La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:35 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Comunicación de la Mesa Directiva, con relación a dictámenes negativos a puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 26 y 27 de noviembre del año en curso de las siguientes comisiones: Derechos Humanos, de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Reincorporación. Comunicación del diputado Adolfo Escobar Jardinez, por el que informa que se reincorpora a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral de 2007, en Michoacán, con el que remite su informe final.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese el documento íntegro en el Diario de los Debates.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Junta de Coordinación Política
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 26 de noviembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.
Que el diputado Anuario Luis Herrera Solís cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted, atentamente, diputado Héctor Larios Córdova, Presidente.
Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, D. F., 15 de octubre de 2007.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:
Que el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa cause alta como integrante de la Comisión de Gobernación.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Héctor Larios Córdova, Presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo, México, D. F., 26 de noviembre de 2007.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8 tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Juan Manuel Parás González cause baja como integrante en la Comisión del Distrito Federal y que la diputada Lourdes Quiñones Canales cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Héctor Larios Córdova. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política, Palacio Legislativo, México, D. F., 26 de noviembre de 2007.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que la diputada Elda Gómez Lugo cause baja como integrante de la Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministro de Bienes de Consumo, de Compra-Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública otorgada por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, S.A. de Capital Variable, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.
Que la diputada Martha Hilda González Calderón cause alta como integrante de la Comisión de Investigación encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministro de Bienes de Consumo, de Compra-Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública otorgada por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, S. A. de Capital Variable, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, diputado Héctor Larios Córdova. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se adicionan los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba la proposición presentada por la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, informe a esta soberanía sobre los posibles trámites en materia de patentes iniciados por extranjeros que involucren al maguey al nopal, y las medidas que, en su caso, adoptaría el gobierno mexicano.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa…
El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Permítame la Secretaría. El diputado Alejandro Sánchez Camacho está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Sánchez Camacho.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde la curul): Gracias. Solamente para solicitar el uso de la palabra para razonar el voto en torno a este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. La intención es un razonamiento a favor de este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en virtud de que la siembra del nopal es en sí mismo un importante factor para la conservación de los suelos y preservación del medio ambiente, con la característica de requerir una baja demanda de agua y su tolerancia a condiciones adversas de clima, cuyo cultivo se localiza en las regiones áridas y semiáridas que abarcan más del 52 por ciento de la superficie territorial nacional.
En la actualidad los productores del nopal se ubican en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal, principalmente la delegación de Milpa Alta y los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla. Éstos aportan casi 95 por ciento de la producción nacional que en 2004 alcanzó un valor de mil 200 millones de pesos.
No debe soslayarse la importancia que adquiere el nopal mexicano en los mercados internacionales al representar 90 por ciento de las exportaciones del nopal verdura principalmente al mercado que constituyen los residentes de origen mexicano en Estados Unidos.
En el Primer anuario estadístico de la producción agrícola se registra que a nivel nacional, considerando los periodos de riego y temporal, la producción de nopal ha tenido un comportamiento a la alza durante el periodo de 1995 a 2004, con una tasa de crecimiento de 37.2 por ciento en la superficie sembrada, de 57.5 por ciento de la superficie cosechada y del 106 por ciento en la producción. Asimismo, el rendimiento promedio nacional se ha elevado de 46.4 a 60.7 toneladas por hectáreas.
Entre otras razones, por éstas, nos sumamos al punto de acuerdo que presenta la Junta de Coordinación Política en torno a exhortar a la Sagarpa para verificar lo que señala el propio punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Sánchez Camacho.
No habiendo ningún otro orador registrado para la discusión de este punto de acuerdo, consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba dicha proposición.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran los grupos de amistad de la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
En alcance al acuerdo por el que se integran diversos grupos de amistad, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 25 de abril de presente y con fundamento en el numeral 4 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno la designación de los diputados de la LX Legislatura que representarán a la Cámara de Diputados ante los siguientes grupos de amistad:
1. México-Alemania
Diputado (a):
Jorge Quintero Bello, presidencia
Martín Ramón Castellanos, secretario
María del Carmen Pinete Vargas, secretaria
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, integrante
Felipe González Ruiz, integrante
Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, integrante
Octavio Martínez Vargas, integrante
Andrés Carballo Bustamante, integrante
Elsa Conde Rodríguez, integrante
Diego Cobo Terrazas, integrante
2. México-Angola
Diputado (a):
Mónica Fernández Balboa, presidenta
Pedro Armendáriz García, secretario
Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, integrante
Irineo Mendoza Mendoza, integrante
3. México-Arabia Saudita
Diputado (a):
Sara Shej Guzmán, presidencia
Rafael Franco Melgarejo, secretario
Francisco Dávila García, integrante
David Maldonado González, integrante
Mario Alberto Salazar Madera, integrante
Francisco Santos Arreola, integrante
Manuel Portilla Diéguez, integrante
4. México-Argelia
Diputado (a):
Rafael Ramos Becerril, presidente
Demetrio Román Isidoro, secretario
Osiel Castro de la Rosa, integrante
Víctor Varela López, integrante
5. México-Argentina
Diputado (a):
Rosa Elva Soriano Sánchez, presidenta
Luis Gustavo Parra Noriega, secretario
Osiel Castro de la Rosa, integrante
Rubí Laura López Silva, integrante
Marisol Mora Cuevas, integrante
Andrés Lozano Lozano, integrante
Ana María Ramírez Cerda, integrante
Elsa Conde Rodríguez, integrante
Rosa Elia Romero Guzmán, integrante
6. México-Australia
Diputado (a):
Mónica Arriola Gordillo, presidencia
Carlos Eduardo Felton González, secretario
Alejandro Martínez Hernández, secretario
Oscar Mohamar Dainitin, integrante
Carlos Navarro Sugich, integrante
Adriana Vieyra Olivares, integrante
Odilón Romero Gutiérrez, integrante
Diego Cobo Terrazas, integrante
7. México-Austria
Diputado (a):
Lilia Guadalupe Merodio Reza, presidencia
Marcela Cuen Garibi, secretario
María Soledad López Torres, secretaria
Jorge González Betancourt, integrante
José Gildardo Guerrero Torres, integrante
Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante
Octavio Martínez Vargas, integrante
Elsa Conde Rodríguez, integrante
8. México-Bélgica
Diputado (a):
Alfonso Suárez del Real y Aguilera, presidente
Nelly Asunción Hurtado Pérez, secretaria
Ángel Humberto García Reyes, integrante
María Soledad Limas Frescas, integrante
María Sofía Castro Romero, integrante
Ramón Valdés Chávez, integrante
María Soledad López Torres, integrante
9. México-Belice
Diputado (a):
Aurora Cervantes Rodríguez, presidenta
María Esther Jiménez Ramos, secretaria
Carlos Augusto Bracho González, integrante
María Nieves Noriega Blanco, integrante
Irineo Mendoza Mendoza, integrante
10. México-Bolivia
Diputado (a):
María Victoria Gutiérrez Lagunes, presidencia
Holly Matus Toledo, secretaria
Silvio Gómez Leyva, integrante
Gerardo Priego Tapia, integrante
José Guadalupe Rivera Rivera, integrante
Rafael Villacaña García, integrante
Gustavo Pedro Cortés, integrante.
11. México- Brasil
Diputado (a):
Lourdes Alonso Flores, presidenta
Raúl García Vivián, secretario
Sergio Augusto López Ramírez, secretario
Juan Enrique Barrios Rodríguez, integrante
César Augusto Verástegui Ostos, integrante
Juan Victoria Alva, integrante
Darío Lemarroy Martínez, integrante
Cuauhtémoc Velasco Oliva, integrante
Gustavo Pedro Cortés, integrante.
12. México-Bulgaria
Diputado (a):
Oscar González Morán, presidencia
Ramón Amonte Borja, secretario…
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. Diputada María de los Ángeles Jiménez, ¿con qué objeto?
La diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo: Una vez que está publicado en la Gaceta Parlamentaria, propongo a la Presidencia someta a la consideración del pleno que se le dispense la lectura.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se pone a consideración del pleno, siendo que efectivamente ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria la integración de los grupos de amistad, si se dispensa la lectura de los mismos. Consulte la secretaría en votación económica dicha propuesta.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si dispensa la lectura de la lista de los integrantes de los grupos de amistad. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, se dispensa la lectura en virtud de que está publicado en la Gaceta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En votación económica consulte la Secretaría si se aprueba la integración de los grupos de amistad como ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado por mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
El Presidente Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite acuerdo relativo al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su impacto sobre el suelo de conservación del Distrito Federal.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a la Comisión del Distrito Federal para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en octubre de 2007, y que únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera, a mercancía perecedera.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite comunicación del senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De enterado.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve la minuta proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados:
Por el Grupo Parlamentario de Alternativa, la diputada Elsa Conde Rodríguez; por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Mónica Arriola; por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz; por el Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada María del Carmen Salvatori Bronca; por el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, la diputada Verónica Velasco Rodríguez; por el Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Aracely Escalante Jasso; por el Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Irene Aragón Castillo.
Tiene, entonces, esperando el registro de los demás grupos parlamentarios, el uso de la palabra, la diputada Elsa Conde Rodríguez, hasta por cinco minutos.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente.
Nuestro reto para el siglo XXI: ciudades seguras para las mujeres. Como integrantes de Alternativa, reconocemos el invaluable trabajo que desde el feminismo han realizado cientos de grupos de mujeres en nuestro país para hacer visible la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el simple hecho de serlo.
También reconocemos el avance que hemos tenido en la promoción de políticas públicas para erradicar la discriminación y violencia como algo natural en la vida de las mujeres. Pero la violencia sigue ahí, a pesar de los pesares.
