La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 351 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: (11:38 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia informa al pleno y hace extensivo un saludo y una bienvenida al embajador de la República Islámica de Irán, al doctor Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh, quien se encuentra en el salón de plenos en este momento.
Comunicaciones. Del Congreso del estado de Oaxaca.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Oficio del Congreso del estado de Oaxaca.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia informa que se encuentra en este recinto como invitado especial, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado de Oaxaca, el diputado Bulmaro Rito Salinas, con el objeto de entregar el expediente.
Se le invita a que pase a esta tribuna a cumplir su cometido.
Se tiene por recibido. Fórmese el expediente para los efectos del artículo 135 constitucional.
De la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Comunicación de la Mesa Directiva, en relación a dictámenes negativos de punto de acuerdo que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 19 de septiembre, de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables; Desarrollo Social; Marina; Justicia; Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le solicitamos a los medios de comunicación tomar su lugar y a los diputados, por favor dar las conferencias en la parte externa a este pleno, para que nos dejen continuar con orden nuestros trabajos.
Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. De la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, cambios en comisiones. Que el diputado Mario Enrique del Toro cause baja como integrante de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
Que el diputado Emilio Ulloa Pérez cause alta como integrante de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: El Congreso del estado de Jalisco remite iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 920, de la Ley Federal del Trabajo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Dictamen de primera lectura. El siguiente punto del orden día es la primera lectura del siguiente dictamen.
De la Comisión de la Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a), del artículo 5, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda de primera lectura.
Dictámenes a discusión. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, hasta por 10 minutos.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputada Presidenta. La minuta que hoy se pone a consideración a esta asamblea por parte de la Comisión de Educación de esta Cámara, en términos del inciso e) del artículo 72 constitucional, es una minuta que proviene del Senado después de haberse votado en la Cámara de Diputados, y tienen como propósito atender el problema de administración de medicamentos que contienen sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en las escuelas, sin la debida prescripción médica.
Medicamentes como el Ritalin, el Paxil, el Zoloc, entre otros, son manejados por los especialistas como altamente adictivos y que pueden contener efectos secundarios graves para los educandos, esencialmente a partir de generar la adicción.
Desafortunadamente en muchas escuelas públicas y privadas de nuestro país se sigue administrando este tipo de medicamentos a los educandos que presentan síntomas de hiperactividad o déficit de atención, sin contar con el debido diagnóstico de un profesional de la salud.
El Senado aprobó que ningún niño puede ser expulsado o puede ser su familia obligada a llevarlo a atención médica cuando presente este tipo de problemas de hiperactividad o de déficit de atención. Sobre todo cuando sabemos que ambos son multifactoriales, por lo que deben ser tratados a través de estrategias pedagógicas, atención psicológica, terapia conductual, apoyo familiar, alimentación nutricional, actividades deportivas, entre otras.
Está demostrado que medicamentos que habitualmente se suministran en las escuelas, como en el caso particular del Ritalin, para atender a niñas y a niños con este tipo de síntomas, además de ser adictivos, ponen en riesgo su salud, por lo que ya han sido prohibidos en otros países.
El punto toral de esta reforma radica, ya en este caso en la fracción XIII, del artículo 75 de la Ley General de Educación, en donde se propone que se considere como infracción de quienes prestan servicios educativos, administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado a los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Es necesario señalar que ya la Ley de Salud y sus normas establecen que tampoco se pueden prescribir otro tipo de medicamentos sin contar con la receta médica correspondiente. Por esa razón, la redacción del párrafo va estrictamente señalando esto, porque se supone cubierta, con la normativa médica, la otra parte.
De tal manera pues que después de analizado por el Senado de la República, haber sido enviado a esta soberanía, y solamente están a la consideración los cambios realizados por la Colegisladora, se plantea esta propuesta de redacción final, con la finalidad de que sea muy estricta la reglamentación para este tipo de medicamentos.
No debemos perder de vista que de acuerdo con la Ley General de Salud, sólo pueden prescribir estupefacientes y psicotrópicos los profesionales de la salud expresamente señalados en los términos prescritos en la misma ley, y después de un adecuado diagnóstico clínico. Así también, con todo tipo de medicamentos que requieren receta médica.
Por lo anterior, y con el propósito de no extendernos más, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, conscientes del grave problema que representa la administración de psicotrópicos y estupefacientes al margen de especificaciones médicas, o sin autorización de los padres de familia, pugnamos por endurecer la ley en esta materia.
Por lo anterior pedimos a todos ustedes el voto aprobatorio con la finalidad de que en la Ley General de Educación quede establecida esta fracción XIII, con esta prohibición expresa que en mucho contribuirá a la salud de los educandos.
Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Tonatiuh Bravo Padilla.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema electrónico para quien falte de emitir su asistencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a continuar con el siguiente orador en lo que terminan de marcar su asistencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo Nueva Alianza. Permítame, diputado, antes de dar la palabra al diputado, tenemos que pasar…
Para efectos de la versión estenográfica, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto. Para fijar posición, voy a dar los nombres de los diputados que se han registrado: El diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo Nueva Alianza; el diputado Abundio Peregrino García, del grupo PT; el diputado Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Daniel Dehesa Mora, del PRD; y el diputado Delber Medina Rodríguez, del PAN. Tiene el uso de la palabra el diputado Ariel Castillo Nájera, del grupo Nueva Alianza.
El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada Presidenta, con su permiso. El espíritu de este dictamen tiene que ver con la necesidad de erradicar de los planteles escolares la práctica de prescribir y administrar medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes a educandos que presentan síntomas de hiperactividad, que técnicamente se denomina síndrome de baja atención y déficit de atención, ambos clasificados clínicamente como trastornos déficit de atención.
Las estrategias con base en el uso de estos medicamentos, son de "corregir" el comportamiento de los educandos. Sin embargo, han sido rechazados enérgicamente por padres de familia, por asociaciones civiles, y personalidades destacadas del campo de la medicina y de la ciencia en diversos países.
Las adiciones propuestas a los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación representan un esfuerzo encaminado a encontrar soluciones a una problemática compleja y que resulta nociva para los niños. Por ello, es necesario ubicar con precisión los términos del debate de este dictamen.
La oposición a esta práctica obedece a que en muchos casos se hace sin que medie diagnóstico profesional. Esto, además de no considerar que estos comportamientos de los alumnos pueden tener sus causas en problemas psicosociales o físicos que pueden ser tratados con estrategias pedagógicas, psicológicas, nutricionales, de apoyo familiar y de otro tipo.
Además de la práctica de prescribir y suministrar este tipo de medicamentos, en numerosos planteles escolares se condiciona la prestación del servicio educativo a que los padres de familia atiendan a sus hijos con médicos y tratamientos predeterminados basados en dichos medicamentos.
Como podemos observar, esta situación puede traer graves consecuencias secundarias para los niños —como ya se comentó con quien hizo el uso de la palabra con antelación a un servidor—, además de constituir una forma de discriminación que viola garantías establecidas en los artículos 1o. 3o. y 4o. de nuestra Carta Magna.
Estas prácticas son las que se busca erradicar con las adiciones propuestas a la Ley General de Educación. No se trata de inhibir que maestros y directivos de planteles escolares brinden a los educandos, en casos necesarios, primeros auxilios u otro tipo de atención que cada caso amerite, mucho menos penalizarlo. Se trata de preservar los derechos de la niñez, en el ámbito educativo y de la salud, protegiéndoles de métodos y medicamentos que les puedan ocasionar daños físicos, mentales o de otra naturaleza.
Por ello, la propuesta de adición a los artículos mencionados establece claramente que son infracciones de quienes presten servicios educativos administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancia psicotrópicas o estupefacientes.
Así como la fracción XIV del propio artículo 75, que se refiere a expulsar por esta causa o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas, que no sean oficiales, para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.
Por estas razones nos parece que queda muy claro el espíritu y alcance de este dictamen, y solicitamos respetuosamente a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, su voto a favor, después de estos razonamientos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Castillo. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo. Para hablar desde su curul, el diputado Abundio Peregrino.
El diputado Abundio Peregrino García (desde la curul): Muy breve, señor Presidente. Seguramente los senadores y las senadoras han interpretado este artículo de otra manera y nosotros, como Comisión de Educación, como parte de la misma, simplemente señalamos que quienes son los que atienden a nuestros niños y niñas, no tengan la autoridad de aplicarles medicamentos que puedan dañar su salud, como son aquellos niños hiperactivos o aquellos que casualmente tengan ataques epilépticos y que a veces no son casuales.
Por eso, la comisión considera que antes de que un maestro o una maestra aplique ese tipo de medicamentos, deben estar autorizados por una autoridad competente de salud, en este caso los médicos.
Por esa razón, los diputados de la fracción del PT vamos a votar a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Peregrino. Para fijar posición por el Partido Convergencia tiene la palabra la diputada Martha Angélica Tagle Martínez.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: A nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, queremos felicitar a la Comisión de Educación por haber aprobado el dictamen que modifica la Ley de Educación.
Nos parece un tema fundamental porque hemos visto en los últimos años en nuestro país una supuesta enfermedad que se ha puesto de moda, y que no tiene otro fundamento que las condiciones actuales en las que se desarrollan los niños. Nos referimos al déficit de atención con hiperactividad.
Es una enfermedad que no tiene sustento médico y que la única manera que han encontrado para controlar esa supuesta enfermedad es medicar a los niños dándoles fármacos, lo que sin duda tiene repercusiones en su vida futura.
Esta iniciativa en particular lo que establece es la prohibición de que en las escuelas los profesores puedan medicar a los niños en esta materia. Es algo que realmente no es aceptable porque la hiperactividad que tienen los niños no se puede controlar vía medicamento, no se debería controlar vía medicamentos.
En lugar de eso, los legisladores debemos estar pugnando por una educación diferente, donde a los niños se les pueda realmente canalizar esa actividad que tienen de una manera productiva, y poder superar y desarrollar todas las capacidades que los niños tienen.
Por eso, el Grupo Parlamentario de Convergencia hace unos días estableció en esta sede una exhibición denominada Salud mental, negocio, porque también ahí queda explicitado el negocio que muchas farmacéuticas han tenido vía la medicación de los niños, a través de la distribución de estos fármacos.
Sé que varios de los compañeros legisladores estuvieron asistiendo a esta exhibición y pudieron, además, constatar las consecuencias que tiene la medicación de los niños; por eso es de felicitar a la Comisión de Educación. Y pedirle al pleno que se sume a aprobar este dictamen, y solamente también, desde aquí, el poder hacer una solicitud a los legisladores en el Senado para que aprueben de manera inmediata estas reformas, para que realmente podamos prohibir la medicación de los niños en las escuelas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Tagle. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 421 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): ¿Me permite, señor Presidente?
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado Varela? Denle sonido, por favor.
El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas (desde la curul): Con relación al punto que se está tratando acerca de la medicación de los infantes. La misma Ley de Salud establece y dispone quiénes pueden ser los que pueden medicar a los niños y, en ese sentido, celebro muchísimo el trabajo que hizo la Comisión de Educación a favor de este punto.
De tal manera que el Grupo Parlamentario de Convergencia se une con regocijo y está de acuerdo con lo que la Comisión de Educación dictaminó. Celebro también ahí, de que lo haya socializado el Presidente, porque no solamente fue en la directiva de la Comisión, sino toda la Comisión la que estuvimos ahí y, por tanto, asumimos muy bien, muy bien esto.
Es un punto a favor de la Comisión y de la Comisión de Salud, que afortunadamente acepta esta recomendación y no solamente la recomendación, sino que lo hace suyo también. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Informamos que tenemos la presencia de alumnas y alumnos de la Escuela Federalizada Ignacio Manuel Altamirano, de Santa Cruz Atizapán, Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra el diputado Sergio López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Adelante, diputado. Colegisladoras, colegisladores, en el artículo 3o. de nuestra Constitución se establece el derecho a recibir una educación gratuita y laica. Asimismo, el criterio de formación en el educando luchará en contra de la ignorancia y prejuicios; será democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana.
