El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 354 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (11:53 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Olga Patricia Chozas y Chozas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día…
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. Sonido a la curul de la diputada Fernández Balboa.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Buenos días. De hace dos días para acá, a partir del lunes exactamente, he notado una presencia muy importante de elementos de seguridad en la Cámara de Diputados.
En un principio, el lunes, no lo tomé en cuenta, pero ya el día de ayer a donde quiera que voy hay más de dos elementos que no son los mismos que conocemos, que están en todas partes a donde voy de esta Cámara.
En el pasillo de mi edificio, que es el edificio B, en el primer piso, he encontrado el día de ayer que salí como a las 8:00 o 9:00 de la noche, más de… en varias ocasiones, más de seis y ocho elementos nuevos —al parecer— que no conocemos, supuestamente de seguridad.
En este sentido. yo le quiero pedir que si pueden abrir un espacio en el orden del día, para que la Mesa Directiva nos pueda dar una explicación de si han pedido elementos de seguridad y, en su caso, si esto no es así, si esto no ha sido de esta manera, bueno, entonces que tomen las medidas de precaución, porque hay demasiados elementos con uniformes diferentes, con identificadores diferentes, con chícharos en las orejas diferentes y que pues a mí ya me está preocupando que a todas partes donde voy hay los dos mismos están atrás. Para pedirle eso, Presidente, en el orden del día.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Atendiendo a su solicitud, diputada. Solicito a las instancias correspondientes, le proporcionen la información que usted solicita.
Como usted sabe, el orden del día se integra por las propuestas que nos llegan de la Junta de Coordinación Política, no está inscrito este asunto en el orden del día, habría que hacerlo por el conducto correspondiente. Pero solicitaría a las instancias que son responsables de este tema, que le proporcionen la información.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El diputado Mayans. Sonido a su curul.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (desde la curul): Sí, señor Presidente. Para sumarme a la propuesta de la diputada Mónica Fernández Balboa, ya que nos parece que se está dando un estado de sitio aquí en la Cámara de Diputados de San Lázaro, "la casa del pueblo" —entre comillas— donde el que menos puede entrar es el pueblo.
Pero no nos parece correcto que haya estado de sitio por la Policía Federal aquí en la Cámara de Diputados y sí solicitamos una explicación amplia de cuáles son las condiciones y cuál fue la propuesta de la Mesa Directiva para lo consecuente. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: De la misma forma se le proporcionará la información.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Fernel Gálvez, sonido a su curul.
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. También en el mismo sentido, para darle todo el respaldo y el apoyo a la compañera Mónica Fernández Balboa, que es una situación bastante delicada y creo que este Poder Legislativo no puede vivir en este estado de sitio y en estas circunstancias. Es cuanto, gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Que se dé toda la información que sea indispensable.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: La diputada Mónica Fernández Balboa.
La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente y agradezco la prontitud con que ha girado las instrucciones para que nos hagan llegar la información. Pero yo creo que un asunto tan delicado no es nada más de información para mí o para los compañeros, que agradezco hayan apoyado esta moción; sino yo lo que le pido es que en el orden del día puedan abrir un espacio, no creo que se lleve más de tres o cuatro minutos, para que nos explique a todo el pleno, que somos 500 diputados y que todos tenemos derecho a estar informados, de si han tomado medidas o no y de qué es lo que está pasando en esta Cámara de Diputados.
Por eso es mi solicitud, que aquí en el pleno se informe por qué hay estos elementos, si son reconocidos, si son oficiales, si ustedes lo pidieron y con base en qué motivos. Eso es lo que solicito, Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Compañera diputada, como usted sabe, para la incorporación de cualquier asunto en el orden del día, los diputados y las diputadas tienen el derecho de hacerlo, ya sea a través de una iniciativa de la proposición con punto de acuerdo de una excitativa, de un punto en la agenda política o una efeméride, que hará llegar directamente a su coordinador para que se registre en la Junta de Coordinación Política. Ése es el procedimiento que está regido por nuestras normas. Y con todo gusto se le proporcionará la información que usted está solicitando.
Compañera diputada Secretaria, si quiere consultar el orden del día.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto de orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite informe respecto de las personas físicas y morales que hubieren sido sujetas a la aplicación de la cancelación de créditos cuyo cobro les corresponde efectuar en los casos en que exista imposibilidad práctica de cobro, así como cuando exista incosteabilidad.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Seis oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Javier Neri Alfaro, Sergio Maximino Heredia Sierra, Oscar Rogelio Rubio Iñiguez, María de Jesús Lazcón Castellanos, Norma Lizette López Cha y Carlos Alejandro León Aguilar, puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México y en sus consulados de Cuidad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; en Nogales, Sonora y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnense a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que comunica que los ciudadanos Luz Yaham Vázquez Villanueva, Fernando Rodríguez Rodríguez, Miguel Ángel Delgado Ramírez y Elisa Ledesma Martínez, dejen de prestar servicios a gobiernos extranjeros.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnense a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El siguiente capítulo del orden del día son dictámenes a discusión. Comenzaremos con los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Defensa Nacional.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas para que, en el ámbito de su competencia y en la medida de sus posibilidades económicas, consideren la instalación de un asta y bandera monumentales en las capitales de las entidades de la federación mencionadas. Firman las comisiones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Permítame la Secretaría un momento.
Hacemos notar que se encuentra en este recinto parlamentario el embajador Jorge Zermeño, acreditado como embajador de nuestro país en España. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, y al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para que el Canal 22 amplíe el número de horas dedicadas a la transmisión de programas que fomenten el cuidado y la protección del medio ambiente. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas. De la Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, refuerce e intensifique las medidas llevadas a cabo para atender a las personas afectadas en el estado de Chihuahua que han padecido de los efectos de la presente temporada invernal.
Segundo. Se exhorta al gobernado del estado de Chihuahua para que, en el ámbito de su competencia, redoble los esfuerzos necesarios con el fin de proteger y atender a las personas que han padecido los efectos de la presente temporada invernal. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Quiere usted hacer uso de la palabra? El diputado César Duarte… ¿A favor o en contra, diputado? Diputado Duarte ¿a favor? ¿En contra del punto de acuerdo?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, Presidente. Nos parece un asunto matizado de manera inoportuna el pretender radicar la responsabilidad del clima de violencia que vive el país, a un estado y a la competencia del Estado mismo.
Sabemos todos, el grado de dificultad en que se encuentra el territorio nacional en este tema. Está el ejército en las calles, los cuerpos de seguridad, sin duda han sido rebasados en la mayor parte de los estados de la república y no podemos aceptar que sólo se particularice al estado de Chihuahua y menos la responsabilidad local, con un asunto que ha trascendido a todos los estados de la república.
Por eso es que no nos parece prudente que en este momento en el que se ha generalizado, insisto, la violencia, se pretenda establecer, desgraciadamente, en un matiz naturalmente político a la instancia del Estado.
Sin duda desde las autoridades municipales, estatales y federales, todos, todos tienen una responsabilidad directa, pero es un tema que ha trascendido las fronteras de los estados, es un tema nacional y es un tema en el que el Ejecutivo federal debe asumir la mayor parte de la responsabilidad, conducir una política de Estado en el tema de seguridad y entrar, lo que corresponde a este Poder Legislativo, con seriedad…
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado, perdón, estamos en la discusión de las acciones preventivas en el estado de Chihuahua, debido a las bajas temperaturas. ¿Es el tema que usted quiere discutir?
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Estoy de acuerdo, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Algún otro orador desea hablar a favor o en contra del punto de acuerdo?
Si no hay algún otro orador se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que el 30 de septiembre de cada año realice actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.
Segundo. Se exhorta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que el 30 de septiembre de cada año realice actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.
Tercero. Se exhorta a los gobernadores de los estados de la federación y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a que el 30 de septiembre de cada año realicen actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón.
Cuarto. Se exhorta a las legislaturas de los estados de la federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que el 30 de septiembre de cada año realicen actos conmemorativos solemnes para honrar al Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se ha registrado para hablar en pro del punto de acuerdo, el diputado Alfonso Suárez del Real, por lo que se le concede el uso de la palabra.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señor Presidente. Estamos aquí para solicitar lo que es obvio que va a resultar: el voto favorable a este dictamen, a través del cual se está solicitando que se conmemore, con carácter solemne, el natalicio de don José María Morelos y Pavón.
Los que aquí estamos reunidos queremos destacar con este acto la soberanía y la primera Constitución de la América mexicana y la separación de poderes fundamentales de nuestra organización política.
Resaltar la figura de Morelos es resaltar los sentimientos de la nación, principios rectores plasmados por él mismo en el decreto constitucional de la América mexicana promulgado en Apatzingán, en 1814.
Es por ello que con más convicción que nunca debemos responder al llamado que el Siervo de la Nación nos hace para volver los ojos, conciudadanos míos, al dichoso tiempo en que empezó nuestra santa revolución.
Si queremos conmemorar, debemos volver los ojos a la revolución que fundó a nuestra América mexicana, a la que nos otorgó ciudadanía, patria, identidad, legitimidad e independencia y por ello, al ver a la república en peligro, al ver a nuestra independencia acosada por una nueva colonización de capitales, por una dictadura empresarial —la expresión es de Noam Chomsky— que impone sus intereses a costa del dolor y el hambre de mexicanas y mexicanos, es menester recuperar y honrar los sentimientos de la nación.
Resulta imperativo recordar que la voluntad popular es el único instrumento para obtener legitimidad, y por ello refrendamos, tal y como lo determina el artículo 10 del decreto constitucional de 1814, el derecho a defender nuestra independencia, nuestra soberanía, que es la forma más pura de la voluntad popular, ante cualquier atentado cometido por individuo, corporación o ciudad y sancionado como delito de lesa nación.
Es el momento de recuperar y defender la firme convicción parlamentaria que animó al padre Morelos a consignar para la eternidad el principio rector de que la soberanía emana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números.
Nos congratulamos de este dictamen, estamos totalmente a favor de que se conmemore con la solemnidad que requiere el natalicio del Siervo de la Nación, pero la mejor forma de conmemorarlo es en los hechos y en la realidad. Es tener presente que debemos luchar en contra de esta nueva colonización de capitales que está acosando nuestra independencia.
En memoria de Morelos defendamos la Independencia, recordemos que la patria se defiende, la patria no se vende. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de la palabra para este punto de acuerdo? Al no ser así, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Intersectorial que vigila el Programa Paisano, continúe reforzando el funcionamiento de dicho programa, particularmente en los programas particulares.
Segundo. Se exhorta a la comisionada del Instituto Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de la aplicación del Programa Paisano durante la temporada decembrina 2007-2008. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, en su calidad de titular de la dependencia que preside el Fideicomiso de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fortalecer el Programa de Apoyo Económico de los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a través de la liberación de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinadora General del Sistema Nacional de Protección Civil, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los resultados de la aplicación de los programas de protección civil durante la temporada de huracanes de 2007.
Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinadora General del Sistema Nacional de Protección Civil, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los planes y programas preventivos que serán aplicados en la próxima temporada de huracanes de 2008.
Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la participación de grupos de expertos, elabore y publique una norma oficial mexicana que contenga los lineamientos y especificaciones para el aprovechamiento no extractivo de tiburón ballena, así como la protección y conservación de sus áreas de distribución.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, implemente operativos de vigilancia para verificar los aprovechamientos no extractivos de tiburón ballena en el área denominada Yum Balam-Contoy, Quintana Roo; en la bahía de Los Ángeles, Baja California; así como en la bahía de La Paz y en el banco La Gorda, en la zona de San José del Cabo, Baja California Sur, a efecto de reducir el posible daño a los ejemplares y a su hábitat.
Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno…
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Quiere hablar usted a favor o en contra? Diputada Alavez, ¿quiere hacer uso de la palabra desde su curul? Sonido a la curul de la diputada Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, Presidente. Es para hablar sobre el dictamen de la Laguna de Cuyutlán, de la Comisión de Medio Ambiente. Es que son tres. A favor.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sí. No está a discusión ese punto de acuerdo, si le parece cuando lleguemos a la discusión de ese punto de acuerdo, puede usted hacer uso de la palabra a favor o en contra, como lo desee.
¿Algún compañero legislador o compañera legisladora que quiera hacer uso de la palabra? Si no es así, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que emita indicadores de desempeño que permitan evaluar de manera eficiente y eficaz el grado de cumplimiento de las metas, los objetivos y los impactos de los programas y las políticas gubernamentales en materia ambiental.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a la brevedad posible informe a esta soberanía, de manera detallada, el mecanismo que adoptará para establecer los indicadores de desempeño de los programas que ejecuta, así como su forma de evaluación. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Acuerdo
1. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a cancelar la apertura de 400 metros de longitud y el degrado de 16 metros de profundidad de una boca en el vaso segundo de la laguna Cuyutlán, en tanto no se autorice la correspondiente evaluación de impacto ambiental, de conformidad a lo establecido por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y su reglamento en la materia.
2. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar la legalidad en el otorgamiento de la autorización de cambio de uso de suelo de 98.05 hectáreas de humedal para la ampliación portuaria en la laguna de San Pedrito, municipio de Manzanillo, Colima, otorgada a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Colima.
3. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que verifique que la planta de gas LP de la Empresa Z, Gas del Pacífico, ubicada en la comunidad de Campos, municipio de Manzanillo, Colima, cuente con las autorizaciones federales correspondientes y cumpla con las medidas de mitigación que le hayan sido fijadas.
Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Están a discusión los puntos de acuerdo y se ha registrado para hablar en pro de los mismos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, por lo que se le concede el uso de la palabra.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Quiero llamar la atención de este punto, porque precisamente en la dinámica en la que hemos venido rezagando los puntos de acuerdo, no solamente de esta comisión sino de todo el pleno, es como los puntos de acuerdo salen ya de manera, un poco a destiempo.
En el caso del punto de acuerdo sobre la regasificadora que se está construyendo en la laguna de Cuyutlán, en Colima, bueno pues ya tenemos avances en esta obra, sin saber bien a bien si la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con el dictamen de impacto ambiental que implica construir una regasificadora al lado de una laguna; destruyendo manglares, habiendo la entrada o la salida, más bien, de la laguna al mar. Y nosotros, sin la claridad y precisión de saber si esto causa un daño y cómo lo están pensando resarcir.
En el caso de los manglares tenemos muy claro y eso afortunadamente en la Comisión Especial del derecho social al agua y protección a ambientes acuáticos, vamos a emprender ya una consulta sobre estos humedales y uno de los puntos que vamos a visitar, precisamente es el de Colima, para revisar qué tanto ha impactado esta regasificadora en la laguna, en el daño a los manglares.
Esto, obviamente, en el marco de una omisión que ha tenido Semarnat de entregar información puntual y precisa a la Cámara de Diputados sobre los impactos ambientales que ahí supuestamente se evalúan.
