La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 277 diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación).

El Presidente diputado Felipe Solís Acero (11:08 horas): Se dispensa la lectura. Está abierta la sesión.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame un segundo, señor secretario. Diputado Gerardo Fernández Noroña ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Puesto que la Secretaría ha puesto a consideración de esta soberanía, quiero intervenir en la discusión del acta.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Desde su lugar, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Quiero hacerlo desde la tribuna, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero. Hágalo desde la tribuna entonces, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, siempre es un honor hacer uso de la tribuna y más en un salón pletórico, lleno de atención a quien interviene.

Quiero hacer una precisión al acta, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Al final, en la página 10 de la Gaceta Parlamentaria se hace mención a una intervención de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional, que lamento no esté presente y aludirla en ausencia, pero esa no es mi responsabilidad, donde presentó un punto en relación a que se exhorte a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que resuelva con estricto apego a la ley el conflicto político-administrativo de la delegación Iztapalapa.

Aquí el acta dice que se turnó a la Junta de Coordinación Política, y también dice que desde mi curul intervine en dos ocasiones realizando comentarios con relación al tema. Si dijera que intervine 20 o que no intervine ninguna, o que no dije nada es lo mismo, porque no dice qué fue lo que expresé.

Me parece que el acta debería tener dos precisiones. Primero, que la diputada Gabriela Cuevas, que decía que no había puesto atención a su intervención -le pongo más atención, políticamente hablando, de lo que ella cree-; dijo que lo presentaba a nombre de la Comisión del Distrito Federal. Es un caso singular que, a nombre de la comisión que ella preside, presente un documento para ella misma, para esa comisión; era un sinsentido.

Un diputado del PRI, que no recuerdo quién fue, intervino planteando que correspondía que se turnara a la Junta de Coordinación Política. Ésta es la primer precisión que yo haría: que se mencionara la intervención del diputado del PRI que pidió el turno a la Junta de Coordinación Política; a la que finalmente se envió.

También, quisiera que quedara en el acta mi intervención en el sentido de que hay una doble moral de la diputada Cuevas al plantear una solución a un conflicto en Iztapalapa que ellos generaron al robarle la candidatura a Clara Brugada, y generar una situación de excepción en la elección constitucional. Eso ya se ha querido olvidar.

Pero todo el origen del problema en Iztapalapa es que la candidata a delegada por el PRD era Clara Brugada. Ella ganó la elección interna, estaba a dos semanas el proceso electoral y le retiró el tribunal la candidatura, por intervención del gobierno usurpador; y no sólo hizo eso, sino que dejó su nombre en la boleta diciendo "PRD Clara Brugada", cuando en realidad se votaba por la esposa de René Arce, Silvia Oliva, quien fue impuesta como candidata por el PRD. Eso obligó a una salida, que fue la de llamar a votar por el candidato del Partido del Trabajo.

Yo hice un reclamo en la intervención. No fui tan explícito porque no se me dio la palabra para intervenir en el debate, pero sí quisiera que quedara en el acta la esencia de lo que plantee desde mi curul y que se hiciera la precisión de que el diputado del PRI pidió que fuera turnada a la Junta de Coordinación Política, porque, insisto, se estaba turnando a sí misma, a la presidenta de la Comisión del Distrito Federal; una propuesta presentada por la Comisión del Distrito Federal, lo cual era un poco ridículo. Muchas gracias, diputado presidente; diputados y diputadas.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. Lo que ha señalado ahora en la tribuna quedará consignado en el acta de esta sesión que se presentará en la próxima, porque, en términos de lo dispuesto en el artículo 25, numeral 2, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el acta debe realizarse considerando una relación sucinta, ordenada y clara de lo que se trata y resuelve en las sesiones; y ése es el contenido del acta.

La revisión puntual de lo que cada uno de los integrantes de esta asamblea señala durante el desarrollo de la sesión se consigna, no en el acta, sino en la versión estenográfica.

Pero en cualquier caso, lo que usted ha señalado hoy deberá formar parte del acta de esta sesión, que se presente a consideración de esta soberanía en la próxima sesión. Continúe la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Está sobre el juego, diputado presidente, no es una perfección. Yo pediría, de cualquier manera, dos modificaciones muy puntuales al acta con el sentido que usted plantea, el acta que está a discusión en este momento.

Quién fue el diputado del PRI que pidió que no se turnará a la Comisión del Distrito Federal, sino a la Junta de Coordinación Política, porque era la propia Comisión del Distrito Federal la que estaba presentando a través de su presidenta el punto de acuerdo.

La segunda precisión, que de igual manera fuera muy sencillita, la mención a mi intervención, pero que fuera sencillita. No que dijera que intervine y que no dijera nada de lo que dije.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Tome nota la Secretaría de las precisiones del diputado Fernández Noroña. Continúe la Secretaría.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Omar Fayad ¿con qué objeto?

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Con el objeto de aclarar, que yo soy el diputado priísta que alude el compañero Noroña. Yo pedí el turno a la Junta de Coordinación Política y no a la Comisión del Distrito Federal, porque el punto de acuerdo que leyó la compañera Gabriela Cuevas, no es personal, es un punto de acuerdo que propuso la Comisión del Distrito Federal y fue votada por todos los diputados que integraban dicha comisión.

Luego entonces, podría ser de obvia o urgente resolución o podía vincularse a la Junta de Coordinación Política. Y yo pedí que se turnara a la Junta de Coordinación Política. Nada más era para aclarar, y a toda la asamblea, que no haya confusión al respecto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Fayad. En esos términos se consignará. Muchas gracias. Continúe la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: A ver, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Muy puntual, y perdón, diputado presidente.

Yo le ofrezco una disculpa al diputado Fayad, porque efectivamente fue él el que hizo la intervención, y es una descortesía de mi parte; pero no recordaba yo quien lo había hecho, diputado Fayad, le ofrezco una disculpa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Están hechas sus aclaraciones. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada el acta.

Pasamos al capítulo de Comunicaciones. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social con el que remite el informe correspondiente al tercer trimestre de 2009 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del mismo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Agréguese al expediente y archívese como asunto totalmente concluido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 7 y adiciona dos párrafos al artículo 2 de la Ley General de Educación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Agréguese al expediente y archívese como asunto totalmente concluido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores en relación con la minuta proyecto de decreto que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Agréguese al expediente y archívese como asunto totalmente concluido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: De enterado. Agréguese al expediente y archívese como asunto totalmente concluido.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley del Banco de México; una fracción VII al artículo 2 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y un Título Octavo, denominado de las remesas familiares a la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por los Senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, para los efectos del apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, para los efectos del apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para los efectos del apartado D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Economía.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Turismo, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, asignen una partida presupuestal a la Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, con el fin de dotar de los recursos económicos suficientes para seguir impulsando el crecimiento y desarrollo del sector turístico nacional.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Oficio de la Cámara de Senadores con el remite minuta proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Economía.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Otro oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 81, 83 y 271; y adiciona un Capítulo Noveno Bis al Título Decimosegundo de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 5o; y adiciona una fracción VIII al artículo 3o; y un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley de Asociaciones Agrícolas, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Pasamos al capítulo de iniciativas.

Esta Presidencia recibió del de la voz, diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Esta Presidencia recibió de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44, 45 y 47 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se informa también que esta Presidencia recibió del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana.

Esta Presidencia recibió, además, de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió de la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 163 y 164 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene ahora la palabra el diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Adelante, diputado González Ilescas.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Las telecomunicaciones, como instrumento vigente para llegar al conocimiento y los medios de comunicación a todas las esferas socioeconómicas del país, requieren que el Estado mexicano establezca obligaciones claras para los concesionarios, de manera que toda la población, sin distingo de su condición social o económica, pueda tener acceso a los servicios de telecomunicaciones en igualdad de condiciones.

En las concesiones que se otorguen a los operadores de telecomunicaciones debe estipularse en sus respectivos títulos de concesión que éste, el concesionario, debe coadyuvar con el gobierno federal en la prestación de servicios de carácter social y rural durante la vigencia de la concesión.

Los beneficios de la inversión extranjera no deben quedarse sólo en las altas esferas sociales o sólo en las más rentables. Debe, por supuesto, buscar una rentabilidad razonable que haga atractiva su estancia en el país. Pero también es justo que contribuyan a atender con sus servicios y productos a las zonas marginadas de México, de manera que colabore con el abatimiento del rezago económico y social de dichos estratos poblacionales. Éste es el espíritu y orientación social del que carece actualmente tanto la Ley de Inversión Extranjera, como la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Actualmente, el ámbito de operación de la mayoría de las empresas de telecomunicaciones en México se ha concentrado en los segmentos de mayor rentabilidad, quedando excluidos de los beneficios de la competencia al menos 9 millones de hogares de los estratos económicos medios y bajos que cuentan, en el mejor de los casos, con servicios de telefonía fija y que no pueden optar por ningún otro prestador.

Para tal efecto, compañeras diputadas y compañeros diputados, propongo que las empresas con inversión extranjera superior a 49 por ciento, interesadas en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, deberán presentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la solicitud correspondiente, un apartado específico en el que se comprometan a llevar a cabo un programa de cobertura y conectividad social y rural, que conforme a los criterios que previamente emita dicha secretaría, resulte adecuado a juicio de la misma, y comprenda su implementación en un periodo máximo de dos años.

En su caso, una vez otorgada la concesión, dicho programa tendrá el carácter de obligatorio para el concesionario, el cual deberá presentarse 360 días naturales antes de que termine el programa vigente.

Con estas disposiciones, la iniciativa que propongo persigue:

a) Asegurar que el consumidor obtenga la posibilidad por optar por más de un proveedor.

b) Eliminar los mercados discriminados.

c) Evitar que existan condiciones de excepción y que exista la disponibilidad de más productos-objeto y oferentes para que el consumidor acceda a ellos.

d) Obligar a todos los concesionarios a participar en igualdad de circunstancias y equidad en los servicios, y con esto promover una sana competencia.

e) Masificar la telefonía, la banda ancha y la televisión restringida, permitiendo su acceso a todas las zonas del país.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo 1. Se adicione un artículo B y se recorra la numeración de los incisos subsecuentes de la fracción I, del artículo 16. Se adiciona un artículo 24 Bis y se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:

Artículo 16: "Las bases de licitación pública incluirán como mínimo: primero, los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación entre los que se incluirán

a).- "Los programas y compromisos de inversión, de cobertura y de calidad de los servicios que pretendan prestar, y

b).- "Las comunidades y las poblaciones de escasos recursos del medio rural y urbano que estarán comprendidas dentro de la zona geográfica a ser cubierta por las bandas de frecuencia, objeto de la concesión".

Artículo 24 Bis. "En el caso de las empresas con inversión extranjera superior a 49 por ciento que sean autorizadas en los términos de la Ley de Inversión Extranjera, que estén interesados en obtener una concesión para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, además de los requisitos previstos en el artículo 24 de esta ley, como parte de su solicitud deberán de presentar, a satisfacción de la secretaría, un apartado específico en el que se comprometan a llevar un programa de cobertura y conectividad social y rural".

Por obvio de tiempo, compañeras diputadas, compañeros diputados, señor presidente, agradeceré se inserte íntegramente este documento en el Diario de los Debates y que nos permita con esto poder atender un reclamo de muchas comunidades que en el mejor de los casos es que se les preste un servicio, pero que desgraciadamente por cobertura de mercado, solamente se da donde hay rentabilidad económica.

Con esta iniciativa pretendemos subsanar esa deficiencia que a nuestro juicio es muy importante. Muchas gracias, es todo.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado González Ilescas. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

Se informa a la asamblea que nos visitan invitados especiales, vecinos de la Colonia Plan de Ayala, de Naucalpan de Juárez, en el estado de México, invitados del diputado Sergio Mancilla Zayas.

También tenemos la visita de invitados de la Colonia Cerro Prieto, de la Delegación Gustavo A. Madero, que son invitados del diputado Roberto Rebollo Vivero.

Y finalmente damos la más cordial bienvenida a niñas y niños del Séptimo Parlamento de los Niños y las Niñas, que vienen de León, Guanajuato, y que son invitados de la diputad Lucila del Carmen Gallegos Camarena. Bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde: Con su venia, diputado presidente. En mi carácter de diputado federal por el V distrito electoral del estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto para reformar el artículo 115 constitucional al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Nuestro marco constitucional establece potestades tributarias a la federación y a las entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, puedan establecer las contribuciones necesarias para sufragar los gastos públicos.

En este sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, las haciendas públicas municipales pueden administrar libremente las contribuciones que las Legislaturas locales establezcan a su favor.

No obstante la importancia que estos ingresos revisten para la prestación del servicio, el esquema de cobro de derechos con base en el consumo de energía eléctrica ha generado diversas controversias constitucionales, respecto de las cuales nuestro máximo tribunal ha considerado en su jurisprudencia la invasión por parte de las entidades federativas de la esfera de facultades exclusivas de la federación.

Con base en dicha jurisprudencia, los municipios se han visto obligados a disminuir sus ingresos por concepto de derechos de manera muy significativa, sobre todo en los casos específicos en que el Poder Judicial ha concedido el amparo y protección de la justicia federal, ordenando no sólo la improcedencia del cobro, sino la restitución de los pagos que el quejoso haya realizado con anterioridad, lo que de entrada origina que las administraciones municipales dejen de percibir ingresos y desembolsen, además del patrimonio, la restitución de los pagos, en perjuicio de las obras públicas que se realizan a favor de los habitantes de los diversos municipios.

Este escenario nos obliga a ser sensibles y solidarios con los gobiernos municipales, estableciendo medidas legales y financieras que contribuyan a fortalecer sus finanzas y así impedir que la falta de recursos repercuta en las obras y servicios públicos fundamentales para la ciudadanía que se prestan desde el ámbito municipal.

Aun cuando las Legislaturas de los diversos estados han establecido fórmulas legales para que los ayuntamientos puedan realizar, con apego a la legalidad, el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, han sido consideradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en todos los casos se ha considerado que el cobro más que un derecho constituye un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica y que este tributo es competencia exclusiva de la federación, en los términos que dispone el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a) de la Constitución federal.

En este orden de ideas resulta urgente e indispensable, compañeros diputados, que nos aboquemos a modificar el marco constitucional para establecer expresamente que las haciendas públicas municipales puedan obtener los ingresos por las contribuciones que las Legislaturas estatales establezcan por la prestación del servicio que brindan, como lo es el alumbrado público.

El fundamento constitucional del principio antes mencionado se encuentra en el artículo 124 de la ley fundamental mexicana, el cual dispone que todas las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.

En efecto, la reforma constitucional que se propone permitirá revestir de validez constitucional a las disposiciones legales que las entidades federativas emiten para que los municipios puedan hacer frente a los gastos públicos que requieren realizar para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta honorable Cámara de Diputados esta iniciativa con el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma el artículo 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. Las Legislaturas de los estados podrán establecer contribuciones a favor de sus municipios por la prestación del servicio de alumbrado público aun cuando para su determinación se utilice como base el consumo de energía eléctrica.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a la Presidencia de esta Cámara que esta iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, diputado Márquez Lizalde. Tal como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se encuentran en el salón cinco personas invitadas por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, los consejeros del Consejo de la Judicatura de Hidalgo, Alberto Severino Jaén Olivas, Ramón Souverbille González, así como los licenciados Héctor Cruz Olguín, María del Refugio Vizcaya Durán y el maestro Ricardo Castañeda Rivera. Todos ellos sean bienvenidos. Están aquí, repito, a invitación de la diputada Alma Carolina Viggiano, quien precisamente tiene el uso de la palabra. Se le concede para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia.

Adelante diputada Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Con su permiso, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados; amables personalidades con gran interés en este tema que hoy visitan este recinto legislativo.

De no atenderse la profunda crisis de seguridad que vive nuestro país pondrá en severo riesgo la viabilidad política y social del Estado mexicano. Esta situación demanda de quienes ostentamos la representación popular, compromisos claros y contundentes. Plantear alternativas de solución en un contexto de restricción económica hace indispensable la construcción de propuestas que se enfoquen realmente a eliminar las causas de los problemas sociales, considerar los requerimientos presupuestarios y coordinar los esfuerzos institucionales.

Por ello, estimadas compañeras y estimados compañeros, esta iniciativa ha sido pensada sobre tres grandes premisas: primero, justificar plenamente para qué sirve una ley de este tipo; segundo, definir el cómo vamos a abordar el tema de la delincuencia; y tercero, identificar con qué recursos y apoyos...

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame, por favor, diputada. Ruego atentamente a las señoras diputadas y a los señores diputados otorgar la atención correspondiente a la diputada que está presentando una iniciativa. Atentamente lo solicitamos. Adelante, diputada. Una disculpa.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señor presidente. Segundo, definir cómo vamos a abordar el problema de la delincuencia; y tercero, identificar con qué recursos y apoyos institucionales vamos a construir esta política de Estado.

De manera general, me voy a referir a cada una de ellas. Qué mejor justificación que responder con responsabilidad y con visión de Estado a la demanda ciudadana que reclama recuperar la paz y la seguridad.

Anualmente se registran alrededor de 12 millones de delitos. Tomando en cuenta que se denuncian, en promedio, 1 de cada 5 delitos y sólo el 15 por ciento de éstos se registran en la estadística oficial. No se denuncian principalmente porque la gente no tiene confianza en sus instituciones y la percepción de inseguridad va en aumento.

El 65 por ciento de la población se siente insegura; la ciudadanía percibe que las medidas de los gobiernos para hacer frente a la delincuencia no están funcionando o no son suficientes. Estos hechos le imponen un gran reto a la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia para restablecer la paz, la seguridad y frenar la escalada de violencia que se vive en el país.

La experiencia de otros países nos dice que es posible revertir los índices de criminalidad, violencia y victimización. Esta iniciativa responde a las recomendaciones hechas a México por la Organización Mundial de la Salud. Por el Consejo de la Unión Europea y por el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.

Y propone fortalecer la política nacional de seguridad pública. Reconocer a la prevención social de la delincuencia como factor de desarrollo. Y lo más importante, promueve la participación social y la corresponsabilidad ciudadana.

Por eso debemos ser francos ante la sociedad y debemos decirle de frente cómo pensamos abordar el problema de la delincuencia.

La respuesta que ofrece esta iniciativa es un cambio de paradigma en la política de seguridad pública. Plantea asumir la prevención social de la delincuencia como una política de Estado que integre programas, estrategias y acciones para detener y reducir el riesgo de que se produzcan delitos e infracciones, incluso administrativas.

Esta iniciativa plantea que el Estado en sus distintos niveles de gobierno desarrolle políticas integrales y las vincule a las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país.

Esta iniciativa integra a todas las instituciones que desempeñan funciones de coadyuvancia en la prevención social a través de la creación de un consejo y un centro nacional para la prevención social de la delincuencia. Ahí se integra al Centro Nacional para la Prevención del Delito, que ya forma parte del actual esquema del sistema nacional de seguridad pública para darle integralidad a los esfuerzos institucionales, y un tratamiento multidisciplinario e interinstitucional, con un enfoque social, comunitario, situacional y victimológico.

La idea es no crear más burocracia y mucho menos duplicar funciones. Por el contrario, se retoman las facultades de cada dependencia y organismo para orientarlas hacia un mismo fin.

Todos caben en este esfuerzo. No es una iniciativa apartada de los grandes objetivos de la política de desarrollo nacional. ¿Con qué recursos y apoyos institucionales se va a construir esta política de prevención social de la delincuencia?

Para este 2009 el programa de Prevención del Delito sumó más de 17 mil millones de pesos para 2010. Se ha considerado una cantidad similar. Esto se traduce en un promedio del orden de punto 57 por ciento, con respecto al total del Presupuesto de Egresos de la Federación, monto que está muy por debajo de las recomendaciones internacionales que sugieren un 5 por ciento.

