Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LX Legislatura
Versión estenográfica de la sesión de Congreso General del primer periodo de sesiones del
tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, celebrada el lunes 1 de septiembre de 2008

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 440 diputados y diputados.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se pide al Secretario de la honorable Cámara de Senadores haga del conocimiento de esta Presidencia la asistencia de senadoras y senadores.

El Secretario senador Adrián Rivera Pérez: Señor Presidente, con base en el registro previo de asistencia de la Secretaría, están presentes 105 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (17:35 horas): Se abre la sesión de Congreso General.

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy primero de septiembre de dos mil ocho, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se va a proceder a entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo parlamentario que norma esta sesión.

La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Con el permiso de este pleno.

Acuerdo parlamentario

Primero. Este acuerdo parlamentario tiene por objeto normar el formato para el desarrollo de la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, y regular el procedimiento y las formalidades necesarias para la recepción y trámite, en el honorable Congreso de la Unión, del informe por escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país, que deberá presentar el presidente de la república el lunes primero de septiembre de dos mil ocho.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La sesión de Congreso General a que se refiere el presente acuerdo parlamentario tendrá lugar a las 17:00 horas del lunes primero de septiembre de dos mil ocho en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro conforme al siguiente orden del día.

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de apertura.

3. Intervención de los grupos parlamentarios alusivas a la apertura del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

4. Recepción y trámite del informe presidencial con declaratoria formal de recepción por parte del Presidente del honorable Congreso de la Unión.

5. Acta de la sesión de Congreso General.

Tercero. El informe presidencial por escrito al que se refieren los resolutivos procedentes será recibido el propio 1 de septiembre de 2008 por las Mesas Directivas de las respectivas Cámaras, para efectos de su formal presentación en la sesión de Congreso General en la que se declara la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias. En todo caso deberá estar presente un secretario de cada una de ellas.

Cuarto. El presidente del Congreso de la Unión convendrá la hora de recepción del informe por escrito que presente el presidente de la república, en la inteligencia de que la entrega deberá efectuarse antes de la 17:00 horas del 1 de septiembre de 2008, que es la hora prevista para la sesión de Congreso General, según lo dispuesto en el artículo 6o., numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El acto de recepción del informe que presenta el presidente de la república se efectuará en el lugar de las instalaciones de la Cámara de Diputados que disponga el presidente del Congreso de la Unión. Los secretarios, diputado y senador darán fe de la recepción del documento escrito del Ejecutivo federal y extenderán la constancia que corresponda.

Quinto. En la sesión del Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, después de que se haya hecho la declaratoria de apertura de los trabajos a que se refiere el numeral 2 del artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General, y desahogadas las intervenciones de los grupos parlamentarios según el orden del día establecido en el resolutivo segundo de este acuerdo parlamentario, la Secretaría procederá a dar cuenta de la recepción del informe escrito presentado por el presidente de la república sobre el estado general que guarda la administración pública del país, y entregará dicho documento al Congreso de la nación.

Una vez que tenga en su poder el diputado presidente el documento que contiene el informe por escrito, el presidente del Congreso de la Unión formulará en voz alta la siguiente declaratoria:

El honorable Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la república a que se refiere el párrafo quinto del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acto seguido el presidente del Congreso ordenará la remisión, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, de los ejemplares correspondientes del informe por escrito presentado por el presidente de la república, a fin de que se aboquen por separado al análisis correspondiente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: El siguiente punto del orden del día es intervenciones de los grupos parlamentarios, alusivas a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Harán uso de la palabra, hasta por 15 minutos, cada uno de los siguientes legisladores: diputada Marina Arvizu Rivas, por Alternativa; diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza; diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; diputado Carlos Alberto Puente Salas, por el Partido Verde Ecologista de México; senador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional.

En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la diputada Marina Arvizu Rivas, de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, damos inicio al periodo de sesiones recibiendo el informe del Ejecutivo, del estado que guardan los asuntos de la nación, en un momento de gran zozobra para un sector importante de la ciudadanía.

Éste es un hecho que no podemos ni debemos minimizar, ocultar o mal interpretar. Millones de mexicanos y mexicanas hemos empezado a conocer el miedo ante el despliegue insolente del hampa organizada. No es que antes no lo haya habido, pero esta sensación de indefensión, de impotencia, de soledad, de desprotección es nueva, absolutamente nueva en la vida de nuestra república.

Alentadoramente, junto al miedo emerge también un sentimiento que podemos transformar en un impulso formidable para cambiar la situación, dotar de seguridad a nuestra población y derrotar al crimen organizado.

En millones de nosotros y de nosotras bulle la indignación, no sólo por los pobres resultados que estamos ofreciendo todos los que participamos de una manera o de otra en el poder público para vencer a la delincuencia, sino ante el hecho tristemente constatado de que son muchas veces miembros de las instituciones de seguridad pública los autores o cómplices del delito.

Desde esta tribuna, a nombre de mi grupo parlamentario, como ciudadanas y ciudadanos mexicanos manifestamos nuestra solidaridad plena con quienes demandan seguridad y conminan a los gobiernos a producir resultados tanto a aquéllos cuyas víctimas tienen nombre propio, como aquéllos otros que sufren los mismos horrores en el anonimato. A esta demanda sumamos nuestra voz.

Yo personalmente, como diputada integrante del Poder Legislativo, militante de un partido político, debo expresar mi vergüenza pública porque habiendo hecho algo en esta legislatura, no hayamos hecho más y sobre todo, no hayamos hecho lo suficiente.

Nuestros pendientes proyectan una penumbra que contrasta con cada una de las velas encendidas recientemente. La demanda ciudadana es legítima y en vez de dar el lamentable espectáculo de mirar la paja delictiva en el gobierno ajeno y no la viga criminal en el gobierno propio, debemos todos asumir en primera persona el reclamo ciudadano.

El reto y la magnitud del crimen organizado, y la falla de nuestras instituciones de seguridad y justicia, han convertido el tema de seguridad pública en un problema de seguridad nacional.

Y nuestras fuerzas armadas, que entraron a la lucha contra el crimen organizado acatando una instrucción presidencial, que no tuvo el cuidado de generar los consensos sociales y políticos mínimos para arropar su acción, deberán permanecer en esta lucha con todo nuestro apoyo, por supuesto, hasta que el problema de la delincuencia organizada vuelva a ser un asunto de seguridad pública.

Pero, ¿qué estamos haciendo mientras tanto? ¿Qué estamos haciendo para cuando, cumplido su trabajo, las fuerzas armadas vuelvan a sus tareas constitucionales? ¿Volveremos a encargar la seguridad pública a los mismos cuerpos que han fracasado o pensamos que nuestras fuerzas armadas harán funciones de policía durante la eternidad?

Todo sabemos más o menos qué hay que hacer en la materia: sabemos que se requiere una policía nacional unificada y digo yo, esto es personal, militarizada, es decir, acuartelada pero que no sea presa fácil del chantaje criminal, los policías y sus familias. Unificación y acuartelamiento que debe ocurrir cuando hayan sido rigurosamente saneadas.

Sabemos que se requiere una Procuraduría General de la República autónoma del Poder Ejecutivo, profesionalmente capacitada y éticamente saludable. Sabemos que se requiere un ministerio público capaz de investigar e integrar expedientes acusatorios consistentes.

Sabemos que tenemos un sistema esquizofrénico de seguridad e impartición de justicia. No hay prevención real del delito. No hay sanción. ¿Cuántas personas tienen meses y hasta años en las cárceles sin haber recibido sentencia?

No hay rehabilitación. Nuestro sistema penitenciario, lo sabemos, es todo menos un sistema de readaptación social. Sabemos que requerimos una ley marco que sea réplica en los 32 estados de la República. Sabemos que necesitamos reformas en un proceso integral en el que debemos ir por partes y dentro de un plan. Sabemos que esas reformas deben integrar en un sistema eficiente el trabajo del policía que detiene y hace un primer levantamiento de los hechos. Del fiscal que investiga y acusa y del juez que sanciona o exonera.

Sabemos que debemos concentrarnos en lo que ahora es el principal problema: el crimen organizado, el delito violento y la reincidencia. Tan lo sabemos que el presidente, a poco de iniciar su mandato, instruyó al procurador general de la República y al gabinete de seguridad para que, cumplidos los 90 días de su administración, presentara a la sociedad mexicana un programa integral para mejorar nuestros mecanismos de seguridad y procuración de justicia.

Si todos sabemos lo que hay que hacer ¿Por qué no se ha hecho? La respuesta es simple y a la vez compleja, y tiene dos partes: la primera, nada se avanzará en la dirección correcta en la lucha contra el crimen organizado, por más pactos que se firmen, si es que además de las medidas antes señaladas no abatimos significativamente la corrupción y la impunidad imperantes. No me refiero sólo a la impunidad de los cuerpos policiacos; me refiero también —y sobre todo— a la corrupción que se despliega desde el poder político, compañeros y compañeras.

Me refiero a este pacto infame de hablar a media voz, de convalidar como honrados ciudadanos a personas cuya ligas delictivas o de cuyas prácticas de corrupción todos tenemos indicios razonables. Sin ejemplo arriba, no pasará nada abajo. Nadie es más cómplice de la delincuencia, organizada o no, que la autoridad corrupta. Su primera víctima es la confianza ciudadana tan indispensable para ganar esta lucha contra el crimen organizado.

La pregunta es, ¿estamos dispuestos a un gran pacto en el corto plazo de leyes efectivas contra la corrupción y la impunidad de los políticos? ¿Estamos dispuestos a abandonar ese falso espíritu de cuerpo o de grupo tan parecido a la complicidad para comprometernos a colocar ante un juez a toda autoridad —del partido que sea— si es que una instancia jurisdiccional especial e imparcial encuentra dudas razonables sobre posibles vínculos con el crimen organizado? Sin ello, sin abatir la corrupción e impunidad en el Estado no habrá éxito en la lucha contra el crimen organizado. Lo sabemos todos, pero sobre todo, lo sabe la ciudadanía.

Y la segunda cosa: no se logrará nada significativo en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad, en general, si es que no reconocemos que existe una correlación muy alta entre el crecimiento de la delincuencia y la desocupación juvenil; una correlación directa entre el deterioro de las familias y la delincuencia; y una correlación muy significativa entre una mala educación e índices delictivos.

En otras palabras, el deterioro social que deriva de la desigualdad social que en nuestro continente y en nuestro país es de las más altas del mundo, genera un ambiente propicio para el alza de la ola de criminalidad que nos azota. Recomponer el tejido social y construir la cohesión social son indispensables para construir la paz en nuestro país.

Aquí las interrogantes cambian de destinatario. Los detentadores del poder económico, aquéllos a quienes tanto preocupa —y con razón— la inseguridad ambiente, ¿cuánto están dispuestos a compartir de lo mucho que tienen para una efectiva política de abatimiento de la desigualdad social? ¿A qué sacrificios están dispuestos? ¿Están dispuestos a renunciar a los regímenes fiscales de excepción para fortalecer las finanzas públicas e impulsar políticas de combate a la desigualdad en todas sus formas?

Necesitamos crecer más allá de la mediocre tasa media de 2.4 por ciento del producto interno bruto en 24 años de neoliberalismo y del más mediocre 2.3 en el gobierno de Vicente Fox. Esto también tiene que ver con la seguridad.

Urge desarrollar una nueva política económica que desate el crecimiento y el empleo. Nuestra juventud sigue a la espera de los empleos prometidos. La mediocre tasa de crecimiento sólo ha permitido la creación de poco más de 200 mil empleos estables, absolutamente ineficientes para afrontar la demanda de la nueva fuerza laboral mexicana. Esto también tiene que ver con la seguridad, sobre todo en este gobierno que se llamó a sí mismo "el gobierno del empleo".

Requerimos incrementar nuestro ahorro interno y la inversión interna, amén de la atracción de la inversión extranjera directa en un mundo cada vez más competitivo. Esto también tiene que ver con la seguridad.

Como tiene que ver con la seguridad una reforma petrolera, no para privatizar, sino para modernizar y fortalecer a Pemex y convertirlo en un instrumento y un activo del crecimiento de este país.

