La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (a las 11:02 horas): Se abre la sesión. Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría es por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría con Comunicaciones
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Procuraduría General de la República con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las reclamaciones presentadas por diversos afectados por las actividades de Financiera Coofia, Grupo Bienestar Social La Paz SC, Grupo SIGMA y Grupo Inmobiliario Verhome SA de CV.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente para su conocimiento. Continúe con oficios del Instituto Federal Electoral.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio del Instituto Federal Electoral, con relación al orden de la lista regional correspondiente a la primera circunscripción plurinominal.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, secretario. Llámese al ciudadano Eduardo Ledesma Romo, diputado propietario de la primera circunscripción plurinominal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentra a las puertas de este recinto los ciudadanos Pedro Ávila Nevárez, diputado suplente electo en el IV distrito del estado de Durango, y Eduardo Ledesma Romo, diputado electo en la primera circunscripción plurinominal.
Designamos en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, para entrar en funciones, a los siguientes diputados: José Ricardo López Pescador, Guillermo Cueva Sada, diputada Cora Pinedo Alonso y diputada Norma Leticia Orozco Torres. Les pido que cumplimenten la comisión encargada.
(La comisión cumple su encomienda)
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Ciudadanos Pedro Ávila Nevárez y Eduardo Ledesma Romo, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Pedro Ávila Nevárez y Eduardo Ledesma Romo: Sí, protesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas gracias. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido al presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
Por este conducto y en atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado el pasado 10 de diciembre de 2009, relativo al representante del Poder Legislativo de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, me permito comunicarle que el diputado Agustín Guerrero Castillo y el diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, serán titular y suplente, respectivamente, ante dicho Consejo.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento le reitero las seguridades de mis consideraciones. Diputado Francisco Rojas Gutiérrez. Rúbrica.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: De enterado y comuníquese. Continúe con oficios de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la declaratoria de emergencia en las comunidades cafetaleras en los estados de: Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe con los oficios del Congreso del estado de Puebla.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio del Congreso del Estado de Puebla con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la sentencia dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun, como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Remítase al promovente, para su conocimiento. Continúe con oficios de la Cámara de Senadores.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso i) del artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe con Minutas
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continuamos con el orden del día en el capítulo de Iniciativas
Tiene la palabra el señor diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente. Solicito amablemente que gire sus instrucciones a efecto de que se pueda incorporar el texto íntegro de la presente iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Exposición de motivos
El proceso de desarrollo democrático en el que se encuentra inmerso nuestro país, sobre todo el tránsito de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural y competitivo, ha implicado la necesidad de adecuar el marco legal electoral, particularmente en lo que se refiere a los recursos públicos que los partidos políticos reciben.
Al igual que en otras naciones, en México los partidos políticos son considerados entidades de interés público, lo que conlleva que, para financiar sus actividades ordinarias y sus campañas políticas obtienen recursos públicos adicionales a los que puedan recibir de militantes y simpatizantes, así como de actividades diversas de financiamiento.
Las reformas de 1987, 1990 y 1993 establecieron criterios para regular el financiamiento público a los partidos políticos, normas relativas al financiamiento privado y mecanismos para fijar topes a los gastos de campaña.
En 1996 una nueva reforma estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual en el año de la elección federal; asimismo, marcó límites para el financiamiento público y lo colocó por encima del privado.
Sin embargo, la democracia mexicana hoy en día es una de las más onerosas, no sólo de América Latina, sino a nivel mundial, así lo demuestran diversos estudios que señalan que de 2000 a 2008 han existido 16 partidos políticos nacionales que le han costado a los mexicanos más de 25 mil millones de pesos.
El informe de la auditoría de desempeño y evaluación del proceso electoral federal de 2006 elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, señala que en las elecciones presidenciales de ese año, cada voto costó 35 dólares. Al comparar 21 países, este mismo organismo explica que el costo del voto en naciones con una experiencia electoral consolidada varía entre 1 y 3 dólares, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
Los costos se elevan de 3.7 a 35.3 dólares en países con menos experiencia y donde hay múltiples partidos políticos; mientras que en países con conflictos poselectorales, el costo fluctúa entre 8 y 45.5 dólares.
En este marco la reforma electoral de 2007, se realizó con el objetivo de garantizar la equidad y la disminución en los costos de campañas electorales. Sin embargo, el financiamiento ordinario para los partidos políticos no fue reducido sustancialmente, por lo que hoy en día nuestra democracia sigue siendo una de las más caras del mundo.
La presente iniciativa tiene por objeto disminuir el financiamiento público que reciben los partidos políticos nacionales, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para el desarrollo de campañas políticas.
Para tal efecto, se propone modificar la base de cálculo contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disminuyendo el porcentaje de 65 a 40 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, multiplicado por el padrón electoral.
Asimismo, se propone aumentar del 10 al 40 por ciento el límite de aportaciones de simpatizantes y militantes, con el propósito de que los partidos políticos puedan tener ingresos similares a los que hoy reciben sin que esto represente costos adicionales al erario. Pero también, involucrar con mayor intensidad a la ciudadanía y a la sociedad en general, en el desarrollo democrático de México.
Además, con el objeto de garantizar el desarrollo político de las mujeres, esta reforma propone elevar a rango constitucional el monto que cada partido político destina de su financiamiento público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Adicionalmente se establece como obligación de los comités nacionales de los partidos políticos, participar a sus comités estatales, distritales y municipales, con criterios de proporcionalidad y equidad, del financiamiento público que reciben del órgano electoral federal, con lo que se contribuirá al fortalecimiento del federalismo, independientemente de los importantes ahorros que se registrarán en las finanzas públicas de las entidades federativas.
De igual forma, la presente iniciativa propone la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos que pretendan mantener su registro obtengan por lo menos el 3 por ciento de la votación en algunas de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de la república y no del 2 por ciento como actualmente lo establece el texto vigente. Esto con la finalidad de que los partidos políticos que logren su registro, cuenten con un mínimo de representatividad social que les permita acceder al financiamiento público y a las demás prerrogativas que la ley en la materia establece.
Con base en lo anterior, esta propuesta se presenta con el objeto de contribuir no sólo al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, sino que pretende lograr la optimización y federalización de los recursos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos, pero sobre todo canalizar una mayor cantidad de recursos públicos a la atención de necesidades sociales prioritarias y con ello impulsar el desarrollo social y económico que México reclama. Muchas gracias, muy amables por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, señor diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna para presentar un proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Como sabemos, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes federales y dicha naturaleza lo perfila como una entidad federativa sui géneris dentro de nuestro orden constitucional, carácter singular que obliga a atender al Distrito Federal como una entidad radicalmente distinta a la de los estados de la república, ya que si bien ambos son partes integrantes de la federación, el DF sirve de asiento a los Poderes de la Unión y debe por ello estar sujeto a un régimen constitucional especial, que garantice el funcionamiento seguro, eficaz y continuo de éstos.
Por lo anterior, se exige un diseño institucional que responda a las necesidades de una ciudad de esta naturaleza, que requiere instrumentos de gobierno interior que garanticen unidad, congruencia y continuidad territorial en su administración y en el diseño de sus políticas públicas.
En el diseño constitucional y legal de las instituciones de gobierno del DF se ha logrado en gran medida, sobre todo a partir de las reformas constitucionales de 1993 y 1996, que den como resultado la existencia de un órgano propio encargado de legislar en un número amplio de materias de interés local.
Las reformas de las instituciones de gobierno, además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, deben buscar y lograr el equilibrio imprescindible entre democracia y eficacia gubernamental.
Los ciudadanos y habitantes del DF, ante las diversas necesidades de adecuar el marco normativo del DF, han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio Distrito como capital del país y sede de los Poderes de la Unión; autonomía que no se ha logrado a pesar del avance significativo que han representado las sucesivas reformas a la organización constitucional del Distrito Federal ya que aún permanecen como facultades de los poderes federales una serie de materias que pueden y deben ser ejercidas por los órganos locales del gobierno.
Es claro que hoy se propone revertir el hecho de que a la Asamblea Legislativa le sean otorgadas las facultades legislativas explícitas, mientras que al Congreso de la Unión las residuales.
Tras casi dos décadas de reformas a las instituciones políticas existen coincidencias en todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa; coincidencias en la responsabilidad en el ejercicio de gobierno y preocupaciones comunes que dan pie a que existan bases sólidas, de acuerdo y en torno a lo que hay que reformar y cómo reformarlo.
No se puede dejar de hacer hincapié en que existe un pendiente considerable en materia de la reforma política del Estado, por lo que es improrrogable ir avanzando en la misma, en forma conjunta o separada, y más en un tema tan prioritario como lo es la facultad de legislar en materia de responsabilidad de los servidores públicos locales, tema pendiente que, ante las diversas lagunas legales del marco vigente, es necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares y demás servidores públicos de los órganos del gobierno local, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando se contravenga alguna disposición legal en el ejercicio de sus funciones.
La aspiración central de esta reforma, por lo tanto, es lograr con claridad la definición y necesidad real de la sociedad de otorgarle autonomía en materia de legislación de la administración pública local, su régimen interno de procedimientos administrativos y de responsabilidades de servidores públicos, aspiración que renueva la idea de que la propia ley puede dar vida a instituciones y proyectos en los que todos nos podemos ver reflejados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Esthela Damián Peralta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
Recibimos del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El diputado Adán Augusto López Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, contempla en su artículo primero la existencia de dos tipos de compromisos internacionales: los tratados y los acuerdos interinstitucionales.
Los tratados son definidos por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, como todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional público, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
En nuestro sistema jurídico, los tratados requieren la aprobación de la Cámara de Senadores y estar de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertirse en Ley Suprema de toda la Unión.
Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son definidos y entendidos por la propia Ley sobre Celebración de Tratados como aquellos convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que deriven o no de un tratado previamente aprobado.
En teoría, la diferencia sustancial entre unos y otros radica, por un lado, en el ámbito material de los acuerdos interinstitucionales, mismo que debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que lo suscriben. Y, por el otro, en que a diferencia de los tratados, los acuerdos interinstitucionales no son sometidos a consideración del Senado y tampoco son publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Lo anterior, pese a que en la práctica este tipo de acuerdos, al igual que los tratados, derivan en obligaciones y responsabilidades concretas para el Estado mexicano en su conjunto, en los términos de las más elementales disposiciones del derecho internacional vigente.
Ahora bien, otra característica que comparten tanto los tratados como los acuerdos interinstitucionales es su influencia y repercusión en el marco normativo y administrativo del país.
Los tratados después de ser aprobados por el Senado y ratificados por el Ejecutivo, se convierten en ley suprema de toda la Unión. Las disposiciones del derecho internacional adquieren una jerarquía mayor a la de la legislación federal, según lo establecido por una tesis aislada del máximo tribunal de la nación.
Por su parte, los acuerdos interinstitucionales son una figura jurídica cada vez más utilizada por el gobierno federal, las entidades federativas, las dependencias y organismos descentralizados de los distintos niveles de gobierno.
Desde el 92 hasta la fecha han sido suscritos alrededor de mil 500 acuerdos interinstitucionales, a través de los cuales se han adquirido compromisos en las más diversas materias: comercial, financiera, educativa, tecnológica, energética, seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, medio ambiente, etcétera.
Como consecuencia, hoy es posible afirmar que existen más acuerdos interinstitucionales que tratados vigentes para nuestro país.
Por ello, el objeto de la presente iniciativa es obligar a que exista una manifestación de impacto regulatorio en materia internacional. Esto significa que debe haber un estudio de los efectos de los compromisos internacionales, suscritos por las dependencias del Ejecutivo a nivel federal, local y municipal, a efecto de no vulnerar la armonía que debe prevalecer entre el derecho interno y el derecho internacional, y garantizar que la entidad que busca adquirir un compromiso con un sujeto de derecho extranjero estará apegada a derecho y se encontrará en plenas condiciones para cumplir a cabalidad con su responsabilidad.
En este sentido, proponemos modificar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para eliminar la disposición que establece que no se requerirá elaborar manifestación de impacto regulatorio en el caso de los tratados, y agregar que dicha manifestación será obligatoria no sólo en le caso de los tratados, sino también de manera previa a la suscripción de los denominados acuerdos interinstitucionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Único.
Capítulo Tercero. De la manifestación de impacto regulatorio.
Artículo 69-H
Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la comisión junto con una manifestación de impacto regulatorio, que contengan los aspectos que dicha comisión determine, cuando menos 30 días hábiles antes de la fecha en que se pretende emitir el acto o someterlo a la consideración del titular del Ejecutivo.
Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el anteproyecto al titular del Ejecutivo federal o se expida la disposición, según corresponda, cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente y hasta 20 días hábiles después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia.
Se podrá eximir la obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costo del cumplimiento para los particulares.
Se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados y acuerdos interinstitucionales previamente a su suscripción y se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Adán Augusto López Hernández. Túrnese a la Comisión de Función Pública.
Tiene la palabra el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el artículo 135 de la Ley de Amparo establece que para que surta efectos la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en que el quejoso señale como acto reclamado el cobro de contribuciones y aprovechamientos por parte de la autoridad fiscal, éste debe realizar un depósito del total efectivo de la cantidad que importe el crédito fiscal relativo.
Es decir, para el otorgamiento de la suspensión en esta materia el quejoso debe exhibir indefectiblemente el monto total del crédito fiscal que le sea requerido en dinero o en efectivo.
Por otra parte, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales requerirán de pago al deudor; y en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, así como a embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener mediante la intervención de ellas los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
En contra del referido acto de embargo dictado en un procedimiento administrativo de ejecución procede el juicio de garantías ante el juez de distrito, quien podrá otorgar la suspensión del acto reclamado.
Como anteriormente quedó anotado, para que surta sus efectos la suspensión del acto reclamado, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, la suspensión del acto reclamado podrá concederse previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la de la entidad federativa o municipio que corresponda.
Asimismo, el precepto en comento prevé que el depósito debe cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal.
Bastan las anteriores explicaciones para concluir que si la Ley de Amparo exige al contribuyente, a quien ya se embargaron bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, volver a garantizar ese interés a través del depósito en efectivo del total de la deuda, entonces, el artículo 135 es desproporcional y excesivo porque obliga al contribuyente deudor a garantizar dos veces el mismo crédito fiscal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha establecido al resolver una contradicción de tesis determinado que cuando la autoridad fiscal, con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, proceda a embargar la negociación con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, a fin de obtener mediante su intervención los ingresos necesarios para satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales, es innecesario que el quejoso cumpla con el requisito del artículo 135 de la Ley de Amparo, siempre que a juicio del juez esté suficientemente garantizado el interés fiscal del crédito exigible.
Por lo expuesto, formulo la siguiente
Iniciativa
Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 135. ...
Si la autoridad fiscal embargó bienes del contribuyente en términos del artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, y los bienes embargados son suficientes para asegurar el interés del crédito fiscal exigible, el contribuyente no tendrá que realizar el depósito en efectivo a que se refiere el párrafo anterior.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor presidente. Solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se inscriba en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Leticia Quezada Contreras: Buenos días, señor presidente, con su venia. Es una reforma a la Ley Federal del Trabajo, es la licencia por paternidad que ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla.
Dos años después Finlandia y Noruega adoptaron esta medida que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza como el país más favorable en el desarrollo de las familias con cuatro semanas completas de paternidad.
En Europa esta medida se ha extendido. En 1984 Dinamarca implantó la licencia por paternidad. En 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los cuatro meses de nacido. España, por su parte, en su nueva Ley de Igualdad incluye un permiso de paternidad por 15 días, con la cual más de 400 mil hombres pueden pedir cada año dicho permiso.
En el caso de América Latina, países como Argentina ofrece 15 días a los progenitores y en Colombia ofrecen ocho días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo primero señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Nuestra Carta Magna, en el artículo 4o asume que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, y establece una igualdad jurídica entre ambos sexos. Sin embargo en los hechos, socialmente hemos construido estereotipos que nos alejan de la igualdad, concebida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En México no existe un permiso de paternidad como tal, a pesar de que los padres también tienen derecho a disfrutar de tiempo para convivir y apoyar a la progenitora y a su hijo o hija recién nacido.
En esta circunstancia, hombres y mujeres hemos fortalecido roles de maternidad y de paternidad. Hemos asumido que las actividades derivadas de la procreación corresponden a las mujeres; se asume inadecuadamente que biológicamente la mujer es la única y que tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos.
Actualmente contamos con dos experiencias exitosas en la materia. Una corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otra al Instituto Nacional de las Mujeres. Recientemente, el gobierno de Zacatecas ha implementado en sus relaciones contractuales tal derecho a los trabajadores y se encuentran acordes con la igualdad, la no discriminación y la equidad.
Esta medida está basada en la igualdad de oportunidades con vistas tanto a promover la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como dar la oportunidad a los hombres para asumir la crianza y cuidar de los hijos e hijas, así como conciliar la vida familiar en el desarrollo familiar.
Hasta ahora la Ley Federal del Trabajo y la seguridad social de nuestro país ha discriminado al hombre y refuerza los roles negativos y las conductas estereotipadas al no facilitarles el ejercicio de la paternidad de manera responsable desde el nacimiento de sus hijos e hijas.
Por ello, se proponen varias modificaciones a este ordenamiento con el fin de establecer un permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo, como un derecho de los trabajadores.
Finalmente proponemos modificar la fracción V del artículo 391 en relación con las normas que rigen a los contratos colectivos de trabajo, a fin de que en éstos se incluya el permiso de maternidad y paternidad correspondiente.
A saber, se adiciona en el contenido del Título Quinto para que contenga las disposiciones relativas a las responsabilidades familiares, entendiendo que en dicho título deben quedar comprendidas disposiciones relativas a la paternidad y a la maternidad como un derecho y obligación y se derivan de éstas circunstancias. Se precisa que los patrones están obligados a otorgar un permiso de paternidad de 10 días con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de su hija o hijo.
Como resultado de la adición aquí propuesta, los padres biológicos y adoptivos tendrán reconocido su derecho a solicitar 10 días de licencia, los cuales podrán otorgarse previamente o con fecha posterior a la que se aproxime o registre el nacimiento de sus hijos e hijas. Esta flexibilidad les permitirá hacer preparativos al nacimiento o bien distribuirlos en tiempo posnatal.
Por obviedad de tiempo pediría que se inserte la presente iniciativa de manera íntegra a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates, con fundamento en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Leticia Quezada Contreras. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI?
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña: Sí, diputada Trujillo, dígame. Sonido para la diputada.
La diputada Georgina Trujillo Zentella (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para solicitarle sea usted tan amable de preguntarle a la proponente de la reciente iniciativa si me permite suscribirla.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña: Le preguntamos a la diputada Leticia Quezada Contreras si está de acuerdo en que la diputada Trujillo se adhiera a su iniciativa.
La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada Leticia Quezada Contreras. Por lo tanto, todas aquellas y aquellos compañeros legisladores que deseen suscribir el documento de la diputada Quezada, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: México es todavía, lamentablemente, un país inapropiado para los niños; hay un alto grado de incumplimiento de sus derechos y la agenda de la niñez no ha terminado de convertirse en un eje de política pública integral para los gobiernos en todos sus órdenes y niveles.
Resulta paradójico que aun con el desarrollo tecnológico y los avances médicos que hay en nuestro país tengamos todavía tasas de mortalidad infantil demasiado elevadas, pues son cuatro veces más altas que las registradas en España y casi tres veces superior a la tasa que hay en un país como Cuba.
Es inaceptable desde cualquier perspectiva que miles de niñas y niños vivan la violencia, así como tratos crueles y degradantes. Aun cuando no tenemos indicadores precisos sobre el tema, hay estimaciones que nos dicen que en México al menos 100 mil niñas y niños viven cada año alguno de las formas de abuso señaladas.
Cada año mueren en México más de 34 mil niñas y niños antes de cumplir los 5 años y según los datos del INEGI, el 10 por ciento de estas muertes se debe a deficiencias nutricionales, anemias o enfermedades infecciosas.
La magnitud de estos datos debe llevarnos a una movilización nacional para garantizar plenamente los derechos de la niñez mexicana y por ello resulta inaceptable que en pleno siglo XXI nuestro país no haya plasmado en su Carta Magna el principio de interés superior de la niñez.
Esta deficiencia de nuestro marco jurídico no sólo nos sitúa como un país que no ha cumplido plenamente con los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño, sino sobre todo como un país que no ha asumido plenamente las prioridades y principios más elementales en materia de protección de los derechos de los niños.
Carecer de esta protección, de este principio, implica que los gobiernos puedan evadir el cumplimiento de los derechos de la niñez bajo argumentos administrativos o financieros, por lo que es urgente modificar nuestro texto constitucional a fin de que todos los gobiernos tengan el mandato expreso de proteger de manera prioritaria los derechos de la infancia.
