La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se invita a los representantes de los medios de comunicación para que tomen su lugar, por favor.
Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 339 diputadas y diputados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (11:46 horas): Se abre la sesión. Proceda la Secretaría dar lectura al orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se va a dar lectura al orden del día.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia ha recibido una solicitud de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política para retirar del orden del día la presentación de los anteproyectos de Presupuesto consignados en la agenda que se acaba de leer.
Esta Presidencia informa que no tiene inconveniente en que se posponga este punto en el orden del día. ¿Todavía insisten los diputados que querían tomar la palabra? Gracias, diputado Trejo.
Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de la sesión constitutiva.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Se va a dar lectura al acta de la sesión preparatoria.
(Lectura del acta de la sesión preparatoria)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Comunicaciones.
(Lectura al oficio del coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que comunica que a partir de esta fecha el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo se integra al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada.
De la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Junta de Coordinación Política solicita atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos:
El diputado Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita los siguientes movimientos de integrantes de su bancada:
Que el diputado Alberto López Rojas pasa del cargo de secretario a integrante en la Comisión de Derechos Humanos.
Que la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo pasa de ser integrante a ocupar la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Junta de Coordinación Política, con relación a diversos cambios de integrantes solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía:
Que la diputada Patricia Chozas y Chozas cause alta como secretaria en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género.
Que la diputada Patricia Chozas y Chozas cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género y no como secretaria como se había realizado.
En votación económica, con relación a ambos oficios o comunicados de la Junta de Coordinación Política, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De la Junta de Coordinación Política con relación a diversos cambios de integrantes solicitados por el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como integrante en las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo y de Seguridad Pública.
Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como integrante en la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes solicitados por el diputado Javier Calzada Vázquez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
Que la diputada Susana Monreal Ávila, se integre a la Comisión Especial de Promoción de Acceso Digital a los Mexicanos.
Que el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, cause baja como integrante de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.
Que la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, sustituya a la diputada Maricela Contreras Julián, como integrante de la Comisión de Gobernación.
Que el diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich, cause baja en las Comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Cultura.
Que el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, cause baja como integrante en la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLC.
Que el diputado Gerardo Lagunes Gallina, cause baja en las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Atención a Grupos Vulnerables de la Comisión Especial sobre no Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos y del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
Que el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar, cause baja como integrante en la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLC.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 411 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
Ciérrese el sistema electrónico.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tome nota, la Secretaría, de la asistencia del diputado Cuauhtémoc Sandoval, por favor.
Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor.
Diputado Antonio Xavier López Adame, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario de la Cámara de Diputados, durante el periodo del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, que se le ha concedido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El diputado Antonio Xavier López Adame: Sí, protesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hiciera, que a nación se lo demande.
Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María del Carmen Fernández Ugarte, diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados y diputadas:
Al diputado Jesús de León Tello, al diputado Oscar Miguel Maomar Dainitin, a la diputada Dora Alicia Martínez Valero, a la diputada Silvia Elías Fragoso, al diputado Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán, a la diputada Elda Gómez Lugo, a la diputada Erica Larregui Nagel, al diputado José Manuel del Río Virgen, al diputado Pablo Arreola Ortega, y a la diputada Elsa Conde Rodríguez.
Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
La Secretaría diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se invita a los presentes ponerse de pie.
(Puestos los presentes de pie)
La presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadana María del Carmen Fernández Ugarte, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María del Carmen Fernández Ugarte: Sí, protesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: "Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Pueden tomar asiento, por favor. Oficios de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficios de la Secretaría de Gobernación.
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite las observaciones del Presidente de la República al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remiten las observaciones del Presidente de la República al decreto por el que se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el Informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas ahorro para el retiro, correspondiente al periodo enero-junio 2007.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficios de la Cámara de Senadores.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Pública y de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Fernando Eutimio Ortega Bernés, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso d) de la fracción IIU del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 Bis, fracción V, 91 fracción VI y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el senador José Luis Lobato Campos, del grupo parlamentario de Convergencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta presidencia, a nombre del pleno, le da más cordial bienvenida a la señora Concepción Moreno Arteaga, invitada especial del grupo parlamentario del PRD. ¿Sí diputada, con qué objeto? Si le dan voz, sonido a la diputada, por favor. A la diputada Maricela Contreras.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Nada más para compartir con el pleno, que la señora Concepción Moreno Arteaga, fue injustamente acusada de traficar con personas en el estado de Querétaro. Por lo cuál, estuvo dos años y medio presa y el día viernes por las gestiones del Centro de Derechos Humanos y la aceptación de un punto de acuerdo en el pleno de la Comisión Permanente, ella ha sido absuelta el viernes anterior y hoy nos acompaña. Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota, señora diputada. Gracias. Minutas.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores, con la que remite la minuta de proyecto de decreto que adiciona el Código Penal Federal, para los efectos del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 301 del Código Penal Federal, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense éstos dos a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Penal Federal, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de las Comisiones de Economía y de Cultura.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Iniciativas de diputados. Se concede el uso de la tribuna al diputado Neftalí Garzón Contreras, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Neptalí Garzón Contreras: Ciudadanas y ciudadanos diputados y diputadas. El propósito de esta iniciativa es garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes mexicanos, mediante la asignación presupuestal sustentable y permanente.
De acuerdo a las demandas y a las estimaciones actuariales y a los acuerdos internacionales que México ha suscrito en Jomtien y Dakar en 1990 y en el año 2000, se propone hasta el ocho por ciento del Producto Interno Bruto por parte del Estado.
El propósito también, en segunda propuesta, es que los dineros que se destinen a este derecho constitucional que tienen los niños y los jóvenes mexicanos, no esté sujeto a los vaivenes sexenales, a los cambios de gobierno o a las coyunturas políticas. O al capricho o a la voluntad del Ejecutivo en turno, como ha venido sucediendo durante décadas.
Urge incrementar el apoyo del Estado a la educación básica, al nivel medio superior y superior, así como a la ciencia y la tecnología. Bien sabemos que muchas universidades públicas se encuentran en el quebranto financiero que requieren y demandan el fortalecimiento de la inversión pública.
No hay ninguna justificación más que las que hemos escuchado muchas veces. Que el presupuesto no alcanza, que la cobija no protege a todos, que el pastel apenas alcanza para algunos.
Lo cierto es que del universo de 68 millones de estudiantes, ocho millones de jóvenes mayores de 15 años en el país, el 43.9 por ciento, se encuentran en rezago educativo. Es decir alrededor de 30 millones, de los cuales seis millones son analfabetas. 9.8 no han concluido la primaria y 14.5 millones no lograron ingresar a la secundaria.
La esencia del artículo 3o. constitucional establece ese derecho. No hay ninguna razón para que el Legislativo pueda cumplir con los propósitos que demanda la sociedad mexicana por lo que se refiere a la calidad educativa, que es la posibilidad de que cada alumno que asista a la escuela encuentre en ella una formación que enaltezca los valores, la cultura nacional y universal.
Urge incrementar —y lo digo porque aquí ha habido kilómetros de discursos demandando justicia social a los legisladores, independientemente de su filiación política—, esta demanda de sustentar definitivamente el presupuesto educativo, lo podemos.
Lo vimos, como un peregrinaje el año pasado, en donde inspectores de las universidades hacían filas en la Comisión de Presupuesto, gestionando incrementos para sus estados y para sus universidades. Gobernadores pidiendo aumento de presupuesto.
¿Cómo es posible que en este país, rico productor de petróleo, con muchas riquezas naturales, le niegue la oportunidad a millones de mexicanos, a niños y jóvenes, cuya inteligencia y talento se pierden?
Pero aquí todos los partidos políticos representados sustentamos en nuestros programas el compromiso de cumplirle a la sociedad mexicana. Y han pasado décadas y décadas, y este derecho no llega completamente a toda la sociedad.
Requerimos garantizar una estrategia de los servicios educativos permanentes: los maestros mexicanos demandando aumento salarial; los pensionados, justicia en sus pensiones, hoy regateadas con la llamada Ley del ISSSTE.
