Comunicaciones
De diversas dependencias, con respuestas a puntos de acuerdo
Oficio de la Cámara de Senadores
Iniciativas de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisiones
Laura Elena Estrada Rodríguez, PAN
Francisco Arturo Vega de la Madrid, PAN
Sergio Arturo Torres Santos, PAN
Alejandro Gertz Manero, Convergencia
Proposiciones de diputadas y de diputados
Recibidas y turnadas a comisión
Diana Patricia González Soto, PRI
Cora Cecilia Pinedo Alonso, Nueva Alianza
Mary Telma Guajardo Villarreal, PRD
Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, PRD
María Sandra Ugalde Basaldúa, PAN
Ruth Esperanza Lugo Martínez, PAN
Olga Luz Espinosa Morales, PRD
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, PRO
Comunicación de la Sección Instructora
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y señoras diputados.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Le informo presidente que existen 298 diputados registrados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:30 horas): Por tanto, hay quórum. Y por tanto, se abre la sesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte si se dispensa la lectura del orden del día.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación) Gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa favor de manifestarlo (votación) Gracias. Diputado, mayoría por la afirmativa.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la lectura del orden del día. Diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre el orden del día, diputado presidente... Está fuerte el volumen ahora de este micrófono.
Bueno, en primer lugar, antes del orden del día...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No es que esté fuerte, es el eco.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ah, es que está vacío esto. Efectivamente es lo que quería comentar, diputado presidente, que aunque tenemos quórum se hiciese un llamado, desde la Mesa Directiva, a todos los diputados y diputadas para que se integre al pleno. Me parece incorrecto, primero empezamos tardísimo, son 12:30, estamos citados desde las 11:00, pero además es una falta de respeto para todos, el que no se integren a la sesión.
Quisiera solicitarle, además, diputado presidente, una vez más, no veo en el orden del día el punto de mi solicitud de que se declare interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, Lozano. Entonces quisiera ya, en vez de preguntarle qué pasa con ése punto, solicitarle formalmente se integre al orden del día para que se acepte o se deseche, pero de una vez que se le dé respuesta a mi solicitud desde hace varias semanas.
Quiero, finalmente, diputado presidente, comentarle que el día de hoy fui citado por la Procuraduría General de la República a las 11:00 de la mañana para ratificar mi denuncia por enriquecimiento, dice ilícito, yo creo que es inexplicable, aunque claramente explicable, del diputado César Nava Vázquez.
No acudí a la cita porque estábamos citados aquí a las 11:00 de la mañana. He pedido a la Procuraduría que me de una nueva cita para ratificar esta denuncia que he hecho contra el diputado César Nava Vázquez, quiero hacerlo del conocimiento del pleno, porque un diputado del PAN me invitó a que hiciera la denuncia y yo le he tomado la palabra, obediente, como soy siempre con los mandatos de mis compañeros.
Le agradezco mucho que esto conste en el acta para que esté ahí la información.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado, así se hará. Consta en el acta. Tomo nota de su solicitud de integración al orden del día.
Quisiera explicar, a los señores diputados presentes y a quienes nos hacen el favor de llevar puntualmente la historia de estas sesiones, que la sesión de hoy es una sesión convocada estrictamente para el desahogo de iniciativas y puntos de acuerdo.
El otro objeto de convocar la sesión el día de hoy es el que encuentren espacio procesal algunos procedimientos que la Cámara tiene que llevar a cabo y para el efecto se requieren de las sesiones intermedias.
Con esa salvedad, le solicito muy atentamente que guardemos el respeto debido a la asamblea, con muchos o pocos integrantes, y que hagamos un esfuerzo por cumplir las metas de ella, que son el desahogar el mayor número posible de iniciativas y puntos de acuerdo necesarios.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una cosa más, diputado presidente. Como no está, está en comisiones mi compañero diputado Jaime Cárdenas, quisiera en su nombre solicitar también o reclamar al pleno que no se han decidido los tres consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Va a terminar ya el periodo, hace mucho que se venció el plazo para resolver la integración de este órgano, brutalmente parcial, para organizar las elecciones.
Yo me permito, además, plantear que esta asamblea debería valorar la remoción de todos los integrantes del Instituto Federal Electoral y crear un nuevo órgano que fuera verdaderamente imparcial.
Estoy convencido que la suma de parcialidades no da imparcialidad. El reparto de cuotas, como se ha integrado este órgano, lastima a los procesos de intentos de democratización de nuestro país y me parece que el que el PRI se quede con dos y el PAN con uno o que uno le toque el PRD, uno al PAN y uno al PRI, no resuelve el problema de fondo, que es que en una elección tan importante, como será la presidencial del 2012, el órgano encargado del proceso electoral esté integrado de esa manera, de cuotas, es incorrecto y ya que no se han nombrado los tres consejeros, plantearía no solamente que se nombren los tres, sino que se integrara un nuevo órgano electoral.
Y de pasada, en una discusión de fondo de un tránsito verdadero hacia la democracia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también, fuera removido de sus responsabilidades y se integrara uno que garantizara verdaderamente imparcialidad respeto al voto, justicia, equidad en los próximos procesos electorales. Le agradezco mucho, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante señor secretario, el siguiente punto es la lectura al acta de la sesión anterior. Consulte si se dispensa la lectura.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada la lectura. Ponga a discusión el acta.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dé lectura a la comunicación de la Mesa Directiva.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Honorable asamblea, esta presidencia comunica que se recibieron tres dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones: de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Publíquense en el Diario de los Debates y archívese los expedientes como asuntos concluidos.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se recibieron contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que remiten:
El titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública.
El secretario del Consejo de Salubridad General, y
El coordinador general de Política Sectorial de la Sagarpa, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con el trámite correspondiente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento, igualmente solicito al departamento jurídico verifique si estos titulares de unidades de coordinación tienen facultades para dar respuesta a puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y reforma la Ley Federal de la Defensoría Pública.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítanse a la Comisión de Justicia.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia recibió de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 107 Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley que Establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y abroga la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal. Se turna a las comisiones unidas de Justicia; Hacienda y Crédito Público; Gobernación y Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, y se turna a la Comisión de Justicia.
Del diputado Rodolfo Lara Lagunas, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, y del Código Civil Federal. Se turna a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Justicia.
Se recibió del diputado Miguel Ángel García Granados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 199 A, de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
De la diputada Ivideliza Reyes Hernández, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Del diputado Jesús Ramírez Rangel, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Del diputado Teófilo Manuel García Corpus, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De la diputada Rosalina Mazari Espín, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del diputado Francisco Ramos Montaño, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del propio diputado Ramos Montaño, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda; de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables.
Del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea el Instituto Nacional de Apoyo y Fomento al Microcrédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del diputado García Granados Miguel Ángel, se recibió iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 52, 53 y 56 y derogar el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del diputado Julio César Godoy Toscano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 64 y136 de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Social.
De la diputada Rosario Brindis Álvarez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Del diputado Pablo Escudero Morales, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o., 6o., 28 y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Del diputado Juan Carlos Natale López, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Del propio diputado Macari, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo.
De la diputada Norma Sánchez Romero, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 69-C y 70-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 37 del Código Fiscal de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, iniciativa que reforma los artículos 28 y 31 de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
De la diputada Rosalina Mazari Espín, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
De la diputada Esthela Damián Peralta, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 y adiciona un artículo 138 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Suscrita por diversos integrantes de diversos grupos parlamentarios. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y tiene la palabra don Pedro Vázquez González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea, el objetivo constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mantener incólume el ordenamiento jurídico en nuestro país.
El original párrafo tercero del artículo 97 apareció por primera vez en nuestra historia constitucional, en el proyecto constitucional de 1917. Este texto señaló que los comisionados designados serían nombrados para que averiguaran únicamente la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación al voto público o algún otro delito castigado por ley federal, cuyo objetivo era preservar las garantías individuales y posteriormente por decreto del 6 de diciembre de 1997, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para practicar de oficio averiguaciones sobre hechos violatorios del voto público, cuando estuviera en duda la legalidad de procesos electorales. La pregunta que nos hacemos, averiguar ¿para qué?
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la clave es investigar, pues averiguar por averiguar no tiene sentido, debe de existir un fin, cosa que actualmente no se indica en el precepto constitucional que pretendemos reformar.
El primer antecedente constitucional consistió en la averiguación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó practicar con motivo de los acontecimientos en el Puerto de Veracruz los días 24 y 25 de junio de 1879, cuando los marinos se sublevaron en el Puerto de Veracruz en contra del gobierno de la república y el entonces gobernador Luis Mier y Terán ordenó su detención y fusilamiento sin previo juicio.
El juez de distrito del estado de Veracruz, Rafael de Zayas Enriquez, fue informado de los acontecimientos; se dirigió al cuarte del batallón 23, encontrándose con el gobernador y habiéndose fusilado ya a nueve personas. Encontró con vida a cuatro, para posteriormente informarle al gobernador que dichas personas quedaban bajo el amparo y protección de la justicia federal.
En los últimos dos años y medio, el pleno de la Corte ha votado cuatro informes sobre hechos que presuntamente constituían una grave violación de alguna garantía individual y en ninguno de estos casos ha habido consecuencias para las altas autoridades involucradas.
El primer acontecimiento en el que la Suprema Corte hace señalamientos con responsabilidades, es el caso de 17 asesinatos en Aguasblancas, Coyuca de Benitez, en el estado de Guerrero, en donde no sólo hubo violación a las garantías, sino también delitos que perseguir.
Fue el expediente 396 relativo a la solicitud del Ejecutivo federal para que la Suprema Corte ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional respecto a los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en Aguasblancas, municipio de Coyuca de Benitez.
Los entonces magistrados comisionados para tan importante investigación fueron los CC Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes en el informe que presentaron al tribunal del pleno, entre otras cosas señalaron lo siguiente, cita textual: “Al examinar los antecedentes ya resumidos fácilmente se aprecian, para referir no solamente a los acontecimientos del 28 de junio de 1995, las siguientes violaciones generalizadas y no particulares de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 6, 8, 9, 11, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“a) Violación a la garantía de tránsito, puesto que se detuvo sin orden de autoridad competente a pasajeros que viajaban en camiones de servicio público que transitaban pacíficamente.
“b) Violación a la garantía de libre expresión puesto que la propia autoridad del estado reconoce que intervenía para que no hubiera acto de protesta contra la presidencia de Atoyac.
“c) Violación a la libertad personal de los transeúntes puesto que sin orden de aprensión detuvieron a personas y les impidieron desplazarse libremente para atender sus asuntos.
“d) Finalmente se violaron sus garantías de seguridad, de defensa y de petición y respeto a la vida –continúan señalando los ministros comisionados–. Por tal motivo, es evidente la responsabilidad de los entonces Gobernador, Procurador General de Justicia y Secretario General de Gobierno, además de los restantes funcionarios consignados, todos ellos del estado de Guerrero, porque actuaron como cultivadores del engaño, la maquinación y la ocultación, con la consecuente violación grave de las garantías antes citadas”.
Como puede observarse, los ministros comisionados actuaron en el marco del artículo 97 constitucional, razón por la que este Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende fortalecer la facultad de investigación de maneras expresa y pueda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su informe final señalar a los responsables y remitir las actuaciones a las autoridades correspondientes para que éstas resuelvan lo que conforme a derecho corresponda.
Presidente, compañeras y compañeros legisladores: el objetivo de la presente iniciativa es reformar el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, para suprimir el vocablo “averiguar” por “investigar”, además de suprimir los últimos renglones del artículo a reformar y que en el informe final se incluya y se señalen a los servidores públicos responsables involucrados, porque así lo consideramos, pues el asunto es de trascendencia nacional y es imposible ocultar dicho aspecto.
El último caso para señalar es, desafortunadamente, el de la Guardería ABC, donde todavía, a pesar de que existen responsables no se ha procedido legalmente contra ellos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Del diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN, se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La iniciativa que acabamos de tener el honor de escuchar, presentada por don Pedro Vázquez González se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes de dar inicio a la exposición de la diputada Cuevas Barron esta Presidencia quiere expresar su solidaridad, de la Presidencia y de toda la Mesa Directiva, y estoy seguro que de toda esta Cámara, con nuestro apreciado compañero don Federico Ovalle, por el fallecimiento de su señora madre. Reciba nuestras más sinceras condolencias.
Adelante, diputada Cuevas.
La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado. Por muchos años en el imaginario colectivo se ha enraizado la certeza de que los presidentes han utilizado recursos provenientes de la partida secreta, de manera opaca y discrecional. Algunos cálculos señalan que en el periodo comprendido entre 1983 y 1997, que fueron los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se manejaron cerca de mil 342 millones de dólares bajo el amparo de esta partida; por tanto, sin rendir cuentas de su destino al órgano legislativo.
Una investigación publicada en 1997 destaca que Miguel de la Madrid ejerció diariamente, en promedio, 160 mil dólares; Carlos Salinas de Gortari, 390 mil; y Ernesto Zedillo lo redujo a 145 mil por día, durante 1995 y 1996.
En total, Miguel de la Madrid ejerció 352 millones 739 mil 170 dólares entre 1983y 1988; mientras que Carlos Salinas de Gortari superó la cifra por más de dos veces al ejercer 857 millones 751 mil 170 dólares entre 1989 y 1994; Ernesto Zedillo, por su parte, ejerció un total de 106 millones 76 mil ,150 dólares entre 1995 y 1996.
Por presiones de la organización civil se dejaron de ejercer los recursos asignados a esta partida a partir de 1998, mientras que a partir del año 2000, se dejaron de contemplar estos recursos en los presupuestos de egresos correspondientes.
Del comportamiento de esta partida en los últimos periodos presidenciales se puede advertir que la amenaza no es menor, pues además de la opacidad, la partida secreta se caracterizó por carecer de racionalidad entre lo presupuestado y lo ejercido. Durante los años que se utilizó, se presentaron alzas y bajas sin que mediara justificación alguna por su propia naturaleza de secretas. En este sentido, resultan evidentes los aumentos en 1988, en 1991 y 1994, años en que se realizaron elecciones.
Por la válida suspicacia con que los ciudadanos veían el ejercicio de estos recursos, se dejaron de asignar recursos al ramo respectivo con el propósito de que la fiscalización de las finanzas públicas fuera un principio rector en el funcionamiento del Ejecutivo. Sin embargo, no ha desaparecido todavía esa bolsa de recursos: únicamente se mantiene en ceros pero todavía existe la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar.
En este sentido, cabe recordar que en el año 2005 hubo un intento por regular el uso de la partida secreta en proyectos de seguridad nacional sin que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de conocer el destino del gasto ni los resultados de los programas, pues en dicha iniciativa se proponía que la información utilizada, así como la derivada de los resultados, tendría el carácter de reservada y confidencial.