Miles de mujeres duermen con el enemigo cada noche. Conviven en sus casas, en sus trabajos, en la escuela, en los espacios públicos con diversos tipos de violencia, y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo avanzar un trecho más? ¿Cómo avanzar no sólo en el ámbito legislativo y presupuestal como lo hicimos en este 2007, sino también con políticas públicas que sean efectivas para erradicar la violencia de género de nuestra vida cotidiana?
Sabemos que la violencia contra las mujeres tiene diversas facetas y que la violencia a la que más se exponen las mujeres y las niñas, es la violencia que se vive dentro de los hogares.
En este sentido los datos son reveladores. Más del 80 por ciento de la violencia que se logra documentar ocurre dentro de las cuatro paredes del hogar. Sin embargo, también es cierto que la violencia forma parte de un círculo vicioso donde la pobreza, como una carencia real y simbólica, es un factor que nos obliga a mirar más allá de nuestra condición y situación de género.
Fundamentalmente por la prensa y los medios masivos de comunicación, tenemos conocimiento de que Chimalhuacán se ha convertido en otro de los focos rojos en relación con la violencia hacia las mujeres.
Durante el 2006 se registraron 13 asesinatos de mujeres en este municipio. Y si bien este dato puede ser menor al que se registra en otros municipios del estado de México, Chimalhuacán se ha convertido en un lugar emblemático porque los asesinatos de mujeres se han equiparado con los que ocurren en Ciudad Juárez.
¿Qué condiciones comparten Chimalhuacán y Ciudad Juárez? ¿Por qué estos municipios pueden favorecer el asesinato de mujeres y la impunidad? Por lo menos encontramos dos características que es importante considerar:
La primera que comparten estas ciudades, es que son ciudades de migrantes. Familias completas o personas expulsadas por la pobreza de las zonas más marginales de este país.
En Ciudad Juárez, la industria de la maquila le ha dado trabajo a miles y miles de mujeres, pero ha dejado a un porcentaje importante de varones sin opciones de desarrollo y a niñas y a niños sin escuela. En Chimalhuacán se encuentra una fuerza de trabajo importante de migrantes para el área metropolitana.
La segunda característica que comparten ambas ciudades, es que su población creció y creció sin ninguna planeación urbana y sin servicios urbanos. El promedio de cuadras que caminaba una de las primeras chicas asesinadas en 2006 en Chimalhuacán para tomar el autobús era de 13 cuadras diariamente. Recorrido que hacía a las seis de la mañana, hasta que su agresor decidió violarla y terminar con su vida.
El promedio de una chica que trabaja en la maquila en Ciudad Juárez y que proviene de una de las colonias más pobres y periféricas para tomar el autobús e ir a trabajar, es aproximadamente de dos kilómetros diariamente.
En estos recorridos que las mujeres tienen que realizar, en ambos municipios, se encuentran cada día con terrenos baldíos y con zonas que son "tierra de nadie", como el puente del bordo de Xochiaca, en Chimalhuacán, y donde es común encontrar no sólo cadáveres de mujeres sino también de varones que han sido víctimas del narcotráfico.
Con el ejemplo de Ciudad Juárez y de Chimalhuacán, lo que quiero es observar cómo estas condiciones de vida urbana favorecen la presencia de violencia contra las mujeres y la impunidad. No quiero decir que cambiando el entorno urbano cambiará la cultura machista y misógina que todavía impera en nuestro país, pero son condiciones que podemos transformar y podemos transformar ya. Y una manera de transformarlas es construyendo ciudades y municipios seguros para las mujeres.
El concepto de ciudades seguras no es nuevo, existen ya ciudades en el mundo que han disminuido la violencia hacia las mujeres implementando este tipo de programas. Como es el caso de Québec y Montreal, en Canadá, y de Bristol, Manchester y Londres, en Inglaterra, sin embargo es una iniciativa poco conocida y de incipiente difusión en el resto del mundo.
Desde esta tribuna, el día de hoy proponemos al Ejecutivo que haga suya la iniciativa de las ciudades seguras y municipios seguros para eliminar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras legisladores, a nivel nacional un 43.2 por ciento de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja a lo largo de la última relación, a nivel nacional la violencia emocional se sitúa en 37.5 por ciento.
A nivel nacional la violencia económica se sitúa en 23.4, la violencia física se sitúa en 19.2, la violencia sexual se sitúa en 9 por ciento, la violencia comunitaria sin incidentes se sitúa en 60.3 por ciento.
A nivel nacional la violencia comunitaria con incidencia se sitúa en 39.7 por ciento. La violencia familiar a la mujer, sin considerar al esposo o pareja, sin incidentes, se sitúa en 84.1 por ciento. La violencia familiar a la mujer, sin considerar al esposo o pareja, con incidentes, se sitúa en 15.9 por ciento.
La violencia patrimonial en 94.2 por ciento. La violencia en el ámbito escolar se sitúa en 15.6 por ciento y en el ámbito laboral se sitúa en 29.9 por ciento.
En términos generales, es el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.
Esto, señores, es aterrador y es parte de la realidad mexicana. Año con año damos cuenta de la situación de violencia que viven las mujeres mexicanas. Una vez más estamos aquí conmemorando el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y la única constante sigue siendo, paradójicamente, la violencia que ha tocado nuestros límites, está a la vuelta de la esquina como siempre lo ha estado y tristemente espera a cualquier mujer.
En México, cada 14 segundos una mujer es maltratada en algún lugar y cientos de estos malos tratos terminan en asesinatos, terminan en funerales. Sólo el 8 por ciento de las mujeres mexicanas están libres de intimidación en los espacios públicos, lo que quiere decir que todas, de alguna u otra forma, hemos sufrido algún tipo de acoso en las calles.
Se trata de mujeres como nosotras, que son madres, hermanas, amigas o abuelas, y que diariamente luchamos por salir adelante y que nos vemos amenazadas por una sociedad donde ser mujer sigue siendo un riesgo.
Para que exista un cambio real debemos de asumir que la violencia está directamente relacionada con la falta de educación y oportunidades. Vivimos en un país en el que la discriminación, exclusión social hacia la mujer, forma parte de nuestro acontecer diario. Realidad que nos lleva a replantearnos cotidianamente el papel que juega la educación dentro de nuestra sociedad.
Es por esto que insistimos, una vez más, en que para Nueva Alianza el combate a la violencia es posible mediante una educación que transforme la manera de pensar y de actuar de hombres y mujeres. Entendamos de una vez que sólo con educación podemos transformar la cultura de la violencia, de la imposición y de la discriminación.
Hasta cuándo vamos a permitir que más mujeres formen parte de las estadísticas de discriminación, violencia y asesinatos? ¿Cuántas más tendrán que convivir por miedo, pena o desinformación con una pareja violenta? ¿Cuántas niñas ingresarán a las redes de explotación sexual y prostitución infantil?
Dejemos de soñar con una sociedad sin violencia; dejemos ya de discutir y demostremos con actos y hechos el compromiso que todos y todas nosotras tenemos no sólo con las mujeres, sino también con las niñas, con los niños, con los adolescentes, adultos mayores, discapacitados y con todas las personas que el día de hoy enfrentan la violencia diariamente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Mónica Arriola.
La Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los integrantes de diversas escuelas que participaron en el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México en el 2007.
Asimismo, damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de León, plantel Celaya, Guanajuato; y a nuestros amigos, adultos mayores del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Bienvenidos todos a la Cámara de Diputados.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 402 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un acto de reconocimiento por parte de la sociedad de este grave problema. Y hacemos votos porque en los próximos años se logre eliminar este día. Que no exista la violencia contra las mujeres, contra los niños.
Los obstáculos para lograr la igualdad de género y alcanzar los objetivos de Desarrollo Humano del Milenio propuesto en el seno de la ONU pasan por desterrar la violencia contra las mujeres y las niñas, que sin duda representan un severo problema social, psicológico y de salud pública. Lo anterior significa un enorme avance para fortalecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, es preciso señalar que esta violencia tiene su origen histórico-estructural en la base misma de la naturaleza de las sociedades clasistas y de los Estados defensores de los intereses de unos cuantos; porque el predominio de un sector social sobre otro que reviste la forma de clase, etnia, género o grupos dominantes sólo puede ejercerse mediante el esquema de la represión y la violencia.
Somos una sociedad violenta por naturaleza y eso nadie lo puede negar, porque es un hecho que se ha dado en todo el curso de las sociedades de clase a lo largo de la historia de la humanidad, donde las mujeres han sido también el flanco de ataque aunque no el único, pero sí el más persistente y cotidiano. La violencia es una acción que proviene de los Estados y se reproduce como cultura general al interior de las familias y de la sociedad.
Por esa razón, la lucha de las mujeres en todo el mundo y en nuestra nación, es una lucha justa que ha pasado no sólo por la inconformidad y la protesta, sino también por el reconocimiento de derechos y la protección social de parte de los Estados. Por esa razón se ha buscado elevar a rango de leyes estos derechos, los cuales están hoy asentados en los marcos normativos que regulan la vida institucional de nuestro país.
Sin embargo, a pesar de los grandes avances de regulación en materia de protección a las mujeres, los muestreos estadísticos señalan que las niñas y las mujeres en nuestro país continúan siendo objeto de una violencia con mayor saña por parte de los hombres que transgreden sus derechos.
En este mismo nivel se encuentra la violencia sexual contra ellas. Estudios efectuados muestran que la impunidad por esos actos, sean del fuero común o del federal, es sumamente grave y preocupante, dado que el 100 por ciento del abuso hacia las mujeres solamente un 2 por ciento es debidamente perseguido y castigado; mientras que el 98 por ciento corresponde a casos que son negativos en materia de procuración y administración de la justicia.