Sin embargo, hoy en día nos hemos encontrado con la problemática en diversas instituciones educativas públicas y privadas del país, en donde se ha condicionado el acceso a la educación básica a varios alumnos, debido a su comportamiento anormal, con altos niveles de actividad o con un trastorno por déficit de atención.
Por tanto, diversas autoridades escolares han recurrido a combatir el problema de hiperactividad con la prescripción médica y administración de fármacos peligrosos a los educandos, sin contar con conocimientos médicos profesionales para poder elaborar un diagnóstico fundamentado, así como los efectos secundarios y adictivos que pudieran provocar.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está en contra de la prescripción médica hecha por personal educativo, sin conocimientos médicos, que pudiera provocar daños a futuro en los estudiantes, como puede ser la adicción a sustancias psicotrópicas o estupefacientes, aunada a una depresión crónica.
Asimismo, es necesario buscar otras alternativas para combatir el déficit de atención y la hiperactividad en los alumnos, que no sea a través de la administración de fármacos. Es decir, con apoyo de la unión familiar, el asesoramiento pedagógico y psicológico competente, acompañado de una dieta sana baja en azúcares y grasas.
Finalmente, compañeros legisladores y compañeras legisladores, los exhorto a votar a favor del dictamen por parte de la Comisión de Educación en esta Cámara de Diputados, en donde se hicieron correcciones y se especifica la prohibición de administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Por ello también en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de esta iniciativa en comento. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado López. Tiene ahora la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado Presidente. Señoras y señores legisladores, con relación al tema que nos ocupa, que tiene que ver con eliminar en la minuta proveniente del Senado de la República la propuesta de permitir a los prestadores de servicios educativos administrar cualquier tipo de medicamentos a los niños que presentan síntomas de hiperactividad y/o déficit de atención, me permito externar en esta tribuna mi opinión profesional.
Primera. Es de estricto protocolo médico la prescripción de sustancias o medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Éste es el caso del llamado Ritalin, nombre comercial del metilfenidato, un estimulante relacionado estrechamente con la metanfetamina.
Segundo. La utilización indiscriminada de este y otros medicamentos del mismo cuadro, como los antiepilépticos, como la carbamacepina, causan problemas colaterales a la salud: pérdida de apetito, insomnio, afecciones hepáticas, alteraciones cognoscitivas y somnolencia.
Tercero. El Ritalin, entre otros medicamentos de estricta supervisión médica y legal, se emplea en la actualidad para tratar el síndrome denominado "trastornos de déficit de hiperactividad o falta de atención", asociado a niños de corta edad con dificultades para comportarse en el salón de clases.
Cuarto. Independientemente de los puntos de vista encontrados que existen con relación a esta supuesta enfermedad infantil denominada "trastornos de déficit de atención con hiperactividad", es recomendable que su prescripción quede bajo la responsabilidad profesional de un médico, con base en la integración de un amplio expediente que ofrezca un diagnóstico certero.
Quinto. Los problemas de ansiedad y depresión en las niñas y en los niños pueden deberse a múltiples causas sociales, familiares, genéticas, etcétera. Se debe elegir para cada caso en particular un tratamiento eficaz, como la psicoterapia individual, grupal, familiar o farmacológica.
Esto no puede ser atendido por personas sin preparación profesional específica. Es decir, por expertos con conocimientos profundos en la materia, médicos especialistas en psiquiatría o neurología.
Sexto. En lo personal considero que resulta una exageración demandarle a los menores de edad en sus diferentes etapas escolares, un comportamiento propio de las personas adultas.
La naturaleza fisiológica y biológica de los niños y las niñas en edad escolar, se significa por una intensa actividad. Lo sorprendente sería encontrar niños y niñas que no griten, que no se muevan, que no hablen, que no se distraigan. Niños quietos.
Por ello, como médico me pronuncio por analizar, con base en una integración completa de expedientes, los casos diagnosticados con el llamado "trastorno de déficit de atención con hiperactividad".
Señoras diputadas y señores diputados, las causas del llamado "déficit de atención con hiperactividad", pueden ser desde la mala educación hasta la sobreprotección familiar, pasando por problemas de ansiedad, depresión o alguna forma de epilepsia. Es claro que este asunto debe quedar en manos de los profesionales de la medicina.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Daniel Dehesa Mora.
El diputado Sergio Sandoval Paredes (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra desde la curul.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Sergio Sandoval Paredes, del Grupo Parlamentario del PRI, quiere hacer uso de la palabra desde su curul. ¿Nos auxilia por favor algún personal técnico para que le puedan dar sonido a la curul del diputado?
El diputado Sergio Sandoval Paredes (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para comentarle que vamos a favor, la fracción del PRI, en razón de que se revisó en la Comisión de Educación y desde ahí nuestro punto de vista es ir a favor de la no aplicación de fármacos o de medicamentos que contengan esta sustancia, debido a que hay una confusión.
Se cree que los niños que demuestran actividad, creen que es una enfermedad. Y de esto hay bastantes influencias por los medios de comunicación, la maduración temprana, la estimulación de la familia; y hay quienes no quisieran aplicar algunas técnicas pedagógicas en la escuela y lo más sencillo, lo más fácil es medicarlos, pero que a largo plazo estamos nosotros solamente proponiendo en la familia y en los niños en potencia, un posible adicto a los psicotrópicos.
Por eso nuestra fracción va a favor de este dictamen. Gracias, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Sergio Sandoval Paredes. Tiene el uso de la palabra el diputado Delber Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Delber Medina Rodríguez: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Delber Medina Rodríguez: Compañeros diputados, compañeras diputadas, el problema no es menor. Se trata de la salud de nuestros niños y nuestros adolescentes. En algún lugar del país, en alguna escuela, en alguna aula, en este momento se está haciendo uso de estos medicamentos —que está médicamente comprobado— que tienen severas consecuencias, que tienen efectos secundarios que producen, provocan adicciones.
Es responsabilidad de los legisladores aprobar de manera inmediata, urgente, este dictamen, para que inmediatamente se turne a la colegisladora y puedan ser promulgadas las adiciones a la Ley General de Educación.
Es urgente —insisto— porque estos medicamentos, estos psicotrópicos siguen siendo la herramienta principal de los docentes en el país para mantener controlados a los niños que, por alguna razón psico-social, tienen en sus aulas niños con hiperactividad o con déficit de atención.
Es urgente, es importante que en las aulas en las escuelas mexicanas no se condicione que un niño pueda ser, pueda recibir su servicio educativo condicionado a que tenga que ser atendido primeramente por un profesional de la salud.
Hay estrategias, hay mecanismos, hay imaginación pedagógica y didáctica para que estos niños estén motivados en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Por ello, mi fracción, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, preocupada como muchos de ustedes o como todos ustedes por la salud de nuestros niños y nuestros adolescentes, mi fracción votará, sin duda, a favor de este dictamen. Es una responsabilidad histórica, estamos muy a tiempo de corregir estas prácticas que sin duda vendrán a tener, tendremos en adelante una niñez y una adolescencia más sana.
Por su atención, señores diputados, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido… Permítame, diputado Secretario. El diputado Lizaola, ¿le dan sonido a la curul por favor?
El diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (desde la curul): Sí, diputada Presidenta. Nada más para ver si puede aclarar la Comisión promovente a su servidor, si en este alcance de hiperactividad o TDA está contemplando las condiciones de conducta inherentes al síndrome de Asperger, o Esperger, o a alguna presencia de autismo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Tonatiuh Bravo, si nos puede dar respuesta a la duda que le surge al diputado Lizaola.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Sí, con gusto. Se contempla, hay que tomar en consideración que la minuta, la iniciativa salió de la Cámara de Diputados; fue al Senado y en el Senado se le hicieron algunas modificaciones y esas modificaciones son las que se están revisando de nueva cuenta aquí en la Cámara de Diputados.
En la fracción 14 de este artículo 75 de la Ley General de Educación, dice que quienes prestan servicios educativos no podrán expulsar o negarse a prestar servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel o someterse a tratamientos médicos específicos, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas que no sean oficiales, para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.
Este texto, en complemento con lo que contiene la fracción XIII, hace general la intervención de las escuelas. No especifica de manera puntual los dos temas que comenta el diputado, los contempla en lo general con la idea de salvaguardar los derechos del estudiante y que en todo caso sean los médicos, sea el sector salud, sean las familias las que en un momento determinado tengan que darle seguimiento a esto.
Evidentemente, un profesor sí debe comunicar a los padres de familia alguna situación anómala o irregular, pero no por ello le debe de negar el servicio educativo. Esa es la esencia de la reforma. No lo menciona de manera particular ninguno, para que queden contemplados los casos de manera general.
Esa es la respuesta, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Tonatiuh Bravo. Ya dio respuesta, diputado Lizaola. Por favor continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los invitados de Coyotepec, estado de México. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
(Votación)
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Actívese el micrófono de la curul 132, el diputado Francisco Javier Plascencia Alonso.
El diputado Francisco Javier Plascencia Alonso (desde la curul): Es para corregir el sentido del voto, es a favor, ya que mi curul no funciona.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Hágase lo mismo con la curul del diputado Carlos Bracho.
El diputado Carlos Augusto Bracho González (desde la curul): El sistema de votación no funciona en mi curul. Mi sentido del voto es a favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Alcalde Virgen, el sentido de su voto.
El diputado Moisés Alcalde Virgen (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Uscanga a favor. Si nos dice el sentido de su voto, diputado López Cisneros.
El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputado Alejandro Sánchez.
El diputado Alejandro Sánchez Domínguez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Carlos René Sánchez.
El diputado Carlos René Sánchez Gil (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Efraín Morales.
El diputado Efraín Morales Sánchez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado San Martín Hernández.
El diputado Juan Manuel San Martín Hernández (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Alberto Amaro.
El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Carlos Madrazo.
El diputado Carlos Madrazo Limón (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputada Presidenta, se emitieron 360 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos el decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 75 y una nueva fracción III al artículo 76 de la Ley General de Educación. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, por la Comisión, tiene el uso de la palabra la diputada Dora Alicia Martínez Valero.
La diputada Dora Alicia Martínez Valero: Con su venia, señora Presidenta. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a presentar a esta soberanía los motivos por los que debe aprobarse la reforma a la fracción II, así como la derogación de la fracción IV del artículo 38 de nuestra Constitución Política.
Sin lugar a dudas, nuestra nación atraviesa por cambios sin precedentes donde el consenso y el trabajo comprometido deben ser comunes denominadores que propicien las mejoras para México y el entorno en el que nos desenvolvemos.
México, como un Estado promotor de la defensa de los derechos humanos y haciendo eco del importante movimiento desencadenado por la Revolución Francesa en 1789, que finalizara con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es pionero en la protección de las garantías individuales y trabajador incansable de la democracia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define que todos los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados.
Desde hace más de una década, legisladores y el mismo Ejecutivo ocupados por resguardar y ampliar el alcance de esta misiva, han buscado la reforma a la fracción II y la supresión de la fracción IV de nuestra Carta Magna.
No sólo para ser congruentes con los tratados y convenciones suscritas por México, sino por el fomento al trabajo arduo de varias generaciones por un Estado integral, protector, participativo e incluyente, haciendo énfasis que los derechos políticos son parte de los derechos humanos, razón por la cual deben ser respetados y exigidos por y ante el Estado, facultando a los ciudadanos a participar activamente en la conducción de los asuntos políticos del país.
En el año 2004 el entonces presidente de la república, Vicente Fox Quesada, envió a la Cámara de Senadores una iniciativa que formaba el sistema de seguridad pública y de justicia penal, la cual proponía, entre otros temas, la inclusión expresa en el texto constitucional de la presunción de inocencia y modificaba las reglas para dictar prisión preventiva como un aspecto primordial de dicho principio.
De tal causa se propone que la fracción II del artículo 38 de nuestra Carta Magna, señale que la suspensión de los derechos políticos del ciudadano sólo será procedente hasta que un juez de la causa haya dictado la sentencia ejecutoriada en contra del ciudadano al que se le imponga el goce de sus derechos.