De esta manera, la prohibición expresa en el texto constitucional sería un paso fundamental que los actores políticos debiéramos dar para garantizar que en los años subsecuentes no permanezcan las condiciones para legitimar el uso de la partida secreta, lo que constituiría un retroceso en materia de transparencia.
A ello, hay que agregar que durante los últimos diez años no se ha asignado recurso alguno a las también llamadas erogaciones contingentes, por lo que no es necesaria la existencia de un precepto constitucional que permita o de cabida a una bolsa de recursos que esté al margen de los mecanismos de fiscalización y en contra de toda lógica democrática que prevé la eficiencia en las acciones gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto y a fin de evitar los riesgos de discrecionalidad o abuso en el uso de los recursos que representa la actual redacción de la fracción IV del artículo 74 constitucional, someto a la consideración del pleno de esta Cámara, esta iniciativa para desaparecer las partidas secretas de nuestra Constitución. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que...
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, adelante.
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (desde la curul): Diputado presidente, para que me haga usted favor de preguntarle a la diputada Cuevas, si puedo adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Cuevas, la diputada doña Augusta Valentina, solicita adherirse a su proposición, a su iniciativa...
La diputada Gabriela Cuevas Barrón (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ... lo cual acepta, diputada. Está usted adherida a esta proposición.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, como les iba diciendo, va a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene usted la palabra, diputada.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente.
Señor presidente, solicito que sea incluido el texto íntegro de la presenta iniciativa de decreto en el Diario de los Debates, por favor.
La mortalidad materna, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y constituye una de las expresiones más dramáticas de la injusticia social y de la inequidad y desigualdad de género.
Es un problema en salud pública vinculado a los derechos de la mujer, plasmado en diferentes instrumentos internacionales.
En México, según datos del INEGI, en el año 1990, murieron 2 mil 190 mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, representando una razón de 89 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos.
Para 2007 la cifra aumentó mil 97 más que en el 90, y en el año 2008, la cifra aumentó a mil 115 más que en el año 90. Y el número de mujeres muertas representando una razón de 57.2 por ciento de muertes maternas.
En septiembre de 2002, los miembros de la ONU adoptaron la Declaración del Milenio. El gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron Los –ocho- Objetivos del Desarrollo del Milenio, entre los cuales, el número cinco establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad en 75 por ciento para el año 2015 respecto a los niveles de 1990.
La meta a cumplir para nuestro país en 2015, en el marco de Los Objetivos del Desarrollo y Metas del Milenio, es de una razón de 22.3 por ciento, de acuerdo a lo cual se estima que se deberían presentar 417 defunciones maternas cada año.
De acuerdo a lo que antecede, el artículo 4o. de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, dichos servicios son los que componen el Sistema Nacional de Salud, mismos que pueden ser de carácter público, social o privado.
Derivado de esto es que la Ley General de Salud establece que la atención materno-infantil es materia de salubridad general y debe ser incluida en los servicios básicos de salud; asimismo, contiene el capítulo quinto denominado Atención Materno-Infantil, cuyo artículo 61 establece que dicha materia es de carácter prioritario.
En este marco, el gobierno mexicano ha desplegado varias acciones para atender el grave problema de mortalidad materna, estableciendo en el Plan Nacional de Salud 2007-2012 a la mortalidad materna como un problema de salud prioritario e implementando estrategias que permitan reducir este grave problema, tales como Embarazo Saludable.
Estrategia que se extiende a la afiliación del Seguro Popular a las mujeres embarazadas y a sus familias, la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en México cuyo objetivo es brindar atención universal a través de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE en complicaciones de embarazo y promover una cultura de prevención de riesgos y de autocuidado de la salud entre las mujeres embarazadas a través de la atención de las emergencias.
Actualmente en México se presentan 2.1 millones de embarazos cada año y alrededor de 300 mil tienen complicaciones obstétricas. Lo alarmante que resultan las cifras relacionadas con la muerte materno-infantil obligan a tomar medidas que tiendan a cohesionar al Sistema Nacional de Salud para formar un frente común de resolución del problema, por lo que se tendrán que involucrar los establecimientos de salud de carácter público, social y privado actuando de manera solidaria con las mujeres mexicanas, proporcionándole servicios de salud materno infantil, de carácter universal en la que se considere la portabilidad de su carácter de usuarias. Iniciando con aquellas que se encuentran en condiciones de alta marginación.
Con base en lo anterior, es que la presente iniciativa tiene como objetivo constituirse en un paso firme, para garantizar el acceso universal, efectivo, oportuno, de calidad y gratuito a los servicios que proporcionan los establecimientos de atención médica de todo el Sistema Nacional de Salud.
El efecto pretendido será con esta iniciativa es que el momento de presentarse una complicación durante el embarazo, parto o puerperio o posparto, las mujeres tengan la posibilidad de arribar oportunamente a los servicios de salud.
Compañeras diputadas y compañeros diputados sumemos esfuerzo para lograr erradicar el grave problema de mortalidad materna que enfrentamos como país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente decreto:
Primero.
Se adicione el artículo 64 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 64 Bis. Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley, prestarán atención expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de emergencias obstétricas independientemente de su derechohabiencia o afiliación...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Concluyo, señor presidente. Cualquier esquema de aseguramiento, cualquiera que se trate de mujeres en condiciones de pobreza o provenientes de zonas de alta marginación conforme a los criterios que al efecto establezca la Secretaría de Salud, dicha atención deberá ser gratuita.
Segundo. Se adiciona la fracción V al artículo 89 de la Ley de Seguro Social, para quedar como sigue tal y cual a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el instituto será obligatoria la atención a las mujeres en edad gestacional...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Término, señor presidente. Que presenten una emergencia obstétrica solicitada de manera directa a través de la referencia o de otra unidad médica en las unidades con capacidad para su atención de emergencias obstétricas.
Transitorio.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.
Corresponderá a las autoridades encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar las adecuaciones normativas y reglamentos correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente decreto, para ello contarán con un plazo no mayor a 120 días. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social.
Voy a agradecer a los señores exponentes sean tan amables de sujetarse al tiempo previsto.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputada.
La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): Presidente, para solicitarle a ver si la diputada nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Laura. Acepta con mucho gusto su adhesión. Los que así quieran hacerlo, pueden pasar aquí a la Secretaría a rubricarlo.
Tiene la palabra el diputado Vega de Lamadrid. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid: Con su venia, señor presidente.
La historia de México nos ha enseñado que el poder político constituido sólo puede considerarse legítimo si reconoce, respeta y ampara los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sexo; origen étnico; creencias religiosas; herencia cultural o situación económica.
La democracia como forma de vida es más antigua que como sistema de gobierno. No puede existir una democracia integral si no hay una verificación y observación puntual de la sociedad como en las democracias participativas, ya que en ellas se delega una parte del ejercicio a sus representados elegidos por el pueblo, y otra parte la ostenta la sociedad misma por medio de las figuras jurídicas de iniciativa popular, referéndum o plebiscito.
La democracia participativa que refiere la forma en que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones dentro de la vida pública y los temas de interés nacional, es sumamente importante para nosotros y para la vida democrática de nuestro país. El artículo 39 de la Constitución Política mexicana establece al calce, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye a beneficio de éste.
Es así que las voluntades de la nación son las que se deben dictar, no solamente a través de la elección de sus gobernantes, sino también en la representación de la opinión de los ciudadanos, expresados mediante instrumentos jurídicos plenamente establecidos desde nuestra Carta Magna.
La democracia participativa es el sistema político que reconoce el pluralismo, se basa en la igualdad jurídica y garantiza las libertades de todas las personas que conforman una sociedad partícipe de las decisiones políticas.
Esta iniciativa pretende dotar a la sociedad de instrumentos de participación directa para los temas que sean de interés nacional, acorde con las disposiciones que la mayoría de las entidades federativas reconoce desde las Constituciones locales, y que en muchos países ostentan como propias en su normatividad.
Por ello, me permito proponer a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 35, 36, 40, 71, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa pretende –como aquí vemos– darnos a todos una fortaleza en un país donde la democracia impera y que, a su vez, sabemos nosotros que es importante la participación misma de nuestra sociedad.
La sociedad corresponsable de las acciones de los gobiernos deberían de ser también, porque son quienes nos dan y quienes nos quitan la forma, el estilo y la responsabilidad que todos tenemos, más ahora, como diputados federales que somos.
Señor presidente, le solicito que el texto íntegro sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Vega de Lamadrid. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Paz Gutiérrez Cortina, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a la Salud Materna.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas. El artículo 4o. constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ésta protegerá la armonización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. De lo anterior se desprende que la protección que asegura y da continuidad a la especie humana cada nueva generación, es un privilegio compartido, una responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer.
La maternidad, que inicia con la constitución del hijo y termina con la muerte de la madre o del hijo, involucra especialmente a la mujer dadas sus características físicas, biológicas, sicológicas y emocionales, siendo ella quien porta en su cuerpo durante del embarazo el producto de la gestación.
Al padre le corresponde dar el acompañamiento solidario con la madre, asumiendo todas las obligaciones de la paternidad.
Y la familia, la sociedad y el Estado, deben dar un acompañamiento y un apoyo solidario.
La maternidad es un proceso biológico natural y no debe ser considerado como una enfermedad, por lo que cada madre tiene derecho de gozar de un embarazo saludable con el mínimo de riesgos y complicaciones, tanto para ella como para su hijo. Por lo tanto, deberá contar con los servicios de salud de las instituciones públicas y privadas, así como tener acceso a los programas gubernamentales implementados para tal efecto.
Para la mayor parte de las mujeres la maternidad es una experiencia positiva y satisfactoria, sin embargo en ocasiones enfrenta circunstancias adversas que la hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias serían minoría de edad, una relación familiar inestable, falta de apoyo familiar, carencia de recursos económicos; o el caso de madres reclusas o mujeres migrantes. En todos estos casos la sociedad como los poderes públicos han de poner a disposición de la mujer embarazada la información completa sobre los apoyos existentes, tanto públicos como privados, para que antes, durante y después del parto pueda conocer alternativas viables y tener acceso a los recursos existentes encaminados a prestarle la ayuda y la atención necesaria para llevar a término su embarazo.
La salud tiene que ser prioritaria. En los países desarrollados las mujeres corren menos riesgo de perder la vida por causas relacionadas con la maternidad, debido al acceso a servicios de calidad y un adecuado control prenatal, ya que la mayoría de las causas relacionadas con las muertes maternas son prevenibles.
En concordancia con el artículo 25, párrafo dos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 10, párrafo dos, de la Convención sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales se busca a través de esta ley lograr una mayor justicia social, equidad e igualdad de oportunidades sin distinción de raza, edad, condición social, estrato socioeconómico, así como de sensibilizar a la sociedad entera sobre la importancia y el valor social y personal de la maternidad que por lo cual se deberá de promover también políticas públicas con perspectiva de maternidad, que favorezcan a las mujeres embarazadas que así lo requieran.
En base a lo anterior y en complemento del capítulo V de la Ley General de Salud se propone la creación de la Ley de Protección a la Salud Materna, que tiene los siguientes objetivos:
Primero. Protección de la maternidad y de la paternidad como una institución de orden público e interés social, constitucionalmente protegida por el Estado mexicano, reconocida y ratificada por los tratados internacionales.
Segundo. Promoción y defensa de los derechos de la mujer embarazada, entre los que se encuentra el derecho a recibir atención médica especializada y gratuita, ayuda y apoyo necesario brindados a través de programas asistenciales de gobierno, tener protección jurídica y social, tener cualquier tipo de protección de acuerdo a su dignidad de persona, al libre desarrollo de su personalidad y al derecho de no ser discriminada respecto de otros hombres y mujeres en razón de su estado.
Tercero. Reducir significativamente la mortalidad materna. Esto requiere del compromiso social a una cultura de prevención, ordenada a la promoción y educación de la salud materna. Este propósito forma parte de los objetivos de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas 2000, en donde se fijaron metas específicas para abatir este grave problema.
Y por último, quizá sea esto lo más original e importante de esta ley, es crear una red de salud materna, de manera que articule las medidas legales, sociales, administrativas y asistenciales, tanto públicas como privadas en el ámbito social que deberán ser difundidas en colaboración con los tres órdenes de gobierno, para el conocimiento e información y que de esta manera puedan actuar todas ellas en beneficio de cualquier mujer embarazadas que así lo requiera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Gutiérrez Cortina. Su iniciativa se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado...
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Rosalina Mazari, por favor, sonido en la curul.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Le pregunto a la diputada Paz, si no tiene inconveniente que me adhiera a la propuesta de ley que presentó.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Gutiérrez Cortina, si acepta usted esta adhesión.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Con gusto, presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta su adhesión, diputada, queda usted adherida a la propuesta de la diputada Gutiérrez Cortina
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y ahora sí tiene la palabra el diputado Andrés Massieu Fernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Andrés Massieu Fernández: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, uno de cada tres mexicanos es joven. No obstante en nuestra Carta Magna no se hace referencia alguna a tan importante sector de la población.
La juventud es la etapa de la vida de la mujer y del hombre, en la que se define intrínsecamente la persona, sus intereses, sus proyectos y su relación con el mundo que le rodea.
Es durante esta etapa cuando se adquieren importantes niveles de madurez emocional, intelectual y social que marcarán su vida.
No existe un parámetro de edad único para definir quién se encuentra en la etapa de juventud. Sin embargo diversas instituciones enfocadas a este ámbito aplican dentro de su normatividad, criterios o parámetros para establecer un rango de edad que en promedio va de l os 14 a los 35 años.
En nuestro país, cerca de 38 millones de personas se encuentran en este rango. Uno de cada tres mexicanos es joven, mismo que demanda servicios de salud, educación, recreación y cultura, así como oportunidades integrales de desarrollo y participación en nuestra sociedad.
Nos encontramos en un momento histórico en el que México, dentro del bono demográfico cuenta con una mayor cantidad de jóvenes, lo cual representa un horizonte de oportunidades para transformar al país.
No obstante estamos desaprovechando esta estimación poblacional. Los jóvenes mexicanos están migrando cada vez más al extranjero; siete de cada diez emigrantes tienen entre 15 y 24 años de edad.
La fuerza productiva de México se sale de este país en busca de oportunidades, de empleos o simplemente de empleo.
Tampoco podemos pasar por alto un gran número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados Ninis, por quienes las autoridades no se han preocupado ni ocupado, desaprovechando su enorme potencial.
Debemos de reconocer la heterogeneidad y los grandes contrastes que presenta el sector juvenil en México. Sin embargo los jóvenes tienen en común muchos problemas, necesidades y aspiraciones, ya sea que provengan del medio rural o indígena, de los barrios y colonias populares de las ciudades o aquellos que se encuentran en una situación económica desahogada.
