La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 291 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz (11:28 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias. Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la indiferencia, diputado presidente. Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría con Comunicaciones
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Comunicación de la Mesa Directiva, con relación a dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del 3 de febrero, de las Comisiones de Agricultura y Ganadería; de Economía; de Energía, y de Juventud y Deporte.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos concluidos.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Matilde Maricel Díaz de León Macías, diputada suplente electa en el III distrito de Aguascalientes, por lo que designamos en comisión para que la acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ignacio Téllez González, Rosa Adriana Díaz Lizama y Lorena Corona Valdés, a quienes les pido cumplir con el encargo.
(La comisión cumple su encomienda)
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(De pie)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadana María Matilde Maricel Díaz de León Macías, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Matilde Maricel Díaz de León Macías: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Muchas gracias.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de febrero de 2010. Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 8, tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita los siguientes movimientos:
Que el diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, y en su lugar cause alta la diputada Caritina Sáenz Vargas.
Que el diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y en su lugar cause alta la diputada Caritina Sáenz Vargas.
Que el diputado Álvaro Raymundo Vargas Sáenz cause baja como integrante de la Comisión de Marina, y en su lugar cause alta la diputada Caritina Sáenz Vargas.
Que la diputada Carolina García Cañón cause baja como secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y en su lugar cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.
Que la diputada Carolina García Cañón cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y en su lugar cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.
Que la diputada Carolina García Cañón cause baja como integrante de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, y en su lugar cause alta el diputado Alejandro del Mazo Maza.
Que la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause, baja como secretaria de la Comisión de Salud, y en su lugar cause alta el licenciado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
Que la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause baja como integrante de la Comisión de la Función Pública, y en su lugar cause alta el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
Que la diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y en su lugar cause alta el diputado Carlos Alberto Ezeta Salcedo.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted atentamente. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Continúe la Secretaría preguntando a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe la Secretaría con oficios de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de febrero de 2010. Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito remitirle el oficio número LXI GPPVEM-SE/0063/10, suscrito por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que informa que la propuesta de los consejeros del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral ha sido modificada para quedar como sigue.
Propietario. Senador Arturo Escobar y Vega.
Suplente. Diputado Diego Guerrero Rubio.
Suplente. Diputado Alejandro Carabias Icaza.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular le reitero la seguridad. Atentamente. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Comuníquese. Continúe con oficios del Instituto Nacional de Migración.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio del Instituto Nacional de Migración con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente, relativo a la vigilancia de los aeropuertos en México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe con los oficios de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diferentes sedes diplomáticas en México e informa que otros ciudadanos dejan de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El oficio de las solicitudes de permiso, túrnese a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere al oficio de los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítase a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite el Informe Semestral de Avances y Estado de Guarda el Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, abril-septiembre de 2009. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite contestación a la Secretaría de Economía a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la reactivación económica para el estado de Oaxaca. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite contestación de la Secretaría de Salud a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la construcción de un hospital de especialidades en el municipio de Yajalón, en Chiapas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a los avances en la implementación del nuevo modelo de justicia penal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe con oficio de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado. Pasamos al siguiente punto del orden del día que son Iniciativas
Tiene la palabra el diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 124 y adiciona un artículo 124 Ter a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ignacio Téllez González: Con su venia, señor presidente.
Exposición de motivos
El objeto del presente proyecto es regular los supuestos normativos en caso de que se solicite la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, y dicha medida puede tener afectaciones en el desarrollo o ejecución de las obras públicas.
Existe un interés nacional en salvaguardar el desarrollo de la infraestructura pública en materias como: transportes, hidráulica, comunicaciones, medio ambiente, turística, seguridad nacional, penitenciarías, educación, salud y del sector energético o en cualquier otra rama que tenga dispersión social sobre los beneficios de la obra pública.
Las obras públicas constituyen uno de los principales motores de crecimiento de cualquier economía, ya que el monto de las inversiones realizadas en tales rubros, así como la derrama económica que generan, pasando por la creación de empleos y del aumento de la calidad de vida por los servicios públicos que se prestan a través de tal infraestructura, así como los ahorros que supone cualquier inversión pública para la colectividad.
Uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de infraestructura tanto pública como privada, aunque no debería de serlo, es la existencia de un marco jurídico. En algunos puntos incongruentes con principios económicos básicos como son: la eficiencia y eficacia.
De ahí que la propuesta de esta iniciativa no es desregulatoria, sino más bien, promotora del desarrollo de las obras públicas, a fin de que el juicio de amparo y en lo específico la suspensión del acto reclamado, no constituya una traba para la ejecución de las obras públicas.
Debemos advertir y dejar claramente apuntado, que la obtención de una suspensión en un juicio de amparo puede tanto impedir la ejecución de la obra pública como permitir su continuación.
Ahora bien, el juicio constitucional de amparo previene una figura procesal de carácter precautorio conocida como la suspensión del acto reclamado, sustentada en varios principios pero cuya justificación la podemos encontrar en que permite la conservación de la materia o de la litis hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo.
El peligro de la demora consiste en la posibilidad de que se consume una afectación, agravio o perjuicio, que pueda resultar irreparable para aquél que lo sufre, en caso de que no se conceda la medida suspensional.
Lo anterior justifica que este proyecto aborda el interés que tiene el Partido Acción Nacional en promover el desarrollo económico y protección de los empleos generados por la ejecución de las obras públicas.
Inclusive las figuras propuestas son acordes a la interpretación del Poder Judicial de la Federación, donde se reconoce la improcedencia de la suspensión cuando se trate de impedir los trabajos de obras públicas, así como la ponderación de los términos que hemos apuntado en este documento a lo largo de 25 años.
Veremos que los tribunales federales han privilegiado la continuación de las obras públicas, ya sea negando la suspensión solicitada por el quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias del acto reclamado traducido en la consecución de las obras públicas o bien negando la suspensión, en virtud de que sigue en perjuicio al interés social si se impide la ejecución de alguna obra pública.
En tal tesitura, la regla es la protección jurídica del interés social de encarnar las obras públicas invitando a que la suspensión del acto reclamado impida su ejecución.
El programa nacional de infraestructura 2007-2012 establece los objetivos, las metas y las acciones que impulsará el gobierno federal para aumentar la cobertura, calidad y competitividad en este sector estratégico para el desarrollo nacional.
El programa asume el reto de construir una infraestructura sólida, actualizada y extendida en beneficio de las generaciones de hoy y de mañana. Este programa tiene tres propósitos centrales para el desarrollo de México:
Primero. Es un factor esencial para elevar la competitividad de las regiones porque reduce los costos y tiempos del transporte.
Segundo. Es un instrumento clave para contar con insumos energéticos suficientes, de calidad y a precio competitivo.
Tercero. Es un recurso poderoso que igualará las oportunidades de superación de las familias más pobres porque rompe con el aislamiento y la marginación de las comunidades, promueve la educación, la salud y la vivienda, favorece la introducción de servicios básicos múltiples y las posibilidades de ingreso.
En materia de infraestructura pública, de acuerdo con el Foro Económico Mundial para la Competitividad y la Infraestructura, México se ubica en el lugar número 64 de 125 países. A nivel sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.
Recapitulando, el proyecto tiene como principal beneficio la seguridad jurídica de los destinatarios de las normas y no implica mayores costos para los órganos o sujetos obligados distintos o mayores a los que se realizan cuando se solicita la suspensión de acto reclamado, ya que el ejercicio de ponderación para otorgar la suspensión en el juicio de amparo que se hace entre los intereses particulares del quejoso o de terceros contra los intereses públicos constituye un mandato constitucional no sujeto a discusión.
De lo antecede estimamos justificada material y jurídicamente la emisión del siguiente decreto por el que se adiciona el inciso i) a la fracción II del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Ter, ambos de la Ley de Amparo en materia de suspensión de actos reclamados relacionados con el desarrollo de la obra pública.
Único. Se adiciona un inciso i) a la fracción II del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Ter, ambos de la Ley de Amparo reglamentarias en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo siguiente:
Se impida la ejecución de obras públicas sabiéndose ponderar si existe algún valor social de mayor jerarquía y trascendencia que válidamente imposibilite la continuación de los trabajos públicos, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
Artículo 124 Ter. Para conceder o negar la suspensión contra los actos de clausura, suspensión administrativa o cualquier otro que impida la ejecución de las obras públicas se deberá ponderar si el fin o del motivo de la clausura o del acto que impide la continuación de la obra pública representa un valor social de mayor jerarquía y trascendencia.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.
El diputado Ignacio Téllez González: Es cuanto, señor presidente. Le pido que se integre el texto completo en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra la diputada Tomasa Vives Preciado para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrita por ella misma y por la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Tomasa Vives Preciado: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos otorga una definición según la cual se debe considerar como tal a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
En México, la Ley General de las Personas con Discapacidad presenta una definición muy similar según la cual define a una persona con discapacidad como "toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". Esta definición debe ser positiva para mejorar las actitudes de los demás y presentar un mayor conocimiento sobre este tema, para que valoren y acepten la discapacidad.
Desafortunadamente, la forma en que la sociedad se refiere a las personas con discapacidad refleja una imagen negativa, en donde no se reflexiona que el hecho de la discapacidad es sólo una de las múltiples características que posee una persona, porque al considerarse sólo ese aspecto se nulifica la posibilidad de percibirla como otro ser del que podemos aprender y convivir; además de no respetar su dignidad y sus derechos.
Debemos reconocer que si bien las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, hoy día siguen enfrentando una serie de obstáculos que les dificultan e incluso les impiden, ejercerlos plenamente y participar de manera activa en la sociedad. Lo anterior, no obstante los avances logrados en materia legislativa y de política pública.
Hoy en día, un porcentaje alto de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución. De acuerdo a la primera encuesta nacional sobre discriminación en México en el 2005, los dos grupos que se perciben con más discriminación son las personas con discapacidad y los homosexuales.
Con el propósito de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad en la vida social, política y productiva del país, en absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales, esta iniciativa que hoy presentamos ante esta soberanía, busca fortalecer las atribuciones y el objeto del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y reforzar su integración para contribuir a sentar las bases de transición hacia un modelo social centrado en el ejercicio pleno de sus derechos de las personas con discapacidad.
Durante muchos años la discapacidad se visualizó desde la perspectiva médica o desde el conocido modelo médico de la discapacidad, el cual se centra en los rasgos médicos de las personas, tales como sus discapacidades particulares, situando el problema en la persona asociándolo a ella y considerando ésta un objeto de la intervención clínica.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, reconoce la universalidad de los derechos humanos y plantea un cambio de paradigma de un modelo estrictamente médico y asistencial en la atención de las personas con discapacidad, a un modelo basado en el reconocimiento de los derechos humanos en el que las personas con discapacidad son sujetos con la capacidad de lograr su pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos sociales, culturales, cívicos y políticos.
En este sentido, con las modificaciones a la ley que se proponen, se pretende que el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad establezca, articule y coordine con perspectiva de derechos humanos el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, y demás acciones y programas que generen la igualdad de oportunidades para estas personas.
Compañeras y compañeros legisladores, esta propuesta de reforma a la Ley General de las Personas con Discapacidad busca coadyuvar en la definición de las bases legales para transitar de una política asistencialista para personas con discapacidad, a una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación efectiva en la vida social, económica y política del país, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.
La ponemos a su consideración para que la enriquezcan y la impulsemos juntos, por una cultura de la inclusión e incorporación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Tomasa Vives Preciado. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 Bis 1, de la Ley de Instituciones de Crédito.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Castellanos.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores (desde la curul): Solamente para solicitarle a la diputada exponente si nos permite adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Preguntaría, señor diputado, a la diputada Tomasa Vives Preciado si está de acuerdo en que se adhiera el diputado Castellanos.
La diputada Tomasa Vives Preciado (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada. Así que todas y todos aquellos legisladores que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría. Tiene la palabra el diputado Cortázar Ramos.
El diputado Ovidio Cortázar Ramos: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. México se encuentra frente a enormes retos y desafíos esenciales. El contexto económico mundial requiere continuar impulsando iniciativas para los que más necesitan, en correspondencia a la sociedad que ha depositado en nosotros la gran responsabilidad de la representación social.
En este tenor, un tema de suma importancia, sin duda alguna, es el contar con un sistema financiero eficiente para favorecer una mayor capacidad de crecimiento de la economía. Su avance representa la incorporación de más mexicanos al sistema.
El bajo acceso se confirma por la infraestructura financiera limitada en términos poblacionales, pues en el año 2007 los cajeros automáticos existentes en nuestro país por cada mil habitantes fueron de 0.3, y en España, por ejemplo, de 1.3.
Asimismo, el número de sucursales por cada mil habitantes fue de 0.08 para México, mientras que para Chile fue de 0.10.
Estas cifras nos muestran que en México aún existen muchas regiones en donde no hay disponibilidad de servicios financieros, impidiendo el acceso a éstos o incrementando el costo que representa para los usuarios, en virtud de su lejanía.
De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el año 2006 casi 14 millones de mexicanos no contaban con la posibilidad física de acceder a los diversos servicios financieros y en el mismo año tan sólo 719 municipios eran atendidos por la banca múltiple.
En este orden de ideas, la población que no tiene acceso a servicios financieros tiene características muy diferentes a aquellas que sí lo tienen. De ahí que el proceso de dotar a esta población de servicios tiene que considerar las peculiaridades tanto de la población como de la región geográfica en la que se encuentra, cuanto de la viabilidad y sostenibilidad de los servicios, así como la administración del riesgo que implica.
De conformidad con la Condusef, la baja penetración bancaria se refleja principalmente en la población con ingresos medio bajo y bajo, ubicados en regiones donde no existe una cobertura bancaria.
En este sentido, reformas a la Ley de Instituciones de Crédito fortalecen la presencia de prestadores de servicios financieros, como las corresponsalías bancarias o comisionistas, tal como lo establece el artículo 46 B 1 de esta ley, que a la letra dice: "Las instituciones de crédito podrán pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar las operaciones previstas en el artículo 46 de esta ley."
Estas figuras permiten la presencia tradicionalmente de prestadores y zona desatendidas, pues con la reforma legal propuesta se reducirían los costos de este sector. Las corresponsalías bancarias o comisionistas pueden realizar actividades atendiendo las disposiciones que al efecto emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre las que destacan aquellas relativas al resguardo del secreto bancario; la seguridad en las operaciones y el monto individual y total de éstas.
Respecto a los límites de las operaciones que las instituciones de crédito puedan llevar a cabo a través de terceros, se establecen en forma individual y agregados.
En cuanto al límite individual, se señala que por tipo de operación y cliente no puede exceder de un monto diario equivalente a mil 500 unidades de inversión por cada tipo de inversión y cuenta, tratándose de retiros de efectos y pago de cheques, y 4 mil Udis respecto a depósitos en efectivo.
La disposición en comento limita el tipo y número de operaciones que se realizan ?o se pueden realizar? en el caso de las zonas donde no existe una sucursal bancaria y representa un costo adicional para la población, ya que tendría que trasladarse hacia una sucursal bancaria para realizar la transacción con la consecuente inversión de tiempo y recursos.
En virtud de lo anterior, se propone eliminar tal restricción al derogar el inciso a) de la fracción VI del artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto de que la ley no limite el monto de las operaciones para evitar marginar a la población del sistema financiero, y que el monto de las transacciones que se realicen a través de las corresponsalías o comisionistas se sujeten a los contratos que realice la institución de crédito y el tercero.
En ese tenor, se plantea adicionar un párrafo tercero para especificar en la ley que en las disposiciones generales que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de corresponsalías bancarias y comisionistas deberán fomentar la presencia de éstos, en especial en zonas que, por sus características, resulta inviable el establecimiento de una institución de crédito como lo son municipios con baja densidad poblacional o con una débil dinámica económica. Dichas modificaciones contribuirían a reducir costos, tanto para las instituciones de crédito como para los usuarios de esos servicios.
Por lo anterior, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Instituciones de Crédito
Artículo único. Se reforma el artículo 46 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:
Artículo 46 Bis 1...
a) (Se deroga)
VII. y VIII. ...
Las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán fomentar la presencia de comisionistas en aquellas áreas geográficas en las que por sus características resulta inviable el establecimiento de una institución de crédito.
Presidente, solicito a usted de la manera más atenta que inserte íntegramente al Diario de los Debates la iniciativa con proyecto de decreto que hoy presento, en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Ovidio Cortázar Ramos. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Juan Carlos López Fernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Juan Carlos López Fernández, del Partido de la Revolución Democrática. Dígame, diputado.
El diputado Juan Carlos López Fernández (desde la curul): Presidente, solamente solicitarle muy respetuosamente sumarnos al punto de acuerdo del diputado Cortázar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Pregunto al diputado Ovidio Cortázar Ramos si está de acuerdo en que el diputado Juan Carlos López Fernández se adhiera a su iniciativa.
El diputado Ovidio Cortázar Ramos (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, manifiesta su aceptación. Todos aquellos y aquellas compañeras diputadas que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría a suscribir el documento correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, de acuerdo al Banco Internacional de Desarrollo (BID), el acceso a mecanismos de ahorro puede ayudar a las familias a distribuir de manera más uniforme el consumo y evitar las limitaciones que se presentan cuando dependen únicamente del flujo de efectivo.
