El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 314 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (12:09 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. En virtud de que también ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con Comunicaciones
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Comunicación del diputado Humberto López Lena, por el que informa que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese. Continúe con la comunicación de la Cámara de Senadores.
La Secretaria María del Carmen Pinete Vargas: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa que realizará sesión solemne el lunes 9 de marzo del año en curso para recibir en pleno la visita del presidente de la República Francesa, señor Nicolás Sarkozy; y sesiones ordinarias de los días 9 y 11 del mismo mes.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Continúe.
La Secretaria Rosa Elia Romero Guzmán: Oficios de los gobiernos de Chiapas, Hidalgo y Tabasco, con los que remiten contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las reformas compatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítanse al promovente para su conocimiento. Continúe con el oficio de la Dirección General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Oficio de la Dirección General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la problemática que presenta el servicio de autotransporte público de pasajeros vía taxi de y hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión de Transporte.
Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Lucía Beristáin Enríquez y Armando Pérez Luna, diputados federales electos en la quinta circunscripción plurinominal y en el V distrito electoral del Estado de México, respectivamente.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputadas y diputados: Diputado Salvador Arredondo Ibarra; diputado Juan Victoria Alva; diputado Santiago López Becerra; diputado Ismael Ordaz Jiménez; diputada María del Consuelo Argüelles.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Ciudadanos Lucía Beristáin Enríquez y Armando Pérez Luna, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Lucía Beristáin Enríquez y Armando Pérez Luna: Sí, protestamos.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Si así no lo hicieren que la nación se los demande. Felicidades. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Oficio de la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, 2 de marzo de 2009. Diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.
Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que el diputado Miguel Rivero Acosta cause alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Que el diputado Miguel Rivero Acosta cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social, en sustitución de la diputada Sara Latiffe Ruiz Chávez.
Que la diputada Hilda Arely Narváez Bravo cause alta como secretaria en el Comité de Información, Gestoría y Quejas, en sustitución del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda.
Que la diputada Hilda Arely Narváez Bravo cause alta como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, en sustitución del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda.
Que la diputada Hilda Arely Narváez Bravo cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular quedo de usted atentamente. Diputado Javier González Garza. Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Queremos saludar la presencia de alumnos de la escuela Primaria Federalizada Matutina, bienvenidos. Así como también, a los de la escuela primaria Ingeniero Miguel Bernal, del Distrito Federal, sean ustedes muy bienvenidos. Continúe la Secretaría con oficio de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe general de actividades del Consejo de Seguridad Nacional. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite informe de la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, correspondiente al avance del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios (PEO) al cuarto trimestre de 2008, así como las observaciones de dicha dependencia al mismo. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos al proyecto Resplandor Teotihuacano y a la Tarifa 9-N para uso agrícola. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto; el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de enero de 2009. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: De la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la senadora María Rojo e Incháustegui como integrante de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: De la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa que reforma la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: De la Secretaría de Gobernación, con el que remite solicitud para que las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública, dictaminen la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite solicitud para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictamine las iniciativas con proyecto de decreto que reforman la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió del diputado Javier Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Túrnese a la Comisión de Economía.
Esta Presidencia recibió de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Población y de la Ley General de Salud. Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Salud.
Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Esta Presidencia recibió del diputado don Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Javier Zambrano Elizondo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación, suscrita por diputados de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México.
El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, México está inmerso en un proceso de transformaciones que no puede ni debe detenerse, nuestro destino dependerá de lo que hoy hagamos o dejemos de hacer los mexicanos.
Estas transformaciones deben estar dentro de un marco normativo positivo de crecimiento y competitividad, forjando los cimientos de una excelente política pública de planeación.
Los cambios que se están produciendo en el ámbito socioeconómico y político son tan importantes, tan profundos y, algunas veces, se están llevando a tal ritmo que ya han comenzado a sentirse los efectos en las instituciones y en las empresas. En este contexto de incertidumbre, no son suficientes los análisis convencionales que se alimentan desde y con datos exclusivos del pasado.
Se hace imprescindible disponer, además, de nuevas herramientas que exploren e iluminen las posibles evoluciones futuras de problemáticas complejas en las que se ven inmersos tanto administraciones públicas como organizaciones privadas y empresas. Sólo así podrán adoptarse las estrategias más adecuadas para competir o servir eficientemente en un mundo cada día más interrelacionado.
Por ello, es de la mayor relevancia que en México emprendamos un proceso prospectivo que nos permita alcanzar el futuro deseado, que defina escenarios nacionales con anticipación, para aprovechar y potencializar los recursos del país en beneficio de nuestros connacionales.
Sólo con la mirada puesta en el porvenir se podrán diseñar políticas públicas, programas y acciones que reviertan tendencias y que repercutan en acciones útiles y productivas en beneficio de la ciudadanía.
Mientras que nuestro país se ha rezagado frente a otros países del mundo por falta de acuerdos y una visión de largo plazo, las herramientas de planeación prospectiva han sido ya exitosamente utilizadas por Francia, Sudáfrica e Irlanda, entre muchos otros.
Economías como Irlanda, nos han superado gracias a proyectos de desarrollo implantados de largo plazo. Con ellos, Irlanda triplicó su ingreso por habitante en tan sólo 15 años mediante una combinación de acuerdos sociales, fuerte inversión en educación y políticas públicas de largo plazo.
Con lo anterior, queremos resaltar que la visión de largo plazo potencializa las oportunidades hacia el futuro que cualquier país puede concretar para convertir su realidad en un futuro más prometedor. Por eso, la planeación a largo plazo debe considerarse como la mejor herramienta de política pública en pos de un mejor proyecto de país.
Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la visión a largo plazo en nuestro país es que el Plan Nacional de Desarrollo está limitado, de conformidad con el artículo 21 la Ley de Planeación, en su vigencia y en su rango de acción, ya que no puede exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueban, lo que origina que no se puedan realizar programas que vayan más allá de una administración, lo que a su vez provoca una falta de continuidad en los programas iniciados.
Un caso similar sucede con los programas a escalas regional y local, a los que hace referencia el artículo 22 de la misma Ley de Planeación.
En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación.
Único. Se reforman los artículos 21 y 22 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
Artículo 21. El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la república, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda.
El plan deberá contener consideraciones y proyecciones de largo plazo con una visión y propuesta prospectiva de nación.
Artículo 22. ?
Estos programas observarán congruencia con el plan, y su vigencia no excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor, procurando en todo momento utilizar las herramientas de la planeación prospectiva.
Lo firman la totalidad de los integrantes de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.
Diputado presidente Alberto Amador Leal, el diputado Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, el diputado Jesús Vicente Flores Morfín, el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, la diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, el diputado Alejandro Enrique Delgado Oscoy, el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, la diputada Josefina Salinas Pérez, el diputado Gerardo Sosa Castelán, y un servidor, el diputado Javier Zambrano Elizondo.
Es cuanto, diputado presidente. Solicitando que se integre esta iniciativa, en su totalidad, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado. Instruimos a la Secretaría para que se incluya en sus términos en el Diario de los Debates, y también que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias: Con su venia, señor presidente. Someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente
Exposición de motivos
Una de las industrias con mayor potencial de crecimiento es, sin duda, nuestra industria vitivinícola nacional, misma que, a pesar de la desventaja comparativa con países como Chile y Argentina, ofrece productos altamente competitivos en calidad, en comparación con los importados de los mencionados países sudamericanos.
Es importante destacar que poner en marcha una empresa o negocio lucrativo dentro de la industria vitivinícola resulta un proceso complejo, debido al tiempo en que la inversión tarda en convertirse en producción y, a su vez, en ingresos para las empresas.
Es digno de mencionar a esta honorable asamblea que el proceso de producción del vino es largo, complejo y diferente a los implementados para elaborar otras bebidas con contenido alcohólico.
Pese a estas dificultades, de acuerdo a cifras presentadas por la asociación sistema-productos vid, cuatro de cada 10 actividades industriales tienen una relación comercial con la industria de vinos y licores, repercutiendo más allá de sus fronteras manufactureras al pertenecer a toda una cadena empresarial de bienes y servicios como sectores turístico y restaurantero, por mencionar dos ejemplos.
Aunado a los beneficios económicos que propicia el buen desempeño de la industria vitivinícola nacional, el consumo moderado de vino también tiene una repercusión benéfica en la salud.
Les comento que desde 1990, numerosos estudios han evidenciado que las personas que consumen cantidades moderadas de vino presentan una incidencia inferior de enfermedades cardiovasculares, obteniendo resultados que demuestran una disminución de un 30 a un 40 por ciento en riesgo de sufrir estas enfermedades.
Con datos publicados por la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, provenientes del estudio científico sobre el vino y las enfermedades cardiovasculares, se identifican claramente los beneficios que el consumo moderado de vino tiene en la prevención de lesiones arteriales y de la trombosis, así como sus efectos antiinflamatorios.
Además de los beneficios económicos y en términos de salud pública que presenta el consumo de vino en nuestro país, la industria vitivinícola nacional forma parte fundamental en el desarrollo regional del norte de nuestro país, donde por condiciones climáticas y territoriales excepcionales se puede producir vino mexicano, desencadenando un conjunto de beneficios económicos, ambientales, de desarrollo social y regional que pocas industrias son capaces de conseguir.
Aún a pesar de lo anterior, las leyes nacionales, sobre todo las de carácter tributario, otorgan un trato igualitario al vino y a las bebidas con contenido alcohólico, sin hacer evidente que el proceso vinícola es muy distinto al que siguen en su elaboración las demás bebidas alcohólicas.
Les comento, compañeros legisladores, que el proceso de elaboración del vino es considerado como una pieza artesanal por especialistas enólogos e investigadores de la industria vitivinícola.
Con respecto a la legislación tributaria, les comento que a partir del 1 de abril de 1999 se logró que se considerara, dentro de la legislación del impuesto especial sobre producción y servicios, al vino como bebida alcohólica producto de la fermentación, diferenciándolo de las bebidas alcohólicas destiladas y eximiendo a los productores de ciertas obligaciones normativas.
Dicho logro perdió su efectividad en enero de 2002, cuando, producto de la Miscelánea Fiscal aprobada se regresó a considerar el vino como bebida alcohólica producto de la destilación, generando nuevas obligaciones a los empresarios vitivinicultores.
Por lo anteriormente expuesto, es importante que el vino merezca una distinción y mención aparte en las leyes tributarias de nuestro país, con el único objeto de plasmar la merecida distinción de este producto, por lo cual me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto.
Artículo primero. Se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción I del artículo 2.
Artículo segundo. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las siguientes en la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
a) Bebidas con contenido alcohólico, vino y cerveza.
Artículo tercero. En este artículo se expone que en esta ley se entiende por vino la bebida alcohólica resultante de la fermentación de la uva o del mosto de la uva que oscila entre los 10 y 14 grados de graduación alcohólica, y que debe tener agua, azúcares, glucosa y fructosa.