Sin embargo, un ejercicio preliminar de los servicios de investigación de análisis de esta Cámara de Diputados revela que hay más de 20 dependencias y más de 100 programas con recursos federales que tienen incidencia directa e indirecta en materia de prevención de la delincuencia. Y, considerando que los estados, municipios y organizaciones civiles invierten en materia de seguridad pública podemos inferir que estamos cerca del porcentaje internacionalmente recomendado.

Esto quiere decir que los programas existen, que los recursos están ahí, pero no han impactado de manera positiva a la población porque están dispersos, porque eso requiere un ordenamiento que les dé integralidad, que ayude a optimizar recursos y maximizar sus logros.

Por ello esta iniciativa se suma al sistema de planeación nacional para vincular estrategias, líneas de acción y metas. Asimismo, compromete a las dependencias a generar un sistema nacional de evaluación para consolidar una genuina política pública de prevención social de la delincuencia con base en resultados.

Señoras diputadas y señores diputados, en muchas ocasiones hemos venido aquí a decirles a los mexicanos cuáles son los problemas del país. Sin embargo, nos ha faltado decirles cómo le vamos a hacer para resolverlos.

Hoy tenemos la posibilidad histórica de entrarle al problema con una propuesta de peso y de fondo. Tenemos la posibilidad de contar con un ordenamiento en el corto, mediano y largo plazo, que sea ejemplo internacional de cómo lograr la tranquilidad necesaria para las familias, de cómo darle certidumbre suficiente a la inversión y con ello, refrendar la legitimidad de nuestras instituciones.

Por todo lo anterior, señor presidente, señores diputados, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que contiene la Ley General para la Prevención Social de la Delincuencia y atendiendo a la amplitud de su contenido solicito sea publicada de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Asimismo solicito que esta iniciativa sea turnada para la emisión del dictamen correspondiente a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Viggiano Austria. Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado, tiene la palabra.

El diputado Omar Fayad Meneses (desde la curul): Gracias, presidente, para solicitar a la diputada si me permite adherirme a su iniciativa.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (desde la curul): Acepto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado la diputada Carolina Viggiano y por lo tanto, la iniciativa está a disposición de las diputadas y diputados que deseen suscribirla, con la autorización de la diputada iniciante. La Secretaría está a disposición de quienes deseen suscribirla.

Tiene ahora la palabra el diputado Elpidio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame un segundo, diputado, por favor. Sonido en la curul del diputado Arturo Zamora. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): Señor presidente, solamente para solicitarle la rectificación al turno de la iniciativa que presenta la diputada Carolina Viggiano, en virtud de que ella solicitó que se turnara a la Comisión de Gobernación con opinión de otras dos comisiones, sin embargo usted, al turnarla, la está enviando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Le solicito que se rectifique para que se envíe a la Comisión de Gobernación.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La Mesa Directiva dispuso el turno que esta Presidencia ha anunciado, diputado Zamora, pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, si usted presenta una solicitud formal de rectificación de turno a la Mesa Directiva, en la sesión del próximo martes podríamos verlo en la Mesa Directiva, para que el órgano colegiado, que es el que decide, se pronuncie sobre el particular. Estaríamos atentos a recibir la propuesta que usted formula. Muchas gracias. Continúe por favor, diputado Elpidio Concha.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano: Con su venia, señor presidente. Los programas de desarrollo social del gobierno federal forman parte del conjunto de políticas públicas dirigidas a atender los enormes rezagos que padecen millones de mexicanos.

Considerando el derecho de toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad, a recibir apoyos tendientes a disminuir sus desventajas, éstos en todo momento deberán sujetarse a los principios y lineamientos de la Ley de Desarrollo Social.

Esta ley mandata en términos generales, la integración del padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, sin especificar dicha información que no puede ser desviada a otros fines distintos a su objetivo.

El gobierno federal, apoyado en el padrón de beneficiarios, ha sesgado su tarea de informar como lo establece la ley, para emprender una costosa campaña de propaganda política dirigida principalmente a los ciudadanos beneficiarios de los programas de desarrollo social.

Para ello, ha utilizado el nombre de éstos, sus números de registro del padrón y los programas en los que están inscritos. Los mensajes que se envían a los beneficiarios desvirtúan el sentido social de transparencia en el servicio público. Son incompatibles con los principios y criterios de objetividad y certeza del contenido, naturaleza y beneficios de los programas sociales. Son una evidente flagrancia de persuasión política como se vienen realizando.

Previendo que en el padrón de beneficiarios los programas de desarrollo social, dada su estructura y contenido informativo, se sigan utilizando para fines distintos a los señalados en la misma norma, es necesario dejar plenamente establecido en la Ley de Desarrollo Social la prohibición que deben tener las autoridades gubernamentales para seguir haciendo uso de este instrumento en la realización de cualquier tipo de propaganda ajena al contenido de la política de desarrollo social del país.

Por esta razón proponemos a esta soberanía una iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo único. Se adiciona con un párrafo segundo el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 27...

El padrón que refiere el párrafo anterior no debe ser utilizado con una finalidad u objeto diferente al señalado en esta ley. La información que se haga llegar a los beneficiarios inscritos en el padrón estará relacionada directamente con los aspectos específicos de los bienes y servicios que prestan los programas de desarrollo social, y sobre las modificaciones que se presenten en las reglas de operación de los programas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Concha Arellano. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Francisco Saracho Navarro, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Germán Contreras García (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Antes de darle el uso de la voz al diputado Saracho Navarro para presentar la iniciativa que he referido, pregunto al diputado Contreras con qué objeto.

El diputado Germán Contreras García (desde la curul): Solamente para preguntar al diputado proponente si me permite suscribir la iniciativa presentada.

El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): Con mucho gusto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: El diputado Elpidio Concha ha aceptado la suscripción de la iniciativa, por tanto, diputado, puede usted pasar a suscribirla. Una disculpa, diputado Francisco Saracho. Por favor, tiene usted el uso de la tribuna.

El diputado Francisco Saracho Navarro: Para entender la propuesta que obra en la presente iniciativa de ley es importante destacar que los diputados que la suscribimos somos firmes impulsores del régimen federal, con el connotado jurista coahuilense Miguel Ramos Arizpe, lo que implica que nuestra visión como legisladores no se limita al estado en que fuimos electos, sino también se extiende a atender cualquier problemática que se advierta en el ámbito nacional.

El federalismo no sólo debe entenderse como la tradicional idea de distribución o delimitación de competencias en dos ámbitos primordiales, sino como el reflejo de esa realidad que incide en la disolución de las divisiones político-territoriales en un entorno en que las políticas inclusive se tornan imprescindibles para proporcionar las condiciones óptimas de la gobernabilidad, lo que conlleva a que en la deliberación y propuestas de mayor impacto en el país no quede ningún parecer o voz excluidos.

Éste es el significado que de la renovación de la idea federalista surge como sustento de la presente iniciativa, con lo que se aviva el respeto a la voluntad política de la totalidad de las entidades federativas.

Las sucesivas reformas a la organización política del Distrito Federal han significado enormes avances en su democratización. Sin embargo, resta incorporar de manera plena a dicha entidad en los procesos de creación y discusión de las leyes de mayor trascendencia en el país, con lo que fortalecería de manera significativa el principio del federalismo, que es uno de los ejes rectores de la vida política del país.

Adicionalmente, a través de los representantes de la Asamblea local del Distrito Federal se llevaría la voz de un gran número de ciudadanos que actualmente no cuentan con los medios para que dichos representantes puedan plantear sus necesidades específicas ni su parecer en las decisiones fundamentales que quedan plasmadas en las leyes de mayor jerarquía.

La aspiración central de esta reforma es lograr que una de las principales entidades federativas, cuya autonomía en su gobierno interior se ha ido consolidando, sea provista de los instrumentos que son imprescindibles para inmiscuirla en el constante replanteamiento de las instituciones y programas prioritarios de la nación.

Entonces, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe contar con la facultad de iniciativa de reforma a la Constitución federal y la de aprobar los proyectos para su reforma, tal como corresponde a las llamadas legislaturas locales del sistema federal mexicano. En este mismo contexto, se debe dotar a la referida asamblea de la facultad de iniciar leyes o reformas a leyes federales.

Como se sabe, el artículo 71 de la Constitución federal determina que el presidente de la República, los miembros del Congreso de la Unión y los Congresos estatales tienen derecho de iniciar leyes federales, de lo que no se justifica la exclusión del órgano legislativo del Distrito Federal en este proceso, si los mencionados Congresos locales, de naturaleza análoga, cuentan con esta atribución, sin ninguna limitante respecto de la leyes que tienen incidencia en el ámbito federal.

Si esta atribución de iniciar leyes la ejercen tanto los integrantes del Congreso como de las legislaturas locales es inexacto sostener que la exclusión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal obedece a que ésta última es un órgano local y no de jerarquía federal o, a la inversa, es federal y no equiparable a los Congresos estatales, lo que solamente evidencia un contrasentido.

La presente reforma propone subsanar la carencia de un precepto expreso, en el que se establezca de manera amplia la facultad del órgano legislativo del Distrito Federal a presentar iniciativa de ley conforme se prevé en el artículo 71 de nuestra Constitución, con lo que se cumpliría el doble propósito de conferirle a la Asamblea la atribución de presentar iniciativa tanto para reformar la ley suprema como las relativas a leyes que tengan repercusión en el ámbito federal.

No es posible que el núcleo humano demográficamente más denso del país no cuente con la debida representatividad política de su población, circunstancia que la coloca en una situación política frente a las demás entidades federativas.

Por lo expuesto a esta soberanía presentamos esta iniciativa de ley para reformar el artículo 71 y darle el derecho de iniciar leyes a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; así como reformas al artículo 122 constitucional y también en el 135 para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal forme parte del Constituyente Permanente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Saracho. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sonido en la curul del diputado Jaime Cárdenas. ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Para preguntarle al diputado Francisco Saracho Navarro, si me permite adherirme a su iniciativa, por la gran trascendencia que tiene para los habitantes del Distrito Federal.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Cárdenas. Le consulto al diputado Saracho si está de acuerdo.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde curul): Sí.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí el diputado Saracho, diputado Cárdenas, y los demás diputados y diputadas que deseen suscribir la iniciativa pueden pasar a la Secretaría para hacerlo, contando ya con la anuencia del diputado iniciante.

Tiene la palabra ahora la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Adelante, diputada Díaz Salazar.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, señor presidente. Estimados diputados, el derecho a la protección de la salud a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica no sólo el acceso a los servicios de atención médica, sino que también incluye la protección de la sociedad contra riesgos a la salud que pueden ser ocasionados por el uso, entre otros, de medicamentos que carecen de seguridad, calidad y eficacia en su elaboración o fabricación.

Quisiera comentarles que hemos escuchado en los últimos días la falsificación de vacunas o de medicamentos. Son temas mucho muy delicados como lo es la adulteración de bebidas embriagantes.

El titular de la Copefris ?y pongo este ejemplo?, informó que ante la llegada a México de la vacuna contra la influenza AH1N1 se tienen reportes de médicos particulares que tratan de defraudar al público señalando que cuentan con la vacuna contra la influenza AH1N1, lo cual es falso.

La Ley General de Salud, en su artículo 221, fracción I, primera parte, define como medicamentos a toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio que se presente en forma farmacéuticas y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.

Por disposición expresa del artículo 230 de la Ley General de Salud, los productos de origen biológico requieren de control interno en un laboratorio de la planta productora y del control externo en laboratorios de la Secretaría de Salud.

Por otra parte, el artículo 206 contiene las hipótesis legales para considerar adulterado un producto. Primero, su naturaleza y composición no correspondan a aquellos con que se etiquete, anuncie, expenda, suministren, o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización; o segundo, haya sufrido un tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas.

El artículo 207 de la legislación sanitaria señala que se considera contaminado el producto o materia prima que contenga microorganismos, hormonas, bacteriostáticos, plaguicidas, particular radioactivas, materia extraña, así como cualquier otra sustancia en actividades que rebasen los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Salud.

Finalmente, el artículo 208-Bis contiene el tipo penal para la falsificación de un producto.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, prevé en su artículo 2o. el sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría.

Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

Primero. Sistema de especialización.

a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales.

Por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al inciso c), fracción I, del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 1. Se adiciona un párrafo segundo al inciso c), fracción I, del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, para quedar como sigue:

Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

Sistema de especialización.

a)?

b)?

c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezca las disposiciones aplicables.

La unidad especializada de investigación de delitos relacionados con insumos para la salud y productos de origen biológico o sustancias análogas, semisintéticas, tendrán las atribuciones y estructura que se establece en el reglamento de esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 días hábiles, el Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones que sean necesarias para prever, en el Reglamento Interior de la Procuraduría General de la República, la creación, funcionamiento y bases de organización de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Relacionados con Insumos para la Salud y Productos de Origen Biológico o Sustancias Análogas Semisintéticas, atendiendo a las bases del sistema de especialización previstas en la fracción I del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Cristina Díaz. Túrnese a la Comisión de Justicia.

Sonido en la curul del diputado Humberto Benítez Treviño. ¿Con qué objeto, diputado Benítez?

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (desde la curul): Para subrayar la importancia de la iniciativa que se acaba de presentar. Siento la necesidad de crear una unidad especializada que atienda lo relacionado con insumos para la salud, y aquellas sustancias biológicas que tanto dañan a las poblaciones del campo; para rogarle, señor presidente, que me permita suscribir esta iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulto a la diputada Cristina Díaz si da su anuencia.

La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con gusto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Benítez, ha aceptado la diputada Cristina Díaz la suscripción de la iniciativa; por tanto, el documento está a su disposición en la Secretaría.

Se informa que se encuentran en el recinto vecinos del municipio de Ecatepec, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez.

También están presentes alumnos de la escuela Benito Juárez, de Tlalnepantla de Baz, estado de México, quienes son invitados del diputado Francisco Landero Gutiérrez. Sean todos ustedes bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora la palabra la diputada Hilda Esthela Flores Escalera, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que suscriben la propia diputada Hilda Flores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene usted el uso de la tribuna, diputada Flores.

La diputada Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros.

Los diputados federales priistas, de Coahuila, en voz de su servidora, y de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 6o. y una fracción XIX al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, bajo la siguiente

Exposición de motivos

Según el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, una persona con discapacidad es aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de 6 meses que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considere normal para un ser humano.

La Organización de las Naciones Unidas estima que más de 500 millones de personas en el mundo tiene algún impedimento físico, mental o sensorial, y alrededor de 80 por ciento de estas personas viven en los países en desarrollo y constituyen la minoría más numerosa y más desfavorecida del mundo.

Actualmente en México se desconoce el número exacto de personas con discapacidad ya que el antecedente más cercano que tenemos son las cifras que arrojó el Censo General de Población y Vivienda de 2000, el cual registraba que las personas que tienen algún tipo de discapacidad equivalían a un millón 795 mil, lo que representaba 1.8 por ciento de la población total.

Pero un dato aún más severo fue el resultado de la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, elaborado en 2003 por la Secretaría de Salud, la cual indicó que el número aproximado de personas con discapacidad equivale al 9 por ciento de la población total del país.

Tenemos un gran compromiso hacia las personas con discapacidad y nuestro país ha sido uno de los principales impulsores y promotores de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primero al firmarlo y posteriormente al ratificar este tratado internacional.

La Convención, en su artículo 31, Recopilación de datos y estadísticas, establece lo siguiente: Los Estados parte recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente Convención.

Por otra parte, el objeto de la Ley General de las Personas con Discapacidad es establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

No contamos con un registro nacional actual que nos permita identificar a la población que hoy en día sufre o padece de alguna discapacidad. En casi 10 años de la última información es innegable considerar que hay miles de casos nuevos y que penosamente, lejos de cumplir con lo establecido en la ley que protege a este grupo de la población tan vulnerable, las personas con discapacidad se ven desprotegidas por la carencia de políticas de Estado encaminadas a realmente protegerlas.

No es posible trazar o establecer programas en beneficio de los discapacitados si se carece de información que permita reflejar la realidad que viven y a la que se enfrentan.

Es por lo anterior que la presente iniciativa tiene por objeto que entre las facultades del Ejecutivo, en materia de la Ley General para Personas con Discapacidad, se encuentre la de establecer un registro nacional de información de población con discapacidad, utilizando la estructura del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y que sea el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad quien utilice los resultados para difundirlos entre las dependencias y organismos de los diferentes órdenes y ámbitos de gobierno con el objetivo de que esta información sea utilizada para establecer programas enfocados hacia las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Artículo Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 6o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 6o. Son facultades del Ejecutivo federal en materia de esta ley las siguientes:

VI. Establecer un registro nacional de información de población con discapacidad.

Articulo Segundo. Se adiciona una fracción XIX al artículo 30 de la Ley General de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 30. El consejo tendrá las siguientes atribuciones:

XIX. Difundir, promover y publicar los resultados de la información generada por el Registro Nacional de Información de Población con Discapacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de diciembre de 2009. Muchas gracias, señor residente y le suplico sea tan amable de incluir íntegro el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputada Hilda Flores. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Sonido en la curul del diputado Emilio Serrano. ¿Con qué objeto, diputado Serrano?

El diputado Emilio Serrano Jiménez: (desde la curul): Si es tan amable de preguntar a la diputada si me permite suscribirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Hilda Flores, ¿acepta la suscripción de la iniciativa por parte del diputado Serrano? Ha dicho que sí la diputada Flores y por tanto, diputado Serrano y las diputadas y diputados que deseen hacerlo pueden pasar a la Secretaría a suscribir el documento.

Tiene ahora la palabra el diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Adelante, diputado Orduño.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdéz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

La extracción de materiales pétreos en exceso, sin consideración hacia las consecuencias que esto trae al medio ambiente y al estado de nuestros recursos merma en un contexto ecológico.

La arena es un recurso no renovable y uno de los materiales pétreos más valiosos. El incremento en la demanda en Estados Unidos, a consecuencia de medidas más estrictas y prohibitivas para su explotación en el territorio estadounidense, han hecho que la arena se sobreexplote.

Este incremento de demanda ha ocasionado que en el caso de Baja California, la arena en los cauces de los arroyos comience a disminuir en cantidades considerables, ocasionando conflictos en el ecosistema por su papel fundamental en los corredores biológicos y la estabilización de las áreas hidráulicas de los cauces, poniendo en peligro los mantos acuíferos y los arroyos, además de provocar la erosión de las riberas y la destrucción de su hábitat.

Tales consecuencias al medio ambiente contribuyen de manera directa en la pérdida de la capacidad de almacenamiento del flujo de agua subterránea y la disminución en la recarga de los acuíferos, que en un ambiente semidesértico requieren de la arena para impedir la evaporación del agua de lluvia.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, cerca de 50 por ciento de la extracción de arena en México se realiza en Baja California y también ocurren en otros estados del país, como es el caso de Coahuila y Chihuahua y tal es el caso de Cozumel, Quintana Roo, donde el 26 de octubre 2009, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa concedió la medida cautelar definitiva que paraliza la extracción de arena en el banco marino de Punta Norte.

Las decisiones donde se extraen materiales pétreos requieren de un estudio medio ambiental, que evidencie la condición física y biológica del lugar.

Es de vital importancia, que al momento de expedir las constancias se tome en cuenta las condiciones hidrológicas de las cuencas y la integridad de los cauces, así como mecanismos de vigilancia que permitan conocer en todo momento el avance de la obra y cuantificar los espesores en los bancos de material de explotación.

En virtud de lo expuesto y fundado, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se modifica el artículo 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 113 Bis. ...

