte del agresor y otra por parte del Estado.
La ley en comento desde luego que es perfectible y hemos de reconocer que es necesario para no incurrir en ninguna omisión, contradicción o laguna en el ámbito de competencia de la ley, incluir al Distrito Federal en el cuerpo de la misma.
Por otro lado, el artículo 6o. señala como un tipo de violencia el desamor —que se ha prestado mucho a chunga— concepto que, por ser subjetivo, debe ser eliminado. Si el amor no está legislado, el desamor no puede ser un delito, sino las manifestaciones violentas y denigrantes del mismo, como son el maltrato, la indiferencia, la restricción económica, las burlas y las ofensas acerca del físico, los descalificativos, etcétera.
Finalmente me queda señalar que se ha dicho que la ley invade la vida sentimental de la pareja y en sentido estricto sí la invade, si es que la intervención pública de las autoridades a favor de la víctima, se considera invasión porque cualquier relación —aunque sea privada de la índole de que se trate, sentimental o no— si atentan contra los derechos humanos, si es contraria a derecho, en ese momento se convierte en asunto público.
Finalmente, es prudente señalar que la función de la ley es ordenar y regular la vida en sociedad y esta ley da la pauta para hacerlo a partir de realidades. Nadie puede decir que los gritos, los insultos, la violencia económica, la celitopía, el daño psicológico, las amenazas, los golpes, los feminicidios y la discriminación son un invento del legislador y que en la vida cotidiana esto no sucede.
Esta ley era necesaria, pues era una deuda pública con las mujeres mexicanas, una necesidad postergada y un logro importante, el cual será siempre objeto de aporte y perfeccionamiento por parte de las legisladoras y los legisladores, tanto en la presente como en las posteriores legislaturas.
En razón de lo anterior, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Decreto
Primero. Se agrega el Distrito Federal a los artículos 1, 2, 8, 14, 35, 40, fracción IX del artículo 41, fracción IV del artículo 42, facción II del artículo 48 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue.
Suplico que éstos sean plasmados en el Diario de los Debates íntegros y los artículos transitorios.
Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y
Tercero. La reglamentación y normatividad en materia deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días una vez publicado el decreto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Muchas gracias, diputada Lourdes Quiñones. Insértese íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Tiene la palabra la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que deroga el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados. En primer lugar felicitar y reconocer la labor de todas las compañeras diputadas de todos los grupos parlamentarios y la de todas las mujeres que realizan día a día y solicitar se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.
La suscita Esmeralda Cárdenas Sánchez, diputada federal del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos de la Constitución y del propio Reglamento, solicito se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se deroga el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sujeto al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Compañeros y compañeras legisladores, el tema del municipio y el fortalecimiento del orden municipal no es un tema nuevo para este grupo parlamentario. Acción Nacional desde la época de su fundación, en 1939, ya concebía la necesidad de contemplar y fortalecer día a día el orden municipal. Para Acción Nacional, desde ese tiempo el municipio ya era visualizado y considerado como la parte medular de la conformación de nuestro Estado mexicano.
En este orden de ideas, el municipio debe ser el primer órgano de gobierno que le da sustento al pacto federal suscrito para la integración nacional, por estricta justicia debe dejar de ser considerado como una simple demarcación territorial administrativa y debe ser considerado y respetado ya como una entidad política de gobierno.
Es más, se le debe otorgar en definitiva el pleno reconocimiento como la primera instancia de gobierno de la Federación mexicana.
Compañeros y compañeras diputados. El objetivo fundamental de esta iniciativa es suprimir la prohibición constitucional para que exista la reelección inmediata de los funcionarios municipales. Se estima que esta propuesta contribuiría al fortalecimiento y al desarrollo del municipio como célula básica y pilar fundamental de la organización política y administrativa de los estados y como base esencial de nuestro federalismo.
Es necesario eliminar la prohibición de reelegir a los servidores públicos de los ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos), dejando que las legislaturas estatales, si así lo consideran pertinente, modifiquen sus constituciones para establecer la figura de reelección, de acuerdo a las características de cada estado.
Con el establecimiento de la reelección inmediata de los servidores públicos electos popularmente, sin duda permitirá fortalecer la estructura institucional del municipio, así como la capacidad técnica y eficientar la gestión gubernamental, por las siguientes razones:
Existiría un mecanismo de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadano respecto a la actuación de sus representantes municipales. Es la oportunidad de que el ciudadano sea juez del desempeño municipal de sus representantes, que se verá reflejado al momento del voto en la reelección.