Derivado del estudio y análisis que hemos realizado en la Comisión durante varias sesiones, complementando con opiniones recibidas de las diversas dependencias de la administración pública federal, consideramos que es procedente reformar el artículo 38 de la Constitución, porque como es sabido, este artículo ha sido utilizado en múltiples ocasiones y en muchas entidades federativas para limitar a adversarios políticos inventando delitos y órdenes de aprehensión.
Es indudable que una de las garantías más preciadas de los gobernados es la presunción de inocencia, conforme a la cual toda persona, aún sujeta a un proceso de orden criminal, debe considerarse como inocente hasta que en la culminación de tal proceso se acredite su plena culpabilidad.
Es entonces cuando la fuerza sancionatoria del Estado debe dejarse ver con firmeza para asegurar a la sociedad en su conjunto la convivencia pacífica y respetuosa, y el sometimiento de todos a la ley.
Es inadmisible que una vez que el artículo 35 de nuestra Constitución garantice el ejercicio libre de los derechos y prerrogativas del ciudadano bajo las condiciones de certeza, legalidad e imparcialidad, el artículo 38 señale, en sus fracción II y IV, una disposición por demás severa y excesiva, al suspender sus derechos a los ciudadanos por el sólo hecho de estar sometido a un proceso judicial. Es decir, en etapa que debiera surtir sus efectos de garantía de presunción de inocencia.
Cabe señalar que tanto la orden de aprehensión como el auto de formal prisión no son sino etapas del proceso penal, pero no constituyen una sentencia. Es de señalarse la pertinencia de acotar el tiempo durante el cual se considera suspendido el ejercicio de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, pues la intención del legislador es que no se prolongue más allá del momento en el que el sentenciado cumpla la pena que le fue impuesta. De esta manera, pudiera afirmarse que la disposición constitucional en comento aparece como una pena anticipada.
Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 38. Los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos se suspenden.
Fracción II. Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada desde el momento en que surte efectos y hasta su extinción.
Fracción IV. Se deroga.
Artículo transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señora Presidenta.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Martínez Varela. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el único artículo del proyecto de decreto.
Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas y los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza; por el Partido Convergencia, el diputado José Manuel del Río Virgen; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Alan Notholt Guerrero; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alfredo Ríos Camarena; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Salvador Ruiz Sánchez; y por el Partido Acción Nacional, la diputada Leticia Díaz de León Torres. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales y que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de nuestra norma suprema.
Una característica fundamental de los estados democráticos en lo que se refiere a la justicia penal, es la denominada "presunción de inocencia". A través de esta figura se surte la hipótesis de que toda persona, sin excepción alguna, es inocente de la probable comisión de un delito hasta que el órgano del Estado facultado para ello no acredite plenamente la responsabilidad penal ante el juez de la causa y éste, en sentencia ejecutoriada, así lo determine.
En México, desde el texto original de la Constitución de 1917, en el artículo 21 se otorgó la facultad al Ministerio Público para perseguir los delitos. En el ejercicio de esta facultad, el Ministerio Público integra averiguaciones previas a partir de las denuncias o querellas que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo, de la propia Constitución, los particulares le presentan.
A partir de este momento, el Ministerio Público integra la denominada "averiguación previa" y, si considera que existen elementos que acrediten la responsabilidad penal, consigna al juez penal para que éste, si lo estima pertinente, dicte acto de formal prisión y, en todo caso, dicte sentencia condenatoria.
Desafortunadamente el sistema penal se ha pervertido de tal forma que en el argot de los litigantes en materia penal se maneja el dicho de que un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Además, resulta un auténtico despropósito que la fracción II del artículo 38 disponga, como causal de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, la de estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión.
Esta disposición es a todas luces antidemocrática, ya que sin acreditarse plenamente la responsabilidad por la probable comisión de un delito se le suspenden los derechos políticos a un particular.
Desde luego a nuestro grupo parlamentario no le pasa desapercibido el hecho de que también la actuación del Ministerio Público en este tema puede ser usada de manera discrecional, con claros tintes políticos.
Sirve de ejemplo lo ocurrido en el procedimiento de declaración de procedencia seguido en contra del compañero Andrés Manuel López Obrador, en el que se demostró plenamente cómo el Ministerio Público federal actuó facciosamente con el claro despropósito de que, al ser suspendido en su encargo de jefe del Gobierno por la declaración de procedencia emitida por esta Cámara, sus derechos políticos quedaran suspendidos.
El mérito del dictamen que hoy discutimos tiene dos aspectos que revisten gran trascendencia. El primero establecer en la fracción II que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada desde el momento en que surte sus efectos y hasta su extinción.
Esta nueva disposición permite la certeza de que ya no existirán abusos en perjuicio de los gobernados. Al momento en que esta reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor la suspensión de derechos políticos, operará sólo a partir de que en sentencia ejecutoriada se confirme la responsabilidad penal del indiciado.
El segundo mérito de la reforma en comento lo constituye la derogación de la actual fracción IV del artículo 38, que hasta el momento establece que la suspensión de las prerrogativas del ciudadano opera por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes.
Las definiciones de los diccionarios son sumamente laxas en la definición del término vagancia. No obstante lo anterior, desde el poder público puede realizarse una serie de medidas para forzar a que una persona pierda su empleo y que no pueda encontrar otro y, al paso del tiempo, ser declarado vago y en consecuencia ser suspendido de sus derechos políticos.
Igual ocurre con la definición de ebriedad consuetudinaria. Si bien es cierto que en la sociedad contemporánea se considera al alcoholismo como una enfermedad derivada del consumo excesivo de bebidas embriagantes, no podemos soslayar el hecho de que esta situación se genera, en primer lugar, por el bombardeo publicitario de que son objeto los telespectadores, en donde en los promocionales se asocia el ingerir determinada bebida al éxito personal de quienes aparecen en estos comerciales.
Por ello, compartimos y apoyamos el contenido del dictamen, considerado contenido benéfico para la consolidación de las instituciones democráticas del país. Con la aprobación de este dictamen afirmamos plenamente, en la Carta Magna, la presunción de inocencia, por esas razones votaremos a favor en lo general y en lo particular del dictamen.
Es cuando, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Cantú. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sube a esta tribuna para expresarse a favor de este proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presumir la culpabilidad antes de demostrarla es algo que nos ha dañado mucho, es algo que ha vulnerado nuestras confianzas en la procuración de justicia y en la impartición de la misma.
Con esta modificación podremos honrar a nuestra Carta Magna en lo que se refiere a que nadie puede ser señalado como culpable si no está sobre él una sentencia firme. Ya nadie deberá ser prejuzgado por no tener una sentencia firme que resuelva su culpabilidad. Ya nadie podrá ser suspendido de sus derechos si no hay una sentencia firme que lo prive y que mandate la privación de los mismos.
Que avancemos en la cultura de la legalidad, en el respeto de nuestras leyes y avancemos en la confianza de nuestras instituciones es algo que no podemos regatear, es algo en lo que todos debemos abonar y poner nuestra mejor participación y nuestro máximo empeño para que esto sea una realidad.
Es de todos conocido cómo en materia penal en los juzgados, en el foro del litigio constantemente se ven vulneradas no nada más nuestras garantías individuales, no nada más nuestros derechos humanos, sino que hacemos juicios sumarios en los propios corrillos de los juzgados e inclusive, en los medios de comunicación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, el orador.
El diputado Jesús de León Tello (Desde la curul): Permítame, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputado Jesús de León Tello. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jesús de León Tello (desde la curul): Diputado Presidente, para ver si por su conducto el orador me permite hacerle algún cuestionamiento.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Acepta usted, el cuestionamiento, diputado?
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Sí, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Jesús de León Tello (desde la curul): Gracias. Diputado, para hacerle dos preguntas sobre esta propuesta de reforma y en específico al artículo 38, fracción II. Con esta reforma que se está planteando, toda vez que se dejan a salvo los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos, aun cuando estén bajo proceso.
Las dos preguntas van en el siguiente sentido. ¿En un proceso electoral, cuando se desarrolle la jornada electoral bajo esta reforma, los derechos que tienen los ciudadanos a votar tendrán que ser garantizados por el Instituto Federal Electoral o por los organismos electorales de los estados? ¿Esto implica —la pregunta es— que se van a establecer casillas de votación en los centros de readaptación social, para aquellas personas que estén en proceso sobre aquellos delitos que merecen pena preventiva?
Y la siguiente pregunta, diputado. Si bajo esta misma lógica, algún presunto narcotraficante que todavía no es sentenciado, bajo esta misma lógica un presunto narcotraficante también podrá ser candidato a un puesto de elección popular, toda vez que sus derechos y sus prerrogativas no están suspendidas bajo esta reforma. Por sus respuestas, de antemano muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, señor Presidente. Absolutamente de acuerdo, mientras no haya sentencia firme, la sola presunción no debe de menoscabar la honorabilidad que se debe presumir y debe de prevalecer la buena fe. Nadie puede ser socavado de sus derechos en tanto no haya sentencia firme.
El solo hecho de que no se tenga la comprobación plena y bajo el proceso judicial correspondiente, no hace culpable a nadie. En todo caso y en la otra parte de su pregunta, la autoridad electoral deberá poner casillas especiales para cumplimentar el mandato de la no restricción de los derechos de quienes todavía tengan una presuntiva y no una declaratoria firme de culpabilidad.
Continúo, con el permiso de la Presidencia. Así pues, ahora que atendemos este tema, éste como muchos otros, en los que inclusive hay jurisprudencia sobre la materia, sería bueno que nos abocáramos, para adecuar nuestras leyes, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es éste el caso, en otros muchos ha dictado y ha resuelto con jurisprudencia.
Es por eso, compañeros legisladores, que reiteramos, desde esta tribuna, nuestro voto a favor para el proyecto de dictamen que hoy nos ocupa. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Cárdenas. Esta Presidencia informa que tenemos la visita de estudiantes de la Universidad Tecnológica del Centro de México, del estado de Guanajuato, así como 20 presidentes municipales con sus respectivos síndicos y secretarios de La Comuna, todos del estado de Yucatán. Les damos una cordial bienvenida.
Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Convergencia tomó la decisión el 12 de abril del año 2005, a través de su diputado Luis Maldonado Venegas, de traer una iniciativa a este pleno, una iniciativa que reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese entonces el diputado Luis Maldonado Venegas señalaba con toda claridad que el Estado mexicano había suscrito 106 convenios internacionales, todos ellos ratificados por el Senado de la República. La tesis del diputado Maldonado precisa señalaba: "la II fracción del artículo 38 constitucional se contrapone a un principio general de derecho, el cual señala que a toda persona debe considerársele inocente mientras no se demuestre lo contrario", principio que se reconoce también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, suscrita por México, en cuyo inciso 1) del artículo 11 dice: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".
El diputado Luis Maldonado Venegas, hoy presidente nacional de Convergencia, era muy claro y preciso cuando señalaba en esta misma tribuna que no era, por ningún motivo, legal ni constitucional; que si no se demostraba la inculpabilidad de inocencia, se le castigara a alguien y se le pervirtieran sus derechos.
Es más, vengo a esta tribuna a nombre de Convergencia a hacer un reconocimiento a los diputados Omar Ortega Álvarez, al diputado Horacio Duarte Olivares; por supuesto que también al diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez Díaz, al diputado Roberto Antonio Marrufo Torres y también al señor diputado Raymundo Cárdenas Hernández, porque tocaron este tema con toda la claridad que se requiere.
Convergencia quiere aprovechar para señalar y hacer una distinción del magistrado Jorge Ojeda Velázquez, autor del libro Derecho de ejecución de penas; autor del libro Derecho punitivo, que es una teoría sobre las consecuencias jurídicas del delito; y autor también de un tomo de Derecho constitucional penal.
El magistrado Jorge Ojeda Velázquez es el autor de la tesis en la que se basó el ex presidente de la república Vicente Fox un mes después de que en esta misma tribuna ya había venido el diputado Luis Maldonado Venegas.
La tesis del magistrado Jorge Ojeda Velázquez, chiapaneco de nacimiento y que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es muy clara y muy precisa. La tesis dice:
"La presunción de inculpabilidad opera a favor del procesado hasta que no se demuestre lo contrario en el proceso penal que culmine con una sentencia ejecutoria. Consecuentemente, la resolución del juez instructor que ordena la suspensión de derechos políticos del inculpado desde el auto de formal prisión vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, primer párrafo, ambas de la Constitución General de la República."