No hay infraestructura suficiente para crear nuevos edificios para albergar a los niños, especialmente a los más marginados.
Queremos decirle que esto está vinculado con los desafíos que tiene el Estado mexicano de combatir la pobreza, la exclusión y la violencia permanente. De continuar esta lamentable situación no podríamos alcanzar un modelo de crecimiento ni competir hoy en el mundo.
Somos el país que ocupa el lugar 34 en desarrollo educativo. Esto puede significar que México no estará en condiciones, en las próximas décadas, para poder lograr su desarrollo del que tanto aquí hemos hablado.
Por eso esta propuesta llama a todos ustedes, diputadas y diputados, que cumplamos con el precepto constitucional obligatorio de asignarle a la educación cuando menos el 8 por ciento.
Hace un año también vimos que el gobierno actual nos había informado, para el ejercicio fiscal, que había un aumento en el presupuesto educativo. Al contrario, hubo una reducción de cuatro mil 500 millones de pesos.
Recordemos cómo también las universidades públicas sufrieron esta disminución de su presupuesto y vinieron aquí, a esta Cámara, a negociar la reposición de sus incrementos.
Por eso, llamo a esta soberanía para que hagamos lo que tengamos que hacer como legisladores en la asignación presupuestal en educación pública que programe y que logremos avanzar en este propósito.
Suplico a la Presidencia registrar la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Neftalí Garzón Contreras. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A petición del grupo parlamentario del PRI, la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza para presentar iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, se pospone.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reformar los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Rosa Elva Soriano Sánchez, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de motivos
El objeto de esta iniciativa subyace en mejorar y darle claridad al mandato constitucional relacionado con el tema ambiental y el de los recursos naturales, adecuándolo al avance científico y político que se ha vertido hasta el momento.
El tratamiento constitucional sobre el tema ambiental tiene una historia valiosa surgida con el Constituyente de 1917, que quedó plasmado en el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna, por lo cual, el Estado dicta las modalidades a que se sujetará la propiedad privada y su vinculación con el aprovechamiento de los recursos naturales.
Con las distintas reformas hechas a este tercer párrafo del artículo 27, se reconoció que no sólo la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales funcionaría para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación, sino también para lograr el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Desde la celebración en 1992 de la Cumbre de la Tierra, el tema sobre el ambiente y los recursos naturales se ha revolucionado enormemente. De ahí que durante los últimos 10 años hemos reformado y creado legislación nueva en estos temas, así como su vinculación con el desarrollo rural y sus actividades económicas.
Entrando en materia, la iniciativa que hoy se presenta modifica al tercer párrafo del artículo 27 constitucional, en la parte que dice: "…aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,…", sustituyéndolo por: "…aprovechamiento de los recursos naturales". Ya que esto es realmente lo que nos interesa aprovechar, es decir, el sustento material de las sociedades, los recursos de suelo, agua y aire.
Se sustituye también la parte que menciona: "… lograr el desarrollo equilibrado del país…", por: "…lograr el desarrollo integral y sustentable…", para hacerlo congruente con la reforma de 1999 al artículo 26, en el sentido que el desarrollo nacional será integral y sustentable.
De ahí que la función de propiedad en torno al aprovechamiento de los recursos naturales debe implicar cuatro atributos necesarios, a saber: respeto a la integridad de los recursos naturales; modificar el paradigma económico vigente; propiciar la distribución equitativa del ingreso bajo mecanismos de justicia social; y finalmente, promover la participación social en la toma de decisiones.
Asimismo se propone modificar el término de "bosques" por el de "recursos forestales", ya que son estos últimos sobre los que deben establecerse adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y recursos forestales.
En virtud de que la categoría de "bosques" actualmente se refiere a un tipo de comunidad vegetal terrestre, representativa de climas templados, dejando de lado a las comunidades vegetales de climas selváticos, áridos y de alta montaña.
La legislación forestal incluso, no se refiere a la categoría de bosques, sino al marco general, amplio, de lo que significa e incluye el concepto de recursos forestales, mismos que pueden ser maderables y no maderables, de los cuales dependen las comunidades rurales.
Finalmente, por lo que corresponde a la modificación del artículo 27, en su tercer párrafo, se adecua la mención que se hace sobre la adopción de medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para instaurar todos los tipos de políticas actuales en torno al tema del ambiente y los recursos naturales; es decir, conservar, proteger, aprovechar y restaurar el ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, en materia de fomento, no es la actividad silvícola la que debe regularse, porque sólo estaríamos refiriéndonos a la actividad de explotación maderable y esto no es sólo lo que nos interesa como actividad rural, sino el desarrollo forestal en beneficio de las comunidades rurales.
Por lo que respecta a la modificación de la fracción XXIX, inciso g) del artículo 77 constitucional, que establece el mecanismo regulador de las competencias concurrentes en materia ambiental y de recursos naturales, se requiere que no sea la preservación y restauración del equilibrio ecológico sobre lo que se deba legislar, sino en lo que actualmente hacen nuestras leyes secundarias vinculadas con este tema, que es la conservación, protección, aprovechamiento y restauración del ambiente y los recursos naturales, así como darle mayor certeza jurídica a la facultad de legislar concurrentemente en materia de desarrollo forestal sustentable.
Dado que la ley vigente en la materia sólo puede distribuir competencias a los órdenes de gobierno en materia de preservación, restauración y protección, dejando fuera la materia de aprovechamiento y manejo, que como está actualmente el artículo 27, es materia federal.
Con esta reforma, todas las políticas en materia forestal serían concurrentes entre los órdenes de gobierno.
Ciudadano Presidente, por encomienda procesal, solicito sea incluido íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates del día de hoy, así como la versión estenográfica correspondiente y se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Medio Ambiente.
Es cuanto, diputado Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez. Estará turnada esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente. Insértese en la Gaceta y en el Diario la iniciativa íntegra.
Antes de cederle el uso de la palabra al siguiente compañero legislador, debo anunciar que a propuesta de su grupo parlamentario se pospone la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del grupo parlamentario del PRI, que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Alma Lilia Luna Murguía: Con su permiso, señor Presidente. Presento ante esta soberanía, iniciativa que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El significado del agua sufrió, en México, un cambio dramático en los últimos 50 años. Mientras que en 1947 se sostenía que era obligación del Estado encabezar el aprovechamiento científico del agua para hacer de ella un bastión del progreso nacional, en la década de los noventa se decía en cambio, que el Estado debía atender una extrema crisis hidráulica marcada por la escasez, la contaminación y el derroche.
Mientras que en 1950 reinaba el optimismo por los ingenieros políticos, por las grandes posibilidades que, según ellos, habría en el país por la expansión de los usos del agua, a principios del siglo XXI, prevalece un pesimismo que ha llevado a declarar al agua como asunto de seguridad nacional.
Del agua que había que dominar y controlar, se pasó al agua que había que cuidar. Obviamente ese cambio no es de exclusiva manufactura mexicana. A nivel mundial, a partir especialmente después de las reuniones de Estocolmo y de Río de Janeiro, en buena medida este cambio de significado tiene que ver con el crecimiento de la población.
Entre 1950 y 2000, la población mundial aumentó de dos mil 500, a seis mil millones. En México, el aumento fue aún más notable: de 25 a casi 100 millones de personas. Para el 2040, el promedio de disponibilidad de agua por persona se reducirá en un tercio y se incrementarán notablemente las desigualdades en la distribución social y recurso regional.
Como siempre, los más pobres entre los pobres y los más vulnerables entre los vulnerables, serán los más afectados.
Actualmente 26 países se encuentran en situación de penuria, pues reciben menos de mil metros cúbicos por habitante.
Alrededor de 400 millones de habitantes se enfrentarán a una situación de estrés por mermas superiores a la reposición natural, por lo que el agua será, en el siglo XXI y el tercer milenio, la causa principal de conflictos.