Sería posible establecer una continuidad de los trabajos y acciones de gobierno, lo que permitiría el desarrollo de mejores y auténticas políticas municipales.
Se generaría un incentivo para una mejor y mayor gestión de parte de los representantes, ante el hecho de buscar la reelección inmediata, lo cual a su vez se traduciría en el deber de mantener un contacto más estrecho con los votantes.
Se profesionalizaría la capacidad técnica y de gestión de los funcionarios municipales electos popularmente, mediante el aprovechamiento de la experiencia, los conocimientos y la capacidad adquirida, además se reducirían los costos de aprendizaje derivados de la inexperiencia de los legisladores mexicanos.
Creemos que el principio de no reelección fue concebido exclusivamente para el Poder Ejecutivo federal. Pero en 1933, bajo el Maximato, se dio la reforma constitucional a efecto de que los legisladores no se pudieran reelegir, y posteriormente ampliarse a los municipios: sin duda con ello se buscaba fortalecer al Ejecutivo federal y al poder central. La supresión de la reelección inmediata en los municipios considero es injustificada y no tiene razón para seguirse manteniendo.
La Constitución, en su texto actual, no prohíbe la reelección municipal; la condiciona: después de pasado un periodo el funcionario municipal que antes lo fue, puede serlo de nuevo. En consecuencia existe actualmente una reelección limitada, condicionada, con intermitencias para los funcionarios municipales en la Constitución.
Adicionalmente, no es razonable pensar que todos y cada uno de los funcionarios municipales pudieran reelegirse a su arbitrio personal, ya que de acuerdo con el sistema electoral imperante, para ser candidato a un cargo de representación popular se requiere la postulación por un partido político registrado; pero además, éste es el argumento de mayor solidez, quienes en última instancia habrán de decidir serán los miembros de la comunidad municipal con su voto.
No se puede negar, que el debate respecto a la naturaleza jurídica del municipio ha sido abundante, que la expresión más clara a este respecto es que el gobierno municipal ha de ser autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no sea la del municipio mismo, como un mecanismo más para dichos fines, ya que precisamente la reelección inmediata es una herramienta de evaluación y vigilancia ciudadana de la actuación de los funcionarios municipales, e incluso le da independencia a éstos con respecto a sus partidos políticos, ya que el actuar de los mismos será más en miras al bienestar de la comunidad que a los intereses del partido, ante el incentivo de que la calificación ciudadana en las urnas pueda premiarlo o castigarlo para seguir o no en el cargo.
Finalmente, con esta reforma se respeta el sistema federal, dejando que sean las legislaturas locales quienes, establezcan en sus constituciones, si así lo consideran adecuado, la figura de la reelección de los integrantes de los ayuntamientos de acuerdo a las características de cada estado.
Conforme a lo antes expuesto y por las consideraciones señaladas, someto a la consideración este
Proyecto de decreto que deroga el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se deroga el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. Fracción I, segundo párrafo. Derogado.
Lo demás queda en los mismos términos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de los estados deberán adecuar a sus respectivas constituciones locales la forma y términos en los cuales se podrá regular la reelección de los integrantes de los ayuntamientos, atento a lo establecido en la presente reforma constitucional.
Dado en el Salón de Sesiones de San Lázaro a los 28 días del mes de febrero del año 2007, que es la fecha en que se presenta la propuesta. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Respecto de la iniciativa presentada por el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera, se turna también a la Comisión de Justicia, además de las comisiones de Gobernación y de la Función Pública.
Se encuentran en este salón de sesiones un grupo de la tercera edad del CDCU Ajusco, Delegación Coyoacán. Desde esta Presidencia les mandamos un saludo.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado Emilio Gamboa Patrón.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos, diputados federales Emilio Gamboa Patrón y un servidor José Rosas Aispuro Torres, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos someter a la consideración de estas soberanía popular la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
La situación política, económica y social por la que atraviesa el país nos remite a la tarea de plantear una reforma de Estado que toque diferentes ámbitos de la vida pública. Uno de ellos es precisamente la esfera electoral.
En este sentido, y con plena congruencia con los principios y agenda del Partido Revolucionario Institucional y sobre todo con pleno respeto y compromiso a la responsabilidad que nos ha sido conferida por los ciudadanos, presentamos esta iniciativa que reforma la Ley Fundamental y permite sentar las bases para que en esta materia se permitan realizar los cambios a la legislación secundaria que correspondan.