La iniciativa que se presenta reforma y adiciona el artículo 4o. constitucional estableciendo como una responsabilidad del Estado el cumplimiento del interés superior de la niñez adicionando un párrafo en el que se establece que será responsabilidad de los gobiernos, de las entidades y de los municipios en el ámbito de sus atribuciones y facultades, el cumplimiento del mismo.
Otra de las virtudes de esta iniciativa consiste en modificar el artículo 31 de nuestra Carta Magna, a fin de adecuar las responsabilidades asignadas a los padres de familia a la realidad y contexto actual. Una de ellas debería ser la de velar adecuadamente por el cumplimiento pleno e integral de los derechos de sus hijos.
Con respecto a este artículo 31 de la Constitución vale la pena señalar que además se propone adicionar una fracción con la intención de hacer una responsabilidad de los padres, el fomento de los valores de la tolerancia, la diversidad y la democracia, en el entendido de que la viabilidad democrática de nuestra nación depende de la formación integral de ciudadanos responsables y esto debe iniciar desde la formación en el hogar.
Esta propuesta recupera las visiones y análisis de expertos en la materia y también asume los compromisos establecidos en el foro que se realizó el pasado 19 de noviembre de 2009 en este recinto legislativo, a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En este evento en el que asistieron invitados de honor como la licenciada Margarita Zavala, así como los gobernadores de Morelos y de Durango, se hizo hincapié, de manera unánime, en la necesidad de reformar nuestra Carta Magna para establecer en forma explícita el principio de interés superior de la nación.
Estoy convencida de que el texto propuesto no sólo da cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Comité de Derecho, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sobre los Derechos del Niño, sino que, además, enriquece nuestra vocación de protección a la niñez con la reforma y adición que se plantea al artículo 31 constitucional.
Quiero pedir a esta honorable asamblea que, dado que en nuestro país siguen incumpliéndose los derechos del niño, en particular de las niñas y de los niños más vulnerables, nos comprometamos a que esta iniciativa sea analizada y dictaminada en este periodo ordinario de sesiones.
De hecho, le pido y le ruego que así conste en el Diario de los Debates, que esta honorable asamblea solicite que esta iniciativa sea analizada y dictaminada mediante el método de trabajo de Conferencia con nuestra colegisladora, a fin de que a más tardar el 30 de abril de este año el Congreso mexicano dé cumplimiento a uno de los saldos jurídicos más importantes que tenemos en materia de derechos humanos. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Yolanda de la Torre Valdez. Tal como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates, y háganse las tareas correspondientes con la colegisladora. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados asistentes.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado?
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputada secretaria. Sí, diputada Rosalina.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Diputado presidente, para preguntar a la diputada Yolanda si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo, diputado Yolanda de la Torre, en que se adhiera nuestra compañera diputada?
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Sí, acepto con gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Acepta la diputada Yolanda de la Torre; así que todas aquellas y aquellos legisladores que deseen suscribirlo, favor de pasar a la Secretaría para el trámite conducente. Pido a la Secretaría que continúe con el cierre del sistema electrónico.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 438 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros legisladores.
El 8 de octubre de 2009 esta Cámara de Diputados, con el objeto de dar continuidad y profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno, aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se citó a comparecer, entre otros secretarios de Estado, a Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Aún cuando los asuntos del ramo competencia de esa secretaría, que han generado crisis social y económica, y que reclaman una urgente atención y desahogo, este servidor público no cumplió el llamado de la Cámara en la fecha acordada para comparecer.
En consecuencia, la Junta de Coordinación Política tan sólo expresó su profunda extrañeza ante la solicitud de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación para reprogramar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social.
Sin duda, el desdén que algún servidor público pudiera mostrarle al Poder Legislativo al no comparecer en tiempo y forma ante sus Cámaras, constituye una transgresión y desacato de las normas supremas que conforman nuestro orden constitucional que no puede ser reparado con una simple manifestación de extrañeza, como lo hizo esta Cámara.
Nuestro orden jurídico no prevé disposición alguna que regule el incumplimiento de esta obligación por parte de los secretarios de Estado, procurador general de la República, titulares de entidades paraestatales y órganos autónomos.
Una de las funciones de control que el Poder Legislativo ostenta sobre los actos de gobierno, y que le dan sustento al principio de división y colaboración de los poderes, es aquélla que se encuentra prevista en los artículos 69 y 93 de nuestro código político.
Por mandato constitucional, en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república está obligado a presentar un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
Sobre el particular, las Cámaras del Congreso de la Unión realizarán un análisis sobre dicho informe, por lo que están plenamente facultadas no sólo para solicitar al presidente de la república amplíe la información mediante pregunta por escrito, sino también para citar a los secretarios de Estado, procurador general y a los directores de entidades paraestatales, y quienes están obligados a comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad.
Asimismo, es facultad constitucional de las Cámaras convocar a dichos servidores públicos, incluidos los titulares de órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o porque respondan a interpelaciones o preguntas.
Los antecedentes de la comparecencia en general se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica en 1792, ya que por primera vez en ese año se utilizó la facultad para citar a funcionarios a declarar, con el propósito de aclarar una derrota contra las tribus indias.
En España encontramos posteriormente otro antecedente con el Estatuto de Bayona de 1808, en su Título IX, relativo a las cortes, artículo 84, señalaba que el ministro de Hacienda debía presentarles las cuentas cada año, para lo cual tenía que asistir o comparecer ante las cortes.
El objeto de esta iniciativa que se persigue con las propuestas de reforma que planteo en la presente iniciativa, es precisamente el de otorgar eficacia a este medio o mecanismo de control parlamentario para perfeccionar nuestro sistema de equilibrios, pesos y contrapesos entre los poderes, toda vez que se prevé la aplicación de una sanción adecuada a los sujetos que siendo convocados o citados en tiempo y forma a comparecer ante las Cámaras del Congreso de la Unión incumplan esta obligación al comparecer.
De tal motivo presento el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89, fracción II y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Rodríguez Acuña: Muchas gracias, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada Luz Carolina Gudiño Corro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Luz Carolina Gudiño Corro: Con su permiso, diputado presidente. La que suscribe, diputada Carolina Gudiño Corro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, del estado de Veracruz, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título sexto y los artículos 136 a 146 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en base en la siguiente
Exposición de motivos.
La soberanía nacional se traduce en la facultad del Estado para dictar sus propias normas y en los términos del artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo.
Los Poderes como órganos constituidos deben limitar su actuar al conjunto de facultades que le otorga la Constitución teniendo como directriz los principios emanados de la misma.
La función esencial del Poder Legislativo es dictaminar leyes conforme al texto, bases y principios establecidos en la Constitución Federal, que regulan las relaciones entre los órganos de poder y los gobernados.
Por ello, como legisladores debemos ser un reflejo de nuestros representados y cambiar también, garantizando a través de la ley, procesos que permitan a los ciudadanos hacer llegar de manera directa y con efectos jurídicos sus legítimos intereses.
La actividad del cabildeo, conocida en otros países como lobbying, tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1829, en el capitolio del estado de Nueva York.
En 1884 se institucionalizó en la estructura parlamentaria formal de Inglaterra, con el objeto de regular estas actividades que realizan los grupos de poder, que generalmente influyen en la expedición de determinadas disposiciones legales o en la toma de decisiones públicas. En Estados Unidos tiene una regulación normativa al respecto.
Por su parte, Costa Rica, Argentina y Perú han preparado proyectos relativos a este tema, introduciéndose términos como el de gestores de interés.
En México, el diputado Efrén Leyva, integrante del PRI, presentó en la anterior Legislatura una iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional del Cabildeo y la Promoción de Causas. A su vez, en el Senado de la República, en 2004, el entonces senador Fidel Herrera Beltrán, comprometido con la ciudadanía presentó una iniciativa en estos términos, hoy propuestos por una servidora, ratificando su compromiso de legislar de forma cercana a la población.
Estos esfuerzos han tenido como común denominador la preocupación de establecer un mecanismo de control que garantice la transparencia en la representación de intereses, promoción de causas y atención a grupos de interés, considerando que el Poder Legislativo, por su naturaleza representativa, es el espacio donde desembocan las inquietudes de la sociedad sobre la agenda legislativa.
Ante el planteamiento de emitir una legislación que regule actividades privadas, exigiendo, por ejemplo, una determinada certificación para ejercerlas profesionalmente, nos encontramos, entre otros, con el conflicto de que la facultad para determinar qué profesiones requieren de una cédula profesional, corresponde para su ejercicio constitucionalmente a los estados y no a la federación, por lo que el Congreso de la Unión no tiene potestad para legislar en la materia.
Otra dificultad es que en diversas iniciativas presentadas al respecto se establece como limitante que la atención de intereses sólo podrá ser solicitada a través de los cabilderos, lo cual vulnera la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional.
Por ello me permito proponer la creación de un título en la Ley Orgánica del Congreso General, que regule la actividad para planear y supervisar las reuniones que se llevan a cabo entre los grupos de interés y los legisladores, en donde también se establezca la creación de una unidad especializada de enlace que dé respuesta a los planteamientos y realice las diligencias que se deriven de estas actividades, pero sobre todo, que establezcan claramente que esos procedimientos de comunicación y análisis de propuestas serán gratuitos.
De esta forma, se prevé un proceso que condense los intereses ciudadanos y que al estar regulado por el propio Estado garantice una efectiva atención al interés colectivo sin miras individuales.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto, mismo del que ?por encontrarse publicado en la Gaceta Parlamentaria? omitiré su lectura. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Luz Carolina Gudiño Corro. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, me presento ante esta tribuna para presentar una iniciativa a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que es la encargada de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Igualmente establece los principios rectores de dicho sistema como son la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.
El artículo 34 de esta ley establece que en casos excepcionales, y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homólogo podrán utilizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere la ley.
Dicha facultad se considera de suma importancia puesto que permite que la administración pública federal atienda de manera oportuna cualquiera de los casos excepcionales descritos en el artículo en comento.
Sin embargo, los propósitos del citado precepto normativo se han desvirtuado ya que en algunos casos tal atribución se ha utilizado para otorgar una indebida ventaja al servidor público eventual frente a los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de Carrera, dentro de los concursos públicos y abiertos para ocupar el puesto temporalmente asignado.
En efecto, el artículo 74 de esta ley establece que los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección estarán integrados por un funcionario de carrera, representante del área de Recursos Humanos de la dependencia, un representante de la Secretaría de la Función Pública y el oficial mayor o su equivalente, quien lo presidirá.
Asimismo, señala que al desarrollarse los procedimientos de ingreso, en sustitución del oficial mayor, participará el superior jerárquico inmediato del área en que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, quien tendrá derecho a voto y a oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros.
En razón de la conformación del comité técnico se considera que la participación de los servidores públicos eventuales en los concursos de selección vulneran los principios de imparcialidad y competencia por mérito, puesto que la existencia de una relación laboral vigente con el presidente del Comité Técnico de Selección permite presumir parcialidad.
En consecuencia, los procedimientos de selección se ven limitados subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad y evaluar a personas con las que existen vínculos de afecto laborales o relaciones de dependencia o antagonismo. Igualmente se puede presumir parcialidad, aún si el superior jerárquico inmediato se excusa de intervenir en el procedimiento de selección, puesto que también existe una relación laboral vigente con el siguiente superior jerárquico del área.
Con fecha 6 de septiembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que establece en su segundo artículo transitorio que se abrogue el acuerdo mencionado anteriormente.
Cabe precisar que en el texto del reglamento de la ley no se menciona de manera explícita si el servidor público temporal podrá o no participar en el concurso abierto para ocupar el puesto de que se trate. Simplemente se da por entendido que al no existir prohibición expresa en la propia ley, los servidores públicos eventuales nombrados con motivo de algunas de las excepciones podrán participar en el concurso respectivo.
En otro orden de ideas, se estima que la facultad del superior jerárquico inmediato de oponer su veto razonado a la selección aprobada por los demás miembros del Comité Técnico de Selección, establecida en el segundo párrafo, del artículo 74 de la ley, vulnera los principios rectores del sistema del servicio profesional. En principio, es necesario precisar que dicha facultad tiene su origen en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio Público, a cargo del entonces senador César Jáuregui.
En el texto de dicha iniciativa se establece que el subsistema de selección se basará en el mérito y la igualdad de oportunidades, a través de concursos de selección, y que los aspirantes a ser servidores públicos serán escogidos por un comité formado por la persona que sería su jefe directo o miembro de la Dirección de Recursos Humanos de la dependencia en cuestión y un representante de la Secretaría de la Función Pública.
Diputado presidente, por economía parlamentaria, solicito se inserte de manera íntegra el texto de la iniciativa presentada por la de la voz, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Esthela Damián Peralta. Como lo solicita insértese y túrnese a la Comisión de Gobernación.
Se pospone la participación del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastelúm Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. La que suscribe, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo y 97 firmas de compañeros, sometemos a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, del artículo 5o, y se adiciona el inciso a), de la fracción III, del artículo 5o, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en los términos que establece nuestro marco jurídico vigente y conforme a las siguiente
Exposición de motivos
En el presente año se cumplen 67 años de la firma del Convenio Binacional del Programa Braceros entre los Estados Unidos de América y México. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha podido pagarle la cantidad de dinero que por derecho les corresponde.
En atención a las múltiples protestas y demandas presentadas por organizaciones de ex braceros, convoco a los compañeros legisladores y compañeras legisladoras a que actuemos a favor de este sector, impulsando las gestiones, acuerdos y dictámenes correspondientes con el objeto de obtener recursos de los estados y de la federación suficientes para poder finiquitar este compromiso con México y sus ciudadanos, dándole punto final a la tarea que nos fue encomendada como legisladores.
Como ustedes recordarán en 1942, procurando una fuente de trabajo para trabajadores agrícolas y obreros mexicanos, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Manuel Ávila, y el presidente de los Estados Unidos, en ese entonces Franklin Roosevelt, ofrecieron un acuerdo binacional en donde se estableció la creación de más de 5 millones de contratos de trabajo. Éstos se celebraron entre 1942 y 1964 de manera temporal, con el objetivo de que nuestros compatriotas participaran en tiempos difíciles con nuestro vecino del norte.
Estos recursos ahorrados no fueron regresados a los trabajadores migratorios tal y como el convenio lo establecía, quedando sí los recursos que tanto esfuerzo habían tenido los trabajadores migratorios por años.
Por ello, señoras y señores legisladores, es de importancia atender esta situación y ponerle punto final a esta problemática. Debemos acentuar las coincidencias en este tema, con el objetivo de generar compromisos entre los legisladores y sus fracciones parlamentarias, entre el Congreso de la Unión, los órganos y niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, a nombre de 97 compañeros legisladores someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, los cuales son los siguientes:
Artículo 5o. El Comité técnico tendrá, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades:
I . ?
II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorguen los apoyos por la cantidad de 38 mil pesos en una sola exhibición, mismas que se podrán entregar a los beneficiarios en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación de la Relación de Apoyos Programados en el Diario Oficial de la Federación.
Se deberá dar preferencia a los trabajadores con enfermedades temporales. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Hadamira Gastélum Bajo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ibarra.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Para suscribir la iniciativa que acaba de presentar la diputada Diva, si no tiene objeción alguna.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo si está de acuerdo en que el diputado Ibarra se adhiera a su propuesta.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo la diputada. Todas aquellas y aquellos diputados que deseen suscribirla favor de pasar a la Secretaría.
Señoras y señores diputados, se encuentran entre nosotros maestros y alumnos de la Secundaria Técnica Industrial número 105, de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51-Bis 4 de la Ley General de Salud.
El diputado Miguel Antonio Osuna Millán: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, la iniciativa que hoy me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea es de la mayor relevancia y trascendencia, con miras a fortalecer el derecho a la salud consagrado en nuestra Carta Magna.
La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los servicios y principios de conducta humana de la vida, incluyendo todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, y en este caso, por supuesto, con la práctica médica.
Como disciplina, relativamente nueva, abarca las cuestiones éticas acerca de la vida y de la medicina que surgen entre las relaciones de disciplinas como la biología, la nutrición, la medicina, la política, el derecho, la filosofía, sociología, antropología, teología, etcétera.
La bioética entendida como el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, encuentra sus cimientos y base fundamental en los cuatro principios derivados del Informe Belmont, que son: el respeto por la autonomía, la beneficencia, el principio de la no maleficencia y, por supuesto, como norma máxima el de la justicia; justicia para el paciente y justicia para el usuario de los servicios médicos.
Mediante la presente iniciativa proponemos adicionar un artículo: el 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, dentro del capítulo de "Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad", con un objetivo muy concreto: incorporar en la ley la obligación para las instituciones de salud de constituir comisiones de bioética, mismas que estarán dedicadas a la resolución de los dilemas derivados del ejercicio de los derechos de los usuarios con respecto a sus actividades de atención médica que ya contempla la ley.
Pero, ¿por qué estamos proponiendo esta reforma? Es cierto, actualmente la ley ya contempla la creación de comisiones de ética; sin embargo, éstas se encuentran limitadas y circunscritas única y exclusivamente a la materia de investigación para la salud aplicada a seres humanos.
Por ello es necesario ir más allá, pero mucho más allá. En caso de contar con el apoyo de las comisiones dictaminadoras y de los diversos grupos parlamentarios representados en ésta, la casa del pueblo, mediante esta iniciativa podremos contar con comisiones de bioética en todas las instituciones de salud y así podríamos hacer realidad la resolución óptima de los múltiples dilemas bioéticos que se derivan todos los días en los servicios de salud, por supuesto, en beneficio de las y los mexicanos.
¿Por qué la creación y desarrollo de las comisiones de bioética impactarían de manera positiva en la salud de los mexicanos? Está muy claro. La utilidad de estas comisiones radica en la certeza que se generaría en el ejercicio de los derechos de los usuarios, en la notoria mejoría de la calidad de los servicios de salud y, finalmente, en el análisis y la resolución cotidiana y casuística de los casos de pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que éstos deciden ejercer el derecho de rechazar el tratamiento médico de carácter curativo, para recibir cuidados paliativos.
Compañeros legisladores, la presentación de esta iniciativa está inspirada en el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral, que es la dignidad de la persona. Los derechos del paciente y los deberes del médico son un binomio sagrado que tenemos la obligación de tutelar.
Le solicito, diputado presidente, que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Miguel Antonio Osuna Millán. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia.
El diputado Alejandro Carabias Icaza: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito diputado Alejandro Carabias Icaza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, suscribe iniciativa de Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia bajo la siguiente
Exposición de motivos
En el México actual cada vez son más las mujeres que por distintos motivos han tenido que asumir las funciones de jefas de familia como únicas responsables del hogar para cubrir aspectos como los económicos, afectivos, emocionales y formadores de los hijos.
En este contexto resulta indispensable adoptar medidas tendientes a asistir el desarrollo de los hogares que se encuentran en esta condición. Son 5.7 millones de hogares que representan casi la cuarta parte de los hogares en México que son encabezados por mujeres, por lo que las oportunidades o la marginación repercuten no sólo en ellas, sino en el bienestar de todos los que conforman estas familias.
En consecuencia, la falta de ingresos y oportunidades de las mujeres jefas de familia para proveer las necesidades del hogar pueden representar una grave dificultad para el desarrollo de los hijos menores de edad y su posibilidad de asistir a la escuela, tener una correcta alimentación y una atención a la salud.
De igual forma, la probable inestabilidad generada en el hogar por la falta de oportunidades y recursos económicos podría incentivar la formación de hogares disfuncionales y una mayor tendencia de los hijos menores de edad al uso de drogas y al riesgo de pasar a formar parte de la delincuencia.
Por todo lo anterior, y con el propósito de proteger el normal desarrollo de los hijos menores de edad de las madres solteras jefas de familia, se propone la expedición de una Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia que tenga por objeto establecer la obligación del gobierno federal de implementar políticas públicas y los programas que sean necesarios para otorgar asistencia a las madres solteras jefas de familia y a s hijos menores de edad, para garantizarles el acceso a una mejor calidad de vida y a la integración plena a la sociedad.
De igual forma, se propone establecer a nivel nacional la obligación a cargo de la autoridad de implementar un programa a través del cual se brinde un apoyo económico temporal a las mujeres que son madres solteras jefas de familia y que tengan a su cargo hijos menores de edad cuando pierdan su empleo o su fuente de ingreso no garantice el proveer lo mínimo indispensable a sus hijos, que es el alimento, de acuerdo a lo referido por el Código Civil.
La expedición de la ley se propone y resulta ineludible por las siguientes razonas: porque aún cuando la federación ha implementado diversos programas con el propósito de ayudar a las mujeres, los mismos no atienden de forma específica a las mujeres jefas de familia solas, por lo que las mismas tienen que participar dentro del universo de población objetivo para poder acceder a los beneficios del programa en comento.
La falta de acceso a esos programas ha llevado a que algunos estados de la república, como Morelos y Zacatecas, implementen programas dirigidos a mujeres en esta condición. La desventaja de estos programas es que en algunos casos son de carácter temporal o no se tienen recursos suficientes para atender al grueso de las mujeres en esta condición.