No debemos soslayar el hecho de que la primera parte de la impunidad está representada por la corrupción imperante en nuestro medio. La dominación que ha ejercido el sistema en la vida de las mujeres y niñas ha sido determinante para mantener un estado de cosas en el que las mujeres y niñas quedan desprotegidas y vulnerables a esos ataques.
Tal es el caso, como ejemplo reciente, el que corresponde a la forma en que fue tratado el caso de la periodista Lydia Cacho por parte de autoridades del gobierno de Puebla; desde el titular, Mario Plutarco Marín Torres, hasta agentes judiciales, pasando por la procuradora de Justicia de ese estado.
En todo el proceso relativo a este caso, de acuerdo con la información disponible en los medios, muestra que los derechos de la periodista fueron conculcados, trastocados por la vía de la corrupción y la impunidad, así como las leyes aplicables en la materia.
La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el gobernador citado y funcionarios de Quintana Roo participaron en un concierto de autoridades para violar los derechos humanos de la periodista. Más aún, debe mencionarse que la violencia hacia las mujeres y niñas no distingue limitantes en cuanto a edad, condición social, religión o raza, lo que hace que el problema sea mucho más serio de lo que aparentemente se considera.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país más de 30 millones de mexicanas, es decir, el 30 por ciento de la población total de México y el 60 por ciento de las mujeres, han padecido alguna forma de violencia y el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres ha ocurrido en sus hogares.
Por tanto, las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo ven con beneplácito la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Nuestro grupo parlamentario se pronuncia de manera enérgica por conmemorar una fecha como la hoy en comento, para que de forma integral se fortalezcan y ejecuten las acciones legales correspondientes que inhiban y sancionen severamente la violación de las niñas y de las mujeres. Es cuanto. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidente. Con su permiso. En cuanto a la violencia de género, pese a los avances, es evidente que hablamos de una realidad devastadora que persiste prácticamente en todo el orbe.
Como sabemos, fue en 1999 que las Naciones Unidas declararon oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En esta declaración va implícito un reconocimiento a que la denuncia, el análisis e investigación, la educación y la incidencia en política pública y en la legislación son tareas imprescindibles para la generación de cambios políticos, culturales y legales, sin los cuales es imposible avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Por ello, cada año al llegar este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la no Violencia y en todo el mundo mujeres y también hombres rendimos homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por régimen del dictador Trujillo, como imagen de las miles de mujeres que han muerto a causa de la violencia de género y también de quienes hemos sobrevivido a ella en cualquiera de sus formas.
En México tenemos, lamentablemente, muchas mártires; con enorme vergüenza debemos reconocer como sociedad que son miles ya las mujeres que la última década han muerto en todo el país a causa de la forma más extrema de género: el feminicidio.
Más de 200 mujeres en Ciudad Juárez y el doble de esta cifra en el estado de México, y no lo olvidemos, Ernestina Ascencio del Rosario, cuyo crimen sigue aún impune.
La conmemoración de este día está pensada justamente como una oportunidad para hacer un balance y dialogar de manera incluyente ambos géneros, haciéndonos cargo de que la violencia contra las mujeres es un flagelo de la sociedad contra ella misma y no una problemática sola del género que es víctima, como muchos parecen creer.
Cada 25 de noviembre mujeres en todo el mundo, en toda clase de foros y espacios, decimos, en voz alta, que no perseverar en el trabajo de erradicar la violencia nos hace cómplices, nos denigra y pone en riesgo a todas y todos.
En México, en los últimos años hemos tenido avances importantes que reconocemos con enorme gratitud y admiración hacia el esfuerzo de tantas mujeres que han dedicado su vida desde la academia, la sociedad civil organizada, y también desde la política, a la lucha contra la violencia de género.
Entre esos avances se hallan, sin duda, la entrada en vigor en los últimos cinco años de una Ley Federal Contra la Discriminación y dos nuevas leyes que mandatan coordinación a nivel de los tres órdenes de gobierno.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que estas leyes cumplan su cometido en lograr equidad y erradicar la violencia, constituye uno de los desafíos más grandes e imperiosos de nuestro país, puesto que una sociedad que permite y tolera la violencia contra las mujeres no será nunca realmente desarrollada ni justa, ni pacífica y mucho menos democrática.
No podemos concluir este balance sin reconocer que en muchas entidades aún persisten disposiciones legales que, a la luz de la nueva Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, son claramente ineficaces en términos de procurar justicia y lo peor, gravemente violatorias de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, desde esta tribuna, saludamos a los Congresos estatales que han actualizado su legislación en la materia y al mismo tiempo quiero realizar un respetuoso exhorto a mis colegas legisladores de los estados, que tienen rezago a este respecto, para que, de conformidad con lo que establece el artículo octavo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, armonicen su legislación local y no se prive a ninguna mujer en la república del gran avance que representa la nueva ley.
Asimismo, no podemos obviar que se debe proceder penalmente con mayor firmeza contra los agresores, porque la impunidad es una agresión más, a la vez que una incitación a mayor violencia.
Urge también contar con más refugios donde poner a salvo a las mujeres cuya vida corre peligro a causa de la violencia, trabajo interdisciplinario para apoyar a cada sobreviviente con políticas de capacitación y empleo, con política de vivienda y, en suma, con un sistema preparado para ofrecer una nueva oportunidad de vida a las sobrevivientes.
Cuando esta problemática ha alcanzado, en términos oficiales, tal nivel de reconocimiento, es momento de exigir que se traduzca en un sistema de procuración de justicia que garantice verdaderamente a las mujeres que el Estado mexicano se hace responsable de proteger el derecho humano que todas tenemos, a no ser agredidas en ninguna forma y conservar nuestra integridad y por supuesto, nuestra vida. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada María del Carmen Salvatori Bronca. Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, siendo mujer no podría dejar de recordar aquel mensaje que emitiera el ex secretario general de las Naciones Unidas, Cofi Annan, en la ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el año 2003. Al recordarlo, confirmo mi convicción de que la violencia en base al género es la más vergonzosa violación a los derechos humanos.
Cada año se da muerte a un número extraordinario de bebés por el simple hecho de ser niños. Millones de mujeres acaban mutiladas, apaleadas o quemadas vivas, despojadas de sus derechos ante la ley o compradas y vendidas como esclavas —ya sean domésticas o sexuales—, en un comercio de mujeres que nadie admite, pese a ser tan evidente en todos los rincones del mundo.
El aumento de estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres se debe, en parte, a que la mayoría de los abusos no salen a la luz. En muchos países la violencia doméstica representa la mayoría de los ataques violentos que sufren las mujeres, incluso, cuando tal violencia está prohibida por la ley.
A casi 50 años de institucionalizado el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación de las mexicanas continúa marcada por la discriminación y la violación a sus derechos fundamentales. Para no ir más lejos, recordemos los asesinatos de Juárez y las redes de pornografía infantil que aún no han podido ser resueltos.
De acuerdo a datos del Instituto de las Mujeres, en nuestro país, una de cada cuatro sufre violencia doméstica; una de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación; una de cada cuatro es acosada sexualmente en el trabajo.
Parece mentira que en pleno siglo XXI persista la exclusión, la explotación y la violencia hacia las mujeres, lo que sigue considerándose como algo normal, y peor aún, con frecuencia resulta invisible hasta para las propias mujeres maltratadas.
Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia, exigir responsabilidad de los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas.
El incumplimiento de sus obligaciones es totalmente inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable, es normal y, en los peores casos, es merecida.
El resultado es que se niega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos.
Todos tenemos la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolera la violencia contra las mujeres y contra las niñas. En el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos casos queden impunes.
La violencia contra la mujer, compleja y diversa; sus manifestaciones física, sexual, emocional y psicológica pasaron del plano privado al dominio público, en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, dando paso este año al decreto de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promovida por la Comisión de Equidad y Género, que establece la transversalidad de las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas aquellas mujeres de este país, y es obligatoria para los tres niveles de gobierno.
Esta ley, en apego a la Constitución, a los tratados internacionales ratificados por México, prevé la coordinación, la colaboración en la concertación con los sectores de la administración pública federal, estatal y municipal, con los Poderes Judicial y Legislativo, federal y local, así como la cooperación con órganos autónomos, instituciones académicas, centros de investigación, organismos de la sociedad civil nacional e internacional, sector privado y otros actores de la sociedad, asumiendo todos el compromiso de un pacto social que sume esfuerzos para lograr la transformación en el ámbito público y privado.
La igualdad de derechos para todos es la garantía que se supone tenemos todos los seres humanos, sin que importe quiénes seamos o el papel que desempeñemos en la sociedad. Pese a ello, diariamente en muchos lugares del mundo estos derechos se siguen negando a todas las mujeres.
Les agradezco mucho su atención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Verónica Velasco Rodríguez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aracely Escalante Jasso, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La diputada Aracely Escalante Jasso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de esta tribuna para reflexionar sobre la conmemoración del 25 de noviembre, fecha que nos recuerda la historia de las hermanas Mirabal, asesinadas precisamente un 25 de noviembre de 1960.
Mujeres que se opusieron fervientemente contra el dictador Trujillo, fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1999, a solicitud de la República Dominicana como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contó para su aprobación con el apoyo de más de 60 gobiernos y su objetivo es que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo, de manera conjunta, acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones.
El pasado 25 de noviembre en México, al igual que en muchos otros países, fue un día de acción, se llevaron a cabo diversas actividades en distintas ciudades del país, que tuvieron como protagonistas a las mujeres reclamando su derecho a la justicia, por un no a la impunidad, y por el fortalecimiento de las instituciones de mujeres que atienden la erradicación de la violencia.