Será obligatorio contar con una concesión y autorización de la evaluación del impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el aprovechamiento de los materiales referidos. Los permisos que se expidan tendrán carácter provisional previo a la expedición del título, y deberán ser canjeados por títulos de concesión respectivos. Estos últimos serán expedidos por "la autoridad del agua" en un plazo que no excederá de 60 días a partir de la solicitud, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos.

La autoridad del agua deberá contar con un estudio de impacto ambiental de referencia, realizado como máximo cada 4 años, donde se evalúe la condición física y biológica del lugar donde se extraerán y se explotarán los materiales pétreos. Se establezcan las condiciones hidrológicas de las cuencas y la integridad de los cauces que se verán afectados; los volúmenes de materiales pétreos extraídos en los últimos 10 años, así como la factibilidad de continuar con la explotación de los materiales pétreos en la zona.

La autoridad del agua vigilará la explotación de dichos materiales y realizará al menos dos revisiones periódicas anuales de la vigencia y cumplimiento de las concesiones y de los permisos con carácter provisional otorgados a las personas físicas y morales, con carácter público o privado.

Son causas de revocación, ya sea del permiso con carácter provisional o de la concesión, las siguientes:

Las personas físicas y morales que aprovechen o exploten de manera no autorizada los materiales pétreos a que hace referencia la fracción XXXVII del artículo 2o. de esta ley perderán cualquier derecho a solicitar nuevamente el permiso provisional y/o concesión al realizar dicha actividad, sin menoscabo de la aplicación de otras sanciones administrativas y penales que pudieran proceder conforme a la reglamentación que se expida al respecto.

Al extinguirse los títulos por término de la concesión o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberán ser removidas en un plazo no mayor de 30 días, sin perjuicio de que la autoridad del agua las considere de utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán a su favor.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizará las adecuaciones al Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y demás legislación pertinente que resulten necesarias a la entrada en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de diciembre de 2009.

Señor presidente, solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted diputado Orduño Valdez. Tal como lo solicita, por ser procedente, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se informa a la asamblea que nos visitan alumnos del Centro Universitario Interamericano, de Ecatepec de Morelos, estado de México, quienes son invitados de la diputada Lizbeth García Coronado.

También nos acompañan alumnos de la escuela secundaria técnica 21, Doctor Jorge Jiménez Cantú, de Juchitepec, estado de México, invitados del diputado Eduardo Yáñez Montaño. Bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado don Juventino Víctor Castro y Castro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 y deroga el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Castro y Castro hará la presentación de la iniciativa desde su curul. Solicito al personal de apoyo que presten al diputado don Juventino Castro y Castro las atenciones que requiere.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con su venia. Señoras diputadas y señores diputados de esta Cámara.

El que les habla -encabezando a un grupo numeroso de diputados del Partido de la Revolución Democrática, y de al menos alguno de Convergencia y del Partido del Trabajo- presenta, con apoyo en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 y deroga el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta iniciativa en el fondo pretende rescatar los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal que frente a los que pertenecen a los estados de la federación ven mermadas sus facultades de actuar plenamente como ciudadano mexicano.

Está presidida la iniciativa de una exposición de motivos que, siendo larga y teniendo el temor de que no se tenga la posibilidad de concluirla, voy a resumirla, no sin pedirle de antemano al señor presidente que se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates.

Insisto, es en beneficio de la ciudadanía del Distrito Federal y no de alguna institución de cualquier tipo.

Desde los comienzos de nuestra vida independiente, siempre, por una razón jamás explicada, los ciudadanos pertenecientes al Distrito Federal, por el hecho de ser éste cabeza del poder federal, han venido sosteniendo una posición que los agravia.

Yo diría que a tirones se le han logrado quitar algunos de los impedimentos, como por supuesto elegir ya su jefatura de gobierno, como una caricaturesca imitación a los municipios, con motivo de los delegados que ahora se nombran también, pero todo debido a que no tiene una Constitución en la que pueda establecerse, con toda claridad y con todo respeto, los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal.

Esta iniciativa que, repito, tiene su fundamentación en la exposición de motivos, concluye en esta forma:

Artículo único. Se reforma el artículo 44 y se deroga el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 44. El Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión y su capital, la Ciudad de México, será también la de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y expedirá su constitución local en forma soberana e independiente, y tendrá las atribuciones, prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para las demás entidades federativas.

Para el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar se erigirá en el territorio actual el estado del Valle de México, con los límites y extensión que ahora se les reconoce.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se constituya la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal en Congreso Constituyente de la entidad, para el único efecto de que dentro del plazo de un año, a partir de la incorporación de esta reforma constitucional al texto del pacto federal, proyecte, discuta y vote la Constitución Política del Distrito Federal.

Tercero. Hasta en tanto no entre en vigor la nueva Constitución del Distrito Federal, esta entidad se ajustará a las disposiciones constitucionales y reglamentarias actualmente vigentes.

Al agradecer su atención, señor presidente, reitero mi petición de que se publique íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado don Juventino Castro y Castro. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene ahora la palabra el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El grupo parlamentario ha solicitado que se turne directamente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene la palabra, diputado Vázquez González.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Uno de los objetivos fundamentales de la Ley General de Desarrollo Social fue normar la acción del Estado mexicano en el campo de la política social, para asegurar el bienestar de todos los mexicanos.

En consonancia con las disposiciones de esa ley, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone la creación del Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para garantizar el acceso a la alimentación diaria de los mexicanos que menos tienen.

Esta propuesta está sustentada en la realidad que vive la gran mayoría del pueblo mexicano, que se debate entre el desempleo y la miseria extrema. Esta condición social de millones de mexicanos no es producto de su voluntad, es el resultado de un sistema que excluye a la mayoría del disfrute de la riqueza social.

También esto es producto de la crisis económica que padece nuestra nación y de la política neoliberal que se instrumenta desde principios de los años 80 y del siglo pasado, que privilegia a unos cuantos y pone a disposición de ellos todo el poder del Estado para beneficiarlos. Las repercusiones negativas de este sistema y de la política neoliberal, se han traducido en que la gran mayoría de mexicanos viva en una condición de pobreza extrema.

Se estima que en los tres años de gobierno de Calderón, el número de pobres aumentó en 6 millones y el total de mexicanos que viven en esta condición social rebasa los 50 millones de personas. La CEPAL ha señalado que 15 millones de mexicanos viven en condición de indigencia. El disfrute de la riqueza de parte de la mayoría del pueblo ha sido cancelado, porque unos cuantos concentran la gran riqueza nacional.

Conforme a los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto del INEGI, una minoría representada por el 10 por ciento de la población ocupada tiene en su poder casi el 40 por ciento del ingreso del país.

Además el incremento en el precio de los alimentos se ha convertido en un acicate que ha elevado la pobreza y se conjuntó con la caída de las remesas que envían nuestros compatriotas del exterior, que éste era un factor atenuante a este flagelo social.

Tampoco debemos dejar de señalar que hoy se tienen más desempleados que en el pasado reciente. Más de 3 millones de mexicanos se encuentran en esta situación y no tienen ninguna alternativa de ingreso que les permita superar esta grave contingencia social.

Qué no decir del hambre y la desnutrición que aqueja a cientos de miles de niños, mujeres y ancianos que no tienen acceso a la alimentación más elemental. Lo más grave de la situación de pobreza es que el 50 por ciento de los recursos que se destinan a la política social no llegan a los mexicanos más pobres, porque las autoridades locales y federales los desvían, cuestión que reconoce el Consejo Nacional de Evaluación de la política social de nuestro país.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, la propuesta que estamos haciendo de crear un Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos es para responder a una demanda de millones de mexicanos.

No debemos olvidar que en los países nórdicos como Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, el Estado se hace cargo de sus ciudadanos desde que nacen hasta que mueren.

En América Latina solamente Venezuela es un ejemplo de cómo un país capitalista que no le ha tenido miedo a los cambios sociales ?prueba de ello es que desde hace varios años se instrumentó una política social que privilegia a los más necesitados. En cada barrio de esa nación venezolana hay comedores públicos gratuitos. Otro tanto acontece en el Ramo de la Salud, donde cuentan en cada manzana con un centro médico y medicinas gratuitas.

En México, el gobierno de nuestra capital ha instrumentado la creación de comedores públicos que permiten que miles de capitalinos puedan comer sin tener que vivir en la incertidumbre del hambre.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que la política social no resuelve el fondo de los problemas sociales que derivan del actual régimen económico, pero sí es un paliativo para que los excluidos del beneficio material puedan subsistir en mejores condiciones de vida.

Por esa razón, estamos proponiendo crear el Sistema Nacional de Comedores Públicos Gratuitos en nuestro país para garantizar la alimentación a los más pobres, porque un pueblo bien alimentado es un pueblo sano y es más productivo.

Señor presidente, solicito a usted que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea.

A todas mis compañeras diputadas y compañeros diputados, por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado don Pedro Vázquez. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Sánchez de la Fuente, ¿con qué objeto?

El diputado Melchor Sánchez de la Fuente (desde curul): Ver si me permite firmar la iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Pedro Vázquez, ¿está anuente?

El diputado Pedro Vázquez González (desde curul): Sí.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha dicho que sí, diputado, de manera que puede pasar a la Secretaría para hacer la suscripción correspondiente.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta al pleno del registro de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, hasta el momento tenemos una asistencia de 420 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con el capítulo de iniciativas.

Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo escuchamos, diputado del Mazo.

El diputado Gerardo del Mazo Morales: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, nuestro país requiere hoy del mayor de nuestros compromisos. Requiere hoy un compromiso que nos lleve a generar ideas innovadoras en un entorno complicado, en el cual los problemas son innumerables y los recursos son muy limitados.

Es por ello que tomo la palabra para solicitar el apoyo a cada uno de ustedes, y que con ello permitamos invertir en la gente para motivar el crecimiento de los valores educativos, y de esta forma ser más competitivos en lo nacional e internacional.

En todas las economías del mundo el Estado y sus instituciones deben de encargarse de dar contenido y perfil al desarrollo económico y social. En este contexto y observando el pobre desempeño de nuestra economía en los últimos años, es necesario y urgente reformar y reforzar nuestros instrumentos jurídico-económicos, en especial los presupuestales, para posibilitar mayores niveles de crecimiento con estabilidad y equidad.

Nuestro país presenta problemas presupuestales graves, caída de ingresos petroleros, caída en la recaudación de ingresos tributarios, un férreo programa de austeridad presupuestal y una política de recortes presupuestales que a agosto de 2009 sumaron la cantidad de 85 mil millones de pesos.

Este contexto nos obliga, como legisladores, a diseñar y proponer alternativas de política económica, y en especial de política presupuestal que posibiliten fortalecer el ejercicio presupuestal al obligar a los ejecutores del gasto a ejercerlo oportuna y eficientemente.

Ante esto, Nueva Alianza propone blindar el gasto, especialmente en ciencia y tecnología, proponiendo un instrumento de compensación que se activaría cuando se presenten saldos o subejercicios presupuestales, de tal manera que estos se reasignarían a la inversión en este rubro con el fin de fortalecer la formación de capital humano, la ciencia y los procesos de innovación.

Es urgente dar cumplimiento al compromiso planteado en el artículo 25 de la Ley General de Educación y al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que obliga al Estado, federación y entidades federativas a destinar al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.

De no hacerlo y de seguir así, las expectativas económicas de nuestro país seguirán siendo limitadas. Necesitamos un cambio estructural. Un cambio de visión en el presupuesto que supere el corto plazo, de lo contrario México seguiría reportando un desarrollo insuficiente de capital humano, innovación e infraestructura.

Nueva Alianza reconoce como urgentes y necesarios los cambios propuestos, con fin de posibilitar el crecimiento económico, disminuir inequidades, y propiciando igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

El instrumento fundamental para lograrlo, entre otros, es el presupuesto. No dejemos pasar esta oportunidad para corregir el rumbo. Es necesario un Estado que instrumente medidas contracíclicas incrementando no sólo el gasto en infraestructura, sino también de manera consistente fortalecer los recursos destinados a ciencia y tecnología.

Recordemos que el capital humano y el desarrollo científico deben ser siempre una variable estratégica para México. En este sentido, como diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, comprometido con reformas legislativas dirigidas hacia una mejoría social, y preocupado por la insuficiencia de recursos fiscales y el pobre desempeño de la economía nacional y del bienestar, propongo lo siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los saldos o subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades, en caso de no subsanarse dichos recursos, se reasignen a inversión en ciencia y tecnología.

Mediante la presente iniciativa convocamos a esta soberanía a defender consistentemente el presupuesto en estos rubros y a fortalecerlo en los futuros ejercicios. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Del Mazo. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, diputado Albarrán.

El diputado Esteban Albarrán Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el suscrito diputado Esteban Albarrán Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social para estudio y dictamen, al tener de la siguiente

Exposición de motivos

La necesidad de precisar los conceptos se vuelve indispensable ante las transformaciones generales que estamos viviendo, como producto de procesos políticos acelerados que requieren ajustarse a las circunstancias sociales en los ordenamientos jurídicos vigentes, tal es el objetivo de esta presente iniciativa.

En este momento es imprescindible conceptualizar con precisión qué se entiende por política nacional de desarrollo social, ante la diversidad de interpretaciones que al respecto existen. En tal sentido y al evaluar los efectos generados por los ajustes económicos que ha vivido nuestro país, en un capitalismo poco desarrollado se ha generado la regulación de los efectos de las denominadas políticas de ajuste.

Fue así que la transformación económica produjo un nuevo rostro a la naturaleza del Estado mexicano al haber propiciado como centro de regulación social la vigencia del mercado como instrumento cotidiano de las relaciones sociales.

Sin embargo las consecuencias generadas por este ente en la vida cotidiana del pueblo propiciaron el surgimiento de políticas que atendieran de manera general los efectos socioeconómicos directos, como el crecimiento desmedido e incontrolado de la pobreza, tanto patrimonial como alimentaria.

Al respecto, hace unos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, en su informe Panorama social de América Latina 2009, estableció que la pobreza alcanzó a 34.8 de la población, alrededor de unos 37 millones de mexicanos, superior al 31.7 de connacionales en situación de pobreza registrados en 2006.

Esta realidad ha repercutido con profundidad en las aspiraciones auténticas de mejoramiento en la vida de la población.

En este sentido es indispensable revisar integralmente el marco jurídico vigente que regula y limita la aplicación de la política de desarrollo social. Es decir, se tiene que pasar de la definición de los principios y de los objetivos de la política de desarrollo social, a definir conceptualmente la política de desarrollo social del Estado mexicano, que cruce las fronteras de la alternancia en el ejercicio del gobierno e impacte y remonte gradual y definitivamente la condición estructural de pobreza y marginación social que pende en el país.

También existen elementos que a nivel global repercuten en las políticas y en las definiciones de su contenido.

En este orden de ideas los ordenamientos jurídicos deben de adoptar con puntualidad los objetos que regulan para producir certidumbre en los actos de gobierno, pues como es conocido por todos, desde la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, a mitad de los años 90 del siglo pasado y posteriormente en la realizada en el año 2000, se han perfilado criterios generales para atender los contenidos del desarrollo social.

Es importante destacar que como efecto de esta última reunión, se asumieron entre los estados miembros de la ONU, los ocho denominados "Compromisos del Milenio", que entre otras cosas resalta, por primera vez, el objetivo mundial de disminuir la pobreza.

Asimismo en esta cumbre internacional de estableció erradicar el hambre y reducir su impacto antes del año 2015.

La propuesta de adición pretende que el intérprete o destinatario de la norma y que tiene la obligación de ejecutar el mando propuesto, no se vea obligado a desentrañar el significado de la misma en una interpretación de los objetivos y principios que se encuentran imperativamente ya señalados en ésta, pues el fin social de la adición a la ley es definir la existencia de la política de desarrollo social del Estado mexicano, que no quede condicionada a las diversas interpretaciones de quien administra el tema social.

La propuesta surge al reconocer que la evolución jurídica no es inamovible y que el desarrollo social tiene elementos de acción y ejecución prospectiva.

En este sentido la política social del Estado debe conciliar el desarrollo económico como el bienestar social y establecer como prioridad que justifique su existencia.

En tal sentido y en mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo único. Se adiciona la fracción XI al artículo 5o. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

XI: La política nacional de desarrollo social, por el conjunto de acciones directas emprendidas por el Estado mexicano, para establecer el equilibrio entre el crecimiento económico y el mejoramiento social, económico y cultural del pueblo que permitan reducir las desigualdades producidas por la generación de riqueza material en la sociedad, estableciendo políticas de oportunidades y movilidad social fundada en el esfuerzo colectivo e individual, permitiendo con ello una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico garantizando el acceso pleno a la justicia social, mejorando progresiva y plenamente la calidad de vida de los mexicanos, cuyos contenidos mínimos son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el acceso al trabajo, el bienestar común, la equidad entre los géneros y el acceso a la economía del conocimiento, la garantía de la existencia de la diversidad cultural, el respeto a las minorías y a la dignidad humana, al equilibrio sustentable del aprovechamiento de los recursos naturales, a la convivencia humana basada en los valores intrínsecos del Estado democrático, a la integralidad de las acciones y el rechazo de la exclusión y marginación social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Albarrán. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo escuchamos, diputado Vega de Lamadrid.

El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Con su venia, señor presidente. Por obviedad de tiempo y por respeto a mis compañeros diputados y compañeras diputadas, únicamente leeré una síntesis de esta iniciativa.

Amigas diputadas y amigos diputados, nuestra Carta Magna establece que la representatividad dentro de una república democrática federal está dividida en la separación de los tres Poderes de la Unión, misma que se encuentra reflejada en la representación directa para los representantes de quienes los han elegido para gobernar. La definición de una representación delegada ha sido el camino que a lo largo de nuestra historia como país hemos establecido en los diversos ordenamientos de representatividad social.

Históricamente, nuestra representatividad ha sido una de las responsabilidades que hemos delegado y fundamentado en una representación social, misma que antaño era impuesta por dictadores o gobernantes cuya representatividad era obtenida a base de lucha bélica o de ideologías.

En la actualidad esa representación nos refiere a uno de los derechos que como ciudadanos e integrantes del territorio nacional tenemos a través de nuestra Carta Magna y de la legislación vigente.

La presente iniciativa propone la necesidad imperante de la recuperación de la parte de los derechos principales de los ciudadanos, donde se conjugan el rendimiento de cuentas y la forma de una sana representación, siempre de frente, entre los gobernados y los gobernantes, donde los primeros deberán exigirles a quienes usan parte de ese gobierno para servir, a través de los cargos públicos, en la rendición de cuentas del encargo que se le ha otorgado. Es por ello la necesidad de adoptar, dentro del marco normativo, nuevas y diversas herramientas jurídicas que permitan y faculten a la sociedad a establecer vínculos de comunicación directa bajo esquemas de fiscalización social para con sus gobernantes.

Una de las principales variantes que se busca rescatar en la presente iniciativa es el derecho de elección y elegibilidad de la que da cuenta el artículo 36 constitucional; sin embargo, esta iniciativa busca fortalecer principalmente dos vertientes; siendo la primera el estrechar la relación entre gobernado y gobernante, aumentando la responsabilidad que este último tenga hacia el gobernado, mediante la rendición de cuentas claras y transparentes de su encargo.

La segunda, el aumento de la credibilidad de las funciones que tenemos las y los diputados como representantes de la nación, ya que si bien es cierto, existe la teoría de esa representación a través del 51 constitucional para ser diputado de la república, es también cierto que tenemos una responsabilidad con nuestros representados ante los distritos electorales y los estados que representamos.