Los jóvenes pueden aportar una nueva forma de ver las cosas, ideas vanguardistas, creatividad y una visión global y moderna.
Estos jóvenes forman parte de la generación que ha creado la sociedad de la información y del conocimiento, una condición que les ha permitido desarrollarse con mayor velocidad y generar nuevas capacidades para impulsar un cambio positivo.
Es necesario que la sociedad en su conjunto advierta lo importante que es dar atención a un sector tan importante de la población como son los jóvenes. El Estado está obligado a atender a la juventud, partiendo del principio de que una sociedad que atiente a sus jóvenes en el presente es una sociedad que le apuesta a un mejor futuro.
La atención a la juventud mexicana es una de las prioridades del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es así que en agosto pasado llevamos a cabo el foro denominado Los jóvenes mexicanos y las transformaciones del siglo XXI, en el cual participaron diversos investigadores, académicos y especialistas, así como líderes juveniles de todo el país, con quienes tuvimos un enriquecedor intercambio de planteamientos, mismo que arrojó una profunda reflexión sobre los diversos temas de los jóvenes de México.
Una de las principales conclusiones fue reconocer la necesidad de ampliar los puentes de comunicación y diálogo entre las instituciones y los jóvenes para incorporarlos a la toma de decisiones.
Si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte dogmática consagra las garantías individuales y sociales para todos los mexicanos, también lo es que nuestra Carta Magna no hace una sola mención a la juventud, como sí lo hace con otros grupos y sectores sociales.
Por ello la iniciativa que presento ante esta soberanía y que ha sido suscrita por mis compañeros diputados Sandra Méndez, Claudia Ruíz Massieu, Martín Vázquez, Andrés Aguirre, Maloro Acosta, Miguel Ángel Luna y Rafael Pacchiano tiene por objeto reconocer a nivel constitucional el derecho de los jóvenes a participar en la planeación para el desarrollo de México, con el fin de garantizar que los tres niveles de gobierno tomen en cuenta la opinión de un grupo tan importante de la población que de alguna forma ha sido ignorado y que tiene mucho que aportar a la toma de decisiones de quienes tienen la responsabilidad de formular y ejecutar las políticas públicas.
En este sentido proponemos adicionar un décimo y penúltimo párrafo al artículo 4 constitucional que a la letra dice: “Los jóvenes tienen el derecho a participar libre y eficazmente en el desarrollo económico, político, social y cultural de la nación”.
Compañeras y compañeros diputados: como legisladores y representantes populares debemos velar por los intereses de todos los mexicanos. Hoy tenemos la oportunidad de incorporar en la Carta Magna el reconocimiento expreso del legítimo derecho que tienen nuestros jóvenes a participar y a ser considerados en las decisiones que se toman en los distintos órdenes de gobierno y así contribuir al desarrollo del México que todos queremos. La juventud mexicana tiene mucho que aportar. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Su iniciativa se turna la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra, desde su lugar, el diputado don Eduardo Zarzosa.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Sólo para preguntarle al diputado proponente si nos permite adherirnos a ésta gran, gran propuesta a favor de la juventud de nuestro país.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me pregunto y le pregunto al diputado si aceptaría que se adhiriera el diputado Eduardo Zarzosa.
Ha aceptado con honores su adhesión.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Rosaura Ochoa. Dígame, diputada.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (desde la curul): En el mismo sentido, presidente. Preguntarle al diputado proponente si me permite también sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Massieu, la diputada Ochoa le pregunta si acepta usted que se adhiera a su propuesta. Ha hecho la señal de que acepta.
Entonces, está abierta la lista para quienes quieran sumarse a la iniciativa del diputado Andrés Massieu.
Como hemos dicho, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se otorga la palabra al diputado Sergio Arturo Torres Santos para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos: Honorable asamblea, el suscrito, diputado federal Arturo Torres, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 52 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se hacen adiciones al artículo 68 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de los siguientes antecedentes.
La autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la corporación de policía y los Comités de Protección Civil al conjunto de la comunidad.
Dentro de ámbito municipal la Constitución considera a la seguridad pública como un servicio a cargo del municipio, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 constitucional, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en sus respectivas competencias.
En este sentido las policías estatales y municipales que integran al 91.3 por ciento de los elementos que hay en el país sólo han adquirido armamento nuevo suficiente para dotar al 20 por ciento de sus 390 mil 657 elementos en los últimos tres años. En contraparte, las policías locales están encargadas de combatir los delitos del fuero común, principalmente robo y homicidio, que representan 93 por ciento del total que se cometen a escala nacional.
Las cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional nos demuestran que existe un abismo enorme entre el total de armas adquiridas que ascienden a 79 mil 498 armas (65 mil 926 son pistolas y 13 mil 572 ametralladoras, subametralladoras y rifles de precisión para francotiradores) contra las 300 mil que ingresan ilegalmente cada año al país provenientes de Estados Unidos, según el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del vecino país, entre las que se encuentran ametralladoras, subametralladoras, granadas, lanzacohetes y municiones antitanque.
De acuerdo con la ley vigente, la Sedena, por medio de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, es la encargada de tramitar la adquisición y venta de todas las armas que se comercializan a escala nacional; incluidas las de corporaciones policíacas federales, estatales y municipales, así como de las empresas de seguridad privada y los particulares, sin embargo, de las armas solicitadas para el estado de Michoacán, mi estado, aún les restan por entregar mil 615, aludiendo la falta de disponibilidad en el mercado internacional.
En contraste, la misma secretaría (Sedena), señala que se han decomisado al crimen organizado alrededor de 180 mil armas en los últimos tres años y que a la fecha 160 mil armas están a disposición de los jueces federales y a la espera de ser liberadas para ser destruidas.
Sólo el 5 por ciento de las armas incautadas a grupos criminales son rescatadas porque tienen un valor histórico, económico o académico.
Es incuestionable que uno de los temas preponderantes de la agenda nacional es de la lucha contra el crimen organizado, incluido el tráfico de armas. En consecuencia, ha surgido la necesidad de implementar acciones, estrategias y medidas para hacer frente a la delincuencia organizada y sus efectos nocivos; entre ellos, la creciente violencia que ha ocasionado miles de muertos.
Sabemos que uno de los elementos centrales que alimenta y motiva este fenómeno delictivo es el del tráfico de armas. En tal virtud, se justifican los esfuerzos prioritarios para ponerle un alto a este tráfico y evitar que los grupos del crimen organizado adquieran armas de fuego, siendo muchas veces equipo de mayor poder que el utilizado por las instituciones policiales del país. Por tal motivo, obliga a pensar en mecanismos más avanzados, decididos e institucionales para abatir el tráfico de armas.
Una de estas estrategias adoptadas es la destrucción de equipos bélicos, el objetivo principal de esta iniciativa es precisamente que no se destruyan sino que se donen a las fuerzas policiales...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos: ... municipales y estatales; e incrementar la propia seguridad de los elementos, fortaleciendo la capacidad de fuerza de las corporaciones de seguridad pública a ese nivel, ya que uno de los mayores problemas a que se enfrentan los cuerpos de seguridad es el armamento con que cuentan, que resulta en ocasiones antiguo, en malas condiciones de uso, de bajo calibre y en ocasiones inexistente.
Por otro lado, la Ley establece que el Secretariado Ejecutivo del Sistema...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.
El diputado Sergio Arturo Torres Santos: Concluyo, señor presidente.
... es un órgano operativo del mismo que gozará de autonomía técnica de gestión y presupuestal. Dicho secretariado tiene como principal obligación la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su presidente.
Por lo anterior, se deduce que el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano que conduce y establece las directrices en materia de seguridad pública, incluida la regulación de las instituciones policiales.
Presento esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona las disposiciones de ley de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de armas de fuego, suscrito por un servidor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Gobernación. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Lara Lagunes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A, de la Ley del Seguro Social.
No encontrándose presente, se turna a la Comisión de Seguridad Social con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero, para presentar a nombre de los diputados Luis Antonio Martínez Armengol y Francisco Armando Meza Castro, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Puertos.
El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras y señores diputados. La nueva Ley General de Puertos crea las condiciones para fomentar el crecimiento, la calidad del servicio y el entorno social de los puertos y de ahí la necesidad de que las concesiones sean lo suficientemente claras y transparentes en su operación y en el servicio que prestan.
Es importante subrayar que en todas partes del mundo, las inversiones portuarias son rentables y productivas por ellas mismas, de manera que si se estableciera un marco comparativo con otros países, se podría observar que en México cada día crece más la inversión pública y sin embargo no existe ningún tipo de mecanismo de transparencia que permita saber con certeza cuáles son los rendimientos de las concesiones y cuánto generan de impuestos, a pesar de que esta forma de subsidiaridad fue ideada para fomentar la inversión pública, desalentar la inversión que no sea productiva y promover el desarrollo.
Uno de los objetivos esenciales de esta Ley General de Puertos, es promover la inversión privada en un marco de certidumbre que le facilite al capital emprender inversiones, manejar con absoluta transparencia las administraciones portuarias integrales, garantizar los derechos de los concesionarios y permisionarios y asegurar un servicio público de la más alta calidad y competitividad, redituando al erario público de la Federación lo que sea justo y competitivo en el marco internacional portuario.
Las administraciones se tienen que dar dentro de un instrumento de equidad y productividad en las tareas portuarias y las sesiones parciales que de ellos nazcan, deben estar perfectamente bien delimitadas para que no se conviertan en franquicias, lo que podría llevar a la pérdida del control público de todo el sistema portuario.
Por otra parte, se busca que todas las estructuras de conectividad estén perfectamente bien establecidas y que no se generen polos de crecimiento en medio de municipios donde la pobreza y la infraestructura coexisten en un mismo territorio municipal y que haya realmente una equidad y una participación social que garantice el apoyo a los puertos y a su infraestructura.
Además, se busca preservar el equilibrio social para que las fuerzas económicas nacionales puedan convivir con las grandes estructuras internacionales y que no se impongan criterios de sanción o de cuestionamiento, para facilitar así que puedan crecer unos y otros en igualdad de circunstancias. Con esta nueva ley se busca que todas las empresas, independientemente de su tamaño, puedan crecer y desarrollarse.
Otro aspecto que se corrige de la ley vigente es permitir la posibilidad que una concesión que se solicita para determinadas actividades luego no se cambie, lo que es injusto para la libre competencia y para la transparencia.
Un aspecto de doctrina administrativa que se corrige es que cuando una persona física o moral tenga una querella o litigio contra las administraciones portuarias lo deba de hacer ante la autoridad y no ante la propia administración, porque éstas carecen de autoridad.
En cuanto al crecimiento del 20 por ciento, sobre todo en las áreas de muelles y ámbitos de operación, que es válida, se debe de partir de un principio: que el puerto realmente lo amerite, porque no todos los puertos mexicanos lo admiten y es básico que las empresas nacionales puedan convivir con las estructuras internacionales.
Otro aspecto que se incluye en el régimen de concesiones son los apoyos en especie a los concesionarios para que los municipios hagan obras en esas zonas portuarias y, en estos casos, que los comités de planeación realmente trabajen.
Los puertos que están constituidos por bienes del dominio público de la nación son inalienables e imprescriptibles y solamente se puede otorgar su explotación a través de concesiones. Por ello es tan importante que todos los niveles de concesiones y cesiones se den a través de un sistema de licitación transparente que realmente rinda cuentas.
No se considera aceptable dar concesiones hasta por 100 años sin que exista un sistema de rendición de cuentas, de control y de normatividad, por lo que en esta nueva ley se hacen más específicas y diversas las reglas sobre responsabilidades de los concesionarios y permisionarios, de tal forma que se asegure el bien público, así como las responsabilidades a que se hacen acreedores cuando se contrae un compromiso de manejar una administración portuaria integral.
La iniciativa que se propone persigue varios objetivos:
Primero. Asegurar al Estado mexicano un marco jurídico apegado a la Constitución para ejercer su pleno dominio sobre la soberanía nacional, la riqueza territorial y el aprovechamiento de los bienes del servicio público.
Segundo. Garantizar que los puertos mexicanos constituyan enclaves de seguridad interior y exterior y sean al mismo tiempo palancas efectivas de desarrollo portuario regional y nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, don Alejandro Gertz Manero. Se turna a las Comisiones Unidas de Transporte y de Marina, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, para presentar iniciativa...
La diputada María Dina Herrera Soto: Presidente, preguntarle al diputado si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muy bien, diputada. Don Alejandro Gertz, la diputada Dina Herrera le pregunta si acepta su adhesión.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, la acepta. Diputado Rábago, solicita adherirse a la propuesta del diputado Alejandro Gertz Manero, la diputada Ochoa, igualmente, está abierta la Secretaría, para recibir las adhesiones de los señores diputados.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento a los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y que expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que presento este día, ante ustedes, tiene el propósito de regular la operación y la actividad que llevan a cabo las casas de empeño mercantiles.
Esta iniciativa pone atención en el hecho de que, hoy en día, un creciente porcentaje de las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, que son las que llevan a cabo estas casas de empeño, son promovidas por empresas privadas, asociaciones civiles o sociedades mercantiles que buscan una utilidad en su operación.
Desafortunadamente, como resultado de la política económica que ha pauperizado amplios sectores de la población, dichas empresas se han multiplicado.
Aprovechando la ocasión de las actividades del sector hacendario, financiero, esas casas de empeño actúan de manera informal, sin regulación y disponen de recursos cuyo origen se desconoce. Lo más grave, es que incurren en condiciones usureras en contra de quienes utilizan sus servicios.
Con ello, despojan de su patrimonio a millones de familias de los estratos de ingresos medios y bajos agravando la perversa concentración de recursos.
Las casas de empeño privadas, también, han encontrado un terreno fértil, para crecer debido a que en la actualidad un alto porcentaje de la población mexicana no encuentra una atención adecuada por parte del sistema bancario existente en este país.
Cierto, actualmente, hay un sector de casas de empeño que son operadas por instituciones de asistencia privada y que se rigen por las leyes que ya existen, para esas instituciones. Están reguladas y tienen una normatividad, con esas no hay problema.
El campo en el que no hay reglas de juego es en el que las casas de empeño mercantil, la falta de la regulación adecuada ha propiciado todo tipo de abusos desde la usura, hasta la desaparición de los supuestos responsables con todos los bienes dejados en prenda.
En varias entidades del país las autoridades locales ya han tomado cartas en el asunto, es el caso de Baja California; Tamaulipas; Coahuila; Sonora y Tabasco, entre otras, que han emitido sus propias leyes en la materia, facultando a sus secretarios de Finanzas o de Gobierno para la expedición de permisos que operen estos establecimientos.