Por todo lo anteriormente expuesto presento hoy esta iniciativa de Ley Federal de Asistencia a Madres Solteras Jefas de Familia. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Alejandro Carabias Icaza. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Inversión Extranjera.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hace unos días se dio la noticia que México regresa a la posición de los países más favorecidos por la entrada de inversiones extranjeras directas procedentes de los Estados Unidos.
Seguir permitiendo el libre acceso a la inversión extranjera en México requiere responder a varias interrogantes, si queremos aprovechar los beneficios integrales que brinda a nuestra economía.
Por ejemplo, ¿qué le aporta a nuestra economía en materia de transferencia tecnológica? Porque en el caso de las economías del sureste de Asia, esta transferencia tecnológica ha sido muy positiva para todos estos países, al grado tal que sus empresas pueden reproducir la tecnología y utilizarla en beneficio propio, sin pagar ningún derecho por el uso de la patente.
Por ejemplo, China. Impuso varios requisitos a la entrada de la inversión directa, extranjera directa, entre los que destacan los siguientes: constitución obligatoria de empresas conjuntas a cambio de acceso al mercado, que depende del aporte que hagan de una tecnología específica, incluyendo las futuras mejoras tecnológicas en sectores como la industria automovilística o en la fabricación de locomotoras; a la ampliación de una inversión ya establecida puede condicionarse a la creación de un centro local de investigación y desarrollo o a otras formas de transferencia de conocimiento; la transferencia de diseños y conocimientos del proceso productivo mediante documentación técnica detallada, que obliga a las empresas extranjeras a formar mano de obra China, para que en el futuro ésta pueda diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichos modelos en otras zonas del país; la homologación y licencias para acceder al mercado. Muchos productos deben ser certificados por un instituto chino de homologación o están sujetas al otorgamiento de una licencia de un ministerio chino, antes que se les permita ingresar al mercado de este país.
En el caso de Corea del Sur, se pide a la inversión extranjera directa a cumplir con los siguientes requisitos: la transferencia de tecnología para la producción que incluye la planificación industrial, el diseño y el desarrollo de centros de producción. Al igual que el caso chino, la empresa extranjera está obligada a transferir la documentación correspondiente, para el diseño, planos de procedimientos, especificaciones técnicas y de producción de calidad, mantenimiento y reparaciones para que los obreros coreanos puedan reproducir la tecnología específica del sector, objeto de la explotación. Asimismo, la empresa extranjera asociada o establecida en ese país debe formar en su país de origen a los obreros coreanos que lo requieran, para el caso de la producción de que se trate.
¿Qué pasa en el caso de la legislación mexicana? En ninguna materia, no se establece la obligación específica sobre la transferencia tecnológica a las empresas extranjeras que tienen su asiento en nuestro territorio.
Desde 1972 se expidió la Ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, y en las reformas que se han hecho a la Ley de Inversión Extranjera no se establece ninguna disposición que permita a los obreros y técnicos mexicanos a capacitarse para adquirir los conocimientos tecnológicos de los procesos productivos que explotan estas empresas.
Para los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, creemos que ha llegado la hora de normar la transferencia de tecnología en nuestra nación por parte de la inversión extranjera directa.
Por ello, proponemos reformar la ley de la materia y establecer la obligación de que se traduzca esa transferencia a favor del país en materia de diseño y conocimiento de procesos productivos, mediante la documentación técnica detallada, que obligue a las empresas extranjeras a capacitar a los obreros y técnicos mexicanos, para que en el futuro puedan diseñar las máquinas y equipos sin ayuda exterior, para utilizar dichas tecnologías en la creación de nuestros propios modelos.
Si países como China, la India, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong y Filipinas lograron conformarse en maquiladoras independientes que están integradas a las cadenas del valor mundial, con capital propio y produciendo y reproduciendo tecnologías de las empresas extranjeras que se asientan en sus territorios para aprovechar las ventajas que se derivan del factor tecnológico, que también en México nosotros podemos hacer.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo IV al Título Primero de la Ley de Inversión Extranjera, para establecer los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras en materia de aprendizaje tecnológico y operativo, a favor de los obreros e ingenieros mexicanos.
Le solicito a usted, señor presidente, que se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea, y hago entrega a la Secretaría de la misma. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado Vázquez González. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Economía.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros miembros del Club Rotario, del estado de México, invitados por el señor diputado José Luis Velasco Lino; así como maestros del estado de Veracruz, invitados por el diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo. Sean todos ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. A nombre del diputado Germán Contreras, y del mío propio, presento a esta soberanía iniciativa de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de que la Cámara de Diputados intervenga en la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en dos Cámaras: una de Diputados y una de Senadores. Actualmente y con fundamento en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo es bicameral.
Ambas Cámaras son iguales en lo que respecta al proceso legislativo, aunque cada una de ellas tiene facultades exclusivas que las hacen diferentes una de la otra. Los senadores, al igual que los diputados, tenemos la voluntad legislativa del pueblo mexicano, construyendo ambas Cámaras el cuerpo legislativo de la nación.
Es necesario considerar el bicamerismo como un medio de organización parlamentaria que pretendió erigirse como un órgano independiente de la influencia gubernamental sobre la composición personal y sus funciones legislativas, que es la rama del derecho que tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad ya que crea, reforma y deroga normas jurídicas que delimitan y organizan a la sociedad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace en 1990, siendo un importante avance para instrumentar verdaderas instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos, pero aún falta camino por recorrer en virtud de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de autonomía respecto del Poder Ejecutivo, ya que al ser nombrado su presidente únicamente por la Cámara de Senadores, siendo ésta la Cámara que tiene la facultad de vigilar al Ejecutivo, podría provocar presiones indeseables en el actuar del ombudsman, así como no cumplir con el principio de equidad entre las Cámaras.
Con base en lo anterior, presentamos ante esta honorable Cámara de Diputados, el diputado Germán Contreras y una servidora, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo Primero. Se reforma el apartado B, párrafo quinto, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores.
Artículo 2º. Se reforma y adiciona el artículo 10 y 18 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, y ratificado por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores o, en su receso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.
Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad.
Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados propondrá al pleno de la misma una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.
Artículo 18. Los miembros del Consejo Consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, y ratificados por el mismo número de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores.
La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, previa auscultación de los sectores, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.
Transitorio. Las presentes reformas entran en vigor al día siguiente de su publicación. Es todo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo. Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Gabriela Cuevas Barron y Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado Jaime Flores tiene la palabra.
El diputado Jaime Flores Castañeda (desde la curul): Diputado presidente, nada más para solicitarle a la diputada Diva si me puedo sumar a su punto de acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Diputada, le preguntan si puede usted aceptar el que otros compañeros diputados suscriban su documento. Está de acuerdo, por lo tanto pasen a la Secretaría. Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas.
La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado presidente. La transparencia y rendición de cuentas son elementos inherentes a los regímenes democráticos, ya que otorgan certidumbre y legitimidad a las diversas acciones que emprende el gobierno en beneficio de los ciudadanos.
Prueba de ello son los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que condicionan a que los países solicitantes de financiamiento para proyectos, cuenten con herramientas que permitan hacer del conocimiento, tanto para los propios organismos como para los ciudadanos en general, la utilización de dichos recursos. Entre otras cosas, ello hace indispensable que el cambio democrático no sólo se simplifique en buenas intenciones, sino que implique también cambiar las instituciones del Estado.
En este sentido, la incorporación de mecanismos que promuevan el acceso a la información, así como la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, se constituyen en primordiales para consolidar las democracias contemporáneas.
En efecto, incentivar una cultura de transparencia al interior de la administración pública implica transformar el modo en que los funcionarios públicos desarrollan su trabajo cotidiano, ya que trastoca desde la organización de información hasta el aceptar que los documentos que generan no son de su propiedad. Esto es modificar por completo la concepción del servicio público.
Además de esta calificación, México se coloca en la quinta posición en el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria, realizado por Fondart, Centro de Análisis e Investigación. El país obtuvo el peor resultado en los últimos 6 años al situarse en los 48 puntos.
De acuerdo a esta investigación, la menor transparencia en el presupuesto de México puede explicarse, porque en la práctica la información difundida por las autoridades es confusa, incompleta, crea más duda y/o simplemente es inútil para la rendición de cuentas.
Por dar un ejemplo, por más que existan leyes de transparencia estatales, el cumplimiento de las mismas deja mucho que desear, sobre todo en los municipios y algunos gobiernos estatales.
Uno de los principales promotores de transparencia en el ejercicio del gasto público es el tan controvertido municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Dicho municipio publica mensualmente de manera específica el dinero que gasta cada oficina, además de publicar las compras diarias que realiza.
Para ello, los ciudadanos deben contar con las herramientas que les permita evaluar la aplicación del presupuesto destinado a combatir sus principales necesidades.
Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: ¿quién gasta? ¿En qué? ¿Cómo lo hace? Además de los resultados tangibles en la aplicación de los recursos públicos.
La Ley de Coordinación Fiscal, ordenamiento que regula la participación de recursos federales por parte de los estados, tiene por objeto, de acuerdo al artículo primero de la ley, coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios y el Distrito Federal.
Sin embargo, si bien es cierto dicha ley prevé que los estados y el Distrito Federal rindan informes al Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Hacienda, no especifica qué deberán contener dichos informes, por lo que al ser la ley que establece la reglas en que serán repartidos los recursos debe contener las bases mínimas que detallen la ejecución del mismo con al menos dos elementos fundamentales que demuestren su real aplicación: la unidad administrativa que ejecutó el presupuesto y el detalle de su explicación.
Solicito, señor presidente, que ya a detalle se pueda integrar completa la iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Diputado, dígame.
El diputado Pablo Rodríguez Regordosa (dese la curul): Gracias, presidente. Sólo para preguntarle a la diputada Cuevas si podemos adherirnos a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le preguntamos a la diputada Cuevas si acepta que se adhieran a su propuesta.
La diputada Gabriela Cuevas Barron (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo, por lo tanto todas y todos aquellos legisladores que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría a suscribirla. Adelante, diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy tiene por propósito proteger, garantizar, establecer las vías procesales que hagan posible que los derechos colectivos en México, los derechos e intereses difusos y los intereses y derechos individuales de incidencia colectiva sean una realidad mediante un sistema procesal específico, que se contempla en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Como todos sabemos, en nuestro país el sistema procesal ha sido diseñado desde una clave individualista. Es un derecho procesal y un sistema procesal, en donde lo que se protege son derechos individuales de las personas.
En muy pocas materias, en casi ninguna, existen procedimientos para garantizar derechos colectivos. Por ejemplo, en materia laboral existen algunos mecanismos para garantizar los derechos colectivos de los trabajadores; o en materia agraria y más recientemente respecto a los derechos al consumidor. Pero en general el sistema procesal mexicano, incluyendo al juicio de amparo, está diseñado en clave individualista.
Esta situación no puede continuar, porque cada vez en el mundo entero y en nuestro país hay derechos, que no solamente son individuales y son derechos fundamentales, sino derechos colectivos.
La evolución de la teoría de los derechos humanos nos habla de generaciones de derechos. Derechos de la primera generación, de la segunda, de la tercera, en donde hay un buen número de estos derechos de carácter colectivo.
Estos tratados internacionales, de las distintas generaciones de derechos, han sido ratificados por nuestro país. ¿En qué derechos colectivos estamos pensando? Por ejemplo, derechos que garantizan el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al patrimonio de la nación, al medio ambiente; los derechos de los consumidores, los derechos de los usuarios, de los servicios bancarios y financieros.
En el mundo entero, principalmente en el mundo anglosajón, pero también en América Latina, existen importantes instrumentos procesales de tutela de estos derechos colectivos. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy conocida la existencia de las class action para proteger derechos colectivos; pero también en América Latina, por ejemplo en Brasil, en Argentina, en Colombia se regulan mecanismos procesales para tutelar derechos colectivos.
En México ha sido preocupación de muchas organizaciones no gubernamentales, de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República, prever a nivel constitucional la existencia de las acciones colectivas y de los procedimientos colectivos. El año pasado, 2009, en abril, la anterior legislatura aprobó una modificación al artículo 17 de la Constitución para establecer acciones colectivas, pero la gran deficiencia de esa modificación al artículo 17 estribó en que solamente se daba legitimación procesal a las autoridades y no a los ciudadanos.
El 10 de diciembre del año pasado el Senado de la República modificó la redacción que había aprobado la Cámara de Diputados y dejó abierta la posibilidad para que las acciones, derechos colectivos, pudiesen ser promovidos no solamente por autoridades, sino también por ciudadanos.
En este momento está pendiente que la Cámara de Diputados apruebe o modifique lo aprobado en el Senado de la República en diciembre. Espero que lo más pronto posible el pleno de esta Cámara resuelva y dictamine favorablemente la aprobación realizada, por unanimidad en el Senado de la República, el 10 de diciembre.
Una vez que esta modificación constitucional se dé, que pase por la aprobación de la Cámara de Diputados y por las legislaturas locales, se requerirá la elaboración de una ley secundaria, de una ley reglamentaria que tutele y que permita que las acciones colectivas sean una realidad en nuestro país.
Me estoy adelantando y estoy proponiendo una modificación al Libro Tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles para regular de manera detallada cómo se ejercería por parte de ciudadanos y autoridades esa posibilidad, para que los derechos colectivos, los intereses difusos sean una realidad en nuestro país.
Espero la aprobación de ustedes, compañeros, en su momento, y el respaldo a esta iniciativa que desde luego fortalecerá la democracia participativa en nuestro país y el régimen de derechos colectivos y, por tanto, de los derechos fundamentales. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Túrnese a la Comisión de Justicia.
Tiene la palabra la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Tiene la palabra el diputado Juventino Castro. A sus órdenes, diputado.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro (desde la curul): Gracias, señor presidente. Es nada más para que hacer la petición al diputado Cárdenas de adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Le pregunto al diputado Cárdenas Gracia si está de acuerdo que el diputado Juventino Castro se adhiera a su propuesta.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Estoy de acuerdo, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el señor diputado; por tanto, todas aquellas diputadas y todos aquellos diputados que deseen suscribirlo favor de pasar a la Secretaría para firmar el documento correspondiente. Tiene la palabra la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes.
La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El ser humano es persona con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.
En función de la dignidad y la libertad, todo régimen democrático debe respetar y promover y garantizar no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana.
Esto es, de aquellos que son titulares de todos los miembros de una comunidad política, sin distinción alguna, por el sólo hecho de ser personas: derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar social.
De tal suerte, toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada y, en su caso, sancionada.
La discriminación implica expresión de aptitudes que atentan contra la dignidad de la persona, y cuando estas actitudes se transforman en acciones delictivas deben de ser sancionadas.
La existencia de delitos que tienen origen en algún tipo de discriminación nos lleva a considerar indispensable el proponer la presente iniciativa, en la que se propone tipificar en el Código Penal Federal los delitos contra la dignidad de las personas, en aras de que el pleno respeto y la efectiva erradicación del problema sean una realidad.
Si bien, las cuestiones orientadas a la prevención de la discriminación se encuentran ya contempladas tanto en la Constitución Política como en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, actualmente el Código Penal Federal no incluye expresamente el tema de crímenes por discriminación, y consideramos que dicha laguna debe ser superada, con lo que se reforzará la garantía individual establecida en el artículo 1o de la Constitución.
Vale resaltar que algunas entidades federativas como son Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chiapas, el Distrito Federal, Durango y Veracruz, ya han tipificado la discriminación como delito dentro de sus respectivos códigos penales. Más aún, vale resaltar que a nivel internacional, países como Estados Unidos, Ecuador, Perú y España, entre otros, cuentan ya con una legislación en la materia.
Los delitos por discriminación tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a un determinado grupo social, según su edad, raza, género, religión, etnia, nacionalidad, afiliación política, discapacidad u orientación sexual.
En nuestro país, los delitos contra la dignidad de las personas son un problema que ha tomado dimensiones considerables. Sólo por citar algunos ejemplos, de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 mil 726 mujeres han sido asesinadas en el país de diciembre de 2006 a octubre de 2009, la mayor parte por violencia intrafamiliar. Pero el 7 por ciento de éstas fueron ejecutadas, cayeron abatidas en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o las mataron traficantes de personas. Al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta en México en los últimos 10 años.
Además, las estadísticas demuestran que sólo entre 2002 y 2007 han sido asesinadas mil personas en crímenes homofóbicos, tal como reveló en mayo de 2007 esta honorable Cámara.
Por otro lado, estadísticas sobre el mercado laboral señalan que el 90 por ciento de las ofertas de empleo dejan fuera a las personas mayores de 35 años. Datos de las asociaciones civiles refieren que hay un millón 144 mil 329 personas desempleadas por discriminación laboral, y que 55 por ciento de la desocupación se origina por alguna clase de discriminación.
También tenemos cifras que revelan que en México persiste la discriminación laboral, pues existe una brecha de 30 por ciento entre los ingresos de las mujeres y hombres, sólo 25 por ciento de las personas con discapacidad están ocupadas, 3 de cada 10 trabajadoras son discriminadas por estar casadas o tener hijos, y es reducido el número de adultos mayores que recibe prestaciones sociales.
La iniciativa que hoy vengo a presentar ante este pleno y cuyo texto íntegro solicito sea publicado en el Diario de los Debates, tiene por objeto incluir un Título Tercero Bis, del Libro Segundo del Código Penal Federal, con el fin de tipificar los delitos contra la dignidad de la persona, toda vez que la propia Constitución contempla la prohibición de la discriminación y que ante la realidad que vivimos de violencia y discriminación contra los grupos menos favorecidos, se vuelve necesario el tomar acciones encaminadas a hacer valer los derechos de todos y a velar por la dignidad de la persona humana, contribuyendo así a una sociedad más justa y más equitativa.
Compañeros diputados, hoy más que nunca debemos de ser sensibles a las necesidades de la sociedad, especialmente de los más desfavorecidos; por eso les pido que apoyemos esta iniciativa que no busca más que darle justicia y equidad a aquellos que más lo necesitan. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes. Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Justicia. Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco.
La diputada Rosi Orozco (desde la curul): Para pedirle a la diputada si nos podemos adherir a su propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pregunto a la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, si está de acuerdo en que la diputada Orozco se adhiera a su iniciativa.
La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (desde la curul): Sí, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Todas aquellas y aquellos compañeros legisladores que deseen hacerlo, favor de pasar a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros: el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que busca modificar la fracción III, párrafo primero, del artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de que se eleve de 9 a 25 veces el salario o el ingreso equivalente que deberá quedar exento de la aplicación del Impuesto Sobre la Renta para las personas jubiladas.
Esta iniciativa se fundamenta en varias razones. La primera es una razón moral y legal. Estas personas ya pagaron impuestos durante toda su vida y no es justo que ahora sus ahorros sean doblemente gravados, como lo hizo recientemente o como lo está haciendo la Secretaría de Hacienda y que a partir del mes de febrero ha empezado a aplicar el Impuesto Sobre la Renta a estas personas.
¿Por qué 25 salarios mínimos? 25 salarios mínimos porque es el tope máximo que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que las personas se jubilen.
¿Por qué? Quizás a algunos se les haga una percepción muy alta, pero no debemos de olvidar que la mayoría de los jubilados incrementan, por su misma edad, sus gastos en salud, que muchas veces tienen que acudir a las instituciones de seguridad social, ya sea al IMSS o al ISSSTE y esas instituciones no cuentan con medicinas o no cuentan con los servicios apropiados.
Estas personas también ya pagan impuestos cuando consumen, pagan predial, pagan servicios; entonces, no es un monto elevado la percepción que pueden tener derivada de toda una vida de trabajo.
Creo y estoy convencido que la situación hacendaria de este país no se va a corregir gravándoles o descontándoles impuestos a los jubilados. Creo que antes de eso el Estado tiene que eficientar su gasto, reducir el gasto superfluo, acabar con la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para la aplicación y para el cobro de impuestos.
Creo también que hay otras formas y que estamos obligados a revisar cuál es la realidad del sistema pensionario del Estado.
Hay algunos funcionarios que dicen que son pocas las personas, son 75 mil personas las que están siendo afectadas en la actualidad; son 75 mil personas que laboraron toda su vida y que ya no tienen por qué seguir pagando impuestos, porque ya los pagaron.
También es pertinente mencionar que estamos obligados a revisar el resto del sistema pensionario, las pensiones privadas.
El presupuesto de gastos fiscales nos muestra que hay un boquete de 20 mil millones de pesos porque no sabemos en realidad cuál es el tratamiento fiscal a estos sistemas de pensiones privados, que éstos sí son ?a veces, y muchas veces? para gente con mucho, mucho mayor poder adquisitivo.
También debemos revisar qué sucede con las pensiones de la banca de desarrollo. Por ejemplo, el otro día platicaba con un funcionario de la Secretaría de Hacienda y hay la posibilidad de que personajes importantes de la banca de desarrollo tengan dos jubilaciones: la de la banca de desarrollo y la que les otorga el ISSSTE. Creo que estas cosas son las que hay que revisar.