Colocados en el largo plazo del proceso histórico de construcción de nuestra democracia, no restañar con audacia esa herida social que es la desigualdad, nos vuelve impotentes contra la ola de criminalidad y debilita nuestra lucha contra el crimen organizado en ese río revuelto y esa es toda la dinámica política central de la transición mexicana en los últimos años.

Los pescadores del pasado autoritario operan para lograr ganancias antidemocráticas a favor de los poderes fácticos de siempre: los grupos monopólicos reacios a la competencia y a sus obligaciones fiscales, las burocracias sindicales corruptas que en nombre de sus agremiados defienden en realidad derechos sueldales sobre el presupuesto público e impiden cambios para alcanzar las nuevas capacidades competitivas de las y los mexicanos.

Los viejos y nuevos dueños de la conciencia pública de la nación y hasta las incrustaciones perversas del crimen organizado y de potencias extranjeras en el cuerpo del Estado mexicano.

La primera vez que hice uso de la palabra, en esta tribuna, señalé que toda transición democrática exitosa ha tenido tres condiciones para consolidarse: la primera, saldar cuentas con el pasado, resolver el gran tema de la corrupción y la impunidad del viejo régimen.

La segunda, el establecimiento de un nuevo pacto político de nuevas reglas constitucionales para una democracia eficaz y participativa.

Finalmente, la tercera, un nuevo pacto social que genere empleo, redistribuya de manera más equitativa la riqueza y en nuestro caso, concluya con esa vergüenza moral que es la desigualdad social.

Hoy debo decirles que la primera tarea ni siquiera se ha empezado a acometer y es la principal traba para una lucha exitosa contra el crimen organizado.

Algo hemos empezado a avanzar en la segunda tarea, pero queda el enorme pendiente del déficit de legitimidad de muchas de nuestras instituciones que está en el origen de la desconfianza y la ira ciudadana del día de hoy.

En cuanto a la tercera, un nuevo pacto social progresivamente redistributivo, no hemos avanzado ni un ápice.

Lo que está en el fondo del déficit de legitimidad del Estado, es una deuda social con el pueblo pobre de este país, agobiado por la desigualdad lacerante de todos los días.

Como lo señalan las más recientes encuestas, más del 75 por ciento de nuestra ciudadanía percibe un claro deterioro de la economía. Para tres de cada cuatro mexicanos ese es el principal problema que enfrentan día con día.

El compromiso histórico, el verdadero pacto que necesitamos es, sobre esto, no sobre buenas intenciones obligadas por las circunstancias, sino sobre el fondo de un programa integral y común de muy amplio consenso de naturaleza ética, política y social.

Por eso, en las actuales circunstancias no es suficiente la mayoría legal, se requiere una mayoría política que se exprese, entre otras cosas, en un gobierno fuerte, sólido, que conduzca frentes de esta lucha sin cuartel por el restablecimiento de la potencia soberana del pueblo y del Estado mexicano. No estamos viendo ese gobierno.

Como lo intuyó en su momento el actual mandatario, se requiere de un gobierno de coalición que remonte la fidelidad de los propios y convoque a los mejores.

Requerimos acuerdos de fondo para resolver esta situación. Sólo hay un camino para ello: resolver el déficit de legitimidad a través de un compromiso histórico, repito, de naturaleza ética, política y social.

Sin ello corremos el riesgo de tropezar los próximos cuatro años con la misma piedra. La tentación del fracaso, compañeros, estará siempre ahí y la ciudadanía tendrá todo el derecho de encararnos otra vez esta vez con ánimo ejecutorio: si no pueden, renuncien. Gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico e instruya el cierre del sistema.

El Secretario diputado José Manuel del Río Virgen: Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 463 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: A continuación tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Mónica Arriola, por el Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Distinguidos invitados, compañeras y compañeros legisladores, en México son aún muchos los problemas que el Estado y la sociedad debemos combatir de manera conjunta para alcanzar mejores condiciones de vida.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que, como representantes sociales, somos los responsables de impulsar reformas que favorezcan a los distintos sectores.

Es por esto que proponemos en nuestra agenda legislativa para el primer período de sesiones ordinarias del tercer año legislativo acciones que coadyuven, desde nuestro ámbito de competencia, al desarrollo de nuestro país.

Si bien durante esta LX Legislatura hemos aprobado diversas reformas legales y se han logrado importantes acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara, también es cierto que el período que hoy inicia constituye una posibilidad real para darle continuidad al trabajo legislativo que hemos realizado.

Nuestras propuestas en el ámbito social atenderán al fortalecimiento de la legislación en materia de cooperación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para avanzar hacia un desarrollo equitativo e incluyente.

El desafío de gobernabilidad democrática continúa siendo el de consolidar una política social que permita que el derecho al desarrollo sea una realidad para la población y más aún para aquellas personas que, por su condición de pobreza y marginación, son en extremo vulnerables.

Propondremos diversas reformas y acciones para prevenir, manejar y superar los riesgos de la población que ésta representa, ampliando las opciones y el nivel de bienestar de las personas, en donde la educación sea la herramienta principal para proporcionar los elementos que nos permitan alcanzar la meta de un desarrollo humano sustentable.

Fortaleceremos, a través de acciones legislativas, el sistema educativo nacional. Por ello, en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009 es el momento oportuno para eliminar rezagos y dar a la educación un lugar prioritario en la agenda nacional.

En aras de un ejercicio político, democrático e incluyente, nuestra participación será contundente para destinar más recursos mediante un presupuesto multianual. La formación y capacitación de la población infantil y juvenil exige propuestas con contenidos y disciplinas que atiendan la demanda que genera las relaciones económicas internacionales.

El nuevo paradigma educativo, con un perfil técnico y humanista, debe atender exigencias que trasciendan metas microrregionales para insertarse en nuevos procesos y niveles de conocimiento.

En cuanto a la cultura sabemos que ésta desempeña un papel de suma importancia. Por ello, propondremos reformas para mejorar la calidad y ampliar la cobertura social y geográfica en materia de instituciones culturales que brindan servicios para apoyar la creación artística y para preservar y difundir nuestro patrimonio cultural. Impulsaremos la cultura a través de iniciativas que fortalezcan la identidad nacional como una expresión de nuestra diversidad étnica, lingüística y social.

En el rubro del deporte propondremos la creación de una instancia rectora dependiente de la Secretaría de Educación Pública que coordine los recursos humanos y administre el presupuesto de las instituciones encargadas de esta actividad. Propondremos también la creación de una ficha deportiva por cada estudiante, desde primaria hasta bachillerato, a fin de detectar sus fortalezas en ese rubro.

Respecto a los derechos de los niños impulsaremos una lucha contra todas las formas del maltrato infantil, por el respeto a su derecho a la información, así como a la difusión de los mismos para continuar con su crecimiento y con su desarrollo.

En equidad de género apelaremos a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas, presupuestos y gestiones de instituciones públicas, en los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes de la Unión.

En materia de salud, para nosotros las metas indispensables —para proteger y preservar la salud de todos los mexicanos y las mexicanas— son alcanzar una mayor equidad en la cobertura y en la efectividad de los servicios de salud; fortalecer al sistema nacional, especialmente en su infraestructura; otorgar mayor financiamiento a este ámbito y garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la integración de las personas con discapacidad al desarrollo del país es un compromiso. Por ello, propondremos reformas a la legislación para prevenir y sancionar la discriminación en contra de las personas con discapacidad o con necesidades especiales, así como el apoyo a las instituciones educativas que ofrezcan un adecuado tratamiento para su real integración a la sociedad.

Por otro lado, consideramos que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su protección, así como la erradicación de la discriminación y los obstáculos que impiden su ejercicio pleno, son tareas pendientes y por ello pugnaremos por la creación de un Programa Nacional de Atención Emergente para la Incorporación de Grupos Étnicos Marginados.

El medio ambiente y los recursos naturales forman parte de nuestra agenda legislativa. En esta materia propondremos el desarrollo de estrategias para mejorar el acceso de las mujeres a los recursos ambientales y asegurar que las poblaciones marginadas puedan enfrentar los problemas derivados del cambio climático a través de programas como el de Empleo Temporal, Conservación para el Desarrollo Sustentable, Pro-árbol y Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental.

Exhortaremos a las instancias competentes a promover campañas permanentes que formen el respeto de las áreas naturales protegidas, clasificadas en áreas de protección de recursos naturales, áreas de flora y fauna, reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales y santuarios para impedir su alteración por parte de particulares.

Abordaremos temas como la política económica ya que estamos convencidos de que el Estado debe contar con fuentes de ingresos sanas y más seguras pues es definitivamente indeseable sostener y acrecentar la dependencia que hoy registran las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros.

Nuestra estrategia legislativa contribuirá con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas buscando fuentes alternativas de ingresos menos volátiles y que sean sostenibles a largo plazo.

En política exterior seguiremos proponiendo acciones legislativas en materia de defensa de los derechos humanos, apoyando la evaluación y actualización de la política migratoria del Estado mexicano, ante la nueva realidad regional e internacional en materia de migración.

Atención prioritaria merece también el tema de la migración interna, fenómeno social en el que miles de personas se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de residencia habitual, como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal o internacionalmente reconocida.

El desarrollo nacional no puede prescindir de la ciencia, la tecnología y la innovación, la competitividad y la calidad de vida de los mexicanos son el resultado directo del nivel de inversión y de las capacidades construidas en esta materia.

La normatividad y el marco regulatorio de las instituciones académicas que desarrollan conocimiento científico y tecnológico debe ser revisada para que cuente con mecanismos ágiles de vinculación con las empresas y otros sectores. Esta vinculación debe ser un instrumento que haga posible que los productos de la investigación científica y tecnológica sean aprovechados en beneficio de la sociedad.

En cuanto a seguridad pública y la justicia penal, éste último rubro nos atañe a todos los mexicanos, en virtud de la abrumadora y creciente inseguridad que impera en nuestro país. La función de seguridad pública tiene por objeto: preservar la libertad, el orden y la paz pública, garantizar los derechos humanos, prevenir la comisión de delitos, fortalecer la política de seguridad pública, diseñar la política criminal, administrar el sistema penitenciario y el relativo al tratamiento de menores infractores.

Sin embargo, la crisis generalizada en materia de seguridad pública y que año con año aumenta, ha motivado infinidad de acciones estériles y discursos por parte de los integrantes de las dependencias responsables, con propuestas que no se han concretado o que no reflejan los resultados esperados.

México reclama y exige cambios ante el estado de indefensión que día a día enfrentamos. Hoy la realidad de nuestro país es crítica y al grado que la sociedad civil se está organizando para sufrir las deficiencias de las funciones básicas del Estado.

La inseguridad pública es cada vez más difícil de solucionar, sobre todo porque hay elementos de los cuerpos policíacos, de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, vinculados con el crimen organizado.

Los esfuerzos institucionales siguen siendo insuficientes, hoy la sociedad está vulnerada por los actos sistemáticos de violencia generalizada. Para que la impunidad, la corrupción y el delito mismo sean eliminados o reducidos a su mínima expresión, se necesita la voluntad y el compromiso de todos los actores políticos y de la coordinación de esfuerzos de los tres órganos de gobierno.

Ante tal escenario consideramos que la responsabilidad en materia de seguridad pública no es competencia del Ejército mexicano y, por ello, exigimos el cumplimiento real y efectivo por parte de todas las policías del país.

La sociedad se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades; asimismo como el ambiente de inseguridad y violencia. En este sentido, el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad es una vía para afrontar y enfrentar al hampa.

Sin embargo, nosotros estamos convencidos que es urgente la implementación de una política de prevención del delito, más que una de represión. Una vía eficaz de afrontar este problema nacional, además del impulso al fortalecimiento de las instituciones encargadas del combate al crimen es educar en la prevención del delito.