En general, los servicios financieros contribuyen al bienestar y a administrar la capacidad productiva de una familia pobre pues ayudan a controlar el gasto cuando el ingreso es inconstante; reforzar el poder adquisitivo cuando los gastos son variables o protegerse ante emergencias.
Pese a los beneficios señalados, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, existen alrededor de 3 mil millones de personas localizadas en los países en desarrollo que tienen poco o nulo acceso al ahorro, otorgamiento de préstamos y transferencias de dinero.
En el caso de México, el acceso a servicios financieros está limitado alrededor de un 25 por ciento de la población. Esta exclusión de los servicios financieros, en especial del sistema formal, obliga a la población a utilizar mecanismos informales de ahorro y préstamos a un alto costo, vulnerando a los segmentos de la población más desprotegidos.
La causa de dicha exclusión va desde factores socioculturales hasta el entorno jurídico y regulatorio de nuestro país, atenuándose el escenario por el escaso interés de las instituciones por atender a la población que se encuentra al margen del sistema financiero.
Asimismo, la falta de conocimiento y entendimiento de las peculiaridades de la población excluida, obstaculiza la generación de beneficios que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de las familias más pobres. Tal como lo señala el Banco Internacional de Desarrollo, son éstas las que enfrentan mayores riesgos de perder su trabajo, padecer crisis de salud y ser más susceptibles a los desastres climáticos naturales.
Es por esto que la penetración de los servicios financieros formales, entre los grupos de población tradicionalmente marginados, juega un papel fundamental al permitir mejorar sus condiciones de vida.
De ahí que acciones como la creación del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi), la regulación de organizaciones de ahorro y crédito popular, y la utilización de las redes del sistema financiero para entregar los beneficios de diversos programas financieros con recursos públicos, amplían el acceso a la población excluida.
En particular la utilización de medios electrónicos para realizar la transferencia de recursos de programas públicos está contribuyendo de manera significativa a incrementar el número de usuarios de los servicios financieros.
Así, por ejemplo, programas como Oportunidades, Procampo y demás programas sociales y de apoyo a la actividad económica, implementados tanto por el gobierno federal como por las entidades federativas y los municipios, representan una magnífica oportunidad para acercar a la población a los servicios financieros, especialmente cuando se otorgan transferencias de estos recursos.
La utilización de medios de disposición para entregar los recursos públicos, principalmente a través de tarjetas de débito, brindan múltiples beneficios a la población, ya que evita que a pesar para acceder a estos recursos se tengan que hacer largas filas o ser sujetos de actos de corrupción y tener que entregar sobornos para obtener lo que por derecho les corresponde.
En contra parte la utilización de medios de disposición para recibir las transferencias de dinero a los programas públicos favorece una mayor transparencia y rapidez de la entrega de los recursos, mejor administración del tiempo del beneficiario, una reducción del riesgo de exposición a actos de corrupción y de delincuencia, además de favorecer el acceso a mecanismos formales de ahorro y otros servicios financieros.
Así el tiempo que se ahorra por no tener que hacer interminables filas o tener que asistir en una fecha u hora determinada a recoger los recursos puede ser utilizado para actividades productivas.
Asimismo, el uso de tarjetas bancarias permite al beneficiario tener independencia en el uso y administración de sus recursos. Adicional a los beneficios para la población, la utilización de los servicios financieros para la entrega de recursos de los programas públicos favorece a la economía formal, pues la utilización de las tarjetas bancarias para comprar alimentos, ropa, medicinas, insumos, etcétera, se traslada en gran parte a establecimientos que cumplen con su obligación fiscal, apoyando la formalidad y la bancarización.
Estas ventajas son entendidas por el gobierno federal, en especial por la Secretaría de Desarrollo Social, quien señala que a julio de 2009 alrededor de 800 mil familias tanto urbanas como rurales reciben un apoyo en efectivo, a través de los medios electrónicos de pago, tarjeta de débito, abono en cuenta o pueden ser cobrados en sucursales de Bansefi, o tiendas Diconsa. Esta cifra denota un avance significativo; sin embargo, el objetivo de incrementar el número de usuarios de servicios financieros debe estar acompañado de estrategias que permitan ampliar los beneficios para la población, favoreciendo la utilización de la amplia gama de servicios financieros, no únicamente como medio de entrega de los recursos.
Asimismo, se deben de considerar las peculiaridades de la población objetivo para que el uso de servicios financieros represente mayores beneficios que costos. De ahí que la presente iniciativa propone reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para especificar que las entidades públicas tales como las diversas dependencias federales o cualquier otro orden de gobierno, cuando contrate servicios financieros para distribuir y entregar los apoyos en efectivo de los programas públicos deberán garantizar las mejores condiciones para los beneficiarios de dichos programas.
Asimismo, atendiendo las características de los beneficiarios de los programas públicos, se considera de especial relevancia que la entidad pública ejecutora del programa, las entidades financieras que faciliten la entrega de los recursos y la Condusef, se coordinen para diseñar e implementar un programa de educación financiera para los beneficiarios de los recursos, favoreciendo que tengan conocimiento y acceso a los beneficios del ahorro, crédito y seguros, por citar algunos casos.
De manera adicional, es preciso que se contemple que un porcentaje importante de los beneficiarios de los programas jamás ha utilizado tarjetas bancarias, por lo que desconocen su funcionamiento, costos, la manera más eficiente de acceder a sus beneficios, por lo que es preciso que se les forme en este sentido.
Estas acciones contribuirán a fortalecer un sistema financiero incluyente, capaz de brindar beneficios a los diferentes segmentos de la población, en especial a los más vulnerables.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un artículo 17-Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para quedar como sigue:
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Artículo 17-Bis. Las entidades públicas al contratar servicios financieros para la distribución y entrega de recursos de programas públicos garantizarán las condiciones más favorables para los beneficiarios.
Previamente a la entrega de medios de disposición a los beneficiarios de los programas públicos se coordinarán: la entidad pública, la entidad financiera y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, para diseñar e implementar un programa de educación financiera que favorezca la integración de estos nuevos usuarios?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediríamos concluir, diputado.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor: ?al sistema financiero, facilite el uso de los medios de disposición y reduzca el costo de su uso, atendiendo en todo momento las peculiaridades de la población objetivo.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Baltazar Martínez Montemayor. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 203 Ter, y reforma el artículo 204 del Código Penal Federal.
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente. Por economía parlamentaria solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
En nuestro país se ha reconocido la existencia de la explotación sexual, comercial e infantil, pero no hay estadísticas oficiales. Según los casos reportados por la prensa, entre 1998 y 2000 se pudo estimar que entre 16 mil y 20 menores de 18 años son víctimas de explotación sexual comercial. Otras estimaciones oscilan entre los 5 mil y 80 mil casos en tan solo algunas de las principales ciudades o municipios del país.
Sin embargo, para 2007 se estimó que unos 60 mil niños habrían sido víctimas de este fenómeno, predominando la prostitución infantil en ciudades como Cancún, Tijuana, Acapulco y el Distrito Federal, lo que convierte a México en uno de los principales destinos de turismo sexual, prostitución infantil y de producción de pornografía infantil, situando a nuestro país en la disputa de los primeros lugares con países como Tailandia, lo cual es a todas luces vergonzoso.
Actualmente la prostitución de menores de edad representa un negocio muy lucrativo, por lo que su consumo y promoción se ha incrementado de manera exorbitante. Es así que la demanda de explotación sexual comercial infantil ha evolucionado de tal manera que incluso organizaciones internacionales se han visto obligadas a crear una nueva clasificación de menores de edad, víctimas de este flagelo. Así, la nueva categoría comprende a niñas y a niños de 0 a 1 año de edad ya que son precisamente los más pequeños quienes se cotizan mejor en esta obscena industria.
En este sentido resulta paradójico que la ley vigente sí sancione a quien compre o arriende pornografía infantil, pero no sanciona a quien compre o rente a una niña o a un niño para sostener actividades sexuales.
Es decir, no se castiga al depredador que paga por sexo con niños. Esa conducta en particular no se encuentra tipificada y, por tanto, queda impune. Eso es precisamente lo que deseamos atacar con la presente iniciativa.
Por ello, no basta con que sancionemos a quien enganche, obligue u ofrezca los servicios sexuales de un menor; no basta con que sanciones al dueño del prostíbulo, casa de citas donde se realice la prostitución infantil. A quien debemos atacar también es al consumidor, al cliente explotador que mantiene con sus recursos económicos a este negocio y contribuye al crecimiento de esta mafia.
En ese sentido, en una analogía de oferta-demanda, a fin de detener esta industria sexual, es necesario atacar al demandante que, por cierto, no se trata de cualquier persona, sino que se trata de pedófilos que sin moral alguna, sin escrúpulo alguno, utilizan a los niños para satisfacer sus más aberrantes deseos carnales.
Señoras diputadas y señores diputados, los invito a que se sumen a esta iniciativa y que mandemos un mensaje claro a los pederastas; que de una vez por todas sepan que sus actos serán castigados, que reciban esta iniciativa como una verdadera advertencia de que sus actos no quedarán impunes. Con esta reforma buscamos que se castigue a los pederastas con prisión de 8 a 20 años y multas de 57 mil a 287 mil pesos.
Entendamos que la atención de estos temas no admite dilación ni mucho menos podemos permitir que se contaminen con nuestras disputas político-electorales, pues si no somos capaces de proteger a nuestra niñez, estaremos poniendo en riesgo nuestra viabilidad como nación. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado Agustín Castilla Marroquín. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra el diputado Javier Duarte de Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas para Proyectos de Infraestructura y de Prestación de Servicios.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Con su permiso, señor presidente. Antes de iniciar con la lectura quisiera solicitar la oportunidad de adherirme a la propuesta, a la iniciativa del diputado Castilla, en ese sentido.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado, el señor diputado Castilla manifestó su beneplácito con todos aquellos que lo apoyaran, así es que lo puede hacer en la Secretaría usted, y todas y todos los diputados.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: Gracias. Las actuales circunstancias del país nos obligan a los representantes populares a proponer alternativas viables para la reactivación económica sin esperar que en otra parte se generen condiciones que repercutan favorablemente en el incremento de nuestra producción de bienes y servicios.
En todo caso, la experiencia internacional debe servirnos para guiar el análisis de la realidad mexicana y tomar los datos y las soluciones que permitan la adopción de medidas inmediatas tendientes a mejorar el entorno económico.
En este sentido, es útil tomar en consideración criterios formulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como por el Banco Mundial en cuanto a la participación de los capitales privados en la generación de infraestructura pública para proveer servicios indispensables a la población, ya que esto es un factor muy importante en la superación del subdesarrollo.
El país requiere una verdadera transformación económica. La única manera de lograrlo es con la participación de todos.
Los esquemas de participación pública y privada y de concesiones han sido exitosos en todo el mundo. En mi estado, Veracruz, la visión de nuestro gobernador, Fidel Herrera, nos ha permitido incursionar en este terreno con gran anticipación y oportunidad para paliar los efectos de la crisis, pues desde hace varios años promovió una legislación que otorga un marco fundamental de certeza jurídica para la coparticipación del sector privado y el público, a fin de financiar y poner en operación proyectos para la prestación de servicios.
Como ocurre en muchas otras áreas, a diferencia del pasado en que las leyes federales procedían a otras semejantes en las entidades federativas, son las medidas legislativas tomadas en los estados las que penetran en nuevos campos de la regulación de la vida social y luego se reproducen en el ámbito federal.
Así, la experiencia veracruzana puede servirnos de base para trasladarla a la regulación federal que se requiere a efecto de normar nuevas formas de asociación entre el capital privado y el público, con la finalidad de construir la infraestructura que tanto nos hace falta y expandir la prestación de servicios públicos.
La referida legislación surge de la convicción emanada del conocimiento de la realidad, la cual nos enseña que no basta la estabilidad social y política, la promoción incesante de la inversión y la buena planeación que puedan tener buenos gobiernos, como el de Veracruz. A todo eso es necesario agregar un elemento primordial: la certeza jurídica.
Para avanzar hacia ese objetivo en el plano de la competencia que abarca a toda la federación, los diputados federales priístas veracruzanos de la LXI Legislatura nos proponemos impulsar una ley de asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura y de prestación de servicios que sirva de sustento jurídico.
Para lograr el objetivo señalado nos parece importante que desde el nombre mismo de la ley se recoja el doble espíritu de la misma: la vinculación de la inversión pública y la privada y la finalidad de interés social que se persigue con tal asociación.
Esta nueva ley dará el marco jurídico de la participación del capital privado en la prestación de los servicios públicos que deben ser atendidos originalmente por el gobierno, y establecerá los lineamientos de cómo la iniciativa privada puede desarrollar y operar infraestructura para dichos servicios.
Este nuevo marco legal podrá ser aplicado en prácticamente todas las obras y servicios públicos prestados por los gobiernos. En general puede ser empleado en cualquier área de gobierno que requiera el desarrollo de infraestructura, equipamiento o la prestación de un servicio público.
Actualmente los gobiernos son los únicos encargados de la planeación de la infraestructura en este país. La participación de la iniciativa privada y de los profesionistas en esta actividad está muy limitada.
La ley que proponemos permitirá que cualquier empresa o profesionista realice por su cuenta proyectos de infraestructura con participación de capital privado y no tienen que estar sujetos a las condiciones impuestas por la legislación en materia de obras pública que regula el gasto gubernamental aplicado a las obras.
En el contexto de la participación privada, la situación es diferente. Si bien las dependencias deben quedar comprometidas a calificar y evaluar dichos proyectos con una metodología clara y en su caso, autorizarlos en periodos de tiempo definidos.
En mi actividad como legislador he asumido con los constructores de mi estado el compromiso de impulsar esta legislación que permitirá detonar el desarrollo de infraestructura a través de una mayor participación de los empresarios, desde su planeación, financiamiento, operación y construcción. Igualmente he convocado para que participen en el análisis y el enriquecimiento de esta iniciativa.
Las grandes obras de infraestructura no pueden ser sólo para las grandes empresas trasnacionales. Es necesario el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Igualmente es importante incentivar financieramente al sector privado en la investigación y en la búsqueda de soluciones a los problemas de interés público.
Con esta Ley, la competitividad obligará a las grandes empresas a invertir más en investigación y desarrollo de soluciones, con la certeza de que sus esfuerzos serán retribuidos.
A fin de facilitar la adquisición de bienes raíces, necesaria para la realización de los proyectos, se proponen procedimientos expeditos para la negociación con los propietarios, o la expropiación por causa de utilidad pública.
A fin de evitar injusticias en la apropiación de inmuebles destinados a estos fines, se introduce la figura de la negociación basada en la invitación para que los propietarios de dichos bienes participen como socios del proyecto, aportándolos como parte del capital privado involucrado en el mismo.
Queridas compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el proyecto que me permito someter a la consideración de esta soberanía conjunta elementos de la experiencia de aplicación legislativa en este novedoso rubro, con las necesidades de su adaptación al ámbito federal.
Se ha procurado hacer un ejercicio de concreción y claridad dejando al Reglamento el desarrollo de múltiples conceptos de detalle que no tienen por qué aparecer en el texto legal. Por eso se introduce la figura de una Comisión Interinstitucional del más alto nivel encabezada por el titular del Ejecutivo, que disponga de discrecionalidad sin caer en la arbitrariedad, para decidir casuísticamente acerca de la necesidad de concursar los proyectos o adjudicarlos de manera directa, siempre ejerciendo controles insoslayables desde el momento que se adopta, también una solución frecuentemente propuesta?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le solicitamos concluir, diputado.
El diputado Javier Duarte de Ochoa: para este tipo de proyectos ?concluyo, señor presidente?, consistente en eximirlos de las rígidas obligaciones que imponen las leyes de adquisiciones y de obras públicas.
La solución que proponemos permite una adecuada flexibilidad para evitar que este esfuerzo se pierda en un mar de trabas burocráticas. En atención a las anteriores consideraciones, solicito atentamente se turne a las comisiones que se consideren idóneas el siguiente proyecto de Ley de Asociaciones Público-Privadas para proyectos de Infraestructura y de Prestación de Servicios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Duarte de Ochoa. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Crédito Público y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz: Con su permiso, señor presidente.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada. El diputado López-Portillo. A sus órdenes, diputado.
El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado Duarte, si me lo permite.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al diputado Duarte, si está de acuerdo en la adhesión del diputado.
El diputado Javier Duarte de Ochoa (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta su aceptación. Todas aquellas diputadas y aquellos diputados que quieran hacerlo, pasen por favor a suscribir el documento. Adelante, por favor, diputada Armendáriz.
La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México la más reciente encuesta de relaciones interpersonales reveló que 70 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en alguna etapa de su vida.
De acuerdo con cifras, a nivel mundial, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una de cada seis mujeres han sido lesionadas por maridos, parejas o novios; y en algunos lugares del planeta, la cifra se eleva a dos de cada tres.
Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares, y la de Violencia en los Hogares, revelan que 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años asegura haber sufrido violencia en algún momento; 12.4 por ciento de las mujeres que trabajan, al menos un acto de acoso; y 29.9, alguno de violencia en el ámbito laboral; mientras que 19.2 por ciento de ellas reporta situaciones de violencia física al interior de sus hogares.
Y así, la violencia contra la mujer se ha convertido en una de nuestras vivencias cotidianas, en una práctica de poder formulada y reformulada tanto en el entorno privado como en el público.