Compañeras y compañeros, nosotros en Convergencia estamos convencidos de que esta reforma al artículo 38, fracción II, y la derogación de la fracción IV, viene a resarcir los derechos de todos los ciudadanos mexicanos. Por eso Convergencia les pide, les solicita, que voten esta reforma de carácter constitucional con toda la fuerza que tienen ustedes como legisladoras y como legisladores.
Lo cierto es que el Poder Judicial Federal se pronunció, la ONU se pronunció, los tratados internacionales que hemos firmado nos comprometen. Las propuestas de los diputados nos comprometen y el voto de ustedes seguramente nos dará una garantía que estaba coartando nuestros propios derechos individuales. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Alan Notholt Guerrero: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Alan Notholt Guerrero: La reforma que se presenta a consideración de esta asamblea nos permite garantizar que los procesos democráticos no se encuentren sujetos a pasiones o a acciones que busquen destruir las instituciones de este país.
Con la propuesta de reforma a la fracción II se busca dar certidumbre a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos. Al reconocerse de manera implícita la inocencia de los inculpados se protegen los derechos de todos aquellos ciudadanos que pretenden competir por un cargo de elección popular, a fin de servir a la patria y a los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía compromete su voto favorable con el dictamen que propone la Comisión de Puntos Constitucionales a consideración, por considerar que es necesario para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, abonando a la mayor protección de los derechos civiles.
Al aclarar el inicio y término de la suspensión de los derechos civiles se garantiza que los ciudadanos pueden actuar y participar de manera libre y espontánea en la toma de decisiones que permitan, al país, elegir a quienes nos representarán y cumplirán nuestros designios.
Con esta reforma, nuestro país da un paso más por el respeto de los derechos del hombre y el ciudadano y pone el ejemplo en el mundo, en un país que busca proteger a sus nacionales, otorgándole mayores garantías e instrumentos de protección constitucional.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena: Con la venia de la Presidencia. Reformar la Constitución no es una cosa sencilla ni fácil en un régimen como este, de una Constitución rígida. Por eso, la atención de los señores legisladores debe ser permanente para estos temas que tienen que ver con lo más profundo de la estructura jurídica de la nación.
Hoy estamos abordando una reforma constitucional que transita sobre dos temas, cuando menos, fundamentales: uno, la presunción de inocencia, que es un elemento substancial del derecho penal moderno; y otro, el respeto a los derechos políticos que de acuerdo a las nuevas tesis constitucionales tienen que ver con los derechos humanos y con las garantías individuales.
El poder autoritario ha utilizado la acción penal para combatir a los políticos. Entre más autoritario es un gobierno, más se utiliza ese elemento subjetivo para consignar a políticos que defienden sus derechos o defienden sus ideales. Esta reforma tiene que ver con la acotación a esas cuestiones. Por una parte, establece cuándo empieza y cuándo termina la suspensión de derechos.
Y sí, como dijo por ahí un compañero panista: un presunto narcotraficante, sigue siendo un ciudadano y sigue teniendo derechos. No podemos descalificar los derechos de los mexicanos a título de hacer observaciones parciales y conservadoras. Los derechos de los mexicanos están por encima de eso.
Por eso, apoyamos en el Partido Revolucionario Institucional, esta medida de reforma constitucional que tiene que ver con cuestiones fundamentales del desarrollo político de la nación. No es cosa sencilla, es defender el derecho y la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para ejercer sus derechos.
¿Cuántos políticos de todas las fracciones han sido condenados o han intentado ser condenados para detener sus ideas, para detener sus principios? ¡Basta ya! Recogimos, en la Comisión de Puntos Constitucionales, todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios y encontramos la tolerancia, la inclusión y el denominador común de avanzar en esta Legislatura hacia un mejor derecho para la nación.
Tenemos necesariamente que, junto a este planteamiento, ir a la reforma que dé autonomía al Ministerio Público federal. Por eso la motivación y fundamentación de este dictamen está basado en un derecho nuevo, en un derecho justo, en un derecho democrático.
Mi partido apoyó, en el seno de la Comisión, el dictamen que se hizo. Aportó sus puntos de vista y defendió que se estableciera con claridad el término, porque al principio el dictamen no lo contenía, de cuándo debe extinguirse plenamente la pena.
Felicito a los miembros de mi Comisión de Puntos Constitucionales, que han sabido entender e interpretar a una legislatura que está destinada, señores diputados, a pasar a la historia contemporánea. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Este dictamen que hoy se está aquí presentando nos debería dar vergüenza, porque esta iniciativa que se tuvo que presentar siete veces y tener recomendaciones internacionales no es una reforma de tercera generación, es de primera generación. Es decir, pertenece al siglo XVIII el proteger los derechos políticos de los ciudadanos. Ésta sí que es de urgente u obvia resolución.
Los derechos políticos son parte de los derechos humanos, razón por la cual deben ser respetados y exigidos, sobre todo frente al Estado, toda vez que los ciudadanos deben participar en la conducción de los asuntos públicos de este país, y los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona.
Por ello, estos derechos los debe proteger el Estado y debieron haber estado en la Constitución desde 1857. Los derechos humanos se basan en los principios de igualdad, libertad surgidos efectivamente de la Revolución Francesa. Pero también fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por ello, el principio de inocencia es un derecho fundamental que debe estar reconocido en nuestra Constitución. Por ello se debe garantizar a que no se pierdan en el proceso judicial estos derechos. No se puede seguir permitiendo que el auto de formal prisión sea efectivamente lo que suprima el derecho a participar, votar y ser votado.
La culpabilidad del individuo de una declaración del juez de la causa en que se dicte sentencia condenatoria debe quedar firme, efectivamente, hasta que sea declarado culpable y no antes. Porque si no, efectivamente, lo condenamos de antemano.
Hay que recordar que este principio jurídico inconstitucional se le intentó aplicar a nuestro compañero Andrés Manuel en 2006. Por ello, el Partido de la Revolución Democrática ha hecho suyo y lo ha votado así, y nos congratulamos de que haya sido en consenso en esta comisión y que nos permita hoy el poder realmente reivindicar lo que tuvo que haberse modificado hace muchos años, pero también reconocer que hay responsabilidad mayor de la gente que condujo a este país el siglo pasado y en lo que va del presente siglo.
Estamos entonces ante la posibilidad de una reforma que es histórica porque es vergonzosa, que es histórica porque es inconcebible que se haya mantenido durante tantas décadas y tantos años en forma totalmente absurda.
Sin embargo, hay que reconocer que no había leyes secundarias y que este prejuicio de la vagancia y este asunto de la ebriedad consuetudinaria que plantea la ley, también, efectivamente, ya no pueden seguir sosteniéndose en la fracción IV del artículo 38, por ello tiene que ser derogada.
Y tiene que modificarse la fracción II, para que únicamente hasta que sea sentenciado el procesado, en ese momento se le puedan suspender dichos derechos.
Nosotros creemos que es importante este avance y que así sea la dinámica y el razonamiento para las demás cosas que tenemos que reformar de forma urgente y que están plasmadas en nuestra Constitución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Ruiz. Esta Presidencia informa que contamos con la presencia de alumnas y de alumnos de la Escuela Primaria CAM, número 83, de la Delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal. Sean bienvenidos y bienvenidas.
Tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Díaz de León Torres, del Partido Acción Nacional.
La diputada Leticia Díaz de León Torres: Con su venia, señor Presiente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día 14 de septiembre aprobamos una reforma electoral.
Ahora discutimos una reforma constitucional, sustancial en el ámbito de los derechos políticos de los ciudadanos, como parte fundamental de los derechos humanos internacionales que ya existen en materia de derechos humanos y respecto de los cuales nuestro país se encuentra obligado a observar, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece la obligación de los Estados de proteger y garantizar el derecho de todo ciudadano de poder votar y ser votado, así como de participar en la dirección de los asuntos políticos, a fin de contribuir en el proceso de consolidación democrática del país.
De igual forma, está dando cabal observancia al principio de presunción de inocencia consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin duda, la reforma que hoy se plantea viene a dar respuesta a una preocupación común de las distintas fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo, misma que se ha visto reflejada en varias propuestas planteadas por diversos grupos parlamentarios e incluso por parte del propio Ejecutivo.
Propuesta legislativa que constituye la motivación del presente dictamen, el cual plantea el establecimiento de un marco constitucional acorde con la debida protección y respeto de las garantías de las personas en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos.
Concluyo mi intervención señalando que una de las posturas de Acción Nacional ha sido consolidar que la justicia debe impartirse en todos sus ramos con dignidad, eficacia y libertad, con posibilidades reales de ejercicio de las garantías constitucionales.
Por ello, congruentes y preocupados por llevar a cabo nuestros postulados, es que exhortamos a esta asamblea para que tenga a bien aprobar el presente dictamen, cuyo objetivo fundamental es garantizar de forma eficaz que ningún ciudadano, en contra de quien se instruya algún procedimiento penal, pueda ser privado de sus derechos sino mediante sentencia ejecutoriada que así lo señale, respetando con ello su libertad y dignidad humana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Díaz. No existiendo oradores inscritos en contra, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaría diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avios a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia hace la mención y da la bienvenida a Fiona Tromans, Greg Bowes y Carlos Ortiz, directores del proyecto minero Cerro del Gallo, en San Antón de las Minas, Guanajuato. Reciban un saludo de esta asamblea. Continué la Secretaría por favor.
La Secretaría diputada María del Carmen Salvotori Bronca: ¿Falta algún diputado o diputada en emitir su voto? Se emitieron 345 votos en pro, 14 en contra y 12 abstenciones, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 345 votos el decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV, del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En el siguiente orden del día vamos a presentar dos dictámenes con proyecto de decreto en una misma fundamentación, aunque se van a votar por separado, son el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVI-Ñ, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, —perdón—, XXIX-Ñ, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, se va a consultar al final de nombrar el otro dictamen, si se dispensa la lectura. El otro dictamen con proyecto de decreto adiciona dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora sí, consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura de estos dos dictámenes.
La Secretaría diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura a los dictámenes. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, serían los dos dictámenes fundamentarlos. Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés Lozano Lozano.
El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputado Presidente. La decisión que se ha tomado aquí, que nos ha sido expresada, de poder someter a consideración de los diputados integrantes de esta honorable Cámara dos dictámenes en este momento, tiene que ver precisamente con la intrínseca relación que guardan uno y otro y que tiene que ver precisamente con el tema de la protección de datos personales, lo que debe ser considerado como un derecho fundamental para todos los ciudadanos que habitamos en este país.
Al mismo tiempo, con la facultad que se debe conferir a este Congreso para que sea precisamente el que conozca sobre la posibilidad de legislar en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares.
Esto tiene como finalidad otorgar esta facultad exclusiva al Congreso para legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares, dado que éstos se utilizan en mayor medida para llevar a cabo transacciones comerciales y que dicha materia constituye una competencia exclusiva del ámbito federal de toda la república.
Lo anterior, el que este Congreso pudiera legislar en ese sentido, evita la existencia de asimetrías en la observancia de este nuevo derecho fundamental, permitiendo que se tutele eficazmente al evitar la proliferación de regímenes legales para su ejercicio y la posible deslocalización de los agentes regulados.
Así, es necesario construir un derecho que pueda ser ejercido en todo el territorio nacional, del mismo modo y bajo las mismas condiciones para cualquier interesado, no importando el estado o municipio del país en donde se encuentre el titular de los datos personales.
Creemos que es fundamental, y es un reclamo común de la ciudadanía, el que podamos nosotros, como Congreso, legislar en este sentido y que precisamente acatemos este reclamo que nos ha hecho la ciudadanía, en el sentido de saber exactamente de dónde provienen esos datos que a veces llegan a los domicilios, quién los obtiene, quiénes tienen esa base de datos y que entonces sea esta facultad, expresa y constituida en la Constitución, la que nos permita legislar en ese sentido.
Por eso es que se somete a la consideración de esta Cámara el que se adicione la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"El Congreso tiene la facultad para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares".