En tanto, los invito a sumarse a esta iniciativa que lo único que busca es restaurar la equidad, restaurar la justicia social y darle un poco a los jubilados por tanto trabajo que le han brindado a México. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Di Costanzo Armenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sí, señor diputado Lerdo de Tejada.
El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (desde la curul): Gracias, presidente, con su permiso. Para preguntar si me permite el proponente sumarme a su exposición, más allá de que se discutirá profundamente en la Comisión de Hacienda.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al señor diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta si está de acuerdo en que el señor diputado Lerdo de Tejada se adhiera a su iniciativa.
El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta (desde la curul): De acuerdo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo. Por tanto, todas aquellas y aquellos diputados que deseen hacerlo, favor de pasar a suscribirlo. Sí, diputado, dígame.
El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (desde la curul): Si me permite, señor presidente. Contrastando los órdenes del día, en el previo, aparecía en el punto 19 este tema que se acaba de exponer, que aparece como punto 20 agregado. Qué bueno que se haya dado esta negociación política para incorporarlo.
Yo quisiera dejar sentado, y solicito que se asiente en el Diario de los Debates, que de parte de Nueva Alianza también hubo una propuesta en el mismo sentido, que lamentablemente no fue incorporada pero que va exactamente en el mismo sentido de la que se acaba de exponer y que se habrá de complementar en tiempo y forma.
También desear que me permita, si así lo acepta el diputado Di Costanzo, adherirme a la iniciativa que propuso en su momento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña El diputado ha manifestado su aceptación a que se sume todo aquel compañero legislador que desee hacerlo.
Le informo solamente que en la reunión previa de la Mesa Directiva se había recibido por parte de la propia Junta de Coordinación Política esta propuesta, misma que se aprobó en Mesa Directiva que fuera considerada. La suya no nos llegó, señor diputado, si no con muchísimo gusto hubiéramos hecho lo procedente a efecto de que pudiera dársele lectura. ¿Algún otro compañero? Sí, diputado Gerardo Fernández.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sólo añadir a lo que usted informa al compañero diputado que, efectivamente, no hubo ninguna negociación política, sino que la Mesa Directiva, de manera unánime, consideró que como sólo quedaba una iniciativa más para la siguiente sesión se incorporara a este pleno. Fue un acuerdo transparente. Claro, un acuerdo político también lo es, pero no fue el caso, sino que fue un acuerdo unánime de la Mesa Directiva en este sentido.
Aprovecho para sumarme a la importantísima iniciativa que ha presentado el compañero Mario Di Costanzo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña Como usted lo comenta y en tales condiciones, todas y todos aquellos compañeros que deseen sumarse pasen por favor a suscribirla. Continuamos con el orden del día y entramos al Dictamen de primera lectura
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión de Puntos Constitucionales.
En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Queda de primera lectura. Continuamos con el orden del día que son Proposiciones
Esta Presidencia recibió del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con relación a la pérdida de empleos y la estrategia anunciada por el presidente de la república en su mensaje de año nuevo, así como para que informe sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la asunción de sus funciones por la Comisión Federal de Electricidad. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se recibió de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), realice las acciones conducentes a efecto de evitar el daño ecológico, económico y social a la zona denominada Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Se recibió del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo relativo al control de precios de los productos de la canasta básica. Túrnese a la Comisión de Economía.
Se recibió del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de PEMEX (Petróleos Mexicanos) a fin de uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Energía emitan las Normas Oficiales Mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por PEMEX Refinación a las gasolineras; y a la Comisión Federal de Competencia, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Condusef (Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impulsen la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito. Túrnese a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el señor diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), se coordine con el gobierno de San Luis Potosí para implementar y elaborar un programa de acción para la conservación de las especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir su venta ilegal en el municipio de Guadalcázar de esa entidad.
El diputado Juan Pablo Escobar Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. En el estado de San Luis Potosí se ha venido presentando una situación que atenta contra la biodiversidad y afecta una gran cantidad de especies silvestres.
Charco Cercado es una comunidad perteneciente al municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. A partir de una aguda sequía entre 1947 a 1953, sus habitantes se vieron en la necesidad de pedir limosna a la orilla de la carretera y, posteriormente, intercambiar pequeños mamíferos y aves por dinero y/o comida.
Al día de hoy encontramos que los pobladores han colocado una cantidad considerable de puestos semifijos entre los kilómetros 96 a 105 de la carretera 57, México-Nuevo Laredo en su tramo San Luis Potosí-Matehuala.
En este lugar se venden indiscriminadamente flora y fauna de la región. A cualquier persona que se presente en este lugar le son ofrecidos búhos, cervatillos, pieles de víbora de cascabel, veneno de las mismas, cactáceas y otras, muchas de las cuales se encuentran contempladas dentro de la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 de protección ambiental, donde se contemplan las especies en riesgo.
En el aspecto de prevención la Procuraduría de Protección al Ambiente ha realizado en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República diversos operativos, el más reciente, el pasado julio de 2009 donde se capturó a uno de los presuntos líderes de este centro de extracción, acopio y venta ilegal de especies silvestres.
A últimas fechas, estas mismas personas comercializan especies no endémicas de la región, como loros y quilas huastecas. Esto hace sospechar que estos puestos son el punto de venta de traficantes organizados de vida silvestre.
Desde el punto de vista social y así como para ofrecer a los habitantes de Charco Cercado oportunidades de desarrollo económico, se han implementado diversas acciones como son la electrificación y rehabilitación de pozos para el riego agrícola, electrificación doméstica y conducción de agua potable; se establecieron una granja avícola y una porcícola; se otorgó ayuda para las viudas y para los inválidos; desayunos infantiles por parte del DIF; parador para venta de comida, artesanías y fauna permitida; programa de manejo de agostaderos, así como la canalización de servicios de salud, pese a que en las dos comunidades cercanas existen clínicas.
No obstante la diversas inversiones realizadas en la comunidad, la gente continúa día a día realizando la captura, acopio y venta ilícita de vida silvestre, además de existir ahí prostitución infantil.
En el exterior de la comunidad existe una imagen de miseria, lo que conmueve profundamente a la opinión pública.
Cualquier acción punitiva por parte de la autoridad se ve envuelta en manifestaciones y ataques de prensa. Lo anterior no hace más que dificultar la solución a dicho problema.
Considerandos
Que existe el marco jurídico para regular toda vida y toda actividad relacionada con la vida silvestre.
Que en las acciones antes descritas, los habitantes de la comunidad de Charco Cercado violentan la Ley General de Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana Ecológica 059-2001 de Protección Ambiental.
Que con las diversas acciones y su consiguiente derrama económica, que se han realizado con la finalidad de dotar a la población de herramientas y recursos para elevar su calidad de vida, no se han obtenido resultados favorables.
Que la gran mayoría de las personas que son consignadas en los operativos presentan una reincidencia en las conductas ilícitas descritas, ya sea motivados porque las sanciones no son lo suficientemente fuertes o por la falta de recursos para efectuar una vigilancia permanente.
Que se considera urgente que el Gobierno del estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, colaboren de manera coordinada para combatir este problema que se encuentra perfectamente focalizado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se coordine con el Gobierno del estado de San Luis Potosí para elaborar e implementar un programa de acción para la conservación de especies silvestres en peligro de extinción, así como estrategias para combatir la venta ilegal de especies silvestres en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que intensifique las acciones de inspección y vigilancia en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, con el objeto de proteger las especies señaladas en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2001 que habitan en este territorio. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al libro blanco del Instituto Federal Electoral.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Buenas tardes compañeras y compañeros. Quiero proponerles un punto de acuerdo con la seguridad de que voy a contar con la simpatía de todos ustedes Como seguramente saben, hace unos días el Instituto Federal Electoral publicó un llamado "libro blanco" que tiene como propósito rendirse a sí mismo un informe del resultado de la implantación de la legislación electoral recientemente aprobada. El libro blanco ?en esta cuestión extraña que algún día discutiremos con amplitud? se lo presenta a sí mismo y concluyen con que es un espléndido ejercicio el que ha tenido el Instituto Federal Electoral.
De hecho, si ustedes revisan con cuidado el famoso libro blanco no van a encontrar, ni siquiera por un señalamiento de humildad, algo que refleje un ejercicio de elemental autocrítica. Ellos suponen que todo lo realizado estuvo muy bien hecho y que no hay ninguna necesidad de afinar siquiera algún procedimiento en el IFE; cosa con la que yo estoy absolutamente en desacuerdo.
Si ustedes ven, el IFE en este proceso de implantación de las reformas recibió 20 denuncias de distintos tipos y de diversos partidos objetando los procedimientos del Instituto Federal Electoral. De esas 20 controversias, quiero decir a todos ustedes que el IFE no ganó ninguna; perdió las 20. No pudo sostener sus argumentos en ninguna de esas 20 controversias, sino que en los 20 casos tuvieron que reponer el procedimiento a efecto de poder concluir con ese momento procesal.
Es el problema de los llamados organismos autónomos, que nosotros carecemos del cuidado para entrar bien a su naturaleza y revisar bien su comportamiento. Estamos llenos de problemas por los llamados organismos autónomos.
Hoy íbamos a presentar una controversia constitucional con relación a Pemex, que no sé por qué no está en el orden del día. A diario tenemos cuestiones como las que hace el Seguro Social y que nosotros tenemos pocas armas para verlo; el asunto de la Lotería Nacional es un verdadero carnaval de curiosidades e imposiciones, sin que nosotros sepamos cómo nombran al director, cómo lo cambian, qué hace, adónde van los dineros, y ahora el IFE.
Veo que no hay facultades para citar al contralor del IFE, pero les propongo, como yo sé que ya acudió el presidente del IFE a la presentación de la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados, les propongo en este punto de acuerdo que invitemos al presidente consejero del IFE para que acuda a la Cámara y nos platique acerca del libro blanco. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario? Sí, diputado Jaime Cárdenas.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Señor presidente, para solicitar que se me permita adherirme a la propuesta.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Manifiesta el señor diputado su aceptación; por tanto, todas aquellas compañeras y compañeros que deseen participar suscribiéndolo, pasen a la Secretaría.
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a que, a través de la Comisión Reguladora de Energía y de la Profeco, revisen las condiciones de operación comercial y de establecimiento del precio de venta de la empresa Gas Natural de Juárez, SA de CV, y de resultar procedente, se sancione mediante la cancelación de la concesión.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Con su venia, señor presidente. Entre 2008 y 2009 hemos perdido 300 mil plazas laborales directas e indirectas. Se han cerrado 10 mil negocios. Es actualmente la ciudad más violenta del mundo y es parte del estado más frío del país, en donde más muertes por bajas temperaturas se han presentado.
Los problemas para mi comunidad parecieran no terminar. Ciudad Juárez es ahora también la ciudad en donde se paga en gas natural más caro del mundo. En Juárez, o te mueres víctima de la delincuencia o te mueres de frío.
El gas natural se ha vuelto un artículo de lujo inaccesible para miles de familias trabajadoras. El recibo que ustedes ven en tribuna, compañeros, no es un recibo por la mensualidad de un auto de lujo; tampoco es un recibo por la hipoteca de una casa mensual. Es el recibo del mes de diciembre del servicio de Gas Natural de una casa promedio de Ciudad Juárez: 9 mil 500 pesos.
9 mil 500 pesos es el equivalente a un salario mensual de un profesionista joven. Es el equivalente a la despensa de cuatro miembros de una familia promedio. Equivalen, señores, 9 mil 500 pesos, a la angustia de una familia juarense para pagar un recibo de tal cantidad.
La empresa Gas Natural de Ciudad Juárez por 100 años se ha enriquecido de la economía de mi ciudad. Contrató coberturas a futuro a precio fijo de 8.87 y el precio se desplomó en el mercado internacional a 2.88 en promedio. El riesgo comercial es parte del beneficio de ser una empresa monopólica de gas natural. También es parte del privilegio para enriquecerse por un siglo a costa de la economía juarense. En este caso, Gas Natural de Juárez ?la compañía? equivocó el cálculo de su cobertura en precio, volumen y plazo. Eso es innegable.
Grande es el desprecio de la gasera por la opinión de los juarenses, que en repetidas ocasiones se atrevió a culpar a Pemex y a la Comisión Reguladora de Energía por haberla obligado a contratar la cobertura.
Los juarenses por 18 meses hemos esperado responsabilidad de la compañía. Y ni responsabilidad ni cancelación anticipada de la cobertura. Lo que hizo la gasera fue seguir trasladando a los ya mermados hogares juarenses, el precio de su error sin importar enviar recibos de 2 mil hasta 10 mil pesos a las familias de mi muy mermada ciudad, amenazando ?claro? con cortar el gas ante la falta de pagos, sin importar los seis grados bajo cero de la temperatura de invierno de mi estado.
Sin consentimiento alguno, la gasera ha obligado a los juarenses a pagar el gas más caro del mundo hasta en un 400 por ciento. Esta medida unilateral ha ocasionado un daño económico a las familias juarenses por 476 millones de pesos a diciembre de 2009. Y habrá de ser de mil millones de pesos por el daño a la economía familiar a julio de 2011.
Como si eso fuera poco, la compañía no tiene instrumentada ninguna medida de revisión de medidores, los cuales tienen en promedio un uso de 30 años. Cobra de más la cantidad de 68 pesos por recibo que se pague el día de su vencimiento. El pretexto es la reconexión, aún cuando el servicio no sea desconectado. Esta empresa lucra hasta con la falta de dinero de las familias juarenses.
Una tercera parte de los usuarios de gas natural, exigen a este Congreso su intervención para que se inicie una investigación a fondo. El repudio generalizado, compañeros, llegó a tal grado que en cinco días en una manifestación pública recabamos 54 mil firmas, lo que equivale a la tercera parte de los usuarios. De esas 54 firmas, dan testimonio los principales diarios de mi comunidad.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Sí, señor presidente. Por lo tanto, el fundamento de los puntos anteriores, en mi carácter de representante juarense junto con los 54 mil ciudadanos que han firmado en contra de esta compañía, solicito de manera urgente u obvia resolución lo siguiente
Primero. Que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Energía, para que instruya a las autoridades competentes a que inicie procedimiento de revisión de prácticas comerciales, así como la fijación de precio y en caso de proceder, se concluya la cancelación de la concesión correspondiente.
Segundo. Que se determine el impacto económico ocasionado a los consumidores y se realicen los actos legales administrativos para resarcir el daño.
Tercero. Que se exhorte a Profeco para dar entrada a las demandas en contra de las nocivas prácticas comerciales de la compañía Gas Natural de Ciudad Juárez.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la Profeco, suscribir un acuerdo de colaboración que le permita realizar las acciones conducentes para que de manera conjunta realicen las acciones que les permitan dictaminar el daño de las acciones comerciales de Gas Natural de Ciudad Juárez.
Quinto. Se considere la presente como queja interpuesta a nombre de su servidora, como representante de los juarenses y de los 54 mil juarenses afectados por esta empresa, para que pueda ser integrada a las acciones conducentes.
Compañeros, hace días nos enfrascamos en un discurso, en un debate?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada, por favor. El tiempo ha concluido.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes: Solamente les pido que demostremos a la ciudad, a Juárez, que tanto les duele por el problema de violencia que hoy sufrimos, les demostremos su solidaridad en un tema que nada tiene que ver con partidos políticos. Es meramente asunto de economía familiar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Hemos sido extremadamente tolerantes con el tiempo de la exposición de este punto de acuerdo y le pedimos a la Mesa, que para efecto de que podamos cumplir los propósitos que nos hicimos, seamos con todos de cualquier partido extremadamente puntuales en la exigencia del tiempo.
Con respecto al punto, nuestra fracción va a oponerse a la urgente resolución, toda vez que tuvimos un acuerdo de que dicho tema se trataría a fondo en la Comisión de Energía y no vamos a favorecer ninguna postura populista. Vamos a votar en contra de la urgente resolución.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Le informe que con todos los compañeros y compañeras que han intervenido hemos tenido tolerancia respecto de los tiempos y evidentemente, en cuanto concluyó el tiempo, le hicimos la primera recomendación a nuestra compañera, a quien le pedimos que pase a su lugar por favor. Compañera, ha concluido su participación en la tribuna. Estaremos atentos en la aplicación irrestricta del tiempo.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado. Dígame, diputado Serrano. Diputada por favor pase a su lugar, si es tan amable.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Es para ella, diputado.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No, ya ha concluido su participación. No puede haber una intervención más.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Si es tan amable, señor presidente, de preguntarle si me permite adherirme a su propuesta, considerando que es una petición justa. Ojalá se hiciera a nivel nacional.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: ¿Está usted de acuerdo en que se adhieran diputada?
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se pueden adherir todas las compañeras y todos los compañeros que deseen hacerlo. Por favor continúe, señor secretario, preguntando a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Señor secretario, le pido que vuelva a repetir la votación, a efecto de que no quede ninguna duda.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa. No hay dos terceras partes, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: No existen las dos terceras partes como lo señala la Secretaría. Por tanto, no se considera de urgente resolución y se turna a la Comisión de Energía.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol, y considere tales resultados en la emisión del fallo correspondiente, suscrito por los diputados Gerardo Sánchez García y Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Gerardo Sánchez García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, como todos ustedes saben el marco normativo para los productos bioenergéticos tiene su base en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
En dicha ley se establece como objetivo de su política de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano.
El desarrollo de la industria de los bioenergéticos en el país requiere, entre muchas otras cosas, de la integración y cooperación de las actividades de los sectores público, privado y social.
En las cadenas de producción y consumo de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), y dada la estructura nacional para la producción, refinación, distribución y comercialización de éstos, Petróleos Mexicanos juega un papel muy importante y estratégico.
Pemex, desde hace más de 70 años, es una empresa de todos los mexicanos. El impuso que esta naciente industria de los bioenergéticos requiere es la vigilancia y supervisión estricta de Pemex, para asegurar su adecuado desempeño.
El Programa de Introducción de Bioenergéticos, derivado de la ley, prevé como primera etapa la introducción de etanol como oxigenante de las gasolinas que se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara para el 2011.
Para cumplir con esta programación, Pemex, a través de Pemex Refinación, emitió la licitación pública nacional 18576112-022-09 para adquirir etanol para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo la descripción "adquisición de bienes consistentes en etanol anhídrido para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto, sujeto a ajustes de precios". Dicha convocatoria fue puesta a disposición de CompraNet el 29 de septiembre de 2009.
En dicha licitación participaron siete empresas, cuatro de ellas declinaron y tres presentaron propuesta económica. De estas tres, dos de ellas, Biotecnología de Combustible, SA de CV, perteneciente al Grupo Per, y Andrade y Gutiérrez, compañía brasileña, y la empresa Destiladora del Valle, SA de CV, son algunos ejemplos que deben ser investigados ya que presentan situaciones irregulares con presunción de denuncias penales, y otras condiciones, como el hecho de no contar con materia prima para la producción de etanol, que podrían afectar la transparencia en la licitación, la buena marcha de esta industria y el futuro de los bioenergéticos en nuestro país.
De acuerdo con el acta de la Junta de Aclaraciones que Pemex celebró con alrededor de 7 empresas interesadas en participar, se detalla que el fallo será dado a conocer el 11 de febrero del presente año a las 12:00 horas.
Para el Grupo Parlamentario del PRI es de suma importancia que el primer paso en la creación del mercado de los bioenergéticos inicie de manera firme, seria, responsable y contundente.
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía
Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Único. Se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente. Asimismo considere la posibilidad de replantear los términos de la licitación y garanticen, como la ley lo señala en la materia, la participación de empresarios mexicanos y productores proveedores de materia prima.
Le anexamos los documentos que muestran nuestras presuntas irregularidades, de algunas empresas que supuestamente participan en la licitación, solicitándole sean incorporados a esta proposición, así como su publicación en el Diario de los Debates.
De la misma manera solicitamos conforme lo establece el artículo 59 de nuestro Reglamento, consulte, señor presidente, a esta honorable asamblea, si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado Gerardo Sánchez García. Le pido a la secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a esta asamblea si se considera de urgente resolución la propuesta.
Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, sí hay mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Al no existir oradores en ese sentido, se considera suficientemente discutida y le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Quienes estén por la negativa (votación): Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos, sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo.
La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado presidente.
La exigencia de una participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, obliga a los gobiernos a incorporar mecanismos que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en sus acciones y fortalezcan el derecho a la información. Un primer paso para lograr un gobierno transparente es la creación del marco normativo que guíe estas acciones.
A partir de 2003 el Distrito Federal cuenta con una ley y un órgano independiente que garantiza que los entes públicos del gobierno capitalino informen a los ciudadanos sobre el ejercicio de los recursos financieros que se les otorgan; además de información relativa de contratos de bienes, servicios y obra pública que adjudican, licencias, permisos y concesiones que otorgan, sueldos de funcionarios, entre otros temas de interés general.