Artículo cuarto. Para que sea acreditable el impuesto especial sobre producción y servicios, en términos que el impuesto acreditable y el impuesto a cargo contra el cual se efectúe el acreditamiento correspondan a bienes de la misma clase, considerándose como tales los que se encuentran agrupados en cada uno de los incisos a que se refiere la fracción I del artículo 2 de esta ley.
En el caso de la cerveza, el vino y de las bebidas refrescantes, éstas se considerarán cada una como bienes de diferente clase de las demás bebidas con contenido alcohólico?
d). Las de cerveza, vino, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados que se efectúen al público en general, salvo que el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador de los bienes que enajene.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el señor diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para el Consumo Popular.
El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias, compañero presidente. El que suscribe, diputado José Antonio Almazán González, diputado federal de esta Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 62, 63 y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Consumo Popular, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos.
El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero, tajantemente señala que las leyes fijarán las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía o el consumo popular. En efecto, en reglamentación a este precepto, se expidió en 1950 la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en materia económica; y en 1951 apareció un decreto presidencial sobre los precios controlados de diversos productos básicos.
Sin embargo, como era de esperarse, los neoliberales derogaron la ley antes referida y la única tibia norma que perdura sobre el control de los precios básicos es el discrecional artículo 7 de la Ley Federal de Competencia Económica que, sobra decir, los últimos gobiernos federales la han marginado de toda aplicación, dejando la fijación de los precios de la canasta básica ni siquiera al libre juego de la oferta y demanda, sino al capricho de los grupos monopólicos, fundamentalmente trasnacionales, que así despedazan los salarios y el derecho de los trabajadores a una vida digna, destrozan la economía de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
Por tanto, debe emitirse una ley reglamentaria del párrafo tercero del artículo 28 constitucional que haga posible que los precios de los productos de consumo popular se mantengan en armonía con los montos obtenidos por concepto de salario, que apoyen una vida mínimamente saludable y digna para los trabajadores y sus familias en general, en bien del pueblo de México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente
Iniciativa de ley que crea la Ley Federal para el Consumo Popular
Artículo 1o. Se crea la Ley Federal para el consumo popular en los siguientes términos.
Artículo 1o. Esta ley reglamenta la fracción III, del artículo 28 constitucional sobre precios máximos y modalidades a la organización de la distribución de los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular.
Artículo 2o. Esta ley es de orden público e interés social y se aplicará en toda la república.
Artículo 3o. Se consagra el derecho de los mexicanos a que la Secretaría de Economía, por conducto de la Comisión Federal para el Consumo Popular, de manera permanente, fije los precios máximos de los productos que integran la canasta básica. Esta secretaría quedará obligada a reducir estos precios en proporción a los aumentos de la inflación.
Artículo 4o. La canasta básica deberá estar integrada mínimo por tortilla, pan, agua, leche, huevo, frijol, lenteja, arroz, aceite, carne de res y de cerdo, pollo, café, azúcar, pastas, teléfono, transporte público, medicamentos, renta de vivienda, colegiaturas, predial, útiles escolares, zapatos y prendas básicas para vestir.
Artículo 5o. Los trabajadores deberán poder adquirir la canasta básica con el 50 por ciento del salario mínimo general.
Artículo 6o. Se deberá crear una red de establecimientos federales para la adquisición de los productos de la canasta básica a precios económicos.
Igualmente se preservará de toda competencia desleal a los mercados públicos creando un programa para su fomento y apoyo.
Artículo 7o. Se deberá crear una red de comedores en las zonas más marginadas donde se vendan los tres alimentos a precios que no rebasen el 10 por ciento del salario mínimo.
Artículo 8o. Se deberán impulsar las cooperativas de producción y consumo de alimentos. Deberá haber una cooperativa por cada mil habitantes. Al efecto se darán créditos blandos, estímulos fiscales, facilidades administrativas y capacitación necesaria.
Artículo 9o. Se deberán adoptar las medidas necesarias para que el país alcance la autosuficiencia alimentaria como precios de garantía, apoyos a fertilizantes, semillas, energéticos, políticas de protección a la producción interna, capacitación y créditos blandos.
Artículo 10. Se crea la Comisión Federal para el Consumo Popular y Economía Nacional, la que se encargará de la aplicación de esta ley. Se integrará por un presidente y siete vocales designados por el Ejecutivo federal, con la ratificación de la Cámara de Diputados. Durarán en su encargo tres años.
Artículo 11. Se crea el Consejo Consultivo de la comisión integrado por representantes de todas las federaciones y confederaciones del país.
Artículo 12. Los trabajadores tendrán derecho a recibir los alimentos necesarios conforme a su horario. Las empresas relativas recibirán estímulos fiscales.
Artículo 13. En todas las escuelas los niños recibirán desayunos y/o comidas escolares.
Artículo 14. Igualmente, la Comisión Federal para el Consumo Popular y Economía Nacional fijará precios máximos a los artículos, materias o productos necesarios para la economía nacional.
Artículo 15. Se constituye la Organización Nacional de Consumidores, independiente de los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos.
Artículo 16. Se sancionará con una multa de 100 a mil salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, y/o prisión de un mes a tres años, por el reetiquetado injustificado de productos, el acaparamiento y cualquier conducto que de manera artificial eleve los precios en perjuicio de la economía popular.
Y con relación a la Ley Federal de Competencia Económica, el artículo 7o. se deroga.
Compañero diputado presidente, solicito que se integre de manera íntegra el texto de la presente en el Diario de los Debates. Por la atención de todos ustedes, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, e insértese en el Diario de los Debates íntegramente, tal como la ha presentado el ponente.
Tiene la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Armada de México y de la Ley de Ascensos de la Armada de México. Túrnese a las Comisión Unidas de Defensa Nacional y de Marina, una vez que sea leído.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor presidente. Nada mas antes de iniciar con el tema quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que ya se citen al secretario de Hacienda y al gobernador del Banco de México, para que nos expliquen qué está pasando con las reservas que tiene este país, ya que por más que todos los días se inyecta una fortuna en dólares, pues no se ve claro qué está pasando con ese dinero. Entonces es una petición del pueblo de México, y lo externo en esta máxima tribuna de la nación, que a la brevedad se cite a comparecer a estas personas.
Entrado en el tema, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, nuestras instituciones castrenses, como lo son el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y la Armada de México, son parte fundamental en la vida republicana, para seguir construyendo y buscar la consolidación de un auténtico régimen democrático de derecho.
Por ello, insistir en regular su organización y desempeño en tres aspectos torales: la promoción, la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos, la equidad en los géneros para garantizar la igualdad de oportunidades, y la sujeción de las instituciones castrenses en el marco del principio de legalidad a criterios básicos que permitan eficientar y dignificar más su actuación.
Como sabemos, el origen de la Armada de México se remonta a la época de La Colonia, cuando fueron armados los navíos y cubrían la ruta marítima que transitaba de Veracruz a España, y como una respuesta al auge de la piratería en casi todos los mares del mundo.
Nos relata la historia que al independizarse México de España, la junta provisional gobernativa en el Ejecutivo entregó, el 8 de octubre de 1821, a la primera regencia, el decreto que establecía cuatro ministerios, entre ellos el de Guerra y Marina. Éste tuvo como una de sus encomiendas desalojar a la tropa española que ocupaba la fortaleza de San Juan de Ulúa, cuerpo expedicionario que pretendía reconquistar el territorio mexicano.
Hoy en día son diversas las tareas que la Armada de México tiene legalmente encomendadas para asegurar la defensa exterior y la seguridad interior del país. Lo menos relevante son las funciones que legalmente tienen conferidas y que han venido desarrollando en los casos de desastre natural, inundaciones, tal fue su apoyo en las pasadas precipitaciones fluviales de Tabasco y Veracruz.
Por su parte el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen misiones relevantes como la de tener la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Es innegable que el desarrollo y fortalecimiento de estas instituciones republicanas no puede concebirse, en parte, si no existen las condiciones de facto que permitan y fomenten con mayor firmeza la promoción y tutela de los derechos humanos, y la plena incorporación, integración de la mujer en las actividades de las Fuerzas Armadas en igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna.
Bajo esa permisa hay que contribuir a generar esas condiciones por la vía legislativa. Son muchas las razones que inspiran esta propuesta de modificación a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, de la Armanda de México y de ascensos de esta institución.
Ha sido reconocido por las propias Fuerzas Armadas el compromiso que hay con el pueblo de México a preservar los derechos humanos, por lo que se hace indispensable difundir la doctrina en materia de derechos humanos a través de bases sólidas de información y orientación, que normen y orienten la forma de actuar del personal naval durante el desarrollo de sus tareas derivadas de las atribuciones que tienen asignadas, a fin de garantizar el respeto por los derechos humanos de todas las personas.
Desde una perspectiva jurídica he sabido que ciertas garantías constituyen el núcleo esencial de los derechos humanos y por tanto, no pueden ser objeto de suspensión, tal es el caso del derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y la servidumbre, lo cual al igual que a la discriminación, la protección a la familia y los derechos de los niños y adultos mayores, etcétera.
Por otra parte, hay que recordar que en 2007 la Secretaría de la Defensa Nacional emitió la primera convocatoria para que mujeres ingresaran a planteles militares en el año lectivo 2007-2008, en carreras y especialidades que anteriormente eran exclusivas para hombres. Se pudo observar que ésta no cumplió con la expectativa, ya que del total de cadetes aceptados las mujeres representaron menos del 1 por ciento.
En cuanto a la convocatoria de ingreso a la Armada de México, se publicó la convocatoria en los mismos términos que en años anteriores, es decir, no se aceptó el ingreso de mujeres en la Heroica Escuela Naval, que es el plantel marino emblemático.
Sin embargo, es cierto que en 2007, de acuerdo a información oficial, fueron aceptadas 56 mujeres en la Escuela Naval de Enfermería, 36 en la Médico Naval y 10 para la Escuela de Intendencia, para un total de 102 mujeres. También es cierto que ninguna de estas gloriosas instituciones forma parte del servicio de las armas. Esto se traduce en la imposibilidad para la mujer mexicana de convertirse en un soldado de los cuerpos de infantería, artillería, caballería o blindados.
El Ejército y la Armada de México son de las pocas instituciones castrenses en América Latina que aún no incorporan plenamente a la mujer a todas sus actividades. Los países que admiten sin restricción a las mujeres son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, en todas las armas; salvo en Fuerzas Especiales, así como República Dominicana, Venezuela y Uruguay. Mientras que en los países que limitan la actuación de las mujeres en la actividad castrense son México, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador.
De la revisión del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, elaborado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, la RSDAL, de los 15 ejércitos más importantes de la región, a excepción de Cuba ? nación que no está considerada en este análisis? en nueve, se posibilita a la mujer a llevar a cabo su carrera castrense, sin restricciones. En los seis restantes, como es el caso de México, el personal femenino sólo participa en las áreas administrativas y médicas, principalmente.
Compañeras y compañeros diputados, para alcanzar la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, erradicar la discriminación y contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las instituciones castrenses, no basta el que las mujeres tan sólo protagonicen un desfile militar, como aconteció en la celebración del CXCVIII aniversario de la Independencia, en el cual por primera vez en la historia del país, la Secretaría de Marina encabezó la columna conmemorativa con la participación de 13 mil 622 efectivos, de los cuales 7 mil 430 eran mujeres.
