El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 382 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: (11:43 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada el acta.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita la ejecución inmediata del Programa de Atención a la Zona de Desastre del municipio de Pahuatlán, Puebla, declarado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre del presente año.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Para argumentar a favor de la presente proposición se ha registrado el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI. Se le concede el uso de la tribuna. Perdón, desde su curul. Sonido a la curul del diputado Amador Leal.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal (desde su curul): Señor Presidente, únicamente para hacer notar que la propuesta que hace suya la Junta de Coordinación Política fue formulada por los compañeros diputados Neftalí Garzón Contreras, del PRD; José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, y su servidor, Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado. Comuníquese.
Oficios de la Cámara de Senadores
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Dos oficios de la Cámara de Senadores en los que transcribe acuerdos relativos al Presupuesto de Egresos de 2008.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Tres oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, presentados por senadores de la LX Legislatura.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
Comisión de la Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Quedan de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día son los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se autoriza.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública, por los que se solicita al gobernador del estado de Coahuila a través de los titulares de la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del estado, informen sobre el funcionamiento, alcance y límites que tendrá la policía cibernética del estado de Coahuila, así como la fecha en que iniciarán sus operaciones.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, se consideran suficientemente discutidos.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública para exhortar al titular Ejecutivo federal, a través de los titulares de las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como al gobernador del estado de Baja California, evalúen las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada Operación Tijuana.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública para solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través del comisionado del Instituto Nacional de Migración, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fortalezcan las medidas de protección y prevención de delitos federales en beneficio de las personas nacionales o extranjeras que transitan por el territorio nacional.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para exhortar al gobernador del estado de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad a no violentar la autonomía del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reserva para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Trabajo y Previsión Social para exhortar a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, para que pague a sus extrabajadores pensionados y jubilados. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Social para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades correspondientes, se implemente un programa para detectar los casos en los que a los pescadores de nuestro país se les niega el servicio médico durante el tiempo que se encuentren en sus labores.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reservan para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública por los que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República informen sobre los alcances y eficacia de retenes y puntos de revisión carreteros instalados en el país. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: De la Comisión de Seguridad Pública, relativos al clima de violencia en el estado de Tabasco debido a la delincuencia organizada y actividades de narcotráfico. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se autoriza.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 191 de la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la comisión de Turismo, por el que se desechan iniciativas que reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Federal de Turismo.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 24 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 84 de la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 304 E a la Ley del Seguro Social.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación, por el que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y una fracción IV Bis al artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 135 y 144 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Salud por el que se desecha la minuta que adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Comisión de Salud, por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 31 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Esta Presidencia, a nombre de las diputadas y los diputados, le da la más cordial bienvenida a las estudiantes y los estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez, de San Francisco Chimalpa, del municipio de Naucalpan, Estado de México y a los estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus Lago de Guadalupe. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Igualmente, les damos la bienvenida a las alumnas y alumnos de la escuela primaria Universo 2000, del municipio de Cuernavaca, Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Iniciativas de diputados. Esta Presidencia recibió de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Convergencia, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 49, 109 y 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por él mismo y por la diputada María Eugenia Campos Galván y el diputado Alejandro Landeros Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo: Con el permiso de la Presidencia. En virtud de que se encuentra publicada la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, le solicito, señor Presidente, que los comentarios que verteré se puedan insertar en el Diario de los Debates.
Diputadas y diputados, la presente iniciativa es para reformar la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 49, 109 y 135, y que se refiere en especial a la creación de un Centro Bicamaral de Estudios Internacionales aquí, en el interior de la Cámara de Diputados.
Los antecedentes de esta iniciativa los ubicamos en 1989 con el fin de la guerra fría, con la desaparición del mundo socialista, obviamente se modifica la geografía, particularmente en Europa del Este, de tres países como fueron la Unión Soviética, la República de Checoslovaquia y la República de Rumania, nacen 22 países.
Los efectos o las primeras interpretaciones que se tienen de este acontecimiento en primera instancia, son de acuerdo a Francis Fukuyama, el fin de la historia y se logra el cambio mundial bajo dos consensos: la economía de mercado y la democracia política.
Posteriormente en 1991, en ese mismo año Huntington ubica este cambio mundial como un choque de civilizaciones; posteriormente Waltz solamente interpreta que es un ajuste dentro de las nuevas relaciones internacionales.
Los cambios globales se dan en términos económicos, políticos, sociales, demográficos —por supuesto— y geográficos.
Si bien esto impacta en las personas, en los gobiernos, más o menos en el primer lustro de los años 90, se ubica como el concepto de "la globalización" o "las globalizaciones" conceptualizadas por Beck.
Y lo que a nosotros nos atañe, en particular en estos cambios, es cómo va a enfrentar México estos cambios globales.
En primera instancia no solamente se necesita una nueva y nuevas herramientas académicas y no solamente técnicas y de estudios y de análisis para ver cómo se va a insertar en particular en el país y el Congreso mexicano.
Si bien Carlos Castillo Peraza ubicaba que necesitamos un globo razonable, un mundo fundado en derecho, en un derecho que humanice la globalización; no podemos impedirla. Decía él que era un proceso que seguía.
A raíz de esta reflexión de Castillo Peraza podemos ubicar que el Congreso mexicano, y en particular la Cámara de Diputados tiene que salir de su visión decimonónica y poderse ajustar al siglo XXI para que podamos tener otra visión. Es así como lo estamos planteando tanto la diputada María Eugenia Campos Galván y el diputado Alejandro Landero Gutiérrez, el Centro Bicameral de Estudios Internacionales. Basamos en cinco puntos cuáles serían sus tareas.
En primera instancia, los tratados que han sido firmados por México, y de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la última revisión que hicimos el 17 de octubre de este año, establece que se han firmado 2 mil 679 tratados, de los cuales están vigentes de mil 836; a enero de 2007, mil 264.
La segunda fase sería armonizar esos tratados con la legislación nacional. La tercera fase de este centro sería ubicar cuáles han sido los impactos de estos tratados internacionales en diversos ámbitos, además del jurídico.
La cuarta vertiente sería ubicar cómo puede insertarse en México esta nueva agenda internacional: con el crimen organizado, con cambios climáticos globales como los que estamos viendo en estos días, los temas de seguridad nacional.
Es así como nosotros estamos proponiendo este Centro Bicameral que pueda ayudar y coadyuvar también para la diplomacia parlamentaria, que vaya gestando una nueva gobernanza legislativa a nivel internacional, en donde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tengan un Centro de Estudios ad hoc a los nuevos tiempos que estamos viviendo.
Eso sería todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado De la Torre Jaramillo. Su intervención ha sido registrada en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Marco Antonio Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís: Con su permiso, diputado Presidente. Honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución federal; 54, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se recorre la numeración de la fracción siguiente.
Hoy en día la promoción, el desarrollo y la utilización de energías renovables en nuestro país es prácticamente inexistente. De acuerdo al Balance Nacional de Energía 2005, la producción nacional de energía primaria totalizó 9 mil 819.7 pentajoules, de los cuales únicamente el 10.6 por ciento de la oferta bruta de energía primaria proviene de fuentes renovables, lo cual contrasta drásticamente con el uso de hidrocarburos, cuya participación en la fuente interna bruta de energía primaria representó el 89.4 por ciento.
No obstante que nuestro país posee un importante potencial de energéticos renovables, su uso alternativo es sumamente limitado y marginal.
Resulta necesario que en nuestro país el empleo de combustibles renovables se haga a la brevedad posible. El desarrollo de la biotecnología es imprescindible para contribuir a desarrollar el volumen necesario de combustibles limpios de alta capacidad energética.
La producción de biocombustibles compatibles con la tecnología actual de motores en corto y mediano plazo, el desarrollo de la investigación de la generación de biocombustibles alternos de bajo o nulo impacto ambiental y el impulso de un programa de apoyo e introducción paulatina de biocombustibles en la cadena productiva y de consumo a nivel nacional son prioridades que se deberán atender de inmediato.
En el ámbito mundial, la producción y desarrollo de energéticos renovables data ya de varias décadas. Paralelamente a la implementación de los proyectos de desarrollo de bionenergéticos que han tenido países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o algunos otros pertenecientes a la Unión Europea, se ha impulsado la creación de un marco legal para fomentar dicho desarrollo.
Es evidente y previsible el natural agotamiento de recursos energéticos de origen fósil, no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, lo cual nos obliga a dar pasos sólidos y consistentes para mantener la soberanía energética de la que nuestro país ha gozado históricamente.
El impulso en el corto y largo plazo a las fuentes renovables de energía debe ser una acción que deberá estar integrada a las políticas rectoras del desarrollo social y económico del Estado mexicano, en especial cuando se trata de combate a la pobreza, generación de empleo, mejoramiento de la salud pública y protección ambiental.
Para ello se deberán establecer los instrumentos de política derivados de una estrategia nacional a favor de fuentes renovables de energía, los cuales deberán promover el desarrollo y utilización de energías renovables. Los instrumentos de política derivados de una estrategia nacional a favor de fuentes renovables de energía deben incluir y fomentar la participación de los diversos sectores sociales y productivos del país.
En especial, se debe fomentar la participación individual, la de comunidades poseedoras de recurso, así como el fomento del desarrollo tecnológico y empresarial mexicano, tanto privado como público, a fin de establecer acciones de impulso a la productividad y competitividad.
A partir de la diversificación energética es necesario se fijen las bases para promover y fomentar la producción y desarrollo de combustibles a partir de los bioenergéticos, así como de proporcionar los apoyos técnicos y presupuestales que se requieran para el desarrollo de energías renovables para coadyuvar al desarrollo rural del país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se recorre la numeración de la fracción siguiente para quedar como sigue:
Artículo 33….
XII. Promover el desarrollo y la utilización de fuentes de energía renovable.
XIII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Peyrot. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Vázquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Alberto Vázquez Martínez: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Alberto Vázquez Martínez: Solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa, dado que por cuestión de tiempo no será posible leerla en su totalidad.
Honorable asamblea, el tema central de la presente iniciativa tiene que ver con la transparencia y publicidad de los actos de los servidores públicos. Ahora que contamos con una Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que tiene como prioridad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, es necesario actualizar los diferentes cuerpos normativos que regulan a los órganos de gobierno.
Ahora que contamos con canales de televisión especiales para transmitir los trabajos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como también un permanente monitoreo y escrutinio de los trabajos del Poder Ejecutivo por parte de la opinión pública, creemos conveniente hacer algunas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionadas con la forma en que desahoga sus sesiones el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
La información generada por el Poder Judicial, durante mucho tiempo, estuvo totalmente fuera del conocimiento público. El hermetismo y el silencio de los ministros era la principal fortaleza del Poder Judicial en los tiempos que la no información no sólo era una práctica, sino una forma de cultura de ejercer el poder público y muchas veces aceptada por la ciudadanía.
Se llegó al extremo en tiempos pasados, que fuera necesaria la autorización por parte del pleno, para que algún ministro concediera una entrevista o facilitara información a un medio de comunicación.
Bajo este contexto es que se propone reformar los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales señalan las atribuciones del pleno de la Corte, atendiendo específicamente a lo que establece el precepto sexto de la misma ley, el cual menciona que las sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia cuando se refieran a los asuntos previstos en el artículo 10, se realizarán de manera pública por regla general, y en sesión privado cuando así lo disponga el propio pleno.
Asimismo, las sesiones que tengan por objeto tratar los asuntos previstos en el artículo 11 se realizarán de manera privada. Creemos conveniente reformar estos artículos por lo que consideramos necesario reubicar diversas fracciones a efecto de que las resoluciones que se tomen, sean desahogadas en sesiones públicas y no privadas.
En las fracciones a que nos estamos refiriendo se encuentran los asuntos relacionados con la elección de su presidente, la facultad de conceder licencias, fijar los días y horas en que sesionarán, determinar la competencia por materia de cada una de las salas, conocer y dirimir cualquier controversia entre las salas, determinar las adscripciones de los ministros, dictar los reglamentos en las materias de su competencia, así como aprobar el proyecto de presupuesto de la Suprema Corte, entre algunas otras.
De acuerdo a lo establecido por los numerales 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, consideramos que con estos cambios no se atenta contra la información calificada como confidencial o reservada, puesto que no se compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. No se menoscaba la conducción de las negociaciones, las relaciones internacionales, no se daña la estabilidad financiera del país, no se pone en riesgo la vida, la seguridad o salud de ninguna persona.
La propuesta de esta iniciativa va más allá de la información que efectivamente proporciona el Poder Judicial a través del IFAI o de los diferentes medios electrónicos establecidos para estos efectos.
Esta reforma busca que el pleno del alto tribunal abra sus puertas y vuelva públicas no únicamente los asuntos consagrados en el artículo 10 de su propia Ley Orgánica, sino que también las sesiones que tengan por objeto tratar algunos asuntos previstos en el artículo 11 ya señalados anteriormente.
Por lo que estamos proponiendo reubicar 15 fracciones del artículo 11 y adicionarlas en el artículo 10o., en el cual se ubican precisamente de acuerdo al artículo 6o., los temas que deban tratarse en sesiones públicas. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias diputado Vázquez Martínez. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos del Colegio Motolinía, de San Luis Potosí, y de alumnas y alumnos del Colegio Motolinía, de San Luis Potosí, y de alumnas y de alumnos de la escuela primaria Manuel S. Hidalgo Castro. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo octavo transitorio del decreto que reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997.
La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco: Gracias, señor Presidente. La suscrita, diputada Rocío del Carmen Morgan Franco, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos
En el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, se establece en el artículo octavo transitorio el derecho de los trabajadores a recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondiente a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que hubieran generado.
Sin embargo, establece que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones a que, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, los trabajadores tienen derecho.
Lo anterior significa que las aportaciones correspondientes a la vivienda a partir de 1997 se destinarán para cubrir las pensiones de los jubilados bajo el régimen del Seguro Social de 1973. En este sentido, dichos fondos se transfieren al gobierno federal para cubrir con una parte de las pensiones que el propio gobierno tiene como compromiso. En tanto que las aportaciones a vivienda correspondientes de 1973 a 1997 se entregan en una sola exhibición a los trabajadores.
En efecto, el referido artículo transitorio violenta el principio de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna consagrado en el artículo 14, así como el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, que constituye una garantía social consagrada en la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir jurisprudencia en febrero de 2007, en la que sostiene que el citado precepto transgrede la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda constituye una garantía social, al igual que el del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe otorgárseles el mismo destino, salvo que exista consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión.
El artículo transitorio en cuestión aún mantiene su vigencia, ya que existen trabajadores aún por jubilarse bajo el supuesto que pretende regular, y como lo señala la jurisprudencia, no debemos confundir las aportaciones que se realizan a la vivienda y el seguro de invalidez y vejez, al mismo destino.
La solución para los trabajadores es promover el correspondiente proceso judicial con los costos económicos que ello representa, o bien, realizar una reforma donde el Congreso reconozca los derechos que la propia Constitución señala a su favor y que nosotros juramos observar y cumplir.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, para quedar como sigue:
Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir, en una sola exhibición, los fondos acumulados en la cuenta de vivienda y los rendimientos que se hubieran generado.