La función preventiva consiste en atacar los factores que pueden llevar a un joven a delinquir. Para crear la cultura de la prevención es primordial comenzar en la primera infancia, de esta forma se inculcará el conocimiento de que delito va en contra del bienestar de todos. En la medida de que se otorguen mejores oportunidades para la educación y se fortalezca la cultura cívica, se fomentará el respeto a la legalidad.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza celebra la reincorporación de la materia de civismo en la currícula de educación básica. El sector educativo es un sistema que, junto con la familia, tiene un papel central en el desarrollo de hábitos y de valores de la niñez y la adolescencia.

Como legisladores tenemos el compromiso de propiciar un entorno social en el que se pueda vivir sin delinquir. Por ello en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en el periodo de sesiones que hoy comienza, propondremos reformas al marco jurídico encaminadas al fortalecimiento y efectividad en el combate de la delincuencia, haciendo énfasis en la prevención del delito para hacer de la seguridad pública una política de Estado, con la finalidad de México recobre la paz y la seguridad. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Jaime Cervantes Rivera, representando al Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para quienes creíamos que el día del presidente había terminado con la reciente reforma al artículo 69 constitucional, nos hemos llevado un chasco. Ahora el Ejecutivo federal no es el centro de atención del Congreso de la Unión, pero sí lo es la telecracia.

La residencia oficial de los Pinos se ha convertido en el primer estudio televisivo del país. Sin embargo, y para desgracia de millones de mexicanos, la imagen del Ejecutivo de televisión jamás podrá borrar la dolorosa realidad del desempleo, pobreza, marginación, exclusión, violencia, inseguridad y desesperanza que padecemos todos los días.

Aprovechando de manera tramposa los cambios constitucionales en materia de rendición de cuentas a la nación, Calderón está montando una estrategia de manipulación a los mexicanos presentándose como el salvador de la patria y como un político que está cumpliendo sus promesas de campaña.

Calderón continúa con la estrategia panista de gobernar con el apoyo y la complicidad de los propietarios de los medios de comunicación. La telecracia es su aliado para intentar seguir engañando a los mexicanos y tratar de ocultar la realidad de este país.

En el sexenio anterior, Vicente Fox se jactaba de gobernar y resolver los problemas por teléfono, como Chiapas en 15 minutos. Ahora Calderón pretende hacerlo con base en spots reiterativos, supuestamente para vivir mejor.

Sólo Calderón se puede jactar de vivir mejor, con mayor inseguridad y más violencia en todo el país. Vivir mejor, con más desempleo. Vivir mejor, con precios más altos en alimentos y medicinas. Vivir mejor, con gasolinazos y precios más altos del gas y del diesel. En 30 días llevamos 6 aumentos.

Vivir mejor, con más pobreza en el campo y mayor migración hacia los Estados Unidos. Para desgracia de quien nos gobierna, la realidad se encarga de echar abajo todos y cada uno de los supuestos logros del gobierno.

La ciudadanía se ve agraviada por la comisión de diversos delitos. El hecho irrefutable es que sufrieron una agresión en su persona o patrimonio y que los órganos del Estado encargados de procurar justicia son ineficaces e ineficientes para perseguir y castigar a los delincuentes.

Lo que más nos agravia es la impunidad, porque los ministerios públicos y la policía ministerial ni investigan ni detienen a los delincuentes. La administración de justicia ha sido permeada por la corrupción.

Es indudable que la administración federal no tiene una estrategia coherente y realista para resolver los graves problemas de inseguridad pública que padecemos. El crimen organizado se apoderó del país y de las instituciones públicas.

El reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, convocado por Calderón no resuelve ni resolverá nada de este grave problema. En este país los pactos nunca han servido para nada. Lo que se necesita es que a los encargados de la procuración de justicia no les tiemble la mano para aplicar la ley, ni que tampoco se vendan.

Este acuerdo representa una burla a los mexicanos, porque para actuar de inmediato no se requiere la firma de ningún documento mediante un acto rimbombante, cortesano y antidemocrático.

Para nadie es desconocido, excepto para Calderón, que lo que se necesita para combatir la delincuencia es dar empleos dignos y bien remunerados a los mexicanos, así como garantizarles opciones de superación a través de la educación y la vinculación con los centros de trabajo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, está claro que el país necesita cambiar el modelo económico neoliberal que ya está agotado, que sólo privilegia a las clases poderosas y que excluye totalmente a las mayorías. En este modelo fracasado se fundamenta la raíz de todos los problemas que sufrimos como país.

Las experiencias económicas que han sido exitosas para México son tildadas por la tecnocracia neoliberal como populistas, pero olvidan decir que gracias a ellas se generó la infraestructura del país, se creció a ritmos nunca antes vistos, se generaron millones de empleos; en cambio ahora somos el país de América Latina que menos crecerá en 2008. De 20 países ocuparemos el vigésimo lugar.

A ocho años de los gobiernos panistas, incluyendo los dos de Calderón, los problemas del país se agravaron de manera creciente y preocupante. No tenemos presente ni futuro con esos gobiernos.

La generación de empleos prometida por Calderón en su campaña —cuando se autoproclamó como "presidente del empleo"— es un fraude más a los mexicanos. De la misma manera, cada día hace esfuerzos por legitimar su titularidad, cuando las elecciones de 2006 fueron y siguen siendo severamente cuestionadas.

Incluso su gobierno reconoce que pretendió engañarnos con datos falsos acerca de la generación de empleos, que tuvieron que ser desmentidos, cuando dijeron que se habían equivocado en la metodología usada por el lNEGI y por el Seguro Social.

Como una muestra irrefutable de la incapacidad de la actual administración tenemos el descomunal incremento de los precios de alimentos que consumen cotidianamente los mexicanos. Hoy un kilo de huevo cuesta 22 pesos, el kilo de bistec está en 86 pesos y así sucesivamente, todos los bienes básicos se han incrementado vertiginosamente.

Los funcionarios de Hacienda y del Banco de México han afirmado reiteradamente que los incrementos a los combustibles no propiciarían un mayor incremento de los precios, pero los hechos muestran que la inflación de los alimentos es imparable y perdurará por varios años.

No olvidemos que en agosto de este año se han presentado 6 incrementos a gasolina y diesel, mismos que han mermado el poder adquisitivo de los mexicanos y reducido sus condiciones de vida.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, mexicanos que nos escuchan, el mal desempeño de los gobiernos panistas en el manejo de la economía ha unificado a todos los sectores golpeados por la política económica neoliberal en un fin común: desterrar al PAN del gobierno y dar un viraje drástico en este tema.

La movilización social no sólo se preocupa por cambiar la economía, también está en pie de lucha para defender los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación y los que genera nuestra industria eléctrica.

El intento de privatizar Pemex ha sido y está siendo rechazado mayoritariamente por los mexicanos, quienes tienen claro que Calderón, junto con Mouriño y camarilla, se quieren beneficiar del petróleo.

El movimiento de resistencia civil pacífica para defender el petróleo, encabezado por López Obrador, logró impedir que las iniciativas presentadas por Calderón fueran aprobadas en un albazo legislativo.

Los debates realizados en el Senado mostraron que no hay justificación técnica, legal y financiera para entregar nuestra industria petrolera al capital nacional y extranjero. Por el contrario, la extranjerización de la banca se convierte en un ejemplo contundente de lo que nos pasaría con el petróleo si permitiéramos su privatización.

Por el contrario, los debates arrojaron dos experiencias contundentes que no tienen paralelo en nuestra historia: la primera de ellas es que los mexicanos sí estamos capacitados para opinar sobre los problemas que nos aquejan y proponer soluciones viables; prueba de ello son las iniciativas que presentó el Frente Amplio Progresista, producto de esos debates.

Las propuestas que recogió el FAP sobre esta materia demuestran que es posible modernizar nuestra industria petrolera sin necesidad de que la iniciativa privada nacional y extranjera se apropien de ella.

La segunda experiencia se refiere a la participación directa del pueblo mexicano en un ejercicio democrático para decidir el rumbo de nuestra industria petrolera, a través de la consulta ciudadana que se realizó a lo largo y ancho de nuestro país, donde se rechazó abrumadoramente la propuesta de Calderón de entregar la riqueza petrolera a los particulares.

Este ejercicio democrático mostró que nuestro país tiene el talento para transitar a la democracia directa y participativa y ha llegado la hora de que en el Congreso de la Unión cumplamos con nuestra responsabilidad histórica de recoger la demanda de la ciudadanía, para que establezcamos a nivel constitucional el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato como piedras angulares de la participación ciudadana.

Por esta razón, en este nuevo periodo ordinario de sesiones que se inicia, el Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario apoyarán con firmeza y decisión las iniciativas que en materia petrolera han sido signadas por el Frente Amplio Progresista, porque así lo mandata el pueblo mexicano.

Queremos dejar claro también que no claudicaremos en la defensa del petróleo y de la energía eléctrica como parte del patrimonio nacional e impediremos a toda costa su privatización. De la misma manera, defenderemos las conquistas a favor de la clase trabajadora ante el embate de la derecha, que pretende realizar una contrarreforma a uno de los pilares de nuestra Constitución: los derechos laborales.

Los legisladores del Partido del Trabajo defenderemos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación temas centrales como dar más recursos al campo, a la educación pública, a la salud, a la generación de empleos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para el combate a la pobreza.

Compañeras y compañeros legisladores, iniciamos hoy el último año de ejercicio de esta LX Legislatura. Nuestro reto sigue siendo que refundemos a la república; que hagamos y aprobemos leyes que beneficien a las mayorías y no sólo a los poderosos, como hasta ahora ha sucedido; que apostemos por un país donde quepamos todos.

Queremos dejar claro que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo mantiene firme su posición de no permitir la privatización del petróleo, porque Pemex no se vende. Pemex es de los mexicanos. La patria se defiende. Viva el Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica. Viva Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de los mexicanos. Viva México.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia, diputado Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Honorable Congreso de la Unión. Representantes de los Congresos locales; presidentes de los partidos Políticos; amigos de los medios de comunicación; señores y señoras invitados especiales; ciudadanas y ciudadanos; jóvenes de México.

Hoy, soy la voz que expresará el sentir y la visión de los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, el cual queremos compartir con todos ustedes. Hoy, los invitamos a visualizar el camino que transitaremos al iniciar los trabajos del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Queremos decirle al pueblo de México sobre la responsabilidad que tenemos como legisladores de regresarles la paz, la seguridad, la justicia, con la firme esperanza de seguir construyendo un país de oportunidades salvaguardando, por supuesto, su independencia.

Es momento de trabajar unidos para entregar a nuestros conciudadanos oportunidades verdaderas que mejoren su calidad de vida. Sí, efectivamente, compañeros legisladores, en mi partido todos creemos que México tiene un gran destino. Es por eso que en el Verde Ecologista siempre seremos impulsores de la juventud mexicana, porque creemos que las ideas, la innovación, la creatividad y la participación, laten en el espíritu de los jóvenes mexicanos.

No tenemos duda de que la promesa de un México libre y limpio está presente en la conciencia de los jóvenes que anhelan un país diferente con carácter, con compromiso, con ideales firmes, cimentados en el presente histórico.

Hoy son urgentes los cambios que la sociedad nos demanda, por lo tanto debemos superar las diferencias que nos dividen y en el diálogo y la tolerancia, reconocer que sólo se trata de visiones diferentes con un mismo fin: la búsqueda por el bienestar de todos y cada uno de los mexicanos.

La situación en que se encuentra nuestro México es muy preocupante: inseguridad, crisis alimentaria, bajo poder adquisitivo, bajo rendimiento escolar, problemas de competitividad y contaminación ambiental, por mencionar sólo algunos de los problemas que aquejan la realidad nacional.

Hoy les digo a ustedes que el futuro, a pesar de las dificultades del momento, debe de ser nuestro; debemos vencer sin problema la crisis que nos ha regresado a vivir en la injusticia, en el peligro y que atenta contra la vida de todas las familias mexicanas.

Así que debemos de ser fuertes, debemos enfrentar estos retos con coraje. Debemos unificar una visión de Estado para un mejor futuro. Podemos luchar juntos, trabajar unidos, hacer que el Poder Legislativo transforme la visión del México de hoy y fortalezca la misión rectora de nuestra Carta Magna: garantizar la vida, la libertad e igualdad de todos los mexicanos.