Es menester señalar que esta iniciativa considera la agenda de temas propuestos por nuestros compañeros legisladores en el Senado de la República en lo referente particularmente a la regulación del gasto excesivo y al acotamiento de la intervención de funcionarios públicos en procesos electorales para favorecer las candidaturas y agrega otros que, por su naturaleza y alcances, sin lugar a dudas contribuirán al fortalecimiento de la democracia.
Hoy ya no se discute tanto la validez de las elecciones, o de la jornada electoral en sí, sino aspectos específicos de la misma como la compra y la coacción del voto, la democratización de la vida interna de los partidos, la duración y el financiamiento irregular de las campañas o precampañas, etcétera, temas de gran trascendencia que indudablemente nos llevan a que ahora podamos replantear una reforma que nos lleve a generar esa confianza de la sociedad en las instituciones públicas y sobre todo en los procesos electorales.
Por salud de la democracia mexicana es imperativo que realicemos los cambios para que la ciudadanía pueda tener mayor confianza en los procesos y, de esta manera, fortalecer la democracia mexicana, los principales aspectos que pretende regular esta iniciativa, son los siguientes:
a).- El desarrollo de las precampañas.
b).- El destino de los bienes de aquellos partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales que pierden su registro.
c).- La aplicación de los principios de transparencia para las actividades que éstos realicen.
d).- Conferir mayor capacidad de fiscalización al Instituto Federal Electoral para ver el origen de los recursos que utilizan tanto los partidos políticos como los candidatos.
h).- Limitar la propaganda gubernamental de la obra pública realizada en días cercanos a la jornada electoral.
i).- La reducción del costo de las campañas electorales con la disminución del financiamiento público otorgado a los partidos políticos.
j).- La duración de las campañas políticas, y
k).- La regulación de la publicidad y propaganda electoral.
En cuanto a la regulación de las precampañas, un aspecto que se ha señalado insistentemente en los últimos comicios es el vacío constitucional y legal relativo a las precampañas electorales. Tal parece que en el nuevo contexto político que vive el país, en donde se sustituyó el adagio político de "quien se mueve no sale en la foto", por el de "a quien madruga, Dios lo ayuda", se puso de relieve la carencia de facultades de los organismos electorales para intervenir en dicha fase del proceso electoral.
El adelanto del proselitismo electoral plantea la necesidad de regular las precampañas electorales en virtud de que con esto muchas veces se distraen las tareas de gobierno al estar promoviéndose políticamente a servidores públicos que distraen la responsabilidad que les fue encomendada y utilizan, además, la infraestructura y los recursos financieros de que disponen en esas instituciones.
Se precisa que las precampañas son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los ciudadanos, los partidos políticos o las coaliciones dentro de los procesos internos de selección para lograr el registro como candidatos a puestos de elección popular en los plazos previstos, no más de 30 días para diputados y senadores y no más de 45 días para Presidente de la República.
Una importante omisión en la normatividad electoral y que ha sido aprovechada para enriquecerse a costa del erario público es la imprevisión del destino que tendrán los bienes muebles o inmuebles de aquellos partidos y agrupaciones políticas que pierden su registro. Hasta ahora, sencillamente ha pasado —en muchos casos— esto a formar parte del patrimonio personal de algunos líderes o de algunas organizaciones.
De esta manera, compañeras y compañeros diputados, estamos planteando la necesidad de llevar a cabo las reformas en materia electoral que nos den esa certidumbre, esa confianza de los ciudadanos de que los recursos públicos que se utilizan en las campañas, sirvan realmente para promover la participación libre y abierta de la sociedad y no para coaccionarlos, para que puedan favorecer a determinados candidatos.
Por ello se hace necesario que en esta reforma que estamos planteando dentro del marco de la reforma del Estado, proponemos, reitero, reformar los artículos 41, el artículo 116 y el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que no sólo en el ámbito federal sino también en el ámbito de las entidades federativas y del Distrito Federal, se pueda ser corresponsable y congruente con la legislación federal para que haya esa transparencia, esa equidad en los procesos, no importa si es federal o si es estatal; lo que importa es que la ciudadanía tenga esa confianza de que su participación, de que su voto va a ser respetado y que nada lo llevará a desvirtuar esa acción fundamental, esa libertad que tiene cada uno de los ciudadanos.
Por su atención, muchas gracias.