Señor Presidente, dado que la iniciativa en comento ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Morgan Franco. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, Juan Enrique Barrios Rodríguez, diputado federal de esta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 70 y 199 y se adiciona un artículo 157-Bis del Código Penal. Lo anterior con base en la siguiente
Exposición de motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una obligación del Estado brindar seguridad a la población en todos sentidos. De la misma forma establece las facultades del Ejecutivo federal en relación con la salubridad general de la república. Por ambas razones, nuestro país se encuentra desde hace décadas librando una batalla en contra del narcotráfico y de las consecuencias de esta actividad.
Durante todos estos años nuestro país ha invertido fuertes cantidades de recursos en el combate a este mal desde muchos puntos de vista, tales como la eliminación de plantíos de enervantes, la inclusión del Ejército mexicano en la erradicación de actividades de narcotráfico y la creación de policías federales con herramientas tecnológicas sofisticadas.
Aunado a este esfuerzo, la sociedad civil ha colaborado a través de organismos ciudadanos que buscan concientizar acerca de los daños a la salud por el consumo de drogas.
Resulta obvio que las actividades relacionadas con el tráfico de drogas tienen para nuestro país múltiples consecuencias negativas; la peor de ellas es el daño que sufre la juventud mexicana al caer en manos de alguna adicción, ya que ésta los lleva, en la mayoría de las veces, a la deserción escolar, la desintegración familiar y al inicio en actividades.
De tal suerte que no es arriesgado afirmar que miles de jóvenes mexicanos se pierden en el abismo de la farmacodependencia cada año, convirtiéndose en un problema grave de salubridad pública.
No obstante lo anterior, en los últimos años el fenómeno del tráfico de drogas ha generado también un problema de seguridad nacional. Los grupos del crimen organizado utilizan métodos cada vez más violentos y sofisticados, a fin de llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Los recursos económicos estratosféricos con los que cuentan generan, a su vez, graves problemas de corrupción, llegando inclusive a corromper a las fuerzas del orden dedicadas precisamente al combate al narcotráfico, por lo que la guerra permanente y frontal que el Ejecutivo federal ha emprendido debe ser apoyada por toda la sociedad mexicana.
En el mismo tenor corresponde a este Poder Legislativo procesar las modificaciones legales necesarias para contribuir al éxito de esta empresa.
Compañeros diputados, reconociendo como una obligación del Estado la salvaguarda, la seguridad y la salubridad nacionales, resulta claro que no debemos escatimar esfuerzo alguno ni descartar estrategia alguna que nos pueda llevar a salvar a nuestra juventud del flagelo de las adicciones.
En ese sentido, la propuesta que presento se enfoca a dotar a nuestra legislación de una herramienta que combata el problema del narcotráfico desde un ángulo distinto. Dicho ángulo consiste básicamente en atacar la base del financiamiento del crimen organizado, entendiendo por éste a los consumidores de las drogas que ofertan. Es decir, a quienes sufren algún tipo de farmacodependencia.
Actualmente nuestro Código Penal prevé que los farmacodependientes que sean sorprendidos en posesión de algún tipo de droga, no sufrirán la imposición de pena alguna. Esto, con la idea equivocada de que no merecen ninguna sanción en virtud de su enfermedad.
Sin embargo, esto es un error, toda vez que estas disposiciones no aportan nada a la disminución del número de adictos en nuestro país, siendo el caso que la presente iniciativa propone imponerles una pena a los adictos sorprendidos en posesión de drogas, consistente en el ingreso obligatorio a un programa de desintoxicación.
Lo anterior, con el objeto de disminuir gradualmente el número de adictos en México y por ende, el número de posibles compradores de droga, atacando directamente los ingresos de las bandas del crimen organizado.
Es por ello que la iniciativa que presento propone reformar el artículo 199 del Código Penal, imponiendo a las personas que sean sorprendidas con droga para su estricto consumo personal, el sometimiento a un programa de tratamiento, ya sea en internamiento o en libertad de su farmacodependencia. Asimismo, a fin de hacer cumplir esta medida, propongo que para este delito no tenga lugar la sustitución de pena prevista en el artículo 70 del mismo ordenamiento, pues de lo contrario el objetivo de la sanción se vería truncado.
De igual forma, propongo adicionar un artículo 157-Bis al ordenamiento que se reforma, relativo al quebrantamiento de sanciones, con el objeto de obligar a los sentenciados a cumplir con su programa de rehabilitación, imponiendo en caso de deserción una pena de prisión por el tiempo que falte para extinguir la pena de tratamiento.
Señor Presidente, dado que esta iniciativa fue publicada en el Diario de los Debates, no voy a leer el decreto y le hago entrega de la misma. Gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Barrios Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Justicia. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: ¿Falta algún diputado por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 440 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Esta Presidencia informa de la visita de invitados especiales de la colonia Moctezuma, segunda sección; de invitados especiales del municipio de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México; y de estudiantes de la Universidad Mexicana. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa de decreto por el que se establecen las características de la medalla conmemorativa del 50 aniversario luctuoso del muralista mexicano Diego Rivera.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: En los términos de la fracción II del artículo 71 constitucional, así como el 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento, los suscritos legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentamos a consideración el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una medalla conmemorativa del 50 aniversario luctuoso del muralista mexicano Diego Rivera, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Resulta innegable reconocer el legado artístico y político que Diego Rivera ha brindado a nuestra nación, al México del siglo XX. Es evidente que su aportación a la plástica mexicana refleja su creatividad y su genio en los múltiples murales que, hoy por hoy, son orgullo de nuestra nación, tales como los murales efectuados en Palacio Nacional, así como en el Instituto Nacional de Cardiología o en algunos lugares que fueron emblemáticos hasta 1985, como fue el hotel Del Prado, en donde el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central se pudo salvar y es exhibido actualmente enfrente de donde se ubicaba este espacio.
Ahora, a 50 años de su muerte, pretendemos celebrar este legado artístico de Diego Rivera con una medalla conmemorativa, la cual se encuentra en proceso pero que requiere la voluntad de las diferentes instancias del gobierno federal para poderla acuñar y poner a disposición del público.
No hay que olvidar que parte de los legados de Diego Rivera se ubican en el ámbito del quehacer político ya que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano y su fama lo llevó a exponer trabajos tanto en Estados Unidos, como en diferentes partes del mundo.
Como consecuencia de todo lo anterior, la Comisión de Cultura aprobó el dictamen con punto de acuerdo cuyo resolutivo único estableció:
Único. Se crea un grupo de trabajo conformado por seis diputados integrantes de la Comisión de Cultura, uno por cada grupo parlamentario representado en esta Comisión, para que en consulta con la Casa de Moneda de México, determinen las características técnicas para la acuñación de la moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario luctuoso del pintor mexicano, Diego Rivera, si así lo estima pertinente, en ejercicio de las facultades que le otorgan las diferentes disposiciones legales y reglamentarias.
Dicho acuerdo fue aprobado por el pleno de esta Cámara de Diputados en la sesión correspondiente al 9 de octubre del año en curso.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional, así como los artículos 55, fracción II; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía para su discusión, y aprobación, en su caso, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se establecen las características de la medalla conmemorativa del quincuagésimo aniversario luctuoso del muralista mexicano Diego Rivera.
Artículo único. Se autoriza la emisión de una medalla conmemorativa del quincuagésimo aniversario luctuoso del muralista mexicano Diego Rivera, con las características que a continuación se señalan…
Y toda vez que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, omito la descripción de la medalla en su conjunto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La medalla conmemorativa a que se refiere el artículo único del presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo y hasta el 25 de noviembre de 2007, fecha en que se cumplirá el quincuagésimo aniversario del fallecimiento de este mexicano, que ha dado renombre a nuestra patria a lo largo y ancho del planeta.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Suárez del Real. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Puentes Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a pesar de las diversas acciones que se han tomado en materia ambiental para frenar y mitigar las consecuencias que el cambio climático provoca y que han comenzado a reflejarse con el aumento de huracanes, lluvias intensas, inundaciones, sequías, heladas y grandes incrementos en las temperaturas, así como la extinción de diversas especies, las medidas implementadas a nivel internacional y nacional no han logrado aminorar los efectos y el impacto que las actividades humanas ocasionan en la atmósfera.
¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente conscientes del deterioro que ha sufrido nuestro entorno, de las consecuencias que el cambio climático provoca año con año y de las pérdidas naturales y humanas que esto conlleva?
¿Por qué seguimos viviendo como si la madre tierra y los elementos que nos dan vida, aquellos que nos hacen ser y existir fueran infinitos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que los efectos de la contaminación, devastación y depredación de la tierra no nos van a afectar directamente?
Hoy no podemos aducir ignorancia para no actuar. Debemos hacer los cambios necesarios: enriquecer las leyes y efectuar las acciones que formen parte de un verdadero compromiso cívico, político y social.
Tenemos las herramientas para hacerlo y comenzar a trazar el camino con el fin de recuperar lo que le hemos quitado a la tierra.
Nuestro país emite el 1.5 por ciento de los contaminantes a nivel mundial, es decir 620 millones de toneladas al año de bióxido de carbono a la atmósfera, ocupando el catorceavo lugar entre las naciones con mayor cantidad de emisiones.
Es ineludible reforzar las medidas e instrumentos destinados a reducir los gases de efecto invernadero que pueden evitar o retrasar muchos de los impactos de cambio climático en nuestro país.
Uno de estos instrumentos son los mecanismos de desarrollo limpio contemplados en el Protocolo de Kyoto, a través de los cuales los países desarrollados pueden realizar inversiones en actividades industriales, en los países en desarrollo que reduzcan la generación de gases causantes de efecto invernadero.
La aplicación de esta medida representa para nuestro país la oportunidad de captar inversiones que coadyuven a un desarrollo sustentable. Por ejemplo, a través de los mecanismos de desarrollo limpio de generación de energía se puede alcanzar un mayor desarrollo mediante la renovación de la infraestructura para dicha generación y una tecnología de mejor calidad.
A pesar de que el gobierno mexicano ha realizado algunos cambios para adoptar las normas necesarias para la implementación de los mecanismos de desarrollo limpio, no ha sido suficiente.
Por ello esta iniciativa pretender incorporar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente diversas disposiciones, a fin de hacer los operativos e incentivar su implementación.
En este sentido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá expedir las normas oficiales mexicanas para la adopción de metodologías que promuevan una industria limpia, segura y eficiente e informar las medidas más efectivas de prevención y mitigación.
Toda industria, sin importar su giro, debe adoptar mecanismos de desarrollo limpio. Las acciones en materia ambiental se debieron haber tomado hace años, pero aún no es muy tarde si las llevamos a cabo desde hoy.
Ésta es una tarea de todos: los tres órdenes de gobierno, las industrias, las instituciones educativas y la sociedad en general.
Debemos estar conscientes de los problemas que se avecinan. El costo de la inacción es grave. Comencemos a hacer nuestra tarea. El aporte de todas y todos es vital en el proceso de salvar al mundo, a nuestro país y a nosotros mismos en una carrera que hemos iniciado contra el tiempo y contra lo que hacemos.
Por lo anterior, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y con el compromiso que tenemos con la protección del medio ambiente, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Por respeto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, solicito a la Presidencia que se anexe el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta Presidencia rectifica el turno de la iniciativa presentada por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. La presente iniciativa se propone ser un complemento de las diferentes propuestas de ley que han presentado mis compañeras diputadas Valentina Batres y Claudia Cruz, del PRD, así como Maricela Contreras, por este mismo partido, de Bertha Yolanda Rodríguez, del PRI, y de la iniciativa del compañero diputado Jorge Rubén Nordhausen González, del PAN. Todas estas iniciativas pretenden fortalecer la representación política de las mujeres en el espacio de lo público.
Asimismo queremos reconocer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de la Revolución Democrática, como pioneros en la instrumentación de la paridad en la reglamentación de su política interna.
Esperamos que estos partidos actúen en consecuencia con sus principios y documentos básicos en la discusión de la reforma del Estado y que su apuesta sea por el reconocimiento de la paridad en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ése es justamente el espíritu de la propuesta que hoy presentamos en esta tribuna, establecer la paridad de género es decir, el 50-50 en todas las candidaturas de elección popular tanto de mayoría como de representación proporcional y en los ámbitos federal, local y municipal a diferencia de las cuotas que prevén un porcentaje de mujeres en las listas electorales y que se presentan como una medida temporal, cuyo objetivo es reducir la subrepresentación de las mujeres en la política. La paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre hombres y mujeres y pretende trastocar la monopolización masculina del poder político.
Sin embargo, de la misma forma que los estereotipos de género y las actitudes discriminatorias son un serio obstáculo para la participación política de las mujeres, el tipo de sistema electoral limita también nuestras oportunidades. Lo demuestran numerosas experiencias.
Los niveles de representación de mujeres se incrementan con sistemas de representación proporcionales y mixtos y disminuyen cuando éstos se basan exclusivamente en elecciones de mayoría relativa. Por ejemplo, todos los países de la Europa Occidental, en los cuales el número de mujeres parlamentarias excede el 20 por ciento, han adoptado el sistema proporcional o mixto.
De los cinco países en el mundo que tienen 30 por ciento de diputadas o más, Suecia, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos, tres de ellos tienen un sistema electoral proporcional y dos un sistema mixto.
Mientras tanto, aquellos países donde las mujeres representan el 10 por ciento o menos en el Poder Legislativo pertenecen a sistemas predominantemente de mayoría relativa, y en el 90 por ciento de países que carecen de diputadas en sus congresos cuentan exclusivamente con sistemas de mayoría.
Considerando el sistema electoral mexicano, como un sistema mixto, podemos constatar que la situación de las mujeres se ha favorecido bajo este sistema mixto. Un caso significativo para ejemplificar este dato es la constitución de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, quien numéricamente cuenta con el mayor número de mujeres como fracción en esta Cámara: 52 compañeras diputadas.
De ellas el 51 por ciento llegó a esta Cámara por representación proporcional y el 49 por ciento por mayoría relativa.
En México las reformas al artículo 175 del Cofipe tanto en la de 1996 como la del 2002, han impactado favorablemente el porcentaje de mujeres electas en el Poder Legislativo. En 10 años nuestra representación pasó del 13 al 23 por ciento en esta honorable Cámara. Sin embargo, si seguimos a este paso, la paridad de género en la representación política sería realidad, sólo posible en el 2040.
La pregunta es, compañeras legisladoras y compañeros legisladores: ¿tenemos que esperar las mujeres mexicanas hasta el 2040 para ejercer nuestro pleno derecho a la elegibilidad?
Por lo anteriormente expuesto, proponemos reformas, tanto constitucionales como legales, para fortalecer el marco jurídico a favor de nuestro sistema electoral y de la paridad de género.
Con estas reformas se amplía la ciudadanía de las mujeres, en términos de igualdad de oportunidades; se compromete a los partidos políticos para que a través de las postulaciones que realicen tanto para las candidaturas de diputados, senadores, presidentes municipales, regidores y síndicos, promuevan y garanticen la equidad y la paridad de género.
Hoy en México, en el contexto de la discusión sobre la reforma del Estado, esta legislatura tiene la posibilidad de hacer historia y enfrentar el déficit de su democracia.
Este Congreso tiene la opción de actuar con machismo y mezquindad o tiene la posibilidad de usar su inteligencia y su generosidad con 52 por ciento de la población que tiene cuerpo y rostro de mujer.
Le pido a la Mesa Directiva que en virtud del tiempo, inserte mi iniciativa de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Asimismo, solicito que esta iniciativa además del trámite correspondiente sea turnada a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, de este Congreso de la Unión, en materia de reforma del Estado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra, la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1049 del Código de Comercio.