Hoy los exhorto a que tomemos la oportunidad de realizar las reformas que finalmente le den el poder al ciudadano, recuperado la confianza de la sociedad que genere en gobernabilidad y termine con las condiciones que inhiben la competencia, la innovación y el crecimiento nacional.

Por ello y para ello los legisladores de mi partido atenderemos cinco premisas para construir un rumbo sólido y firme. Nuestra prioridad, el medio ambiente. Nuestras fortalezas, las instituciones. Nuestra preocupación, la seguridad y la justicia. Y nuestro impulso, el crecimiento económico sustentable.

Con nuestras iniciativas lograremos familias más fuertes, comunidades solidarias, un medio ambiente más limpio, mejores oportunidades en educación, empleo y desarrollo sustentable.

Pero estos cambios, señores legisladores, sólo serán posibles con la ayuda de todos ustedes aquí presentes, porque sólo en el diálogo se confrontan las ideas, se generan nuevas realidades y se encuentran los nuevos caminos por los cuales podemos dar un futuro próspero y seguro a México.

No sucumbiremos a los problemas que hasta hoy parecen destinados a intensificarse ni a los desfavorables pronósticos del porvenir.

Hoy, en nombre de mi partido, hago un reconocimiento por los avances alcanzados en las asignaturas pendientes de la agenda política nacional, por esta legislatura.

Hoy cerramos un capítulo más del presidencialismo, que poco a poco ha ido desapareciendo. El primero de septiembre pertenece ahora al Poder Legislativo, para que así se manifieste el sentimiento de la nación, para que el pueblo de México exprese, en la voz de sus representantes populares, su sentir y su visión.

Reconozcamos que algo está mal y no sólo se trata del Poder Ejecutivo o de una oposición simplista. Aceptemos que no hay divergencia entre los mexicanos en cuanto a que es el momento y la oportunidad irrenunciable para impulsar una reforma energética.

El Partido Verde buscará alcanzar los consensos necesarios para lograr dotar a nuestro país de una reforma energética integral, con visión de futuro y no simplemente una reforma petrolera.

En este sentido hemos puesto en la mesa la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables para abrir los horizontes en materia energética y construir alternativas que disminuyan la dependencia del petróleo. El éxito de la empresa que nos proponemos necesita abrir un entendimiento con la industria, el desarrollo tecnológico, la economía y las finanzas públicas.

Es por ello que en breve les compartiremos innovadores cambios a esta regulación para posicionar a las tecnologías limpias con la Ley para la Eficiencia Energética. El Partido Verde votará por la mejor de las reformas, por aquella que construyamos juntos todas las fuerzas políticas que deseen respaldar el sentimiento de la nación.

Actualmente México padece una inequidad social extrema. Por eso les digo: no es necesario traer expertos que nos expliquen o disfracen su convicción política para saber que los programas sociales no bastan para el mejoramiento de la calidad de vida o la superación de la pobreza. Nosotros, el pueblo, somos la solución.

El crecimiento es un reto que debe ahondar en la discusión por el progreso hacia la realización del potencial máximo de todos sus ciudadanos. Los logros alcanzados en infraestructura, en transparencia del sistema financiero, son importantes y debemos mantenerlos. Pero no olvidemos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación que debemos hacer aún más por impulsar los programas que ejercen el gasto federal y velar por su justa ejecución.

Tenemos que fortalecer la educación, el campo, la seguridad pública, el desarrollo social, la salud, la ciencia y tecnología, y por supuesto, el medio ambiente.

Nuestra Carta Magna, a propósito del país que deseamos ver, en su artículo 3o. consagra el amor a la patria y el derecho a la educación gratuita. El futuro de niños y jóvenes siempre nos ha preocupado. Por ello, el Partido Verde hará de la educación el factor clave de la competitividad.

Esta soberanía hoy busca dar respuesta a las legítimas necesidades de seguridad pública en México. Un "ya basta" se escuchó en las calles de distintas ciudades del país y otras naciones, en la voz de miles y miles de mexicanos.

El Congreso debe ser el interlocutor de las demandas de la sociedad. Hagamos de la seguridad la primera de las virtudes del Estado. La sociedad se manifestó por el bajo resultado del orden público en busca de respuestas, no sólo de intenciones, sino de trabajo y resultados inmediatos.

El Partido Verde, atento a las demandas de la ciudadanía, ha pugnado por exigir el papel activo del gobierno federal para que la seguridad no se vuelva una más de las promesas incumplidas.

Hay trabajo qué hacer y sabemos que el gobierno no puede hacerlo solo. Por ello, unamos esfuerzos para presentar los mejores cambios a la ley, reconquistar nuestras calles de las drogas, las pandillas, los secuestradores y el crimen organizado.

En el marco de estos escenarios, compañeros legisladores, el futuro depende de nosotros. Todos y cada uno de nosotros debemos asumir una responsabilidad personal, no sólo por nosotros mismos y nuestras familias, sino por nuestra nación.

Es por ello que mi partido ha presentado una propuesta, una propuesta integral de reformas y adiciones a diversas leyes para contar con un marco jurídico con mayor capacidad de acción y prevención del delito del secuestro que lacera gravemente a miles de mexicanos.

La actual impunidad con que se cometen los crímenes y secuestros indica que la realidad ha superado a la ficción. En el Partido Verde defendemos la vida de los mexicanos. Es por eso que hemos propuesto una sanción ejemplar que la sociedad demanda con urgencia: pena de muerte para los secuestradores y policías involucrados.

No suplamos la falta de ideas con exceso de ideología. Logremos que los delincuentes nunca más se aprovechen de la sociedad y que el ciudadano vuelva a creer en la justicia, la seguridad y las instituciones.

Hoy nos encontramos ante una problemática de seguridad crítica y creciente que demanda la adopción de medidas urgentes y firmes por parte del Estado, el cual está obligado a cumplir con uno de sus fines primordiales: garantizar la seguridad de todos los mexicanos. El Poder Legislativo debe asumir su compromiso y responsabilidad realizando las adecuaciones pertinentes a la ley.

No hay ninguna duda, en nuestro partido, al momento de hablar de construcción de instituciones siempre señalaremos una crítica constructiva y seria. Hoy la política ambiental continúa siendo sólo parte del discurso y no se ve reflejada en el compromiso del gobierno federal, el cual se ha conducido con un ambientalismo a modo en varias de sus secretarías, mismas que han ido desde promover la derogación de leyes vigentes ambientales, hasta la simulación en el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos.

Continuaremos denunciado todas y cada una de estas acciones que afectan a nuestro medio ambiente y afectan a nuestro México. El día de hoy nos comprometemos a ser los promotores de la unidad nacional. Seremos quienes busquen la unidad de todas las voces, de centro, de izquierda y de derecha, porque estamos convencidos que los beneficios para el país serán más grandes que los esfuerzos, que las dificultades serán menores para quienes viven unidos, trabajan unidos y valoran los ideales que los unen. Todos somos México.

Por tal virtud, en este acto y ante la nación, el Partido Verde hace un llamado para que todos estemos conscientes que los cambios que este país necesita se deben generar desde el Congreso, con iniciativas de ley que beneficien directamente al bienestar de la población.

Todo esto puede cumplirse sólo con voluntad, propuestas, acuerdos, esfuerzo y la firmeza de hacer lo mejor por México. Hagamos el trabajo, compañeras y compañeros legisladores, es ahora cuando la nación nos lo demanda. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al ciudadano senador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia.

El senador Luis Maldonado Venegas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

Hoy se inaugura una nueva práctica republicana. Sin embargo, aún no es posible anticipar si las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso para modificar el formato del informe presidencial abonarán a un mejor ejercicio de la división de poderes y a la rendición de cuentas a la que tienen derecho todos los gobernados.

En buena medida corresponderá a quienes formamos parte de esta asamblea parlamentaria, darle sentido y pertinencia a estas reformas y conferirle contenido y trascendencia a este acto de apertura de nuestros trabajos legislativos.

Ante todo debemos reconocer que la nación se encuentra entre otra de las encrucijadas que marcan su historia; o consolidamos un país democrático e igualitario, o permitimos por acción u omisión una regresión autoritaria que condene al país a un futuro incierto, con desigualdad y exclusión social para millones de mexicanos.

Esta LX Legislatura tuvo la oportunidad de devolver la confianza perdida a la sociedad con una reforma que corrigiera las deficiencias de la legislación electoral que lastimaron la imparcialidad, objetividad y certidumbre del proceso federal de 2006.

Sin embargo, las reformas introducidas en el anterior año de ejercicio privilegiaron la conformación de una partidocracia y el reparto de cuotas, ignoraron la pluralidad que refleja una sociedad viva y actuante y, lo más grave, dieron la espalda a los ciudadanos.

El actor, el protagonista de la vida democrática, el ciudadano, es relegado por los partidos políticos que no debieron ser sino un vehículo para que aquél se exprese. Es una auténtica paradoja que esta legislatura, la más plural de la historia, sea quien entierre las aspiraciones de una ciudadanía diversa y cada vez más participativa.

Esta responsabilidad adquiere mayor significado cuando toca a las puertas de este Congreso el reclamo de una sociedad agraviada que exige de nuestra labor resultados inmediatos e iniciativas certeras, acuerdos y consensos que opongan un franco límite al estado de deterioro que sufren las instituciones y al conjunto de males que lastiman de manera persistente a quienes nos han conferido un mandato para representar sus intereses.

Estos grandes desafíos son el combate a la inseguridad, la defensa del petróleo como patrimonio de todos los mexicanos y el abatimiento de la espiral de empobrecimiento que hoy afecta a la economía de las familias y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Por ello ofende a la conciencia ciudadana, el despliegue que a través de los medios masivos de comunicación ha emprendido el titular del Ejecutivo federal para mostrarnos una visión idílica, distinta y distante a la realidad cotidiana, pretendiéndose con ello tender una cortina mediática al dolor, a la indignación y a la desesperanza que hoy preside en el ánimo de los mexicanos.

Apenas hace unas horas hemos atestiguado la marcha de cientos de miles de ciudadanos en las principales avenidas y plazas de nuestras ciudades, sin distingo de credos, de clases sociales, de filiaciones políticas, unidas en un haz de voluntades con su carga de dolor a cuestas, con el grito contenido de justicia y seguridad. El grito demoledor del silencio, que horade y remueve toda conciencia.

Junto a ellos, señores legisladores, otra marcha intangible, avanzada, era la presencia inmaterial de los millones de víctimas del delito y de la impunidad que se acumulan día a día y que engrosan las cifras negras, como evidencia de incapacidad manifiesta de nuestro sistema actual de procuración y administración de justicia.

En su más reciente informe el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ha identificado que anualmente se cometen en nuestro país casi 12 millones de delitos, más del doble de los que se cometían hace seis años.

De ellos, sólo un millón y medio de ilícitos se denuncian como evidencia de la falta de credibilidad que tienen las procuradurías y ministerios públicos frente al ciudadano común, ya que la proporción de delitos consignados sigue siendo mínima y el escaso número de sentencias ubican en condición de impunidad al 98 por ciento de los delitos cometidos.

Frente a este diagnóstico cruento, la actitud errática y evasiva de los actores políticos ha sido desalentadora. Al pronunciamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exaltando la imagen impoluta de jueces y magistrados, se sumó la del titular del Ejecutivo federal, situándose del lado de las demandas ciudadanas.

Ambas declaraciones carecen de autoridad moral porque niegan lo que todos sabemos: que la corrupción ha infiltrado a nuestras instituciones federales y son vías consuetudinarias para la evasión de delincuentes, reos y sentenciados.

Por su parte, las Cámaras del Congreso a través de diversos voceros se ufanaron de haber concebido y concretado una reforma al sistema de seguridad y justicia, sin reconocer que a seis meses de su aprobación ha sido ya desbordada porque tuvo como horma su percepción cortoplacista, parcial, carente de una visión de Estado, ausente de integralidad y claramente alineada con los intereses de poder que frecuentemente prevalecen en los acuerdos parlamentarios.