Antes de esta iniciativa ya se habían presentado propuestas que buscaban regular a las casas de empeño mercantiles a nivel federal, sin embargo no fueron tomadas con la importancia requerida. De hecho, la Norma Oficial Mexicana NOM 179 SCFI 2007, para servicios mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en noviembre de 2007, fue resultado de recomendaciones que el Senado hizo al Ejecutivo, así como de reformas al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, esas disposiciones no tienen la fuerza suficiente y ante la complacencia gubernamental el problema persiste.
Por ello, y en respuesta a la problemática de los electores, más diputados y senadores han presentado iniciativas para regular esta actividad. Desafortunadamente, mientras se pospone la decisión de aprobar una regulación adecuada, la magnitud del problema crece y afecta a más sectores de la población.
La propuesta que yo pongo a su consideración reconoce las propuestas hechas con anterioridad, así como los avances que ya se tienen en la legislación de los estados. Esta propuesta establece desde el Código de Comercio, el carácter comercial que diferencia a las casas de empeño mercantiles dedicadas a la búsqueda de rentabilidad y aquellas que llevan a cabo las instituciones de asistencia privada.
La propuesta incorpora con pleno reconocimiento a las operaciones de mutuo con garantía prendaria, como una operación financiera, con ese propósito se reforma la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Al clasificarse en esos términos las casas de empeño mercantiles, deberían ser reguladas por Hacienda y el Banco de México, por lo que ésta deberá girar disposiciones que permitan castigar los cobros excesivos, leoninos que hacen las casas de empeño mercantil.
En el mismo sentido, se propone reformar la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para incorporar a la Condusef a la vigilancia y aplicación de sanciones contra quienes abusen de los usuarios de esos servicios.
Finalmente, se propone a la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles, con las que se busca definir sus operaciones, sus obligaciones y derechos y las sanciones a las que puedan hacerse acreedores en caso de no cumplir con la ley.
Puede parecerles una legislación excesiva, sin embargo estimamos que es un paso necesario para corregir y ordenar una actividad que es necesaria, pero que ante la omisión de las autoridades se ha utilizado como instrumento para expropiar el patrimonio de la población.
No hay que olvidar, un sistema financiero sano requiere, entre otros, de intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes, completos y de un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de las partes involucradas.
Esta regulación es indispensable para fortalecer las medidas para combatir el lavado de dinero, cerrando una vía más al desarrollo de actividades ilícitas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Se turna su iniciativa a las comisiones unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Eguía, después el diputado Ávila y el diputado Uriel López. Diputado Eguía.
El diputado Luis Felipe Eguía Pérez (desde la curul). Para dos cuestiones. La primera es para poderme adherir a esta iniciativa; y la segunda es para ver si también se puede turnar a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guajardo, como presidente de la Comisión de Economía.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): Sí, señor presidente. La regulación de las casas de empeño depende exclusivamente de la Procuraduría Federal del Consumidor. Dada la importancia de ese tema y de que la Comisión de Economía está preparando una reforma integral justamente para acotar y poder darle orden a la operación de las casas de empeño, sería muy importante que esta iniciativa quedara por su sustancia y por la operación misma, dado que aquí no se arriesgan recursos de ahorradores, exclusivamente en la competencia de la Comisión de Economía.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así lo hacemos en esos términos. Diputado Uriel López.
El diputado Uriel López Paredes (desde la curul): Nada más para adherirme a la propuesta del diputado Báez Ceja.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Báez Ceja, le solicitan tanto el diputado Eguía como el diputado Uriel si acepta usted su adhesión.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja (desde la curul, el diputado asiente): ...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta, por sus gestos, gustoso.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Daniel Ávila y luego la diputada Ruth Lugo. Sonido a la curul del diputado Ávila.
El diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz (desde la curul): Diputado presidente, de igual manera, para solicitarle al diputado Báez Ceja si me puedo adherir a esa iniciativa. Porque es de relevancia esta iniciativa sobre todo en el estado de Yucatán, en mi ciudad, Tizimín, en la calle donde vivo, ya hay tres casas de empeño.
Y aquí el problema que estamos viendo es que pudiese ser el fin del robo de joyas, porque cuando va a empeñar algún ciudadano una joya ni siquiera piden factura. Yo creo que es de mucha relevancia esta iniciativa. Muchas felicidades, diputado.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sin duda, y con su felicitación, también acepta el diputado Báez Ceja que usted se adhiera a su iniciativa.
Diputada Lugo, quería decir algo.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (desde la curul). Gracias, señor presidente. Solamente para también solicitar adherirme, porque en el estado de Guanajuato tenemos la misma preocupación y la misma problemática. Pero pedirle, presidente, que me aclare finalmente a qué comisiones fue turnada, toda vez que a mí me interesa que sí se turnara a la de Fomento Cooperativo y Economía Social de la cual formo parte.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Les agradecería, tanto al diputado Eguía como a usted, nos hagan llegar como comisión a la Mesa Directiva la solicitud con la fundamentación de por qué y les ofrezco que la Mesa Directiva con toda seguridad estudia el retorno. Con mucho gusto. En tanto, queda turnada a las Comisiones de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cueva.
El diputado Guillermo Cueva Sada (desde la curul): Diputado presidente –igual–, para solicitar al compañero Víctor sumarnos. Pero también que se haga un exhorto –hace un mes lo habíamos comentado– para que los estados que no han aplicado o que no tienen contemplada la valoración de esta ley buscar acotarlos a estas casas de empeño. Entonces, hacer también un exhorto a los estados que faltan a que hagan ello, por favor.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cómo no, diputado. Su exhorto se hace en los términos que usted propone toda vez que usted había presentado una iniciativa en el mismo sentido.
Las iniciativas de los diputados Dora Evelyn Trigueras Durón, Ana Estela Durán Rico, Jorge Arana Arana y Gustavo González Hernández, se posponen para una siguiente sesión.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Recibimos de la diputada Gabriela Cuevas Barrón, proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, coordinarse con las delegaciones para que se ejecuten las verificaciones necesarias a todos los establecimientos mercantiles de bajo impacto que venden cerveza y se proceda con la suspensión o clausura que se derive de su funcionamiento. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Del diputado Juan José Cuevas García, recibimos proposición con punto de acuerdo para que exhorte al Ejecutivo a modificar a través de la Sedesol las reglas de operación del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
De don Ignacio Seara Sierra, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública a presentar un informe sobre la viabilidad estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamenta la probable construcción de un Centro Penitenciario Federal de Alta Seguridad en el estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Rafael Rodríguez González, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, para que disminuya la tasa de interés de los créditos agropecuarios que otorgan FIRA y Financiera Rural. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Gabriela Cuevas Barron, propone con punto de acuerdo que exhorte al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, implementar un programa de suspensión y disminución de presión a los deudores del servicio de agua potable. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Del diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, Comisión Federal de Electricidad, consideren la edificación de una subestación en Hopelchén y otra en Candelaria, estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Energía.
Del diputado Carlos Oznerol Pacheco, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, para que presupuesten y programen recursos para la modernización del tramo carretero Campeche-Mérida.
De la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, se recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar a las dependencias del gobierno federal realicen las acciones pertinentes a fin de evitar que se cometan actos de ilegalidad en contra de los connacionales que ingresan al país durante el invierno del presente año.
La anterior propuesta del diputado diputado Oznerol Pacheco se turna a la Comisión de Transportes y la de la diputada María de Jesús Aguirre, a la Comisión de Seguridad Pública.
De la diputada Magdalena Torres Abarca, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a los órganos e instituciones de gobierno adquieran artesanías. Se turna a la Comisión de Economía.
De la diputada María Cristina Díaz Salazar, se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, para que tomen medidas con respecto a la publicidad de los llamados “productos milagro”. Se turna a la Comisión de Salud.
Del diputado Domingo Rodrígue Martell, se recibió proposición que exhorta al Tribunal Superior Agrario para que reubique el Tribunal Unitario Agrario de del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas a Ciudad Valles, San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado propone punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal para que cubra la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales que se encuentran en los centros penitenciarios estatales. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Gabriela Cuevas Barron, propone punto de acuerdo que exhorta al INAH para que realice la declaratoria del panteón de Dolores como zona de monumentos históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Juan José Cuevas García exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Turismo y del Conaculta genere campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional, sobre la gastronomía mexicana. Se turna a la Comisión de Turismo.
El propio diputado Cuevas García exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Turismo se considere la población de San Sebastián del Oeste, Jalisco, dentro del Programa de Pueblos Mágicos.
La diputada Diva Hadamira Gasteleum Bajo propone que se exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol expida el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La propia diputada Gastélum Bajo propone punto de acuerdo que exhorta al titular del IMSS, suspenda la rescisión de contratos de las guarderías denominadas “proveedores de servicio”, hasta en tanto no precise los criterios jurídicos, técnicos, de operatividad y certificación, por los cuales se están ejecutando tales actos. Se envía a la Comisión de Seguridad Social.
Del diputado Malco Ramírez Martínez que propone punto de acuerdo para que la Sagarpa, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, emita la declaratoria contingencia climatológica para efecto de las reglas de operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Elsa María Martínez Peña propone que se exhorte al titular de la SEP respecto de los resultados y el diseño de la prueba 2009 del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
María del Pilar Torre Canales propone punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que implemente una campaña de difusión preventiva de la preeclampsia/ eclampsia y sus efectos en mujeres embarazadas. Se turna a la Comisión de Salud.
De la diputada Elsa María Martínez Peña se recibió punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Distrito Federal incentive las empresas inmobiliarias a la utilización de plásticos biodegradables en la propaganda de venta o renta de bienes inmuebles. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
De la diputada Cora Pinedo Alonso se recibió proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Sedesol atienda el problema de desnutrición en el estado de Nayarit. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Guadalupe Eduardo Robles Medina propone que se exhorte al gobernador de Sinaloa para que, a través de la Secretaría de Salud y autoridades competentes, promueva las acciones necesarias a fin de crear el primer banco de tejido regional para el noreste del país en la ciudad de Culiacán. Se turna a la Comisión de Salud.
Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI, propone que se solicite al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se revisen y corrijan los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey. Se turna a la Comisión de Transportes.
Leobardo Soto Martínez propone punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Vivienda solicite la comparecencia del titular del Infonavit. Se turna a la Comisión de Vivienda.
Se recibió del diputado Rodrigo Reina Liceaga proposición con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Salud del Gobierno Federal y las entidades federativas implementen de manera permanente campañas de carácter preventivo integral y estratégico a fin de abatir la obesidad y el sobrepeso. Se turna a la Comisión de Salud.
Del diputado Óscar Ramón Rosas González se recibió proposición que exhorta al presidente de la república desista de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en Campeche. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
El diputado Salvador Caro Cabrera nos envió proposición que crea un grupo plural de trabajo que investigue las causas que han retrasado el abasto de agua en la zona conurbada de Guadalajara. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El diputado Juan José Cuevas García nos envía proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco llevar a cabo una campaña de promoción de la riqueza cultural, artística y de los destinos de playa que posee la entidad. Se turna a la Comisión de Turismo.
César Augusto Santiago Ramírez presenta proposición con punto de acuerdo. Aquí está el diputado César Augusto Santiago Ramírez. Perdone usted, diputado, cual mago le hacía al desaparecido. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la conformación del Sistema de Seguridad Pública.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Por mucho tiempo he estado esperando presentar este punto, pero debo decir que en mi opinión no pierde actualidad.
Se trata de una discusión personal sobre lo que el país debiera hacer en el tema de seguridad pública. Intenté formular una iniciativa legal pero creo que para que tenga viabilidad cualquier gestión que la Cámara haga en el tema es necesario primero hacer un proceso de diálogo verdadero.
Ustedes saben que el presidente de la República desde hace tiempo está inmerso en esta consulta que él denomina Consulta por la seguridad nacional, y no he visto que esto concluya en nada. Es decir, hay una buena intención en la base, pero no advierto que esto pueda concretarse en algo sólido. Mi preocupación es de que, pues no es sólo una preocupación sustentada en suspicacias, sino que la realidad nos está mostrando que día tras día el asunto de la seguridad nacional está más complicado.
Entonces quiero decirles que estoy proponiendo que se envíe este punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política para que se haga un esfuerzo a efecto de que en este periodo de receso se realice una consulta real en la que se involucre el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y en lo que corresponda, el Poder Judicial de la Federación, para crear un sistema que yo le llamo Sistema de Seguridad de la República, que constituiría realmente un foro, una instancia, una posibilidad de discutir la manera en que el país va a salir de esta crisis que ya tiene mucho tiempo y que ha dejado, sin duda, una gran preocupación en la sociedad mexicana.
En el punto que estoy sometiendo a la consideración de ustedes invito a los coordinadores para que sugieran que se haga de manera institucional, desde luego, considerando la responsabilidad constitucional que tiene el Ejecutivo, pero creando un mecanismo de consulta real que venga a proponer al final acciones que puedan ser de interés nacional.
Dejo este punto de acuerdo con la inquietud y la invitación a ustedes, compañeras y compañeros, para que en su momento, cuando se turne a la Junta de Coordinación Política, y regrese al pleno como una propuesta, seamos solidarios con esta acción que haga de muy buena fe. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Su propuesta se turna a la Comisión de Seguridad Pública.
Quiero corregir el trámite que le dimos a la propuesta de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, para realizar un exhorto al gobierno federal a realizar las acciones pertinentes a fin de evitar que se cometan actos de ilegalidad en contra de los connacionales que ingresan al país durante el invierno del presente año. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Diana González Soto para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
La diputada Diana Patricia González Soto: Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados.
Acudo a esta tribuna a nombre de los diputados federales priístas del estado de Coahuila, para presentar punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones garantice las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
La participación de la sociedad civil en el diseño de estrategias y solución al problema de la inseguridad y muchos otros que nos aquejan es determinante. Una forma de participación de la sociedad civil es a través de la sociedad organizada y qué mejor que a través de las organizaciones no gubernamentales.
Desde la creación de las Naciones Unidas las ONG han jugado un papel fundamental, por ello han sido reconocidas por este organismo internacional quienes las definen como cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios que está organizada a nivel local, nacional o internacional, con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común.
Las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad.
Proveen de análisis y experiencias, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales. Algunas de estas ONG están organizadas sobre temas específicos, tales como derechos humanos, el medio ambiente o la salud. El financiamiento de sus actividades proviene de diversas fuentes que pueden ser personas particulares, estados y otras administraciones públicas, organismos internacionales, empresas.
Las ONG han hecho valiosas contribuciones a la comunidad internacional atrayendo la atención hacia los problemas, sugiriendo ideas y programas, difundiendo información y movilización a la opinión pública en apoyo a las Naciones Unidas y a sus agencias especializadas.
En México, como en otras partes del mundo, las ONG han adquirido gran importancia. El trabajo de estos organismos ha rendido frutos en diferentes aspectos en la vida política, económica y social.