Esta Presidencia informa de la visita, la asistencia de alumnas y de alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputadas Yadhira Ivette Tamayo Herrera: Estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados, como ustedes saben, México es hoy, tiene hoy las posibilidades de ser una de las economías crecientes más importantes del mundo, y para ello, hay una gran necesidad, por supuesto, de fortalecer nuestro marco institucional, que es la labor que llevamos a cabo aquí en este Congreso.
Cuando fortalecemos nuestro marco constitucional beneficiamos a la sociedad en general, pero también las actividades productivas y generadoras de empleo en lo particular.
Por tanto, hoy en este ejercicio de la actividad legislativa buscamos innovaciones que fortalezcan nuestras instituciones. La propuesta que hoy traigo aquí, a esta tribuna, es un enfoque simple, pero de gran alcance. Partimos de una evaluación de las instituciones de gobierno y las relaciones que existen entre los productores, los empresarios, y en general, las actividades económicas.
El objetivo, obviamente, es hacer un plan de acción que haga a México atractivo para la actividad económica, en general, y para la inversión, en particular. Así hemos evaluado parámetros como, viendo cuál es la dificultad que tenemos para las transacciones comerciales, las complicaciones que tienen los empresarios más allá de la actividad productiva, las trabas burocráticas, etcétera. Solventar estos problemas sería trabajar en la transformación de México.
Así, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hace a la actividad productiva en nuestro país más complicada? Contrario a lo que sucede en otros países, donde la productividad es alta.
Nosotros no podemos negar que la infraestructura institucional existente en México tiene deficiencias. Sin embargo, el avance del sistema democrático en México, por supuesto ha redundado en la actividad económica, y por lo tanto, en la actividad productiva, y actividades o acuerdos como el Acuerdo que Establece al Sistema de la Apertura Rápida de Empresas, la Ley de Inversiones, la simplificación de mecanismos a cumplimiento de obligaciones fiscales o el impuesto empresarial a la tasa única permitan que redundemos en esta productividad, pero hay que ir más allá.
¿Para qué? Para generar empleos y buscar más bienestar para la sociedad mexicana. Así que hoy quiero enmarcar mi diagnóstico y propuesta en el sistema de impartición de justicia en materia económica, en materia mercantil.
Mi propuesta es un sistema electrónico que permita agilizar, dar seguimiento, transparentar el proceso de impartición de justicia mercantil, y así lograr tres objetivos:
Primero. Verificar públicamente la forma en que se imparte la justicia mercantil en nuestro país.
Segundo. Substanciar procedimientos a bajo costo y con alta eficiencia.
Tercero. Generar información oportuna y confiable a quienes asignan recursos y fiscalizan su buen uso sobre las necesidades del Poder Judicial.
Esta propuesta, quiero decirles, no es nueva, ya existe en los sistemas locales de impartición de justicia y hoy pongo aquí el asunto, el tema del tribunal del estado de Nuevo León.
En Nuevo León ya existe este sistema de tribunal virtual y ha tenido grandes avances. Ha tenido grandes reconocimientos desde las comunidades internacionales avanzadas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo sistematización y automatización de las relaciones procesales y de la información jurídica, aprovechando las tecnologías como el Internet, han mejorado de manera decisiva la administración de justicia.
Por lo tanto, la iniciativa que hoy vengo a presentar y que la pongo a su consideración, es la reforma al artículo 1049 del Código de Comercio, adicionándole un segundo y tercer párrafo para que quede como siga:
Son juicios mercantiles los que tienen por objetivo ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4o., 75 y 76 se deriven de los actos comerciales. Dichos juicios podrán ser promovidos a través del sistema denominado Tribunal Virtual Mercantil, siempre y cuando el promovente esté debidamente autorizado para tal efecto en los términos de este Código.
Se entenderá por Tribunal Virtual Mercantil el sistema de procesamiento de información electrónico o virtual que permita la substanciación de asuntos mercantiles ante el Poder Judicial Federal, conforme a la normatividad de operación establecidos por el Poder Judicial de la Federación a través del Reglamento que al efecto se emita.
Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, pongo a su consideración esta iniciativa y espero que en las comisiones a las cuales sea turnada, me ayuden a defenderla y que pronto sea ésta una ley, la cual permita llegar a este objetivo de aumentar más empleos y más la productividad económica de nuestro país. Muchas gracias.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputado Rivera Bedoya, dígame.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): Para secundar la propuesta de la compañera. En efecto, en mi estado, el estado de Nuevo León ha tenido gran éxito en el procedimiento virtual y creo que es conveniente aplicarlo en todo el país y reformar el Código de Comercio en el sentido que se está proponiendo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Gracias, diputada Yvette Tamayo Herrera. Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra la diputada Guadalupe Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y 5o de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su permiso, señor Presidente. Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, la de la voz, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar y el diputado Daniel Dehesa Mora, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados para su estudio y dictamen respectivos, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en las próximas décadas la pirámide poblacional perderá su forma triangular con base joven, para adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, propio de las poblaciones envejecidas.
Este organismo indica que actualmente nuestro país tiene 8.3 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 7.7 por ciento de la población mexicana, pero calcula que para el año 2030 este sector aumentará 17.5 por ciento y para el 2050 serán entre 30 y 35 millones de personas adultas mayores, lo que equivaldrá a 28 por ciento de la población nacional.
La tendencia demográfica con información de Conapo, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, de Nutrición e ISSSTE, prevén que para el año 2050, cuando seamos 132 millones de mexicanos, uno de cada cuatro será adulto mayor, ya que cada día se incorporan a la tercera edad cerca de 800 personas.
Se estima que para el 2034 el número de adultos mayores sea igual al de los niños y que para el 2050 habrá 166 ancianos por cada 100 menores. En 2000, uno de cada 10 personas era adulto mayor en el mundo y se espera que para mitad de siglo sea uno de cada 5.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, actualmente a nivel mundial hay 600 millones de personas adultas mayores de 60 años y más, cifra que se duplicará para 2025 y llegará a cerca de 2 millones hacia el 2050, la mayoría de ellos viviendo en países en vías de desarrollo.
Al iniciar el siglo XX la esperanza de vida en México era sumamente baja, apenas se alcanzaba una expectativa de los 30 años, sin embargo el desarrollo científico y un ambiente institucional propicio crearon las condiciones para elevar la esperanza de vida hasta llegar a la que se tiene en la actualidad, que es de 75 años.
Se aumenta la vida de los mexicanos, pero ello no significa que las condiciones aceptables vayan de la mano con la esperanza de vida, al contrario, sólo una de cada cinco personas mayores de 65 años cuenta con seguridad social.
El Consejo Nacional de Población estima que para el año 2050 el promedio de vida será de 83 años. El envejecimiento de la población mexicana es el resultado básicamente de las modificaciones que han sufrido las cifras poblacionales; una disminución muy marcada de la natalidad y mortalidad, aunado a los avances médicos y científicos que han prolongado la esperanza de vida.
Este proceso acelerado de envejecimiento poblacional aumenta la presión sobre el Estado en materia de salud, ya que por mencionar un rubro, sólo hay en el país 320 geriatras certificados por el Consejo Mexicano de Geriatría, esto es, un especialista por cada 20 mil adultos mayores, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea un geriatra por cada 5 mil, cifra que resulta insuficiente para atender la demanda presente y futura que habrá en el territorio nacional.
En la actualidad hay en México alrededor de 3.5 millones de personas mayores de 75 años que requieren este tipo de atención, y muy pocos la reciben, ya sea por falta de especialistas o por la falta de recursos financieros para el pago de honorarios.
De acuerdo con fuentes del Programa Envejecimiento Exitoso, del ISSSTE, el día de hoy, en los hospitales generales, 60 por ciento de las camas está ocupado por personas mayores y entre 40 y 80 por ciento de las consultas se dan a este sector. El 17 por ciento de sus derechohabientes tienen 70 años o más, razón por la que los especialistas advierten que el problema del envejecimiento en esa institución es grave.
Datos del Inapam indican que el presupuesto actual para atender a los adultos mayores es insuficiente y se asegura que ni el sistema de salud ni el educativo están preparados para atender a dicho sector tan vulnerable.
Especialistas en la salud consideran la urgente necesidad de crear en el país un instituto especializado en el envejecimiento de la población en el que, además de atender a los adultos mayores, se prepare a los jóvenes para esa etapa de la vida.
Esta iniciativa de ley propone a la Cámara de Diputados la apremiante necesidad de impulsar la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología como parte de una política nacional de salud dirigida a favorecer el envejecimiento sano y activo del común de la población.
Este instituto debe ser un instrumento adecuado para la gente adulta, para la formación de personas especializadas, para transmitir la formación geriátrica y gerontológica a los profesionales de la salud, capacitar a la población sobre la importancia de ir envejeciendo en mejores condiciones.
La creación de este instituto debe incluir acciones que se enfoquen hacia servicios de geriatría, trabajo social, gerontología, odontología y nutrición, con un enfoque integral.
Como legisladores tenemos un alto sentido de responsabilidad social con la sociedad, y con mayor razón, con la gente adulta, que ha dejado los mejores años de su vida en la formación de México.
Con este sector tenemos un enorme compromiso y respeto, no sólo social sino también moral, por las buenas costumbres y el trabajo productivo de tantos años de esfuerzo para sentar las bases de la nación mexicana.
En tal virtud, manifiesto la firme convicción de que la acción del Estado debe enfocarse en acciones integrales que atiendan armónicamente las necesidades de los adultos mayores desde una perspectiva presente y futura…
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Concluyo, señor Presidente… que los trate dignamente, como lo merecen.
Por ello y en mérito de lo expuesto, tenemos a bien presentar a la consideración del pleno el siguiente
Proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y reformar y adicionar el artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.
Artículo primero. Se reforma el artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:
Artículo 6. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas mayores, previendo que las acciones que otorgue el Estado sean de calidad y sin distingo alguno. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro.
Artículo segundo. Se adiciona una fracción al artículo 5 y la actual fracción XI pasa a ser la XII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue.
Artículo 5. …
Fracción XI. … Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, para atender a los adultos mayores y favorecer el envejecimiento sano y activo de la población.
Transitorios
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se garantizará el presupuesto necesario para la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.
Solicito que esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Guadalupe Flores Salazar.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea iniciativa que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de México, de conformidad con lo siguiente que a continuación señalo.
Exposición de motivos
Nuestro sistema jurídico, desde su origen, ha establecido las facultades y las atribuciones a quienes desempeñados responsabilidades emanadas del voto de los electores y por lo que respecta a nuestra participación en el denominado Constituyente Permanente, se plasmó con adecuada semántica, en el artículo 135 de la Constitución de 1917, el procedimiento para la reforma constitucional.
Sin embargo, quedan a la libre interpretación aspectos que consideramos fundamentales para concretar las modificaciones a nuestro máximo ordenamiento y que eventualmente puede presentar inconvenientes como los retrasos innecesarios para su entrada en vigor, que en ocasiones impiden alcanzar la normalidad democrática y el desarrollo armónico de la vida institucional de la república.
Para la reforma constitucional en nuestro país es necesario apegarse a un proceso legislativo complejo o agravado en el que participan una combinación de órganos ordinarios establecidos por la propia Constitución, como lo han señalado ya diversos constitucionalistas.
El Constituyente de 1917 sólo estableció en su artículo 135 un procedimiento de reforma constitucional que deja a la libre interpretación aspectos relevantes para su entrada en vigencia, prolongando innecesariamente el tiempo y aumentando el grado de incertidumbre respecto de la adecuación de la legislación secundaria.
Es necesario señalar que la única modificación al artículo 135 constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966, mediante el cual se facultó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaratoria de haber sido reformada la Constitución, evitando que su vigencia fuera diferida hasta el siguiente periodo de sesiones, lo que de alguna forma no se ha resuelto aún, ya que con una sola legislatura que demore su acuerdo detiene innecesariamente la entrada en vigor de las reformas constitucionales que son del mayor interés para la república.
El periodo de tiempo necesario para la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, sin considerar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta ocioso cuando ya la mayoría de los Poderes Legislativos de los estados se han pronunciado a favor o en contra de una iniciativa de reforma constitucional que les fuera remitida por el Congreso de la Unión, mediante la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes en las sesiones de las Cámaras que los integran.
Esta situación resta trascendencia a las reformas constitucionales, ya que al prolongarse su entrada en vigor detiene el avance en la aprobación de modificaciones a otros ordenamientos jurídicos, por lo que se debería considerar un sistema especial de reforma a nuestro Ordenamiento Supremo para que, en su caso, se pueda reformar con celeridad o, también en su caso, se emita una nueva Constitución, por lo que debemos prever los mecanismos precisos y adecuar nuestra Constitución vigente a las circunstancias políticas, económicas y sociales del siglo XXI.
De igual forma tendríamos que avanzar en las modificaciones pertinentes y revisar la facultad de iniciativa para reformar la Constitución, ya que de acuerdo con el artículo 71 sólo compete a los mismos actores la facultad de iniciar leyes o decretos.
No obstante lo anterior, habría que plantear la posibilidad de considerar a otras instancias o ámbitos de gobierno con capacidad de iniciativa, como pudieran ser los ayuntamientos o los ciudadanos en un porcentaje determinado, inscritos en el Registro Nacional de Electores.
En nuestro tiempo aún se cuestiona la posibilidad de que se pueda reformar toda la Constitución a la luz del artículo 135, asunto que en lo particular yo no comparto; yo sí creo que a través de reformas sucesivas, mediante el procedimiento del artículo 135 podamos tener prácticamente una nueva Constitución, pero es algo que sigue en el debate.
La doctrina de las decisiones políticas fundamentales señala que hay partes de la Constitución que son parte esencial del Estado y que por lo tanto no están sujetas a la reforma por parte de los órganos facultados para llevarla a cabo.
Conforme al articulo 135, se requiere la aprobación de la mitad más una de las legislaturas de los estados, quienes están obligadas a votarlas de manera conjunta, sin poder hacer modificaciones o alteraciones al texto ya aprobado por el Congreso General, por lo que tal pareciera que los congresos locales, sólo se limitan a dar cumplimiento a un mero trámite de carácter administrativo.
Aunque el Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, como órganos técnicamente responsables de realizar el cómputo de las aprobaciones de las legislaturas de los estados, no requieren esperar el voto favorable de todos los estados, es indispensable que la totalidad de las legislaturas locales tengan conocimiento oportuno del proyecto de reforma.
Lo anterior implica que sería válida una reforma constitucional, cuando haya sido aprobada por la mayoría estipulada en la Constitución, aun cuando no hubiera sido del conocimiento de la totalidad de las legislaturas, ya que la aprobación de una mayoría de las legislaturas supone necesariamente el conocimiento del resto de estos órganos representativos.
Sin embargo, si la legislatura de una o varias entidades no conocieran de las reformas a la Constitución se haría nugatoria su facultad de emitir en todo caso un voto negativo y ello viciaría todo el procedimiento de reforma constitucional.
Finalmente, cabe recordar que una vez aprobada la iniciativa por la mayoría de las legislaturas de los estados, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente —según el caso— tiene que declarar la reforma y enviarla al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación que se sintetiza en la aparición de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación.