Es una forma de discriminación que impide el ejercicio de los derechos humanos ya que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras.
Por tanto, los estados tienen la obligación de proteger a la mujer de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar atención a las víctimas, porque las cifras también constatan el hecho de que este fenómeno es un problema de salud pública que debe ser atendido en todas sus aristas.
La importancia de recibir atención es vital tras cualquier agresión ?sobre todo, atención médica inmediata tras una violación, y otras formas de violencia sexual? ya que puede paliar extraordinariamente el daño causado, aun cuando nunca se pueda reparar por completo.
Al respecto, el Estado mexicano ha emprendido adecuaciones legislativas en esta materia que se han cristalizado a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se señala que para el caso de la atención a las víctimas de violencia, tanto la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias e instancias de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, tienen la obligación de prestar asistencia a las víctimas de violencia.
Entre estos servicios deben garantizar la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, así como brindar servicios de salud; todo ello con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, la actual redacción de la ley en comento establece que cada cierto periodo ésta deba reformarse de acuerdo a la actualización de un ordenamiento jurídico tan importante para la atención de las mujeres víctimas de violencia como lo es la Norma Oficial Mexicana a la que se hace referencia.
Y no sólo ello, sino que en razón de los tiempos actuales en los que el fenómeno de la violencia contra las mujeres se hace cada vez más visible y permite entonces su pertinente atención, sanción y con ello erradicación, esta ley debe modificarse debido a los actos administrativos de carácter general que surjan en el apoyo a los ya existentes para atender la violencia contra las mujeres.
De esta forma, y en virtud de que la propuesta que se presenta hace referencia a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia y no a una norma específica, es que esta reforma resulta inclusiva y pretende que no se requieran modificaciones constantes y conservar su vigencia por un periodo más largo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente
Iniciativa que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos:
Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
Artículo 46.
III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas, de conformidad con los reglamentos, normas oficiales mexicanas y otros actos administrativos de carácter general que se emitan en la materia.
Finalmente, es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer que la violencia contra la mujer es un problema, y grave, que afecta a las vidas de innumerables mujeres y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en nuestro país.
Sumemos, pues, esfuerzos para coordinar acciones, para promover reformas que permitan mantener la vigencia de nuestros ordenamientos jurídicos, y más aún si éstos se refieren a la atención de un problema social tan lacerante como lo es la violencia ejercida contra las mujeres, una vulneración a los derechos universalmente reconocidos a las personas.
Solicito a la Presidencia, que el texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Aguilar Armendáriz. Túrnese a la Comisión de Equidad y Género.
Se pospone la participación del diputado Gastón Luken Garza, cuyo asunto se había enlistado en este capítulo. El diputado Gerardo Fernández Noroña. Dígame, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Pedirle a la diputada Aguilar si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Acepta usted, diputada Aguilar Armendáriz, que se sume el compañero diputado? Está de acuerdo, así que todas aquellas y aquellos diputados que deseen sumarse, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, y expide la Ley General de Protección a Víctimas del Delito, reglamentaria del inciso c) del artículo 20 constitucional.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Con su venia, señor presidente. Le ruego, por economía parlamentaria, se inscriba en el Diario de los Debates íntegramente la iniciativa de ley que propongo.
Compañeros diputados, hoy soplan en el país fuertes vientos de desencanto, de enojo justificado y frustración generalizada, por la inseguridad pública que vivimos los mexicanos por el violento embate de la delincuencia organizada.
Las instituciones encargadas de otorgar justicia y seguridad a los mexicanos parece ser que han sido rebasadas, y debemos reconocer que los mexicanos vivimos en una sociedad del miedo.
En materia de justicia, presenciamos el binomio perverso de que los delincuentes cada día tienen más y mejores derechos, reconocidos por las leyes. Los ofendidos del delito, las víctimas del delito, se encuentran relegadas, olvidadas, constituyendo la parte más sensible del drama penal.
Apenas el 8 de diciembre del año próximo pasado, una mujer valiente, doña Isabel Miranda de Wallace, presentó un documento ante los coordinadores parlamentarios de este Congreso, proponiendo que se expidiera una ley que protegiera a las víctimas de los secuestros.
Saludo con respeto a doña Isabel, que está aquí presente, y como le informé, esta ley que propongo contempla no solamente a las víctimas del delito del secuestro; a las víctimas del delito de violación tumultuaria; del delito de homicidio calificado; de trata de personas; de tráfico de inmigrantes y en general, a todas las víctimas de la delincuencia organizada.
Por ello, doble reconocimiento a doña Isabel Miranda de Wallace, porque tuvo, a pesar del acontecimiento familiar que todos conocemos, la decisión, el valor y el coraje para presentar un documento valiosísimo, que en términos del artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso ha sido tomado en cuenta. Porque los diputados, compañeros, tenemos que ser caja de resonancia de la voz de los ciudadanos.
La iniciativa que estoy presentando para expedir la Ley General de Protección a Víctimas de los Delitos constituye un sistema nacional de políticas de protección para las víctimas y los ofendidos del delito.
Distinguimos entre ofendido y víctima. El ofendido: quien sufre el agravio del delito. La víctima: todos los familiares, todos los dependientes, en los que tenemos secuelas psiquiátricas, psicológicas, económicas y sociales.
Se trata de crear un sistema nacional de protección a las víctimas de los delitos conjuntando todas las disposiciones desarticuladas que hoy tenemos en la legislación, para articularlas en esta ley, que será reglamentaria del Artículo 20 Constitucional.
Por eso estamos proponiendo la creación de un Banco Nacional de Datos de Víctimas de los Delitos, para que sepamos dónde, cómo y en qué lugar tenemos que atender a quienes han sido injustamente agraviados.
Estamos proponiendo la creación de un Fondo Nacional para la Protección de Víctimas de los Delitos y estamos incorporando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos para estructurar la Conferencia Nacional de Protección de Víctimas de los Delitos y que la presida el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
No estamos proponiendo la creación de un nuevo ente burocrático. Estamos armonizando y coordinando todas las instituciones que tienen que ver con la defensa, la tutela jurídica y sobre todo, con la atención rigurosa a las víctimas de los delitos.
Por eso estamos proponiendo la modificación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso estamos proponiendo la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por eso estamos proponiendo la reforma a la Ley de Amparo, para que la víctima del delito sea parte en los juicios de amparo.
Por eso estamos proponiendo que tengamos una legislación armónica, sencilla y que pueda responder a los reclamos que merecen las víctimas de los delitos.
Estamos proponiendo asimismo la creación de centros de asistencia en el país que atiendan a las víctimas de los delitos, en donde tengamos auxilio psicológico, médico, psiquiátrico, terapéutico, de trabajo social y jurídico a los ofendidos y a las víctimas de los delitos.
En síntesis, compañeros, aquí se ha hablado mucho que los diputados tenemos que proponer instituciones sólidas, ágiles y modernas. Propongo ante ustedes la nueva Ley General para la Protección de Víctimas del Delito. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicita la palabra el diputado Josué Valdés.
El diputado Josué Cirino Valdés Huezo (desde la curul): Solamente solicitarle al doctor Benítez si nos permite sumarnos a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Pregunto al señor diputado Víctor Humberto Benítez Treviño si está de acuerdo en lo expresado por el diputado Valdés en el sentido de adherirse a la iniciativa presentada.
Lo manifiesta; por tanto, todas aquellas y todos aquellos compañeros legisladores que lo deseen, pasen a suscribirla a la Secretaría.
Se retira del orden del día la iniciativa propuesta por el diputado Bernardo Margarito Téllez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Por economía procesal le solicito que ordene la inserción íntegra de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52, 53, 54, fracciones I, II, IV, V, VI; 56, 63 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de motivos
La Constitución General de la República Mexicana establece que la Cámara de Diputados debe instalarse con 500 legisladores: 300 electos según el principio de mayoría relativa y 200 según el principio de representación proporcional.
Los ejes rectores de las modificaciones que se han registrado en la conformación de la Cámara de Diputados ha sido el incremento en el número de sus integrantes, por cierto, superior a un 100 por ciento en un periodo de apenas 32 años; la incorporación de la representación de minorías en la misma, y la ampliación del porcentaje que representan los diputados de representación proporcional respecto del total.
Todo ello con el propósito de atender las exigencias que la pluralidad y la competencia política traían consigo en el marco del avance democrático que se registra en nuestro país, sobre todo en los últimos años.
En lo que se refiere a la Cámara de Senadores, nuestra Carta Magna dispone que se debe integrar por 128 legisladores: 64 electos según el principio de mayoría relativa, 2 en cada estado y en el Distrito Federal, 32 por el principio de primera minoría, 1 en cada entidad federativa y 32 según el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional.
Se puede advertir que las reformas constitucionales respecto de la integración de la Cámara de Senadores estuvieron enmarcadas en los reclamos partidarios de representatividad y pluralidad, lo que llevó a duplicar el número de sus integrantes en un periodo de sólo 16 años.
No hay duda que las condiciones políticas imperantes en el país en las últimas décadas explican y en gran medida justifican las modificaciones registradas en la integración de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión; como tampoco hay duda de que hoy el grado de madurez alcanzado por la democracia mexicana y su sistema de partidos nos obliga a revisar y modificar la integración de las mismas, con el objeto de posibilitarlas para atender los reclamos de eficiencia y eficacia que los ciudadanos plantean de manera permanente y generalizada.
Con base en lo anterior, se presenta esta iniciativa con el objeto de fortalecer las disposiciones constitucionales relativas a la representatividad social y territorial que debe prevalecer en la integración del Congreso: preservar y garantizar la pluralidad que la democracia impone; recuperar y respetar la naturaleza diferente que de acuerdo con la filosofía política tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; como también atender la necesidad de facilitar los acuerdos que contribuyan a impulsar el desarrollo integral que México exige.
La propuesta consiste en disminuir el número de integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 250, lo que implicaría reducir de 300 a 200 los electos por el principio de mayoría relativa y de 200 a 50 los correspondientes a la representación proporcional.
Con esta reforma se incrementaría de manera significativa el peso relativo que actualmente tiene el principio de representación mayoritaria relativa y se disminuiría el correspondiente a la representación proporcional, con lo que se fortalecería el vínculo y el compromiso de la gran mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados con quien los elige y a quienes representan: el pueblo.
Se garantizaría con ello el anclaje territorial de quienes representan a la población en la Cámara de Diputados, es decir, de quienes toman decisiones que afectan la vida de los habitantes de toda y cada una de las entidades federativas, con lo que el federalismo resultaría beneficiado.
Esta reforma pretende contribuir a garantizar que la pluralidad política que se registre en nuestro país se exprese en el Poder Legislativo federal, con base en su representatividad social y territorial, y de forma tal que facilite la construcción de consensos.
Adicionalmente existe la convicción de que esta modificación al contribuir a facilitar los acuerdos entre las diversas corrientes políticas representadas en la Cámara de Diputados permitiría a la misma elevar su eficiencia y eficacia en beneficio de nuestro país, independientemente de que esto se traduzca en importantes ahorros para el erario.
En lo que se refiere a la Cámara de Senadores, la propuesta consiste en reducir el número de sus integrantes de 128 a 96, de los cuales 2 serían electos por el principio de mayoría relativa y uno por el principio de primera minoría en cada una de las entidades que conforman la federación mexicana.
Con lo anterior se recuperaría y respetaría el principio filosófico político de igualdad en la representación de cada una de las entidades que conforman al Estado mexicano, que desde su nacimiento adoptó al federalismo como forma fundamental de su organización política.
Con la aprobación de esta reforma se eliminaría la sobrerrepresentación y subrepresentación de las entidades federativas que actualmente se registra en el Senado, derivado de la existencia del principio de representación proporcional, lo que permitiría retomar la representación territorial que por naturaleza tiene este órgano del poder público federal.
Al privilegiar el principio de mayoría relativa y al considerar el principio de primera minoría se atienden los fundamentos filosóficos de pluralidad y representatividad, pero también, y de manera significativa, se apoyaría el logro de los fines últimos de esta iniciativa: gobernabilidad, eficiencia y eficacia?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le solicitamos concluir, diputado.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: ?en congruencia con lo anterior, se propone reformar la Comisión Permanente para que se reduzca en su integración de 37 a 25 miembros: 13 diputados y 12 senadores, con lo que se contribuiría a un ejercicio más ágil de sus atribuciones en beneficio de nuestro país.
Con base en lo expuesto someto a la alta consideración de esta soberanía la presente iniciativa, que ojalá sea analizada y tomada en cuenta por México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Le pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de las diputadas y los diputados.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?
El diputado Miguel Ángel Luna Murguía (desde la curul): Presidente.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Si quiere de viva voz, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Miguel Ángel Luna Murguía.
El diputado Miguel Ángel Luna Murguía (desde la curul): Sí, presidente. Pedirle al diputado Ignacio Rubí, si me permite adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Solicito al señor diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar manifieste si acepta que se adhieran compañeras y compañeros a su iniciativa.
El diputado José Adán Ignacio Salazar (desde la curul): Sí, con gusto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Lo acepta el señor diputado. Por favor pasen todas y todos aquellos que deseen adherirse a firmar el documento correspondiente aquí en la Secretaría.
El Secretario diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Vuelvo a preguntar a la asamblea si falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia. Está abierto el sistema, compañera diputada. Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 425 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En nuestro país la política exterior ha dejado de ser una actividad exclusiva del Poder Ejecutivo. Actualmente el Congreso mexicano tiene la facultad en los hechos de participar en la diplomacia parlamentaria, de desarrollar diversos intercambios de información y generar agendas de trabajo con parlamentos de los diferentes países del mundo.
La diplomacia parlamentaria que desarrolla la Cámara de Diputados con otros Parlamentos se expresa en la participación de los diputados mexicanos en grupos de amistad con otros países, en la representación en organismos parlamentarios, en reuniones interparlamentarias de carácter bilateral, multilateral, en foros internacionales, etcétera.
Los grupos de amistad agrupan a los diputados que tienen un interés particular con algún país del mundo. Su objetivo es tejer lazos entre parlamentarios mexicanos y extranjeros.
La principal actividad de los grupos de amistad es la organización de misiones con parlamentos homólogos y la recepción de delegaciones internacionales de personalidades y funcionarios de otros países.
Los organismos parlamentarios como el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino; el Parlamento Centro Americano, Parlacen; la Confederación Parlamentaria de las Américas; la Unión Interparlamentaria Mundial, etcétera, son organismos permanentes que agrupan a diversos Parlamentos del mundo y tienen en su estructura órganos de gobierno en los que participan pluralmente diversos legisladores.
Este tipo de organismos permiten al Congreso mexicano acercar posiciones respecto a temas económicos y políticos. También son espacios que sirven para la cooperación internacional para el aprendizaje mutuo, para discutir sobre temas de gran relevancia para el mundo como el combate al terrorismo, al narcotráfico, el respeto a los derechos humanos, el cambio climático y otros.
Las reuniones interparlamentarias son las que se celebran entre la delegación del Congreso mexicano y alguna delegación de otro país. La función de estas reuniones es tratar asuntos de interés común, así como discutir y buscar la resolución conjunta de problemas que compartan ambas partes en temas migratorios, de seguridad y muchos más.
La diplomacia parlamentaria que mantiene el Congreso mexicano con los diferentes parlamentos del mundo es una realidad. Nadie puede negar que existe un trabajo permanente y dinámico que se ha venido desarrollando desde hace varias legislaturas. Sin embargo, salvo la referencia que se hace en los artículos 22, 24, 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna de las actividades que realizan los diputados en materia de diplomacia parlamentaria están reguladas.
Esta actividad es muy importante para el Congreso mexicano; sin embargo, es absolutamente anárquica porque contamos con una legislación muy añeja que se ha quedado al margen de la realidad actual.
Carecemos de reglas justas que definan los criterios para designar a las delegaciones mexicanas y no sabemos si los diputados que nos representan en el exterior realmente tienen buenos resultados en la responsabilidad que desempeñan.
Actualmente la Junta de Coordinación Política es la única que tiene la facultad de designar a las delegaciones de legisladores que nos representan en las misiones internacionales; sin embargo, esta función carece de criterios mínimos en la designación ahora en la ley.
Es indispensable que los legisladores que nos representen en el exterior tengan especialización o conocimiento en los temas que se desahogan en los distintos foros internacionales, porque de ello depende que tengan buenos resultados para nuestro país.
Además, es importante tomar en cuenta que la Junta desahoga una gran cantidad de asuntos, por lo cual no siempre cuenta con el pulso puntual de la política exterior. Por eso me parece que la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores reforzaría esta tarea debido a que esta comisión es el espacio legislativo que se encarga fundamentalmente de darle seguimiento a la política exterior de nuestro país y de manera especial a los asuntos de diplomacia parlamentaria.
En la designación de las delegaciones también sería necesario que se establecieran los criterios para la designación de los legisladores que nos representan en el exterior y que tuvieran prioridad los legisladores especializados en los temas que se desarrollen en el extranjero porque de esto dependerá que se posicionen los temas que interesan y beneficien a nuestro país.
Por eso, propongo reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica para que en las designaciones de las delegaciones mexicanas que realiza la Junta de Coordinación Política sea considerada la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Asimismo, propongo que el criterio que se tome para dichas designaciones sea la especialización de los diputados en los temas a tratar.