De hecho, ya se han registrado algunos enfrentamientos políticos y armados por esta causa que involucra a 75 países, especialmente de Asia y África; de Sahara Oriental y Astral, el Cercano y Medio Oriente; el sudeste de Estados Unidos y México.
Aunado a lo anterior, como se ha señalado, en los países menos avanzados entre los cuales se encuentra México, son a menudo países donde el recurso es escaso y las infraestructuras están insuficientemente desarrolladas. Su demanda de agua es obviamente creciente, como en todas partes, pero se enfrenta a un entorno donde la oferta es aún más estricta.
En nuestro país, por ejemplo, más de 2.2 millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Esto, a pesar de que no todos los que contaminan son iguales y no podemos, por lo tanto, ser igualmente responsables. Además de que la intención del discurso es perversa porque implica que si todos somos responsables, al final, en términos prácticos, nadie lo es. Pero se exhorta al sacrificio de todos, en especial de los que menos tienen, a favor de los que más contaminan.
Por ejemplo, el grupo General Electric tiene cuatro de las empresas que contaminan el aire del planeta y al mismo tiempo es el mayor fabricante estadounidense de equipos para el control de la contaminación del aire, y la empresa química Dupont, una de las mayores generadoras de desechos tóxicos industriales del mundo, es líder en servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos peligrosos.
En el caso del agua qué se quiere: ¿prevenir la contaminación o vivir las consecuencias del agua contaminada? Actualmente, la industria concentra 22 por ciento del uso total del agua en el mundo, 59 por ciento en los países desarrollados y el ocho por ciento en los países en desarrollo, como el nuestro.
Por ello, ante esta soberanía denuncio que la política neoliberal que se ha seguido desde hace 70 años en México, tomando mayor fuerza en los últimos 25 años, ha alcanzado a afectar el entorno del agua en el sentido de que, por medio del discurso de los pocos grupos con extremado poder en nuestro país, han monopolizado el agua, al grado de que los que menos tienen son los que más se sacrifican en beneficio de las grandes empresas que acaparan el mercado del agua. Por citar sólo dos ejemplos: Coca-Cola y Pepsi, entre muchas otras. En ellas se encuentra un alto porcentaje de líquido vital.
Por ello aquí habría que cuestionarnos de nueva cuenta: ¿queremos agua para todos o queremos agua para unos cuantos?
Por lo tanto, es evidente que la participación del gobierno en el cuidado y distribución del agua es deficiente, generando la escasez del líquido en mucho por la negligencia y actuación del gobierno en sus tres ámbitos de competencia, lo cual es una situación muy diferente a lo que nos han hecho creer de que el agua se agota por la culpa de la generalidad de la gente, es decir, que el particular es el que tiene toda la responsabilidad de que se esté acabando el agua, además de que no asume su responsabilidad por la serie de haceres y deshaceres que sin duda repercuten en un porcentaje de pérdida mucho mayor, respecto de los particulares.
Con ello no queremos decir que el agua únicamente escasea por la culpa del gobierno y de los grandes consorcios. Pero el gobierno en sus tres ámbitos de competencia, aunado a los grandes monopolios, son en este rubro los mayores responsables de la pérdida del agua y no el particular, como se ha venido engañando durante más de casi ya tres décadas, mediante campañas y discursos maliciosos o perversos en el sentido de que el sacrificio de ahorrar el agua se debe y debe de darse en los sectores más vulnerables entre los vulnerables, en aras del beneficio del gran monopolio Estado-iniciativa privada.
Claro está que al momento de leer esto sin duda habrá divergencias de aquéllos que comparten que el manejo del agua por parte del gobierno federal es el idóneo. Pero realmente les pregunto: ¿es idóneo para quién, para los monopolios que existen en nuestro país o para la gente más vulnerable?
Por ello es definitivamente sucio y perverso que las estadísticas en este mundo globalizado destaquen por encima de la realidad social, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Tal parece que los números están por encima del interés general, esto es, que no hay sensibilidad a los problemas que aquejan a la gente.
Parece que los poderosos que dan y vierten números al por mayor, pagando a los profesionales que les dan la verdad que sólo quieren ellos escuchar y que por consecuencia, serán y son la pauta para tomar las decisiones, que única y exclusivamente benefician a sus intereses personales.
Por ello, ante este panorama tan complejo en el manejo y cuidado del agua, propongo que la educación básica sea la directriz a seguir, en el sentido de que todos y cada uno de los que vivimos en este país realmente recibamos una verdadera cultura del agua, y no como actualmente se informa en este tópico de forma por demás limitada y casuística.
No esperemos más datos oficiales y extraoficiales e incluso, de carácter privado. Ya no más estadísticas, es momento de atender el problema mediante la implementación de la educación ambiental, la cual desempeñaría un papel primordial para suscitar una clara toma de conciencia y una mejor comprensión de los problemas ambientales.
Claro está que la presente iniciativa es de carácter enunciativo más no limitativo En el hecho de que se deben y debemos de aportar ideas innovadoras y no politizadoras, de cómo se debe difundir una verdadera cultura del agua y no como actualmente acontece, una cultura del agua que nadie conoce y si se conoce, realmente es limitada y escasa.
Incluso, no omito señalar que en países como Colombia e Israel, entre muchos otros, ya se tiene contemplado como tema fundamental en sus leyes, la implementación de la educación ambiental.
Sin duda, estamos, como sociedad y gobierno, ante un gran reto y una gran necesidad de cuidad, proteger, distribuir y reutilizar eficazmente el agua; así como cuidar, proteger y fortalecer el medio ambiente. Sin embargo, los que estamos conscientes de este problema somos ya un porcentaje importante dentro de la sociedad.
No obstante, se necesita que la totalidad de la población se vaya concientizando de estos problemas que nos atañen a todos. Y es ahí donde vemos que los niños y los jóvenes, son los mejores aliados ejecutores y portavoces para hacer frente a esta gran tarea de preservar el medio ambiente y cuidar el agua.
Por todo lo anterior, es por lo que vengo a proponer el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Fracción II, inciso d). Contribuirá a la preservación del medio ambiente y del cuidado del agua.
Por último, solicito que la presente iniciativa quede inscrita íntegramente en el Diario de los Debates, en virtud de que sólo he dado lectura a un resumen. Por lo que entrego el texto a la Secretaría de esta Mesa Directiva. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputada Alma Lilia Luna Munguía. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Daniel Dehesa Mora, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar varios artículos de la Ley General de Educación cree en el valor de la información y en el papel estratégico que tiene la educación como factor crítico del desarrollo nacional.
La orientación educativa no es un tema menor. En plena sociedad del conocimiento se ha instalado como nuevo paradigma, La educación por toda la vida. Los jóvenes estudiantes mexicanos hoy son sujetos de múltiples transiciones: la de elección de sus carreras profesionales es una de ellas y la de su tránsito al mundo laboral es otra.
En materia de orientación educativa, resulta un error pretender marginar del análisis los problemas estructurales de la economía. Estoy convencido que necesitamos asumir con realismo la situación educativa y económica del país; desempleo estructural en un contexto de surgimiento de nuevas disciplinas académicas y del agotamiento del paradigma de la profesión.
Los problemas ligados a la elección y al proyecto de vida tienen hoy nuevos insumos, tales como la educación durante toda la vida o la formación multidisciplinaria. Hoy se cambia de carrera por lo menos cuatro veces en la vida.
Un problema adicional tiene que ver con la asfixiante concentración de la matrícula universitaria. Más del 50 por ciento de los alumnos del sistema de educación superior están matriculados en alguna disciplina económica, administrativa o de ciencias sociales, mientras que menos del dos por ciento está en algún área de ciencias exactas.
En mi opinión, en momentos en que desde distintos foros se discute la necesidad de retransformar radicalmente al sistema educativo nacional, es urgente replantear el papel de la orientación educativa, definir su participación en el diseño de políticas públicas y plantear la construcción de un sistema nacional con la creación de un instituto que aporte información y construya conocimiento en esta área tan sensible y tan necesaria para apoyar las decisiones de futuro de nuestros jóvenes.