Por eso, diputadas y diputados, los convoco a que aprobemos en el marco de la Ley para la reforma del Estado vigente, la iniciativa de adición al artículo 135 constitucional a efecto de que las reformas a la Constitución sean mediante un procedimiento especial establecido en un estatuto de reformas que precise los términos, requisitos y alcances del denominado constituyente permanente y con ello dotar de plena y oportuna validez de los cambios a nuestro ordenamiento supremo.
El proyecto de decreto quedaría como artículo único, transcribiendo todo lo que trae el artículo 135 constitucional hoy en día y agregando al final la siguiente frase: "El Congreso de la Unión emitirá el estatuto de reforma constitucional que normará las reformas que se hagan a esta Constitución".
Esto, a la luz de la reciente reforma que en materia electoral pasó por el Constituyente Permanente y ante la incertidumbre de tiempos, mecanismos y formas para la aprobación inmediata que puede seguir sucediéndonos en futuras reformas a nuestro máximo Orden Jurídico.
Pido a la Mesa Directiva y a la Presidencia, se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, y del código de Comercio, suscrito por ella misma y la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera y el diputado Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea. Es cada día más necesario que la impartición de justicia sea expedita y oportuna, con resoluciones imparciales y en los términos que la ley prevé, evitar que nuestras leyes sean anacrónicas.
Es obligación del Legislativo lograr que las leyes vigentes cumplan con los propósitos y necesidades que permitan llevar al país a un desarrollo económico y social justo.
Por lo anterior, es menester considerar que disminuir el rezago judicial reducirá costos en la administración de justicia, así como los que realizan las partes en litigio. Además, traerá consigo un beneficio representativo para la actividad económica del país, porque la certidumbre en los mercados incentiva el comercio, logrando mejorar el nivel de competitividad en nuestra economía y posicionando en el mismo rubro a nuestros mercados ante los mercados externos.
Como acostumbramos decir, es mejor llegar a un arreglo a tiempo, que sostener un largo pleito, por lo que debemos tener en cuenta que la legislación mercantil considera formas alternativas para la solución de controversias, entre las que se encuentran la mediación y arbitraje.
Ahora bien, si formamos una cultura para solución de controversias en materia mercantil mediante el arbitraje y la mediación en los agentes económicos, tengamos por seguro que existirán mejores arreglos y menos litigios que cuestan mucho y que en ocasiones resuelven poco.
La mediación y el arbitraje como medios de resolución de controversias en materia mercantil permitirán reducir la carga de trabajo en juzgados y acordar soluciones equilibradas que beneficien a ambas partes.
Por todo esto, resulta necesario ofrecer, promover y fomentar los medios alternativos para resolver controversias del tipo mercantil, ya sea desde el ámbito de las representaciones nacionales del sector productivo y de servicios, como desde los mismos tribunales.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, por las razones expuestas y considerando la importancia del tema, someto a su consideración el siguiente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 1051 del Código de Comercio, y se recorre el actual párrafo segundo y los subsecuentes.
Por su atención, y esperando que la presente sea favorecida con su aceptación, y recordándoles que en materia de competitividad eso estaría realmente impulsando y ayudando a que todas las resoluciones puedan ser más ágiles, menos costosas, espero que esta iniciativa pueda verse favorecida con la aceptación de todos ustedes.
Pido a la Mesa Directiva que se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Adriana Rodríguez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Con su permiso, señor Presidente. Presenté ante esta soberanía iniciativa en pro de los derechos de los militares infectados de VIH/Sida, acorde a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la siguiente
Exposición de motivos
En 2004 once miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país requirieron de la protección de la Unión, mediante la interposición del juicio de amparo, por haber causado baja de las instituciones castrenses, en virtud de que se les dictaminó que estaban infectados de VIH/Sida, de los cuales dos ya fallecieron.
Estos juicios llegaron hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se discutió del 19 al 28 de febrero del presente año, declarándose la inconstitucionalidad del artículo 226, numeral 45, de la Ley del ISSFAM, en el sentido de que se consideró discriminatorio de garantías a los soldados que fueron dados de baja del Ejército por estar contagiados de VIH/Sida.
Sin duda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo como argumentos sólidos y contundentes los argumentos que emitió el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), el cual rechazó que las personas portadoras del virus sean inútiles o incapaces para realizar cualquier actividad física o mental, por más ruda que ésta sea, así como de que existan riesgos de contagios accidentales en la realización de labores de rescate, protección civil o militar.
Por tanto, las personas que se encuentren contagiadas del VIH/Sida pueden trabajar o realizar acciones en la policía, seguridad pública o privada practicar deportes, atender pacientes, conducir automóviles, ser maestros o alumnos en escuelas públicas o privadas. Es decir, que pueden realizar todo tipo de actividades.
Ante este contexto debemos señalar que en el artículo 123, Apartado B, fracciones XI y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que los militares tienen derecho a la seguridad social, no habiendo mayor restricción o señalamiento para que no sean atendidos que los que estén enfermos de VIH-Sida, razón por la cual al no haber impedimento para que se les brinde el servicio de salud se les debe de proporcionar el mismo, situación que en la realidad no acontece de esta forma.
En virtud de que del año 2000 hasta la actualidad la Sedena ha dado de baja de forma injustificada a más de 164 soldados por estar contagiados de Sida, incluso, se les negó el servicio médico por no cumplir con lo que prevé la ley castrense, respecto de que necesitan contar con más de 20 años de antigüedad para que en caso de contagiarse en actos fuera de servicio tengan derecho a atención médica y a una pensión.
Por lo mencionado y con fundamento en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que declaró la inconstitucionalidad del artículo 226, segunda categoría, numeral 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, vengo a presentar a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción V del artículo 24 y el artículo 30 por el que deroga el numeral 45 de la segunda categoría y del artículo 226, todos ellos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue
Artículo 24. Son causas de retiro:
Fracción V. Los militares que padezcan alguna enfermedad física o mental que haga imposible el desempeño de las obligaciones militares determinada por dictamen, después de transcurridos dos años de certificada la enfermedad, expedido por dos médicos militares o navales activos, en que se establezca esta imposibilidad.
Los militares que estén imposibilitados para desempeñar sus funciones castrenses tendrán derecho a que se les reubique en otra área de trabajo en la cual puedan desarrollar una actividad acorde a sus capacidades, necesidades y aptitudes.
Tratándose de militares que padezcan alguna enfermedad venérea o de tipo terminal, no procederá el retiro en tanto éstos puedan desempeñar sus obligaciones militares en su área de trabajo o en alguna otra, acorde a sus capacidades, necesidades y aptitudes.
Artículo 30. Los militares que hayan sido retirados conforme a la fracción V del artículo 24 de esta ley, podrán volver al activo cuando la enfermedad hubiera sido contraída en campaña o en actos de servicio y logren su curación definitiva, comprobada con dictámenes expedidos por médicos militares o navales en servicio activo que designe la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, en su caso, siempre que no adquieran otra nacionalidad al ocurrir una nueva causal de retiro, se tramitará éste.
Respecto al artículo 226
Único. Se deroga la segunda categoría en su numeral 45 que dice lo siguiente: La seropositividad a los anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias respecto del personal técnico aeronáutico de la Fuerza Aérea Mexicana, personal de pilotos aviadores de los servicios y especialistas.
Los especialistas en medicina de aviación apoyados por especialistas del área médica que implique la patología de que dicho personal pudiera ser portador, serán los responsables de clasificarlos en esta categoría.
Solicito que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Luna Munguía. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional. Se concede el uso de la tribuna al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo.
Esta presidencia informa de la visita de estudiantes de la escuela preparatoria Anexa a la Normal, del municipio de Zumpango, Estado de México y de…alumnas y alumnos de la Universidad Tolteca del estado de Puebla, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Compañeros diputados, la fijación del salario mínimo ha sido establecido desde los años 60 por zonas económicas, en las cuales existen tres niveles de compensación que pueden llegar a agrupar diferentes municipios de uno o varios estados, independientemente de la actividad económica.
Sin embargo, dicha sujeción ha permanecido constante, a pesar de la realidad cambiante de todos y cada uno de los mexicanos. Actualmente, existen diversos elementos además de los correspondientes en el rubro de la alimentación y la salud, para que los trabajadores mexicanos deban incluir en su vida diaria para responder a las necesidades que enfrenta un país en vías de desarrollo, como lo es el nuestro.
La Procuraduría Federal del Consumidor describe la canasta básica como el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona, o una familia, pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. Es en este último punto, en el que es necesario analizar si realmente dichos productos pueden cubrirse con los niveles de ingresos actuales percibidos por los trabajadores mexicanos.
Por su parte, el continuo incremento de los precios de los insumos como el gas natural, el gas LP, la gasolina, bienes indispensables en la vida de los mexicanos, no se ha visto reflejada en incrementos en los salarios mínimos. Otro caso lo representan las medicinas, bienes indispensables que garantizan la calidad de vida y las condiciones de salud necesarias para todos los individuos.
Hoy por hoy, es común que hasta los trabajadores de las clases sociales más desprotegidas hagan uso de tarjetas telefónicas y/o teléfonos celulares para sus necesidades de comunicación.
El uso de la computadora y el Internet se han convertido en herramientas de conocimiento para los estudiantes desde niveles básicos y las vías de comunicación, cada vez más grandes y más complejas, han hecho necesario el uso de transportes colectivos e incluso carros de sitio para trasladarse de un lugar a otro.
Con los criterios de fijación de salarios mínimos actuales es evidente que a los trabajadores les sea prácticamente imposible poseer los nuevos bienes agregados en la canasta básica de hoy en día.
Los niveles del salario mínimo percibidos por los trabajadores mexicanos sigue fundamentado en un México que hace ya varios años ha ido desapareciendo. Ejemplo de ello es el fenómeno constante de la migración de trabajadores rurales a zonas urbanas, para satisfacerse de los bienes que requieren sus familias e incluso muchos de ellos han tenido la percepción de mejores oportunidades de trabajo en las ciudades, lo que orilla a cambiar drásticamente su modo de vida.
Asimismo, los casos cada vez más comunes de miles de trabajadores mexicanos que se aventuran a cruzar la frontera por la posibilidad de ingresos más altos y flexibles para las necesidades de su familia en territorio mexicano.
Según los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una familia y ésta deberá ser fijado por una comisión nacional integrada por patrones, trabajadores y gobierno, auxiliada por comisiones especiales de carácter consultivo para el mejor desempeño de sus funciones.
Sin embargo, no es posible determinar con exactitud qué parámetros son los establecidos para decretar lo que es suficiente en términos salariales, además es preciso mencionar la importancia que cobra hoy en día la intermediación de instituciones como la del Banco de México y la Profeco, para proveer de información actualizada referente a los bienes y servicios de la canasta básica y los niveles de inflación presentada en la misma.
El rezago en información entre este tipo de instituciones y la Comisión Nacional que establece la fijación de salarios mínimos, se ha manifestado de forma considerable en los últimos años, ya que no existe una sinergia entre lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el mínimo para el consumo de bienes considerados dentro de la canasta básica.
La República Mexicana encuentra realidades completamente diferentes dentro de su territorio. Por un lado, la zona norte goza de mayor desarrollo económico y social, mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de trabajo y salarios más competitivos que el resto del país. Por su parte, el sur y el sureste mexicano presentan un importante rezago histórico que se amplía ante la diferente clasificación salarial, lo que influye en la reducción de la calidad de vida de sus habitantes.
Es evidente que las oportunidades no han sido las mismas y los gobiernos no han enfocado su atención en disminuir la brecha laboral entre el norte y el sur. Esta situación deteriora no sólo las oportunidades, sino también las condiciones salariales de sus homólogos en el norte del país, rompiendo el principio de "mismo trabajo, mismo salario".
Ejemplo de ello es la determinación de tres diferentes áreas geográficas para el establecimiento del salario mínimo. Este concepto establecido en la Ley Federal del Trabajo ha impedido, desde su origen, lograr condiciones iniciales equitativas para los trabajadores de cualquier actividad económica.
Por ello, se vuelve necesario homologar los tres niveles de salario actuales establecidos en cada una de las áreas geográficas, de manera que las zonas B y C puedan igualarse al nivel más alto percibido en aquellas regiones contempladas dentro de la zona A.
Esto permitiría a los asalariados gozar de mayores incentivos económicos que finalmente puedan reflejar en el uso y consumo de mejores bienes y servicios que les permiten una mejor calidad de vida a los trabajadores y a sus familias.
Es preciso aclarar que con la homologación de salarios mínimos, las utilidades de los empresarios, de cualquier región del país, no se verán afectadas ni mermadas ya que lo que se propone representa un incentivo que a su vez puede llegar a introducirse en mayores niveles de productividad de los mismos trabajadores, reflejándose en mayor producción para los empresarios, generando así una cadena de valor donde ambas partes resulten beneficiadas.
En tal virtud, se somete a la consideración del pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., párrafo segundo, el 94 y el 96 de la Ley Federal de Trabajo.
Único. Se reforman los artículos 90, párrafo segundo; el 94 y el 96, para quedar como sigue:
Artículo 90. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades reales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Además de considerar lo correspondiente a los rubros de comunicación, conocimiento y transportación.
Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales.
Artículo 96. La comisión nacional determinará un mismo salario mínimo general para toda la república sin que exista una división por área geográfica.
Señor Presidente, en virtud de que se modificó la iniciativa original, pido a la Presidencia inserte íntegro el texto de esta nueva iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Elías Cordero. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Guadalupe García Noriega, para presentar iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por ella misma y por la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Gracias, diputado. Compañeros diputados, el cine es una expresión artística cuyo desarrollo ha producido toda una industria encargada de crear obras cinematográficas con las que se relaciona el público.
Como fenómeno social, la cinematografía es un medio de comunicación masivo cuyo contenido puede introducirse en las costumbres de la sociedad, de tal suerte que es capaz de engendrar toda una cultura. Por ello, las obras cinematográficas están reguladas por un ordenamiento jurídico que permite su exhibición.
Dentro de dicho cuerpo normativo se establece un sistema de clasificación de películas que ha sido motivo de polémica. En el sistema de clasificación de películas vigente, establecido en la Ley de Cinematografía y su Reglamento, se regulan dos aspectos relevantes: el primero es el relativo al catálogo de clasificación de películas previsto en el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía, y el segundo es el que se refiere a la autoridad facultada. Esto es, artículo 42 del ordenamiento legal en cita, para clasificar las películas cinematográficas.
En el primer supuesto normativo se establece que las películas deberán clasificarse de conformidad a las siguientes categorías: AA, A, B, C y D. Las primeras tres clasificaciones son de carácter informativo y sólo en las dos últimas, debido a sus características son de índole restrictiva, siendo obligación de los exhibidores negar la entrada a quienes no cubran la edad requerida.
Los criterios a seguir para la actual clasificación de las cintas cinematográficas, hechos por la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de RTC, atienden a lo siguiente:
Clasificación AA. Que la cinta sea comprensible para niños menores de 7 años, pues no hay violencia ni aparece en grado mínimo y no se alienta a esta violencia. No hay escenas sexuales, los besos y caricias se presentan en un contexto amistoso. No hay consumo de estupefacientes ni expresiones atrevidas.
Clasificación A. Se atiende a que sea para todo el público y que la violencia se presente en un grado mínimo, puede haber desnudos pero no en contexto erótico o humillante y debe ser breve. El lenguaje puede incluir un mínimo de expresiones procaces.
Clasificación B. Se puede tener un mínimo de horror y secuencias de violencia sin ser extremas, y no se vincula con conductas sexuales.