De la misma forma, propongo reformar el artículo 46 para que la Junta de Coordinación Política tome en cuenta la opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores en la integración de los grupos de amistad.
De lo que se trata entonces es de actualizar el marco jurídico de nuestra Cámara de Diputados porque tenemos una sociedad muy dinámica, una actividad diplomática muy dinámica, y una Ley Orgánica con muchos retrasos. Ojalá encuentre eco en esta Cámara por el bien de todos los mexicanos y las mexicanas. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado José Luis Jaime Correa. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el señor diputado Mario Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Precios Competitivos.
El diputado Mario Di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. El día de hoy vengo a presentar una iniciativa que tiene por objeto combatir esta práctica que tanto daño ha hecho a los mexicanos, que es la existencia de monopolios en actividades claves de la economía. Por eso es que los mexicanos, además de ganar un sueldo inferior en 10 veces casi al sueldo promedio en Estados Unidos, pagan mucho más que en este vecino país por los servicios que consumen.
Los mexicanos pagamos casi 150 por ciento más por un costal de cemento; pagamos casi 17 por ciento más por un teléfono de línea fija; 240 más por llamadas de larga distancia nacional. Esto es, porque en la economía existen monopolios que acaban con el poder adquisitivo de los trabajadores.
Estos monopolios existen a pesar de que en el artículo 28 constitucional están prohibidos los monopolios en el país. Sin embargo, el Estado en el afán de proteger a estos grupos, al igual que lo hacen con los impuestos, permite que éstos operen en áreas estratégicas de la economía.
Por ello es que ahora nos enteramos, que la Secretaría de Hacienda prefiere cobrarle impuestos a los pensionados del IMSS y no a las grandes empresas.
Ya todos ustedes conocen el documento que envió el Servicio de Administración Tributaria, en donde describe claramente cómo estas empresas no pagan impuestos en el país. Y hoy nos enteramos que la misma Secretaría de Hacienda está descontándole impuestos a pensionados, a jubilados, a gente que además había ahorrado, después de que en su cheque mensualmente le descontaban impuestos.
Nuevamente la arbitrariedad de la Secretaría de Hacienda queda manifiesta y ya no solamente se conforma con venir a mentir a este Congreso. Nuevamente vemos que este hoyo fiscal no existía y, sin embargo, los mexicanos pagamos más cara la gasolina, las familias pagan más caro el gas, la electricidad, y ahora los pensionados también tienen que aportar para que el gobierno pague estas pensiones jubilosas como las de Guillermo Ortiz.
No, señores. Creo que en este momento deberíamos discutir en este pleno la posibilidad de consensuar un punto de acuerdo para exigirle a la Secretaría de Hacienda que detenga estos cobros, que detenga estos cobros indiscriminados, a gente a la que les hemos encarecido la vida, a la que este Congreso le encareció la canasta básica con la aprobación del paquete fiscal, y que en el fondo es para proteger la existencia de estos monopolios, que además son los mismos que no pagan impuestos.
Esta ley busca corregir estas deficiencias y bajar los precios para que las familias puedan tener una vida digna.
Por eso, señores diputados, hoy los invito a reflexionar e invito a todos aquellos diputados que estén interesados en defender la economía familiar, la economía de la gente, a los jubilados, a los pensionados, porque ya al rato la Secretaría de Hacienda va a querer cobrarle impuestos a los cheques de los ex braceros. De ese tamaño ha llegado la voracidad de este gobierno neoliberal que tiene a la población y a México empobrecido.
Los invito a subir a esta tribuna cinco minutos, para que reflexionemos sobre la situación de estas personas y dejemos de estar perdiendo el tiempo, discutiendo cosas que nada tienen que ver con los ciudadanos.
Los invito a poder reflexionar en estos cinco minutos la posibilidad de aprobar en este momento un punto de acuerdo que exhorte a la Secretaría de Hacienda a detener estos descuentos a los pensionados.
Es un crimen. Por eso los invito a que tratemos de construir hoy mismo este acuerdo y este exhorto a la Secretaría de Hacienda para que no se sigan cometiendo estos crímenes a la población de menos recursos. Muchas gracias.
Este impuesto proviene de una facultad discrecional, nuevamente, de la Secretaría de Hacienda y un impuesto que no cobraba el año pasado, ahora lo está ejerciendo?
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: A ver, pregúnteme, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: El que da la palabra es el presidente, no usted. ¿Le pregunto si acepta una pregunta del señor diputado?
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Yo acepto cualquier pregunta, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido, señor diputado que le haga usted la pregunta, en el entendido que ha concluido el tiempo reglamentario que el señor diputado disponía para hacer uso de la palabra. Adelante, diputado.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Le pregunto al diputado que está en uso de la palabra si esta medida criminal, esta medida injusta que el gobierno federal quiere imponer a los que menos ganan, a los que se están muriendo de hambre, ¿puede causar un movimiento social en el país?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Por favor contéstela, señor diputado.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Yo creo que es un grano de arena más a todos los incrementos que se han aprobado. Es un grano de arena más a la desigualdad, porque las grandes empresas siguen sin pagar impuestos.
La sesión anterior ya se presentó una iniciativa que busca facilitar aún más el asunto de los impuestos diferidos y de la consolidación. Ya está, ya es así. La va a dictaminar la Comisión de Hacienda muy rápido, pero ya se olvidaron de las preguntas que no vino aquí a contestar el secretario de Hacienda.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Se turna a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, presidente. No contestó mi pregunta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí se la contestó, señor diputado y concluyó. Manifesté que había terminado el tiempo reglamentario de intervención del señor diputado. Le pido, por favor, que se mantenga sin sonido la tribuna a partir de este momento, en virtud de que se ha concluido el tiempo reglamentario.
Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la política social que se aplica en nuestro país está muy lejos de ser una política de Estado. De hecho, se trata de una política que privilegia el enfoque asistencialista encaminado a atenuar los efectos más lacerantes de la pobreza extrema, la marginación y el rezago social en el que viven millones de mexicanos.
Una política social de Estado tendría que ubicar el bienestar de las personas como una prioridad nacional, basada en una visión de largo plazo con el objetivo estratégico de garantizar el pleno acceso de los mexicanos a los derechos sociales que consagra nuestra Carta Magna.
En este sentido, la política social no debe estar subordinada a la política económica, como ha sucedido en nuestro país en las últimas décadas, sin que la economía nacional haya generado condiciones para abatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión.
La aguda crisis económica que padecemos trajo consigo una caída brutal del producto interno bruto y severos efectos en el empleo y la seguridad social, y ha profundizado la desigualdad y la pobreza; todo ello obliga a revisar profundamente el marco jurídico e institucional de la política social mexicana.
En este contexto, uno de los aspectos que mayor inquietud generan tiene que ver con el ejercicio de los recursos públicos destinados a los programas sociales, porque en la realidad de pobreza y marginación de nuestro país, resulta totalmente inaceptable que los escasos recursos públicos destinados a combatir esta situación sean manipulados para promover intereses políticos, electorales o personales.
¿Quién debe ejecutar los programas sociales federales? Hay quienes exigen que los gobernadores ejerzan esos programas, argumentando que las dependencias federales les dan un sesgo político. Asimismo, muchos opinan que dichos programas los siga operando el gobierno federal, pues los gobernadores tienden a manipularlos sin freno.
Lo cierto, lamentablemente, es que unos y otros, con algunas excepciones, manipulan de forma notable y sistemática los recursos públicos destinados a la política social. Es cierto que se ha avanzado en la legislación para blindar la política social, pero es necesario abatir las lagunas o la falta de precisión que hacen posible las prácticas indeseables.
La Ley General de Desarrollo Social contiene disposiciones al respecto; sin embargo, para no dejar lugar a ambigüedades es necesario incorporar de manera explícita lo que establece la Constitución en su artículo 134, que dice: los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Por ello, la iniciativa que hoy se somete a su consideración propone que el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social establezca claramente que los servidores públicos que ejerzan los recursos destinados a los programas de desarrollo social, lo hagan con absoluta imparcialidad y no los utilicen para beneficiar a un partido político, a un candidato o a la promoción personal del propio funcionario.
El artículo 22 diría lo siguiente:
En el Presupuesto anual de Egresos de la Federación se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos. Los servidores públicos responsables de ejercerlas, lo harán observando el principio de imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
De este modo, además de erradicar prácticas inaceptables que menoscaben los recursos destinados a los que menos tienen, estaremos fortaleciendo la imparcialidad en el uso de recursos públicos, fundamental para garantizar la equidad en la contienda política y electoral.
Por su atención y su apoyo a la presente iniciativa, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Elsa María Martínez Peña. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40; y deroga los artículos 41, 42 43 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras diputadas y señores diputados. La Auditoría Superior de la Federación nos ha hecho llegar el informe del año 2007, diciéndonos que solamente se pudo lograr auditar el 11 por ciento de las partidas presupuestales. Con ese 11 por ciento hubo observaciones por 60 mil millones de pesos y solamente se pudieron recuperar de ellos, dos mil millones.
Esto nos da una visión muy clara del problema que tenemos para poder realmente hacer un ejercicio de presupuestación. Es decir esta ley, la ley vigente, tiene una serie de candados que nos impiden con facilidad poder llevar a cabo una auditoría permanente del ejercicio del gasto público y de sus resultados.
Nosotros necesitamos mantener un sistema de auditoría constante del ejercicio que se está llevando a cabo en este momento, para que existan posibilidades de poder presupuestar el año siguiente. Porque en este momento estamos presupuestando el año 2010 con información de 2006. Cuatro años de atraso. El año que entra vamos a presupuestar con las informaciones que nos acaban de llegar de 2007.
Si nosotros no modificamos la estructura legal para que la Auditoría Superior de la Federación y el propio auditor, que ha dicho que está totalmente de acuerdo con llevar a cabo un sistema de auditoría permanente y no le damos los instrumentos para poderlo lograr, nosotros mismos estamos impidiendo que tengamos un gasto público eficiente y que funcione.
Nada más para que ustedes se den una idea. Los 60 mil millones por el 11 por ciento del presupuesto, serían ?en el caso de que se hiciera una auditoría del 100 por ciento? más del 30 por ciento del presupuesto ejercido. Cinco veces más de los impuestos que ahora nos han aumentado. Esto no es razonable, no es justo y nos están impidiendo hacer una verdadera tarea de presupuestación.
En razón de ello, nosotros estamos pidiendo que se haga una reforma en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I del artículo 79 y que podamos proceder a realizar auditorías en el ejercicio fiscal en curso o los anteriores a través de un sistema mucho más fácil y mucho más transparente. Es una petición de lógica administrativa, de lógica contable y de lógica jurídica.
Si nosotros logramos romper esas cadenas que nos están impidiendo conocer el ejercicio del gasto y sus resultados conforme se va ejerciendo, nosotros vamos a tener una mayor capacidad para poder presupuestar, para poder ahorrar y para poder reducir los impuestos. Eso es todo, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Alejandro Gertz Manero. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Éric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diputado Éric Luis Rubio Barthell: Distinguidos compañeros diputados y compañeras diputadas. En la actualidad la telefonía celular ha demostrado tener el enorme potencial para comunicar a ciudades, pueblos y comunidades de todas las naciones alrededor del mundo, logrando con esto bienestar social, inversión y desarrollo para los países.
En este sentido, podemos afirmar que la telefonía celular ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de aquellos lugares donde las redes telefónicas tradicionales no alcanzan a cubrir las necesidades de comunicación de la población; permitió que cualquier persona sea localizable y a su vez localizar a otro individuo desde donde se encuentre. La telefonía celular ha cambiado a las sociedades y al mundo, sin duda.
De igual forma, es importante señalar la increíble evolución que ha tenido la telefonía celular en todo el mundo y en forma particular, en nuestro país. Muestra de ello es que a diferencia de sus inicios, donde el tener un teléfono celular era sinónimo de contar con un alto poder adquisitivo, hoy día se ha convertido en un servicio de primera necesidad, el cual es ampliamente utilizado y está disponible para cualquier usuario que desee comunicarse rápidamente gracias a los avances de prepago y el que llama paga.
En este entendido, es preciso mencionar que de acuerdo con el reporte emitido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en 2009, México se mantiene entre los primeros lugares de los países con las tarifas más altas de los servicios de telecomunicaciones, sobre todo en banda ancha y telefonía móvil.
También se observó que México tiene la tarifa mensual más alta en las conexiones de banda ancha de más baja velocidad, 256 a 2 mil 58 kilobytes por segundo, siendo ésta la que utiliza el grueso de la población de Internet. En la medición de velocidades medias de conexión a Internet de 2 a 10 megabytes por segundo, México es el cuarto país más caro y en la tabla de velocidades muy altas ni siquiera figuró.
En suma, la telefonía celular ha tenido un gran crecimiento en nuestro país, de eso no hay duda, y aunque el número de celulares se acerca a los 70 millones todavía hay mucho por hacer, ya que en otros países la penetración de la telefonía móvil supera el 90 por ciento.
La telefonía celular dejo de ser un servicio exclusivo para un cierto sector y el día de hoy muchos de nuestros jóvenes son usuarios intensos de esta tecnología y de los servicios tales como el SMS, correo electrónico, envío de imágenes, fotografías, etcétera.
No obstante lo anterior, los usuarios sufren abusos constantes por parte de las compañías de telefonía celular que operan en el país, ya que al no existir una medida establecida para calcular el cobro de las tarifas éstas realizan el mismo, de tal forma que salgan beneficiadas.
Un ejemplo claro a lo anterior es que un usuario que realiza una llamada de un minuto un segundo va a facturar una llamada de dos minutos debido al redondeo, que aplican las compañías prestadoras del servicio, lo cual resulta claramente un gasto mayor al tiempo efectivo utilizado.
Es por ello que en nuestro rol de representantes de la sociedad tenemos la obligación de seguir legislando en esta materia, a fin de evitar que los usuarios sigan pagando excesivas tarifas y en aras de que los mismos cuenten con un cobro más equitativo en el servicio de telefonía móvil.
El caso de la telefonía, cuando se hablaba de diferentes aspectos como El que llama, paga, como el prepago, fue muy difícil llegar a esos niveles, y finalmente benefició a todos. Yo creo que el cobro de lo que es el tiempo adecuado beneficia a las compañías telefónicas, a los usuarios y a este servicio tan importante.
Por lo expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo y tres fracciones al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:
Artículo 60. Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía móvil nacional, el parámetro para fijar la tarifa de facturación por tiempo será de la siguiente manera:
a) El primer minuto se cobrará sin importar las fracciones utilizadas del mismo.
b) Si el último minuto llega a 0.5 de minuto, es decir, 30 segundos, se cobrará el minuto anterior.
c) Si el último minuto pasa del 0.5 de minuto se cobrará el minuto posterior.
Los artículos transitorios ?se me acaba el tiempo? son únicamente para darle la formalidad al caso.
Es cuanto, señor presidente. Y agradezco su atención, compañeros diputados.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Rubio Barthell. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Indira Vizcaíno Silva: Compañeros diputados, México se ha convertido en el país con el mayor índice de adultos con sobrepeso en el mundo y es el primero con obesidad infantil.
La obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 mexicanos y cuesta al sistema de salud alrededor de 42 mil millones de pesos al año. El propio gobierno federal ha reconocido que en 3 años el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad se ha triplicado, que de seguir aumentando el número de mexicanos con estos problemas de salud será imposible atender a todas las personas que padezcan enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes que se derivan de este padecimiento.
La situación ha llevado al gobierno federal a poner en marcha, el pasado 25 de enero, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad para revertir la tendencia del aumento en el número de adultos y niños con esos problemas; y busca, de la misma forma, reducir el crecimiento explosivo de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5 años para llevarlos a menos de lo que había en 2006.
Cabe señalar que en el 2006 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública arrojó los siguientes datos:
34 por ciento de los niños de 9 años tienen problemas de obesidad o sobrepeso.
33.2 por ciento de las niñas de 9 años tienen problemas de obesidad o sobrepeso.
40 por ciento de los jóvenes de 19 años tenían problemas de obesidad o sobrepeso.
Entre 1999 y 2006 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, en ambos sexos, aumentó un tercio. Los resultados señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la prevención de obesidad en los escolares.
Los efectos de la obesidad se pueden presentar de forma física, pero también a nivel psicológico por baja autoestima, depresión, imagen corporal negativa e incluso discriminación.
Algunas de las enfermedades que acompañan a la obesidad y el sobrepeso son hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras.
En nuestro país, la Constitución establece, en su artículo 4o. la garantía del derecho a la salud para todos los mexicanos, sin excepción. Por tanto, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, haya sido alterada.
Para algunos autores dicha garantía supone la obligación del Estado de abstenerse a perjudicar la salud y evitar que particulares, grupos o empresas la dañen, lo que en el caso mexicano sucede exactamente lo contrario.
A nivel internacional, el tratado en relación a este derecho fundamental que ha ratificado el Estado mexicano, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 dispone:
1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para
a) La reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños.
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y del medio ambiente.
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas.
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Sin embargo, en el caso de México estas disposiciones siguen siendo letra muerta, aún cuando nuestro país presenta uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad a escala mundial, cuando se calcula que más de 10 millones de mexicanos padecen diabetes, principal causa de muerte en el país, y cuando la Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir la publicidad de comida procesada o comúnmente denominada chatarra, en todos los espacios dedicados a la infancia, la Secretaría de Salud guarda un silencio cómplice respecto a estos temas.