Tenemos un antecedente muy difícil, muy nefasto, del caso del director de Impacto Ambiental, Ricardo Juárez, que fue destituido una vez habiendo otorgado los diferentes permisos para que se habilitaran complejos turísticos y devastaciones ambientales, a cambio de construcción de hoteles y de denostar nuestra cultura en el caso de algunas zonas arqueológicas.
Por eso es que sí me preocupa, y creo que es importante que lo hagamos valer como Cámara de Diputados, que este dictamen y que este punto de acuerdo no se ha tratado como otros en la Secretaría de Gobernación o en otras instancias federales en donde se envían estas solicitudes, estos exhortos a que revisen los impactos ambientales, a que nos envíen la información de lo que ha causado el daño de esta empresa, que además pertenece a Repsol, y que viene en esta dinámica de una impunidad a las empresas trasnacionales para devastar nuestros recursos naturales, para torpedear derechos sociales y así nada más justificar la inversión extranjera en nuestros recursos patrimoniales como nación.
Son casos que ya se vienen dando de manera insistente y como una dinámica de este gobierno federal para entregar nuestros recursos a manos extranjeras y en el caso de Repsol, pues está aquí documentado en el caso de la gasificadora del Pacífico que se instaló en esta laguna, y qué bueno que esté aquí el embajador de México en España, para que tome nota de lo que están haciendo estas empresas españolas en el caso de la devastación de los recursos naturales.
Hay una omisión, pues, de Semarnat por entregar esta información puntual a la Cámara de Diputados, instalamos una mesa de trabajo en donde se supone nos iban a entregar estos impactos ambientales en diferentes puntos del país, donde se están instalando empresas trasnacionales a hacer uso de los recursos, y que hasta la fecha no tenemos información.
Entonces sí llamo la atención para que sea tratado este punto con el debido respeto a la Cámara de Diputados, porque además estamos pidiendo información que ojalá llegue puntual, la podamos revisar y en el momento de hacer la consulta sobre el asunto de los manglares, de cómo se encuentran en el país, podamos ya contar con ésta para entonces tener una evaluación muy precisa de lo que podamos hacer para detener este deterioro ambiental en el país.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias diputada Aleida Alavez Ruiz. ¿Algún otro compañero legislador o legisladora que desee hacer uso de la palabra respecto a este dictamen?
Al no ser así, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género.
Punto de acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa presentada por la diputada Beatriz Mojica Morga, que reforma disposiciones de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal 5 de marzo de 2008.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Gobernación.
Punto de acuerdo
Primero. Las iniciativas con proyecto de decreto relacionadas y descritas en el cuerpo del presente dictamen presentadas durante la LIX Legislatura quedan sin materia en virtud de que las disposiciones a que se refiere corresponden al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Comisión de Gobernación.
Acuerdo
Primero. Las iniciativas con proyecto de decreto relacionadas y descritas en el cuerpo del presente dictamen presentadas durante la LX Legislatura, quedan sin materia en virtud de que las disposiciones a que se refieren corresponden al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, abrogado por el nuevo Cofipe, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Es cuanto, Presidente diputado.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El siguiente capítulo del orden del día es el de dictámenes a discusión. Proceda la Secretaría dar lectura a la comunicación que ha extendido a esta Mesa Directiva la Comisión de Economía.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de marzo de 2008. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.
Con relación al oficio CE/2282/2008, de fecha 4 de marzo, dirigido a la Mesa Directiva a su muy digno cargo, mediante el cual se envía el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 3o. y se incorpora un Libro Sexto denominado "De las empresas unipersonales de responsabilidad limitada", al Código de Comercio, y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 4o. de la Ley de Concursos Mercantiles; y a la iniciativa para que se modifiquen los artículos 58, 70, 87, 89 fracciones I y III, 90, 229 fracción IV y se adicione un capítulo IV Bis con los artículos 86 Bis, 86 Bis 1, 86 Bis 2, 86 Bis 3, 86 Bis 4 y 86 Bis 5, adicionándose también al capítulo V una Sección Séptima, con el artículo 206 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que se procediera a su trámite legislativo conducente, nos permitimos solicitarle de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a efecto de que sea retirado del orden del día de la sesión del día de hoy y sea propuesto para su trámite hasta el día de mañana.
Lo anterior en virtud de que se desean realizar algunas modificaciones al proyecto referido. Sin otro particular, me es grato reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración. Atentamente, firman la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, presidenta; el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, secretario, y el diputado Jorge Salum del Palacio, secretario.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día de la sesión de hoy y se pospone para su discusión el día de mañana.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se retira del orden del día de la sesión del día de hoy y se pospone para su discusión el día de mañana. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se retira del orden del día. Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 421 diputadas y diputados. Quien hasta el momento no ha registrado su asistencia dispone de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; del Código Federal de Procedimientos Penales; y del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le dispensa la lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se han registrado, para fijación de posiciones, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD y el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hará uso de la palabra la diputada Verónica Velasco, por lo que se le concede el uso de la palabra.
La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. No cabe duda que uno de los instrumentos fundamentales que hoy se discuten en esta Cámara de Diputados fortalece la seguridad de todos los mexicanos. Es la actualización de la normatividad que encierra el uso de las tarjetas de crédito, débito y de servicios.
Es en un esfuerzo propositivo y oportuno que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, reunidas hoy, presentan a esta soberanía cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal.
Es importante señalar que esta iniciativa recoge una de las demandas más justificadas de la ciudadanía: el recibir mayor protección a su patrimonio y a su economía. Es en este contexto, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las personas y la protección de su patrimonio, que los legisladores han consentido realizar cambios a la legislación para sancionar aquellas conductas delictivas que afectan a miles de mexicanos.
Se trata de combatir el fenómeno delictivo denominado clonación de tarjetas de crédito, de débito y de servicios, el cual, como es bien sabido, no se reduce a la clonación, sino que se vincula con diversas conductas delictivas como el uso indebido de cheques, el uso indebido de medios electrónicos y otros instrumentos de pago.
En relación con lo anterior es importante mencionar que estas reformas dotarán de eficacia para sancionar a los delincuentes. Ejemplo de ello es que se sancionará con prisión de tres a nueve años las actividades de fabricación, enajenación, alteración, adquisición de las tarjetas de crédito, débito, cheques y formas similares de pago.
Asimismo, se da respuesta a la necesidad de establecer una ley versátil a los adelantos tecnológicos que utiliza la delincuencia, especialmente al prever que se sancione a quienes realicen actos delictivos a través de medios electrónicos, ópticos o, en su caso, a través de la obtención de información confidencial de cualquier usuario de tarjetas de crédito, débito y de servicios.
Otro ataque considerable contra la delincuencia será el detener, a través de los cambios propuestos, la comercialización de tarjetas, cheques y la enajenación, alteración, adquisición de las tarjetas de crédito, débito, cheques y formas similares de pago.
Asimismo, se da respuesta a la necesidad de establecer una ley versátil a los adelantos tecnológicos que utiliza la delincuencia.
Es, desde luego, entonces una importante aportación a las instituciones encargadas de la seguridad pública de la nación, el que los organismos especializados en el combate de los delitos financieros, en el marco de la legalidad usen con certidumbre el mejor instrumento que un Estado democrático tiene para combatir a la delincuencia: la ley.
Asimismo no debemos restar importancia a la responsabilidad que como legisladores tenemos en la implementación de acciones suficientes en beneficio de la sociedad. Por ello estamos ciertos que estos cambios a la legislación son sólo un principio para poner fin a la delincuencia que ensombrece a nuestro país.
Será necesario continuar con las acciones que protejan a los grupos más expuestos a la delincuencia financiera.
Así también el legislador, que ha puesto especial énfasis en la acción para erradicar a todos los partícipes de los delitos que atentan contra las instituciones que enmarcan la Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ha determinado entonces generar, adicionar y endurecer las sanciones que la ley contempla a fin de terminar con todos los sujetos que se organizan como banda, pandilla o asociación, para cometer los actos delictivos con tarjetas de crédito, débito y de servicios, sean nacionales o extranjeras.
Es hora entonces de establecer una política de Estado que dé prioridad al erradicar las injusticias que la ciudadanía sufre por estos delitos y de ofrecer a la sociedad la certidumbre de que en nuestro país no serán tolerados los actos delictivos contra el patrimonio de la persona ni que la delincuencia que opere quede impune. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Verónica Velasco Rodríguez. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado José Manuel del Río Virgen: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, las comisiones de Hacienda y también la de Justicia tomaron la determinación de enviar a este pleno una iniciativa que permite traerles a ustedes un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de las leyes de Instituciones de Crédito y General de Títulos y Operaciones de Crédito y de los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal.
Éstas, compañeras y compañeros diputados se refieren, básicamente, para que todos le entendamos y tengamos un voto total de todo el pleno, a la clonación de tarjetas de crédito.
Hemos escuchado y hemos visto en los diferentes canales de televisión, y muchos amigos y familiares de nosotros se quejan de que les clonan su tarjeta de crédito cuando van a algún viaje, dentro del país o cuando van a sacar algún dinero a un cajero de cualquier institución bancaria.
Este tema ha ido creciendo y ni la Consusef ni la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni los bancos, reconocen que se clonó una tarjeta y que va en contra de nuestra economía.
Eso ha pasado lo mismo en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en todos los estados del país, y se han organizado bandas delincuenciales para poder clonar las diferentes tarjetas de crédito, de débito o de servicios.
Es un negocito que amparado desde el poder permite que se clonen las tarjetas y luego nadie pueda responder por ello.
El Poder Ejecutivo, los diputados de la Comisión de Hacienda, las diputadas y los diputados de la Comisión de Justicia tomaron la determinación de reformar una serie de artículos que permiten que se castigue severamente a quien clone una tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
Ya estuvo suave. Esta Cámara se ha dado cuenta de esta situación y este Congreso de los diputados ha tomado la determinación de que se reforme el artículo 112 Bis, se adicione un 112 Ter, un 112 Quáter, un 112 Quintus de la Ley de Instituciones de Crédito y queda perfectamente bien redactado para que podamos castigar a estas bandas delincuenciales y a quien se atreva a clonar una tarjeta de crédito, de débito o de servicios.
Es más, se tomó la decisión de que la pena que corresponda aumente hasta en una mitad más si quien realice cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 112 Bis, 112 Ter, 112 Quáter tiene el carácter de consejero, funcionario, empleado o prestador de servicios de cualquier institución de crédito o lo realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos o sea propietario o empleado en cualquier entidad mercantil que a cambio de bienes o servicios reciba, como contraprestación, el pago a través de cualquiera de los instrumentos mencionados en el artículo 112 Bis.
Ahí está clarito que ni los funcionarios bancarios de las instituciones de crédito pueden, incluso dos años después, seguir manipulando una serie de conductas que llevaron a que se clonaran tarjetas de crédito, de débito o de servicios.
Ese tema, el robo de tarjetas, el tema de los altos intereses, son lo que este Congreso de los diputados está viendo a profundidad y verdaderamente les pido, diputadas y diputados, voten a favor de este dictamen para castigar severamente a los clonadores de tarjetas de crédito o de débito.
Es apenas una muestra de la fuerza de este Congreso de los diputados. Muchísimas gracias por su atención y por sus votos, diputadas y diputados. Gracias.
El Presidente diputado Cristian Castaño Contreras: Gracias, diputado José Manuel del Río Virgen. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Silvia Oliva Fragoso: Gracias, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy estamos por aprobar un dictamen que si bien constituye un importante avance para combatir a la delincuencia en nuestro país, también es cierto —y lo debemos de dejar claro— que es insuficiente.
Y digo que es insuficiente porque la pasada legislatura aprobó esta iniciativa, la hizo dictamen y minuta y se fue al Ejecutivo. El Ejecutivo nos la regresa con observaciones y creo que las observaciones que hace el Ejecutivo no son del todo aceptables.
Quiero decirles que la observación que hace respecto de que la minuta que envió el Senado no llevaba el presupuesto que se tenía que dar y que la Ley de Responsabilidad Hacendaria ya lo exige, podemos decir que es correcta y que se tendría que revisar.
Sin embargo, el Ejecutivo hace la observación de que este tipo de delito no forma parte de la delincuencia organizada. Yo quisiera que preguntáramos y viéramos si una sola persona puede hacer la clonación de tarjetas de crédito y de instrumentos cobrables.
La minuta anterior, que fue la que observó el Ejecutivo, dice unos elementos importantes que tenemos que rescatar.
Cuando dice: "El delito con tarjetas e instrumentos para el pago de bienes y servicios emitidos por entidades comerciales es un foco del círculo vicioso de la cadena delictiva. Las tarjetas que se roban a los ciudadanos pasan a formar parte de un mercado negro de ilicitud y delincuencia.
"Con las tarjetas, producto de este tipo de fraudes, los criminales se allegan recursos para seguir delinquiendo. A la par de ello se comete fraude mediante la clonación cibernética, con la información de los tarjeta habientes se realizan retiros de efectivo o transacciones financieras sin conocimiento de los titulares de los plásticos".
El argumento de la minuta es válido y deja claramente que es parte de la delincuencia organizada. Ahora nosotros estamos aprobando un dictamen con el cual se quita de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada este delito, no se aprueba que esté dentro de ella.
A mí me parece que esto es insuficiente, a mí me parece que claramente es delincuencia organizada la clonación y la falsificación de estos documentos cobrables. Para mayor ilustración, el IV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Kyoto, en 1970, ya plantea que delincuencia organizada son fraudes mediante tarjeta de crédito.
También en el XIX Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, se manifiesta como delincuencia organizada la falsificación de tarjetas de crédito. Por eso, nos parece que hoy es importante que aprobemos esta minuta, porque ya se tipifica como delito grave la clonación de tarjetas.
El Grupo Parlamentario del PRD cree que es insuficiente. Votaremos a favor, porque es necesario que ya se ponga un alto y que se les aumente la pena a estos delincuentes; sin embargo, consideramos que deberá incluirse dentro de los delitos de delincuencia organizada y para ello prepararemos la iniciativa que pondremos a la consideración de este pleno.
De todos modos votaremos a favor, para que en este caso sea ya tipificado como delito grave y que estas personas que se dedican a hacer fraudes puedan tener un castigo mayor; sin embargo, insisto, ésta es una actividad de la delincuencia organizada y queremos que se reflexione sobre este aspecto. Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Silvia Oliva Fragoso. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hará uso de la palabra la diputada Yadhira Tamayo.
La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Gracias, diputado Presidente. Muchas gracias.
A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional vengo a pedirles, compañeros diputados y compañeras diputadas, que votemos a favor del dictamen que hoy se presenta.
Como ustedes saben, el tema que nos ocupa es la clonación de las tarjetas de crédito, de débito y de servicios. Ya los compañeros que me antecedieron en la palabra han hecho un gran esbozo de lo que nos significan a los mexicanos hoy las tarjetas de crédito.