El siguiente dictamen tiene que ver con un proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 16 de nuestra Constitución Política. Ésta es una minuta que fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y la propuesta que se presenta a esta Cámara revisora tiene como propósito consolidar el derecho a la protección de datos en nuestro país, extendiendo su ámbito de aplicación a todos los niveles y sectores, apuntalando, por una parte, la estructura edificada a través del artículo 6o., fracción II, de la Constitución federal y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Esta nueva garantía consiste en la protección a la persona, en relación con la utilización que se dé a su información personal, tanto por entes públicos como privados. Y es aquí, en este sentido, el derecho que tienen también los gobernados a la protección de los mismos datos.
Por eso, la pretensión es adicionar un segundo párrafo que establezca lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como el derecho a acceder a los mismos y, en su caso, obtener su rectificación, cancelación y manifestar su oposición en los términos que fijan las leyes.
Le ley puede establecer los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, de orden, seguridad y salud públicos o para proteger los derechos de terceros.
En síntesis, sería dar en la Constitución este reconocimiento a la protección de los datos de todos y cada uno de nosotros y a la rectificación, cancelación y manifestar la oposición en los términos en los que fijen las leyes que deben ser un derecho también, que debe estar perfectamente incluido en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, prever los supuestos de excepción que pudieran darse por las razones ya aquí expuestas y que tienen que ver única y exclusivamente con la seguridad nacional, orden, seguridad y salud públicos, que pudieran ser fundamentales para evitar que pudiera distorsionarse el uso de los propios datos de cada uno de nosotros.
Ése sería en síntesis, compañeras diputadas y compañeros diputados, el contenido de estos dictámenes a los que me he referido. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Lozano. En consecuencia está en discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se han registrado, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes diputados: por el Partido del Trabajo, el diputado Abundio Peregrino García; por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Manuel Portilla Diéguez; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado César Camacho Quiroz, y por el Partido Acción Nacional, el diputado Luis Gustavo Parra Noriega. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Abundio Peregrino García, del Partido del Trabajo.
El diputado Abundio Peregrino García: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Abundio Peregrino García: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su coincidencia y apoyo a los dictámenes que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales y que tienen como propósito establecer en el artículo 73, fracción XXIX, inciso Ñ), la facultad expresa para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares; así como de las adiciones al artículo 16 constitucional en materia de protección de datos personales, como se establece en la doctrina constitucional, los órganos del poder público actúan a partir de las facultades expresas que la Constitución establece a su favor.
En el caso que nos ocupa, el dictamen pretende dotar al Congreso de la Unión de la facultad para legislar en materia de datos personales. Como se señala en el cuerpo del dictamen, se ha dado una proliferación de empresa que utilizan datos personales de manera abusiva, sin conocimiento y menos, autorización de la persona afectada.
En virtud de que el Congreso de la Unión cuenta con la facultad expresa para legislar en materia de comercio, según se desprende de la fracción X del artículo 73 constitucional, y que la materia en la que se pretende dar facultad legislativa es la protección de datos personales, resulta atinada y congruente la propuesta que nos presenta la comisión dictaminadora.
Es común que al hacer una solicitud de crédito demos nuestros datos personales y, casi de manera inmediata, éstos son puestos a disposición de otras empresas que inmediatamente hablan por teléfono, envían a los domicilios propaganda o bien visitan personalmente a los particulares en sus domicilios.
Prácticamente nadie escapa a estos bombardeos publicitarios que violentan el derecho a la privacidad de los gobernados y a la debida reserva y confidencialidad de sus datos. Para combatir de manera eficaz esta plaga, en el dictamen que se somete a nuestro conocimiento, se propone, en primer lugar, dotar al Poder Legislativo de la facultad expresa para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, el artículo segundo transitorio establece la obligación para las Cámaras del Congreso de la Unión, de expedir la ley correspondiente a la materia en un plazo no mayor de 12 meses, a partir de que la reforma constitucional entre en vigor.
Cuando se expida la ley reglamentaria se uniformarán en el país todas las hipótesis de acceso a los datos personales del particular, así como en su caso, la negativa de éste para que sus datos sean difundidos.
El Constituyente Permanente aprobó el decreto de reforma al artículo 6o constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007. En la fracción II del artículo 6o. se establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que las leyes fijen.
De lo anterior se desprende que el Poder Legislativo, en términos del artículo 6o. tiene una obligación de legislar, sin embargo, en el artículo 73 no se cuenta con esa facultad. Con estos dictámenes seguimos abonando a favor de la salvaguarda por parte de los particulares de sus datos personales. En esta adición al artículo 16 constitucional seguimos en esa misma tendencia tutelar.
Como bien se sabe, nuestra norma fundamental establece en su párrafo primero el que nadie puede sufrir actos de molestia sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Como derecho público subjetivo, la protección y tutela de los datos personales son oponibles a la autoridad pública, con la salvedad que señala en su caso la ley.
El adicionar un párrafo segundo al artículo 16 constitucional tiene el mérito de establecer con claridad la protección a toda persona en sus datos personales y, en su caso, obtener su ratificación o cancelación.
En consecuencia, tanto la autoridad como terceros tendrán la obligación de proteger y manejar con reserva los datos personales de los gobernados. La reforma constitucional en comento permite a los particulares, como titular o dueño de sus datos personales, obtener las rectificaciones correspondientes ante esos documentos.
Ahora bien, el tercer párrafo que se adiciona a este artículo 16 señala que en la ley se establecerán supuestos de excepción a los principios que rige el tratamiento de estos datos. Por estas consideraciones, en la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Peregrino. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el respeto a los derechos de intimidad e identidad, como lo constituye la salvaguarda de los datos personales, no sólo implica una limitante a los derechos de información que esta soberanía ha consagrado en su artículo 6o., sino que además es necesario que sean protegidos los datos personales, a fin de evitar daño a la persona en su esfera patrimonial y personal.
Con la adición de la fracción XXIX, inciso ñ), se prevé dotar de facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de datos personales en toda la república, impidiendo así la discrecionalidad y la vulnerabilidad de los datos personales en su difusión.
La comisión dictaminadora ha considerado necesario dotar de facultades explícitas y exclusivas al Congreso de la Unión, a fin de evitar que de una manera legal el ciudadano pueda sufrir ataques a sus datos, ya de forma dolosa o culposa. Así se evita que la información relacionada con los datos personales se encuentre sujeta a los derechos de acceso, rectificación, confidencialidad u oposición, con objeto de lograr mayor salvaguarda a los mismos y a la persona en su conjunto.
Con esta propuesta se sientan las bases de una mayor protección a la persona y su esfera jurídica a la seguridad de las mismas frente a abusos, que ya de autoridades, ya de particulares que, con el ánimo de lograr mayores beneficios económicos, puedan menoscabar la seguridad e intimidad de los ciudadanos de este país.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor de este dictamen. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado César Camacho Quiroz: Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado César Camacho Quiroz: Compañeras, compañeros diputados, mañana hará exactamente dos meses de que entró en vigor una trascendente reforma constitucional que el Constituyente Permanente aprobó: la incorporación al texto de la Carta Magna del derecho de acceso a la información.
Es trascendente porque, entre otros, se estableció el principio de máxima publicidad. Es decir que el gobierno, persuadido, como debe estar, de que las cosas funcionan bien, abra de par en par las puertas para que los particulares, personas físicas o morales, se asomen a la gestión pública. Y estableció con claridad meridiana dos excepciones: la información pública reservada, y el respeto a la vida personal, a la vida privada y a los datos personales.
Con ello se pretende, por supuesto, robustecer al Estado, pero evitar el totalitarismo de un ente público que lo quiere saber todo. Es importante, por supuesto, seguir en esta ruta de modernidad legislativa y darles a los particulares un derecho fundamental más debidamente desarrollado, legislativamente correcto, para que podamos echar mano de él cuantas veces sea necesario.
Los particulares, en una situación de cierto desvalimiento, por supuesto tenemos derecho a decidir qué datos proporcionar, qué datos pueden ser públicos, tenemos derecho a saber quién posee información que es estrictamente personal y, lo más importante, con qué fin puede ser utilizada.
Este tipo de información personal. Los datos de la gente pueden ser manejados por el Estado o por los particulares. Desde luego, el Estado, con una actuación ceñida a la ley, tiene diversos ordenamientos que impiden, así quisiéramos y hay mecanismos resarcitorios cuando esto no ocurre, sabemos exactamente con qué fin y quién los utiliza pero no es lo mismo aquello que está en manos de los particulares.
Circula y hemos sido todos nosotros testigos, hemos padecido esta situación, de manera indiscriminada y sin control alguno, información que nosotros mismos nos sorprendemos que esté en manos de un tercero.
Están incluso a la venta bases de datos que circulan entre empresas comercializadoras que nos llenan el correo electrónico, el correo convencional, de información que no siempre es necesaria, generando desde riesgos hasta inseguridad, pasando por supuesto por un sinnúmero de molestias.
Por eso es tan pertinente y oportuna la reforma o, corrijo, las reformas para darle la facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, toda vez que los datos personales circulan –decía– indiscriminadamente, por todos los estados del país y por todo tipo de corporaciones públicas o privadas.
Es pertinente la reforma porque honramos compromisos que México ha contraído en los organismos internacionales de los que forman parte. Es importante porque nos ponemos a tono con las democracias consolidadas, en donde tienen más de 30 años con una regulación sobre el tema de los datos personales.
Es importante la reforma porque consolidamos el régimen democrático que todos nosotros deseamos mejor.
Me parece importante destacar que son cuatro los derechos específicos que se incorporan al texto propuesto en el artículo 16, conocidos coloquialmente como Los derechos ARCO:
A, de acceso. El derecho de acceso. La solicitud y la obtención de información sobre datos personales, sus orígenes y sus fines.
R, de rectificación. Podemos corregir nuestros datos cuando sean inexactos o incompletos.
C, la cancelación. Anular datos cuando su tratamiento o fines de uso sean ilícitos, excesivos o hayan cumplido su objetivo. Y, finalmente, la
O, oposición. Rechazar la publicidad de datos cuando el consentimiento no es necesario para que un tercero los posea. Llamadas tediosas, estos comúnmente conocidos como "mail-basura", domicilio privado en directorios en manos de todos, en fin.
Es evidente la necesidad de a reforma y es plausible el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios en un tema que nos es común.
Milán Kundera aconsejó despreciar a quienes delatan la intimidad de sus amigos, pues quien pierde la intimidad, lo pierde todo. Yo agrego: quien pierde la intimidad, puede perder la identidad y quien es capaz de transgredir la vida de otros, es capaz de todo. No permitamos pues que nos roben esto que es rigurosamente nuestro.
Gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Camacho. Esta Presidencia informa que contamos con la visita de los presidentes de las cámaras y asociaciones empresariales de la zona norte del estado de Veracruz. Y de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Parra Noriega, del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Gracias. Con su venia, señor Presidente.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a manifestar nuestro voto positivo al dictamen que se presenta ante esta soberanía, respecto de establecer como facultad del Congreso de la Unión el legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
Con esta iniciativa que hoy se dictamina, Acción Nacional cumple con una de sus promesas establecidas en campaña respecto a posicionar el tema de las garantías individuales y de la protección de los derechos de los particulares. Asimismo, manifiesto nuestro voto aprobatorio al dictamen para otorgar tutela constitucional a los datos personales.
Con la aprobación de estos dictámenes se satisface una anhelada necesidad de justicia y respeto a la dignidad de las personas. Con estos dictámenes se perfeccionan y amplían los derechos de los mexicanos, se incorporan nuevas garantías constitucionales como forma de dar respuesta a una amenaza concreta a los derechos por los efectos derivados del avance tecnológico.
El debate sobre la necesidad de tutelar los datos personales no es novedoso. Durante siglos muchas personas han sentido preocupación por la información que el gobierno y, más reciente, las empresas privadas han reunido sobre ellas. La historia demuestra lo fundado de estos temores y los peligros que puede generar la disposición de esta información sin el establecimiento de una regulación específica.