No podemos seguir avanzando en el reconocimiento de la igualdad y la equidad entre los géneros, si no reflexionamos sobre la enorme importancia y valor que entraña para el desarrollo democrático de las instituciones del Estado mexicano, el poder garantizar el acceso y la participación absoluta de las mujeres en igualdad de oportunidades y condiciones sin obstáculos ni discriminación.
En ese mismo tenor, para que los elementos de nuestras Fuerzas Armadas conozcan, aprecien y valoren los derechos fundamentales de las personas, hay que proporcionarles las fuentes jurídicas y el marco de los derechos humanos, de los probables responsables de infracciones o delitos para infundir en ellos las obligaciones de mantener, respetar y garantizar, a través de sus escalones correspondientes que se encuentren relacionados directamente con sus funciones, el marco vigente que salvaguarda esos derechos fundamentales.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Armada de México y de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
Artículo primero. Se reforma el artículo 1o., de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Armada de México como una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Su aplicación garantizará la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La actuación de los elementos y personal de la Armada de México se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez, transparencia y de absoluto respeto y protección de los derechos humanos.
Artículo 2o. Se reforma el artículo 1o., de la Ley de Ascensos de la Armada de México para quedar como sigue:
Artículo 1o. La presente ley establece los procedimientos para el otorgamiento de los ascensos del personal que integre y preste sus servicios a la Armada de México y su aplicación garantizará la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En todo procedimiento de ascensos, se observará el principio de no discriminación, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política.
Para efectos del presente ordenamiento, ascenso es el acto mediante el cual el mando promueve al militar en servicio activo al grado superior en el orden jerárquico dentro de la escala que fija la Ley Orgánica de la Armada de México.
Artículo 3o. Se adicionan con un último párrafo los artículos 1o. y 4o., de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para quedar como sigue:
Artículo 1o. Fracciones de la I a la IV quedan igual. La V sería:
V. La actuación de los elementos y personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez, transparencia y absoluto respeto y protección de los derechos humanos.
Artículo 4o. Fracción I a la II quedan iguales.
III. En la integración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se garantizará la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y se observará el principio de no discriminación establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Marina.
Tiene la palabra el diputado Rubén Escajeda Jiménez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Organizaciones Ganaderas, suscrita por el mismo diputado Escajeda Jiménez y el diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Saludamos la presencia de estudiantes del Centro de Estudios José de la Borda, de Taxco de Alarcón, Guerrero. Bienvenidos. También saludamos a alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro que nos visitan hoy. A alumnos del Colegio Williams, del Distrito Federal les damos la bienvenida. En este momento arriban jóvenes universitarios de Los Mochis, Sinaloa, de la Universidad de Occidente, invitados por el diputado Gerardo Vargas Landeros.
Señor diputado Escajeda, tiene el uso de la palabra.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a fin de que las organizaciones sociales de pequeños ganaderos cuenten con atribuciones legales que les permitan conformar una confederación a nivel nacional, y con ello poder incidir en las decisiones que se tomen en el sector; iniciativa que presentamos el señor presidente de esta Cámara de Diputados, César Duarte, y su servidor, diputado federal Rubén Escajeda Jiménez.
La Ley de Organizaciones Ganaderas, expedida en 1999, a la fecha no ha logrado aglutinar a las diferentes asociaciones ganaderas y de sus derivados, ya que existen lagunas legales que resultan contradictorias ante el nuevo escenario internacional que prevalece.
En el contexto de la globalización y de la competencia internacional es necesario fortalecer nuestro aparato productivo nacional, para lo cual se requiere diseñar e implementar acciones que permitan incrementar la productividad, aprovechando nuestras ventajas comparativas, a fin de lograr una mejoría sustancial de las actividades ganaderas.
Para alcanzar la meta de ser un país competitivo en la producción ganadera es fundamental considerar a los pequeños productores ganaderos o productores sociales como un elemento prioritario en el desarrollo del sector; sin embargo, carecen de un marco normativo que les dé certidumbre, lo que impide su inserción en el desarrollo del sector ganadero.
Existe un número importante de pequeños productores ganaderos que no son reconocidos por las instituciones gubernamentales, a pesar de estar inscritos en organizaciones regionales o locales, generales o especializadas. De igual forma, en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas no cuentan con la representatividad suficiente, lo que les dificulta su desarrollo e inserción en el mercado nacional.
Es una iniciativa, compañeros diputados y compañeras diputadas, que busca proporcionar a los productores ganaderos del sector social un instrumento útil para acceder a los programas del gobierno federal, que con toda la intención, en esta soberanía, mediante los presupuestos del Programa Especial Concurrente, les autorizamos para que puedan hacer uso de estos recursos.
Buscamos poner en manos de los productores pequeños, de los productores pobres, de los productores pobres, de los productores que viven de la economía o de la ganadería de traspatio, buscamos ponerles en sus manos este instrumento que les permita ir más allá del autoconsumo, que les permita, con el apoyo del gobierno, acceder a programas que le sean útiles para poder estimular su participación en esta importante actividad ganadera de este país.
Y no se trata, desde luego, de criticar a la Organización Nacional de Ganaderos, por supuesto, que ellos realizan un papel muy importante y contribuyen para que el producto interno bruto de este país, contribuyen para este producto interno.
Se trata de proteger a los más desprotegidos, de ayudar a los más pobres y de poner en sus manos esos elementos que les permitan tener acceso, como lo decía, a los programas implementados por el gobierno federal.
Por ello, señor presidente, solicito a usted insertar el texto íntegro de esta iniciativa y turnarla, por supuesto, a las comisiones respectivas, y exhorto a los señores integrantes, diputados y diputadas de cada una de las comisiones a las que será turnada, toda su comprensión, todo su apoyo, para lograr este importante objetivo que es por el bien de los más pobres de este país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Gracias, señor diputado Rubén Escajeda Jiménez. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal. Túrnese a la Comisión de justicia.
Tiene la palabra el diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto es con el objeto de suprimir la toma de nota y consagrar el carácter público de los registros sindicales de las mesas directivas y los contratos colectivos, y consagrar el derecho de los trabajadores a recibir un ejemplar de dicho contrato.
Nuestro país padece momentos especialmente inequitativos en contra de las personas que viven de su trabajo, frente a un aumento desmesurado del costo de los productos de la canasta básica, nos encontramos con la negativa rotunda a un aumento salarial de emergencia.
El desempleo lejos de disminuir aumenta en forma alarmante, y las juntas de coordinación y arbitraje cada vez más están alejadas de la justicia.
Contrariamente, la vida sindical, la única que podría revertir este estado de cosas, sigue, por regla general, impotente en su sometimiento al poder estatal y de los patrones, pese a todas las dificultades se presentan algunos avances en la autonomía y en la unidad sindical, por lo que urge apoyar dichas reformas legales que son hoy indeclinables.
Podríamos llenar páginas interminables de los combates de los trabajadores por obtener el registro de sindicatos y directivas democráticas, pero cuando pese a todo logran su propósito, se encuentran con el último obstáculo insalvable, la toma de nota, en la que las autoridades usan de manera torcida el derecho para desconocer la justicia.
Pero como si aún no fuera suficiente, cuando los trabajadores impugnan la resolución emitida en torno a la toma de nota, se encuentran con una zona de absoluta indefinición jurídica. Esto especialmente a nivel federal ya que la Dirección General de Registro de Asociaciones acostumbra declararse incompetente; lo propio sucede si se acude a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:
Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los casos de competencia federal; y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado.
I. a IV. ?
Artículo 366. El registro no podrá negarse por ningún motivo, mismo que se acreditará, para todos los efectos legales, con la copia de la solicitud de tal registro en que conste el sello de su presentación.
Artículo 387. El patrón estará obligado a celebrar un contrato colectivo de trabajo cuando por lo menos la tercera parte de los trabajadores a su servicio en la empresa o establecimiento, representados por un sindicato, esté de acuerdo con esta forma de determinación de las condiciones de trabajo.
Si, pese a que los trabajadores expresen su voluntad para la celebración de un contrato colectivo en los términos del artículo anterior, el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450.
Artículo 1004 Bis. Se impondrá una pena de prisión de 6 a 15 años al servidor público que, por cualquier motivo, impida el registro de un sindicato o su directiva; o los cambios de ésta o el depósito de un contrato colectivo de trabajo.
Artículo 2o. Se deroga la fracción IX., del artículo 40, de la Ley Orgánica de la administración pública federal, en los siguientes términos.
Suplico a esta Mesa Directiva que se integre la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Neftalí Garzón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación.
Esta Presidencia quiere aprovechar este momento para saludar a los estudiantes del Colegio Nuevo Milenio de Guanajuato, invitados por el diputado Artemio Torres Gómez. Bienvenidos.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 406 compañeros diputados y compañeras diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, secretaria. Se recibió del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La Presidencia les comenta que se pospone la iniciativa que presentaría el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PT. Se pospone para próxima sesión.
También recibimos de la diputada Blanca Luna Becerril, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 26 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Se recibió iniciativa de diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que expide la Ley de Depósito Legal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Es turno de la diputada Alliet Bautista Bravo. Se le concede la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Muchas gracias, señor presidente. Las suscritas diputadas federales, Alliet Mariana Bautista Bravo y Sonia Ibarra Franquez, de la LX Legislatura, de acuerdo a lo que la ley nos confiere, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 3o., 65, 168, 198 y 425 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Quiero decirles que la incorporación masiva de las mujeres dentro del ámbito laboral ha sido un rasgo distintivo dentro de la sociedad actual, produciendo con ello cambios en la dinámica familiar, en la relación de pareja y en las formas de ejercer la maternidad, y por supuesto, en el desarrollo de las actividades en los propios centros de trabajo.
El aumento de las mujeres en el mundo laboral ha sido reflejo de la imperiosa necesidad de contar con un ingreso propio que dé satisfacción al requerimiento de crecimiento económico, que nos brinde autonomía e independencia, así como la posibilidad de lograr la estabilidad que permita el progresivo desarrollo individual y familiar.
La situación económica y la cuestión cultural agravan la posibilidad de que las mujeres concilien el trabajo con las actividades del hogar. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares, en 99, del total de mujeres que dejaron de trabajar, el 22 por ciento lo hizo por la necesidad de cuidar personalmente a sus hijos; 41.2 por ciento lo hizo por haber contraído nupcias.
Asimismo, es menester considerar que en México 35.6 por ciento de la población económicamente activa se compone por mujeres; la mayoría de ellas entre 25 y 39 años de edad, laborando principalmente en el sector servicios y comercio, y que de los casi 25 millones de hogares contabilizados en el último censo poblacional, 3 millones 757 mil 500 son encabezados por una mujer, muchas desempeñándose en el mercado informal sin contar con prestaciones o seguridad social.
También dentro del mismo censo se contabilizan 10.5 millones de menores de cinco años, de los cuales aproximadamente 6 millones no son protegidos por la seguridad social estatal y, por ende, no cuentan con la perspectiva de incorporarse a una estancia infantil o guardería pública mientras sus madres trabajan, siendo necesario diversificar los modelos de atención infantil acrecentando su disponibilidad y calidad.