Sin embargo, no basta con la existencia de un marco normativo, sino que es necesario el compromiso de los gobernantes para aplicarlo, pero sobre todo, hacerlo respetar. Lamentablemente en la ciudad y en las delegaciones no existe todavía en todos los lugares ese compromiso.
La promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en el 2003, no tuvo los resultados deseados por los legisladores que la impulsaron y el compromiso del entonces jefe de gobierno con el tema fue sólo discursivo.
Además toda la información referente a las obras de los segundos pisos en el Periférico, nunca fue revelada, hasta hace poco, por lo que los capitalinos no supimos cuánto costaron en realidad esas obras.
No obstante la reforma al artículo 6o constitucional realizada en 2007 y la posterior promulgación de la Nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el D. F., donde se establecen aún más obligaciones para los entes del gobierno, la actual administración capitalina mantiene la misma sintonía que la anterior.
Derivado de una solicitud de información, la Secretaría de Obras y Servicios clasificó como reservada la información relativa a distintos estudios sobre la construcción de la línea 12 del metro, siendo que esta construcción es el principal argumento para solicitar mayores recursos para la capital.
El rendir cuentas, más que una obligación de los funcionarios es una actitud de gobierno que contribuye al mejoramiento de la vida pública, pero sobre todo favorece la eficiencia gubernamental en el gasto y construye las condiciones necesarias para que el régimen democrático se vea fortalecido.
Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que reforme el artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de que el presupuesto ejercido por los entes públicos sea publicado a nivel partida presupuestal y por unidad administrativa responsable de ejecutarlo. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Gabriela Cuevas Barron. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevándose a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión.
La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. En las últimas décadas ha cobrado especial importancia el tránsito de personas que se dirigen a los Estados Unidos, quienes enfrentan diversas condiciones de riesgo que vulneran sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes y les expone al riesgo de ser víctimas de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral.
El delito de trata ha ido en incremento convirtiéndose en un negocio de alta rentabilidad que atenta directamente contra la dignidad de las personas, demeritando la calidad del ser humano, pues lastima el sentido más profundo de su libertad y sometiéndolas a la explotación laboral o sexual, siendo ésta una modalidad contemporánea de esclavitud que no puede ser tolerada por ninguna persona ni institución y mucho menos por el Estado mexicano o entidades federativas.
Ahora bien, a nivel mundial la Organización Internacional para las Migraciones calcula que 2.5 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y niñas.
En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, calcula entre 16 mil y 20 mil niños que son víctimas de trata con explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento tienen entre 10 y 14 años.
Por lo que respecta a la explotación laboral, muchas veces ignorada, es una más de las modalidades de trata, sobre todo en países como el nuestro donde 24.7 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema.
De acuerdo con el diagnóstico generado el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se calcula que de 40 mil a 100 mil trabajadores migrantes agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, laboran en condiciones de explotación en cosechas en Chiapas y en otros estados del sur.
Por otro lado, en las procuradurías estatales únicamente existen 235 averiguaciones previas, integradas por los probables delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, pero sólo 24 presuntos delincuentes han sido consignados y sólo uno ha sido sentenciado recientemente por este delito.
Felicidades en esto al procurador Mancera y al juez 24 del Distrito Federal.
Las cifras que he mencionado resultan alarmantes y reflejan la imperante necesidad de intervención y atención no sólo de los organismos internacionales, sino también de los tres órdenes y niveles del gobierno de nuestro país y de la sociedad.
Por ello, esta soberanía debe hacer un llamado a las entidades federativas para armonizar su legislación en la materia, según el Protocolo de Palermo, para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Por tanto, señores diputados y señoras diputadas, someto a su consideración los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión, dé protección y asistencia a las víctimas de este delito, e impulsen programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito.
Segundo. Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que incluyan en su legislación el delito de trata de personas, y a las que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia, para que realicen las reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada, por favor.
La diputada Rosi Orozco: ... Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial a promover la suscripción de acuerdos de coordinación relativos a la seguridad, protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas, en los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada Rosi Orozco. Túrnese a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, a fin de puntualizar la estrategia petrolera, la implementación de las reformas en materia de energía aprobadas por esta soberanía y los conflictos de su gobierno corporativo.
El diputado Ramón Ramírez Valtierra: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para nuestro país es prioritario construir un nuevo modelo de industria energética que la convierta en un eslabón esencial de las cadenas productivas y motor del desarrollo económico.
En los últimos años la política energética ha tenido escaso crecimiento en las inversiones por parte del sector público, afectando su expansión y modernización de acuerdo a los requerimientos del México del siglo XXI.
Petróleos Mexicanos es el eje del desarrollo energético nacional en materia de hidrocarburos y ha sido transformado en una fuente de captación desmedida de recursos por el fisco. Simultáneamente se ha disminuido su gasto programable, lo que se refleja en una inversión prácticamente nula en explotación, perforación, refinación y mantenimiento, que ha provocado que la declinación en la producción de petróleo, en los últimos seis años, alcance ya menos un millón de barriles diarios, y que hoy por hoy ha hecho que nuestro país tenga que importar más de 40 por ciento de las gasolinas que consumimos.
Por otra parte, el presidente Calderón habla de propuestas concretas para realizar reformas urgentes de segunda generación en materia energética, y la secretaria Kessel dice que apenas las están analizando.
También, en su momento, el presidente declaró que el petróleo se nos está acabando, y la secretaria de Energía nos dice que existen reservas probables y probadas por más de 95 mil millones de barriles.
En el Foro Nacional de la Industria Química celebrado en octubre del año pasado, el presidente de la república comprometió que dentro de los siguientes seis meses se concluirían los trabajos de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, que se iniciarían los trabajos de la reconfiguración de la refinería de Salamanca, y también comprometió que dentro de esos seis meses siguientes se iniciaría la construcción de la nueva refinería en Tula de Allende, Hidalgo. Y hoy seguimos esperando.
De la misma manera no entendemos la actuación de la secretaria Kessel, al cancelar diversos proyectos de infraestructura para la generación de energía eléctrica, argumentando que en este año no se prevé crecimiento económico, y en materia petrolera no queremos que suceda lo mismo.
El Poder Legislativo es sensible a la concepción estratégica que debe tener Pemex en nuestro desarrollo y también a la necesidad de modernizarlo. Por ello, en el 2008, consensuó una amplia reforma a su estructura, ingresos, relación fiscal, operación y forma de ser administrada.
En particular, con el mantenimiento de su organización divisional y con la creación de un Consejo de Administración que integra a cuatro expertos independientes, todo ello enfocado a que la empresa cuente con instrumentos que le permitan tomar decisiones con mayor agilidad y eficacia para cumplir con sus objetivos fundamentales.
Sin embargo, la situación ha sido complicada. En particular por el manejo de gobierno y de la titular de la Secretaría de Energía al obstaculizar los procesos y decisiones sin considerar los graves efectos para Pemex y para el país. Esta situación ya ha distraído al gobierno corporativo de Pemex durante más de un año.
Desde principios de 2009 la Secretaría Kessel no convocó en tiempo y forma al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y retrasó su instalación. Con ello propició condiciones de ilegalidad en la operación y funcionamiento de Pemex que debía adoptar medidas que, a consideración de dicha funcionaria, no resultaban urgentes para la industria.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido concluir, diputado.
El diputado Ramón Ramírez Valtierra: Estoy por concluir, presidente. En septiembre de 2009, también al margen de la ley y denunciado por los consejeros independientes, la titular de Energía incluyó a tres consejeros del estado en los comités de auditoría y evaluación del desempeño y del medio ambiente y desarrollo sustentable, mismos que deberían ser profesionales en la materia.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea, para su aprobación, el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución. Se solicita la comparecencia de la secretaría de Energía, doctora Georgina Kessel, a fin de que explique la estrategia petrolera del gobierno federal y el retraso en la implementación de las reformas en materia energética aprobadas por esta soberanía, así como los conflictos del gobierno corporativo de Pemex y nos informe del proceso de reconfiguración de las refinerías de Minatitlán y Salamanca, así como del inicio de la construcción de la nueva refinería en Tula, Hidalgo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado Ramón Ramírez Valtierra. Le pido a la Secretaría?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Sí, diputado Gerardo Fernández Noroña, dígame.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Estando de acuerdo con lo que ha presentado el diputado Ramírez, sólo quiero hacer la precisión porque dijo que el presidente no sé qué, que el presidente no sé cuánto. No hay presidente. Usurpa la Presidencia, Calderón. Es la precisión que quería hacer.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si lo considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Al no existir ningún legislador registrado, se considera suficientemente discutido y le pido a la Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría es por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
Tiene la palabra el diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Sinaloa, lleven a cabo una investigación e implementen medidas para deslindar responsabilidades para todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en dicho estado.
El diputado Adolfo Rojo Montoya: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. El suscrito, diputado federal Adolfo Rojo Montoya, de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Sinaloa para que lleven a cabo una investigación y se implementen medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado.
Exposición de motivos
El sector es prioritario y estratégico para la economía del país, por la gran cantidad de mercancías y productos que son movilizados por este importante medio, pero éste ha sido seriamente afectado por la crisis económica y el precio de los combustibles poniéndolos en una situación complicada, lo cual ha afectado su operación ante este escenario.
Actualmente, este importante medio de transporte a través de sus diferentes configuraciones mueve el 80 por ciento de la carga total del país, por lo que es un sector determinante para impulsar la actividad económica, además de ser un generador de empleos, que tanto se necesitan para el país.
En el caso concreto del autotransporte de carga del estado de Sinaloa, es un eslabón fundamental para el comercio interior y exterior de México, ya que moviliza una importante carga de mercancías y productos de diferentes índoles, como es el caso de productos agrícolas e industriales, mineros, pesqueros, ganaderos, entre otros.
Actualmente, este importante gremio es sujeto de abuso y es extorsionado constantemente por los agentes de tránsito y vialidad del propio estado, así como también por la Policía Federal Preventiva, que aún teniendo su documentación en regla son sujetos de este tipo de arbitrariedades.
El modo de operar de estos oficiales de tránsito es que detienen el vehículo, le solicitan con prepotencia su documentación; si falta algún documento le dicen que tiene que entrarle a la respectiva cuota, que va entre 500 hasta 20 mil pesos, dependiendo de su criterio, y si no es así se remite el camión al corralón y con ello las sanciones más severas.
Para los transportistas que circulan por las carretas de Sinaloa significa un cobro adicional, el cual es impuesto a voluntad por los agentes de tránsito, considerando que ellos no han hecho ninguna violación al reglamento y que, sin embargo, son extorsionados constantemente.
Al circular por los tramos estatales y/o municipales, también los policías elementos de la Dirección de Vialidad y Transporte del gobierno del estado, en Culiacán, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Ahome, Escuinapa, Elota y Navolato, también los detienen con fundamento de que traen carga ilegal y los extorsionan.
Lo aquí señalado tiene el único interés de generarle condiciones equitativas al gremio y no estoy a favor ni en contra de ninguna autoridad; pretendo que se acaben estas prácticas que venimos arrastrando por muchas décadas, con el ánimo de asumir con responsabilidad y se atienda sin distingos esta demanda de los transportistas.
Es necesario que las autoridades correspondientes emprendan acciones para que el gobierno erradique este tipo de prácticas que están afectando seriamente el sector del autotransporte, ya que circular por las carreteras del estado constituye para ellos un gasto más por concepto de mordidas a los oficiales de tránsito.
Es una realidad que se requiere que las autoridades correspondientes del estado y la Secretaría de Seguridad Pública tomen cartas en el asunto, ya que está afectando seriamente a los sinaloenses que se dedican a esta importante actividad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Sinaloa, para que lleven a cabo una investigación y se implementen medidas para deslindar responsabilidades a todos aquellos policías que extorsionan al autotransporte público de carga en el estado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a realizar una investigación sobre las corporaciones policiacas y que se finquen responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción.
La diputada Adriana Fuentes Cortés: Con la venia de la Presidencia, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo con el fin de que los agentes de tránsito del estado de México y del Distrito Federal no sigan extorsionando a los ciudadanos que circulamos por su jurisdicción con placas foráneas.
En el estado de México y en el Distrito Federal los agentes de tránsito de ambas entidades federativas aplican su reglamento con prepotencia y abuso de poder, debido a que detienen automovilistas, motociclistas y autotransportistas con placas de algún estado que no sea de su jurisdicción, con la finalidad de extorsionarlos y aprovecharse de la función que desempeñan para obtener dinero.
Los agentes de tránsito y vialidad abusan de la investidura que tienen. Con actitud prepotente detienen al conductor sin justificación para exigirle sus documentos, sin antes mencionar el motivo de su detención. En el caso de que éstos se encuentren en regla, mencionan al conductor que violó alguna reglamentación buscando siempre una causa, amenazándolo con que lo remitirán al corralón o con el juez calificador, ya sea el caso que proceda. El conductor, por temor, termina aceptando el atropello al que está siendo sujeto.
Una vez que logró consumar la arbitrariedad el oficial de tránsito, le proporciona una clave al conductor para que, si lo detienen otros oficiales, ya no sea extorsionado nuevamente y pueda circular con libertad.
En algunos casos utilizan la estrategia de que están llevando a cabo operativos y supervisiones, con el fin de detener una gran cantidad de vehículos foráneos que transitan por alguna arteria o vialidad del estado de México o del Distrito Federal, con el único fin de buscar alguna falta de documentación y revisar a detalle cada unidad que detienen para fincarle alguna violación o disposición reglamentaria; elemento suficiente para presionar psicológicamente al conductor y timarlo.
Las infracciones que aplican los agentes de tránsito van desde los 5 hasta los 30 salarios mínimos, que se aplican a todo aquél que infrinja el reglamento; situación que se presta para extorsionarlos.
Este tipo de prácticas de corrupción dañan severamente la economía de los estados ya que en caso de que se hubiera cometido una violación reglamentaria, los policías de tránsito reciben el dinero de la multa que debería canalizarse a las finanzas públicas. Además, este tipo de actos afecta seriamente la economía familiar de los agredidos al tener que pagar a los uniformados por concepto de las respectivas multas o mordidas.
Ser un agente de tránsito y vialidad implica una responsabilidad muy grande con la ciudadanía. De acuerdo con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servidor público debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.
Las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, además de las que señalan las leyes, consistirá en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable, y por los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución; éstos sin exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
Por lo anterior, se desaprueba enérgicamente este tipo de prácticas que lesionan a la ciudadanía y retrasan al país, por lo que legislaremos con rigor el combatir la impunidad, la prepotencia, el soborno y la corrupción que laceran y destruyen a las instituciones. No por algunos pseudo funcionarios, que carecen de compromiso y ética profesional, se perderá la confianza de la población en instituciones tan importantes, como es el caso de las corporaciones policíacas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal para que realicen una investigación sobre las corporaciones policíacas y se deslinden las responsabilidades a todos aquellos agentes de tránsito, que buscan y extorsionan a los conductores con placas de otros estados que circulan por su jurisdicción. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje.
El diputado Gumercindo Castellanos Flores: Con su venia, señor presidente. El de la voz, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante de esta LXI Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas como medida para apoyar e incentivar el sector de autotransporte con base en lo siguiente:
El autotransporte federal de carga, en sus diferentes configuraciones, constituye un pilar importante para el desarrollo económico del país. Cabe destacar que a nivel nacional el autotransporte de carga en el 2005, movió un total de 435.5 millones de toneladas y para el 2007 registró 473.9 millones de toneladas, teniendo un crecimiento del 8.8 por ciento. Cifra superior con respecto al movimiento de carga que transportó el servicio ferroviario en el 2007, que fue de 99.8 millones de toneladas.
Sin embargo, ha habido factores que impactaron negativamente al autotransporte de carga sobre todo en estos últimos tres años: el primero es el alza del precio del combustible; el segundo es el costo del peaje en las autopistas y, el tercero, los efectos negativos de la crisis económica que afectaron drásticamente a toda la actividad, frenando con ello el movimiento de carga de productos y mercancías.
La autorización de las tarifas de peaje le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para los caminos y puentes concesionados a terceros, en los cuales este organismo se desempeña sólo como operador. La autorización de las tarifas corresponde al Comité Técnico integrado por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y el concesionario respectivo. En todos los casos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interviene en los trámites y registra las tarifas autorizadas.
Cabe señalar que una parte importante del peaje es destinado a la administración, operación, construcción, mantenimiento, ampliación y modernización de estas obras carreteras, las cuales requieren estar en buen estado para la seguridad de los usuarios que circulamos por ellas.
Por lo cual, consideramos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la de Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudien la posibilidad de aplicar una tarifa diferenciada en el peaje como ocurre en otros países. Por lo que se propone que el costo actual opere en un horario de las 6:00 de la mañana a las 22:59 horas y el costo diferenciado de las 23:00 horas a las 5:59 horas, logrando con ello la reducción de cuellos de botella, disminución de la contaminación, aprovechamiento de vialidades, reducción del tránsito por caminos libres de cuota y fomentar un mayor aforo de vehículos de carga por las autopistas del país.
Es importante comentar que la implementación de una tarifa diferenciada provoca que se incentive el uso de las autopistas por el autotransporte de carga, ya que los transportistas se concentrarían en horarios en que las autopistas tienen menor aforo vehicular, generando con ello una reducción de costos y tiempo para el sector, además de que las autopistas de peaje cuentan con diversos servicios y proporcionan mayor seguridad para las condiciones estructurales y geométricas para el tránsito pesado.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene claro que se requiere que México cuente con un sector de autotransporte, que mueva grandes cantidades de carga en todo el territorio nacional, que sea moderno y eficiente, altamente seguro y que las tarifas que establezca representen el costo del servicio y que éstas sean competitivas y que beneficien a la industria nacional.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleven a cabo un estudio integral para la aplicación de tarifas de peaje diferenciadas, como medida para apoyar e incentivar el sector del autotransporte.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en un plazo no mayor de 60 días naturales entregue un informe a esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transporte y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sagarpa a través del programa Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, para que haciendo uso de los recursos asignados para el ejercicio 2010 considere prioritario apoyar la comercialización de trigo, de productores del Valle de Mexicali, en Baja California.
El diputado Sergio Tolento Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes. Exige garantizar un sustento digno y suficiente a las comunidades del campo y sus generaciones venideras.
El trigo junto con el maíz son muy importante para la dieta del ser humano. La producción y consumo de dichos granos se encuentra ampliamente extendida alrededor de todo el mundo. El trigo ocupa el segundo lugar sólo después del maíz.
Los estados del noroeste de México, en particular la región del Valle de Mexicali, Baja California, considerada zona libre del carbón parcial, aporta el 55 por ciento de la producción nacional de dicho cereal.
Por su condición y ubicación geográfica, el Valle de Mexicali ha orientado sus producciones en los trigos cristalinos de exportación, representando éstos un 84 por ciento del total de la cosecha de cada año.
En este contexto, el programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) ha sido fundamental, ya que el consumo local y regional de la cosecha de trigo es de tan sólo el 24 por ciento, por lo que la producción de trigo cristalino presenta un excedente de comercialización en el estado, y la superficie sembrada de trigo del ciclo agrícola 2009-2010 es por el orden de 90 mil 194 hectáreas, para una producción esperada de 560 mil toneladas, de las cuales 430 mil pertenecen a trigos cristalinos que son excedentes de comercialización y son para su exportación.
Existe una intención de compra por parte de la industria harinera por la cantidad de 78 mil toneladas, para el caso de trigo cristalino 120 mil que son para la elaboración de pastas y consumo pecuario. Sin embargo, existen 360 mil toneladas que deben ser comercializadas para la exportación, ya que no tienen destino local o nacional.
El alza en los costos en los insumos en relación a las cosechas anteriores ha afectado la rentabilidad debiéndose conciliar los intereses del orden productivo con las políticas emanadas de los distintos niveles de gobierno, por lo que existe la necesidad de que Sagarpa destine recursos para favorecer el desplazamiento de la cosecha de Baja California a destinos como Marruecos, Argelia e Italia, por lo cual debe establecer un programa de apoyo a la exportación, toda vez que la volatilidad de los precios internacionales no garantiza el desplazamiento de la cosecha.
Para que se lleve a cabo dicho desplazamiento del orden de las 360 mil toneladas fuera del país es necesario contar con un apoyo a la exportación similar al del año anterior, que fue de 300 pesos por tonelada.
Adicionalmente se requiere que Sagarpa destine recursos para el apoyo a la toma de coberturas simples para el caso del trigo cristalino de exportación a favor de los productores, subsidiando el 100 por ciento del costo, lo que permitiría garantizar el precio al productor al momento de la cosecha.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a Sagarpa y a Aserca para que, haciendo uso de los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2010, consideren prioritario apoyar la comercialización de trigo de productores del Valle de Mexicali, en el estado de Baja California, con la finalidad de fortalecer la competitividad de una de las principales entidades productoras de trigo del país.