Y pido al señor Presidente que, en obvio del tiempo, se pueda insertar íntegramente esta iniciativa que hemos presentado el diputado Emilio Gamboa y un servidor en el Diario de los Debates, para que forme parte del análisis y de las discusiones que en su momento se hará en las Comisiones respectivas y en el Pleno de esta Cámara, si así lo consideran dichas Comisiones. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado, José Rosas Aispuro. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Carlos Augusto Bracho González, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para constituir una nueva entidad federativa denominada: Estado Libre y Soberano de la Laguna.
El diputado Carlos Augusto Bracho González: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado Presidente Zermeño. Hoy es un día importante para la Comarca Lagunera y es un verdadero honor y privilegio estar en esta tribuna por mandato de la ciudadanía.
Presento la presente iniciativa con absoluto respeto y absoluta responsabilidad, a los gobiernos estatales de Coahuila y de Durango, a las Legislaturas locales de estas mismas entidades y de los municipios que integran estas dos entidades federativas, de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se constituye una nueva entidad federativa denominada: Estado Libre y Soberano de la Laguna.
El suscrito, diputado Carlos Augusto Bracho González, integrante del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de motivos
Habitantes de la Comarca Lagunera, Coahuila y Durango, se dirigen a esta Cámara de Diputados, por mi conducto, para solicitar la constitución de una nueva entidad federativa con la denominación de: Estado Libre y Soberano de la Laguna, en razón de que las circunstancias sociales y económicas de la región requieren una nueva geografía política del país, esgrimiendo circunstancias, jurídicas, económicas y políticas, que son esenciales y suficientes para la creación de una nueva entidad federativa.
Los lazos comunes entre los habitantes de la región suroeste del estado de Coahuila y de la región noroeste del estado de Durango conforman una fracción territorial homogénea, cultural, económica, social y política, teniendo una plena identificación de producción y de productividad, más que con el resto de sus respectivas entidades federativas por contar con patrones de conducta comunes en las diversas actividades que realizan.
Dicha relación sería más eficaz para promover el desarrollo del país en general y en particular de los propios estados de Durango y de Coahuila, en la fracción territorial referida, si en ésta se establece una nueva entidad federativa.
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa que para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes es necesario que la fracción o fracciones susceptibles a erigirse en estados cuenten con una población de 120 mil habitantes por lo menos y se compruebe, ante el Congreso, que tienen elementos bastantes para proveer su existencia.
La potencialidad económica y política la podemos probar mediante los informes que el Congreso de la Unión solicite a las secretarías correspondientes mediante los estudios pertinentes que podrán constatar que se cumplan los requisitos de población, capacidad económica y social y política para la creación del estado referido y que, además, perciben como objetivos, elevar y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales.
Elevar el nivel de primacía de los municipios que lo conforman, su grado de urbanización, sus enlaces carreteros, su nivel académico con suficientes escuelas a nivel, primaria, secundaria, tecnológica, bachillerato y universitaria, para lograr nuevos espacios para los habitantes de La Laguna, mismos que unidos social, política y jurídicamente, servirán de base para dinamizar las relaciones sociales y económicas que existen.
De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la región lagunera tiene una población de más un millón 250 mil habitantes y tiene los elementos para su existencia política.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito plantea a esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para formar el Estado Libre y Soberano de la Laguna, conformado en la fracción territorial descrita, que son: del estado de Durango los municipios Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilos, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Mapimi, Nazas, Cuencame, Santa Clara, Simón Bolivar, Inde, Villa Hidalgo y San Juan de Guadalupe.
Y del estado de Coahuila municipios: Matamoros, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente, San Pedro de las Colonias, Viesca y Torreón, pertenecientes como he dicho, al estado de Coahuila.
Por lo anteriormente expuesto el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo primero. Se reforma el artículo 43 constitucional quedando textualmente de la siguiente forma:
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, La Laguna, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
Artículo segundo. Se forma el Estado Libre y Soberano de La Laguna, y se integra como miembro federativo de la Unión.
Artículo tercero. Se hace necesario una vez integrado en su totalidad el expediente correspondiente que satisfaga los extremos de los numerales primero y segundo de la fracción tercera del artículo 73 constitucional, se haga del conocimiento de las legislaturas de los estados de Durango y de Coahuila, para que éstas sean oídas y emitan su opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de la constitución del nuevo estado.
Artículo cuarto. El Estado Libre y Soberano de La Laguna se encuentra compuesto por los municipios de: Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Nazas, Cuencame, Santa Clara, Simón Bolivar, Inde, Villa Hidalgo, San Juan de Guadalupe, Matamoros, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente, San Pedro de las Colonias, Viesca y Torreón.