También hay diversos convenios como el 156 sobre la Organización Internacional del Trabajo, que da cuenta de que pueda el Estado responsabilizarse también de la situación de los menores, de las mujeres trabajadoras y que se incluyan dentro de la política nacional estas responsabilidades para que puedan ejercer y desempeñar su trabajo y no ser objeto de discriminación en la medida de lo posible y que puedan compartirse estas responsabilidades familiares y profesionales.
Quiero comentarles que en México hay una gran diversidad de guarderías llamadas "privadas" y éstas no tienen ningún control, no tienen ningún registro y ninguna vigilancia, porque no hay ninguna legislación en el país que pueda tener esos registros y esta contabilidad.
De los datos que pudimos investigar, por ejemplo, algunos que da la Profeco, según un análisis que realizó a 245 guarderías en la zona metropolitana de la Ciudad de México en julio de 2004, dos de cada tres guarderías declararon haber realizado su registro ante la SEP o que estaba en trámite. Sin embargo, sólo el 12.5 por ciento de los encuestados contaba con registro y 40 por ciento carece de seguridad específica para los niños.
No hay una contabilidad exacta en hospitales o incluso en el servicio forense, pero hay una gran cantidad de asuntos, en lo particular, como diputada que me han llegado, donde en las guarderías llamadas privadas, que no tienen ningún registro ni siquiera mercantil, ha habido varios fallecimientos.
No podemos tener la contabilidad, pero es una contabilidad también importante. En esto hay una carencia, hay una laguna dentro de todo nuestro sistema reglamentario que nos tiene que preocupar para poderle dar una mayor protección a nuestros niños mientras que sus padres laboran.
Es por ello que estoy dando en esta asamblea estas consideraciones, para que esta H. soberanía pueda contar con las siguientes modificaciones a los artículos de la Ley de Salud y que desde esta medida pueda existir una organización, un registro, un control y una vigilancia de esas guarderías o estancias llamadas privadas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputada Bautista Bravo. Túrnese a la Comisión de Salud.
Se recibió del Grupo Parlamentario del PRD, a nombre de la diputada Valentina Batres y del diputado de Acción Nacional, Gildardo Guerrero Torres, iniciativa para reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expedir la Ley Federal de Austeridad. Informo que a petición de los promoventes, se pospone para próxima ocasión.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o-A de la Ley de Coordinación Fiscal y suscrito por diferentes diputados de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Presento a nombre mío, y de más de 70 diputadas y diputados federales de todos los grupos parlamentarios que la han firmado, esta iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 4o de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de compensar de mejor manera a las entidades federativas que fueron afectadas por la reforma hacendaria que entró en vigor en 2008.
Esta reforma implicó un cambio estructural en la relación entre órdenes de gobierno, al ser los recursos federales la fuente de financiamiento más importante de la mayoría de las entidades federativas.
Se modificó la manera de distribuir los ingresos federales tanto de las participaciones a entidades federativas y municipios del Ramo 28, como algunos fondos de aportaciones federales del Ramo 33.
Algunas entidades federativas resultaron afectadas en sus finanzas públicas en un esquema federalista como el de nuestro país, donde siempre habrá entidades perdedoras y ganadoras. Sin embargo, esta pérdida-ganancia, hasta el ejercicio fiscal 2007, dependía en gran medida del esfuerzo fiscal que cada entidad imprimiera en sus políticas financieras.
En cambio, al modificarse la mecánica de distribución del sistema federalista fiscal nacional, existe un impacto de origen en las finanzas de los estados y del Distrito Federal por la simple entrada en vigor de la reforma, afectación que no es responsabilidad de las entidades federativas.
Por ello, para que puedan hacer frente a cualquier impacto transitorio derivado de la entrada en vigor del decreto y, en especial, de las nuevas fórmulas de distribución de los diferentes fondos incluyendo el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se propuso la creación de un Fondo de Compensación.
Dicho fondo se constituye actualmente con dos partes de cada 11 del total recaudado por la aplicación de las cuotas a la venta final de gasolinas y diesel, previo entero por parte de las entidades federativas, las cuales administran este impuesto.
El Fondo de Compensación es distribuido entre las 10 entidades federativas con menor Producto Interno Bruto per cápita, no minero y no petrolero. Sin embargo, este fondo no ha sido suficiente para compensar a las entidades federativas, en virtud de que el impacto en las haciendas públicas estatales que produjo la reforma ha sido mayor de lo estimado.
Adicionalmente, el comportamiento de la recaudación de las cuotas aplicables a la venta final de gasolinas y diesel durante el ejercicio fiscal 2008, mediante el cual se conforma el fondo, distó mucho de lo previsto.
De esta forma, mientras que la recaudación implícita de Petróleos Mexicanos por los volúmenes de venta declarados implica una recaudación de 7 mil 574 millones de pesos, en el periodo enero-diciembre de 2008, la recaudación observada para el mismo periodo fue de 6 mil 363, es decir, 16 por ciento por debajo de la estimación.
Eso significa indudablemente menores recursos para el Fondo de Compensación, que se traducen en menores recursos para las entidades federativas. Asimismo, dada la actual coyuntura económica, las estimaciones en relación al crecimiento económico del país son sumamente pesimistas.
Hoy se dan a conocer las cifras de que la recaudación fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está muy por debajo de la que estaba prevista en la Ley de Ingresos. Este desfavorable panorama económico, por obvias razones, afecta en mayor medida a aquellas entidades con menor Producto Interno Bruto per cápita, no minero y no petrolero.
En este sentido, consideramos indispensable modificar la estructura del Fondo de Compensación para que sea congruente con el espíritu para el que fue creado: robustecer el componente solidario del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del país, fortalecer las haciendas públicas locales y dotarlas de recursos para que hagan frente a cualquier impacto derivado de la reforma hacendaria en materia de federalismo fiscal, en particular, de las nuevas fórmulas de distribución de los diferentes fondos y adicionalmente para tener los elementos suficientes con los cuales enfrentar la nueva circunstancia económica en la que se encuentra el país.
El centro de la propuesta es aumentar, de 2 de cada 11 partes a 2 de cada 10 partes, recursos obtenidos por la venta final de gasolina y diesel que se destinan al fondo de compensación, que se distribuirá entre las 10 entidades federativas con menor producto interno bruto per cápita, no minero y no petrolero.
Solicito a la Presidencia que inserte íntegro en el Diario de los Debates el texto de esta iniciativa para los efectos que correspondan. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Insértese el texto íntegro en el Diario de Debates. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público esta iniciativa presentada por el diputado Calzada Vázquez.
La siguiente iniciativa se pospone; es la que presentaría el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General que regula la utilización de Videocámaras en Materia de Seguridad Pública, y que reforma el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales. Me informan que su grupo parlamentario ha solicitado que la presentación de esta iniciativa se posponga.
Por tanto, le damos la palabra al diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señor presidente. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, la presente iniciativa es con el propósito de avanzar en el apoyo de los niños menores de edad que trabajan en lo que comúnmente llamamos "la industria familiar", muy difundida en la franja de la economía mexicana actualmente.
En la industria familiar existe siempre una relación de trabajo entre los familiares y pupilos y la persona que de hecho y/o de derecho, es titular de la empresa, ya que organiza el trabajo y da órdenes, y lucra con el esfuerzo de aquéllos.
Negar la relación de trabajo es seguir permitiendo una inadmisible sobreexplotación, especialmente sobre las mujeres y los niños; muchos de ellos trabajando bajo la bárbara forma de pupilos o aprendices.
A este respecto las autoridades de amparo han señalado que, primero, el artículo 351 de la Ley Federal del Trabajo establece que no se aplicarían a la industria en que se desarrollan los talleres familiares las disposiciones genéricas de la misma ley, con excepción de la que contiene el artículo 352 de la misma ley, actualmente, y que se refiere a que en esos talleres, así como en las pequeñas industrias y en el trabajo a domicilio, además de que estarán vigilados por inspectores del Trabajo, se observarán todas las disposiciones relativas a la salubridad e higiene, en la inteligencia de que en los talleres familiares, aquéllos cuyos obreros son exclusivamente el cónyuge, los descendientes o los pupilos del patrono, o por lo que los demás trabajadores demandan la celebración de un contrato colectivo, no están comprendidos en tal disposición, y por tanto, no se encuentran dentro del caso excepcional a que alude el artículo 351 de la Ley Federal del Trabajo.
De esto se desprende que si en el taller laboran otros trabajadores que no sean ascendientes, descendientes, cónyuges o pupilos, no se concretiza el concepto de industria familiar. De lo contrario se daría algo inadmisible desde el punto de vista jurídico: partir en dos una indivisible realidad, una parte conceptual como industria familiar y la otra parte, como no industria familiar, desobedeciendo, en consecuencia, a la Ley Federal de Trabajo y ejecutorías que la ratifican y para las cuales una industria familiar o no, excluyéndose o no de la aplicación de la legislación laboral.
En tal virtud, no deben confundirse dos cosas diferentes, la industria familiar con el derecho de una industria o taller de contratar a familiares, lo cual es común entre los patrones y ninguna ley lo prohíbe ni lo podría prohibir.
En consecuencia, demostrada la relación laboral en los talleres familiares, no existe base constitucional ni en los Principios Generales de la Ley Federal del Trabajo, para su exclusión de las normas laborales, poniéndose de manifiesto la inconstitucionalidad del artículo 352 del Capítulo XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que debe extenderse la tutela de la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores de la industria familiar.
Por todo lo anterior se desprende que es totalmente confuso e insostenible el concepto de industria familiar.
Sin embargo, para evitar la afectación de la industria familiar, especialmente en el marco de la actual crisis económica, el gobierno federal deberá crear un programa específico para apoyar en el cumplimiento de las nuevas obligaciones a su cargo.
Con base en todo lo expuesto y fundado propongo a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto, que reforma el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo en los siguientes
Términos
Capítulo XV, Industria familiar. Les será aplicable a los talleres familiares en sus términos, las disposiciones de esta ley, salvo las relativas al reparto de utilidades.
Suplico a la Presidencia se inscriba en el Diario de los Debates íntegra la presente iniciativa, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado. Insértese en el Diario de los Debates la integralidad de la iniciativa presentada por el diputado Neftalí Garzón Contreras. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Enseguida tenemos iniciativa del diputado Alejandro Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual se pospone para próxima ocasión, al igual que la iniciativa que presentaría la diputada Valentina Batres Guadarrama, del mismo grupo parlamentario, que reformaría el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, también se pospone, al igual que la que presentaría la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Recibimos también de la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o., de la Ley Federal de Correduría Pública, ésta es de sólo turno y se turna a la Comisión de Economía.
La siguiente iniciativa también se pospone, la que presentaría el diputado Jesús Sesma Suárez y Manuel Salvador Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha solicitado la participación para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, Obdulio Ávila Mayo y Alberto Vázquez Martínez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ésta será presentada en boca del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, quien tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro Landero Gutiérrez: Con su venia, presidente. Le solicito se inserte de manera íntegra este texto en el Diario de los Debates.