Es tan amplia la actividad de las ONG que los beneficios que recibe la sociedad son incalculables. En México, como en cualquier otro país, las ONG se concentran en la defensa por los derechos humanos de la mujer, de los niños, de los indígenas, entre otros, así como en la defensa por la democracia a través del voto.
Recientemente sus actividades se han visto afectadas debido al clima de inseguridad que impera en el país y a la falta de garantías para realizar sus trabajos. Por ello muchas de estas organizaciones están restringiendo sus actividades de apoyo comunitario, afectando con ello a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza. Cabe destacar que no sólo es la delincuencia organizada quienes agreden y amenazan, sino agentes estatales, policías ministeriales y militares.
Así, los propios medios de comunicación dan razón ya de la inseguridad que impera en al menos ocho regiones del país que ha paralizado actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua y Tamaulipas.
Organizaciones que tradicionalmente llevaban asistencia médica y legal, defensa de los derechos humanos, programas de desarrollo social y alimentos, suspendieron algunas de sus incursiones de campo y han adoptado protocolos de seguridad en prevención de agresiones.
Por otra parte, en una reacción a todas luces tardía, el pasado 22 de septiembre el presidente Felipe Calderón anunció la creación de un esquema de protección para los trabajadores de la información en el país.
Creemos que de manera similar, ante las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las ONG, el Ejecutivo debe implementar medidas para garantizar condiciones mínimas de seguridad para realizar sus actividades. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos su apoyo para respaldar este punto de acuerdo.
Es cuanto, señor presidente, y le pido muy atentamente se inserte en el Diario de los Debates la versión íntegra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada González. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, y tal como lo solicita, insértese íntegra en el Diario de los Debates.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Mazari. Sonido en la curul.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Diputado presidente, le pido de favor le pregunte a la promovente si me permite adherirme al punto de acuerdo, al igual al diputado César Augusto Santiago, si también me permite adherirme a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Le preguntan, diputada González, si usted está de acuerdo en que se adhiera la diputada Mazari.
La diputada Diana Patricia González Soto (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí está de acuerdo.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y el diputado Santiago, también está de acuerdo en que así suceda.
Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique los decretos de veda de los acuíferos denominados Cuatrociénegas-Ocampo y Cuatrociénegas en el estado Coahuila. Ha solicitado, nos informan, que se turne directamente a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha proposición de punto de acuerdo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Mexicano del Seguro Social, instrumenten las medidas necesarias para dar solución integral y definitiva al déficit en los seguros, problema que coloca al IMSS en situación de inviabilidad financiera.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, diputado presidente. El pasado 3 de noviembre Daniel Karam, director del IMSS, al rendir su informe ante la asamblea general ordinaria, señaló que la institución enfrenta una crisis financiera que pone en riesgo en el corto plazo la capacidad para atender las necesidades de servicios, y detectó con precisión y certeza que el principal problema tiene que ver con el gran déficit entre el costo de la prestación de los servicios médicos y lo que el Instituto percibe por concepto de cuotas obrero-patronales, por el seguro de enfermedades y maternidad.
Como todos lo sabemos, los problemas financieros del IMSS no son nuevos, antes se hablaba de los diversos problemas que enfrentaba la reserva técnica del IMSS. Ahora se advierte que el déficit en seguros y el pasivo laboral del principal sistema de seguridad social del país representan más de la mitad de la riqueza que produce México en un año.
Esto traducido al lenguaje llano significa que el IMSS tiene deudas superiores al 56 por ciento del producto interno bruto del país. Esto evidentemente tiene implicaciones económicas muy graves, sobre todo para una economía que no crece lo suficiente, pero que sí genera permanentemente pasivos laborales crecientes.
A esto hay que agregar que la pirámide poblacional se invierte y la población adulta tiende a presionar de manera creciente las finanzas públicas vía pensiones. Adicionalmente a esta transición demográfica, hay que hacerle frente al problema de transición epidemiológica que presenta la población, lo cual se traduce como un crecimiento importante en la expectativa de vida y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas entre población adulta.
Se puede afirmar que los problemas estructurales del IMSS que afectan su desempeño y viabilidad financiera son la falta de financiamiento de los gastos médicos y el creciente pasivo laboral asociado al régimen de jubilaciones y pensiones, por lo que debemos actuar pronto, dando una respuesta y solución consistente, ya que estos problemas se retroalimentan entre sí.
Para Nueva Alianza, el compromiso con los trabajadores y derechohabientes debe ser claro y amplio, por lo que proponemos que de manera urgente se instrumenten las medidas necesarias para sanear las finanzas de esta importante institución. No hacerlo implica acelerar la inviabilidad financiera de la institución y poner en riesgo el sistema de seguridad social del país.
Por lo anterior, solicitamos que el punto de acuerdo que proponemos tenga una respuesta pronta y positiva de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicanos del Seguro Social. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Pinedo Alonso. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos federal, estatales y municipales la creación de fondos específicos para dotar de una computadora a los jóvenes que cursan estudios de niveles medio superior y superior en las escuelas públicas del país.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Amigas y amigos diputados, gracias por su atención.
Al concluir recientemente la aprobación del paquete económico, una de las jornadas más importantes de nuestra tarea como promotores del desarrollo del país, ahora es necesario continuar con el empeño colectivo y seguir trabajando en los temas de suma importancia para México.
Uno de los objetivos a trabajar, más importantes de un legislador, debe ser la educación, ya que éste es el único medio para combatir la pobreza, la marginación, la ignorancia, la opresión y la violencia, porque educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien con más conocimiento que no existía.
La educación es un bien que recibimos cuando nuestros padres nos mandan a estudiar, pero no estará completa mientras no hagamos lo mismo con nuestros propios hijos y les demos las herramientas necesarias.
Es por nuestros jóvenes y su futuro, por quienes pido su apoyo con el fin de que a todos los estudiantes que cursan la educación media superior y superior en las escuelas públicas del país se les dote de una computadora personal que les apoye en el acceso al conocimiento y a la cultura universal tan necesaria en nuestros tiempos.
Con las computadoras se inicia la secuencia del progreso tecnológico y de crecimiento personal. En las escuelas de educación media superior que llegan estar equipadas con computadoras, estas son utilizadas de forma muy básica e insuficiente, debido a que una misma máquina es usada por varios alumnos al mismo tiempo.
Es preocupante que sólo el 10 por ciento de los jóvenes que cursan un bachillerato en México tienen acceso a una computadora en casa, mientras que el otro 90 por ciento se priva de ellas, por falta de recursos económicos para comprarla. Asimismo, sólo 4 por ciento dispone de Internet, lo que los limita en la investigación y en el acceso a otras oportunidades.
Debemos incentivar a nuestros jóvenes, mi propuesta es de igualdad. Hoy pido que se le entregue este beneficio tanto al estudiante del campo, como al de la ciudad, a quien tiene para comprarla, como al quien no puede adquirirla.
Es para todos los mexicanos, porque al incentivar la educación erradicamos la distinción de clases. Este no es un sueño inalcanzable. En mi estado, Querétaro, ya iniciamos este proceso en uno de los municipios más alejados de la capital y con menos recursos económicos.
En el municipio de Landa de Matamoros sumando la buena voluntad de las autoridades y la participación de la ciudadanía conseguimos beneficiar a todos los estudiantes de nivel medio superior y superior de todo este municipio y sin exagerar a muchos de ellos les hemos cambiado su perspectiva de vida. Es muy emotivo y satisfactorio ver el resultado del trabajo conjunto. El progreso de este país depende de la educación.
Por ello, exhorto a los gobiernos: federal, estatales y municipales la creación de fondos específicos con el fin de dotar de una computadora a todos los jóvenes que cursan estudios de nivel medio superior y superior en escuelas públicas del país, en el entendido de que el poder sirve, para servir a la población.
Ningún costo es alto cuando se habla de progreso y más si este es de inmediato. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted diputado Martínez Peñaloza. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Tomás Gutiérrez le pregunta diputado Martínez Peñaloza si está usted de acuerdo en que se adhiera a su proposición. ¿Está de acuerdo?
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sírvanse a pasar al igual a quienes quieran hacerlo acá, a la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para el seguimiento a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Rosendo Radilla Pacheco; Inés Fernández Ortega; Valentina Rosendo Cantú y dé el seguimiento al caso Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
El diputado Filemón Navarro Aguilar: Gracias, ciudadano presidente.
“El cabo volvió a mirar a los indios, estaban en el suelo caídos como un montón de paja seca, de lodo. Uno de ellos acababa de orinarse y la tierra aún no absorbía la mancha espumosa. Los jirones sucios de sus pantalones aún estaban mojados; eran pedazos temblorosos de algo. Ahí, junto a las botas del soldado, quien iba expulsando al respirar unos graves y suaves quejidos por las bocas inflamadas, sucias por la sangre. Dos de ellos tenían los brazos rotos. No entienden nada, mi sargento, no hablan español, no son gente de razón. Pero mira sus ojos, fíjate cómo están entendiendo. Tú sigue. Si para media noche no han podido hablar en español, mátalos”.
Éste es un pasaje de la Guerra en el paraíso, la novela de Carlos Montemayor. Cierto que es una obra de ficción, pero quienes la han leído saben que está hecha de pedazos de realidad. En ella se narra la tragedia del pueblo guerrerense durante la Guerra Sucia, cuando la parte más crítica de la sociedad enfrentó la saña del viejo régimen.
Durante más de 10 años, cientos de guerrerenses fueron perseguidos por la brigada blanca formada por el gobierno. Los que cayeron en manos de ésta fueron encerrados en prisiones clandestinas, torturados y muchos asesinados.
Las organizaciones de familiares de las víctimas hablan de 500 desaparecidos, otras fuentes manejan cifras mayores. Cualquiera que sea el dato correcto, es una tragedia que ha destrozado el futuro de hombres y mujeres cuyo mayor delito fue luchar por una sociedad más justa.
A 30 años de haber ocurrido aquellos hechos seguimos sin pagar la deuda histórica con las víctimas. El de Rosendo Radilla es un caso paradigmático. Rosendo Radilla dedicó gran parte de su vida a procurar la organización de los ciudadanos en demanda de sus derechos, lo que le valió el respeto de muchos guerrerenses y el hostigamiento del poder caciquil.
En medio de aquella guerra de baja intensidad, el Estado que declaró a la sociedad guerrerense el 25 de agosto de 1974, Radilla Pacheco fue bajado del autobús donde viajaba y conducido a la zona militar de Guerrero. Desde entonces la familia Pacheco Martínez inició una intensa búsqueda que en aquella época era arriesgar la libertad. Esa investigación chocó contra la muralla del autoritarismo e insensibilidad que caracterizó al régimen antidemocrático.
Esto mismo hacía inútil la denuncia formal, por lo que la familia tuvo que esperar hasta 1999 para denunciar los hechos. Agotada la instancia nacional, tuvo que recurrir a las instancias internacionales como es la Corte Interamericana.
Tras haber recibido la información aportada por las partes y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 23 de noviembre de 2009 dictó sentencia en la que señala al Estado mexicano como responsable de la violación de los derechos a la libertad y a la integridad personal; al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco.
Y ordena, en un plazo razonable, finiquite la investigación, se haga cargo de la reparación del daño, reconozca públicamente su responsabilidad y lleve a cabo las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 27 de la Justicia Militar con los estándares internacionales.
A más de un año de dictada dicha sentencia el Estado, obligado por el derecho internacional a adoptarla, aún no ha dado cumplimiento a ninguno de sus puntos. Igualmente ha sucedido con el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández.
Por todo lo anterior y en aras de dar respuesta a las exigencias de la sociedad mexicana y de las responsabilidades adquiridas en el concierto nacional, se propone el siguiente punto de acuerdo.
Único. Que la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados integre una Comisión Especial para dar seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú; y dé seguimiento al caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Navarro. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a efecto de que investiguen y sancionen a los responsables de la muerte de seis trabajadoras de la empresa Coppel y se repare, en la medida de lo posible, el daño a los familiares de las víctimas.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado. Compañeras y compañeros. Presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de exhortar a diversas autoridades para que se investigue y se sancione a los responsables de la muerte de seis trabajadoras de la empresa Coppel y se repare en la medida de lo posible el daño a los familiares de las víctimas.
La suscrita diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Las seis trabajadoras –todas muy jóvenes– que murieron asfixiadas al interior de una de la cadena Coppel entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de noviembre de 2010 en Culiacán, Sinaloa, es un nuevo crimen espantoso que viene a enlutar a la clase trabajadora y a todo el pueblo de México.
Nuevamente enfrentamos un hecho que no es accidental, ya que la patronal las mantenía encerradas contra todo derecho sin esperanza de salvación, violando los más elementales derechos laborales y humanos como si se tratara de esclavas.
Sin duda que el incendio en una de las instalaciones de la empresa Coppel sí se puede catalogar de accidente, pero no tendría por qué haber cobrado la vida de seis personas si éstas hubieran tenido la facilidad de abrir puertas de emergencia desde adentro, situación que no se presentó, por lo cual al estar ellas encerradas sí se configura un hecho criminal imputable a la empresa y a las autoridades locales y federales responsables.
Por supuesto que se da la complicidad en la inspección del trabajo de competencia conjunta federal y local, la cual de haber cumplido con su obligación de verificación y de entrevistar a los trabajadores como lo ordenan las disposiciones aplicables, habrían detectado e impedido este nuevo atentado.
Esta muerte espantosa tampoco es accidental, porque es la consecuencia necesaria de la política laboral impulsada por Felipe Calderón y Javier Lozano, quienes han tenido como propósito fundamental el desmantelar todos los derechos de los trabajadores, para alcanzar una acumulación inadmisible de la riqueza para un grupo minoritario.
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados integrará un grupo de trabajo con legisladores y legisladoras de todos los grupos parlamentarios, con el objeto de que se investigue la muerte de seis trabajadoras en una tienda de la cadena Coppel, en Culiacán, Sinaloa, y en general investigue las condiciones de seguridad e higiene que privan en los centros de trabajo del país, proponiendo las reformas legales y medidas necesarias para evitar la actual violación sistemática a las normas sobre salud y riesgos de trabajo.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Sinaloa, a que sin más interés que el de la justicia, se investigue a fondo la muerte de las seis trabajadoras en la tienda de Coppel.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga la investigación sobre la muerte de estas seis trabajadoras ante la magnitud de la tragedia.
Diputado presidente, le solicito que se integre al Diario de los Debates íntegramente este documento, en el cual expreso todas y cada una de los fundamentos de esta propuesta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guajardo. Tal como lo solicita insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnense: el primero resolutivo a la Junta de Coordinación Política, el segundo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el tercero a la Comisión de Justicia y el cuarto resolutivo a la Comisión de Derechos Humanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, para presentar en una sola intervención, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a la Semar, a la Sedena y al DIF, realicen campañas de promoción para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante.