Artículo quinto. El Estado Libre y Soberano de La Laguna, miembro del Pacto Federal mexicano, tendrá los derechos y obligaciones consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los ciudadanos y habitantes del Estado Libre y Soberano de La Laguna, tendrán un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer el Congreso Constituyente respectivo, para aprobar su Constitución Política y convocar a elecciones a los cargos de servicio público que estipule la misma.
Todo lo anterior de acuerdo a lo que establece en el Pacto Federal y con el propósito de que al término señalado quede constituido el Estado Libre y Soberano de La Laguna, oficialmente.
Tercero. Mientras oficialmente no esté formado el estado libre y soberano de La Laguna, todos los derechos y deberes jurídicos de los habitantes deberán regirse por las leyes y reglamentos de sus respectivas entidades federativas.
Solicito, diputado Presidente, sea inscrito en el Diario de Debates íntegra la presente iniciativa de ley. Esto es un privilegio, repito, y un honor representar a la Comarca Lagunera y cumplir el mandato que hicimos durante la campaña. Gracias por su atención. Hoy, 8 de marzo de 2007, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Carlos Bracho González. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Sonido a la curul de la diputada Marina Arvizu.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Gracias, Presidente. Sólo para decir que éste es un sueño que hemos tenido los laguneros desde hace muchos años. Y quiero preguntarle al diputado Bracho, si lo quiere compartir hoy y me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Acepta el diputado Bracho, y también firma la diputada Marina Arvizu. Gracias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jesús de León Tello, del grupo parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.
El diputado Jesús de León Tello: Gracias, diputado Presidente. En México debemos reforzar y mejorar en todo momento el cumplimiento de las prerrogativas legales y constitucionales en cualquier ámbito, en el sentido de que su cumplimiento no se vea más vulnerado en tratándose de las relaciones contractuales y sobre todo en las relaciones laborales en las cuales existen obligaciones correlativas por parte de los sujetos en cuestión, llámense trabajadores, llámense patrones.
Al par del derecho laboral siempre irá el derecho mercantil, en el entendido de que es precisamente en las empresas en donde se da esta generación de empleos y en donde tienen origen los contratos laborales. Siendo así, que la mayoría de las veces la salud de la empresa se refleja en sus trabajadores y viceversa, formando vínculos que van más allá de lo laboral para entrar al ámbito de los negocios o el ámbito mercantilista.
En este orden de ideas, la Ley General de Concursos Mercantiles, desde su creación, ha venido modernizando el sistema de quiebras y suspensión de pagos en México; haciendo así más eficiente y prácticas las relaciones jurídico-mercantiles, así como el crear un ambiente más justo tanto para comerciantes como para los acreedores de éste, los cuales muchas veces se encuentran en situaciones de indefensión, derivadas precisamente de una suspensión de pagos e incluso de una quiebra que a su vez trae consigo un déficit económico de los acreedores y un desgarramiento socioeconómico para las familias de los trabajadores y demás dependientes de las empresas que se ven forzadas a concluir con sus actividades, dejando a un enorme porcentaje de la población desempleada y sin oportunidades para vivir mejor.
Aunado a lo anterior, existe la carga que establece el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles y que hace referencia a la garantía de los honorarios del visitador que el demandante debe otorgar para la presentación de la demanda o solicitud de concurso mercantil, garantía que debe presentar cualquier actor de la demanda, excepto el Ministerio Público.
En este orden de ideas, tomando en cuenta lo descrito en párrafos anteriores, es de resaltarse que el único actor que está exento de la garantía es el representante de la sociedad —esto es el Ministerio Público— dejando a un lado a los comerciantes, trabajadores y demás proveedores de servicios que, sin lugar a duda, ven vulnerados sus derechos y patrimonios desde el primer momento en el que ellos dejan de recibir sus remuneraciones correspondientes.
Y peor aún es el caso de los trabajadores, en la inteligencia de que un gran número de éstos vive al día, con salarios que sirven para subsanar únicamente las necesidades del hogar, meramente indispensables. Por lo que, de encontrarse en una situación como la ya descrita, se le estaría en un doble estado de indefensión al encontrarse frente a un problema económico derivado de la posible quiebra de su empleador, además de que el dinero que le pueda quedar para subsistir lo destinará al otorgamiento de una garantía cuyo costo puede poner en peligro su estabilidad económica y por consiguiente familiar.
También no escapa de la realidad cómo algunos empresarios, con el fin de no cumplir con sus obligaciones laborales con sus trabajadores, prefieren desaparecer la fuente de empleo, rentar algún otro local, cambiar de denominación comercial, constituir una nueva empresa con el mismo giro y dejar de cumplir con sus obligaciones.