Compañeros diputados, cuando comenzó esta LX Legislatura se percibía la dificultad para llegar a acuerdos importantes. Somos, sin embargo, la primera legislatura de la era democrática en nuestro país que llega a importantes acuerdos: Hemos logrado consensos en materia electoral, presupuestaria, energética, entre muchos otros importantes temas.
Asimismo, cabe señalar la dinámica de trabajo de esta Cámara de Diputados, que está siendo mayor y más efectiva por el número de iniciativas, por los puntos de acuerdo, por los consensos. Sin embargo, también es cierto que en el Congreso su trabajo tiene que intensificarse.
Hay grandes desafíos y también grandes rezagos. Hay iniciativas, como ya discutíamos, y puntos de acuerdo que ni siquiera se alcanzan a leer en esta tribuna y, por supuesto, mucho menos se alcanzan a dictaminar.
La percepción ciudadana respecto de nuestro trabajo sigue estando en déficit, sigue siendo poco satisfactoria la percepción de nuestra labor legislativa.
Por ello, la presente iniciativa, que el día de hoy presentamos los diputados Obdulio Ávila, Carlos Torres, Maria Nieves Noriega, Alberto Vázquez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias, pretende reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4o., de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de extender el segundo período de sesiones por dos meses más, terminando éste en vez del 30 de abril el 30 de junio.
Ya ha habido otras iniciativas en este sentido, pero quizás algunas más complejas, que modificaban todo el calendario, seguramente hicieron poco viable su dictaminación. Por eso hemos querido, de forma muy clara y muy sencilla, únicamente aumentar estos dos meses de este segundo periodo de sesiones.
El Congreso mexicano sesiona seis meses y medio, casi siete, por cinco meses y medio de receso. Y si bien los recesos tienen su justificación, porque es cuando el legislador puede tener más contacto con su elector y en teoría también el legislador se puede ocupar del estudio y la formulación de iniciativas, también es cierto que un periodo de receso tan largo no ayuda al trabajo legislativo.
Déjenme comentarles que tan sólo durante el periodo de receso largo del año pasado de mayo a agosto del 2008, de 44 comisiones ordinarias sólo 16 sesionaron, siendo que en teoría los períodos de receso son para lograr sesionar en comisión. Es decir, el 63 por ciento de las comisiones ordinarias no se reunió ni una sola vez.
Todos sabemos que, en cambio, cuando hay un período de sesiones, la actividad de las comisiones se vuelve más productiva. Por eso creemos que al agrandar dos meses, no sólo aumenta la productividad en el pleno sino también en las comisiones.
Además, haciendo un estudio comparado de derecho constitucional, en países como España o como Argentina se sesiona justamente en promedio nueve meses, con lo cual México, haciendo esta reforma constitucional y de la Ley Orgánica, estaría en ese promedio de sesión.
Por eso creo, como bien decía Luis Aguilar en un artículo publicado en un periódico en estos días, y lo cito: "El pesimismo actual se debe a que no se observa una fuerte clase política dirigente capaz de formar un frente compacto contra las amenazas y los problemas colectivos críticos para convertirse entonces en el líder de la solución, dejando de ser la causa del problema."
Tenemos que apostar por la productividad legislativa y tenemos que seguir dignificando esta gran labor que nos encomendó el pueblo de México. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Alejandro Landero. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que acaba de ser presentada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa de los diputados José Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone.
Tiene la palabra el diputado Alan Notholt Guerrero, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 106 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, suscrita por quien habrá de abordar la tribuna y por el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Alan Notholt Guerrero: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable que sus gobernantes tengan la capacidad de identificar los problemas que aquejan a los ciudadanos. Bajo esta perspectiva, la Ciudad de México enfrenta diversos problemas que se relacionan, por ejemplo, con el suministro de agua potable, el desagüe de las aguas residuales y pluviales, una creciente problemática en materia de vialidades, la demanda de vivienda, empleo y servicios de salud, así como un preocupante aumento en la incidencia delictiva.
Al estar organizado el Distrito Federal en 16 órganos político-administrativos denominados "delegaciones", las necesidades de cada delegación son diferentes por el grado de desarrollo social y económico que cada una presenta.
Por tal razón, es importante que cada jefe delegacional identifique claramente las necesidades de su demarcación territorial con el propósito de propiciar el funcionamiento eficiente de la delegación, asegurar el acceso equitativo de la población a las oportunidades de trabajo, cultura, educación, recreación, consumo y salud; favorecer la conservación de los recursos naturales y reducir la contaminación atmosférica que genera el tránsito vehicular; inhibir la incidencia delictiva.
Para resolver, o incluso prevenir los problemas sociales y económicos que aquejan a los habitantes de la Ciudad de México es necesario una implementación eficiente de políticas públicas. Para ello, resulta necesario que el servidor público, responsable del órgano político-administrativo de cada demarcación territorial en que se encuentra dividido el Distrito Federal, no sólo conozca, sino que también viva los problemas que aquejan a quienes habitan en la delegación correspondiente.
Es decir, resulta indispensable que el jefe delegacional resida dentro del ámbito territorial de la delegación correspondiente con el fin de que cuente con una verdadera visión sobre los problemas que hay que resolver, tal y como sucede con el presidente de la república, que reside en el territorio nacional y no en un país extranjero; o como los gobernadores de los estados, quienes residen durante su mandato constitucional dentro del territorio del estado que gobiernan; e incluso, con los presidentes municipales, que de igual forma están avecindados en la demarcación territorial del ayuntamiento correspondiente.
Así pues, resulta procedente y necesario que los jefes delegacionales del Distrito Federal residan, una vez que protesten el cargo, dentro de la demarcación territorial de la delegación para la cual fueron electos.
Lo anterior, porque como ya mencioné, las necesidades sociales, económicas y políticas cambian de una demarcación a otra y esas diferencias se deben considerar en el momento de la formulación de las políticas públicas, las cuales deberán ser implementadas por instituciones realmente eficaces.
Un jefe delegacional que reside en una demarcación territorial distinta a la que gobierna no padece los problemas sociales que debe resolver, ni se beneficia de los logros alcanzados por su administración.
Las diferencias que existen de una delegación a otra son muy marcadas, por ejemplo, las delegaciones centrales continúan con la pérdida de población y las delegaciones periféricas crecen aceleradamente, lo cual produce la creación de asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo y suelo útil para la conservación ecológica.
La estructura de distribución territorial de la población presenta grandes desequilibrios entre unas y otras. La composición de la población por grupos de sexo y edad ha presentado grandes modificaciones, y aunada a la creciente participación de la mujer en la esfera económica ha implicado una profunda transformación en la familia y en la sociedad urbana.
A lo anterior debemos agregar la inseguridad pública que actualmente se vive en el Distrito Federal, la cual demanda una atención específica por cada delegación.
Por ejemplo, en las delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero se cometen el mayor número de delitos. Por tanto, el combate al delito no puede ser igual en Milpa Alta, delegación que tiene la incidencia delictiva más baja a las antes mencionadas.
Lo anterior nos permite señalar que las diferencias sociales, económicas, políticas, ambientales y de seguridad pública que se presentan de una delegación a otra, demandan una implementación eficiente de políticas públicas.
Al respecto, proponemos reformar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que una vez que el jefe de la delegación proteste el cargo resida dentro de la demarcación territorial para la cual fue electo, con el propósito de que encare la compleja problemática que aqueja a los habitantes de la delegación correspondiente y cuente con una visión suficiente que le permita resolver los problemas sociales y económicos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado Alan Notholt Guerrero. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
La siguiente iniciativa de los diputados Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal, se pospone, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene la palabra el diputado Javier Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Señores y señoras, hoy por hoy la agenda política del país tiene inmerso el tema del cambio climático, con el propósito de encontrar una solución, adaptación a este fenómeno que ha expuesto la vulnerabilidad en nuestro medio ambiente, y por ende, de nuestra calidad de vida.
Como una muestra de ello, durante la década de los ochenta y señaladamente en los noventa, diversas entidades impulsaron la idea de crear productos verdes, llamados así porque en su manufactura y producción se siguen estándares certificables que favorecen una mayor protección ambiental y, en consecuencia, un beneficio colectivo, que si bien es difuso para los ciudadanos es perfectamente acreditable.
Los gobiernos no sólo reconocen su posición de influencia, su responsabilidad de demostrar el desempeño ambiental y sus facultades para promover los productos con ventaja ambiental. Están también relacionados los beneficios de las compras verdes con sus responsabilidades fiscales, esfuerzos de creación de empleo y sus metas de salud y bienestar comunitario.
La conciencia de estas oportunidades es un factor esencial de impulso en el crecimiento de las compras verdes en las dependencias gubernamentales.
En nuestro país la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolló en el 2002, el Programa de Administración Sustentable, cuyo principal objetivo es disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente de nuestras actividades cotidianas en los lugares de trabajo.
Las principales líneas de acción son: el ahorro de energía eléctrica, el consumo irracional del agua, el consumo responsable del papel y el manejo adecuado de los desperdicios. Como parte del consumo adecuado del papel, se incluye la parte denominada "compras verdes".
El principal criterio para evaluar la conveniencia de adquirir o no un artículo es el ciclo de vida, se prefieren los insumos reciclables y biodegradables, se evitan aquellos productos que impactan negativamente la capa de ozono, principalmente los aerosoles y el unicel.
Se buscan artículos que representen una mayor vida útil en comparación con los artículos convencionales. Se pide a los proveedores que los artículos sean entregados a granel o sin empaques excesivos. Sin embargo, aún es necesario establecer como criterio de evaluación de las propuestas en las licitaciones públicas, además del costo-beneficio y demás que establece la propia ley, el impacto ecológico de los productos y servicios licitados por las entidades de gobierno, de tal suerte que esta iniciativa propone modificar el artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer la contribución al medio ambiente y la protección al mismo, como parte de los criterios de evaluación.
Además, se propone modificar el artículo 36 Bis, de la misma ley, con el fin de que las adjudicaciones se den a las propuestas que, además de presentar las mejores condiciones de costo-beneficio, protejan al medio ambiente.
En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II., del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 36 y se reforma la fracción II, del artículo 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.
Artículo 36, fracción V. Deberá considerarse como criterio de evaluación la contribución al medio ambiente y la protección al mismo.
Artículo 36 Bis, fracción II. La propuesta que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos y porcentajes, o de costo-beneficio y de protección al medio ambiente. Señor presidente, agradecería si se inserta íntegra esta iniciativa en el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Javier Zambrano Elizondo. Insértese la iniciativa presentada por el diputado Zambrano Elizondo de manera íntegra en el Diario de los Debates de esta sesión. Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
Se recibió del diputado Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se pospone al igual que la iniciativa de la diputada Ana Elisa Pérez Bolaños, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La iniciativa de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se pospone al igual que la iniciativa del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Otra del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, se pospone.
De la misma manera, la iniciativa del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se pospone. Iniciativa de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone.
Vamos a concederle el uso de la tribuna al diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 63, de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Adelante, señor diputado.