Hace tiempo que en nuestro país la orientación educativa pasó a un segundo o tercer plano en el diseño de políticas públicas, nos absorben grandes temas: narcotráfico, escándalos de corrupción, elecciones, partidos políticos, reformas estructurales, etcétera.
Más allá de los grandes temas del debate nacional hay asignaturas que por su injerencia en la construcción de conocimiento merecen revalorarse en el terreno de las políticas públicas. Es el caso, sin duda, de la orientación educativa que puede mejorar los términos de nuestra ciudadanía, de nuestra convivencia social, de la asertividad de las elecciones profesionales de los jóvenes y de su inserción productiva.
En medio de la estridencia de poderes, partidos y actores sociales, la agenda pública está dominada por las cuestiones de coyuntura; sin embargo, tengo la certeza de que ha llegado el momento de volver la vista hacia las cosas pequeñas, no porque lo sean realmente, sino porque su ausencia en las decisiones políticas lleva a la inercia y con ella, a olvidarnos de la educación y de la práctica de la orientación en los procesos del desarrollo nacional.
Es importante llamar la atención hacia un tema que en los hechos la clase política ha marginado. Es fundamental que se reconozca, en el Congreso y en el gobierno federal, la importancia de la deliberación educativa y de la orientación educativa. Debemos reflexionar más sobre el entorno social, institucional y familiar de nuestros jóvenes y definir con ellos su proyecto de vida, que no es otro que el de su propia ciudadanía.
Generar conocimientos es el corazón del presente y el futuro del desarrollo. Mi iniciativa con proyecto de decreto es que, bajo el nuevo paradigma de la sociedad de conocimiento, debemos redimensionar el valor de un sistema nacional de orientación educativa para apoyar las diferentes transiciones de nuestros jóvenes y por esa vía ganar el futuro del país.
Se trata de hacer de la construcción de conocimiento el proceso esencial de la práctica de la orientación. Forjar un concepto de igualdad que asegure el acceso social al conocimiento y a la información para decidir mejor.
No soy partidario de la mercantilización de la enseñanza ni de convertir los títulos universitarios en mero pase al mundo laboral y los estudios de postgrado en franco negocio. No se puede convertir a las universidades en meros instrumentos al servicio de las empresas privadas.
Formar profesionales a modo implicaría olvidar las tareas sustantivas de la universidad en los campos de las artes, las humanidades y aun de las ciencias básicas. Se vaciaría de contenido a la educación superior. Si bien se debe admitir la necesidad de formar profesionales para el mercado de trabajo, esta tarea no puede ser el fin primordial de la universidad. Creo que debemos preocuparnos por un equilibro entre la generación de conocimiento, la investigación y la formación de habilidades para el mercado de trabajo.
Hoy tenemos que reflexionar más sobre profesiones, sobre la concentración de la matrícula universitaria y los mercados de trabajo saturados. Sobre la pertinencia de las profesiones se habla mucho, aunque no siempre con base en investigación y reflexiones suficientes. Para coadyuvar a resolver estas asignaturas sirve la orientación educativa. Me detengo en este asunto, porque me parece que resulta en muchos sentidos una asignatura cuyo valor con frecuencia se reduce, y en el discurso político se margina o simplemente se ignora.
A diferencia de otros países con sistemas bien estructurados de orientación vocacional y con políticas públicas en la materia, como Chile, Argentina o Brasil; en México el tema de la orientación educativa no existe ni en el discurso. Por eso es necesario usar esta tribuna para recordarlo.
El problema, sin embargo, viene con la realidad. Una concentración excesiva de la matrícula universitaria en unas cuantas carreras que exhibe un déficit agudo de coordinación institucional entre universidades para regular la oferta educativa; pero también un fenómeno de desinformación en sectores críticos: estudiantes, padres de familia, aun entre la misma comunidad de profesionales de la orientación, que aunado a problemas de estructura de nuestra economía, han contribuido a una situación de concentración insostenible de la matrícula.
El dilema es sumamente complejo porque al reconocimiento de ampliar la matrícula universitaria por razones de justicia social y de viabilidad del desarrollo se impone un grave problema de precarización salarial que deriva, en buena medida, de la atrofia estructural de la matrícula de nivel superior que satura opciones tradicionales y que lleva a registrar ya excedentes críticos de egresados. Se da cuerpo con ello a una inocultable crisis de mercado de trabajo para algunas profesiones.
Es urgente atender el problema de la concentración de la matrícula de educación superior. Un camino es mediante la coordinación de esfuerzos entre las universidades para llegar a acuerdos. Otro camino es potenciar los alcances de la orientación vocacional y educativa.
Es mucho lo que en este terreno se puede hacer y lograr. En primer lugar, afirmar entre los jóvenes el nuevo paradigma de la educación como un proceso a lo largo de toda la vida.
En segundo lugar, implementar redes de orientadores con programas específicos, especialmente sobre las llamadas profesiones.
En tercer lugar, recuperar el sentido original de la orientación vocacional: hacer la vida del individuo más dichosa y congruente con su propia personalidad, sin desatender el justo equilibrio entre lo que se quiere y lo que la sociedad sugiere.
La orientación vocacional resulta uno de los factores críticos de la elección de carrera. Por ello es paradójico que esta decisión se tome con pocos elementos de apoyo, en un momento en que ocurren en el joven importantes y complejos cambios en su tránsito de adolescente a adulto. Es preciso revisar los contenidos de esa orientación.
El problema de la matrícula universitaria comprende así a los llamados microcomponentes o factores personales, y a los macrocomponentes o factores sociales. De los primeros, sólo diré que cada joven, en su proceso de elección profesional, recibe presiones de distintas direcciones. De los segundos, que tienen que ver con problemas estructurales de solución compleja en el corto plazo.
Mientras, para incidir en los segundos, hay que esperar a que nuestra clase política se sensibilice de la situación y obre en consecuencia.
Para intervenir en los primeros sólo hay que actuar. Hacer las cosas bien en el ámbito de la orientación. Esto quiere decir: iniciar una discusión sobre el modelo y sobre su pertinencia para la actual y las futuras generaciones de jóvenes estudiantes.
A este propósito de reflexión quiere contribuir esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley General de Educación, la cual pido a la Presidencia se inserte íntegra en el Diario de los Debates.
Es cuanto, señor Presidente. Muy amable, gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado Daniel Dehesa Mora. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.
El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Quiero decirles, que esta iniciativa se refiere a las normas oficiales mexicanas y que lo que se propone precisar, incorporar, en la Constitución para dar facultad y obligación, pero también dar jerarquía en el sistema jurídico mexicano a lo que hoy es cotidiano.
Haré algunos comentarios.
Actualmente nos encontramos frente a una relevancia significativa de las Normas Oficiales Mexicanas, ya que desde su implementación a partir de la década de los 20 se ha evidenciado y consolidado una tendencia creciente en su generación y aplicación hasta alcanzar en nuestros días una proliferación de ellas, que abarca diversos ámbitos de nuestra realidad normativa.
Baste señalar que hasta hoy son aproximadamente mil normas oficiales mexicanas registradas en la dirección general de normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Economía. Las cuales regulan cuestiones técnicas de alta especificación a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o en los reglamentos, que van desde los procesos de edificación de las viviendas, el etiquetado de productos textiles, la toma domiciliaria para el abastecimiento de agua potable, la liberación al ambiente de organismos forestales genéticamente modificados, hasta la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.
Entre muchas otras que obedecen a diversas áreas y materias. Cuyo objeto es uniformar procesos, productos o servicios para proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente, y que actualmente de acuerdo al artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, corresponde expedir, según su ámbito de competencia, a las dependencias de la administración pública federal.
Sin embargo, y pese a esa gran importancia adquirida, subyace la cuestionada obligatoriedad y funcionalidad de esas normas, toda vez que muchas de ellas no son asumidas ni cabalmente cumplidas por los sujetos e instancias a quien van dirigidas. Es decir, los productores, los fabricantes y los prestadores de servicios.