Con este tipo de acciones, en muchas ocasiones los trabajadores se colocan en una situación de indefensión, ya que la empresa se coloca en un estado para no contar con activos o de incumplimiento en sus obligaciones en forma generalizada, ocultamiento o ausencias, sin dejar al frente de la administración a alguna persona que pueda cumplir con sus obligaciones.
En esta situación, la clase trabajadora no logra hacer efectivo un crédito que se encuentre fincado en un laudo, el cual es de imposible ejecución. Pero resulta que los socios de dicha empresa sí cuentan con bienes propios suficientes para garantizar dicho crédito.
Por tal razón es necesaria la reforma que proponemos para que con el crédito que cuenta el trabajador pueda llamar a juicio, en términos de la Ley de Concursos Mercantiles, a los socios de dicha persona moral, para que cumplan con sus obligaciones laborales.
Dentro del proceso mismo del juicio, uno de los requisitos de admisión de la demanda es la de acompañar la garantía de honorarios del visitador, so pena de no tener por presentada la demanda. Esto lo dispone el artículo 24 de la ley en comento. No obstante, cuando la acción es interpuesta por el Ministerio Público queda exento de presentar dicha garantía. Esto por ser el representante de la sociedad.
En la actualidad para la clase trabajadora, en muchas ocasiones después de litigar sus prestaciones laborales y después de ganar el juicio y no contar con bienes para poder otorgar la garantía en comento, sería difícil acceder a los tribunales federales para hacer valer su derecho por no contar con el equivalente de mil 500 días de salario mínimo; por lo que esta reforma va encaminada a que, al igual que al Ministerio Público, al trabajador se le exente de dicha obligación de consignar o de garantizar dichos honorarios.
Toda vez que esta iniciativa fue publicada previamente en la Gaceta Parlamentaria, solicito, Presidente, la misma sea insertada tal cual en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputado Jesús de León Tello. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4, 26, 27, 175 A, 175 B y 175 C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Con su venia, señor Presidente. La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por nuestra Constitución Política y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 26, 27, 175 A, 175 B y 175 C del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de conformidad con la siguiente
Exposición de motivos
La historia del derecho en relación con las mujeres ha transitado por tres etapas importantes en los últimos tiempos. La primera podríamos describirla como la discriminación legal, la discriminación jurídica; la segunda, como aquella que habla de la igualdad de las mujeres y de los hombres ante la ley; y la tercera, es la de la acción afirmativa.
En la primera etapa, la discriminación hacia las mujeres formaba parte de la ley; o sea, antes de 1931 las mujeres no teníamos derecho a heredar, no teníamos derecho al patrimonio, no teníamos derecho al voto, entre otros derechos, por no hablar de las innumerables discriminaciones. Esta etapa de discriminación hacia la mujer en la propia norma fue sustituida por la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. En 1917, con la Ley de Relaciones Familiares se reconoció en nuestro país la igualdad de hombres y mujeres en el seno familiar.
En 1931, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se establece el derecho de la mujer casada para celebrar contratos de trabajo sin la autorización del marido.
En 1953 se reforma el artículo 34 constitucional para reconocer como ciudadanas a las mujeres, otorgándonos, en consecuencia, el derecho al voto.
En 1970 otra reforma a la Ley Federal del Trabajo dispuso por primera vez la no discriminación por motivo de sexo, así como las disposiciones tendientes a que las mujeres disfrutasen de los mismos derechos y obligaciones que los hombres.
En 1974 se eleva a rango constitucional la igualdad de hombres y mujeres ante la ley y en 1975 México se suma a la firma de acuerdos en el marco de la Convención de Beijing, comprometiéndose a modificar su marco jurídico para que las mujeres tengan igualdad de derecho a participar en la gestión de asuntos públicos y mediante esta participación, a contribuir a redefinir las prioridades políticas y a ofrecer nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas generales.
También, en relación a la celebración de acuerdos en otras convenciones, a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública del país y en particular garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas, en todos los planos gubernamentales, entre otros compromisos.
Sin embargo, los movimientos de las mujeres de los años 60, 70, 80 y los renovados movimientos de los últimos tiempos han señalado que no es suficiente la igualdad del hombre y de la mujer ante la ley para lograr la plena igualdad, porque sigue habiendo en la sociedad una cultura predominantemente de iniquidad entre los géneros.