El diputado Jericó Abramo Masso: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa que propone un servidor en nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
Con la finalidad ?y yendo al grano?, creo que esta propuesta de modificar la Ley de Telecomunicaciones nos la da el párrafo del artículo 63. El segundo párrafo del artículo 63 nos lleva a pensar que en México tenemos 10 millones de personas con discapacidad y en el mundo hay 500 millones, según datos de la ONU, que existen en todo el planeta con diferentes tipos de discapacidad.
Pero no hemos pensado, en lo particular, en las personas que sufren de sordera, las personas que no pueden hablar y que sufren de sordera y que no tienen a veces la posibilidad de comunicarse con sus familias o entre ellos mismos, más que con la telefonía del mensaje de texto de celular.
Estas personas hoy tienen que pagar altas cantidades de dinero para poder sufragar el pago por telefonía celular, les cobran una renta por utilizar el teléfono cuando no pueden hablar y solamente se pueden comunicar vía mensaje.
La propuesta nuestra es muy concreta y sin el afán de alargarnos más, sino irnos al grano, la propuesta es que se reforme el segundo párrafo del artículo 63, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:
La regulación tarifaria que se aplique buscará que las tarifas de cada servicio, capacidad o función, incluyendo las de la interconexión, permitan recuperar el menos el costo incremental promedio de largo plazo, excepto en los casos de personas con discapacidad auditiva, las cuales estarán exentas del pago del servicio de mensajería SMS en telefonía móvil celular.
Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Amigas y amigos legisladores, yo creo que esta iniciativa habla de muchas de aquellas personas que han solicitado ser escuchados en esta Cámara de Diputados y que hoy nos piden que hagamos algo por controlar estas tarifas, que laceran sus bolsillos.
Hoy salen a conseguir un empleo, salen a pedir oportunidades de desarrollo laboral y no tienen la oportunidad porque no le ponemos a la ley condiciones que les permita obligar a las empresas a contratar a estas personas.
Si les empezamos a dar herramientas de este tipo vamos a ayudar a las personas con capacidades diferentes, a las personas con sordera en especial, para que puedan ellos tener este privilegio de poder mensajearse con sus familias, con la gente que trabaja y dejar de gastar grandes cantidades de recursos que son utilizados para pagar telefonía de escucha, telefonía para comunicarse vía el habla, y que ellos no lo pueden hacer; sólo comunicarse vía mensaje.
La propuesta muy concreta es que se elimine ese cobro que se hace de mensajes de SMS a las personas que tiene sordera. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Jericó Abramo Masso. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
La Presidencia quiere saludar y dar la bienvenida a personas que nos visitan de Tochimilco, Puebla, invitados por el diputado José Velázquez Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos.
Se concede la palabra al diputado Luis Alejandro Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. No estando presente el diputado Luis Alejandro Rodríguez, se pospone.
En consecuencia, le damos la palabra al diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, Soledad; muchas gracias por la porra. Hemos visto en los últimos días noticias en primera plana de lo que está ocurriendo con un riesgo muy grave a la salud dado por tres condiciones. La primera tiene que ver con un mercado negro de medicamentos; la segunda tiene que ver con un mercado de medicamentes obsoletos; y la tercera tiene que ver con que muchos de los medicamentos incautados son muestras médicas.
Un grupo de legisladores de diferentes partidos, tanto senadores como diputados, estamos proponiendo a su consideración poner un primer paso en la regulación de las muestras médicas.
Proponemos lo siguiente. Modificar la Ley General de Salud para que quede como sigue:
En el artículo 225 Bis que diga así: La producción y distribución de muestras médicas u originales de obsequio podrán efectuarse con la finalidad de dar a conocer medicamentos con registros nuevos al personal profesional; y sólo podrá realizarse durante los dos años siguientes a la obtención del registro sanitario.
Cuando la forma de administración del medicamento sea de tratamiento completo, la autoridad sanitaria podrá autorizar la producción de originales de obsequio.
Artículo 225 Ter. Las muestras médicas u originales de obsequio deberán considerar los siguientes aspectos:
Las características de su presentación; los criterios que sirvan para determinar los volúmenes de producción anuales que se estimen adecuados; los controles a la distribución que incluirán sistemas de rastreabilidad; y la obligación de los laboratorios de llevar registros de médicos a quienes se entreguen muestras u originales de obsequio; los procesos de seguimiento de farmacovigilancia; y cuando existan razones de prevención de riesgos, los componentes que no deban ser utilizados en la muestra u original de obsequio.
Artículo 464...
En la fracción IV impone las penas para que... a quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte para fines comerciales muestras de medicamentos u originales de obsequio le será impuesta una pena de cinco a 10 años de prisión, y multa equivalente hasta por 50 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.
En los transitorios, además de que entra en vigor al día siguiente de su publicación, de ser aprobada por este órgano, dice así la versión segunda: "Los laboratorios que al momento de la entrada en vigor del decreto cuenten con muestras médicas u originales de obsequio en el mercado contarán con un plazo de 12 meses para consumir las existencias de que dispongan.
Quienes hayan obtenido registros sanitarios durante el año de la entrada en vigor del presente decreto tendrán un plazo completo de dos años, al que hace referencia el artículo 225 Bis.
Tercero. La Secretaría de Salud contará con el plazo de 180 días naturales para emitir las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de este decreto.
Sin duda que no hay nada más barato ni nada más caro por barato que sea, que lo que no sirve. Esta iniciativa pretende regular un mercado en el cual el 80 por ciento de los productos confiscados son muestras médicas, porque no hay rastreabilidad ni hay un control de esta promoción que hacen los laboratorios. Compañeros esperamos su apoyo estando ciertos todos los proponentes de esta iniciativa, que será en bien de los mexicanos. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Túrnese a la Comisión de Salud.
Estando presente en el Salón de Sesiones el diputado Luis Alejandro Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se le concede el uso de la palabra para presentar su iniciativa.
El diputado Luis Alejandro Rodríguez: La leche es uno de los pocos alimentos que pueden ser considerados como equilibrados. El presidente Felipe Calderón la reconoce como la proteína de origen animal más consumida, cuya cadena productiva mantiene alrededor de 700 mil empleos. Además, es la tercera industria alimentaria más importante del país después del maíz y la carne.
Por los datos de los últimos años México se ha colocado como el decimoquinto productor de leche en el mundo. Sin embargo, por la apertura comercial y la desregulación arancelaria, somos a la vez el primer importador de leche en el mundo.
Solamente en 2001 se importaron 190 mil toneladas de leche en polvo provenientes de la Unión Americana, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y la Unión Europea. Estos países pueden poner en el mercado internacional sus productos lácteos a precios muy competitivos, porque tienen ventajas comparativas por los subsidios que reciben.
Con ello desequilibran los precios internacionales e impactan negativamente en el precio que se paga al productor. Baste mencionar que las importaciones de preparaciones alimenticias con un contenido de sólidos lácteos entre 11 y el 50 por ciento de su peso tuvieron un incremento de casi 100 por ciento entre 1999 y 2004 y mantienen su tendencia ascendente.
Las importaciones de leche evaporada y condensada tuvieron un incremento de 1000 por ciento en el 2004, mientras que las importaciones mexicanas de leches evaporadas y condensadas han disminuido en un 74 por ciento entre 1999 y 2004 en el mismo periodo.
Ya no es novedad que a partir de 2008 han quedado totalmente eliminados los aranceles sobre la leche en polvo. Este esquema de desgravación ha favorecido la importación de los sucedáneos de la leche y de preparaciones a base de productos lácteos. Un sucedáneo se refiere a la sustancia que reemplaza a otra por tener propiedades parecidas. México importa enormes cantidades de preparaciones alimenticias que se venden en nuestro país como leche.
Tenemos en el mercado todo tipo de lácteos que contienen cada vez mayores porcentajes de sustitutos importados, situación que se refleja en la falta de contenido nutricional en el producto. Estos productos no solamente afectan a nuestro sector lechero, además confunden a nuestros consumidores y provocan un agudo fenómeno de sustitución de productos en el mercado, con fórmulas lácteas y productos lácteos combinados, que desplazan a los productos mexicanos.
Preocupado por esta situación desleal al sector lechero mexicano y por los problemas de salud que dichas importaciones generan, el Partido Verde promoverá una reforma a la Ley General de Salud a fin de precisar lo que es leche y lo que son los productos lácteos combinados y las fórmulas lácteas.
De este modo, asegurar la calidad de los productos que los consumidores están poniendo sobre su mesa y garantizar que la publicidad de leche, productos lácteos combinados y fórmulas lácteas sean reguladas por la Secretaría de Salud.
Si bien ya existe una norma oficial mexicana que regula las especificaciones físico-químicas y la información comercial de la leche y las fórmulas lácteas, nuestra propuesta prevé los mecanismos para lograr la revisión o la actualización de dicha norma, a fin de que en los conceptos propuestos en la reforma a la Ley General de Salud sean incluidos en la norma oficial mexicana correspondiente.
Confiamos que con esta reforma lograremos disminuir en el mercado la demanda de fórmulas lácteas y productos lácteos combinados, al brindar a los consumidores productos de calidad del sector lechero nacional, que redundará en una menor importación de sucedáneos de la leche. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado Luis Alejandro Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Salud.
Saludamos la presencia de jóvenes de la región mixteca oaxaqueña que partirán el día de mañana, becados, a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de la República de Cuba, invitados a esta sesión por la diputada Rosa Elia Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Bienvenidos y muchas felicidades. Les deseamos mucho éxito en esta tarea que habrán de emprender.
Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, los retos a los que se enfrenta el Poder Legislativo cada vez son mayores y exigen una mayor responsabilidad y esfuerzo por parte de los legisladores, cuya función primordial es la de representar a la ciudadanía y legislar en beneficio del país.
La ciudadanía demanda a los legisladores compromiso y empeño, en aras de que el trabajo legislativo se vea materializado en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
Desafortunadamente, el sentir generalizado de la población mexicana respecto a la labor legislativa no es satisfactorio. Tienen una imagen negativa y consideran que los tiempos de sesiones son muy cortos, además de que en dichas sesiones no se generan los acuerdos que resuelvan las problemáticas más relevantes del país.
Resulta a todas luces contradictorio para los mexicanos visualizar que las sesiones empiezan por regla general, y porque aquí se establece en el reglamento interior del Congreso, a las 12:00 horas, cuando los ciudadanos empiezan sus jornadas laborales normalmente a las 8:00 de la mañana.
Por lo que la pregunta obligada es: ¿por qué nuestros representantes inician sus labores parlamentarias en el pleno de esta honorable Cámara de Diputados a las 12:00 horas?
Por otro lado, es del conocimiento de esta asamblea que la dinámica actual del Congreso exige más resultados, los cuales no se pueden dar en el tiempo establecido para las sesiones, sin mencionar el trabajo legislativo que desempeñamos en las diversas comisiones y comités.
El rezago legislativo que presenta la Cámara de Diputados es considerable, por lo que debemos de plantear propuestas que permitan desahogar el mayor número de asuntos en esta legislatura.
Por ello, en la búsqueda de soluciones prontas y eficientes que le den al Poder Legislativo certidumbre procedimental para lograr los objetivos y se aprovechen más los tiempos en los cuales nos encontramos en el recinto legislativo.