En la modalidad B se incluye la posibilidad de clasificación B 15, la cual es no recomendada para menores de 15 años. La violencia no es extrema y puede estar vinculada a conductas sexuales sugeridas. Por ello se recomienda que en estas cintas los padres de familia acompañen a sus hijos con el objeto de orientarlos e informarlos sobre el contenido.
De lo anterior podemos desprender que el otorgamiento de clasificaciones restrictivas para la exhibición y comercialización de películas cinematográficas no violan la libertad de expresión de productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores cinematográficos, ni se limita la libertad creativa de éstos, simplemente se protegen los derechos de los menores de edad a su desarrollo armónico.
Por ello creemos que es necesario brindar información precisa a los padres de familia, para que con base en ésta puedan determinar cuáles son los materiales cinematográficos que los niños y adolescentes pueden presenciar.
Para el caso de las películas con clasificación C o D, las obligaciones de los exhibidores de restringir el acceso a las salas cinematográficas a los menores de edad debe extenderse a los comercializadores de películas, quienes deben negar la venta o renta de películas con tales clasificaciones a este sector poblacional.
Por otra parte, es el artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2001, el que otorga a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía la facultad de clasificar las películas en los mismos términos que señala la Ley Federal de Cinematografía, con la salvedad de que el reglamento incluye una modalidad de la clasificación B, en virtud de que se prevé que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía puede disponer que se añada a dicha clasificación la leyenda: "no recomendada para menores de 15 años", la cual tendrá un carácter solamente informativo.
Sin embargo, es de señalar que la clasificación B 15, es decir no recomendada para menores de 15 años, incluida como una modalidad en la clasificación B, no está contemplada en la Ley Federal de Cinematografía, sino únicamente en el reglamento de dicho ordenamiento, lo que implica que es un solo grado jerárquico menor, creando también confusión en la validez de esta clasificación.
Si bien es cierto que la actuación de la autoridad antes precisada para otorgar como clasificación la B 15 se ha venido sustentando en el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y en el acuerdo por el que se expiden los criterios para la clasificación de películas cinematográficas emitido el 4 de abril de 2002, lo es también que garantiza desde la ley esta modalidad y permitirá que el contenido de dicha cinta sea oportuno y no discrecional por parte de la autoridad, evitando previamente con ello confusiones, influencias o afectaciones al desarrollo integral de los menores de 15 años.
En atención a todo lo antes expuesto, y resultando que la protección de los derechos de los niños y adolescentes debe ser el objetivo primordial del sistema de clasificaciones en nuestro país, se ha estimado oportuno modificar el texto de la Ley Federal de Cinematografía para el efecto de que en ésta se encuentre expresamente contemplada la clasificación B-15 y su aplicación no se encuentre sujeta solamente a la discrecionalidad de las autoridades administrativas.
Con base en lo anteriormente expuesto, la diputada Verónica Velasco Rodríguez y la de la voz sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Cinematografía. Por su atención gracias. Gracias, Presidente.
El presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada García Noriega. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma los artículos 71, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, misma a la cual pido se inserte de manera íntegra el texto de la presente iniciativa en virtud de estar ya inserta dentro de la Gaceta Parlamentaria, por lo cual solamente daré lectura a la parte sintética de la misma.
Como es del dominio público, la Constitución General de la República puede ser reformada para lo que se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerde las reformas y éstas a su vez sean aprobadas por las legislaturas de los estados.
Justamente el Constituyente Permanente permite las reformas a la carta fundamental de los mexicanos mediante una instancia constituida por el Congreso de la Unión y por los congresos locales.
Por lo que hace a las legislaturas de los estados, éstas tienen una doble función en los procesos de reforma constitucional, una potestativa y otra obligatoria. La primera es el derecho de provocar la acción reformadora mediante iniciativa. La segunda, la de aprobar o no los proyectos de modificación enviados por el Congreso de la Unión.
Descrito lo anterior, a nadie escapa que los habitantes de la capital federal, al igual que en otras materias, tenemos una menguada intervención en la facultad de iniciar leyes o decretos, ya que necesariamente se reduce a que sean relativos al Distrito Federal y una nula participación por lo que hace al proceso reformador de la Constitución General.
En efecto, y a pesar de los esfuerzos de la reforma electoral y política de 1994, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión en materias de competencia federal, como la tienen las legislaturas de los estados.
Asimismo, esa autonomía tampoco cuenta con una intervención parecida a la que corresponde a los congresos locales respecto de aprobar o no aprobar una reforma constitucional ni aun las relativas al Distrito Federal.
Ante esta deuda histórica con los habitantes de la Ciudad de México es que el Partido Acción Nacional impulsa desde esta Cámara de Diputados que la Asamblea Legislativa de marras dé, de una vez por todas, la debida intervención en el análisis de las reformas constitucionales.
Resulta digno que en el marco de la reforma del Estado y la del propio Distrito Federal se inserte este tema trascendente que, de aprobarse, permitirá fortalecer el federalismo y la toma de decisiones en nuestra ley fundamental.
Lo anterior, en buena medida, podrá lograrse si se reconoce derecho de voz y voto a la legislatura local de la Ciudad de México respecto de iniciativas de reforma constitucional. Así se continuará con los esfuerzos para que esa entidad tenga una participación más activa en el comentado procedimiento de revisión y actualización de la Constitución.
Es perfectamente lógico y natural que los diputados locales a la Asamblea Legislativa cuenten, dentro de su esfera de atribuciones con estas facultades, toda vez que son ellos los responsables del ejercicio de la función legislativa en dicha ciudad.
Además, por el simple hecho de ser representantes populares electos bajo principios democráticos merecen la calidad institucional de integrantes del Constituyente Permanente, pues ante la legitimidad democrática que le dan los procesos electorales es inadmisible seguirles privando de ese derecho.
Bajo un sistema jurídico-político de estructura federalista como es el nuestro, resulta imperativo que dicha Asamblea intervenga en las reformas y adiciones de carácter constitucional, y por extensión, tenga la facultad de iniciativa entratándose de leyes federales, suprimiendo la limitación de que sólo puede hacerlo en cuanto a leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal.
De mi experiencia como diputado local a dicha Asamblea puedo compartirles que, ante las aún limitadas funciones otorgadas a ese órgano, es que se dificulta la solución de algunos problemas de fondo de la entidad federativa de marras, ya que si aquella fuera en realidad el órgano legislativo total, pleno, del Distrito Federal, podría legislar al igual que las demás legislaturas locales en todo aquello que no esté reservado al Congreso de la Unión.
Las reformas que planteo para integrar a la Asamblea Legislativa como parte del Constituyente Permanente resultan viables, jurídica y políticamente, toda vez que el Distrito Federal queda asimilado en cuanto a su régimen interior a las entidades que integran la federación, constituyendo una entidad distinta de esta última.
No existen argumentos sólidos ni históricos ni jurídicos que se opongan para restituir a los capitalinos sus derechos políticos plenos. Y qué mejor oportunidad de avanzar democráticamente que poder tener un Congreso local para el Distrito Federal ya sin esta discriminación que a la fecha existe en cuanto a sus facultades legislativas.
En este orden de ideas, y en virtud de que tal potestad no se comprende dentro del régimen de facultades expresas que rige a la Asamblea indicada, es que solicito a los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados su apoyo para fortalecer el órgano legislativo del Distrito Federal que, a su vez, redundará en la consolidación democrática de dicha entidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Ávila Mayo. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Los organismos descentralizados del sector energético como son Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, han incorporado en su contabilidad la normatividad financiera NIF-08 Bis, derivada del boletín D-3 del Instituto Mexicano de Contadores AC.
La aplicación del boletín D-3 impacta de manera totalmente diferente en los estados financieros a los organismos descentralizados y a las empresas privadas ya que estas últimas en general quedan al margen de esa aplicación debido a que prácticamente no tienen planes de retiro adicionales a las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social.
De esta manera, la inclusión en los términos del boletín D-3 del pasivo laboral en los balances financieros distorsiona la situación económica real de las empresas del sector energético al incluir beneficios que aún no se tiene derecho a recibir. Es decir, que tienen carácter contingente como es el caso de las jubilaciones para los trabajadores en activo.
Con ello, y asumiendo que el registro de los pasivos labores incluye dentro de su finalidad observar la solvencia económica de las empresas, de manera que estén resguardadas las prestaciones sociales de los trabajadores, y motivar la creación de fondos para ese mismo propósito, las medidas para esa observancia no deben distorsionar la situación financiera de estas empresas.
Dado que por su naturaleza están sujetas a la observación pública, la información que se proporciona puede inducir juicios que no corresponden a la realidad, en particular cuando a partir de supuestas quiebras técnicas se pretende justificar la entrada de capital privado a nuestros organismos públicos energéticos.
Es por ello que con la reforma propuesta se precisa que la cuantificación de los pasivos y costo derivados de las obligaciones laborales de los organismos descentralizados del sector energético se llevará a cabo, tomando en cuenta sólo al personal jubilado o pensionado, con beneficios adquiridos.
Además, se establece un procedimiento tendiente a suministrar gradualmente un fondo para hacer frente a las obligaciones laborales derivadas del personal jubilado o pensionado. Es decir, personal con beneficios adquiridos, de manera que a la vez que se asegura el pago de esas obligaciones vaya disminuyendo el registro de pasivos y costos para ese concepto.
Asimismo, se establece la obligación de crear un fideicomiso que custodie los recursos que se destinen al fondo para obligaciones laborales, encargando dicho deber a los órganos de gobierno de las entidades respectivas.
Finalmente, para evitar la diversidad que actualmente presentan los parámetros financieros empleados como hipótesis de cálculos en los estudios actuariales para determinar los pasivos y costos de las obligaciones laborales, en el párrafo sexto de la iniciativa se estipula que dichos parámetros se han fijado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con aplicación para todos los organismos descentralizados del sector energético.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Leticia Díaz de León Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.
La diputada Leticia Díaz de León Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Realmente es una pena que ahora que vaya a presentar esta iniciativa, no se encuentre una buena cantidad de compañeros diputados y diputadas para presentarles el motivo y la importancia de esta iniciativa, que consiste en implementar, poner ya en la Ley de Educación, en el articulo 14, una fracción en la que ya por ley se implementen las escuelas de tiempo completo.
La educación es una de las columnas más importantes en el desarrollo de las personas y de la propia sociedad. En este sentido, la educación es el vehículo que permite trasmitir y al mismo tiempo renovar la cultura, los valores y el acervo de conocimientos que le dan sustento.
Por otro lado es generadora de riqueza, fomenta la convivencia democrática, promueve el respeto a las diferencias individuales, contribuye a la erradicación de prácticas de discriminación y a la vez que fortalece la cohesión y la armonía social.
Hoy en día las condiciones de competencia y necesidades económicas han obligado u orillado a que ambos padres de familia participen activamente en el sustento económico familiar, lo cual disminuye las horas de atención que pueden dedicarle a sus hijos y dicha situación se reduce en los casos de familias monoparentales, lo cual repercute en el óptimo desarrollo de los educandos que se hallan desatendidos por espacios de varias horas después de concluir el horario escolar.
Por ello, la opción de escuelas de tiempo completo es un modelo pedagógico factible, deseable y muy importante, el cual debe fundamentarse y apoyarse en la participación de la comunidad escolar.
La escuela de tiempo completo presenta múltiples ventajas, en virtud de que al mismo tiempo que permita proteger a los menores de influencias que en ocasiones resultan dañinas y aprovechar mejor su tiempo, propicia que los niños además de recibir una educación con calidad tengan un aprovechamiento escolar mayor y puedan disfrutar de la lectura, el arte y otras actividades, entre ellas las deportivas.
Se trata de impulsar un modelo pedagógico que permita recuperar actividades de educación física, más posibilidad de usar aulas de medios, dominio de la computación, una orientación a la investigación y al arte.
De hecho, la Secretaría de Educación ha puesto en marcha un programa piloto que involucra a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes y Guerrero.
El programa constituye una alternativa pedagógica que prolonga la estancia de los maestros, niños y niñas en las escuelas con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudios para la educación básica.
Uno de los objetivos que persigue es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.
Es por ello, compañeros, que presento esta iniciativa que reformará el artículo 14 de la Ley de Educación, para quedar como sigue.
Artículo 14…
Fracción XII. Procurarán establecer escuelas de tiempo completo de educación básica que impulsen y favorezcan el desarrollo de competencias definidas en los planes y programas de estudio.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Díaz de León. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Se concede el uso de la palabra al diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 90 de la Ley del Seguro Social.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con el permiso de la mesa. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa tiene como propósito principal, el que se consagre en la Ley del Seguro Social, la obligación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reembolso de los gastos de las recetas médicas a los trabajadores y a sus beneficiarios, en caso de que el Instituto no surta las recetas médicas.
Como sabemos, para el IMSS una de sus prioridades es el abasto de medicamentos y una atención médica oportuna de calidad. Esto por cierto. De no cumplirse, sería no estar respondiendo, en este momento, a las necesidades y urgencias económicas por las que atraviesa la mayoría de la derechohabiencia en este Instituto, si tomamos en cuenta que ha habido un aumento en los precios en más de 22 artículos de consumo y apenas un 3.2 por ciento de aumento al salario mínimo.
No es posible que los trabajadores, después de haber cumplido puntualmente con sus obligaciones en materia de pago de cuotas, reciban en contrapartida un amplio incumplimiento en materia de servicios médicos.
En el IMSS el desabasto en materia de medicamentos, materiales de curación y equipo médico es endémico, todos lo sabemos. En tal virtud muchos de los derechohabientes son perjudicados hasta en un 38 por ciento. Por esta causa no se les surte la receta, y si carece de los recursos necesarios para adquirir los medicamentos por su cuenta no pueden empezar el tratamiento, o bien, su salud se ve arriesgada por la interrupción de la proporción de estos medicamentos.
Esto representa una abierta violación al derecho humano y a la salud, pero sobre todo un grave incumplimiento del instituto de sus obligaciones frente al trabajador y a sus familiares, en los términos previstos por la Ley del Seguro Social.
Desde luego que este fenómeno que ocurre en nuestro instituto se debe a muchos factores, todos ellos evitables, por lo que más bien parecería una mala atención para presionar a la privatización de estos servicios.
¿Cuáles son estos factores que provocan este desabasto? Problemas administrativos en las licitaciones en las que indebidamente segregan a los productores nacionales, especialmente a los pequeños y los medianos, aunque esto redunde en mayores precios de adquisición, un pésimo control que permite el robo hormiga de medicamentos; pero sobre todo, una indebida distribución de las medicinas entre las delegaciones y unidades médicas. Además de que algunos medicamentos se obtienen de empresas que ejercen un verdadero monopolio frente al instituto.
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 90 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:
Artículo 90. Cuando por causas imputables al instituto no se presten a los trabajadores y a sus beneficiaros los servicios médicos y no se surtan las recetas médicas, éstos tendrán derecho a recibir el reembolso de los gastos en el término máximo de 72 horas.
En caso de urgencias por razones médicas o socioeconómicas del paciente, a criterio y bajo la responsabilidad del propio instituto, y a criterio y responsabilidad de las autoridades, el reembolso será de inmediato y en el tiempo máximo de 24 horas.
Por todo lo anteriormente expuesto suplico que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Garzón Contreras. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 177 de la Ley General de Salud.