Cada día van aumentando más los usuarios financieros, los usuarios de esas tarjetas de crédito, de débito o de servicios en el día y en el diario vivir de los mexicanos. Hoy las comisiones de Hacienda y de Justicia, atendiendo a este problema y a este reclamo de la sociedad, han presentado reformas a diversas leyes para hacer posible un castigo más severo a este delito. Pretendemos que este delito sea castigado severamente, la delincuencia organizada, porque sabemos que éste delito no se comete por una sola persona.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional vemos claramente que éste tema debe ser abordado por tres vertientes:
Primero. La Justicia penal, es decir, tenemos que ir abordando, tenemos que ir recorriendo que sea fortalecido en el sistema penal, que esté vigilado cómo se comete este delito, quiénes cometen este delito y que se garantice que sean castigados severamente estas personas.
Segundo. Es el derecho internacional. Sabemos que apenas estamos recorriendo este camino de la cooperación internacional, porque muchas veces estos delitos se cometen más allá de las fronteras de un solo país.
Tercero. Otra esfera que también debemos abordar es el fortalecimiento del sistema financiero mexicano. Con esta discusión tenemos años y años, y hoy creo que es muy importante señalar, creo que es una manera —hoy— de decir a la ciudadanía que estamos —todos de acuerdo— trabajando por ellos. Decirles: aquí están. Quizá sea una muestra modesta comparada con todo lo que debemos hacer, como decía mi compañera Silvia Oliva, pero vamos apuntando bien y directo.
Aquí hay que proteger —como siempre— al usuario de estas tarjetas de crédito, al consumidor de crédito. Es un flagelo grande aquí a estas personas, que hoy en la vida del día a día se necesita.
Así está hecho el mundo, así está hecho este país y así vamos funcionando y, por lo tanto, los legisladores debemos darle un marco jurídico de certeza, de seguridad jurídica a estos usuarios.
Creo que en materia del fortalecimiento de los servicios financieros cabe destacar que también hay un camino grande por recorrer y en ello señalo algunos puntos:
Primero. Creo que es necesario elevar las medidas de seguridad de los funcionarios de las instituciones de crédito, porque a veces es precisamente a manos de esas personas de donde se filtran estos datos de los usuarios de crédito. Entonces hay que elevar la seguridad con respecto a estas personas que elaboran en los bancos y que hacen mal uso de las facultades que le dan sus empleadores.
Segundo. También hay que, por supuesto, fortalecer las leyes que regulan las instituciones de crédito y la Comisión Bancaria de Valores. Incluido también, fortalecer los derechos de los usuarios de los servicios financieros.
Hoy, compañeros, les vengo a pedir —por favor— que votemos todos a favor del dictamen que hoy se presenta. Los mexicanos están esperando actos como éste. Están esperando manifestaciones del Legislativo que vayan en favor de darle mayor certidumbre, mayor certeza jurídica a lo que van trabajando día a día: a su dinero, a su propiedad.
Y hoy creo que es un día de alegría para el Grupo Parlamentario del PAN y para el Congreso también, porque a través de un trabajo conjunto presentamos esta iniciativa y la dejamos a su consideración. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Yadhira Tamayo. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes oradores, la diputada María del Carmen Salvatori Bronca y el diputado Javier Estrada González. Por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Salvatori Bronca.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Desea hacer uso de la palabra desde su curul? Sonido a la curul de la diputada Salvatori Bronca, por favor.
La diputada María del Carmen Salvatori Bronca (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. En obvio del tiempo y en respeto al pleno, declino mi intervención. Únicamente respaldo este dictamen, y ante la brillante exposición de mi compañero diputado de la fracción de Convergencia, José Manuel del Río Virgen, declino y respaldo totalmente este dictamen. Por supuesto, la fracción de Convergencia va a votar a favor del mismo.
Por último comentar que yo sufrí también este penoso delito y que respaldo totalmente esta iniciativa. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputada María del Carmen Salvatori Bronca. Entonces, se concede el uso de la palabra al diputado Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. A favor del dictamen.
El diputado Faustino Javier Estrada González: Gracias, Presidente. Debido a la importancia de este tema, por eso es importante el posicionamiento de la fracción del Partido Verde Ecologista.
Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, uno de los instrumentos fundamentales que hoy se discute en esta Cámara de Diputados es fortalecer la seguridad de todos los mexicanos; es la actualización de la normatividad que encierra el uso de las tarjetas de crédito, débito y de servicio. Es un esfuerzo propositivo y oportuno, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, reunidas hoy, presentan a esta soberanía cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal.
Es importante señalar que esta iniciativa recoge una de las demandas más justificadas de la ciudadanía: el recibir mayor protección a su patrimonio y a su economía. En este texto, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las personas y la protección de su patrimonio, los legisladores han decidido realizar cambios a la legislación para sancionar aquellas conductas delictivas que afectan a miles de mexicanos.
Se trata de combatir el fenómeno delictivo denominado "clonación de tarjetas de crédito, de débito y de servicios"; el cual, como es bien sabido, no se reduce a la clonación sino a una vinculación con diversas conductas delictivas como es el uso indebido de cheques, el uso indebido de medios electrónicos y otros instrumentos de pago.
En relación con lo anterior es importante mencionar que estas formas dotarán de eficiencia para sancionar a los delincuentes. Ejemplo de ello es que se sancionarán con prisión de tres a nueve años las actividades de fabricación, enajenación, alteración, adquisición de las tarjetas de crédito, débito, cheques y formas similares de pago.
Asimismo, se da respuesta a la necesidad de establecer una ley versátil a los adelantos tecnológicos que utiliza la delincuencia. Especialmente al prever que se sancione a quienes realicen actos delictivos a través de medios electrónicos, ópticos o, en su caso, a través de la obtención de información confidencial de cualquier usuario de tarjeta de crédito, débito y de servicios.
Otro ataque considerable contra la delincuencia será el detener, a través de los cambios propuestos la comercialización de tarjetas, cheques y formas de pago existentes falsificados, lo cual se sancionará hasta con nueve años de prisión a la gente que promueva los mismos.
Lo anterior, marcará sin duda el rumbo del país, ya que estos delincuentes serán reducidos considerablemente. Es, desde luego, una importante aportación a las instituciones encargadas de la seguridad pública de la nación el que los organismos especializados en el combate de los delitos financieros, en el marco de la legalidad, usen con certidumbre el mejor instrumento que un Estado democrático tiene para combatir a la delincuencia: la ley.
Asimismo, no debemos restar importancia a la responsabilidad que como legisladores tenemos en la implementación de acciones suficientes en beneficio de la sociedad. Por ello estamos ciertos que estos cambios a la legislación son sólo un principio para poner fin a la delincuencia que ensombrece a nuestro país. Será necesario continuar con las acciones que protejan a los grupos expuestos a la delincuencia financiera.
Así también, el legislador ha puesto especial énfasis en las acciones para erradicar a todos los partícipes de los delitos que atentan contra las instituciones que enmarca la Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ha determinado generar, adicionar y endurecer las sanciones que la ley contempla, a fin de terminar con todos estos sujetos que se organizan como banda, pandilla o asociación para cometer los actos delictivos con tarjetas de crédito, débito y de servicios.
En cuanto a establecer una política de estado de prioridad, el erradicar las injusticias que la ciudadanía sufre por estos delitos y de ofrecer a la sociedad certidumbre de que en México no serán tolerados los actos delictivos contra el patrimonio de las personas ni que la delincuencia que opere impunemente. Por su atención, muchas gracias.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Moctezuma, quiere hacer uso de la palabra desde su curul, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Sumarnos a la fracción parlamentaria del PRI, como integrante de ambas comisiones, para apoyar esta medida que era una necesidad de los usuarios de tarjetas en el país y que es un reclamo que hemos vivido en toda el ámbito de nuestra gestión. Simplemente apoyarlo a nombre de toda la fracción parlamentaria.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Moctezuma. Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen está suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 370 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 370 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. En consecuencia está a discusión en lo general el dictamen.
Se han inscrito para este asunto el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, el diputado Roberto Mendoza Flores y el diputado José Luis Espinosa Piña. Por lo que tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Con su venia, diputada Presidenta. Honorable asamblea, México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y esto constituye un gran reto de gestión y de regulación en materia ambiental. Es por ello que debemos fortalecer las políticas de conservación de los ecosistemas presentes en nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores, México siempre ha sido considerado como un país de enormes riquezas naturales, riquezas que han ido en detrimento en los últimos años por la falta de una legislación que cumpla con las exigencias de conservación y aprovechamiento sustentable del mundo moderno.
Como sabemos, nuestra legislación contempla la figura de áreas naturales protegidas, las cuales son un mecanismo de gran importancia ecológica para lograr la preservación y conservación de nuestros ecosistemas, ya que definen las características geológicas y el estado de conservación de las diversas zonas. Sin embargo, muchas de estas áreas naturales no cuentan con los recursos económicos suficientes para el manejo adecuado de las mismas.
Por lo anterior, considero que en este momento en que nuestro país está sufriendo los embates del cambio climático es trascendental la creación de nuevas áreas naturales protegidas que no sólo tengan un decreto de creación, sino que propicien la participación y cooperación de los diversos sectores de nuestra sociedad con la finalidad de que seamos todos los mexicanos partícipes de un nuevo proyecto de conservación y aprovechamiento sustentable de recursos naturales, logrando con esto que México continúe con la calificación del país mega diverso.
Actualmente existen predios certificados a la conservación, sin embargo sufren las deficiencias legales que no permiten el adecuado manejo de sus recursos y el aprovechamiento sustentable de estas zonas.
Por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad que los predios destinados voluntariamente a la conservación puedan ser certificados y considerados formalmente como áreas naturales protegidas, propiciando el alto valor ecológico de cada una de estas zonas e incentivando la participación ciudadana mediante la cooperación y coordinación en las acciones de preservación, conservación y la restauración del equilibrio ecológico en las áreas que así lo requieran.
Mediante este sistema, la erogación de recursos económicos por parte del Estado no es representativa, beneficiando así a las finanzas públicas manteniendo áreas naturales bien conservadas y estableciendo lazos de cooperación entre la sociedad y el Estado.
De esta forma se propicia el acceso a los diferentes sectores de la sociedad a diversos instrumentos económicos, lo cual otorgará valor agregado a la economía de los propietarios de los inmuebles destinados a la conservación.
Compañeras y compañeros diputados, los exhorto a que nos sumemos al esfuerzo internacional de conservación de los recursos naturales, con la finalidad de heredar un país con condiciones óptimas para el desarrollo de los mexicanos. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Salvador Salgado Amador. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Mendoza Flores, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Roberto Mendoza Flores: Honorable asamblea, uno de los temas más importantes en la política de conservación de la diversidad biológica son las áreas naturales protegidas. Esos espacios de territorio tratan de conservar ecosistemas y especies que por su importancia es vital mantener, todo ello en un sistema coherente de administración. Sin embargo, es materialmente imposible que pueda ser exitosa esta tarea sin la participación de la propia sociedad. Normalmente intereses de todo tipo llegan a entrar en conflicto cuando se distinguen las formas de aprovechamiento de un área natural protegida.
Finalmente lo que está en juego es el destino de un área que aunque de interés público, señale que su destino es primordialmente para conservación. Sucede que la gente afectada puede no aceptar tal destino, ya que muchas veces la base de su propia subsistencia inmediata se encuentra en riesgo.
Por ello, muchas áreas naturales protegidas del país son sólo decretos de papel en donde la propia gente que vive en ella o en su entorno, no tiene la posibilidad real de asumir plenamente un compromiso de conservación.
Una de las principales razones es que ninguno de los órdenes de gobierno asume políticas de desarrollo y compensación entre las obligaciones y limitaciones que les impone la existencia de áreas naturales protegidas, a la gente afectada. Ante estas limitaciones se están buscando nuevos esquemas en donde sea la propia comunidad o los particulares quienes asuman los compromisos de conservación.
Lo anterior implica un proceso diferente, otorgando un reconocimiento expreso a esas comunidades que asumen dicho compromiso, además de que frente a las comunidades involucradas, un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad, en donde el desarrollo económico y social es compatible con la conservación de la naturaleza. Por ello es importante buscar fortalecer los temas de áreas naturales protegidas, en especial la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Las principales características de dichas reformas son:
Se modifican las categorías de áreas naturales protegidas contenidas en el artículo 46. Las zonas de conservación ecológicas municipales ya no se limitarán a los centros de población, sino que también podrán generarse en los espacios rurales de los municipios; además se genera y reconoce la nueva categoría federal de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Anteriormente se reconocía de manera limitada la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación del artículo 59 de la ley.
En el tercer párrafo del artículo 46 se señala expresamente que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal —aunque sabemos que el Distrito Federal ya tiene conocimiento en su legislación local de este tema en los términos que señala la legislación local en la materia—, podrán establecerse parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características de tipos de áreas naturales protegidas de competencia federal o que tengan características propias, de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa.
Lo anterior no es poca cosa, ya que las entidades federativas están limitadas a decretar solamente parques y reservas estatales. Esto va a permitir abrir más categorías de áreas naturales protegidas estatales generando un poderoso instrumento de relación de territorio de las entidades federativas.
Igualmente se incorpora en el artículo 55 Bis, en donde se indica que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados para las otras categorías de áreas naturales protegidas de competencia federal; prever servicios ambientales o que su ubicación favorezca al cumplimiento de los objetivos previstos en la ley para las áreas protegidas.
Para tal efecto, la Semarnat emitirá un certificado en los términos de lo previsto en el nuevo artículo, el 77 Bis, referente al establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En este artículo se identifica quiénes serán los facultados para poder destinar voluntariamente sus predios de conservación, así como los mecanismos para su establecimiento de manera detallada, ampliándose sustancialmente los contenidos en el artículo 59 y que se refiere de manera limitada al proceso de certificación.
Algunas de otras características de estas áreas son: se establece que en el plazo del área certificada con la conservación no podrá ser menor a 15 años. Igualmente, los productos de aprovechamiento sustentable de recursos naturales de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación podrán ostentar un sello de sustentabilidad, expedido por la Semarnat y terminar.
Con esta reforma se avanza sustancialmente a la certidumbre jurídica de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Todavía hay un proceso largo para fortalecer e incentivar este tipo de áreas naturales protegidas de manera voluntaria. Es necesario, por ejemplo, compensar a quienes destinan sus predios a la conservación en bien de la sociedad y la naturaleza, se requieren incentivos económicos de todo tipo; una visión, de parte de los actores gubernamentales, más productiva hacia este tipo de acciones. Sin embargo se trabajará en otra etapa de momento legislativo.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de dicho dictamen. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Roberto Mendoza Flores. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Luis Espinosa Piña: Con su permiso, diputada Presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, compañeros, el principio ambiental por antonomasia, el principio rector de la política ambiental en el mundo es pensar globalmente y actuar localmente. Piensa global pero actúa en el entorno inmediato.