Se estima necesario modificar el Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, dicho reglamento se encuentra en vigencia desde 1934, lo cual nos deja ver que es necesaria su modificación, puesto que el trabajo legislativo requiere de los lineamientos normativos que respondan a la situación actual que se vive en el país y en el Congreso de la Unión.
Por lo anterior, se propone que el horario de sesiones se recorra de las 12:00 a las 8:00 horas, lo cual permitiría que se desahoguen un mayor número de asuntos y que los legisladores contemos con el tiempo suficiente para realizar nuestras funciones en las comisiones y comités a los que pertenecemos, dando como resultado abatir el rezago en el dictamen de iniciativas o de proposiciones que actualmente se presenta en este Congreso de la Unión.
Éste es el momento oportuno para generar las reformas de tipo procedimental que permitan optimizar o eficientar el trabajo legislativo en aras de que se cumpla el objetivo fundamental, que es el de legislar y realizar la función pública en beneficio de los ciudadanos a los que representamos.
Por lo expuesto, y en virtud de los argumentos planteados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 28. Son sesiones ordinarias las que se celebren durante los días hábiles de los periodos constitucionales; serán públicas, comenzarán, por regla general, a las 8:00 horas y durarán hasta cuatro horas, pero por disposición del presidente de la Cámara o por iniciativa de los individuos de ella ?aprobada en los términos de este reglamento?, podrán ser prorrogadas. Finalmente, solicito que se inserte íntegra la presente iniciativa en el texto del Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Obdulio Ávila Mayo. Insértese íntegra la iniciativa del diputado Ávila Mayo, en el Diario de los Debates de esta sesión. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Marco Antonio Peyrot Solís: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución federal, es facultad y obligación del presidente preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas para la seguridad interior y la defensa exterior de la federación.
Sin embargo, esa facultad, en caso de que tenga que salir fuera del territorio nacional, está condicionada a la autorización del Senado de la República.
En efecto, en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 76 de la Carta Magna, es facultad exclusiva del Senado autorizar al presidente de la república para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas.
El espíritu de esa disposición atiende a los principios fundamentales de la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los cuales, como todos sabemos, se encuentra sustentada la política exterior del Estado mexicano.
La realidad que nos obliga en el contexto internacional nos permite interactuar con los demás países del orbe en lo económico, lo político, lo social y en lo relativo a la seguridad hemisférica y mundial.
Por ello, se estima necesario actualizar la disposición constitucional en comento en lo relativo a la salida de unidades militares fuera del territorio nacional para diferentes propósitos, a efecto de que se contribuya en un mejor desempeño en las tareas encomendadas.
Con la reforma a la fracción III del artículo 76 se pretende adecuar la realidad y la práctica a los contextos nacional e internacional, a fin de permitir que las Fuerzas Armadas nacionales lleven a cabo las tareas que se les han encomendado, en condiciones más favorables y que les permitan desarrollarse de una manera más eficaz y eficiente.
Derivado de la reforma propuesta, se estima conveniente la adición de una fracción VI Bis al artículo 89 de la Carta Magna, a fin de dar claridad y precisión a la facultad del Ejecutivo federal de permitir la salida del territorio nacional de tropas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas cuando ello no tiene un fin bélico.
Finalmente, y por cuanto hace a la reforma de la fracción VI del artículo 89, ésta tiene por objeto corregir la redacción de ese artículo y eliminar la redundancia que presenta.
Con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se determina la imperiosa necesidad de reformar las fracciones III, del artículo 76, y VI, del artículo 89, ambos de la Constitución federal, a fin de adecuar dichas disposiciones a la realidad económica, política y social y de seguridad de nuestro país en el mundo.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este Poder de la Unión la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III del artículo 76 y VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la fracción VI Bis a este último numeral, para quedar como sigue:
Artículo 76, fracción III. Autorizarlo para que pueda disponer la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar acciones bélicas, para permitir el paso de unidades militares extranjeras por el territorio nacional y la estancia de buques de guerra pertenecientes a otros países en aguas nacionales por más de un mes.
Artículo 89, fracción VI. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad interior y de la defensa exterior de la federación.
VI Bis. Autorizar la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar operaciones de instrucción, entrenamiento, misiones humanitarias y visitas oficiales, informando al Senado al regreso de las mismas acerca de las actividades realizadas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Muchas gracias, diputado Peyrot Solís. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En una sola intervención y haciendo la consideración respectiva sobre el tiempo, el diputado Mariano González Zarur presentará las siguientes Iniciativas
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y,
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, todas ellas suscritas por diputados integrantes del Comité de Competitividad. Adelante, diputado González Zarur.
El diputado Mariano González Zarur: Ciudadano presidente, compañeras y compañeros legisladores, el nivel de competitividad de un país refleja la capacidad del Estado para brindar un estado físico, económico, social e institucional que coadyuve en mayor productividad y prosperidad de sus empresas y de los ciudadanos.
La competitividad no es una palabra de moda, es la nueva forma en que se están consolidando estrategias de desarrollo económico ante las exigencias que impone la globalización económica.
Nuestro país permanece estancado en la materia y todos los índices nacionales e internacionales así lo demuestran. De acuerdo con el reporte de competitividad global 2008-2009 del Foro Económico Mundial, México ocupó el lugar 60 entre 134 economías, perdiendo ocho posiciones con respecto al reporte del año pasado.
En el Congreso de la Unión se ha reconocido que el impulso a la competitividad en nuestro país es una tarea pendiente y fundamental en la agenda legislativa y económica del país. Por ello, durante la LIX y la LX legislaturas se instalaron comités de competitividad, teniendo como encomienda primordial proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad de las diversas regiones del país y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.
Para cumplir con dicha encomienda, durante la presente Legislatura los integrantes del Comité de Competitividad de esta Cámara llevamos a cabo diversas mesas de trabajo, foros y reuniones para establecer un diálogo permanente con el sector público, privado y social.
Derivado de estas actividades hemos presentado diversas iniciativas e impulsado reformas que contribuirán a que nuestro país sea más competitivo. Consideramos que la tarea de los comités de competitividad es limitada, pudiendo tener un papel más participativo y coadyuvante con las comisiones ordinarias, que son las encargadas de dictaminar los proyectos de reformas y leyes.
Por ello proponemos que sean órganos legislativos permanentes, encargados de emitir opinión vinculatoria a las comisiones dictaminadoras, a efecto de que las tomen en cuenta al momento de discutir y aprobar sus resoluciones.
Las Comisiones de Competitividad lejos de retrasar el trabajo legislativo, lo enriquecería, asegurándose de identificar las leyes o reformas que contribuyan o inhiban la competitividad a través de la discusión, del análisis, con todos los actores involucrados, lo que garantizaría que los dictámenes que se aprueben en el pleno de la Cámara no van a afectar negativamente la competitividad del país.
Asimismo, ?y para que las comisiones de competitividad puedan ejercer sus funciones de manera ágil? se propone que tenga un máximo de ocho legisladores. Las nuevas condiciones del entorno económico nos obligan a identificar las áreas de oportunidad y no desaprovecharlas. La competencia llegó para quedarse. Competimos a nivel mundial.
Las empresas y los trabajadores lo hacen con sus homólogos del otro lado del mundo. Las leyes y las reformas deben identificar estos retos. Debemos adecuar nuestro marco jurídico a las nuevas exigencias de los mercados, hacernos más eficientes, agregar mayor valor agregado y encauzar en la era del conocimiento, la innovación.
Es fundamental señalar que el nivel de competitividad de México no sólo es responsabilidad del gobierno federal. También es responsabilidad de nosotros los legisladores. Los retos que enfrentamos no son fáciles.
Tenemos que fortalecer nuestras instituciones públicas, simplificar el marco regulatorio. Establecer las bases para tener mercados competitivos. Impulsar la creación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; así como promover una cultura de conocimiento basado en la investigación, la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Por estas razones, consideramos que tanto el Comité de Fomento para la Competitividad del Senado, como el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, deben ser comisiones permanentes en el Congreso y estar facultadas para emitir opiniones contundentes a las reformas que se propongan, lo que sin duda contribuirá a que nuestro trabajo legislativo sea más productivo; y a que nuestro país, nuestras empresas y ciudadanos, puedan enfrentar la fuerte competencia internacional.
Esto es por lo que corresponde a las modificaciones a los artículos 40 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que fue a iniciativa del compañero diputado Carlos García, y que la signamos casi la totalidad de los integrantes del Comité de Competitividad.
Por lo que corresponde al proyecto de decreto que adiciona los artículos 45, 69, 70, 71 y 72, de la Ley General de Educación; 14 y 15, de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, les comento que la acción educativa resulta decisiva para el desarrollo de cualquier nación; contribuye al fortalecimiento de la soberanía y robustece su presencia en el contexto internacional. Todo ello deriva en una economía creciente, estable y competitiva.
Sin embargo, pareciera que el sistema educativo nacional no se ha adaptado como debiera a las rápidas y profundas transformaciones que nuestro país ha tenido en su entorno económico, social y político.
En el ámbito económico, la apertura comercial y financiera; la desregulación; la descentralización económica, administrativa y presupuestaria han significado un cambio radical que sin duda plantean un nuevo contexto de exigencias y demandas para la educación.
Aunado a ello, la educación en todos sus niveles permanece desvinculada del aparato productivo. El actual modelo educativo muestra una escasa participación de la sociedad, especialmente del sector empresarial.
El propiciar una mayor participación de la sociedad en la educación no debe verse como un instrumento en detrimento de la rectoría estatal y de su capacidad normativa que le confiere la Constitución. Por el contrario, una mayor coordinación y cooperación entre el Estado y el sector empresarial favorecerá la elevación de los índices de calidad y extensión de la educación.
El mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como uno de sus objetivos en materia educativa, fortalecer la vinculación entre el sistema de educación media superior y el aparato productivo.
En este sentido, es importante que el sector privado participe identificando y exponiendo cuáles son sus necesidades para adecuar planes y programas de estudio, además de que puedan detectarse los requerimientos de recursos humanos calificados en el sector productivo y promover su formación en las instituciones educativas.
Es en este sentido que los integrantes del Comité de Competitividad proponemos adicionar los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Educación, para que el sector empresarial participe activamente en los Consejos Escolares de Participación Social que hoy día se encuentran integrados solamente por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros, directivos escolares, ex alumnos y algunos otros miembros de la comunidad.
Cabe mencionar, además, que actualmente se prevé en el artículo 45 de la Ley General de Educación que podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares.
Sin embargo, se requiere una mayor vinculación en las organizaciones empresariales y organismos patronales en la base de planeación y diseño del régimen de certificación para acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, por lo que se propone también adicionar el artículo en comento.
Finalmente, proponemos adicionar los artículos 14 y 15 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para que el sector empresarial tenga representación en el Consejo Consultivo de Educación Normal y en el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica.
Un factor decisivo en la caída de competitividad de nuestro país ha sido la baja calidad de nuestra educación y su desvinculación con el mercado laboral. Es tiempo de que las instituciones educativas mexicanas amplíen los espacios para que un mayor número de sectores y actores participen en el desarrollo de un sistema educativo moderno y eficiente, comenzando programas y planes educativos de calidad.