Es por ello que esta iniciativa pretende fortalecer el Poder Legislativo, y en particular a la Cámara de Diputados, dotando de la facultad y obligatoriedad para las y los 500 legisladores federales, de establecer, cuando menos, una oficina de representación en sus respectivos distritos electorales, y en el caso de los representantes plurinominales en el estado de procedencia de cada uno.

Los diputados y las diputadas de mi partido, el de Acción Nacional, desde hace varias legislaturas hemos establecido oficinas de enlaces legislativos, las cuales funcionan como la unión entre la representación social que tenemos como legisladores para rendir cuentas a la ciudadanía, de frente a ellos, y así lograr tener una cercanía más estrecha entre la nación de gobernantes y gobierno.

Amigas y amigos, es menester de esta asamblea reformar y adecuar nuestro marco normativo legal y establecer los mecanismos adecuados que coadyuvan al desarrollo integral de la representación de la envestidura que como diputados sustentamos. Uno de esos compromisos más importantes es dar la cara a quienes nos han electo y rendir cuentas a través de una representación local de nuestra función central que desarrollamos desde ésta, nuestra labor legislativa y desde este recinto.

Por lo anterior expuesto y fundado me permito proponer a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente inactiva con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente, le solicito de la manera más atenta que el texto íntegro de la presente sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Vega de la Madrid. Como lo solicita insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antes, informo a la asamblea que se encuentra presentes invitados del Club de la Tercera Edad del Parque Naucalli, que son invitados, en este recinto, del diputado David Sánchez Guevara.

También está presente el presidente municipal del municipio del San José Iturbide, Guanajuato, y acompañantes del ayuntamiento de ese municipio, que son invitados del diputado Juan Pascualli.

A unos y a otros, las más cordial bienvenida al recinto de la Cámara de los diputados. La escuchamos diputada Anaya Mota.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, presidente. El artículo 3o. constitucional estableció la laicidad en la educación pública. Por lo cual, tanto las instituciones de educación pública, como las de índole privada deben desarrollar una tarea educadora apegada a los lineamientos establecidos por el Estado, entre estos, se menciona a la democracia, la solidaridad, la cultura, la ciencia, la tecnología, entre otros; sin embargo, no se hace mención del derecho que todas las personas tenemos a recibir una educación en materia sexual.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos".

Por lo anterior, considero que la educación debe contener como uno de sus principios rectores este tema; sobre todo, debido a que la falta de educación en formación sexual se traduce en un factor que facilita que las mujeres sean víctimas de violencia al sufrir agresiones en su integridad física y al no tener posibilidades reales de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Como lo han señalado organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la defensa de los derechos fundamentales, incluidos los sexuales y reproductivos de las mujeres, es una acción fundamental para prevenir la violencia de género y ponerle fin, ya que al recibir una educación en la que se haga hincapié en los derechos sexuales y reproductivos que todas las personas poseemos, las mujeres y niñas tendrán posibilidades reales de evitar matrimonios forzados que se traducen en violación de derechos, ejercer el derecho de acceso a los servicios de salud reproductiva, ejercer el derecho de estar informadas respecto a su sexualidad, entre otros.

Asimismo, considero imperante especificar este atributo de la educación, debido a que el Estado mexicano se encuentra sumido en el dilema de la laicidad, provocado por la tolerancia que se ha brindado a fundamentalistas religiosos que emiten opiniones que afectan la libertad, la intimidad y la dignidad de las mujeres. Las cuales pretenden desposeer al ser humano de uno de sus atributos fundamentales: la sexualidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Toda persona tiene derecho a recibir educación.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; así como en el conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

?

IX. Garantizando el derecho de las personas a decidir sobre su sexualidad, el Estado incluirá dentro de sus planes de estudios materias relativas al libre ejercicio de este derecho, con las adecuaciones pertinentes en consideración a la edad de las niñas, los niños y las y los adolescentes que reciben dicha instrucción. Sin que ello sea justificación para que ésta se impregne de creencias o valores religiosos, que dada la laicidad del Estado deben ser ajenos a las políticas educativas que éste implante. Sería cuanto, presidente, le pido que se publique íntegro en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Anaya Mota. Como lo solicita, se insertará el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente. Señoras y señores diputados. La norma fundamental es el instrumento jurídico político que regula las relaciones existentes entre factores reales del poder que coexisten dentro de un mismo Estado, previendo, en todo caso, mecanismos viables para la consecución de los fines esenciales del mismo.

La viabilidad de esos mecanismos dependen en gran medida de la capacidad de quienes integran los Poderes de la Unión para lograr la eficacia en el manejo de los recursos públicos, corresponder a la confianza de la ciudadanía, en el amplio sentido de la representación popular y ajustar sus actos a los principios de democracia, congruencia política, eficacia y eficiencia administrativa, racionalidad y austeridad del gasto.

La expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana es contraria a todos los principios aquí enumerados, por múltiples razones. Una de ellas se relaciona con la lamentable falta de credibilidad y confianza ciudadana en las Instituciones, en gran medida ganada con creces, al plantearse dentro del Capítulo VI denominado Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana de la Ley General de Población, que corresponde a la Secretaría de Gobernación la emisión de un documento que acredite la identidad ciudadana, lo que genera la suspicacia de convertir a dicho instrumento en un elemento de control político de la población y no a un documento de acreditación de la personalidad, dados los antecedentes con los que cuenta la Secretaría de Gobernación.

Es de llamar la atención, que en el proyecto presentado por la Secretaría de Gobernación ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se exponen elementos de seguridad que no se ajustan a los estándares internacionales de cédulas de identificación ciudadana, al contener elementos propios de un mecanismo de sujeción estatal desde la perspectiva de la seguridad nacional, más que a los de un documento de identificación y acreditación de la personalidad, como lo es la inclusión de la impresión del iris ocular de cada uno de los ciudadanos, medida que extralimita cualquier mandato de ley e incluso cualquier parámetro mundial en materia de identificación.

Es preciso hacer notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 36 la obligación de los ciudadanos mexicanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, norma rectora que se encuentra respetada para todos sus efectos a través de la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a través del Registro Nacional de Electores.

Tanto la credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, como la CURP, cuentan con las medidas de seguridad y los requisitos de identificación ciudadana suficientes y necesarios, mismos que son contemplados en la Ley General de Población, razón por la cual no es procedente duplicar recursos del Estado para emitir un documento adicional que resulta jurídica, política y económicamente innecesario e inviable.

Como nos informaron ayer a los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, los recursos que se acreditaron para el presupuesto de 2010, como Renapo, corresponden a alrededor de 855 millones de pesos, y son especialmente para la Cédula de Identidad, a pesar de que cuando se acreditó con mil 24 millones con esta categoría en el presupuesto, fue rechazado y quedó claro en el pleno de esta soberanía que la mayoría no estábamos de acuerdo con este gasto, con esta erogación tan alta y estando en situación de crisis; y la gente de Gobernación cambió el rubro para ponerlo como Renapo y cargar con ello 855 millones de pesos para este asunto.

Además, como sabemos, el IFE ha acreditado que la elaboración de esta cédula seguramente impactará de forma negativa los procesos electorales, toda vez que, como es la tendencia, la gente ya no cree en las votaciones y deja de inscribirse y dejaría de usar la credencial de elector.

Diputadas y diputados, por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se derogan distintas disposiciones de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se derogan los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 97. (Derogado)

Artículo 98. (Derogado)

Artículo 99. (Derogado)

Artículo 100. (Derogado)

Artículo 101. (Derogado)

Artículo 102. (Derogado)

Artículo 103. (Derogado)

Artículo 104. (Derogado)

Artículo 105. (Derogado)

Artículo 106. (Derogado)

Artículo 107. (Derogado)

Artículo 108. (Derogado)

Artículo 109. (Derogado)

Artículo 110. (Derogado)

Artículo 111. (Derogado)

Artículo 112. (Derogado)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito que el texto completo se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Reyes Sahagún. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Tiene ahora la palabra el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 de la Ley Agraria y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco: Gracias, señor presidente. Compañeros diputados. En vista de que la iniciativa que someteremos a su consideración está publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día utilizaré el tiempo que corresponde tan solo para hacer algunas breves reflexiones respecto de ella, solicitando de antemano a la Presidencia que inserte íntegra nuestra intervención y dé el trámite que corresponda a la propia iniciativa.

Todos aquí, todas las bancadas, hemos coincidido en que la educación es una de las mejores, sino la única vía de progreso y mejoramiento de la calidad de vida en todos los órdenes para el desarrollo de la nación. Con esta consideración, me remito a los grandes esfuerzos que a lo largo de la historia han hecho los distintos gobiernos para llevar a México y a sus ciudadanos por esta vía, buscando mejores condiciones de vida.

En este contexto recordaré el esfuerzo histórico de la primera mitad del siglo pasado en el que los gobiernos postrevolucionarios emprendieron la gran cruzada para la alfabetización con un objetivo primordial: cubrir al menos en aquella etapa la educación primaria básica.

Estos esfuerzos, hay que decirlo con mucha precisión, se concentraron de manera destacada en la población rural mexicana, en donde el analfabetismo y la ignorancia, en mayor medida que hoy en nuestros días que sigue persistiendo, eran un estigma que tenía inmersa a la población campesina en el más inaceptable de los atrasos.

Deseo, para el efecto que motiva esta intervención, destacar el esfuerzo oficial en esas comunidades pobres rurales, especialmente en las más apartadas de los centros urbanos y dirigida hacia las escuelas de esas comunidades, dotándolas de un predio escolar que hiciera posible la oportunidad de allegarse los conocimientos técnicos agrícolas más avanzados, de proporcionar un método para arraigar a la población rural en sus lugares de origen e, incluso, de otorgar un mecanismo de autofinanciamiento para muchos centros escolares.

Pero si bien esta política, diría yo, agraria-educativa funcionó y tuvo éxito durante mucho tiempo, el cambio de visión y de política también de gobiernos posteriores y la falta de apoyo de cualquier naturaleza para este propósito de las parcelas escolares vino a ocasionar el fracaso total de esta medida histórica y hoy en día esas parcelas escolares en todo el país, a lo largo y ancho de la república, son predios abandonados y sin ninguna posibilidad de cubrir los objetivos, los grandes objetivos para los que fueron creados, principalmente por la falta de apoyo gubernamental.

De ahí que nuestra propuesta de reformar la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que son el propósito de la iniciativa que presento, busque fundamentalmente reinstalar, recuperar el apoyo del gobierno mexicano a través de los diversos programas de apoyo al sector campesino, del que están excluidas en este momento estas superficies escolares y que puedan ser de nuevo los campos de experimentación de las técnicas agrarias más modernas y que puedan propiciar con ello la difusión del conocimiento avanzado en las comunidades rurales, procurando el arraigo de sus pobladores e, inclusive, convertirlas, como lo fueron en una ocasión, en un medio de autofinanciamiento con el que no cuentan de parte del gobierno de manera sustancial en este momento y como lo fue en su propósito original.

Esta medida, de ser aprobada por esta soberanía y confirmada por nuestra colegisladora, con certidumbre les brindará a nuestras escuelas mexicanas una nueva condición de redimensionamiento, sobre todo en las comunidades rurales.

Señor presidente, le agradezco de antemano que le otorgue a la iniciativa comentada el trámite que le corresponda. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado don Roberto Pérez de Alva Blanco. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural.

Tiene la palabra el diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Lo escuchamos, diputado Báez.

El diputado Armando Jesús Báez Pinal: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la cultura es el flujo e intercambio constante de diversas manifestaciones artísticas, estilos, idiosincrasia y nacionalidades que constituyen un gran acervo de la humanidad.

El desarrollo cultural tiene sustento, en términos prácticos, en las industrias protegidas por el derecho de autor, como son: las obras musicales, los trabajos artísticos, literarios, fotográficos, televisivos, cinematográficos, así como los dibujos técnicos, entre muchos otros. Estas industrias poseen una doble naturaleza; la cultural, que reside en su aportación artística formativa y social, y la económica, toda vez que contribuye de modo importante al producto interno bruto de nuestro país.

Desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo Vigesimoséptimo incluye como derechos fundamentales del hombre, tanto el derecho a la cultura como el derecho de autor. Asimismo, todo ser humano goza del derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas literarias y artísticas de su autoría.

Los derechos de autor también están reconocidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como por la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, entre otros instrumentos internacionales.

Al proteger de manera efectiva los derechos de autor se están salvaguardando a su vez los bienes culturales que de ellos deriven, así como a quienes lícitamente los producen y explotan. De este modo, se fomentará la creación y producción de obras artísticas, lo que deriva en el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos.

En ese tenor, el derecho de autor se debe concebir además como un elemento para el desarrollo cultural nacional.

En él convergen derechos patrimoniales con otros aspectos intangibles, pero no por ello menos merecedores de tutela. En ese sentido, las violaciones a este derecho son en muchas ocasiones de naturaleza mixta, ya que no sólo afectan facultades económicas, sino también otras de índole moral.

La falta de protección a los derechos de autor y la carencia de mecanismos ágiles para hacer cumplir la ley contribuyen a generar un desánimo en la creación y en la innovación, cuando los derechos de autor no están adecuadamente protegidos mediante una legislación clara y efectiva.

Actualmente la industria cultural mexicana enfrenta grandes retos. Cito dos: la disminución de la demanda y las amenazas derivadas de la falta de una adecuada y oportuna protección de los derechos de autor, como sucede en el caso lamentablemente de la piratería.

Por ello se hace necesario dotar a la producción cultural en México de mecanismos efectivos que protejan la creación y la innovación.

La Ley Federal de Derecho de Autor reconoce en su artículo 1o los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes, o ejecutantes, así como editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones.

Pero en nuestro país, la legislación vigente en materia de derechos de autor no contiene mecanismos ágiles, prontos y expeditos a favor de los titulares de los derechos de autor y conexos, para hacerlos valer frente a los usuarios y de manera muy especial ante quienes los violan. Esto ocasiona que la Ley Federal de Derecho de Autor se constituya como un cuerpo normativo inoperante, que no cumple con los objetivos que se persiguen con su expedición y que se limitan a reconocer una serie de derechos. En tanto de los medios con los que cuentan para hacerlo efectivo son en la práctica nugatorios.

Considerando la reciente reforma a la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se otorga a este honorable Congreso las atribuciones para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma, es necesario hacer una revisión de la legislación para que los autores y conexos gocen plenamente de sus derechos.

Existen disposiciones esenciales para el pleno ejercicio de los derechos patrimoniales que, de manera inexplicable, no se han incluido en la ley, sino en su reglamento, lo que provoca que sea jurídicamente improcedente y que estos derechos se puedan ejercer cabalmente, ya que los actos de autoridad de esta materia son fácilmente impugnables.

Una legislación sobre derecho de autor no podrá procurar el menor beneficio ni impactar positivamente a la industria si la legislación no incluye disposiciones precisas, claras y eficaces que permitan tomar acciones inmediatas contra las violaciones en este campo, y por ende, garanticen la seguridad jurídica de los creadores y demás titulares de legítimos derechos.

La iniciativa que se propone hoy, compañeras diputadas y compañeros diputados, incorpora en la Ley Federal del Derecho de Autor aquellas disposiciones elementales que se requieren para garantizar la adecuada impartición de justicia en la materia.

Señor presidente, en virtud de la extensión de la presente iniciativa, le solicito que tenga a bien insertarla íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted diputado Báez Pinal. Tal como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Cultura.

Se concede el uso de la palabra al diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Adelante, diputado Morán Sánchez.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su venia, señor presidente. Estimadas compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

El papel que desempeñan las micro, pequeñas y medianas empresas es crucial para lograr un mayor dinamismo en la actividad económica del país. La importancia de éstas, en una economía radica principalmente en lo siguiente.

Las pequeñas y medianas empresas son motor del crecimiento económico, constituyen un factor importante para la reducción de la pobreza, desempeñan un papel preponderante en países en desarrollo. El sector de las pequeñas y medianas empresas es el más grande generador de nuevos empleos en la mayoría de los países. Son una importante fuente de innovación tecnológica y de nuevos productos.

Actualmente en México existen aproximadamente 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 3 millones 837 mil son microempresas, 138 mil son pequeñas empresas, 31 mil medianas, y sólo 7 mil son grandes empresas.

De acuerdo a las cifras anteriores, el sector de las Mipyme concentra el 99.8 por ciento de las unidades económicas, genera un poco más de 70 por ciento del empleo y el 52 por ciento del producto interno bruto.

Una estrategia fundamental para aminorar los efectos de la actual crisis es el fortalecimiento de nuestro mercado interno. El motor de este mercado está en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es por ello que se deben impulsar políticas públicas enfocadas a la consolidación del sector con el fin de fortalecer nuestras cadenas productivas. La instrumentación de una política de desarrollo empresarial es una labor compartida entre diversas dependencias y entidades del gobierno federal.

De acuerdo con la información del gobierno federal, actualmente a través de dos instituciones se ofrecen distintos programas de apoyo para elevar la competitividad de las empresas, impulsar proyectos productivos, estimular iniciativas empresariales, y apoyar y generar la actividad económica que promueve la generación del empleo, así como el desarrollo regional.

Bajo esta estructura existe una gran cantidad de programas de fomento al desarrollo empresarial, lo que implica: tener ineficiencias en la gestión de los recursos, que exista poca o nula coordinación intra e interinstitucional al instrumentar la política empresarial, duplicidad en los objetivos, población beneficiaria y acciones en los programas de apoyo, dispersión de recursos, instrumentos y programas, inequidad y falta de visión prospectiva en la selección y aprobación de proyectos, burocratismo para la administración de recursos, dificultades para reportar resultados o medir impactos, ausencia de mecanismos de evaluación integral de las políticas públicas enfocadas al desarrollo empresarial, y desconocimiento, por parte de las empresas, de la gran oferta de programas.

Debido a esta problemática resulta fundamental el rediseño a la política empresarial, para lo cual se propone alinear los programas e instrumentos para la competitividad de las Mipyme, mediante la creación de la Agencia Mipyme, como un organismo gubernamental desconcentrado, de segundo piso, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado de la Secretaría de Economía.

Con la creación de la Agencia Mipyme se pretende contar con una entidad pública especializada en el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, identificar la oferta institucional de instrumentos de apoyo al empresario, alinear e integrar dichos instrumentos, facilitar a los empresarios el acceso a las instituciones de gobierno, reducir obstáculos y normatividad que dificultan dar una respuesta flexible a los clientes y contar con una mejor perspectiva para el desarrollo de la competitividad.

El Instituto Mexicano de la Competitividad, Imco, ha manifestado que para incrementar la competitividad nacional, entre otras acciones a implementar, nuestro país requiere de la creación de agencias destinadas específicamente a atender ciertos sectores. En el caso de las Mipyme se requiere de una agencia que sirva para alinear los esfuerzos y las estrategias del gobierno federal.

Cabe mencionar que al inicio de la presente administración se detectó que la política de apoyo al sector de las Mipyme se había llevado a cabo con una gran diversidad de programas que habían derivado en una dispersión de esfuerzos y recursos, así como de una multiplicidad de estrategias diversas, no necesariamente compatibles entre sí.

Lo anterior hizo que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se considerara la necesidad de revisar la oferta institucional y reestructurar los esquemas de apoyos, estableciendo mecanismos de coordinación que permitan generar sinergias y conduzcan a un mayor impacto en la política con menores costos de operación.

Para ello se propuso que el esquema de apoyos a las Mipyme se consolidara en una sola instancia que coordine los programas de apoyo integral a estas empresas, de acuerdo con su tamaño y potencial, que sea referente a nivel internacional y que permitan impulsar efectivamente a las empresas y a los emprendedores con proyectos viables que favorezcan la generación de empleos, con el fin de agilizar la entrega y gestión de recursos para apoyar a las Mipyme.