Tampoco por las autoridades competentes, a quienes corresponde hacerlas cumplir. Situación que ha obedecido, en gran medida, al hecho de que prevalecen serias dudas sobre su naturaleza jurídica y posición jerárquica dentro del sistema jurídico mexicano.
Lo anterior, pese a que el artículo 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Y quienes las incumplan de acuerdo con el artículo 112 de la misma ley serán sancionados administrativamente por las dependencias, conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales.
Además, no debemos perder de vista el objetivo de las normas oficiales mexicanas, que es la regulación de cuestiones y especificaciones técnicas con gran precisión, a fin de proteger a las personas en su salud, vida y el mundo en el que viven. Es decir, la principal preocupación es garantizar que en la realización de ciertos procesos, productos o la prestación de servicios, no existan riesgos, evitar los abusos e impedir accidentes estableciendo condiciones mínimas de seguridad.
Por ello es imprescindible insistir y referir que una norma oficial mexicana de acuerdo con la fracción XI del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
Regulación técnica que tiene por objeto dar certeza y seguridad a la población que consume los productos o hace uso de los servicios, así como también su finalidad radica fomentar la producción y prestación de bienes y servicios, cada vez más eficientes, con mejores niveles de calidad, y por tanto, más competitivos en el mercado nacional e internacional. De ahí su papel clave en la economía, porque facilitan el intercambio de bienes y de servicios.
Es decir, a través de estas normas el Estado pretende regular el proceso y garantizar la calidad de los productos y servicios; por tanto, resultan ser un importante medio de protección a los consumidores, y debido a las materias de alta especificidad técnica que regulan deben ser revisadas de forma quinquenal, en cuyo caso contrario, y de acuerdo a la misma ley, queda cancelada su vigencia y operación.
Una vez definidas las normas oficiales mexicanas como regulaciones eminentemente técnicas, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o reglamentos, encontramos que su naturaleza jurídica deriva de la facultad y obligación reglamentaria que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción I, otorga al Presidente de la República, en tanto que a él corresponde promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Luego entonces, el Presidente de la República tiene facultad constitucional para emitir normas jurídicas de carácter general, que son los reglamentos, a través de los cuales se regulan detalladamente todos los procedimientos de aplicación de las leyes.
Sin embargo, debemos decir que la obligación del presidente de la república de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, no sólo se logra a través de los reglamentos ya que éstos no alcanzan a regular cuestiones de alta especificidad técnica, y el presidente, al no tener la capacidad funcional para emitir de forma directa y personal todos los actos necesarios para hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa, se auxilia de la administración pública federal, a fin de hacer efectiva esa facultad y obligación de hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa.
Así pues, las normas oficiales mexicanas son auténticas normas jurídicas, toda vez que se trata de normas generales dentro de cierta rama, área o materia específica, y afectan la esfera jurídica de los particulares ya que son de observancia obligatoria, abstractas e impersonales; es decir, son prescripciones técnicas dirigidas a una generalidad de sujetos.
Sin embargo, debemos tener presente que, simultáneamente, y de acuerdo al artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, estas normas no son actos administrativos de carácter general en virtud de que emanan de un procedimiento administrativo y son expedidas por una autoridad administrativa.
Motivo por el cual se concluye que, en términos materiales, las normas oficiales mexicanas son normas jurídicas generales de carácter técnico, sin obviar que en términos formales se trata de actos administrativos.
En ningún caso las normas oficiales mexicanas por sí mismas tienen por objeto conceder derechos o permisos a los particulares; únicamente establecen especificaciones técnicas con un alto grado de especialidad, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o reglamentos. Por lo cual sólo pueden especificar y referirse a las obligaciones previstas en los ordenamientos jurídicos superiores de las mismas, y en aras también de proveer en la esfera administrativa, a la exacta observancia de las leyes.
Finalmente, cabe decir que debido a la importancia manifiesta de las normas oficiales mexicanas, éstas deben insertarse en un marco de legalidad y constitucionalidad, el cual y hasta el momento no se ha logrado debido a que la normatividad vigente ha delegado, en las dependencias de la administración pública federal, facultades reglamentarias de las cuales derivan estas normas oficiales, sin que exista el mandato constitucional respectivo.
Por ello, la presente iniciativa propone precisar las atribuciones y facultades reglamentarias del presidente de la república en el ámbito de la administración pública y, por tanto, reconocer legalmente a las dependencias de la administración pública federal como las instancias a través de las cuales el Ejecutivo puede delegar, en los casos que determine, la facultad y obligación de emitir actos jurídicos y administrativos a fin de hacer viable y expedita la observancia de las leyes en la esfera administrativa.
Asimismo, en la iniciativa se propone precisar la jerarquía de las regulaciones técnicas, como es el caso de las normas oficiales mexicanas, en el sistema jurídico mexicano, y en general, dar paso a la constitucionalidad de la normatividad referida a las normas jurídicas técnicas motivo de la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma la fracción I del artículo 89 para quedar como sigue:
Título Tercero. Capítulo Tercero, Del Poder Ejecutivo. Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia para lo cual, entre otros, expedirá reglamentos y ordenará regulaciones técnicas necesarias a través de las dependencias de la administración pública federal en sus respectivos ámbitos de competencia.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Efraín Morales Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo la siguiente
Exposición de motivos
La agricultura, y en general las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.
El carácter estratégico de la alimentación y de la nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional y, desde esta visión, pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.
Dentro del desarrollo económico el campo mexicano ha jugado un papel fundamental, aportando los bienes alimenticios socialmente necesarios a precios subsidiados por los productores rurales, habiéndose transferido una importante porción del excedente económico generado en el campo a las ferias urbanas, sin que haya existido reciprocidad en los flujos netos de recursos públicos que hayan permitido un desarrollo equilibrado campo-ciudad.
En la actualidad, la disparidad en los grados de desarrollo de las áreas rurales y las urbanas, expresan que el conjunto de la sociedad mexicana tiene una enorme deuda histórica con el campo.
Lo anterior ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales.
Siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir, alrededor de 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema, oficialmente reportados para el año 2000.
La Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, detectó que cerca del 18 por ciento de la población total estaba desnutrida, es decir, alrededor de 18 millones de personas. Es en las áreas rurales donde habitan un poco más de 25 millones de personas, casi el 32 por ciento están desnutridas; es decir, casi ocho millones de habitantes.
Es pertinente destacar que en las entidades del sur del país este porcentaje aumenta a cerca del 42 y a 44 por ciento si se trata de población indígena.
En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.
Aunado a lo anterior se ha tenido una creciente dependencia agroalimentaria de la nación, vinculada estrechamente a la pérdida de productividad, competitividad y rentabilidad que afecta a la mayoría de los productores rurales y genera la migración de esa población, la reducción de sus ingresos y empleos, y la desnutrición que lastima a la población más pobre del país. Esta circunstancia exige una respuesta del Estado mexicano, para revertir esta realidad de manera definitiva.
El grado de desarrollo del país es heterogéneo entre regiones y sectores, prevaleciendo condiciones de mayor marginación en el medio rural que se acentúa en la mayoría de los pequeños productores con tierras lejanas a los servicios y mercados.
En términos generales, el campo mexicano se caracteriza por la incertidumbre productiva, la inestabilidad social, la creciente dependencia externa y la pérdida de soberanía y seguridad agroalimentaria; así como de millones de empleos agroalimentarios en la última década, abandono de tierras, degradación ambiental, migración económica forzada de cientos de miles de campesinos, entre otros rasgos.
Por el contrario, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica aseguran liquidez de ingreso y rentabilidad a los productores a lo largo de todo el año, a través de múltiples acciones: comercialización que beneficia al productor, créditos a tasas preferenciales, acceso al financiamiento para todos los productores y agronegocios en términos ventajosos; programas para compensar pérdida de mercados, entre otros.