Igualmente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en la estrategia Caravanas de la Salud implemente caravanas específicas para atender la salud de las mujeres y de los hombres, en especial para la prevención y detección de cáncer de mama y de próstata, respectivamente.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Cargas Ramírez: Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Quién no tiene la historia de una familia, por lo general son gente joven, que se duermen con su niño, sucede más en época de invierno, y al llegar la mañana el niño no despierta y lo que pasa es que está muerto.
Esta historia que se ha convertido en que en nuestro país 250 niños al año mueren por esta razón.
De cada mil niños de un mes a un año de edad, el 9 por ciento tiene el riesgo de morir por esa circunstancia.
Este tipo de muerte en Estados Unidos ocupa la segunda causa de muerte y se llama “muerte de cuna” o “muerte súbita del lactante”.
Se relaciona con la posibilidad de que el niño haya sido prematuro, que no haya tenido lactancia materna y aquí ya se votó para favorecer eso, que haya estado muy arropado, que vive en hacinamiento y que tenga condiciones inapropiadas, que la mamá fume.
Este tipo de muertes, son verdaderamente intolerantes. Y hay una manera de cómo prevenirlas. La manera de cómo prevenir esta muerte es tan sencilla como con información a la mamá para que sepa que en el primera año de vida tiene que cuidar que no suceda esta circunstancia.
La información es tan sencilla que se puede dar en un pequeño folleto de información para que lo sepa en el momento que salga del hospital.
En nuestro país el 70 por ciento de las niñas y los niños nacen en hospitales, de esa manera que es bastante factible que se dé y el gobierno federal tiene un programa que nosotros le destinamos miles de millones de pesos que se llama “Seguro Médico para una Nueva Generación” que bien puede justificar el gasto, y la otra es poderle poner una camisetita al niño, porque se sabe que la medida más efectiva para evitar esa muerte es acostarlo boca arriba, una camisetita que puede costar nada,
Ya hicimos un ejemplo en Zacatecas, nos funcionó muy bien, Nos redujo la muerte en un año y esto puede decirle “gracias por tenerme así” Y en la parte de atrás “voltéame de inmediato, por favor”.
Esta estrategia la contemplamos para que en el Programa de Seguro Médico para una Nueva Generación, se contemplen recursos necesarios y suficientes para que en este país, en todos los hospitales públicos y se obligue a los privados, se dé esto, un críptico que contemple esa información y una camiseta que los invite a mantener a los niños boca arriba y prevenir darle pecho, no fumar, no arroparlo en exceso y tenerlo bien atendido. Esa puede ser una solución para este país.
Es la propuesta de este punto de acuerdo que creo que coincide con la posibilidad de que 250 niños se dejen de morir en nuestro país. Ese es uno.
El otro punto de acuerdo va en el siguiente sentido: México tiene 20 mil localidades en las cuales no hay unidades médicas. El acceso a la salud que tanto estamos buscando y pregonando no se da y en esas comunidades viven mujeres y hombres que en la vida moderna se exponen a la posibilidad del cáncer de mama en la mujer y los hombres se exponen a la posibilidad de cáncer de próstata.
La posibilidad de que una de esas mujeres se haga una mastografía es bastante remota porque primero tiene que ir a un hospital que tenga mastógrafo; segunda, tiene que haber una persona que maneje el equipo y que le sepa hacer el estudio y tercera alguien que lo sepa interpretar, y en este país hay una carencia importante de radiólogos que sepan interpretar mastografías.
Ante esa circunstancia necesitamos acercar el estudio, necesitamos que las mastografías se puedan hacer en el lugar en donde están las personas y para esto hay equipos que lo pueden hacer. Aquí en Cámara la semana antepasada hubo un equipo de mastografía y hace un mes hubo otro, lo que demuestra que eso se puede hacer.
Después llevar este tipo de estudios para que los lea personal calificado y con eso vamos a impedir la posibilidad de que muera una mujer por cáncer de mama, que en nuestro país ha tenido un repunte en un 30 por ciento.
La propuesta concreta es que existan vehículos que estén dotados de mastógrafos para que vayan a las comunidades y hagan el estudio, que estos estudios sean interpretados en centros de interpretación por personal capacitado y que esto nos dé la oportunidad de detectar oportunamente a una mujer para que no tenga el riesgo de morir por cáncer de mama.
Luego sucede que los hombres se están muriendo de cáncer de próstata y como son hombres, probablemente nunca nos acordamos que ellos también tienen necesidades de salud, por lo que ese tipo de vehículos en esas 20 mil comunidades necesitamos que hagan dos cosas: antígeno prostático y ultrasonido y una persona capacitada para explorar a los hombres.
La propuesta concreta sería también equipos específicos del programa de brigadas médicas móviles, que el gobierno les llama caravanas de la salud, para hacer detección oportuna de cáncer de próstata en los hombres.
Qué ventaja tiene detectar oportunamente el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en los hombres. Que el tratamiento es tan sencillo como quitar el problema y ya no hay necesidad ni de quimioterapia ni radioterapia ni el sufrimiento de trasladarlos a lugares en los cuales probablemente vayan a vivir la miseria y la realidad de nuestro país, donde no contamos con acceso universal a la salud.
Las propuestas concretas de estos dos puntos de acuerdo son exhortar al Ejecutivo federal para que se instalen caravanas tipo específico con mastógrafo para que practiquen pruebas de mastografía en las comunidades rurales de nuestro país y caravanas tipo específico que puedan tener un laboratorio, una persona capacitada para explorar a hombres y equipo de ultrasonido para que se hagan pruebas oportunas para detectar cáncer de próstata.
Y la otra que dije, de la muerte súbita, tan sencillo como que en esta época de invierno en Estados Unidos se está promoviendo acostar boca arriba, y que las mamás sepan cómo evitarlo.
Ojalá que estos puntos de acuerdo sean considerados porque forman parte de una política pública con el fin de tener bienestar para la salud de las y los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Verver. Túrnense ambas proposiciones a la Comisión de Salud.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada Mazari. Sonido a la curul de la diputada.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Diputado presidente, le pido que le pregunte al diputado Heladio Verver si me permite adherirme a sus dos puntos de acuerdo. Lo felicito.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Verver, le pregunta la diputada Mazari si está...
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Sería un honor. Muy amable. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado está de acuerdo. La diputada Quezada.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): Muy amable. También para solicitarle al diputado adherirme a los puntos de acuerdo y que caminen en la Comisión de Salud. Son puntos muy importantes, obviamente para las mujeres de este país, y los hombres, también. La salud es uno de los objetivos y prioridades que esta Cámara de Diputados debe tener. Gracias, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Verver ha manifestado su aquiescencia para que quienes quieran suscribir sus proposiciones, están aquí a disposición para ser suscritas por las diputadas y los diputados que lo quieran hacer. Pasen aquí a la Mesa Directiva. Gracias.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Gracias, diputada. Un honor. A la orden, señor. Con su permiso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a que restituyan los espacios de trabajo, así como sus derechos, y cesen las hostilidades a trabajadores de la Agrupación de Taxistas. Túrnese a la Comisión de Transportes.
Tiene la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se declare al municipio de Indaparapeo, Michoacán, como cuna militar de José María Morelos y Pavón. No encontrándose la diputada, se turna a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Óscar Lara Salazar para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se propone la continuación de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución hasta el término de la LXI Legislatura, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución; quien ha solicitado se turne a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la realización anual del Parlamento de las Personas Adultas Mayores.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
México es todavía un país de jóvenes; sin embargo, ha iniciado un proceso de envejecimiento poblacional, el cual se aprecia por el aumento de la proporción de personas de 60 años y más.
La tasa de crecimiento del grupo de personas adultas mayores alcanza niveles inéditos en la historia contemporánea del país. Según datos del Consejo Nacional de Población, México contaba en 2005 con 8 millones 335 mil personas adultas de más de 60 años; en 2050 habrá 36.2 millones de adultos mayores.
El fenómeno de envejecimiento de la población trae consigo oportunidades y costos, ya que por un lado se tiene una esperanza de vida mayor, pero es precisamente en la edad avanzada cuando se enfrentan las mayores problemáticas de salud y desempleo.
Además, que gran parte de los adultos mayores se encuentran en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad. En países como el nuestro se tiene un particular aprecio y reconocimiento por las personas adultas mayores y por la gran experiencia obtenida a lo largo de su vida, ya que mediante ella realizan un significativo aporte a la conservación y difusión de la cultura, como bien intangible e invaluable de la sociedad.
Asimismo, las personas adultas mayores siguen ocupando un espacio significativo dentro de las familias mexicanas, ya que forman parte esencial de su desarrollo al proporcionar conocimientos y cimentar su estabilidad que consolida el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Frente a las insuficiencias y desigualdad de nuestro desarrollo, la familia ha sido tradicionalmente una fuente importante de apoyo a este sector vulnerable de la población. Los adultos del mañana tendrán que hacer frente cada vez con mayor intensidad a las responsabilidades que significan la atención de sus padres durante la vejez por periodos de tiempo cada vez más prolongados y un menor número de hermanos con quienes compartir la responsabilidad de su cuidado, como el resultado del descenso de la fecundidad.
Todo ello nos hace reflexionar sobre la necesidad de impulsar la consolidación de un Estado que garantice el ejercicio pleno de sus derechos. En ese sentido, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores prevé como uno de los objetos de la política nacional sobre personas adultas mayores, entre otros, los de promover la difusión de los derechos y valores en beneficio de las personas adultas mayores, con el propósito de sensibilizar a las familias y a la sociedad en general, respecto a la problemática de este sector, así como fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores.
El Congreso de la Unión, al constituirse como una institución plural en el que deben ser escuchadas las diversas voces de la sociedad, está obligado a instrumentar todos aquellos mecanismos que abran puertas a las preocupaciones y las ideas de los mexicanos, sobre todo cuando éstas emanan de la experiencia adquirida a través de los años.
Diputadas y diputados, toda actividad que este cuerpo colegiado realice en aras de compartir la experiencia propia y acercar a la sociedad para que manifieste sus ideas y se exprese, conlleva a los beneficios propios de una democracia como la nuestra, en la que la experiencia que en el caso particular puedan aportar los adultos mayores, seguramente nos enriquecerá y permitirá entender las problemáticas sociales desde nuevos puntos de vista.
Por ello, hoy vengo a proponer la presente proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión realice el Parlamento de las Personas Adultas Mayores, con una periodicidad anual y que tenga una sede de forma alterna cada una de las cámaras. Se busca que sea un espacio de participación para las personas adultas mayores de 60 años, espacio en el que se fomente entre ése sector de la sociedad, el conocimiento respecto al actuar de los legisladores y los procedimientos legislativos, y se promueva la expresión de ideas y de experiencias que fortalezcan nuestro quehacer legislativo. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada María Sandra Ugalde.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Serrano. Sonido en la curul del diputado Serrano. Adelante, diputado
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, si es tan amable de preguntarle a la diputada oradora si me permite adherirme a su propuesta, ya que es muy, muy necesario que los adultos mayores sean escuchados y qué mejor que en un foro parlamentario, en donde también participen las diputadas y los diputados.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): Claro que sí compañero, con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputada María Sandra Ugalde, diversos compañeros diputados solicitan adherirse a su iniciativa, ¿está usted de acuerdo?
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (desde la curul): La diputada María Sandra Ugalde está de acuerdo en que aquellos compañeros y compañeras diputados que deseen adherirse a la propuesta, con gusto lo acepta.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dígame usted, diputado. Sonido a la curul del diputado Martínez Peñaloza, por favor.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): Aparte de agradecer a la diputada, también felicitarla por este gesto y esta proposición, en beneficio de las personas adultas mayores. Es una muy buena proposición. Felicidades, diputada.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, ejerza la facultad de atracción de la denuncia relativa a la Guardería ABC, de la ciudad de Hermosillo, Sonora.
El diputado Emilio Serrano Jiménez: Con su venia, diputado presidente, y es una petición a usted, para que sean ocupadas estas curules vacías por reporteras, reporteros de la fuente que harían mejor papel que muchos diputados.
Yo creo que este caso de la Guardería ABC que tiene indignada a la sociedad mexicana y a otras sociedades del mundo, no hay solución porque no quiere la autoridad mexicana que se resuelva.
El Procurador General de la República tal parece que participa en una mafia de delincuentes porque los protege, es parte de la impunidad que existe en nuestro país.
Su servidor, diputadas y diputados, presentó una denuncia penal contra Juan Molinar Horcasitas, como presunto responsable del caso del incendio de la Guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida, 80 quedaron lesionados y otros tantos dañados de sus pulmones, de su situación emocional. Los padres de familia están desesperados y nos dicen que van a buscar ojo por ojo y diente por diente.
Yo le pregunto al procurador: ¿Qué quiere? ¿Que se haga justicia por la propia mano de los agraviados? ¿Por la sociedad que está indignada?
En octubre de 2010, el 11 de octubre, presenté una denuncia penal aquí en el Distrito Federal, la ratifiqué, y me informaron que los policías judiciales no habían dado con el paradero de Juan Molinar Horcasitas. Se volvió invisible, cuando vino varias veces a la Cámara de Diputados a comparecer.
Y ahora resulta que mandan el caso a investigarse, por mi denuncia, a Hermosillo, Sonora, y cuando los padres de familia presentaron su denuncia en contra de Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y otros, lo mandaron al Distrito Federal. Es una burla.
No puede ser posible que de esta manera se haga escaño con la justicia, con la ley. No se aplica, porque –repito– tal parece que es una mafia en donde se cubren unos con otros, donde se protegen unos con otros.
Exijo la renuncia del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por irresponsable, negligente, por no aplicar la ley, por encubrir a Juan Molinar Horcasitas, a Eduardo Bours y a los dueños de la Guardería ABC.
Queremos justicia. Tenemos hambre de justicia. Y una vez por todas les decimos: si en México no encontramos la justicia, iremos a instancias internacionales.
Le pido, presidente, que sea tan amable de turnar esta solicitud a la Junta de Coordinación Política, por favor.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, señor diputado Serrano. Túrnese a la Comisión de Justicia y a la Junta de Coordinación Política, para sus efectos.
Se recibió de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción de un centro de rehabilitación infantil Teletón en Tlaxcala. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado Noé Fernando Garza Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal rectifique y retome el acuerdo con el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad para que coordine las encuestas nacionales sobre el tema. El diputado Noé Fernando ha pedido que se turne a la Comisión de Seguridad Pública.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat lleve acabo las acciones tendientes a preservar el ambiente natural representativo del área ecológica y el ecosistema de las superficies comprendidas en diversos cerros del municipio de Guanajuato, Guanajuato.
La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: Gracias, señor presidente. La suscrita diputad Ruth Esperanza Lugo Martínez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXI Legislatura y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Interior del Congreso General.
Someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Ejecutivo federal la intervención de la Semarnat, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones se lleven acabo las acciones tendentes a preservar el ambiente natural representativo del área ecológica y el ecosistema de una superficie de aproximadamente 47 hectáreas comprendidas entre los cerros del Hormiguero, la Bufa, los Picachos y Lomeríos que conforman la cuenca entre el Cedro, Calderones y Pozuelos de la ciudad y municipio de Guanajuato, Guanajuato. Conocido todo esto como la ex hacienda de la Yerbabuena, municipio de Guanajuato.
A fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, el aprovechamiento sustentable del ecosistema y sus elementos, proteger las montañas en donde se origina el ciclo hidrológico, así como las demás que tiendan a la salvaguarda de los elementos circundantes con los que se relaciona ecológicamente el área.
Proteger el entorno natural de la zona y los cerros como monumentos naturales emblemáticos de la cultura y de la identidad de todos los guanajuatenses.
He de mencionar que dentro de las consideraciones tenemos como:
Primera. Que esto es de interés público el desarrollo sustentable.
Segunda. Tomando en consideración que es obligación del Ejecutivo federal observar principios en materia ecológica, para la formulación y conducción de la política ambiental y demás instrumentos previstos en los artículos 15 y 28 al 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Así, como lo dispuesto en los artículos 2, 3, 12, 16 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente y al desarrollo forestal sustentable.
Entre otros, aquellos que disponen que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y que de su equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas, que la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende, tanto las condiciones presentes como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones.
El ayuntamiento de Guanajuato dio el fallo de un dictamen para otorgar la factibilidad de cambio de uso de suelo a este predio, para que en él se desarrollen varios proyectos de desarrollo supuestamente que vienen a impulsar la economía del municipio Guanajuato.
Recientemente se celebró un plebiscito en el cual se le dijo no a este desarrollo económico, sin embargo, las autoridades del municipio insisten en que hay posibilidades por parte del constructor de conseguir los permisos por parte de la Semarnat, lo cual a todos los guanajuatenses, y yo me incluyo como ciudadana de Guanajuato, tenemos una preocupación por la preservación en nuestro entorno y en el patrimonio de Guanajuato, así como el nombramiento de la ciudad como Ciudad Guanajuato, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos asignados en el Fondo de Pavimentación, a los municipios que aún no lo han ejercido.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una auditoría especial en el Banco de México, para conocer las causas del comportamiento de las diferentes variables incluidas en el balance general de la institución.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el punto de acuerdo que vengo a proponer busca dar transparencia a las operaciones del Banco de México. Todos recordamos que hace unos meses en el Senado se dijo que, debido a la entrega de los remanentes que generó el Banco de México en 2008 al gobierno federal 2009, el banco se situó en una condición de quiebra porque los pasivos del banco central fueron superiores a sus activos, en 58 mil 851 millones de pesos.
Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Banco de México, la institución está obligada a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas a las que está obligada. Y así ocurrió en 2009; los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el renglón de aprovechamientos no petroleros confirman que en 2009, para cubrir la caída de ingresos tributarios, Hacienda utilizó 95 mil millones de pesos de remanentes que registró el Banco Central durante el 2008.
Sin embargo, no todos los años el Banco de México tiene remanente. La revisión de los balances de los últimos ejercicios muestra que en realidad la operación con números rojos es una situación recurrente en el Banco Central.
En 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009, encontramos que el capital contable de la institución fue negativo. Estamos convencidos que la operación del Banco de México, igual que en las empresas públicas estratégicas es muy compleja. Por eso consideramos necesario una revisión a fondo que permita conocer lo que se hace con los activos y pasivos de la institución que ha sido determinante en la orientación de la política económica.
Por eso a nombre del PRD les pido, compañeros del PRI, PAN, PT, Convergencia, Verde y Panal, que apoyen esta solicitud a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría especial a la operación del Banco de México de los últimos 10 años.
A las fuentes de ingreso propias de la institución; a la administración de los activos a su cargo; a la administración de los pasivos; y las razones por las cuales de manera recurrente reporta capital contable negativo, así como el origen y destino de los remanentes en los ejercicios en los que se generaron.
Es un punto de acuerdo que sin ninguna suspicacia reconoce la demanda de la ciudadanía de conocer la operación del Banco Central y sus recursos que son tan importantes para el país. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República genere la creación de una base de datos donde se incluya la información de las niñas y niños sustraídos, raptados y desaparecidos a nivel nacional.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Gracias, presidente. La que suscribe Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LXI Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al procurador general de la República genere la creación de una base de datos en la cual se contenga información única y exclusiva de los niños y niñas robados, sustraídos y desaparecidos. Lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones.
En nuestro país habitan 34.5 millones de niños y niñas menores de 15 años de edad, lo que representa el 29.5 por ciento de la población calculada en 107 millones de habitantes.
Es por ello que el 20 de noviembre de 1989 nuestro país suscribe la Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional el cual tiene consagrados los derechos fundamentales de los niños y niñas.
Desde esa fecha hasta hoy día, nuestro país ha tenido grandes avances en materia de salud, de educación, de seguridad social, a favor de los niños y niñas de nuestro país. Sin embargo, existen todavía muchos casos que nuestro país debe de tomar en cuenta, los cuales generan inseguridad en nuestros niños y niñas, me refiero específicamente a la sustracción, robo y desaparición de los niños y niñas en nuestro país.
No existen cifras oficiales acerca de cuántos niños y niñas son robados en nuestro país en el año. Existen organizaciones como la Asociación Civil de Niñas y Niños Robados que dicen que son 100 mil niños al año que son desaparecidos, sin embargo la Procuraduría General de la República solamente acepta que en el 2007 fueron robados 565 niños, de los cuales sólo recuperaron 245.
Es por ello que es necesario que nuestro país tenga un Registro Nacional de Niños y Niñas Sustraídos, Robados y Desaparecidos, lo que haría que la búsqueda fuese más efectiva, toda vez que cuando los familiares se presentan ante las agencias del Ministerio Público, el Ministerio Público argumenta que para iniciar la búsqueda es necesario un periodo de 48 horas, tiempo suficiente para que los niños o niñas que son sustraídos, robados o desaparecidos sean llevados al extranjero.
También es imposible pensar que en México exista un Registro Nacional de Vehículos Desaparecidos y no exista un Registro Nacional de Niños y Niñas, cuando un vehículo puede oscilar de los 60 mil pesos al medio millón de pesos y, sin embargo, la seguridad de los niños, niñas y sobre todo la certeza jurídica de los padres no es garantizada.
Es por ello que hoy someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo.
Único. Punto de acuerdo por el que respetuosamente la Cámara de Diputados exhorta al procurador General de la República a generar la creación de una base de datos donde se incluya exclusivamente la información de niñas y niños sustraídos, raptados y desaparecidos a nivel nacional, con el propósito de correlacionar los datos del hecho y a la vez lograr mayor fluidez en la posible recuperación de los infantes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: La diputada Enoé. Adelante, diputada.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): Diputado presidente, le agradezco la palabra. Primero que nada felicitar a la Cámara de Diputados, en su conjunto, por lo que acaba de suceder en este momento.
Quiero agradecer la extraordinaria exposición del punto de acuerdo que acaba de hacer la diputada Olga. Y con mucho orgullo, con mucha admiración, por el esfuerzo que está haciendo, y por el estupendo y profesional trabajo que está haciendo, ratificar que la cuota de género en la Cámara de Diputados es algo que debe defenderse porque es justamente a esa calidad de diputadas y a esa calidad de propuestas a las que se intentó privar a esta Cámara. Mi felicitación a la diputada por su intervención, por su claridad y desde luego la solicitud de sumarme a su propuesta, diputada. Créame que para mí es un orgullo haberla escuchado y haber podido estar con usted hoy en el recinto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada. Gracias, diputada Enoé. Diputada Olga Espinosa, la diputada que hizo uso de la voz, Enoé Uranga, y distintos diputados han solicitado adherirse a su proposición ¿Tiene inconveniente? Diputada Olga Espinosa, ¿sí acepta?
La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Sí, con gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Acepta con mucho gusto.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo a fin de que se modifique la normatividad administrativa de esta Cámara de Diputados y el Reglamento Interno del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán, en relación a los servicios del Cendi.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, diputado presidente. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, a fin de que se modifique el Reglamento Interno del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava de Catalán, y se reforme el artículo 70 de la normatividad administrativa de esta Cámara de Diputados.
La suscrita diputada federal Mirna Camacho Pedrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes considerandos.
Una de las grandes preocupaciones que cualquier madre trabajadora tiene, es en dónde puede encontrar un espacio que brinde el cuidado y la educación para sus hijos, mientras ellas desempeñan sus actividades laborales.
Este problema lo enfrentan miles de mujeres que todos los días tienen que batallar con el dilema de a quién encargar a sus hijos y sus hijas durante su ausencia.
Comúnmente estas mujeres trabajadoras recurren al apoyo de la madre o abuela de los niños, de la hermana o de la vecina, si existe confianza para hacerlo y en el peor de los casos recurren a dejarlos encerrados con el riesgo y la preocupación de que les pueda suceder algo.
Sin duda esa situación también la vivieron muchas mujeres que laboran en esta Cámara de Diputados desde hace algunos años.
La creación del Centro de Desarrollo Infantil con que actualmente cuenta la Cámara de Diputados, es un acierto y un apoyo para aquellas madres que hoy tienen la oportunidad de contar con un espacio en donde cuidan a sus hijos desde el período conocido como de lactancia hasta el preescolar.
El centro no sólo brinda un servicio de guardería; también pone atención y cuidado en cuanto a la salud de las niñas y niños que ingresan, apoyo al centro educativo de las niñas y los niños conforme a la etapa en que se encuentren.
Estas niñas y niños, cuando egresan del centro, tienen el nivel preescolar terminado y están listos para ingresar al nivel de primaria. La labor de este centro es sin duda un gran apoyo y ayuda para las madres trabajadoras de este Palacio Legislativo, pero es necesario hacer la siguiente reflexión en torno a cómo podemos mejorar los mecanismos de atención del centro para quienes laboran en esta Cámara.
En estos tiempos, como sucede en diversos espacios laborales, estas mujeres en la gran mayoría de los casos, tienen que permanecer más tiempo del acordado, ya sea en las oficinas en donde laboran o simplemente por las actividades que hay en ellas, en las comisiones, comités o algún otro espacio de la Cámara en donde las requieran.
Esto obliga a la siguiente pregunta: ¿Quién puede apoyar a estas madres trabajadoras con sus hijas e hijos en estos horarios? Como en estos casos y en otros más, ¿no sería pertinente contemplar que se adecue el reglamento y se contemple una ampliación de los horarios del Cendi, con determinados límites que les permita a estas madres poder trabajar sin la preocupación de que ahora en dónde dejarán a sus hijos o a sus hijas?
Otro punto de reflexión es el de los padres que laboran en esta Cámara. Los tiempos han cambiado y ellos también se enfrentan al dilema de dónde dejar a los hijos ante la ausencia de la madre o por no tener familiares que les apoyen.
Es por lo anterior que es necesario contemplar la posibilidad de que el reglamento del Cendi permita a los padres también incorporar a sus hijos en este centro, ya que si hemos hablado de generar condiciones de igualdad en materia laboral y de seguridad social, ¿no sería un acto discriminatorio el no permitirle a un padre de familia ser favorecido por un servicio como éste?
Por último, incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los diversos ámbitos de las instancias legislativas y del Ejecutivo es una imperiosa necesidad que poco a poco ha sido atendida. En este caso proponemos y solicitamos se incorpore un lenguaje incluyente en el reglamento del Centro de Desarrollo Infantil para que sean visibilizadas todas aquellas mujeres y niñas que sean beneficiadas.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Se exhorta a los órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados a fin de que modifiquen el reglamento interior del Centro de Desarrollo Infantil Antonia Nava Catalán y se reforme el artículo 70 de la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados con la finalidad de que se amplíen los horarios de servicio del centro atendiendo a los horarios laborales de las madres trabajadoras, además de que se reconozca el derecho de los padres trabajadores a inscribir a sus hijas e hijos en el mismo.
Segundo. Se incorpore en el reglamento mencionado un lenguaje incluyente que permita visibilizar a las mujeres en sus respectivos apartados.
Tercero. Las propuestas mencionadas son con la finalidad de institucionalizar la perspectiva de género en este Poder Legislativo mediante acciones afirmativas a favor de las trabajadoras de esta Cámara de Diputados.
Hoy acompañamos esta propuesta con un documento que anexamos al presente, en donde exponemos los cambios y adecuaciones que se sugieren al reglamento en mención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. El diputado Luis Felipe Eguía solicita adherirse a su proposición, diputada. También el diputado Adán López, ¿en el mismo sentido, diputado?
El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): No, presidente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Entonces permítame tantito.
El documento está a disposición de los diputados y las diputadas que deseen adherirse. Pueden pasar a la Secretaría.
Sonido a la curul del diputado Adán López, por favor.
El diputado Adán Augusto López Hernández (desde la curul): Presidente, es una vergüenza. Estamos 46 diputados. No hay ni siquiera secretario en la Mesa Directiva. Creo que debe de suspenderse la sesión, incluso por respeto a los que estamos presentes, presidente. Aplique el Reglamento estrictamente.
El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra el diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instruir a las universidades del país para que incluyan en los planes de estudio de la carrera de derecho asignaturas relacionadas con la implementación del sistema acusatorio.
El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar solicitó que se turne al primer resolutivo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; y el segundo resolutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Gerardo del Mazo Morales presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Trabajo y Previsión Social, para que instrumenten las medidas necesarias e incidan positivamente en la próxima determinación de los salarios mínimos. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Adelante, diputado, dígame. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? El diputado Avelino Méndez, por favor.
El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Señor presidente, mi compañero Adán López está solicitando que en esta sesión se verifique el quórum, toda vez que es evidente que no está presente la mayoría que se requiere para que siga funcionando la Cámara. Es evidente que no están en comisiones, que no se encuentran en el recinto y que están en otros lados fuera de esta Cámara.
Yo le pido, con todo respeto, presidente, por la imagen de esta Cámara, que se verifique el quórum.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lamento no obsequiar su solicitud, señor diputado. No voy a verificar el quórum. La Presidencia tiene noticia de la situación de dónde se encuentran los diputados. Fue pactado en esos términos la realización de esta sesión. Pedimos desde el principio la comprensión para el efecto y vamos a desahogar trámites importantes, yo diría cruciales para la Cámara en estos momentos.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me permito informar a la asamblea, que esta Presidencia informa: el día de hoy se recibió de la Sección Instructora, dictamen con las conclusiones relativas al procedimiento y declaración de procedencia solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
En cumplimiento del artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Cámara deberá erigirse, el día de mañana a las 16:00 horas, en jurado de procedencia para conocer el dictamen de la Sección Instructora. Se instruye la publicación del dictamen de la Sección Instructora en la Gaceta Parlamentaria.