Con la explosión tecnológica verificada en las últimas décadas y un vastísimo desarrollo de la telemática, se puso en juego un fenómeno de límites insoldables, como es el relativo a la posibilidad de interrelación de datos con una velocidad y efectividad cada vez mayores, interrelación que mediante la obtención y el cruce de datos de las personas es posible definir un perfil respecto de su conducta, gustos, creencias y derivado de dicha interpretación, ser objeto de múltiples discriminaciones e injusticias.
En este sentido, la respuesta del derecho al avance tecnológico y el hecho de que su uso pueda generar intromisiones en la privacidad de las personas no debe encaminarse a suprimir el empleo de la tecnología, sino acotarlo, a regularlo, y a evitar las distorsiones que se puedan derivar del mismo mediante la adopción de medidas garantistas no sólo en el ámbito nacional sino internacional.
Sin duda, el creciente reconocimiento de los derechos humanos y particularmente del derecho a la privacidad personal y familiar planteó a los estados la urgencia de dar protección, en un principio legislativa y posteriormente constitucional, a los datos personales, proceso a veces acelerado por la historia política, tal como ha acontecido en nuestro país.
Así las cosas. Derivado de la necesidad de establecer principios y bases uniformes en todo el país en materia de acceso a la información en poder de los órganos públicos, el Constituyente aprobó recientemente reformas al artículo 6o. constitucional, dentro de las que se estableció como un límite al ejercicio de dicho derecho, el respeto a la privacidad y a los datos personales.
Entonces tenemos que, por primera vez, en nuestra Carta Magna se hace una mención expresa de respeto a estos derechos a los datos personales, pero acotado por lo que se refiere a los que obren en posesión de los órganos públicos, aspecto, este último, que permanece incólume con la presente reforma, dado que su alcance y contenido se refiere a dotar a este Congreso de la Unión de la facultad exclusiva de dictar un ordenamiento legal que prevea normar y proteger y el tratamiento de los datos personales, pero en posesión de particulares. Así, con este dictamen nos permitirá expedir una legislación única en el ámbito nacional que evite la distorsión a la protección de este derecho.
En este sentido, la ley que se expida al efecto con base en la facultad que se solicita, sea otorgada por el poder constituyente de la federación, deberá contener al menos los principios que ya mencionó quien me antecedió en el uso de la palabra.
Lo anterior, sin perder de vista la adopción de un régimen hacia el interior y hacia el exterior del país, a reconocer la importancia que éstos tienen en el desarrollo y fomento del equilibrio en el flujo ordenado de los datos personales en el comercio.
Sin duda —y con esto termino— aún falta mucho por hacer en este tema, a efecto de tutelar de manera integral uno de los aspectos que más inciden en un adecuado respeto a la dignidad de las personas.
Por tanto, a la par de otorgar una facultad expresa para que el Congreso de la Unión legisle en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, es fundamental prever el derecho sustantivo en el ámbito constitucional, en los términos contenidos en el dictamen que se presenta ante esta soberanía, y que deberá reconocer el derecho que tiene toda persona a disponer y tener control de la información que sobre su persona se encuentre en archivos tanto públicos como privados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Parra. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Partido Nueva Alianza, desde su curul.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Señor Presidente, gracias. Sólo para hacer propias las expresiones de los diputados que han hecho uso de la palabra para manifestarse a favor en estos dictámenes y dejar constancia de que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor de los dictámenes que están ahorita en trato.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea… Perdón, diputado Armando García. Denle sonido, por favor.
El diputado Armando García Méndez (desde la curul): Una pregunta, a ver si alguien de la comisión o de los que vieron este dictamen pudiera contestarme si hay alguna sanción, o qué es lo que se va a hacer con las empresas que ya cuentan con la información de los particulares, porque de todos es sabido que nos llegan cartas, nos llegan promociones y no sabemos de dónde toman los datos. Es seguro que hay bancos de datos ya en algunas de las empresas. Si hay alguna sanción o se está contemplando ya dentro de la ley algo que se vaya a hacer de cómo se está manejando ya la información hasta ahorita.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Vamos a solicitarle al diputado Lozano Lozano que nos dé una respuesta, por favor.
El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Precisamente estas reformas tanto al artículo 73 como 16, van encaminadas a que el Congreso de la Unión tenga la facultad de poder regular esas bases de datos a las que se refiere el diputado Armando García. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita es construyendo la base constitucional para que sea el Congreso el que tenga la posibilidad de legislar en materia de protección de datos personales.
Y respecto del 16 constitucional, la garantía que tiene todo gobernado de poder proteger, conocer, rectificar, modificar los datos que se refieran a su persona, será precisamente en la ley secundaria en donde todos nosotros tengamos que legislar a este respecto y emitir las sanciones, control de padrones, información, cómo llega y todo lo que ha estado cuestionando.
Pero por lo pronto, estamos construyendo el fundamento constitucional para que esto pueda darse en un futuro.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Andrés Lozano Lozano. Informo a esta asamblea que vamos a proceder a la votación por separado, de ambos dictámenes. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
La Secretaría diputada Mercedes Maciel Ortiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Continué la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Mercedes Maciel Ortiz: Se emitieron 371 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 371 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Ahora, no habiendo más oradores para el dictamen siguiente… ¿Sí, diputado?
El diputado Carlos Puente Salas (desde la curul): Presidenta. Quiero pedirle que se tome en cuenta mi voto, por favor.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a tomar nota en la Secretaría, pero ya se hizo la declaratoria, no voy a poder incluir en lo general el voto. Gracias.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los estudiantes de Derecho, de Tehuacán, Puebla, que se encuentran presentes en este pleno. Gracias.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Ciérrese el sistema de votación electrónica. La diputada Monreal Ávila.
La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): Solamente para registrar mi voto. Es a favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Layda Sansores.
La diputada Layda Sansores San Román (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputado Pulido Santiago.
El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Yadhira Tamayo.
La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputado Francisco Domínguez Servién.
El diputado Francisco Domínguez Servién (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Díaz Gordillo.
La diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputado Navarro Quintero.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Castro Romero.
La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castro Romero (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: El diputadoVerástegui.
El diputado César Augusto Verástegui Ostos (desde la curul):A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Medina Rodríguez.
La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: La diputada Aurora Cervantes.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Diputado Enrique Serrano.
El diputado Enrique Serrano Escobar (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Se han emitido 332 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 332 votos, el decreto que adiciona dos párrafos al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte a la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Compañeras diputadas y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía, tengo el honor de someter a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de nuestra Constitución.
Con este documento, en la Comisión de Puntos Constitucionales refrendamos el compromiso por hacer más eficiente la función legislativa, pues ante los cambios institucionales que han ocurrido en los espacios públicos de participación es necesario rediseñar los procedimientos legislativos vigentes, los cuales han dado muestras de ineficacia en sus resultados.
El dictamen que se pone a consideración en concreto incorpora al artículo 64 de nuestra Carta Magna una sanción para los legisladores que faltemos injustificadamente a las reuniones de comisiones legislativas. Dicha sanción consistiría en no tener derecho a la dieta correspondiente el día que faltemos a dichas reuniones.
Pero adicionalmente proponemos que cuando tengamos más de dos faltas consecutivas, sin causa justificada, seamos también acreedores a la sanción de dejar de formar parte de la comisión que corresponda de manera automática.
La inserción de estas sanciones en nuestro máximo ordenamiento legal se encuentra plenamente justificada en virtud de lo siguiente:
1. Uno de los factores que provocan el bajo rendimiento en la dictaminación de asuntos es justamente la inasistencia de nosotros, los legisladores, a las reuniones de comisiones. Considerando que la función legislativa recae fundamentalmente en estos organismos, puede identificarse la fuente de la improductividad en la atención de los temas que conforman la agenda.
Por el contrario, cumpliéndose el trabajo dentro de las comisiones legislativas se disminuiría considerablemente el rezago de los asuntos turnados en cada una de las comisiones. Esto es solamente parte de las reformas que iremos impulsando en este Congreso.
2. Esta Cámara ha creado un grupo de trabajo encargado de la aplicación del principio ético en la Cámara de Diputados, siendo uno de sus fines el recuperar la confianza ciudadana en los representantes y en la política en general, a partir de nuestro desempeño como legisladores. Siendo la aprobación de este dictamen una herramienta útil para el mejoramiento que, por tanto, tendríamos que apoyar.
3. La medida de disciplina propuesta es absolutamente viable si se pretende fortalecer el orden parlamentario, pues al sancionar con el descuento de la dieta del día de inasistencia a los legisladores que faltemos injustificadamente al trabajo de comisiones del que se forma parte, daremos control y disciplina a lo que impacta de manera directa en contribuir a la eficiencia legislativa.
4. El grado de sanción propuesto, si bien no es la panacea que garantice el debido y eficiente desempeño legislativo, sí contribuye a que por falta de quórum se paralice el trabajo en las comisiones legislativas, pues no se puede pasar desapercibido que el grado de percepción pública de la opinión respecto del trabajo legislativo no es positivo, como lo refleja el estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara, en el que se determina que el 80.6 por ciento de la población considera que los diputados federales trabajamos poco o trabajamos nada. El 70.7 por ciento opina que los legisladores inspiramos poca o nula confianza.
También deseo expresar que el presente dictamen es resultado del estudio de diferentes propuestas presentadas por diversos diputados de diversos grupos parlamentarios, como la diputada María Elena Álvarez Bernal o el diputado Tomás Cruz Martínez, quienes en sus iniciativas coinciden plenamente en la necesidad de eficientar los trabajos legislativos para reivindicar la esencia del Estado y del Poder que representamos.
Ahora bien. Yo los invito a todos, diputadas y diputados, a que compartamos el espíritu de la Comisión de Puntos Constitucionales y de las iniciativas de nuestros compañeros diputados, por lo que solicito a todos ustedes su apoyo a este dictamen, para que abonemos en el fortalecimiento del Poder del que somos parte, en beneficio de la nación.
Recordemos, compañeros y compañeros, que el corazón de este parlamento late más en las comisiones que se conforman. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado José Gildardo Guerrero Torres. En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.
Se han registrado, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los diputados Miguel Ángel Jiménez Godínez, el diputado Pablo Arreola Ortega, la diputada María Guadalupe García Noriega y la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, por lo que se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez: Con el permiso del Presidente. Gracias. Compañeros diputados y compañeras diputadas. El dictamen que ahora discutimos merece suma atención, no sólo porque supone una reforma constitucional, sino porque la materia de la que se trata atiende un viejo reclamo social y que es derivado de una ley orgánica, un reglamento y una norma constitucional añeja, anquilosada, que antes que guiar los trabajos de esta Legislatura supone una camisa de fuerza para desempeñarnos con eficacia y responsabilidad ante el pueblo de México.
La ampliación de los periodos ordinarios —por ejemplo— de sesiones del Congreso de la Unión fue producto de la reforma constitucional realizada por el Constituyente Permanente en el año 2006. Ahora sesionamos sustancialmente más tiempo, pero como todos bien sabemos, el trabajo legislativo no se puede quedar ni reducir en los trabajos de esta asamblea plenaria.
De hecho, como en el resto de los parlamentos del mundo, sabemos que el trabajo de calidad, el trabajo que se refleja en este pleno es el trabajo que se realiza dictaminando en comisiones ordinarias.
En este sentido, es a través de esta reforma constitucional como buscamos imponernos de manera responsable desde la propia Constitución, sanciones para el caso de ausencia injustificada a nuestros trabajos en comisiones. Es así que la adición que se propone, de un segundo párrafo al artículo 64 constitucional, responde a la urgente necesidad de imponernos, como legisladores, el descuento de la dieta y la posibilidad de perder el carácter de miembro integrante de la comisión a quienes faltemos injustificadamente a las sesiones de trabajo ordinarias de las comisiones de dictamen.
Es ya el artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que dispone la sanción a senadores y diputados que falten a su trabajo en las sesiones ordinarias y dice a la letra: "Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente del día que falte".
La adición establecida en el dictamen a la letra establece: "Igual sanción recibirán los legisladores que falten a las reuniones de comisiones ordinarias de las que forman parte. Tratándose de dos o más faltas consecutivas, sin causa justificada, dejarán de formar parte de la comisión correspondiente".