Se ha llegado al extremo que empresas como Coca-Cola, Pepsi, Kellog?s, Barcel, Jumex, Nestlé, Sabritas, entre otras, sean las primeras interesadas en evitar que se legisle para que se realicen investigaciones sobre los efectos de la publicidad en los productos de bajo contenido nutricional, su abuso en el consumo y las acciones para controlarlo, así como prohibir sus promociones y ofertas.
La obesidad y el sobrepeso es un asunto de salud pública y el interés privado no puede estar por encima del interés de la mayoría de mexicanas y mexicanos que sufren una serie de enfermedades que acompañan a este padecimiento.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Único. Se reforma la fracción XXIV y se recorre la actual fracción XXIV, para pasar a ser la fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:
Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XXIV. Poner en práctica en todo el territorio nacional, los programas y las medidas tendientes a evitar el sobrepeso y la obesidad, conservar la salud física, así como promover las investigaciones sobre los efectos del consumo de productos con bajo contenido nutricional, el abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo.
XXV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se recibió del diputad Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.
Continuamos con nuestro orden del día. Entramos al capítulo de proposiciones
Tiene la palabra el diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se evite o en su caso deje sin efecto el nombramiento de Zeferino Salgado Almaguer, como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el estado de Nuevo León, y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Benjamín Clariond Reyes Retana: Señor Presidente, señores y señoras diputados. Ocurro a esta soberanía para someter un punto de acuerdo a su alta consideración a fin de evitar que en el estado de Nueva León se cometa una verdadera insensatez: nombrar como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a un personaje sin capacidad para el cargo y con un negro historial, removiendo a un técnico probado en su desempeño.
La delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Nuevo León ha mostrado en los últimos años una positiva dinámica en su desenvolvimiento. La eficiencia que ha demostrado quien ha estado al frente de ella en los últimos 8 años, el ingeniero Raúl Cadena, funcionario que cuenta con un perfil técnico adecuado para el desempeño de su función, a partir de su propia formación profesional. Ahí radica su éxito: en la preparación académica para el desempeño del cargo y en su manejo apolítico, siendo consecuentemente un delegado idóneo para un área que es eminentemente técnica.
Por ello, es inaceptable la destitución de este funcionario y nombrar en su lugar a un personaje con antecedentes muy cuestionados.
Nos oponemos tajantemente a la sustitución de un técnico probado por un político cuestionado. Nos resulta evidente la total incapacidad para el cargo del que se pretende designar al frente de esta área, el contador público Severito Salgado Almaguer, quien desarrolla actualmente funciones de carácter político, coordinando a los delegados federales desde el PAN de Nuevo León.
Siendo el contador público Salgado alcalde de San Nicolás de los Garza declaró, a propósito de un donativo que le hicieran en su administración de dos helicópteros para ser usados en la seguridad pública del municipio, que el regalo había sido entregado por un empresario que había pedido guardar su nombre en un total anonimato.
Los medios electrónicos e impresos de Nuevo León, incluso algunos nacionales, descubrieron posteriormente que dichos donativos les habían sido otorgados a don Chefo por señores que controlan una buena parte de las casas de juego y casinos, no sólo en Monterrey, sino también en otras partes del país. Por cierto, ése empresario fue víctima de un sonado y fallido atentado por sicarios del crimen organizado.
También se hizo público el financiamiento a la campaña del contador público Salgado por parte de este tipo de empresarios.
Al final de ese penoso incidente, no menor, don Chefo tuvo que devolver los cuestionados helicópteros a los zares del juego.
¿A cambio de qué recibió don Chefo esos apoyos? A cambio de entregarles la plaza de San Nicolás en forma exclusiva a sus patrocinadores. Ni un competidor hasta la fecha ha entrado a operar casinos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Algo que debemos destacar es que en materia de subejercicios la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no aplicó en el año 2009 cerca de 15 mil millones de pesos en todo el país. Solamente la delegación de Nuevo León, de esa Secretaría, ejerció el 100 por ciento de los recursos que le fueron asignados.
Lo dicho, va a cometer un enorme error el secretario Molinar, por presiones de su partido o por presiones desde Los Pinos a través de Patricia Flores Elizondo, al remover un técnico probado que actúa por encima de su filiación panista y que en su decisión antepone análisis científico y académico por encima de la rentabilidad política electoral.
Van a cambiar a un ingeniero civil por un contador público que ignora, lastimosamente, cuánto vale un bulto de cemento, cuánto un kilómetro de fibra óptica, cuánto una tonelada de varilla, cuál es el costo de peaje en las carreteras federales, cuánto se paga por el derecho de uso del aeropuerto.
Los diputados federales por Nuevo León, de diversos partidos políticos, levantamos la voz, porque es evidente el sesgo político que se pretende dar a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en nuestro estado, en detrimento de la eficiencia y en perjuicio de los habitantes de Nuevo León.
Don Chefo no cuenta con la capacidad técnica ni con la calidad moral para ser delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Un penúltimo botón, a título de muestra. Cuando don Chefo fue alcalde de San Nicolás, por sus pistolas e ilegalmente instaló una malla ciclónica en un puente que comunica a ese municipio con el de Guadalupe, alegando que en esta última población había más pandillas que en su localidad.
¿Cómo vamos a aceptar como delegado de la SCT a un señor que va a poder incomunicar arbitrariamente a municipios conurbados, va a instalar muros en nuestras fronteras con nuestros hermanos de Coahuila, Tamaulipas o San Luis Potosí?
Justamente, hoy los periódicos de Nuevo León denuncian que un paso elevado, a desnivel, que fue construido en la administración de don Chefo, requiere de una reparación mayor, a sólo ocho meses de su inauguración. Con estas cartas credenciales, ¿cómo pretenden los jerarcas del PAN nominar un hombre sin perfil ni preparación para el cargo de delegado de SCT?
Con base en las consideraciones anteriores, los diputados federales de Nuevo León, de diversos partidos políticos de esta legislatura, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a evitar o, en su caso, dejar sin efecto, el nombramiento del contador público Zeferino Salgado Almaguer como delegado de la Secretearía de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León.
Segundo. Se considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Benjamín Clariond. Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa; es mayoría calificada.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.
Ha solicitado la palabra, en contra de la proposición, el diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del PAN. Tiene la palabra el diputado Ramírez Puente, en contra.
El diputado Camilo Ramírez Puente: Muy buenas tardes a todas las compañeras y a todos los compañeros. Hoy es de esos días en los cuales agregamos un granito de arena a la inutilidad, a seguir un quehacer sin sentido.
Con todos mis respetos para el licenciado Benjamín Clariond Reyes Retana, muy buen amigo, quiero señalar lo siguiente: el licenciado Benjamín, tiene la percepción de la gente de Nuevo León, un hombre trabajador, empresario destacado, ex diputado federal, ex gobernador, dentro de muchos otros cargos.
Después siguen los aplausos. Después, hombre. Espérense tantito. Bueno, vamos a dar unos cinco segundos para más aplausos.
Destaco esto porque el pleno de esta Cámara y la república no merecen que vengamos a aquí a denostar personas, y en este caso, a denostar a un ex gobernador que hizo un trabajo bien y bueno en Nuevo León.
Sin embargo, creemos que esta Cámara debe ser también muy pulcra en su trabajo y evitar más de lo mismo. La sociedad ya no quiere eso. La sociedad quiere que trabajemos y es por ello que les voy a comentar que el personaje del cual está hablando el licenciado Benjamín, es un hombre recto, trabajador y que ha hecho que el municipio de San Nicolás de los Garza se mantenga como el quinto municipio, el mejor y de más calidad de vida en nuestro país.
Ésa es la situación por la que ha abatido el 25 por ciento de los delitos en una época de las más difíciles y más aguerridas, y que ningún otro municipio ni el propio estado de Nuevo León logró en su momento.
Muchas cosas más se pueden hablar a favor de Zeferino Salgado Almaguer, pero una de las principales que se puede alegar es el trabajo indiscutible.
Yo en este momento le pido al licenciado Benjamín Clariond, que por favor, no vaya a cometer otra equivocación al momento en que pide esto. No comenta la equivocación que cometió al nombrar a su secretario de administración que le compró los camiones a usted mismo, y que lo que provocó fue una amonestación del cabildo regiomontano.
Que por favor, no cometa la misma equivocación que cometió al nombrar a Javier Doria, como secretario de Finanzas y tesorero y que tuvo que resarcir 200 millones de pesos al erario del estado de Nuevo León, por un uso y un daño lesivo y que quedó demostrado. Sí, señores, ya terminé. No se preocupen.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputado Ramírez Puente. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutida. Consulte, ahora, la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobada la proposición, comuníquese.
Tiene ahora la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la del Trabajo y Previsión Social, a evitar un golpe de mano en contra de las huelgas de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezcan en todo momento las vías del diálogo y la legalidad. Tiene la palabra, diputado Jiménez López.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones.
El 30 de julio de 2007, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, estalló sendas huelgas en las minas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas y en Taxco, Guerrero. Los motivos que llevaron a este paro de labores fueron principalmente las pésimas condiciones de seguridad que padecen estos mineros, por lo que con esta suspensión de labores se busca prevenir sucesos tan dolorosos como los de Pasta de Conchos.
Frente a estas huelgas no ha habido voluntad de parte del gobierno federal para concluirlas sobre las vías del diálogo y la legalidad. Baste recordar que en repetidas ocasiones la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró la inexistencia de estas huelgas, resoluciones que fueron invalidadas por las autoridades de amparo. Igualmente, mediante un albazo buscó esta Junta dar por terminadas las relaciones de trabajo, tanto individuales como colectivas.
No obstante las maniobras ilegales del Grupo México, en contubernio con la Secretaría de Trabajo y Previsión, los trabajadores se han mantenido firmes en la lucha por sus derechos. Lo cual en las actuales circunstancias de persecución sindical se estima como un delito. Tenemos ya con esto el ejemplo reciente del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Por lo que corresponde al Grupo México y a la Secretaría de Trabajo, buscan terminar a la brevedad con el "mal ejemplo" de los mineros. Es de recordar las deshonrosas e irresponsables declaraciones del secretario de Trabajo, que pretende en la anunciada reforma laboral incluir un mecanismo de arbitraje para que no haya ?según él? huelgas eternas, como en el caso de Cananea.
Es conocido por nosotros que esta reforma en su esencia va a pisotear el artículo 123, apartado A, de la Constitución federal, aunque formalmente no se reforme este precepto, ya que diluye los derechos históricos individuales y colectivos consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, es necesario revisarla con lupa.
En forma concreta, el Sindicato Minero ha denunciado a la opinión pública que el Grupo México, con apoyo del gobierno federal, busca dar por terminadas las relaciones de trabajo mediante el uso de la fuerza, para lo cual han comenzado a hacer una campaña de desprestigio en contra del dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, señalándolo a él como el supuesto responsable de la situación que sufren los trabajadores y no al Grupo México y al gobierno federal.
Por tal motivo, no podemos permitir que se pretenda continuar por las vías de la violencia para hacer pedazos los derechos de los trabajadores, especialmente los derechos de autonomía y libertad sindical y de contratación colectiva, en franca violación al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo y al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, a evitar un golpe de mano en contra de huelgas de los mineros en Cananea, Sombrerete y Taxco, a fin de que prevalezca en todo momento las vías del diálogo y la legalidad. Esto en aras de preservar la paz social, cada vez más agredida por la condenable conducta del actual gobierno federal. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente. En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, solicito a la Secretaría que consulte si está suficientemente discutida.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutida. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene ahora la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que requiera a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, para que de manera inmediata ofrezcan disculpas públicas y reivindiquen el nombre, prestigio y honor de los 15 servidores públicos de Michoacán que fueron liberados por resultar inocentes de las acusaciones vertidas en su contra.
El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeros diputados y compañeras diputadas, este fin de semana pasado fueron liberados 12 ex funcionarios michoacanos, 12 ex funcionarios mexicanos acusados, todos ellos, de delincuencia organizada. Casualmente fueron detenidos el año pasado un mes antes del proceso electoral. Sí, un mes antes del proceso electoral.
Pero esto no bastó. Fueron tratados como verdaderos delincuentes sin tener pruebas contundentes en contra de ellos. Todos los vimos esposados y encañonados con armas largas en un operativo espectacular; pero, además, en especial los vieron sus esposas, sus hijos, su familia, sus vecinos.
El gobierno federal detuvo a ciudadanos inocentes y los tachó de criminales de alto riesgo, lo que evidentemente deterioró su integridad moral y física. Fueron arraigados y encarcelados por más de ocho meses, para luego decir que siempre no; que no existen pruebas, que no hay elementos. Ocho meses de su vida. El proceso desde un inicio estuvo lleno de dudas, procedimientos turbios y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Es inadmisible lo ocurrido en el operativo: ingresos a domicilios sin órdenes de cateo, detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión ni de presentación. ¿Así es como el gobierno federal quiere dar la lucha contra la delincuencia organizada y en contra de cualquier ciudadano que desafortunadamente se encuentra en su camino o en un proceso electoral?
Todo esto quedó acreditado en la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ésta fue la constante del operativo. La PGR se basó en hechos fabricados, mentiras y en argumentos que provenían de verdaderos delincuentes. Es imperdonable que un operativo de esta magnitud haya iniciado con una denuncia anónima.
Qué grave es fundamentar y motivar un proceso de esta magnitud con una supuesta lista que apareció en un vehículo negro. Los servidores públicos involucrados fueron incomunicados y arraigados, fundamentados con la Ley de Delincuencia Organizada, situación que no podemos dejar a un lado o ser ajenos. Necesitamos revisar nuevamente esta ley.
Que a nadie se le olvide y en especial a ninguna autoridad que el artículo 20 constitucional, en el apartado B de los derechos de toda persona imputada dice:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Es por tanto, que para poder preservar el Estado de derecho de este país es necesario que se subsanen los excesos en los que incurrió el gobierno federal, a través de unas disculpas públicas en los diferentes medios de comunicación.
Suscriben el punto de acuerdo la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática; y el de la voz. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Escudero. Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Se ha registrado para hablar en pro de la proposición el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, diputado Báez Ceja.
El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. Compañeros Diputados, compañeras diputadas, celebro mucho que la Fracción Parlamentaria del Verde Ecologista haya presentado este punto de acuerdo para solicitar el que se den disculpas por parte de las dependencias, concretamente la Secretaría de la Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, en relación al pasado 26 de mayo de 2009, en el que funcionarios y presidentes municipales de los diferentes partidos fueron detenidos imputándoseles una relación con el crimen organizado.
Después de ocho meses de haber purgado una sentencia como si hubieran sido sentenciados, en este tiempo resulta que no hubo pruebas y elementos suficientes para declararlos culpables. Es importante, diputadas y diputados, que hagamos un alto en el camino y que legislemos en relación a las figuras de arraigo y a las figuras de testigos protegidos para que esto no vuelva a suceder en este país.
Es necesario también, desde luego, el que se legisle para que la justicia en este país tenga una forma diferente apegada a la Constitución en el que las mexicanas y mexicanos tengamos los derechos a salvo y nuestras garantías individuales íntegras.
Es necesario que podamos hacer las reformas pertinentes para que no exista ciudadano o ciudadana que tenga que estar recluido en un centro de readaptación, dígase del fuero común o del fuero federal y mucho menos en uno de alta seguridad, que en el caso como el que estamos comentando estuvieron recluidos como si fueran culpables, sin haber, desde luego, las pruebas suficientes y esto desde luego lo determina un juez federal.
También termino, señor presidente; termino, compañeras diputadas y compañeros diputados, haciendo un exhorto para que de manera conjunta podamos solicitar a las secretarías involucradas el que acaten las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento exhibió y que hasta el momento no han sido complementadas.
Mucho menos hemos recibido los michoacanos, las michoacanas, nuestro señor gobernador, una disculpa pública por las violaciones que se dieron en este día 26 de mayo del año pasado.
Es muy penoso que en esta Cámara hayamos apoyado, hayamos autorizado, un presupuesto para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que esta institución no sea tomada con la seriedad que corresponde.
Por ello, diputadas, diputados, exhorto a que hagamos una coalición, a que hagamos una unidad y que votemos a favor para que pueda hacerse esta recomendación, este exhorto a las dependencias en comento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Báez Ceja. Ha pedido la palabra y se le concede para hablar en pro de la proposición, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La Presidencia anuncia que no hay más oradores registrados y que en consecuencia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 122, con la intervención del diputado Fernández Noroña serían los dos oradores en pro a que se refiere el 122 del Reglamento. A menos, diputado Ibarra, de que hubiera registrados oradores en contra.
Tiene en consecuencia el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, este tema es un tema que pone en el centro nuevamente las dificultades de todo el nivel de manipulación que ha habido en la mal llamada guerra contra el narcotráfico.
Los ciudadanos son tratados como si fueran delincuentes ?como ya lo he comentado aquí? en retenes militares, en revisiones violatorias de derechos humanos.
En el caso de las autoridades municipales y algunos funcionarios del gobierno de Michoacán, se les vejó desde la detención; se les hizo un juicio sumarísimo a través de los medios de comunicación donde ya eran tachados de narcotraficantes y de cosas por el estilo; se les aplicó un mal llamado arraigo domiciliario, porque la figura del arraigo domiciliario, como lo dicen sus términos es para que la gente esté detenida en su domicilio mientras se completa la investigación y se ve si hay elementos o no para una detención en forma.