Las políticas vigentes no han reconocido las profundas diferencias que existen en el campo mexicano, esto lleva implícito la ejecución de políticas "iguales para desiguales", lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las desigualdades prevalecientes en el ámbito rural debido a que tal tipo de políticas favorecen generalmente a los actores rurales con mayores recursos.
En el artículo 25 de la ley suprema se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
Por su parte, en la fracción XX, del artículo 27 constitucional, se establece la obligatoriedad del Estado mexicano para generar las condiciones necesarias para el desarrollo rural integral, derivándose de este precepto constitucional, que nadie puede quedar marginado del desarrollo.
De los preceptos constitucionales invocados se puede inferir que la justa distribución del ingreso y la riqueza, y la integración de toda la población a los beneficios del desarrollo, deben constituir principios rectores del accionar del Estado mexicano.
La situación enunciada en la sección anterior manifiesta que el Estado mexicano ha sido omiso, hasta el día de hoy, en la observancia de estos mandatos constitucionales. Es por lo tanto menester llevar a cabo acciones orientadas a coadyuvar en el cumplimiento de estas disposiciones.
El Ejecutivo federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales aludidos. Entre ellos se encuentran los diversos programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, reguladas, entre otras disposiciones normativas, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público.
En el universo de proveedores de las dependencias y entidades del sector público se hace referencia a los campesinos o grupos urbanos marginados.
Lo que la ley pretende, en los hechos, se queda en buenos deseos: dar a tales grupos, debido a que su situación de marginación, facilidades en las relaciones comerciales que con ellos establezcan las instancias públicas en materia de garantía de contratos y de penalizaciones por su incumplimiento; sin embargo las decisiones correspondientes las sujeta a una determinación del sector público respectivo, quien actúa bajo su responsabilidad, lo que ha impedido en la práctica el goce por parte de tales grupos, dé estas facilidades.
Como es sabido, uno de los cuellos de botella más importantes en el ámbito rural es el problema de la comercialización. La adquisición de bienes y servicios por parte de instancias públicas es una vía importante para solucionarlo, así sea parcialmente, porque se pueden establecer condiciones de intercambio comercial justo que auxilien a los grupos marginados para superar su situación de pobreza.
En virtud de los elementos vertidos en las secciones anteriores, estimo que existen justificaciones plenas para añadir y modificar algunos preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, precisamente en el ánimo de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales antes referidos, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones en las relaciones comerciales entre los grupos de campesinos o grupos suburbanos marginados y las instancias públicas.
Permanecer en las circunstancias normativas actuales mencionadas impide que tales grupos campesinos y urbanos marginados salgan de su aislamiento lo que por otra parte significa que el Estado mexicano, debiendo y pudiendo hacerlo, no lleva a cabo acciones en su beneficio.
Sin otro particular, suplico se turne a la Comisión y se inserte la presente iniciativa en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta. Compañeros diputados, gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Isidro Pedraza. Túrnese a la Comisión de la Función Pública. Insértese el texto íntegro en el Diario de los debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del grupo parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, con la finalidad de garantizar el respeto y cumplimiento de nuestro orden constitucional, es preciso que las normas que emanan de nuestra Ley Fundamental respondan al espíritu y letra de sus disposiciones, que no son más que los principios y valores que nos hemos dado para vivir armónicamente en sociedad, dando sustento y vigencia a nuestro estado de derecho.
Uno de esos principios que justifica y fortalece nuestro estado democrático de derecho es el que contiene el artículo 1o. constitucional en su párrafo tercero, que proclama la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Como sabemos, esta proclama se introdujo como parte de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de abril de 2001, cuyo texto se inspira en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el cual contribuye a perfilar nuestra identidad nacional, igualdad y libertad al prohibir toda forma de discriminación.
En el terreno de los derechos y libertades, el ejercicio del derecho a la cultura física y la práctica del deporte son fundamentales para elevar el nivel cultural y social de los ciudadanos, así como parte del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos.
La cultura física es un conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores, elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo y se genera a través de la educación física, la actividad física y el deporte que, siendo manifestaciones del hombre, acrecientan la cultura física.
De esta forma, la cultura física y el deporte constituyen factores especiales de trascendencia individual y social que coadyuvan en forma importante a la salud física y mental de los seres humanos, complementan la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Asimismo, representan un instrumento valioso para favorecer la integración familiar, contribuyendo a inhibir la delincuencia y la violencia.
Por ello, el Estado debe contribuir al desarrollo permanente de estas actividades, ya que no sólo constituye un medio importante en preservación de la salud y la prevención de enfermedades, sino también en la prevención del delito.
De ahí que el Congreso de la Unión, responsable con su función, realizó recientemente algunas modificaciones a la legislación en materia del deporte y cultura física. Mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril del 2007.
Parte de estos cambios resaltan la modificación al artículo 2, fracción II, de la Ley General de Cultura Física y Deporte en el que se prevé como una de las finalidades generales de este ordenamiento, el garantizar la igualdad de oportunidades en los programas de desarrollo del deporte y la cultura física, sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil.
Particularmente esta Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Juventud y Deporte, adujo con motivo de esta reforma, producto de iniciativas presentadas durante la pasada legislatura, sobre la importancia que tiene el deporte para todas las personas, sin distinción alguna, subrayando que la ley no está siendo en ningún momento discriminatoria de ningún grupo o persona.
Ya que la propia ley, al ser general, obligatoria e impersonal, es incluyente de todas las personas, además de que la Comisión de Cultura Física y Deporte tiene atribuciones que van dirigidas a todas las personas y no a alguna en específico.
Por lo que en ningún momento puede inclinarse a un género o grupo específico, cubriendo de tal forma a toda la población.
Con el objeto de otorgar una mayor armonía entre el texto de la norma constitucional y las normas jurídicas secundarias, para lograr su adecuada y efectiva aplicación y considerando que toda norma jurídica debe responder a principios fundamentales, como el que prohíbe toda discriminación establecido en nuestro Código Político. Se propone incluir en la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte los términos: "origen étnico y "condición de salud".
Para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna, respecto a los beneficios de los programas de deporte y cultura física. Es preciso señalar que de alguna u otra forma la capacidad del Estado para lograr el acceso e incorporación en igualdad de condiciones a estos programas, influye de manera importante en el desarrollo social, en la medida que se garantice dicha igualdad, sin excluir a las personas pertenecientes a comunidades indígenas o con alguna enfermedad que no le impida practicar el deporte.
No hay que perder de vista que uno de los principios rectores de este desarrollo es el respeto a la diversidad. Definido en la ley como el reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.
Además de que son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 2, fracción X de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracción X de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 2. Igual.
Del 1o. al 9o. idéntico.
10o. Garantizar a todas las personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social y condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas y desarrollo que en materia de cultura física y deportes se implementen, y
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte. Tiene la palabra el mismo diputado, para presentar iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la problemática local, regional y mundial que enfrenta la gestión de los recursos hídricos, denominada crisis del agua, se caracteriza principalmente por la falta de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, contaminación y degradación de fuentes hídricas.
Se ha estimado, en diversos foros internacionales, que si persistieran las actuales tendencias para el 2025 la demanda de agua podría incrementarse en más del 50 por ciento, por lo que la situación se tornará más grave en muchos de los países en desarrollo —como el nuestro—, donde se espera el mayor incremento en la demanda y donde la erosión, la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua están reduciendo la disponibilidad de agua dulce.
Como se ha visto, en el nivel nacional e internacional, estos problemas surgen de la creciente competencia entre usos y usuarios, de la desigual distribución geográfica del agua, de la iniquidad en el acceso a la misma y de las crisis institucionales que afectan su gestión.
En el caso particular de México y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), estos problemas han generado que 12.1 millones de personas carezcan de agua potable, por lo que los estados con mayor déficit de agua potable son: Guerrero con un 37 por ciento; Oaxaca con un 29.9 por ciento; Chiapas con 29.4 por ciento; Veracruz con un 27.3 por ciento y el estado de Tabasco con 26.2 por ciento.