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, esta reforma nos permitirá garantizarle a la sociedad que nuestro trabajo se realizará y que, en caso de que faltemos a nuestro compromiso, éste tendrá consecuencias.
El estar en contra de lo anterior sólo implica estar en contra del pleno funcionamiento de la Cámara. Si no sancionamos la inasistencia de los legisladores, no erradicaremos por completo un problema de ética profesional, de ética legislativa por parte de los diputados y senadores, al no estar presentes en los trabajos de la Cámara respectiva.
Sólo así lograremos hacer eficaz el trabajo legislativo y, con ello, el redimensionamiento y fortalecimiento del ejercicio democrático de México. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su coincidencia con el contenido del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta propuesta tiene un fin: fortalecer el trabajo de las Cámaras del Congreso de la Unión, en lo que se refiere al régimen disciplinario en el trabajo de comisiones de dictamen legislativo.
Queremos mencionar que el artículo 64 es de los pocos preceptos constitucionales que no habían sido objeto de ninguna modificación. Esto es, el texto vigente de dicho artículo, desde 1917 a la fecha, no había sufrido ningún cambio.
En el párrafo único del artículo 64 constitucional, se establece que los legisladores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que se falte.
El contenido del segundo párrafo que se propone adicionar señala, de manera expresa, que a los legisladores que falten a las reuniones de comisiones ordinarias de las que formen parte tampoco se les pagará la dieta correspondiente.
Durante mucho tiempo hemos sido testigos de que en múltiples reuniones de dictamen legislativo no se puede realizar la sesión correspondiente, habida cuenta de que no se logra el quórum reglamentario.
El trabajo legislativo se desarrolla en sesiones de pleno en donde se presentan iniciativas de ley, mismas que son turnadas a las comisiones dictaminadoras. Prácticamente las comisiones dictaminadoras son las que se encargan de nutrir a este pleno de dictámenes, para que éstos sean sometidos a discusión y, en su caso, a votación.
Al no existir sanción por la inasistencia a las reuniones de comisión, algunos compañeros decidían no asistir a las reuniones de comisión. Ahora, a partir del inicio de la vigencia de la reforma constitucional que estamos analizando, las inasistencias serán sancionadas con el no pago de la dieta correspondiente.
El otro elemento que contiene el párrafo segundo que se adiciona es la sanción al legislador que acumule dos o más faltas consecutivas sin justificación, ya que dejará de formar parte de la comisión dictaminadora correspondiente.
Como se puede apreciar, la reforma propuesta busca fortalecer nuestra tarea como legisladores al sancionar con el no pago de la dieta al legislador, y si acumula dos o más faltas será separado de su comisión o comisiones de dictamen.
Con la aprobación de este proyecto enviamos una señal positiva a la sociedad mexicana de que estamos plenamente comprometidos con nuestras tareas legislativas, y que este compromiso pasa por la imposición de sanciones a los legisladores que sean omisos en el cumplimiento de sus tareas legislativas.
Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor de dicho dictamen.
Y aprovecho para solicitar encarecidamente a las comisiones que también tienen otro punto importante que sometí a este pleno, con relación a la afirmativa ficta parlamentaria que también nos va a ayudar a que este procedimiento legislativo sea más eficaz, y que si aquellas comisiones se tardan más de lo prudente, es decir más de 60 días, los dictámenes que presenta cada uno de los diputados puedan ser turnados de manera inmediata a este pleno para que puedan someterse a la consideración de todos nosotros.
Espero que este punto de acuerdo sea votado a favor por todos y cada uno de ustedes y que esto sea en bien del trabajo legislativo que nos lo está demandando la población. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Guadalupe García Noriega: Con su permiso, diputado Presidente. Gracias. Diputadas y diputados, la actuación legislativa, como mandato del soberano, debe ser cumplida en su participación cabal en todas las actividades del Congreso.
De acuerdo con el derecho parlamentario, las comisiones ordinarias son los órganos reguladores y permanentes en que intervienen los legisladores para participar en la resolución y/o en el dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado.
Actualmente las comisiones ya no se limitan a elevar propuestas o dictámenes a los plenos de las Cámaras, sino que asumen un poder decisorio en ciertas materias. Así, las comisiones pueden adoptar resoluciones o mociones de carácter no legislativo y pueden servir de foro para comparecencias de funcionarios de la administración pública en sesiones informativas.
Para ello, la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución replantea la importancia del trabajo legislativo dentro de las comisiones ordinarias, cuya función debidamente establecida en la ley implica el estudio y el trabajo, a fin de que el pleno de esta asamblea pueda determinar la aprobación o rechazo en un tema en particular.
Pero la finalidad e intención de esta iniciativa no es servir como amenaza o sanción a la poca o nula participación en el trabajo en comisiones, más bien implica un reflejo de lo que el pueblo de México espera de sus representados y sus representantes.
El Congreso de la Unión necesita renovarse, ser un Parlamento a la altura de lo que hoy demanda la ciudadanía, y cumplir con la función que le ha encomendado la sociedad. Esto es, legislar.
Y sólo se puede legislar si en los órganos que conforman la Cámara existe trabajo y disposición de sus integrantes para concluir las iniciativas y dictámenes, lo cual difícilmente sucede si no hay quórum necesario para sesionar en comisiones.
En cualquier trabajo existen sanciones económicas para los faltistas, por tanto, no entendemos el desdeño al trabajo en comisiones y deben existir sanciones que modifiquen esta conducta.
La actividad legislativa debe —y es un honor y como tal— ser tomada para todos y cada uno de nosotros, actuando con probidad y eficientemente ante el compromiso para el pueblo que nos eligió.
Por lo anterior, los que integramos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados emitiremos nuestro voto favorable y comprometido en la eficiencia y eficacia de los trabajos legislativos que son principio y fin del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada María Guadalupe García Noriega. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Yadira Yvette Tamayo Herrera: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante diputada.
La diputada Yadira Yvette Tamayo Herrera: Vengo a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN en sentido positivo sobre el dictamen que propone hoy la Comisión de Puntos Constitucionales de reforma al artículo 64.
Ese dictamen nace como un ejercicio de autocrítica a la naturaleza que hoy viene teniendo este Poder Legislativo que somos. Profesionalizar y hacer más eficiente la labor del Congreso permitiendo el pleno desarrollo de sus facultades constitucionales, aun en condiciones difíciles para el acuerdo, es el reto fundamental que se observa en materia de modernización legislativa.
La irrupción en recientes años de fuerzas políticas distintas y la falta de una carrera parlamentaria por la imposibilidad de reelección inmediata de los legisladores ha incidido, como factores sustanciales, en el manejo de múltiples funciones parlamentarias, donde la buena voluntad y mejor disposición para hacer bien las cosas en favor de México han sido superadas por la impericia y falta de operación política adecuada en los trabajos de asamblea, de comisiones, comités y órganos de gobierno de las Cámaras.
Las comisiones constituyen, junto con los grupos parlamentarios o bancadas, el principal recurso organizacional con el que cuentan las asambleas legislativas. Su forma de trabajo es más ordenada y productiva que la del Pleno, su Constitución introduce racionalidad en la función legislativa a través de la especialización en el conocimiento de los asuntos.
Cuando las comisiones son estables e independientes son esenciales para el desarrollo de la especialización, profesionalización y acumulación de la experiencia entre los legisladores.
Hablar de fortalecer los Congresos pasa necesariamente por el trabajo de las comisiones que requiere nuevos diseños para aquilatar el cumplimiento de sus trascendentales funciones.
Producirlas para vigorizar su ámbito de influencia y ejercicio de control programático y presupuestal de los distintos ramos de la administración pública es una medida que, siendo necesaria, no guarda oportunidad con el momento político actual.
Es preciso recordar para sustentar lo anterior, que los ajustes a prerrogativas o espacios de operación de los legisladores histórica y generalmente, se han sucedido al finalizar las legislaturas y no al inicio de éstas.
En este mismo aspecto, de fortalecimiento de las comisiones, es necesario destacar el componente ético que obliga a los parlamentarios que son parte de las distintas comisiones con que cuentan las cámaras, a cumplir con un mínimo de deberes respecto a este órgano colegiado.
Es la asistencia, además del interés y conocimiento de los asuntos por deliberar, la materia prima básica del legislador que busca la profesionalización y especialidad que aporta en el trabajo de las comisiones.
Lamentablemente la proliferación de comisiones ha obligado a los grupos parlamentarios a llenar cuotas que la proporcionalidad y mínima representación les confiere, con congresistas poco interesados en algunos temas, lo que ha traído como consecuencia el desdén y, en algunos casos, desatender las tareas que se llevan a cabo en determinadas comisiones.
Esta situación no es exclusiva de nuestro país y se pueden observar distintas medidas que han adoptado diferentes parlamentos con el propósito de combatir el ausentismo y la negligencia en el manejo de los asuntos de la comisión.
En el pasado y el presente, la amenaza de sanción con la fuerza pecuniaria no ha sido suficiente para obligar a los legisladores a disminuir la inasistencia, o bien, procurar la justificación correspondiente, por lo que la simple medida trasladada al pleno a comisiones, resulta insuficiente para combatir la irregularidad.
En tal sentido, se adiciona un párrafo al artículo en comento para establecer la pérdida del cargo de integrante de esta comisión al legislador que sin causa justificada se ausente de los trabajos de comisión en dos o más ocasiones.
La aplicación en particular de esta medida posibilitará que los verdaderos interesados en concurrir a las reuniones y participar activamente del trabajo de las comisiones, logren sacar adelante los compromisos establecidos por la agenda legislativa en tiempo y forma.
Termino diciendo, queridos compañeros, que este dictamen que hoy sometemos a su discusión, y pido que por favor ustedes apoyen, sustentada principalmente —como dije al principio— en este ejercicio de autorreflexión que debemos hacer en el Poder Legislativo, sobre el trabajo que estamos haciendo y la contribución que hacemos a este México que estamos construyendo.
Decía Octavio Paz que la sociedad se paralizará si se deja de ser autocrítico. Hoy, celebro que al seno de esta comisión hayamos hecho este ejercicio de autocrítica y con este pequeño grano de arena que, efectivamente, no soluciona todo, pero da un mensaje claro de que también sabemos que podemos perfeccionarnos. Y le decimos a la ciudadanía que estamos en este camino de llevar un Poder Legislativo profesionalizado, eficiente y que dé resultados. Muchas gracias por escucharme.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera. Se ha registrado como orador en pro del dictamen, el diputado Narciso Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI:
El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Gracias, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es en términos generales de aprobarse esta iniciativa a consideración de la asamblea por cuanto su propósito es positivo: contribuir a la eficacia del funcionamiento del Congreso.
Se aprobó en primera lectura, lo cual hay que decirlo también, no da suficiente oportunidad a quienes no somos miembros de la comisión dictaminadora para un análisis más profundo y detallado.
Por tanto, quisiéramos aprovechar también esta reflexión, y en consideración a que en mi paso por la LVIII Legislatura presenté igual una iniciativa, que por cierto no fue considerada en este dictamen sí lo fue la del diputado Torres Mercado. Hacer algunas consideraciones.
En primer término, parece un tanto excesivo llevar a la norma constitucional una disposición de esta naturaleza. El principio de rigidez de nuestra Constitución ha sido a veces criticado, pero tiene una razón mínima que creemos debe seguirse considerando, antes de traer a este pleno dictámenes como el que hoy estamos discutiendo.
En segundo término, la representación popular que asigna la Constitución a quienes integramos esta asamblea, compañeras diputadas, compañeros diputados, no se agota en el trabajo legislativo. Lo hemos dicho, lo hemos insistido en esta tribuna, que tan importante es la actividad legislativa, como por ejemplo, las funciones de control que no hemos considerado a plenitud. ¿Cómo las va a fortalecer el Poder Legislativo, o la representación popular entraña también la atención a la ciudadanía?
En tal contexto, es tan importante el trabajo de comisiones, que por cierto, habría que preguntarse si estamos en condiciones administrativas de apoyo logístico a los legisladores para llevar a cabo este trabajo de comisiones.
Yo quiero serles honesto, que a veces no me da tiempo, ya no digamos de estudiar a detalle todos los documentos que llegan a nuestras curules, sino ni siquiera darles una leída que nos permita adentrarnos, que nos permita tener argumentos para votar a favor o en contra.