Por esta desigualdad, entre otras, ha surgido el llamado derecho social. El derecho social no existe, no existe el mismo principio que en los derechos individuales, sino que son principios que atienden a la desigualdad. El principio del derecho social es tratar desigualmente a los desiguales para lograr la igualdad, porque tratar igual a los que son desiguales, perpetúa la desigualdad.
La ley debe servir no solamente para hablar de una igualdad abstracta, sino para trabajar la igualdad. Por eso hay que profundizar la etapa de la acción afirmativa que apenas comienza. Como lo podemos observar, en la línea del tiempo de nuestro Honorable Congreso, en relación con la participación de las mujeres.
Por ejemplo, fue en la Legislatura XLII en los años 50, cuando por primera vez formó parte una mujer legisladora en un total de 162 legisladores; 10 años más tarde, en la Legislatura XLVI, estando la Cámara conformada por 210 legisladores, 13 eran mujeres. Para el comienzo de los años 80, durante la LII Legislatura, de un total de 400 diputados sólo 42 eran mujeres.
Y es hasta la LIX Legislatura que se nota un aumenta significativo de la participación de la mujer en el Poder Legislativo; pero esto gracias a la reforma de Cofipe en 2002, que obligó a los partidos políticos a registrar en las candidaturas de representación proporcional fórmulas de género.
Hoy, en la conformación de este órgano legislativo, de 500 diputados sólo 116 son mujeres y de ese número, más de la mitad, 64, llegaron por vía plurinominal. Seguramente muchos de ustedes, la mayoría hombres, se preguntarán ¿y por qué es tan importante que la mujer participe en la vida política del país? Porque las mujeres tenemos importantes aportaciones legislativas que realizar debido a que contamos con experiencias diferentes construidas desde nuestra condición diferente biológica, social y cultural y al no incluir a un número considerable de mujeres en los cuerpos políticos se desperdician recursos humanos.
Ninguna sociedad, mucho menos hoy, puede darse el lujo de desperdiciar la mita del talento de su población. En este caso, la aportación femenina, según datos del INEGI, hasta octubre del 2005, representamos el 51.33 por ciento de la población total de este país.
En congruencia con lo anterior, y reconociendo el avance significativo reflejado en el Cofipe que ya señala la obligatoriedad de que ningún género tenga una representación mayoritaria al 70 por ciento en sus candidaturas plurinominales, es necesario seguir avanzando en la claridad en los enunciados jurídicos para que efectivamente la ley trabaje hacia la igualdad y las inercias no tengan cabida para burlarla, como es el ejemplo de las tres diputadas que sólo sirvieron con su titularidad para el cumplimiento formal de la ley electoral, pues sus renuncias para dar paso a los suplentes hombres sólo se puede ver como una simulación de género.
Con el permiso del Pleno, señor Presidente, quiero robarme un minuto más para terminar mi propuesta de iniciativa de ley.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Adelante, diputada.
La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman y se adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, por cuestión de tiempo no daré lectura, pero que solicito se inserten en el Diario de Debates como está en la iniciativa y quiero comentarla, platicarla.
La iniciativa pretende que, en el 30 por ciento que ya tenemos garantizado en el listado de candidaturas plurinominales, esté la fórmula de titular y suplente del mismo género, para que no se burle la acción afirmativa; pero también pretende que en la posibilidad y con mucho respeto a la autonomía de cada partido, se adecuen los estatutos o los lineamientos de cada partido para definir sus candidaturas, para que el 30 por ciento mínimo no solamente se vea reflejado en la lista plurinominal, sino en la lista uninominal, en las candidaturas uninominales de los partidos. Y si ésta no pudiese ser, por la naturaleza de cada partido en su celebración de elecciones internas o en sus criterios para definir sus candidaturas uninominales, la misma propuesta legislativa plantea una posibilidad de compensar el porcentaje en la lista plurinominal.
Quiero platicarlo así. El primer registro de candidaturas es vía uninominal y si en éste los partidos políticos, sus candidaturas, no llega al 30 por ciento, entonces tendrían, en un segundo tiempo, al registrar sus listas de candidaturas plurinominales, la sumatoria compensatoria, o sea el porcentaje que no cubrieron del 30 por ciento de sus candidaturas uninominales se sumaría al 30 por ciento que ya tenemos garantizado de representación de género.
Esta iniciativa pretende que a la hora en que se instale este Congreso no tengamos los números que hoy representamos. Y lo quiero decir con atención. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Se hicieron posicionamientos importantes sobre el papel de la mujer y diversos problemas que enfrentamos nacionalmente y, sin embargo, el número de diputados que hoy estamos aquí en la sesión es mínimo, compañeros, y pareciera que son temas de mujeres, cuando estamos hablando de una problemática del país.