Es cuanto, señor presidente, y le solicito que el documento se incluya íntegro en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Como lo solicita, insértese en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Tiene la palabra el diputado Oscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se liberen los recursos del Fonden para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas y poder atender la contingencia en dicha entidad federativa.
El diputado Oscar Martín Arce Paniagua: Gracias, señor presidente. La proposición con punto de acuerdo, que me permito poner a su consideración hoy, tiene como fundamento las lluvias que han azotado la región costera de Baja California desde hace dos semanas, que no han cesado y que se pronostica esta semana con lluvias intensas.
Como ustedes bien lo saben, nosotros residimos en zonas semidesérticas en donde, en las pasadas semanas, ha estado lloviendo lo que no había llovido en más de dos años. Por lo tanto hubo varias tragedias donde perdieron la vida algunos niños, a causa de las graves inundaciones. También la infraestructura pluvial del estado se vio de alguna manera llevada a su máxima capacidad en desazolvadores y todo lo que tiene que ver con los movimientos que hacen las lluvias principalmente en zonas, como digo, semidesérticas.
Hemos estado apelando a que se agilicen los recursos de los fondos de la Secretaría de Gobernación, específicamente para la ciudad de Tijuana, ya que los mantos actualmente están recargados, frente a la capacidad de absorción de la tierra. Y no solamente nos ha llevado a una serie de desastres que ya pasaron, sino que actualmente la capacidad de absorción es mínima y tenemos que actuar con rapidez para agilizar toda la parte que tiene que ver con la infraestructura, por la gente que sufrió pérdida de sus habitaciones por los deslaves y por una serie de cuestiones que tienen que llevar para tener una normalidad y poder atender las contingencias que se han estado dando este fin de semana y esta semana.
Por lo tanto les estoy pidiendo, compañeros diputados, que en este punto que lo atendamos como de obvia o urgente resolución, que nos apoyen con el voto a fin de que se le giren instrucciones, a través de un exhorto, a la Secretaría de Gobernación y que nos libere lo más rápido posible los recursos para poder auxiliar a la gente que están esperando, por supuesto con estos fondos, tener una normalidad cotidiana, tal y como ha pasado en estos días recientes en el estado de México, en Michoacán y en otras entidades en donde nos ha desfasado la naturaleza. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Permítame, diputado. Dígame, diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Durante la sesión del día de ayer se acordó que todos los temas que implicaran desastres naturales, solicitudes de emergencia, fueran tratados en la Junta. Le pediría al diputado Arce Paniagua si nos permitiera que su punto tuviera el mismo tratamiento que han tenido otros, en la Junta, y que se turnara a la Junta de Coordinación Política para que lo atendiera de inmediato.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunto al diputado Arce Paniagua, acerca de lo que plantea el diputado Ramírez Marín.
El diputado Oscar Martín Arce Paniagua: De acuerdo, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Está de acuerdo el diputado Arce Paniagua. Entonces se retira y se le dará el mismo tratamiento que a las anteriores. Muchas gracias.
Se pospone la participación de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del PAN.
Tiene la palabra la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario? Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el pleno de esta soberanía a efecto de que explique porque se tuvo un subejercicio en 2009 de cerca de 15 mil millones de pesos.
El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeros diputados. Quisiera comentarles que yo tenía preparadas otras notas para este punto de acuerdo, notas exclusivas del subejercicio de la SCT por más de 14 mil millones. Pero esta semana, estudiando y revisando los temas presupuestales, me encontré que la irregularidad, el crimen presupuestario, porque eso es un subejercicio, un crimen contra y para todos los mexicanos, se repite en otras dependencias. No es exclusivo de la SCT.
Existen muchas en el mismo supuesto, pero en esta ocasión sólo tengo tres minutos en tribuna para hablar de éstas. Por lo tanto, quiero enfocarme al sector salud.
La Secretaría de Salud reporta un subejercicio de 9 mil 900 millones en 2009. En el sector de seguridad pública, la Procuraduría General de la República reporta un subejercicio de mil 400 millones en 2009. La Secretaría de Gobernación con un subejercicio de mil 600 millones. La Secretaría de Seguridad Pública con un subejercicio de tres mil 200 millones en 2009. Es decir, sólo entre estas cinco: SCT, Salud, PGR, Segob y Seguridad Pública tienen un subejercicio de casi 27 mil 600 millones de pesos. Sólo entre estas cinco, 27 mil 600 millones de pesos.
En el sector salud encontramos grandes deficiencias en la atención médica y en el abastecimiento de medicinas, así como en la inversión en infraestructura. Y reportan un subejercicio de esta magnitud.
¿Qué podemos decir de la seguridad pública? Un fracaso rotundo. Más de 15 mil 500 homicidios violentos con una estrategia de ocupación y no de recuperación. No tenemos ni una sola plaza recuperada en la que se pueda caminar sin miedo en este país.
¿Qué sucede en el gobierno federal que no es capaz ni siquiera de ejercer los recursos de los programas prioritarios para este país? Hace tan sólo algunos meses el presidente Felipe Calderón propuso un plan anticíclico para enfrentar a crisis económica que aquejaba y aqueja a este país. ¿Dónde quedaron estos programas? Lamentablemente fue una promesa más sin cumplir.
Compañeros, subejercicio de más de 27 mil millones de pesos en sectores tan importantes, tan delicados y tan sensibles para todos los mexicanos.
Por lo anterior, propondré a los integrantes de la Comisión de la Función Pública citar a comparecer a cada uno de los secretarios de Estado, a cada uno de los titulares a que expliquen detalladamente en qué consisten estos subejercicios.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto solicito que el punto de acuerdo quede de la siguiente forma. Urgente u obvia resolución. Se requiere la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que comparezca ante la Comisión de la Función Pública para que explique el subejercicio del presupuesto en 2009. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Ramírez Acuña. Muchas gracias, señor diputado Pablo Escudero Morales. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Al no haber oradores inscritos se considera suficientemente discutida. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobada. Comuníquese.
Se pospone la participación de una propuesta por el Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, proporcionen información concreta sobre la utilización de los datos de medición de pobreza.
No se encuentra el señor diputado Samuel Herrera Chávez, por tanto se va hasta el final de las proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al incumplimiento del gobierno federal del envío del Plan de Reducción de Emisiones.
No se encuentra en el recinto el diputado Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario, por tanto se pone al final de la participación.
Tiene la palabra el diputado Omar Rodríguez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Sedesol y a la Comisión para la Revolución de la Tenencia de la Tierra se aboquen a la reubicación del asentamiento urbano y regular, establecido en zona federal, que se encuentra ubicado sobre la Avenida de las Torres, en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xochiaca, de la avenida Texcoco en Ciudad Nezahualcóyotl, del estado de México.
El diputado Omar Rodríguez Cisneros: Con su venia, señor diputado presidente. Diputadas y diputados, el suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, Omar Rodríguez Cisneros, con fundamento en la fracción II, del artículo 58, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la propuesta con
Punto de acuerdo
Para que se exhorte a las dependencias del gobierno federal, Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación de Territorio, y a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, a fin de que se aboquen de manera conjunta, a resolver la reubicación del asentamiento humano regular establecido en zona federal, que se encuentra ubicado sobre avenida De las Torres, en el tramo comprendido entre la avenida Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, con base en las siguientes
Consideraciones
A partir de la década de los 60 del siglo pasado se inició el fenómeno social de urbanización y de asentamientos humanos irregulares. Esto se debió especialmente a la migración interna por la expulsión de núcleos familiares del Distrito Federal hacia el estado de México, que sirvió como estado receptor, motivados por la búsqueda de una mejor calidad de vida que les permitiera satisfacer la imperiosa necesidad de ser propietarios de una vivienda.
Ante esa situación, los gobiernos federal y del estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, afrontaron el reto que permitiera resolver la problemática social que arrojaban los asentamientos humanos irregulares, con un criterio de congruencia que deberían guardar entre sí los planes y programas de ordenación territorial y de desarrollo urbano, que sirvieran de herramienta, así como de control, creándose por parte del gobierno de la república un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; todo ello con la idea de que diera por resultado regularizar la tenencia de la tierra de origen ejidal, comunal y de propiedad federal en centros de población.
Por lo cual, la federación creó diversas instancias de atención, y con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social el 19 de julio de 2002.
El tema sobre asentamientos humanos irregulares en zonas federales debe ser considerado hoy ?a la luz de un nuevo siglo?, por las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, como primordial para permitir resolver la reubicación de esos núcleos sociales; y sucesivamente a ello, los problemas de la tenencia de la tierra, de la vivienda, de la salud, del medio ambiente, de alimentos y nutrición, de las comunicaciones, de la energía eléctrica, de los servicios de agua, drenaje, recolección de desechos orgánicos e inorgánicos, de la seguridad, pero sobre todo, de la preservación de la salud y dignidad de las personas para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida, y por tanto, de desarrollo humano, ya que con ello se puede reducir la marginación social y proteger a los que menos tienen.
Éste es el caso del asentamiento irregular en la zona federal ubicado en la avenida de Las Torres, en el tramo comprendido entre avenida Bordo de Xochiaca y la avenida Texcoco, en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, donde están establecidas aproximadamente 200 familias desde hace más de 30 años, donde el riesgo para ellas se deriva de la existencia de torres de alta tensión, un ducto de Pemex, y que sirve de punto de venta de gas doméstico, que son ocupadas por viviendas, poniendo en alto riesgo la integridad de sus núcleos sociales.
Para resolver el problema del asentamiento irregular citado en el párrafo que antecede, será necesario conjugar lo cuantitativo con lo cualitativo, con la finalidad de que las estrategias y acciones que contemplen se puedan llevar a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno de acuerdo a la esfera de sus competencias jurídicas y políticas, que deriven en una reubicación concertada, ordenada y pacífica, permitiendo con ello avanzar en la resolución de la vivienda del grupo social en comento.
Debido a lo expresado, se hace necesario que la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y especialmente esta última, en el marco de la estrategia de desarrollo social Vivir Mejor, redoblen verdaderamente sus esfuerzos y conjuntamente se aboquen a la aplicación inmediata del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, cuyo objetivo es el contribuir a la disminución de la pobreza humana y vulnerabilidad patrimonial de su población, así como el ordenamiento de los asentamientos humanos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pediría concluir, diputado, por favor.
El diputado Ramón Ramírez Valtierra: Sí, señor. ?otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares pobres ubicados en estos asentamientos irregulares.
Por lo fundado, respetuosamente someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, así como a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para abocarse de inmediato, con los instrumentos normativos y programas existentes de su competencia, a resolver la reubicación del asentamiento irregular señalado en el cuerpo del presente ocurso.
Segundo. Que las dependencias federales citadas en el párrafo que antecede informen a esta soberanía sobre los avances de la exhortación referida en el contexto de este escrito. Es cuanto, señor presidente. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que estudie la suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS, a los que oportunamente se les aplicó el impuesto en comento.
De acuerdo. Se pospone la intervención del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua.
Tiene la palabra el diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Sedesol, así como a la Comisión de Desarrollo Social de esta soberanía, para la creación de un programa especial en apoyo a migrantes quienes, a causa de la crisis económica mundial quedaron sin empleo y están de vuelta en nuestro país.
El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Presidente, que se turne a comisión.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Nos están solicitando que turnemos de una vez a comisión este asunto, por lo cual se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Se pospone la participación de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Energía, para que en la estrategia nacional de energía se envíe al Congreso para su ratificación.
Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que dictamine el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo X al artículo 4º, y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, y se amplíe el turno a la Comisión de Juventud y Deporte para que emita su opinión al respecto.
La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Sin duda, la Ley General de Cultura Física y Deporte, al regular la actividad deportiva en nuestro país, deriva en beneficios para la sociedad en general. Sin embargo, requiere de una constante renovación y perfeccionamiento a fin de dar respuesta a los vertiginosos cambios que operan en la materia.
No obstante, la primera tarea es reconstruir el edificio normativo. Tal ejercicio debe partir del entendimiento entre la relación del orden normativo y del modelo constitucional creado en la materia deportiva, un desarrollo jurídico sistemático que parta de la ley suprema y evite un orden legal parcial.
Con fecha 28 de abril de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, enviaron a la Cámara de Diputados minuta que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La minuta en mención se turnó con fecha 30 de abril de 2009 a la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada LX Legislatura.
La iniciativa de mérito señala en su exposición de motivos que el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano y que el fomento deportivo es una de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización.
La práctica de actividades físicas y deportivas es una prerrogativa vinculada a otras garantías fundamentales, pero no se ha otorgado individualidad propia, ya que se ha visto como un medio de consecución de otros derechos, por lo que se debe replantear la regulación de la materia en comento.
Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.
El derecho ha desarrollado las facultades físicas, intelectuales y morales y deberán garantizarse dentro del marco jurídico del sistema educativo, así como en los demás aspectos de la vida social.
La falta de una norma constitucional que lo eleve a rango de garantía ha sido un factor determinante para la Ley General de Cultura Física y Deporte; que no consolide un modelo y garantice el acceso a todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas. Pero sobre todo, que defina claramente la participación del Estado en la materia.
La iniciativa propone que el Estado reconozca en su parte dogmática como garantía de todo gobernado el derecho a la práctica del deporte y asuma la responsabilidad de fomentarlo.
Por tal motivo; en primer lugar, es urgente un acercamiento del deporte desde la perspectiva jurídica que permita trazar los ámbitos teóricos del derecho en la materia y a partir de la misma, determine si sus elementos constitutivos sean producto de los órganos estatales, o bien, de las organizaciones deportivas.
Desde esta perspectiva, se trata de buscar mayores beneficios sociales a través de la actividad legislativa, considerando la relación fundamental entre el ordenamiento jurídico y organización institucional y que ésta cuente con la condición para cumplir sus funciones eficaz y eficientemente?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputada.
La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza: ? Así como la relación con los entes regulados: Estado, sociedad y organizaciones deportivas.
Es por ello que el reconocimiento expreso del derecho en la cultura física y deporte en el artículo 4o. constitucional, así como el complemento necesario del artículo 73, fracción XXIX de la Carta Magna, da pie a un orden globalizador que le proporcione un sentido sistemático a la normatividad en materia.
Ahora bien, la Comisión de Juventud y Deporte tiene por objeto analizar, estudiar y fortalecer el marco en la materia, así como formular y evaluar proyectos sistemáticos para generar un desarrollo integral de los jóvenes con la práctica de actividades físicas y deportivas.
Con base en lo anterior, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara a que en el marco de sus atribuciones considere ampliar el turno de proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. A la Comisión de Juventud y Deporte, para que ésta emita su opinión al respecto y que la misma sirva de apoyo a la Comisión de Puntos Constitucionales en la discusión, análisis y dictaminación del proyecto de decreto antes mencionado. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros alumnos y maestros del Colegio Partenón, de nivel preparatoria, invitados por el diputado Sergio Mancilla Zayas.
Tiene la palabra la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Conacyt a otorgar a los becarios la prórroga de la beca.
La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a otorgar a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año, a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado.
La que suscribe, diputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXI Legislatura, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea esta proposición con punto de acuerdo para instar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que otorgue a sus becarios la prórroga de la beca de manutención por un año a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hago uso de esta tribuna para tratar un asunto que es de vital importancia para el país como es el déficit que tenemos en el número de científicos e investigadores, y profesionistas con estudios de posgrado; es decir, con grado de maestría y doctorado.
Seguramente no es la primera vez que sabemos que México forma menos profesionistas con posgrado frente a países con economías similares a la nuestra. Esta problemática la ha reconocido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que a finales del pasado sexenio admitió que por ejemplo, mientras en Brasil se gradúan 9 mil doctores al año, en México se producen sólo mil 717; es decir, sólo el 19.1 por ciento de los que se generan en aquel país.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el nivel de doctorado en nuestro país tiene un preocupante déficit ya que sólo el 0.2 por ciento de los estudiantes en edad de cursar una maestría o doctorado logra obtener este grado.
Este enorme potencial, sin embargo no lo aprecia el Conacyt, pues de manera inexplicable canceló otorgar una prórroga a sus becarios para la conclusión de sus estudios de posgrado. En una carta publicada este lunes pasado, 1 de febrero, en el periódico La Jornada, becarios del Conacyt externaron su preocupación e inconformidad.
Por lo expuesto, presento el siguiente
Punto de acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a otorgar a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año (12 meses efectivos), por ser un derecho que les asiste conforme al convenio firmado entre los becarios y ese organismo, a efecto de que puedan concluir sus estudios de posgrado.
Le pido, diputado presidente, que este punto de acuerdo sea remitido a la Junta de Coordinación Política, ya que hay un acuerdo en esta Junta de Coordinación Política de que tratándose de puntos que tengan que ver con recursos, la Junta de Coordinación lo pueda revisar.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Como lo solicita, túrnese a la Junta de Coordinación Política.
Se pospone el uso de la palabra de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiere utilizado el Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su permiso, señor presidente. El sistema de protección social en salud es consecuencia de la reforma del sistema de salud en México, aprobada por el Congreso de la Unión en 2003, que entre sus objetivos primordiales persigue hacer explícito el cumplimiento de la garantía constitucional, consagrada en el artículo 4o de nuestra Carta Magna.
Por ende, convertir en derecho positivo plenamente exigible la protección de la salud con que todos los habitantes del país contamos, en correlación la obligación que corresponde a los gobiernos estatales y al federal para cumplir con los parámetros normativos y dotar de los medios para que este nuevo derecho exigible sea una realidad.
En este sentido, también se incluyeron en la ley premisas explícitas que permitirían contar con un fondo de alimentación financiera creciente, sin limitaciones de anualidad presupuestal, que permitiera apoyar el financiamiento a la manera de un coaseguro, la atención principalmente de los beneficiarios que sufren enfermedades de alto costo, que provocan gastos catastróficos.
De la revisión de los preceptos legales expuestos, queda claro que sólo pueden ser cubiertos a partir del Fondo de Gastos Catastróficos intervenciones cubiertas por el mismo, según lo establezca cada año la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
No obstante, es de todos conocido que se han venido utilizando los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fines diversos, como recientemente ocurrió ante la emergencia sanitaria de influenza, en que se utilizaron los recursos del fondo de manera diversa a la norma del contrato del fideicomiso y a las reglas de operación que lo regula, máxime que la influenza no estaba considerada como una enfermedad que generara gastos catastróficos.
En virtud de lo anterior se plantea a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se formula una atenta solicitud a la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía sobre los recursos que hubiera utilizado del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las acciones derivadas del brote de influenza atípica que está enfrentando el país.
Las premisas y fundamento que lo hubiera sustentado, así como los mecanismos que se están implementando, en su caso, para recuperar los fondos respectivos al fideicomiso administrador del fondo.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que disponga de los mecanismos que juzgue necesarios para que la población en general, y en particular los beneficiarios del sistema de protección social en salud, cuenten con información clara, suficiente, oportuna y veraz en relación con la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que incluye las intervenciones cubiertas, los medicamentos asociados, las instituciones prestadoras de los servicios, los mecanismos para el acceso y solicitud de intervenciones, los mecanismos para obtener la cobertura, la extensión de los tratamientos que están cubiertos, sus limitaciones, así como cualquier otra información que resulte indispensable para generar incertidumbre.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que informe a esta honorable Cámara sobre la programación de corto, mediano y largo plazo que se haya implementando para ir ampliando la cobertura de intervenciones y enfermedades que deben ser cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como los mecanismos que lo sustenten.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2010. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada María Cristina Díaz Salazar. Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor diputado Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de Petróleos Mexicanos entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la explotación y exploración de los yacimientos transfronterizos compartidos con los Estados Unidos de América y Cuba.
El diputado Leandro Rafael García Bringas: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros: en México el petróleo es un bien de la nación cuyo aprovechamiento conlleva obligadamente la protección petrolera.
Durante más de 50 años Petróleos Mexicanos ha explorado el territorio nacional y ha desarrollado con recursos propios las reservas probadas que hoy en día alimentan sus refinerías y apoyan a una muy respetable exportación.
Pemex Exploración y Producción dio a conocer su más reciente evaluación de las reservas petroleras en su anuario Las reservas de hidrocarburos de México, evaluación al 1 de enero de 2009, donde se informa sobre el esfuerzo exploratorio y la incorporación de reservas petroleras en el año previo al 1 de enero de 2009.
Las reservas totales de hidrocarburos correspondientes a la suma de las reservas probadas, probables y posibles, suman 43 mil 562.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Cabe señalar que en los últimos años la producción disminuyó significativamente; sin embargo, se tiene la expectativa de aumentar las posibilidades de producción, especialmente si se desarrolla el potencial del Golfo de México profundo.
El tema de los recursos marinos, entre ellos los que existen en yacimientos transfronterizos, llevó a México y a Estados Unidos a la mesa de negociación y a la celebración de dos tratados internacionales cuyo objeto común derivó en la creación de reglas bilaterales para el aprovechamiento de dichos recursos.