El reclamo se centró también, en pedir que las políticas públicas atiendan como corresponde, según lo establece la legislación, a las mujeres víctimas; pero, sobre todo, para que se haga una efectiva prevención que yo creo que eso es algo muy importante, independientemente de la violencia, hay que saber prevenir, por eso la importancia de que se remarque tanto la palabra prevención.
No obstante lo anterior, a pesar de las estadísticas, aún el costo humano de la violencia de género es significativo, los números son contundentes, en pleno siglo XXI aún persiste la exclusión, la explotación y la violencia hacia las mujeres, sobre todo en las comunidades más apartadas de nuestro país, lo que sigue considerándose como algo normal.
El miedo y la vergüenza siguen impidiendo que muchas mujeres denuncien su situación y por ello, los datos recogidos son a menudo insuficientes e inconsistentes. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han alcanzado logros significativos para sacar el tema a la luz pública e incluirlos en la agenda de las política internacional y nacional.
México ratificó como un hecho histórico, el 14 de diciembre de 2001, en el Senado de la República, el Protocolo facultativo para la Eliminación de todas Formas de Discriminación en contra de las Mujeres, su siglas son la CEDAW, que es más conocida.
Actualmente, los temas de violencia contra las mujeres ocupan los primeros lugares a nivel nacional, ello se aprecia en una amplia gama de esfuerzos innovadores, como son la prestación de servicios, el cabildeo y la redacción de proyectos de ley.
La concientización del problema a nivel legal, la educación y formación en la creación de redes regionales, nacionales e internacionales, que trabajan para consolidar una cultura que termine de una vez por todas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
Gracias a estos esfuerzos, hoy más de 45 países, entre ellos México, tienen ya una legislación específica sobre violencia contra la mujer y un creciente número de países ha instituido planes nacionales de acción para acabar con este fenómeno que afecta no sólo a las mujeres, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, la falta de los recursos adecuados, adecuados para aplicar estas políticas siguen impidiendo su progreso. El reto más importante sigue siendo, pasar de la conciencia de que se trata de una violación de los derechos humanos, de un delito, a hacer de la violencia de género algo inaceptable para la sociedad y contrario a sus normas.
Por ello, es necesario seguir trabajando conjuntamente los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la familia, los legisladores y sobre todo los organismos internacionales. Es necesario enfrentar este reto de forma contundente y aportar la voluntad política, el compromiso y el valor para erradicar esta laceración de la vida humana.
Estas palabras son un llamado de atención sobre este problema que contradice la formación de una sociedad justa e igualitaria. Son también un homenaje a las mujeres del mundo y de México que han sido víctimas de la violencia familiar. Basta ya, cero tolerancia, a la violencia contra las mujeres. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias diputada Araceli Escalante Jasso. Tiene el uso de la palabra la diputada Irene Aragón Castillo, del PRD.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a nuestros invitados, me voy a permitir mencionarlos a todos, antes de que comience la diputada, porque los tenemos parados, a nuestros niños y a nuestros invitados jóvenes, porque las sillas de arriban están mojadas.
Les damos la más cordial bienvenida a la escuela primaria Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, a la Universidad Contemporánea de Querétaro y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sean ustedes bienvenidos, y les ofrecemos una disculpa por las incomodidades. Gracias.
Perdón, diputada, adelante.
La diputada Irene Aragón Castillo: Permiso, diputada Presidenta.
El pasado domingo se dieron cita cientos de mujeres de todo el país en diversas plazas de las ciudades para denunciar la violencia que hoy en día siguen padeciendo. Más allá de las declaraciones de nuestros gobiernos y de las buenas intenciones de las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas.
Las páginas de los diarios y noticieros dan cuenta, a través de la nota roja, del número de mujeres y niñas que a diario son abusadas sexualmente, golpeadas y/o asesinadas por el sólo hecho de eso, de ser mujeres.
En una sociedad como la nuestra, en la que la lucha contra todo tipo de discriminación no sólo está consignada en nuestra Carta Magna, sino que ha dado lugar a grandes reformas jurídicas tendientes a garantizar los derechos de todas y todos. Causa una gran preocupación que, estadísticamente hablando, figuremos entre los países identificados por su alto índice de violencia hacia las mujeres.
Por ejemplo, la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 revela que la violencia contra las mujeres, perpetradas por la pareja alcanzó 43 por ciento a nivel nacional, con porcentajes que van del 54 por ciento en el Estado de México, a 33 por ciento en el estado de Coahuila.
Así pues, la encuesta 2006 nos revela que el 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más declaró al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario escolar o laboral o en el espacio familiar y de pareja.
Esto que los y las estudiosas en la materia han dado en llamar violencia en género es consecuencia directa de la forma en que se manifiestan las relaciones de poder. Históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Relaciones que han propiciado la dominación del hombre sobre la mujer. Su discriminación y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.
Para que esta violencia —la de género— sea posible tiene que darse como condición la existencia de un desequilibrio de poder, basada en la consideración de un sexo superior al de otro.
De ese modo se entiende la violencia de género como aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que por ese sólo hecho se le es socialmente tolerada.
Aún hoy, con los cambios políticos sucedidos en nuestro país, las mujeres continuamos luchando por erradicar la cultura de la violencia hacia nosotras y desde distintos espacios enfrentamos esta tarea.
Las servidoras públicas, las legisladoras, profesionistas, amas de casa, sexoservidoras, etcétera, todas tenemos un mismo fin, realizar acciones para investigar, entender, sensibilizar, prevenir, modificar las situaciones de violencia vividas por las mujeres y que por lo general reproducen en sus hijas e hijos, generando el fenómeno conocido como la violencia en cascada.
Es necesario generar un proceso reeducativo y consciente con las mujeres y los hombres; crear una nueva relación familiar, cultural y social para esas niñas y niños que son las nuevas generaciones responsables de terminar con los ciclos de violencia, y de esta forma construir una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia social para todos y para todas.
Sabemos que el trabajo es arduo. Modificar las conductas sociales abarca un buen número de generaciones, pero esperamos que este nuevo siglo por fin, el siglo en el que tanto mujeres y hombres construyamos una sociedad en la que ser mujer y ser hombre sea una forma de designar personas más libres, solidarias, responsables y justas, y que en conjunto construirán la nueva historia de nuestro país.
El grado extremo de esta problemática vivida en nuestro país está claramente reflejada en los feminicidios, resultado de más de una década de violencia de género en un espacio físico amenazante, ausente de respeto para los derechos humanos de las mujeres, con impunidad, complicidad, falta de voluntad política e ingobernabilidad.
Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no han sido resueltos. Las condiciones sociales y políticas que dieron origen a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, para Juárez siguen vigentes, por lo que no puede minimizarse ni despreciarse su riesgo a desaparecer.
Es preocupante que esto no sea de interés del gobierno federal, sobre todo por su intención de traspasar la comisión a Inmujeres, quien —como se sabe— está limitado jurídicamente para actuar sobre el particular.
Cuando se habla también de delitos sexuales, el grado de impunidad es alto. En ello encontramos diversas causas entre las que destacan la falta de profesionalismo en los métodos de investigación y la doble victimización de la agredida, los cuales son aspectos que provocan la desconfianza de la víctima en las instituciones encargadas de impartir justicia, y por tanto, la disminución en el índice de las denuncias.
Así entonces, en el territorio nacional la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en 10 entidades federativas niveles por encima del promedio nacional. En orden descendente en primer lugar lo ocupa Jalisco, con 78 por ciento, le sigue el estado de México, el Distrito Federal, Colima, Aguascalientes, Durango, Puebla, Morelos, Sonora y Chihuahua.
Es urgente priorizar la discusión sobre la reforma de la impartición de justicia que contemple incorporar la adición de género, pues no basta que haya leyes, también es necesario contar con personal sensible y con una ética que las elabore, defienda y aplique. Sólo de esta forma garantizaremos el funcionamiento de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de esta problemática.
Por otra parte, no quiero dejar de mencionar —antes de concluir— la responsabilidad tan importante que hoy recae en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el acceso de las mujeres, y a nuestra infancia, a la justicia y a una vida libre de violencia.
Sin duda alguna, el caso que hoy discuten los magistrados marcará, ya sea una tendencia hacia la democracia mediante el respeto y la protección de nuestros derechos humanos, o hacia la impunidad y a la ilegalidad mediante la protección de hombres con poder e influencia que pervierten la función del servicio. Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Irene Aragón Castillo.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones de un grupo de integrantes de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, encabezado por su presidente, el diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco y los vicepresidentes Ramón Contreras y Ambrosio Bartilotti. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos éxito durante su estancia en nuestro país. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Alma Hilda Medina Macías: En toda la historia de la humanidad la violencia contra las mujeres ha estado inmersa y por mucho tiempo en silencio; desde costumbres y ritos, por mencionar algunos, como en África que se acostumbraba la castración femenina para evitar el placer sexual. O en los países musulmanes la lapidación por motivos de infidelidad cuando la mujer era casada; y cuando se era viuda y soltera y se sospechaba que podía mantener relaciones sexuales con algún hombre, también tenía esta muerte.
Pero qué decir en nuestro México, en donde la mujer aunque ya se va a casar, se intercambia por ella algún tipo de ganado o cosas peores, como el llamado "ejercicio de la sábana blanca".
La violencia, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.
Esto es un problema de Estado de salud, social, cultural y en donde todos, como ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de esta sociedad, somos corresponsables de este mal que afecta a más de la mitad de la población, hombres y mujeres, niñas y niños, ya sea como entes violentos o como seres violentados.
La violencia puede ser ejercida física, emocional, sexual, patrimonial y según sus ámbitos de concurrencia que puede ser el familiar, laboral y docente en la comunidad institucional, así como la violencia feminicida.
Para los mexicanos y las mexicanas por la no violencia hacia las mujeres, debe ser parte integral de nuestro compromiso con la plena vigencia de los derechos humanos y de igualdad.