El diputado Jorge Quintero Bello: Con su venia, diputado Presidente. Compañeros diputados, firmada por la actual administración el 30 de marzo de 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marca la posibilidad histórica de resarcir algunas de las fallas y omisiones presentes en el entramado legal de algunos de los países miembros de la ONU. Afortunadamente México comenzó este proceso de depuración normativa antes de la firma de la convención referida.
La convención marca toda una gama de derechos y prerrogativas a favor de las personas con discapacidad. La mayoría ya contemplada por nuestra legislación nacional, pero además, hace patentes algunas de las omisiones o mejoras que pueden legislarse en nuestro país con el objetivo de robustecerla y adecuarla mejor a las necesidades actuales.
Ejemplo de ello lo encontramos en el tema de habilitación y rehabilitación. Esta dupla de conceptos ha sido definida por Naciones Unidas como el proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida más independiente.
Nuestro país progresivamente se ha ido renovando en el tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad. Simplemente, el DIF nacional es capaz de producir hasta mil 400 prótesis u ortesis por mes, este dato nos habla de un compromiso y un logro en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad.
Sin embargo, nuestra legislación nacional presenta una omisión frente a la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Ninguna de nuestras leyes establece como prioridad promover tanto la disponibilidad como el uso y conocimiento de estos dispositivos.
La ausencia de este precepto pareciera una nimiedad, no obstante, es necesario incluirlo en nuestra legislación en aras de maximizar los logros que ya hemos referido. Con ello se daría mayor difusión del uso y conocimiento de estos complementos tecnológicos, debido a que muchas veces son desconocidos o menospreciados por las personas con alguna discapacidad.
Propongo adicionar la Ley General de Salud, en su artículo 177, a fin de contemplar la promoción, disponibilidad, conocimiento y uso de diversos dispositivos tecnológicos para rehabilitar a las personas con discapacidad.
El Partido Acción Nacional adopta como suyo el compromiso establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La habilitación y rehabilitación de este sector es trascendental para su desarrollo y para franquear las aún presentes barreras de discriminación.
Su acceso a diferentes áreas como son la laboral, profesional y educativa corroborarían el hecho de que las personas con discapacidad pueden contribuir en el panorama productivo de nuestro país, a través de una basta gama de habilidades y de conocimientos.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta respetable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el artículo 172 de esta ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de invalidez, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, ortesis y ayudas funcionales.
Añado lo siguiente: asimismo, promoverán la disponibilidad, el conocimiento y uso de dispositivos tecnológicos que permitan rehabilitar o compensar una o más limitaciones de dichas personas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En virtud de que fue resumido, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Quintero Bello. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Narciso Alberto Amador Leal: En días pasados, compañeras diputadas, compañeros diputados, aprobamos una reforma a la Ley del Servicio Público de Carrera o Servicio Profesional de Carrera, en sus artículos 5o. y 8o.
Dicha aprobación de esta asamblea considera que los directores generales, homólogos, adjuntos y similares, se excluyen de los preceptos de dicho servicio profesional de carrera.
Hemos ya empezado a recibir críticas sobre esta iniciativa. El doctor Mauricio Merino hace unos días publicó en El Universal, un análisis ponderado sobre el tema. El doctor Leonardo Curzio, en su programa de radio hizo lo propio y hemos ya empezado a escuchar opiniones de académicos del CIDE, del Colegio de México, sobre esta decisión.
Yo quiero recordar a ustedes que en esa ocasión yo subí a razonar el voto de nuestra fracción parlamentaria y adelantamos que el acuerdo al respecto era no detener el curso del proceso legislativo, en particular en esta iniciativa, y que presentaríamos una iniciativa complementaria que es la que hoy estoy poniendo a su consideración, y que ha sido suscrita por diputados de otros partidos, incluyendo el presidente de la Comisión de la Función Pública, promovente de la iniciativa anteriormente aprobada.
El tema de fondo es que el servicio profesional de carrera ha funcionado de manera deficiente, haciendo uso de las disposiciones de excepción se ha declarado más de la mitad de los concursos desiertos; haciendo uso de las facultades difusas que tiene la propia ley se ha nombrado más de la mitad de los servidores públicos, directores generales, delegados en los estados, sin que exista el concurso correspondiente.
Y bueno, el gobierno federal ha argumentado que requiere un margen de acción para poder operar la administración. Aquí mismo, algunos compañeros hicieron alusión al concepto de lealtad, que no sería aplicable en términos de una Ley de Servicio Profesional, porque ¿la lealtad, a quién sería? Sería al subsecretario del ramo o al secretario del ramo, cuando estamos viendo que hay conflictos al interior de las propias secretarías, ¿o al presidente de la república o a quién sería esa lealtad?
Entonces, lo que tenemos enfrente es la necesidad de complementar la reforma que ya aprobamos, en aras, como aquí lo dijimos, de detener el proceso legislativo en curso y considerando que el gobierno federal, en este momento, tiene indefinición jurídica de una gran cantidad de funcionarios con nivel de director general, incluyendo los delegados federales de las dependencias y de las entidades en los estados de la república.
La propuesta que hacemos hoy es de modificación al artículo 32 y 34, justamente para poner límite a la posibilidad de que se declaren desiertos los concursos, los concursos no se podrán declarar desiertos sólo cuando exista literalmente tal situación, es decir, que no se presente ningún candidato a esta opción profesional de trabajo.
Y el artículo 34 que pretende igualmente acotar la circunstancia de que se nombre por excepción. Hay una "y" ilativa en ese artículo, que prácticamente da margen para que todo sea de excepción y se continúe aplicando este precepto en los términos más bien discrecionales en que se ha venido haciendo.
Por otro lado, propone una modificación al artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para que los delegados federales de los estados que tengan rango de director general u homólogo, sean nombrados en un proceso de propuesta, opinión, consulta con los titulares de los gobiernos de las entidades federativas.
¿Por qué razón? Porque hay muchos conflictos en todos los estados, incluyendo los estados que gobierna el Partido Acción Nacional, entre los representantes de las dependencias federales y los gobiernos locales, y esto, compañeros diputados, compañeras diputadas, está dando lugar a conflictos no sólo de carácter administrativo, sino incluso a conflictos sociales, pérdida de vidas humanas en algunos casos o aún más, en el hecho de que no se está ejerciendo el gasto con eficacia y oportunidad.
En consecuencia, termino, señor Presidente, diciendo que esta iniciativa es complementaria de la que se aprobó con anterioridad y que estará sujeta a observación en el Senado en tanto aprobamos esta iniciativa en este pleno. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Amador Leal. Túrnese a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Gobernación.
Se ha recibido en este momento una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Junta de Coordinación Política, Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de noviembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura, presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted, atentamente, que se sirva consultar al pleno en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y desahogo de la siguiente
Iniciativa de ley que crea el Fondo de Reconstrucción y Apoyo Social para el Estado de Tabasco y Comunidades Afectadas en el Estado de Chiapas, a cargo de las diputadas Mónica Fernández Balboa, Claudia Cruz Santiago y Valentina Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar a la presente, atentamente. Suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada. En consecuencia se concede el uso de la tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa para presentar iniciativa de ley que crea el Fondo de Reconstrucción y Apoyo Social para el Estado de Tabasco y Comunidades Afectadas en el Estado de Chiapas, suscrita por ella misma y las diputadas Valentina Batres Guadarrama y Claudia Cruz Santiago, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su venia, señor Presidente. La problemática que se vive en Tabasco es mayúscula y con un incremento al presupuesto del Fonden no se resuelve, por lo que tomando en consideración el punto de acuerdo aprobado por esta Cámara el día de ayer, y previendo que es urgente la creación de una ley que defina y garantice la reconstrucción del estado de Tabasco y las comunidades afectadas en Chiapas, la cual debe contemplar un diseño de plan global para la reconstrucción de los estados con la finalidad de brindar los recursos económicos, así como para generar los estudios técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para que de forma coordinada, transparente, responsable e institucional estén al servicio de la población más afectada, específicamente para la reconstrucción y el desarrollo sostenible y sustentable.
Para la generación de bienes y servicios y para la restitución de las condiciones normales de vida de los tabasqueños y chiapanecos en un tiempo razonable, los diputados y las diputadas Claudia Cruz, Valentina Batres, Ruth Zavaleta, Juan José Rodríguez Prats, Carlos Rojas y su servidora presentamos esta iniciativa de Ley que Crea el Fondo de Reconstrucción y Apoyo Social para el Estado de Tabasco y Comunidades Afectadas en el Estado de Chiapas.
Esta ley deberá garantizar el blindaje de los recursos económicos y materiales que serán destinados para la reconstrucción, evitando que se vean afectados por los ejercicios fiscales anuales, la creación del plan y los programas de reconstrucción de Tabasco, garantizando que éstos tengan un carácter integral y no sean solamente de carácter asistencial.
La creación de mecanismos de control de garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos económicos y materiales.
La generación de un mecanismo que garantice la captación de los donativos que en recursos económicos, humanos y en especie hayan sido aportados por los gobiernos federal, estatales y extranjeros, instituciones financieras gubernamentales y privadas, nacionales y extranjeras, organismos civiles, así como la población en general, para la creación de una bolsa común bajo la responsabilidad del gobierno estatal que permita, de manera coordinada, utilizarlos de manera eficaz y confiable, garantizando su transparencia.
Las auditorias por parte de la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de control del gobierno estatal y de los gobiernos locales para vigilar que los recursos asignados se apliquen conforme a lo dispuesto por la ley, estas auditorias deberán ser publicadas a través de la página Internet del gobierno estatal y federal, garantizando los objetivos de transparencia y rendición de cuentas trimestralmente.
Que se garantice un plan de reconstrucción que contemple programas específicos, eficaces y eficientes, su interrelación con las dependencias estatales, que deberá contener el diagnóstico de la situación actual, la ruta crítica sobre fortalezas y debilidades de la situación, costo-beneficio, población beneficiada y tiempos de aplicación, responsables de los programas, proyectos y políticas públicas, construcción de indicadores para medir los avances y resultados, así como para la aplicación e implementación de los mismos, construcción de indicadores de impacto y beneficio de los programas, construcción de indicadores de uso y control de los recursos económicos y materiales, así como los impactos en su prospectiva.
La publicación de los programas y la aplicación de los mismos en cada municipio, la generación de los recursos necesarios para la aplicación del plan de reconstrucción a partir de los excedentes del petróleo generados en el 2007 y 2008 y de los subejercicios que se registren en los diversos ramos presupuestales en el ejercicio fiscal del 2007.
La creación de una coordinación interinstitucional que será la comisión encargada de la reconstrucción de Tabasco de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, para la elaboración del plan de reconstrucción de los estados y los representantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como observadores.
La creación de los mecanismos de participación ciudadana para incluir sus demandas en la elaboración del plan de reconstrucción y de los mecanismos para dar seguimiento y monitoreo a su aplicación.
La creación de una comisión técnica y científica conformada por especialistas para apoyar la elaboración del plan de reconstrucción, realizando los estudios necesarios para la evaluación de los daños y los costos de los mismos.
La creación de una coordinación interinstitucional para la elaboración de un programa hidráulico del gobierno federal y de los gobiernos de los estados de Tabasco y Chiapas.
Respecto de los fondos del Fonden y del Fonprenden, la creación de los recursos necesarios para que los estados que reciben el éxodo de los tabasqueños y chiapanecos tengan los recursos necesarios para los albergues en sus estados, así como los servicios de sanidad, alimentación y asesoría jurídica.
Por lo extenso de la iniciativa de esta ley, yo le ruego a la Presidencia que se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Mónica Fernández Balboa. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese la iniciativa de Ley que Crea el Fondo de Reconstrucción y Apoyo Social para el estado de Tabasco y Comunidades Afectadas en el estado de Chiapas, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Faustino Javier González Estrada, para presentar iniciativa que reforma los artículos 419 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por él mismo y por el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Faustino Javier González Estrada: Con su permiso, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Faustino Javier González Estrada: Gracias. Compañeras diputadas y diputados, los recursos forestales tienen un papel importante en la protección del ambiente. No obstante, nuestro país hoy enfrenta una grave crisis que se caracteriza por una constante degradación ecológica y pérdida considerable de selvas y bosques.
Desafortunadamente, de acuerdo con un informe de la FAO, México se encuentra entre los países que experimentaron una mayor pérdida de bosques primarios entre el 2000 y 2005. La superficie forestal se redujo de 65.5 a 64.2 millones de hectáreas en el periodo.
La FAO ha manifestado incluso que, dentro de la región de América del Norte, nuestro país es la zona que suscita mayor preocupación, ya que está experimentando pérdidas considerables en sus bosques primarios a nivel nacional.
Compañeros, la deforestación es una de las principales amenazas para la biodiversidad y conlleva una pérdida de servicios ambientales debido a que los bosques prestan servicios de gran importancia. Forman y retienen los suelos en terrenos con declive evitando la erosión, favorecen la infiltración de agua al subsuelo alimentando los mantos freáticos y también purifican el agua y la atmósfera; mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica y son el hogar de diversos animales.
Además, los bosques son fuente de bienes de consumo tales como madera, leña y otros productos forestales no moderables, cuya importancia para la industria y para los campesinos es muy elevada en México.
En mérito de lo anterior, la degradación y la deforestación en los bosques son alarmantes. Las causas son diversas: la tala inmoderada, los incendios, el desmonte y la introducción de vías de comunicación y la sobreexplotación, entre otras.
En México la primera causa de deforestación es la de desmonte para usos agropecuarios, seguido por la tala ilegal y los incendios forestales. La urgencia por frenar y revertir la aceleración de pérdida de la cobertura vegetal que históricamente se ha venido dando en México, con todas sus consecuencias ambientales, sociales y económicas, dieron lugar a que el titular del Ejecutivo federal reconociera el problema y anunciara la estrategia de conservación para el desarrollo 2007-2012. Manifestó la tolerancia cero contra la tala ilegal.
El problema definitivamente ha alcanzado dimensiones preocupantes. Incluso desde 95 la Profepa ha identificado áreas críticas por el alto índice de la comisión de delitos contra el ambiente.
Actualmente se tienen identificados los cuatro puntos más críticos de tala ilegal en el país, los cuales se ubican en los estados de México, Morelos, Michoacán y Veracruz. Son zonas donde se presentan con frecuencia actividades de tala ilegal que ponen el riesgo el equilibrio ecológico y afectan a la sociedad en general, al sufrir los efectos de la deforestación.
A manera de ejemplo podemos señalar que el corredor Biológico Chichinautzin, que en su área natural protegida ubicada en el estado de Morelos, incluye dos parques nacionales, las Lagunas de Zempoala y El Tepozteco, constituyen un área de protección de importancia suprema ya que es una de las zonas de recarga de los mantos acuíferos tan valorada que se le conoce como El bosque de agua. Su vegetación, primordialmente de pinos y oyameles, constituyen los árboles más explotados industrialmente.
No obstante la importancia de esta área natural protegida, grupos de talamontes han arrasado con más de 80 mil hectáreas en los últimos años. La Profepa ubica cuatro áreas gravemente afectadas.
Otro claro ejemplo es el del pasaje La Piedra, ubicado en los límites del estado de México y Morelos. Según información disponible, la depredación forestal ha provocado que en 15 años se dé la deforestación de mil 500 hectáreas, de más de 6 mil existentes. Incluso se ha señalado que si no se revierte el daño los mantos acuíferos no podrán dotar de agua los estados mencionados, inclusive al Distrito Federal. Que no se les olvide lo que le estoy diciendo: inclusive al Distrito Federal.