No cabe duda que existen coincidencias entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo sobre la urgente e imperiosa necesidad de alinear las acciones y estrategias de apoyo al sector de las Mipyme para permitir que México no sólo compita con nuestros principales socios comerciales, sino con el resto del mundo, al situarse a la vanguardia en el desarrollo del sector.

Bajo esa tesitura el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ratifica su compromiso con la sociedad mexicana en estos momentos decisivos, por lo que es tiempo de dinamizar nuestras instituciones y avanzar en la transformación de nuestro país a través de la constante mejora regulatoria.

Por lo anteriormente mencionado someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de crear una agencia especializada en el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, alineando e integrando programas y coadyuvando en la agilización y eficientización de la gestión de los recursos hacia este sector.

Se solicita a la Presidencia de esta Mesa Directiva se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Morán Sánchez. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, presidente. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de supremacía constitucional, de acuerdo con el cual todas las leyes que integran el orden jurídico nacional deben ir acorde con la Constitución, pues ésta es considerada como la base angular de nuestro Estado de derecho, toda vez que, entendida en su sentido formal, constituye el fundamento de validez de todas las normas de carácter secundario, ya que en sus preceptos radican los valores supremos de la comunidad política y la organización del supremo poder.

En este sentido, la Constitución necesariamente requiere del desarrollo y el Estado del estudio de instrumentos jurídicos y procesales que garanticen no sólo su defensa ante posibles violaciones y el desconocimiento de éstas, sino también su desarrollo y evolución, de conformidad con los cambios políticos, sociales y económicos que se experimentan en el seno de la sociedad que regula.

Sin embargo, la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecida a través de tesis P9/2007, correspondiente a la novena época emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Tratados Internacionales, es parte integrante de la ley suprema de la unión y se sitúa jerárquicamente por encima de las leyes generales federales y locales.

La interpretación del artículo 133 constitucional de fecha de abril de 2007 ha determinado que los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente debajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales federales y locales, situación que se traduce en la posibilidad de impugnar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales por considerar que no están acorde con las disposiciones de la Constitución, hecho que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos, pues si bien las constituciones contienen los principios y ejes rectores de un Estado, no se puede considerar que los tratados internacionales de derechos humanos, que son consensuados en su creación y sometidos a análisis rigurosos para su ratificación e incorporación a los estados como instrumentos normativos, puedan ser contrarios a ésta, pues en ellos se plasman las especificidades de un instrumento de orden constitucional que, dada su propia naturaleza, sería imposible especificar y prever.

Por ello considero que elevar a rango constitucional los tratados internacionales de derechos humanos sería una medida legislativa importante que garantizaría que los órganos jurisdiccionales recurrieran a su análisis y aplicación de manera que, dentro del espectro de derechos fundamentales de las personas que se encuentren en el país, sea más amplio y claro, no obstante que los tratados en esta materia sean reconocidos como leyes supremas de toda la unión.

Es necesario también reconocer que éstos tienen el mismo rango que la Constitución para que, al ser incorporados en el derecho interno, adquieran la máxima jerarquía normativa dentro del ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 133. Los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con la aprobación del Senado, las leyes del Congreso de la Unión que de ésta y de ellos emanen, serán ley suprema de toda la unión.

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como aquéllos que contengan disposiciones en las que se reconozcan, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan disposiciones sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución.

Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, tratados y leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, debiendo interpretar los derechos y deberes consagrados en esta Constitución, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

Es cuanto, diputado Presidente. Le pido que se publique el texto íntegro en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se insertará el texto íntegro de su iniciativa, diputada Anaya Mota, como lo solicita, en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado don Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la ley para regular la emisión y cobro de tarjetas de crédito.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias. Señoras y señores representantes de la nación: la iniciativa que voy a compartir con ustedes como proyecto de decreto que expide la ley para regular la emisión y cobro de tarjetas de crédito es fruto de un encuentro que tuve hace unos días con la Unión de Colonias de Jalisco, concretamente en la zona del nororiente de la ciudad de Guadalajara, y las propuestas son de la agrupación México Legal.

La misma está amparada en lo que establecen los artículos 28, párrafos quinto y sexto, 73, fracción XVIII, y 117, fracción II, de la Constitución de la república. Tiene que ver con el abuso de instituciones crediticias, de que son parte millones de mexicanos tarjetahabientes, que inclusive no solamente son agobiados, son asolados, son exfoliados con cobros en demasía, con intereses sin ningún control; sino además por las modalidades últimas en que gran parte de sueldos, de salarios inclusive de los gobiernos, en distintas instancias públicas, son pagados mediante el sistema de cuenta-nómina que se les deposita directamente en las instituciones bancarias.

Esas instituciones recientemente han incorporado la modalidad de cobrar sus créditos, descontando directamente a las cuentas de los ahorradores; esto es, se cobran a lo chino, se hacen justicia por su propia mano, sin recurrir a autoridad alguna, lo que vulnera los artículos 27 y 123 constitucionales haciendo nugatoria la protección jurídica al salario.

Es por ello que se presenta esta iniciativa de ley, que entre otras bondades tiene las siguientes en su artículo segundo:

Artículo 2. Queda prohibida a la institución de crédito disponer de fondos del acreditado depositados en cuentas-nómina o de cualquier otro tipo, para hacer pago de tarjetas de crédito propias o de terceros.

Los contratos mediante los cuales el acreditado, el tarjetahabiente, haya autorizado a la institución de crédito para hacer disposiciones de sus cuentas para el pago de adeudos por concepto de tarjeta de crédito, se tendrán por no puestos a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

Otro artículo señala que solamente por determinación judicial podrá la institución de crédito retener o disponer de fondos del acreditante, exclusivamente para destinarlos a la finalidad que le haya sido ordenada por dicha autoridad.

Otro tipo de protección para los tarjetahabientes son las siguientes ?sobre algo muy común, muy cotidiano que está ocurriendo?:

Se necesita el consentimiento expreso del acreditado para que la institución de crédito le otorgue una o más tarjetas de crédito.

El consentimiento del acreditado deberá constar mediante su firma autógrafa o electrónica.

Se considera inexistente el consentimiento del acreditado otorgado por teléfono.

Los consumos o cargos que aparezcan en una tarjeta de crédito que no cuente con el consentimiento del mismo no dan acción de cobro para la institución de crédito.

El acreditado, el tarjetahabientes podrá cancelar la tarjeta de crédito en cualquier momento.

La cancelación de la tarjeta de crédito acarrea, entre otras, las siguientes consecuencias:

El saldo deudor del acreditado quedará estabilizado a la fecha de cancelación.

A partir de la fecha de cancelación, el adeudo generará solamente el interés legal de 6 por ciento anual, únicamente sobre saldos insolutos. Los intereses no pueden capitalizarse, ni las comisiones generar intereses.

El último de los títulos, que es una iniciativa muy breve, se refiere al procedimiento ejecutivo.

También en la misma dirección de proteger al tarjetahabiente, pues hoy ocurre que a través de los procedimientos ejecutivos mercantiles puede ser embargado en sus bienes, antes de la resolución judicial. Esto ya no ocurrirá a partir de la entrada en vigor de esta ley que tiende a proteger el interés de millones de tarjetahabientes.

En el 2007, de acuerdo a las cifras oficiales, circulaban en México, se usaban 25 millones de tarjetas. El Banco de México en su cifra oficial de este primer trimestre de 2009, afirma que se usaron casi 21 millones de tarjetas de crédito. Por ello es importante que esta representación atienda intereses de esta naturaleza en beneficio de nuestros representados.

Entrego a la Secretaría, ciudadano presidente, el texto íntegro de esta iniciativa suscrita por el de la voz y por los legisladores Laura Itzel Castillo y Teresa Guadalupe Reyes. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted diputado don Juan Enrique Ibarra Pedroza. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se encuentran en el recinto invitados especiales del diputado Armando Corona Rivera, procedentes del municipio de Ixtapaluca, en el estado de México. Bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul de la diputada Durán. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Ana Estela Durán Rico (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para solicitarle al diputado Ibarra Pedroza que me permita adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le pregunto al diputado Ibarra si acepta que suscriban la iniciativa conjuntamente con usted.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Claro que sí, con beneplácito.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Con beneplácito, ha dicho el diputado Ibarra Pedroza, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputada Leticia Quezada. Sonido en la curul de la diputada Leticia Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): También para solicitarle al diputado, sumarnos tanto el diputado Agustín Guerrero Castillo y el diputado Adán Augusto López Hernández, como su servidora.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Lo ha aceptado el diputado Ibarra. Y por tanto, las diputadas y los diputados que deseen suscribir, conjuntamente con el iniciante, la iniciativa, pueden pasar a la Secretaría para suscribir el documento.

Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Lo escuchamos diputado Vázquez Aguilar.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la asistencia social es el conjunto de acciones que se realizan en beneficio de la población y particularmente de aquellos sectores económicos, sociales, culturales y físicamente más vulnerables, con el objetivo de sumar esfuerzos tendientes a fortalecer sus capacidades.

Para complementar el proceso de regulación jurídica de la asistencia social resulta indispensable contar con un ordenamiento para las organizaciones y fundaciones, es decir, crear mecanismos de coordinación, concertación e inducción, a efecto de fijar criterios para lograr que esta actividad se maneje con claridad y transparencia.

La presente iniciativa, que se pone a consideración de esta soberanía, tiene como objeto adicionar dos artículos y el Capítulo VII Bis a la Ley de Asistencia Social, lo cual permitirá fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública y de control sobre los donativos y colectas que realizan empresarios, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, para realizar actividades de asistencia social, de tal forma que la autoridad y cualquier ciudadano pueda saber el destino y la utilización de los recursos recaudados.

Con la presente iniciativa no se pretende duplicar la normatividad de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Con las adiciones a la Ley de Asistencia Social se promueve la creación del Consejo Nacional de Regulación y Transparencia de Donativos con una estructura plural, integrada por sectores público y privado que tendrá a su cargo la supervisión de las actividades que realizan las fundaciones, organizaciones y asociaciones de la sociedad civil para la asistencia social.

El consejo no tendrá la facultad de intervención en el manejo de éstas y sólo formulará los lineamientos de transparencia, legalidad e institucionalidad a los que deberán sujetarse. El propósito es reconocer y alentar los esfuerzos de las organizaciones filantrópicas.

La presente iniciativa contempla la obligación de las organizaciones a registrarse ante el Consejo Nacional de Regulación y Transparencia de Donaciones, como un requisito previo para emprender actividades de asistencia social. La intención es que las obligaciones derivadas de la inscripción estén vinculadas a presentar información sobre sus actividades, fuentes de financiamiento y aplicación de recursos.

Es ineludible que al emprender acciones de supervisión directa respecto de los proyectos que se ejecutan a través de requerimientos de mayor información y sustentación del destino de los recursos, los informes y en general los reportes, sean de acceso y difusión pública.

Esta propuesta de iniciativa pretende establecer los lineamientos básicos para el desarrollo de actividades económicas, financieras o bursátiles de las mismas organizaciones, con el fin de evitar los cuestionamientos existentes respecto a las percepciones de sus miembros, remuneraciones y prestaciones; que realicen actividades con fines de lucro, apartándose del objeto social para el cual se constituyeron, y finalmente, que utilicen los recursos obtenidos de las donaciones o colectas en sociedades de inversión, con lo cual no se permite que lleguen de forma inmediata los beneficios a la población objetivo.

Con el presente proyecto de decreto se plantea la conveniencia de promover una política de regulación que incluya la supervisión en atención al interés público que persiguen las agrupaciones sociales.

Señor presidente, le solicito que el texto íntegro quede inscrito en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Vázquez Aguilar. Como lo pide, insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Se encuentra en este salón la señora Minou Tavarez Mirabal, diputada de la República Dominicana, quien asiste a las jornadas de los 16 días de activismo contra la violencia de género hacia las mujeres y las niñas y es invitada el día de hoy a este recinto por la diputada Leticia Quezada Contreras.

Damos la más cordial bienvenida a la diputada Tavarez Mirabal y a su comitiva, a esta Cámara de los Diputados. Le saludamos con respeto.

Tiene la palabra la diputada Ana Esthela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

La diputada Ana Esthela Durán Rico: Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la sobreventa de boletos de avión es una práctica recurrente que se realiza en nuestro país bajo el amparo de la tolerancia legal. Esta anuencia otorgada por el marco jurídico refleja una nula inhibición por parte de las aerolíneas concesionarias que brindan el servicio de transporte a pasajeros.

En virtud de que actualmente el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil contempla como derechos de los pasajeros afectados por la sobreventa o cancelación por causas imputables a los concesionarios de los servicios aéreos, la elección del pasajero:

A) Reembolsar el precio del boleto.

B) Proporcionar al pasajero el transporte sustituto en el primer vuelo disponible.

C) Transportarle hacia su destino con una fecha posterior que convenga al mismo pasajero.

Ante estas disposiciones, es claro que el legislador pretendió inhibir la sobreventa de boletos mediante la imposición de la obligación de las aerolíneas concesionarias de resarcir en la mayor manera posible los daños causados a los pasajeros que resultaran perjudicados por la sobreventa.

No obstante, aunque el pasajero cuente con derechos otorgados por la ley, es sabido que el procedimiento para exigir estos derechos es tortuoso y en muchas ocasiones la principal exigencia del usuario es la de recuperar el tiempo perdido, lo cual constituye un daño imposible de reparación. De ahí que se imponga el pago de una indemnización que en muchos casos no deja satisfecho al pasajero.

Las aerolíneas que sobrevenden los boletos tienen una ganancia extra, sin considerar el grave perjuicio que se le ocasiona al usuario, trastocando cuestiones de carácter financiero, de salud, familiar, profesional, laboral o compromisos para concretar negocios, cuando se le informa al comprador del boleto sobrevendido que hay sobrecupo del vuelo.

Como se mencionó anteriormente, la norma vigente no prohíbe expresamente esta práctica; situación que ha llevado a las aerolíneas a sobrevender pasajes para obtener ganancias cuantiosas a costa del perjuicio a los usuarios en su tiempo, si llega a consumarse el sobrecupo de la aeronave.

La sobreventa debe ser considerada como un vicio de mala fe contractual, y así, en virtud de que muchos usuarios han sido testigos y afectados del inconveniente que representan estos actos; quienes además de resentir las consecuencias de no arribar a su destino en el día y hora programada se enfrentan con una serie de trámites engorrosos para el reclamo de los derechos que les concede la ley, además de la necesidad de efectuar pagos extras en otras aerolíneas con la finalidad de garantizar su traslado como estaba programado.

En este contexto, la presente iniciativa tiene por objeto incluir en la Ley de Aviación Civil la prohibición de la sobreventa de boletos de avión a pasajeros, salvaguardando los derechos de las personas que se ven afectadas por la cancelación de un vuelo por causas imputables a las aerolíneas, proponiendo modificar el primer párrafo del artículo 52 de dicho ordenamiento a efecto de acotar el supuesto legal a que, las aerolíneas tienen la obligación de resarcir daños originados por la cancelación ajena a la voluntad de los usuarios, cuando así lo soliciten.

Asimismo, para no dejar abierta la posibilidad de que las aerolíneas sigan sobrevendiendo boletos, se crea el tercer párrafo en el que se prohíbe la expedición de boletos que impliquen un sobrecupo en la aeronave.

El servicio prestado debe priorizar ante todo la satisfacción entera del pasajero, pues éste adquiere su boleto con la seguridad de poder llegar a su destino a tiempo, sin considerar que los lugares de la aeronave han sido ocupados en su totalidad y que, dada la situación, el pasajero no pueda abordar su vuelo, con lo que se le ocasiona perjuicio al que adquiere su boleto de buena fe.

En resumen, debe señalarse que la actual legislación no protege de manera eficaz los derechos de los pasajeros debido a que se deja abierta la posibilidad de que las aerolíneas continúen ofreciendo boletos para ocupar lugares que eventualmente han sido vendidos, con lo que se produce un gran daño al consumidor por no poder disfrutar su traslado en los términos pactados.

Por lo expuesto, la que suscribe, diputada Esthela Durán Rico, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Primero. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 52 para quedar como sigue:

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tenga por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá?

Me remito a los párrafos que mencioné, primero, segundo y tercero..., para continuar:

En los casos de las fracciones I y III anteriores... Aquí entra la adición de la fracción IV para que quede así:

Queda prohibida la práctica de expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009. Le solicito al presidente de la Mesa que se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Así se hará, diputada Durán Rico. Insértese en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa que se acaba de presentar. Túrnese a la Comisión de Transportes.

Damos la más cordial bienvenida a estudiantes procedentes del municipio de Carlos Carrillo del estado de Veracruz, que son invitados de la diputada Fabiola Vázquez Saut.

También damos la bienvenida a invitados de la comunidad de Orizabita del municipio de Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo, que han sido invitados a este recinto por el diputado Héctor Pedraza Olguín.

Igualmente, damos la bienvenida a invitados del municipio de Francisco I. Madero de Actopan, Hidalgo, que son invitados del diputado Jorge Rojo García de Alba. Todos ustedes bienvenidos al recinto de la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Lo escuchamos, diputado Rodríguez Regordosa.

El diputado Pablo Rodríguez Regordosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados, el tema que estoy promoviendo es un tema con un alto contenido técnico, pero que es sujeto de discusiones permanentes entre los diputados y las diputadas y entre diversas entidades del sector público.

El artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habla acerca de los subejercicios. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se creó por el Congreso de la Unión con el objeto de darle orden, certeza y conducción al proceso presupuestal mexicano, y con esto evitar que hubiera excesos promovidos por parte de algunos de los actores, para el Legislativo o fuera el Ejecutivo.

Poco a poco se ha ido perfeccionando este ordenamiento, es realmente un instrumento muy interesante y, en su artículo 23 puntualmente refiere que se deben reportar los subejercicios y, que si estos no se subsanan después de 90 días, entonces esos recursos se consideran como disponibles. En el paquete fiscal que se ha aprobado se destinan ya los subejercicios, en este caso, para lo que acuerde esta soberanía.

También, el mismo ordenamiento establece que aquellos funcionarios que por negligencia o como un acto doloso provoquen subejercicios deberán ser sancionados. Porque el subejercicio podría considerarse una práctica que fuera causada, precisamente, para generar excedentes de recursos que después fueran destinados, con toda libertad, a los programas, que a la persona o al funcionario que lo dispone se le ocurriera.

En esa lógica resulta que gran parte de los recursos que están contenidos en el Presupuesto de Egresos están etiquetados a programas y proyectos cuya ejecución y por tanto, el ejercicio del gato está muy ajeno al calendario puntual que emite la Secretaría de Hacienda para que el gasto sea ejecutado. Permítanme invocar como ejemplo la ejecución de una obra pública en un cierto lugar del territorio nacional.

Para que la obra pública se tenga que ejecutar sucede lo siguiente: esta Cámara presupuesta una partida, permítanme suponer, mil millones de pesos. La dependencia, en este caso la SCT, tiene que emitir la convocatoria a la licitación pública para poder asignar esta obra. De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados el tiempo máximo que llevarían todos los trámites para que pudiera darse la contratación es de 85 días, antes de que se gaste el primer peso. Esto querría decir que si por alguna razón se atrasa el proceso de la licitación, porque se inconforme una empresa o porque haya una controversia qué resolver, inmediatamente va a caer esa partida presupuestal en el concepto de subejercicio.

Este párrafo que estamos proponiendo que se añada al artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propone que desde el momento en que se publica la convocatoria a la licitación pública para cualquier proyecto o programa de inversión y, hasta que se finiquita, el proyecto o programa de inversión, los recursos presupuestados para ese proyecto o programa de inversión se den como formalmente comprometidos, que es un término que describe la propia ley y, de esta manera no sean descritos como subejercicios ante el riesgo de que pudieran ser destinados a otra obra o acción que no fuera la originalmente planteada.