Algunos estudios en México marcan en el ámbito laboral que 3 de cada 10 mujeres han sufrido un incidente violento, ya sea desde el acoso, discriminación, hostigamiento y hasta el abuso sexual. Y qué decir de las mujeres de más de 15 años en los ámbitos comunitarios escolar o en el espacio familiar y de pareja, que asciende al 67 por ciento a nivel nacional.
Podremos numerar tantas y tantas estadísticas que nos lastiman y que nos han dejado marcadas para buscar mejores condiciones de vida. Pero hoy en día, la mujer cuenta con una herramienta muy importante como lo es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, en donde se contempla la creación de un sistema nacional para prevenir y atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que está en vigor a partir del 2 de febrero de este año.
El Instituto Nacional de las Mujeres, las instancias estatales y las instancias municipales, son instituciones que favorecen acciones a favor de la mujer transversalizando en los ámbitos de la administración pública la perspectiva de género.
En el Presupuesto 2008 las legisladoras y los legisladores de esta Cámara de Diputados, ocupados en solucionar este mal, aprobamos un presupuesto de más de 7 mil millones de pesos para impulsar y fortalecer programas y acciones a favor de las mujeres, como lo es el Promusac, las instancias de cuidado y todo lo que va enfocado en el ámbito de salud. Falta mucho por hacer, pero la prevención debe ser el mejor aliado para todas y todos: gobierno y ciudadanía.
Urge la educación a hombres y mujeres en un plano de igualdad de derechos. El machismo es un lastre que lapida la dignidad de las mujeres. Necesitamos redoblar esfuerzos y trabajos para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad.
Por lo anterior dicho por una servidora los invito a que juntos, sociedad y gobierno, construyamos un país libre de violencia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada. El siguiente punto del orden del día son las iniciativas. Vamos a iniciar con la iniciativa de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la ponente. Ésta, en lugar de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, que aparece en la agenda que ustedes tienen.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: El pensador alemán Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que en el mundo hay ya demasiados males reales, como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios que, además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos. Esto es lo único que logra la superstición necia y malvada.
Esta reflexión escribe fielmente lo que ocurre con la planta de la cannabis en nuestra sociedad y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana.
El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de ocho mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la colonia.
Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos, rituales y lúdicos se encuentran plenamente documentados y forman parte importante todavía de la tradición popular.
Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de perjuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un grave daño a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente y ni siquiera por abusar de ella. Una cualidad de la que carecen muchas otras substancias, incluso legales y reguladas, como el alcohol o el tabaco.
En resumen, reconocemos que eventualmente el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar en problema de salud pública, pero lo que más daña a nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta.
Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida.
Buscamos también hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco del Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libre elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada; siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social.
Para los consumidores, proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad actualmente vigentes por otras informativas y educativas, que permitan proteger de modo efectivo su salud y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario.
Nuestra propuesta contribuye también a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ella reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias.
Hacemos énfasis también en que la iniciativa considera y observa las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades.
Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas, contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente.
Proponemos, por tanto, una definición mucho más precisa que remita a la Ley General de Salud y que permita que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable. La Constitución en su artículo 18 ordena que los sistemas penales federales y estatales orienten su función en relación con el trabajo y la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa. Pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud, cuando se trata de consumidores.
En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal, para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal. Proponemos así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afecten a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos.
Los consumidores, definidos por la cantidad de Cannabis que se presumirá, son para consumo penal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En ese caso, proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal, de hasta tres plantas de Cannabis en los hogares.
En Alternativa Socialdemócrata, tenemos la convicción de que solo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos.
Señora Presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y también le solicito en nombre de los integrantes del "Grupo Cánamo", aquí presentes, que nos permita entregarle el original de esta iniciativa, impresa en papel cáñamo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Le dan sonido por favor a la curul del diputado Suárez del Real.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Presidenta, si me permite a través de su conducto, solicitarle a la proponente si puedo adherirme a la iniciativa que se ha presentado, cuyo valor me parece que es sustantivo y fundamental para las acciones que ahí se han propuesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Elsa, ¿acepta usted la propuesta?
La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (desde la curul) Acepto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La acepta, diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia.
Se recibió del diputado Éctor Ramírez Barba, iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, suscrita por diversos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landero, del grupo parlamentario del PRI. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 93 de…No está, vamos a posponer su presentación.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La educación es el motor de cualquier país para el desarrollo económico y social, por tanto, tomando como sustento el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, la educación que imparte el Estado tendera a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Desgraciadamente los resultados de la educación en nuestro país reflejan la falta de calidad en la enseñanza y el deficiente combate al rezago educativo en el grueso de la población.
Prueba de esto fueron los resultados de las evaluaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en done los alumnos mexicanos se posicionaron en los últimos lugares, llegando a la conclusión que se necesita una medida urgente para mejorar el sistema nacional de educación.
Asimismo, en agosto del presente año, el titular del Poder Ejecutivo federal dio a conocer los resultados de la prueba Enlace, implementada por la Secretaría de Educación Pública, en donde revela que el mayor avance en las escuelas se ha visto en las escuelas particulares de tercero de secundaria; mientras que entre las escuelas públicas, particularmente en las telesecundarias que se ubican en las zonas marginadas y de pobreza, el nivel de insuficiencia creció en un 4.5 por ciento.
Este dato es alarmante debido a que la educación impartida por el Estado está muy por debajo de la media, dejando en claro que la brecha entre colegios particulares y públicos se ha acrecentado.
Aunado a los problemas sociales que perjudican el rendimiento escolar se encuentra la deficiente canalización del gasto educativo, debido a que mucho del presupuesto se malgasta en gasto corriente y por tanto, no se ve reflejado en la calidad de la educación.
Sin embargo, no estamos manifestando que los recursos destinados a educación sean suficientes, pero sí deben llegar a cumplir ese objetivo final, que es el de la mejora del sistema nacional de la educación.
Como legisladores debemos estar concientes que el presupuesto destinado a educación no se tiene que vislumbrar como un gasto, sino como una inversión que se verá reflejado en la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional.
Asociado a lo anterior expuesto, la evaluación educativa no se debe de quedar solamente en los alumnos, sino también en el personal que imparte los conocimientos, debido a que se tiene que identificar en todos los sentidos las fallas en el sistema de aprendizaje con la intención de poner una mayor énfasis en lo que está provocando el estancamiento de la educación en el país.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma al mandato por parte del titular del Ejecutivo federal para que se establezca el sistema mexicano de evaluación educación, en donde se identifique el desempeño de estudiantes, maestros, directores, jefes de zona y autoridades, no con la intención publicitara de evidenciar el desempeño del profesorado, sino con la finalidad de mejorar la calidad de la educación impartida y así poder capacitar al magisterio en métodos de enseña más efectivos.
Por tanto, con métodos de evaluación que podrá ser mejorado con éxito el sistema nacional educativo, debido a que los resultados que obtengan los maestros en sus exámenes serán públicos, con la finalidad de que la sociedad y los padres de familia estén informados de la calidad de educación que están recibiendo los niños y jóvenes en cada institución educativa, de cada entidad federativa del país.
Sin embargo, el sistema de evaluación no se debe instaurar sólo como una acción sexenal, sino que se debe establecer en la ley que la Secretaría de Educación Pública instrumente un sistema evaluativo que permita identificar los problemas en la educación de nuestro país, para así poder garantizar la calidad educativa impartida por los maestros.
Diputada Presidenta, le pido que se inserte íntegra la iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Cámara les da la más cordial bienvenida a nuestros visitantes y les ofrece las disculpas por el estado en que los tenemos, parados, al Colegio Intercanadiense del Estado de Puebla y a los invitados especiales del distrito electoral de Matehuala, San Luis Potosí, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
Se recibió de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Diputadas y diputados, el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, actualmente es un instrumento financiero creado en 1996 con la finalidad de contar con una fuente permanente de recursos, para solventar las acciones del estado en las atenciones de desastres naturales.
Este instrumento del Fondo de Desastres Naturales es y ha sido vulnerable a la corrupción, ya que se ha denunciado que autoridades de toda índole han desviado o almacenado por tiempo excesivo, que trasciende al término de la emergencia, los insumos que reciben con el fin de utilizarlos posteriormente para otros fines, privando a la población afectada del beneficio de su utilización en su momento respectivo.
De acuerdo con dichas reglas y una vez emitida la declaratoria, los recursos autorizados son ejercidos por la federación y por las entidades federativas, a través de los propios fideicomisos o bien por medio de las dependencias y entidades locales y federales, que correspondan de acuerdo a la naturaleza del gasto.
En el caso de los recursos ejercidos directamente por la federación, ya sean provenientes de la afectación del fondo revolvente, del fideicomiso Fonden federal, o directamente del Programa Fonden a través del Ramo general 23, existe ya un mecanismos de fiscalización bien establecido, a través del cual se garantiza la transparencia en la rendición de cuentas en su ejercicio.
Sin embargo, los recursos que ejercen las entidades federativas y los municipios, una vez que son entregados por el fideicomiso estatal a las dependencias a las que corresponda su ejercicio, no están sujetos a reglas claras que garanticen una adecuada fiscalización para evitar que sean desviados a fines ajenos, a la situación de desastre o que incurran en prácticas de corrupción.
Respecto a la fiscalización, la ley federal en la materia dispone que, para el caso de los recursos federales ejercidos por autoridades locales, fideicomisos y particulares, se llevará a cabo el control a través de convenios, de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los Congresos locales.
Sin embargo, los convenios suscritos se limitan a la fiscalización de los recursos del Ramo 33 y del FAFEF, ignorando por completo los relativos al Fonden, por lo que las previsiones establecidas en las reglas de operación son letra muerta.