El primer tratado, denominado Tratado de Límites Marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado por ambos países el 4 de mayo de 1978, tuvo como objeto la definición de los límites marítimos, lo cual a su vez resulta en las delimitaciones de sus respectivas zonas económicas exclusivas.
Los acuerdos sobre estas zonas de riqueza petrolera fueron materia de un tratado posterior, el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América, sobre la delimitación de la plataforma en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, firmado por las partes el 9 de junio de 2000.
Sucintamente delimitan un polígono en la plataforma occidental del golfo de México del cual 10 mil 556 kilómetros cuadrados corresponden a México. Es un 60.36 por ciento, mientras que 6 mil 932 kilómetros cuadrados corresponden a Estados Unidos, un 39.64 por ciento.
Dado que la explotación de los yacimientos transfronterizos compete tanto a Estados Unidos como a nuestro país, es necesario trabajar en la creación de un modelo contractual que permita lograr convenios estratégicos para explotar los yacimientos transfronterizos con riesgos controlados, es decir, que se logren los acuerdos en los cuales ambos países se beneficien de manera equitativa por la explotación de los yacimientos transfronterizos, aprovechando la gran riqueza de hidrocarburos que ambos países comparten en dichos yacimientos, respetando en todo momento la soberanía de ambas naciones.
Es relevante señalar que no podemos esperarnos a que llegue el 16 de enero de 2011, fecha en la cual vence el segundo tratado.
Ante ese escenario, dentro de las discusiones y debates para la aprobación de la reforma energética de 2008, se abordó el tema de los yacimientos transfronterizos en donde se señaló que mientras Estados Unidos avanza avasalladoramente en el desarrollo de nuevas tecnologías para la explotación de dichos yacimientos, nuestro país se ha quedado rezagado en dicho desarrollo.
Por lo anterior que se plasmó en el artículo 2o., de la ley reglamentaria del artículo 47 constitucional en el ramo del petróleo, en donde se establece que dichos yacimientos podrán ser explotados en los términos de los tratados de los que México sea parte, celebrados por el presidente de la república y aprobados por la Cámara de Senadores.
De no realizarse la explotación de los yacimientos transfronterizos?
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pedimos concluir, diputado.
El diputado Rafael García Bringas: Estoy por terminar, señor presidente. De no realizarse la explotación de los yacimientos transfronterizos de manera conjunta, es posible que la despresurización de los yacimientos de iniciar la explotación solamente del lado norteamericano, haga que la recuperación del petróleo del lado mexicano sea mucho menor.
Por lo antes mencionado, es de suma importancia saber qué medidas ha instrumentado en los últimos años Petróleos Mexicanos para llevar a cabo la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos y qué medidas tiene contempladas el gobierno mexicano para llevar a cabo la explotación conjunta de dichos yacimientos con las naciones con las cuales compartimos yacimientos transfronterizos.
Por lo tal motivo, someto a la consideración de esa soberanía los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de Petróleos Mexicanos, a entregar a esta soberanía un informe detallado sobre los avances en la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y Cuba.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía sobre cuáles serían los mecanismos jurídicos para realizar la explotación conjunta de dichos yacimientos con los países con los que se comparte la territorialidad de los yacimientos transfronterizos ubicados en el Golfo de México.
Dado en el Palacio Legislativo, a 9 de febrero de 2010. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias diputado García Bringas. Túrnese a la Comisión de Energía.
Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran entre nosotros líderes de la comunidad de Zapotlán El Grande, Jalisco, invitados por el señor diputado Alberto Esquer. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinar una partida presupuestal de Fonden para sufragar los gastos de capacitación, técnicas de rescate, paramédicas, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos para la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, AC, entre otras.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Los suscritos, diputados Ramón Jiménez López y Arturo Santana, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someten a la soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Debido a las diferentes catástrofes climáticas y fenómenos naturales que hemos enfrentado se han formado grupos de personas organizadas que se dedican a ayudar al país, así como a los países que se encuentran en situaciones desfavorables.
Uno de estos grupos es la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, AC, que se creó a raíz del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que azotó a nuestro país. Posteriormente han tenido destacadas participaciones, como en 2005, en Chiapas, cuando esta entidad fue azotada por el huracán Stan. Esta brigada realizó actividades como el traslado y manejo de víveres para el centro de acopio de protección civil estatal y el albergue creado en el Instituto de Desarrollo Humano. Apoyó también en la localización de cadáveres en la zona afectada cerca de Tapachula y trabajó con niños de la zona afectada.
Por otro lado, en el sismo-tsunami de Indonesia esta brigada donó herramientas de remoción de escombros al personal de banda Ace. Se entregaron alimentos enlatados a varias familias de damnificados instaladas en las mediaciones de la base aérea militar de banda Aceh. El total de cadáveres recuperados en este sector fue de 150. Asimismo, entregaron material de curación al Hospital Militar que incluyó gasas, soluciones, desinfectantes, etcétera.
Recientemente, en la tragedia ocurrida en Haití por el terremoto del 12 de enero de 2010, enviaron diversos elementos con víveres y equipos necesarios para su autosuficiencia, y rescate de personas atrapadas en los escombros.
Hay que mencionar también que una de las acciones más relevantes, además del apoyo a las acciones de rescate y coordinación, se encuentra en la creación del grupo Topos-Haití, el cual retoma las experiencias importantes desarrolladas en México.
En 1992, en la Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro, Fidel Castro alertaba que los niveles de bióxido de carbono en la atmósfera eran de 367 partes por millón. Los modelos computarizados sugieren que en el 2025 se alcanzarán las 385 partes por millón; para el 2050, 415 partes por millón; es decir, dicha afirmación que en su momento hizo Fidel Castro fue tomada de manera irresponsable y catastrófica, pero haciendo un recuento y partiendo de las observaciones a las que hacemos alusión, esta afirmación se quedo corta, los fenómenos naturales son cada vez más intensos, los huracanes, ciclones, nevadas, incendios, deslaves y sismos han dejado millones de muertes a nivel mundial.
Para muestra un botón, que consiste en los recientes acontecimientos que hoy nuestro país está afrontando en varios estados de la república.
Como el tiempo ha concluido, pido al presidente que se inscriba de manera completa la intervención en el Diario de los Debates, y solamente leeré las proposiciones concretas.
Primero. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación, así como a la de Hacienda y Crédito Público, destinar recursos presupuestales del Fondo de Desastres Naturales para sufragar los gastos de capacitación técnica de rescate, paramédicos, primeros auxilios, así como para equipo y medicamentos de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, Topos, A.C., y puedan continuar con su labor en beneficio de la sociedad.
Segundo. Asimismo que dichos recursos presupuestales del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) se destinen a otras brigadas de rescate y salvamento del país, como las brigadas de Guadalajara, el Erum, Cruz Roja Mexicana, rescatistas de montaña, salvavidas costeros, entre otros.
Tercero. Que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se gestione y facilite el acercamiento para la capacitación de las diversas brigadas con organizaciones similares en otros países.
Por su atención, muchas gracias. Solicito igual, que se turne a la Junta de Coordinación Política, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Con mucho gusto, diputado. Insértese en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control de cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Gracias, diputado presidente. El cáncer es, sin duda, una de las enfermedades que ha irrumpido con mayor ímpetu en el panorama epidemiológico en nuestro país desde finales del siglo XX, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, no sólo por sus graves manifestaciones clínicas y su alta letalidad, sino también por la gran variedad de factores de riesgo, individuales y ambientales con los que se asocia.
En virtud del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad, y con el propósito de determinar el panorama epidemiológico de este padecimiento, desde hace varios años se han llevado a cabo estudios, sistemas de vigilancia y registros de esta enfermedad, mejorando con el paso del tiempo los procesos de elaboración, procesamiento y análisis de caso.
La historia del registro histopatológico de neoplasias malignas, demuestra que el esfuerzo combinado de profesionales de la salud de diversas instituciones y del sector privado, redunda en beneficio de aportar un elemento más a otras fuentes de información que permitirán día a día, conocer la situación del cáncer en México, lo cual plantea enormes retos, no sólo a los servicios de salud, sino a la población en conjunto.
No obstante lo anterior, durante la primera semana de enero la Secretaría de Salud dio a conocer que se está viendo rebasado por los pacientes que padecen cáncer. Las cifras consolidadas de 2008 muestran la muerte de más de 48 mil pacientes y más de 72 mil casos nuevos.
Los medios de comunicación y el testimonio de los pacientes, así como los profesionales de la salud indican la falta de infraestructura, medicamentos y médicos especialistas, que tienen la responsabilidad para atenderlos.
Las cifras dadas por la Secretaría de Salud nos dice que el cáncer de próstata fue causa de muerte de 19 hombres por cada 100 mil; mientras que el cáncer de mama mostró una tasa de 17 por cada 100 mil; el cáncer cervicouterino, de 14 por cada 100 mil; y por último, el cáncer secundario al tabaquismo en vías respiratorias, de 6 por cada 100 mil. Ramírez Barba, columna Caleidoscopio.
La evaluación de la incidencia de cáncer es una herramienta importante en las decisiones de detección, prevención y tratamiento del mismo.
Por lo anterior, solicitamos y exhortamos al Poder Ejecutivo para que la Secretaría de Salud incremente las acciones para la detección, prevención, tratamiento y control del cáncer con programas de difusión dirigidos a la población, así como mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, aumento del personal de salud y surtimiento de medicamentos para ampliar la cobertura de este padecimiento, subrayando este último como uno de los temas más importantes, el de los medicamentos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2010. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias diputada María Cristina Díaz Salazar. Túrnese a la Comisión de Salud.
Señoras y señores diputados, el siguiente punto del orden del día es proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno, que hemos recibido de la Junta de Coordinación Política. Le pido a la Secretaría dar cuenta de ellos.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Se recibió de la Junta de Coordinación Política un
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil, para que en el cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) para atender, en forma inmediata, al municipio de Chilpancingo de Los Bravo, estado de Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y 4 de febrero del año 2010.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero, del año en curso.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: En votación económica pregunte a la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con el siguiente.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política con un artículo.
Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, para que:
1. De manera inmediata, con la participación de las organizaciones nacionales de productores de café y otros cultivos y actividades pecuarias, se revise la metodología y criterios aplicados por Conagua, para definir qué municipios y localidades son declarados como siniestrados, así como los criterios para evaluar el grado de afectación existente a las plantaciones de café durante las últimas heladas.
2. A la brevedad, se emitan las evaluaciones y dictámenes que corresponden a cada una de las zonas cafetaleras afectadas por las recientes heladas.
3. En caso de existir poblaciones que aún así, no fueron consideradas por como siniestradas, se haga del conocimiento público los criterios y parámetros utilizados para descartarlas.
4. Se proceda a realizar urgentemente los pagos por siniestro a los cafetaleros afectados, fundamentalmente a los de San Luis Potosí, Veracruz y Guerrero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de febrero del año 2010. Rúbrica de los coordinadores de los grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría pregunte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con el siguiente acuerdo que la Junta de Coordinación nos envió.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Acuerdo.
Primero. Esta soberanía exhorta a las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a liberar de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, y de los programas para contingencias climatológicas administrados por la Sagarpa, para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias acaecidas los días 3 y 4 de febrero de 2010 en los estados de México y Michoacán y el Distrito Federal.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos, para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Primero. Se solicita a las Mesas Directivas de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos a que se reúnan, en comisiones unidas, para proponer la conformación de un grupo consultivo de legisladores que puedan debatir y resolver sobre los vacíos legislativos que existen en materia migratoria.
Así también se solicita que este grupo, una vez conformado, impulse una estrategia viable que agilice las legislaciones en materia migratoria que se encuentran en el seno de las comisiones aún en proceso de dictamen, ya sean minutas por parte del Senado o de las comisiones de la Cámara de Diputados, fundamentalmente en temas tales como la expedición de la Ley General de Población, la Procuraduría del Migrante, la Ley de Asilo y Refugio y todos aquellos asuntos en la materia que este grupo considere importante revisar y atender.
La oportuna y directa interrelación de las comisiones bajo una misma agenda de trabajo podrá garantizar que los diversos dictámenes puedan tener un cauce legislativo más ágil y eficaz, para alcanzar las reformas necesarias que permitan a nuestro país definir una política migratoria de Estado.
Segundo. Este grupo consultivo de legisladores estará integrado por uno o dos de los legisladores miembros de cada comisión arriba mencionada, el cual deberá estar integrado de forma plural y podrá acordar una agenda de reuniones durante el presente periodo y presentar un informe de los avances legislativos a más tardar el 30 de abril de 2010, fecha en que concluye el presente periodo legislativo.
En caso de ser necesario, se podrán programar más reuniones durante el periodo de receso.
Tercero. De los resultados de este informe se considerarán las prioridades en materia legislativa para adecuar, modificar o, en su caso, preparar las iniciativas pertinentes a fin de ser dictaminadas o presentar a la mayor brevedad posible. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con los acuerdos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los secretarios de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar mayores recursos para atender la urgencia que presenta el estado de Michoacán, con motivo de las afectaciones causadas por las precipitaciones pluviales.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del inciso b) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto.
Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación, para que declaren zona de desastre natural la totalidad de los municipios del estado de Michoacán, afectados por las lluvias torrenciales y destinen mayores recursos del Fonden para su atención.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que, por conducto de los diversos programas federales en materia de desarrollo agropecuario, destinen mayores recursos para el estado de Michoacán, a fin de resarcir los daños causados a la planta productiva por las precipitaciones pluviales recientes.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría, en votación económica, pregunte a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con los acuerdos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que estudie la suspensión de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS a los que, oportunamente, se les aplicó el impuesto en comento.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación): Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado. Continúe con los acuerdos.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Artículo único. Se exhorta al gobierno federal para que libere los recursos financieros y materiales del Fonden, mediante obras de reparación de viviendas y zonas públicas, particularmente la sección del río Querétaro perteneciente a la Cuenca Lerma-Chapala, en distintos tramos de los municipios, aplicando las medidas sanitarias pertinentes para la atención de emergencias presentadas por las inundaciones en los municipios de Marqués, Peñamiller, Tolimán y Querétaro.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación):
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política
Artículo único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Gobernación, para solicitar que libere recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales para el municipio de Tijuana, que ha sido afectado por un nuevo frente frío y lluvias de fuertes a intensas, para poder atender la contingencia en dicha entidad federativa.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2010. Rúbricas.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo de la Junta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Quienes estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Aprobado.
Continuamos con el orden del día. Excitativas. Esta Presidencia recibió solicitud de excitativa del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la Comisión de Puntos Constitucionales. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es agenda política. El siguiente punto del orden del día es comentario en relación con el 93 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, ¿qué importancia cobra nuestra Constitución Política, cuando podemos preguntarnos en el marco del Centenario de la Revolución qué significado tiene para la sociedad hoy día y qué significó para el Constituyente Permanente? Si año con año, desde esta tribuna, se expresa todo punto de vista, partidista e ideológico, se resaltan las mejores virtudes y alcances por los grupos parlamentarios a nuestra Constitución Política.
Prácticamente no hay objeciones al referirnos a ella. Somos una clase política que tendemos a unirnos en torno a las glorias, hazañas de nuestra historia. Todo es confort, todo es festejo. Pero cuando se trata de ver por el presente y el futuro, todo se vuelve desesperanza para la sociedad. No hay visión de largo plazo ni humildad republicana y la percepción para la sociedad no lo refleja respecto a la clase política y a quienes representamos el poder público.
Quienes aspiramos a seguir luchando por una sociedad más justa, igualitaria y democrática, no queremos renunciar a la posibilidad de construir un mejor país, donde la diversidad, la pluralidad, se consoliden bajo el diseño de una nueva constitucionalidad que sea garante de los acuerdos, de la eficacia gubernamental y de la consolidación de nuestras instituciones y de los valores democráticos.
Nuestra Constitución de 1917 no sólo fue un discurso original, sino la forma por la cual se transitó a una vida social, administrativa y jurídica del poder público, que dio origen a la filosofía política y a la vía para introducir estos postulados al derecho, pues se debía organizar al poder público, a sus representantes, para construir las normas que todos pudieran observar como modelos del poder público, sus funciones, la forma de relación entre los ciudadanos, el poder público, y el poder político; y dar paso a los nuevos modelos de convivencia que norman la vida de los pueblos de México.
Todo esto con sustento en los postulados universales de un conjunto de derechos inalienables de igualdad de los hombres y mujeres que validó la Constitución y que, por la fuerza de las ideas, quedó identificado como la visión correcta de la realidad de 1917.
Hay que decirlo así con sus letras. Los pilares que le dieron vitalidad y vigencia a nuestra Constitución Política ya no corresponden a los nuevos requerimientos de la república y a los nuevos tiempos nacionales e internacionales. Tenemos y debemos de decirlo así.
Vale la pena recordar que con las Constituciones de 1824 y 1857 se alimentaron de los pactos constitucionales que les precedieron de una visión de futuro.
Nuestra Constitución actual, que también debe actualizarse bajo el refrendo de los principios medulares de un nuevo pacto fundacional irrestricto de las garantías cívicas e individuales, derechos sociales e imprescindibles de ser un Estado laico y garante del derecho de los poderes públicos, autónomos y corresponsables.
Con un ejercicio transparente del poder y la rendición de cuentas. Un ejercicio soberano de una política exterior que refrende la Carta Universal de los Derechos Humanos e incentive la igualdad y cooperación del desarrollo entre los pueblos.
Para el Grupo Parlamentario de Convergencia es y ha sido una preocupación y ocupación esta necesidad. Se han presentado iniciativas de ley para que la Constitución mexicana exprese de manera tajante la laicidad del Estado.
Así ha quedado el testimonio y señalamos que un Estado laico moderno no hace suya ninguna religión, pero tampoco las repudia; que un Estado laico contribuya al bien común ya que protege a la persona humana y no permite que las fuerzas religiosas lo vulneren.
El 2010 se perfila como un año significativo para las mexicanas y los mexicanos. Ahora se cumplen 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución Mexicana, y el pasado 5 de febrero 93 años de vida de nuestra Carta Magna; 93 años, en medio de la peor crisis económica en la historia, de una disminución terrible de las condiciones y calidad de vida, y un futuro incierto.
México es hoy un país con grandes desigualdades, con una pobreza creciente que nos hunde y lacera, con un modelo económico desgastado y un gran descrédito de la clase política, con una Ley de Ingresos que lo único que busca es mantener privilegios.
Sólo en los años de la presente administración hay 6 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza. ¿Cómo pueden considerarse tomados en cuenta estos ciudadanos cuando su calidad de vida y de salud es diferente, cara y no para todos; cuando la educación se encuentra en los últimos lugares a nivel internacional; cuando en seguridad hay que pedir disculpas por los calificativos que hace el presidente a los jóvenes contra los cuales se atentó; cuando todo esto no lo garantiza el Estado?
Los años del neoliberalismo económico y entreguismo político han sido años de desmantelamiento de sectores productivos clave en nuestro país como la agricultura, la empresa pequeña y mediana, por cierto la mayor generadora de ocupación; la privatización y extranjerización de los servicios básicos como la banca, que ha dejado de servir al desarrollo del país, y el incremento de los impuestos como el IETU ?que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que es legal el cobro de este impuesto.
A 93 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendríamos que preguntarnos: ¿qué celebrar? Compañeras diputadas y compañeros diputados, no perdamos la memoria porque corremos el riesgo de repetir la historia.
¿Qué celebrar, cuando tenemos que recibir una certificación de nuestro vecino del norte referente al narcotráfico? ¿Dónde está nuestra soberanía? Cuando tenemos la intervención de la Iglesia en la dirigencia del Estado, ¿dónde está nuestro Estado laico? Cuando en 18 estados de la república se castiga a las mujeres de por decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ¿dónde está el Estado democrático?
Si tenemos una gran discriminación racial y de género, ¿dónde está la igualdad y la libertad? En fin, todos nosotros debemos preguntarnos constantemente: ¿dónde está y qué hemos hecho con nuestra Constitución?
Dejemos los asuntos domésticos y diseñemos el futuro y entonces sí cobra gran vida este movimiento social de 1910. Que sean acciones las que nos lleven a generar este gran debate nacional que no nos detengan las mezquindades ni los escenarios electorales. Es tiempo de construir un techo común para todos los mexicanos. Es tiempo de ver por México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. La Constitución de 1917 en el momento de su promulgación fue pionera mundial en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección del hombre y del ciudadano.
Los constituyentes del 17 nutrieron su visión de la sociedad, del Estado y de la vida, de la Revolución de 1910. Este movimiento significó un avance histórico para México, pues destruyó las bases de la dictadura porfirista, reivindicó a las masas y realizó auténticas acciones de justicia social. Estos ideales tienen arraigo desde los Sentimientos de la Nación, de Morelos.