Para abonar a este clima de desorientación y falta de rumbo, como una respuesta a la escalada de secuestros que vive el país, se concretó el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que si bien concitó la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, constituye un apunte improvisado de 70 acciones desarticuladas e inconexas, carentes de orden, de orientación, de objetivos; una suma de ocurrencias que en su mayoría representan el reconocimiento expreso de que las autoridades han abandonado su función pues muchas, la mayoría de estas acciones enumeradas, sólo significa que las autoridades cumplan con las responsabilidades y tareas que siempre han tenido bajo su órbita de competencia y tutela.

Por ello, Convergencia, a través de sus grupos parlamentarios en las Cámaras de Diputados y de Senadores, insistirá en una reforma integral con visión de futuro, con dimensión de Estado, que responda verdaderamente al tamaño y a la profundidad que hoy se exige como una condición para fortalecer a las instituciones y para dar respuesta a la ciudadanía.

Quiero recordar que en noviembre de 2003 el Grupo Parlamentario de Convergencia presentó una iniciativa de reformas que abordan estos aspectos cruciales. Fue el primero en proponer el establecimiento de juicios orales, pero a la par también un conjunto de reformas que no fueron consideradas ni atendidas en el último proceso de revisión constitucional y la legislación secundaria.

Refrendamos una vez más la pertinencia de muchas de estas propuestas. La unificación de los códigos penales, la incorporación de la figura de reparación del daño a las víctimas de los delitos, el devolver al ciudadano el ejercicio de la acción penal rompiendo así el monopolio que hoy ejerce el Ministerio Público, una de las figuras más desacreditadas por su actuación, sujetándola finalmente al control de los órganos jurisdiccionales. Un rediseño del sistema de readaptación social y de atención a menores infractores, así como la instauración de una Ley de Justicia Cívica que atienda y desahogue los delitos menores y establezca el trabajo comunitario como medida de compurgación de sus penas.

A la par de la inseguridad se ubica la incapacidad de este gobierno para cumplir su principal promesa de campaña: la creación de empleos. Hoy la CEPAL nos señala como la economía de más reducido crecimiento en América Latina.

El Ejecutivo puede culpar a la recesión estadounidense o a que la falta de reformas estructurales impide el diluvio de inversión extranjera que nos hará ahora sí desarrollados. Lo cierto es que el modelo económico adoptado en los últimos 25 años se ha agotado sin haber cumplido las promesas de grandeza que ofreció.

Las ilusiones de que una economía abierta y globalizada nos instalaría en las corrientes de bienes y capitales que traería progreso y bienestar se han estrellado contra las escolleras de la realidad, que hoy registra una cifra cercana a los 50 millones de pobres, viviendo junto a un 10 por ciento de la población que detenta el 60 por ciento de la riqueza nacional.

Es la desigualdad el principal lastre para el desarrollo de México y sólo merced a los excedentes en el precio internacional del petróleo hemos podido evitar un colapso presupuestal y una crisis económica de proporciones devastadoras.

Pero esta administración está impedida para reconocerlo. Está más preocupada por continuar con el proceso expropiatorio de los bienes de la nación. La iniciativa en materia petrolera presentada por el Ejecutivo en abril de este año, a contrapelo de la historia, quiere poner a disposición de unos cuantos lo que pertenece a todos.

Convergencia, en el marco del Frente Amplio Progresista y del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, se opondrá a cualquier intento privatizador.

Por ello pensamos junto con millones de mexicanos que la toma de las tribunas no fue infructuosa, dio paso a una consulta plural, abierta, exhaustiva y de cara a la sociedad. A su vez las aportaciones nacionalistas de profesionales y expertos evolucionaron para integrar una iniciativa con bases constitucionales y respaldo social.

Así compartimos con el grupo de expertos y ciudadanos que colaboraron en la elaboración de la propuesta del Frente en materia energética, la firme convicción de la importancia económica, política y social de los recursos petroleros del país, de la propiedad originaria e intransferible de la nación sobre estos recursos. Del mandato constitucional de que sea el Estado el que en forma exclusiva, a través de Pemex, los administre. Y de la urgencia de definiciones y acciones que garanticen la seguridad energética de la nación en el presente y para las futuras generaciones de mexicanos.

Compañeras y compañeros legisladores. No son las burocracias gubernamentales ni partidistas quienes mueven a este país, son los ciudadanos que día a día laboran en las fábricas, en las oficinas, en los comercios, en el campo. Son los hombres y las mujeres que trabajan para dar un mejor nivel de vida a sus familias y que hoy tienen miedo. Son los jóvenes que estudian y se preparan esperando las oportunidades que hoy este país les niega.

Podemos seguir instalados en la comodidad de nuestras curules y escaños, sin escuchar el mandato ciudadano. Turain nos recuerda que los electores ya no se sienten representados, lo que expresan denunciando una clase política que ya no tendría otro objetivo que su propio poder ajeno al origen legítimo del verdadero poder: del poder ciudadano.

Es pues obligación del Estado garantizar que existan condiciones de igualdad y de seguridad para todos. No podemos cerrar los ojos y oídos ante la presencia de la gente en las calles, sea para emprender la defensa de nuestro petróleo o sea para exigir seguridad. A ellos nos debemos los legisladores. Convergencia apuesta por las ciudadanas y los ciudadanos para construir con ellos un nuevo rumbo para la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado don Adolfo Mota Hernández.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Señor Presidente, antes de iniciar el posicionamiento quisiera pedirle un minuto de silencio para un gran mexicano, para un mexicano ejemplar, para don Gilberto Rincón Gallardo.

El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se concede un minuto de silencio para el ilustre mexicano don Gilberto Rincón Gallardo.

(Minuto de silencio)

El diputado Adolfo Mota Hernández: Honorable Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros legisladores. Señoras y señores. Hoy México vive en la incertidumbre. El pueblo de México exige una nación justa y segura. Edificarla es el reto que enfrentamos. Cumplir sólo es posible a partir del compromiso que protestamos de respetar y hacer respetar la Constitución. La sociedad nos demanda, sobre todo ahora, alcanzar consensos sin importar colores ni celos políticos.

Las legisladoras y los legisladores del PRI sabemos cuál ha sido el desempeño del gobierno desde hace dos años. Es de nuestra competencia hacer una evaluación completa. Lo haremos sin prejuicios y no sin preocupación.

La reciente reforma modificó el formato del informe. Dejamos atrás los resabios del viejo presidencialismo para dar paso a una rendición de cuentas responsable. Nuestra misión es muy clara: corresponder a la confianza de la sociedad, ganarnos su respaldo como partido de oposición, ampliar nuestros espacios de representación y reconquistar el gobierno.

El PRI es un partido serio y responsable que desde el primero de diciembre de 2006, permitió que este país transitara bajo principios de gobernabilidad y unidad nacional. Construimos las instituciones que son patrimonio del pueblo y sintetizan sus mejores conquistas. Seremos intransigentes en defenderlas.

Esta Legislatura, la número LX, ha sido la más plural y más compleja de nuestra historia democrática. Se han impulsado reformas que tuvieron que esperar más de 20 años para salir adelante.

En todos los debates hemos manifestado nuestra voluntad de diálogo e interlocución con el Ejecutivo. Por eso decidimos construir una reforma fiscal y una reforma al sistema de pensiones, para lograr los presupuestos más altos de la historia y contar con las plazas de salud que se necesitan. Por ese esfuerzo claro y contundente, nos pronunciamos por no más impuestos para el 2009.

Pugnamos desde esta tribuna, junto con nuestro grupo de trabajo de seguimiento del gasto, por un cambio en las reglas de operación de los programas federales. El debate no es sobre quién tiene la facultad de definir tales reglas. El debate sí es el cumplimiento de tales metas. Los subejercicios y las transferencias pervierten los objetivos trazados en el Presupuesto. El subejercicio presupuestal es el cáncer del gasto federal.

El funcionario público debe ser creativo y vigilante de la puntualidad del recurso. Para ser más claro: subejercer también puede entenderse como una forma de peculado, de desfalco o de corrupción. Subejercer es también subgobernar. Lastima entonces al maestro, al campesino, al obrero, al ganadero, al productor de caña, al médico, a la enfermera, al pescador, que haya dinero, que se tarden en ejercerlo y que lo ejerzan mal y a destiempo. No negociaremos ni debatiremos ni mucho menos aprobaremos, si no se aclaran o liberan los subejercicios de 2008.

Los gobiernos del PRI están en toda la disposición con la infraestructura humana capaz de ejercer de inmediato los recursos que les asignó el Presupuesto. Aun y con esto, para 2009 es posible lograr un documento virtuoso y realista, pero no estamos seguros de que su aplicación sea virtuosa también. Virtuoso porque tendrá rostro social y realista en la estimación del precio del barril de petróleo. Claro está, de encontrar cerrazón en la parte de los excedentes petroleros, desde la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, modificaremos su destino.

No concebimos que los recursos se transfieran por convenio, cuando la decisión del Legislativo se define desde el Presupuesto mismo. Dotaremos entonces de facultades a estados y municipios para definir su política social con visión regional. Queremos mitigar la pobreza, mejorar los servicios de salud, buscar educación de calidad, mejorar el medio ambiente y evitar darle instrumentos al gobierno para formar parte de la lucha del poder.

Con la reforma electoral acordamos la manifestación libre y soberana de los ciudadanos, con campañas más cortas y menos costosas y no en la determinación y en los intereses que el propio gobierno pueda tener para definir el sentido de su renovación.

Creemos en los programas sociales, pero no coincidimos, por ningún motivo, en su utilización política y electoral.

México vive bajo la zozobra. La multitudinaria manifestación del sábado pone de manifiesto el gran reto que todos tenemos. Nuestros problemas se han visto agudizados por una escalada en la inseguridad. El país se encuentra en un estado de emergencia por quienes lucran con la impunidad.

No podemos dejar de reconocer que la seguridad es un problema de todos; en consecuencia, el gobierno decidió la estrategia a seguir. Sin embargo, los buenos resultados no llegan y ahora se comprometen nuevas acciones que, si se consideran fundamentales, no entendemos por qué antes no se practicaron. No creemos, con franqueza, que el aumento en el número de muertes de agentes federales sea un acierto en el combate a la delincuencia.

La reunión del Consejo de Seguridad repartió tareas, pero no debe transmitir la responsabilidad a otro niveles de gobierno Lo federal es federal. Urge unificar un criterio eficaz y no debe haber distintas metas de los proyectiles que el gobierno lance contra la corrupción y el narcotráfico.

La propuesta del PRI está ligada a la reglamentación del paquete de justicia vinculado al impulso de una Ley Antisecuestros y a un nuevo esquema institucional de órganos de inteligencia y especialización policiaca.

En el PRI reconocemos la labor de nuestro Ejército y nuestra Marina. Para ellos nuestro reconocimiento de siempre y respaldo absoluto.

Haremos todo lo que en materia legislativa esté a nuestro alcance. Si no hemos escatimado experiencia para evitar rupturas, tampoco escatimaremos —lo digo claro— ningún recurso en el presupuesto para el tema de seguridad; ningún recurso que tenga que ver con la seguridad se va a escatimar, porque ahí donde un policía paga su uniforme, no cuenta con armamento ni municiones, no recibe capacitación y su salario y su seguro son bajos, estamos faltando a lo más elemental.

Pero que quede bien claro: los ordenamientos jurídicos y los presupuestos no detienen criminales. Las órdenes judiciales, los buenos jueces y la policía, por supuesto que sí.

Acudimos al tema de energía con decisión y mucho trabajo de por medio. Reconocemos la necesidad de reformar a Pemex. Entendemos que Pemex no puede seguir como está. Así nació una iniciativa avalada casi por la totalidad de los senadores y diputados así como por los gobernadores, presidentes municipales y nuestra dirigencia nacional. Una iniciativa en la que reiteramos la no privatización del petróleo.

Nuestra propuesta reconcilia a posiciones antagónicas y atiende los problemas más urgentes. Por eso revisaremos todas las iniciativas con apertura y ánimo conciliador y no nos dejaremos presionar en este tema por nadie.