Incluso, el documento titulado Evaluación del Fondo de Desastres Naturales, en el ejercicio 2005, elaborado por el Colegio de México (Colmex), a petición de la Secretaría de Gobernación, señala que los estados y municipios recurren a los recursos del Fonden como un medio de reposición de fondos exigibles a la federación y para financiar acciones con el fin de subsanar fallas de planeación y operación gubernamental.
En razón de lo anterior, me sumo a la iniciativa ya presentada en el Senado, y presento a consideración la presente iniciativa para definir el control y la fiscalización de los apoyos que brinda el Fondo de Desastres Naturales, con el objeto de cubrir precisamente esas lagunas y garantizar que la ayuda canalizada a través del Fonden y sus instrumentos, lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, de manera incondicional y en el momento preciso.
De esta manera, a su vez, propongo en primera instancia reformar los artículos 13 y 31 de la Ley General de Protección Civil, para establecer que los convenios que se firmen entre las autoridades locales y federales, contengan las disposiciones relacionadas con el control y fiscalización de los recursos materiales y financieros del Fondo de Desastres Naturales.
En la misma ley proponemos la adición de un artículo 37 Bis, que reitera las disposiciones contenidas en otras leyes aquí mencionadas con relación a que los apoyos federales que canaliza al Fonden, a los niveles locales, a través de sus diversos instrumentos, no pierdan el carácter federal para efectos de control y fiscalización, sujetándose a las leyes aplicables en esta materia.
En el mismo artículo 37 Bis establecemos que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, así como los órganos competentes de las autoridades locales, diseñen e implementen esquemas que garanticen la transparencia, control y eficiencia de los recursos del Fonden y que estos esquemas formen parte de las reglas de operación y de los convenios correspondientes.
Asimismo, señalamos que los funcionarios de cualquier nivel que incurran en desvío de los recursos materiales o financiero del Fonden, serán sancionados conforme al Título Cuarto de la Constitución federal y sus leyes reglamentarias, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Finalmente —ya para concluir—, proponemos reformar el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referido al gasto federal en las entidades federativas para que el Fondo de Desastres Naturales forme parte intrínseca en la suscripción de convenios, para que se fiscalicen sus recursos en todas sus etapas, de acuerdo, como lo enmarca la Ley de Fiscalización Superior de la Federación respecto a los recursos federales, así como la Ley de Protección Civil.
La naturaleza de los recursos del Fonden, cuyo fin es estrictamente humanitario al ser aplicado para la restitución de la infraestructura y el patrimonio de la población afectada, exige que su ejercicio esté respaldado por prácticas estrictas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, trascendiendo en este ámbito las acciones meramente cuantitativas para enfatizar en las de carácter cualitativo.
Ruego a usted, señora Presidenta, que sea inscrito el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Quiere hacerle alguna referencia al diputado?
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Sí.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul, por favor, de la diputada Mónica.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por su conducto, para preguntarle al diputado, si acepta que me pueda yo sumar a su iniciativa.
El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Con mucho gusto, y bienvenida.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: El suscrito, diputado federal Moisés Félix Dagdug Lützow, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con objeto de que los municipios fronterizos de Balancán y Tenosique, de Tabasco, así como los de Campeche y Chiapas, adquieran la condición de región fronteriza para los efectos fiscales.
Suscriben la presente iniciativa, junto con un servidor, las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Layda Sansores, de Convergencia; Gerardo Priego, del PAN; Aracely Escalante, del PRI; Silbestre Álvarez; Roberto Mendoza, Héctor Narcia, Francisco Sánchez, Pedro Landero, Rutilio Escandón, Holly Matus, Carlos Morales y Martín Ramos.
Exposición de motivos
El artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa de 10 por ciento y no la tasa general de 15 por ciento a los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleva a cabo en esa región.
La aplicación de la tasa de 10 por ciento en el artículo antes aludido se ha justificado bajo el hecho de que las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el consiguiente impacto desfavorable en la economía de dicha región.
Sin embargo, dicho precepto no considera a los mexicanos que habitan la región fronteriza colindante con la República de Guatemala, que igualmente enfrentan problemas de competitividad impositiva.
Tabasco comparte con la República de Guatemala una franja fronteriza de 118 kilómetros, cuyos límites abarcan los municipios de Balancán y Tenosique, mismas jurisdicciones que han venido padeciendo los efectos de esta dispar competencia impositiva, particularmente los impuestos al consumo, motivo por el cual resulta impostergable atender la existencia de dichas circunstancias.
Es importante señalar que los municipios antes citados cuentan con una economía poco desarrollada, basada en actividades económicas correspondientes fundamentalmente al sector primario. No crecen, no hay generación de fuentes de trabajo y su población es expulsada a los centros urbanos de Tabasco, del Distrito Federal y los Estados Unidos de Norteamérica, por ello es urgente promover su desarrollo económico.
Particularmente la presente iniciativa tiene el espíritu de plantear la necesidad de contar con tasas impositivas competitivas frente a los países vecinos, en virtud de que, por ejemplo, en Estados Unidos los gravámenes al consumo observan impuestos del 6 al 8 por ciento, por eso la necesidad de que nuestros connacionales que habitan en las regiones fronterizas contiguas con dicho país, o bien cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como el caso del estado de Quintana Roo, gocen de una tasa preferencial reducida en el impuesto al valor agregado.
En el caso de los estados del sureste mexicano, este asunto sólo se circunscribe a la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica. En ese sentido, es urgente modificar el actual sistema fiscal en esta zona del país, cuando es cuestionable que la situación y oportunidades de desarrollo no son homogéneas para todas las regiones del país.
Es con esos razonamientos que se propone se aplique el mismo trato fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza del norte del país y la del estado de Quintana Roo a los municipios fronterizos del sur del país, con la finalidad de promover su economía y proyectar su situación competitiva en un entorno globalizado.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se forma el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Artículo único. Se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea en Sonora; Candelaria y Calacmul en Campeche; Amatenango de la Frontera, Tejucal de Ocampo, Benemérito de las Américas, Cacahuatán, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Independencia, La Trinitaria, las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Márquez de Comillas, Mazapa de Madero, Motocintla, Ocosingo, Suchiate, Tapachula de Córdova y Ordóñez; Tuxtla Chico, Unión Juárez y Comitán de Domínguez en Chiapas; y Balancán y Tenosique en Tabasco, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites.
Al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio Plutarco Elías Calles. De ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco. De ahí siguiendo el cauce de ese río hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional.
Transitorio único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Moisés Dagdug Lützow.
El diputado Jorge Rubén Nordhausen González (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: El diputado Jorge Nordhausen está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido a la curul del diputado Nordhausen.
El diputado Jorge Rubén Nordhausen González (desde la curul): Sí, Presidente, para preguntarle al diputado Moisés Dagdug si tuviera algún inconveniente en que me sumara a su iniciativa.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Acepta con gusto, diputado Nordhausen. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra a la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada María Mercedes Colín Guadarrama: Con su permiso, señor Presidente.
La suscrita integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
En el imperio romano las personas formaban mutuales que consistían en crear un fondo para cubrir los gastos de entierro del socio que falleciera. Podemos ver cómo en esta época el individuo y la colectividad han tenido la necesidad de tomar previsiones ante distintas contingencias, ya que siempre se han visto expuestos a una serie continua de todo tipo de riegos desde su nacimiento hasta su muerte, que la mayor parte de las veces no es posible solventar personalmente.
A lo largo del siglo XIX, como fruto de la lucha del movimiento obrero aparece una política estatal que ahora llamamos "política social", encargada de la preservación y la elevación del bienestar social, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de revolución industrial, acentuada hoy con la rapidez del cambio tecnológico, que modifica profundamente las formas de trabajo, desplaza a trabajadores y cambia las condiciones laborales, aunado con el crecimiento de la expectativa de vida.
En México los antecedentes acerca de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores, y de sus familiares, se encuentra en dos disposiciones.
En primer término, la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, de 1904; y en segundo, la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León, de 1906.
Con esos precedentes, además del pacto social construido con la fuerza obrera organizada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, estableció en el artículo 123 que la seguridad social debe organizarse conforme a bases mínimas, las cuales consisten en cubrir los accidentes y las enfermedades profesionales y no profesionales, la maternidad, la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte.
El sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado tiene su origen en la reforma constitucional de 1959, en el artículo 123, con la incorporación del apartado B, la Ley del ISSSTE norma el funcionamiento del instituto encargado de ofrecer los diferentes seguros de salud, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, así como de riesgos de trabajo.
De conformidad con el criterio constitucional, la pensión es considerada como la prestación social otorgada por el Estado mediante la asignación de una cantidad de dinero mensual o anual a un trabajador o a su familia, como remuneración otorgada en reciprocidad al derecho adquirido en el trabajo prestado en el servicio público, constituyendo un acuerdo solidario para que el esfuerzo brindado a la sociedad éste lo retribuya protegiendo al trabajador en su vejez y hasta su muerte.
La ley vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado define a la pensión o jubilación como una renta o un retiro programado.
Dicha renta es el beneficio periódico que recibe el trabajador o sus familiares derechohabientes, durante su retiro por virtud del contrato de seguro de pensión que se celebre con la aseguradora de su preferencia, y el retiro programado es la modalidad de obtener la pensión, fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual; para lo cual se toma en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.
En 2006 los datos registrales señalan que el ISSSTE cuenta con 2.4 millones de trabajadores cotizantes activos y 585 mil jubilados y pensionados. En el caso de los trabajadores jubilados y pensionados su situación presenta serios problemas económicos, ya que las cantidades que reciben son insuficientes para sus gastos básicos.