Con enorme preocupación vemos que estas entidades federativas son las que presentan un mayor déficit en la cobertura de agua potable y en drenaje, con rezagos de más de 15 años respecto al resto del país.
Estamos conscientes de que el agua es una necesidad básica del ser humano, por lo que su disponibilidad ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos como tratados, declaraciones de cumbres y conferencias y otras normas internacionales.
El derecho humano al agua se encuentra consagrado por el artículo 11, párrafo I sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que nuestro país ratificó desde 1981.
Este derecho se reafirma y desarrolla en la observación general número 15 sobre el derecho al agua, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al definir el derecho humano al agua como el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidades suficientes, de buena calidad y física y económicamente accesible.
La razón incuestionable del trato prioritario que se le otorga al uso personal y doméstico del agua es la profunda relación de este derecho con los demás derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales para el desarrollo integral humano.
Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.
El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo II del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, se dispone que los Estados parte asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento del agua.
En el párrafo II del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se exige a los Estados parte que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos, adecuados y agua potable saludable.
Por ello resulta indispensable su reconocimiento en la cúspide de nuestro orden jurídico, nivel máximo en el que se encuentra nuestra Constitución Política, para dar cumplimiento a la obligación del Estado de adecuar la legislación interna conforme al derecho internacional de los derechos humanos, prevista en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Lo anterior, sin perder de vista el contenido normativo de estos derechos al agua que entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos.
En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua, que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
Los elementos del derecho al agua deben de ser adecuados a la dignidad, a la vida y a la salud humana. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnológicas.
El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
Elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a disponer y tener acceso al agua es una de las estrategias del movimiento mundial en defensa del agua. Algunos ejemplos de éxito de estos movimientos ha sido el referéndum llevado a cabo en Uruguay en 2004, en el que las ciudadanas y los ciudadanos votaron por una reforma constitucional para establecer que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su acceso constituye un derecho humano fundamental.
En Bolivia se ha creado el Primer Ministerio de Agua de América Latina con la propuesta de que la nueva Constitución incluya el derecho humano al agua como han hecho anteriormente otros países, entre los que destacan Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la República Islámica de Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como algunos estados del vecino país del norte, tales como Massachussets, Pensilvania y Texas.
Para complementar nuestra propuesta de insertar en el texto constitucional el derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua, también se propone modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, que desde su creación en 1989, es un órgano desconcentrado de la administración pública federal.
Compañeros y compañeras diputadas, aun cuando organizaciones no gubernamentales defensoras del agua no aprueban los trabajos que se realizan en los foros mundiales acerca del agua por considerar que ahí prevalece más una visión mercantilista que social y cultural del agua, no es conveniente dejar pasar desapercibidos algunos datos e informes que en estos espacios internacionales se vierten y que nos motivan a legislar.
Así, con motivo del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de 2006, la UNESCO presentó las conclusiones de la segunda edición del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, titulado "Agua: una responsabilidad compartida", destacando su foco en la gobernanza como la clave para tratar la crisis hídrica mundial y para afrontar la pobreza.
Entre las conclusiones más relevantes de dicho informe resaltan las siguientes:
El acceso al agua limpia debe de ser reconocido como un derecho fundamental.
La falta de acceso al agua y al saneamiento es causa de pobreza y enfermedad y obstaculiza las oportunidades económicas y la estabilidad política.
Existe la necesidad de centrarse en la gobernanza y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, que trazó como una de sus metas, el reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso al agua potable para el año 2015.
El cambio climático aumenta los problemas en torno al agua.
Mientras la gestión integrada de los recursos hidráulicos es el mejor enfoque para tratar los problemas de manera holística, sólo unos cuantos países lograron los objetivos de 2005 establecidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.
Los ecosistemas sanos son esenciales en el ciclo del agua. El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La gobernanza del agua, en la que se incluye la capacidad institucional, los marcos legales y la distribución de recursos, necesita ser mejorada.
En virtud de que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solicito señora Presidenta, se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Recursos Hidráulicos.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán González del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El diputado José Antonio Almazán González: Muy buenas tardes, con su permiso, compañera diputada, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Almazán González: El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La creación de diversas figuras jurídicas en la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 22 de diciembre de 1992, que amparan la generación por parte de particulares del fluido eléctrico, representa una aberración jurídica que violenta los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y que en el tiempo transcurrido desde su aprobación han venido ocasionando diversos y graves perjuicios al sistema eléctrico nacional.
En razón de tiempo, no voy a mencionar lo que puntualmente aquí se enumeran a lo largo de 10 puntos, que hacen a estas consideraciones de perjuicios. Y quiero señalar que más allá de la retórica de corte ideológico, los hechos presentados en esta iniciativa significan una prueba contundente e irrefutable de que la intención de privatizar el servicio público de energía eléctrica es, además de absurda e irracional, un verdadero fraude.
El crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional desde el 1960 hasta 1992 hubiera sido inconcebible sin nacionalización y la intención gubernamental de cumplir con esa tarea.
El fracaso de las políticas privatizadoras en otras latitudes es una experiencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. En esos países los impactos de la privatización del sector eléctrico han sido sinónimo de grandes y prolongados apagones, deterioro de la infraestructura, accidentes, contaminación, altas tarifas, monopolización, fraudes y especulación financieros y la falta de operancia para establecer mercados eléctricos mayoristas.
Cada vez un mayor número de investigadores sostiene que en general las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un fracaso y el hecho de que varios países: Argentina, Venezuela, Bolivia intentan recuperar el control de este recurso estratégico. Después de pagar un oneroso tributo a los dogmas neoliberales nos hace ver que el reto de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del sector eléctrico nacional, no pasa por su privatización.
El 24 de abril de 2002, el Senado de la República emitió un dictamen negándose a aprobar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal y por los Grupos Parlamentarios del Verde Ecologista de México y de Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía eléctrica.
Dicho dictamen contiene sólidos alegatos que demuestran la inviabilidad de la privatización del sector eléctrico, tanto por los aspectos técnicos y económicos, así como por la nula utilidad o evidente fracaso de las privatizaciones realizadas en otros países.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de abril de ese mismo año, ante una controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del presidente de la república, Vicente Fox Quesada, y de otras autoridades, declaró inconstitucionales las reformas presidenciales que, por la vía del decreto, permitirían la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada y ratificó que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, tal como establece el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto.
Ambas resoluciones asumen una dimensión histórica al ubicar al Senado de la República y al Poder Judicial del lado de la defensa de la soberanía nacional, y de la opinión de millones de mexicanos que estamos en contra de la privatización.
En los últimos años en nuestro país se han realizado cientos de foros, debates, encuestas y movilizaciones, y en todos estos espacios ha sido abrumador el rechazo a la privatización de los energéticos.
Esta Cámara de Diputados no puede poner oídos sordos a este reclamo y al creciente desastre energético nacional. Es necesario el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia eléctrica derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y al no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía (CRE).
La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México.
Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México.
Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas.
En tal sentido propongo acotar las figuras de autoabastecimiento y cogeneración y eliminar las inconstitucionales figuras de productor independiente, de pequeña producción, de importador y de exportador de energía eléctrica, apegándonos, lo más posible, al texto original de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del 22 de diciembre de 1975, y a la reforma de diciembre de 1983.
Se trata de recuperar la legalidad constitucional y de evitar un posible rescate eléctrico, cuyo costo sería mucho más alto que los pasados rescates: bancario, carretero o azucarero. Así de sencillo, pero así de importante para el futuro de nuestra nación y el de nuestros hijos.
Solicito, diputada Presidenta, la inclusión completa de esta iniciativa en Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Antonio Almazán González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Energía.
Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Guerrero Juárez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en virtud de que la iniciativa que presento ha sido publicada en la Gaceta, haré algunos comentarios sobre la misma, pidiéndole, desde luego a la señora Presidenta, que se publique completa en el Diario de los Debates y se turne a quien corresponda.
Hoy vivimos una etapa de nuestra convivencia política en la que esta Legislatura está llamada a ser punto de arranque y consolidación de los cambios en las instituciones que habrán de definir la vida de los mexicanos del siglo XXI.