Queremos que Pemex se modernice, que mantenga soberanía sobre los hidrocarburos y avance en un modelo de empresa transparente con rendición de cuentas, con especialistas y con respeto a los derechos de sus trabajadores.

Reforma en el campo de energía, sí, tres veces sí, pero teniendo en cuenta que al final lo que el ciudadano espera es que se refleje en empleos, en los precios, en que bajen las tarifas eléctricas, que se cuide y proteja al medio ambiente, y que los jóvenes y los niños tengan un mejor futuro.

Señoras legisladoras y señores legisladores, compañera senadoras, compañeros senadores, el PRI es fuerte porque está unido, unido por la capacidad de sus grandes cuadros políticos, por sus legisladores, por sus gobernadores, por sus coordinaciones en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, por supuesto, por su dirigencia. Queremos regresar al poder, pero eso no significa que aspiremos a regresar al pasado. Vemos hacia el futuro y creemos que las soluciones a los problemas del país se encuentran en políticas de Estado, en instituciones sólidas y en hombres y mujeres con la capacidad y el talento de encabezarlas.

Somos autocríticos y con ello hemos aprendido de nuestros errores. Ganaremos las elecciones de 2009 y estamos empeñados, seria y responsablemente, en mejorar todos los días como fuerza política dominante.

Este posicionamiento, pues, busca hacer un llamado a la conciencia de los mexicanos para definir nuestro futuro. No hemos venido a disparar vítores y cohetes debajo del balcón del presidente, ni tampoco hemos venido a buscar entorpecer su trabajo.

Los ciudadanos no quieren más discursos ni más ejercicios de garganta ni sé a quién anego ni a quién fecundo, ni a quién quito la sed, pero estamos en la época del grito y de la lágrima y, como dijera el veracruzano Lerdo a Juárez en la denegación del perdón a Maximiliano: "es ahora o nunca, señor presidente". Aquí estamos. Si no, no vamos a llegar a la canción. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: A continuación tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Muchas gracias, ciudadano presidente del Congreso de la Unión. Compañeras, compañeros legisladores. Le agradecemos mucho a la bancada del Revolucionario Institucional el que se haya solicitado, en honor de nuestro compañero de toda la vida de la izquierda, Gilberto Rincón Gallardo, el minuto de silencio porque se lo merece. Fue un hombre de la transición, fue un hombre contra la discriminación, fue un hombre de este país y que le dio su vida a este país. Por su gran obra, que descanse en paz Gilberto Rincón Gallardo.

Hoy se abre el primer período de sesiones ordinarias del último año de esta LX Legislatura y estamos inaugurando un nuevo formato. Atrás quedó el besamanos y el Día del Presidente.

Esperamos que a partir de ahora la apertura de sesiones sea el Día de la República y de los ciudadanos, en el cual, con un espíritu autocrítico, podamos revisar los males que le aquejan al país y aportar las soluciones que requiere la ciudadanía desde el ejercicio legislativo.

Es necesario reconocer que estamos viviendo un proceso de deterioro y descomposición social. Actualmente la juventud, que representa lo más valioso que tiene un país para su futuro, carece de oportunidades.

Por ejemplo, 44 por ciento no tiene ni siquiera la posibilidad de ingresar al bachillerato, y de los que ingresan, el 40 por ciento está destinado a desertar el primer año, principalmente por problemas económicos.

La juventud, sin apoyos para estudiar y sin empleos, se ha convertido en una presa fácil del crimen organizado que encuentra en esa descomposición un filón de reclutamiento. Y luego lo que hace el Estado es criminalizarlos, en lugar de ofrecer alternativas estructurales. El principal responsable de esta situación es un gobierno incapaz de otorgar opciones para que los jóvenes tengan educación, empleo y un futuro digno.

Frente a este gran problema de la nación, Marcelo Ebrard propuso —en la reciente cumbre sobre seguridad pública— que garanticemos desde ya, con becas y apoyos económicos, la permanencia de los jóvenes en la educación. Aquí, en este recinto, hemos propuesto la reforma del artículo 3o. de nuestra Carta Magna, a fin de garantizar la obligatoriedad del bachillerato mediante un proceso gradual, pero efectivo.

Sin embargo, la primera minoría de esta Cámara de Diputados ha tildado de demagógica el que queramos garantizar el bachillerato para todos nuestros jóvenes mexicanos. Al respecto nuestras propuestas siguen en pie y con plena disposición para construir acuerdos.

En el tema económico se pronostica ahora un crecimiento del 2.5 por ciento por parte de instituciones oficiales y organismos internacionales. Casi la mitad de lo planteado en los criterios de política económica para el año 2008.

Esta cifra, comparada con la inflación proyectada para fines de año, nos habla de un decremento de la economía en términos reales, cuando para generar los 800 mil empleos por año que prometió el Ejecutivo federal se necesita crecer cada año por lo menos por encima del 6 por ciento. Somos el país de más bajo crecimiento en América Latina. Vivimos, hay que reconocerlo, una crisis económica, y el Congreso de la Unión debe tomar medidas urgentes al respecto.

Los informes que al respecto da la Secretaría de Hacienda no podrían ser más desalentadores, pues nos ata irremediablemente a la dinámica económica de Estados Unidos sin proponer ninguna política económica o un nuevo modelo de crecimiento. Nosotros hemos afirmado que en la producción de alimentos, en el sector energético y en el turismo están las oportunidades de desarrollo y de futuro.

Pero en el campo se sigue promoviendo la dependencia, incluso se anuncia con bombo y platillo que hemos perdido la autosuficiencia en fríjol y que ya se autorizó la importación de 100 mil toneladas de este grano; en lugar de apoyar a nuestros productores, de incorporar más tierras al riego, de proyectar la autosuficiencia de algunos cultivos básicos. Se sigue tercamente soñando con encontrar alimentos baratos en el exterior. La realidad es una carestía que golpea a la mayoría de los mexicanos.

Proponemos que en la aprobación del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 se reoriente la política económica hacia el fortalecimiento de nuestro mercado interno, que se busquen nuevos mercados en el exterior asentando una estrategia de diversificación y que se busque la autosuficiencia en granos básicos, aunque nada se podrá hacer si prevalece la idea de seguir guardando dinero y que este gobierno viva como el avaro, con enormes recursos en fondos de reserva y fideicomisos, pero con un pueblo muriendo de hambre y un país en crisis económica.

En el sector energético hemos presentado una propuesta, respetando el marco constitucional para proyectar a Pemex como una palanca de desarrollo nacional, con gobierno autónomo y transparente, planificando su desarrollo con un umbral mínimo de 10 años.

Así también estamos proponiendo un franco y decidido combate a la corrupción, pues es un fenómeno que ha asolado a la paraestatal desde hace muchos años a través de su régimen de contratos y de tráfico de influencias, de manera que por una contraprestación que recibe Pemex pagan varias veces su valor real.

Para hacerle frente a las necesidades más urgentes que tiene Pemex hemos presentado un Programa de Fortalecimiento de Acción Inmediata; sin embargo, el gobierno federal actual le sigue apostando a violentar la Constitución Política privatizando a Pemex y, además, insiste en mantener las alianzas de corrupción con empresarios extranjeros y nacionales que buscan beneficiarse de la renta petrolera y tampoco toca la corrupción de las cúpulas de los grandes sindicatos porque se han vuelto sus aliados más confiables.

Queremos advertirle al gobierno federal que sería temerario intentar aprobar un régimen de contratos, privatizador e inconstitucional, pues la nación no está para más polarizaciones y tensiones. En lugar de ello ofrecemos aquí, en el Congreso de la Unión, construir acuerdos para fortalecer Pemex, respetando estrictamente la Constitución Política y combatiendo a fondo la corrupción.

En lo referente al turismo, más allá de nuestras enormes bellezas naturales, antropológicas y culturales, tenemos el problema de que parece que vivimos en una guerra, pues en los últimos dos años suman más de 5 mil homicidios violentos. El Ejército mexicano está cateando decenas de miles de viviendas sin orden judicial y sin detener a delincuente alguno, pues éstos o han sido avisados o no viven en las zonas donde se practican los cateos.

La ciudadanía hoy vive con miedo y se siente entre dos fuegos; por un lado el del crimen organizado y, por el otro, por el de la agresión sistemática de sus garantías constitucionales por parte de policías judiciales y soldados.

Frente a esto, la Cumbre sobre Seguridad Pública envió una serie de propuestas al Poder Legislativo federal y a los Poderes de las entidades federativas. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, por voz de nuestros coordinadores revindicamos nuestro interés de construir los acuerdos legislativos para combatir al crimen organizado, a la corrupción del sistema de justicia y para mantener un respeto irrestricto a los derechos humanos, e incluso estamos por presentar un paquete de 10 iniciativas en esa materia por nuestra área correspondiente.

No queremos que se siga penalizando a los dirigentes sociales mientras los delincuentes evaden la aplicación de la justicia, empero, el gobierno federal no puede eludir su responsabilidad y requiere definir una estrategia unificada, cooperativa y coordinada con los gobiernos de los estados y los municipios para combatir a la delincuencia organizada que ha desbordado ahora al Estado mexicano. Nosotros no eludimos nuestra responsabilidad y tampoco aceptamos que ustedes la eludan.

Examinemos un ejemplo. Por un lado la delincuencia asesina a policías, secuestra a ciudadanos y soborna a jueces; por otro, es conocido que el dinero producto de la delincuencia es inyectado al sistema económico por los canales ordinarios que utiliza cualquier tipo de inversión; así la delincuencia lava su dinero con empresas y mecanismos decentes.

Esta actitud y ambigüedad de las autoridades es la que genera que se criminalice a los ciudadanos y no se le ponga un hasta aquí al crimen organizado. Es verdad que nuestro déficit en la cuenta corriente nos hace requerir más dólares para equilibrarla, pero no puede ser a costa de que los mexicanos vivan con miedo, sin garantías individuales y sin un auténtico estado de derecho, sufriendo la impunidad que rebasa y suprime a las instituciones de justicia y corporaciones policiacas.

Se nos ha dicho, por otro lado, en un afán mezquino, que el PRD no propone y que sólo se dedica a descalificar. Por ejemplo, en la construcción de la reforma del Estado presentamos más de 100 propuestas de reforma al texto constitucional y flexiblemente buscamos coincidir en un conjunto de reformas para fortalecer nuestro sistema federal, el municipio, y para lograr un nuevo equilibrio de Poderes que fortalezcan nuestro estado de derecho y democracia.

Ahí están también nuestras propuestas de plebiscito, referéndum y revocación de mandato, que aquí en este Congreso se han negado a aceptar. Aunque eso sí, aplauden cuando se les dice: "si no pueden con el puesto, renuncien".

Hemos logrado acuerdos para incorporar en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas. Hemos insistido en legislar los acuerdos en materia de derechos y garantías sociales, pero no tenemos la respuesta requerida y de facto se desconocen los compromisos adquiridos. Seguimos siendo un Estado donde nuestros ciudadanos están indefensos frente al incumplimiento de las garantías sociales. Incluso, somos de los pocos países que no otorgan protección colectiva a los consumidores, y se siguen escamoteando los derechos de las madres solteras, de los niños, los jóvenes y de la tercera edad.

Aún en temas como la reforma fiscal propusimos un paquete de iniciativas orientado al propósito de lograr que el que más gane más pague impuestos, pues en este rubro también somos una vergüenza mundial, ya que son los trabajadores quienes verdaderamente pagan sus impuestos sin evadir ni eludir sus obligaciones con el Estado mexicano.

En la mayoría de los casos no se ha querido encontrar coincidencias con nuestras propuestas y donde se lograron, como en el caso de la reforma del Estado se mantienen archivadas por la primera minoría de este Congreso de la Unión, reticentes a operar y acordar las transformaciones urgentes que requiere la nación. Pero eso sí, a la par de esta actitud negligente el gobierno despliega enormes campañas de publicidad e imagen que mienten arteramente, presumiendo logros que la mayoría de los mexicanos ni sienten ni ven.