Lo que estamos haciendo al aprobar esta iniciativa de ley es precisamente pensando en el bien general, pensando en la preservación del medio ambiente, establecer mecanismos, herramientas para la actuación local.
Estamos pretendiendo fortalecer la figura de la certificación voluntaria de predios destinados a la conservación. Son predios que son considerados formalmente como áreas naturales protegidas, pero tenemos que complementar esta política del gobierno federal, de impulso y protección a las áreas naturales protegidas, dotándolo de mayores alcances y de mayor vigor.
El artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, queremos que sea modificado, y así lo estamos proponiendo en el dictamen que se somete a consideración, porque ahí se contienen los tipos de áreas naturales protegidas legalmente reconocidos por nuestra legislación.
Y queremos ahí, en esa parte del texto, incorporar el concepto de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Es necesario, señoras diputadas y señores diputados, en este momento de la situación que atraviesa el país y el mundo, en materia ambiental, que podamos imprimir un vigor adicional a nuestras decisiones públicas.
El establecimiento de una administración adecuada y de un manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación podrá dotar de una herramienta adicional, puesta en manos de los ciudadanos, al gobierno mexicano para cumplir con los fines de conservación y preservación de áreas naturales, que son patrimonio de los mexicanos.
Actualmente las áreas naturales protegidas son las reservas de la biosfera, como la reserva de Sian Ka´an, en el sur del país, en la Península de Yucatán, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, todas las zonas boscosas, por ejemplo la zona de Laguna Larga y la zona de las Lagunas de Zempoala, aquí cerca en el estado de Morelos y el estado de México, áreas de protección de flora y fauna, porque hay que recordar, señoras y señores, que México es el cuarto país megadiverso del planeta.
Esto quiere decir que es el cuarto país que tiene más cantidad de especies naturales vivientes de flora y de fauna. Somos nada menos que el primer lugar mundial en diversidad de especies de mamíferos y somos el tercer país en cantidad de variedades de especies de reptiles, entre ellos tenemos al único saurio venenoso del mundo en una zona endémica de nuestro país, que es el lagarto de Gila.
También se consideran áreas naturales protegidas los santuarios, como el santuario de la mariposa Monarca, entre el estado de México y el estado de Michoacán. Y por supuesto los parques y reservas estatales, que además han sido considerados así y legislados en el ámbito local.
El hecho de que establezcamos una protección no garantiza que se preserven, se conserven y se salven estos recursos y que se preserven de la extinción algunas especies, pero sí establece un mecanismo que puede coadyuvar a facilitar este proceso para el gobierno, involucrando a los ciudadanos.
Ahora incorporaremos como nuevo, como adición, que áreas destinadas voluntariamente a la conservación puedan ser sujetas de la ley y quienes voluntariamente las aporten por algún interés de cualquier tipo tendrán que ajustarse a las disposiciones que establecerá, derivado de esta modificación, la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Quiénes pueden ser aquellos interesados en que incorporemos zonas de conservación ecológicas municipales o de interés colectivo de tipo voluntario? ¿Quiénes pueden ser?
Por ejemplo, los pueblos indígenas. Muchos pueblos estuvieron vinculados siempre a un ecosistema y lo explotaron sustentablemente, sin rebasar su capacidad de carga jamás. Vivieron del bosque, aprovecharon sus aguas, aprovecharon su fauna y su flora y jamás lo pusieron en riesgo.
Es esta civilización de consumo la que lo ha puesto en grave riesgo y por eso queremos preservarlo y otorgarles a estos ciudadanos interesados, como las comunidades indígenas, esta capacidad de promover y gestionar áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Otros interesados pueden ser organizaciones sociales, pueden ser personas morales públicas o privadas, empresas que donen predios para la conservación o incluso los gobiernos, en sus diferentes niveles, que puedan aportar áreas para que se preserve, se conserve, se proteja y se establezcan mecanismos de regeneración.
En suma, señoras y señores, consideramos positiva esta reforma a la legislación ambiental, consideramos valioso que atendamos la importancia del tema ambiental cada vez como un tema de primer orden en la administración pública y no como un tema que se ha venido dejando de lado y entendiendo que el fenómeno es global, pero la exigencia debe ser siempre local. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Espinosa Piña. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Méndez Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Víctor Manuel Méndez Lanz: Con su permiso, Presidenta. A esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada esta iniciativa y esta minuta en congruencia con lo que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta minuta que llega a esta comisión trata de aclarar que, si bien es cierto que se permite la aportación voluntaria de predios para la conservación ecológica, éstos no se consideran como áreas naturales protegidas.
Existen en nuestro país 161 áreas naturales protegidas que representan prácticamente el 12 por ciento del territorio nacional, pero de este gran total, sólo 161 mil hectáreas son consideradas aportación de predios de particulares que coadyuvan con la preservación del equilibrio ecológico.
Esta reforma al artículo 46 permite que se consideren con la certidumbre jurídica y merecedora de los estímulos que a esta preservación para predios productivos con interés público le otorga la ley, sean consideradas áreas naturales protegidas.
Al mismo tiempo, esta reforma complementa en la ley la posibilidad de que estos predios no sean sólo los del área urbana, sino que además puedan incorporarse en zonas rurales que a juicio de los municipios deban ser consideradas zonas de protección ecológica, que no estaban establecidos en la ley.
Por tanto, viene a darse una precisión, un alcance a la ley en estos artículos y consideramos que son sumamente necesarios para el propósito del cuidado del medio ambiente y su protección. Por eso, nuestra fracción apoya este dictamen que la Comisión de Medio Ambiente nos presenta. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No habiendo más oradores inscritos se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No reservándose ningún artículo, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputados.
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 360 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo decimocuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. No habiendo quien fundamente el dictamen, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Se han registrado, en lo general, los siguientes diputados: el diputado Diego Cobo Terrazas, el diputado César Duarte Jáquez, el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado y el diputado Martín Stefannonni Mazzocco. Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Diego Cobo Terrazas: Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Diego Cobo Terrazas: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua se constituye como una fuerza impulsora del desarrollo sustentable y como tal, su aprovechamiento debe integrar aspectos de cuidado y conservación.
Es por ello que en nuestro país sólo puede permitirse su uso, aprovechamiento o explotación mediante concesión que otorgue el Poder Ejecutivo federal conforme a las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Las concesiones de aguas nacionales son una de las herramientas más eficaces para administrar el agua, dado que son el instrumento básico de asignación del recurso y sólo se pueden otorgar cuando existe disponibilidad del mismo.
Sin embargo, la efectividad de este instrumento se ha visto reducida considerablemente, derivado de la falta de atención y respuesta oportuna a las solicitudes de trámites presentadas por los usuarios.
Cabe señalar que en el periodo comprendido del año 2004 al 2006, un total de 19 mil 246 concesionarios o asignatarios no presentaron solicitud de prórroga. Y en el 2007 vencieron 21 mil 174 títulos de concesión.
Además, se sabe de muchas explotaciones de carácter irregular que obedecen fundamentalmente a factores como la desinformación, la transformación de los ejidos, el temor o la apatía de los productores, los problemas administrativos o las deudas fiscales que se han contraído, entre otros.
Se cuenta con datos que indican que en el país existen aproximadamente 10 mil pozos operando en condiciones irregulares. Ante esta situación se han generado decretos de condonación a municipios, entidades federativas, al propio Distrito Federal, a organismos operadores o comisiones estatales de agua potable y alcantarillado, o a otro tipo de órganos responsables de la prestación de este servicio. Mientras que los usuarios continúan explotando sus pozos sin regularizar su situación.
En cuanto a los agricultores y las actividades rurales, su situación en relación con la irregularidad de la tenencia de pozos se agrava, porque los organismos suministradores de energía les reiteran que no pueden proporcionarles el servicio por no contar con un título de concesión debidamente acreditado.
De igual manera, aquellos que no cumplieron con su solicitud de prórroga o que no han regularizado su situación fiscal y administrativa, no han podido beneficiarse de la tarifa subsidiada para fines agrícolas.
Todo lo anterior representa un desorden administrativo que, sin duda, redunda en una importante pérdida de recursos humanos y económicos, y donde las irregularidades se van sumando y hacen cada vez más complicado encontrar incentivos que promuevan una regularización eficiente en el aprovechamiento del recurso hídrico.
Con base en lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se pronuncia a favor de la moratoria de 12 meses, para llevar a cabo esta campaña de regularización administrativa de aguas nacionales, a fin de que se otorguen facilidades administrativas a los usuarios de las aguas nacionales, que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones o permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, que demuestren fehacientemente la operación y el aprovechamiento y se sujeten a la disponibilidad y sustentabilidad de las cuencas.
En virtud de lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Diego Cobo Terrazas. Tiene el uso de la palabra, el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es del PRI, discúlpeme diputado, ya me va a venir a reclamar aquí a la tribuna por segunda ocasión.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, respetada Presidenta. Esta iniciativa la hemos impulsado dos senadores por el estado de Chihuahua: el senador Fernando Baeza, el senador Gustavo Madero y su servidor, a raíz de un añejo problema en el que no se ha reconocido la ineficacia, la lentitud, de la burocracia que desgraciadamente que impera en Conagua y que quienes han ido a esas oficinas saben del tortuguismo, de la dificultad para lograr recibir la documentación vigente para poder explotar una concesión hidráulica.
En Conagua son muchísimos los casos en los que está recibiendo el agricultor beneficiario o de una concesión, un documento, y que llevó cinco o seis años el trámite y que se los entregan a escasos dos o tres meses de volver a fenecer esa concesión. Así de lento, así de tardado, de difícil, le ha complicado a quienes en toda la república tienen que acudir a las capitales de los estados, a las delegaciones de Conagua, a gestionar los productores estas concesiones.
Por eso es que nos llena de satisfacción el conocer que —por ejemplo— el Partido Verde, a quien se había planteado que era una medida que podía impactar negativamente en el ambiente esta reforma, hoy la ha apoyado y ha entendido precisamente la naturaleza de esta reforma. No afecta al ambiente, regulariza, da certidumbre.
Como aquí lo ha dicho el diputado del Partido Verde: regulariza la posibilidad del beneficio de las tarifas preferenciales que se otorgan a los productores agropecuarios y que no puede, en este momento, por no estar regularizado su pozo, su concesión, establecer ese beneficio.
Dar certidumbre jurídica es una de las más altas responsabilidades de nuestro órgano legislativo. Es por eso que da satisfacción que tengamos la capacidad de sumarnos en unanimidad en este tipo de decisiones que esperan miles y miles de productores a nivel nacional.
En el estado de Chihuahua, en la región noroeste de Nuevo Casas Grandes, en Delicias, en Camargo, en Jiménez, tenemos conflictos verdaderamente graves por la falta de facilidades que Conagua tenga en la regularización.
El programa de 12 meses establecido en este decreto, y que ya ha sido aprobado por el Senado, precisamente determina la posibilidad de un año de vigencia para un programa intensivo, agresivo. Que ojalá el Ejecutivo sepa aprovechar y regularice de una vez por todas a zonas conflictivas en el país, como son la Laguna, como es Querétaro, como hay pues, en muchas regiones del país, en San Luis Potosí, conflictos muy graves por la falta de regularización y sobre todo de claridad en el derecho que asiste a los productores a beneficiarse en una concesión hidráulica.
El presidente de la república estableció un decreto hace apenas unos meses, pero no cumple precisamente con la expectativa necesaria y es por eso que el reconocimiento que damos al partido del gobierno y a todos los partidos en haberse sumado a esta iniciativa que iniciamos los legisladores de Chihuahua, tengamos hoy la oportunidad de votarlo.
Por eso mi reconocimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos porque ha hecho un gran esfuerzo. Fue un tema bastante debatido, un tema delicado y que finalmente pudimos hoy cumplir con el compromiso que hicimos, precisamente, la Comisión de Recursos Hidráulicos en pleno, en la ciudad de Chihuahua, con los productores del país.
Por eso, agradezco de nueva cuenta —en aquella reunión regional que se dio de los estados del norte del país— agradezco de nueva cuenta a la Comisión de Recursos Hidráulicos por su compromiso, por su trabajo y su lealtad con esa necesidad y esa demanda que los productores del país estaban dando.
Es por eso que hoy la buena nueva es que los productores podrán, una vez votado y publicado este decreto, entrar en un periodo de regularización de 12 meses, de sus pozos, darle certidumbre, y tengan con ello posibilidades de acceder a programas de beneficio que están establecidos en el presupuesto de este año. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado César Duarte Jáquez. Tiene el uso de la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Muchas gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Compañeras y compañeros, los diputados del PRD emitiremos un voto libre y razonado en torno al proyecto de decreto que nos presenta la Comisión de Recursos Hidráulicos.
A pesar de su innegable importancia y las bondades que motivan la iniciativa, las y los diputados de nuestro grupo parlamentario hemos expresado observaciones sobre el beneficio efectivo y el alcance de esta reforma.
Hago uso de esta tribuna para compartir esas observaciones y de ese modo esbozar una posición que si bien pudiera ser interpretada como una abstención, bajo ninguna circunstancias deberá ser considerada como unánime. Y celebro que así sea al interior de nuestro grupo parlamentario, porque —insisto— nuestras diputadas y nuestros diputados votaran a conciencia.
Vamos a analizar el asunto por partes y empezaré por el final, es decir, por la última disposición del párrafo adicionado. La prórroga para regularización de las concesiones deberá sujetarse a la disponibilidad y sustentabilidad de la cuenca. Excelente.
Lo anterior quiere decir que al momento de autorizar la renovación de un título de concesión, la Conagua deberá sujetarse además del criterio de disponibilidad media anual considerada ya en la ley, a un criterio adicional de sustentabilidad.
Pensamos que un indicador adecuado de este criterio pudiera ser el abatimiento real del acuífero, el problema es que en la realidad ambos criterios no operan. Trataré de explicar esta afirmación.
El artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales es muy claro respecto a los requisitos y criterios para el otorgamiento de un título de concesión; el principal es que se tomará en cuenta para su otorgamiento la disponibilidad media anual del agua que se revisará al menos cada tres años. Eso es lo que dice.
Sin embargo, este criterio tan importante es una absoluta letra muerta de la ley. Me gustaría afirmar justo lo contrario, que la autoridad del agua, para otorgar o renovar una concesión, en primerísimo lugar sujeta el otorgamiento al índice de disponibilidad del acuífero, pero no sucede así. Los criterios son de otro orden político o clientelar, pero no el de un manejo responsable de la disponibilidad de la cuenca.
Para muestra un ejemplo. Quisiera preguntarle respetuosamente a cualquiera de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, si conocen la disponibilidad media anual de cualquier acuífero en las cercanías de sus distritos. Me temo que no y mi pregunta no pretende ser tramposa ni mucho menos pedante. Si ninguno de los diputados aquí presentes conoce la disponibilidad actual no es por desinterés o por ignorancia, si se desconocen los datos actualizados es porque simplemente no existen, no al menos los que por obligación la ley, la autoridad del agua está obligada a publicar, revisar y actualizar.