Creo que una de las bases para reformar la vida en sociedad se sitúa en el conocimiento y la imaginación que pueda tener el legislador para adecuar instituciones a los requerimientos exigentes de una sociedad más educada, sumamente diferenciada en sus actividades socioeconómicas y políticas y, extremadamente recurrente en plantear los liderazgos económicos y políticos de la nación.
Que ahora se necesitan gobiernos y estados que sirvan a las personas con una visión de sociedad integrada y no una sociedad de pobres y ricos con determinado parentesco o compadrazgo.
La profesionalización de quienes dirigen a la sociedad mexicana es una demanda que obliga a transparentar las formas en que remodelamos el marco institucional, pero también lo es la conformación de una actitud moral ante los reclamos de nuevas formas de asociar al Estado con la sociedad misma.
Son dos factores de especial relevancia ante la sensación en que nos encontramos: de un favoritismo extremo e incluso el nepotismo en el que se desarrolla la vida de las instituciones nacionales.
Ello nos ayuda a la comunicación estable y de confianza que debe de existir entre quienes conducen la aplicación de la norma y la ciudadanía, que debe siempre estar convencida de que la normatividad general que da vida a la república es el mejor camino para coexistir en sociedad.
Y ésta, plena de expectativas de vida y bienestar para sus familias y la colectividad social y no sólo para pequeños grupos o bloques que se encaraman en los vértices de poder durante tiempo prolongado, sin dar cabida a la movilidad de representación que es fundamental en cualquier gobierno que se digne de llamarse republicano y que debe responder al ciudadano, que espera de las instituciones que le permitan acercarse a los ideales de igualdad y libertad que todos los habitantes de una nación deben tener garantizado.
Propongo reformas políticas con la idea de que el país requiere un nuevo orden social que se esfuerce en los principios de ciudadanía y representatividad, hoy extremadamente deteriorados.
Presento a esta soberanía esta iniciativa de reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atiende a los distintos procesos sociopolíticos que obligan hoy a remodelar las instituciones sin intentar graduar desde las cúpulas partidistas y empresariales el cauce a una ciudadanía que pretenda, por lo menos, elegir a sus gobernantes o tener garantizado su derecho a ser elegido y ser candidato a cualquier puesto de elección popular.
Parto del supuesto fundamental de que los cambios que el país requiere abarcan distintos órdenes políticos y económicos para crear alternas visiones de un mundo de la vida distinto al que hoy se tiene planteado con los proyectos de reforma del Estado, en cuyas proposiciones observamos que una de las reformas más importantes se ha quedado chica ante las expectativas que tienen los mexicanos porque ya no existen dudas en ningún proceso electoral.
No existen dudas de que ningún proceso electoral sea local o federal, me refiero a la reforma electoral que a mi parecer incluye infinidad de conceptos y propuestas que aparentemente van orientadas al cambio de consejeros electorales como objetivo central de la reforma.
En la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, el concepto directriz se basa en readecuar a las instituciones para garantizar mayor claridad y menos dudas en las elecciones que tengamos en México. No olvidemos que la fragmentación social del país obliga a que construyamos instituciones abarcadoras y no excluyentes.
En este sentido, la sustitución de los consejeros electorales, se dio una derivación de la adecuación de la institución rectora de los procesos electorales y no al revés. Con este proyecto, en cambio, observamos algunos créditos de la vida institucional del Instituto Federal Electoral, pero también déficit de relevancia que debemos atacar.
Menciono los estudios de la fundación Estado y Sociedad, que es una asociación civil integrada por doctores en ciencias políticas, que en su parte medular reflexiona sobre estos alcances y límites del IFE.
Por otra parte, el IFE configuró una base burocrática que propició dar congruencia y dotar de mayor transparencia a la integración y capacitación de quienes conducen los procesos electorales actuales.
A la vez, cada elección iba generando experiencias y nuevas necesidades respecto al entramado institucional con el que se había contado.
A lo largo de dos décadas el IFE puede ser evaluado positivamente en tanto que construyó la organización burocrática que ha mejorado procedimientos electorales. De igual manera, su participación se fue ampliando como eje de la aplicación de la normatividad vigente en la interrelación entre el Estado y los partidos, de estos entre sí y de los partidos con la ciudadanía.
Luego entonces, el IFE pudo sobresalir en los inicios de un esquema institucional que acompañó la transición desde el control extremo del Ejecutivo en todos los órdenes, a otro donde fueron extendiendo actividades interpartidistas.
Al tiempo, el IFE fue mostrando sus limitaciones. Su déficit podemos sintetizarlo en sus bajas posibilidades de regular un sistema de partidos en transición, que prácticamente se le fue de su función concentradora o articuladora. Esto se ilustra en la frecuente calificación de elecciones en México, siempre impregnadas de fraude.
No podríamos decir que este fenómeno se deba sólo a los funcionarios o a los consejeros, sino también a los vacíos de la misma ley electoral, que ha permitido que los derechos ciudadanos fueran objeto de enajenaciones a través de los recursos exorbitantes que se utilizan en cada elección.
Esto distorsiona los principios de representatividad pues pequeños grupos adinerados, no permiten que se desarrolle el concepto de ciudadanía en México.
Los representantes sólo pueden ser quienes tienen acceso a grandes recursos económicos, sean propios o por las alianzas que hacen con los detentadores del poder económico que se multiplican en el poder político a través de estas concertaciones, multiplicando sus ganancias económicas.
Así que, la enajenación de los derechos políticos por el dinero sin control y los mínimos procesos de elecciones, siempre impregnados con calificaciones de fraude, dieron las necesidades de hacer reformas de fondo, por eso en esta iniciativa que ahora presento, planteo los siguientes ejes principales.
Uno. Desaparecer el financiamiento privado a campañas y candidatos, y fortalecer la función del Estado —que no del gobierno— en la conducción de los procesos electorales y en su regulación, a la vez que se requiere de un control de regulación a detalle, del financiamiento público a partidos, campañas y candidatos.
Dos. Crear dos nuevas instituciones y desaparecer el actual Instituto Federal Electoral. Uno de ellos se concentraría en la organización de elecciones y el control y modernización del padrón electoral, garantizando transparencia.
Y otra institución, que se encargaría de la regulación de las elecciones y la construcción en conjunto de los partidos, de un nuevo sistema de convivencia para trasladarse del viejo presidencialismo extremo con partido predominante a otro sistema pluralista de partidos que está viviendo en la actualidad nuestro país.
Y tres. Cambiar el procedimiento de selección de los consejeros ciudadanos, que serían quienes dirigirían a estas dos instituciones. Pasaríamos del viejo sistema de selección controlado, y propuesto por los partidos, a otro donde participarían los ciudadanos a través de los mecanismos de consulta y audiencia pública. Con ello evitaríamos que los problemas de los partidos entre sí pasen y se trasladen a la función de estos dos nuevos órganos de Estado.
Ésta es la iniciativa que estoy presentando. Solicito, como decía al principio, a la Presidenta, sea incluida en el Diario de los Debates y turnada a quien corresponda. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Joel Guerrero Juárez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a darle lectura.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de septiembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le informamos que la Junta de Coordinación Política ha acordado solicitar sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto.
De la Junta de Coordinación Política
Pronunciamiento en relación a la sesión de Congreso General celebrada el 1 de septiembre de 2007.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se autoriza modificar el orden del día e incluir el asunto mencionado.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se autoriza la inclusión en el orden del día. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Dé lectura la Secretaría al pronunciamiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de septiembre de 2007. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con los artículos 33, y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura acuerdan someter a la consideración del pleno el siguiente
Pronunciamiento
Único. La Cámara de Diputados expresa al Ejecutivo federal un profundo rechazo por la interrupción que se realizó a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional de la sesión del Congreso General efectuada el pasado 1 de septiembre de 2007.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba el pronunciamiento. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias; las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada; comuníquese. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (14:17 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana martes 4 de septiembre a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto desde las nueve y media de la mañana.