Además, el incremento que se les aplica a las pensiones es relativamente bajo en relación a los aumentos en los precios de alimentos, medicinas, tarifas eléctricas, gas, entre otras erogaciones; lo que influye en el hecho de que su poder adquisitivo se deteriora día con día y se coloca a muchos, de hecho, en una verdadera condición de marginalidad y hasta de indigencia.
Los jubilados son personas que necesitan de todo nuestro apoyo ya que fueron trabajadores al servicio del Estado y durante su labor dedicaron sus esfuerzos a la realización de las funciones públicas. Es necesario retribuirles con una cantidad que pueda satisfacer sus necesidades y que recuperen el sentido de la dignidad en su vida cotidiana.
En comparación con otros países, la calidad de vida de los jubilados catalanes, suizos, de la Costa Oeste de los Estados Unidos y noruegos, según estudio de la Fundación Viwur, afirma que el estado de su salud, sus recursos económicos y sus relaciones sociales son buenos o muy buenos. Incluso ellos mismos se consideran estables en todos los aspectos de su vida.
Sin embargo, en nuestro país la mayoría de los jubilados se encuentran insatisfechos económicamente, afectados social, emocional y sicológicamente, ya que lo que se les otorga, en la mayoría de las ocasiones, no les alcanza ni para los productos básicos de su alimentación. El grueso de los pensionados y jubilados reciben 2 mil pesos mensuales y muchos de ellos tienen que vivir solos o su situación es muy precaria.
Por ello, es necesario realizar reformas que permitan que los pensionados y jubilados reciban una cantidad similar a los salarios que perciben los trabajadores en activo en su misma categoría o similar, porque ellos también tienen los mismos gastos e incluso mayores, ya que necesitan más cuidados por ser personas de edad avanzada, como es el caso de los padecimientos crónico-degenerativos.
También nos parece necesario que se incremente la pensión de acuerdo a los convenios y negociaciones que formulan los contratos colectivos, aplicándoles la misma proporción de beneficios tanto a sus pensiones como a las prestaciones que reciben.
En tal virtud, esta iniciativa propone que a los pensionados y jubilados en el régimen previo a la ley vigente se les garantice un ingreso igual al que recibe un trabajador activo en la misma categoría de puestos. En segundo lugar, que también reciban los beneficios de las negociaciones contractuales. Aunque con estas acciones legislativas es menester reconocer que no elevarán totalmente sus condiciones de vida, nos parece que así se acercarán a niveles de mayor dignidad y justicia.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:
Artículo único. Se reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Décimo octavo. Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que a la entrada en vigor de esta ley gocen de los beneficios que les otorga la ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento.
La cuantía de las pensiones y jubilaciones no será menor al monto salarial que recibe un trabajador en activo, cuyo puesto corresponda a la misma categoría o similar. La actualización de salarios y prestaciones contempladas en los contratos colectivos de trabajo, también serán aplicables a los trabajadores pensionados y jubilados.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras Gracias, diputada María Mercedes Colín Guadarrama. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Cámara de Diputados saluda a los servidores públicos y representantes de diferentes municipios y comunidades del estado de Oaxaca, de San Antonio Putlán, Cacahuatepec, Jamiltepec, Amiltepec, Tejocotes, San Juan Mixtepec, Cosoltepec y Huajuapan de León, del estado de Oaxaca. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al diputado Carlos Torres Torres, iniciativa suscrita por él mismo y por el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto Torres Torres: Durante la madrugada de este día el abogado Alberto Capella Ibarra, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, sufrió un grave atentado en su domicilio particular por parte del crimen organizado. Afortunadamente para él, para su familia y para quienes queremos vivir en paz y con tranquilidad en el estado, los criminales no lograron su perverso objetivo.
Gracias a ciudadanos como Alberto Capella, la sociedad bajacaliforniana se mantiene firme en la convicción de que es posible recuperar la paz y la tranquilidad. La lucha que él encabeza contra la violencia y la impunidad es una muestra a los valores que distinguen a la inmensa mayoría de los bajacalifornianos.
Por ello, los diputados federales de Baja California condenamos de la manera más enérgica este atentado, que lo que busca es arrebatarnos la esperanza y condenarnos a vivir con temor e incertidumbre.
Esperamos que la acción coordinada de las autoridades de los diferentes niveles permita encontrar lo más pronto posible a los autores de esta infame agresión.
Con su venia, diputado Presidente. La experiencia histórica nos permite reconocer que la solidez de un régimen democrático depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos depositan en los actores políticos.
A esta Legislatura le corresponde tomar medidas urgentes para revertir el malestar y el distanciamiento que hay de parte de los ciudadanos mexicanos hacia algunas instituciones fundamentales como son los partidos políticos. En esa dirección va encaminado el presente proyecto de reforma que hoy someto a su consideración.
Actualmente el alto costo de nuestra democracia tiene que ver con la organización, planeación y realización de procesos electorales, y con las prerrogativas de los partidos políticos, especialmente con el gasto en diseño, producción y distribución de propaganda.
Ciertamente existe una queja generalizada con respecto a la cantidad de recursos que se destinan a esas actividades, pero también hay mucha inconformidad con respecto a la colocación de la propaganda en los espacios públicos y al manejo que se le da a esos materiales cuando las campañas concluyen.
Concretamente, en el caso de la propaganda que se distribuye masivamente impresa en materiales plásticos o en papel, el grado de afectación a los ciudadanos es mayor. Cuando los partidos políticos despliegan de manera desordenada su propaganda en sitios públicos contaminan visualmente y agraden el entorno.
Y es que la propaganda electoral impresa se coloca sobre cualquier superficie disponible, incluyendo áreas verdes, rocas, postes, señalizaciones viales, pasos a desnivel y monumentos históricos que son convertidos en escaparates de partidos y candidatos.
Este tipo de acciones son percibidas por muchos ciudadanos como una imposición de los partidos políticos que hacen un despliegue y propaganda. Son este tipo de acciones las que irritan a los ciudadanos y los alejan de la vida pública.
Pero además del dispendio de recursos y del abuso con respecto al espacio público, hay otro elemento polémico en lo que tiene que ver con la propaganda electoral. Cuando se utilizan materiales que no son reciclables se generan verdaderas montañas de basura que resultan inmanejables, especialmente en municipios que no tienen ni el presupuesto ni las instalaciones adecuadas para procesar sus desechos.
Con el paso del tiempo, la mayor parte de esta basura política presenta un maltrato evidente y contribuye a dar una imagen de descuido y suciedad de los espacios públicos.
Desde un aspecto sociocultural es claro el desconocimiento de leyes y reglamentos estatales y municipales para colocar la propaganda electoral por parte de los partidos políticos; además, existe una carente educación cívica de los ciudadanos y los partidos al limpiar, barrer y recoger residuos sólidos colocados en espacios colectivos y equipamiento urbano.
Por todo ello, es necesario legislar para que la publicidad electoral se realice mediante medios de comunicación que no generen contaminación visual del ambiente. Y, por ello, en la presente iniciativa, el diputado Carlos Navarro y un servidor, hacemos un llamado para comprometernos a conservar el medio ambiente en lo referente a la contaminación generada con la propaganda electoral al restringir su colocación en infraestructura urbana, establecer que la propaganda que se utilice en otros espacios deberá ser reciclable, fácil de retirar y biodegradable.
De esta manera podremos cerrar la distancia que hoy existe entre ciudadanos y partidos políticos, y por tanto, fortaleceremos nuestra democracia. Por lo que pido a esta Presidencia que se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Carlos Alberto Torres Torres. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
La siguiente iniciativa se pospone. La iba a presentar el diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD; y se concede el uso de la tribuna a la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscritas por la ponente y por el diputado Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Perdón. Sube el diputado Francisco Rueda Gómez para hacer la presentación de esta propuesta.
El diputado Francisco Rueda Gómez: Con su venia, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Rueda Gómez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a nombre propio y de los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Édgar Armando Olvera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a poner a su consideración la presente iniciativa, misma de la que por la brevedad del tiempo sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidenta que se inserte íntegra en el Diario de los Debates la propuesta que venimos a presentar
Iniciativa que pretende que se reformen y se adicionen diversas disposiciones del Cofipe, con el fin de regular los actos de procesos internos, de selección de candidatos por parte de los partidos políticos y de las llamadas precampañas.
Como se sabe, los actos previos de las campañas ocasionan diversos problemas, donde los más importantes consisten en que las facultades de supervisión de los organismos electorales, en cuanto a aspectos financieros y propagandísticos, sólo existen con relación a los partidos y a las asociaciones políticas, por lo que las finanzas y la propaganda de aspirantes y precandidatos están fuera de ese control. Esta situación plantea problemas que se deben resolver regulando las llamadas precampañas.
En ese sentido coincidimos con el maestro Woldenberg en que la legislación electoral señala qué recursos son legales y cuáles no durante las campañas; pero lo que sucede ahora en materia de dinero, todo lo que hagan los ciudadanos por fuera de los partidos antes de esa etapa, nadie los puede fiscalizar. Ésa es la enorme laguna y en eso es lo que este Congreso tendrá que legislar.
En ese sentido, los legisladores de Acción Nacional venimos a presentar esta iniciativa que busca, precisamente, desarrollar en la ley electoral los postulados de la reciente reforma constitucional que establecieron en materia de procesos de selección interna de los partidos políticos y de las precampañas que de ellos deriven.
La reforma hoy planteada propone adicionar al Título Segundo del Cofipe lo relativo a los actos preparatorios de la elección, un capítulo para que quede como primero, denominado: De los procesos de selección interno y de las precampañas. Por considerar que estos son actos que son previos tanto al registro de candidatos y de las campañas electorales.
La iniciativa también pretende establecer que los partidos políticos con registro ante el Instituto pueden realizar las precampañas dentro de sus procesos internos orientados a la selección de sus candidatos.