De esta manera lo que va a suceder es que vamos a restarle presión a las dependencias y entidades ejecutoras del gasto, en el sentido de erogarlo. Es decir, literalmente pasarlo de la bolsa de la Hacienda pública a particulares, en el ánimo de evitar caer en los subejercicios y de esta manera los recursos como tal podrán estar como parte de la Hacienda pública; considerarse como formalmente comprometidos, en tanto la dependencia, con todo orden va a darle seguimiento al proceso de licitación que terminará en un mejor ejercicio de los recursos.

Así es que la propuesta es adicionar un décimo párrafo al artículo 23, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 23?

I a IX?

X. El presupuesto asignado a programas y proyectos de inversión, cuyo ejercicio requiera procesos de licitación pública en términos de ley, se considerará como formalmente comprometido desde el momento que sea publicada la convocatoria de la licitación y hasta que se finiquite el contrato derivado de la misma, por lo que no será considerado como subejercido durante el plazo anteriormente descrito.

Señor presidente, pido que se inserte en el Diario de los Debates el contenido de la iniciativa y es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, a usted diputado Rodríguez. Como lo solicita insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, ciudadano presidente. En la actualidad nuestro país sufre un gran desequilibrio en cuanto al flujo de energía se refiere, pues a lo largo de los años los mexicanos hemos contribuido a la destrucción del equilibrio, en un afán del progreso, auspiciado por la negligencia de las autoridades y debido a la falta de una reglamentación eficiente referente a la materia ambiental.

Así podemos observar graves consecuencias de estos actos a través de fenómenos como la erosión y el envenenamiento del suelo, el agua, por mencionar algunos. No sólo están desapareciendo varias plantas y cadenas alimenticias, también algunos animales ya están en peligro de extinción, y no sólo los animales, también los hombres.

Debido a esta consideración el Estado mexicano requiere atender y discutir el tema ambiental, a fin de que se vinculen los derechos fundamentales con el medio ambiente, situación que ya se ha presentado en el derecho internacional, tal es el caso del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que en su artículo 11 consagra el derecho a un medio ambiente sano.

De igual manera la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, de Estocolmo, establece que es un derecho del hombre gozar de las condiciones de vida satisfactoria en un ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar.

Como contrapartida a este derecho, la misma declaración reconoce el deber solemne de proteger y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras.

En este sentido, se hace necesario puntualizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., de manera que se incorpore en él las características de sustentabilidad y equilibrio que se vinculan a la garantía efectiva de este derecho.

Asimismo, al ser el medio ambiente elemento indispensable para la conservación de la especie humana, es necesario reconocer su carácter colectivo, pues se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en lo general, por lo cual su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo.

Por otra parte considero de vital importancia que nuestra Carta Magna establezca el deber que tenemos de conservar el medio ambiente para las presentes y las futuras generaciones, ya que así estaremos asumiendo un compromiso para evitar el daño ambiental, atendiendo el principio de solidaridad con una visión de sustentabilidad. Al mismo tiempo, estaremos contribuyendo a garantizar la prevención del daño y deterioro ambiental, de manera que le sea posible combatir con mayor eficiencia la impunidad en el país por daños ambientales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Toda persona tiene el derecho individual y colectivo de disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, apto para el desarrollo y bienestar humano, en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, pues el Estado, conjuntamente con la sociedad, tiene la obligación fundamental de proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país a fin de garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación.

Sería cuanto, ciudadano presidente. Le pido que se integre el texto en el Diario de los Debates.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Anaya Mota. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, diputado Espinosa Ramos.

El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.

Desde 1997, en el contexto de la federalización de la educación y como parte del Acuerdo para la Modernización Educativa se creó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, como un mecanismo para la transferencia de recursos financieros a los estados de la república.

El propósito de esta iniciativa que presentamos como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, busca que la educación inicial, actividad en la que nos hemos empeñado desde hace años, sea incluida como parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Advertimos que en la Ley de Coordinación Fiscal no se atiene a lo establecido en la fracción V del artículo 3o., constitucional, que a la letra dice: Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial y a la educación superior, necesarias para el desarrollo de la nación. Apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Además en los artículos 13, 14 y 16 de la Ley General de Educación se establece con claridad que la educación inicial corresponde ejercerla a los estados de la república y deberán ser concurrentes los recursos financieros federales, estatales y municipales para tal fin.

Las investigaciones científicas han demostrado que durante el primer año de vida de los infantes su cerebro se desarrolla el 25 por ciento del tamaño del cerebro adulto; durante los primeros seis meses de vida, el 50 por ciento y durante el tercer año de vida, el 90 por ciento. De ahí la importancia de atender a los niños en esta edad para su desarrollo sano.

Como seguramente saben, la educación inicial tiene ámbitos de acción tales como el asistencial, el pedagógico y el social. El asistencial cumple con el cometido de brindar a los niños y niñas un espacio de formación, mientras las madres o padres desarrollan sus actividades diarias.

Hoy muchas madres y padres están incorporados al mercado laboral y buscan una estancia educativa donde dejen a sus hijos para que cuiden de ellos y además reciban formación pedagógica.

El aspecto pedagógico brinda a los infantes la aprehensión de conocimientos y habilidades que redundarán tanto en su desarrollo físico como mental. El aspecto social procura la integración e interacción del niño o niña con sus demás compañeros de escuela e integra al infante con la comunidad, empezando con la familia y después con los otros círculos que componen la sociedad.

Este aspecto es fundamental para que la sociedad esté integrada por mejores individuos y con un gran espíritu de participación y mejor convivencia entre los ciudadanos.

Finalmente, la población de menos de cuatro años representa actualmente un poco más de 4 por ciento de la población y merece ser atendida, pues es el futuro de nuestra nación. Su nutrición asegurada y su formación educativa temprana permitirán la construcción de un país con mejores hombres para su desarrollo.

En razón de lo expuesto, que es un asunto educativo, solicito que esta iniciativa se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta legislatura para que valore la omisión del concepto de educación inicial en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, lo cual contraviene la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 13, 14 y 16 de la Ley General de Educación, por lo que debe incluirse el concepto de educación inicial en la mencionada Ley de Coordinación Fiscal y destinar los recursos pertinentes para la atención que corresponde, desde luego, en los términos de la ley a los estados.

Se busca con ello modificar e incluir en la Ley de Coordinación Fiscal a la educación inicial como parte de los lineamientos para la distribución de los fondos federales para la educación.

La experiencia que como Partido del Trabajo hemos desarrollado en este campo de la formación humana es vasta y reconocida. En este momento de la vida construimos el futuro día con día. Por su atención y apoyo muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Víctor Castro. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Para preguntarle al señor diputado si es tan gentil de permitirme suscribir esta iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Espinosa, le consulto. El diputado Espinosa ha aceptado, diputado Castro, por tanto, puede pasar a la Secretaría a la suscripción del documento.

Tiene la palabra el diputado Jorge González Ilescas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Población.

El diputado Jorge González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el que suscribe, Jorge González Ilescas, miembro del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 7o, la fracción V de la Ley General de Población. Las razones son las siguientes.

La migración es uno de los fenómenos sociales de mayor trascendencia en las fronteras y costas de México, principalmente en la frontera sur, por la que cruzan los migrantes provenientes de los países de Centroamérica y Sudamérica y que tienen como principal intención llegar a los Estados Unidos.

Las entidades de la frontera sur constituyen un lugar de destino de varios flujos migratorios procedentes, sobre todo, de la región centroamericana y de ellos un grupo migratorio de especial atención es el de menores trabajadores, quienes se dedican a diversas actividades de la economía informal y son cargadores, lustradores de calzado, vendedores ambulantes, ayudantes en talleres, mozos y alguno de ellos, inclusive, ha sido vinculado con la explotación sexual y la venta de consumo de estupefacientes.

En la frontera del sur existen tres características sociales de migración: una, la región de paso o tránsito y se refiere a la población migratoria proveniente de diversos países, principalmente de Centro y Sudamérica, y que tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos.

Dos. La región de destino, que es el destino receptor de las diferentes poblaciones migratorias de tránsito y ellos son en gran mayoría los trabajadores fronterizos y, tres, la región de origen, que es la emisora de población migratoria hacia las diferentes regiones del destino.

El panorama de la migración, presentado de manera muy general, está íntimamente relacionado con una situación dominada por deficientes condiciones de trabajo y en una buena parte de los casos, por violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores y de las trabajadoras de origen centroamericano.

A pesar de la importancia económica que representa dicha mano de obra para la economía regional y que inclusive muchos sectores productivos señalan que es imprescindible, pese a esto no existe aún un programa que tenga como principal intención mejorar las condiciones de trabajo.

La trasmigración centroamericana por México no es cosa nueva. A lo largo del proceso migratorio se han ido estableciendo diferentes rutas. Tres son las más concurridas: las marítimas, las aéreas y las terrestres; y de las terrestres destaco a las ferroviarias, a las que se refieren a pie-tierra, en autobús de pasajeros, en autobuses de carga y en autos particulares.

Para que estas rutas puedan ser continuas y permanentes se deben de establecer programas de atención al migrante, para evitar las violaciones a los derechos laborales y humanos de las trabajadoras y de los trabajadores de origen centroamericano en nuestro país.

Los programas aplicados deberán abordar en su dimensión nacional el problema de la migración y entre otras cosas se propone: la realización de operativos e instalación de puestos fijos del Instituto Nacional de Migración en lugares estratégicos del sur del nuestro país; la profesionalización del personal adscrito en el Instituto Nacional de Migración, tanto en derechos humanos, como en seguridad pública para los migrantes; la creación de nuevas organizaciones que tomen en cuenta los instrumentos de protección a los derechos humanos de atención a migrantes, tanto gubernamentales como no gubernamentales y la construcción de nuevas vías de comunicación pública, desde el estado de Chiapas hasta los estados del norte de nuestro país.

Hoy, compañeras diputadas, compañeros diputados, las condiciones de detención de los migrantes son objeto de escrutinio público y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los retos todavía son muchos, especialmente en un país como el nuestro, donde aún queda mucho por hacer para la construcción de una cultura, de normas y de instituciones consistentes con los derechos humanos y que no cuenta con una política de Estado integral en materia migratoria.

Con la iniciativa que hoy se pone a la consideración de esta honorable asamblea, propongo que entre otras cosas se reformen y adicionen disposiciones a la Ley General de Población, a efecto de dar mayor protección a los migrantes y transmigrantes que requieran apoyos especiales para el ingreso o la salida de nuestro país.

Por lo que se propone reformar el artículo 7o. de la Ley General de Población en donde se adicionará la fracción V, que deberá establecer la creación de grupos de protección a los migrantes y trasmigrantes en los estados del sur del país, respetando plenamente sus derechos humanos sin discriminación y se dé atención especial en el caso de que sean mujeres y niñas o niños, o personas con discapacidad o adultos mayores.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley General de Población, y este sería:

Único. Se adiciona la fracción V del artículo 7o. de la Ley General de Población.

Artículo 7o. Por lo que se refiere a los asuntos del orden migratorio, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

I a IV?

V. En coordinación entre el Ejecutivo de los estados así como con los presidentes municipales del país, crear grupos de protección a los migrantes y transmigrantes de centro y Sudamérica.

Transitorio.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. Solicito respetuosamente, presidente, sea insertado el texto íntegro de este documento, por favor. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se atiende su petición diputado González Ilescas, insertándose el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Damos la bienvenida a invitados especiales de diferentes municipios del estado de Nayarit, que han sido invitados a este recinto por el diputado Manuel Cota Jiménez.

También damos la más cordial bienvenida a estudiantes del Centro Universitario Español, de Acapulco, Guerrero, que se encuentran en el recinto a invitación de la diputada Laura Arizmendi Campos.

También, a estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, del estado de México, que han sido invitados a esta sesión por el diputado Andrés Aguirre Romero. Todos ustedes sean bienvenidos al recinto de la Cámara de los Diputados.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Ariel Gómez, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Ariel Gómez.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para solicitarle respetuosamente que me permita adherirme a la iniciativa que presenta el diputado que me antecedió en la palabra, porque es un asunto relevante para mi estado ya que es la puerta de entrada de migrantes a este país y a Estados Unidos. Si no tiene objeción el diputado.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: La Presidencia no tiene objeción en atender su petición. Consulto al diputado proponente Jorge González Ilescas si acepta que el diputado Ariel Gómez suscriba la iniciativa que acaba de presentar.

No se encuentra ya en el salón el diputado iniciante, se retiró. Pero creo que podría suscribirse la iniciativa, sujeto a lo que lo valide el diputado iniciante, diputado Gómez.

El diputado Ariel Gómez León (desde la curul): Muchas gracias.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. La escuchamos diputada González Ulloa.

La diputada Nancy González Ulloa: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, compañeros.

Nuestro actual sistema de impartición de justicia en materia laboral surgió a raíz de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, cuando en su artículo 123 establecía como autoridad competente para resolver los conflictos obrero-patronales a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El antecedente más remoto de estos órganos data de la denominada "legislación prerrevolucionaria", como lo fue la Ley del Trabajo, expedida por el general Cándido Aguilar, en Veracruz, el 19 de octubre de 1914, en la cual, entre otros aspectos, se establecen los tribunales del trabajo, denominándolos Juntas de Administración Civil.

Uno de los argumentos más importantes para la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje fue que el derecho laboral era una rama nueva de la ciencia jurídica, de tipo social, alejada de la concepción clásica del derecho civil, de tipo individualista.

Sin embargo, a más de 90 años de promulgada nuestra Constitución, y a más de 80 de que comenzaron a funcionar las Juntas de Conciliación, es opinión generalizada, de la academia y de las partes interesadas, que el derecho laboral ha tomado carta de naturalización dentro de nuestro sistema jurídico a través de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia.

El funcionamiento de las Juntas se ha visto obstaculizado por muy diversas causas, cuya solución, en todo caso, tiene que ser motivo de una reforma integral de todo el derecho laboral. Sin embargo, en la presente iniciativa que someto a su consideración, quiero abordar un aspecto concreto y específico, que permita la profesionalización de la representación en materia laboral, tratándose de abogados, asesores o representantes de las partes, los cuales tendrán que ser licenciados en derecho, con título profesional legalmente expedido y registrado por la autoridad competente.

Para todos es sabido que las relaciones sociales cada vez se han ido haciendo más complejas, y que en las relaciones y contratos de trabajo, hoy en día intervienen factores mucho más complicados que los que existían en 1917.

Así, según cifras del Inegi, de 1991 a 2006, de 1 millón 98 mil 367 asuntos laborales de jurisdicción local resueltos en todo el país por las 32 Juntas de Conciliación y Arbitraje que existen en el país, el 49.29 por ciento de los asuntos se resolvieron por convenio; en tanto que el restante 50.71 por ciento de los asuntos siguieron el juicio respectivo; de los cuales, en 6 de cada 10 casos, el trabajador se desistió.

Esto refuerza la hipótesis de que existen arreglos externos y paralelos al procedimiento laboral entre el patrón y el trabajador, a través de su apoderado o abogado patrono, cuyo origen puede ser, por una lado, la presión que el patrón siente sobre el aumento desmedido, día a día, del probable pago que la Junta le ordenará realizar en concepto de prestaciones laborales y, por otro lado, la necesidad de terminar lo más pronto posible un proceso que debiendo durar unos cuantos meses puede prolongarse de manera indefinida.

Esta situación se propicia, además, por la falta de profesionalización de la defensa de los trabajadores, debido a que la legislación laboral establece que la defensa de los trabajadores no requiere de cédula profesional que acredite la licenciatura en derecho.

De esta manera, hay personas que se dedican a asesorar a los trabajadores de forma maliciosa, para con ello obtener mayores ganancias dentro del proceso. Esta realidad acarrea para los patrones el cumplimiento de resoluciones que, en muchos de los casos, resultan irrazonables a sus capacidades económicas, con lo que se frena el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que son consideradas las principales fuentes y generadoras de empleo.

Dado que el espíritu de la Ley del Trabajo tiende a buscar un verdadero equilibrio entre las partes que intervienen en un proceso laboral es por lo que considero adecuado se exija a quienes representen a las partes en un juicio, que acrediten tener cédula legalmente expedida para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con lo anterior se garantizará la debida y técnica representación, por lo que todos aquellos que representen a cualquiera de las partes en un conflicto sea individual, colectivo, de naturaleza jurídica o en el procedimiento de huelga, deban acreditar su calidad de profesionistas autorizados.

Por lo anterior considero que una importante contribución para el mejor funcionamiento de los órganos impartidores de justicia laboral es la profesionalización del representante, en materia laboral, añadiendo que dicha reforma no acarrea ningún costo al erario, por lo que tiene plena viabilidad financiera.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, someto a esta asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo primero. Se adiciona la fracción V al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

El compareciente que actúe como apoderado para representar en un juicio con el carácter de abogado de persona moral o física, deberá acreditar ser licenciado en derecho y contar con cédula personal con efectos de patente expedida por la autoridad competente, para ejercer dicha profesión.

El apoderado que no cumpla con este requisito solamente podrá oír y recibir notificaciones y valores.

Transitorio

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor presidente. Solicito se inserte en el Diario de los Debates su texto íntegro.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se atiende su petición, diputada González Ulloa. Insértese el texto íntegro de la iniciativa que se acaba de presentar en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 397 Bis, y reforma los artículos 443 y 443 del Código Civil Federal. Lo escuchamos, diputado Velázquez.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, auspiciada desde 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este acuerdo contiene los derechos del niño a la salud, la educación; la alimentación; las condiciones de vida adecuada; el esparcimiento; el juego; la protección a la pobreza.

Los compromisos adquiridos por México al haber ratificado el tratado mencionado, no han sido satisfechos de manera plena. En efecto, de acuerdo a las cifras que manifiesta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un informe final del segundo Censo de Menores en Situación de Calle, sólo en la Ciudad de México. Por mencionar un ejemplo, existen más de 13 mil 373 infantes, de los cuales el 31.5 por ciento son niñas y el 68.5 por ciento niños, que no tiene un hogar y que viven en la calle. Sin embargo, datos de organismos no gubernamentales indican que son más de 20 mil los niños en situación de abandono o desamparo.

Ante esta situación lacerante, el Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y la protección de los infantes en situación de calle, implementando políticas públicas orientadas a rescatar a este sector de la población y terminar con esta lamentable situación social en el segmento más sensible, que es el de la infancia que vive en la calle sufriendo vejaciones, siendo víctimas de abusos, negligencias y explotación.

Debemos expresar que en nuestro país son muchas las parejas que buscan, a través de la adopción, darle un hogar al niño que es abandonado y desatendido por sus padres biológicos. Sin embargo, el camino que recorren para cumplir con las normas correspondientes lo hace dificultoso, tardío y en ocasiones hasta imposible para lograr que un infante tenga la oportunidad de vivir bajo el amparo y el afecto de una familia.

El objetivo de la adopción es asegurar el bienestar, la protección física, mental y social de los niños, adolescentes y jóvenes en estado de necesidad o desprotección, lo que exige que se garantice su derecho a vivir bajo la protección de una familia. Esto no sólo es una responsabilidad del Estado, es también una responsabilidad humana ineludible.

Hoy en día, el procedimiento de adopción no reúne los requisitos de eficiencia y prontitud para equiparar la demanda de las parejas que buscan un hijo a través de la adopción.

Es por ello que resulta urgente adecuar el marco jurídico en materia de adopción, para dar la oportunidad a tantos infantes que por distintas causas son abandonados por sus padres y que, en algunos casos, son resguardados por el DIF en instituciones de asistencia social públicas o privadas.