Los datos de los que dispone son incompletos y fueron publicados en el Diario Oficial hace más de cinco años, es decir, el 31 de diciembre de 2003, y sólo reportan la disponibilidad de 202 acuíferos, es decir, menos de 30 por ciento de más de 650 que existen en el país.
Lo deseable es que esta información se publique y se revise año con año, ya que es cada año el periodo en que se otorgan y se renuevan títulos de concesión, pero ni siquiera se cumple el límite máximo de los tres años. Bajo esa deficiente y sesgada información es que la Conagua otorga y renueva los títulos de concesión o asignación.
Incluso, el propio índice de disponibilidad, resultado del cociente entre el nivel de las precipitaciones o escurrimientos y el volumen teórico de aguas concesionadas, resulta inadecuado para determinar las condiciones de sustentabilidad, ya que como todos sabemos el nivel de precipitaciones no significa en automático una recarga del acuífero. El proceso lleva años de retención y de filtración.
Por eso es que antes de intentar dictar una medida de carácter estrictamente administrativo deberíamos velar por la observancia y el efectivo cumplimiento de la ley que pretendemos reformar, para generar verdaderas condiciones de sustentabilidad y si no, que alguien me explique por favor qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de sustentabilidad.
Un problema que adolece esta iniciativa es la inconsistencia o la ausencia total de información. Desde su presentación preguntamos a los indicadores sobre la población objetivo a beneficiar y el tipo de uso o concesión susceptibles de regularizar. No tuvimos respuesta. En la iniciativa sólo se menciona en forma ambigua que el universo de usuarios sin regularizar pudiera representar hasta la tercera parte de los ya regularizados.
Al calor de la discusión mi compañera, Ana Lilia Luna y mi compañero Antonio Ortega pidieron en la sesión del 22 de noviembre, al presidente de la comisión, mayor información que permitiera normar el criterio para la discusión. En esa sesión el presidente se comprometió a dar cifras concretas que aún no conocemos, dijo: "les pido un voto de confianza. Les aseguro que los beneficiarios son usuarios agrícolas de muy bajos ingresos. A la brevedad les haré llegar la información". Así lo dijo, y así consta en la versión estenográfica.
No creemos que el presidente de la comisión suela rendir sistemáticamente honor a su palabra, es que simplemente no tiene de dónde sacar la información. ¿O acaso lo va a hacer del Registro Público de Derechos del Agua?
Parece que sí, porque eso fue lo que sugirió en la última sesión ordinaria. Dijo "la información es pública. El Registro Público de Derechos del Agua se puede consultar en Internet". La confusión entonces es brutal. Vamos a promover la regularización administrativa de títulos ya regularizados y por ende existen en el Registro Público de Derechos del Agua.
Debo insistir en la pregunta. ¿A quién y a cuántos vamos a regularizar? Ante la ausencia de cifras me voy a permitir esbozar y estimar algunas.
Esta reforma contiene una cláusula a discusión. Este benefició sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996. Y antes de esos decretos ¿quiénes contaban ya con algún tipo de regularización? La respuesta es poco más de 27 mil 300 usuarios.
El beneficio, en términos de regularización de los decretos de 95 y 96, resultó espectacular. Poco más de 300 mil títulos, mismos que de estar ahora vencidos, estamos dejando fuera de este beneficio.
¿A quién presuntamente beneficiaríamos? Serían a aquellos usuarios que se inscribieron en los años 94 y 95 en el registro público. El universo de beneficiarios, suponiendo que sus títulos estuvieran vencidos, no sería mayor de tres mil usuarios. Los nombres están en Internet.
La reforma —entendemos— pretendería regularizar a todos aquellos quienes desde mediados del siglo pasado no tuvieron un incentivo para regularizarse. Tampoco lo van a encontrar en esta ocasión, ya que la reforma parte de un presupuesto falso y de una percepción errónea y superficial respecto al incumplimiento de los usuarios, como si el incumplimiento estuviera abundado en el dolo, la desidia o la propagación de la cultura de la ilegalidad. Las razones para no regularizarse son mucho más complejas y profundas.
Por todo esto, compañeras y compañeros, estas observaciones las hicimos sistemáticamente en las sesiones de la comisión. No dudamos de la bondad de abrir este espacio de regularización, pero sí queremos dejar claro ante esta asamblea que no es lo mejor de esta iniciativa. Por eso los diputados de la fracción parlamentaria del PRD —como ya lo dije—, tendremos libremente el voto. Yo agradezco, señora Presidenta, la atención. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Fausto Fluvio Mendoza. Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Gracias, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aun y cuando celebramos el 27 de febrero el decreto que expidiera el presidente de la república para otorgar facilidades a todos aquellos títulos de concesión y asignación vencidos a partir del primero de enero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Creemos que este decreto, esta minuta de decreto que nos envía el Senado de la República, por cierto que nosotros hicimos la adhesión precisamente para poner los candados que decía el compañero que me antecedió en la voz, porque si bien es cierto en 1986 se expidió un decreto presidencial donde se otorgaban los registros nacionales. Ése es el antecedente.
En 1992 se crea la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y a partir de esa fecha se tenía que solicitar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Comisión Nacional del Agua, para que cambiara esos registros nacionales, esos permisos provisionales, precarios, que había otorgado la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, por el título de concesión, donde ya especifica las características de la obra hidráulica a explotar.
Así fue durante varios años y fue hasta octubre de 1995 cuando el presidente Zedillo decreta nuevamente un levantamiento de veda en toda la República Mexicana para otorgar facilidades administrativas a todos aquellos usuarios de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, para que pudieran tener el derecho de tener la concesión en sus manos.
Lo que comentaba el diputado que me antecedió en la voz, yo creo que es una percepción errónea, porque si bien es cierto él dice que a partir de 92 se otorgaron títulos de concesión, ¿qué va a pasar con esos títulos de concesión cuando ya están vencidos? Déjeme decirle que precisamente este proyecto de decreto que hoy se somete a discusión, precisamente regulariza a todas aquellas personas en tanto no pueda regularizar el decreto que emitiera el presidente de la república para tal efecto.
Pero no obstante esto, le puedo dar datos precisos que son aproximadamente 40 mil usuarios de aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, ya sea de títulos de asignación o títulos de concesión, que son totalmente diferentes, y que creo que le daríamos una certeza jurídica a los organismos operadores de agua.
El 30 por ciento de los organismos operadores de agua, que no tienen la culpa porque no tienen la capacidad jurídica para poder solicitar la prórroga a la autoridad correspondiente, han fenecido sus títulos de asignación. Y hay un problema gravísimo en las comunidades rurales precisamente porque no se pueden rehabilitar las obras dentro de las comunidades rurales y darles agua potable a nuestros hermanos en las comunidades.
De tal suerte que este decreto facilitaría a los organismos operadores de agua y que sería parte del decreto que expidiera el 27 de febrero el presidente de la república, pudiéramos nosotros darle una certeza de que pudieran tener acceso al agua potable y alcantarillado en todo el país.
El presidente de la república, en un hecho sin precedente, ha destinado más de 2 mil millones de pesos precisamente al tratamiento de las aguas. Es un problema serio el que tenemos en el agua a nivel internacional y creo que a esto podríamos darle no solamente la certeza, vuelvo a repetir, sino que pudiéramos nosotros saber cuánto volumen de extracción se está haciendo en cada uno de los pozos en el país.
Hoy vemos con mucha tristeza Chihuahua, que es el estado número uno en sobreexplotación; Guanajuato, mi tierra… pero no solamente eso, tenemos a La Laguna, tenemos una sobreexplotación en Zacatecas, en todas aquellas cuencas cerradas que no tienen recargas de aguas laterales. Y éste es un serio problema.
Aunado a este problema del abatimiento, tenemos que considerar también que los usuarios en materia agrícola sufren las consecuencias por no tener un título de concesión.
Podríamos decir que un título de concesión es la carta de presentación para poder acceder a las tarifas preferenciales, como lo maneja y lo tiene contemplado la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento.
Uno de los artículos del reglamento —si no mal me equivoco, el 17— determina uno de los requisitos, que es precisamente tener el título de concesión para poder accesar a tarifas preferenciales.
Son todos aquellos usuarios agrícolas que no tienen título de concesión por la falta de capacidad de la propia autoridad, por la disminución del personal que se tuvo a partir de 2000 en la misma Comisión del Agua, que tenía 30 mil diputados —y el diputado que me antecedió en la voz lo sabe perfectamente bien— y hoy solamente trabajan poco más de 13 mil empleados en la Comisión Nacional del Agua para atender todas las necesidades, todas las solicitudes de todo el país, de las cuencas.
Así pues, nosotros, en Acción Nacional, queremos darle esa seguridad a todos los usuarios de agua y por eso en el Senado de la República y desde aquí, en la Cámara de Diputados que por un error precisamente técnico de la propia Comisión no se adicionó lo que nosotros habíamos marcado como un candado.
No podemos otorgar en papel lo que físicamente no tenemos. Es decir, si nosotros concesionamos 2 millones de metros cúbicos, por poner un ejemplo, a un pozo ¿habrá la capacidad, la disponibilidad del recurso hídrico para extraer 2 millones de metros cúbicos? Puede ser que no.
¿Quién pudiera determinar la disponibilidad del agua en el país? La disponibilidad de agua la determina la propia autoridad, de acuerdo con las recargas que tienen en los mantos freáticos, en las zonas geohidrológicas, y va por estados.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, ¿me permite? Disculpe que lo interrumpa. La diputada Aleida Alavez quiere hacer una pregunta. ¿Usted acepta una pregunta de la diputada Aleida Alavez?
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Con gusto.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Diputado, es por las argumentaciones que da, en el sentido de quiénes serían los beneficiarios de esta renovación de concesiones.
Pero lamentablemente no contamos con esta información de la que se ha hablado en términos generales, de esos 40 mil beneficiarios. A mí me gustaría saber quiénes no estarían en esas condiciones de renovar sus condiciones bajo este esquema que se está proponiendo en el transitorio.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: ¿Quiénes no?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Sí.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Aquí yo creo que quienes no tuvieran la documentación que acreditara, precisamente, o que se acogieran a este decreto y que no pudieran acreditar la documentación de la explotación.
Déjeme decirle que este acotamiento que nosotros hicimos y si ustedes pueden revisar en la Gaceta Parlamentaria, la minuta viene con letras más resaltadas donde dice: "este beneficio sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesión y permisos en materia de explotación, uso, aprovechamiento de aguas nacionales antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996, relativos a la materia y que demuestren fehacientemente la operación de la obra".
Esto qué quiere decir. Que tendrán que demostrar que han venido operando utilizando aguas nacionales antes del 11 de octubre de 1995, cuando se expidió el primer decreto presidencial, porque si no, estas personas no demostrarían fehacientemente la operación y, en consecuencia, no podrían acceder a obtener el título de concesión.
No sé si quede la pregunta respondida o a lo mejor tiene alguna otra duda. Con gusto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Efectivamente, diputado, hace alusión a los que tienen concesión de antes de los decretos de 95. Pero según la renovación, precisamente de las concesiones, deja exentas a todas estas personas o a todas las comunidades que tengan concesiones antes de 95.
Hay también una preocupación que tiene que ver con las condiciones que se les ponen para renovar sus concesiones y que están imposibilitados a entregar, no por una omisión sino porque los costos que implica el contrato de la energía eléctrica y la instalación de todas estas bombas es algo que están en la imposibilidad de atender, y al no tener subsidios, y que en este año se hayan eliminado los subsidios en el Presupuesto de Egresos a las comunidades agrícolas, a las rurales, pone en condiciones difíciles de la renovación a estos sectores que a nosotros nos preocupan.
No es un beneficio amplio a los concesionarios que menciona, a los 40 mil, y al no tener los datos que se pidieron al presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en donde se establece el abatimiento real del acuífero, no entiendo cómo estarían dándole esa pauta a quienes tienen realmente una concesión.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Yo respeto mucho su opinión, no la comparto porque desde luego habría que saber cuál es la vigencia de un título de concesión.
Dice la Ley de Aguas Nacionales que no podrá ser menor a 5 y mayor a 50 años, de tal suerte que, si a los que hace alusión usted de 1994 se hayan vencido en 99, pudiendo pensar que se les haya otorgado la concesión por 5 años —que yo he visto concesiones—, normalmente la vigencia es de 10 años de los títulos de concesión.
Los títulos de asignación son distintos y van de acuerdo al volumen de extracción de agua potable que requiere la comunidad o los organismos operadores de agua.
Pero, suponiendo que estemos hablando de un título de concesión que haya sido otorgado en 1992 —que fue la fecha precisamente de la promulgación de la Ley de Aguas—, si nos apegamos a lo que dice el marco normativo, que no puede ser menor a 5 años y mayor a 50 años la concesión, si Aristóteles no mentía, estaríamos hablando de 1997. Esos títulos de concesión vencidos y los títulos de asignación vencidos entrarían también en este decreto.
También debemos aclarar que lo que dice usted respecto a la situación de que no cuentan con recibos de la luz, no necesariamente tienen que presentarse recibos de consumo de luz.
Evidentemente hay extracción con bombas centrífugas, hay con bombas de caracol, como se les conoce, etcétera, y no necesariamente tiene que ser accionada por un motor eléctrico. De tal suerte que aquí lo que se está pidiendo es que se demuestre la operación fehacientemente de la obra.
Aquí yo no sé si no haya quedado claro, porque esta discusión que estamos teniendo ahora o en la que tienen ustedes muchas dudas, la discutimos muchísimo tiempo en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Tuvieron los datos que nosotros tenemos, pero por supuesto que los tuvieron. En cada una de las entidades federativas sabemos perfectamente bien quiénes son aquellos usuarios que no cuentan con el título de concesión y los organismos operadores de agua no cuentan con los títulos de asignación.
De tal suerte que, me parece que este reclamo lo van a hacer aquellas personas que sí tienen el derecho de acogerse a este decreto y que, por negligencia de nosotros o de algunos diputados que no se documentan, tendremos que dilatar esto.
Por eso, en nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor del dictamen, esperamos ver pronto la operatividad que realice respecto a esto la propia Comisión Nacional del Agua y que tendremos también que discutir algunas cosas más dentro de la Ley de Aguas Nacionales.
Lo del reuso del agua, que es algo mucho muy importante, la planta de tratamiento en todo el país. Que sean funcionales, que no sea una obra más en el municipio y que las echemos a andar.
Aquí el Distrito Federal también requiere de obras importantes hidráulicas y precisamente vamos a darle esa certeza jurídica todos los usuarios de agua potable. No solamente a los agricultores, que si bien es cierto son los más golpeados del sector primario, también se requiere darles la certeza y darles facilidades administrativas para que puedan regularizar su situación en aquellos casos de los títulos de asignación. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Martín Stefanonni Mazzocco.