Nuestra Carta Magna representó a la vez un pacto y un proyecto. Un pacto porque reflejó aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad y permitió así superar la lucha armada. Un proyecto porque superando la tradición constitucionalista de la época en la Constitución de 1917 se estableció un proyecto de nación para el siglo XX. Un proyecto basado en la obligación del Estado de garantizar educación, salud, trabajo, seguridad jurídica, soberanía sobre nuestros recursos naturales, libertad y democracia para todos.
Una manera de hacer honor a la Constitución consistiría en fortalecer las decisiones fundamentales que contiene, por ejemplo lo establecido en el artículo 3o, haciendo de la educación un asunto de alta prioridad en la agenda nacional, asignándole crecientes recursos y ofreciendo educación media superior y superior a los millones de jóvenes que buscan una oportunidad para superarse.
En materia social, nuestra Carta Magna obliga a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos. Sin embargo, el año pasado perdimos casi medio millón de empleos y seis millones de mexicanos más pasaron a la condición de pobreza extrema, situación que plantea un serio desafío al conjunto de la sociedad.
Asimismo, construir un Estado de derecho ha sido una de las aspiraciones de los mexicanos que está plasmada en la Constitución. Esto significa un Estado donde el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos sea la norma, no la excepción.
En el actual contexto el respeto a la ley y su aplicación estricta se constituye como uno de los retos que demandan mayor atención.
Compañeras y compañeros diputados, las leyes deben cambiar para no quedarse al margen de la realidad, por ello ahora que los grandes problemas nacionales se presentan de manera tan profunda, tenemos que voltear a ver la Constitución de 1917 con ojos críticos para ver si el proyecto de nación que planteó está vigente.
La Constitución de 1917 dio cauce a las exigencias de libertad y democracia al establecer una serie de principios políticos fundamentales como la soberanía popular, elección popular de los gobernantes, la no reelección del presidente, la forma de gobierno democrática y republicana, la no participación política del ejército y las iglesias.
Hoy discutimos una reforma política necesaria para que nuestro sistema político tenga la capacidad de procesar decisiones trascendentes, de realizar los cambios y reformas que traigan bienestar social integral y gobernabilidad democrática. No hay que olvidar que para lograrlo hace falta voluntad, generosidad, imaginación y visión política.
Para reivindicar la vigencia de nuestra Carta Magna debemos emprender la construcción de un proyecto de nación para el siglo XXI, que incorpore los anhelos de todos los mexicanos; un proyecto que garantice el bienestar social, la democracia, la gobernabilidad, la justicia, el imperio de la ley, la soberanía popular, el reconocimiento de las diferencias, el carácter laico de las instituciones públicas, la educación de calidad con equidad, entre otros muchos objetivos históricos que nos harán un mejor país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracias, hasta por 5 minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: acabamos de celebrar 93 años de vigencia de la Constitución de 1917.
Se dice que hay Constitución cuando el marco jurídico establece garantías a los derechos humanos y contempla la división de Poderes. También se ha llegado a definir a la Constitución como la expresión jurídica de la historia de una sociedad o de un pueblo. En un Estado constitucional y democrático de derecho se dice que la Constitución entraña la organización democrática del poder público.
En México desgraciadamente no tenemos una Constitución normativa; es decir, una Constitución que concilie la realidad con el deber ser de las normas, en donde coincida la realidad con lo postulado por la Constitución. Tenemos, en todo caso, una Constitución nominal o semántica. Esa realidad, el no tener una Constitución normativa, donde lo expresado en ella se realice en los hechos, es también expresión de nuestro subdesarrollo.
Los problemas de nuestra transición a la democracia tienen que ver con el incumplimiento de la Constitución.
¿Por qué la transición a la democracia en México es insuficiente, frustrada o fracasada? Yo creo que solamente hay dos explicaciones para contestar a esa interrogante: una explicación nos diría que la Constitución en México no se cumple y no se cumple principalmente desde la instauración en el país, desde los años 80, de los gobiernos neoliberales.
El neoliberalismo se ha apartado de la defensa del patrimonio de la nación. Se aparta cada vez más de la vigencia efectiva de los derechos sociales. El neoliberalismo no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía nacional ni tampoco con la defensa y la realidad existencial y vívida de un Estado laico. Ésa es una explicación. Nuestra transición y el sistema político que tenemos obedecen a que la Constitución no se cumple.
Otra explicación nos diría que en México necesitamos una nueva Constitución, una Constitución basada en un consenso sobre principios, sobre valores jurídicos, sobre valores políticos, no una alianza como la que ahora se pregona por distintas fuerzas políticas para repartirse migajas del poder público, para repartirse cuotas de poder. Una alianza auténtica sobre el proyecto de nación que requerimos.
¿Cuál es ese proyecto de nación que requerimos? Un proyecto de nación que garantice y respete el patrimonio de la nación, de los recursos naturales; que promueva la soberanía nacional frente a otros países, frente a otros Estados, frente a los poderes fácticos; que desarrolle también los derechos sociales.
Un proyecto de nación donde los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo sean una realidad y contemos con instrumentos jurídicos que hagan posibles esos derechos.
Un proyecto de nación donde el poder público, empezando por el Congreso de la Unión, se organice democráticamente. Un proyecto de nación en donde prevalezca el principio de supremacía constitucional y que no se aprueben normas, como las recientemente aprobadas en materia petrolera, que vulneran los principios constitucionales de los artículos 27 y 28 constitucionales.
Un proyecto de nación donde cualquier ciudadano pueda lograr la defensa de los principios constitucionales. Un proyecto de nación que permita la convivencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. Un proyecto de nación donde tengamos mecanismos vigorosos para combatir la corrupción.
Finalmente, un proyecto de nación donde no exista un poder fáctico, sea el de la Iglesia Católica o el de los medios de comunicación electrónica o el de los sindicatos que estén por encima de las instituciones representativas del país.
Ése es el tipo de Constitución que requiere nuestro país para enfrentar el siglo XXI. Tenemos que aspirar a ese nivel de desarrollo constitucional que hoy no tenemos. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Caritina Sáenz Vargas: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en días pasados conmemoramos el aniversario número 93 de nuestra Carta Magna y es tiempo de pensar en lo que se ha hecho, pero, sobre todo, en lo que está pendiente de hacer.
Esta soberanía debe trabajar por las aspiraciones de los mexicanos que aún no se han reconocido en el papel. Pendientes hay muchos.
El 2010 obliga necesariamente a concretar nuestro trabajo legislativo mediante la revisión integral de la Constitución y las leyes que de ella emanan; acorde a los tiempos y a la evolución histórica del país; promoviendo en la Cámara de Diputados iniciativas que aborden la transformación del Estado mexicano, las problemáticas nacionales desde una perspectiva moderna e incluyente, que mantengan en primer nivel la necesidad de transitar hacia el desarrollo sustentable y cumplir con el compromiso de legislar en beneficio de todos los mexicanos.
La labor legislativa y el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de mi fracción, el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, es el respeto a nuestra Carta Magna, que hoy, más nunca, reclama ser el documento que contenga las aspiraciones de la ciudadanía. Pero, no sólo ello, mi partido es hoy día el abanderado de reformas constitucionales de suma importancia, con un alto impacto, apoyo y aprobación de la ciudadanía.
Hoy, nuestro partido es el ejemplo para muchos, del querer, del soñar, del vivir, del hacer, pero, sobre todo, del saber hacer política humana con una visión a favor de todos y cada uno de los mexicanos.
El compromiso del Partido Verde en esta LXI Legislatura está abierto a construir consensos para la aprobación de las reformas constitucionales y legales necesarias para el desarrollo político y social que requiere nuestro país.
Se debe avanzar y tener una constitución acorde a la actualidad. En este tenor, promoveremos las reformas necesarias para regular las actividades del Congreso, sus alcances como Poder de la Unión y las necesidades para su modernización. La profesionalización de la función legislativa y la rendición de cuentas de los legisladores hace a sus electores.
Propondremos la reforma necesaria para obligar al gobierno federal a medir su eficacia en el logro de metas y objetivos trazados mediante un proceso permanente de planeación democrática en el que tengan participación directa todos los miembros de la sociedad civil.
Asimismo, dentro de los objetivos centrales de la actividad legislativa en el marco de la evolución constitucional se trabajará en el fortalecimiento del trabajo y campos de acción de las comisiones de derechos humanos como herramientas de protección de nuestras garantías constitucionales. Trabajaremos por la reforma estructural del Estado mexicano.
Diputadas y diputados, hoy es un día para hacer una pausa en el camino y conmemorar nuestra Constitución, para después de ello redoblar esfuerzos y trabajar en su perfeccionamiento. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Antes de que corra el reloj, le solicito respetuosamente, diputado presidente, me conceda un minuto más después de mis cinco que me corresponden.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Adelante, diputada.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Gracias. En el marco del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, conmemoramos este pasado 5 de febrero del 2010, el 93 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Conquista, Independencia y Revolución, son tres hechos históricos que nos marcaron porque dan vida a lo que hoy somos, la nación mexicana.
En estas revoluciones el pueblo oprimido utilizó la violencia contra sus opresores, sectores económica y políticamente poderosos que violaron y violan la Constitución para mantener condiciones de explotación sobre las grandes mayorías, con el fin de reproducir sus condiciones de privilegio.
En 1800 se llamaban españoles. En 1850 se llaman conservadores. En 1910 terratenientes, hacendados. En el 2010 es la oligarquía financiera nacional y extranjera.
Entre revolución y revolución el pueblo mexicano ha esperado estoicamente que sus representantes en los cuales ha delegado su poder, legislen en buenas leyes con la esperanza de que se fomente un orden de equidad, libertad y de justicia para todos, no nada más para los privilegiados. Las diferentes constituciones que ha tenido México representan las sucesivas aspiraciones generacionales por hacer valer sus derechos individuales y sociales ante nuevas realidades.
Después de la Constitución de 1824 en la que se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía del Estado mexicano, de la Constitución Política de 1857 en la que se confirma la república democrática federalista y el estado laico, la Constitución de 1917 erige al estado benefactor que teóricamente promovería equilibrios sociales mediante el gasto social y una política fiscal, arbitrando entre el capital y el trabajo.
Es importante subrayar que México es el primer país que consagró los derechos sociales de obreros y campesinos en el siglo XX. Sin embargo, el espíritu de justicia del Constituyente de 1917 se diluyó durante 70 años del partido único, se fortaleció el presidencialismo en detrimento del Poder Legislativo y del Judicial; el federalismo se derivó en centralismo; la democracia electoral se degeneró en dedazo y en la compra del voto; el charrismo, el clientelismo, el nepotismo, el corporativismo, la corrupción y la impunidad fueron institucionalizadas.
Yo pregunto, ¿cómo no mandar al basurero de la historia a estas instituciones o todavía algún partido político las quiere retomar?
La oligarquía financiera internacional, coludida y emparentada con los gobiernos neoliberales actuales, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Calderón, abrieron indiscriminadamente la economía de México al mercado monopólico globalizado, ocasionando la quiebra del aparato financiero, industrial, comercial y del campo nacional. Éstas son las verdaderas causas de la recesión económica que hoy padecemos.
La cara oculta de la reforma política de Calderón está encaminada a cristalizar su reforma de Estado neoliberal, ya que pretende cambios constitucionales graduales para legalizar jurídicamente el desmantelamiento del Estado rector, para abrirle paso al mercado; el desmantelamiento del Estado nación, depositario de la propiedad social, para abrir paso a la privatización de la energía petrolera y la eléctrica; el desmantelamiento del Estado laico; el desmantelamiento del Estado social, con la conculcación de los derechos laborales y de seguridad social. El ejemplo lo tenemos en el SME.
La estrategia para lograr la consolidación del modelo neoliberal responde a los siguientes esquemas: gradualización de reformas con el fin de desactivar candados constitucionales; la colocación de hombres y mujeres afines y leales, en organismos y puestos clave de decisión, la OCDE, Banxico; IFE, Trife, IFAI, incluso la Suprema Corte de Justicia; acuerdos tácito-histórico-políticos entre los gobiernos de derecha y los poderes fácticos iglesia-empresarios locales y extranjeros, militares, sindicatos charros, medios de comunicación y actualmente organismos financieros ?a partir de este compromiso es que entendemos los regímenes especiales?; despolitización de la ciudadanía, política de eliminación del contrario ensuciando su imagen.
En este marco, se entiende con mayor claridad la intencionalidad oculta de la reforma política de Felipe Calderón, que más bien parece un velo para cubrir el fracaso del modelo neoliberal.
El decálogo calderonista es una reforma incompleta, en la cual en el fondo se plantea el debilitamiento del Poder Legislativo, con la disminución del número de diputados paralela a una campaña de desprestigio en los medios televisivos.
Como contrapartida, se propone la reelección, que verdaderamente busca la reelección del Ejecutivo, ante la cual no estamos de acuerdo. Tampoco con la segunda vuelta, ya que fomenta el bipartidismo.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se le ha concedido el minuto de más que solicitó, diputada.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: El PRD acude a la mesa de negociación de la reforma política calderonista, manifestando que estamos abiertos al diálogo y que saludamos con beneplácito que se retome la agenda por tantos años postergada; la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas con la rendición de cuentas.
La misión de las izquierdas en México y lo que constituye la razón de ser del PRD es la construcción de condiciones de equidad para revertir el contexto que durante 200 años ha imperado en México, y que acabo de describir.
Como no queremos otra revolución armada, proponemos una reforma política integral para lograr que nuestra forma de gobierno sea una verdadera república, con una verdadera división de Poderes; que sea una auténtica democracia representativa y participativa y sobre todo, que lleguemos a una democracia económica y que efectivamente sea federal; que se legisle sobre los poderes fácticos y que se rediseñe el sistema de seguridad pública; que se reconozca el estatus de estado al Distrito Federal y se nos reconozca a los que vivimos aquí nuestros derechos.
La revolución democrática, en esencia, consiste en regresar la soberanía al pueblo. Viva el pueblo soberano. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Humberto Agustín Macías Romero, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Humberto Agustín Macías Romero: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de hace 93 años, recoge y refleja una experiencia rica en enseñanzas y aprendizajes que son producto de un devenir histórico en el que el país ha recogido las lecciones no sólo de conflictos y enfrentamientos entre mexicanos, como lo fueron las luchas entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas durante el siglo XIX, y en la Revolución de 1910, sino de manera más relevante, de acuerdos y de consensos que fueron necesarios para el país en momentos difíciles.
Nuestra Carta Magna sienta las bases del régimen político presidencial estableciendo la estructura organizadora del poder, así como los criterios de selección de quienes integran los puestos de servicio, guardando también normas y procedimientos para el acceso al poder y a su ejercicio estableciendo las directrices generales que nos constituyen como una república representativa, democrática y federal.
Desde el punto de vista del ciudadano la Constitución representa las garantías individuales, la unidad nacional, la legitimidad de los Poderes de la Unión y la separación entre ellos como garantía de que ninguno se impondrá al otro, invadiendo sus esferas de competencia. En ella se observan las estructuras jurídicas del gobierno federal, estatal y municipal, cuyas facultades, especialmente las del municipio libre, han venido ganando terreno en el respeto de las otras instancias de gobierno.
A partir de 2000, con la llegada al poder de Acción Nacional, ha habido un pleno respeto a nuestra Carta Magna pues verdaderamente se vio entonces reflejada la división de Poderes que en ella se establece y quedaron en el pasado las facultades metaconstitucionales que caracterizaban al sistema político mexicano.
Hoy, aquellos tiempos en que a la Constitución tan sólo se le rendía culto en el discurso y se simulaba su cumplimiento han quedado atrás. Nuestra Constitución verdaderamente nos rige como la Ley Suprema de toda la Unión siendo hoy una realidad ineluctable la división de Poderes heredada de las ideas de Montesquieu, en la que cada poder habría de ser un contrapeso efectivo a los otros.
Resulta indispensable que este 93 aniversario de nuestra Carta Magna sea motivo de reflexión profunda sobre los incentivos a la cooperación y al efectivo trabajo legislativo para aprobar reformas completas y sustanciales sobre temas de fondo.
La situación social, política y económica del país en el siglo XX y en los años que llevamos del XXI, han observado cambios sustanciales que ahora se han plasmado también en la Carta Magna, y, a partir de ello se ha generado estabilidad como uno de los requisitos necesarios para el crecimiento económico, para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática. Sin embargo, falta mucho por hacer y falta mucho por avanzar en materia de consolidación democrática.
Nuestra democracia no puede quedarse meramente en elecciones y en esa escasa participación ciudadana que llega tan lejos como el voto responsable. Es menester construir espacios para la mayor participación ciudadana y, sobre todo, para una efectiva rendición de cuentas y un trabajo legislativo que verdaderamente sea acorde con los intereses ciudadanos que lo eligieron.
Nosotros como legisladores somos responsables de que nuestra Constitución Política sea mejor y de que sea un instrumento vivo que realmente se traduzca en una mejor vida para los mexicanos.
Señoras y señores, evoquemos la inspiración de nuestro Congreso Constituyente del 17, no como un dogma o como una celebración pomposa, vacía de contenido, sino como una reflexión sobre nuestra situación actual como país y en concreto de esta legislatura, que nos permita avanzar hacia la construcción de los acuerdos necesarios para consolidar nuestra vida democrática y para llevar a nuestra democracia a otra etapa en la que la rendición de cuentas y el servicio público efectivo sean una realidad tangible para todos los mexicanos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que este 93 aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos sirva para consolidar nuestra democracia y para fortalecer nuestras instituciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora: Con su venia, señor presidente. La promulgación de la Constitución de 1917 nos enorgullece por ser el resultado de la movilización del pueblo mexicano y por ser la síntesis que nos da unidad y sentido como proyecto vigente de nación.
En ella se reconoce la tradición histórica y política que caracteriza al perfil del México independiente en su lucha por encontrar su organización idónea. En Constituyente se agruparon diputados de los estados y territorios del país y se vio representado el diverso espectro político de la época: carrancistas o renovadores, protagonistas o radicales, independientes, las causas proclamadas, los idearios políticos y sociales de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón. Todos tuvieron cabida. Animados por el propósito de emprender una profunda refundación política y social, que condujera a un orden más justo.
Al conmemorar a nuestra Constitución reconocemos nuestra historia. Pero también definimos el camino inequívoco que queremos seguir. Que nadie se confunda. Pese a las presiones reaccionarias, nuestro proyecto es claro y está vigente en nuestra Constitución.
Para el Partido Revolucionario Institucional es muy significativa la conmemoración de esta fecha. Necesariamente nos remite al origen de nuestro ideario político, a nuestra raíz, y nos mueve a reflexionar sobre el sentido de la remembranza, sobre los desafíos que implica hablar de la Revolución, la Constitución y el proyecto social definido que en ella a la luz de la difícil situación que vivimos, a pensar en los pendientes y las deudas con nuestros representados y con todo el pueblo.
Es de primordial actualidad recordar que la Constitución de 1917 emanó de un pacto entre fuerzas. Fuerzas opuestas que sirvió ni más ni menos a la consolidación del sistema político constitucional mexicano y dio como resultado nuestra Carta Magna. Primera carta social en el mundo. Referente de proyectos similares en América Latina.
Con ella se cerró una cruenta etapa de guerra civil y violentos debates en los que los grupos revolucionarios se enfrentaron casi hasta la completa eliminación. Era necesario entonces crear instituciones, nuevas formas jurídicas de convivencia y definir un proyecto social. Fue imperioso trascender los intereses de facción con vista a lograr el acuerdo que la nación demandaba.
La coyuntura presente no es menor. Destacar que la Constitución de 1917 tuvo vida gracias al acuerdo entre opuestos, a la grandiosidad de insignes mexicanos que supieron colocar el interés superior de la nación por encima de las genuinas diferencias de grupo. Esto nos debe llamar a asumir un compromiso de la misma altura, de la misma calidad ética y moral y con el mismo patriotismo.
La urgente renovación de nuestras instituciones sólo se puede alcanzar con el concurso de las fuerzas políticas diversas, por la vía abierta y cierta del derecho, con la fuerza de la voluntad y el compromiso primordial con la nación, sólo de esa forma puede tener eco un llamado al diálogo y ser efectivos los acuerdos.
Responder a los nuevos retos del país nos urge al perfeccionamiento de nuestra Carta Magna para adaptarla a la realidad del México contemporáneo, actualizarla conforme a las necesidades y problemas con que nos enfrentamos hoy en día, y aportar nuestro mejor esfuerzo. Esfuerzo en la construcción de una nación más próspera, equitativa y justa.
La realidad del México de nuestros días impone el deber de transformar la política, de construir un nuevo círculo virtuoso entre la política y las expectativas de la gente, entre la gente y la política para que ésta sirva a la comunidad. Y la participación de ésta, de la comunidad, que es la verdadera fuerza de la política. Gracias, por su atención.
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, señor diputado. Hemos agotado el orden del día. Le pido a la Secretaría dé cuenta del orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Georgina Trujillo Zentella: Orden del día de la sesión del 11 de febrero de 2010.
(Lectura del orden del día)
El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (16:09 horas): Muchas gracias. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de febrero a las 10 de la mañana. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.