También dispone que corresponde a los partidos políticos autorizar a sus militantes o a sus simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular.
Además, se proponen los plazos en los cuales deberán realizarse los procesos de selección interna, los plazos para el inicio y para la conclusión de esos procesos de selección, de tal manera que permitan, dentro de los mismos, que se puedan desarrollar las denominadas precampañas.
Se dispone también presentar informes al Consejo General. Se propone también que el partido político, en su momento, informe sobre la procedencia de los registros de sus precandidatos, así como del origen de sus recursos. Se dispone también que los procesos de selección interna deberán sujetarse a la normatividad de los partidos políticos.
Además, se habla y se propone, para la difusión de sus procesos de selección interna: los partidos políticos podrán hacer uso del tiempo en la radio, en la televisión que conforme a este código les corresponda.
Por último se propone en esta iniciativa: las prohibiciones a los precandidatos como son el recibir cualquiera de las aportaciones prohibidas también para los partidos políticos, realizar actos de precampaña electoral antes que el partido político emita el dictamen de registro correspondiente a los precandidatos, así como contratar, en todo tiempo, propaganda o cualquier forma de promoción personal, en televisión y en radio. Así como participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargo de elección popular en diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición, entre otras prohibiciones más.
Es cuanto, diputado Presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente.
La planeación en México es un tema de la mayor relevancia para proyectar el futuro de la economía nacional. El Apartado A del artículo 26 constitucional, refiere a la letra lo siguiente: "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. También señala, que en el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley.
Este artículo que le da sustento a la planificación de nuestro país ha tenido dos reformas desde la promulgación, en 1917, de nuestra Carta Magna. De acuerdo con diversos autores podemos distinguir dos modelos económicos en el tiempo con diferencias sustanciales en cuanto al manejo de la economía mexicana se refiere. El primero de ellos denominado nacionalismo revolucionario, que abarca desde 1940 hasta 1982, el segundo, conocido como neoliberalismo económico, que va de 1982 y se extiende hasta hoy en día.
Dentro del primer modelo económico encontramos un período característico por su crecimiento económico sostenido y estabilidad de precios, que se le ha llamado desarrollo estabilizador. Contempla los sexenios que van desde 1952 hasta 1970.
Por el contrario, el modelo del neoliberalismo económico tuvo un crecimiento magro del producto interno bruto, de apenas 2.2 por ciento anual. El PIB por habitante prácticamente no creció al registrar un aumento anual de sólo 0.02 por ciento, la inversión por habitante cayó en menos 1.35 por ciento.
Durante toda la etapa del llamado neoliberalismo económico, la planificación económica nacional ha estado sujeta bajo los designios de un solo poder, el Ejecutivo federal. Sin embargo la planificación debe ser una tarea consensuada de todos los actores que participan y contribuyen en la vida nacional.
Más aún, si la planificación es democrática, ésta debería de estar respaldada por su máximo órgano de representación, que es la Cámara de Diputados y la de Senadores. Lo que ahora proponemos es que el Congreso de la Unión tenga amplias facultades para participar en la elaboración, análisis, discusión, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
Es por ello, legisladoras y legisladores, que es necesario darle un mayor impulso al Congreso de la Unión en relación con el Plan Nacional de Desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de planeación del desarrollo nacional. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 69 del Código Fiscal de la Federación.
La diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Le solicito, Presidente, se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
El financiamiento a los partidos políticos se justifica en la necesidad de que por parte de éstos y los candidatos se cuente con los medios necesarios para poder cumplir en igualdad de condiciones por la victoria electoral, y además para poder mantener la estructura y organización de estos partidos en los periodos de inactividad electoral.
Derivado de la evolución histórica de nuestra democracia electoral y del sistema de partidos en México, resultó evidente que la política se transformara en una actividad cada vez más costosa, sobre todo por el incremento de los gastos de las campañas electorales cuyos costos se dispararían por el uso de medios electrónicos de comunicación y organización y la contratación de asesores extranjeros de marketing político.
Es así que el incremento al financiamiento de los partidos políticos en los últimos años provocó que uno de los problemas más preocupantes en el estado de partidos fuera precisamente la regulación sobre el origen y el uso de los recursos que dichos partidos políticos reciben, por ello la legislación ha establecido mecanismos para obligar a la transparencia, al reparto equitativo del financiamiento público y al financiamiento de instancias de control y fiscalización de los recursos.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la legislación ha resultado insuficiente, principalmente porque la demanda de transparencia sobre el origen, monto y destino de los recursos no tiene la correspondencia debida en los órganos de control y supervisión.
El motivo de fiscalizar los gastos de los partidos políticos tiene que ver, en primer término, con transparentar la competencia política. Se trata nada más y nada menos que de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos que utilizan los partidos políticos para obtener el voto se apegue a la ley.
Pero en segundo término, fiscalizar a los partidos políticos también tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los partidos son utilizados en su propio beneficio y no para cualquier otro fin.
Por las razones anteriores, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos se han convertido en una tarea permanente en las sociedades democráticas, sea cual fuere el mecanismo de fiscalización que se utilice.
En este contexto, también hay que tomar en cuenta que a pesar de la preeminencia del financiamiento público sobre el financiamiento privado en nuestra legislación, lo cierto es que dichos recursos privados han sido y siguen siendo también fuente principal de cobertura de los gastos electorales. Incluso lo delicado es que es en este ámbito precisamente donde son más posibles y frecuentes los casos de corrupción y es aquí donde es más difícil introducir mecanismos eficientes de control y fiscalización.
En este sentido, en este año 2007 se dio una reforma constitucional en materia electoral que busca el mejoramiento de la calidad democrática y el diseño en el marco jurídico electoral, anclado en principios éticos, transparentes, equitativos, de rendición de cuentas y de racionalización de los recursos públicos que permiten la consolidación de una democracia eficaz pero con costos bajos para nuestros representados.
Se trata de una forma que sienta las bases para arribar a una legislación electoral que permita, entre otros aspectos, la reducción del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas; una mejor y debida fiscalización por parte de la autoridad electoral; la obligación de las autoridades e instituciones financieras y de las personas en general, para dar información y documentación a las autoridades electorales para una debida y adecuada fiscalización; la imposición de sanciones que contravengan las normas para la debida fiscalización.
Se plantea que para el órgano técnico de fiscalización del IFE no proceda la limitación de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Esta propuesta busca dar mayores herramientas al IFE para dar cabal cumplimiento a la función de fiscalización respecto a los ingresos y egresos de los partidos políticos y particularmente de que se aseguren los principios de certeza, imparcialidad, equidad y legalidad que rigen los procesos electorales.
Lo anterior resulta totalmente adecuado, más aún cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que la autoridad electoral responsable de fiscalizar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos no les es aplicable dicha reserva, ya que la misma debe ser considerada como una autoridad fiscal, más si en consecuencia dicho obstáculo puede ser un freno a la debida función fiscalizadora de la autoridad electoral, a la que constitucionalmente está facultada y obligada a realizar.
En consecuencia, y congruente con la reforma constitucional, vengo a presentar una propuesta de reforma para que en las leyes de la materia quede establecida la posibilidad de que el órgano técnico de fiscalización del IFE pueda solicitar información sin que sea obstáculo el secreto bancario fiduciario y fiscal, por lo que se propone el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, y se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo primero. Se adiciona al artículo 69 un párrafo sexto del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 69. …
La reserva de información a que se refiere este artículo no resulta aplicable para los casos en que la información sea solicitada por el Instituto Federal Electoral a través del Servicio de Administración Tributaria, mediante escrito debidamente fundado y motivado, en ejercicio de sus atribuciones legales en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones nacionales.
Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para poder disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando los pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, así como la fiscalización a particulares, a petición del órgano técnico de fiscalización del Instituto Federal Electoral para fines de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, respectivamente.
Dichas solicitudes deberán hacerse por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La que suscribe, diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias, diputada Esmeralda.
Voy a mencionar algo que quizá va a ser delicado mencionarlo en este micrófono, pero tengo que hacerlo por lo delicado que está resultando en este momento. Hay algunos individuos haciéndoles llamadas para extorsionar a algunos compañeros diputados, argumentando que tienen secuestradas a sus familias, por lo cual, compañeros, les solicito, les pido que tomen las previsiones necesarias.
Nosotros ya hemos hecho lo conducente con la autoridad correspondiente, sin embargo, ya han sido dañados el día de hoy cuatro o cinco diputados con esta situación. Por lo cual quiero mencionárselos, porque seguramente seguirán hablándoles a algunos otros diputados; toda vez que estas personas se presume que están aquí con nosotros, toda vez que dan las señas de la ropa de los compañeros a los que están llamándoles.
Eso se los estamos diciendo porque hay compañeros que están teniendo problemas graves por esta situación y para que ustedes tengan esta información por este medio. Me apena, pero tengo que hacerlo así, porque está resultando fuera de control este asunto. Muchas gracias, compañeros.
Vamos a pasar al capítulo de dictámenes de primera lectura. Compañeros diputados, también queremos hacer aquí una petición a los que estamos en este recinto, que agotemos dictámenes de primera lectura y agotemos esta sesión; toda vez que las condiciones no han sido las idóneas el día de hoy por toda la situación del olor y las circunstancias en las que hemos estado pasando esta sesión.
Si ustedes aceptan, pasaríamos a dictámenes de primera lectura y continuaríamos con los dictámenes inmediatamente el jueves a primera hora. Con ese punto comenzaríamos nuestra sesión ordinaria.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes de primera lectura de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma la tarifa del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos con proyecto de decreto que reforma la fracción LIX del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Quedan de primera lectura. Continúe la Secretaría con el orden del día de la próxima sesión, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (14:08 horas): Gracias, diputada Secretaria.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 29 de noviembre, a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.