Esta Presidenta informa que se han registrado para continuar con la discusión en lo particular los siguientes diputados: el diputado Gerardo Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI. Diputado, permítame por favor. Diputada Aleida Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, Presidenta. Es para que me anote en la lista para la discusión.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro, diputada. Perdón, diputado. Adelante, por favor.
El diputado Gerardo Vargas Landeros: Con su permiso, Presidenta. Gracias.
El proyecto de decreto que está sujeto a discusión en este momento tiene por objeto la adición de un párrafo segundo al artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales. Esto es, para que la Comisión Nacional del Agua lleve a cabo, con mucha precisión, una campaña de regularización de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en cuyos casos su vigencia no haya concluido; campaña que habrá de realizarse en un plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de este mismo decreto.
Este decreto que nos ocupa fue ya aprobado por esta soberanía como Cámara de origen, luego se pasó al Senado de la República. En una revisión correspondiente se adicionó la disposición incorporando y delimitando a los beneficiarios de la campaña de regularización, que se establecen en este mismo proyecto.
En nueva revisión, la Comisión de Recursos Hidráulicos dictaminó de manera positiva y en sus términos el proyecto de decreto que está aprobado en esta Cámara de Senadores. Los beneficiarios de esta campaña de regularización serán aquellos titulares de concesiones que cuenten con los antecedentes de trámite en materia de explotación o uso, como ya lo han mencionado en los respectivos decretos presidenciales de 95 y de 96.
El decreto responde al hecho de que las políticas y prácticas centradas en medios técnicos y formales afectan de manera negativa una gran proporción, tanto de hogares como de productores, al no reconocer a estos medios formales.
En pláticas con la Comisión Nacional del Agua y ante la existencia de un gran número de concesiones irregulares en todo el país, ha actuado con prudencia al no proceder a la cancelación de estas obras hidráulicas relacionadas con aquellas concesiones irregulares, para evitar la crisis económica y social que con ello pueda derivarse.
La realidad indica que el aprovechamiento de un alto porcentaje de los recursos hídricos es totalmente irregular, lo que hace necesaria e imprescindible la campaña de regularización que ahora estamos aprobando, pues de lo contrario la incertidumbre de los usuarios en cuanto a la disponibilidad del agua generaría una afectación irreversible a las actividades productivas a las que se dedican estos usuarios.
Asimismo, es importante decir que en esta comisión se ha exhortado a los diputados y a las diputadas para fortalecer la defensa del vital líquido. Asimismo —es importante decirlo— hace poco, hace unos días en Hidalgo el propio Ejecutivo federal, Felipe Calderón, mencionó que el agua es un tema de seguridad nacional e igual de importante que el petróleo.
Así pues, compañeros legisladores, hagamos nuestro trabajo y desde esta trinchera sumemos los esfuerzos con el Ejecutivo federal para dimensionar realmente la importancia que tiene este vital líquido en nuestro país.
Por lo anterior, apelo a la consideración de todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, para que emitan el voto favorable para la aprobación del decreto en su consideración. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Gerardo Vargas Landeros. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Con su venia, Presidenta.
Qué mejor fecha para el análisis de este dictamen que el marco del Día Mundial del Agua. Como ustedes tendrán conocimiento, en estos días —precisamente el 22 de marzo— se lleva a cabo la celebración del Día Mundial del Agua. Esta celebración que fue determinada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 93, establece, entre otras situaciones, el compartir a nivel mundial la preocupación por el tema del agua.
La crisis mundial en el agua afecta a todos los rincones del mundo y México no puede ser un país ajeno a esta problemática. Por eso, el presidente Felipe Calderón, precisamente en el marco de esta celebración, en la ciudad de Oaxaca, ratificó el asunto del agua como un asunto de seguridad nacional, pero todavía fue más allá. Él afirmó que el agua todavía tiene un valor social más grande que el petróleo, inclusive que el oro mismo.
Es por eso que en el hecho de que hoy estemos discutiendo una minuta que viene de la Cámara de Senadores y que hemos venido trabajando en la Comisión de Recursos Hidráulicos, en una fecha propicia como ésta, considero que es de beneplácito y que hoy afortunadamente los grupos parlamentarios estoy seguro que aprobaremos para el bien de la nación mexicana.
Por lo anterior, compañeros y compañeras, considero muy importante que hoy le demos nuestro voto a este dictamen. Dictamen que, si bien es cierto ha sido plenamente discutido, también es cierto que representa una necesidad nacional —como ya se ha dicho aquí— para darle certeza jurídica a miles de usuarios de aguas nacionales, ya sea de aguas subterráneas o de aguas superficiales.
Los diputados de Acción Nacional coincidimos con la colegisladora de que el problema de aprovechamientos hídricos nacionales es mayúsculo. Y según estimaciones alcanza casi un 30 por ciento del total de las concesiones registradas.
Con esta minuta se pretende alcanzar y dar un instrumento para regularizar miles de concesiones que actualmente se encuentran en la inseguridad jurídica. Esto no solamente beneficia al sector agropecuario, que es un sector que ha sido golpeado y que se encuentra en el último de los parámetros económicos de nuestro país, sino que también beneficia a los organismos operadores de agua potable y, por supuesto, a los municipios, ya que existen en este momento muchas asignaciones que se han perdido, precisamente porque era necesario que se modificara la ley en el tema que hoy nos ocupa.
Nosotros hemos estado preocupados en éste y otros temas en el seno de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y una vez que hemos sacado adelante lo prioritario —que es esto—, esta minuta y otras que ya han sido aprobadas por esta soberanía, hay un consenso de los grupos parlamentarios de irnos al fondo del asunto.
Es decir, nosotros consideramos en Acción Nacional que la Ley de Aguas Nacionales, si bien es cierto que con estas modificaciones ya responde a la problemática nacional, también creemos y estamos convencidos —y estamos trabajando para ello— que es necesario hacer una revisión a fondo de este marco jurídico.
Es por eso que en el grupo parlamentario hemos propuesto una serie de foros que vamos a iniciar a la brevedad y que nos permitirán recibir de los usuarios, de los ciudadanos, las propuestas que habrán de transformarse en una reforma integral a esta norma jurídica tan importante, que es la que regula el tema del agua.
Yo quiero —finalmente— decir que celebro que en el marco del Día Mundial del Agua se lleve a cabo esta resolución que finalmente beneficiará a miles de mexicanos, campesinos, usuarios en general y que todos saldremos beneficiados.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen. Invitamos a todos los grupos parlamentarios a que se sumen a este esfuerzo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Víctor Manuel Torres Herrera. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada Presidenta. Quiero aclarar que no es estar en contra de la regularización de concesiones. Yo creo que eso es algo loable que así lo podemos atender.
Yo creo que parte del Grupo Parlamentario del PRD así lo considera. Por eso hay esta decisión, de tomar una votación que será libre y razonada, pero dejar en claro las preocupaciones que tienen que ver con cómo renovarlas.
Renovar las concesiones implica que todos los que son parte de ellas o tienen una concesión, y yo hablo, sobre todo, de los pequeños productores rurales, de las zonas indígenas.
Nos han llegado, a la Comisión Especial del agua, diferentes preocupaciones porque la regularización implica que se tenga que contratar energía eléctrica, instalar bombas, medir precisamente el flujo de agua que tienen en su concesión y esto fue eliminado en subsidios desde el presupuesto de este año.
Entonces, cuáles son los incentivos para todas estas comunidades, para que se sujeten a la regularización. Los grandes productores o los que son concesionarios desde el 95, entiendo, ahora con esto hay un incentivo.
Pero para estas comunidades que se declaran en la imposibilidad de hacer el pago de esta energía eléctrica, que además ya no se considero en el Presupuesto de Egresos como subsidio, entonces cómo atenderemos el que ellos no se sientan perseguidos o amenazados porque su concesión no sea ahora cancelada y sí trasladada a quien pueda pagar esa energía eléctrica que le va a producir el cumplimiento de la concesión.
Por eso quiero dejar muy claro que ésa es la preocupación fundamental que tenemos en la fracción algunos diputados y algunas diputadas, que obviamente no se basa en una falta de documentación. No estamos en esa idea, sino más bien en cómo aclararle a quienes vayan a ser sujetos de esta regularización, los beneficios y el cómo no se les va a condicionar o amedrentar la posibilidad de cancelarse esta concesión.
La reforma, entendemos, pretendería regularizar a todos aquellos quienes desde mediados del siglo pasado…
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada. ¿Me permite, diputada? Le quiere hacer una pregunta el diputado Stefanonni Mazzocco. ¿La acepta?
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Sí.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado. Adelante.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco (desde la curul): Nada más para aclarar. Usted sabe respecto a los subsidios que tiene a través de Sagarpa —y lo dije claramente— que lo contempla la Ley de Energía para el Campo, y en su reglamento de esa propia ley de energía para el campo determina como requisito indispensable tener el título de concesión para poder acceder a los subsidios.
Usted sabe cuánto se aporta de subsidio, cuánto cuesta el kilowatt hora en diurno y cuánto cuesta el kilowatt hora nocturno, en tratándose de materia agropecuaria y cuáles son los beneficios que tiene también en materia de uso doméstico, agua potable y alcantarillado; a eso me refiero.
Porque este decreto no solamente otorga facilidades administrativas para que no paguen las multas a que se hicieran acreedores, precisamente si no tienen los títulos de concesión.
De tal suerte que me parece que solamente es para ver si usted lo conoce, sino para ilustrar en este sentido, con todo respeto lo digo, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Yo tengo muy claro que, en la discusión del Presupuesto de Egresos es la segunda ocasión en que se cancelan los subsidios para energía eléctrica a productores agrícolas. Eso quedó así establecido en el Presupuesto de Egresos de 2008.
Ahora, si por alguna otra vía mencionaron o hicieron alusión a este subsidio por parte de Sagarpa, bueno, pues tenemos el problema de que hasta ahorita no sabemos bien a bien cómo Sagarpa va a aplicar los recursos este año.
Es una falta, igual de información, pero no mía, sino de todo lo que va a ser la aplicación del recurso en materia agrícola en todo el país. Entonces no sentimos que haya ésa claridad en esta búsqueda de regularización.
Y bueno, pues insistir en que la preocupación que nosotros hemos recogido en la Comisión Especial, que además lamentablemente no se le han turnado estas iniciativas para observaciones que creemos necesario dar, porque nuestra tarea es resguardar cómo garantizamos el acceso al agua de diferentes comunidades y también cómo revisamos en qué condiciones están los diferentes humedales en el país, pues entonces no hay forma de equilibrar ambas cosas.
O sea, por un lado, cuánto produce un acuífero, cuánto puede seguir otorgando a la comunidad, cuánto esta comunidad tiene que pagar por explotar ese acuífero. Y con la imprecisión de los datos, que además ya mencionaba el compañero Fausto Fluvio, que se han estado deteniendo desde 2003, de cuánto produce cada cuenta. Entonces, digo, es loable la regularización pero si en todos estos datos, que además se nos dice "están en Internet", y no están, pues no podemos tomar una decisión correcta.
Por eso yo creo, y además hago hincapié, en que en esta ocasión esta reforma parte de un presupuesto falso y de una percepción errónea y superficial respecto al incumplimiento de usuarios, como si el incumplimiento estuviera fundado en el dolo, la desidia o la propagación de la cultura de la ilegalidad.
Las razones para no regularizarse son mucho más complejas y profundas. Acaso el mundo rural indígena encontrará ahora alguna razón para no desconfiar del gobierno a quien ve como la principal amenaza para despojarlos de su acceso al agua que obtiene de manantiales, efluentes y arroyos, y esto lo tenemos documentado en la Comisión Especial de Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos.
Acaso los pequeños productores rurales cuyos ingresos apenas les permiten pagar la energía eléctrica para mantener funcionando sus pozos y obtener también el agua para uso doméstico dejará a un lado el recelo que le provoca el saber que de obtener un título de uso de múltiple no podrán recibir ningún tipo de subsidio, como sí sucede en el uso agrícola.
Si esta reforma no obligara a la acreditación fehaciente de la operación del aprovechamiento podría beneficiar a cientos de miles de migrantes que han sido expulsados del México rural desde hace muchos años, pero eso tampoco sucederá.
En conclusión, el beneficio administrativo no constituye un real incentivo para regularizar a aquellos que ancestralmente han decido no hacerlo. Por eso es que varios diputados y varias diputadas votaremos en abstención, y quiero recordarles que como el agua y los recursos naturales y energéticos de este país no se venden, no se dan al mejor postor, no se otorgan concesiones a quien las pueda pagar. Se respetan primero los derechos sociales de acceso al agua. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Aleida Alavez. Tiene el uso de la palabra el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso.
Me parece que ya se ha mencionado mucho acerca de las bondades de esta modificación tan importante de la Ley de Aguas Nacionales. Habría que subrayar, aprovecharía yo esta oportunidad para reconocer a quienes fueron los iniciadores, que fue el resultado, justamente, de una serie de reuniones que la propia Comisión de Recursos Hidráulicos hemos tenido en los diversos estados de la república.
Es justo reconocer al diputado César Duarte por su insistencia, por los acuerdos que logró hacer al conformar esta iniciativa junto con los senadores Baeza y el senador Madero del mismo estado de Chihuahua.
Es ésta la oportunidad para reconocer que este ejercicio parlamentario, en donde la Cámara de Diputaos siendo cámara de origen autorizó este decreto y fue a la Cámara de Senadores y regresó con las modificaciones correspondientes, es justo decir que es la muestra justamente de los consensos que se pueden lograr cuando los diputados, como representantes populares, encontramos coincidencias y encontramos temas comunes que nos unen.
Esta reforma, como aquí se ha dicho, ayudará a que muchos productores de este país puedan resolver los añejos problemas que tienen en el tema de las concesiones. Esta reforma servirá también para que ojalá todos los diputados de esta Cámara y los miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos, podamos ir mucho más allá de esta reforma; podamos autorizar presupuestos suficientes para lograr tener en este país un diagnóstico claro de la calidad y la cantidad, sobre todo, de agua que tienen nuestros mantos acuíferos.
Ojalá que así como logramos estos acuerdos, podamos en el presupuesto del año que entra establecer en algún lado recursos suficientes para lograr un diagnóstico tan importante que nos permita seguir avanzando en el conocimiento de este recurso tan importante, que es el agua.
Por ello, pues, termino reiterando el reconocimiento y la felicitación a la propia Comisión de Recursos Hidráulicos, de la que soy parte, por esa insistencia de llevar a la Cámara de Diputados a los estados, de encontrarse allá en cada uno de los estados para escuchar a la gente y para recibir de ellos su problemática y convertirla acá en soluciones, como la reforma que hoy ojalá todos podamos aprobar.
Para ir a los estados también a darle el seguimiento a los presupuestos que se asignan en cada uno de los ejercicios fiscales y poder encontrarnos con la gente y poder escucharlos para buscar soluciones.