Compañeros legisladores, si bien reconocemos que se han implementado diversos operativos con la participación de autoridades de los tres órganos de gobierno, dichas medidas no serán suficientes si no se complementan en forma legal, al Código Penal Federal.
La reforma que proponemos resulta urgente en virtud de la impunidad que se genera por la inadecuada integración de averiguaciones previas.
Derivado de la complejidad que reviste la labor de detección, investigación y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, resulta necesario reformar, entre otros, el artículo 419 del Código Penal Federal, a fin de que el objeto material del delito, que actualmente se refiere a cualquier recurso forestal maderable, en cantidades superiores a los 4 metros cúbicos, o a su equivalente en madera aserrada, se modifique para disminuirlo en cantidades superiores a 2 metros cúbicos.
Lo anterior, en virtud de que el transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación ilícita, madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable o su equivalente en madera aserrada, frecuentemente se lleva a cabo en cantidades menores a 4 metros cúbicos, ocasionando los mismos daños a la biodiversidad, y consecuentemente, a la impunidad.
Con la presente propuesta pretendemos evitar la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental y su implicación en el calentamiento global.
Asimismo, pretendemos contrarrestar la impunidad ambiental, que actualmente prevalece en materia de tala ilegal, protegiendo, en consecuencia, la biodiversidad ya que la importancia de este bien jurídico radica en que la riqueza de especies, ecosistemas y procesos ecológicos, son el principal recurso para el futuro.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado González Estrada. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presenta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Rubén Aguilar Jiménez: Gracias, señor Presidente, con su venia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el suscrito Rubén Aguilar Jiménez, en mi carácter de diputado de esta Legislatura del H. Congreso de la Unión y como miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta representación popular con fundamento en los artículos 71, fracción II, 55, fracción II y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a solicitar se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, de esta H. Legislatura, la siguiente iniciativa de decreto, con el fin de adicionar un párrafo al artículo 18, así como reformar los artículos 94, 97, 100, 101, 104, 105 y 110, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior con base en los siguientes fundamentos.
Haré en esta ocasión sólo la presentación de esta iniciativa en términos generales, solicitando a la Presidencia que de manera integral se incluya en el Diario de los Debates.
La procuración de justicia y la readaptación social son de los problemas que más afectan a la sociedad mexicana. Debemos garantizar que los delitos no queden impunes y un elemento para lograrlo es que los procedimientos de impartición de justicia sean lo más prontos y expeditos posibles, rescatando los principios de certeza, seguridad y celeridad jurídica establecidos en nuestra Carta Magna.
La solución entonces a nuestros problemas de seguridad no puede reducirse al solo aumento de las penas y a la profesionalización de los cuerpos policíacos, es decir, no es suficiente con fortalecer a un Estado represor. Hay que establecer reformas que vean el problema de la delincuencia en forma social.
Varios países latinoamericanos han emprendido esta tarea de reformas a las constituciones y códigos procesales para sustituir los viejos vicios de los sistemas de justicia penal inquisitorios.
Entre estos vicios se encuentra la preponderancia excesiva del medio escrito que parcializa los procesos en contra de los imputados, alejándolos de la impartición del juez y consecuente atención de sus subalternos.
El aumento en la confianza al sistema de justicia penal trae consigo el incremento de las denuncias de delitos y la transparencia en el proceso. Un ejemplo de ello es el caso de Chile, que reporta el 87 por ciento de los casos como resueltos a sólo cinco años de aprobada su reforma en materia penal.
En México, Nuevo León, Zacatecas y Chihuahua han iniciado un proceso de reformas en la materia, siendo Chihuahua la punta de lanza en virtud de la estructura creada en torno a la reforma penal, con temas novedosos como lo es la visión integral de la reforma donde se plantea el problema de la justicia desde donde se generan los ilícitos, es decir, la seguridad pública y termina con las leyes de medidas de seguridad o ejecución de penas.
El caso Chihuahua es de relevancia porque fuimos copartícipes en el desarrollo de la reforma integral penal, derivada de un gran pacto político emergente sin el cual no hubiera sido posible.
Nuestro objetivo es alcanzar una procuración y administración moderna capaz de conciliar todas las eficiencias del poder punitivo del Estado, con pleno respeto a las garantías individuales y orientada a una política criminal preventiva.
Antes de iniciar cualquier reforma en materia procesal es necesario que se reconozca a los operadores del sistema penal acusatorio en el ámbito constitucional.
En principio debemos considerar que nuestra Constitución Política garantice un procedimiento penal transparente, ágil, confiable, eficiente y con arreglo a las garantías que para toda persona establece nuestro máximo ordenamiento jurídico.
Esto necesariamente se tiene que revisar a través de tribunales que cumplan con los principios de imparcialidad, de publicidad, oralidad, eficiencia, concentración e inmediación.
La presente iniciativa pretende que se reconozca en el ámbito constitucional la existencia de estos tribunales y específicamente jueces especializados en la materia, a saber los jueces de garantía y los jueces de juicio oral, ambos en materia penal.
Actualmente el juzgador antes de dictar sentencia ya ha prejuzgado, se ha manifestado o emitido prejuicios sobre el objeto del proceso; con la figura del juez de garantía se busca la imparcialidad en los procesos.
Es necesario separar en el juez sus competencias para resolver sobre la procedencia de la orden de aprehensión y el auto de formal prisión para resolver en definitiva el proceso.
Con la figura del juez de garantía se pretende que se emitan las resoluciones preliminares, como la orden de aprehensión o vinculación a proceso, para distinguirlo totalmente de los tribunales que conocerán del juicio. Asimismo, se pretende que sea oral.
Es por lo anterior que se intenta reconocer a nivel constitucional la transparencia, inmediación y oralidad de los juicios, a través de la figura de los jueces de juicio oral, los cuales en forma colegiada no conocerán de los hechos y pruebas materia del juicio hasta que se dé inicio la audiencia de debate en el juicio oral.
Los jueces de garantía y jueces de juicio oral serán parte de los juzgados de distrito. Así, haciendo uso de estas figuras ya existentes, la carga presupuestaria sería la mínima posible. A su vez, otra solución sería agregar un nuevo depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la figura de tribunales de juicio oral.
A partir de esta reforma se contempla la modificación de las atribuciones de los jueces y tribunales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al pasar la materia de apelación de los tribunales unitarios a los tribunales colegiados.
Por otro lado en la iniciativa se contempla la modificación al artículo 18 constitucional como una manera de preparar el camino a esta reforma en materia de justicia restaurativa, pues es en los centros federales de readaptación social de nuestro país donde hay graves problemas de sobrepoblación, violencia, corrupción y falta de personal capacitado.
Aunado a esto existe la problemática de integrar a las personas que son liberadas de estos centros y, a su vez, que los reos retribuyan en parte los gastos generados a su manutención dentro de las instituciones penitenciarias.
Con todo esto se instituyen las bases para la creación de una ley federal de ejecución de penas, que establecería el trabajo obligatorio como una forma de rehabilitación y sentaría las bases para despresurizar los centros penitenciarios a través de actividades específicas requeridas para acceder a la libertad anticipada y a otros beneficios similares.
Es por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, que vengo a proponer reformas a la Constitución en el tema de sistema de justicia, con la confianza de que será elemento importante para la reforma del Estado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias diputado Rubén Aguilar Jiménez. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia informa de la presencia de invitados especiales del pueblo de Santa Ursula, delegación Coyoacán, de alumnas y alumnos de la Escuela Preparatoria Vespertina Número 2 de la Universidad del Estado de Morelos y de invitados especiales del grupo de empresarios de León, Guanajuato. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social. No estando el diputado Leonardo Magallón en el salón de sesiones, se pospone su iniciativa.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, señor Presidente. La gobernabilidad se basa esencialmente en que el estado acredite que en efecto cumple la finalidad para la que fue instituido o por lo menos avance de veras y con acierto en el camino de cumplirla.
Así, en una sociedad democrática hay gobernabilidad cuando existe respeto, goce y ejercicio de los derechos humanos. Los derechos humanos con el origen lógico e histórico de ese gran edificio que llamamos Estado constitucional.
México ha suscrito diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, y a pesar de ello, dichos instrumentos aún no tienen jerarquía constitucional. En esta iniciativa pretendo incluir en el capítulo I, del Título Primero, una denominación que incorpore a los derechos humanos y las garantías.
La garantía no es el derecho. Es un medio o instrumento para hacer eficaz el derecho. Los derechos humanos y las garantías se complementan.
Es importante incorporar el principio de interpretación conforme a los tratados en el artículo 1o. de la Constitución mexicana, lo cual vendría a garantizar de forma más efectiva los derechos humanos ante las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internos.
Dicho principio ya se encuentra regulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus artículos 6 y 7, por lo que resulta incongruente que normas secundarias mexicanas contengan este tipo de disposiciones y que nuestra norma fundamental carezca de ellas.
Con fundamento en el principio de progresividad de los derechos humanos proponemos por la aplicación preferente de aquel ordenamiento que mejor tutele de los derechos humanos, ya sea indistintamente un tratado internacional o la Constitución.
Es imperioso establecer en el artículo 133 constitucional que en materia de derechos humanos se debe aplicar la disposición que sea más favorable para la persona, independientemente del ordenamiento en el que se encuentre consagrada.
Con la reforma a este artículo se pretende que los tratados de derechos humanos tengan jerarquía constitucional y operatividad inmediata. Asimismo, en la propuesta se aborda la necesidad de la recepción y aplicabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado ya prevé la forma de ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana y es ilógico que en nuestra ley fundamental exista una laguna normativa al respecto.
Debido a que la Corte Interamericana no es un tribunal penal ni administrativo, sino un tribunal de derechos humanos, se propone su incorporación en el artículo 133 constitucional.
La reforma del Estado es la oportunidad para que México cumpla con sus compromisos internacionales y de esta forma garantice una vida digna para todos los mexicanos y todas las mexicanas.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Título Primero, Capítulo I, "De los derechos humanos y garantías".
Artículo segundo. Se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes para quedar como sigue:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de los derechos humanos y garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Los derechos humanos y garantías reconocidas en esta Constitución vinculan a todos los poderes públicos y serán interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre la misma materia ratificados por el Estado mexicano.
Artículo tercero. Se adicionan dos párrafos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 133. …
Los tratados relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano tienen jerarquía constitucional cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, los cuales actuarán conforme a la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos del ser humano.
Las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son plenamente ejecutables en México, de conformidad con la ley respectiva.
Se solicita a la Presidencia se incluya el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Holly Matus. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Sí, diputada Mónica Fernández.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Para solicitarle pudiera ampliar el turno de la iniciativa que acabo de presentar a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda, en primer turno a la Comisión de Gobernación, dado que se trata de un decreto de ley.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Correcto, diputada. Esta Presidencia concede. Túrnese la iniciativa de ley propuesta por la diputada Mónica Fernández, a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Samuel Palma César, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Lourdes Quiñones Canales, Beatriz Pagés Llego Rebollar y el propio diputado Palma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Víctor Samuel Palma César: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Víctor Samuel Palma César: Compañeras diputadas y compañeros diputados, a efecto de hacer la presentación de una iniciativa que se ocupa de los temas de la política social y toda vez que está publicado en la Gaceta, quisiera hacer una digresión, aprovechando la exposición que hay en esta sala sobre Václav Havel, y recordar que Václav Havel, como líder de la reforma de la Revolución de Terciopelo, en Checoslovaquia, y como intelectual y escritor hacia diversas reflexiones en los momentos más duros del debate en Checoslovaquia, y refería él que su crítica al sistema socialista, más que ser una crítica ideológica era una crítica ética.
Y al mismo tiempo señalaba que la política tendría que ser evaluada por sus resultados y no por el discurso. Y al mismo tiempo, cuando enderezó una revisión muy profunda del comportamiento humano en el sistema totalitario, hizo una denuncia del miedo, del miedo que implicaba el sometimiento a un aparato de Estado tan poderoso y el manejo discrecional que desde luego tenía, pues era un régimen de carácter autoritario. Hago estas reflexiones porque ocuparnos hoy de la política social es ocuparnos de uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, y desde luego para el país.
Un asunto que creo que mide con toda claridad el grave problema que tenemos en política social es que se combinan en nuestro país dos aspectos muy relevantes. Por un lado, somos una de las economías más grandes del mundo, por otro lado, somos uno de los países más desiguales del mundo. Esta situación marca, por sí mismo, el nivel de contradicción que ha tenido nuestro propio desarrollo y, desde luego, esta situación ha tratado de corresponderse o de atacarse a través de la llamada política social.
Y hemos acreditado en el país ya un largo recorrido de políticas sociales, políticas sociales que acreditaron a nuestro país, primero, como uno de los países que construyó y creó el constitucionalismo social en el mundo.
Y después avanzamos hacia la definición de una serie de políticas sociales que se dio en llamar "focalizadas", y llegamos, sin embargo, a un momento donde se ha puesto en duda la autenticidad de la política social y ha quedado muchas veces en evidencia el uso político que se le da al otorgamiento de recursos focalizados o personalizados.
Esto singularmente quedó de relevancia en las pasadas elecciones de 2006, en términos de la propia calificación que dio a las elecciones presidenciales la autoridad electoral y por lo tanto no es meramente una opinión de carácter personal.
En este marco, quiero decirles que es indispensable recuperar realmente una política social de Estado a favor de la igualdad. La cual deberá retomar todas las experiencias más exitosas y ser capaz de afrontar los nuevos desafíos.
El objetivo de la política social debe tener como divisa fundamental que la población con mayores carencias alcance cuando menos los promedios nacionales de bienestar. Ante ello, esta proposición busca crear a nivel constitucional una Comisión Nacional de Desarrollo Social que tenga como objetivo la formulación y la coordinación de la política social del gobierno federal, para lo cual debe contar con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios.
De esa manera se encargará de la creación y operación de programas sociales y combate a la pobreza con auténtico nivel de Estado, eficacia, transparencia y plena imparcialidad como lo dicta el interés público.
En otras palabras, estamos proponiendo en efecto, construir un órgano con autonomía técnica, con autonomía de Estado para el diseño y la instrumentación de la política social. Por ello este proyecto de decreto busca adicionar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y derogar el párrafo 7 del artículo 26 y el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo primero. Se adicionan cinco nuevos párrafos al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Estado contará con una Comisión Nacional de Desarrollo Social, que tendrá a su cargo la formación y coordinación de la política social. Esta comisión contará con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios y tendrá las facultades necesarias para la operación de los programas sociales y de combate a la pobreza.
Con esta iniciativa y con la reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal buscamos, en efecto, crear una política social de Estado, sacarla del debate político, darle profundidad y continuidad a lo que resulta más importante para todos nosotros, que es la acción de igualdad, de equidad y de desarrollo social. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Samuel Palma. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud.
El diputado Juan Manuel Villanueva Arjona: Con su venia, señor Presidente.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 462, fracción I y II, de la Ley General de Salud, para sancionar a quien ilícitamente obtenga, prepare o suministre embriones, así como a quien comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de embriones.
El que suscribe, diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para la reforma del artículo 462, fracción I y II, de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente
Exposición de motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga, en su artículo 4o, el derecho a la protección social de la salud. Para hacer cumplir este derecho el Estado mexicano tiene diversas leyes reglamentarias, entre las que se encuentra principalmente la Ley General de Salud.