Esta iniciativa pretende armonizar en el Código Civil las causas de pérdida de la patria potestad atendiendo que debe prevalecer siempre el interés superior del menor, cuando aquellas madres o personas que ejerzan este derecho, abandonan a un menor con la intención de deshacerse de él y pongan en peligro inminente su vida, conductas que deben ser sancionadas al margen de otras responsabilidades penales con la pérdida de la patria potestad del niño.

En estos casos, el DIF se encargará de su protección y con la intervención del Ministerio Público y la autoridad judicial buscará un hogar que le garantice sus derechos como ser humano, como infante, pero principalmente le dé la oportunidad de reintegrarse a un hogar donde pueda ser orientado, protegido y principalmente amado.

Estos propósitos, compañeras y compañeros diputados, son los que concretan en la adición de un artículo 397 Bis y en la reforma de los artículos 443 y 444 del Código Civil Federal.

Suplico, señor presidente, disponga lo necesario a fin de que se inserte íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputadas y diputados.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se atiende su petición, diputado Velázquez Esquivel. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la comisión de Justicia.

Tiene la palabra el diputado Nicolás Bellizia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 136 de la Ley Aduanera; y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo escuchamos, diputado Nicolás Bellizia.

El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf: Con su permiso, diputado presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera; y se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de declarar región fronteriza a los municipios de Tenosique y Balancán para que los tabasqueños que habitan esta región accedan a los beneficios de este régimen fiscal y vean fortalecida su economía.

El suscrito, diputado integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera; y se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de declarar región fronteriza a los municipios de Tenosique y Balancán.

Los territorios fronterizos de nuestro país representan oportunidades de desarrollo para sus habitantes, además de generar espacios de oportunidad en materia de intercambios comerciales y culturales y sociales, sobre todo para la población que vive en extrema pobreza en estas regiones de México. La situación de los territorios fronterizos de nuestro país influye en el actuar cotidiano de sus habitantes por su contacto con la población de otras naciones, lo que genera un tipo de cohesión social diferente al de las demás poblaciones de México.

Es importante destacar el nivel de vida que han alcanzado los habitantes de la zona fronteriza del norte de nuestro país, consolidando su intercambio no sólo comercial, sino cultural y social con los habitantes de su país vecino. En razón de lo anterior, es importante generar estos mismos espacios de desarrollo y de oportunidades en la población que habita en las zonas fronterizas del sur de nuestro país y, en particular, en mi estado, Tabasco, que cuenta con dos municipios que hacen frontera con Centroamérica: Balancán y Tenosique.

La población de estos municipios, de mi estado, viven en condiciones de pobreza y ?¿por qué no decirlo?? de marginación, ya que es limitada la población que habita en esta zona fronteriza, y es poca la población que puede acceder a condiciones de una buena calidad de vida ya que carecen de los servicios básicos de salud, educación y vivienda, entre otros.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales han manifestado la importancia de declarar a los municipios de Balancán y Tenosique como franjas fronterizas de nuestro país, lo que generaría mejores oportunidades de desarrollo para sus habitantes y, con ello, aspirar a una mejor calidad de vida.

Las afectaciones que tuvieron los municipios de Balancán y Tenosique en su infraestructura, debido al desastre natural afectaron la actividad económica no sólo de Tabasco, sino de las entidades vecinas ya que Tabasco es vía de comunicación con los estados del centro y norte de nuestro país, y de los estados de la Península de Yucatán.

Teniendo presente, además, que Balancán y Tenosique tienen un flujo migratorio y transmigrante muy importante proveniente de Centro y Sudamérica que influye ya de manera importante en la población de estos municipios en el aspecto social, cultural y económico, por ello resulta de suma importancia establecer a los municipios de Balancán y Tenosique como zona fronteriza; con ello estaremos impulsando el desarrollo de esta región de nuestro país, al fortalecer los vínculos comerciales con los países de Centroamérica.

De establecerse los municipios de Balancán y Tenosique como zona fronteriza se tendrá un mejor control en las importaciones y exportaciones de Centro y Sudamérica, se multiplicarán las operaciones de carácter económico y comercial con Centroamérica, se combatirá de mejor manera la evasión fiscal ya que el nuevo régimen generará que se eficienticen los registros de importaciones y exportaciones, y la sujeción de los impuestos se traducirá en mejor mecanismo de desarrollo de la economía en beneficio de los tabasqueños.

Sin duda, establecer como región fronteriza los municipios de Balancán y Tenosique, en Tabasco, redituará en beneficios al consumidor y en general a la población de mi entidad, que en años anteriores vio afectado su patrimonio por las graves inundaciones.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera y se reforma el cuarto párrafo, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad de declarar región fronteriza a los municipios de Tenosique y Balancán para que los tabasqueños que habitan esta región accedan a los beneficios de la aplicación del impuesto al valor agregado.

Artículo 1. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 136 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

También será considerada como región fronteriza la establecida en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Sin duda, el establecer como región fronteriza los municipios de Tenosique y Balancán, en el estado de Tabasco, redituarán beneficios al consumidor y en general a la población de mi entidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Nicolás Bellizia. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido a la curul del diputado Adán Augusto López Hernández, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): Preguntarle al diputado Bellizia que me permita sumarme a su iniciativa.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le consulto al diputado Bellizia si no tiene inconveniente en que su paisano, el diputado Adán Augusto López Hernández, suscriba la iniciativa.

El diputado Nicolás Bellizia Aboaf (desde la curul): No tengo inconveniente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: No tiene inconveniente, diputado. Y las diputadas y diputados que deseen hacerlo, pueden pasar a la Secretaría a hacer la suscripción correspondiente. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la anterior iniciativa.

Tiene la palabra el diputado Sami David David, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo escuchamos, diputado Sami David.

El diputado Sami David David: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso someto a esta soberanía proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II, III y IV del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes

Considerandos

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su artículo 37, entre otras cosas, que la ciudadanía mexicana se pierde por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente, o por admitir, del gobierno de otro país, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso.

En atención a que las solicitudes de permisos constitucionales para aceptar y usar condecoraciones y para prestar servicios a gobiernos extranjeros son muy numerosas, dado que se trata de asuntos que en su mayoría se presentaron en instancias diversas como las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, atendiendo a que, por lo general, son asuntos que deben ser resueltos de manera expedita y en razón del volumen de trabajo en la materia.

Por su parte, en el último párrafo del Apartado C, del artículo 37, se prescribe, en el caso de las fracciones II a la IV de este apartado, que el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva los casos de excepción en los cuales permisos y licencias se entenderán otorgados una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación del interesado.

Este precepto constitucional, que viene de lejos, la Constitución de 1824, leyes constitucionales de 1836, bases de la organización política de la República Mexicana de 1843, la Constitución de 1857 y la Constitución Política de 1917.

A hoy el artículo 37 ha sufrido dos reformas: la de 1934 en cuanto a la ampliación de dos términos para perder la nacionalidad y la ciudadanía mexicana y la de marzo de 1997, reforma que es objeto del presente comentario.

A manera de conclusiones. Resulta evidente el hecho de que el Congreso mexicano ha logrado importantes avances en el ámbito constitucional, legal, reglamentario; sin embargo estos no son la conclusión, por ninguna manera, de los procesos de reforma.

Presento este proyecto de decreto de reformas a la Constitución, pidiéndole al señor presidente, por la extensión de la iniciativa y que está publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara, para que pueda considerarse en los términos así presentados. Muchas gracias, honorable asamblea.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Muchas gracias a usted, diputado Sami David David. Como lo solicita, insértese en el texto íntegro de la iniciativa que acaba de presentar, en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de personas de la Asociación Barra Libre, A. C., procedentes de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, que han sido invitados a esta sesión por el diputado Eviel Pérez Magaña. Bienvenidos al reciento de la Cámara de Diputados.

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Sonido en la curul del diputado Gerardo Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Para ver si por su conducto, señor presidente, le puede preguntar al diputado Sami David David, si puedo suscribir la iniciativa que presentó.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulto al diputado Sami David David, si no tiene inconveniente en que se suscriba la iniciativa.

El diputado Sami David David (desde la curul): No tengo inconveniente, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Ha aceptado el diputado Sami David David, por lo tanto, diputado Sánchez, usted y quienes deseen hacerlo, pueden pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.

Pasamos al capítulo de dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día corresponde a ese capítulo y son dictámenes de primera lectura con proyecto de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Quedan de primera lectura.

Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se les dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la Secretaría dar lectura a los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proyecto de decreto. Se concede permiso a los ciudadanos Juan Carlos Mestas Avilés, Ernesto Campos Tenorio, Jorge Gerardo Sánchez Sosa, José Ángel Córdoba Villalobos, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, José Luis Sánchez Sánchez, José Luis Pilar Rodríguez, Antonio Guillermo Villegas Villalobos, Alfredo Carranza Rosales, Joaquín Chavelas Carrillo, Enrique Hernández Cisneros, Manuel Arango Árias y Jorge Luis Volpi Escalante, para aceptar y usar las medallas y las condecoraciones que en distintos grados les otorgan diversos gobiernos extranjeros.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado Jaime Cárdenas ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para hablar sobre el tema, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿A favor o en contra del dictamen?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): En contra, señor presidente.

El Presidente diputado Felipe Solís Acero: En contra del dictamen el diputado Jaime Cárdenas. Se anuncia también el diputado Gerardo Fernández Noroña. Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, en contra del dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Nuevamente es el tema de las condecoraciones que ya fue motivo de un debate anterior.

Creo que es importante que cuando se publiquen estos dictámenes por parte de la Comisión de Gobernación de esta Cámara exista un esfuerzo mucho más exhaustivo, un esfuerzo que dé cuenta de las razones, de los motivos de por qué cada uno de estos ciudadanos mexicanos, en los términos del artículo 37 de la Constitución, están recibiendo de gobiernos extranjeros las condecoraciones. Yo sigo encontrando que en la elaboración de los dictámenes hacen falta razones, es decir, una motivación adecuada de los mismos.

Pero también, llama la atención que así como hay aquí mexicanos ilustres que le dan nombre a nuestro país en el extranjero, como es el caso del escritor Jorge Volpi, que es un destacado novelista mexicano que ha recibido reconocimientos literarios en muchos países del mundo; también existen funcionarios públicos como el caso de José Ángel Córdova Villalobos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Sería importante conocer por qué al secretario de Salud se le entrega este reconocimiento, esta condecoración. Si tiene que ver con motivo de las funciones públicas que realiza; si el gobierno mexicano ha comprado vacunas al Estado francés, sobre todo vacunas para prevenir o combatir el virus AH1N1, o de qué se trata.

Ya discutimos, en tratándose del presidente Calderón, del usurpador, ya discutimos que no se explicitaron las razones de por qué un gobierno europeo, el de los Países Bajos, había entregado una condecoración a él y a su esposa.

También en este caso de José Ángel Córdova no queda claro cuáles son los motivos, cuáles son las razones para otorgar este tipo de condecoraciones.

Lo grave del tema es que estas condecoraciones creo que no deben ser recibidas por funcionarios, sobre todo de primer nivel, que se encuentren en funciones, por funcionarios que ejerzan altos cargos públicos en la federación, en los estados o en los municipios porque este tipo de condecoraciones puede comprometer la independencia de los servidores públicos.

En conclusión, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, en virtud de que el dictamen es muy pobre respecto de las motivaciones que en él se contienen para otorgar estas condecoraciones y por las funciones tan importantes que realizan algunos de los condecorados, como es el caso del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, donde esta condecoración puede ser el resultado de convenios de carácter comercial con empresas francesas o con el Estado francés, es que nuestro voto, o mi voto al menos, será en contra de este dictamen, dejando a salvo, desde luego, el reconocimiento que se entrega a otros mexicanos que tienen todos los merecimientos para recibirlo, como es el caso del escritor y novelista Jorge Volpi.

Mi voto será en contra de la condecoración, en el caso de José Ángel Córdova Villalobos, y en el caso de los demás servidores públicos porque el dictamen carece de la motivación adecuada y, por tanto, es violatorio de los artículos 16, en cuanto a la motivación de la Constitución y al artículo 17 de la propia Constitución, por carecer de exhaustividad este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Cárdenas Gracia. Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados y compañeras diputadas, el Partido del Trabajo votó en contra, en la Comisión de Gobernación, de darle a Córdova Villalobos, de permitirle a Córdova Villalobos recibir esta condecoración.

Como ya lo comentó aquí nuestro compañero Jaime Cárdenas, ya hay un antecedente donde planteamos que hay negocios detrás de la entrega de estos reconocimientos de gobiernos extranjeros.

La Legión de Honor es la más conocida e importante de las condecoraciones francesas y se da por méritos extraordinarios realizados en el ámbito civil o militar. El secretario de Salud, del gobierno usurpador, Córdova Villalobos, no ha hecho ningún mérito extraordinario, ni en el campo civil, ni en el campo militar. Antes, al contrario, su función ha sido bastante anodina, por decirlo suave, y se ha distinguido en todo caso por andar aterrorizando a la población cuando estaba la supuesta pandemia de influenza, antes de que empezaran los procesos electorales, se acordarán ustedes que andaban diciéndole a todo mundo que usara cubrebocas, que no sirve para nada, que no saludara de beso, que no se saludara de abrazo, que no le diera gusto al gusto porque si no se iba a morir, que no se usara la corbata y una serie de necedades bárbaras, francamente, que inclusive retrasaron el inicio de las campañas electorales y que sembraron el terror en toda la población del país, al grado de cerrar escuelas en donde no se había presentado un solo caso, y de tomar medidas verdaderamente absurdas, excesivas, en torno a un problema de salud pública que lejos estaba de representar lo que el secretario del gobierno usurpador planteaba.

Pero volviendo al tema. Aquí tenemos un dato de que en la visita del presidente Sarkozy, el presidente francés, se acordó con el gobierno usurpador la construcción de una planta productora de vacunas y esta planta también haría vacunas contra la influenza, dicen, no sé si con ironía, que permitiría a México tener independencia en la producción de vacunas contra la influenza. No veo cómo una transnacional le dará independencia a nuestro país, de producir estas vacunas.

Pero está el dato, ya público, de que esta empresa francesa estaría instalándose en el estado de México para realizar estas vacunas y empezar a funcionar a partir de la fecha que he comentado.

Nos permitimos especular sobre la idea de que detrás de este reconocimiento están, otra vez, la protección de negocios hechos al cobijo del poder de estas transnacionales farmacéuticas que no le aportan al país absolutamente nada, que vienen a hacer negocio con este tipo de cosas de salud pública y que, por tanto, desde nuestro punto de vista, no existe merecimiento alguno para que Córdova Villalobos pueda ser autorizado a recibir esta condecoración.

Yo espero que no se suban aquí a tribuna a venir a decir que no somos parlamentarios franceses y que entonces no podemos cuestionar este asunto, porque insisto, y le toca a esta soberanía autorizar o no a los ciudadanos mexicanos a recibir condecoraciones de gobiernos extranjeros y, por tanto, nos corresponde decidir o no, si Córdova Villalobos recibe esta condecoración.

Yo anuncio que mi voto también será en contra. Pero también planteo de procedimiento, que se separe el caso de Córdova Villalobos del paquete general, para no tener que votar en contra de otros ciudadanos que no tenemos inconveniente en que reciban la condecoración respectiva, e insistiría que es una posición que el Partido del Trabajo, a través del compañero Enrique Ibarra sostuvo en la propia Comisión de Gobernación y que aquí estamos ratificando frente a este pleno de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Fernández Noroña. No habiendo más quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Para reservar el artículo 4o, diputado presidente, que es justamente la de la condecoración a Córdoba Villalobos.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Para discutir o solamente para la votación?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Para la votación.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muy bien. En tal virtud está a discusión el dictamen, reservando el artículo 4o. para su votación nominal. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proyecto de decreto se concede el permiso al ciudadano Antonio Ramón Suárez Gutiérrez, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Merito Civil, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Reino de España.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el dictamen. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proyecto de decreto se concede el permiso a los ciudadanos Armando Antonio Aguilar Ruibal y Oscar Ernesto de la Fuente Groskorth, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios del Reino de España en Los Cabos, con circunscripción consular en el estado de Baja California Sur y de Malta en la Ciudad de México; con circunscripción consular en toda la República Mexicana, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quién haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo, sino solamente para su votación en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proyecto de decreto se concede permiso a los ciudadanos María Elena Patiño Vázquez, Alejandro García García, Edgar Sánchez Ladrón de Guevara y Cesar Yamil Palozzi Moras, para prestar servicios en los consulados de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León; en Nuevo Laredo, Tamaulipas y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, que es el caso que hemos venido comentando a efectos de la votación.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proyecto de decreto se concede permiso a los ciudadanos Blanca Flor López de Jesús, Gustavo Adolfo Rangel Guerrero y Dina Plotnik Golcman, para prestar servicios en las embajadas de Dinamarca, de Noruega y de Israel, en México, respectivamente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134, del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriores reservados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación nominal de los proyectos de decreto en un solo acto.

(Votación)

Señores diputados, se va a cerrar el tablero electrónico. Ciérrese el tablero electrónico. Señor presidente, tenemos 291 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Aprobados los proyectos de decreto por 291 votos a favor, con los artículos no impugnados, por tanto, ábrase nuevamente el sistema electrónico por 5 minutos, para recoger la votación nominal del artículo 4o. del proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Ángel Córdova Villalobos para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República francesa.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación nominal. Se invita los diputados que se encuentren en alguna reunión o comisión, se incorporen a la votación.

(Votación)

Se va a cerrar el tablero electrónico. Está abierto todavía el sistema electrónico. Tienen 10 segundos para votar. Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, 223 votos a favor, 29 votos en contra y 11 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor secretario. Aprobado en lo particular el artículo cuarto por 223 votos a favor. En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular los proyectos de decreto. Por tanto, pasan al Senado y al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Recibimos una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por lo que le pido a la Secretaría dar cuenta de ésta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. Honorable Cámara de Diputados, presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la inclusión correspondiente en el primer turno posible de los siguientes dictámenes con dispensa de trámites:

Dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo Único, del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Firman la señora coordinadora y los señores coordinadores.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia, se aprueba.

Señoras diputadas y señores diputados, comento a ustedes que se encuentran entre nosotros el ayuntamiento, en pleno, del Municipio de San José Iturbide, del estado de Guanajuato, por lo que les damos la más cordial bienvenida, invitados por el señor diputado Juan Pascualli.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes de primera lectura. De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que se adiciona un párrafo al artículo Único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que han sido distribuidos entre las diputadas y los diputados, le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Quedan de primera lectura.

De igual manera le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la segunda lectura.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o de la Ley del Sistema de Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la palabra el señor diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila: Con su permiso, diputado presidente. Vengo a presentar el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo de la iniciativa, propuesta por el diputado Gastón Luken, es el de homologar el horario estacional u horario de verano, como se aplica en las principales ciudades fronterizas del norte del país, con el plazo de aplicación en las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos de Norteamérica.

Es importante destacar que en términos generales se considera que la homologación propuesta en la aplicación del horario de verano entre las ciudades fronterizas del norte del país con las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos de Norteamérica traerá importantes beneficios económicos, dada la integración económica que existe entre estas ciudades.

El diputado Luken propone adicionar una fracción VI al artículo único del decreto.

VI. Excepto los municipios fronterizos Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga, en Chihuahua; Ciudad Acuña y Piedras Negras, en Coahuila; Ciudad Anáhuac, en Nuevo León; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas.