A ellos los llevaron a este lugar que es una cárcel simulada, en arraigo domiciliario, y que viola también todos los derechos humanos fundamentales.
Los soltaron en la madrugada porque no había elementos. Primero dijeron que tenían seis meses de investigación, luego los arraigaron porque no tenían completa la investigación, en realidad, y no la tuvieron nunca como aquí lo planteó nuestro compañero diputado del Verde Ecologista. Actuaron con absoluta ligereza, con irresponsabilidad.
Lo menos que pueden hacer las autoridades del gobierno usurpador es dar una disculpa pública, aunque en realidad además deberían reparar el daño que hicieron en contra de esos funcionarios, de esas funcionarias, y de sus familias. Además se les envió a penales de alta seguridad como criminales peligrosísimos; se les dio trato vejatorio, un trato indigno, un trato abusivo, sin que hubiese ningún elemento sólido para ser tratados de esa manera.
Ya ha salido en muchos lugares que 72 por ciento de la gente que es detenida, acusada de vínculos con el narco, es soltada porque no hay elementos para ello, pero en este caso es particularmente grave porque se actuó de manera dolosa, con interés electoral, en contra de funcionarios, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos vinculados con el Partido de la Revolución Democrática.
Así es que no sólo celebro que se haya presentado este punto de acuerdo, que esta soberanía haya decidido que sí es de obvia o urgente resolución, y celebro que se empiece a enderezar la impartición de justicia como en el caso de estos funcionarios y ojalá que los ciudadanos de a pie tengan mejor surte, y no sigan en cárceles de alta seguridad, o en cárceles comunes, purgando condenas por delitos que no cometieron. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Fernández Noroña. Han hecho uso de la palabra los dos oradores en pro, a que se refiere el artículo 122 del Reglamento.
No habiendo más oradores inscritos es el momento de que consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaría diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada la proposición. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia para presentar proposición con punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía presente, en tiempo y forma, controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, publicadas el 6 de enero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, que suscribe el propio diputado Cárdenas Gracia y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT. Es suya la tribuna, diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Este punto de acuerdo que solicito sea votado como de obvia o urgente resolución es un tema que consideramos en nuestro grupo parlamentario muy trascendente ?y también en otros grupos parlamentarios como del Partido Revolucionario Institucional, que nos han apoyado en la redacción del proyecto de controversia constitucional que anexamos.
Propone el punto de acuerdo presentar y plantear ante la Suprema Corte la controversia constitucional en contra de estas disposiciones administrativas que establecen toda la regulación jurídica para la contratación en Petróleos Mexicanos y en organismos subsidiarios. Estas disposiciones administrativas fueron publicadas el día 6 de enero del 2010 en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué es lo que hacen estas disposiciones administrativas y cuál es el motivo de nuestra inconformidad? Que están entregando la industria petrolera a las empresas privadas transnacionales. Se va a poder contratar la exploración, la extracción, la refinación, el almacenamiento, el transporte, la distribución, las ventas de primera mano.
Toda la industria petrolera podrá estar en manos privadas y Pemex y los organismos subsidiarios de Pemex serán simplemente empresas que administrarán contratos, cuando el peso fundamental estratégico de control, de administración de la industria petrolera estará en manos privadas, sobre todo manos extranjeras.
Esto viola claramente los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que establecen que la explotación de los hidrocarburos corresponde a la nación. Las empresas extranjeras no forman parte de la nación. También el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución establece que en materia de hidrocarburos están prohibidos los contratos y las concesiones; y el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional determina que la industria de hidrocarburos es competencia exclusiva del Estado mexicano, que se realiza, como dice el artículo 25, a través del sector público.
Pero no solamente esto; están violando artículos constitucionales como el 134 que establece un principio de reserva de ley. Toda la materia de adquisiciones, según el artículo 134, solamente puede estar regulada por ley y no por disposiciones administrativas.
Además se está violando también el artículo 73, fracción X, de la Constitución que establece que la materia de hidrocarburos es competencia de este Congreso de la Unión.
Por tal motivo, entendemos que las disposiciones administrativas aprobadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos violan el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 constitucional y constituyen una intromisión indebida en la esfera jurídica del Congreso de la Unión.
Invitamos a todos los legisladores a apoyar este punto de acuerdo para defender las competencias del Congreso de la Unión. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Cárdenas. Como lo ha solicitado? Diputado Ramírez Marín, con qué objeto.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (Desde la curul): Señor presidente, antes de que se retire el orador, para plantearle que si no tiene inconveniente quisiéramos fijar la posición de nuestro grupo parlamentario.
Estamos en absoluto acuerdo y apoyamos la proposición del diputado Jaime Cárdenas Gracias, pero honrando el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de que las controversias constitucionales no sufrirían trámite de urgente resolución, le pediría al señor orador si no tuviera inconveniente en que se turnara a la Junta para que fuera agendado en la sesión del día lunes.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Le pregunto al diputado Cárdenas si está de acuerdo con el planteamiento que ha formulado el diputado Ramírez Marín.
El diputado Jaime Felipe Cárdenas Gracia: (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Estando de acuerdo el proponente con la propuesta que ha formulado el diputado Ramírez Marín, túrnese entonces la proposición a la Junta de Coordinación Política.
Se acaban de recibir comunicaciones de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de éstas.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva, Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno tenga a bien incorporar en el primer turno del apartado correspondiente del orden del día la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Para crear una comisión especial para el fomento de las energías renovables, a cargo del diputado Jaime Álvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con trámite de sólo turno a comisión.
Sin otro particular reciba un atento saludo.
Asimismo, también el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que emita la declaratoria de emergencia por el desastre natural en diversos municipios del estado de Nayarit. Asimismo para que libere los recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) con el objeto de atender la contingencia generada por las intensas lluvias de los municipios.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del Acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y las operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día de esta sesión, a efecto de que el despacho de los asuntos se detenga a las 14:30 horas, a efecto de dar paso a los posicionamientos sobre el Día del Cáncer que harán los grupos parlamentarios en orden creciente, hasta por 10 minutos.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Conocidas las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Permítame un segundo, señora secretaria. Diputado Ramírez Marín, ¿con qué objeto?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Para proponer que nos dé tiempo. Que entre en vigor a las 14:30, pero recuperándose el tiempo de esta solicitud. Lo que nos daría tiempo de desahogar por lo menos dos puntos más, si no tiene inconveniente usted y la asamblea.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos o con la modificación que ha planteado el diputado Ramírez Marín.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, presidente. En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política y como lo ha planteado el presidente.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobada. Proceda la Secretaría a dar lectura al primero de los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Punto de Acuerdo.
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el marco de las atribuciones que le confiere el marco jurídico del Congreso, se lleven a cabo las medidas necesarias para crear la Comisión Especial para el Fomento de las Energías Renovables bajo los objetivos, integrantes y duración que han quedado expresados en el capítulo de las consideraciones del presente documento.
Firma, el diputado Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al segundo de los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a emitir la declaratoria de emergencia por el desastre natural en diversos municipios de Nayarit.
Asimismo, para que libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con el objeto de atender la contingencia generada por las intensas lluvias en estos municipios.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que presentan los diputados Cruz López Aguilar, María Hilaria Domínguez Arvizu, Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del pleno, el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Gobernación se emita la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Ruiz, Rosamorada, El Nayar, Acaponeta y Tecuala, todos en Nayarit.
Segunda. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, liberen los recursos necesarios a través del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), para restablecer las actividades de los municipios en Santiago Ixcuintla, San Blas, Tuxpan, Ruiz, El Nayar, Acaponeta y Tecuala, en Nayarit. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010. Firma, la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Consulte entonces a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado. Comuníquese.
El tercero de los puntos de acuerdo de la Junta ha sido ya aprobado por la asamblea con la modificación propuesta por el diputado Ramírez Marín.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Profeco y a la Secretaría de Economía, promuevan la producción, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños, niñas y adolescentes el respeto a la vida, a la lealtad, el respeto al adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres. Tiene usted el uso de la palabra, diputado. Adelante.
El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Comprar un juguete es inculcar un modo de vida, además de contribuir al desarrollo físico, emocional o social, según el juguete escogido. El juguete, como la educación no es neutral.
Un escaparate de juguetes es la copia del mundo de los adultos. Los mayores se matan, se preparan para la guerra, hacen distinción entre sexos.
Pero es preocupante la indiferencia de la sociedad con respecto a la importancia del juego y la creciente explotación comercial de la infancia a través de los medios de comunicación y producción.
Lo que importa es vender más para ganar más, que estos juguetes sean educativos o no queda fuera de los planteamientos del mercado capitalista que busca sus intereses y no los de los niños y niñas.
Derivado del contexto actual de inseguridad que atraviesa el país, debemos ser conscientes de no vender o comprar artículos que promuevan una cultura de violencia. Permitir que los niños usen juguetes bélicos les da a entender que la violencia es una forma adecuada de resolver los conflictos y vivir en sociedad.
La cultura de paz requiere no siempre eliminar los juguetes bélicos, sino también tomar medidas complementarias. Necesitamos una intervención integral que vaya más allá de eliminar cierto tipo de juguetes.
Sin embargo, definitivamente el primer paso es sustituir los objetos que sean considerados como bélicos dentro de nuestra cultura, porque para resolver conflictos de desigualdad y de diversidad no se debe echar mano de la fuerza, el poder ni la violencia.
La manera en que influyen puede explicarse de la siguiente forma: el niño, al tener en su mano una pistola, un rifle o cualquier otro juguete bélico, ve como algo normal el uso de las armas. Además, es vital educar a los padres de familia y que los docentes cuenten con material didáctico para trabajar, tanto con ellos como con los adultos.
La alternativa que propongo son juguetes que ayuden al desarrollo integral de los niños y niñas, y que reúnan una serie de características:
Deben poder manejarlos, moverlos, desarmarlos, y si es preciso, cambiarlos de forma. Se trata de conseguir que en el juego los protagonistas sean los niños y las niñas, y no los juguetes.
Que sean fáciles en su manejo, no muy complicados ni tan frágiles que tengan que ser guardados.
Tienen que potenciar la capacidad creativa e intelectual y desarrollar la cooperación y la relación con otros niños y niñas.
Por último, que hagan pensar a las niñas y niños y que utilizen su imaginación y fantasía.
Con ello no se busca ser deterministas ni fanáticos, viendo por ejemplo en el niño que juega con un juguete bélico un futuro asesino. Tampoco se piense que no se debe comprar nunca un determinado juguete si nos lo piden, ya que según las circunstancias, no comprarlo puede producir efectos más negativos, sobre todo si el origen de esta demanda puede ser a través de la publicidad entre amigos y amigas, y puede crearse en este caso la necesidad.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía, promuevan la producción, venta y uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente, y despierten en niños, niñas y adolescentes, el respeto a la vida, la lealtad, el respeto al adversario, la comprensión, la tolerancia, el entendimiento entre los hombres.
Solicito a la Presidencia se inserte de manera íntegra en el Diario de Debates la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía. Y como lo solicitó insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo referente a la seguridad en México.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Señor presidente, buenas tardes. Compañeras y compañeros, quiero principiar por decirles a todos que me ha causado una gran sorpresa que en la lista de temas que vamos a discutir el día de hoy no esté el asunto que me ha obligado a venir a la tribuna y que tiene que ver con una declaración del señor presidente de la República que a lo mejor ha pasado desapercibida. Porque veo que este gobierno gobierna a base de declaraciones ?es difícil darles seguimiento? hay muchas al día, a lo mejor por eso esta declaración en especial no motivó la atención que a mi juicio debe tener.
Como ustedes saben, el día de ayer el presidente de la República dijo ?para mi sorpresa?: me he dado cuenta ?dice? que no es suficiente la fuerza policiaca y militar para combatir al crimen y a la delincuencia organizada. Me he dado cuenta.
Esta afirmación yo pensé que iba a ser motivo del debate del día de hoy, porque me preocupa no saben ustedes de qué manera, porque esto implica en esencia que hay ya implícitamente un cambio en la estrategia del presidente como todos estos subrepticios, soterrado, oculto, que nos vamos a enterar cuando ya esté dando los resultados nefastos que ha dado esta política, esta estrategia de control, de combate al crimen organizado. Me preocupa y me aterra porque en la cuestión del diseño de las estrategias particularmente este gobierno no ha sido muy acertado.
¿Por qué me preocupa? Porque percibo que va a ir la nueva estrategia por: denle más dinero a Oportunidades. Porque ahora hay que incidir en el desarrollo social. Y amigos, lamento decirles a los compañeros que simpatizan con este programa que éste también es otro absoluto fracaso en manos del antiguo secretario y hoy secretario de Hacienda. Hay siete millones más de pobres en este territorio agobiado.
Por lo que les propongo, amigas y amigos ?en esto consiste mi punto de acuerdo?, que formulemos una pregunta parlamentaria al presidente de la República y que puede ser enriquecida con las sugerencias de todos los partidos a efecto de que en los términos de la legislación vigente que se refiere al informe presidencial le preguntemos de la manera más comedida, más respetuosa, en qué consiste la nueva estrategia, cómo se va a realizar y qué participación tendrán los otros Poderes de la Unión.
No creo ?se los digo con ánimo constructivo? que debamos correr el riesgo. Que después de 18 mil muertos, no sé cuántos miles de millones de pesos que hemos gastado y el agravio a los derechos humanos de la gente, a los cuatros años digamos: parece que no funcionó, va de nuevo. Nada más que éste es un asunto que ameritaría una discusión de otro tipo.
Dejo mi punto de acuerdo aquí con la esperanza de que la Junta de Coordinación Política sea consecuente con esta inquietud. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, como lo ha solicitado el diputado proponente. Gracias, señor diputado Santiago.
Se ha recibido acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por lo que solicito a la Secretaría dar cuenta de la comunicación correspondiente de la Junta.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su permiso, señor presidente.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente que consulte al pleno la modificación del orden del día para la inclusión correspondiente, en el primer turno posible, del siguiente
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural en los municipios de Tuxpan, Angangueo y aledaños a la ribera del río Tuxpan, en Michoacán, y en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Firma, la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Consulte por favor a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo que plantea la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Aprobada la modificación al orden del día. Consulte ahora si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo, por lo que preguntamos a los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa si se sirven manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada secretaria. Le pido por favor que dé lectura a los dos resolutivos del punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación para que proceda de manera inmediata a emitir declaratoria de desastres naturales por la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Tuxpan y Angangueo, y aledañas a la ribera del río Tuxpan, en Michoacán, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación, para proceder de manera inmediata a emitir declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Netzahualcóyotl, en el estado de México, aplicando recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Dado en el Palacio Legislativo, el 4 de febrero 2010.
Firman los integrantes de la Junta.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señora secretaria. Como fue aprobado por la asamblea, corresponde en este momento iniciar el posicionamiento sobre el Día del Cáncer, propuesto por la Junta de Coordinación Política.
Sobre este mismo asunto, en el orden del día de la sesión de hoy, el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas registró una proposición con punto de acuerdo, que a petición suya se instruye a la Secretaría para que se turne a la Junta de Coordinación Política.
La Presidencia tiene registrados para intervenir en este posicionamiento a los siguientes oradores:
El propio diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza; la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT; la diputada Rosario Brindis Álvarez, del PVEM; el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD; el diputado Leandro Rafael García Bringas, del PAN.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: ¿Diputado Carlos Pérez, con qué propósito?
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Una moción de procedimiento.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Adelante con la moción, diputado Pérez.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas: Muchísimas gracias. El que suscribe, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión?
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado, permítame un segundo, por favor. Ha pedido el uso de la voz el diputado Carlos Alberto Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN, con el propósito de formular una moción, le ruego atentamente podamos escucharlo.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Es una moción de procedimiento. Habíamos acordado previamente las bancadas de este Congreso, en razón de una problemática que estamos viviendo en diversos municipios, concretamente en Netzahualcóyotl, la zona aledaña al aeropuerto y algunos otros de otras ciudades, que de urgente u obvia resolución se pudiera dar trámite para efecto de exhortar a la autoridad federal a que destine los recursos necesarios.
Pediría que pudiésemos revisar el procedimiento y pueda dar pauta para quien presente esos puntos de urgente u obvia resolución, dada la gravedad del desastre natural que está sucediendo ahora justo en este momento, podamos desahogarlo, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Si hay acuerdos sobre el particular podríamos entrar al desahogo correspondiente. Pregunto a las otras fracciones parlamentarias si están de acuerdo con la moción de procedimiento. ¿No hay planteamientos por parte de los grupos parlamentarios? ¿Están de acuerdo? Diputado Rodríguez.
El diputado Rodrigo Reina Liceaga (desde la curul): Señor, con todo respeto, lo que pedimos es que el diputado Omar Rodríguez ?que ya mi antecesor Carlos Alberto Pérez Cuevas hizo un planteamiento de una situación urgente? quisiéramos que nos permitiera que subiera a la tribuna para exponer un tema que pedimos que sea de urgente u obvia resolución por el problema que se está dando. Si no tiene inconveniente que subiera el diputado para exponernos a todos y lográramos este acuerdo que ya está entre las partes, ya hablamos los demás, todos los grupos parlamentarios y estamos de acuerdo. Lo que queremos es hacer la exposición para que se sepa que la Cámara de Diputados realmente está preocupada y estamos actuando en ese sentido.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Diputado, a petición de la Junta de Coordinación Política fue modificado el orden del día con el propósito de introducir el tema respecto del cual hay un orador ya en la tribuna.