Es justamente esta ley para garantizar el derecho a la protección social en salud que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en la materia de salubridad en general.
Precisamente la materia de salubridad general abarca el control sanitario, particularmente de órganos, tejidos, componentes y cadáveres en donde para garantizar un manejo adecuado de los mismos, coloca los lineamientos para su manejo sanitario, así como las sanciones por su mala o ilícita utilización.
Sin embargo, la Ley General de Salud no profundiza en el control sanitario de los embriones de seres humanos, lo que puede deberse a dos cosas. En primer lugar, a la tardía introducción del término embrión en la legislación, y por otro, a la muy reciente posibilidad de manipular embriones, cuyos avances científicos se han hecho una realidad.
Estos avances nos han llevado a debatir públicamente los problemas éticos, morales y médicos relacionados con el uso de embriones humanos, ya sea para la técnica de reproducción asistida, para uso en investigación científica o también para utilizar su potencial con células troncales o estaminales.
Ante la imponente realidad, la legislación mexicana no puede seguir ciega cuando el avance en la investigación en salud y particularmente en la utilización de embriones humanos es inminente.
Derivada de esta realidad es una preocupación del Partido Acción Nacional garantizar que los embriones humanos producto de embarazos no terminados, ya sea por inducción o de manera espontánea, no tengan un uso inadecuado.
Dicha preocupación no se encuentra alejada de lo que hoy en día señala la Ley General de Salud, en su artículo 314, que define al embrión como el producto desde la concepción hasta la doceava semana. Además, en su artículo 318 la Ley General de Salud otorga la facultad para regular lo pertinente al control sanitario de los productos y de la disposición del embrión.
Aún más, el 330, fracción II de dicha ley, señala la prohibición para cualquier finalidad el uso de tejidos, embriones o fetos producto de abortos inducidos. A pesar de señalar la prohibición del uso de tejidos embrionarios, la Ley General de Salud no establece una sanción para quien incumpla dicha disposición, dejándolo así en letra muerta.
El objetivo de la misma es adicionar la palabra "embrión" a las sanciones que de por sí la Ley General de Salud establece para quien ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos, cadáveres y fetos de seres humanos, o bien para quien comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, cadáveres y fetos de seres humanos.
En este sentido se propone imponer sanciones y multas a quien utilice, prepare, suministre, comercie o realice actos de simulación política.
Profundamente convencidos de este valor de la vida humana desde la concepción y preocupados por la defensa tanto de quienes donan embriones como de quienes los reciben, así como por la conservación de la ética médica y científica, es que proponemos la siguiente iniciativa que, por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud.
Artículo único. Se reforman las fracciones I y II del artículo 462 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 462. …
I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos de tejidos y sus componentes, cadáveres, embriones o fetos de seres humanos.
II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan el objeto de intermediación onerosa de órganos y tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, embriones o fetos de seres humanos.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Señor Presidente, en virtud de que ya se encuentra publicado, le pido que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Villanueva. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Por encontrarse ausente, se pospone la iniciativa.
Se recibió de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que adiciona un artículo 25-Bis a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Túrnese a la Comisión de Energía.
Se concede ahora el uso de la tribuna al diputado Horacio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que adiciona un artículo transitorio al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Por no encontrarse en el salón de sesiones, se pospone su iniciativa.
Se concede el uso de la tribuna al diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Rosas Aispuro Torres: La seguridad pública se ha convertido en una de las cuestiones que más preocupan a cada una de las familias, a cada una de las personas.
La seguridad, tanto personal como la seguridad patrimonial es el bien más preciado que tiene cualquier ser humano. Y vemos que día con día esta situación va incrementando la inseguridad sin tener los instrumentos que permitan realmente atender de manera más directa y, sobre todo, los instrumentos que nos permitan la prevención.
Lo que más nos debe preocupar, más que resolver los problemas que se causan, que de suyo hay la obligación del Estado de hacerlo desde luego, lo más importante, sería hablar de cómo prevenir, de cómo evitar que esas cosas se den, que esos hechos sucedan.
Por eso consideramos que en el ámbito de la seguridad pública, si bien es cierto que la Constitución en el artículo 21 dice que es una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, vemos que en el caso de los municipios el apoyo que éstos tienen, los recursos financieros de que disponen son insuficientes para atender la parte más delicada que ellos tienen, que es la prevención.
No podemos exigir que tengamos policías municipales mejor capacitados, que den una mejor respuesta si no cuentan estos con los elementos indispensables, empezando por los salarios que estos tienen y por el equipo que manejan en lo general las policías municipales.
Por eso la necesidad de que impulsemos desde el Congreso de la Unión los apoyos a través de las reformas legales que les permitan a los municipios contar con mayores recursos.
Qué bueno que la federación, qué bueno que los gobiernos estatales puedan tener mayores recursos. Pero nos preocupa que los municipios no tengan esa oportunidad de contar con los recursos que les permitan hacer frente a esa obligación constitucional y legal que tienen en la parte de la seguridad y el aspecto más importante que es la prevención.
Por ello, nos hemos dado a la tarea de que en este Presupuesto que estamos a punto ya de discutir, se pueda contemplar que se considere en la Ley de Coordinación Fiscal que los recursos que se manejan en el Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública para las Entidades Federativas los gobiernos municipales también tengan participación de ello.
El presidente de la república ha anunciado en el proyecto que envió que se dispondrá de tres mil 500 millones de pesos para distribuirse a los municipios, pero no se define ningún mecanismo. Nos preocupa que esos recursos se queden en la burocracia, que no lleguen realmente a los municipios para poder, estos, tener los elementos indispensables que les permitan atender esta exigencia y esta demanda social.
Por ello estamos planteando que esos recursos que está planteando el presidente de la república se vayan al Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública para estados y el Distrito Federal y, de esa manera, se pueda conformar una bolsa más grande y que la distribución de los mismos se haga conforme ahora en día se hace la distribución de los recursos en el Fondo General Participable.
Esto es, que cuando menos el 20 por ciento de estos recursos vayan a los municipios y que los criterios se definan en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en función de la problemática que enfrenta y que tiene cada uno de los municipios, recursos que vayan orientados a tener no sólo más policías sino a tener una mejor capacitación y a tener el equipo indispensable que les permita realizar, sobre todo, la tarea de prevención.
Por ello, la propuesta que hago es de reformar la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 44 y 45 para que del Fondo de Apoyo a las Entidades Federativas, el 20 por ciento de los recursos, que van a los estados, se destine directamente a los municipios
Que del Fondo General que ellos reciben, cuando menos el 20 por ciento sea para atender las necesidades de los municipios y, de esa manera, indudablemente estaríamos dando un paso muy importante a favor de la exigencia ciudadana de esa demanda social que día con día está flagelando esa convivencia armónica que debemos de luchar por mantener de la sociedad.
Por ello, señora Presidenta, pido que se inserte en el Diario de los Debates, como ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa a la que he hecho referencia. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Primer período de sesiones ordinarias, segundo año de ejercicio…
El diputado Cristián Castaño Contreras: Con el permiso de la Presidencia. Solicito muy atentamente…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ha pedido la palabra el diputado. Le cedo la palabra.
El diputado Cristián Castaño Contreras: Solicito a la Presidencia que ponga a consideración del pleno, el que este pleno pueda constituirse en sesión permanente para analizar los puntos y los asuntos que sean determinados por las comisiones… Sí, el Reglamento —señores legisladores—, el Reglamento prevé la posibilidad de que haya sesión permanente y, por eso, con ese fundamento, leo textualmente lo que establece el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en donde se determina que: "serán permanentes las que se celebren con ese carácter por acuerdo expreso de los miembros de cada Cámara".
Pido, Presidenta, que ponga a consideración de este pleno y solicito también que sea en votación nominal, porque hay cinco legisladores que así lo solicitan.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Javier González.
El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias. El único problema es que para poder armar una sesión permanente, uno, tendría que haber acuerdo y tendríamos que haber los temas.
Y no hay ningún tema —que yo sepa—. Y por lo tanto, la señora Presidenta estaba dando lectura ya al orden del día de la próxima sesión. Entonces, pido que termine la lectura del orden del día de la próxima sesión. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido, por favor, al diputado Parás.
El diputado Juan Manuel Parás González (desde la curul): Diputada Presidenta, es de mi conocimiento —puesto que además lo suscribí—, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a lo delicadísimo que ha sucedido en el estado de Chiapas. No en todo el estado.
Yo le pido, atentamente, obra en su poder con las firmas de los coordinadores o vicecoordinadores autorizados ante la Mesa Directiva, para que entre —de la manera más atenta— este punto que sí está listo para presentarse en este momento. Es un punto de acuerdo de varios diputados de las diferentes fracciones, a iniciativa de la diputada Arely Madrid Tovilla.
Si usted así lo considera, le agradeceríamos que lo pudiera agendar en este momento.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Sí, diputado Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Sí, gracias. El procedimiento y el acuerdo parlamentario establecen que para modificar la orden del día y meter un tema a discusión, tendría que haber acuerdo de la Junta. Evidentemente no procede ni siquiera discutir lo que dice el diputado Cristián, que está alterando por autoridad nada más, la sesión.
No está a discusión ese tema. No hay ningún acuerdo de modificar el orden del día, simplemente deséchese y que no se le interrumpa a la Presidencia en la lectura que la diputada Secretaria estaba haciendo del orden del día próximo.
Por cierto que el punto ése, de Chiapas, es correcto. Lo firmó la Junta de Coordinación para que se pudiera introducir. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Cristián.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Presidenta, se ha hecho una solicitud expresa a la Mesa Directiva, a su representación, y quiero pedirle que instruya a la Secretaría a dar lectura al artículo 18 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Artículo 18. El Presidente, en sus resoluciones, estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.
El diputado Cristián Castaño Contreras (desde la curul): Con fundamento en este artículo, Presidenta, se ha hecho una solicitud. Pido que se someta al pleno dicha solicitud.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado, nada más, antes de someter al pleno la solicitud que usted ha hecho, le quiero decir que en la Mesa Directiva tomamos un acuerdo y usted estuvo de acuerdo con eso.
La Mesa Directiva acordó que íbamos a tener el dictamen de la Comisión de Presupuesto y en cuanto tuviéramos el dictamen íbamos a convocar a reunión. Y no tenemos el dictamen ni tenemos tampoco los anexos. Ése fue un acuerdo que tomó la Mesa Directiva y usted también tiene que respetar los acuerdos de la Mesa Directiva. ¿Sí?
Todavía hablé con los diputados, con el diputado Larios para que nos hiciera llegar ese acuerdo y no existía. Acaban de llegar los diputados.
El diputado Cristián Castaño Conteras (desde la curul): Gracias, Presidenta. En seguimiento a los acuerdos, señora diputada Presidenta, la Mesa Directiva y los coordinadores parlamentarios, y usted misma solicitó a los integrantes de la Mesa Directiva que esta sesión en todo caso diera término hasta las cuatro de la tarde. Por alguna razón usted está pretendiendo cerrar la sesión antes de la hora acordada.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, le estoy diciendo que voy a someter al pleno lo que usted pidió. No me diga que quiero cerrar la sesión porque ése había sido el acuerdo de la mesa, ¿sí?
Por favor, proceda la Secretaría a leer el acuerdo de la Junta de Coordinación que nos acaba de llegar en este momento.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. Con fundamento en los artículos 28, 41 al 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por acuerdo de este órgano de gobierno, nos permitimos solicitar a usted, atentamente, que someta a consideración de la asamblea constituirse en sesión permanente con la finalidad de que se desahogue lo relativo a la discusión y votación del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular quedo de usted atentamente. Firma, el diputado Héctor Larios Córdova, Presidente, y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Tonatiuh Bravo, por favor.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Sí, Presidenta. No procede la petición en virtud de que el propio artículo 28 que aquí ha sido aludido, dice perfectamente de manera muy clara, que "serán permanentes las que se celebren con ese carácter". Pero dice muy claro "a efecto de tratar un asunto previamente determinado".
No hay asunto previamente determinado. No hay la sustancia que pudiera justificar la convocatoria a una sesión de carácter permanente. Le ruego, por tanto, diputada Presidenta, que dé por concluida la sesión y como ya se había instruido a la Secretaría, que se proceda a leer el orden del día de la siguiente sesión y la fecha de convocatoria, si es tan amable.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañero Tonatiuh Bravo, tengo que concluir la petición que me ha realizado la Junta de Coordinación Política, aunque es de aclararse que solamente vienen tres firmas. Viene la firma del PRI, del PAN y del Verde Ecologista. Tengo que someter al pleno la votación de modificar el orden del día. Tengo que hacerlo. Adelante. Es voto ponderado, compañeros, es voto ponderado.
Le dan sonido a la curul de la diputada Susana Monreal, por favor.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Señora Presidenta, solamente para decirle que aún siendo una propuesta de la Junta de Coordinación, no puede pasar por alto el que la Comisión de Presupuesto no ha sido notificada, no ha sido convocada, no hay ningún dictamen, no hay anexos revisados. No puede atropellar, aun siendo la Junta de Coordinación, a esta Comisión de Presupuesto, que es la comisión encargada de dictaminar y de presentar al pleno el dictamen para su discusión y su aprobación.
No sé por qué la Junta está metiendo eso si ni siquiera a la Mesa Directiva o a los integrantes ha consultado para ver si tiene los elementos de discusión que se presentarán aquí en el pleno.
Es por demás que se está cometiendo un atropello contra todos quienes integramos esta comisión que tiene por legalidad esta facultad de presentar al pleno. Es cuanto, señora Presidenta, solamente para recalcar la serie de atropellos que está cometiendo, aun siendo la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. El diputado Carbajal, le dan sonido por favor y después al diputado Tonatiuh.
El diputado Rogelio Carbajal Tejada (desde la curul): Gracias Presidenta. En primer lugar, señalar que la Junta de Coordinación Política está sometiendo al pleno, que es el único que puede solicitar o que puede aprobar mejor dicho, la solicitud de la Junta de Coordinación. No es la Junta de Coordinación la que está atropellando este pleno, será este pleno el que libremente decida la proposición de la Junta de Coordinación Política.
En segundo lugar, Presidenta, reiterar la petición que se ha hecho y que es muy clara respecto del artículo 28, que claramente establece que este pleno por mayoría puede prorrogar las sesiones y es justamente lo que se está pidiendo en este momento. Muchas gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado El diputado Tonatiuh tiene el uso de la palabra.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidenta. Es muy claro que la Junta de Coordinación Política también se debe ceñir a la Ley Orgánica del Congreso y al reglamento.
En el artículo 23 de la Ley Orgánica, que está por arriba del reglamento, dice claramente que son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva y dice: b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del pleno. Eso es una atribución y una facultad de usted como Presidenta diputada y, por lo tanto, le pido respetuosamente ejerza esa atribución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros diputados, quiero pedirle, permítanme un segundo, quiero pedirle a la Junta de Coordinación Política que se tome cinco minutos en subir aquí por favor. Tratar de llegar a un acuerdo compañeros. Permítanle la voz al diputado Gamboa, por favor.
El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Diputada Presidenta. Con el objeto de evitar que haya conflictos en un tema tan fundamental para la vida nacional, como es el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, propongo a usted someta a consideración del pleno si podemos convocar el próximo lunes a partir de las 11:00 de la mañana, para llevar a cabo este análisis del presupuesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a leer el orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Orden del día.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (15:28): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar el lunes 12 de noviembre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 10:00 horas.