Las fracciones parlamentarias del PRD en este Congreso de la Unión seguimos firmes en el propósito de construir acuerdos a favor de la nación. No le apostamos al derrumbe del gobierno actual. Sabemos que no gobiernan con legitimidad, pero el pueblo de México, víctima de la pobreza e inseguridad, quiere soluciones efectivas y nosotros seguimos dispuestos a construirlas aquí en esta soberanía y en esta Legislatura.

No queremos ni estamos dispuestos a tolerar más albazos o madruguetes. Hemos dicho y lo sostenemos, que este país requiere un gran acuerdo nacional, que se requieren de nuevas reglas que todos respetemos, requiere que se acabe la corrupción y la impunidad, pues no se puede predicar al pueblo lo que el gobierno no está dispuesto a acatar.

Saludos y felicitamos la decisión de la Corte a favor del derecho de las mujeres de interrumpir el embarazo en el tiempo que fue acordado por la Corte. Convocamos a la defensa de la soberanía nacional y a la construcción de acuerdos contra la crisis y la inseguridad. Y recuerden que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Juan Nicasio Guerra. Tiene el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, el ciudadano diputado don Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional.

El diputado Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en primer lugar manifestar nuestra solidaridad, nuestro duelo por la muerte de un hombre de lucha y de permanente congruencia con sus principios, Gilberto Rincón Gallardo.

En representación de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, de las Cámaras de Senadores y de Diputados, hago uso de la palabra para compartir la visión y las reflexiones que desde nuestro partido tenemos sobre los logros y retos de esta indudablemente histórica LX Legislatura.

Cómo ha cambiado el ambiente y la coyuntura en los dos años que llevamos. En agosto de 2006 se eligió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con apenas cuatro votos arriba de las dos terceras partes, en una sesión que duró más de seis horas.

Apenas hace cinco días, en ambas Cámaras se eligió por absoluta unanimidad a las mesas directivas. Hace dos años la intervención a nombre de los grupos parlamentarios de Acción Nacional no fue posible. Como tampoco el ingreso del jefe del Ejecutivo a este salón de sesiones.

Ahora, merced a una reforma aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, se ha dejado atrás una ceremonia caduca y se ha centrado la atención sobre el contenido del informe y sobre las nuevas formas para mejorar el equilibrio de poderes, entre otras, la pregunta parlamentaria.

Hace dos años, en medio de tensiones y conflictos —e incluso de violencia—, parecía que esta Legislatura LX estaba condenada a vivir en la polémica sin tener resultados. Ahora vale la pena resaltar que en los hechos, a través del diálogo, todos hemos sido capaces de construir acuerdos.

Logramos por ejemplo, por unanimidad de partidos en tres momentos diferentes, elegir a seis consejeros del IFE y a un contralor. Hemos aprobado por unanimidad de grupos parlamentarios las leyes de ingresos y el Presupuesto de Egresos, en los dos años anteriores.

Los acuerdos también han llegado a resolver problemas centrales de la nación. El primero fue garantizar el pago de las pensiones a los trabajadores al servicio del Estado, y con ello eliminar la mayor amenaza en la estabilidad de las finanzas públicas, a través de aprobar en marzo del año pasado la nueva Ley del ISSSTE.

En septiembre pasado, una reforma fiscal que ha generado más recursos al Estado que ninguna otra desde 1980. Es decir, la reforma fiscal más ambiciosa en los últimos 27 años. En ese mismo mes de septiembre del año pasado, una reforma constitucional en materia electoral que modifica a fondo nuestro sistema y que ya fue complementada con las reformas en las leyes secundarias para tener una nueva legislación que el próximo año estará a prueba en el proceso electoral que renovará a la Cámara de Diputados.

En diciembre en la Cámara de Diputados, y en marzo en el Senado, se aprobó una reforma constitucional que cambia radicalmente la manera de administrar justicia penal en este país; que establece un sistema acusatorio, juicios orales en donde entre otras cosas, el juez estará obligado a estar presente en todas las audiencias, incluyendo en la declaración del inculpado y la declaración de los testigos.

Estas reformas deben ser complementadas con cambios y adecuaciones en las leyes secundarias, que sin duda debe ser uno de los retos de este período que hoy inicia.

El año legislativo que terminó ha sido uno en donde mayores cambios se han hecho a la Constitución en toda la historia. Muchas son las reformas y nuevas leyes que esta legislatura ha sido capaz de acordar, como la reforma en materia de salud en relación al consumo del tabaco, que entró en vigor la semana pasada.

Con todos estos acuerdos se ha acreditado que la política y el diálogo son el medio para resolver los conflictos y construir bienes públicos. La acción política para ser democráticos y vivir la democracia que no significa la negación ni el exterminio del otro. En ese sentido la democracia implica aceptar al que está enfrente, sin por ello claudicar de nuestras convicciones.

Acción Nacional refrenda de nueva cuenta su disposición para tender la mano a todos y reitera su compromiso de cada uno de sus 259 legisladores, de estar abierto al diálogo con absolutamente todos los grupos parlamentarios, con actitud de respeto, tolerancia.

Con ánimo constructivo para encontrar entre todos las soluciones a los problemas nacionales. Para establecer las políticas que permitan incluir a los excluidos. Terminar con la angustia de gran número de familias que sufren porque su ingreso no alcanza para lo mínimo.

Seguiremos tendiendo la mano a todos e intentaremos acuerdos con todos, para encontrar la mejor manera de liberar a nuestro país de las amarras que impiden que crezca con el potencial que tiene y genere los empleos de calidad y bien pagados que tanto necesitamos.

En el ambiente del Congreso existe una vieja concepción de que el último año de una legislatura es improductivo porque el tema central de interés es el tema electoral. Esta legislatura, que supo romper la expectativa después del arranque con jaloneos y con conflictos de ser productiva, puede también —si se lo propone— romper el paradigma de dar resultados importantes que tanto México necesita en este último año. Acción Nacional llega a este último año, a este inicio de sesiones con esa actitud, e invita a todos a compartir el ánimo de asumir los retos que tenemos pendientes.

Desde luego —y como aquí se ha mencionado—, el primer reto es cumplir los compromisos que adquirimos como Congreso en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito el pasado 21. La sociedad ha reiterado enfáticamente su reclamo este sábado en marchas en casi todos los estados del país.

Nos comprometimos a dictaminar y a votar en este periodo de sesiones modificaciones legales que permitan la concurrencia en la competencia, en la lucha en contra del narcomenudeo, a las autoridades federales con las estatales y municipales, una nueva Ley de Ejecución de Sentencias que evite que los peligrosos criminales que a veces son recluidos en un centro de readaptación obtengan beneficios de preliberación.

Nos comprometimos a elaborar una Ley General del Delito de Secuestro, así como una Ley de Extinción de Dominio; a mejorar la protección de los derechos de víctimas y dictaminar todas las iniciativas que en este tema se hayan presentado y se presenten antes del 1 de octubre.

Adicionalmente la Cámara de Diputados asumió el compromiso de respetar los incrementos presupuestales que en este rubro se programen, e instruir a la Auditoría Superior de la Federación para que se revise la aplicación y el destino de estos recursos en los estados y los municipios.

Los legisladores del PAN lo hemos dicho: hacemos nuestros estos compromisos y nos empeñaremos todos en cumplirlos cabalmente a juicio de la sociedad. Desde luego, también asumimos como reto la legislación secundaria en materia de administración de justicia penal.

Nos proponemos también concretar la reforma constitucional que hicimos en septiembre pasado para homologar las contabilidades públicas de estados y municipios. Hoy que la mayor parte del gasto programable se ejerce en estados y municipios es importante terminar la dispersión o la diferencia en transparencia y rendición de cuentas que existe entre la federación y los estados y los municipios.

La mayor parte de los grupos parlamentarios de este Congreso han presentado en el Senado iniciativas de reforma a Pemex. Eso de suyo significa que todos reconocemos la necesidad de fortalecer y modernizar esta empresa.

Del inicio de esta legislatura al día de hoy la plataforma de producción petrolera se ha reducido 14 por ciento: de 3.3 a 2.9 millones de barriles diarios debido al agotamiento del principal yacimiento de Cantarell. Las exportaciones han bajado 24 por ciento en el tiempo que nosotros tenemos de diputados: de 1.9 a 1.4 millones de barriles diarios. Si el precio del petróleo no hubiera subido ya hubiéramos perdido la cuarta parte de los ingresos externos por petróleo.

En este mismo lapso las importaciones de derivados de petróleo se han incrementado en 104 por ciento. Cuando nosotros tomamos protesta, las importaciones petroleras representaban la tercera parte de las exportaciones. Hoy, a dos años de distancia, representan el 50 por ciento. Las finanzas públicas no se han afectado porque el precio internacional ha subido de manera espectacular. Pero este precio ya empezó a bajar y seguramente lo hará más.

Si prolongamos la solución de la problemática de Pemex, si seguimos discutiendo posiciones y proposiciones políticas y no la solución a sus problemas, en muy poco tiempo la próxima legislatura, sin duda, en lugar de hablar de excedentes tendrá que estar estudiando nuevos impuestos para compensar los faltantes petroleros.

Nuestra agenda incluye, desde luego, una amplia agenda social para avanzar en el ideal de garantizar igualdad de oportunidades para todos, estableciendo medidas compensatorias para aquellos que se encuentran en desventaja en razón de su discapacidad, de su edad, de discriminación o de cualquier otra circunstancia.

Para ello también son importantes los cambios legislativos que hagan nuestra economía más productiva y competitiva para generar los empleos que necesitamos.

Particularmente en este período de sesiones impulsaremos diversas modificaciones legales que fortalezcan al consumidor, tanto desde la perspectiva de garantizarle opciones para que sea él el que decida en el mercado cómo fortalecer los medios de defensa ante abusos de proveedores.

Señoras y señores legisladores, recibimos también hoy el informe presidencial. Sin duda hay avances y rezagos. De ambos compartimos la responsabilidad en esta nueva realidad política, en donde el Congreso ha tomado un nuevo papel en la construcción de soluciones.

En el análisis y glosa, en las comparecencias y en las preguntas parlamentarias, tendremos todos, no sólo la oportunidad de evaluar al Ejecutivo, sino también de perfeccionar con sentido crítico, las políticas públicas de México.

El horizonte de México es hoy más claro, cierto y optimista que el de hace un par de años. Nuestro avance está a la vista. Puede ser constatado por cualquiera que quiera verlo en los ámbitos social, económico y político a pesar de todas las dificultades.

Es ahora el momento de una completa reconciliación nacional. Mucho hemos avanzado en ello por el bien de nuestros hijos que en ocasiones son amigos entre sí; debemos superar la etapa que hace que por diferencias políticas se enemisten nuestros hijos.

Esforcémonos por generar espacios de confianza democrática, para que ninguna de las fuerzas suponga que quieren aniquilarla.

Hago votos al inicio del tercer tercio de esta Legislatura para que coronemos la faena y obtengamos los frutos que ansiosamente espera de nosotros la sociedad.

Que construyamos bienes públicos en armonía, que nos preparemos, en el caso de los diputados, a dejar el cargo dentro de un año, con la conciencia del deber cumplido, en beneficio de este México que a todos nos une. En ello estará el empeño de los legisladores de Acción Nacional. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Larios. Continúe la Secretaría.

El Secretario senador Adrián Rivera Pérez: Doy lectura a un oficio recibido de la Presidencia de la República.

Presidente del Honorable Congreso de la Unión, presente. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto me permito presentar al Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, el informe escrito del estado general que guarda la administración pública del país.

Reitero a usted mi invariable respeto y la más alta consideración. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Constancia de recepción del Segundo Informe de gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los suscritos Secretarios del Honorable Congreso de la Unión hacen constar la recepción del Segundo Informe de Gobierno que remite el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el resolutivo cuarto del Acuerdo que norma el formato de la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, para regular la recepción y trámite del informe por escrito que debe presentar el presidente de la república sobre el estado general que guarda la administración pública del país, el primero de septiembre de 2008, a las 11:00 horas de esta fecha, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Reciben: senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, y diputado Jacinto Gómez Pasillas, Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: En tal virtud, el Honorable Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la república a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Remítase el informe a las Cámaras de Diputados y de Senadores para el análisis correspondiente.