Nosotras representamos más de la mitad de habitantes y merecemos respeto para plantear las salidas y alternativas de problemáticas que nos involucran a todos. Por eso es importante que la composición de género en esta Cámara y en la Cámara de Senadores cambie para que el interés y la transformación cultural que tiene que dar este país y ser sensible a la problemática y participación de las mujeres en realidad sea efectiva. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, diputada Valentina Batres. Se recibió una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de este acuerdo.
La iniciativa presentada por la diputada Batres se turna a la Comisión de Gobernación.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Suprema Corte de la Nación para que, a través del Consejo de la Judicatura Federal, investigue los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de la Constitución General de la República, así como de la Ley de Amparo.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del articulo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a través del Consejo de la Judicatura Federal, investigue los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de la Constitución General de la República, así como de la Ley de Amparo en perjuicio del régimen federal de los licenciados magistrados Olivia del Socorro Heiras Rentaría de Mancisidor y Marco Antonio Rivera Corella, del H. Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del XVII Circuito, con sede en la ciudad de Chihuahua, así como del licenciado Gabriel Ascensión Galván Carrizales, ciudadano juez segundo de distrito en el estado, con sede en Chihuahua, Chihuahua, en contra del H. Congreso del estado de Chihuahua y del Supremo Tribunal de Justicia.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 8 de marzo de 2007. Firman los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se acepta a discusión este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se acepta la modificación de turno para poner a discusión este punto de acuerdo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Gracias, Secretario. Aceptado a discusión el punto de acuerdo, consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las disuadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobado, comuníquese. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes de la Comisión de Gobernación.
Con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 5o. y el último párrafo del artículo 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicados en la Gaceta Parlamentaria, son de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día, que era la discusión del proyecto de decreto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se recibió un oficio firmado por el diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia, pidiendo que se retire del orden del día de hoy y se difiera para la próxima sesión.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España.
José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Erika Mari Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz para prestar servicios en las embajadas de la República de Hungría y de la República Checa en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes: las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se dispensa la lectura y en consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Roxana Velásquez Martínez del Campo, para aceptar y usar la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, que le confiere el gobierno del Reino de España. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Juan de Dios Nava Lucio, Miguel Ángel Rodríguez García, Erika Mari Guzmán Romero y Gloria Lorena Olivera Ortiz para prestar servicios en las embajadas de Hungría y de la República Checa en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. En virtud de que no hay artículos reservados, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y del anteriormente reservado en un solo acto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se va a proceder a recoger la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para recoger la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se emitieron 343 votos en pro y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados los proyectos de decreto por 343 votos. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; los diputados que estén por la negativa… (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz:
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que expida el Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, en cumplimiento del artículo 4o. transitorio de la Ley en la materia. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los 28 días del mes de febrero de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión. No habiendo quién haga uso de la palabra se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortiz:
Acuerdo
Primero. Se exhorta a los secretarios de Gobernación y de Desarrollo Social, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen e intensifiquen las medidas llevadas a cabo para atender a las personas damnificadas en los diferentes estados de la República, que han padecido los efectos de la presente temporada invernal.
Segundo. Se exhorta a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a coadyuvar con los sistemas estatales y municipales del DIF, con el fin de intensificar las acciones realizadas para la atención de las familias afectadas por los efectos de la presente temporada invernal.
Tercero. Se exhorta a las autoridades estatales y municipales de Protección Civil y de Desarrollo Social de las entidades federativas que han padecido los efectos de la presente temporada invernal, a reforzar e intensificar las acciones necesarias para atender a la población afectada, especialmente a los grupos más vulnerables. Palacio Legislativo de San Lázaro. México .DF, a los 28 días del mes de febrero de 2007.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueban los dos puntos de acuerdo.
La Secretaría diputada María Mercedez Maciel Ortiz: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo: las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo… (votación), gracias; las diputadas y diputados que estén por la negativa… (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobados. Comuníquense.
Se recibió del diputado Isidro Pedraza y de la diputada Adriana Díaz Contreras, del grupo parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, incorpore las propuestas sobre soberanía alimentaria, contempladas en la Declaración del Zócalo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Social; perdón, de Desarrollo Rural. Continué la Secretaría.
El Secretario diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante (15:40 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 13 de marzo a las 11 horas y se informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.