No tenemos inconveniente en la Mesa Directiva, en que el asunto por la urgencia y la importancia que para todos tiene sea tratado, pero la Mesa Directiva plantea que sea una vez que se desahogue el posicionamiento en virtud de que así fue aprobado por la asamblea. Continúe por favor en el uso de la palabra, diputado.
El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas: Muchas gracias, señor presidente. El siguiente era una proposición con punto de acuerdo que se iba a realizar anteriormente y hoy en el tema de agenda que parecerá que es posicionamiento, finalmente es el punto de acuerdo que se va a someter a la Junta de Coordinación Política, y que de manera simbólica voy a suplicar a todos ustedes lo consideren y lo votemos.
El que suscribe Liev Vladimir Ramos Cárdenas, diputado federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presento ante esta soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
A la sociedad mexicana, mujeres y hombres, a sus familias y a la población mundial que ha padecido, que se encuentra en la lucha o que han sufrido la pérdida de un ser querido por el terror del cáncer, nuestra eterna solidaridad y más profundo respeto como seres humanos.
Nueva Alianza se une a ustedes en la participación activa por erradicar este mal que a tantos aqueja y que todos podemos padecerlo.
La participación de Nueva Alianza en este día tan importante ?4 de febrero Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer? obedece a la necesidad de convocar a todas las fuerzas sociales del país, los tres órdenes de gobierno y los poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, para que hagamos todo lo necesario y hasta lo imposible por generar y hacer efectivas las políticas públicas necesarias para que el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones deje de ser fuente de tristeza, pena y pérdida.
El cáncer empieza cuando las células normales se vuelven cancerosas, las células crecen y se dividen para producir otras nuevas conforme el cuerpo las necesita. Pero cuando el proceso ordenado de división de células pierde su secuencia natural células nuevas siguen formándose en el cuerpo a pesar de que éste ya no las requiere. Así las células viejas no mueren cuando deberían hacerlo provocando la formación de una masa de tejido, masa a la cual se le llama tumor, el cual puede ser benigno o maligno y éste último es canceroso.
Los datos de las investigaciones del Instituto de Salud Pública demuestran los tipos de cáncer que más afectan al país.
En México ?donde no se ha puesto suficiente atención a este problema de salud emergente? el cáncer de mama es desde 2006 el que más muertes y discapacidades provoca por encima del cáncer cérvicouterino y día a día se presentan más casos de hombres con afectaciones de cáncer de pulmón y próstata.
Hagamos conciencia y no dejemos pasar inadvertido que existen alrededor de 100 tipos de cáncer que pueden afectarnos a todos. Es nuestra responsabilidad individual y colectiva, como legisladores de esta nación, unirnos y generar los consensos como personas, más que como partidos, para otorgar a los mexicanos la oportunidad de prevenirlo a través de la divulgación de las causas que lo originan.
La capacitación adecuada de las plantillas de médicos y enfermeras de las instancias de salud, y hacer accesible la información que ayude a detectar los síntomas a tiempo constituyen el primer paso de la atención médica.
Es nuestra obligación como seres humanos, y mayor aún como legisladores que somos del pueblo de México, implementar y hacer valer las leyes, los programas y la correcta aplicación de los recursos que en materia de atención a la salud abata y prevenga la propagación de este mal en nuestros conciudadanos.
Qué futuro le estamos heredando a nuestras nuevas generaciones cuando el cáncer infantil se ha convertido, en los últimos cinco años, en la segunda causa de muerte. Hagamos valer nuestro derecho como legisladores, asumamos el compromiso de que se instrumente correctamente el Plan Nacional de Salud que establece dentro de sus ejes rectores la atención médica desde temprana edad a las y a los mexicanos, para promover mecanismos que inciten a una sana alimentación, donde se regulen en conjunto con otras dependencias del gobierno federal los alimentos, bebidas y productos de consumo que otorguen a la ciudadanía, así como una cultura física adecuada.
No son buenos propósitos solamente; son acciones que estamos comprometidos a atender y vigilar como legisladores. Implementemos las medidas de control adecuadas en el consumo de tabaco y alcohol, regulemos los ingredientes que se añaden a los alimentos, fomentemos campañas para una dieta balanceada a favor de abatir la obesidad y evitemos el uso de químicos que dañan nuestro medio ambiente. Esto es prevenir a favor de la salud y eliminar los riesgos del cáncer.
Señoras legisladoras y señores legisladores, es lamentable que no contemos de manera pública con los registros hospitalarios que nos permitan conocer la magnitud del problema del cáncer y, por tanto, no se pueden conocer las tasas de incidencia a fin de prevenir y detectar oportunamente el cáncer cervicouterino, de mama, hígado, esófago, entre otros, en mujeres, así como de pulmón, próstata, estómago, en hombres, que son los que más aquejan a la población, pero también identifiquemos todos, para evitar su rápida propagación.
El cáncer, señores, es una de esas historias que no quisiéramos experimentar jamás y si así ocurriera pueden estar seguros que desearíamos contar con todos los medios posibles para derrotarlo.
Si bien es cierto que los esfuerzos del gobierno se han orientado en la atención al cáncer de mama y cervicouterino en la mujer, y de pulmón y próstata en los hombres, puesto que abarcan el grueso de casos registrados, los recursos económicos deben ser ejercidos para la atención oportuna de todas las causas cancerígenas que se puedan presentar y éstos deben ser vigilados por todos nosotros, puesto que el gasto que realiza el gobierno federal en su tratamiento y combate, de acuerdo con información proporcionada por distintas asociaciones ciudadanas, para una mujer con cáncer cervicouterino en el IMSS es de aproximadamente 10 mil 500 pesos, mientras que este mismo servicio otorgado vía el Seguro Popular genera una erogación de cerca de los 45 mil pesos.
Respecto del cáncer de mama, en el Seguro Popular el tratamiento anual tiene un costo aproximado de 200 mil pesos, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social eroga solamente 9 mil pesos. ¿Quién regula estos costos? ¿Bajo qué lineamientos está regulado? ¿Y qué opina el gobierno federal? Son las preguntas que debemos hacernos en estos momentos.
Compañeras y compañeros, hoy más que nunca los mexicanos exigen la unidad del Congreso federal y que situaciones como las mencionadas, cuyo objeto es de índole social no sirvan para fomentar el gasto excesivo y las prácticas oscuras, en cuanto al manejo de los recursos, que ustedes y yo, aprobamos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Debemos revisar a detalle el Fondo de Gastos Catastróficos que depende del Seguro Popular, ésa instancia que forma parte del sistema de protección social en salud y que su objetivo es ampliar la cobertura de los servicios de salud en aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia, que no son derechohabientes de ninguna instancia de seguridad social y que, como lo mencioné anteriormente, tiene los más altos costos en el tratamiento del cáncer.
Nueva Alianza, hoy apela ante ustedes, dentro de la responsabilidad legislativa, apela al sentimiento de solidaridad y protección de las mujeres, hombres e infantes desprovistos de los mínimos necesarios para enfrentar las situaciones de cáncer, para que a la brevedad podamos hacer un frente común por una causa tan loable como lo es la lucha contra el cáncer.
Por ello, compañeros legisladores, y debido a que la agenda legislativa no nos lo permite hacerlo de otra manera, les pido a ustedes, en caso de estar de acuerdo, propongo los siguientes puntos de acuerdo y que sean votados de manera simbólica.
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Seguro Popular y Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se incrementen los recursos y la cobertura para prevenir el cáncer y atender a las personas que son víctimas de esta enfermedad.
Segundo. Se cite al señor secretario de Salud, para que nos explique las necesidades económicas para atender de manera integral este problema y nos informe sobre el uso de los recursos presupuestales destinados para el mismo fin.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Salud de esta legislatura, para que dictamine las 16 iniciativas que contemplan acciones para prevenir, atender y combatir todo tipo de cáncer. Si es de su consideración, lo someto a su aprobación.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias diputado, por su intervención. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ifigenia Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, para su correspondiente posicionamiento.
La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El cáncer es un problema de salud pública, y por tanto debe ser atendido de manera integral. Por ello, las distintas instituciones de gobierno debemos colaborar con instituciones para prevenir este mal y dar todo el apoyo y la atención a las pacientes y a los pacientes que lamentablemente sufren de este padecimiento que no respeta condición social ni edad ni religión ni preferencia sexual.
Su impacto en la población equivale a ser la segunda causa de mortalidad en nuestro país. A pesar de ello, todavía no hemos construido una estructura de alta especialización para enfrentar este mal del siglo pasado y del presente. El único Instituto Nacional de Cancerología que tiene nuestro país no es suficiente para atender una población de pacientes que cada día se incrementa en términos exponenciales.
Como diariamente llegan a este Instituto miles de personas que demandan atención médica para diversos tipos de cáncer, hay quienes tienen que esperar largos plazos para recibir atención.
Debe mencionarse también que gran parte de la población que padece este mal se enfrenta al enorme costo de las medicinas especializadas que no tienen un tratamiento diferenciado, habida cuenta que se tienen que tomar o aplicar por largos periodos y que su capacidad para comprar tan caros medicamentos es muy limitada.
Por tanto, se requiere que el gobierno federal articule conjuntamente con los estatales y municipales y con la sociedad políticas de salud orientadas a abaratar el precio de los medicamentos. Por supuesto, sin la perversión de quererles aplicar el IVA.
Adicionalmente, nuestro pueblo no es siempre lo receptivo que se quisiera para aceptar la necesidad de involucrarse en la cultura de prevención de este mal y de otros que pudieran ser detectados con oportunidad y así reducir las tasas de mortalidad.
La Organización Mundial de la Salud reconoce en la actualidad que el cáncer es la primera causa de mortalidad en el planeta, siendo los principales tipos el de pulmón, hígado, colón, mama y cervicouterino.
Es de destacar que el 30 por ciento de los casos de cáncer pueden ser prevenibles, lo que debe llamar nuestra atención para reforzar la medicina preventiva y la de adopción de hábitos de vida más saludables.
En nuestro país 60 mil personas al año mueren por este mal. Buena parte de esta cifra es provocada por el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, lo que es peor, anualmente existen cerca de 12 mil niños que son atendidos por este padecimiento.
Esta soberanía ha sido sensible a esta situación y ha destinado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que son del orden de 300 millones de pesos dedicados prioritariamente a la prevención y atención del cáncer cervicouterino y de mama.
Sin embargo, tenemos que ser claros y precisos. La mejor manera de prevenir y combatir cualquier tipo de cáncer tiene que partir de una alimentación integral que incluya lo que recomiendan los especialistas en oncología y una adecuada prevención por parte de los institutos de salud.
Asimismo, se tiene que orientar a la población acerca de la importancia, de lo que significa el manejo de la fatiga, del estrés, porque es un factor que detona múltiples enfermedades físicas y que son resultado de la presión de vivir en grandes ciudades, de no tener dinero ni empleo y de ser objeto permanente de la presión que implica la competencia laboral y del diario vivir en una sociedad como la nuestra.
Para lograr lo anterior necesitamos un pueblo que perciba los ingresos suficientes para satisfacer los requerimientos preventivos en materia de salud. Con las anteriores razones el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por estimular y por apoyar todas las medidas que contribuyan a la prevención y atención oportuna de este terrible mal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada doña Ifigenia Martínez. Tiene ahora el uso de la palabra para su posicionamiento sobre este mismo tema, la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM.
La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, quiero ser breve pero contundente. Hoy, que es Día Mundial contra el Cáncer; quiero darles estos datos.
La segunda causa por la que muere la mujer en México es por cáncer. En el grupo de edad que va de los 35 a los 44 años los tumores malignos son la primera causa de muerte; 28 de cada 100 mujeres fallecen por la aparición de estos tumores malignos.
El cáncer cervicouterino y el de mama representa 48 de cada 100 defunciones por tumor maligno en la población femenina. Cinco mil mujeres mueren cada año por cáncer cervicouterino, lo que equivale a que cada dos horas muere una mujer por este tipo de cáncer.
Compañeros, como les digo, esto es alarmante. El cáncer cervicouterino es uno de los dos tipos de cáncer más fáciles de detectar y prevenir debido a que su desarrollo es gradual y la prevención es la herramienta más importante en la lucha contra esta enfermedad.
Se calcula que una de cada 10 o 12 mujeres padece cáncer de mama, una enfermedad que va en crecimiento, y este cáncer es reversible hasta en un 90 por ciento, siempre y cuando se diagnostique de manera temprana, por lo que la mortalidad por cáncer de mama se puede reducir hasta en un 95 por ciento con un diagnóstico precoz del problema.
Esto representa desafíos importantes para las mujeres, especialmente aquellas cuyas condiciones económicas son precarias. La falta de acceso a los servicios de análisis y tratamiento adecuados de uno de los tipos de cáncer más prevenible, detectable, tratable, se ha convertido en una causa importante de mortalidad entre las mujeres de nuestro país, particularmente entre las de menores recursos.
Uno de los más grandes problemas que enfrentamos como sociedad es la detección tardía ya que cuando una mujer llega a una institución de salud es porque el cáncer ya presenta síntomas notorios y se encuentra muy avanzado para su tratamiento. En este sentido, es necesario que la mujer comience con la cultura de la autoexploración, porque esto sin duda podrá salvar su vida.
Ya es tiempo de que en este país empecemos a invertir en prevención e información porque es la única medida que nos permitirá salvar a las mujeres de este problema tan grave de salud pública.
Estas campañas deben concientizar a la sociedad, a las familias, a las parejas, pero sobre todo a las mujeres, porque son las últimas en atenderse y la falta de una madre o una esposa no sólo impacta a la familia, sino a la sociedad en su conjunto; esto puede traer incluso un deterioro social como el que estamos viendo en estos tiempos.
Actualmente se realizan las detecciones de ambos tipos de cáncer, pero es necesario lograr que estos programas tengan una permanencia y una gratuidad garantizadas por ley, de manera que todas las mujeres que habitan en este país tengan acceso a los exámenes correspondientes y al tratamiento oportuno en caso de ser necesario.
Por último, quiero mencionar que el presupuesto del Ejecutivo para 2010 en este rubro venía disminuido, debilitado y rezagado. Con el apoyo de las Comisiones de Equidad y Género, y de Grupos Vulnerables, se logró aumentar la cantidad destinada a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Es necesario voltear las políticas públicas de prevención a la entera atención de las mujeres para que ni una más muera por esta enfermedad. Por ello, esto debe ser un compromiso de esta LXI Legislatura y ya es un compromiso del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada Brindis. Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez para formular el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD en este tema.
El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es un día que se conmemora la lucha mundial contra esta enfermedad que es el cáncer.
Las diputadas y los diputados que me han precedido han dado cifras verdaderamente impresionantes. 84 millones de personas van a morir del 2007 al 2030 por cáncer. El incremento va a ser de un 45 por ciento de aquí al 2030. ¿Eso qué indica? Que probablemente alguna o alguno de los que están aquí tiene la posibilidad de que en algún momento tenga este problema.
El día, más que ponerlo como un evento conmemorativo, nos debe de invitar a sensibilizarnos y reflexionar en relación a lo que estamos haciendo para atender esta enfermedad.
Cuando a una persona se le menciona que tiene cáncer, automáticamente piensa que va a morir. Esto sucede porque cuando se le detecta, se le detecta a periodos tardíos. Esto sucede porque en nuestro país, cuando se le detecta, surge la crisis de "con qué me voy a pagar la atención", porque los servicios de salud no la cubren en su totalidad. Esto sucede porque en nuestra sociedad las condiciones extras del tratamiento de cáncer, meten en un serio problema a las personas y a las familias que padecen de eso.
Ustedes lo pueden ver. Las personas que tienen condiciones económicas desadecuadas, que tienen desfavorabilidad en sus recursos, le piensan para ir al hospital donde los van a atender. No tienen para el camión. Luego llegan y los servicios de salud, con la poca sensibilidad que desarrollan algunas veces las médicas, los médicos, las enfermeras y los enfermeros, no entienden el sufrimiento que está sucediendo.
Los factores de riesgo del cáncer se relacionan con la vida moderna: obesidad, inactividad, tabaquismo, alcoholismo, infecciones virales como el papiloma humano, condiciones del ambiente y de la vida moderna. Lo que vivimos, lo que comemos, es lo que nos lleva al cáncer.
Hay que ir haciendo un análisis del cáncer. Los niños, cuando enferman, se anuncia que hay programas para atender a los niños con cáncer. Pero si la medicina que le piensan dar no es para que el niño se cure su cáncer, sino para que deje de vomitar, no está contemplado en el programa. Tiene que comprarlo la señora y le cuesta el salario de uno o dos meses del esposo o de ella misma.
La información del cáncer a la población está limitada y solamente está dada por las organizaciones civiles, producto de historias de vida que han tenido eso.
El cáncer en los jóvenes se convierte en un gran problema. Si ese joven no tiene una seguridad social, lo más probable es que muera. Dramático de verdad. Y ya con el cáncer no lo contratan porque está enfermo, entonces se convierte en un serio problema.