Termino diciendo que la certeza jurídica que genera esta reforma le da tranquilidad a la gente, le da tranquilidad al pueblo de México y por ello estoy seguro que el campo mexicano habrá de reconocer en esta comisión y en el voto que ustedes seguramente otorgarán, el reconocimiento necesario y suficiente por el trabajo realizado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Rubén Escajeda Jiménez.
Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y le ofrezco una disculpa al diputado Rodolfo Solís Parga, hace rato le quería hacer una pregunta a la diputada Aleida Alavez y no di oportunidad a que la hiciera. Discúlpeme.
El diputado Antonio Medellín Varela: Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Antonio Medellín Varela: A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vengo a manifestar nuestro apoyo a este dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio. Pero antes quisiera referirme a algunos antecedentes.
Efectivamente, el 23 de mayo, en la Permanente, nuestro compañero diputado César Duarte, conjuntamente con otros legisladores, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto al que hoy nos referimos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos la iniciativa en mención.
En las discusiones de la Comisión de Recursos Hidráulicos discutimos ampliamente y aprobamos esta iniciativa de decreto, misma que fue turnada al pleno el 22 de noviembre de 2007 y fue aprobado el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió al Senado de la República la minuta con proyecto de decreto a que hace referencia esta iniciativa.
Quiero nada más recordar, porque en la discusión de aprobación en la Comisión de Recursos Hidráulicos habíamos propuesto para que se aprobara en la Comisión, se adicionara un párrafo a la iniciativa que el diputado César Duarte había presentado.
Y efectivamente, en la discusión fue considerado este párrafo que tuvo a bien proponer nuestro compañero diputado Martín Stefanonni y así firmamos el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, pero erróneamente, cuando se presentó al pleno se omitió este párrafo.
Afortunadamente, la Cámara de Senadores consideró esta omisión y aprobó este proyecto de decreto con las modificaciones referentes al párrafo que había propuesto nuestro compañero Martín Stefanonni, expresamente el que dice así:
"Este beneficio sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso u aprovechamiento de aguas nacionales antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996 relativos a la materia, que demuestren fehacientemente la operación del aprovechamiento y se sujeten a los ordenamientos jurídicos aplicables y a la disponibilidad y sustentabilidad de la cuenca".
Por tal motivo, esta iniciativa —como hice mención— fue aprobada ya en la Cámara de Senadores y es la que hoy discutimos aquí y la fracción de Acción Nacional no tiene inconveniente en apoyar este dictamen, toda vez que además tenemos que considerar que se dice que a nivel nacional que del universo de usuarios de agua, más o menos una tercera parte operan en forma irregular y es necesario prever la sobreexplotación de los acuíferos mediante la regularización que permita la actualización del Registro Público de Derechos de Agua.
También es necesario proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y a sus bienes públicos inherentes.
Que es necesario promover la productividad y desarrollo social e impulsar el crecimiento económico y evitar la crisis productiva y social.
Que es necesario incentivar a los usuarios para llevar a cabo la regularización de sus concesiones o asignaciones.
Quiero hacer mención porque en la reciente visita que hizo aquí a la Cámara de Diputados el director de la Comisión Nacional del Agua, entre sus varias menciones se refería a que en el 2000 la Comisión Nacional del Agua tenía una planta laboral de aproximadamente 33 mil o 34 mil personas ahí trabajando y que actualmente, o sea, ocho años después, cuentan con solamente 13 mil funcionarios que laboran en todas las áreas de la Comisión Nacional del Agua.
Hago esta referencia porque la intención de esta iniciativa es fabulosa, es muy buena, pero yo me pregunto y solicito que habrá que prever que posiblemente con este personal de que dispone la Comisión Nacional del Agua va a ser sumamente difícil cumplir en los 12 meses, cuando éste entre en vigor, cumplir con esta buena intención de todos nosotros, por lo que habrá que solicitar mediante algún otro instrumento a la Secretaría de Hacienda, que libere plazas para poder atender esta demanda social de todos los estados de la República Mexicana.
Por lo expuesto ya por mis compañeros, por todos ustedes que me antecedieron, no tenemos ningún inconveniente y solicitamos el voto de todos ustedes a favor de este dictamen. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, Antonio Medellín Varela. Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Arellano Arellano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Joel Arellano Arellano: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los miembros del grupo parlamentario del PAN coincidimos totalmente con la reforma, la adición a este artículo.
A 16 años de la creación de la Ley de Aguas Nacionales nosotros creemos que es una de las reformas más bondadosas. Hoy, escuchando lo que comenta mis compañeros del PRI, mis compañeros del PRD y espero que sean unos cuantos los que se abstengan — esperemos que sean los menos— y sean los más los que voten a favor a esta reforma que adiciona este párrafo tan importante, tan bondadoso.
A unos días de que el presidente de la república anunciara un apoyo de 2 mil 500 millones de pesos para la restauración y el aprovechamiento de aguas nacionales en el país, hoy estamos coincidiendo, estamos dando muestra una vez más en este Congreso de la Unión, de que podemos llegar a acuerdos y sacarlos adelante en beneficio de muchos mexicanos.
Se habla de esta reforma que adiciona, que va a haber cerca de una tercera parte de usuarios que viven y que están en el, digámosle, clandestinaje o en pozos irregulares, digámoslo así.
El tema de agua, como hoy lo presenta el diputado Oscar Duarte, y en verdad lo felicito, junto con los miembros de la comisión, pues es un tema de interés nacional, no es un tema de partidos, es un tema de trascendencia, es un tema de un vital líquido, es un tema de interés y es un problema mundial.
Por eso los miembros del Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor de este dictamen.
Hoy, amigos, quiero comentar lo que dice la minuta. La Cámara de Senadores coincide con las consideraciones vertidas por la Cámara de Diputados. Es indispensable proporcionar seguridad jurídica a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, promover la productividad y el desarrollo social e impulsar el crecimiento económico, sentando bases para el aprovechamiento sustentable del agua y evitar una crisis productiva y social.
Esto es lo que hoy estamos poniendo a consideración de esta asamblea; éste es el dictamen que estamos poniendo a su consideración: el dotar de personalidad jurídica a miles y miles de usuarios que durante mucho tiempo estuvieron en el anonimato, estuvieron sin su —como bien lo decía un compañero que me antecedió—, sin la carta que les diera seguridad jurídica en su pozo y creo que este dictamen ayuda en mucho a cuidar y velar por la sobre explotación de los acuíferos de este país.
Por tanto, diputados y diputadas, compañeros, solicitamos que voten a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Joel Arellano Arellano. Para hechos tiene el uso de la palabra el diputado Martín Stefanonni Mazzocco.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Gracias, señora Presidenta. Pedí la palabra para rectificación de hechos, porque creo que es importante aclarar esta situación donde tal pareciera que el Ejecutivo federal no otorga subsidios a los agricultores que hacen uso de la energía eléctrica.
Por eso le preguntaba yo a la diputada si sabía cuánto subsidio por kilowatt o cuánto cuesta el kilowatt hora subsidiado, de acuerdo con los volúmenes otorgados por la propia autoridad.
Déjeme decirle que el año pasado costaba 19 centavos el kilowatt hora diurna, es decir, 18 horas en el día costaban 38 centavos y ocho horas al día costaban 19 centavos. Se incrementó un centavo, de acuerdo con lo que nosotros aprobamos en esta Cámara.
De repente se nos olvida, porque nosotros aprobamos las cosas y luego ya no sabemos cómo quedaron. Los subsidios los otorga Sagarpa, se tiene que inscribir el título de concesión correspondiente por parte de los productores y, en consecuencia, Sagarpa subsidia a la Comisión Federal de Electricidad o le paga a la Comisión Federal de Electricidad este subsidio.
No comparto tampoco, desde luego, que este decreto pareciera —de acuerdo con la apreciación de la diputada— pareciera que queremos premiar a todas aquellas personas que están fuera de la ley. No. Simple y sencillamente es una justicia que se está haciendo para aquellas personas que tramitaron o solicitaron su concesión y nunca les fue contestada, o, cuando les contestó negativamente la propia autoridad, por no haberse adherido a uno de los decretos que ya hice mención —que fue 95/96— y luego hubo una prórroga, un nuevo decreto de 96 a 98, y posteriormente, en 2002, en febrero de 2002, se publicara otro decreto.
Creo que el incumplimiento de los usuarios no es más que la falta de capacidad jurídica, de entendimiento jurídico acerca de la vigencia de los títulos y que ahora vemos que en la ley, si es que así se promulgara la nueva Ley de Aguas Nacionales. También se pretende que seis meses con antelación se solicite la prórroga de los títulos de concesión, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, porque para eso tiene una vigencia.
Decirle que de las comunidades, aquellos acuíferos donde tenemos problemas serios de abatimiento de mantos freáticos, ya dije los estados de la república donde tenemos problemas: Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, La Laguna y algunas otras pequeñas cuencas cerradas, pero sobre todo esos estados de la república presentan problemas de abatimiento muy serio.
Es imposible determinar cuánta recarga de agua llega a los mantos acuíferos, porque esto depende de las precipitaciones y estas precipitaciones, cuando se filtran, se filtran metros cúbicos por segundo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, ¿me permite interrumpirlo? El diputado Solís Parga le solicita si le acepta una pregunta.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Con gusto, diputado.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Rodolfo Solís Parga (desde la curul): Gracias, señora Presidenta.
Ha de disculpar —don Martín Stefanonni— la lentitud de mi comprensión, soy lego en el tema. El asunto es que entiendo que lo que se está votando es la inclusión del párrafo éste, que señala que será aplicable sólo y exclusivamente el beneficio a quienes tengan antecedentes de trámites anteriores a los decretos de 95 y 97. Pero, además, que demuestren fehacientemente la operación del aprovechamiento, entendemos que el recurso. Algún problema de sintaxis y semántica hay ahí.
Habida cuenta de que en el campo mexicano existe una profunda crisis de descapitalización que ha obligado a que medio millón de campesinos emigren anualmente a buscar trabajo en otras latitudes, no se está produciendo, producto de esta descapitalización, los suficientes productos agrícolas y los estamos importando prácticamente cambiando petróleo por frijoles. Por supuesto que habrá grandes núcleos de campesinos que no están utilizando los pozos o el recurso.
De esta suerte, debemos entender —digo, para ver si voy siguiendo el hilo de la discusión—, que esos campesinos que no acrediten la utilización fehaciente —no sé cómo sea esto, si a través de un notario o, en fin— no serán sujetos del beneficio de la regularización.
Entonces, esos recursos —debo también entender como consecuencia jurídica inmediata— quedarán libres para su reasignación. Si esto es así, esto implica que, habida cuenta de la reforma del artículo 27 constitucional, en el que la propiedad social puede pasar y ha pasado ya en grandes superficies a propiedad privada, el recurso natural también podrá ser reasignado efectivamente, a quienes teniendo los recursos —el dinero— para su aprovechamiento, lo puedan aprovechar. De tal suerte que entonces, ¿estaríamos hablando de un nuevo mercado del recurso acuífero?
Es cuanto. Gracias, señora Presidenta. Y a usted por su respuesta.
El diputado Martín Stefanonni Mazzocco: Gracias. Bueno, empezaría diciéndole, diputado, que la propia ley contempla la caducidad. Cuando a través de dos años ininterrumpidos, dos años marca la ley —por cierto modificamos nosotros el marco normativo y ahora son tres años la caducidad— que no se opere la obra y en consecuencia caduca, ya no hay derecho, precluye el derecho de extracción del agua. Por esa parte creo que ya está contestado.
Quienes no demuestren la operación fehacientemente, no ante el notario público, no estamos nosotros diciendo que partimos de una buena voluntad de nosotros en otorgarles un título de concesión, que además no es ni siquiera nuestra competencia; es competencia del Ejecutivo federal.
Si bien es cierto, usted dice que el artículo 27 de la Constitución contempla que las aguas, entre otras —no quisiera meterme en hidrocarburos y en todo lo demás—, es propiedad de la nación ciertamente como usted lo dice.
Por eso el Constituyente de 1917, en los derechos de tercera generación, precisamente incluye los derechos sociales, que están incluidos en el artículo 27 constitucional y algunos otros artículos en materia social.
La reasignación que usted dice, no hay tal reasignación. La Ley de Aguas Nacionales contempla una transmisión de derechos en aquellos casos en que se encuentren vigentes los títulos de concesión a explotar, de tal manera que esa transmisión de derechos, que puede ser parcial o total de los volúmenes de agua concesionados y, desde luego, que estén vigentes en el título, se pueden transmitir dentro de una misma zona geohidrológica y dentro de un mismo acuífero. Ésa es la situación.
Por otra parte y, bueno, que quede claro que no hay reasignación de volúmenes. No se trata de incrementar los volúmenes con este decreto. No. Al contrario, se trata de regularizar precisamente aquellos pozos que por hecho tienen derecho a la concesión.
Y aquí, aquellas personas que no demuestren la operación fehacientemente a través de recibos de luz —yo lo había comentado en mi intervención—, a través de recibos de consumo de energía eléctrica, de facturas de diesel, de venta de productos, etcétera, que puedan demostrar la operación de la obra.
No podemos extraer el agua con cubetas porque sería muy costoso hacer agricultura y regar con cubetas; tendría que estar accionado por un motor de combustión interna o eléctrico y en un momento dado, incluso, hasta papalotes. Pero ésa es la situación que se tiene que demostrar.
Por eso digo que se tiene que demostrar fehacientemente, porque no vamos a permitir obras de alumbramiento nuevas que puedan causar y generar más problemas de abatimiento que los que ya tenemos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos se da como suficientemente discutido el tema y vamos a pasar a la votación.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 302 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 302 votos, el proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaria a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se le dispensa la lectura. Por la comisión, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento, tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: Yo creo que una de las tareas más importantes en nuestro proceso de consolidación democrática es lograr que el Congreso mexicano cumpla sus tareas y sus deberes. Los Congresos, los parlamentos, son la institución más difícil, más complicada y más vulnerable, y en muchas ocasiones más vituperada, porque no se transmite que estamos haciendo algo útil dentro de la estructura de la división de Poderes.
El parlamento —permítanseme estas reflexiones previas para sustentar precisamente el que se cree el comité de decanos—, el parlamento casi podría decirse que es la medida del perfeccionamiento de una democracia.
El jurista más connotado del siglo XX, el más discutido, Hans Kelsen dice, y nos da una idea de lo importante que es el parlamento. Expresa: "ciertamente democracia y parlamentarismo no son idénticos. Puede pensarse en una democracia sin parlamento, la llamada "democracia directa"; pero para el Estado moderno la democracia directa, esto es, la formación de la voluntad estatal en la asamblea popular es prácticamente imposible.
No se puede dudar seriamente de que el parlamento es la única forma real posible bajo la que puede realizarse la idea de democracia en la realidad social de nuestros días. Por ello, la decisión que se adopte sobre el parlamentarismo equivale a una decisión sobre la democracia.