Por lo que corresponde a la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, les comento que en noviembre del año pasado los integrantes del Comité de Competitividad realizamos el Foro para impulsar la competitividad en el sector farmacéutico en México.
Durante tres jornadas de trabajo escuchamos los planteamientos de representantes del sector público, de las cámaras farmacéuticas, de los proveedores, de las farmacias, de investigadores y expertos, con la finalidad de que nos expusieran la problemática del sector, así como sus propuestas para hacerlo más competitivo.
Una de las principales demandas fue la de fomentar el uso de medicamentos genéricos entre la población, como ya sucede en diversos países desarrollados. La ausencia de una cultura de uso de medicamentos genéricos afecta la economía de las familias mexicanas.
Cerca de 30 por ciento del gasto en salud directo de los hogares se destina a la compra de medicamentos y es preocupante que los medicamentos genéricos representen apenas 6 por ciento del mercado farmacéutico privado, cuando su precio, en promedio, es de casi una cuarta parte el precio de los fármacos de marca.
Ante este escenario, esta legislatura debe dotar de los elementos legislativos que contribuyan a que se logre un debido acceso a medicamentos de calidad y de menor costo para la población, por lo que el apoyo a la producción y uso de medicamentos genéricos es una de las principales herramientas para lograr este acceso.
La Organización Mundial de la Salud ha exhortado en diversas ocasiones a los gobiernos para que formulen políticas de medicamentos genéricos como un medio para aumentar la disponibilidad y el acceso de los medicamentos esenciales, así como para promover políticas de prescripción de medicamentos por nombre genérico, con el objetivo de reducir incidencias del gasto en salud, en especial de los que menos tienen.
En línea con lo anterior y considerando que en México se ha generado un marco normativo suficiente para garantizar que los medicamentos genéricos tengan eficacia, calidad, seguridad, y los mismos efectos terapéuticos que los medicamentos de referencia, resulta necesario e indispensable ahora fortalecer el marco normativo que permita dar a conocer, entre los consumidores, la disponibilidad de los diversos medicamentos genéricos.
Es por ello que los integrantes del Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados proponemos las siguientes reformas a la Ley de Salud.
Que la Secretaría de Salud publique un Catálogo de Medicamentos Genéricos, el cual deberá ser actualizado permanentemente y contendrá la descripción de los medicamentos genéricos, tanto nacionales como importados, cuyo consumo esté autorizado en el país con la denominación genérica "forma farmacéutica", presentación, laboratorio fabricante, registro sanitario y sus medicamentos equivalentes de referencia, así como un apartado que contenga el estado de los medicamentos cuya patente sigue vigente.
También proponemos que todos los establecimientos autorizados para la comercialización y venta al público de medicamentos de uso humano deberán poseer, utilizar y tener a la vista del público en general, la edición actualizada del catálogo de medicamentos genéricos, a fin de que el paciente seleccione el que más le convenga, que sea de la misma calidad, pero con un precio de un 70 o 65 por ciento más barato.
Al respecto, quisiera hacer la aclaración que no buscamos que este catálogo sea un medio para que la población se automedique, por lo que no se está incluyendo en él ninguna información sobre su uso y síntomas a tratar. Proponemos que se eleve a rango de ley la obligatoridad de que en la prescripción del medicamento se indique obligatoriamente la denominación genérica, independientemente de que prescriba genérico o patentado.
Asimismo, cuando en la receta se exprese la denominación distintiva del medicamento, el farmacéutico deberá presentarle al paciente la alternativa genérica que contenga la misma sustancia activa, forma farmacéutica y dosificación que le fue prescrita, de acuerdo con el catálogo de medicamentos genéricos emitido por la autoridad sanitaria.
Finalmente, planteamos que en el etiquetado de medicamentos genéricos se pueda incluir cualquier otra expresión, palabra, imagen o símbolo cuyo fin sea informar al consumidor que el medicamento genérico es equivalente con el medicamento de referencia.
Algunos de estos planteamientos ya se consideran en cierta forma en el reglamento de insumos para la salud; sin embargo, estamos convencidos de que es fundamental que sean más claros y se encuentren en rango de ley para su veraz y puntual cumplimiento.
Los medicamentos genéricos son hoy una realidad en México y es imperativo que los mexicanos los conozcan como la alternativa a la que tienen derecho para tratar de manera efectiva sus padecimientos, especialmente cuando el desembolso para lograr esto sale directamente de sus bolsillos.
El fin último de la presente iniciativa es ampliar y reforzar la información a la población, de la existencia de alternativas de medicamentos en el mercado, que no conlleven a la afectación de su economía. Muchas gracias por su atención, gracias, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Muchas gracias, señor diputado don Mariano González Zarur. Por lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo que se refiere a las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, túrnese a la Comisión de Salud.
Proceda la Secretaría a dar lectura a las comisiones remitidas por el diputado Alejandro Chanona Burguete.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de marzo de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva.
Por este medio y con fundamento en el artículo 30, párrafo único, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le informo que a partir de esta fecha dejo de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para ser considerado como diputado sin partido, solicitando que se me faciliten las mismas consideraciones que a todos los legisladores y, de igual forma, se me brinden los apoyos conforme a los derechos que la propia Cámara nos otorga para poder desempeñar adecuadamente mis funciones de representación popular.
Sin otro particular, y habiendo notificado conforme a los derechos que la misma ley me otorga, agradezco su atención y le envío un cordial saludo. Atentamente, diputado Rafael Plácido Ramos Becerril.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Diputado César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura. Presente.
Por este conducto me permito informarle que el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril, en uso de su libre derecho, me ha manifestado su decisión de incorporarse al Grupo Parlamentario de Convergencia en esta honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con base en el comunicado que anexo al presente.
Al respecto y en cumplimiento de las atribuciones que me confiere el artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicarle la aceptación del grupo parlamentario que me honro en coordinar, para incorporar al diputado Rafael Ramos Becerril a nuestra fracción.
Lo anterior lo hago de su conocimiento para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 29, de la referida Ley Orgánica.
Agradezco de antemano la atención que dé a la presente solicitud y aprovecho para saludarle.
Atentamente, el coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la Cámara de Diputados, diputado Alejandro Chanona Burguete.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: De enterado. Comuníquese.
Queremos agradecer la presencia en este salón de sesiones, de la excelentísima señora Katrina Kooper, embajadora de la Comunidad de Australia en México, invitada como testigo de honor a la instalación del Grupo de Amistad México-Australia, presidido por el compañero diputado don Jacinto Gómez Pasillas, quien también es miembro de esta Mesa Directiva.
Le saludamos con el deseo que la instalación de este grupo contribuya a estrechar los lazos de amistad y cooperación entre nuestras dos naciones amigas. Felicidades y bienvenida, excelentísima embajadora.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Seguridad Social con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 44 de, la Ley del Seguro Social.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social con proyecto de decreto que adiciona un artículo segundo transitorio al decreto de reformas a la Ley, en favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1967.
De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 71, 79 y 81; y adiciona los artículos 81 Bis y 89 Bis, de la Ley de Aviación Civil.
De la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Mario de Jesús Riestra Venegas, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Panamá en la ciudad de Puebla, con circunscripción consular en el estado de Puebla.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Laurence Olivia Pantin, para prestar servicios en la Embajada de Francia en México; Erika Alejandra Hernández Victoria y Salvador Sánchez Colon, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México; David Oliver González Bravo y Moisés Medrano González, para prestar servicios en el consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Quedan de primera lectura.
Se ha recibido una comunicación del diputado José Antonio Arévalo González, en su calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, solicitando la dispensa de la segunda lectura para ponerlo a discusión y votación de inmediato.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría calificada por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Se le dispensa la segunda lectura. En virtud de que ningún legislador ha solicitado el uso de la palabra consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y loa diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para recibir la votación correspondiente.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior del Congreso General.
Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono de la diputada Lucía Berinstáin Enriquez.
La diputada Lucía Beristáin Enriquez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Gracias. Se emitieron 317 votos en pro, 16 en contra y? Perdón, el diputado Cuauhtémoc Sandoval.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: El diputado Murat.
El diputado José Murat (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 319 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones, señor presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado en lo general y en lo particular por 319 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política, proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Diputado César Horacio Duarte Jáquez, presidente de la Mesa Directiva, presente.
Con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted, atentamente, consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible, del siguiente asunto:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día son Proposiciones con punto de acuerdo
Esta Presidencia recibió de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a que ejerza su facultad de atracción y competencia en el caso de la niña Ilse Michelle y demás menores desaparecidos en el albergue denominado "Casitas del Sur", en el Distrito Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Se recibió del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría al desempeño del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a la Fepade, a que se coordinen con la Comisión Especial que tendrá por objeto vigilar el correcto uso de los recursos públicos, federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal 2009. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se recibió del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que a través de la Sagarpa dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 3o. transitorio, de la Ley de Productos Orgánicos y expida el reglamento de dicha ley. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se recibió del ciudadano diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 11 de octubre de cada año como "día nacional del talento, del diseño y de la innovación tecnológica". Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se recibió de la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo relativo a la agudización de la situación de la cartera vencida que se observa en la banca mexicana. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió del ciudadano diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía respalda y suscribe la Declaración de Tabasco, asignada en el marco del II seminario internacional Mejores prácticas para combatir la trata de personas, celebrado el 26 y 27 de febrero de 2009 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Esta Presidencia recibió del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió del diputado Humberto Ávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Presidencia recibió del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió de la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta Presidencia recibió del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió de la diputada Ana Eliza Pérez Bolaños, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió de los diputados: Mónica Fernández Balboa, David Mendoza Arellano y Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia recibió del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Esta Presidencia recibió de la diputada Leticia Díaz de León Torres, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Esta Presidencia recibió del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta Presidencia recibió del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Salud.
Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.
Esta Presidencia recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Comunicaciones.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan los dictámenes correspondientes.
Esta Presidencia recibió de los diputados: María del Pilar Ortega Martínez, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Gustavo Parra Noriega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de gobernación de la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores.
La Presidencia recibió de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social solicitud de excitativa a la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Remítase a la Cámara de Senadores.
La Presidencia recibió de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social solicitud de excitativa a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Remítase a la Cámara de Senadores.
Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión designa al diputado Carlos Alberto Navarro como integrante propietario del Poder Legislativo federal ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de marzo de 2009. Firman el presente acuerdo los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado César Duarte Jáquez: Aprobado. Comuníquese.
Nos ha solicitado el proponente, diputado César Camacho Quiroz, que el punto de acuerdo en el que esta soberanía respalda y suscribe la Declaración de Tabasco, signada en el marco del II Seminario Internacional "Mejores Prácticas para Combatir la Trata de Personas", sea turnada a la Comisión de Justicia. Con gusto obsequiamos el trámite. Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Orden del día de la próxima sesión.
(Orden del día)
El Presidente diputado César Duarte Jáquez (15:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 5 de marzo, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.