A esta reforma tendría que llevar consecuentemente una serie de reformas a la Ley Orgánica, al Reglamento. Espero que los compañeros que la presentaron y la han apoyado con tanta decisión, también nos ayuden a llevar esas modificaciones que nos permitan contar con las condiciones en la Cámara, para poder desempeñar nuestro trabajo legislativo.
En el mismo sentido tendríamos que hacer un esfuerzo para ejercer nuestra función de representación popular en los distritos electorales, especialmente los que somos diputados electos por mayoría, en las que no tenemos acceso a los medios, no tenemos forma de replicar las críticas con que nos bombardean los medios de comunicación, por no tener acceso directo a los medios.
Cada legislador, cada senador, cada diputado debiera tener un acceso directo y debiera tener, como existe en otros parlamentos, el acceso a la gestión ciudadana a través de una disposición que establezca esta Cámara de Diputados.
Ahí están las iniciativas y yo espero, compañeras diputadas, compañeros diputados, que no dejemos esta aprobación a la Constitución, en un afán meramente protagónico. Vayamos al fondo del asunto, asumamos la representación popular, tal y como lo marca la Constitución, y vayamos adelante con las reformas consecuentes que no han sido consideradas en esta ocasión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Narciso Alberto Amador Leal. Consulte la Secretaría a la asamblea, si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Secretaría diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 316 votos en pro, 10 en contra y 10 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 316 votos el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Elías Cárdenas Márquez, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Esta Presidencia les da un saludo a las alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana que se encuentran presentes con nosotros. Sean bienvenidas.
El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El problema que pretende solucionar esta iniciativa que presentó Convergencia, y que hoy habremos de votar, es la nulidad de efectos jurídicos de la actuación de las autoridades de la Cámara de Diputados en materia administrativa, resueltos por las autoridades judiciales de este país, derivadas del incumplimiento del principio de legalidad constitucional.
La participación social, rendición de cuentas, ilegalidad y transparencia son conceptos que caracterizan a las democracias modernas, lo que las diferencia de los regímenes autoritarios, cuyo actuar oscuro pretende ocultar ineficiencia, discrecionalidad, impunidad o corrupción y propician, por tanto, desconfianza, ilegalidad y desinformación.
La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes, sino una responsabilidad ineludible con la sociedad, pues los gobiernos manejan recursos públicos que pertenecen al pueblo.
Al Congreso nos corresponde promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y propiciar una legislación acorde con la vida política y social del país.
La fiscalización es un tema contemporáneo de la mayor trascendencia e importancia. La pura denuncia ha demostrado ser limitada pues se ha quedado en el seno de esta misma Cámara. Por ello, los mecanismos de control deben estar orientados en un solo sentido: fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos.
La causa a la que se atribuye este problema es el establecimiento de órganos, facultades y procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, en una norma que no reúne los requisitos para ser ley, contraviniendo lo señalado en el artículo 109 constitucional.
La propuesta de solución que se sugiere es modificar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer ahí los órganos de autoridad y sus facultades, y asimismo, definir que la sustanciación de los procedimientos respectivos se regula conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Seguimos el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que toda actuación de autoridad debe ajustarse de manera irrestricta al principio de legalidad constitucional. Este principio implica que la autoridad sólo puede ejercer las facultades expresamente conferidas; que sus resoluciones deben estar fundadas y motivadas conforme a las normas estipuladas previamente al hecho, y apegadas a los procesos establecidos en los que se respeten las garantías de audiencia y el debido proceso legal.
Sin embargo, se reconoce que existen algunas conductas inadecuadas en materia administrativa por parte de algunos servidores públicos de la Cámara de Diputados, cuyo encauzamiento no ha sido posible, en virtud de que el conjunto normativo que las contiene no reúne los requisitos de ley, y por tanto, se consideran inconstitucionales.
Resulta que esta situación —parte central del asunto que nos ocupa— ha dado lugar a la ineficacia de las acciones emprendidas: impunidad, imitación de conductas inadecuadas, merma al erario de la Cámara, descrédito de la autoridad administrativa y un costo económico y político de consecuencias altamente adversas para la institución.
En tal razón, consideramos adecuado y conveniente rescatar la esencia y sentido contenido en las disposiciones que al efecto se establecen en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera, de manera que se corrija la omisión al propio principio de legalidad constitucional que el marco jurídico actual presenta.
Pensamos que esta reforma será de alto beneficio, toda vez que la percepción pública, tanto de la Cámara, como de sus órganos de control de la responsabilidad administrativa, ganarán en prestigio, confianza y apoyo, al tiempo que los recursos públicos dejarán de ser socavados por conductas inapropiadas e ilícitas, y aún más, quienes hasta ahora apuestan a la ineficiencia del sistema de responsabilidad para beneficiarse, se abstendrán de imitar aquellas conductas impunes por virtud de esta corrección jurídica.
La estructura administrativa que se presenta en la propuesta opera ya en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, orillada por la necesidad de cumplir su función con recursos humanos y materiales presupuestados, por lo que esta reforma no representa ningún costo, por el contrario; expresa con atingencia y asertividad en abono a la efectividad de la norma.
En razón de lo expuesto, pido a nombre de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la fracción de Convergencia en esta Cámara, que por el bien de la misma su voto sea favorable a este dictamen. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Elías Cárdenas Márquez. En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el dictamen que se ha presentado. Como no hay nadie anotado para presentar posicionamiento de los grupos parlamentarios, vamos a pasar a la votación.
Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
Se emitieron 313 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular, por 313 votos, el decreto que reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se le dé lectura al punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, pro favor.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: De la Comisión de Defensa Nacional.
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que aporte los recursos necesarios, a fin de concretar el proyecto de modernización del puesto de revisión carretero de Benjamín Hill, en el estado de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 29 de agosto de 2007.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Junta de Coordinación Política. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura. Presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para adelantar el trámite correspondiente de la siguiente.
Proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en el proceso electoral de 2007 en el estado de Michoacán, suscrita por los diputados Érick López Barriga y Juan Carlos Velasco Pérez, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente. Atentamente. Firma la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Aprobado. En consecuencia tiene la palabra el diputado Érick López Barriga, para dar lectura a la proposición con punto de acuerdo.
El diputado Érick López Barriga: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados, como ustedes bien saben, el próximo 11 de noviembre se celebrarán elecciones estatales en el estado de Michoacán.
Quizá éste será el proceso electoral más competido en la historia de Michoacán, por una serie de características que tiene esta elección en particular. Se va a renovar el Ejecutivo del estado, el Congreso local y los 113 ayuntamientos del estado. Es nuestro ánimo el cuidar este proceso y contribuir de la mejor manera a un ambiente de civilidad política y competencia en la pluralidad durante el proceso electoral.
Recordemos simplemente la agria discusión que se tuvo hace unas semanas aquí por el caso del estado de Veracruz —el reciente proceso electoral— y también los procesos electorales en estados como Yucatán, Baja California, Oaxaca, Zacatecas y el mismo Veracruz —que comentaba—, donde varias dependencias y programas federales, estatales, fueron señaladas y denunciadas por coaccionar el voto en favor de alguno de los partidos políticos.
No adelantamos juicios ni nos basamos en ningún tipo de suspicacia. Pero debemos hacer lo propio a tiempo y de la manera correcta para garantizar los principios que tiene y debe de tener toda elección, de imparcialidad, equidad y objetividad. Al mismo tiempo —y más una entidad con grandes rezagos sociales— debemos buscar mantener el correcto desarrollo de los programas institucionales que se tienen.
La población más marginada finalmente no puede estar sujeta a caprichos políticos ni a sospechas electorales. Miles de familias viven al día y, por tanto, debemos buscar mantener procesos imparciales y equitativos, por un lado; y por el otro, que los recursos federales cumplan su función institucional en beneficio de la población.
En este mismo ánimo, hace unas semanas el gobierno federal y el gobierno del estado de Michoacán firmaron un acuerdo de civilidad que blinda el proceso electoral. Nuestra responsabilidad como legisladores también incluye vigilar los recursos de la Federación para que sean programados y aplicados correctamente, pero nuestra responsabilidad en condición de sujetos políticos, también es la de buscar brindar tranquilidad y certeza sobre el uso de esos recursos.
La semana pasada se aprobó en esta Cámara una reforma electoral que busca precisamente dar mayor equidad y certidumbre a los procesos electorales. En el contenido de esta reforma se apunta precisamente en varios de sus puntos el garantizar la imparcialidad de todo servidor público, y por ende, de los gobiernos en sus distintos niveles dentro de los procesos electorales.
Por ello, consideramos que tenemos que ayudar a cumplir con estos propósitos y prevenir desde ahora lo que no queremos discutir aquí cuando haya concluido un proceso electoral, en este caso el del estado de Michoacán.
Nuestra propuesta es exhortar a los gobiernos en un ánimo de civilidad y crear una comisión plural que vigile los programas y recursos federales en sus tres niveles de gobierno: al gobierno federal, al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, como ya se ha creado anteriormente en esta Cámara.
Por lo anterior, y lo propongo a nombre de mis compañeros diputados del estado de Michoacán…
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, antes de que concluya usted en la exposición, el diputado José Luis Espinosa quiere realizar una pregunta desde su curul, ¿la acepta usted?
El diputado Érick López Barriga: Pero con todo gusto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Espinosa Piña (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Solamente quiero pedirle al compañero diputado que está presentando este punto de acuerdo, y dado que los diputados federales michoacanos de Acción Nacional estamos muy de acuerdo en que se pueda vigilar cómo se aplican recursos sobre todo del estado y de los municipios, pediríamos, para sumarnos, que sí se precise que en efecto, aunque es atribución de los diputados federales vigilar la aplicación de los recursos públicos, hay que recordar que éstos se ejercen a través de programas, y se aplican por estados y municipios, principalmente a través del Ramo 33.
No tenemos, los diputados federales de Acción Nacional, ninguna limitación para poder suscribir también, si tiene a bien considerarlo el diputado López Barriga, este punto de acuerdo, aclarando o señalando, y ampliando, la información de que en Michoacán 92 por ciento de los recursos que se ejercen, 92 centavos de cada peso fiscal, tiene como origen la federación, y lo aplican principalmente estados y municipios. Sería todo.
El diputado Érick López Barriga: Por supuesto que sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Los diputados de Michoacán que suscribimos esta proposición estamos de acuerdo. Creemos que la naturaleza política del estado lo requiere y que se vigile de igual forma, en una comisión plural, al gobierno federal a través de sus distintas dependencias; al gobierno del estado a través de sus distintas dependencias, y a los ayuntamientos en todas sus funciones. Por supuesto que sí, diputado, y ése es también nuestro ánimo.
Por lo anterior, sometemos a consideración y aprobación de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a los responsables de las diversas áreas del gobierno central y paraestatal, a efecto de que acaten las recomendaciones específicas que se formulen para el efecto.
De igual forma, al titular del Ejecutivo estatal, y los de los 113 ayuntamientos, a fin de que en ninguno de los casos se utilicen recursos materiales ni humanos; no se desvíen fondos y no se haga uso de los programas sociales para favorecer a ningún partido político durante el proceso electoral 2007, en el estado de Michoacán.
Segundo. Se crea en esta soberanía y en el marco de sus atribuciones, una comisión plural encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales públicos durante el proceso electoral en el estado de Michoacán.
Y pediría, amablemente, que se turne este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política, para que en su próxima sesión se apruebe e integre la citada comisión, dado que esto ya está en curso y que necesitamos dar mayor certidumbre al proceso electoral. Gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Érick López Barriga. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia recibió del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, del PRD, el texto de su efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Suicidio. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los enunciados del dictamen.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: De las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, General de Salud, y Federal de Protección al Consumidor.
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
De la Comisión de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De la Comisión de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De la Comisión de la Función Pública, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 Bis-1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 47 Bis 2 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
De la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Lectura del orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (15:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 25 de septiembre. Se les recuerda que ese día va a comparecer el secretario de Gobernación y la sesión tendrá que comenzar a las 11:00 horas en punto. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9:30 horas.