Señor presidente del Senado de la República, distinguidos representantes de los congresos de los estados, respetables presidentes de los partidos políticos, compañeras y compañeros integrantes del Congreso de la Unión. Desde la más alta tribuna de la nación se han escuchado las voces más ejemplares de la república desde que ésta fue constituida en 1824, cuando don Guadalupe Victoria asumió por primera vez en nuestra historia la Presidencia del México independiente.

Un Congreso constituido por una generación de ilustres pensadores puso de pie a la nación para erigir la república federal. Bastaría leer las páginas de nuestras grandes epopeyas del siglo XIX, en defensa de México, para recordar los principios del ilustre Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón en sus sentimientos sobre la soberanía y la independencia nacional, pronunciados en 1813 ante el primer Congreso Constituyente.

Desde entonces muy larga ha sido la lucha de nuestro pueblo para transitar por el camino de la democracia representativa y el federalismo. Sin embargo, en la etapa política que actualmente mantiene nuestro país, en que los avances rumbo a la consolidación de una democracia plena son patentes, aún persisten rasgos de autoritarismo.

Nuestro sistema político exige un Congreso cuyo control constitucional y político garantice a plenitud el desarrollo de un marco jurídico incluyente y democrático. Lo afirmamos de frente: el Poder Legislativo se ha caracterizado por actuar con seriedad y compromiso en uso de sus facultades que le otorga la Carta Magna.

Esta Legislatura ha procesado cada una de las iniciativas que se han presentado. Cuando la mayoría lo ha decidido aprobamos reformas trascendentes, como también hemos revisado propuestas que no lo han sido aún y están en curso.

Legislar es uno de los elementos esenciales para la gestión democrática. La legislación es acción básica que pone en marcha los mecanismos de la política. Estas consideraciones nos obligan, hoy más que nunca, a la redefinición de la relación entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, no para enfrentarnos, sino para que, con base en el equilibrio de los poderes, sirva al pueblo de México.

Los objetivos del estado de derecho sustentado por nuestro sistema constitucional, que es el del estado social de derecho, obligan a la distribución de la riqueza, a la convivencia pacífica y por lo mismo a la integración de una democracia socialmente plena.

Democracia para nuestra Constitución no sólo implica un régimen que cuente bien los votos, es un sistema de vida que aspira al progreso social, económico y cultural del pueblo. La cultura es apoyo y sustento de la justicia, crecen paralelamente en la misma proporción.

En apego a la legalidad hoy recibimos el II Informe del Poder Ejecutivo federal que deberá ser revisado a cabalidad por nosotros los legisladores. Lo haremos con detenimiento y profundidad. Lo anterior nos coloca en antesala de la refundación de una política parlamentaria que le dé contenido a las relaciones del poder, con una nueva dimensión y un nuevo rumbo.

Por primera vez el titular del Ejecutivo federal no está presente en este recinto democrático por mandato constitucional, lo cual nos demanda el imperativo categórico de sepultar para siempre la política de la sumisión.

Desde Guadalupe Victoria, todos los presidentes de México asistieron al inicio de sesiones del Congreso de la Unión, tal como sucede en los países democráticos del mundo, y a partir de hoy, el nuevo formato nos permite dar mayor ímpetu a los contrapesos del poder. Que no se confunda: las condiciones de equilibrio entre Poderes son vigentes.

El diagnóstico de la problemática nacional actual cruza por dos temas: la inseguridad pública que ha desbordado el marco jurídico aterrorizando a la sociedad, y la desigualdad social que muestra su más dramática faceta en millones de mexicanos que no alcanzan satisfactoriamente vivienda, educación, salud y en ocasiones ni siquiera alimentación adecuada.

Necesitamos mucho más que discursos y difusión mercadológica de logros intangibles. Requerimos acción y no parsimonia ante la realidad social. Demandamos temple, firmeza, contundencia y medidas eficaces.

La violencia se ha incrementado en nuestro país, la inseguridad golpea las calles, e igual destino han padecido todos los hogares de México. Ante el chantaje y la intimidación de la delincuencia la sociedad se hunde en la incertidumbre.

La pérdida de confianza en el gobierno y las instituciones de justicia ha provocado que los ciudadanos, indignados y agraviados por el crimen organizado, desconfíen de los guardianes del orden y funcionarios judiciales en todos sus niveles.

La inseguridad afecta la vida cotidiana de la sociedad, provoca el temor de los inversionistas, la retracción del turismo y una imagen en el exterior que coloca al poder público mexicano entre el catálogo de los países con diversas limitaciones para ejercer el poder.

Por eso hoy, frente a la inseguridad y a la desigualdad social, los Poderes de la Unión tenemos una seria responsabilidad histórica. El crimen organizado pretende imponer al país un estado de sitio.

El Ejército mexicano, cuya función de guardián de la integridad de territorio y la soberanía nacional —que está definida en la Constitución— ha cumplido fielmente su papel. Por ello, este Congreso de la Unión le rinde puntual homenaje ya que ante las insuficiencias de otros órganos para preservar la seguridad e impartir la justicia, ha hecho frente a las nuevas formas del crimen organizado con claras vinculaciones internacionales.

Sus integrantes han tenido que salir de los cuarteles, lo que hoy reclama de la comprensión del Poder Legislativo para brindarle todo el apoyo que requiere en el cumplimiento de su elevada función. Tomaremos en cuenta este criterio para formular el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

Desde esta alta tribuna convocamos a todos los mexicanos a rendir homenaje y todo nuestro reconocimiento a quienes han caído abatidos por las balas de la delincuencia. El verdadero propósito del crimen organizado es socavar los avances de la democracia, sustentada en los valores superiores de la convivencia de los mexicanos.

La indignación alcanzó ya su máxima expresión al desbordarse en la realidad cotidiana de la ciudadanía. Desde la perspectiva ideológica de cada uno de los grupos parlamentarios estamos en la obligación de construir acuerdos que vayan más allá del simple pragmatismo partidario, para que se ejecuten y realicen con una visión republicana y patriótica del destino y del futuro de nuestra nación.

Hacemos un llamado enérgico para que en una estrategia integral se articulen políticas sobre seguridad pública, incluyendo a todos los niveles y órdenes de gobierno; la responsabilidad es del Ejecutivo federal, pero la obligación del Congreso es exigir con firmeza esa voluntad para poner orden, reforzando el margen jurídico adecuado y exigiéndole también al Poder Judicial de la Federación una justicia expedita, que disminuya los altos niveles de corrupción y de falta de probidad que propician los largos procesos judiciales que con frecuencia vulneran a los más desvalidos, estimulando la impunidad.

El pueblo de México está esperando soluciones y necesita gobernantes valientes e inteligentes; es clara su desesperación y desencanto. Estamos obligados a no fallarle.

Como Legislatura hacemos un sincero reconocimiento a los millones de maestros del país que sí cumplen diariamente con su honrosa obligación de formar mexicanos mejor preparados, que sean depositarios de la visión cívica y patriótica que nuestra nación requiere.

México ha perdido su imagen de nación de vanguardia en el concierto internacional. No podemos dejar, como miembros de los organismos internacionales, de insistir en un convenio bilateral con Estados Unidos de Norteamérica en materia migratoria.

Debemos evaluar también algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio con nuestros socios regionales y convocar a una cumbre multilateral para combatir al crimen organizado; con esta visión de Las Américas que, en su tiempo, el benemérito Juárez vislumbró.

Por otro lado, debemos fortalecer la orientación social del Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizando su uso como herramienta de impulso al crecimiento. El Poder Legislativo federal exige agilizar los recursos autorizados por nuestra soberanía, iniciando con la construcción de un plan mayor de financiamiento para el crecimiento.

La población no debe ser rehén de estrategias mediáticas ni de intereses políticos o económicos de unos cuantos, pero eso no se logra repitiéndose con insistencia en los distintos medios de difusión, se requieren cambios de fondo en la estructura económica y productiva nacional para generar mayor riqueza y ofrecer empleos dignos y bien remunerados.

Asimismo, frente a la crisis económica y alimentaria que aqueja al mundo, debemos dar un golpe de timón a la economía productiva. En tal sentido, el campo es un sector clave que se debate en la ineficiencia, la miseria y el atraso tecnológico. Debemos reconocer que aún persisten muchos desafíos y rezagos que son necesarios atender. Necesitamos volver los ojos al impulso de la producción agropecuaria en una necesidad urgente de nuestro tiempo.

Finalizando la primera década del siglo XXI estamos frente a un campo con evidentes políticas equivocadas, que nos han conducido a importar millones de toneladas de granos para alimentar a nuestro pueblo, así como la existencia de un sistema educativo que ha arrojado cifras penosas sobre sus bajos niveles de conocimiento.

La numerología contenida en el segundo informe es para medir la dimensión de los problemas y de los retos hacia el futuro, y no para buscar reflejar resultados ajenos a la realidad cotidiana de millones de mexicanos que son diariamente golpeados por los aumentos de los precios en los productos básicos de quienes no encuentran empleo o de quienes pueden buscar mejores condiciones.

Debemos asumir nuestra responsabilidad. Es por eso, compañeros legisladores, que esta Presidencia se pronuncia porque tengamos un desahogo y un análisis puntual de la glosa del segundo informe de gobierno.

Enfrentemos la incertidumbre e inseguridad que tienen atrapada a la sociedad. Señores legisladores estoy por concluir nuestro mensaje. Pido orden, por favor.

Tenemos el deber y la responsabilidad de devolver la esperanza a nuestro pueblo, de recuperar su libertad hoy secuestrada en el miedo colectivo y elevar la moral fracturada por una crisis profunda de valores.

Iniciamos hoy el periodo legislativo de enorme trascendencia para nuestra nación. Trabajemos colectivamente en un debate respetuoso y plural que vaya más allá de las posiciones tradicionales, México lo demanda.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta sesión.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Acta de la sesión del Congreso General celebrada el lunes primero de septiembre de 2008, correspondiente a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.

Presidencia del diputado César Horacio Duarte Jáquez. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, con la asistencia de 440 diputadas y diputados, y de 105 senadoras y senadores, a las 17:35 horas, de lunes primero de septiembre de 2008, el presidente declara abierta la sesión de Congreso General. Puestos todos de pie, el presidente declara:

"El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos abre hoy, primero de septiembre de 2008, el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura".

La asamblea entona el Himno Nacional Mexicano. La Secretaría da lectura al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para normar el formato de la sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, para regular la recepción y trámite del informe por escrito que debe presentar el presidente de la república sobre el estado general que guarda la administración pública del país, el primero de septiembre de 2008.

A las 17:57 horas, la Secretaría informa del registro de 473 diputados y diputadas, e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se otorga el uso de la tribuna para referirse a la apertura del prime periodo de sesiones ordinarias del tercera año de la LX Legislatura, a los legisladores diputados: Aída Marina Arvizu Rivas, de Alternativa; Mónica Arriola, de Nueva Alianza; Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Puentes Salas, del Verde Ecologista de México; senador Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; diputado Adolfo Mota Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita un minuto de silencio en la memoria del ciudadano Gilberto Rincón Gallardo y Meltis; y la Presidencia otorga la petición y pide a la asamblea ponerse de pie para tal efecto. Continúan los diputados Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; y Héctor Larios Córdova, del Partido Acción Nacional.

La Secretaría da lectura al oficio de la Presidencia de la República con el que remite el informe escrito sobre el estado general que guarda la administración pública del país, y a la constancia de recepción del II Informe de Gobierno del licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente del Honorable Congreso de la Unión anuncia:

"El Honorable Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Se instruye a remitir los ejemplares correspondientes a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su análisis.

El presidente dirige un mensaje a la asamblea".

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Margarita Arenas Guzmán: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobada, presidente.

El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez (20:01 horas): Se levanta la sesión de Congreso General. Se reitera la cita a sesión de Cámara de Diputados, mañana martes 2 de septiembre a las 11:00 horas y se les informa que el registro de asistencia estará abierto a partir de las 9:30 horas.