El cáncer de mujer, que ahora el de mama ha repuntado un 30 por ciento y solamente lo diagnosticamos por medio de mastógrafos, en el país no tenemos los radiólogos suficientes y tenemos cerrado el ingreso a los muchachos médicos y médicas que puedan estudiar eso. Es una paradoja esto.
El cáncer del adulto, el cáncer de la piel, todo el cáncer está contemplado. ¿Qué necesita nuestro país? Una respuesta de una política seria, pública y contundente para la segunda enfermedad que está matando a las mexicanas y a los mexicanos. La segunda enfermedad que está siendo causa de muerte ya en este país. No distingue, sea chico, sea grande; sea rico, sea pobre.
Hay que hacer una política donde una persona que tiene cáncer, el gobierno federal tenga consignados los recursos necesarios. Ya se mencionó aquí, gracias a la Comisión de Equidad de Género se le asignaron recursos al Programa de Cáncer de Cuello de la Matriz y de Cáncer de Mama.
Ya se mencionó aquí que hay necesidad de hacer eficiencia, eficacia, oportunidad en las políticas que se están aplicando y no actividades ocurrenciales, según lo que sucede una, dos o tres veces al año.
Informar, actuar con compromiso a la sociedad, es lo que demanda la sociedad. La conciencia del país se tiene que transformar en una conciencia de diputadas y diputados.
Una conciencia de gobiernos federales y gobiernos estatales en una acción oportuna y eficaz, eficiente. Pasar del discurso al curso y a la acción. Necesitamos trabajar todos para pasar de las palabras a los compromisos.
¿Cómo se compromete una persona? Se compromete con acciones. Lo primero, una política pública seria en nuestro país para la atención del cáncer, según los grupos de edad, se convierte en prioridad.
No porque es joven y tiene cáncer ya no se le atiende, tiene que ir a comprar sus medicamentos. La industria químico-farmacéutica ha encontrado su nicho de mercado. Si ustedes pueden ver, estos medicamentos que se venden aquí son caros y de difícil acceso. Tenemos que lograr que los servicios públicos los tengan al alcance de todas y todos. Tenemos que lograr campañas serias de información en los medios, para que las personas detecten los signos tempranos de cáncer.
Aquí se pusieron algunas diputadas y diputados con un cartel, nos repartieron un tríptico dando información al respecto. Creo que se vería bien algún político anhelante de repartir algo de tiempo de su spot de 30 segundos en hablar algo de salud para esta enfermedad, más que promocionar toda la obra pública que ha hecho en toda su estancia en ese lugar. Creo que se vería muy bien un político que resultara del agradecimiento por lo que ha pensado en la sociedad.
En este momento, en nuestro país está en una situación crítica. Estamos viviendo situaciones de inseguridad, estamos viviendo situaciones de incertidumbre. La sociedad no cree y no piensa en ellos mismos. Invitémonos a actuar en algo común. El cáncer puede ser una acción común que sin banderas, sin colores, sin partidos, la sociedad va a aceptar a los políticos y a las políticas, va a aceptar a los funcionarios y a las funcionarias.
Creo que aquí alguno de ustedes lo ha tenido de historia de vida. Siéntanlo porque es la única oportunidad. Pasemos del anhelo al compromiso y a la acción. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Verver. Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para su posicionamiento en el tema.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, sin duda este Día Mundial del Cáncer y por todo lo que han expresado los compañeros diputados y las compañeras diputadas que me han antecedido es alarmante cada uno de los datos que aquí se han expresado.
Sabemos que existen campañas organizadas dirigidas a la población femenina, pero esto va más allá. Ya hemos visto que es la segunda enfermedad o primera enfermedad atendiendo a los niveles tanto para hombres como mujeres y los niños a quienes afecta. Si bien es cierto que se necesitan y se requieren políticas públicas y que se ha aprobado presupuesto destinado para poder atender este mal, hoy hemos escuchado aquí las diferencias que existen entre los recursos que se destinan por parte de la institución como el Seguro Social y lo que cuesta por parte del Seguro Popular.
También se cuestionó aquí quién regula los costos, quién toma las decisiones para saber qué cuesta más y qué cuesta menos cuando lo primordial es la salud. Si bien es cierto que las campañas de conscientización son de suma importancia para llamar la atención de este padecimiento, para luchar contra él tanto para los hombres como las mujeres que consideran muy lejano en sus vidas tener acceso a esta atención.
Se estima también que mujeres que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de su vida debido a que mueren; no tan sólo es alarmante esto, sino los costos en productividad que esa mano trabajadora deja de realizar ya que tiene que suspender sus labores, dejan de ir a trabajar y dejan de llevar el ingreso a su hogar, para poder cubrir las necesidades más prioritarias.
Los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario de Convergencia siempre hemos considerado que es de vital importancia la atención a la salud, sobre todo cuando está de por medio la vida de hombres y mujeres que padecen este mal.
Pero también queremos dejar claro nuestro posicionamiento, que si se destinan más recursos para abatir este mal, debe haber una rendición de cuentas, debe haber transparencia en el manejo de los recursos, debe haber reporte en los resultados en los cuales se está aplicando.
Y también, desde este espacio quiero hacer un llamado a todos aquellos profesores, directores y dirigentes del sector educativo, porque lo del padecimiento de cáncer en niños, no sólo es que nos dé dolor o tristeza lo que están pasando, sino que muchos de ellos tienen que verse alejados de sus centros de estudio por padecer este mal; y no hay sensibilidad en sus maestros de permitirles continuar sus estudios a distancia, por lo menos para atemperar este mal social que les condena a estar aislados de toda convivencia con sus compañeros; y los hace sentir segregados de continuar con su preparación.
Valdría la pena que se considerara, se tomara en cuenta y se les permitiera por lo menos sentirse integrados para poder continuar lo más que se pueda con su vida cotidiana.
Por eso queremos decirles a ustedes, señores diputados y señoras diputadas, que es muy importante que no se lucre con el dolor, que no se lucre con la tragedia, que no se lucre con la vida, y que sí sigamos adelante impulsando y apoyando las políticas públicas. Que este país garantice la salud a todos los mexicanos y mexicanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Ochoa. Tiene la palabra el diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer el posicionamiento correspondiente.
El diputado Leandro Rafael García Bringas: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, como lo hemos estado escuchando con los compañeros que me antecedieron, también Acción Nacional está totalmente de acuerdo en las grandes necesidades y sobre todo en que el cáncer es una enfermedad con la cual en muchas ocasiones no se puede luchar.
Hoy, 4 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, en todo el mundo se lucha contra el cáncer, compañeras diputadas y compañeros diputados, les quiero decir que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud cáncer es un término genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo.
Otros términos utilizados: neoplasias, tumores malignos. Una de las características que define el cáncer es la generación rápida de células anormales, que crecen más allá de sus límites normales y pueden invadir zonas adyacentes dentro del organismo o diseminarse a otros órganos en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis.
Todos lo sabemos y cometemos esos grandes errores. Sabemos perfectamente que los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, una de ellas es el consumo del tabaco, el exceso de peso o la obesidad, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas, la inactividad física y el consumo de alcohol.
De igual manera las enfermedades de transmisión sexual tales como el VIH y el VPH, la contaminación del aire urbano y la presencia de humo en ambientes interiores, debido a la utilización doméstica de combustibles sólidos.
Por lo tanto es muy importante enfatizar que la mayoría de los tipos de cáncer son curables o tratables si se detectan a tiempo. Por ello, se ha fortalecido en nuestro país el enfoque preventivo en las acciones de salud contra este padecimiento, que es el responsable de 7.9 millones de defunciones al año en todo el mundo.
Es necesario reconocer aquí la labor del titular del Ejecutivo en esta materia, que aparte de que se ha esforzado por dar la lucha contra esta enfermedad a través de las instituciones nacionales de salud y del fortalecimiento de los programas como el Seguro Popular, las Caravanas de Salud, y Embarazo Saludable, la actualización de equipo que un servidor como médico reconoce perfectamente, la actualización y estar a la vanguardia para detectar a tiempo esta enfermedad.
No podemos dejar de reconocer que ha sido una preocupación permanente de esta Cámara de Diputados y en particular, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que se destinen cada vez mayores recursos para garantizar la detección oportuna, prevención, atención y las acciones de rehabilitación para la población en general, de tal manera que se cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para hacer frente a esta terrible enfermedad.
Nuestro grupo parlamentario asume la responsabilidad de que con trabajo legislativo se apuntale el plan de acción contra el cáncer, coadyuvando a que nuestro Sistema Nacional de Salud cumpla con los objetivos de prevenir lo prevenible, de curar lo curable, dispensar cuidados paliativos a hacer a todos los pacientes de cáncer, así como gestionar y vigilar los resultados.
Hoy Acción Nacional asume el compromiso de que no suceda una muerte más, que ni un solo hogar quede sin padre o madre a causa de la falta de servicio de detección oportuna o de tratamiento adecuado. Ésta es la mejor manera de honrar el Día internacional de la Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado García Bringas. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para realizar el posicionamiento en relación con este tema.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está comprometido con la lucha contra el cáncer no sólo desde el apoyo presupuestal y de infraestructura al sector salud, sino también con apoyo a la ciencia y tecnología y sobre todo generando condiciones para que la vida de los mexicanos sea cada vez más saludable.
El siguiente punto de acuerdo exhorta al Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.
El cáncer es sin duda una de las enfermedades que ha irrumpido con mayor ímpetu en el panorama epidemiológico de nuestro país desde finales del siglo XX, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad sino también por la gran variedad de factores de riesgo individuales y ambientales con los que se asocia.
En virtud del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad y con el propósito de determinar el panorama epidemiológico de este padecimiento desde hace varios años se han llevado estudios, sistemas de vigilancia y registros de esta enfermedad, mejorando con el paso del tiempo los procesos de elaboración, procesamiento y análisis de los casos.
La historia de registro histopatológico de neoplasias malignas demuestra que el esfuerzo combinado de profesionales de la salud de diversas instituciones y del sector privado redundan en beneficio de aportar un elemento más a otras fuentes de información que permitirán día a día conocer la situación del cáncer en México, lo cual plantea enormes retos no sólo en los servicios de salud sino en la población en conjunto.
No obstante lo anterior, durante la primera semana de enero la Secretaría de Salud dio a conocer que se está viendo rebasada por los pacientes que padecen de cáncer. Las cifras consolidadas de 2008 muestran la muerte de más de 48 mil pacientes y más de 72 casos nuevos.
Los medios de comunicación y el testimonio de los pacientes, así como los profesionales de la salud indican la falta de infraestructura, medicamentos y médicos especialistas que tienen la responsabilidad para atenderlos, más en los sistemas de seguridad social o en los servicios estatales de salud y en los beneficiarios del Seguro Popular.
Las cifras dadas por la Secretaría de Salud nos dicen que el cáncer de próstata fue causa de muerte de 19 hombres por cada 100 mil, mientras que el cáncer de mama mostró una tasa de 17 por cada 100 mil y el cáncer cervicouterino de 14 por cada 100. Y por último, el cáncer secundario al tabaquismo en vías respiratorias, de 6 por cada 100 mil. Creo que es muy claro que la primera causa que va subiendo es el cáncer de próstata. Ramírez Barba de la columna de Caleidoscopio.
La evaluación de la incidencia del cáncer es una herramienta importante en las decisiones de detección, prevención y tratamiento del mismo.
Por lo anterior, siendo hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento.
Desde aquí, el grupo parlamentario en coincidencia con todos los grupos parlamentarios que han hecho uso de esta tribuna nos solidarizamos con las víctimas del cáncer, con aquellas personas que han perdido la batalla por la vida y con aquellas personas que lo están padeciendo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2010.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputada Díaz Salazar. Han concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el Día Mundial de la Lucha contra del Cáncer.
Se ha recibido una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.
Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, la discusión de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos atentamente a usted consultar al pleno la ampliación del horario de la sesión, a efecto de conocer tres intervenciones en relación con la grave situación climática que afecta distintas partes del país, a cargo del diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI, del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del PAN; y la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD. Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, señor secretario. Consulte por favor a la asamblea si es de aprobarse la solicitud de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Aprobado.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a la grave situación climática que afecta a diversos municipios del país.
El diputado Omar Rodríguez Cisneros: Con su venia, señor diputado presidente. Diputadas y diputados, quiero informar al pleno que el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl se encuentra en este momento en estado de emergencia debido a las lluvias torrenciales que han desbordado el Río de los Remedios, en el punto en que converge Periférico y Circuito Exterior Mexiquense, afectando también el municipio de Ecatepec y varias colonias del Distrito Federal.
En Ciudad Nezahualcóyotl se están evacuando ya las familias afectadas en varias colonias, en un número aproximadamente de 300 mil habitantes, mismos que han sido trasladados a albergues provisionales. En concreto, la situación es crítica.
Es por este motivo que quiero resaltar la gran importancia del punto de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias representadas en este pleno, para la aprobación del punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo federal para que esta región sea declarada zona de desastre y se liberen los recursos necesarios para apoyar a todas las víctimas de este desastre natural. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias, diputado Rodríguez Cisneros. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al mismo tema.
El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas: Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Señores legisladores, los que aún quedan. Es importante dejar claro que la problemática que hoy vive la zona oriente del estado de México y de la capital del país, requiere la urgente intervención del gobierno federal para que destine los recursos necesarios y se declare zona de desastre.
Vale la pena aclarar que hay zonas en este lugar, de las zonas circunvecinas, en la propia Ciudad Nezahualcóyotl y de las zonas aledañas, donde el nivel de aguas negras ha llegado a más de metro y medio, lo cual hoy en este momento ha dejado en el desamparo total a familias completas que han perdido sus bienes patrimoniales y que es un hecho que no podemos dejar de lado.
Aprovecho la tribuna para que el exhorto y el llamado no sólo sea al gobierno federal en el tema de los recursos federales destinados, sino al gobierno del Estado de México, al gobierno del Distrito Federal y, por supuesto, a los municipios y delegaciones del Distrito Federal a que aporten los recursos necesarios, a que el personal que sea necesario esté laborando de manera permanente para poder, de manera solidaria, contribuir con todos estos ciudadanos afectados.
Yo creo que esto es una muestra muy clara de que en la Cámara de Diputados podemos ponernos de acuerdo, que podemos pensar más allá de colores o de partidos, cuando verdaderamente se requiere salir avante en un acuerdo para pedir que los beneficiados directos sean los ciudadanos que hoy han sido afectados.
Concluyo expresando mi solidaridad y respeto para estas familias. Que ojalá no sólo los diversos órdenes de gobierno se involucren, sino también de parte de esta Cámara de Diputados, los legisladores que somos de aquella zona, pudiésemos estar trabajando de manera conjunta para revisar e informar a esta soberanía del cumplimiento de este acuerdo. Es cuanto, señor presidente Muchas gracias, señores legisladores.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputado Pérez Cuevas. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada María Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del PRD para el posicionamiento correspondiente a este tema.
La diputada María Dina Herrera Soto: Con su venia, señor presidente. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural en los municipios de Tuxpan, Angangueo y aledaños a la ribera del río Tuxpan, en el estado de Michoacán.
La suscrita, diputada Dina Herrera Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable soberanía parlamentaria, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para emitir declaratoria de desastre natural en diversos municipios del estado de Michoacán.
Señoras y señores diputados, debido a las intensas lluvias de los últimos días, 24 municipios del estado de Michoacán, se encuentran afectados por inundaciones y el desbordamiento de ríos, presentándose la situación más crítica en el municipio de Tuxpan.
Las consecuencias son graves dejando hasta el momento el muy lamentable deceso de tres niños, la desaparición de varias personas, caminos bloqueados y afectación de comunicaciones.
En este sentido, se considera urgente que el Ejecutivo federal declare como zona de emergencia al estado de Michoacán para que se liberen los recursos del Fonden.
Honorable asamblea, por estas razones someto a consideración de todos ustedes el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación para proceder de manera inmediata a emitir declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de las lluvias severas que se han presentado en los últimos días en el municipio de Tuxpan, Angangueo y aledaños a la ribera del río Tuxpan, en el estado de Michoacán, a aplicar los recursos del Fondo de Desastre Naturales.
Dado en el salón del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el 4 de febrero de 2010. Muchas gracias.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Gracias a usted, diputada. Han concluido, con esta intervención, los posicionamientos sobre la grave situación climática que afecta a diversos municipios del país, respecto de lo cual esta asamblea, en su oportunidad, hizo la aprobación correspondiente de los acuerdos.
Continúe la Secretaría.
Diputado Torres Ibarrola, ¿con qué objeto? Permítame un segundo, señor secretario.
El diputado Agustín Torres Ibarrola (desde la curul): Nada más, señor presidente, para solicitarle a la diputada Herrera si me permite adherirme al punto de acuerdo.
El Presidente diputado Felipe Solís Acero: Perdone, señor diputado, pero el apartado de proposiciones con punto de acuerdo quedó cerrado hace ya muchos minutos. Estamos en un posicionamiento especial sobre el tema, solicitado por la Junta de Coordinación Política.
El punto de acuerdo correspondiente a los acontecimientos de Michoacán fue aprobado a propuesta de la Junta de Coordinación Política, en otro momento. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Felipe Solís Acero (15:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 9 de febrero a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.