La idea me parece fundamental. Un parlamento —decía un organismo internacional— para cumplir sus fines requiere de cinco criterios que debe cumplir, de cinco exigencias: primero ser representativo. Ciertamente un parlamento es el mosaico que representa una nación. Yo creo que nuestro Congreso, por las reformas que se han hecho en materia electoral, por el sistema de representación proporcional, llega a ser representativo, creo que esa exigencia, ese requisito lo cumplimos.
Un segundo requisito es que sea un parlamento accesible, o sea, que tengamos vinculación los legisladores con nuestros representados. Ahí me parece que el resultado no es tan favorable ni el punto de vista de los mexicanos y en la misma opinión pública está a favor de que realmente lo que el pueblo de México requiere y lo que es la agenda nacional y que la estemos abordando con rigor, con deber y con veracidad.
Un tercer requisito en el que creo que tampoco hemos avanzado es que un parlamento debe ser transparente, debemos rendir cuentas, debemos informar de cuáles son nuestras tareas.
Un cuarto requisito es que un parlamento debe ser responsable y creo que en ese tema tampoco es favorable el saldo. Y lo más importante, el quinto requisito es que un parlamento debe ser eficaz. O sea, debe rendir resultados y dar respuesta a los grandes problemas nacionales.
Definitivamente el parlamento en la historia de México ha tenido destellos. Allá en el periodo de la República Restaurada, el Congreso del 56-57, que es una de sus páginas más brillantes, los 15 meses de Francisco I. Madero, la XXVI Legislatura, que está considerada como de las mejores por la lucidez de sus integrantes.
Y de ahí hemos entrado en etapas grises, y podemos decir que del 97 a la fecha es cuando se ha caracterizado por ser más combatiente y por desempeñar las tareas y los atributos que le asigna la Constitución. Podemos identificarlo como una asamblea verdaderamente independiente que asume sus tareas.
Pero un parlamento también tiene muchas patologías, parlamentos demasiado ideologizados, parlamentos demasiado partidizados. Yo diría que un parlamento, parafraseando a un gran pensador mexicano, Jesús Silva Herzog, debe cumplir con un profundo interés despartidizado.
Eso es lo que nos debe caracterizar, poner siempre por encima la preeminencia del interés nacional, el interés público, darle calidad al debate. Y en eso también dejamos mucho que desear.
Los puntos de acuerdo, inclusive, están considerados, en esto es lo que se conoce en el parlamento como iniciativas privadas, algo que efectivamente nos interesa en lo particular, poseer cosas de asuntos de nuestros distritos, pero no lo que le interesa a la nación, no la gran agenda que debemos abordar.
El poder parlamentario es el poder más vulnerable. El Poder Legislativo es el poder más vulnerable. De hecho, un grupo parlamentario puede ponerlo en crisis, puede violarse el reglamento, subir a esta tribuna e interrumpir un buen debate. Puede, en forma impetuosa, ser interrumpido en sus trabajos. Y, en fin, es vulnerable.
No es como el Poder Ejecutivo, que está concentrado en una persona y en un gabinete. No es como el Poder Judicial en donde está integrado por peritos del derecho, sino que en el Poder Legislativo, por su carácter representativo, tiene esta conformación plural que muchas veces dificulta su trabajo y requiere de una gran madurez y sensatez para cumplir sus fines.
Y una tarea fundamental, que yo creo que es una asignatura pendiente, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que en mucho la caída de la República Restaurada, después del gobierno de Lerdo de Tejada, deriva de esta falta de entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
Y creo que también la Revolución Mexicana, que surge en 1913, en mucho deriva de una falta de entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Un gran jurista, estudioso de derecho constitucional, Karl Lowenstein, decía que la historia del Estado constitucional, desde sus principios, no ha sido sino la búsqueda perenne de la fórmula mágica para el establecimiento de un equilibrio ideal entre el gobierno y el parlamento. Fórmula que jamás ha sido encontrada y que probablemente jamás lo será.
Todas estas reflexiones nos llevan a que debemos crear instituciones dentro del parlamento, que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Y por eso me he permitido subir a esta tribuna, y agradezco mucho a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que me permita sustentar este dictamen, a su vez como es Comité de Decanos, pues no había muchos voluntarios para defender el dictamen.
Yo le agradezco a Carlos Armando Biebrich —quien es el autor, es el que concibió esta idea—, que me haya permitido exponer estos argumentos ante ustedes, porque creo que el Comité de Decanos puede ser muy útil; creo que va a ser un auxilio para la Junta de Coordinación Política, para la Mesa Directiva, el que les brinde asesoría cuando estas instituciones lo requieran. Por tanto, me parece que nos puede ayudar para poder lograr acuerdos.
Yo estoy convencido que desde que acaba el habla, acaba la política. Cuando en el parlamento no hay la posibilidad de tender acuerdos, no hay la posibilidad de llegar a conclusiones. Se acaba la política.
Creo que también el parlamento tiene una gran tarea. Es el único Poder que tiene memoria porque tiene un Diario de Debates. Se fijan posiciones y la opinión pública nos está juzgando. Y como bien lo decía Milan Kundera: "la lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido".
Por todas esta razones, yo les pediría un voto a favor por esta modificación al artículo 46 en su fracción IV, en donde se crea este Comité de Decanos que con toda certeza habrá de coadyuvar, habrá de ser útil para mejorar el trabajo parlamentario y sin duda eso ayudará a consolidar nuestra democracia y a que México tenga un Congreso del cual pueda sentirse orgulloso y el cual pueda presumir como un factor importante de nuestro desarrollo político, de nuestra cultura parlamentaria y de la evolución que México va teniendo hacia un mejor destino. Por su atención, muchas gracias. Por todas esas razones el voto de mi fracción parlamentaria será a favor. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para fijar posición de grupo…
Vamos a darle entonces el uso de la palabra al diputado Carlos Ernesto Zataráin González, del Grupo Parlamentario del PRI, para posición de grupo.
El diputado Carlos Ernesto Zataráin González: Con su venia, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Ernesto Zataráin González: Compañeras diputadas y compañeras diputados de esta LX Legislatura, el 29 de abril de 2007 mi amigo, nuestro amigo el ex gobernador de Sonora y hoy diputado Federal, Carlos Armando Biebrich Torres, a nombre propio y de un grupo plural de diputados federales, presentó iniciativa de adición de un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de considerar una instancia de consulta y opinión en materia política y legislativa que atienda las solicitudes que le requiera la Junta de Coordinación Política y los órganos legislativos de esta Cámara de Diputados.
La iniciativa en comento plantea la conformación de un Comité de Decanos que, en los términos del artículo 46 de la Ley Orgánica se instituye por disposición del pleno para realizar tareas diferentes a las de las comisiones y para auxiliar en el desahogo de los trabajos de esta Cámara.
Es de resaltarse que en las últimas legislaturas la actividad legislativa ha enfrentado importantes retos haciéndose en muchos momentos tortuoso y lento su cumplimiento. Desde la LVII Legislatura conformada en 1997 a composición de una Cámara de Diputados sin mayoría absoluta de ningún grupo parlamentario, ha generado la necesidad de incorporar instrumentos que coadyuven a una mejor vida parlamentaria en las circunstancias de una intensa pluralidad.
No en vano la reformas realizadas a la Ley Orgánica del Congreso en 1999, mismas que fueron un intento responsable de adaptar a las nuevas condiciones el trabajo parlamentario.
Desde entonces se ha debatido intensamente sobre mecanismos y disposiciones que permitan agilizar responsablemente la función legislativa, tanto en lo que respecta al pleno, como al de sus comisiones.
La experiencia internacional nos muestra cómo algunos otros congresos han resuelto otorgar un papel importante a sus decanos, no sólo para distinguir su trayectoria y experiencia, más bien para aprovechar el acervo de que disponen y otorgarle a estos adecuados cauces institucionales de expresión.
En ese espíritu se entiende la formación de la propia mesa de decanos, establecida en el artículo 15 de la Ley Orgánica como una encomienda tan delicada como lo es la de conducir la sesión constitutiva de la Cámara en cada legislatura, lo que sin lugar a dudas representa un reto muy importante, porque se encuentra en configuración el intercambio de los grupos parlamentarios que conforman cada legislatura.
Diputadas y diputados, los invito a respaldar con su voto este dictamen, al hacerlo estaremos dotándole de mejores instrumentos para cumplir de mejor manera con nuestras responsabilidades legislativas. Al hacerlo, no cabe duda, habremos de consolidar la vida institucional de nuestro Congreso, al hacerlo, estoy convencido, construiremos métodos más acabados para el diálogo político y los acuerdos que aquí tienen lugar y que tanto nos demanda la sociedad.
De esa forma proyectaremos un Congreso fuerte, deliberativo, con capacidad para encontrar coincidencias y otorgarle valor a sus diferencias.
La vida política del país nos coloca reiteradamente ante el reto de formar las instituciones y las leyes que permitan fortalecer nuestra democracia y nuestro régimen republicano. Como legisladores nos corresponde responder a ese reto.
Es por ello que a través de esta disposición nos beneficiamos de una visión diversa sobre los problemas del país. Al construir un espacio especializado con aquellos que disponen de mayor experiencia legislativa, estaremos enriqueciéndonos, todos, de la aportación de aquellos que cuentan con el mayor acervo y trayectoria al servicio de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Zataráin. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con el permiso de la Presidencia, honorable asamblea. En México nuestro sistema de representación política ha adoptado minorías representativas cuyo número y peso específico dificultan la toma de las decisiones que requieren de una mayoría de votos.
La causa a la que atribuye el problema es la acusada tendencia de nuestro sistema a construir un universo de minorías representativas.
Es por ello que se propone crear dentro de la organización de la Cámara, una instancia eficaz que contribuya a la tolerancia, prudencia y el reforzamiento de una visión constructiva del papel del Congreso en el desarrollo nacional a partir de la generación de consensos y de esa instancia, el comité de decanos.
En la actualidad la Cámara de Diputados enfrenta el reto de hacer operable un mandato de minorías que sea capaz de reflejar los consensos que se necesitan para la reforma de los marcos jurídicos de las políticas públicas del gobierno mexicano.
Esta tendencia con seguridad seguirá en un futuro previsible, lo cual exige de los grupos parlamentarios mayor capacidad de negociación para atender con responsabilidad las exigencias del cambio social y de su respectiva seguridad jurídica, con la finalidad de poder generar los acuerdos que el país necesite.
Dichas fracciones tendrán que mostrar por encima de su ventaja numérica, una visión constructiva acerca del desarrollo y de la gobernabilidad del país que permita dar paso al entendimiento y a los comunes denominadores. Esto no se logrará si prevalece sólo el principio de proporcionalidad en el que descansa el reparto y el ejercicio de las funciones legislativas en el Congreso federal.
En el recién concluido periodo de sesiones este principio mostró severas limitaciones, propiciando fluctuaciones entre disensos y consensos que quisiéramos predominaran en nuestra tarea legislativa.
Una forma de reducir al mínimo estas insuficiencias de gobernabilidad en este escenario de minorías relativas radica en reconocer institucionalmente el valor de la trayectoria y la experiencia de los miembros de las fracciones parlamentarias que hayan ejercido las facultades legislativas, administrativas y de conducción de la responsabilidad de gobierno.
En la actualidad la voluntad popular ha construido una representación nacional altamente privilegiada en su diversidad, pero disminuida en su representación, por lo que la toma de resoluciones o acuerdos en esta Cámara se ve enriquecida en la pluralidad de opiniones, pero esta riqueza retarda y pospone la toma de decisiones, y eso hace que ante la sociedad el trabajo legislativo no genere las conciencias políticas que debería entre nuestros gobernados, haciendo así que la perspectiva del trabajo legislativo parezca lenta.
Es necesario tomar medidas que apunten al fortalecimiento del diálogo y la construcción de las bases necesarias para la toma de acuerdos y su instrumentación. El Comité de Decanos contribuirá a construir el camino del entendimiento y facilitará la información para que el órgano de gobierno de la Cámara tome su decisión en temas políticos y legislativos sin necesidad de distraerlo en reuniones interminables.
Compañeras y compañeros, debemos fortalecer mecanismos que hagan más eficiente el trabajo legislativo, que propicien los consensos que nuestro país necesita. Por ello, el Partido Verde se pronuncia a favor de este dictamen que generará acuerdos y hará el trabajo legislativo más ágil y productivo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Portilla Diéguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Muchas gracias, diputado Presidente. Vengo con mucho gusto a hablar de un tema muy importante y decirles que hablar de la conformación de lo que sería el Comité de Decanos, la Mesa de Decanos, es hablar de la experiencia, y quien no conoce la historia está condenado a repetir sus mismos errores y para esto nos remitimos a la historia.
Ustedes pueden ver la conformación de nuestras legislaturas en estos últimos años. Estas legislaturas se conforman por legisladores jóvenes en su mayoría, algunos otros con experiencia en el trabajo legislativo, y esto tiene que ver con recopilar toda esta experiencia, en buscar que la experiencia parlamentaria sea la consecución de los trabajos y desde luego el punto central para los acuerdos en este país.
Es fundamental votar a favor hoy por esta modificación al artículo 46 porque hay experiencia indudable de algunos legisladores, y la historia da cuenta de ello. Pero también hay que reconocer en el presente a los que han entregado su vida al proceso parlamentario.
Yo quiero reconocer en esta tribuna a algunos legisladores que han tenido la experiencia muy vasta en el trabajo legislativo, como Carlos Armando Biebrich, como Alfredo Barba, quien ha tenido experiencia ya en tres legislaturas, Raymundo Cárdenas, también un legislador experimentado, y desde luego a María Elena Álvarez de Vicencio, a Juan José Rodríguez Prats y a muchos otros que han tenido la oportunidad de servir a este país desde aquí, desde esta tribuna.
Sería interminable la lista de legisladores que han tenido la oportunidad de darle a México la experiencia. Hoy recopilamos esa experiencia y vamos a conformar esta Mesa de Decanos, este Comité de Decanos, para poder lograr tener el acompañamiento, el consejo y, desde luego, el trabajo en conjunto de las nuevas generaciones y de las generaciones que han hecho la historia en este país.
Por último quiero decirles que no podremos tener un presente vivo mientras tengamos un pasado muerto. Por eso es importante que conjuguemos la experiencia con la juventud de los nuevos legisladores. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Muñoz Serrano.
Se inscribieron para su discusión a favor el diputado Manuel Portilla Diéguez, quien ha declinado su participación. Pregunto si el diputado Adolfo Escobar Jardinez declina su participación.
El diputado Adolfo Escobar Jardinez (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento del Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 283 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular por 283 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Orden del día de la próxima sesión.
(Lectura del orden del día)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (16:17 horas): Gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 27 de marzo a las 11:00 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.