Asimismo la Presidencia informa, que instruyó la Dirección General de Asuntos Jurídicos por conducto de los servidores públicos adscritos a la misma para que, de conformidad con lo que dispone el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se haga del conocimiento de las partes en el mencionado procedimiento y declaración de procedencia la citación correspondiente. Publíquese el presente acuerdo y los documentos de referencia.
Asimismo esta Presidencia informa, que se recibió acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que regirá la actuación de la Cámara de Diputados en la sesión del día de mañana como jurado de procedencia para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora en los expedientes acumulados relativos al procedimiento y declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación.
Toda vez que este punto ha sido cumplimentado, le solicito a la Secretaría pregunte a la asamblea si es de aprobar el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia para conocer del dictamen emitido por la Sección Instructora, en el expediente SI/001/2010 y acumulado relativo al procedimiento y declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que rige la actuación de la Cámara de Diputados como jurado de procedencia, para conocer el dictamen emitido por la Sección Instructora en el expediente SI/001/2010 y acumulado, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitado en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. La Conferencia para la Dirección y Programación...
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Solamente los resolutivos, señora diputada.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Acuerdo
Artículo primero. Una vez que se abra la sesión de la Cámara, la Secretaría dará cuenta a la asamblea de que han sido debidamente citadas las partes y acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados declarará: “La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 74, fracción V, y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se erige hoy 14 de diciembre a las 16:00 horas de 2010 en jurado de procedencia para conocer el dictamen emitido por la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia que solicita el ciudadano licenciado Elías Vázquez Villalba, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Las partes se ubicarán dentro del salón de sesiones en el lugar que al efecto señale la Presidencia desde el cual harán el uso de la palabra en el momento que se les indique.
Artículo Segundo. Inmediatamente después de que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia, conocerá y calificará los incidentes que se hubieren presentado en los términos de lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tienen el deber de excusarse o, en su caso, podrán ser recusados por el inculpado, las diputadas y diputados que se ubiquen en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables.
El incidente se sustanciará de la siguiente manera:
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dará cuenta de las promociones de recusación que haya presentado el inculpado con expresión de causa y dentro del plazo señalado en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el cual transcurre y finaliza a las 24 horas del 13 de diciembre de 2010, así como las excusas que hayan solicitado o soliciten las diputadas y diputados que vayan a intervenir en el jurado.
Segundo. La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura por separado a cada una de las solicitudes de recusación y excusa que hubiere recibido y sin otro requisito que oír a su autor, si la quiere fundar y algún impugnador, si lo hubiera, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente.
Si la resolución de la Cámara fuere negativa, la solicitud se tendrá por desechada. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto un individuo en pro y un individuo en contra en apego a lo prescrito en el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades. Las votaciones serán nominales, mediante el sistema electrónico de votación.
Tercero. En el supuesto que el recusado presentara una solicitud de excusa y ésta fuera aprobada, el incidente planteado quedará sin materia.
Cuarto. Las diputadas y los diputados cuya solicitud de excusa o promoción de recusación haya sido aprobada por la asamblea, no formarán parte del jurado de procedencia y por lo tanto deberán retirarse del salón de sesiones.
Artículo 3o. Agotado el incidente, si lo hubiere, se procederá a dar lectura a una síntesis del dictamen de la Sección Instructora que contenga los puntos sustanciales del mismo. Inmediatamente después se abrirá la fase de alegatos, réplicas y contra réplicas de la parte a la que se refieren los artículos 20 y 27 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para lo cual se estará a lo siguiente:
Primero. En primer término se concederá la palabra al solicitando de la declaración de procedencia hasta por 15 minutos, pudiendo presentar su argumentación por escrito y enseguida, por el mismo tiempo y en la misma forma al servidor público o a su defensor o a ambos si así lo solicitare.
Segundo. Si el solicitante de la declaración de procedencia pidiera hacer uso de la palabra para replicar, se le concederá hasta por 15 minutos. En este caso, el servidor público y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término, también hasta por 15 minutos.
Tercero. En el supuesto de que tanto el servidor público imputado como su defensor soliciten hacer uso de la palabra, los 15 minutos de que disponen, tanto para los alegatos como para la réplica y la contra réplica, se distribuirán entre ambos, según lo determine el servidor público, quien lo avisará al a Presidencia de la Mesa Directiva.
De conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Presidencia de la Cámara de Diputados dispondrá que las partes y el defensor se retiren del recinto y pasen a los salones que al efecto se hayan dispuesto donde permanecerán durante el debate y la votación del dictamen.
Artículo 4o. Una vez concluida la fase de alegato, réplicas y contrarréplicas se pondrá a discusión el dictamen conforme a lo siguiente:
Primero. Se abrirá una ronda de tres oradores en contra y tres en pro, quienes dispondrán de 5 minutos cada uno. Al finalizar la ronda se preguntará a la asamblea si el asunto está o no suficientemente discutido.
Segundo. En el primer caso se procederá inmediatamente a su votación. En el segundo continuará la discusión y bastará con que hable un individuo en contra y uno en pro, para que se pueda consultar nuevamente a la asamblea.
Este procedimiento se repetirá sucesivamente, hasta que el asunto se considere suficientemente discutido.
Tercero. Las diputadas y los diputados que no estén inscritos para hablar, podrán pedir la palabra para rectificar hechos, hasta por 5minutos, o para responder a alusiones personales hasta por 5 minutos, pero sus intervenciones se verificarán después de concluido el turno de los oradores previamente inscritos. En este caso, el orador iniciará su exposición precisando el hecho a rectificar o la alusión a contestar.
Cuarto. Agotada la discusión del dictamen se procederá a su votación nominal, mediante el sistema electrónico de votación.
Quinto. Concluida la votación el presidente hará la declaratoria que corresponda.
Artículo 5o. En todo lo no previsto en el presente acuerdo se aplicaran las disposiciones de la Ley de Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos supletorios en la materia.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno y se instruye su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación, Palacio Legislativo a 13 de diciembre de 2010, firma el diputado Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y los señores coordinadores y señora coordinadora de los distintos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un momentito, señores diputados. Ya concluyó la lectura, señora diputada.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Sí.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En qué sentido, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para argumentar en contra, presidente, por las deficiencias del acuerdo. Si me permite subir a tribuna.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hay algún otro orador que vaya a intervenir. Diputado Fernández Noroña, en qué sentido.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En el mismo sentido.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En el mismo sentido, en contra. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, este acuerdo es de la mayor trascendencia, porque tiene que ver con la aplicación del artículo 111 de la Constitución que establece el procedimiento de declaración de procedencia en contra de uno de nuestros compañeros diputados.
Las razones de mi voto en contra de este acuerdo versan en un doble sentido; en el primer sentido porque en todo este procedimiento que nos propone la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, no indica de qué manera este pleno de la Cámara de Diputados se impondrá del expediente respectivo.
Hasta donde he tenido conocimiento por los medios de comunicación, sé que el expediente respectivo consta de aproximadamente 40 mil fojas. Yo me pregunto cómo vamos a votar las diputadas y los diputados el dictamen correspondiente, si no conocemos las actuaciones que ha conocido, que ha desahogado la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados.
Me parece que es una irresponsabilidad enorme votar algo de lo que se desconoce totalmente el contenido de las pruebas, el desahogo de las pruebas, el conocimiento de ésas 40 mil fojas de las que consta el expediente. ¿Cómo vamos a conocer de ello?
Aquí se dice que nos van a poner en conocimiento el dictamen. Desconozco de cuántas hojas se integre este dictamen y qué plazo se nos va a dar para estudiar con detenimiento ese dictamen, porque se trata de algo muy importante; se trata por un lado de mantener el prestigio de esta Cámara de Diputados, pero por otra también de los derechos de un diputado que forma parte de este pleno.
Entonces por lo tanto yo creo que es fundamental que en el procedimiento se establezca la manera en que los diputados y las diputadas conoceremos las 40 mil fojas de ese expediente, según ha trascendido en los medios de comunicación, y también el tiempo que se nos dará para estudiar el dictamen respectivo, porque no podemos votar un dictamen de mil páginas o de 500 páginas o de 800 páginas, sin haberlo analizado, reflexionado y en su momento haber tomado una posición respectiva, personal de cada uno de nosotros. Sería una irresponsabilidad votar algo sin haberlo conocido, sin haberlo estudiado, sin haberlo leído.
La segunda objeción, presidente, tiene que ver con lo mismo que ocurre en este tipo de acuerdos que nos propone la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva, y en este caso que nos propone la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; esta posibilidad de que solamente existan 3 oradores en contra y 3 oradores en pro.
Me parece que es limitar la participación de las compañeras diputadas y de los compañeros diputados, debería por lo menos conservarse el principio, la norma que prevé el Reglamento para el Gobierno Interior, y debiera haber por lo menos 6 oradores en contra y 6 oradores en pro, pero no limitar de manera excesiva la posibilidad de discusión, de reflexión, de deliberación sobre un asunto tan trascendente.
Por estos dos motivos, compañeros, yo votaré en contra de este proyecto de acuerdo o de este acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por su insuficiencia y porque no resuelve el problema principal.
Repito cuál es el problema principal. ¿Cómo las diputadas y diputados de este pleno nos impondremos del conocimiento del expediente de aproximadamente 40 mil fojas? ¿Cuánto tiempo tendremos los diputados y las diputadas para analizar el dictamen, para reflexionar y votar en consecuencia? De otra manera, estaremos actuando irresponsablemente.
Yo invito a ustedes, compañeros diputados, compañeras diputadas, a reflexionar sobre lo que aquí he mencionado. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Gerardo Fernández.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Compañeros diputados, compañeras diputadas. Quiero adelantar que lo que mañana se dará aquí será un debate muy importante, porque hay un debate sobre el fuero –perverso- en los medios de comunicación, diciendo que el fuero es para permitir que puedan delinquir quienes formamos parte de esta soberanía. Y el fuero es una garantía para la libertad de expresión, que es la máxima valía de un legislador.
En la historia de nuestro país, quien ha estado en el poder ha perseguido a los opositores cargándoles delitos, encarcelándolos, inventándoles cosas. Entonces los legisladores tienen fuero para evitar ese tipo de atropellos. Hay una larga historia de atropellos de esta soberanía sobre integrantes de la misma, desaforándolos y entregándolos a la supuesta justicia que no existe en nuestro país.
En el caso de mañana de Godoy Toscano, yo no entraré ni hoy ni mañana al fondo del tema. Yo estoy absolutamente claro que Godoy Toscano será desaforado no por tener vínculos en el narco, sino por la enorme debilidad de esta soberanía que se presta a la presión de los medios de comunicación y se presta a las presiones de Calderón, que está vinculado al narco como está vinculado García Luna y que le entregan como un trofeo la cabeza de esa persona.
Esta soberanía simula porque no está persiguiendo el delito de los vínculos con el narco, porque reitero, García Luna y Calderón están más que vinculados y si hubiera verdaderamente esa preocupación ya estaríamos. Yo he propuesto la creación de una comisión investigadora al respecto y todavía es la hora que no se presenta a la soberanía y no tengo grandes expectativas sobre el voto de la misma.
Me parece por lo tanto que es lamentable lo que va a suceder. Hay una presión enorme de los medios de comunicación que han acusado a esta Cámara de defender a narcos y la verdad es que lo que ha habido es una situación de irresponsabilidad brutal de las tres principales fuerzas políticas que integran esta Cámara: del PRI, del PAN y del PRD, que ahora se enteran de lo que dicen apenas enterarse.
Al Partido del Trabajo nunca le consultaron traer a Godoy Toscano a tomarle protesta. Tampoco ha sido partícipe de las discusiones en la Sección Instructora porque no formamos parte, como no formamos parte la inmensa mayoría de partidos que integran esta Cámara de Diputados. La integran sólo el PRI, el PAN y el PRD.
Hacen sus enjuagues, se enredan en sus enjuagues y luego quieren que seamos todos los que les salvemos la cara. Me parece incorrecto, me parece abusivo, me parece falto de respeto.
Como lo ha dicho aquí también mi compañero Jaime Cárdenas, además el formato de la discusión yo no sé si hay más de tres que quieran hablar en contra, con toda la presión que hay de los medios de comunicación, pero dice el Reglamento que cuando hay oradores en contra deben hablar todos, aunque como ya lo he dicho aquí también, existe la contradicción que establece que, a los primeros tres, se debe preguntar.
Creo que el formato debe modificarse para que hablen todos los que estén en contra, a riesgo de su prestigio, a riesgo de su postura. Porque hay una perversión y van a decir que se está defendiendo a narcos, cuando lo que nosotros estamos defendiendo es el estricto apego a derecho, es la independencia de esta soberanía, es el triste papel que estamos desempeñando subordinados a un Ejecutivo que no sólo se robó la presidencia, sino que están ampliamente documentados sus vínculos con el narco; que está amenazada de muerte Anabel Hernández por la poderosa investigación que hizo al respecto, García Luna mismo, y que sin embargo a ellos no se les toca un solo pelo, no se les toca ni con el pétalo de una declaración dura, mucho menos con el de un desafuero.
Es triste lo que está viviendo nuestro país en ese sentido. A mí me avergüenza profundamente la manera en que se están tomando estas decisiones y no dejaré de hacer uso de la palabra para señalar lo que desde mi punto de vista es la manera correcta en que debería actuarse en este sentido.
Por estas razones manifiesto mi inconformidad, exijo, igual que Jaime Cárdenas, la modificación de esa parte del documento, y retiro la solicitud de que sea nominal la votación, porque hay tantos actos de simulación en esta Cámara, que será un acto de simulación más votar a favor de este procedimiento, desde hoy y mañana mismo.
Así es que refrendo mi postura de que ojalá los diputados y diputadas votáramos en consciencia y no por decisión de las cúpulas de nuestros partidos que nos hacen hacer estos papelones, de tomarle protesta a un diputado para luego desaforarlo porque dicen que no sabían lo que todo mundo ha sabido siempre. Les agradezco mucho por su atención.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. En relación a la solicitud de su trámite, sólo quisiera apuntar que hay días en que me siento profundamente orgulloso de ser compañero de ustedes, y lo digo por mis compañeros del PRD, por mis compañeros del PT, del PRI y del PAN. Esta soberanía no hace más que cumplir con sus obligaciones.
Pregunte usted el sentido del voto de la asamblea.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado el acuerdo de la Conferencia. Publíquese.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dé cuenta la Secretaría de los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Orden del día de la próxima sesión, primer periodo de sesiones ordinarias, segundo año de ejercicio, LXI Legislatura. Orden del día 14 de diciembre de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (15:40 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 14 de diciembre a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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