En los municipios mencionados esta aplicación surtirá efecto desde las 2:00 horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

Ya que actualmente cerca de 75 países han adoptado el horario de verano, de los cuales más de 70 por ciento lo implementan a través de un calendario común, que comprende del segundo domingo de marzo al primer domingo de noviembre, como es el caso de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, quien a excepción de Arizona y Hawai llevan a cabo la medida en todos sus estados.

Se considera también que se tienen serias afectaciones en funciones informativas como son los pagos en tarjetas bancarias con horarios incorrectos, ordenes bursátiles que no se ejecutan a tiempo, incluso confusiones en los horarios de las llegadas o salidas de los aviones, que con esta modificación serían solucionadas.

Que más que una medida de ahorro de energía, el cambio o propuesta es una adecuación para la normalización de las actividades económicas y de la vida cotidiana en las ciudades fronterizas del norte de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. En consecuencia al no haber otras intervenciones está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

No habiendo oradores registrados, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Se invita a los diputados que se encuentren en alguna reunión o comisión a que se incorporen a la votación.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 281 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 281 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3o., de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la palabra el diputado Gastón Luken, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gastón Luken Garza: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, la franja fronteriza norte del país tiene un huso horario diferente a la franja fronteriza sur de los Estados Unidos. Esto es así durante cuatro semanas al año: tres en primavera y una en otoño.

Lo anterior lógicamente afecta la convivencia económica, social, turística, de millones de personas que durante esas cuatro semanas cruzan a lo largo y ancho de esta frontera norte. La propuesta aprobada por la Comisión de Energía busca homologar el huso horario, de tal forma que se empaten los cambios de las fechas donde se dan estas modificaciones al horario con los Estados Unidos, para evitar el desfase y con ello facilitar la convivencia de los habitantes de la franja fronteriza norte de nuestro país, así como también la de cualquier usuario que cruce la frontera entre Estados Unidos y México.

Los beneficios de esta propuesta son múltiples, principalmente hay un ahorro de energía, es una propuesta verde, porque se aprovecha de mejor manera la luz del sol durante estas fechas.

También hay importantes ahorros en transacciones económicas, producto de una mayor agilidad en los cruces aduanales, comerciales y, por supuesto, cualquier cruce aduanal a lo largo de nuestra frontera.

También estimula el turismo al empatar los horarios y con ello facilitar la convivencia tanto de las personas que trabajan o estudian en Estados Unidos.

Como proponente de la presente iniciativa, considero pertinente llevar los beneficios a toda la franja fronteriza. Por eso me permito también adicionar un tercer párrafo que lea de la siguiente manera:

En los municipios fronterizos que se encuentran ubicados en la franja fronteriza norte en el territorio comprendido entre la línea internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, incluyendo también la ciudad de Ensenada, Baja California, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las 2 horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las 2 horas del primer domingo de noviembre. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si acepta la modificación propuesta por el diputado Gastón.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Gastón Luken.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la modificación aprobada por la asamblea.

No habiendo oradores registrados, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Por lo tanto, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la asamblea.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada de votar? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 277 votos en pro, 2 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 277 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continuamos con el siguiente punto del orden del día que es la discusión del Dictamen de la Comisión de Justicia

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia del robo de hidrocarburos.

No hay quien haga uso de la palabra para fundamentar el dictamen. En consecuencia, está a discusión en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en lo que el presidente acaba de comentarnos, les consulto si ha quedado suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si ha de reservarse algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo quien haga ninguna reserva se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

(Votación)

Sigue el sistema electrónico abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 260 votos en pro, 4 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado en lo general y en lo particular por 260 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de robo de hidrocarburos. Devuélvase al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Continuamos con el orden del día, y el siguiente punto es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si sólo se da lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Economía, así como del titular de la Comisión Nacional del Agua, se elabore un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca y otras entidades con bajos índices de desarrollo.

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía y a la Comisión Nacional de Agua, para que a la brevedad y de acuerdo con sus capacidades presupuestales aprobadas para el año 2010 elaboren un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca y otras entidades con menores índices de desarrollo humano en el que se contemplen esquemas de financiamiento y otorgamiento de créditos preferenciales a las micro, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, artesanos y trabajadores independientes afectados por la crisis económica, para posibilitar su recapitalización y la continuidad de sus actividades productivas.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución, para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Acuerdo

Primero. Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a esta Cámara de Diputados sobre las acciones realizadas o en proceso de ejecución, para armonizar las políticas, programas y normas reglamentarias de la administración pública federal con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Segundo. Exhortar a las comisiones ordinarias del Honorable Congreso de la Unión, para que concedan prioridad de dictamen a las iniciativas y minutas en materia de derechos y desarrollo indígenas, y en esas tareas consideren el compromiso del Estado mexicano con la mencionada declaración.

Tercero. Exhortar en los mismos términos a los Congresos locales, para que armonicen la legislación de su respectiva entidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en primera instancia legislen para identificar y reconocer con precisión a las comunidades que sean sujetos de aplicación de los derechos que consagra el artículo 2o constitucional.

Así se acordó y votó en reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, realizada en fecha 2 de diciembre de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se aprueban éste y los puntos de acuerdo antes señalados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo leídos hace un momento.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la?

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. El diputado Ramírez Marín. A sus órdenes. Sí, diputado Alvarado, diga.

El diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (desde la curul): Señor presidente, queremos proponer una adición al acuerdo parlamentario con el cual se está exhortando a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Nacional del Agua, a implementar un plan integral de reactivación económica para el estado de Oaxaca y otras entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.

La adición que proponemos es que además del estado de Oaxaca se mencione a Guerrero y a Chiapas, por ser las 3 entidades federativas más atrasadas del país. Es decir, que el exhorto plantee integrar un plan integral de desarrollo, de reactivación económica para Oaxaca, Guerrero, Chiapas y las otras entidades federativas con menor índice de desarrollo humano.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si nos lo manda por escrito a efecto de ponerlo a consideración de la asamblea, señor diputado, a efecto de poner a votación los puntos de acuerdo con la adición. Dependiendo si es aprobada por la asamblea o no, y con mucho gusto.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo (desde la curul): Con todo respeto, diputado presidente, ya estábamos en el proceso de votación. Usted había preguntado si el punto de acuerdo referido a este exhorto a las Secretarías de Hacienda, a la de Comunicaciones y Transportes, y a la de Economía, si había algún diputado o diputada que tuviera alguna consideración sobre el mismo; y usted expresó, que al no haber ninguna reserva ni ninguna opinión sobre el mismo, se considerara para su votación al final.

En este momento estamos en votación. No cabe ninguna respuesta, aunque entiendo la preocupación del diputado Alvarado, pero cuando, en el último renglón de este punto de acuerdo establece que, otras entidades con bajos índices de desarrollo no sólo se considerara a Guerrero y Chiapas, sino que propone que a cualquier otra entidad; lo que yo le pediría es que se sujete a lo que establece la Ley Orgánica y, si ya estamos en votación, se concluya este procedimiento.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene usted razón, diputado. Pido a la Secretaría que concluya la votación que teníamos iniciada.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Pasamos al siguiente punto del orden del día que es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si están de acuerdo en que solamente se lean los puntos de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez: De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desechan iniciativas con proyectos de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Puntos de acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 185 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Mónica Arriola el 3 de abril de 2008.

Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 105, 185, 241, 262, 264 y 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la diputada Mónica Arriola el 18 de noviembre de 2008.

Tercero. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de diciembre de 2009.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Están a discusión los puntos de acuerdo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Sí, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Gracias, señor presidente, para proponer la votación en contra, también mis razones de por qué estoy en contra de este dictamen.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Díganoslo, diputado, ¿desea pasar?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde curul): Sí.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pase por favor a la tribuna, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es un dictamen que analiza una iniciativa para dar oportunidad a las personas con capacidades diferentes para que tengan garantizado el goce de sus derechos electorales a través de la capacitación electoral, de la creación de infraestructura que facilite el acceso de las personas con capacidades diferentes a las casillas electorales para el ejercicio del voto y, en fin, para que en la legislación electoral existan vías, mecanismos, herramientas para que todas estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales.

El dictamen que está a discusión considera que la iniciativa no es necesaria en tanto que a través de la interpretación que ha realizado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sus diversas interpretaciones el tribunal ha considerado que debe realizarse, en materia de derechos político-electorales, una interpretación extensiva de los mismos.

También estima el dictamen que el propio Consejo General del IFE, mediante lineamientos de acuerdo ha facilitado la posibilidad de que personas con capacidades diferentes puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales y que por esas razones ya no es necesario que en el Cofipe se establezcan con precisión reglas jurídicas, normas jurídicas que promuevan la participación político-electoral de las personas con capacidades diferentes.

Considero que a pesar de que es cierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que en materia de derechos electorales, político-electorales, deben interpretarse extensivamente y que también el Consejo General, desde otros procesos electorales ha regulado y ha intentado promover y facilitar la participación de las personas con capacidades diferentes, me parece que no está de más que el propio Código Electoral, el Cofipe, establezca con precisión los derechos y las facilidades que las autoridades electorales deben establecer a favor de estas personas.

Esta iniciativa, que se propuso en su momento, daría mayor certeza jurídica a las personas con capacidades diferentes. Por tanto, estimo que debe reconsiderarse este dictamen negativo y, para no vulnerar el principio de no discriminación, previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución, es importantísimo que la legislación electoral secundaria regule, tal y como lo propuso la iniciativa, estos temas para que las personas con capacidades diferentes ejerzan a plenitud sus derechos político-electorales.

Muchas gracias, señor presidente. Aviso que si no se reconsidera este dictamen, mi voto será en contra del mismo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente señalados.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En consecuencia aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crean 28 comisiones especiales de la Cámara de Diputados de esta LXI Legislatura. Le pido a la Secretaría dé lectura sólo a los nombres de las comisiones y de quien se propone presidirlas.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, Grupo Parlamentario del PRI, diputado José Tomás Carrillo Sánchez.

De la Región Cuenca de Burgos, PRI, diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas.

De Investigación del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex, PRI, diputado Oscar Román Rosas González.

Industria automotriz, PRI, diputado Melchor Sánchez de la Fuente.

De Análisis de políticas de creación de nuevos empleos, PRI, diputado Isaías González Cuevas.

En materia de protección civil, PRI, diputado Fernando Morales Martínez.

De la Cuenca de los ríos Grijalva, Usumacinta, PRI, diputado José Antonio Aysa Bernat.

Encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del Sur-Sureste, México, PRI, diputada Sofía Castro Ríos.

Para el desarrollo de microrregiones, PRI, diputado David Hernández Pérez.

Para la industria manufacturera de exportación, PRI, diputado Alejandro Cano Ricaud.

De apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, copresidencia para el Centenario de la Revolución, PRI, copresidente diputado Oscar Lara Salazar.

De apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, copresidencia para el Bicentenario, PAN, copresidente diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez.

Para la Cuenca Lerma Chapala Santiago, PAN, diputado César Octavio Madrigal Díaz.

Para la lucha contra la trata de personas, PAN, diputada Rosi Orozco.

Del Café, PAN, diputado Carlos Martínez Martínez.

De citricultura, PAN, diputado Miguel Martínez López.

Para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, PAN, diputada María Yolanda Valencia Vales.

De seguimiento de la implementación de la reforma constitucional en materia de fiscalización, evaluación y armonización contable, PAN, diputado Gastón Luken Garza.

Encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas, puertos, aeropuertos, nacionales, en relación con la entrada de mercancía ilegal, el tráfico y contrabando de armas, estupefacientes y sustancias radiactivas, PRD, diputado Héctor Hugo Hernández.

Sobre la no discriminación, PRD, diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, PRD, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero.

Para la atención de los asuntos en la frontera sur encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos del desarrollo de la frontera sur de México, PRD, diputado Juan Carlos López Fernández.

De seguimiento a las evaluaciones practicas para los programas que conforman el Programa Especial Concurrente para el Campo, PRD, diputado Federico Ovalle Vaquera.

Para la competitividad, Partido Verde Ecologista de México, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez.

De acceso digital, Partido Verde Ecologista, diputado Rodrigo Pérez Alonso.

De impulso a la calidad educativa, Nueva Alianza, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

De seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, rotatoria, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Sobre cambio climático, rotatoria, diputado César Daniel González Madruga.

Encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, rotatoria, diputado Manuel Cadena Morales.

Firman diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, presidente y coordinador; diputada Josefina Vázquez Mota, por ausencia; diputado Alejandro Encinas Rodríguez; diputado Juan José Guerra Abud.

En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y comuníquese. Asimismo, insértese íntegro en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los Comités de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que funcionarán en la Cámara de Diputados durante la LXI Legislatura.

Le solicitamos a la Secretaría que dé lectura al nombre del Comité del Centro de Estudios, y de la diputada o diputado que lo preside.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Cómo no, diputado presidente.

De las Finanzas Públicas: (PRI) Diputado Óscar Guillermo Levín Coppel.

De Derecho e Investigaciones Parlamentarias: (PRI) Diputado Omar Fayad Meneses.

Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria: (PRI) Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy.

Sociales y de Opinión Pública: (PAN) Diputada Oralia López Hernández.

Para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género: (PAN) Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo relativo a la creación de los Subcomités.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica? Todavía no se vota, compañeros diputados, aguanten tantito.

En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Comuníquese. Asimismo, insértese íntegramente en el Diario de los Debates, y comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para la LXI Legislatura. Pido a la Secretaría que dé lectura al acuerdo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para la LXI Legislatura.

Acuerdo

Primero. Se constituye el Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados del Congreso General de la LXI Legislatura, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El Comité de Información, Gestoría y Quejas será presidido por el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y funcionará hasta el término de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Tercero. El comité estará integrado por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 6 del Grupo Parlamentario del PRI, 3 del Grupo Parlamentario del PAN, 2 del Grupo Parlamentario del PRD, 1 del grupo parlamentario del Verde, 1 del Grupo Parlamentario del PT, 1 del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y 1 del Grupo Parlamentario de Convergencia.

El comité contará con una mesa directiva que se conformará por el presidente y tres secretarios. La designación de estos últimos, así como la totalidad de los integrantes del comité deberá ser comunicada por los grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación Política.

Cuarto. El comité podrá subdividirse en los subcomités que se consideren necesarios, según los asuntos y materias que deban atenderse.

Quinto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento del comité serán aprobados por el Comité de Administración.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo, México, D. F., a 10 de diciembre de 2009.

Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez, rúbrica, Presidente de la Junta de Coordinación y coordinador del PRI; diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota, coordinadora del PAN, por ausencia; diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del PRD; diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Verde Ecologista. Es todo.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo relativo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las representaciones de diputados de la LXI Legislatura que participarán en las comisiones bicamarales de Seguridad Nacional, de Concordia y Pacificación y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Dé lectura la Secretaría al acuerdo.

El Secretario Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las representaciones de diputados de la LXI Legislatura que participarán en las comisiones bicamarales de Seguridad Nacional, de Concordia y Pacificación y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Acuerdo

Primero. Se integra la representación de diputados de la LXI Legislatura ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional.

La Comisión Bicameral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: Uno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, siendo los siguientes: Diputado Rogelio Cerda Pérez, por el PRI; diputado Gustavo González Hernández, por el PAN y diputado Alejandro Encinas Rodríguez, por el PRD.

Segundo. Se integra la representación de diputados de la LXI Legislatura ante la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, numeral C de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los términos del artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Concertación y la Paz Digna en Chiapas.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las representaciones de diputados de la LXI Legislatura que participarán en las comisiones bicamerales de Seguridad Nacional, Concordia y Pacificación y del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

La Comisión Bicameral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del PRI; uno del Grupo Parlamentario del PAN y uno del Grupo Parlamentario del PRD, siendo los siguientes: Grupo Parlamentario del PRI, diputado Sami David David, suplente, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez; Grupo Parlamentario del PAN, diputado Ovidio Cortázar Ramos y diputado Jesús Giles Sánchez; Grupo Parlamentario del PRD, diputado Juan Carlos López Fernández y diputado José Narro Robles.

Tercero. Se integra la representación de diputados de la LXI Legislatura ante la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión Bicameral estará integrada por tres miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: uno del Grupo Parlamentario del PRI, uno del Grupo Parlamentario del PAN y uno del Grupo Parlamentario del PRD, siendo los siguientes: Grupo Parlamentario del PRI, diputado Aarón Irizar López; Grupo Parlamentario del PAN, por definir; Grupo Parlamentario del PRD, por definir.

Cuarto. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de las comisiones bicamerales serán aprobados por el Comité de Administración, de acuerdo a lo que prevean las reglas y procedimientos de operación de cada comisión, cuando la presidencia de ésta recaiga en un diputado federal.

Transitorios

Primero. La presidencia de cada una de las comisiones bicamarales que se conforman por medio del presente acuerdo recaerán en los siguientes grupos parlamentarios en el primer turno que corresponda presidir a la Cámara de Diputados.

Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Partido Acción Nacional; Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, Partido de la Revolución Democrática; Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, Partido Revolucionario Institucional.

Para los siguientes turnos que corresponda presidir a la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política decidirá lo conducente.

Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro. 10 de diciembre de 2009. Rúbricas, que antes he señalado.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Aprobado por mayoría, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se conforman y designan las delegaciones permanentes que representarán a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales.

Pido a la Secretaría dé lectura a los nombres de la delegación, número de integrantes y su composición.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se conforman y designan las delegaciones permanentes que representarán a la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura ante organismos y asambleas parlamentarias internacionales.

Acuerdo

Parlamento Latinoamericano (Parlatino). La delegación estará integrada por un total de 64 integrantes: por el PRI, 30; por el PAN, 18; por el PRD, 10; por el Verde Ecologista, 2; Partido del Trabajo, 2; Nueva Alianza, 2; Convergencia, 2.

Parlamento Centroamericano (Parlacen). La delegación estará integrada por un total de 7 integrantes: por el PRI, 3; por el PAN, 2; por el PRD, 1; y rotatorio 1.

Confederación Parlamentaria de Las Américas. (Copa). La delegación estará integrada por un total de 10: por el PRI, 4, por el PAN, 3; por el PRD, 2; rotatorio 1.

Foro Interparlamentario de Las Américas (Fipa). La delegación estará integrada por un total 6: por el PRI, 3; por el PAN, 2; por el PRD, 1.

Unión Interparlamentaria (UI). La delegación estará integrada por un total de 5: por el PRI, 2; por el PAN, 1; por el PRD, 1; rotatorio 1.

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La delegación estará integrada en total de 3: por el PRI, 1; por el PAN, 1; por el PRD, 1.

Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF). La delegación estará integrada en total de 5: por el PRI, 2; por el PAN, 1; por el PRD, 1; rotatorio, 1.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria. Rúbricas, que he señalado anteriormente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se nombra a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y ante la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Dé lectura la Secretaría, por favor, al acuerdo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se nombra a los representantes del Poder Legislativo ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y ante la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

Acuerdo

Primero. El representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), será un diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que se definirá con posterioridad.

Segundo. El representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, será un diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se definirá con posterioridad.

Tercero. El representante de la Cámara de Diputados que asistirá como invitado ante la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, será el diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto. Para cada uno de los representantes ante organismos, materia del presente acuerdo, los grupos parlamentarios podrán nombrar un suplente cuyo nombre deberá ser comunicado por aquéllos a la Junta de Coordinación Política.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009. Rúbricas, las que he mencionado con anterioridad.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica se consulta al asamblea si es de aprobarse el acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y comuníquese. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día de la próxima sesión 15 de diciembre de 2009.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se encuentran entre nosotros invitados del diputado César Octavio Madrigal Díaz, del distrito XIV, de Guadalajara, Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.

Se levanta la sesión (17:04 horas) y se cita para la que tendrá lugar el martes 15 de diciembre a las 10 horas. El sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 de la mañana.